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La experiencia neokeynesiana del kirchnerismo como
respuesta a la crisis del Estado Neoliberal
La educación entre la inclusión social y la formación de RRHH
El colapso de la República Neoliberal
Caída del Gobierno de De la Rúa(diciembre de 2001)
FIN DE ÉPOCA
El colapso institucional se extendió al sistema económico y se tradujo en la quiebra del sistema financiero, fuga de capitales, caída de la actividad productiva, abandono de la convertibilidad, elevada inflación y declaración de default externo.
La crisis del 2001 fue el desenlace de otra iniciada en 1998 que provocó una caída de aproximadamente el 20% del PBI.
Entre 1998 y 2001 el PBI se contrajo -8,4%, con impacto en la tasa de empleo, los ingresos y su distribución social.
En 2001 el desempleo alcanzaba al 18,3% de la PEA, (2,9 millones de personas).
Agotamiento definitivo del patrón de acumulación de capital basado en la valorización financiera instaurado por la dictadura militar y continuado durante los gobiernos constitucionales que la sucedieron
La salida de la convertibilidad
Devaluación y profundo deterioro de los salarios de los sectores populares. La caída del salario real llegó a casi el 30% en el 2002, y se deterioró aún más al año siguiente.
En el año 2002 se destruyeron alrededor de 800.000 puestos de trabajo en términos absolutos. La desocupación superó el 20%, y más del 30% si le agrega la subocupación.
Los indicadores distributivos alcanzaron sus peores registros históricos luego de la mega-devaluación.
La caída del empleo y de los ingresos reales de la clase trabajadora determinó que hacia octubre de ´02, el 27,5% y 57,5% de las personas estaban en situación de indigencia y pobreza, respectivamente.
En 2002 se registraba una caída interanual de -10,9% del PBI, con el 21,5% de la PEA desempleada, es decir 3,4 millones de personas proyectado al total de la población urbana.
El estallido
La salida política de la crisis: la llegada de Néstor Kirchner al gobierno
Imprime a las políticas de Estado un sesgo neokeynesiano
Control al comercio exterior y mantenimiento de un tipo de cambio alto para reactivar la industria local
Se recuperó –en un quinquenio- el funcionamiento pleno de la capacidad instalada y se promovió la radicación de nuevas industrias sustitutivas.
La reactivación económica empujada por la demanda
interna en expansión, y el aumento de los precios internacionales de los commodities dotó al Estado Nacional de recursos con los que saneó sus finanzas, asistió a las provincias y realizó fuertes inversiones en obra pública.
El sesgo keynesiano de las políticas de Estado
Descendió el índice de desempleo, en el marco de una fuerte intervención en el mercado de trabajo fijando aumentos de salarios y jubilaciones para recomponer el poder de compra de los trabajadores y fortalecer el mercado interno aumentando la demanda agregada.
Los rasgos más salientes del nuevo entorno macroeconómico
Capacidad de sostener altas tasas de crecimiento de la producción (de 7,1% anual medio entre 2003 y 2009)
La recuperación del mercado de trabajo (generación de empleo y recomposición del poder adquisitivo):
◦El aumento del SMVM, la incorporación de los aumentos de salario de suma fija al salario básico, el impulso para que se retomaran las negociaciones colectivas de trabajo, la derogación de la Ley de flexibilización laboral que intenta reordenar el mercado laboral, el aumento de las jubilaciones mínimas y la reestatización del sistema jubilatorio.
Por ejemplo, hablemos del salario mínimo, expresado en dólares. Mientras que en Argentina el salario mínimo es de $545; en Chile es de $391; igual que en Brasil, Venezuela paga salarios de $363 y México, de casi $100. Ahora bien, a simple vista podríamos notar cuáles son los países latinos que pagan mejor, pero debemos sumarle el estándar de vida nacional y la inflación promedio.
La recuperación de lo político
Defensa de los DDHH, en especial los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso.
Impulsó la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y durante su mandato la CSJ de la Nación declaró inconstitucionales los indultos del presidente Menem .
Se ha declarado en contra del neoliberalismo y adoptó un marcado sesgo neodesarrollista con el que puso empeño en reconstruir la capacidad de Estado como regulador y planificador de la economía.
Se ha mostrado contrario a los tratados de libre comercio, multi y bilaterales impulsados por EEUU. Contrariamente, apostó a fortalecer el Mercosur, privilegiando la relación bilateral política y económica con Brasil, fortaleció UNASUR para restar influencia política a los EEUU en los asuntos de los países de la región.
Los esfuerzos dirigidos a reconstituir el tejido social.
la tragedia social modificó profundamente el tejido social por lo que llevará muchos años recuperar un paisaje social más igualitario e inclusivo.
La AUH se sostiene como una política pública que se define por su carácter universal. Eso constituye su mayor potencial y sus principales retos. “Se propone ampliar la cobertura de las asignaciones familiares cobijando las necesidades de protección social de la infancia y la adolescencia, en el marco de un abordaje sistémico que asegure un piso mínimo de bienestar social.”
La cobertura potencial del programa superaría al 10% de la población total (5 millones de niños y adolescentes), posicionando a esta política como una de las más relevantes de la región
En Brasil alcanza al 5% de la población (Bolsa Escola), en Colombia al 4% (Familias en Acción) y en México al 3.4% (Progresa).
La política educativa: inclusión y articulación con el esfuerzo reindustrializador
A partir del año 2006, se sanciona la Ley Nacional de Educación (LEN 26.206) que restablece un rol principalista al Estado en la materia y restituye a la educación el carácter de derecho cuya garantía de goce para los ciudadanos depende del mismo Estado.
Se establece la extensión de la obligatoriedad de la escuela secundaria, por lo que este nivel históricamente excluyente se masifica, representando un desafío de democratización interna de la escuela y de superación de los históricos problemas de segmentación y exclusión educativa.
La condición de la asistencia escolar de la AUH redobla los desafíos de la masificación (primeros signos de su aplicación) así como los de la democratización real del funcionamiento de las instituciones y de las trayectorias estudiantiles.
El gobierno deberá enfrentar con imaginación y más recursos las derivaciones de esta política.
Las primeras evaluaciones indican un fuerte impacto en el sistema escolar. Ingresan a la escuela adolescentes y jóvenes a quienes no se los estaba esperando y que jamás han concurrido a ella o bien que estaban fuera.
Se plantean una serie de desafíos:
◦ en el funcionamiento (un SEA fragmentado como consecuencia de la descentralización)
◦ de orden material (atender una demanda mayor tensiona la capacidad de los establecimientos educativos para responder, lo cual supone inversiones en infraestructura y recursos)
◦ de orden pedagógico (los individuos que se incorporan al sistema educativo son mayoritariamente de sectores que sufren distintas formas de exclusión y discriminación, también en las escuelas)
Nueva resolución del debate acerca de la relación entre educación y trabajo a favor de una óptica que recupera el rol de la educación técnica para un modelo de acumulación centrado en el desarrollo industrial, y no en la valorización financiera propia del modelo de acumulación agotado.
Se denuncia como efecto perverso de la LFE la desaparición de las ENET y su secuela de escasez de trabajadores calificados que satisfagan la creciente demanda traccionada por la recuperación extraordinaria de la actividad industrial en el bienio 2004-2005.
◦Sanción de la Ley N° 26.058 de Educación Técnico Profesional (7/9/05) que busca recuperar y actualizar la tradición en formación técnica: regula y ordena la Educación Técnico Profesional en el nivel medio y superior no universitario del SEA y la Formación Profesional.
◦ La norma, consensuada con la CGT y la UIA, expresa una alianza de intereses en torno a la recuperación industrial.
La Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, sancionada el 21 de diciembre del año 2005 por el Congreso de la Nación establece un ambicioso régimen de financiamiento educativo con la voluntad de asegurar el sostenimiento del sistema preservándolo de las arbitrariedades o coyunturas económicas adversas.
Se destaca la voluntad política de aumentar el gasto educativo poniendo como meta el 6% del PIB. La forma en que se alcanzaría compromete al Estado Nacional a participar con un 40% en el esfuerzo de inversión adicional para el cumplimiento de las metas de crecimiento anuales, y a las Provincias y CABA con un 60%. Hacia el año 2010 la participación de ambas jurisdicciones en el gasto anual consolidado en educación correspondería alrededor de un 30% para la Nación y un 70% para las provincias.
Hacia el año 2010, el gasto en educación superó las previsiones de la Ley y alcanzó el 6,4% del PBI en un período de crecimiento sin antecedentes en la historia argentina.
Se recuperó el salario de los docentes y se realizaron obras de infraestructura educativa. Al ambicioso plan de construcción de 700 escuelas planteado a principios del gobierno de Kirchner se le sumaron los planes Más Escuelas I y Más Escuelas II.A mediados del año 2011 había 1253 escuelas terminadas y 505 en proceso.
Sólo apuntó inicialmente a fortalecer el presupuesto de las UUNN, recuperar los salarios y crear nuevas instituciones para llegar a sectores históricamente excluidos.
LEYES EDUCATIVAS DEL PERÍODO
Ley de Garantía del salario docente y 180 días de clase (N° 25.864, año 2003).
Ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente (N° 25.919, año 2004)
Ley de Educación Técnico Profesional (N° 26.058, año 2005), regula y ordena la Educación Técnico Profesional en el nivel medio y superior no universitario y la Formación Profesional.
Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075, año 2005) estableció el incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología en forma progresiva, hasta alcanzar en el año 2010 una participación del 6% en el PBI.Crea el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente
Ley Nacional de Educación Sexual Integral (N° 26.150, año 2006), que establece que todos los estudiantes "tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos.
Ley de Educación Nacional (N° 26.206, año 2006).
