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LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA EN COLOMBIA Y UNA REFLEXIÓN A LA
CONGESTIÓN JUDICIAL.
FREDDY VERA BASTOS
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE DERECHO
MEDELLÍN
2018
Resumen
Fundamentalmente en este trabajo a realizar, hablaremos porque se debe utilizar
más la conciliación en derecho administrativo en nuestro país y sus beneficios para
una cumplida justicia, en busca de llegar a un acuerdo sincero y equitativo entre las
partes, y aunque es requisito de procedibilidad en lo contencioso administrativo,
muy pocas veces se llega a un acuerdo equitativo y eficaz, el Estado Colombiano
tiene la tarea de promover los mecanismos de conciliación en derecho
administrativo con el fin de evitar una mayor congestión judicial.
Palabras Claves
Conciliación extrajudicial, garantías, equidad, requisito de procedibilidad,
descongestión judicial.
Introducción.
En Colombia para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo se debe
agotar la conciliación como requisito de procedibilidad, la conciliación extrajudicial
en asuntos de lo contencioso administrativo por ser un mecanismo de solución de
los conflictos entre los particulares y el Estado, la cual debe, obligatoriamente,
adelantarse ante un agente del Ministerio Público, antes de presentar una demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa o sobre
controversias contractuales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en
asuntos de naturaleza conciliable.
La administración de justicia propenderá la importante a la implementación de la
conciliación para que se cumpla con la debida celeridad, eficacia y oportunidad,
cabe resalta que en la actualidad aún es insuficiente ya que se evidencia un alto
índice de congestión judicial, por lo cual es necesario implementar la figura de la
conciliación que ayude a solucionar los problemas que tan aquejan a la
administración.
Para llegar a un objetivo planteado, y llegar a una conciliación equitativa y justa, se
debe tener claridad en el siguiente aspecto:
Para solucionar un conflicto, se debe tener en cuenta los factores por los cuales se
inició el conflicto, se deberá identificar en busca de la mejor solución, y en este
sentido, lo primero es entrar a determinar los elementos que lo conforman de esta
manera se pretende llegar a acuerdos equitativos y justos y lograr una
descongestión judicial.
Revisión bibliográfica.
Tal como lo expresa la Ley 640 de 2001, para poder acudir a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en cuanto a la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, acción de reparación directa y la acción contractual, es necesario como
requisito de procedibilidad, realizar la conciliación extrajudicial.
Antes de incoar cualquiera de las acciones previstas en los artículos
85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, las partes,
individual o conjuntamente, deberá formular solicitud de conciliación
extrajudicial, si el asunto de que se trate es conciliable. La solicitud
se acompañará de la copia de la conciliación enviada a la entidad o
al particular, según el caso y las pruebas que fundamenten las
pretensiones.
El profesor Carnelutti expresa, que se busca principalmente es llegar a un acuerdo
eficaz y justo para las partes, adicionalmente la descongestión judicial:
La autocomposición tiene sobre la composición judicial la ventaja de
un menor costo y de ordinario, la de un mayor rendimiento desde un
punto de vista de pacificación de los litigantes; pero no es fácil de
conseguir, porque la litis constituye, desde el punto de vista
sociológico, una situación poco favorable, a la composición
espontanea. Para facilitarla, sirve la intervención de un tercero, entre
los litigantes, que toma el nombre de avenidor o conciliador.
(Carnelutti, 1952)
También el tratadista Krotoschin hace hincapié en su definición y en la manera como
debe actuar el funcionario conciliador y dice:
La conciliación prejudicial es la ayuda prestada a las partes en
conflicto para que se entiendan por su propia voluntad. Pero siempre
se trata de una simple ayuda que no puede llagar más allá de una
recomendación determinada del conciliador para la solución del
conflicto. (Gomez Robledo, 2001)
Por ultimo la jurisprudencia, por su parte la define como:
Una institución en la cual en virtud se persigue un interés público,
mediante la solución negociada de un conflicto jurídico entre partes,
con la intervención de un funcionario estatal, perteneciente a la rama
judicial, o a la administración, y excepcionalmente de particulares.
(Corte Constitucional, Sentencia C-160., 1999)
Metodología
Se realizó búsqueda relacionada con tema en cuestión específicamente a la
conciliación aplicada a lo contencioso administrativo, bajo un enfoque cualitativo, en
búsqueda de analizar este fenómeno presentado por muchos años en Colombia,
donde afecta la realidad económica, social, jurídica y cultural, y como método y
solución a corto plazo se debe comenzar con instruir más a las Universidades en el
tema de conciliación en todas las áreas, extender las cátedras de conciliación hasta
los últimos semestres, que todo abogado de cualquier facultad salga con su título
Comentado [FV1]: Actualizo la refenecia por sitio web y coloco la url de donde se tomo la cita.
de abogado en conciliación en derecho, con una mentalidad conciliadora, para así
llegar a acuerdos equitativos y justos, otro aspecto positivo, es la descongestión en
los despachos judiciales, y minimiza los costos que lleva un proceso para las partes
y la justicia colombiana.
Se realizaron búsquedas selectivas de datos en bases académicas, sentencias y
artículos, buscando fuentes actualizadas y relevantes para el tema.
Contenido.
1. Las razones de los pocos acuerdos
2. Como se inició la conciliación administrativa en Colombia.
3. Tramite de la conciliación y de la transacción administrativas.
a. Conciliación prejudicial
b. Conciliación judicial
4. Conclusiones.
Desarrollo del tema.
La Conciliación administrativa en Colombia y una reflexión a la congestión
judicial.
Toda persona natural o jurídica (pública o privada) que con ocasión de la expedición
de un acto administrativo particular o de la ocurrencia de un daño antijurídico
derivado de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de un contrato
estatal o como consecuencia de un hecho, una omisión o una operación
administrativa, considere que le han causado un detrimento en su patrimonio, debe
intentar, obligatoriamente, la celebración de un acuerdo conciliatorio de las
controversias existentes con las entidades u organismos de derecho público o con
el particular, (qué ejerza funciones públicas) antes de presentar la respectiva
demanda encaminada a obtener una pretensión económica .
La conciliación no puede ser lesiva para los intereses del Estado, en lo que tiene
que ver con la conciliación administrativa, es este tal vez el punto de mayor
trascendencia y cuidado, al tiempo que el más discutido. El problema jurídico que
se plantea es el siguiente: ¿Cuando el representante de la entidad debe conciliar y
cuando no es conveniente o resulta contrario a los intereses de la administración?
¿Qué tanta certeza se debe tener en cuanto a los derechos del particular y de la
entidad para lograr el convencimiento de las bondades de una conciliación? Existen
dos posturas extremas, a saber:
Se debe tener una certeza absoluta de los hechos: el representante de la entidad
solo debe conciliar cuando el material probatorio se deduzca que, en un eventual
proceso ante la jurisdicción contenciosa, el fallo seria de condena contra la
administración. Como es lógico, alcanzar certeza total frente al tema ofrece
verdadera dificultad; pero, dos elementos pueden ser útiles en dicha valoración:
a) Los antecedentes jurisprudenciales que permiten conocer con
anticipación el sentido con el que los jueces han fallado controversias con
supuesto de hechos similares.
b) La sujeción estricta al ordenamiento legal, de manera que no haya duda
de que el caso planteado puede solucionarse dentro de lo jurídico y sin
desbordar los límites que exige la ley.
Lo aconsejable es que se intente la conciliación cuando el representante de la
entidad tenga certeza absoluta de los derechos, pues es mejor para los intereses
de la Administración la solución pronta de un conflicto que el engorroso trámite de
un proceso judicial, más aún cuando se cuente con evidencia suficiente para
anticipar el sentido del eventual fallo judicial.
Jurídica razonable: La entidad debe razonar, aunque tenga dudas sobre la
responsabilidad en materia probatoria. En la mayoría de oportunidades es
difícil tener certeza absoluta sobre los derechos de cada parte, sobre el
resultado de un eventual proceso judicial, sobre la idoneidad de acervo
probatorio y sobre los demás elementos de juicio, por lo que resulta
aconsejable que si existen argumentos jurídicos razonables la administración
decida conciliar. Esta evaluación es una labor que actualmente corresponde
al representante de la entidad, que debe nutrirse de diferentes fuentes y
elementos con el fin de adoptar o recomendar una decisión acertada que no
atente contra los intereses de la entidad. (Henao, Malagòn Bolaños, & Medellin
Becerra, 2000)
La jurisprudencia a considerado al respecto, “La conciliación en el derecho
administrativo debe estar precedida de un estudio jurídico comprensivo de las
normas jurídicas y de la doctrina y jurisprudencia aplicables al caso”. (Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secciòn Tercera, 1998, MP Riacardo Hoyos Duque)
El acuerdo al que llegan las partes debe someterse a la aprobación del juez que
fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva (Art. 65ª Ley 23 de
1991, adicionado por el art. 73 de la Ley 446 de 1998, art, 24 de la ley 640 del 2001).
La congestión principalmente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo se
debe a que son pocos los acuerdos conciliatorios esto incrementando el número de
expedientes en los despachos de los juzgados teniendo en cuenta que existen
tiempos definidos para la decisión final del juez.
Es cierto que estos tribunales han sido de mucha utilidad, ya que han
descongestionado, temporalmente, los despachos, pero en realidad no
son la solución definitiva, pues solo han servido para paliar la situación,
a manera de palos de agua tibia para bajar la fiebre. En efecto, si bien
han contribuido temporalmente a la descongestión de los tribunales,
también lo es que la congestión ha sido trasladada al Consejo de
Estado. Que ha recibido en apelación gran afluencia de fallos de esos
tribunales, debiendo más tiempo para su revisión, pues algunos carecen
de la calidad requerida. (Torres Calderon, 2016)
Todo esto se podría evitar con la solución del conflicto en la etapa conciliatoria, pero
estos acuerdos no pueden parecer tan justo por lo que los actores prefieren acudir
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
I. Las razones de los pocos acuerdos
Una de las razones de los pocos acuerdos en la conciliación en derecho
administrativo en Colombia es el poco conocimiento en contratación estatal que se
tiene sobre el tema por parte de los particulares e incluso con funcionarios de las
instituciones del Estado.
La otra razón es que de las muchas solicitudes tramitadas son muy pocas las que
terminan en un acuerdo, y así llegar a un doble desgaste, generando una gran duda
este instrumento de política gubernamental para la descongestión de los
despachos, no cumpliendo con el objetivo para la cual fue creada.
Aunado a esto existen muchos servidores con un concepto y una mentalidad que
creen que es mejor esperar una sentencia judicial que conciliar, y así no
comprometer el erario a su cargo, y no correr riesgos políticos para no verse
perjudicado en su actuar.
La idea principal de este trabajo es impulsar un movimiento de renovación y
transformación para agilizar la eficacia y efectividad, y a la crisis que se presenta en
la actualidad en los despachos judiciales con la acumulación de procesos
represados.
Este problema es reconocido de tiempo atrás, y que esfuerzos por parte del Estado
se han hecho con reformas constitucionales frustradas, como la expedición de
normas legislativas.
II. Como se inició la conciliación administrativa en Colombia
La conciliación contencioso administrativa
A partir de la expedición de la ley 23 de 1991, se introdujo en el procedimiento
contencioso administrativo la figura de la conciliación, como uno de los mecanismos
idóneos para lograr la descongestión de los despachos judiciales.
El artículo 59 de la citada ley, reconoció expresamente competencia a las
autoridades administrativas para conciliar las controversias o eventuales litigios,
tanto en forma prejudicial como judicial.
La misma ley reguló los procedimientos que debían seguirse en uno y otro caso
(artículos 60 y 61 respecto de la primera y 65 de la segunda), señalando como
funcionario competente para cumplir la diligencia de conciliación pertinente en
ambos casos, al Fiscal de la Corporación de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa ante la cual, por competencia, debía adelantarse el proceso judicial
correspondiente.
Dispuso el citado artículo 59:
Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial y
judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus
representantes legales, sobre conflictos de carácter privado y
contenido patrimonial que ante la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo se ventilarían mediante las acciones previstas en los
artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.
Pero, siendo requisito básico de la conciliación la capacidad de transigir de las
personas comprometidas en ella (artículo 6 del decreto 2651 de 1.991), también
debe concluirse, sin duda alguna, que la misma ley reconoció expresamente la
capacidad de transigir de las personas jurídicas de derecho público, sobre los temas
mencionados, eliminando así la duda jurídica y, si se quiere, la controversia al
respecto, que siempre afloró en los administradores del Estado y que se reflejó en
los pronunciamientos o decisiones judiciales a que nos hemos referido
anteriormente.
Este decreto 2651 de 1.991, es de carácter transitorio como lo estableció
expresamente la Asamblea Constituyente en el artículo transitorio 5, literal e), de la
Constitución y por ende no tiene capacidad de derogación de las normas anteriores,
aunque sí de suspensión en su aplicabilidad de las que el nuevo estatuto señaló
expresamente de las que, por su, contenido resulten incompatibles; fue dictado,
también, con el fin de descongestionar los despachos judiciales y en él se reguló
íntegramente el tema de la conciliación en su modalidad judicial. Se sustituyó el
funcionario competente para adelantar la audiencia, competencia que se entregó,
en cuanto se refiere al proceso contencioso administrativo, a los magistrados ante
cuyos despachos deberían ventilarse los correspondientes juicios; sin embargo,
nada se dijo en este decreto respecto de la conciliación prejudicial.
De esta forma, no habiéndose suspendido expresamente por el decreto 2651 la
regulación contenida en la ley 23 sobre la conciliación prejudicial, ni resultar
incompatibles las reglas sobre esta materia con las nuevas disposiciones del
decreto sobre la conciliación judicial, es claro que debe concluirse que ella está
vigente; pero, además, si se considera que el objetivo perseguido con ambos
estatutos fue la descongestión de los despachos judiciales, finalidad que resulta
garantizada con la existencia de dos oportunidades para evitar o para terminar el
proceso judicial, también por este aspecto resulta imperioso concluir que la
conciliación prejudicial conserva su vigencia. Por lo mismo puede decirse que
subsisten las dos modalidades o etapas en las cuales puede presentarse la
conciliación, aunque el funcionario ante quien deben desarrollarse las respectivas
audiencias sea diferente: la prejudicial ante el Agente del Ministerio Público que
determine el Procurador General y la judicial ante el respectivo Magistrado.
Marginalmente debe señalarse respecto del funcionario que debe adelantar la
audiencia de conciliación prejudicial que, en virtud de la reforma constitucional de
1.991, artículo 277-7, y del texto del artículo 56 del decreto 2651 de 1.991, todo en
concordancia con el artículo 27 transitorio de la Carta y a partir del momento en que
entró en vigencia el nuevo código de procedimiento penal (julio 1 de 1.992), los
Fiscales ante lo Contencioso Administrativo fueron sustituidos por los llamados
Delegados del Procurador, cuyas funciones deberán ser especificadas por tal
funcionario y, por ende, será menester que dentro de dicha redistribución de
funciones, el Procurador determine cuál de los funcionarios de la Procuraduría o de
sus Delegados debe cumplir la función que la ley 23 les había asignado a los
Fiscales de los Tribunales Contencioso Administrativos en relación con la
conciliación.
De otra parte, el artículo 6 del decreto 2651 de 1.991, restringió la viabilidad de
conciliación judicial exclusivamente a los casos en los que se controvierta la
responsabilidad contractual o extracontractual del estado, por lo cual, ha de decirse
que en la etapa prejudicial hay más amplitud en las materias alrededor de las cuales
se puede presentar la conciliación.
Por lo demás, el citado artículo 6 reiteró la condición fundamental para establecer
la procedibilidad de la conciliación: que se trate de asuntos que fueren susceptibles
de transacción. Dispuso el artículo 6:
Para tal fin, de oficio o a solicitud de parte se citará a una audiencia
en la cual el juez instará a las partes para que concilien sus
diferencias, si fueren susceptibles de transacción, y si no lo hicieren.
En esta forma, y para los fines del análisis objeto de este trabajo, es conveniente
resaltar que las disposiciones vigentes, ley 23 y decreto 265 1, ambos de 1.991,
reconocen claramente la facultad de la administración pública para celebrar
conciliaciones sobre temas susceptibles de transacción, esto es, sobre asuntos de
carácter privado y contenido patrimonial; respecto de la conciliación judicial
específicamente a propósito de la responsabilidad del estado, tanto contractual
como extracontractual, mientras que en la etapa prejudicial puede tratarse de otras
materias, desde luego siempre en cuanto ellas se refieran a conflictos de carácter
particular y cuyo contenido sea estrictamente patrimonial.
III. Tramite de la conciliación y de la transacción administrativas
1. Conciliación prejudicial
Hemos afirmado que esta modalidad de conciliación no fue eliminada del mundo
jurídico por el decreto 2651 de 1.991, pues sus disposiciones no se refirieron ni
expresa ni tácitamente a ella, por lo cual, en nuestro entender, sigue vigente,
regulada por las normas de la ley 23 de 1.991.
En este orden de ideas, los procedimientos previstos son los siguientes:
Cualquiera de las partes de una eventual controversia puede solicitarla, sea
la autoridad administrativa o el particular, aunque debe ser claro que su
convocatoria en materia contencioso administrativa no es prerequisito para
poder demandar ante la jurisdicción, esto es, que su solicitud o invocación es
autónoma frente al proceso judicial, aunque si se intentó en esta primera
etapa ya no es obligatoria en la segunda se debe presentar ante el Agente
del Ministerio Público o Delegado que llegue a ser designado al efecto por el
Procurador General de la Nación, con cuya solicitud se interrumpe el término
del trámite de la vía gubernativa, si estuviere en curso, o de la caducidad de
la acción pertinente hasta por un término de sesenta días, con lo cual se
introdujo una modificación parcial sobre la materia regulada por el C.C.A
deben concurrir las partes a la audiencia de conciliación citada por el agente
del Ministerio Público ante quien se adelanta, bien directamente o por medio
de su apoderado, evento en el cual deberán estar expresamente autorizados
para conciliar a su nombre.
En esta materia debe tenerse en cuenta que, por mandato de la ley 23 de 1.991, no
siempre coinciden quien tiene la representación legal de la entidad con quien tiene
la competencia especial para conciliar; tal el caso de los ordenadores del gasto en
la rama judicial y legislativa y en todos los casos de actuación a través de
apoderados especiales dentro de la audiencia fijada por el Delegado del Procurador,
deberán presentarse las pruebas de que dispongan las partes y se enumerarán las
que se aportarían a un proceso si hay acuerdo se suscribe un acta por las partes,
debidamente refrendada por el Agente del Ministerio Público, la cual deberá ser
enviada al Magistrado respectivo (por reparto) a fin de que haga su revisión e
imparta la aprobación correspondiente o, si a ello hay lugar, por resultar lesivo el
acuerdo para los intereses de la administración o por estar viciado de nulidad
absoluta, se dictará providencia motivada en que así se declare, decisión contra la
cual no procede recurso alguno.
Si se produce la aprobación, el acuerdo conciliatorio tendrá efectos de cosa
juzgada y prestará mérito ejecutivo contra las partes.
Resultaría muy aconsejable que los Delegados del Procurador que deban cumplir
esta tarea sean verdaderos especialista en derecho administrativo, pues la función
que se atribuye es muy importante para la eficacia, tanto de la administración
pública como de la de justicia. Bien podría pensarse en la posibilidad de que al
interior de la Procuraduría se integre un selecto grupo de Delegados,
verdaderamente especializados en derecho público, que puedan atender tan
importante servicio.
2. Conciliación judicial
a. Ante la jurisdicción contencioso administrativa:
Se mencionó anteriormente la modificación introducida por el decreto 2651 de
1.991, en el sentido de restringir su viabilidad exclusivamente a los procesos
iniciados con base en las acciones contractuales o de reparación directa y
cumplimiento, las cuales se inician a partir del reclamo o controversia sobre
responsabilidad contractual y extracontractual del Estado, y sobre los aspectos de
índole privada y de contenido estrictamente patrimonial.
La disposición del artículo 6 del estatuto citado, ha generado alguna discusión, pues
para algunos no es viable la conciliación sino en la segunda instancia en virtud de
lo dispuesto por el parágrafo de la norma, mientras que para otros, a los cuales me
sumo, son posibles las conciliaciones en la primera instancia, pues la norma es
categórica en afirmar que en ella habrá, por lo menos, una oportunidad de
conciliación a más tardar al concluir la etapa probatoria, entendimiento que se
acomoda más a la finalidad buscada por el decreto de conseguir la descongestión
de los despachos judiciales y porque de darse otro entendimiento a la disposición.
Habría que concluir que prevalece el parágrafo sobre el texto mismo del artículo
haciéndolo sobrar, ante la segunda instancia, evento en el cual sólo tiene capacidad
de proposición el particular beneficiario del fallo proferido en la primera instancia.
Debe realizar la audiencia conciliatoria el Magistrado que esté conociendo del
proceso, bien a solicitud de parte o de oficio, pero deberá obligatoriamente haber
por lo menos una, al concluir, como se mencionó, la etapa probatoria.
Si se presenta el acuerdo conciliatorio, el Magistrado lo aprobará si lo encuentra
ajustado a la ley, y dará por terminado el proceso si recae sobre la totalidad del
litigio o se continuará solamente sobre lo no conciliado en caso contrario.
Al igual que en la conciliación extrajudicial o prejudicial, el acuerdo conciliatorio
aprobado tendrá efectos de cosa juzgada.
b. Ante la justicia arbitral:
Dentro de los procesos arbitrales, inclusive de los originados en contratos
administrativos (artículo 11), también el decreto 2651 de 1.991, artículo 16, numeral
3, previó la celebración de audiencia de conciliación la cual deberá cumplirse ante
el Director del Centro de Conciliación ante quien se presente la solicitud de
convocatoria. Quien deberá actuar como conciliador y deberá convocar a las partes
a dicha audiencia.
De esta manera, se estaría aprovechando la oportunidad para buscar eficazmente
un arreglo, con gran economía para las partes comprometidas en el asunto; de lo
contrario, el trámite establecido solo servirá de mayor demora en la solución de cada
conflicto, demora que, como es bien sabido, aumenta enormemente los costos de
las condenas. Muchos son los ejemplos en el país en los cuales se demuestra que
la sola tardanza en la adopción de decisiones ha significado cuantiosas sumas a
cargo del erario público, basta recordar el caso de Carbocol, pero en similares
condiciones existen muchos más.
Conclusiones
El bajo índice de acuerdo de conciliación en derecho administrativo se presume que
es debido al desconociendo en materia de contratación estatal tanto de particulares
como de los funcionarios públicos.
Es conveniente incentivar y capacitar a los funcionarios públicos para que hagan un
mayor uso de la conciliación como alternativa para solucionar los conflictos entre
los particulares y el Estado.
La conciliación en lo contencioso administrativo hace con la expedición de la Ley 23
de 1991como uno de los mecanismos idóneos para lograr la descongestión de los
despachos judiciales.
Comentado [ID2]: Revisar, debe haber una o dos por cada capítulo y dos o tres generales
Comentado [FV3]: Conclusion del primer capitulo.
Comentado [FV4R3]:
Comentado [FV5]: Conclusión primer capitulo.
Comentado [FV6]: Conclusion capitulo II
La conciliación prejudicial y judicial debe ser en todos los aspectos contenciosos
administrativos, no solo para la nulidad y restablecimiento del derecho, de
reparación directa o sobre controversias contractuales.
En la etapa prejudicial se evidencia que es más factible acceder a la conciliación ya
que hay más amplitud en las materias alrededor de las cuales se puede implementar
la conciliación.
El proceso se da por terminado cuando por medio de la conciliación el Magistrado
encuentra ajustado a la ley el acuerdo pactado.
Para llegar a un buen acuerdo en una conciliación, en una transacción, en una
amigable composición y en un arbitraje, se debe hacer un cambio de toda la
sociedad en especial a los abogados frente a la tolerancia y el respeto por los
demás.
Crear una nueva cultura encaminada al dialogo y la concertación, lo que se hace
necesario exponer las grandes ventajas que conlleva solucionar los conflictos por
medio de la conciliación.
Capacitar y concientizar a todos los funcionarios públicos, para tratar en lo posible
llegar a un acuerdo y no entorpeciendo como lo evidencia la realidad.
Investigar y sancionar a aquellos funcionarios que incurren en la corrupción, y más
cuando se beneficia a particulares en detrimento del patrimonio público.
No abusar de los actos administrativos ilegales por parte de los funcionarios
públicos, abusando del poder, estos son enemigos de la conciliación.
Comentado [FV7]: Conclusion capitulo II
Comentado [FV8]: Conclusión capitulo III
Comentado [FV9]: Conclusion capitulo III
Comentado [FV10]: Conclusiones generales
Referencias
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