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N
567
Pgs. 4-5Reexiones sobre la disolucin y liquidacin de sociedades
en el ordenamiento jurdico peruano-Parte I. scar Malca N.-Mario
Sols C.
Pgs. 6-7La experiencia comparada: el Cdigo Civil y Comercial
Argentino en pos de un orden jurdico ecaz y eciente para la
sociedad. scar Uribe A.
Pg. 8Pilares para el desarrollo del dinero electrnico como
herramienta de inclusin nanciera en el pas. Juan Antonio Llanos
Vergara
EXPROPIACIONESApuntes del nuevo rgimen jurdico
Martes 15 de setiembre de 2015Segunda etapa Ao 10
Pgs. 2 y 3 Willy Pedreschi Raicza Arruntegui
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2 suplemento deanlisis legal Martes 15 de setiembre de 2015
ADMINISTRATIVO
WILLY PEDRESCHI Abogado. Socio de Benites, Forno & Ugaz
Abogados. Experto en derecho administrativo e inversin en
infraestructura.
En uso de las facultades legislati-vas otorgadas por el Congreso
de la Repblica, el Poder Ejecutivo public con fecha 23 de agosto
del 2015 el Decreto Legislativo N 1192,
mediante el cual se aprob la Ley marco de adquisicin y
expropiacin de inmuebles, trans-ferencia de inmuebles de propiedad
del Estado, liberacin de interferencias y otras medidas para la
ejecucin de obras de infraestructura (Ley marco de adquisicin y
expropiacin).
Dicha ley marco es aplicable a las entidades del sector pblico
en todos los niveles de gobier-no, personas naturales o personas
jurdicas.
Asimismo, es de vigencia inmediata a los procedimientos
regulados en la referida norma, sea la etapa en la que se
encuentren.
Principales disposicionesLos sujetos intervinientes en los
procesos de adquisicin y expropiacin son:Q Beneficiario: Es el
Estado, a travs de una
entidad pblica, en calidad de titular del dere-cho de propiedad
del inmueble como resultado de la adquisicin, expropiacin o
transferencia de inmuebles de propiedad estatal, necesarios para la
ejecucin de obras de infraestructura, sea a travs de ejecucin de
proyectos de in-versin pblica, asociaciones pblico-privadas
Marco legal para expropiar
BUSCAN EJECUTAR OBRAS
jurdica Director (e): Flix Alberto Paz Quiroz | Editora: Mara
Avalos Cisneros | Jefe de Edicin Grca: Daniel Chang Llerena |
Coordinador: Paul Herrera Guerra | Jefe de diagramacin: Julio
Rivadeneyra Usurn | Diagramacin: Vanessa Quiroz Rodrguez Jurdica es
una publicacin de2008 Todos los derechos reservados
El PeruanoLas opiniones vertidas son de exclusiva
responsabilidad de los autores. Sugerencias y comentarios:
[email protected]
RAICZA ARRUNTEGUISALAZAR
Miembro del rea regulatorio administrativo de Benites, Forno
& Ugaz Abogados.
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3suplemento deanlisis legalMartes 15 de setiembre de
2015ADMINISTRATIVO
[1] Ley de regularizacin de edificaciones, del proce-dimiento
para la declaratoria de fbrica y del rgimen de unidades
inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad comn. [2] Ello
en virtud a lo dispuesto en la Quinta disposicin transitoria de la
Ley N 30264. [3] Contados a partir de la designacin del perito,
conforme al procedimiento establecido por el Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento. [4] Si el beneficiario es
dis-tinto al sujeto activo, aquel suscribe el formulario registral
conjuntamente con el sujeto pasivo.
(APP), as como mediante otros mecanismos de promocin de la
inversin privada.Q Sujeto activo: Se desempea como tal
el ministerio competente, gobierno regional y gobierno local.Q
Sujeto pasivo en inmuebles inscritos,
no inscritos, o en los que se aplican regme-nes especiales de
propiedad: Asume este rol el propietario o poseedor del inmueble
sujeto a adquisicin o expropiacin, as como la junta de propietarios
a que se refiere la Ley N 271571. (1)
As, los bienes objeto de adquisicin y expro-piacin sern todos
aquellos bienes inmuebles de dominio privado.
El sujeto pasivo podr solicitar la adquisi-cin o expropiacin
total del inmueble cuando el remanente no afectado sufra una
desvalo-rizacin significativa o resulte intil para los fines a los
que estaba destinado anteriormente.
El valor de la tasacin para adquirir in-muebles destinados a la
ejecucin de obras de infraestructura ser establecido por la
Direc-cin de Construccin de la Direccin General de Polticas y
Regulacin en Construccin y Saneamiento del Ministerio de Vivienda
Cons-truccin y Saneamiento, o por la Direccin General de
Concesiones en Transportes del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones (2), de ser el caso.
La fijacin de dicho valor se realizar en un plazo no mayor de
dos meses (3), considerando (i) el valor comercial, y (ii) el valor
del perjuicio econmico.
AdquisicinEs la transferencia voluntaria de la propiedad del
inmueble necesario para la ejecucin de la obra de infraestructura,
del sujeto pasivo a favor del beneficiario, como resultado de
procedimiento de trato directo.
Se realizar en forma previa o posterior a la ley que autorice la
expropiacin.
Tratndose de obras de infraestructura a ser ejecutadas mediante
el mecanismo de APP, las gestiones para la adquisicin de los
inmuebles se pueden iniciar con la declaratoria de viabilidad en el
marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP).
El organismo promotor de la inversin privada (OPIP) competente
debe evaluar y determinar, en los respectivos contratos de APP, el
rgimen aplicable a las adquisiciones de inmuebles por parte del
inversionista. Al
LA LEY MARCO DE ADQUISICIN Y EXPROPIACIN ES APLICABLE A TODAS
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO EN TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO,
PERSONAS NATURALES O PERSONAS JURDICAS.
Situaciones especialesLa norma regula los mecanis-mos de solucin
de controver-sias. As, se podr cuestionar solo va arbitral o
judicial lo siguiente:
a. El valor de la tasacin del bien inmueble objeto de
expropiacin.
b. La solicitud de expro-piacin total del inmueble, en supuestos
que el sujeto activo realice una expropiacin par-cial, que tenga
como efecto que el remanente del bien inmueble no afectado sufra
una real desvalorizacin.
Ejecucin coactiva: En caso que el sujeto pasivo no cumpla con
entregar el bien materia de adquisicin o ex-propiacin, el sujeto
activo a travs de su ejecutor coacti-
vo iniciar el procedimiento de ejecucin coactiva.
Transferencia de inmuebles de propiedad del Estado: Los predios
y/o edificaciones de propiedad estatal y de las empresas del Estado
requeridos para la ejecucin de obras de in-fraestructura declaradas
de necesidad pblica, inters nacional, seguridad nacio-nal y/o de
gran envergadura sern transferidos a ttulo gratuito y
automticamente al sector, gobierno regional, gobierno local, o
titular del proyecto al cual pertenece el proyecto, a travs de una
resolucin que emita la Su-perintendencia Nacional de Bienes
Estatales (SBN). Di-cha norma ser irrecurrible
va administrativa o judicial. Normas derogadas:
(i) Ley N 27117, excepto su nica disposicin modifica-toria; (ii)
Ley N 27628, sin perjuicio de lo dispuesto en la Primera disposicin
comple-mentaria final de la presente ley marco; (iii) Ley N 30025,
excepto su Quinta disposicin complementaria final y las
disposiciones complementa-rias modificatorias; y (iv) los artculos
29 al 37 y la Stima disposicin complementaria final de la Ley N
30327.
Vigencia: La Ley marco de expropiacin y adquisi-cin entr en
vigencia al da siguiente de su publicacin en el Diario Oficial El
Peruano, es decir, desde el pasado 24 de agosto del 2015.
respecto, se deber observar lo siguiente:Q De no ser posible
entregar la totalidad
de predios para la ejecucin del proyecto a la fecha de cierre
del proceso de promocin de la inversin privada, los contratos
podrn
establecer que la elaboracin de los expedientes tcnicos legales
se lleve a cabo por el inversio-nista durante la preparacin de los
estudios definitivos.Q Si el inversionista realiza la implemen-
tacin, gestin y/o culminacin del proceso de adquisicin por trato
directo y liberacin de interferencias, deber obtener la propiedad
del inmueble, a favor del beneficiario.Q La asuncin de los costos
derivados de la
adquisicin de los inmuebles afectados, a crite-rio del OPIP se
fijar en el respectivo contrato de APP, pudiendo ser de cargo del
inversionista e incorporados dentro de la oferta durante el proceso
de promocin de la inversin privada, o bien de cargo del sujeto
activo.
Se otorgar un incentivo del 10% del valor comercial del inmueble
al sujeto pasivo que acepte transferir la propiedad del inmueble en
el proceso de adquisicin.
El acuerdo de transferencia entre el sujeto activo y el sujeto
pasivo se formaliza mediante la firma del formulario registral (4),
y el pago del valor total de la tasacin. Dicho pacto deber ser
remitido al Registro de Predios de la Su-perintendencia Nacional de
Registros Pblicos (Sunarp), por el sujeto activo o beneficiario (si
este es distinto del primero).
ExpropiacinEs la transferencia forzosa del derecho de propiedad
privada, autorizada nicamente por ley expresa del Congreso de la
Repblica y sustentada en razn de necesidad pblica o seguridad
nacional, a favor del Estado, y a iniciativa del Poder Ejecutivo,
gobiernos re-gionales o gobiernos locales, cumpliendo las
siguientes condiciones:Q Respecto de inmuebles que se requieren
para la ejecucin de obras de infraestructura, o por otras
razones de necesidad pblica o seguridad nacional declaradas por
ley.Q Previo pago en efectivo de la indemniza-
cin justipreciada que incluya compensacin por el eventual
perjuicio al sujeto pasivo.
El rechazo de la oferta de adquisicin por el sujeto pasivo da
inicio al proceso de expropia-cin, el mismo que comprende las
siguientes acciones:Q Emisin de la norma para que se ejecute
la expropiacin: resolucin ministerial, acuer-do regional en caso
de gobiernos regionales, y acuerdos de concejo en caso de gobiernos
locales. Dicha norma es inimpugnable.Q Consignacin a favor del
sujeto pasivo por
el monto de la indemnizacin justipreciada.Q Inscripcin en el
Registro de Predios
de la Sunarp.Q Entrega del bien. El procedimiento de
expropiacin tiene un plazo de caducidad de 60 meses, contados a
partir de: (i) la vigencia de la ley autoritativa; o, (ii) la
autorizacin o inicio de la ltima expropiacin (en casos en los que
sea necesario expropiar ms de un inmueble).
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4-5 suplemento deanlisis legal Martes 15 de setiembre de
2015
EN LA LEGISLACIN SOCIETARIA PERUANA
Disolucin y liquidacin (I)
SCAR MALCA NARANJO
Abogado USMP. Graduado del MBA de Centrum Catlica y MSM de
Holanda. Consultor en Derecho Empresarial.
La disolucin (1), en sentido estricto, es el inicio del fin de
la existencia de una persona jurdica siempre que se haya cumplido
alguna causa legal o estatutaria eficazmente. Ulises
Montoya (2) considera que la disolucin es un cese del pacto
social y, a la vez, la extincin de la relacin social, debido a que
los socios ya no tendrn que realizar el objeto social, sino que
es-tn autorizados a pretender la restitucin de sus respectivas
aportaciones en dinero o especies. Broseta y Martnez (3) aaden que
las causales establecidas por ley para iniciar la disolucin no
operan ipso iure, es decir, de pleno derecho, sino que exigen el
acuerdo de la junta general o la resolucin judicial que la declare.
No obstante, en estas circunstancias, se excepta la causal de
vencimiento del plazo establecido al momento de constituir la
sociedad, pues se entiende que al final del mismo ya debera haberse
realizado totalmente su objeto social de creacin.
En ese entendido, en el derecho peruano, la Ley General de
Sociedades (Ley N 26887, en adelante LGS) ha establecido el
procedimiento por el que una sociedad puede iniciar su diso-lucin
casi siempre con el objetivo de inscribir su extincin
posteriormente o, en otras cir-cunstancias, para iniciar un proceso
de fusin con otras sociedades. Las razones estipuladas, en el
artculo 407 de la LGS son diversas, van desde las que se
fundamentan en la autonoma de la voluntad, como la disolucin por
acuerdo
de junta general sin mediar causa legal, las que operan de pleno
derecho como el vencimiento del plazo de duracin, las que surgen
como un castigo ante determinada situacin irregular a la que ha
sido llevada la empresa como la continuada inactividad de la junta
general, las prdidas que reduzcan el patrimonio neto a la cantidad
inferior a la tercera parte del capital, cuando los fines de la
sociedad atenten contra el orden pblico y las buenas costumbres, y
la falta de pluralidad de socios. Finalmente, existen causales que
tienen que ver con patologas que afectan en un momento al objeto
social, como la disolucin por la no realizacin del objeto durante
un perodo prolongado o, asimismo, la disolucin por la imposibilidad
manifiesta de realizar el mismo.
FundamentoUn segundo aspecto para cumplir con el inicio
EscenariosEn suma, la de-claracin de diso-lucin, el proceso de
liquidacin y la inscripcin de la extincin en la LGS presentan
diferentes esce-narios en los que, en algunos casos, la funcin del
liquidador estar vigilada por la junta general y, en otras
circuns-tancias excepcio-nales, la conduc-cin y vigilancia del
proceso la realizar el juez siempre que haya designado al
liquidador por resolucin judicial.
En este ltimo supuesto cabe observar que la legislacin procesal
sobre liquidacin en va judicial es prcti-camente inexis-tente, lo
cual lleva a posiciones contradictorias de la judicatura incluso
frente a casos similares. Es necesario, por ende, que el proceso de
liquidacin en va judicial reciba un tratamiento normativo
parti-cular, tal como se hace en el campo del derecho
concursal.
de la disolucin es que cada causal debe ser ra-zonablemente
fundamentada por quien la alega ante la junta general con el
objetivo de llegar a un acuerdo. De no lograrse lo anterior, se
podr recurrir a la instancia judicial para dilucidar si la sociedad
est incursa en la causal de liquidacin a pedido de cualquier socio,
administrador, director o el gerente.
El objetivo por cual el ordenamiento peruano estableci a la
disolucin como un estado previo a la liquidacin y a la extincin (en
ese orden) es una opcin legislativa vlida que trata de dividir tres
momentos en la etapa final de una socie-dad. Una declarativa
(disolucin), una operativa (liquidacin) y, finalmente, una
certificacin final de publicidad (extincin).Cabe precisar que es
necesaria la inscripcin y publicidad del acuerdo de disolucin de la
junta general o de la resolucin judicial que la declare, de acuerdo
con lo estipulado en el artculo 412 de la LGS. En suma, solamente
despus de que se hayan satisfecho estos pasos previos se habr
disuelto a la sociedad.
En este orden de ideas, el concepto de diso-lucin tiene dos
sentidos. En primer lugar, una acepcin general que invoca al
estadio mediante el cual se pone trmino a la existencia de una
sociedad, una sociedad en disolucin. Por otra parte, en sentido
estricto, implica el acto decla-rativo de inicio del fin de la
sociedad una vez comprobadas en la realidad las causas exigidas por
ley. Es una invocacin que culmina cuando principia el proceso de
liquidacin en s mismo.
Inicio de la liquidacinLa liquidacin es el siguiente paso que
contiene las acciones operativas reales del fin de una empresa, que
se inicia con el nombramiento inmediato del o los liquidadores. De
acuerdo con Broseta y Martnez (4), la liquidacin es la realizacin
de actos que conducen al pago total o parcial de las deudas
sociales (liquidacin del pasivo) y, en caso de haber remanente, es
el re-parto del mismo entre los accionistas en la forma prevista en
los estatutos, pacto social o convenios. No obstante, en defecto de
alguno, la distribucin se regir en proporcin a su participacin en
el capital social desembolsado. La liquidacin es un proceso que
contiene bsicamente dos actos contrarios; por un lado, la
liquidacin mediante actos dispositivos de todo el activo existente
en
MARIO SOLS CRDOVA
Abogado PUCP. Egresado de la Maestra en Derecho Civil PUCP.
Posgrado en Derecho Civil por la Universidad de Salamanca-
Espaa.
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SOCIEDADES
El balance patrimonialEn ningn caso, el derecho a la informacin
de los socios o accionistas se limitar durante el proceso de
liquidacin, pues ellos tambin estn en el deber de brindar el
apoyo
necesario al liquidador cuando as lo requiera. De tal manera que
el liquidador tenga todos los datos correspondientes para realizar
un balance
patrimonial que cumpla dos funciones: servir de cierre de la
sociedad en activo y tambin reflejar el valor del patrimonio social
y el activo del que se har cargo (17).
la empresa y, por otro, las gestiones de cobranza efectiva de
todas las acreencias existentes en favor de la persona jurdica.
Respecto del liquidador, los mismos autores sealan que est
ubicado en un rgano parcial-mente distinto a la esfera de los
administrado-res, pues este ser quien asuma la conduccin y ejecucin
de la etapa liquidadora, mientras que la funcin de los
administradores cesar inmediatamente despus de que el liquidador
asuma sus funciones por designacin de la junta general o por una
resolucin judicial (5). Sin embargo, los socios, administradores,
gerentes y representantes podrn proporcionar la infor-macin que sea
pertinente para la liquidacin de la sociedad a requerimiento del
liquidador (6). De lo contrario, el liquidador solo tendr acceso a
la informacin que encuentre al momento de asignrsele la
responsabilidad. Un mejor esce-nario se plantea en la Ley General
del Sistema Concursal, cuando con el objetivo de reducir el riesgo
y las inexactitudes en las acreencias o, peor an, la participacin
de personas con crditos simulados o fraudulentos, se faculta que el
Indecopi haga un reconocimiento de crditos de la sociedad (7).
No obstante, habindose designado al liqui-dador surge la
pregunta inmediata: a quin representa?, pues l ser el responsable
de las decisiones que sean tomadas. En ese sentido, es importante
diferenciar entre la representa-cin de la sociedad antes de la
declaracin de la disolucin (que le corresponde a los
adminis-tradores o gerentes nombrados) y la represen-tacin
posterior al reconocimiento del estado de liquidacin, la cual ser
determinada por la junta general o por sentencia judicial. Esta
ltima representacin recaer en el liquidador o liquidadores. De esta
manera, se les facultar para formular el inventario, los estados
finan-cieros y todo lo dems con arreglo a que pueda lograrse un
balance de inicio de la liquidacin.
Durante la liquidacin se presentan algunas circunstancias
excepcionales que, de acuerdo con Del guila (8), resultan
provechosas tanto
para los socios como para los acreedores con el fin de evitar
que el valor de la venta de los activos sea menor al valor del
mercado. El au-tor presenta como una opcin que la empresa contine
en funcionamiento al momento de liquidar sus activos, de tal manera
que se eviten las circunstancias negativas que rodean una
liquidacin sin funcionamiento de la empresa, y que se relacionan
con la devaluacin de los activos. A esta estrategia la denomin
liqui-dacin en marcha (9), pues se mantendra el valor de la empresa
y sus activos a travs de su funcionamiento y operatividad.
Asimismo, aunque dependiendo de la demanda del merca-do, podran
captarse ms agentes interesados en invertir en una compra de un
negocio que podra ser continuado por otra sociedad. As, el
liquidador podr obtener una mayor recupera-cin de crditos y
distribucin de remanentes en este proceso segn el autor.
Esta circunstancia, sin duda, ejemplifica el papel fundamental
del liquidador durante esta etapa; asimismo, denota que la
colaboracin oportuna de los socios, administradores y ge-rentes es
importante para evitar el aplazamiento del proceso y del
cumplimiento de obligaciones con los acreedores. De hecho, los
socios y accio-nistas estn facultados para adoptar los acuerdos que
estimen convenientes, pues an en la etapa de liquidacin se les
aplica las disposiciones referidas a las juntas generales de
acuerdo con el ltimo prrafo del artculo 413 de la LGS. Por lo
tanto, la liquidacin bajo la regulacin societaria no importa la
disolucin de la junta general ni la inhibe de la toma de acuerdos,
lo que hace es restringir su campo de accin hacia la extincin de la
sociedad (10).
Otro aspecto importante a comentar es qu sucede con las
coordinaciones entre los accionis-tas, socios o administradores que
se realizan con el liquidador cuando el proceso de liquidacin se
ejecuta debido a una sentencia judicial. En estos casos se pueden
presentar diferentes escenarios en los que el juez o los
accionistas tengan el con-trol del proceso de liquidacin. De
acuerdo con
la LGS, el control del proceso lo detenta la junta general que
eligi a su liquidador. De hecho, esta misma junta general est
facultada para remover de su cargo al liquidador (11). Este sera el
proceso convencional.
Proceso en sede judicialNo obstante, tambin es posible que la
conduc-cin del proceso lo detente el juez cuando la demanda
estableci como pretensin accesoria la designacin del liquidador.
As, una sentencia que declare fundado el petitorio de designacin
del liquidador facultar al juez para que direc-cione el
procedimiento de liquidacin, as como su consecuente extincin. En
tal entendido, el juez se subrogar al rol decisivo que la LGS le ha
facultado a la junta general para aprobar el balance final o para
decidir sobre cualquier informe que el liquidador tenga que
presentar como parte de su funcin (12). Al mismo tiempo, esto no
implica que los socios quedan despro-tegidos de las decisiones y
consecuencias de la administracin del liquidador judicial, pues la
LGS reconoce a los socios o accionistas el derecho a la informacin
sobre el proceso (13).
Tan pronto se apruebe por junta general o por sentencia judicial
el balance final de liquidacin se proceder a la distribucin del
remanente de ser el caso. Segn Del guila, el remanente es la
conformacin de los bienes sobrantes de la liquidacin y el dinero
obtenido de la reali-zacin del patrimonio social, una vez pagados
los acreedores o consignados el aporte de sus acreencias (14). En
relacin con los acreedores impagos, el mismo autor considera que
las posi-bilidades de iniciar procesos contra la sociedad liquidada
es mnima. La LGS estipula que es responsabilidad solidaria del
liquidador haber realizado pagos adelantados a los socios a cuenta
del remanente, aun cuando el propsito principal de la liquidacin es
cumplir, sobre todo, con los acreedores. Por tal motivo, s es
posible dirigirse contra el accionista o socio beneficiado con la
distribucin anticipada del remanente hasta por el monto recibido
(15).
Finalmente, el efecto de una ptima liquida-cin es la inscripcin
de la extincin de la socie-dad en los Registros Pblicos, sea por
solicitud de la junta general o por resolucin judicial. En ambos
casos, se debe indicar el nombre y el domicilio de la persona
encargada de la custodia de los libros y documentos de la sociedad.
Asi-mismo, se debe indicar la forma cmo se dividi el haber social,
la distribucin del remanente y las consignaciones efectuadas, en
caso de que los acreedores no hubieran cobrado sus crditos,
acompaando la publicacin del balance final de la liquidacin
(16).
[1] RUBIO, Jess. En: Curso de Derecho de Sociedades Annimas.
Segunda edicin, Editorial de Derecho Financiero, Madrid, 1964. Pg.
422. [2] MONTOYA MANFREDI, Ulises. En: Derecho comercial. Dcimo
primera edicin, Editorial Grijley, Lima, 2004. [3] BROSETA, Manuel
y MARTNEZ, Fernando. En: Manual de derecho mercantil. Dcimo segunda
edicin, Madrid, 2005. Pg. 479. [4] Ibidem, pg. 483. [5] Ver el
primer prrafo del artculo 414 de la LGS. [6] Ver el penltimo prrafo
del artculo 413 de la LGS. [7] DEL GUILA, Paolo. Un fin, dos
caminos: encuentros y desencuentros entre la liquidacin societaria
y la liquidacin concursal. En: Estudios de derecho societario:
libro homenaje a Enrique Elas Laroza. Normas Legales, Trujillo,
2005. Pg. 246. [8] Idem, pgs. 204-205. [9] Esta posibilidad
presentada es posible en aplicacin de la Ley General del Sistema
Concursal (Ley N27089). [10] Ibidem, pgs. 212-213. [11] Ver numeral
1 del artculo 415 de la LGS. [12] El artculo 419 de la LGS ha
establecido las tareas finales que el liquidador debe realizar y
presentar a la junta general en una circunstancia convencional; es
decir, cuando el juez no est a cargo del proceso. [13] Ver el
primer prrafo del artculo 418 de la LGS. [14] DEL GUILA, Paolo. Op.
Cit. Pg. 239. [15] Para mayor detalle en relacin a la
responsabilidad de los liquidadores y/o socios posterior a la
declaracin de la liquidacin lanse los artculos 420, numeral 5; y
422 de la LGS. [16] PALMA, Jos Enrique. El fenmeno jurdico del
proceso de disolucin y liquidacin de sociedades. En: A los 12 aos
de la Ley General de Sociedades. Grijley, Lima, 2010. Pgs. 561-562.
[17] MARROQUN, Hugo. En: Proceso de disolucin y liquidacin de las
empresas del sistema financiero: regulacin y problemtica. Lima,
2013. Pg. 54.
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6 suplemento deanlisis legal Martes 15 de setiembre de 2015
CIVIL
COMPRENDER LA NORMATIVIDAD CIVIL ARGENTINA, EN TRMINOS DE
CULTURA LEGAL, ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO E IMPRESCINDIBLE PARA
TODO ACTOR EN EL MUNDO DEL DERECHO.
Personaje estelarComprender la normatividad civil argentina, en
trminos de cultura legal es absolutamente necesario e
imprescindible para todo actor en el mundo del Derecho. Aun cuando
se pueda discrepar o concordar altura-damente con los principios
jurdi-cos, instituciones y normas de la escuela argentina de
Derecho Civil, debe tenerse presente que el Cdigo Civil es un
personaje estelar en la com-pleja estructura del Derecho Civil, una
construccin acadmica en donde el legis-lador no debe olvidar
basarse,
al redactar sus normas, en la realidad e idiosin-crasia
nacional, mirarse honesta-mente al espejo y, aunque no le guste lo
que vea, debe aprender a aceptarse como es, analizando
imparcialmente sus deficiencias y aplicando crite-rios propios e
inteligentes en la solucin de problemas jurdicos particu-lares.
Solo as, siguien-do esta lnea de anlisis y produc-cin normativa, es
que podremos avanzar en la ardua labor de crear un ordena-miento
jurdico civil eficiente y eficaz para la sociedad.
IMPORTANCIA DE ESTA NUEVA NORMA
Cdigo Civil y Comercial Argentino
SCAR ALBERTOURIBE AMORS
Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martn
de Porres.
El Derecho Civil es un rea del Derecho en general que reviste
una especial importancia, puesto que es vital para el
desenvolvimiento de las relaciones jurdicas entre las personas. As,
el
maestro universitario Fernando Vidal Ramrez nos recuerda que []
el Derecho Civil responde a la necesidad humana de vivir en paz,
contri-buyendo al trazo de una sociedad en la que los individuos,
como personas, puedan realizarse y entablar sus relaciones jurdicas
con tranqui-lidad y paz [] el Derecho Civil es el Derecho troncal,
ya que de l se han ido desprendien-do las diversas ramas del
Derecho [] (1). De tal suerte que la trascendencia de esta especial
rea del Derecho se hace evidente y necesaria en la formacin contnua
de todo profesional o estudiante; a tal punto, nos insiste y
justifica el profesor Vidal Ramrez que [] el Derecho Civil sigue
siendo la piedra angular del Derecho. Porque es el Derecho comn. Es
el Derecho del cual se van desprendiendo ramificaciones que dan
lugar a los Derechos especiales. Por eso, el Derecho Civil, como
Derecho comn y troncal, tiene un rol supletorio, pues se aplica de
manera supletoria para integrar los vacos que puede presentar el
ordenamiento legal [] (2). Por tanto, no hay forma de comprender el
Derecho y sus especialidades sin tener un conocimiento claro y
prstino del Derecho Civil.
Elemento importantePor otro lado, el Derecho Civil est compuesto
por diversos elementos, y uno de los ms impor-tantes es el Cdigo
Civil. Ante ello, no escapa al inters acadmico y profesional, y a
la necesidad de conocimiento y comprensin, de todos los juristas,
magistrados, abogados y estudiantes de
pre- y posgrado en Derecho, de toda la Repblica del Per, que
mediante Boletn Oficial de la Repblica Argentina, del mircoles 8 de
octubre de 2014 (ao CXXII N 32.985), se haya publicado la Ley N
26994 por la que se aprueba el Cdigo Civil y Comercial de la Nacin;
el cual ha sido promulgado mediante Decreto N 1795/2014, dndose a
conocimiento y publicidad de la comunidad jurdica mundial el Cdigo
Civil y Comercial Argentino, que entrara en vigencia el 1 de enero
de 2016, segn el texto original de la norma. Sin embargo, por
decisin del Gobierno, mediante Ley N 27077, publicada en el boletn
oficial el 19 de diciembre de 2014, entr en vigencia el 1 de agosto
del presente ao.
Aprender el Cdigo Civil de una nacin no es aprender el Derecho
Civil de esta, ya lo haba referido el doctor Fernando de Trazegnies
cuando aduca que el Derecho (y el Derecho Civil, espec-ficamente
comprendido como parte del primero), es ms grande y complejo que un
cdigo (como el Cdigo Civil). Por tanto, conocer el Derecho Civil de
la nacin argentina no podra limitarse a analizar nicamente su nuevo
Cdigo Civil. Sin embargo, no deja de ser un instrumento muy til
para comprender, en alguna medida, la utilidad y funcionalidad de
los institutos jurdicos en la sociedad argentina y la forma como el
legislador argentino busca solucionar un conflicto interno.
De la revisin del texto normativo concor-damos con la premisa
del doctor Jos Fernando Daro Mrquez, expuesta en el ltimo Congreso
de Derecho Civil, celebrado en la ciudad de Tru-jillo, semanas
atrs, segn la cual, en trminos generales, este es un cdigo ms de
principios que de normas. De su lectura, la primera im-presin que
deja es que el legislador argentino ha procurado materializar, en
sus disposiciones jurdicas, contenidas en este novsimo cdigo, la
lnea de trabajo de redaccin de disposiciones normativas del
legislador francs, respecto del Cdigo Civil de 1804. Siguiendo el
pensamiento del reconocido profesor Basil Markesinis (3), que
denomina a esta forma de redaccin el estilo la-pidario, el
legislador argentino habra procurado tambin alcanzar la abstraccin
principista de la norma civil, haciendo reposar un lineamiento
general que asegura la corresponsabilidad de
los jueces,en la solucin de la controversia de cada caso en
concreto, o de la doctrina seria y responsable del Derecho, para
que en el deve-nir del tiempo se exploren los alcances de cada
instituto jurdico.
Estructura y disposicionesEl Cdigo Civil y Comercial Argentino
est compuesto por un ttulo preliminar, seis libros, divididos en
ttulos, subdivididos a su vez en captulos y estos en secciones y,
cada seccin, en artculos.
El Ttulo Preliminar est compuesto por cuatro captulos y 18
artculos, que desarrollan temas como las fuentes y la aplicacin de
la ley civil (artculo 1), la interpretacin de las normas (artculo
2), la ley en su mbito subjetivo (artculo 4), la vigencia de la ley
(artculo 5) y, adems, el artculo 8 regula el principio de
inexcusabilidad, segn el cual la ignorancia de las leyes no sirve
de excusa para su cumplimento, si la excepcin no est autorizada por
el ordenamiento jurdico. Tambin en el ttulo preliminar se
desarrolla el ejercicio de derechos (captulo tercero), que
describe normas tan importantes como la del artculo 9, segn la
cual los derechos deben ser ejercidos de buena fe, as como el abuso
del dere-cho, en el artculo 10, sealndose que el ejercicio regular
de un derecho propio o el cumplimiento de una obligacin legal no
puede constituir como ilcito ningn acto. La ley no ampara el
ejercicio abusivo de los derechos. Se considera como tal el que
contrara los fines del ordenamiento ju-rdico o el que excede los
lmites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.
El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del
ejercicio abusivo o de la situacin jurdica abusiva y, si
corresponde, procurar la reposicin al estado de hecho anterior y
fijar una indemnizacin. Los artculos 11 y 12 nos regulan el abuso
de la posicin dominante o del orden pblico y el fraude a la
ley.
Por su parte, el Libro Primero: Parte Gene-ral, est compuesto
por cinco captulos, en los que se desarrollan temas referidos a la
persona humana (artculos 19 a 140), se regula la exis-tencia de la
persona humana que comienza con la concepcin (artculo 19) y se
tratan temas tan fundamentales como la capacidad, distinguiendo
entre la de derecho y la de ejercicio (artculo 22). A continuacin
se desarrollan otros temas como la persona menor de edad (artculos
25 al 30), las restricciones a la capacidad, la validez de los
actos por persona incapaz y el cese de la incapacidad. Se regulan
los derechos y actos personalsimos (artculo 51 al 61, destacando el
derecho a la imagen; los actos de disposicin
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7suplemento deanlisis legalMartes 15 de setiembre de
2015CIVIL
[1] La importancia del Derecho Civil y de su codificacin en la
sociedad. Entrevista a Fernando Vidal Ramrez; Themis / Revista de
Derecho; N 66; Lima; Per; 2014. [2] Opus cit. [3] Doscientos aos de
un famoso Cdigo: Qu deberamos estar celebrando?; Basil Markesinis;
Revista Indret; Barcelona; Espaa; 2004.
del propio cuerpo y el consentimiento informa-do); el nombre
(artculos 62 al 72), destacando la eleccin del orden del apellido;
el domicilio (artculos 73 al 78), y la ausencia y presuncin de
fallecimiento (artculos 79 al 92), as como el fin de la persona
(artculos 93 al 95), que termina con la muerte, segn los estndares
mdicos aceptados. Seguidamente, se regulan los temas referidos a
representacin y asistencia, tutela y
curatela; a la persona jurdica (artculos 141 al 224),
desarrollndose su clasificacin, funcio-namiento, disolucin y
liquidacin. Tambin se regulan las asociaciones civiles y
fundaciones; los bienes (previstos entre los artculos 225 al 256);
los hechos y actos jurdicos (artculos 257 al 397), y la transmisin
de derechos (artculos 398 al 400).
El Libro Segundo: Relaciones de Familia (artculos 401 al 723)
desarrolla los institutos
clsicos del matrimonio, rgimen patrimonial de este, las uniones
convivenciales, el paren-tesco, la filiacin, y la adopcin;
incluyendo la responsabilidad parental (artculos 638 al 704),
entendida como el conjunto de deberes
y derechos que corresponden a los pro-genitores sobre la persona
y bienes del hijo, para su proteccin, desarrollo y formacin
integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado, as
como disposiciones procesales.
El Libro Tercero: Derechos Perso-nales (artculos 724 al 1881)
trata sobre las obligaciones en general (artculos 724 al 956); el
contrato en general (artculos 957 al 1091); el contrato de
consumo
(artculos 1092 al 1122); el contrato en particular (artculos
1123 al 1707), describindose as a los contratos de compraventa,
permuta, suministro, locacin, leasing, obra y servicios,
transporte, mandato, consignacin, corretaje, depsito, ban-carios,
factoraje, y a los contratos celebrados en bolsa o mercado de
comercio, cuenta corriente, asociativos, agencia, concesin,
franquicia, mu-tuo, comodato, donacin, fianza, renta vitalicia,
juego y apuesta, cesin de derechos, transaccin, arbitraje y
fideicomiso. Luego trata, entre otras fuentes de las obligaciones
(artculos 1708 al 1881), el tema fundamental de la responsabilidad
civil, dedicando una seccin a las disposicio-nes generales
(artculos 1708 al 1709), otra a la funcin preventiva, reconociendo
la funcin de punicin (artculos 1710 al 1715), as como una funcin
resarcitoria (artculos 1716 al 1736), en donde, adems, se describen
los elementos de la responsabilidad civil; y otra seccin dedicada
al dao resarcible (artculos 1737 al 1748). Asimis-mo, se
desarrollan los esenciales temas de respon-sabilidad civil
indirecta (artculos 1746 al 1752), la responsabilidad por hecho de
terceros (artculos 1753 al 1756), la responsabilidad derivada de la
intervencin de cosas y de ciertas actividades (artculos 1757 al
1759), y el importante tema de la responsabilidad colectiva
(artculos 1760 al 1762), as como los supuestos especiales de
responsabilidad civil (artculos 1763 al 1771) y los
correspondientes lineamientos procesales, como la distincin entre
accin civil y penal
(artculos 1774 al 1780). Luego se dedica a la gestin de negocios
(artculos 1781 al 1790),
al empleo til (artculos 1791 al 1793), al enriquecimiento sin
causa (artculos 1794 al 1795), incluyendo dentro de s al pago
indebido. Posteriormente, el legislador argentino destina el
cap-tulo 6 a los ttulos valores, sealando su naturaleza,
caractersticas, as como el deterioro, sustraccin, prdida y
des-truccin de los estos, y de su registro.
En el Libro Cuarto: Derechos Reales (artculos 1882 al 2276) se
describen
los institutos jurdicos de la posesin y tenencia, el dominio, el
condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos in-mobiliarios,
la superficie, el usufructo,
el uso, la habitacin, la servidumbre, los derechos reales de
garanta y las acciones posesorias y reales.
En el Libro Quinto: Transmisin por causa de muerte (artculos
2277 al 2531) se analizan instituciones como la aceptacin y
renuncia de la herencia, la cesin y peticin de esta, la
res-ponsabilidad de los herederos y legatarios, la liquidacin del
pasivo, el estado de indivisin, las normas generales del proceso
sucesorio, la particin, la sucesin intestada, la porcin leg-tima y
las sucesiones testamentarias.
Y, por ltimo, en el Libro Sexto: Disposiciones comunes a los
derechos personales y reales (ar-tculos 2532 al 2671) se describen
instituciones como la prescripcin y caducidad, los privilegios, el
derecho de retencin y las normas de derecho internacional privado o
normas conflictuales.
Aun cuando por razones tcnicas o quizs simplemente polticas o
ideolgicas el Cdigo Ci-vil y Comercial Argentino tenga una larga
lista de detractores, o se le imputen muchas acusaciones como ser
una norma apresurada en su redaccin y dacin, sin mtodo ni tiempo
para el trabajo de coordinacin, evaluacin y configuracin normativa,
y, por tanto, inconexa, adems de haberse iniciado la labor
redactora a partir no de las conclusiones y trabajos de los
congresos de Derecho Civil o de los proyectos publicados con
anterioridad, sino de propuestas personales que no siempre fueron
publicitadas y analizadas con la suficiente mesura y tiempo; lo
cierto, real y concreto es que recin ha entrado en vigencia este
cuerpo normativo y se ha convertido en un documento de necesaria
referencia en el trabajo de construccin del Derecho Civil
latinoameri-cano, y de obligatoria evaluacin y anlisis en el
Derecho Comparado. Por tanto, corresponder a la buena judicatura y
a la seria y responsable doctrina la interpretacin y consolidacin
de este cuerpo normativo.
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8 suplemento deanlisis legal Martes 15 de setiembre de 2015
BANCA
PILARES PARA ESTA HERRAMIENTA BANCARIA
Dinero mvil en agendaJUAN ANTONIO LLANOS VERGARA
Abogado. Asociado del rea Financiera del Estudio Muiz, Ramrez,
Prez-Taiman & Olaya.
En su informe Measuring Financial Access around the World (2010)
[1] , el Banco Mundial estima que 2,500 millones de personas en
pases de ingresos bajos y medios no estn
bancarizadas debido, entre otras razones, a los costos asociados
a la expansin del modelo tradi-cional de banca con presencia fsica,
en especial en zonas rurales y urbano-rurales. Respecto de este
universo, McKinsey, en su informe Mobile Money Market Sizing Study
(2010), calcula que 1,000 millones de personas cuentan con acceso a
un telfono mvil.
Teniendo en cuenta este factor, as como el incesante desarrollo
y abaratamiento tecnol-gico que permite una mayor participacin de
smartphones de gama baja y media en el mercado mundial, los
servicios de dinero electrnico propagados internacionalmente como
mone-deros o billeteras mviles que operan asociados a telfonos
mviles han tomado relevancia como instrumentos de bancarizacin e
inclusin financiera.
Muestra de ello es la proliferacin de servicios de dinero
electrnico en el mundo. Estos suma-ron 219 en 2013 (frente a 38 en
2009), destacando frica Subsahariana (51.8%), Asia del Sur (16.1%)
y Amrica Latina y el Caribe (13.3%), segn el informe Estado de la
Industria 2013 [2] de GSMA Mobile Money for the Unbanked.
Marco regulatorioDesde su lanzamiento comercial en frica en
2001, los servicios de dinero electrnico vienen desarrollndose bajo
dos modelos industriales/regulatorios: (i) prestados por empresas
de te-lecomunicaciones, bajo un contexto de menor regulacin; o,
(ii) prestados por empresas finan-cieras, bajo un contexto de mayor
regulacin.
El Per ha optado por el segundo modelo. El conjunto de la
normativa de dinero electrnico se emiti en 2013, cerca de tres aos
despus de que el Poder Ejecutivo presentara un proyecto de ley
sobre la materia al Congreso de la Repblica. As, fueron publicadas:
(i) la Ley N 29985-Ley que establece las caractersticas bsicas del
di-nero electrnico como instrumento de inclusin financiera (enero);
(ii) el Decreto Supremo N 090-2013-EF-Reglamento de la Ley N
29985
Canal 2008 2012 Marzo 2015
Ocinas 1,451 1,771 1,864
Cajeros automticos 3,278 6,451 7,367
Cajeros corresponsales 4,300 14,806 30,482
DESARROLLO DE LOS CAJEROS
[1] Disponible en:
http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/1813-9450-5253. [2]
Disponible
en:http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2014/07/SOTIR_2013_Spanish.pdf.
[3] Disponible en:
https://www.osiptel.gob.pe/documentos/2-indicadores-del-servicio-movil.
[4] Disponible en:
https://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2015/Mayo/B-3232-my2015.XLS.
(mayo); (iii) la Resolucin de Consejo Directivo
N126-2013-CD-Osiptel-Normas relativas al acceso de los emisores de
dinero electrnico a los servicios de telecomunicaciones; (iv) la
Resolucin SBS N 6283-2013-Reglamento de operaciones con dinero
electrnico; y (v) la Resolucin SBS N 6284-2013-Reglamento de
empresas emisoras de dinero electrnico
(octubre). Esta ltima norma regul un procedi-miento de adecuacin
ante la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), para incorporar a los
agentes que, a ese momento, prestaban servicios equiparables.
As, el Per se puso regulatoriamente al da respecto de otros
pases hispanohablantes,
como Espaa, Mxico, Ecuador y Bolivia, que emitieron normativa
sobre la materia en 2011.
FactoresExisten cuatro factores que podran favorecer el gil
desarrollo de la industria local de dine-ro electrnico y, as,
convertir sus servicios en una herramienta de bancarizacin e
inclusin financiera que permita elevar el nivel de acceso de la
poblacin a servicios financieros bsicos, en especial de los
segmentos menos favorecidos y tradicionalmente no atendidos por la
banca.
1) Amplia base celular: existencia de ms de 32.2 millones de
lneas mviles en servicio distribuidas entre los 1,728 distritos de
los 25 departamentos del pas, segn cifras del Or-ganismo Supervisor
de la Inversin Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) a marzo de
2015 [3].
2) Slido desarrollo del canal de cajeros corresponsales:
existencia de 30,482 cajeros corresponsales, que lo constituye en
el principal canal de atencin del sistema financiero, segn cifras
del Boletn Financiero Marzo 2015 de la Asociacin de Bancos del Per
(Asbanc). Ver cuadro.
No obstante lo anterior, tener presente que el 47% de los 1,728
distritos del pas carecen de canales de atencin financiera, segn el
Reporte de Inclusin Financiera Diciembre 2014 [4]de la SBS.
3) Potenciales nuevos servicios y beneficia-dos: adems de los
servicios bsicos (conversin, reconversin, pagos y transferencias),
en el fu-turo podran prestarse servicios adicionales como pago de
planillas, pago de subsidios es-tatales y remisin de remesas del
exterior. Los beneficiarios podran recibir en tiempo real los
fondos en sus telfonos, eliminando costos de transaccin y
riesgos.
4) Nivel de los agentes involucrados: los agen-tes se encuentran
respaldados por importantes empresas nacionales e internacionales,
que les pueden brindar el respaldo econmico y tecno-lgico
necesario, sobre todo en la etapa inicial de lanzamiento de
operaciones. Es el caso de Jupiter (Telefnica Internacional y
MasterCard Worldwide), Gmoney (Grupo La Repblica) y ServiTebca
(Intercorp y Tebca), as como el Modelo Per (Asbanc).Z
