SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL FEDERAL

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SX-JDC-883/2018

ACTORA: GUADALUPE ABAD PEREA

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA

MAGISTRADO PONENTE: ADÍN ANTONIO DE LEÓN GÁLVEZ

SECRETARIO: ANTONIO DANIEL CORTES ROMAN

COLABORADOR: SERGIO GALVÁN GUERRA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; once de

octubre de dos mil dieciocho.

S E N T E N C I A relativa al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro indicado,

promovido por Guadalupe Abad Perea, quien se ostenta como

indígena chontal, perteneciente a la agencia municipal de

Santa María Huamelula, ayuntamiento de San Pedro

Huamelula, Tehuantepec, Oaxaca.

Dicha actora controvierte la resolución de trece de septiembre

de dos mil dieciocho emitida por el Tribunal Electoral del

Estado de Oaxaca1, en el juicio para la protección de los

derechos político electorales de la ciudadanía en el régimen

1 En adelante Tribunal local o autoridad responsable.

SX-JDC-883/2018

2

de sistemas normativos internos, con la clave de identificación

JDCI/28/2018.

Í N D I C E

SUMARIO DE LA DECISIÓN ..................................................................2 ANTECEDENTES ...................................................................................2

I. El contexto. .......................................................................................2 II. Del trámite y sustanciación del medio de impugnación. ..................6

CONSIDERANDO ...................................................................................7 PRIMERO. Jurisdicción y competencia. ..............................................7 SEGUNDO. Presupuestos procesales. ................................................8 TERCERO. Cuestión previa. ................................................................9 CUARTO. Estudio de fondo ............................................................... 14

RESUELVE ........................................................................................... 46

S U M A R I O D E L A D E C I S I Ó N

Esta Sala Regional revoca la resolución impugnada debido a que la autoridad responsable soslayó el respeto al derecho a

la defensa de la actora, además de que el proceso de remisión

y designación de agente municipal no fue celebrado conforme

a su sistema normativo interno ni en los términos pactados por

los actores políticos de dicha comunidad.

A N T E C E D E N T E S

I. El contexto.

De la demanda y demás constancias que integran el

expediente del presente juicio, se obtiene lo siguiente:

SX-JDC-883/2018

3

1. Elección de agente municipal. El veintiuno de enero de dos mil diecisiete, se llevó acabo la elección de autoridades en

la agencia de Santa María Huamelula, en el municipio de San

Pedro Huamelula, Oaxaca, en la cual la hoy actora resultó

electa como agenta municipal de la citada comunidad para el

período 2017-2018

2. Toma de protesta como agente municipal. El veintinueve de enero de dos mil diecisiete, la actora rindió

protesta como agenta municipal de Santa María Huamelula,

ante el Cabildo de San Pedro Huamelula, con la ausencia del

Presidente Municipal.

3. Primera asamblea de destitución del cargo. El cuatro de noviembre de dos mil diecisiete, el Presidente Municipal

llevó a cabo la destitución de la actora del cargo de agente

municipal por medio de asamblea y nombró en su lugar a otra

persona.

4. Promoción del primer juicio local. El trece de noviembre de dos mil diecisiete, la actora presentó juicio para

la protección de los derechos político-electorales de la

ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos,

con el que se integró el expediente JDCI/159/2017 por parte

del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

5. Resolución del JDCI/159/2017. El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, el Tribunal local emitió resolución, en la

que determinó: (i) declarar fundados los agravios de la actora;

(ii) ordenar al presidente e integrantes del ayuntamiento de

San Pedro Huamelula, Tehuantepec, Oaxaca, abstenerse de

SX-JDC-883/2018

4

causar actos de molestia contra Guadalupe Abad Perea; (iii)

ordenar al presidente e integrantes del ayuntamiento de San

Pedro Huamelula, Tehuantepec, Oaxaca, brindar a la citada

actora las facilidades necesarias para el ejercicio de las

funciones; (iv) ordenar que se informara a las dependencias

de la presente resolución; y (v) vincular a la Secretaría

General de Gobierno del Estado de Oaxaca para los efectos

señalados en el considerando sexto de la resolución.

6. Primer juicio ciudadano federal. El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, la actora promovió juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano a

fin de combatir la resolución descrita en el punto anterior. Tal

medio de impugnación fue asignado con la clave de

identificación SX-JDC-118/2018.

7. Reunión de trabajo. El trece de marzo posterior, personal de las Secretarías de la Mujer Oaxaqueña, General

de Gobierno, el presidente y la síndica municipal de San

Pedro Huamelula, la agenta municipal, Nahum Rey Bende,

Efrén Carmona Baltazar y Gabriel Perea Ramírez, llevaron a

cabo una reunión de trabajo estableciendo diversos acuerdos

a fin de que la agenta rindiera un informe de labores y

rendición de cuentas y la celebración de una asamblea

general comunitaria para remover o permitir su permanencia

en el cargo a la citada agenta.

8. Resolución del SX-JDC-118/2018. El dieciséis de marzo del año en curso, esta Sala determinó modificar la sentencia

dictada en el juicio local, al estimar que la autoridad

responsable omitió hacer un pronunciamiento respecto de las

SX-JDC-883/2018

5

medidas de satisfacción, garantías de no repetición y

supervisión de cumplimiento de sentencia solicitadas por la

actora en su demanda primigenia.

9. Convocatoria a una nueva asamblea electiva. El veintitrés de marzo, el Consejo de Ciudadanos Caracterizados

de la agencia municipal de Santa María Huamelula emitió

convocatoria a asamblea general comunitaria a fin de decidir

la permanencia o remoción de la agenta municipal.

10. Asamblea de destitución de la agenta. El veinticuatro de marzo siguiente, se llevó a cabo la asamblea a través de la

cual, al no advertir la presencia de la agenta municipal, se

determinó removerla del cargo y se eligió al nuevo agente

municipal,

11. Segundo juicio local. En la misma fecha, la actora presentó un nuevo escrito ante el Tribunal local, el cual, el dos

de mayo del año en curso, se determinó escindir, y remitir el

asunto a la Secretaría General del Tribunal local para la

integración de un nuevo expediente, al cual se le asignó la

clave de identificación JDCI-28/2018.

12. Demanda de reconsideración. El nueve de mayo, un grupo de personas que se ostentó como “ciudadanos

caracterizados” o “principales” de la comunidad indígena de

Santa María Huamelula interpusieron recurso de

reconsideración ante la autoridad responsable, el cual fue

radicado con la clave de identificación SUP-REC-249/2018.

13. Resolución del recurso de reconsideración. El cinco de julio del año que transcurre, la Sala Superior de este

SX-JDC-883/2018

6

Tribunal Electoral confirmó la resolución del expediente SX-

JDC-118/2018 radicado por Sala Xalapa, en la que se ordenó

ampliar las medidas de reparación para la Agenta municipal,

incluyendo medidas de satisfacción, protección y no

repetición, que fue impugnada por el “Consejo de Principales o

personas Caracterizadas” de la comunidad indígena de Santa

María Huamelula, Tehuantepec, Oaxaca.

14. Resolución impugnada. El trece de septiembre del presente año, el Tribunal local resolvió el juicio JDCI-28/2018,

en el sentido de tener por infundados los agravios de la actora

y confirmar la validez de la asamblea general comunitaria de

veinticuatro de marzo del presente año, así como a Nahum

Rey Bende como Agente Municipal de Santa María

Huamelula.

II. Del trámite y sustanciación del medio de impugnación.

15. Presentación. El diecinueve de septiembre del año en curso, Guadalupe Abad Perea presentó demanda de juicio

para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, a fin de combatir la resolución descrita en el

parágrafo anterior.

16. Recepción y turno. El veintiocho de septiembre se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala, la demanda y

documentación relacionada que remitió la autoridad

responsable.

17. En la misma fecha, el Magistrado Presidente, con la

documentación referida en el punto anterior, acordó integrar el

expediente SX-JDC-883/2018 y turnarlo a la ponencia a su

SX-JDC-883/2018

7

cargo, para los efectos legales correspondientes.

18. Radicación y admisión. El cuatro de octubre, el Magistrado instructor radicó el asunto y, al no advertir causal

evidente de improcedencia, admitió la demanda.

19. Cierre de instrucción. En el momento procesal oportuno, el Magistrado instructor cerró la instrucción del juicio y puso el

asunto en estado de citar sentencia.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

20. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la

Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral es competente

para conocer y resolver el presente asunto, por tratarse de un

juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, en el que se controvierte la resolución del Tribunal

local por la que confirmó la remoción y designación de agente

municipal en Santa María Huamelula, ayuntamiento de San

Pedro Huamelula, Oaxaca, lo cual por materia y territorio es

competencia de esta Sala Regional.

21. Lo anterior, con fundamento en los artículos 41, párrafo

segundo, base VI, 94, párrafo primero, y 99, párrafos primero

y cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción III, inciso c), 192,

párrafo primero, y 195, fracción IV, fracción d), de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, apartado 2,

inciso c), 4, apartado 1, 79, apartado 1, 80, apartado 1, incisos

SX-JDC-883/2018

8

d) y f), y 83, apartado 1, inciso b), fracción IV, de la Ley

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia

Electoral.

SEGUNDO. Presupuestos procesales.

22. El presente juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano satisface los requisitos

establecidos en los artículos 8, 9, apartado 1, 13, apartado 1,

inciso b), 79, apartado 1, y 80, apartado 1, incisos d) y f), de la

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en

Materia Electoral, como se precisa a continuación.

23. Forma. Se tiene por cumplido tal requisito, ya que la demanda se presentó ante la autoridad responsable, se

formuló por escrito, se hizo constar el nombre y la firma

autógrafa de la actora, se identifica la resolución impugnada,

la autoridad responsable, además, se mencionan los hechos

en que se basa la demanda y los agravios que le causa la

determinación combatida.

24. Oportunidad. Se cumple con tal requisito, toda vez que la resolución que se controvierte fue emitida el trece de

septiembre y notificada personalmente a la actora el quince

siguiente, por lo que el plazo para promover transcurrió del

dieciséis al diecinueve de septiembre, por lo que si la

demanda se presentó en esta última fecha es claro que se

encuentra en tiempo.

25. Legitimación e interés jurídico. En la especie, se tienen por satisfechos dichos requisitos, pues quien promueve es una

ciudadana que se ostenta indígena chontal, perteneciente a la

SX-JDC-883/2018

9

agencia municipal de mérito, además es quien instauró el

juicio primigenio y que estima le depara un perjuicio a su

esfera jurídica la determinación tomada por el Tribunal local.

26. Definitividad. La resolución en análisis constituye un decisión definitiva toda vez que en la legislación comicial del

estado de Oaxaca no existe medio de impugnación que

proceda en contra del acto impugnado a fin de confirmarlo,

revocarlo o modificarlo.

TERCERO. Cuestión previa.

27. El juicio que se resuelve está relacionado con la remoción

y designación de agentes municipales en Santa María

Huamelula, San Pedro Huamelula, Oaxaca, misma que se rige

por sistemas normativos internos2.

28. Ha sido postura de este órgano jurisdiccional3 que en los

asuntos en los que se involucren sistemas de esa naturaleza,

es indispensable acercar al lector al espacio cultural en el que

se desarrolla la controversia, pues resulta indispensable

precisar el escenario en que tienen lugar los acontecimientos

que delimitan el litigio.

29. En ese sentido, lo procedente es asentar los datos que

permiten a este órgano jurisdiccional conocer las condiciones

geográficas, históricas, culturales y sociales del lugar en el

que se desarrolla la controversia.

2 Antes denominados “usos y costumbres”, “sistema electoral consuetudinario” o “derechos indígenas”. 3 Este criterio ha sido utilizado al resolver los juicios ciudadanos SX-JDC-1/2012, SX-JDC-971/2012, SX-JDC-5340/2012, SX-JDC-253/2013, SX-JDC-328/2013 y SX-JDC-636/2013, por citar algunos.

SX-JDC-883/2018

10

30. A lo anterior sirve de sustento la jurisprudencia, 9/2014, de rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS AUTORIDADES DEBEN RESOLVER LAS CONTROVERSIAS INTRACOMUNITARIAS A PARTIR DEL ANÁLISIS INTEGRAL DE SU CONTEXTO (LEGISLACIÓN DE OAXACA)4”.

31. Para lo anterior, se tomará como referencia el Dictamen

sobre Santa María Huamelula, San Pedro Huamelula, Oaxaca,

elaborado por peritos de distintas disciplinas de las ciencias

sociales del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores

en Antropología Social (CIESAS)5, ello a solicitud de la Sala

Superior de este Tribunal Electoral al sustanciar el expediente

SUP-REC-249/2018.

32. a. Localización.

33. La Agencia se localiza al sur de la capital del estado de

Oaxaca, a orillas del litoral del Golfo Pacífico en la región del

istmo, entre 15º 59’41.38”N de latitud y los 95º42’10.81”O de

longitud. Para llegar a esta localidad, desde la capital se toma

la carretera número ciento noventa hasta Tehuantepec, de ahí

la ciento ochenta y cinco hasta Salina Cruz y finalmente, de

Salina Cruz a Santa María Huamelula, la carretera doscientos.

34. Desde el punto de partida al punto de llegada son

trescientos treinta kilómetros aproximadamente que se recorre

alrededor de cinco horas. Se encuentra a sesenta y un msnm,

4 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 17 y 18, así como en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 5 Visible de foja 275 a 338 del cuaderno accesorio único del presente expediente.

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localizada entre el municipio de Santiago Astata y la

comunidad de El Guayacán, del mismo municipio.

35. b. Población.

36. Según datos del dos mil diez, la comunidad la conforman

alrededor de mil trescientos setenta y cuatro habitantes, de los

cuales seiscientos sesenta y seis son hombres y setecientos

ocho mujeres. En la visita a la comunidad, los pobladores

hablaron de una población de mil trescientos habitantes de los

cuales cuatrocientos treinta son ciudadanos activos.

37. c. Infraestructura y servicios.

38. La mayoría de las casas son de concreto, de un nivel, con

patios y corredores amplios donde cuentan las hamacas. En

los patios se encuentran arboles de ornato y frutales como el

mango y el plátano. Asimismo, el traspatio es ocupado para la

crianza de aves y cerdos. Se indica toma como furente a

López Molina (2012) para indicar que hay tres farmacias y

varias tiendas de abarrotes donde se pueden hacer recargas

para celular y en dos se pueden comprar teléfonos celulares.

Cinco restaurantes donde se expende comida de la región.

Dos doctores particulares, el médico general y un dentista. Un

panteón municipal, un templo católico y tres protestantes. Un

molino de nixtamal y una tortillería, ambos propiedad del

pueblo.

39. El molino y la tortillería cuentan con un comité que trabaja

estas máquinas generando un ingreso propio para la

comunidad, por ello, hasta el momento no está permitido

instalar molinos particulares para lucro individual.

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12

40. En cuanto a la educación, Santa María tiene el servicio

educativo desde la inicial hasta la secundaria (en la modalidad

de telesecundaria). Con el sismo y las lluvias del dos mil

diecisiete, los edificios escolares quedaron destruidos y hasta

el momento no han sido reconstruidos.

41. El servicio de agua potable se extrae de un pozo profundo

con mas de veinte años de antigüedad y recientemente se

concluyó la perforación de otro.

42. El centro de salud es básico, el doctor que ahí atiende no

es permanente y los medicamentos con los que cuenta son

para enfermedades leves.

43. La calle principal que conduce a la agencia municipal es

de concreto hidráulico y el resto es de terracería.

44. La comunidad cuenta con señal de telefonía celular con

transmisión de datos 3G, la antena se encuentra a un costado

de la agencia municipal y el arrendamiento del terreno donde

está instalada también genera un ingreso propio para la

comunidad.

45. d. Economía.

46. El referido dictamen cita a López Molina para indicar que

a nivel local las fuentes de ingreso vine de la venta de

productos básicos, el comercio, del establecimiento de

alimentos, de la venta de animales de traspatio y de otros

oficios como la albañilería.

47. Fuera de la comunidad, las personas se emplean en

Huatulco Enel “Fondo Nacional de Fomento al Turismo” como

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13

barrenderos, jardineros, plomeros y otros, en hoteles y

restaurantes como guardias de seguridad, meseros, mesaras,

camaristas, etc. Otros se emplean el Salina Cruz mas o

menos en las mismas áreas.

48. En la agricultura, además del maíz temporal, la gente

siembra papaya, sorgo, frijol, sandía, limón, mango y ajonjolí.

Los dos últimos cultivos representan una fuente de ingreso

importante ya que algunas variedades se colocan en el

mercado a buen precio.

49. La ganadería es una actividad económica

complementaria, pues, citando de nueva cuenta a López

Molina, el cuarenta por ciento de la población tiene entre cinco

y diez cabezas de ganado. Y quienes tiene el mayor número

no rebasan los cincuenta.

50. Santa María se encuentra relativamente cerca del mar,

por lo que la pesca es una actividad económica secundaria de

los habitantes, ya que, a tan solo unos metros del pueblo, las

tierras costeras pertenecen a Santiago Astata, por lo que no

tiene acceso al mar.

e. Formación municipal.

51. Previo a la creación de la agencia municipal en mil

novecientos sesenta y cinco, Santa María ya contaba con un

gobierno local mas o menos estructurado pues tenía diez años

como agencia de policía. A la par que en dicha agencia se

configuraba un gobierno local, en la cabecera el sistema

tradicional de gobierno sufría una profunda transformación por

SX-JDC-883/2018

14

la presencia y la instauración de los programas

gubernamentales y el régimen de partidos políticos.

52. f. Jerarquización social.

53. La jerarquización se construía a partir del sistema de

cargos escalonados, que iba de menor a mayor

responsabilidad. Sin embargo, en los años ochenta del siglo

pasado, esta estructura fue trastocada por los conflictos

internos y la politización de los cargos, desapareciendo el

orden de peldaños.

54. Las personas que ahora llegan a integrar el cabildo

municipal ya no tienen que haber cumplido con el sistema de

cargos.

55. En Santa María los cargos civiles y religiosos no

constituyen una vía sólida para que una persona tenga un

lugar social privilegiado, respetado y con autoridad moral. La

jerarquía social se construye a partir de la profesión, de la

capacidad de construir vínculos y alianzas hacia el exterior

con funcionarios públicos, dirigentes de organizaciones y de

partidos políticos.

CUARTO. Estudio de fondo

56. La pretensión de la actora es que se revoque la resolución emitida por el Tribunal local que confirmó la validez

de la asamblea electiva de veinticuatro de marzo, esto con el

objeto, entre otras cosas, de que se le restituya en dicho

cargo.

57. Para ello formula los siguientes agravios:

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15

A. Síntesis de agravios.

I. La resolución es ilegal e inconstitucional debido a que se basa en elementos probatorios confeccionados y aportados

por la contra parte, puesto que resultan ser los mismos que la

violentaron previamente y que consta acreditado en la

resolución JDCI-159/2017.

La actora señala que, del peritaje antropológico se advierte

que la persona encargada de convocar a asamblea electiva no

es el juez municipal ni el consejo de principales o

caracterizados, sino que dicha facultad le corresponde al

agente municipal en turno, tal y como se había señalado en la

minuta de trabajo, en el sentido de que la actora debía

convocar dicha asamblea para celebrarse el veinticuatro de

marzo del año en curso.

Aduce la actora que, contrario a lo señalado por la autoridad

responsable, la ciudadanía no ejerció debidamente su derecho

a revocarla del mandato, pues en el fondo tal situación se

debe a su género ya que no toleran que una mujer esté en el

cargo, lo cual se desprende de los expedientes JDC/159/2017

del Tribunal local y SX-JDC-118/2018 de la Sala Regional.

Asimismo, la autoridad responsable perdió de vista que, en la

asamblea general comunitaria de veinticuatro de marzo del

año en curso, sólo participaron doscientos trece (213)

ciudadanos de un listado de cuatrocientos treinta (430)6, por lo

que no se cumplió con el cincuenta por ciento más uno de los

6 Cifra citada por el Tribunal local en la sentencia JDCI/159/2017 de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, visible a foja 33 de dicho fallo.

SX-JDC-883/2018

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participantes que exige el artículo 113, fracción I, de la

Constitución local para remover a los funcionarios.

Además, aduce la actora que, para que la remoción sea

válida, debe estar presente el funcionario que se encuentra

sujeto a revisión ello a fin de tener derecho a la réplica y una

defensa adecuada, ya que si bien en el caso, no se presentó a

la asamblea celebrada el veinticuatro de marzo pasado ello no

fue por falta de voluntad pues no existieron las condiciones

necesarias para realizar un informe de actividades y rendición

de cuentas y, con base en ello, convocar a la citada asamblea

general comunitaria.

Sumado a lo anterior, los acuerdos arribados en la reunión de

trabajo de trece de marzo fueron incumplidos ya que, por una

parte, no se le permitió realizar su informe de actividades y

rendición de cuentas y, por otra, la asamblea electiva

celebrada en marzo no contó con la presencia de personal del

Instituto Estatal Electoral y de Participación del Estado de

Oaxaca7 ni de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña.

II. El Tribunal vulneró su derecho de audiencia porque dio por hecho que se encontraba debidamente notificada y enterada

de la asamblea electiva, sin tomar en cuenta las

manifestaciones que realizó ante la Secretaría de la Mujer

Oaxaqueña y el propio informe que rindió el presidente

municipal a dicha Secretaría y, como consecuencia de ello, se

le impidió realizar manifestación alguna para defenderse.

Arguye que el Tribunal local no debió declarar válida la

asamblea electiva de veinticuatro de marzo al haberse 7 En adelante Instituto local.

SX-JDC-883/2018

17

violentado el derecho al debido proceso al no respetar su

garantía de audiencia.

Como consecuencia de lo anterior, la autoridad responsable

no juzgó con perspectiva intercultural con base en el artículo

38, inciso b), de la Ley de Derechos de los Pueblos y

Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, el cual

establece que las autoridades comunitarias procurarán y

administrarán justicia aplicando su sistema normativo interno,

tomando en consideración que el infractor o demandado será

oído en justicia.

III. El Tribunal local hizo nugatorio su derecho a desempeñar el cargo por el cual fue elegida debido a que declaró la validez

de una asamblea electiva sin cumplir los requisitos

indispensables para ello, además de que no identificó el

contexto del problema, esto es, no juzgó con perspectiva

intercultural.

Así, señala la actora que si bien utilizó el peritaje antropológico

realizado por el Centro de Investigaciones y Estudios en

Antropología Social Pacífico Sur, lo cierto es que no se apoyó

en ninguna otra opinión especializada o practica in situ.

Aduce que en ninguna parte de la sentencia impugnada se

toma en consideración el contexto ni las normas

correspondientes al sistema normativo interno.

B. Metodología de estudio.

58. Por cuestión de método, se analizarán primeramente lo

agravios I y II, por encontrarse estrechamente vinculados y,

SX-JDC-883/2018

18

dado que su análisis puede generar un mejor beneficio8 para

la parte actora, es que se estudian primeramente. De ser el

caso, se examinará el agravio restante, sin que ello cause

perjuicio a la actora, pues lo trascendente no es el orden, ni

que se estudien en conjunto o separado, sino que todos sean

analizados, esto, acorde con el criterio jurisprudencial 4/2000,

de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN"9.

C. Examen de agravios.

59. A juicio de esta Sala Regional, los agravios I y II son esencialmente fundados y suficientes para revocar la resolución impugnada, por lo

60. La actora en esencia aduce que no se respetó su garantía

de audiencia a fin de poder defenderse de manera adecuada y

comparecer ante la asamblea general comunitaria de

veinticuatro de marzo del año en curso, debido a que no se le

citó a dicha asamblea, además de que no se respetó el

sistema normativo interno ni los acuerdos previos a los que se

llegaron, toda vez que la convocatoria fue emitida por una

persona distinta a la que tradicionalmente la emite, y el

número de asistentes no es siquiera la mitad más uno exigible

para una remoción. 8 Orienta en dicho sentido la jurisprudencia P./J. 3/2005, emitida por el Pleno y que lleva por rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES”, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, Tomo XXI, Febrero de 2005, página 5. 9 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. Así como en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx

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61. Al respecto, le asiste la razón a la actora pues, del

análisis de las constancias es posible advertir diversas

irregularidades que fueron soslayadas por la autoridad

responsable y que permiten arribar a una diversa conclusión

en el presente asunto.

62. Para demostrar tal situación, es necesario precisar el

contexto del caso y la cadena impugnativa que se ha venido

suscitando, ya que ello es trascendental para resolver este

juicio.

63. La Sala Superior de este Tribunal Electoral ha señalado

que el análisis contextual de las controversias comunitarias

permite garantizar de mejor manera la dimensión interna del

derecho a la participación política de los integrantes de las

comunidades y pueblos indígenas como expresión de su

derecho a la libre determinación, así como evitar la imposición

de determinaciones que resulten ajenas a la comunidad o que

no consideren al conjunto de autoridades tradicionales o

miembros relevantes de la misma en la toma de decisiones y

que pueden resultar un factor agravante o desencadenante de

otros escenarios de conflicto dentro de las propias

comunidades.

64. Lo anterior, favorece el restablecimiento de las relaciones

que conforman el tejido social comunitario, desde una

perspectiva intercultural, que atiende el contexto integral de la

controversia y el efecto de las resoluciones judiciales al interior

de las comunidades a fin de contribuir a una solución efectiva

de los conflictos internos.

SX-JDC-883/2018

20

65. Criterio sostenido en la jurisprudencia 9/2014, de rubro:

“COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS AUTORIDADES DEBEN RESOLVER LAS CONTROVERSIAS INTRACOMUNITARIAS A PARTIR DEL ANÁLISIS INTEGRAL DE SU CONTEXTO (LEGISLACIÓN DE OAXACA)”10.

66. La Sala Superior ha reconocido11 la exigencia respecto a

que, en los casos relacionados con el derecho electoral

indígena, todos los órganos y autoridades realicen el estudio

con una perspectiva intercultural, con el fin de hacer patente el

pluralismo jurídico, así como ponderar las condiciones

particulares que pudieran impedir el acceso a la autoridad

jurisdiccional conforme a los requisitos formales establecidos

por la ley, o bien una participación en el proceso jurisdiccional

en condiciones que garanticen el respeto al debido proceso

para tomar las medidas necesarias para garantizar el

cumplimiento efectivo de sus derechos.12

67. Además de tal principio, también se ha sostenido que los

criterios de las autoridades nacionales, así como los

estándares internacionales ofrecen una serie de buenas

prácticas que deben ser implementadas para lograr la

protección más amplia de los derechos de los pueblos y

comunidades indígenas y a sus integrantes.

68. De acuerdo con los parámetros de protección de los

derechos humanos establecidos por la Constitución Federal y

por los instrumentos internacionales, las normas deben ser 10 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 17 y 18., así como en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 11 Véase SUP-REC-876/2018. 12Tesis XLVIII/2016. JUZGAR CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU APLICACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.

SX-JDC-883/2018

21

interpretadas por los órganos o autoridades favoreciendo la

protección más amplia de la persona.

69. A partir de la reforma constitucional en materia de

Derechos Humanos, se fortaleció la tutela de los derechos

humanos en nuestro país. En el ámbito electoral, se ha

orientado a reconocer que, en el caso de las personas

indígenas, el principio pro persona implica que las reglas

procesales deben interpretarse de una manera amplia

progresiva y flexible, pretendiendo ampliar y fortalecer el

acceso a la justicia de las comunidades y pueblos indígenas y

sus integrantes, de acuerdo con la jurisprudencia 28/2011 de

rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS NORMAS PROCESALES DEBEN INTERPRETARSE DE LA FORMA QUE LES RESULTE MÁS FAVORABLE”13.

70. Al respecto, la Sala Superior en varias ejecutorias, como

las dictadas en los expedientes SUP-JDC-13/2002, SUP-JDC-

11/2007 y SUP-JDC-9167/2011, se ha pronunciado por la

protección integral de los derechos de los indígenas a través

del reconocimiento real de su derecho a una protección

judicial efectiva.

71. El artículo 2, apartado A, fracción VIII, de la Constitución

Federal reconoce como derechos de las colectividades

indígenas y de los individuos quienes las integran, como

garantía específica tendente a conseguir su acceso pleno a la

jurisdicción estatal, que en todos los juicios y procedimientos

en los cuales sean parte, a tomar en cuenta sus costumbres y

13 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 19 y 20; así como en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx

SX-JDC-883/2018

22

especificidades culturales, con respeto a los derechos

humanos establecidos en la propia Ley Fundamental y los

tratados internacionales de la materia.14

72. Igualmente, ha sostenido que el mandato en comento no

se agota mediante el reconocimiento anteriormente señalado,

sino que tiene un contenido normativo más amplio, con

alcances de principio estructural del derecho de acceso pleno

a la justicia por parte de los pueblos, comunidades e

individuos indígenas, cuya finalidad es atender a las

condiciones fácticas en que se ubican los indígenas, y que

tradicionalmente han obstaculizado el ejercicio de sus

derechos individuales y ciudadanos, en particular el de acceso

a la justicia impartida por el aparato estatal.

73. En los recursos de reconsideración SUP-REC-827/2014,

SUP-REC-834/2014, así como en el juicio ciudadano SUP-

JDC-364/2015, la Sala Superior sostuvo que las normas

procesales, especialmente aquellas que imponen

determinadas cargas, deben interpretarse de la forma que

resulte más favorable y flexible a los integrantes de este sector

de la población.

74. Esto, porque de conformidad con el mencionado artículo

2o Constitucional, el verdadero acceso efectivo a la justicia

constitucional de ellos se logra a través de la no exigencia del

cumplimiento de cargas procesales que sean irracionales o

desproporcionadas, de acuerdo con su circunstancia de

desventaja social de los pueblos indígenas; aunado a que es

14 El mandato en cuestión se encuentra igualmente establecido en los artículos 14, fracción VI, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

SX-JDC-883/2018

23

acorde con el deber u obligación de adoptar medidas positivas

y compensatorias a favor de las colectividades culturalmente

diferenciadas y que, en muchas ocasiones, se hallan en una

situación de desigualdad real o material, entre ellas, los

pueblos y comunidades indígenas.

75. Tal situación se encuentra reconocida en el artículo 2, del

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,

el cual dispone que es responsabilidad (de los gobiernos) la

protección de los derechos integrantes de los pueblos y

comunidades indígenas, que debe incluir medidas que

aseguren gozar en igualdad de los derechos y oportunidades

que la legislación nacional otorgue a los demás miembros de

la población.

76. Así, desde la lógica orientada por el precepto

constitucional invocado y lo establecido en los instrumentos

internacionales citados, la referida Sala Superior tomó como

criterio sobre reglas probatorias en los medios de impugnación

en materia indígena, que la exigencia de las formalidades

debe analizarse de una manera flexible, conforme a la sana

crítica, la lógica y las máximas de la experiencia, a efecto de

que cada uno de los medios de prueba sean analizados

atendiendo a su naturaleza y características específicas, sin

que sea válido dejar de otorgarles valor y eficacia con motivo

del incumplimiento de algún formalismo legal que, a juicio del

juzgador y de acuerdo con las particularidades del caso, no se

encuentre al alcance del oferente con el fin de procurar

compensar las circunstancias de desigualdad y desventaja

procesal en que se encuentran las comunidades indígenas,

SX-JDC-883/2018

24

con pleno respeto al principio de igualdad procesal y a las

reglas elementales en materia probatoria.

Lo anterior, es conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia

27/2016, emitida por la Sala Superior de rubro:

“COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBEN FLEXIBILIZARSE LAS FORMALIDADES EXIGIDAS PARA LA ADMISIÓN Y VALORACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA”15.

77. Partiendo de tales premisas, a fin de analizar el contexto

del asunto, se toma en consideración las siguientes

probanzas:

Copia certificada de la minuta de trabajo16 de trece de

marzo de dos mil dieciocho, firmada por la titular de la

Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, el Director de

Gobierno de la Secretaría General de Gobierno, la

subsecretaria de prevención de violencia de género de la

Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, el presidente y la

síndica municipal, la agenta municipal, Nahum Rey

Bende, Gabriel Perea Ramírez y Efrén Carmona

Baltazar.

Copia certificada del acta de no verificativo17 de dieciséis

de marzo, levantada por el presidente y síndica

municipales, Nahum Rey Bende, Gabriel Perea Ramírez

y Efrén Carmona Baltazar.

15 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 11 y 12, así como en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 16 Visible a foja 102 del cuaderno accesorio único del presente expediente. 17 Visible a foja 104 del cuaderno accesorio único del presente expediente.

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25

Copia certificada del informe18 de la subsecretaria de

prevención de la violencia de género de la Secretaría de

la Mujer Oaxaqueña.

Copia certificada del informe19 de diecinueve de marzo

elaborado por el presidente municipal.

Copia certificada del escrito 20 de dieciséis de marzo

signado por la agenta municipal.

Copia certificada de la convocatoria 21 a asamblea de

veinticuatro de marzo.

Copia certificada del acta22 levantada con motivo de la

celebración de la asamblea general comunitaria de

veinticuatro de marzo.

78. Documentales que, en términos del artículo 16 de la Ley

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia

Electoral, al ser adminiculadas y al advertir la relación que

guardan entre sí, generan convicción sobre los siguientes

hechos:

• La actora resultó electa el veintiuno de enero de dos mil

diecisiete, como agenta municipal de Santa María

Huamelula, para el período 2017-2018 y el veintinueve

de enero de dos mil diecisiete, la actora rindió protesta a

18 Véase foja 184 del cuaderno accesorio único del presente expediente. 19 Visible a foja 164 del cuaderno accesorio único del presente expediente. 20 Visible a foja 166 del cuaderno accesorio único del presente expediente. 21 Visible a foja 134 del cuaderno accesorio único del presente expediente. 22 Visible a foja 135 del cuaderno accesorio único del presente expediente.

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26

dicho cargo ante el Cabildo de San Pedro Huamelula,

con la ausencia del Presidente Municipal.

• El cuatro de noviembre de dos mil diecisiete, el

Presidente Municipal llevó a cabo la destitución de la

actora del cargo de agente municipal por medio de

asamblea y nombró en su lugar a otra persona.

• Pero, a fin de combatir tal destitución, el trece de

noviembre de dos mil diecisiete, la actora presentó juicio

para la protección de los derechos político-electorales de

la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos

internos, con el que se integró el expediente

JDCI/159/2017 por parte del Tribunal Electoral del

Estado de Oaxaca.

• Tal juicio fue resuelto por el Tribunal local el diecinueve

de febrero de dos mil dieciocho, en el sentido de: (i)

declarar fundados los agravios de la actora; (ii) ordenar

al presidente e integrantes del ayuntamiento de San

Pedro Huamelula, Tehuantepec, Oaxaca, abstenerse de

causar actos de molestia contra Guadalupe Abad Perea;

(iii) ordenar al presidente e integrantes del ayuntamiento

de San Pedro Huamelula, Tehuantepec, Oaxaca, brindar

a la citada actora las facilidades necesarias para el

ejercicio de las funciones; (iv) ordenar que se informara

a las dependencias de la presente resolución; y (v)

vincular a la Secretaría General de Gobierno del Estado

de Oaxaca para los efectos señalados en la resolución.

SX-JDC-883/2018

27

- En efecto, el Tribunal local resolvió en tal sentido

debido a que tuvo por acreditada la existencia de

actos u omisiones simbólicos, verbales,

patrimoniales, económicos, físicos, sexuales y/o

psicológicos de violencia política de género debido

a que se apreció la existencia de agresiones

verbales causadas a la agente municipal derivadas

de su género y que atentan contra el ejercicio de

su cargo.

- Aunado a ello se constató que la actora había

sufrido ataques por parte de las autoridades

responsables, mismos que la llevaron a acudir a

las instancias correspondientes.

- Se precisó que las autoridades responsables han contribuido a desprestigiar la imagen de la actora, discriminándola con sus comentarios y actitudes.

- Se tuvo como autoridades responsables al

presidente municipal y a los integrantes del

cabildo.

- También se concluyó que la asamblea general

comunitaria a través de la cual se le destituyó del

cargo a la actora fue celebrada sin ser emitida por

la persona facultada para ello y que en tal

SX-JDC-883/2018

28

asamblea tuvo una participación activa el

presidente municipal.

- Se precisó que no se le otorgó garantía de

audiencia a la actora para ser oída en la referida

asamblea general comunitaria.

- Ta fallo tuvo como efectos: i) ordenar al

presidente municipal y a los integrantes del cabildo

se abstuvieran de causar actos de molestia en

contra de la actora; ii) ordenar a dichas autoridades

que brindaran a la actora las facilidades necesarias

para el ejercicio de las funciones inherentes al

cargo; iii) exhortar a tales autoridades que

observaran una actitud de respeto hacia la

demandante; iv) ordenar informar a diversas

autoridades estatales para que, en el ámbito de

sus atribuciones, continuaran realizando medidas

para salvaguardar los derechos de la actora, y v)

vincular a la Secretaría de Gobierno del Estado de

Oaxaca a efecto de que participara en la solución pacífica del conflicto que se viven entre la Agenta municipal y los Integrantes del Cabildo.

• Emitida dicha sentencia, el trece de marzo de dos mil

dieciocho, se llevó a cabo una mesa de trabajo23 con la

presencia de personal de la Secretaría de la Mujer

Oaxaqueña, de la Secretaría General de Gobierno del

Estado, el presidente y la síndica municipal, la agenta 23 Visible a foja 102 del cuaderno accesorio único del presente expediente.

SX-JDC-883/2018

29

municipal, así como diversos ciudadanos de la agencia,

en la cual se acordó lo siguiente: i) Se le permitiría a la agenta municipal el acceso físico y disposición de las instalaciones de la agencia municipal a partir del dieciséis de marzo hasta el veinticuatro de marzo, con la finalidad de que contara con los elementos para preparar y rendir su informe de actividades y corte de caja, en caso de que no existieran las condiciones para la permanencia de la agenta municipal dentro de

las instalaciones se retiraría del inmueble y daría aviso al

presidente municipal; ii) Nahum Rey Bende se

comprometió a no incitar a la población de la Agencia a

realizar ningún acto en contra de la agenta municipal; iii)

el veinticuatro de marzo se realizaría una asamblea

general comunitaria a la cual se comprometía a

convocar la agenta municipal a partir del veintiuno de

marzo del año en curso, la cual iniciaría con la entrega

del informe de actividades y rendición de cuentas del

año dos mil diecisiete y posteriormente su ratificación o

remoción, y en caso de esto último, se elegiría a quien

ocuparía el cargo; iv) En la asamblea electiva se

contaría con la presencia del presidente y la síndica

municipales, personal de la Secretaría de a Mujer, de la

Secretaría General de Gobierno y un funcionario del

Instituto electoral local como observadores de

legitimidad de la asamblea general, y v) las partes se

comprometieron a respetar los acuerdos de que se

obtuvieran en la asamblea de veinticuatro de marzo y

SX-JDC-883/2018

30

respetar la figura de la persona que resultara electa

como agente municipal.

• El dieciséis de marzo, el presidente municipal asistió24 a

las instalaciones de la Agencia Municipal y advirtió que

aproximadamente ciento cincuenta personas se encontraban resguardando el inmueble de la Agencia Municipal los cuales manifestaron su total inconformidad para que la agenta municipal tuviera acceso a dichas instalaciones y que si la agenta intentaba ingresar, tales personas no se responsabilizaban de la integridad física de quienes quisieran ingresar, y ante la imposibilidad de darle cumplimiento al punto primero de la minuta de trabajo de trece de marzo, se le comunicó tal situación a la titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y al

Director de Gobierno de la Secretaría General de

Gobierno.

• El presidente y síndica municipales, Nahum Rey Bende,

Gabriel Perea Ramírez, Efrén Carmona Baltazar y

doscientos catorce ciudadanos se reunieron 25 en el

corredor de la Agencia sin que advirtieran la asistencia

de la agenta municipal, por lo que se solicitó al

presidente municipal que informara de ello a la

Secretaría General de Gobierno a efecto de que se le

ordenara emitir la convocatoria de la asamblea electiva a

verificarse el veinticuatro de marzo a las cuatro de la

24 Véase foja 186 del cuaderno accesorio punco del presente expediente. 25 Véase foja 105 del cuaderno accesorio único del presente expediente.

SX-JDC-883/2018

31

tarde, además se precisó que para realizar un corte de caja no existía en las oficinas de la Agencia Municipal comprobantes de gastos que la agenta hubiera realizado en su gestión, por lo que no era necesario para tal fin que tuviera acceso a las oficinas.

• El veintitrés de marzo el Consejo de Ciudadanos

Caracterizados de la comunidad emitió la convocatoria a

fin de celebrar asamblea general extraordinaria a

celebrarse el veinticuatro de marzo siguiente, en el

corredor de la explanada de la agencia municipal.

• El veinticuatro de marzo posterior, se llevó a cabo la

asamblea general con una asistencia de doscientos

trece ciudadanos de un total de cuatrocientos veinte, en

la que se asentó que no se encontraba presente la

agenta municipal por lo que se prosiguió con la reunión y

se determinó la remoción de dicha funcionaria con

doscientos siete votos y se nombró al nuevo agente

municipal, con doscientos doce votos a favor de Nahum

Rey Bende.

79. De lo anterior es posible concluir que —una vez advertida

la existencia de un conflicto intercomunitario entre la agenta y

el cabildo, generándose con motivo de ello la comisión de

violencia política de género y desprestigio de la imagen de la

agenta—, las partes como medidas para solucionar la

problemática existente acordaron, entre otros puntos, que se

le permitiría a la agenta municipal el acceso físico y

SX-JDC-883/2018

32

disposición de las instalaciones de la agencia municipal a partir del dieciséis de marzo hasta el veinticuatro de marzo, con la finalidad de que contara con los elementos para preparar y rendir su informe de actividades y corte de caja, en caso de que no existieran las condiciones para la permanencia de la agenta municipal dentro de las

instalaciones se retiraría del inmueble y daría aviso al

presidente municipal.

80. De igual manera, se arriba a la conclusión de que el

dieciséis de marzo, esto es, la fecha en que se le permitiría a

la actora ingresar a las instalaciones de la Agencia Municipal,

dicho inmueble estuvo resguardado por una multitud que tenía

por objetivo no permitir el ingreso de la agenta al inmueble,

amenazando con no responder por la integridad física de

quienes quisieran ingresar.

81. En ese sentido, se encuentra acreditado que no se

cumplió con el primer punto de acuerdo tomado por las partes

en la sesión de trabajo de trece de marzo del presente año. Lo

cual, inclusive es reconocido expresamente por el presidente

municipal en el informe rendido a la Secretaría de la Mujer

Oaxaqueña26.

82. De ahí que es claro que no se respetó el primer punto de

acuerdo, esto es, permitir a la agenta ingresar al inmueble y

poder elaborar su informe de actividades y rendición de

cuentas, por lo que no se concluye que no se respetó su

26 “… y dada la imposibilidad de darle cumplimiento al punto PRIMERO de la minuta de fecha 13 de marzo del año en curso, me comuniqué vía telefónica con Usted, Mtra. Ana Vásquez Colmenares, Titilar de la Secretaría de la Mujer; …”, lo cual es visible a foja 164 del cuaderno accesorio único del presente expediente.

SX-JDC-883/2018

33

garantía de audiencia y, por ende, se lesionó su derecho a

una debida defensa.

83. Por cuanto al debido proceso, esta Sala ha referido27 a la

Corte Constitucional de Colombia en el sentido de que ésta ha

sostenido que aun cuando se reconoce constitucionalmente el

derecho a la diversidad étnica y cultural, existen “mínimos

contenidos éticos” que las comunidades indígenas no deben

desconocer, independientemente de su cultura, pautas o

tradiciones, las cuales incluyen:

1. El derecho a la vida (no pena de muerte);

2. El derecho a la integridad física (no tortura);

3. El derecho a la libertad (no esclavitud); y

4. El derecho a un debido proceso (de acuerdo con las

prácticas de la comunidad)28.

84. La anterior interpretación también puede aplicarse en el

caso de las comunidades indígenas mexicanas, pues si bien el

artículo 2, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos prevé que las comunidades

indígenas tienen autonomía para aplicar sus propios sistemas

normativos en la regulación y solución de sus conflictos

internos, también establece que éstos deben sujetarse a los

principios generales de la propia Constitución, respetando las

garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad e

integridad de las mujeres. 27 Véase SX-JDC-444/2017. 28 Sentencia T-349 de 1996. En el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece como punto de referencia en cuanto a interpretación de normas y derechos de comunidades indígenas y sus integrantes, a la Corte Constitucional de Colombia.

SX-JDC-883/2018

34

85. Es decir, si bien se reconoce la libertad y autonomía en la

forma de organización de las comunidades indígenas, existe

un consenso para que, en la aplicación de sus reglas, las

comunidades respeten ciertos mínimos, dentro de los cuales,

como se dijo, se encuentra el derecho a un debido proceso en

el que encuadra, necesariamente, la garantía de audiencia, la

cual debe analizarse a la luz de los propios sistemas

normativos internos de cada comunidad.

86. Es decir, el cumplimiento de dicha garantía, tratándose de

comunidades indígenas, debe atender a la observancia de los

usos y costumbres de la comunidad, a diferencia de otros

sistemas, pues la exigencia de formalismos excesivos

implicaría la vulneración al derecho de autodeterminación de

las propias localidades.

87. En efecto, al resolver expediente SUP-REC-6/2016, la

Sala Superior sostuvo que en el derecho indígena se reconoce

que la identificación de las normas jurídicas respectivas y su

validez debe realizarse a partir del uso o costumbre, en el cual

se tenga como referente fundamental la cosmovisión y su

derecho de autodeterminación, entendido como un marco

jurídico y político, que permita a la comunidad indígena de que

se trate, tener un control permanente sobre su propio destino,

que le permita imponer sus reglas de derecho interno, por

encima de cualquier norma de derecho común que pudiera

sostener una consideración en contrario, que pudiera

traducirse en una asimilación forzada o la destrucción de su

cultura.

SX-JDC-883/2018

35

88. Por tal motivo, la referida Sala razonó que, en esta clase

de asuntos, resulta de trascendental relevancia tutelar “al

máximo” la identidad social y cultural, costumbres, tradiciones

e instituciones de las comunidades indígenas, siempre y

cuando las determinaciones que asuman respeten los

derechos establecidos por la propia Constitución y los tratados

internacionales, pues de lo contrario, las acciones

desplegadas quedarían fuera de toda tutela jurídica.

89. De esa suerte, el estándar para analizar una problemática

en materia indígena, no debe ser igual al que es aplicable en

cualquier proceso judicial, en virtud de que sus especificidades

culturales obligan a todas las autoridades a implementar y

conducir procesos susceptibles de tutelar sus derechos,

aplicando un parámetro de regularidad constitucional sensible

a tales particularidades en el que, desde luego, se consideren

sus usos y costumbres, de manera congruente con lo

establecido por el artículo 2, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, y los tratados internacionales en

la materia.

90. En efecto, los derechos de las comunidades y pueblos

indígenas se encuentran limitados al respeto que deben

observar de los derechos humanos reconocidos por el sistema

jurídico nacional e internacional. En ese sentido, ninguna

comunidad indígena puede establecer en su derecho interno

prácticas discriminatorias, al ser contrarias al bloque de

constitucionalidad, integrado por la Constitución y los tratados

internacionales de los que forma parte el Estado Mexicano.

Consecuentemente, es inconstitucional e inconvencional el

SX-JDC-883/2018

36

sistema normativo indígena que vulnere algún derecho

fundamental.

91. Lo anterior se encuentra inmerso en la tesis VII/2014, de

rubro: “SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. LAS NORMAS QUE RESTRINJAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERAN EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD”29.

92. Ahora, conforme a tales postulados, es claro que el derecho al debido proceso de la actora se vio vulnerado pues no se le dio garantía de audiencia ni se le permitió ejercer su derecho a defenderse.

93. Ello debido a que las autoridades municipales, los

ciudadanos que desean ocupar el cargo de agente municipal,

y la propia actora acordaron que se le permitiría ingresar al inmueble de la agencia municipal para poder elaborar su informe de actividades y así poder rendir cuentan ante la población de la comunidad; sin embargo, ello no fue posible pues se impidió el acceso a las instalaciones, por lo que dicha funcionaria no estuvo en aptitud de poder elaborar su informe respectivo y defenderse adecuadamente.

94. De ahí que cobre sentido que ella, como consciencia de

que no se respetaron los puntos de acuerdo, tampoco emitiera

la convocatoria respectiva, pues los restantes puntos de

acuerdo (emitir la convocatoria respectiva y celebrar la

29 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 59 y 60, así como en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx

SX-JDC-883/2018

37

asamblea general comunitaria) eran dependientes del

cumplimiento del primer acuerdo.

95. Se arriba a la anterior conclusión pues el motivo de la

asamblea general comunitaria tenía como razón esencial de

su celebración, la rendición de cuentas de la agenta municipal,

para que una vez que esto fuera llevado a cabo, se tomara la

determinación de su permanencia o remoción.

96. Por lo tanto, dado que la decisión de remover a la agenta

o su permanencia dependía de la comparecencia de ésta a fin

de rendir su informe respecto a su periodo de gestión en el

cargo y con ello permitirle defenderse de los señalamientos

que se le imputan; es claro que era de suma trascendencia

que ella contara con los elementos necesarios para poder

elaborar dicho informe, entre ellos, ingresar a las instalaciones

de la agencia municipal para poder disponer de los recursos

que estimara pertinentes para su adecuada defensa.

97. Así las cosas, al no poder ingresar al inmueble y poder

elaborar su informe respectivo, la agenta no contó con los

elementos necesarios para ejercer su debida defensa y, por

consiguiente, no era válido convocar y celebrar una asamblea

general comunitaria al estar completamente desprotegida y no

contar con los elementos para defenderse.

98. De ahí que se estime que, pese a la emisión de una

convocatoria y la celebración de la asamblea general

comunitaria, éstas no puedan surtir ningún efecto jurídico al

estar viciadas de origen debido a que se pasó por alto el

incumplimiento del primer acuerdo conciliatorio entre las

partes en conflicto, el cual era de suma trascendencia e

SX-JDC-883/2018

38

importancia para la realización y validez de los restantes

puntos de acuerdo.

99. No es obstáculo a lo anterior que en la copia certificada

del acta de no verificativo se asentara que, para realizar el

corte de caja, no era necesario que la agenta accediera a las

oficinas de la Agencia debido a que no existían comprobantes

de gastos que hubiera realizado en la gestión; pues tal

aseveración fue realizada por el presidente y la síndica

municipal, Nahum Rey Bende, Efrén Carmona Baltazar y

Gabriel Perea Ramírez, autoridades que han generado actos

de violencia política en contra de la agenta y ciudadanos que

pretendían ocupar el cargo de funcionarios de la agencia

municipal, lo cual conlleva a desestimar tales afirmaciones.

100. Aunado a ello, son afirmaciones realizadas de manera

unilateral sin la posibilidad de que la actora lo rebatiera,

además de que tampoco fue apoyada por autoridad imparcial

que diera fe de la veracidad de tales asertos, por lo que es

claro que la restricción a la agenta para ingresar a las oficinas

de la agencia municipal fue injustificado.

101. Por lo tanto, es claro que se vulneró el derecho al

derecho a la debida defensa de la actora y de ahí que se

considere que la aseveración de la autoridad responsable de

que tal derecho no se vio afectado, carezca de sustento

alguno.

102. Por otro lado, también se discrepa con la determinación

de la autoridad responsable pues perdió de vista que la

asamblea electiva no fue convocada conforme a su sistema

normativo interno.

SX-JDC-883/2018

39

103. En efecto, aunado a que la asamblea electiva se vició de

origen al no cumplirse los pactos inicialmente establecidos por

los sujetos en conflicto, también carece de validez debido a

que la convocatoria no fue emitida conforme a su sistema

normativo indígena.

104. Esto porque, de la copia certificada del Dictamen pericial30

sobre la agencia de Santa María Huamelula, ayuntamiento de

San Pedro Huamalula, Oaxaca, elaborado por peritos del

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en

Antropología Social se desprende que, conforme a su

costumbre, el agente municipal en turno es quien tiene la

facultad para emitir la convocatoria respectiva para celebrar

las asambleas generales comunitarias31.

105. En ese sentido, es claro que la asamblea general

comunitaria no cumplió con dicho requisito puesto que no fue

convocada por la autoridad competente conforme a lo previsto

en el sistema normativo interno de la Agencia Municipal.

106. Ahora, si bien es cierto que dicho dictamen deja abierta la

posibilidad de que ante situaciones extraordinarias en las que

el titular de la agencia municipal no convoque, puedan llevarla

a cabo diversas autoridades, lo cierto es que, por un lado, no

se encuentra prevista autoridad específica para ello, y por

otro, en el caso, no existe justificación alguna imputable a la

agenta que legitime la intervención de una autoridad diversa

para que emita una convocatoria a asamblea comunaria, pues

tal y como se precisó en anteriores párrafos, la actora no la

30 Véase de foja 275 a 339 del cuaderno accesorio único del presente expediente. 31 Véase foja 281 del cuaderno accesorio único del presente expediente.

SX-JDC-883/2018

40

emitió debido al incumplimiento de los acuerdos tomados

inicialmente.

107. Máxime que, de los autos, es posible advertir que no es el

primer intento de remover a la agenta sin otorgar las debidas

garantías al debido proceso y adecuada defensa, además de

que en aquella ocasión tampoco fue emitida la convocatoria

por autoridad legitimada para ello, pues tal intento de

remoción fue uno de los elementos que tomó en consideración

el Tribunal local al resolver el juicio JDCI/159/2017 para

determinar que se cometían actos de violencia política de

género en contra de la agenta.

108. En ese sentido, dada la declaración preexistente de

violencia política en razón de género, era necesario que la

autoridad responsable tomara en consideración dicho

antecedente y analizara el contexto y desarrollo del presente

juicio, a fin de advertir la trasgresión al derecho a la debida

defensa de la actora que se ha venido llevando a cabo.

109. Por lo anterior, es claro que el Tribunal local

incorrectamente centró su decisión en analizar si era posible o

no remover a la agente municipal a través de la asamblea

comunitaria cuando el tema de litis y sin justificación alguna,

pasó por alto el derecho de a la actora a su debida defensa,

validando la asamblea electiva de remoción.

110. Lo anterior, a juicio de esta Sala Regional también es

contrario a derecho, situación que se suma a las

irregularidades ya analizadas.

SX-JDC-883/2018

41

111. No es obstáculo para resolver en el sentido señalado que

la Sala Superior de este Tribunal Electoral, al resolver el

recurso de reconsideración con clave SUP-REC-6/2016,

señalara que tratándose de la privación del cargo de

autoridades edilicias de comunidades indígenas, si bien

resulta trascendental el que los sujetos cuestionados estén

enterados de las conductas que se les imputan, sean oídos,

así como tomadas en cuenta las pruebas de descargo que

pudieran ofrecer, no debe pasarse por alto que ese ejercicio,

no puede estar sujeto a formalismos rígidos, ya que además

de lo ya dicho, quien resuelve no es un tribunal de justicia u

órgano especializado, sino lo son los propios integrantes de la

comunidad, aplicando el sistema normativo interno vigente en

el lugar.

112. Por tanto, continuó señalando la Sala Superior, no puede

sujetarse a la comunidad a que les siguiera a sus concejales

un procedimiento sui generis de revocación del mandato antes

de poder someter a consideración de la asamblea la

posibilidad de destituirlos, pues ello significaría que es

imposible remover a una autoridad edilicia electa bajo el

sistema de usos y costumbres, si antes no existe una

determinación firme que acredite fehacientemente la comisión

de una conducta ilícita en el desempeño del cargo, lo cual

resulta inadmisible.

113. Sin embargo, tal criterio no cobra vigencia en el presente

asunto debido a que existen claras diferencias en los asuntos

que permiten concluir que en el caso que nos ocupa, debió

respetarse el derecho a la debida defensa sobre la decisión

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tomada por la comunidad en la asamblea general comunitaria

de veinticuatro de marzo del año en curso.

114. En efecto, la referida Sala en el precedente citado señaló

que debía privilegiarse la decisión de la comunidad sobre el

debido proceso de los funcionarios de la comunidad, pese a

que no se les diera la oportunidad de defenderse de las

imputaciones que les habían sido formuladas además de que

no contaban con la oportunidad de aportar pruebas de

descargo, ya que exigir tal situación se les estaría imponiendo

a la comunidad indígena el que siguieran un procedimiento

abreviado de revocación del mandato, a fin de proceder a la

suspensión o revocación del mandato de uno o más

integrantes del Ayuntamiento, como condición antes de

proceder a su destitución, sustituyendo con ello, su

autodeterminación y el derecho al autogobierno, siendo que

como se ha señalado en líneas precedentes, dichas

comunidades tienen pleno derecho a remover a sus

autoridades siguiendo para ello sus normas, procedimientos y

prácticas tradicionales.

115. No obstante, tal caso tiene marcadas diferencias con el

asunto que nos ocupa puesto que, en aquél, los funcionarios

municipales se encontraron presentes en la asamblea electiva

que los removió de sus cargos; lo cual no aconteció en el

presente juicio.

116. Por otro lado, en el precedente la decisión de la

comunidad de remover a los concejales fue tomada sin que

existiera un contexto y actuaciones previas que favorecían a

los funcionarios municipales removidos.

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43

117. Esto porque, como ha quedado precisado, la comunidad

tenía un conflicto que desencadenó la comisión de diversos

actos de violencia política en razón de género sobre la agenta municipal.

118. Con motivo de ello, a fin de solucionar tal conflicto e

inhibir tales actos de violencia, se generó un dialogo

conciliatorio entre las partes interesadas en conflicto y con

posturas encontradas, a fin de generar diversos acuerdos,

entre los cuales, los propios asistentes decidieron otorgarle a la agenta municipal la posibilidad de defenderse y respetar su derecho a una debida defensa y posteriormente someterla a decisión de la asamblea general

comunitaria.

119. No obstante los acuerdos tomados, como quedó

acreditado, éstos no fueron respetados y se incumplió con lo pactado previamente.

120. En esa tesitura, es claro que si bien la población de la

agencia municipal determinó remover a la agenta municipal de

su cargo, lo cierto es que ello ha sido provocado por la

intervención de autoridades y ciudadanos de la comunidad

que han desacreditado a la actora, ejerciendo violencia política

hacía la actora de manera velada o indirecta.

121. En efecto, los sujetos inmersos directamente en el

conflicto han interrumpido la posibilidad de que dicha

funcionaria se defienda ante la comunidad y así, impulsar a la

población para que ésta sea removida, prevaleciéndose de su

propio dolo.

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122. En ese tenor, es claro que la actora aún continúa

sufriendo de violencia política en razón de género.

123. En conclusión, no sólo se encuentra en juego el debido

proceso y la adecuada defensa de la actora, sino también se

ve implicada su integridad al haber sido y continuar siendo

víctima de violencia política, aunado a que, los acuerdos

tomados por los sujetos inmersos en el conflicto no pueden

soslayar los pactos tomados ante autoridades públicas, todo lo

cual conlleva a que esta Sala considere que, en el caso

concreto, no puede prevalecer la decisión tomada por la

mayoría de la comunidad, puesto que sería permitir la

violación a derechos, incentivar la violencia en materia política

hacia las mujeres en cargos públicos y que puedan pasarse

por alto acuerdos que tiene como finalidad conciliar y resolver

los conflictos intracomunitarios, los que claramente deben

privilegiarse y respetarse dada la posibilidad de que a través

de estos se llegue a una solución pacífica.

124. Así, por tales razones es claro que se está ante un caso

particular que permite arribar a una conclusión diversa a la

determinada por la Sala Superior, dadas las condiciones en

que se ha desarrollado el conflicto en la comunidad y los actos

que se han llevado a cabo en detrimento de los derechos de la

hoy actora.

125. Así, al haberle asistido la razón a la parte actora y con ello

ser suficiente para que se revoque la resolución impugnada,

se estima innecesario analizar el tercer motivo de disenso ya

que, el efecto que pretendía la actora se alcanzó con el

estudio de los dos primeros agravios.

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126. Al resultar fundados los agravios, deben precisarse los

efectos de este fallo.

D) Efectos.

127. Así, dado que son esencialmente fundados los agravios

de la actora, en términos del artículo 84, apartado 1, inciso b),

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en

Materia Electoral, lo conducente es:

a) Revocar la resolución impugnada por las razones expuestas con anterioridad.

b) Declarar la invalidez de la asamblea general comunitaria de veinticuatro de marzo de dos mil

dieciocho llevada a cabo en la agencia de Santa María

Huamelula, municipio de San Pedro Huamelula,

Oaxaca.

c) Dejar sin efectos los nombramientos derivados de la asamblea electiva de veinticuatro de marzo del

presente año.

d) Restituir a la actora en el cargo de agenta municipal de Santa María Huamelula, San Pedro Huamelula,

Tehuantepec, Oaxaca, hasta en tanto se decida su

permanencia o remoción mediante asamblea general

comunitaria.

e) Ordenar a la actora, a Nahum Rey Bende, Gabriel Perea Ramírez, Efrén Carmona Baltazar y a los

integrantes del ayuntamiento de San Pedro Huamelula,

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Oaxaca, que celebren los trabajos conciliatorios

necesarios para la solución del presente conflicto,

respetando los acuerdos a los que se arriben, así como

las formalidades esenciales y los derechos

fundamentales de los implicados.

f) Vincular al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a la Secretaría

General de Gobierno, a la Secretaría de la Mujer

Oaxaqueña, a la Defensoría de los Derechos Humanos

del Pueblo del Estado, a fin de que participen en la

solución pacífica del conflicto que se vive en la agencia

municipal de Santa María Huamelula; debiendo

informar a esta Sala los avances de los trabajos

conciliatorios dentro de las cuarenta y ocho horas

siguientes a que se lleven a cabo.

128. Finalmente, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de esta Sala Regional para que en caso de que con

posterioridad se reciba documentación relacionada con el

trámite y sustanciación de este juicio, se agregue al

expediente para su legal y debida constancia.

129. Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se revoca la resolución de trece de septiembre de dos mil dieciocho emitida por el Tribunal Electoral del Estado

de Oaxaca, en el juicio para la protección de los derechos

político electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas

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normativos internos, con la clave de identificación

JDCI/28/2018.

SEGUNDO. Se declara la invalidez de la asamblea general comunitaria de veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho

llevada a cabo en la agencia de Santa María Huamelula,

municipio de San Pedro Huamelula, Oaxaca.

TERCERO. Se dejan sin efecto los nombramientos derivados de la asamblea electiva de veinticuatro de marzo del presente

año.

CUARTO. Se restituye a la actora en el cargo de agenta municipal de Santa María Huamelula, San Pedro Huamelula,

Tehuantepec, Oaxaca, hasta en tanto se decida su

permanencia o remoción mediante asamblea general

comunitaria.

QUINTO. Se ordena a la actora, a Nahum Rey Bende, Gabriel Perea Ramírez, Efrén Carmona Baltazar y a los integrantes

del ayuntamiento de San Pedro Huamelula, Oaxaca, que

celebren los trabajos conciliatorios necesarios para la solución

del conflicto, respetando los acuerdos a los que se arriben, así

como las formalidades esenciales y los derechos

fundamentales de los implicados.

SEXTO. Se vincula al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a la Secretaría General de Gobierno,

a la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, a la Defensoría de los

Derechos Humanos del Pueblo, todos del estado de Oaxaca,

a fin de que participen en la solución pacífica del conflicto que

se vive en la agencia municipal de Santa María Huamelula;

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debiendo informar a esta Sala los avances de los trabajos

conciliatorios dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a

que se lleven a cabo.

NOTIFÍQUESE, de manera electrónica a la actora; de manera electrónica u oficio al Tribunal Electoral, al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a la Secretaría

General de Gobierno, a la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña,

a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo, al

ayuntamiento de San Pedro Huamelula, todos del estado de

Oaxaca, con copia certificada de la presente sentencia; por

oficio a la agencia municipal de Santa María Huamelula, por conducto del referido Ayuntamiento, en auxilio de las labores

de este órgano jurisdiccional, y por estrados a los demás interesados.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 26, apartado 3;

28, 29, apartados 1, 3 y 5, y 84, apartado 2, de la Ley General

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,

así como en los diversos 95, 98 y 101 del Reglamento Interno

de este órgano jurisdiccional.

En su oportunidad, archívese este expediente como asunto

total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera

Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, ante el

Secretario General de Acuerdos, autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

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ADÍN ANTONIO DE LEÓN GÁLVEZ

MAGISTRADO

ENRIQUE FIGUEROA ÁVILA

MAGISTRADO

JUAN MANUEL SÁNCHEZ MACÍAS

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

JESÚS PABLO GARCÍA UTRERA