IU - Modelo de Estado Federal 1998

SECRETARA FEDERAL DE ESTADO

UN ESTADO FEDERAL,PLURINACIONAL,

DEMOCRTICO Y SOLIDARIOMODELO DE ESTADO DE IZQUIERDA UNIDA FEDERAL

DOCUMENTO DE TRABAJO

MODELO DE ESTADO DE IZQUIERDA UNIDA FEDERAL

UN ESTADO FEDERAL,PLURINACIONAL,

DEMOCRTICO Y SOLIDARIO


DOCUMENTO DE TRABAJO


Un Estado Federal, Plurinacional, Democrtico y Solidario. Modelo de Estado de Izquierda Unida federal. Documento de trabajo [1 Ed.] Madrid, Septiembre 1998: Cendoc Izquierda Unida.144p.: il : 21cm.

ISBN: 84-930175-0-7

Teora del EstadoFederalismoPartidos PolticosIzquierda UnidaCDU: 323.172:329 (460) IU

Cendoc Izquierda Unida 1998. C. General Rodrigo, 6. Madrid.Diseo y maquetacin: io, centro de diseo y animtica

Internet:http://www.izquierda-unida.es

Correo electrnico:[email protected]

Nuevo impulso que debe abrir un proceso federalizante, como paso previo ala reforma constitucional necesaria para llegar al Estado Federal Espaol,donde desde la aceptacin y respeto al carcter actual del Estado Espaol,

reafirmamos, que propugnamos la Repblica Federal, como forma futura delEstado, a la que en ningn caso renunciamos.

(Aprobado en la IV Asamblea Federal de Izquierda Unida, diciembre 1994)

NDICE

I. Introduccin 7I.1. Los ltimos aos (94-98) 9I.2. Los condicionantes del proceso anterior a 1993 10 I.3. El debate en IU (IV y V Asamblea) 15

II. La propuesta poltica de IU 17 II.1. Del proceso federalizante al Estado Federal, Plurinacional,

Democrtico y Solidario 17II.2. La necesaria reforma constitucional 19

III. Un Estado Federal, Plurinacional, Democrtico y Solidario 21 III.1. Globalizacin, Regionalizacin, Diversidad Cultural y Nacional 21 III.2. El proceso de construir Europa 23 III.3. Espaa y el estado Espaol 24 III.4. Nuestro Modelo de Estado 25

4.1. Caracteres del Estado Federal, Plurinacional, Democrtico y Solidario 25

4.2. El derecho de autodeterminacin en la opcin federal 28 4.3. Los niveles competenciales 29 4.4. El Senado 31 4.5. El modelo financiero federal 32 4.6. Plurilingismo y cultura federalista 354.7. Las Corporaciones Locales en el Estado Federal 36

IV. El proceso federalizante 37 IV.1. Anlisis de las posibilidades del Estado Autonmico 37 IV.2. Impulso autonmico y desarrollo federalizante

de la Constitucin Espaola 38 IV.3. Un modelo solidario de financiacin autonmica 40

3.1. Principios de suficiencia y autonoma financiera 41 3.2. Principio de solidaridad 41 3.3. Reforma del consejo de poltica fiscal y financiera 42

IV.4. Profundizacin y desarrollo de la Autonoma Local 434.1. Constitucin y Poderes Locales 434.2. Reformas constitucionales en el Proceso Federalizante 44 4.3. El desarrollo legal: la Ley Reguladora de las bases

de Rgimen Local 454.4. La financiacin 464.5. Propuestas de IU 474.6. El papel de las Diputaciones Provinciales 49

IV.5. Reforma del Senado 50 5.1. Funciones y competencias del Senado 50 5.2. Composicin de Senado y sistema de eleccin 52

IV.6. La reforma de las Administraciones Pblicas 52 6.1. Adecuacin de las Administraciones a la nueva redistribucin

del poder poltico: la Administracin cooperativa 53 6.2. La reforma de la Administracin General del Estado 54

IV.7. Participacin de las CC.AA. y los Municipios en la Formacin yExpresin de la voluntad del Estado ante la Unin Europea 56

IV.8. Los hechos diferenciales en el proceso federalizante 57

V. Resmen y propuestas (Se editar posteriormente) 59

Anexos IGlosario de trminos para el debate sobre el proyecto federal de IU 63Propuesta de las federaciones de IU sobre los hechos diferenciales (Se editar posteriormente) 69Tablas 71

Anexos II Documentos IUDocumentos IV Asamblea Modelo de Estado 83Programa de Estado de las Elecciones Generales de 1996Apartados 4,5 y 6 93Documento de Modelo de Estado de la Presidencia Federal de 19 de mayo de 1997 133

El proceso autonmico que se inicia con la Constitucin de 1978, intenta dar unarespuesta satisfactoria a un hecho histrico de enorme hondura y complejidadcomo es la realidad plurinacional del Estado Espaol. La Constitucin recogela voluntad de autogobierno de las comunidades, reconoce diversos procesos his-tricos, asumiendo, sin embargo, de manera ambigua muchas de las contradiccio-nes que en este terreno se expresaron en la lucha contra la dictadura y en la tran-sicin, y que fueron supuestamente superadas mediante formulas conceptuales, ycasi nunca sobre contenidos.De esta manera se abra el documento sobre Modelo de Estado de la IV Asam-blea Federal de IU (diciembre 94), que expres un punto de encuentro dentro denuestra federacin entre las distintas organizaciones, sensibilidades y tenden-cias. En esta entrada dejbamos trazadas algunas constantes de nuestro anlisispoltico sobre la Constitucin del 78 en lo referente al Modelo de Estado, al pro-ceso autonmico puesto en marcha, a las contradicciones del Modelo, etc... quese resuman en:

La Constitucin Espaola de 1978 intenta dar una respuesta al problemaautonmico.

El momento poltico, hijo a su vez, de una determinada manera de afrontarla transicin hacia la democracia, imprime sus condiciones en el propio tex-to constitucional.

El reconocimiento por IU de la realidad plurinacional del Estado Espaol. El proceso autonmico puesto en marcha, a pesar de los diversos intentos de

frenarlo, supera en tiempo y contenido las previsiones constituyentes. En el actual texto Constitucional no cabe un Estado Federal.

Los veinte aos de la reciente historia democrtica, los intentos de frenar el pro-ceso autonmico, que van desde la LOAPA al pacto autonmico del 93 entrePSOE y PP, pasando por las posturas gubernamentales ante el 28-F de Andalu-ca o la no reforma estatutaria de las CC.AA. del 143 a los cinco aos del primertexto; la efervescencia del debate en la actualidad, que va mas all del protago-nismo poltico por necesidades de aritmtica parlamentaria, el denominado do-cumento de Barcelona (CiU, PNV, BNG), etc... demandan de esta fuerza polticaun debate amplio y en profundidad sobre qu modelo de Estado queremos, en elmarco de la Espaa, la Europa y la Humanidad del siglo XXI.

Y debate del modelo de Estado, en una apuesta por el Estado Federal, Pluri-nacional, Democrtico y Solidario con capacidad redistributiva entre los territo-rios y entre los diversos sectores sociales, donde la mayora de las veces existe unclaro paralelismo entre territorios y sectores sociales desfavorecidos.

MODELO DE ESTADO DE IZQUIERDA UNIDA FEDERAL 7

UN ESTADO FEDERAL,PLURINACIONAL


INTRODUCCIN

I

Desde la evidencia de que un modelo de estado no es la panacea frente a de-terminadas polticas econmicas neoliberales, en el convencimiento de que unEstado Federal solamente, no puede corregir todos y cada uno de los procesosdesequilibradores que el capitalismo ineficaz va dejando tras de s, no por ellodebemos construir o disear el Modelo de Estado de IU ajeno a nuestras propiaspropuestas de modelo econmico. Si esto fuera as habramos errado doblemen-te. Mxime con la puesta en prctica del Tratado de Maastricht, que empiezapor negarse a introducir el trmino Federal en su nombre y concluye potencian-do el papel del los Estados Nacin en los Fondos de Cohesin frente al papel delas Regiones en los Fondos FEDER del Acta nica Europea.

Debate que nunca debe cerrarse. Y ello por varias razones. En primer lugarporque la realidad sobre la que se acta es viva y cambiante, por lo cual sobreunos esquemas fundamentales de modelo, desde IU debemos trabajar en pro-puestas abiertas. En segundo lugar por la propia convivencia en el seno de IU(entre otras) de fuerzas, organizaciones y colectivos de tendencias internaciona-listas junto con otras de carcter nacionalista, sin que ello sea traba para avan-zar en las propuestas. Y en ltimo lugar (aunque hay muchas ms razones) por-que posiblemente estemos intentando aprehender una nueva realidad con esque-mas y conceptos que fueron acuados para otras pocas, y sobre los que hanexistido aos de manoseo poltico y semntico, anulndose la mayora de las ve-ces una correcta relacin significante/significado.

Deben ser, por tanto, nuestras propuestas un cmulo de ideas polticamentea la ofensiva. Debemos saludar el hecho de que otras fuerzas polticas empiecena dejar constancia a travs de documentos de sus propuestas sobre la estructuradel Estado. Independiente de divorcios teora/practica, independiente de los ca-lendarios electorales esto es un hecho positivo. Nuestra respuesta, alejada de lafcil descalificacin, debe girar en torno a las propuestas integrales que hagamosa la sociedad. Cualquier otra actuacin sera dejar de manera definitiva la ini-ciativa de la poltica autonmica en manos de organizaciones nacionalistas con-servadoras, dispersas, pero territorialmente bien implantadas.

Este documento, en fin, tiene que tener mucho de clarificacin. Hay queabandonar los latiguillos, las letanas y los momentos donde el consenso se alcan-zaba mediante la poda del texto original para obtener un bonsi escasamente de-corativo. Debemos ponernos ante el espejo y saber reconocernos, y si no es as,tener el valor de romper el espejo.

Nuestras propuestas tienden a ser integrales, asumiendo su cuota de contradic-ciones, pero ambas (integralidad y contradiccin) nos deben llevar a que la federa-lidad impregne todos los niveles verticales y horizontales de la estructura del Esta-do. Asumiendo a su vez el riesgo desde la responsabilidad y huyendo de tentacio-nes populistas, que visten distintas caretas segn el territorio y el tiempo poltico.Sabiendo, en vieja frase centroeuropea, que no se puede hacer una tortilla sinromper los huevos, y que si IU decide (no solo aprueba) hacer una apuesta federa-lista, en la travesa del desierto no deben cabernos recuerdos a las ollas de Egipto.

Este documento es deudor de muchas teorizaciones y prcticas anteriores, ydebe su redaccin final a un proceso colectivo de debate y elaboracin. En l serecogen buenas paginas, incluso literales, de elaboraciones anteriores. Puesto queno empezamos de cero, el capital poltico de IU nos pertenece a todas y a todos.



8 MODELO DE ESTADO DE IZQUIERDA UNIDA FEDERAL

I

1. LOS LTIMOS AOS (94-98)

Tras las Elecciones Generales del 93, con la consiguiente perdida de la mayoraabsoluta por parte de un PSOE liderado por Felipe Gonzlez, se inicia una eta-pa de apoyos parlamentarios explcitos de fuerzas nacionalistas conservadoras agobiernos en minora liderados por el PSOE al principio o el PP a partir del 96.

Con anterioridad, la estrecha colaboracin y la coincidencia de objetivos en-tre las burguesas espaolas y las perifricas, (superando fases de desencuentropor necesaria unidad ante el reto del proceso de integracin europea), tenia uncorrelato ms o menos evidente en los grandes acuerdos polticos de los gobier-nos de UCD y del PSOE. No olvidemos legislaciones como la LOAPA y LOFCA,ni el denominado Bloque Constitucional formado por PSOE, CDS, CiU y PNV,del que excluyeron tanto a IU como al PP.

Fue la aparicin de gobiernos de minora lo que oblig, al PSOE primero yluego al PP, a ejercer la ceremonia de acuerdos de legislatura y pactos de esta-bilidad o gobernabilidad con partidos nacionalistas conservadores. Acuerdos,de fcil armona, aparte de los gestos teatralizados de desencuentros, porquevenan a dar cuerpo poltico, a lo que vena siendo una prctica anterior congobierno de mayoras absolutas. La negativa de Gonzlez a conformar gobier-no con IU tras el 93 no solo hay que incluirlo en el marco de las polticas del fe-lipismo con respecto a la izquierda sino en la imposibilidad de pactar con IU lacontinuidad de unas polticas que ya venan pactadas con las derechas nacio-nalistas.

De esta manera, los resultados electorales obligaron a unos y a otros a ponerlas cartas boca arriba. Con lo cual lo que antes apareca (ya que no haba necesi-dad de contrapartidas parlamentarias evidentes) como poltica de Estado ogobernar para todos por encima del partidismo, o diseo de coherencia delEstado o poltica de realismo, se fue transmutando en una imagen de polticade trueques y chantajes donde lo que menos importaba era la poltica de cohe-sin territorial y social.

Puesto el juego al descubierto, y conscientes del plus que significaban sus es-caos parlamentarios, los nacionalismos conservadores, gobernantes en Catalu-a, Euskadi y Canarias, apretaron sus demandas sobre el Gobierno Central,con lo cual acentuaron los tirones al Estado, generando por otro lado situacionesde agravio comparativo o del slvese quien pueda.

Ha sido una poca donde la mayora de los acuerdos (sobre todo en financia-cin autonmica) han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional, con lasconsiguientes campaas polticas, aumentndose la imagen de arbitrariedad enmuchos de estos acuerdos. Esta fase no es ajena a la situacin de precariedad dealgunos gobiernos o las inciertas perspectivas electorales de otros.

Es pues en este marco donde debemos situar la Declaracin de Barcelona ylos borradores de los encuentros de Gasteiz y Santiago de Compostela.

Independientemente de la calificacin que nos merezca su composicin, o elhecho de intentar aparecer como vctimas quienes han recaudado sustanciososdividendos de la actual situacin, su postura es legtima y coherente desde suspropios postulados y en todo caso han vuelto a poner sobre la mesa, despus de




I

IU, la necesidad de la reforma del Titulo VIII de la Constitucin Espaola, aun-que en direccin y contenido distinto al propuesto por nuestra fuerza poltica.En sus planteamientos no ocultan la realidad de sus triples demandas, continua-cin de otras anteriores:

Mayor poder poltico. Un modelo de financiacin que respalde y d sustento al mayor poder poltico. Capacidad de codecisin en el proceso de integracin europea.

De dichos puntos, el ms destacado, el que ms ha expresado los grados de re-lacin ha sido el que se refiere a los modelos de financiacin ya que en el fondo yen la forma eran expresin de avances o retrocesos en los otros dos apartados.

En rigor sera ms conveniente hablar de un solo modelo de financiacincon dos fases. Una primera (con el PSOE) de experimentacin y puesta en mar-cha, donde prevalecen algunos temores en la aplicacin del modelo y una segun-da fase (con el PP), ms suelta, ms expansiva, que abre ms el foco de luz.

Nuestra crtica al modelo, viene tanto del contenido como de la forma. Esevidente, que un acuerdo de financiacin quinquenal (tiempo superior a unalegislatura), que afecta e implica al Gobierno Central y a las 17 ComunidadesAutnomas (ya que afecta, por lgica, a Navarra y Euskadi) y referente sobrela financiacin municipal, es un elemento que debe formar parte del BloqueConstitucional y por tanto debe alcanzarse con un amplio consenso entre todaslas partes.

Por desgracia los acuerdos alcanzados hasta ahora lo han sido entre el Go-bierno Central, las CC.AA. gobernadas por el mismo partido que est en el Go-bierno Central y CiU, quedando IU excluida de una negociacin ms o menosformal, y con la oposicin gestual y populista del otro partido de mbito estatalque en ese momento estaba en la oposicin. Con esto se ha seguido acentuandouna impresin de tironeo y provisionalidad en las decisiones del Estado.

Nuestra crtica del contenido se centra tanto en la nica utilizacin del recur-so IRPF, como en el uso indiscriminado del mismo porcentaje de cesin (15% 30%) para las CC.AA., independiente de su realidad social y econmica, la con-cesin de mayor liquidez presupuestaria a las Comunidades ms ricas sobre lasms pobres, y la clara expresin interna y externamente de mayor poder polticoen el conjunto del Estado espaol. A ello hay que aadir que en la primera faseno se avanza en autonoma financiera y corresponsabilidad fiscal, y que cuandoesto se consigue en la segunda fase, se hace a costa de la solidaridad.

2. LOS CONDICIONANTES DEL PROCESO ANTERIOR A1993

En la IV Asamblea de IU hicimos un balance de la situacin en 1994. La validezde aquel anlisis nos obliga a traerlo de nuevo, entendindose como la visin quese tena, con las claves de aquel momento, del tiempo anterior en el proceso au-tonmico:




I

El proceso autonmico que se inicia con la Constitucin Espaola de 1978,intenta dar una respuesta satisfactoria a un hecho histrico de enorme honduray complejidad como es la realidad plurinacional del Estado. La Constitucin re-coge la voluntad de autogobierno de las comunidades, reconoce diversos proce-sos histricos, asumiendo, sin embargo, de manera ambigua muchas de las con-tradicciones que en este terreno se expresaron en la lucha contra la dictadura yen la transicin, y que fueron supuestamente superadas mediante frmulas con-ceptuales, y casi nunca sobre contenidos.

Expresin de lo anterior son las diferentes posturas ante lo que se ha venidodenominando como la frmula del Caf para todos de los primeros aos delproceso autonmico. Considerada como una generalizacin uniformadora porabajo, esta frmula tenda, sin embargo, a cumplir dos objetivos: por un lado, lanormalizacin, por generalizacin, de hechos diferenciales ante el peso y la acti-tud de los poderes fcticos, y por otro, el inicio, aunque slo fuera mediante im-pulsos artificiales, de una conciencia autonomista y de unos marcos competen-ciales, que facilitaran el desarrollo autonmico y no quedara ste estrangulado odesequilibradamente pactado entre un todopoderoso poder central y dos o tresnacionalidades histricas.

Fue el anterior proceso, unido a la quiebra de la normalidad pactada quesignific el 28-F en Andaluca y que abri el camino a la igualdad competencialen el marco del art 151 de la Constitucin Espaola, lo que llevo a la UCD y alPSOE a ordenar dentro de una concepcin centralista el mapa autonmico es-paol con el nacimiento de la Ley Orgnica de Armonizacin del Proceso Auto-nmico (LOAPA).

La declaracin de inconstitucioonalidad de determinados artculos de estaLey no hizo disminuir al PSOE y al presunto heredero poltico de la UCD (elPartido Popular) en sus intentos armonizadores a la baja, de aquellas comuni-dades que ellos entendan como no histricas, junto con el mantenimiento de unazona de ambigedad calculada con respecto a las consideradas como histricas.En su intento de consolidacin de un bipartidismo, que en algn momento seraimperfecto, ambas formaciones polticas procuraban mantener unas relacionesde tira y afloja con las derechas nacionalistas gobernantes en estas comunidades,a fin de tenerlas en reserva como apuntalamiento de minoras en caso necesario.

La culminacin de este proceso se produce con la firma del PACTO AU-TONMICO entre el PSOE y el PP, con el visto bueno de la mayora de las dere-chas nacionalistas que vean de esta manera aseguradas sus propuestas, y conlos Acuerdos sobre financiacin autonmica en el Consejo de Poltica Territorialy Financiera de enero del 92 y octubre del 93.

A partir de esta fecha, movilizaciones como las de Aragn, diversas posicio-nes en el PP en torno al proyecto del Gobierno Gonzlez de la derecha naciona-lista catalana, han desautorizado el Pacto Autonmico al poco tiempo de nacer.En su lugar el acuerdo Pujol-Gonzlez est desarrollando, por la va de los he-chos, un modelo de Estado poco acorde con el espritu constitucional.

Desde la consideracin de que se ha agotado un primer ciclo del proceso au-tonmico espaol (aunque no haya culminado el proceso de transferencias a lascomunidades del 143, ni el desarrollo constitucional establecido en la transitoria




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Quinta para el autogobierno de Ceuta y Melilla precisamente por ese agotamien-to) es necesario desde IU hacer un diagnostico de la situacin a fin de hacer fren-te desde nuestras propuestas alternativas a los distintos retos que las coyunturasnos obligan a afrontar.Hay que partir del hecho de que en estos aos se han transferido competencias,con notables diferencias tanto en los medios humanos y financieros de cada unade ellas, como en los contenidos de las mismas; entre las Comunidades del 151 ylas del 143. Sin embargo stas no han ido acompaadas con competencias decontenido poltico y corresponsabilidad real interadministrativa:1. Sigue existiendo en la administracin espaola, en el Gobierno del PSOE y en

los distintos niveles institucionales una tremenda inercia centralista, que lesha impedido abordar una reforma de la Administracin en profundidad, a lavez que una simplificacin y reorganizacin de la administracin perifrica,superando el papel caduco de los Gobernadores civiles y Directores Provin-ciales de los distintos Ministerios. La no comprensin del hecho autonmicocomo un proceso vivo e irreversible, el miedo a la prdida de parcelas de po-der y la inercia de muchos aos siguen ahondando en ese sentido.

2. La cultura anterior, unido al desarrollo territorializado de modelos econ-micos especulativos que apostaban por el crecimiento sostenido, concentra-dos en zonas especficas, ha trasladado al interior de las diversas CC.AA. elmodelo centralista. Al final, nos hemos encontrado con los mismos tics, losmismos vicios y deformaciones de Estado centralista, aunque reducido endistancias y poder.

3. El Pacto Constitucional (1977-78), si bien dio a luz una Constitucin flexibleno es menos cierto que apostaba por un Estado dual, centralista y autonmi-co a la vez, por lo que cualquier lectura o profundizacin en la Constitucindel 78 lleva inherente gran parte de esas contradicciones o limitaciones.

4. Lo anterior es origen y consecuencia a la vez, de la pervivencia de una visinms administrativa que poltica del hecho constitucional, donde se ha prima-do ms la desconcentracin y la descentralizacin en la prestacin de los ser-vicios. La falta de un proyecto poltico y la carencia de voluntad para elabo-rarlo y ejecutarlo est en la base del rasgo ms definitorio de este cliclo auto-nmico.

5. Esta misma carencia de proyecto ha dado lugar a mundos y compartimentosestancos. Cada Comunidad Autnoma ha tirado para s y en su propia conve-niencia, ante la pasividad de unas y el recelo de otras, lo que ha originadotensiones e incomprensiones innecesarias.

6. Los problemas del nacimiento de la Constitucin del 78, as como la asincro-na en la democratizacin de los diferentes niveles institucionales, o la noprevisin de la incorporacin a realidades ms amplias, acentu que el im-pulso autonmico se concentrara casi exclusivamente en el desarrollo de lasComunidades Autnomas, sin abordar un fortalecimiento real del municipiocomo institucin del Estado ms cercana al ciudadano/a. No entendiendo,que cualquier desarrollo autonmico tiene que asentarse sobre la autonomade todas y cada una de las partes que constituye el Estado: central, auton-mico y local.




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7. Unido a lo anterior, la puesta en prctica del texto constitucional, los pactoseconmicos y los posteriores pactos polticos, han ido configurando una Es-paa con tres velocidades en el terreno autonmico, con tendencia a simplifi-carse en dos velocidades.De un lado estaran las comunidades de Euskadi, Catalunya y Galicia, y enun segundo escaln, Andaluca y aqullas con competencias del 151 transferi-das (Madrid, Pas Valenciano, Canarias) y en un tercer nivel, el resto.A partir de aqu y tras los intentos del Pacto Autonmico de configurar dosbloques, puede abrirse una nueva divisin entre comunidades ricas y pobres,indistintamente de sus niveles competenciales.

8. En ese camino el modelo o sistema de financiacin de las comunidades aut-nomas est jugando y puede jugar un papel importante tanto en la correccinde desequilibrios territoriales como en el avance hacia situaciones y percep-ciones de mayor solidaridad.Sin embargo, los incumplimientos de los acuerdos del Consejo de Poltica Fis-cal y Financiera de enero del 92, y la concrecin de una falsa corresponsabi-lidad fiscal en el acuerdo de octubre del 93 sobre cesin del 15% de IRPF es-tn abriendo unas prcticas polticas alejadas de cualquier principio de soli-daridad.

9. Consecuencia, entre otras, de un proceso que al final no ha resuelto los deno-minados hechos diferenciales, a la vez que no ha dado cobertura a comuni-dades que como la andaluza conquistan los niveles del art. 151 en refern-dum, y que se ha mostrado incapaz de cumplir el acuerdo constitucional delart 148.2 de aumento competencial a las comunidades del art. 143.

10.Es necesario, pues, desarrollar formas de cooperacin institucional que abranel concepto de solidaridad al proceso autonmico y rompan la tendencia insoli-daria impuesta por los nacionalismos conservadores y aceptada por el gobiernodel PSOE. Esto permite el caldo de cultivo para que determinadas fuerzas, de-terminadas opiniones, hagan vivir la cuestin nacional como un drama.

A lo anterior hay que aadir un nuevo punto, sobre los grandes olvidados .En primer lugar el olvido (estabamos en 1978) que en la Constitucin Espa-ola se tiene hacia la problemtica que el proceso de Unin Europea introdu-cira en su da sobre un emergente estado autonmico. Debates sobre sobera-na, cosoberana, competencias, financiacin, integracin europea, etc, de-mandan su enmarque en cualquier texto constitucional.En segundo lugar el olvido que en el desarrollo constitucional se ha tenidohacia los ayuntamientos. Para entender la actual precariedad econmica,competencial y poltica de los Ayuntamientos, se impone un breve recordato-rio de la evolucin de la Institucin Municipal en estas dos dcadas de demo-cracia. Es frecuente escuchar, tambin entre las filas de la izquierda, denues-tos hacia los gobiernos municipales como argumentos para mantener su esca-sa financiacin y la indefinicin competencial que todava hoy se mantiene.As se les tacha de despilfarradores, o se subraya la incapacidad de gestinde muchos alcaldes. Esto es particularmente llamativo si estas acusaciones secomparan con el comportamiento de los gobiernos autonmicos o del propio




I

Gobierno Central y las Administraciones respectivas. Todava lo es mscuando los dos partidos mayoritarios proponen de consuno el refuerzo delpresidencialismo para los Alcaldes.Los Ayuntamientos democrticos comenzaron su andadura en condiciones

esperanzadoras en cuanto a la profundizacin del estado social. El modelo cons-titucional de democracia permite trascender el carcter meramente representa-tivo, hacia la democracia participativa que poda practicarse con ms facilidaden la Administracin ms cercana al ciudadan@.

En 1979 se constituyeron gobiernos municipales con mayora del PSOE o,donde no la alcanzaron, en alianza con el PCE. El Gobierno Central estaba enmanos de UCD.

El Movimiento asociativo, en general, y especialmente el movimiento vecinal,fueron los grandes aliados de los Gobiernos municipales de izquierda. Los pro-pios municipios crearon la Federacin de Municipios en el Estado y en las inci-pientes CC.AA. , con el objetivo de configurar el poder local como un verdaderopoder poltico, tanto por sus competencias como por su financiacin. Para elPSOE fue un trampoln para ganar las elecciones generales.

Las elecciones municipales de 1983 iniciaron la etapa de mayoras absolutas,homogeneizando el color poltico: el PSOE consigui gobernar en las tres Admi-nistraciones del Estado: Central, Autonmico y Municipal.

Esta circunstancia, entre otras, hizo que amainaran las demandas competen-ciales y financieras ante el Gobierno central que puso sus esfuerzos y su intersen el desarrollo del Estado de las Autonomas

Los Municipios perdieron capacidad y fuerza poltica al renunciar a exigir un in-cremento real de competencias y de financiacin en aplicacin del principio de subsi-diariedad. La configuracin del Estado de las Autonomas, en esas circunstancias,supuso el abandono del municipalismo por parte del PSOE a pesar de seorear laFederacin Espaola de Municipios y Provincias y las de la mayora de las CC AA.

El Movimiento vecinal perdi protagonismo frente al incremento de asocia-ciones de todo tipo, no pocas de ellas promovidas desde los Ayuntamientos. Lapoltica de subvenciones, la falta de rigor en el registro de asociaciones, entreotras razones, truncaron el protagonismo ciudadano en el ejercicio de la demo-cracia participativa.

Al mismo tiempo se puso en marcha una estrategia de abandono de lo pblicoque, en el sector municipal, se produjo silenciosamente, sin la resonancia pbli-ca que tuvo el desmantelamiento de las Empresas Pblicas. Eficacia y gestin,asfixia econmica y clientelismo fueron argumentos con los que, de manera indi-recta, abandonando en manos ajenas la gestin de los servicios, se contribuy aldebilitamiento poltico, competencial y financiero de los Entes Locales desde lospropios Ayuntamientos.

La prdida de la mayora absoluta en 1991, la penuria financiera que, en for-ma de endeudamiento insostenible se vena arrastrando, permiti una recupera-cin de la reivindicacin municipalista, s bien con un carcter exclusivamenteinstitucional. Una vez cerrado el Pacto autonmico entre el PP y el PSOE, laAsamblea de la FEMP celebrada en La Corua en 1992, lanz la propuesta dePacto Local que ha venido discutindose desde entonces con escasa fortuna.




I

Los sucesivos Gobiernos Centrales han volcado ms el debate hacia lo auto-nmico, competencias y financiacin que hacia la problemtica municipal.nasea ello las precariedades parlamentarias en que han quedado tras las eleccionesdel 93 y 96, y su apuesta por los pactos con los nacionalismos conservadores.

Por ltimo destacar que en estos momentos las minoras nacionalistas, avan-zan ms all del Estado de las Autonomas en la denominada Declaracin de Bar-celona, en la que sin embargo no ahondan para nada en la cuestin municipal.

3. EL DEBATE EN IU (IV Y V ASAMBLEA)

Desde su nacimiento en 1986 como coalicin electoral IU recogi la tradicin fe-deralista de las fuerzas, colectivos, grupos e individualidades que la componan.Sin embargo, no se avanz en el diseo del Estado Federal por el que apostaba ysu incorporacin a la triple alternativa (modelo de estado, de sociedad y al go-bierno), encontraba su concrecin en una serie de lugares comunes que al mismotiempo tena el suficiente grado de amplitud y ambigedad como para permitiractuaciones diferentes en las diversas CC.AA.El primer esfuerzo en el camino de la clarificacin del modelo, y de los pasosnecesarios del proceso se produce en el entorno de la IV Asamblea Federal delao 94. La apuesta poltica, en aquel momento, de procurar el consenso de to-dos los integrantes de IU, y en particular con Nueva Izquierda, al mismo tiem-po que acercar a Iniciativa per Catalunya a un modelo compartido obliga a re-hacer el documento en varios de sus elementos, obtenindose un documento queal ganar en consenso pierde en profundidad, ya que huye de los debates conflic-tivos y cierra en falso muchos de ellos. Sin embargo, se consiguen una serie deavances importantes:

Hay, por primera vez, un documento sobre Modelo de Estado. Tiene la virtud de ser un texto refundido que recoge elementos dispersos, por progra-

mas y documentos polticos anteriores. El reconocimiento de la realidad plurinacional del Estado. Se califica como ESTADO FEDERAL SOLIDARIO, el objetivo hacia el que se tiende. Reconocimiento de la capacidad de autodeterminacin. Definicin de las fases hacia el Estado Federal: Una primera de impulso autonmico

y proceso federalizante y una segunda de Reforma constitucional. Propuesta de PACTO CONSTITUCIONAL. Reforma constitucional del Senado. Una financiacin autonmica que conjugue mayor autonoma con correccin de de-

sequilibrios territoriales, mediante la cesin de tramos IRPF y de otros impuestos. Participacin de las CC.AA. en la voluntad del Estado ante la Unin Europea.

Tras la IV Asamblea Federal la nueva direccin de IU decide dar un impulso aldocumento del Modelo de Estado, completando lo que no pudo realizarse en elmarco de la IV Asamblea.




I

La convocatoria de elecciones para marzo del 96, obliga a realizar el Progra-ma Electoral sobre el documento de la IV Asamblea, avanzndose, no obstanteen varios elementos:Se define la propuesta como ESTADO FEDERAL DEMOCRTICO Y SOLIDA-RIO.

Se introducen las competencias exclusivas mnimas del Poder Federal. Se enriquece el proceso federalizante. La reforma del Senado toma cuerpo propio. Se introduce la cesin del IVA en fase minorista, al mismo tiempo que se avanzan en

los mecanismos de solidaridad.

El 19 de mayo del 97 la Presidencia Federal de IU aprueba la PONENCIA SO-BRE MODELO DE ESTADO DE IZQUIERDA UNIDA - INICIATIVA PER CA-TALUNYA.

En dicho documento la definicin y el contexto de un ESTADO FEDERALPLURINACIONAL Y SOLIDARIO cobra mayor entidad, al mismo tiempo quese incide en el derecho a la autodeterminacin y la opcin federal y se fijan pos-turas ante el plurilingismo desde una cultura federalista.

Finalmente, durante el proceso de la V Asamblea, en medio de la crisis de IUpor el abandono del PDNI y la ruptura de Iniciativa per Catalunya, el documen-to de la Presidencia no obtiene el respaldo del Consejo Federal.

La V Asamblea de IU mandat a la nueva direccin a la celebracin de unaconferencia monogrfica sobre Modelo de estado.

Tras el encargo a dicha Secretara, este documento a debate, es el fruto deuna amplia elaboracin colectiva con el rea de Estado y Administraciones P-blicas, con decenas de compaeros/as en las distintas federaciones, y con los/asmiembros del Consejo Federal que se adscribieron a este rea de trabajo.




I

En el desarrollo y concrecin de su actividad poltica, IU debe dejar clarala propuesta que hace a la sociedad y al conjunto de instituciones y fuer-zas polticas.

Uno de los personajes de Alicia en el Pas de las Maravillas pregunta a otro sobrequ camino ha de coger, a lo que ste responde que so depende de adonde quiera ir.

Es por ello que en primer lugar hacemos la propuesta de contenido de Mo-delo de Estado Federal, Plurinacional, Democrtico y Solidario (Apartado C), yluego tras expresar hacia adonde queremos ir, planteamos el PROCESO FEDE-RALIZANTE (Apartado D) que debe llevarnos al Estado Federal.

Defendiendo, que tanto el proceso federalizante, mediante la profundizacindel Estado de las Autonomas, como en la reforma Constitucional se han de con-templar como un proceso abierto en el que se aspire a conciliar unidad y diversi-dad en el marco de la doble federalidad, Espaola y Europea que propugnamos.

De esta manera planteamos en el punto B.1, las polticas de alianza, pactos yestrategias a seguir en este proceso, para alcanzar la reforma constitucional quede manera simplificada esbozamos en el punto B.2 y que luego ampliaremos msadelante.

1. DEL PROCESO FEDERALIZANTE AL ESTADO FEDERAL, PLURINACIONAL, DEMOCRTICO Y SOLIDARIO

Pero es evidente que en IU sabemos que no podemos ni queremos hacer en soli-tario este proceso o cualquier proceso similar, por lo que basndonos en la clari-dad de propuestas, en la movilizacin entendida en sentido amplio y en losacuerdos polticos pretendemos avanzar en esta lnea.

En la IV Asamblea decamos: Debemos forzar un debate en la sociedad es-paola, en el seno de las fuerzas polticas, en los distintos mbitos institucionalessobre la necesidad de un PACTO CONSTITUCIONAL que abra un proceso fe-deralizante... y ms adelante: Es por ello inevitable ese PACTO CONSTITU-CIONAL, donde se debe implicar no slo a las fuerzas polticas, a las Cortes Ge-nerales y a los Parlamentos Autonmicos, sino a organizaciones sociales y colec-tivos ciudadanos.

En el Programa Electoral para las Elecciones Generales del 96 plantebamosque el proceso federalizante debe encararse con un amplio consenso poltico,por lo que IU propone un PACTO CONSTITUCIONAL (Pacto de Estado), don-de se debe implicar no solo a las fuerzas polticas, sino tambin a organizacionessociales y a las ciudadanas y ciudadanos en general. El Pacto debe explicitar, al




LA PROPUESTAPOLTICA DE IU

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contrario de lo sucedido durante la transicin poltica, todos los procesos y debeser asumido por los pueblos de Espaa mediante la oportuna consulta popular.

La necesidad de mayor concrecin poltica y programtica en este terreno,nos obliga a tejer mejor nuestra propuesta. Es evidente que no necesita el mismogrado de acuerdo, ni de alianzas el proceso federalizante que la reforma de laConstitucin para llegar a una de tipo federal.

Teniendo en cuenta que ya estn apareciendo de hecho elementos federali-zantes en medio de un proceso de descentralizacin poltico y administrativo,pero que se estn realizando de espaldas al Parlamento, no explicitado jurdica-mente en su mayor parte y en una direccin insolidaria. Proceso Federalizantepor tanto, alejado de nuestra propuesta poltica.

Desde IU defendemos que la iniciativa y el protagonismo del Proceso Fe-deralizante debe llevarse desde los Parlamentos Autonmicos y desde lasfuerzas polticas en su seno. Nuestro Grupo Parlamentario en las Cortes Ge-nerales y la Direccin Federal deben ser referencias claras, en sus mbitos,de impulso y apoyo a dicho proceso.

Y lo defendemos, entre otras razones de idoneidad y prctica poltica porquelos ltimos intentos del PP y del PSOE, tanto en sus documentos como en suprctica poltica, apuntan a un cierre del proceso autonmico con la connivenciams o menos encubierta de fuerzas nacionalistas conservadoras, a las que se lespermitira determinados atajos en financiacin o en el marco de la construccineuropea.

El proceso federalizante debe pues recibir sus impulsos desde los Parla-mentos Autonmicos tanto desde los del art. 143, exigiendo la puesta en prcti-ca (con el retraso evidente) de los Estatutos de Autonoma reformados, como delos del art. 151, planteando aumentos competenciales por la va del art. 150.2 dela Constitucin, promoviendo reformas en su respectivos Estatutos o abriendoen la prctica frmulas imaginativas del Derecho a la Autodeterminacin en elactual marco constitucional. A lo anterior hay que unir los planteamientos defi-nidos para dicho proceso.

Al mismo tiempo sera conveniente poner en debate la necesidad de un PAC-TO INSTITUCIONAL entre las tres administraciones (Central, Autonmica yLocal) a travs de sus representaciones, para avanzar tanto en elementos de coor-dinacin (ventanilla nica, simplificacin burocrtica, etc...), fundamentales enesta fase, a la vez que percibidos como logros por la ciudadana, como en la asig-nacin/reasignacin competencial, con el doble objetivo de que, en primer lugar,el proceso de adelgazamiento del poder central, no sea asimilado en su totalidadpor los niveles autonmicos, y d contenido a nuestras propuestas de PACTOLOCAL, y en segundo lugar desaparezcan las duplicidades administrativas y defuncin.

Lo ideal, para esta primera fase, sera contar con el concurso de la casi tota-lidad del arco parlamentario, pero sus titubeos y miedos, van a mantenerlos enambigedades ms o menos calculadas, cuando no en confrontacin con cual-quier salida federalizante de la Constitucin. IU debe trabajar pues, desde losParlamentos Autonmicos y desde los distintos niveles institucionales, junto conel debate/movilizacin social para mantener la direccin federal del proceso, evi-




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tando as cualquier frenazo o cierre pretendidamente equilibrador. De esta ma-nera vamos creando al mismo tiempo las condiciones, a todos los niveles, que ha-gan evidente la necesidad de la reforma constitucional necesaria para alcanzar elESTADO FEDERAL.

Llegado este momento, se tiene que hacer un llamamiento para alcanzar elPACTO CONSTITUCIONAL en las formas que lo hemos definido en anterioresdocumentos. En esta fase de reforma de la Constitucin es necesario conseguir elconsenso de la mayora de las fuerzas polticas, parlamentos autonmicos...,tanto por la necesidad de votaciones cualificadas (3/5 en cada una de las Cma-ras 2/3 y disolucin con nuevas elecciones si la reforma es de mayor profundi-dad) y respaldo amplio en los referndum posteriores, como por la importanciadel hecho que afrontamos: la construccin de un nuevo ESTADO.

2. LA NECESARIA REFORMA CONSTITUCIONAL

El modelo de Estado Federal que IU propugna, definido con nitidez en el apar-tado C.4.1. del presente documento, obliga en una primera fase, y partiendo delos criterios expuestos, a una reforma en profundidad de la Constitucin Espa-ola, especialmente en lo referente al ttulo preliminar, ttulo III, ttulo VII, ttu-lo VIII y ttulo IX, con el fin de poner al Estado Autonmico en condiciones depaso hacia la Federacin. As, y sin pretender ser exhaustivos,

En el Ttulo Preliminar deber reconocerse con claridad el carcter plurina-cional, plurirregional, pluricultural y plurilingstico del Estado y, por tanto, lavoluntariedad de las partes a la hora de establecer un Pacto Federal, permitien-do incluso la posibilidad de optar por otras formas de relacin.

En el Ttulo III, debern recogerse todas las reformas necesarias en cuanto acompetencias, composicin, sistema de eleccin, etc. para garantizar la configu-racin del Senado como una autntica Cmara Federal.

En el Ttulo VII deber recogerse las bases del sistema financiero federal y elcarcter federal del Tribunal de Cuentas y del Consejo Econmico Social.

En el Ttulo VIII, deber disponerse el nuevo marco competencial del EstadoFederal y de las CC.AA., la posibilidad de establecer lazos especiales de tipo fe-derativo entre las que as lo decidan, su capacidad de iniciativa legislativa direc-ta, la posibilidad de desaparicin de las provincias en aquellos entes federadosque as lo determinen democrticamente, el nuevo modelo financiero y los aspec-tos relativos a una autntica autonoma local.

En el Ttulo IX debern realizarse las reformas necesarias que permitan elfuturo carcter federal del Tribunal Constitucional.

En el Ttulo X, se deben introducir frmulas que faciliten las posibles refor-mas constitucionales.

En esta segunda fase, aprobada la reforma, el Pacto de Constitucional se tra-ducira en la aprobacin en referndum de la correspondiente Constitucin Fe-deral y la aprobacin por los Estados integrantes de la Federacin de sus Consti-tuciones propias, una vez ejercido libremente su derecho de autodeterminacin.




II

Nos encontramos en un momento histrico y poltico en el que es ya inaplaza-ble una clara definicin de las distintas fuerzas polticas y sociales en la ine-ludible tarea de reformular un proyecto de convivencia que pueda ser comparti-do por el conjunto de los pueblos de Espaa y el Estado espaol. Debates comolos que afectan actualmente al modelo de financiacin autonmica, a la reformadel Senado o al derecho a la autodeterminacin slo pueden ser abordados den-tro de un marco ms general que, teniendo en cuenta razones tanto de orden his-trico como de futuro, ayude a establecer criterios comunes que vayan ms allde la situacin particular de cada CA o de las negociaciones bilaterales entre de-terminadas elites polticas. Por esa razn IU ha decidido desarrollar una res-puesta a estos problemas que site su resolucin dentro de un horizonte doble-mente federal, espaol y europeo, consistente en el desarrollo de formas de Esta-do social, participativo y solidario que tiendan a basarse en una planificacindemocrtica de la economa y contribuyan a poner en pie una alternativa a laque en la prctica est imponiendo el actual bloque de derechas.

Este documento, resultado de un amplio proceso de elaboracin, presenta lasbases de un proyecto federalista plurinacional, plurirregional, democrtico y so-lidario que aspira a superar netamente, ante todo, las consecuencias de un neo-centralismo espaolista todava presente en la vida poltica y en la sociedad;pero tambin a superar tanto la instrumentalizacin del legtimo derecho a la di-versidad por parte de determinadas elites polticas nacionalistas, como la utili-zacin del sentimiento de agravio comparativo que otras fuerzas polticas hacencon el fin de enfrentar a unas y otras CCAA.

1. GLOBALIZACIN, REGIONALIZACIN, DIVERSIDADCULTURAL Y NACIONAL

La creciente mundializacin de amplias esferas de la actividad humana que tien-den a escapar del control estatal es resultado de un largo proceso histrico; peroes innegable que ste se ha profundizado en los ltimos tiempos como consecuen-cia de una serie de cambios que estn sirviendo a una amenazante tendencia ha-cia la concentracin de poder econmico, poltico y meditico en una minoraque aspira a consolidar una hegemona neoliberal a escala planetaria.

La globalizacin de la economa capitalista, especialmente en el mbito fi-nanciero, y de las comunicaciones, la desterritorializacin de la organizacinde la produccin y de las inversiones, el impacto planetario de la crisis ecolgica,la agravacin de las desigualdades sociales y territoriales, las grandes migracio-nes humanas, la internacionalizacin de los problemas de la seguridad y los




UN ESTADOFEDERAL,PLURINACIONAL,DEMOCRTICO Y SOLIDARIO

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debates sobre el derecho de injerencia, as como el protagonismo de organizacio-nes internacionales de distinto tipo est contribuyendo a la mundializacin de lavida poltica y a la exigencia de soluciones a escala global que relativizan anms el grado de soberana que ejercen, si bien de forma desigual, los Estados ac-tuales -y, sobre todo, los pueblos- en su mbito respectivo.

Ese conjunto de fenmenos est conduciendo tambin a la configuracin denuevos bloques interestatales y a procesos de construccin en comn de espacioseconmicos y polticos a escala regional, como desde hace tiempo sucede en elproceso que va desde la creacin de la Comunidad Econmica Europea hasta laactual Unin Europea en trance de inicio de la tercera fase de la unin moneta-ria. Se trata de tendencias dirigidas a crear nuevas formas de organizacin pol-tica -federales, confederales o hbridas- que por diversas causas no estn exentasde fuertes tensiones: predominio de los intereses y valores de un capitalismo entransicin a una nueva fase de acumulacin; desigualdades econmicas y socialesy diferencias nacionales entre las partes de ese proyecto; y persistencia de lavieja legitimidad y el protagonismo de los Estados ante las dificultades para ge-nerar una unin poltica superior. No obstante, esos procesos pueden conducir aque determinadas competencias hasta ahora consideradas ncleo central decada Estado tiendan a escapar de l, como es el caso de la poltica monetaria, elmedio ambiente, las comunicaciones o la defensa. De contrario, y como contra-peso, puede producirse un debilitamiento de los poderes regionales y locales porel reforzamiento de los Ejecutivos estatales que son los que dirigen y condicionan-el Consejo, la Comisin- la marcha hacia una Europa unida.

Por ltimo, tambin dentro de los Estados -especialmente en los de carctersimple o unitario- frente a las presiones homogeneizadoras asociadas a la globa-lizacin y a la prdida de centralidad de los viejos Estados reaparece una legti-ma reivindicacin del derecho a la diversidad, a la diferencia y a la co-soberanao soberana compartida. Resurgen as los nacionalismos tnicos o culturales y lasexigencias de descentralizacin territorial, si bien sus expresiones polticas pue-den ser muy distintas segn los casos.

La izquierda transformadora ha de saber responder a estos nuevos retos evi-tando tanto la actitud resignada frente a una globalizacin hegemonizada por elneoliberalismo, como el repliegue hacia nacionalismos estatalistas o excluyentes.Debemos ofrecer nuevas vas hacia la construccin de espacios de cooperacinregional e internacional entre los pueblos a travs de los cuales se vayan abrien-do paso ideas como la de soberana compartida y un federalismo que responda alas nuevas tendencias de este fin de siglo; todo ello teniendo como horizonte lanecesidad de avanzar hacia nuevas formas democrticas de articulacin capacesde lograr procesos de regulacin y resolucin de los graves problemas econmi-cos, sociales y ecolgicos a los que debe hacerse frente a escala planetaria.

La aspiracin a un federalismo basado en el respeto a la diversidad nacional, elimpulso de la democracia territorial y el principio de subsidiariedad ha de ir unidatambin a la necesidad de propugnar aquellas formas de solidaridad interterrito-rial y de internacionalismo que expresen el principio de igualdad y contribuyan acontrarrestar las actuales tendencias a la agravacin de las desigualdades entreunas y otras zonas del planeta, as como en el interior de cada una de ellas.




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2. EL PROCESO DE CONSTRUIR EUROPA

Las tendencias descritas se reflejan ms claramente en el marco europeo: por unlado, tanto el nuevo contexto internacional como el ya largo perodo iniciado conla creacin de la Comunidad Econmica Europea han impulsado procesos detransferencia de soberana a un mbito supraestatal; por otro lado, la diversi-dad nacional y regional de los pases de esta rea, as como la voluntad democra-tizadora desde abajo estn presionando por un reconocimiento poltico y jurdi-co, si bien con escaso xito hasta ahora.

Debe tenerse en cuenta que nos encontramos en un mundo sometido a profun-dos cambios estructurales que, por lo que nos toca ms de cerca, se plasma prin-cipalmente en el proceso de construccin de la Unin Europea. Este proceso dauna nueva dimensin al problema de la soberana. Singularmente, los nacionalis-mos dominantes en los distintos Estados que componen la Unin Europea no slose confrontan con reivindicaciones de autonoma y autodeterminacin de comuni-dades ms pequeas, sino con el proceso de construccin de una comunidad msamplia de mbito europeo que los desborda; de ah que su presunta globalidadestatal se revele en ese marco con mayor claridad como la defensa de interesesparticulares que tampoco son los de toda la poblacin de sus Estados, sino slolos de su clase nacional dominante. Se contrapone as ese nacionalismo estatalcomo defensa de determinados intereses (connotacin negativa) frente a la conno-tacin positiva de la presencia de comunidades ms pequeas.

El camino de la Unin Europea hacia la federalizacin puede afectar positiva-mente el proceso espaol; pero se corre el riesgo de que el hipottico proceso euro-peo refuerce el poder de los Estados miembros, dejando todo lo dems en un nivelsecundario y marginal. Para evitarlo, la construccin de una Unin Europea pol-ticamente plurinacional, plurirregional y plurilnge dentro de una perspectiva fe-deral debe obligar a una redistribucin de competencias y a una reubicacin de losEstados-naciones y de las regiones que participan en todo el proceso.

De todas formas, el actual proceso de construccin europea bajo hegemonaneoliberal adolece de participacin ciudadana y arrastra un dficit democrticoque ha de ser cubierto. De lo contrario, tambin en este campo quedarn negati-vamente afectados necesidades sociales, el reconocimiento de la diversidad na-cional y la lucha contra los desequilibrios territoriales en su seno, a pesar de lospropsitos declarados en la distribucin de los fondos estructurales y de los fon-dos de cohesin.

Las desigualdades econmicas entre unos pases y otros, as como el diferentegrado de cumplimiento de los compromisos establecidos en el Tratado de Maas-tricht, estn confirmando adems la tendencia prctica a constituirse un ncleoduro y una geometra variable en el seno de la Unin segn los ritmos de unaconvergencia simplemente nominal y monetarista. Esto se opone claramente a loque debe ser un proyecto federalizante en el que la ciudadana y los pueblos seanefectivamente los protagonistas en la construccin de una Europa solidaria pol-ticamente unida.

En ese marco los Estados-naciones conocen un proceso de erosin de sobera-na en competencias clave; pero como se ha indicado ms arriba son al propio




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tiempo, mediante sus Ejecutivos, los principales actores e implementadores delas decisiones poltico-financieras y de cuanto conforma el ordenamiento jurdi-co comunitario (directivas, reglamentaciones, etc.) y mantienen adems compe-tencias en reas todava importantes para sus relaciones con el conjunto de laciudadana que implican un debilitamiento de los poderes regionales y locales.Esta dualidad constituye un condicionante del proceso de cesin de competen-cias hacia arriba y hacia abajo, mxime cuando tiene que ver con relacionesdesiguales y tensiones que reavivan y priorizan los legtimos pero particularesintereses de cada una de las partes.

3. ESPAA Y EL ESTADO ESPAOL: Una realidad plurinacional y plurirregional

La realidad plurinacional y plurirregional del Estado espaol es un hecho reco-nocido hoy social y culturalmente y debera reflejarse en la redefinicin del Es-tado, a realizar en el marco de la necesaria reforma constitucional.

Esto comporta el reconocimiento y garanta de los hechos diferenciales comoexpresin del respeto a la diversidad y a la voluntariedad, sin menoscabo de losderechos individuales de ciudadana dentro del territorio de cada una de las Co-munidades.

La Constitucin reconoce la existencia de nacionalidades y regiones, si bienno ha habido en su desarrollo una distincin clara entre las CCAA que pudieranconsiderarse dentro de una u otra categora, pues el constituyente no se detuvoen los Ttulos Preliminar y VIII al precisar este punto.

Junto a las CCAA consideradas histricamente como nacionalidad o nacin -Pas Vasco, Catalunya y Galicia-, otras han asumido ese carcter mediante refe-rndum, como es el caso de Andaluca; otras, por su historia y realidad culturaly lingstica, como Baleares (que rene adems condicin insular) y Pas Valen-ci, se definen tambin como nacionalidades; otras, en fin, se han dotado de unaidentidad propia con trato estatutario especial, como Navarra.

El mismo desarrollo autonmico y las reformas de los Estatutos de Autono-ma estn produciendo igualmente una redefinicin de las CCAA en cuyo proce-so inciden razones histricas, geogrficas y/o lingsticas especficas, como ocu-rre en Aragn y Canarias (con su particular condicin insular y ultraperifrica)que tambin se consideran estatutariamente como nacionalidad, o en Asturias yCastilla y Len que comparten con aqullas idntico sentimiento.

Tambin junto a toda esta realidad plurinacional de diverso grado y origen seviene desarrollando una nueva realidad regional que en determinados casos puedecaminar de hecho hacia la nacionalidad al margen de lo que puedan decir los res-pectivos Estatutos y a partir de la conciencia de su identidad propia, diferenciada,de espacios poltico-culturales y econmicos singulares en CCAA que se consideransujetos partcipes del proceso de construccin de un futuro Estado federal, como esel caso de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y Mur-cia; todo ello favorecido por la demanda de equiparacin competencial, de mayorescotas de autogobierno y de desarrollo institucional especfico, privativo y propio.




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De esta forma, el reencuentro con sus particularidades histricas y cultura-les, la dinmica del desarrollo autonmico, al igual que la lucha contra los dese-quilibrios territoriales han contribuido al desarrollo de identidades colectivasespecficas en los Entes territoriales autonmicos, que han tenido su expresinpblica en algunos de ellos a travs de diversas manifestaciones masivas de laspoblaciones afectadas. La propia dinmica histrica va haciendo surgir proyec-tos polticos en los diversos pueblos de Espaa cuyas races estn en procesos di-ferentes de los denominados histricos.

Sin embargo, se ha podido comprobar tambin en todas las CCAA, incluso enlas que se definen estatutariamente como nacionalidades, que hay diferentes ti-pos y grados de identificacin con la nacionalidad o regin respectiva: conviven,entre otros, un nacionalismo dual, otro exclusivo en un sentido u otro (vasco oespaol, por ejemplo) y tambin un sentimiento colectivo de minora gitana o in-migrante. Es esta realidad compleja la que, por un lado, obliga a no estableceruna frontera entre unas CCAA y otras en cuanto a la posibilidad de reivindi-car mayores cotas de autogobierno y, por otro, justifica ms la apuesta por unEstado federal en el que sean reconocidos los derechos nacionales de los puebloscomo la frmula ms adecuada frente al mantenimiento del actual Estado de lasAutonomas, la confederacin o la independencia, sin que ello implique privile-gio o trato discriminatorio alguno respecto de los dems.

En todo caso, es la existencia de una especificidad plurinacional y plurirregio-nal sustantivamente diferenciada de base territorial la que distingue el modelo fe-deral que hemos de aplicar de otros como el alemn, el estadounidense o el suizo.

4. NUESTRO MODELO DE ESTADO

4.1. Caracteres del Estado Federal, Plurinacional, Democrtico y Solidario

Como se afirmaba en nuestro Programa para las elecciones generales de 1996,responde al sentir de amplios sectores de nuestro pueblo la necesidad de superarel fracaso histrico del centralismo espaol. El Estado de las Autonomas, dual,centralista y autonmico a la vez, que constituye la forma constitucional vigente,no asegura la necesaria y suficiente autonoma poltica y financiera de los Entesterritoriales, no asegura la correccin de los desequilibrios interterritoriales yno resuelve problemas histricos de profundo enraizamiento y complejidad quehan gravitado durante siglos sobre la sociedad espaola. En ese camino el Fede-ralismo que proponemos se basa en la doble voluntad de autogobierno de los fu-turos estados miembros, por un lado, ms el gobierno compartido por todosellos, por otro. Se prima as la interdependencia y una red de relaciones quefundamente el conjunto. Es, por tanto, una alternativa a la visin reduccionistaque se limita a situar el problema de la distribucin del poder sobre unas coor-denadas de centro- periferia.

Las razones que IU tiene en cuenta a favor de la federalizacin del Estadoson entre otras:




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a) La coincidencia en la actualidad de la doble tendencia hacia marcos supraes-tatales y hacia la potenciacin del autogobierno de las Comunidades territoria-les.

b) La inadecuacin como vas para conciliar diversidad e igualdad del mante-nimiento de los Estados centralistas o de descentralizacin administrativa,ni la creacin de nuevos Estados unitarios que corren el riesgo de basarse ennacionalismos estatalistas excluyentes.

c) La tradicin anticentralista y solidaria heredada de un sector de la izquier-da social y republicana desde el siglo XIX.

d) La garanta del respeto a la pluralidad nacional, regional, cultural y lin-gstica de los pueblos del Estado espaol.

e) La existencia de diferentes grados y tipos de identificacin con la nacionali-dad o regin respectiva dentro de cada territorio autonmico como manifes-tacin de la diversidad que se produce incluso en el seno de cada CA debidoa que no pueden identificarse absolutamente nacin y territorio.

f) La realidad de Espaa (hablamos, por ejemplo de los pueblos de Espaa)como decantacin y resultado de un largo proceso histrico que ha ido msall de lo castellano-aragons y no debe ser despreciado, aunque s resueltohoy a travs de una forma poltico-constitucional de convivencia democrti-ca colectiva que, manteniendo la unidad a ese nivel, supere viejos contencio-sos en este orden.

g) La potencialidad y fuerza que representa el hecho de que pueblos, dueos desu destino y unidos en la historia, se integren por decisin propia en un pro-yecto federal de convivencia poltica, porque slo es fecunda la unin volun-taria.

En el camino de superar los enfoques sectarios que contemplan estos fenmenoscomo situaciones de agravio y enfrentamiento, y no ayudan a resolver el actualdilema entre diversidad y unidad, es necesario abordar el fenmeno de la superestructura poltico -cultural como un todo complejo y en constante evolucin,entendiendo que la evolucin se da en toda cultura nacional interrelacionada.

El hecho es que, sin ser la expresin identidad nacional una forma de rees-cribir la historia, la entiende IU como va para que pueblos diferenciados, some-tidos ayer al Estado unitario centralista y compartiendo hoy el Estado de las Au-tonomas, den expresin poltica a su sentido de identidad diferenciada en elmarco de la federalizacin del Estado, que se basar en un sustrato comn alconjunto, para no correr el riesgo de reproducir bajo otras formas y en ciertomodo lo mismo que se reprocha al Estado de hoy: la unidad de los trminos Es-tado y Nacin con sentido excluyente. Dicho Estado debe reunir las siguientes caractersticas:

Se basa en el protagonismo de la voluntad popular expresada mediante refe-rndum y, por tanto, libre y voluntaria adhesin a la forma poltica resul-tante de la creacin del Estado Federal. El hecho de pertenecer a una na-cin, nacionalidad o regin no implica, de suyo, la existencia de lmites a lavoluntad federalista y al contenido de esa voluntad.




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El pacto de Constitucionalidad ratificado por el pueblo es el que permiteaplicar a las antiguas CCAA carentes de soberana originaria en la actualConstitucin el principio de cosoberana o soberana compartida.

En virtud del pacto federal de Estado, el reparto de atribuciones polticas yde competencias en la Constitucin federal emana de una decisin ya coso-berana de los Entes territoriales que se federan, no pudiendo por tanto sermodificado o suspendido sin su consentimiento.

La asuncin de competencias por parte de los Estados federados, sin ms lmiteque lo dispuesto en la Constitucin federal, reflejar las decisiones de autogobier-no de aqullos, siendo de notar que se estructura segn el principio dispositivo.

Concilia el elemento unitario de su personalidad internacional con la diver-sidad en la autodeterminacin y autoidentificacin de sus Estados miem-bros, que surgen a partir de la actual realidad.

El Estado federal propugnado no perjudicar en base a privilegios o tratodiscriminatorio los intereses de la mayora social en su conjunto, ni de unosEstados respecto de otros. Los Estados podrn acceder a un mismo grado deautogobierno por la voluntaria decisin que cada uno de ellos adopte.

Se fundamentar, por tanto, en la igualdad de derechos de los Estados fede-rados y no en la hegemona de alguno o algunos de ellos. Si el pueblo espaolse rige por el principio de igualdad, el pacto entre sus representantes territo-riales ser un pacto entre iguales que comportar la igualdad poltica delas partes en su resultado.

Reconocer y garantizar partir de los principios de igualdad y de solidari-dad el respeto a la cosoberana de los Estados federados en su pluralidad ydiversidad.

Profundizar el carcter SOCIAL, DEMOCRTICO Y DE DERECHO, decarcter plurinacional y plurirregional, en un sentido igualitario, ahondan-do en la democracia participativa y dando, al propio tiempo, una respuestaprogresista a los retos de la defensa y el desarrollo del Estado social y suscontenidos democrticos y participativos en el sistema poltico constitucio-nal, al respeto y garanta de la diversidad, de la realidad plurilnge y plu-ricultural, al desarrollo sostenible y equilibrado, y a la construccin de unaEuropa unida de corte federal.

Imposibilitar la retrogradacin de su nota social en ninguno de los Estadosfederados.

Concretar el carcter solidario en su capacidad redistributiva entre los te-rritorios federados y los diversos sectores sociales como dimensin social dela Federacin.

Garantizar la eficiencia del Estado en sus actividades y prestaciones. Sus instrumentos de poltica econmica, fiscal y financiera se asentarn so-

bre el principio de igualdad intersubjetiva e interterritorial, autonoma fi-nanciera, suficiencia y corresponsabilidad fiscal, y mantendrn y amplia-rn la solidaridad interfederal de las instituciones y de las clases trabajado-ras en contra de intereses y modelos particularistas o disgregadores. Conta-r con suficiente poder redistributivo y nivelador, as como con instrumentoseficaces que permitan la planificacin econmica y social.




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Incrementar el poder poltico y la capacidad financiera de los Municipiospara una justa correlacin del poder local con el resto de los poderes territo-riales que integrarn el Estado.

Har efectivo el principio de subsidiariedad en el estricto sentido de que slolas funciones que no puedan ser realizadas eficientemente en el nivel msbajo poltico-administrativo podrn estar bajo la potestad y jurisdiccin delnivel siguiente ms alto.

Posibilitar el proceso europeo de federalizacin. Profundizar en la utilizacin del sufragio universal para la eleccin de los

rganos constitucionales de representacin y de gestin y la toma directa dedecisiones.

En suma IU propugna el Estado Federal, Plurinacional, Democrtico y Solida-rio porque entiende que la federalidad del Estado, la libre unin federal de lospueblos, es la frmula que puede dar solucin a los problemas polticos deriva-dos de la realidad plurinacional y plurirregional de Espaa y de su diversidadcultural y lingstica; un Estado que asuma lo diversificado de su composicin ysea garante de las seas de identidad de las partes, a la vez que garantice los ree-quilibrios territoriales, segn un modelo que ahonde en la democracia y en la so-lidaridad; un Estado con capacidad redistributiva entre los diversos territoriosy entre los diversos sectores sociales; un Estado que, contando con un bloque decompetencias propias y con suficiencia financiera, haga efectivos los principiosde igualdad, solidaridad y progreso.

4.2. El Derecho de Autodeterminacin en la opcin Federal

Subrayado ya que IU propugna la federalizacin del Estado como proyecto co-mn de convivencia poltica colectiva, ello se complementa en paralelo con el re-conocimiento del derecho de autodeterminacin que puede cumplir una doblefuncionalidad: tanto para respetar a quienes no deseen integrarse en el proyectode federalizacin del Estado, como para encauzar la voluntad de federalizacinde los pueblos del Estado espaol, una vez producido el correspondiente pactoConstitucional. Entendido como el derecho de los pueblos a establecer libremen-te su condicin poltica y a proveer a su desarrollo econmico, social y cultural,siguiendo la definicin del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos de1966, ratificado por Espaa, el derecho a la autodeterminacin ha de ser consi-derado como un derecho democrtico fundamental, como solucin democrticaen su raz para los colectivos o realidades diferenciadas dentro de los Estados-nacin actuales y expresin de la voluntad libre de aqullos.

Si bien hay que atender a razones de seguridad jurdica constitucional enatencin a la estabilidad del Estado, el derecho a la autodeterminacin no seagota en ningn ejercicio puntual y se debera recoger en la correspondiente re-forma constitucional con la concrecin de quienes sean los titulares para la ini-ciativa de su ejercicio. El sujeto colectivo del ejercicio de ese derecho ha de ser elconjunto de la poblacin residente de forma estable en el mbito territorial de la




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Comunidad en la que esa demanda se solicite cuando as lo decida democrtica-mente y con independencia de sus diferencias de origen, lengua o etnia. El dere-cho de autodeterminacin ha de corresponder a la ciudadana, no a la nacionali-dad y, por consiguiente, el sujeto del derecho no ha de restringirse ni a los Esta-dos ni a determinados pueblos a los que se reservara el calificativo de nacio-nes. Una Ley debera regular las condiciones del libre ejercicio de ese derecho,as como la concrecin de las instancias y vas de solucin de conflictos en fun-cin de la decisin adoptada finalmente, garantizando siempre el respeto al prin-cipio de la mayora y a los derechos de las minoras en los distintos mbitos.

IU propugnar la opcin por el Estado federal en cualquier consulta de auto-determinacin, teniendo presente que la esencia poltica de sta es la exclusindel uso de la fuerza para obligar al establecimiento o mantenimiento de especfi-cas relaciones entre los distintos pueblos; es respuesta a la opresin dirigida aresolver supuestos como, por ejemplo, los de los Imperios zarista o austro-hn-garo, o el del colonialismo. Con todo, un anlisis objetivo de aquel derecho llevaa considerar que su ejercicio no es de direccin nica, pues junto al derecho desepararse est el derecho a unirse y el de mantener el status actual.

4.3. Los niveles competenciales

Es principio esencial que para la construccin de un Estado Federal Democrti-co y Solidario se hace necesario atribuir al Poder federal las competencias quepermitan asegurar la eliminacin de las desigualdades sociales y de los desequili-brios territoriales, as como la garanta de ejercicio de los derechos individualesy colectivos de las ciudadanas y ciudadanos. En este contexto, IU adelanta la di-reccin en la que estima ha de ser abordado este punto:

Las competencias del Poder federal deben ser definidas y establecidas en laConstitucin federal, teniendo en cuenta que los Estados federados podrn reco-ger en la Constitucin con la que se doten todo lo no reservado expresamente alEstado Federal por la Constitucin federal, y que si un Estado federado no asu-miera todas las competencias restantes o no las asumiera en su plenitud, pactarcon la Federacin su prestacin por sta o, en su caso, el grado de dicha presta-cin que proceda.

Determinado esto, puede ofrecerse una ejemplificacin a priori de las com-petencias atribuibles al Poder federal, teniendo como referente el rgimen auto-nmico y la reserva de las modificaciones que deban introducirse a tenor de laevolucin y concrecin del modelo en virtud de circunstancias poltico-constitu-cionales determinantes:

a) Competencias exclusivas.1. Autoorganizacin.2. Estructura de la organizacin territorial del Estado Federal.3. Regulacin de las condiciones mnimas que garanticen la igualdad de todos

los espaoles en el ejercicio y cumplimiento sin trabas de sus derechos y de-beres constitucionales.




III

4. Defensa de los intereses econmicos, sociales y culturales espaoles en el ex-terior cuando afecten al conjunto del Estado.

5. Nacionalidad, inmigracin, emigracin, extranjera, derecho de asilo y ex-tradicin.

6. Representacin de Espaa en el exterior y relaciones internacionales.7. Defensa y Fuerzas Armadas.8. Derecho civil comn y procesal comn, penal, penitenciario y mercantil. Ad-

ministracin de Justicia.9. Rgimen aduanero y arancelario. 10.Sistema monetario, divisas, cambio y convertibilidad.11.Pesas y medidas. Hora oficial.12.Hacienda general y Deuda del Estado. Nivelacin de recursos y correccin de

desequilibrios territoriales.13.Bienes y derechos del patrimonio propio.14.Marina mercante y abanderamiento de buques. Matriculacin de aeronaves.15.Rgimen de produccin, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.16.Seguridad pblica federal.17.Estadstica para fines estatales.18.Convocatoria de elecciones generales y referndums a nivel estatal.19.Las obras pblicas de inters general, an cuando son de la competencia ex-

clusiva del Estado federal, exigirn acuerdo previo con los Estados federadosque puedan resultar afectados.

b) Competencias en concurrencia.1. Coordinacin de la actividad econmica y planificacin general de la misma.2. Establecimiento de los principios generales de tributacin.3. Legislacin laboral.4. Legislacin sobre propiedad intelectual e industrial.5. Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica.6. Educacin. Sanidad exterior. Coordinacin general de la sanidad. Legisla-

cin sobre productos farmacuticos.7. Comercio exterior. 8. Legislacin y rgimen econmico de la Seguridad Social.9. Rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas y del rgimen estatutario

de sus funcionarios. Procedimiento administrativo comn. Legislacin sobrecontratos, concesiones administrativas y expropiacin forzosa.

10.Ordenacin del suelo.11.Aguas, agricultura y ganadera.12.Servicio meteorolgico.13.Proteccin del desempleo y de los consumidores.14.Pesca martima.15.Ordenacin del crdito banca y seguros.16.Iluminacin de costas y seales martimas, aeropuertos de inters general;

control del espacio areo, trnsito y transporte areo.17.Ferrocarriles y transportes terrestres. Rgimen general de comunicaciones.

Correos y telecomunicaciones; cables submarinos y radiocomunicacin.




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18.Recursos y aprovechamientos hidrulicos e instalaciones elctricas.19.Rgimen minero y energtico.20.Rgimen de prensa, radio y televisin y, en general, de los medios de comuni-

cacin social.21.Obtencin, expedicin y homologacin de ttulos acadmicos y profesionales.

En todas estas materias los Estados federados participarn en la elaboracin delas normas legislativas y sern titulares de las competencias de desarrollo legisla-tivo y ejecucin. Las restantes materias sern de la competencia exclusiva deaqullos, salvo lo que se dice en el punto 4.5. En caso de colisin de normas serde aplicacin preferente la legislacin de la Federacin en todo lo no asumidocomo competencia exclusiva por los Estados federados. El derecho de la Federa-cin ser supletorio del derecho de stos.

4.4. El Senado

Incluido el Senado en la propuesta federalista global, procede aqu, luego de sureforma en el sentido y trminos detallados ms adelante al tratar en la letra D)del proceso federalizante (punto D.5) que pueden ser vlidos con leves puntuali-zaciones para el Estado Federal, exponer en esquema los puntos ms esencialesde su significacin en dicho Estado.

El Senado se configura en nuestro modelo de Estado como Cmara colegisla-dora de representacin territorial y de conjuncin de voluntades que se mani-fiesta en la participacin de los Estados federados en la formacin y expresinde la voluntad de la Federacin. Es Cmara de relacin, comunicacin, coordi-nacin y dilogo entre los Entes federados y con la Federacin.

Fomenta la igualdad y la solidaridad entre aqullos, tiene iniciativa legislati-va por razn de la materia y especialmente en lo que concierne a la esfera com-petencial de los Estados federados y, en general, a la estructura poltico-territo-rial de la Federacin y cuestiones conexas derivadas de esa estructura.

Decide sobre las proposiciones de ley cuando tengan por objeto materias in-cluidas en su esfera de atribuciones.

Conoce de los proyectos de ley del Congreso que afecten a sus funciones yatribuciones. En las competencias concurrentes establecidas por la Constitucinfederal, los Estados federados encauzarn su participacin en la elaboracin delas normas legislativas correspondientes a travs del Senado.

Determina la posicin a adoptar por la Federacin en la Unin Europeacuando se trate de cuestiones que afecten a los Entes federados.

Decide en materia de financiacin y criterios para la distribucin de fondosde nivelacin de recursos y de correccin de desequilibrios territoriales.

Dicta normas de armonizacin de las disposiciones financieras de los Estadosa nivel federal.

Controla la accin del Gobierno federal respecto de las normas dictadas porste para la transposicin del derecho comunitario cuando afecte a los Estadosfederados.




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Aprecia vicio de lesividad, e interpone el pertinente veto, cuando cualquierproyecto de ley o norma con valor de ley incida en transgresin material de susatribuciones o afecte grave y lesivamente a las competencias, atribuciones o fi-nanciacin de los Estados federados o, en general, a la estructura poltico-terri-torial de la Federacin. La representacin senatorial de un Estado federado po-dr instar el veto del Senado a aquellos proyectos de ley o normas con valor deley que lesionen gravemente su marco competencial.

Respecto de la composicin del Senado y de la forma de eleccin de los sena-dores es apropiado referirse de nuevo como va indicativa a lo que se dice en elmencionado punto D5 de este documento sobre su nmero y opciones acerca desu forma de designacin.

4.5.El modelo financiero federal

No existe un modelo nico de financiacin en los Estados compuestos. Sin per-juicio de que nos encontremos en el seno de una Europa neoliberal y sujetos a laarmonizacin y normalizacin tributaria inducida por la presin real del merca-do que se viene produciendo en la Unin Europea, a cuyas disposiciones ha deatenerse el Estado espaol, IU defiende para el futuro Estado Federal una nue-va estructura fundamental del reparto de los ingresos, un nuevo marco de rela-ciones financieras entre la Federacin y los Estados federados y de stos entre sque se aparta de los postulados del denominado federalismo competitivo cuyaesencia consiste en consagrar la rivalidad y competencia entre los Entes poltica-mente descentralizados con el supuesto fin de incrementar la eficiencia y facili-tar a los ciudadanos su eleccin sobre el territorio en el que desean residir.

Claro es que, partiendo del modelo propugnado por IU para el proceso fede-ralizante, slo procede ofrecer aqu en esquema las ideas, principios y criteriosms esenciales de nuestro modelo financiero federal, dejando para ms adelantesu concreta, detallada y progresiva configuracin hasta llegar al correspondien-te texto constitucional, con mantenimiento del sistema de financiacin hoy vigen-te en los territorios forales, si as lo demandan. Una primera aproximacin po-dra ser la siguiente en un modelo integrado y solidario, teniendo siempre encuenta que no puede haber descentralizacin poltica democrtica con arreglo alos principios de igualdad y de solidaridad sin planificacin econmica:

A) Principiosa) El carcter originario del poder tributario propio de los Estados ha de venir

fundado en la Constitucin.b) El sistema se basar en la separacin de fuentes impositivas y en la participa-

cin comn en parte de ellas. c) Cooperacin entre la Federacin y los Territorios y de stos entre s en atencin

al inters general, al propio y al del resto, regulndose sus relaciones fiscales. d) Mayor aportacin a mayor riqueza.e) Incremento de la igualdad financiera entre Territorios.f) Distribucin del poder tributario y distribucin del ingreso obtenido de

acuerdo con las reglas que se establezcan en la Constitucin federal.




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g) Sistema mixto en el que los Estados gozan de ingresos propios y de ingresoscompartidos con la Federacin respecto de los que pueden actuar hasta cier-to lmite sobre algunos de sus elementos.

h) Aplicacin de los principios de coordinacin y de solidaridad.

Por otra parte, habr de atenderse al equilibrio entre los distintos niveles de ha-cienda, a la compensacin de la diferente capacidad tributaria y a la eficaciafrente a las fluctuaciones econmicas.

B) Poder tributario (potestad para establecer tributos)Los criterios de distribucin han de figurar en la Constitucin federal indepen-dientemente de quin sea el titular del poder tributario en cada caso concreto.De momento podra trazarse la siguiente distribucin:

Federacin: IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Derechos de aduana, IVA.. Estados: Tributos actualmente cedidos, Tasas afectas a los servicios traspa-

sados, Impuestos especiales, Tributos propios. Municipios: Los municipios sern titulares de tributos propios.

Criterio esencial para la articulacin de este poder es el de que no ha de produ-cirse el gravamen de un hecho imponible en ms de un impuesto, sea ste de laFederacin o de los Estados.

C) Reparto del ingreso obtenido:Como se produce en parte el acceso concurrente a una misma fuente de ingresoshabr que cuantificar el rendimiento global de cada tributo y el rendimiento porterritorio con el fin de garantizar la suficiencia y estabilidad del sistema.. Seprocurar que, en el sistema impositivo propio de los Estados el esfuerzo fiscalexigido no afecte o afecte lo menos posible a los residentes fuera del territorio enel que haya de aplicarse. No existirn recargos sobre los tributos de la Federa-cin. No existir participacin en los ingresos del Estado por tributos actual-mente no cedidos con la excepcin que ms adelante se especifica..

En el IRPF, la Constitucin deber prever que se produzcan resultados simi-lares en el porcentaje cedido y para ello dicho porcentaje podr ser distinto se-gn los diversos Estados.

En los Impuestos especiales se atender al gravamen en fase de fabricacin yal gravamen de consumo en fase minorista. Se podr distribuir su recaudacinentre la Federacin, los Estados y los Municipios. Estos participarn medianterecargo en determinados impuestos estatales a determinar en su da.

En el IVA corresponder a los Estados el que se devengue en fase minorista.Con el grado de integracin que sea necesario ser preciso conseguir una Ad-

ministracin eficiente, la equidad en la distribucin de la carga fiscal y la sufi-ciencia del sistema.

D) Modulacin del poder tributarioCompetencias normativas: Los Estados poseern facultades normativas propias(regulacin, gestin, liquidacin, recaudacin, inspeccin, revisin). Por tanto,




III

la regulacin jurdica de los tributos hoy cedidos (que comprender la totalidadde los hechos imponibles contemplados en el tributo) ser competencia de los Es-tados a partir de la entrada en vigor de la Constitucin federal.

El distinto modo de entender los tributos cedidos consiste en que se cede eltributo mismo y no slo la recaudacin (el producto obtenido con l), de dondenace propiamente en este punto la capacidad normativa. Los Estados pasarn aser titulares de los tributos cedidos.

En el IRPF la capacidad normativa sobre el porcentaje cedido ser determi-nada por ley del Senado de acuerdo con el Congreso, teniendo en cuenta que laspresiones planteadas por una posible competencia fiscal estarn en funcin delos lmites impuestos a dicha capacidad normativa y que suelen operar a la baja.

En el IVA, el Senado velar porque sea respetada la normativa comunitaria yel poder tributario ser concurrente entre la Federacin y los Estados. En losImpuestos especiales el Senado velar por que la regulacin sea homognea y loscriterios de distribucin equitativos.

De este modo existirn impuestos regulados y gestionados por la Federacin,impuestos regulados y gestionados por los Estados, e impuestos regulados y ges-tionados concurrentemente (Impuestos compartidos), sin perjuicio de lo que sedice en el punto siguiente.

E) Coordinacin y armonizacinEl sistema es integrado en cuanto se articula y es coordinado normativamentepor la Federacin va Senado que atender a la regulacin general, a las compe-tencias normativas en los distintos niveles y a adoptar medidas con el fin de evi-tar una competencia fiscal que suponga mayor esfuerzo fiscal para los contribu-yentes de Estados perdedores en esa competencia. Cuanto mayor es el grado deautonoma financiera, mayor ha de ser la coordinacin para garantizar:

La igualdad en el cumplimiento de los derechos y deberes constitucionales. La libre circulacin de bienes y servicios en todo el territorio espaol. La nivelacin en la prestacin de servicios pblicos fundamentales. El desarrollo territorial que equilibre la riqueza de los distintos Entes federados.

La coordinacin fiscal implica la integracin vertical de los tributos y la implan-tacin de mecanismos de tipo horizontal. En atencin a los costes de gestin, lagestin de los tributos se realizar mediante una agencia tributaria integrada deexistencia obligatoria en los tributos compartidos y de posible existencia en lodems por acuerdo Federacin-Estados.

f) Instrumentos de solidaridadHan de producirse en dos planos: vertical (entre la Federacin y los Estados) yhorizontal (entre los Estados) atendiendo a los desequilibrios fiscales que pue-dan existir: Dirigidos a la nivelacin en la prestacin de servicios.

Participacin en los ingresos de la Federacin slo para los Estados que noalcancen el nivel mnimo en la prestacin de los servicios fundamentales de sucompetencia. El Senado controlar el nivel de prestacin de los servicios.




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Supuesto que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a un nivelmnimo en la prestacin de servicios pblicos, tienen derecho a que se equi-pare e iguale dicho nivel. Las transferencias podrn ser de inters general(incondicionadas) y especficas (condicionadas) para determinados servicios

Dirigidos al desarrollo. Fondo para el Desarrollo Territorial, que ser unFondo de compensacin horizontal de suma cero, constituido con las aporta-ciones porcentuales de los distintos Estados, segn criterios acordados en laCmara de Representacin Territorial.

4.6. Plurilingismo y Cultura Federalista

Hay que aadir a todo lo anterior la cuestin del plurilingismo como realidadpresente en el Estado espaol. Durante estos aos de vida autonmica no se hafavorecido un mayor conocimiento de las lenguas no castellanas fuera del mbitode las CCAA en las que cada una de esas lenguas es usada social y oficialmente.

Una reconsideracin del plurilingismo dentro de nuestro modelo federal de-bera implicar, como mnimo y a partir del general conocimiento del castellano unreconocimiento extraterritorial de las lenguas propias no castellanas. Esto suponeel derecho de cualquier ciudadano/a a expresarse en su lengua materna en sus re-laciones con la Administracin del Estado federal (en determinados servicios) ycon la Administracin central de las CCAA con distinta lengua, as como el dere-cho de los representantes pblicos a expresarse en su lengua materna en el seno dela institucin u rgano respectivos. Supone, por otra parte, resolver los problemasque pueden plantearse a los castellano-parlantes en territorios con lengua propia.

Pero una cultura poltica federalista debe ir ms all del respeto de esos derechosindividuales: se trata de fomentar el conocimiento mutuo de las distintas lenguas, li-teraturas y culturas existentes. La educacin en el federalismo se dirige a enraizarloy darle cohesin. El conocimiento mutuo de las distintas lenguas tiene por objeto fa-cilitar la convivencia y el sen

Documents

IU - Modelo de Estado Federal 1998