26 miércoles 28 de enero del 2015 GestiónBAJO LA LUPA

ta deuda no está registraba como deuda interna, lo cual es un delito (¿sanciones?). Todo ello demuestra “mala fe” por parte del Estado.

La batalla por una resoluciónEl Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) solicitó el 2011 al TC una “ac-ción de cumplimiento” (ejecutar la sentencia del 2001). El juez ponen-te del caso fue el Dr. Gerardo Eto. En julio del 2013 había firmado un proyecto de resolución para la apro-bación y firma de los demás magis-trados del colegiado. Este proyecto fue firmado por el Dr. Carlos Mesía. El proyecto confirmaba la teoría “valorista” y la modalidad como ve-nía haciéndose en el Poder Judicial, es decir, de acuerdo al Código Civil.

La resolución firmada por ambos magistrados se filtró al Gobierno. Aparecen en escena la “dupla de oro” conformada por el Dr. Eduardo

to”. “Este TC debe de abstenerse a dar fallos sobre temas sensibles, porque ya está de salida. Temas sensibles como el de los bonos de la RA”, afirmó.

Guerra declarada: bombardeo mediático desde el Congreso y di-versos sectores del Ejecutivo al TC y sus magistrados. El presidente del TC, Óscar Urviola Hani -en los últi-mos minutos de su independencia-, tildó de “ignorante” a Daniel Figa-llo. Sobre el entonces presidente del Congreso, Víctor Isla, dijo: “el la-drón piensa que todos son de su condición”.

Dr. Liquid Paper entra en acciónSe busca una salida. El TC aceptó “coordinar” una resolución, entre Urviola y el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Urviola saca-ba una resolución favorable, pero estableciendo un mecanismo de

“actualización” de los bonos im-puesto por el MEF, que en el fondo no actualizaba nada y convertía la deuda en cero. Entonces, el MEF no tenía de qué preocuparse, el TC quedaba bien ante el públi-co. Al final no se paga nada.

El problema era que la “fórmu-la cero” del MEF tenía que apare-cer como si fuera “idea original” del TC. Algo muy difícil porque la fórmula había sido tomada de un proyecto del MEF del 2011, hecho público. Castilla aprovechó el mo-mento para sorprender a Urviola; este se creyó el cuento y aceptó re-signado la presión del Gobierno. Por su parte, el asesor presiden-cial, Dr. Roy Gates visita el despa-cho de varios magistrados como lo consigna la edición del diario Perú 21 del jueves 11 de julio, que toma declaraciones del Dr. Urvio-la: “Asimismo, confirmó las visi-tas del asesor presidencial Roy Gates a magistrados del TC para ver el tema de los bonos de la deu-da agraria, señalando que ello de-mostraría el interés de Palacio”.

La “fórmula cero” fue apadri-nada por Urviola con nueva pro-puesta de resolución en la sesión del 16 de julio del 2013. Votaron a favor Urviola, Álvarez y Eto. Es-te último retiró su firma del pro-yecto original y se adhirió a la im-posición del MEF. El magistrado Mesía objetó esta situación pues el nuevo proyecto se presentó ese día, no se les había dado tiempo para estudiarlo y evaluarlo. Ur-viola, presionado por el Gobierno, dispuso que se vote. Esa misma tarde la resolución, con tres votos a favor, ya estaba en la página web del TC y publicitada oficialmente para beneplácito del Gobierno.

Ante la presión por publicar la resolución final, no se dan cuenta que Mesía no había presentado su voto singular respecto al nuevo proyecto y se había retirado. Ante ello, Urviola desesperado, auto-rizó que a la propuesta que Mesía había firmado conjuntamente con Eto, se le borre con liquid paper la firma de Eto y que se le introduzca términos no autorizados por Me-sía, para aparentar que se trataba de su voto singular. Urviola su-plantó el voto de Mesía.

¿Quién puede justificar este ac-to? Óscar Urviola es presidente del TC…

El proceso de la Reforma Agraria (RA), iniciado el 24 de junio de 1969, no culmina. El Gobierno del

Gral. Juan Velasco -dizque bus-cando “la justicia social”-, expro-pió las tierras para entregarlas a los campesinos, que pagarían por ellas. Ante la imposibilidad de pa-go por parte de los beneficiados, el Estado peruano asumió el total de la deuda.

La RA fue un acto político pues se anuló al grupo de poder más poderoso de su tiempo en el país: los hacendados que concentraban la tierra. Sin embargo, los benefi-ciados por la reforma fueron pron-to abandonados a su suerte pues el objetivo económico fue la mo-dernización de la sociedad perua-na mediante un proceso de indus-trialización. Para ello se debía subsidiar la canasta de alimentos de los obreros en las ciudades y, por lo tanto, se hizo un control de precios que benefició a las zonas urbanas en detrimento del cam-po. Resultado: destrucción del campo y pobreza generalizada. Una reliquia viviente del proceso son las cooperativas azucareras en Lambayeque que sobreviven por normas especiales de “protec-ción patrimonial” sancionadas en el Congreso regularmente.

Los ideólogos de izquierda fundamentaron el robo de tierras (Juan Velasco Alvarado nunca habló de confiscación pero es lo que ha sucedido en la práctica) aduciendo que los terratenientes se las habían birlado a los indíge-nas durante la Conquista y la Re-pública. A los expropiados de 1969 se les hizo padecer un “kar-ma histórico”.

Ante la incapacidad de pago de los beneficiarios, el Estado asumió la deuda frente a los expropiados pero dejó de honrarla por la crisis económica derivada de la crisis de la deuda y el colapso del Estado po-pulista: la inflación licuó la deuda. Es por ello en marzo del 2001, el Tribunal Constitucional (TC) emi-tió una sentencia, ordenando el pa-go de los bonos de acuerdo a la teo-ría “valorista” (reconocimiento del pago del principal e intereses sin inflación).

Desde entonces, los sucesivos gobiernos (ATM, AGP y OHT) tra-taron de hacer “perro muerto”. Es-

“Una reliquia viviente de la reforma agraria son las cooperativas azucareras en Lamba-yeque que sobreviven por normas de ‘protec-ción patrimonial’”.

La deuda agraria y el Dr. Liquid PaperEn marzo dEl 2001 El tribunal constitucional Emitió una sEntEncia

ordEnando El pago dE los bonos, rEconociEndo El principal y los

intErEsEs sin inflación. hasta El momEnto no sE hacE EfEctivo.

El proceso que se inició en 1969 aún no termina, pese a que ya hay un fallo del Tribunal Constitucional.

Investigador Principal - Instituto del Perú - USMP

Miguel e. Santillana

Roy Gates (asesor presidencial) y el Dr. Daniel Figallo (ministro de Jus-ticia) que interactúan con los ma-gistrados, tratando de influir en la resolución final. Los magistrados rechazaron esta injerencia.

Ante el rechazo, el mismísimo Ollanta Humala apareció en RPP el 9 de julio del 2013 criticando a los magistrados del TC por la próxima “acción de cumplimien-

LUCERO DEL CASTILLO