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INTERVENCIÓN EMBLEMÁTICA

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

• Lenin Moreno Garcés

COMITÉ INSTERINSTITUCIONAL DEL “PLAN TODA UNA VIDA”

• Rocío González de Moreno: Presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida

• Raúl Ledesma: Consejero del Sector Social• Isabel Maldonado: Secretaria Técnica del Plan Toda una Vida• Berenice Cordero: Ministerio de Inclusión Económica y Social• Verónica Espinoza: Ministerio de Salud Pública• Fander Falconí: Ministerio de Educación• José Agusto Briones: Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo• Richard Martínez: Ministro Economía y Finanzas• Paúl Granda: Secretario Nacional de la Política

DESARROLLO Y REVISIÓN

• Equipo Técnico de la Dirección de Política y Seguimiento de la Secretaría del Plan “Toda una Vida”

VALIDACIÓN

• Equipos técnicos de: Ministerio de Educación (Mineduc), Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio de Trabajo (MDT), Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio del Interior (Minterior), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO), Ministerio de Turismo (MINTUR), Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC), Ministerio del Deporte (MINDEP), Secretaría de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación (Senescyt), Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), Secretaría Ecuatoriana de Capacitación Profesional (SECAP), Secretaría Nacional de Planificación-(Senplades), Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (SETEC), Registro Civil, Banecuador B.P., Secretaría Técnica de la Juventud (SETEJU), Consejo Nacional de Igualdad de Género (CNIG), Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional (CNII) y Consejo Nacional para la Desigualdad de las Discapacidades (CONADIS)

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

• Dirección de Comunicación de la Secretaría del Plan “Toda una Vida”

© Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida - 2018 Quito – Ecuador. Av. Atahualpa OE1-109 y 10 de Agosto, Quito – Ecuador PBX: (593 2) 399 5600Disponible en versión digital: https://www.todaunavida.gob.ec/

La reproducción parcial o total de esta publicación, en cualquier forma y por cualquier medio mecánico o electrónico está permitida siempre y cuando se cite correctamente la fuente.

La elaboración de los documentos de política del Plan Toda una Vida fue liderada por la Secretaría Técnica del “Plan Toda una Vida”, competencia encomendada mediante Decreto Ejecutivo No. 465 con fecha 01 de agosto de 2018, a través del cual dicha Secretaría Técnica tiene la atribución de diseñar y proponer al Comité las políticas, estrategias y acciones para garantizar la implementación del “Plan Toda una Vida”, sus misiones y programas. Cada Cartera de Estado vinculada a las Misiones, contribuyó de forma participativa en la consolidación de los documentos así como también en la definición de los paquetes de servicio.

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Índice

05.

08.

25.

33.

37.

49.

41.

Introducción

Marco conceptual

Marco legal

Marco programático

Diagnóstico

Objetivos

Definición de Misión Casa para Todos

PÁG. CAPÍTULOS

Introducción

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El desarrollo del ser humano está íntimamente vinculado a su capacidad de asentarse en un territorio y acceder a una vivienda como una condición indispensable para precautelar su seguridad. Desde el momento mismo en el cual tuvo la necesidad de alimento y de protección, se asentó transitoria o temporalmente en los territorios, construyendo desde formas de protección rudimentarias, hasta complejas edificaciones en grandes ciudades, así legitimó la importancia de la vivienda en la sociedad.

En ese sentido, la vivienda en sí misma es un medio para garantizar niveles de vida adecuados en el marco del disfrute de varios derechos humanos como por ejemplo: el trabajo, la salud, la seguridad social y la educación; más aún cuando hablamos de vivienda adecuada. De esta manera, el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que el derecho a una vivienda adecuada no debe ser interpretado en un sentido estricto o restrictivo, pues ésta debe concebirse como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. (Naciones Unidas , 2010)

Lo mencionado señala que el derecho a una vivienda adecuada no significa per se, la existencia de la casa y el acceso financiero a la misma, el concepto de vivienda adecuada se relaciona con las condiciones de sostenibilidad y la garantía de mecanismos no discriminatorios que garanticen el acceso a servicios fundamentales en materia de salud, seguridad, comodidad y alimentación.

En el Ecuador y en la región en general, las problemáticas alrededor de la vivienda se configuran como un fenómeno de orden estructural relacionado con: i) una acelerada urbanización en las ciudades, ii) una estructura social caracterizada por marcadas inequidades socio-económicas, iii) una escasa inversión social y iv) una escasez de suelo; cuyo principal resultado ha

01. Introducciónsido la especulación. (Córdoba, 2015). Las políticas públicas de hábitat y vivienda emprendidas por los gobiernos, han centrado sus esfuerzos en la disminución del déficit habitacional cuantitativo. Así pues, el reto actual constituye en dotar de vivienda adecuada y digna a la población menos favorecida, aquella que no cuenta con recursos propios o la capacidad de acceso a créditos para adquirir o mejorar su vivienda. Para ello, el Gobierno Nacional ha desarrollado un conjunto de políticas de financiamiento que permitirán adquirir una vivienda digna en condiciones asequibles para cualquier hogar que carezca de la misma.

Finalmente, más allá de cubrir con una necesidad latente de la población que se encuentra en situación de pobreza moderada y pobreza extrema, el fin último de fortalecer la política de hábitat y vivienda se centra en desarrollar un modelo de convivencia comunitaria en donde cada individuo se reconozca como sujeto activo de la construcción de su comunidad y por ende de la sociedad. Esto permitirá crear mecanismos de movilidad social ascendente, y disminuirá los factores de riesgo que pueden presentar estas personas y por ende sus familias, todo ello en el marco de garantizar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, y la Constitución de la República del Ecuador, la que en su Artículo 30 establece que: “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”.

En este contexto, la Misión Casa para Todos coadyuva a la consecución de los principios constitucionales y de derechos de la población ecuatoriana mediante la generación de políticas públicas que permitan fortalecer el acceso a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable, con una intervención comunitaria, que permita el desarrollo de capacidades, el fortalecimiento del tejido social y el empoderamiento y corresponsabilidad de la población beneficiaria.

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Marco conceptual

02. Marco conceptual

Vivienda: Garantía de un derecho que contribuye al desarrollo humano integral

En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social llevada a cabo en Copenhague en 1995, se estableció que el Enfoque basado en Derechos (EBD), responde a un criterio ético para que los Estados asuman la responsabilidad de implementar mecanismos que promulguen el desarrollo de sus ciudadanos mediante la expansión de capacidades y libertades, dejando de lado la visión asistencial de las políticas públicas y fortaleciendo la titularidad de derechos de las personas, con énfasis en quienes se encuentran en condiciones de pobreza moderada y extrema. De esta forma, se establece una perspectiva frente a la acción del Estado y la sociedad, en la que las personas dejan de ser consumidoras o usuarias de un servicio, para convertirse en actores activos en la construcción de su realidad. (Alza, 2006).

La responsabilidad que tienen los Estados en garantizar el derecho a una vivienda adecuada es reconocido en la normativa internacional, ya que se convierte en “la condición previa para el disfrute de varios derechos humanos, en particular en la esfera del trabajo, la salud, la seguridad social, el voto, la privacidad y la educación” (Naciones Unidas , 2010, pág. 10). Por consiguiente, la ausencia de dicha condición afecta la expansión de sus capacidades y libertades, evidencia de ello es que en muchos países los asentamientos irregulares o la vivienda inadecuada, genera repercusiones en el derecho a la salud y la seguridad.

Conforme el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el acceso a la vivienda es en sí mismo un mecanismo que garantiza los derechos de las personas a vivir en seguridad y paz, lo cual se podría operativizar mediante la garantía de algunos aspectos fundamentales que van más allá de brindar la infraestructura física de la vivienda.

Una vivienda adecuada, debe reunir como mínimo los siguientes criterios:

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i) protección jurídica en cuanto a la seguridad de la tenenciaii) existencia de servicios básicos en función del contexto geográficoiii) mecanismos de financiación y asequibilidad acorde a la población objetivoiv) garantía en la habitabilidad mediante la seguridad ante amenazas naturales y antrópicasv) accesibilidad, ubicación y acceso a servicios sociales (empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías, etc.) vi) adecuación al contexto cultural. (Naciones Unidas , 2010)

A partir de los criterios orientadores de lo que implica una “vivienda adecuada”, es necesario reconocer algunos enfoques que permean el principio fundamental de los derechos, estos son:

1.Enfoque de género: implica partir del género como una categoría de análisis que “alude a las formas históricas y socioculturales en que mujeres y hombres construyen su identidad, interactúan y organizan su participación en la sociedad, lo cual varía de una cultura a otra y se trasforma con el paso del tiempo” (Trejo, 2017, pág. 137).

En cuanto al derecho a la vivienda, se determina de forma implícita que el acceso a la misma, debe hacerse sin discriminación alguna y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. A su vez, es necesario reconocer algunos factores de riesgo que pueden minar el ejercicio del derecho a la vivienda para las mujeres, pudiendo ser uno de ellos, la discriminación sistemática en el mercado laboral y las diferencias salariales existentes, lo cual influye de forma directa en el poder adquisitivo y la estabilidad económica de las mismas.

Por otro lado, es importante mencionar que los derechos de acceso y dominio sobre la propiedad, la tierra y la vivienda, son fundamentales para el bienestar de las mujeres, debido a que son factores decisivos para sus condiciones de vida. Si bien por la seguridad económica que ello representa, también por la posición de resguardo ante situaciones de violencia, en donde la mujer dispone de autonomía patrimonial para tomar decisiones

libres respecto a terminar una relación, sin temor a vivir situaciones de pobreza y abandono.

2. Enfoque intergeneracional: reconoce la importancia de fortalecer relaciones horizontales de interacción social en donde la edad no sea una limitante para la generación de conocimientos y la trasmisión de saberes, mediante el encuentro y la vinculación entre generaciones. Lo fundamental en dicha apreciación es partir de la idea de que “cada generación reconoce en la otra un momento evolutivo de su propia existencia”. (Consejo de la Niñez y Adolescencia en transición hacia el CNII, 2014), por consiguiente la “relación”, en el sentido estricto de la palabra es la clave de lo intergeneracional. (Consejo de la Niñez y Adolescencia en transición hacia el CNII, 2014)

Bajo esta perspectiva y con el objetivo de que lo “común” y “relacional” se fortalezca, es necesario identificar mecanismos que eviten la exclusión social y fomenten las relaciones intergeneracionales. Por ello, es importante que existan proyectos que aborden el enfoque intergeneracional desde la planeación, tanto de vivienda como de los espacios públicos.

3. Enfoque inclusivo: parte de la necesidad de reconocer a las personas en toda su diversidad; se refiere, entre otros grupos poblacionales, a las personas con discapacidad y a otros históricamente excluidos. En el caso particular de las personas con discapacidad, es necesario partir de un análisis holístico de la discapacidad, en el que se comprenda que las dificultades de la discapacidad se derivan de las barreras económicas, medioambientales, sociales y culturales del contexto. Consecuentemente, las características del entorno son las que definen a la persona, mas no sus características personales. Por lo tanto, quien debe rehabilitarse o normalizarse es la sociedad, que no reconoce la diversidad ni las especificidades individuales en los ámbitos económico, social ni cultural. (Maldonado, 2013).

En cuanto a los grupos históricamente excluidos, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señalan la garantía de los derechos sin discriminación; es de esta manera que el Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala el compromiso “a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o

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de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, 2018). Asimismo, en el Artículo 3, de cada pacto, se establece que el compromiso de los Estados, parte de asegurar a los hombres y a las mujeres la igualdad a gozar de todos los derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales enunciados en cada Pacto. (Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, 2018).

Cumplir con los mandatos internacionales pasa por posicionar la importancia que tiene la vivienda en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y generar mecanismos para la accesibilidad universal, ubicación adecuada y calidad en el diseño de la vivienda y para la construcción “del tejido ambiental, social, cultural y económico”. (ONU Hábitat, 2012)

4. Enfoque intercultural: implica el fomento del diálogo de saberes interculturales que genera el reconocimiento y el valor de la diversidad en cuanto a usos y costumbres. Por consiguiente, cuando hablamos de vivienda adecuada, también se reconoce la compatibilidad que tiene la misma con las tradiciones y prácticas de las personas que habitan en ella. Por lo cual, es indispensable considerar las necesidades y creencias de las personas que van a utilizarlas. (Naciones Unidas, 2010). Por consiguiente, el enfoque intercultural toma en cuenta el reconocimiento de la libertad de reunión y organización, el respeto a las minorías y la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural; el respeto a los inmigrantes y la garantía de la preservación de la herencia histórica y cultural. (ONU Hábitat, 2005)

La vivienda como símbolo de identidad.

Históricamente el concepto de vivienda se ha visto expuesto a un sinnúmero de reformulaciones conceptuales desde varias perspectivas de abordaje, dada la relación que tiene dicho concepto con variables sociales, económicas, históricas y culturales.

Desde una perspectiva sociocultural, la vivienda es el espacio en donde se concretan actividades de cuidado, protección, expresión estética, refugio y de encuentro. A través de la vivienda se concreta aspiraciones, motivaciones

y valores personales, lo cual aglutina un conjunto de aspectos que generan sentimientos de apego, pertenencia y apropiación. (Wiesenfeld, 2001)

Para Heidegger, la vivienda no se limita a la existencia de una edificación como tal; no todas las construcciones son moradas, y aun cuando dichas construcciones puedan albergar personas, no necesariamente el “albergar” implica habitar (Heidegger & Gebhardt, 2002). Por consiguiente, la vivienda no es sólo un espacio físico, sino que también es un concepto que recoge elementos cognitivos, afectivos y sociales (Aragonés & Amérigo, 2010) , lo cual se relaciona íntimamente con la noción de “lugar”, concebido este último como el espacio físico en donde existe una construcción significativa de los habitantes con el entorno construido, la interacción de los mismos en dicho entorno y el valor simbólico que se dota al mismo. (Campos & Yavár, 2007)Diferencias entre vivienda y hogar.

El estudio de la vivienda y su diferencia con el hogar, ha sido una constante de las disciplinas sociales, arquitectónicas y urbanísticas. Así, se concibe a la vivienda como estructura física y como hogar, es decir, como un tipo de relación que ocurre entre los residentes y su residencia (Wiesenfeld, 2001, pág. 39).

Numerosos estudios, han permitido identificar variables que dan cuenta de cómo los seres humanos se comportan en sus moradas, como la perciben y como se apropian de ella. Un resultado recurrente en dichos estudios es la personalización del espacio mediante la expresión de la identidad de quien habita en el mismo, lo cual se traduce en la proyección del sujeto (expresión del self), en su hogar. Los moradores pueden modelar la casa según sus necesidades y gustos personales, la adaptan a sí mismos a través de la decoración y distribución de los objetos, convirtiéndose dicho espacio en un espejo de sí mismos. De esta manera, la vivienda como espacio físico se convierte en espacio psicosocial, lo cual se traduce en hogar. (Aragonés & Rodríguez, 2005)

Hayward (1977), citado por Pasca, indica que, en su estudio sobre vivienda, identificó nueve dimensiones que componen dicho concepto, siendo estas: la vivienda como intimidad, red social, identidad, privacidad y refugio, continuidad, lugar personalizable, base de actividades, lugar para los niños

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y estructura física. (Pasca, 2013). Claramente, se puede revisar en dicho estudio que el aspecto relacional que posee la vivienda en sí misma se traduce en nexos sociales internos de confort, apego, privacidad e identidad. Para Lawrence (1992) la vivienda denota “un valor de bien o de cambio, un valor estético y un valor de uso; mientras que el hogar tiene un valor simbólico y afectivo” (Wiesenfeld, 2001, pág. 39).

Vivienda y convivencia social

Según Arnold (1988) y Claval (2007) citados por Toset (2005), mencionan que en la literatura de las ciencias socio ambientales se reconoce la importancia del vínculo entre sociedad y espacio (Toset, 2005) ya que es imposible entender al espacio sin considerar la carga social, cultural y simbólica que éste puede generar en quienes lo habitan. El espacio es construido socialmente, y por ende la sociedad es entendida en relación con el mismo, lo cual marca una identidad social e historia con significados propios.

Así, el espacio es una construcción social con influencias económicas, políticas y sociales. Por ende, la segregación, la exclusión y la fragmentación social, generan impactos en la construcción de sociedades equitativas igualitarias y garantistas de derechos.

La marginación es una realidad en los países de la región, en donde existen centralidades urbanas en las que se concentran los poderes económicos, políticos y sociales; y periferias en donde habita la fuerza productiva, se carece de servicios básicos y se concentran diversos riesgos sociales. Ello evidencia la necesidad de una intervención pública basada en una planificación eficiente que se oriente a generar condiciones de bienestar para todos y todas (Toset, 2005).

Por otro lado, el principio de igualdad en el marco del derecho a la vivienda, invita a reconocer la importancia del espacio público en el fortalecimiento del tejido social. En palabras de Jordi Borja (2003) lo público no es un espacio residual entre calles, casas o edificios; lo público es todo espacio en donde se construyen relaciones y sistemas de interacción comunicacional, de movilidad, de disfrute y de comercio. Así pues, es en donde las relaciones entre los habitantes, el poder y la ciudadanía se materializa (Borja & Muxí, 2003). Cuando un conjunto de personas no tienen acceso al espacio público o a su vez, es insuficiente, mal diseñado o privatizado, el entorno de las mismas puede generar segregación entre sus habitantes, ya que no existen condiciones para construir comunidad y por ende para reconocerse en

la diversidad. Esta situación, podría generar asentamientos polarizados en donde la tensión social limitaría la movilidad social y las posibilidades económicas. (Hábitat, 2015)

Por consiguiente, la Misión Casa para todos, a más de garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna en el marco de la garantía de derechos, considera pertinente desarrollar e implementar un proceso de acompañamiento a los potenciales moradores de dichas viviendas, a fin de que se fortalezca el tejido social, lo que posibilitará el reconocimiento de sí mismos en los “otros”, y se genere un sentimiento de apropiación, pertenencia e identidad.

Vivienda y el Derecho a la Ciudad

La conformación de las ciudades responde a un principio de significación y simbolización que realizan los sujetos de un espacio determinado. Las asociaciones de ideas, expectativas e imágenes que confluyen en la identificación del espacio, permiten valorar, utilizar y trasformar el mismo, lo cual genera un sentimiento de apropiación física, psicológica y social. (Campos & Yavár, 2007, pág. 49).

Como consecuencia del proceso de industrialización, las ciudades se configuraron como espacios de mercado, producción, comercio y usura, lo que generó enajenación de sus habitantes y expansión, esta última, muchas veces sin planificación. Ello, significó la creación de asentamientos humanos, carentes de aspectos indispensables para el desarrollo y el respeto de los derechos sociales esenciales; consecuentemente la profundización de las desigualdades entre sus habitantes. (Habitat International Coalition - América Latina, 2008)

Además de la cobertura de necesidades básicas individuales , según Lefebvre, construir “ciudad” implica contar con elementos que configuran el ritmo, la esencia y la trascendencia de la misma, es decir contar con posibilidades para disfrutar plenamente de espacios colectivos, como son: transporte, servicios e infraestructura urbana, mercados, centros educativos, espacios de recreación de carácter público sin restricción alguna, espacios incluyentes y adaptados para las personas con discapacidad, lugares donde no sólo se dé el intercambio de mercancías sino donde existan las posibilidades del intercambio cultural y espacios que fortalezcan los lazos de identidad entre los habitantes. De esta forma, se concibe a la ciudad como un espacio para el desarrollo integral de las personas y las comunidades, como el medio que posibilita el ejercicio de los derechos. (Habitat International Coalition - América Latina, 2008)

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Sobre esta perspectiva humanista, en la que se dota a la ciudad de una función social, se asienta el concepto de derecho a la ciudad; precepto que sentó las bases para el desarrollo de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad.

Este último, un documento orientativo para que los Estados reconozcan y luchen contra los problemas concretos de exclusión que enfrentan los pobladores de las ciudades entre ellos: la exclusión económica y migratoria, la inseguridad, la discriminación, el limitado acceso a la tierra y a una vivienda digna, los desalojos forzados,

la segregación urbana, las presiones especulativas, la privatización de la vivienda social, la violencia inmobiliaria (mobbing) contra inquilinos pobres, entre otros; (ONU Hábitat, 2005) garantizando de esta forma, un abordaje integral de los derechos humanos y de la democracia en sus diversas dimensiones (representativa, distributiva y participativa). (ONU Hábitat, 2005)En el Informe Nacional del Ecuador para la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III, se comprende al individuo como “un ser de necesidades sociales, entre las cuales se encuentra la necesidad de la ciudad” (MIDUVI, 2015).

En este marco, se concibe al espacio urbano no solo como un contenedor de construcciones, población y producción; sino como las interrelaciones y lazos que se construyen entre individuos y grupos. Se define entonces a la ciudad a partir de: i) las relaciones sociales que se generan en su interior, ii) las dinámicas de poder político y económico, y iii) las problemáticas ligadas al uso y la redistribución de los recursos, a más de las complementariedades entre lo urbano y lo rural. (MIDUVI, 2015)

La Nueva Agenda Urbana, resultante de la conferencia Hábitat III, establece los lineamientos para el desarrollo de las ciudades y los asentamientos humanos durante los próximos 20 años. Con base en ella, la Red de Desarrollo Urbano Sustentable de América Latina y el Caribe (REDEUS-LAC), identificó seis áreas temáticas que afectan al desarrollo de América Latina y el Caribe, y que deben ser abordadas por los Estados parte: (1) Cohesión social y equidad, (2) Marcos urbanos y gobernanza (3) Desarrollo espacial y segregación (4) Economía urbana, (5) Ecología urbana y medio ambiente y (6) Vivienda urbana y servicios básicos. (ONU Hábitat, 2016)

A continuación una breve descripción de las áreas temáticas antes mencionadas:

1. Cohesión social y equidad: hace referencia al grado de relación y de consenso que tienen los miembros de un grupo social y a la inclusión de todos estos actores en la generación de condiciones adecuadas de habitabilidad y convivencia urbana. (Herminia M. A., 2018, págs. 24-25). En los documentos elaborados en el marco de Hábitat III, la cohesión social se profundiza mediante el reconocimiento de cuatro ejes: inclusión, seguridad, refugiados y migración en áreas urbanas, y cultura urbana y patrimonio.

Inclusión.- entendida como el pleno ejercicio de los derechos y el acceso a bienes y servicios básicos que provee la sociedad, reconociendo la diversidad de necesidades según las especificidades de los distintos grupos poblacionales.

Con estos elementos, el Estado ecuatoriano a través de la Misión Casa para Todos, busca garantizar la cobertura de servicios básicos, el equipamiento e infraestructura necesaria para el fortalecimiento del tejido social, reconociendo el rol protagónico que tienen todos y todas las personas, quienes contribuyen en la trasmisión de saberes y normas de convivencia, para ello es necesario empoderar a estos individuos reforzando su rol protagónico en la sociedad mediante el reconocimiento de sus historias de vida, sus visiones y aspiraciones. (Herminia & Aguirre, 2018). Para ello, El Plan Toda una Vida, promueve la vinculación de cada una de las misiones, en los proyectos urbanísticos que se desarrollen, logrando de esta forma, el fortalecer un trabajo articulado durante todo el ciclo de vida de sus moradores.

Seguridad.- El generar espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de calidad que creen condiciones adecuadas para las familias y que contribuyan a mejorar la interacción social e intergeneracional es uno de los compromisos elevados por los Estados en el marco de Hábitat. (ONU Hábitat, 2016). Para generar ciudades seguras, es necesario planificarlas para las personas, evitando la segregación residencial que es una fuente de inseguridad. Esto demanda del desarrollo de estrategias multisectoriales coordinadas entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, para fortalecer la corresponsabilidad en el tratamiento de la inseguridad y delincuencia. Sólo así, se generarán soluciones coherentes con los contextos políticos, sociales y culturales, y de interacción que se produce en ella. (Herminia M. A., 2018, págs. 26-27)

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La Migración y los Refugiados en áreas urbanas.- En el mundo, más de mil millones de personas son migrantes, de ellos casi 250 millones migran fuera de sus propios países. La migración obedece a la búsqueda de mejores oportunidades laborales, seguridad personal y familiar frente a conflictos, persecución, desastres y cambio climático. Ésta influye decisivamente en la expansión urbana, pese a ello, en gran parte de los países no existen mecanismos para la inclusión. (ONU Hábitat III, 2015). “Aunque la migración aumenta sobre todo hacia territorios más desarrollados, las políticas asociadas a incorporar migrantes no avanzan al mismo ritmo” (Herminia M. A., 2018, págs. 27-28).

Miles de personas alrededor del mundo experimentan restricciones legales, discriminación social, racial y económica por su estatus migratorio, lo cual los expone a otras situaciones de vulnerabilidad como vivir en áreas inadecuadas, en situación de pobreza, sin acceso a vivienda de calidad, con empleos inestables, abusos, privaciones y desigualdad en las remuneraciones. Las ciudades también enfrentan migración interna de los sectores rurales, compuesta por personas que buscan mejores oportunidades en las urbes, que se asientan en sectores periféricos y/o asentamientos irregulares, sin acceso a servicios básicos.

En el caso del Ecuador, la Ley de Movilidad Humana en su Artículo 2 sobre los principios, reconoce “la potestad del ser humano para movilizarse libremente por todo el planeta, sin menoscabar los derechos humanos independientemente de su condición migratoria, nacionalidad y lugar de origen, lo que llevará al progresivo fin de la condición de extranjero”. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017). Por ello, la política pública de vivienda considera el acceso a la misma sin discriminación alguna.

Cultura urbana y el patrimonio.- La cultura ha sido históricamente una fuerza impulsora del desarrollo urbano. Partiendo de los procesos sociales y culturales, el patrimonio urbano refleja identidades, expectativas y visiones de las sociedades a través del tiempo. Por ende, la cultura urbana es entendida como las prácticas culturales y sociales, los comportamientos y los activos desarrollados dentro de entornos urbanos. (ONU Hábitat III, 2015)La conservación, integración y valorización del patrimonio cultural, tangible e intangible, es un reto en la planificación urbana. La lucha en algunos lugares del mundo por defender el patrimonio cultural de las guerras, refleja el clamor ciudadano por el derecho

a la belleza y a la identidad global. (Herminia M. A., 2018, págs. 28-29).El valor que posee el patrimonio urbano constituye un aspecto sociocultural de la ciudad, que junto a aspectos ambientales y económicos impulsan el desarrollo, la cohesión social y la resiliencia de la ciudad, especialmente en situaciones de riesgo que afrontan con mayor frecuencia las urbes. (Herminia M. A., 2018).

2. Marcos urbanos y gobernanza: desde el Programa de Hábitat de 1996 en adelante, todas las agendas de trabajo vinculadas con el Hábitat han abogado por la creación de un entorno adecuado que fortalezca la descentralización en la administración de responsabilidades y recursos para construir ciudades equitativas con base en las necesidades locales. La participación de la sociedad civil ha jugado un rol fundamental en las políticas de desarrollo urbano, ya que éstas organizaciones han sido quienes han representado las voces e intereses de todos, en su ratio de influencia (nivel local, subnacional, nacional, regional y mundial) (ONU Hábitat III, 2015). De las experiencias exitosas de los sistemas de gobernanza urbana, han surgido algunos factores claves que refuerzan la Nueva Agenda Urbana. Fabiano Werther Ferraz de la Universidad Federal de Pernambuco Brasil, destaca que aquellos factores son:

• La descentralización, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad;

• La coordinación de los diferentes niveles de gobernanza;• La necesidad de organizaciones capaces de hacer una

gestión coordinada y cooperativa; • El liderazgo del sector público en la gestión de políticas

y control de la participación del capital privado urbano;• El empleo de nuevas herramientas tecnológicas y los

medios de comunicación, para ampliar la participación de los ciudadanos en la gobernanza urbana;

• La movilización social y la creación de capacidades que posibiliten una participación más cualificada y eficaz en los foros de deliberación de políticas urbanas, y;

• El control social, como elemento democrático participativo de carácter transversal y continúo de la gestión pública. (Red de Desarrollo Urbano Sustentable de América Latina y el Caribe, 2018, pág. 46) (Red de Desarrollo Urbano Sustentable de América Latina y el Caribe, 2018, págs. 40-41)

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3. Desarrollo espacial y segregación: si bien, los procesos de configuración y transformación espacial de América Latina y el Caribe no son homogéneos debido a las particularidades históricas, sociales, culturales, territoriales y políticas, lo cual ha determinado diferentes modos de producción del espacio urbano; lo cierto es que en la región se evidencia la presencia de tugurios o asentamientos irregulares. (Red de Desarrollo Urbano Sustentable de América Latina y el Caribe, 2018).

Los asentamientos irregulares son el reflejo de las desigualdades sociales en cuanto a la garantía de los derechos, y se configuran como espacios de concentración de problemáticas económicas y sociales, dada su precarización. Estos dan lugar a lo que Castells (1995) denominó “ciudad dual”, la cual se caracteriza por el crecimiento de ciudades, que tienen segmentos con todos los servicios básicos, y otros carentes de dichos servicios, lo cual genera una polarización en la división espacial y social de los habitantes. (Monti & Alfaro, 2018, págs. 50-51). Por consiguiente, la segregación social urbana es un problema latente de la región, el cual podría verse solucionado mediante:

1. Acceso al suelo: como uno de los factores centrales de la transformación de asentamientos informales a la estructura de la ciudad consolidada, lo cual permitiría disminuir las condiciones de segregación espacial y social.

2. Espacio Público: ha adquirido una renovada importancia en las agendas locales e internacionales, ya que constituye el lugar de expresión cultural y de apropiación social en donde se intercambia la convivencia individual con narrativas comunitarias, lo que fortalece el intercambio social. En el mejoramiento urbano, el reconocimiento de los factores físicos y culturales de la población, constituye un factor central para un diseño de espacios públicos que recojan e interpreten las demandas de los actores involucrados, lo cual se traduce en espacios seguros y de inclusión social. (Monti & Alfaro, 2018, págs. 54-55).

3. Planificación Territorial Urbana y Políticas Públicas: el interés de garantizar la cohesión territorial, equilibrada, sustentable y socialmente justa, permite diseñar políticas públicas integradas que articulen planes y programas orientados a la garantía de derechos, entre ellos los de salud, educación, movilidad, y protección social, lo cual genera ciudades más integras e inclusivas. (Monti & Alfaro, 2018, págs. 56-57)

4. Economía Urbana: dentro de los principios y compromisos de los Estados parte de la Nueva Agenda Urbana se establece como prioridad el: “Asegurar el desarrollo de economías urbanas sostenibles e inclusivas, aprovechando los beneficios que se derivan de la aglomeración resultante de una urbanización planificada, incluida la alta productividad, la competitividad y la innovación, lo que supone fomentar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, garantizar la creación de empleos decentes y el acceso equitativo para todos a las oportunidades y los recursos económicos y productivos, impedir la especulación con los terrenos, promover la tenencia segura de la tierra y gestionar la contracción de las zonas urbanas, cuando proceda”. (ONU, 2017, pág. 8)

La generación de empleo es un elemento esencial en las políticas públicas, no sólo porque significa mayor riqueza para el ciudadano y el país, sino porque constituye para la ciudad un dinamismo sostenible e incluyente “que conecta el ámbito social con el desarrollo y crecimiento económico”. (Villarreal, 2018, pág. 66).

5. Ecología Urbana y Medio Ambiente: la ecología urbana es una intersección investigativa que reconoce la evolución de los paisajes de las ciudades como un proceso social y ecológico inherentemente entretejido entre procesos biofísicos y sociales. (Angeoletto, y otros, 2015). En las últimas décadas, el riesgo constante de desastres antrópicos relacionados con la extracción de recursos naturales y la contaminación del ambiente mediante emanaciones químicas, ha modelado territorios expuestos a mayores riesgos climáticos para sus moradores. Con la intensa urbanización que seguirá ocurriendo en el siglo XXI, crece la importancia de la planificación y gestión de los espacios verdes de las ciudades, siendo fundamental que los gestores sociales tengan objetivos claros para optimizar el potencial de los espacios verdes que constituirán en el pulmón de las ciudades. Por ello, en la conferencia Hábitat III se propuso el concepto de “resiliencia” como tema central del desarrollo urbano a escala global, debido a los nuevos desafíos e impactos que el cambio climático generaría.

El concepto de resiliencia urbana permite visibilizar la forma en que los individuos, comunidades, territorios y la economía pueden hacer frente a los múltiples

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choques y tensiones naturales del entorno urbano, e identificar las posibles oportunidades para lograr sustentabilidad y desarrollo (Ramírez, 2018), para ello Ramírez, citando a Di Pace 2014, expone que:

“Los procesos de planificación, y construcción de resiliencia y sostenibilidad urbana, requieren de la comprensión e instrumentalización de la ecología urbana, entendida como una disciplina emergente (…), que estudia ecosistemas cuyos funcionamientos se mantienen en gran parte con aporte de energía externa; es decir, los centros urbanos son ecosistemas que dependen fuertemente de su entorno. La ciudad, es el área y organización creada por el ser humano para optimizar su forma de ocupar el planeta, constituye un ecosistema urbano, tiene una estructura distintiva y límites; en ella coexisten componentes vivos y estructuras materiales que interactúan originando una serie de procesos ecosistémicos, con los flujos de energía y el intercambio de materiales entre sus componentes, y la participación en procesos biogeoquímicos”. (Ramírez, 2018, págs. 112-113)

El tamaño de las ciudades constituye un elemento diferenciador en los análisis en torno a la huella ecológica y sostenibilidad de las mismas. La Declaración de Cuenca en 2015, plantea que las ciudades pequeñas e intermedias tienen mayor potencial de resiliencia, eficiencia y viabilidad económica que aquellas más grandes. Dicho potencial podría reducir la huella ecológica y la contribución al cambio climático. (Ramírez, 2018, pág. 114).

6. Vivienda urbana y servicios básicos: hablar de políticas habitacionales es también hablar de políticas de equipamiento a nivel de estándares de equidad urbana, pues como ya se ha mencionado anteriormente, una vivienda adecuada debe al menos estar bien localizada, contar con buena infraestructura y servicios necesarios para el goce de los derechos de sus habitantes.

Desde este punto de vista, un primer obstáculo para la vivienda adecuada es la disociación entre políticas habitacionales y planificación urbana. Un segundo obstáculo se relaciona con las altas tasas de informalidad de América Latina y el Caribe; es decir, muchos pobladores como migrantes e indigentes están excluidos social y económicamente del resto de la

sociedad, viéndose forzados a localizarse en zonas donde no existen condiciones adecuadas para el asentamiento humano. El tercer gran obstáculo para la provisión de vivienda adecuada se relaciona con el deterioro del parque habitacional existente, diferenciando aquellos construidos en los últimos años versus aquellos construidos en los años 60 y 70. (Mora, y otros, 2018, págs. 126-127). En Ecuador, la dotación de servicios básicos a la población es una competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales mientras que la vivienda es una obligación de todos los niveles de Gobierno, quienes deben articular las acciones necesarias para dotar de viviendas con todos los servicios básicos e infraestructura necesaria que permita lograr un hábitat seguro y saludable.

Fortalecimiento Comunitario

La política pública en el marco de la Misión Casa para Todos, busca fortalecer la estructura comunitaria, con el fin de promover el desarrollo integral de los proyectos de vida de los actores sociales, así como, el entorno digno, saludable, seguro y pacífico dentro de la comunidad. En este sentido, la vivienda es un medio y no un fin en sí mismo, por ello la Misión incluye una intervención con los actores directos (beneficiarios) y con los actores indirectos (comunidad de acogida) a través de una Estrategia de Fortalecimiento Comunitario. Dicha estrategia, es abordada desde dos enfoques: de medios de vida y de empoderamiento.

Los medios de vida, comprenden las posibilidades de activos (que incluyen recursos materiales y sociales) y actividades necesarias para ganarse la vida. Un medio de vida es sostenible cuando puede soportar tensiones y choques y recuperarse de los mismos, y a la vez mantener y mejorar sus posibilidades y activos. (Departament for International Development, 1999).

La teoría de los medios de vida sostenibles considera la existencia de los capitales:

1. Humano: representan las aptitudes, conocimientos, capacidades laborales y buena salud que en conjunto le permiten a la población llevar a cabo estrategias y conseguir objetivos en materia de medios de vida.

2. Social: constituyen los recursos sociales en que los pueblos se apoyan en la búsqueda de sus objetivos, mismos que se alcanzan mediante redes y conexiones, participación en grupos más formalizados, relaciones de confianza, reciprocidad e intercambios que faciliten la cooperación.

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3. Natural: constituyen la variedad de recursos naturales, desde bienes públicos intangibles hasta activos divisibles utilizados en la producción.

4. Físico: representa las infraestructuras básicas y los bienes de producción necesarios para respaldar a los medios de vida, de esta forma se producen cambios en el entorno físico para que las poblaciones puedan satisfacer sus necesidades básicas y logren ser más productivos.

5. Financiero: representa la disponibilidad de dinero metálico o equivalentes como ganado, joyas etc., que permite a los pueblos adoptar diferentes estrategias en materia de medios de vida.

Por otro lado el enfoque de empoderamiento parte del proceso en donde las personas y sus formas de organización puedan ser, hacer y decidir por sí mismas.

En el empoderamiento está presentes tres dimensiones: política, social y económica las cuales son interdependientes entre ellas, sin empoderamiento social no hay empoderamiento político, de la misma forma que el empoderamiento económico no puede operar sin un empoderamiento social y político. (Secretaría Técnica ASOCAM, 2007).

1. Empoderamiento social: es un camino de múltiples dimensiones y formas en el que entran en juego el auto-reconocimiento personal como sujetos portadores de derechos, el fortalecimiento del tejido institucional y el desarrollo de la capacidad de las organizaciones para incidir en los diferentes ámbitos de la vida, la economía, la política, la cultura y las instituciones.

2. Empoderamiento político: favorecen relaciones de confianza entre los individuos y sus organizaciones y entre los sectores estatales y sociales.

3. Empoderamiento económico: desarrollo de capacidades y aumento de oportunidades. Acceso a factores productivos y de servicios con el objetivo de desarrollar su competitividad e inserción en el mercado como fuente de incremento de ingresos y generación de empleo productivo.

Por consiguiente, el fortalecimiento comunitario es el resultado de la interacción social, tanto individual como colectiva, lo cual parte del reconocimiento de las, habilidades, fortalezas y capacidades individuales que se traducen en capitales, y la capacidad de trasladar dichos capitales en beneficio de otros y de la apropiación del espacio en donde habita.

Marco Legal

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03. Marco legal

Se reconoce como un derecho humano “el acceso a una vivienda adecuada (…) en la normativa internacional de los derechos humanos como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado”. (Naciones Unidas , 2010, pág. 12). Este derecho aparece recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 25, apartado 1 y en el Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Es así que el Artículo 25, numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…)”. Así mismo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Artículo

11 establece que: “Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuada y una mejora continuada de las condiciones de existencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…)”.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su Observación General Nº 4, define y aclara el concepto del derecho a una vivienda digna y adecuada, que va más allá de un sentido restrictivo simplemente de cobijo sino que, debe considerarse como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad, lo cual implica que la vivienda se ubique en espacios suficientemente equipados o, en el caso del medio rural, con accesibilidad suficiente a servicios y dotaciones en la zona.

El reconocimiento del derecho a la vivienda digna, impone obligaciones a los Estados y a la comunidad internacional en el marco de la universalidad, irrenunciabilidad y la protección legal que requieren sus ciudadanos.

a) Vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Normativa Internacional En septiembre de 2015, se adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todas las personas como parte de una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tienen un enfoque integral al contemplar en su elaboración las dimensiones económica, social y ambiental y cultural como eje transversal del desarrollo, por consiguiente, aun cuando todos los objetivos se entrelazan para la consecución de sociedades dignas y equitativas. El Objetivo 11 sobre Ciudades y comunidades sostenibles se plantea “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” (Naciones Unidas, 2018); se enmarca en los objetivos que actualmente el Ecuador busca a través de la Misión Casa para Todos.

Para Naciones Unidas “las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las personas progresar social y económicamente. (…) Los problemas que enfrentan las ciudades se pueden vencer de manera que les permita seguir prosperando y creciendo, y al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir la contaminación y la pobreza”. (Naciones Unidas, 2018)

Dentro de las metas planteadas en el Objetivo 11 para el año 2030 consta:

• Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

• Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

• Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

• Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

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• Reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

• Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

b) Nueva Agenda Urbana – Hábitat III

La Nueva Agenda Urbana se aprobó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible (Hábitat III) celebrada en

Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016, misma que representa un ideal común de los Estados, “para lograr un futuro mejor y más sostenible, en el que todas las personas gocen de igualdad de derechos y de acceso a los beneficios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer, y en el que la comunidad internacional reconsidere los sistemas urbanos y la forma física de nuestros espacios urbanos como un medio para lograrlo” (ONU, 2017).

La Nueva Agenda Urbana es una declaración que han firmado los Estados miembros e incluye: la Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos humanos sostenibles para todos y, el Plan de aplicación de Quito para la Nueva Agenda Urbana.

Dichos documentos mencionan entre otros, los siguientes compromisos:

• “Compartimos el ideal de una ciudad para todos, refiriéndonos a la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos y buscando promover la inclusividad y garantizar que todos los habitantes, tanto de las generaciones presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles y habitar en ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos. Hacemos notar los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales para consagrar este ideal, conocido como “el derecho a la ciudad”, sus leyes, declaraciones políticas y cartas”. (ONU, 2017)

• “Reconocemos que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Reconocemos también que la desigualdad creciente y la persistencia de múltiples dimensiones de la pobreza, incluido el aumento del número de habitantes de barrios marginales y asentamientos informales, afectan tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo y que la organización espacial, la accesibilidad y el diseño de los espacios urbanos, así como la infraestructura y la prestación de servicios básicos, junto con las políticas de desarrollo, pueden promover la cohesión social, la igualdad y la inclusión, u obstaculizarlas”. (ONU, 2017)

Normativa Nacional

a) Constitución de la República

Por su parte, el Artículo 30, reconoce el “derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”. Así mismo el Artículo 31 determina que las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía

El Artículo 375 señala que el Estado “garantizará el derecho al hábitat y la vivienda digna.” De igual forma, el Artículo 376 señala que “para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a urbano o de público a privado”.

Cabe recalcar que la Constitución también determina deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos , sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, siendo estos en relación al hábitat

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y vivienda los siguientes: Artículo 83, numeral 6 Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible; y el numeral 7 “promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme el buen vivir”

b) Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de Uso y Gestión de Suelo

El Artículo 1 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de Uso y Gestión de Suelo señala el objetivo de la Ley, que consiste en “fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural, y su relación con otras que incidan significativamente sobre el territorio o lo ocupen, para que se articulen eficazmente, promuevan el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y propicien el ejercicio del derecho a la ciudad, al hábitat seguro y saludable, y a la vivienda adecuada y digna, en cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad e impulsando un desarrollo urbano inclusivo e integrador para el Buen Vivir de las personas, en concordancia con las competencias de los diferentes niveles de gobierno”.

El Artículo 6 sobre el ejercicio de los derechos de las personas sobre el suelo determina que: “Las competencias y facultades públicas a las que se refiere esta Ley estarán orientadas a procurar la efectividad de los derechos constitucionales de la ciudadanía. En particular los siguientes: (1) derecho a un hábitat seguro y saludable (2) derecho a una vivienda adecuada y digna (3) derecho a la ciudad (4) derecho a la participación ciudadana y (5) derecho a la propiedad en todas sus formas”.

Además, el capítulo IV determina algunos elementos de definición de la vivienda de interés social, en el cual sus artículos detallan la

definición, los procedimientos administrativos para la implementación, el acceso al suelo, la producción social del hábitat y la valoración catastral en suelos destinados a vivienda de interés social. En este sentido, el Artículo 85 indica que:

“La vivienda de interés social es la vivienda adecuada y digna destinada a los grupos de atención prioritaria y a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad, en especial la que perteneces a los pueblos indígenas afroecuatorianos y montubios. La definición de la población beneficiaria de vivienda de interés social así como los parámetros y procedimientos que regulen su acceso, financiamiento y construcción serán determinados en base a lo establecido por el órgano rector nacional en materia de hábitat y vivienda en coordinación con el ente rector de inclusión económica y social”.

Los programas de vivienda de interés social se implementarán en suelo urbano dotado de infraestructura y servicios necesarios para servir a la edificación, primordialmente los sistemas públicos de soporte necesarios, con acceso a transporte público, y promoverán la integración socio-espacial de la población mediante su localización preferente en áreas consolidadas de las ciudades”.

c) Ley Orgánica de Participación Ciudadana

La participación ciudadana es un derecho que se ejerce de forma individual o colectiva, con el fin de incidir de forma activa en la formulación y puesta en marcha de proyectos que van en beneficios de la colectividad. Dicha ley en su Artículo 4 establece los principios de participación como un “derecho que se ejerce a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria” dichos principios se garantizan mediante: igualdad, interculturalidad, plurinacionalidad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, paridad de género, responsabilidad, corresponsabilidad, información y trasparencia, pluralismo y solidaridad.

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d) Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) aprobado en el año 2010, define en los diferentes niveles de gobierno, sus responsabilidades en la gobernanza y gestión territorial, siendo los gobiernos municipales los responsables del diseño de las políticas de uso y ocupación del suelo y de la planificación urbana, (Artículo 55). Así mismo, en su Artículo 147, sobre el ejercicio de la competencia de hábitat y vivienda, señala:

“El Estado en todos los niveles de gobierno garantizará el derecho a un hábitat seguro y saludable y una vivienda adecuada y digna, con independencia de la situación social y económica de las familias y las personas.

El gobierno central a través del ministerio responsable dictará las políticas nacionales para garantizar el acceso universal a este derecho y mantendrá, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados municipales, un catastro nacional integrado georreferenciado de hábitat y vivienda, como información necesaria para que todos los niveles de gobierno diseñen estrategias y programas que integren las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento, gestión del suelo y de riesgos, a partir de los principios de universalidad, equidad, solidaridad e interculturalidad.

Los planes y programas desarrollarán además proyectos de financiamiento para vivienda de interés social y mejoramiento de la vivienda precaria, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y mujeres jefas de hogar.”

Marco programático

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El Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 es la hoja de ruta del Estado para los cuatro años de gobierno, por ello a él se alinean las políticas, programas y proyectos públicos orientados a consolidar un nuevo régimen de desarrollo, lo cual implica reconocer los problemas vinculados con la vulneración de derechos, entre estos: “no tener que comer, no contar con un ingreso mínimo, ni empleo de calidad ni seguridad social, no tener una vivienda digna, no acceder al agua segura, sufrir malnutrición, no tener tiempo libre ni acceso a servicios de salud y educación de calidad, sufrir discriminación o violencia.” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017).

En cuanto a la proyección al 2030, dicho documento programático establece políticas de Estado para el acceso a créditos inclusivos para acceder a una vivienda digna, reducción del déficit cuantitativo, y del hacinamiento tanto a nivel urbano como rural. Así mismo se menciona la articulación entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados para la universalización de los servicios básicos como agua y alcantarillado, sin dejar de lado “el espacio público y las áreas verdes como elementos estructurales de la vida comunitaria en la ciudad” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, pág. 32).

Para alcanzar lo anteriormente indicado es necesario partir de una realidad latente que ha ido cambiando en el país; la construcción de una vida digna implica el reconocimiento del hábitat y la vivienda, que deben llegar a todos en condiciones de igualdad. Entre 2007 y 2016 se evidenciaron niveles favorables de acceso a servicios básicos, aunque aún persisten considerables brechas entre el sector urbano y el rural. En 2016, solo el 59% de las viviendas del sector rural tenían acceso a agua por red pública. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, pág. 50)

En cuanto a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, el Objetivo 1: “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”, tiene como políticas vinculadas al derecho al acceso a la vivienda:

1.1 Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus dimensiones, a fin de garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial.

04. Marco programático

1.8. Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia cultural y a un entorno seguro, que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad ambiental, espacio público seguro y recreación.

1.9. Garantizar el uso equitativo y la gestión sostenible del suelo, fomentando la corresponsabilidad de la sociedad y el Estado, en todos sus niveles, en la construcción del hábitat.

1.15. Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el acceso equitativo a los espacios públicos con enfoque inclusivo.

Dichas políticas se concretan mediante el cumplimiento de las siguientes metas para el 2021: i) Incrementar de 53% a 95% el número de hogares con vivienda (propia) digna que se encuentran en situación de extrema pobreza, e ii) incrementar el índice de habitabilidad.

En cuanto al Objetivo 3: “Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones”, se establece como política de estado:

3.1. Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y social, rural y urbano, continental, insular y marino-costero, que asegure y precautele los derechos de las presentes y futuras generaciones; y tiene como meta para el 2021 la reducción del “Índice de Vulnerabilidad de alta a media, de la población, medios de vida y ecosistemas, frente al cambio climático” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, pág. 67).

Dentro de este objetivo se describe las intervenciones emblemáticas del Estado, con las cuales se pretende fortalecer un piso de protección social a quienes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad. Frente a ello se establece la intervención Casa para todos cuyo objeto

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es “garantizar el derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de la situación social y económica”. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, pág. 67)

El objetivo 4: “Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización”, tiene dentro de sus metas a 2021 el “aumentar el ratio de monto

total de operaciones activas en el segmento de vivienda de interés público en relación al monto total de operaciones activas destinadas a vivienda del 12,6% al 20%”. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, pág. 79)

En el Objetivo 6: “Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural” se establece dentro de sus políticas: 6.6. Fomentar en zonas rurales el acceso a servicios de salud, educación, agua segura, saneamiento básico, seguridad ciudadana, protección social rural y vivienda con pertinencia territorial y de calidad; así como el impulso a la conectividad y vialidad nacional (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, pág. 87) teniendo como metas al 2021, “incrementar el porcentaje de hogares

en el área rural que cuenten con agua segura y saneamiento adecuado” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, pág. 87) .

En cuanto a los lineamientos territoriales para cohesión territorial con sustentabilidad ambiental gestión de riesgos se determina la importancia de “promover programas de vivienda de interés social en suelo urbano vacante y zonas provistas de servicios públicos y equipamiento básico, evitando la segregación espacial y la expulsión de la población residente y evaluando adecuadamente el riesgo de ocurrencia de desastres de origen natural o antrópico” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, pág. 123).

Diagnóstico

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La problemática de vivienda en el Ecuador y en la región en general se ha configurado como un fenómeno de orden estructural relacionado con al menos con cuatro dimensiones:

i) una acelerada urbanización experimentada desde la segunda mitad del siglo XXii) una estructura social caracterizada por marcadas inequidades socio-económicasiii) una escasa inversión social resultante de déficits presupuestarios acumuladosiv) una escasez de suelo, en tanto que por definición es un bien escaso no reproducible que derive en una dinámica urbana de carácter especulativo (Córdoba, 2015).

Ecuador tuvo su despunte en cuanto a políticas públicas de vivienda a partir de los años 60, cuando el país empezó a recibir ingresos de la producción petrolera, sin embargo la focalización de la población beneficiaria fue la clase media, quien disponía de ingresos fijos y podía acceder a un crédito en el sector financiero formal. (Córdoba, 2015).

En el año 1973 se creó la Junta Nacional de Vivienda (JNV), organismo estatal cuya finalidad era centralizar la coordinación de todo el proceso constructivo de vivienda a nivel nacional. De la mano de la JNV se constituyó el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), como banca de primer piso que otorgaba los créditos directamente a la población que podía acceder a los mismos, luego de cumplir una serie de requisitos. Este modelo permitió al Estado, realizar una intervención directa a través de las instituciones públicas, promoviendo el ahorro privado y, la planificación y ejecución directa. (Córdoba, 2015).

Durante la década de los 80 otro actor importante fue el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a través de los créditos hipotecarios con tasas preferenciales para los afiliados. Así mismo, las Mutualistas y Cooperativas cumplían un rol importante con el financiamiento para quienes decidían acceder a una vivienda.

A partir de los años 90, en un contexto más neoliberal las reglas de juego cambian radicalmente, puesto que se incorporan actores privados, se desregulariza el sector y el Estado redefine sus políticas de un enfoque centrado en la oferta a un enfoque centrado en la demanda. El cambio viene dado con la creación del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda a partir del año 1992, que se convierte en el ente rector de la política pública de hábitat y vivienda en el Ecuador. (Córdoba, 2015).

05. Diagnóstico

En este nuevo contexto de gestión pública, a partir del año 1998 con ayuda de organismos multilaterales se crea el Sistema de Incentivos de Vivienda (SIV), cuyo modelo promueve la transición de una economía desde el Estado hacia un enfoque en el mercado. Esto supuso que el Estado deja de ser constructor a convertirse en ente regulador. (Córdoba, 2015).

El Sistema de Incentivos de Vivienda implica una focalización de la población de acuerdo a criterios de pobreza y déficit habitacional cuantitativo y cualitativo; de esta forma el Estado otorga un subsidio o incentivo económico con el fin de que la familia con un porcentaje de sus ahorros pueda acceder a un crédito y completar así el valor de la vivienda. Este modelo de incentivo de vivienda se conoce como A + B + C (ahorro, bono, crédito). (Córdoba, 2015).

A partir de este modelo, Ecuador ha logrado importantes logros en cuanto a la disminución del déficit habitacional cuantitativo pasando del 22,3% en el año 2009 al 13,40% a diciembre de 2017. Sin embargo, a pesar de estos resultados y los grandes esfuerzos que el Estado ha realizado para lograr que la población especialmente en situación de pobreza y pobreza extrema acceda a vivienda, continúan en nuestro país y muchas familias que viven en hacinamiento y en lugares insalubres sin servicios básicos.

Año 60´s

Año 70´s

Año 80´s

Año 90´s

El país empezó a

recibir ingresos de

la producción

petrolera

Se creó la Junta

Nacional de Vivienda

(JNV), para centralizar el proceso

constructivo de vivienda

IESS empieza a otorgar créditos

hipotecarios con tasas

preferenciales para los a�liados

Creación del MIDUVI. Ente rector

de la política

pública de hábitat y

vivienda en el Ecuador

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En este contexto, la Misión Casa para Todos, está direccionada a aquellos núcleos familiares que no tengan vivienda propia o, en el caso de que tengan vivienda propia, estén en condición irrecuperable (déficit habitacional cuantitativo) y que además vivan en situación de pobreza por ingresos (pobreza extrema y pobreza moderada).

En Ecuador la estimación de la pobreza total por ingresos a diciembre de 2017 fue del 21,5%, el índice de pobreza extrema por ingresos fue del 7,94% y la pobreza moderada por ingresos fue del 13,53%, de acuerdo con la información de la ENEMDU - INEC a diciembre de 2017.

Los “pobres” y “extremos pobres” de acuerdo al Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social (SICES), son aquellas personas que pertenecen a hogares cuyo ingreso per cápita es inferior al valor de la línea de pobreza y pobreza extrema respectivamente. Según el INEC, en diciembre de 2017 la línea de pobreza por ingresos se ubicó en $84,49 mensuales per cápita, mientras que la línea de pobreza extrema por ingresos se ubicó en $47.62 mensuales per cápita.

Utilizando la información de la ENEMDU a diciembre de 2017, se realizó la estimación de hogares que poseen vivienda propia con déficit habitacional cuantitativo y hogares sin vivienda propia, según su condición de pobreza. En virtud de lo cual, se estima que hay alrededor de 71.349 hogares en pobreza extrema que tienen vivienda propia con déficit cuantitativo y alrededor de 55.995 hogares en pobreza extrema sin vivienda propia.

Así también se estima que hay alrededor de 107.686 hogares en pobreza moderada que tienen vivienda propia con déficit cuantitativo y 152.024 hogares en pobreza moderada sin vivienda propia. A continuación se muestra un cuadro resumen:

Vivienda propia con déficit cunatitativo

Sin Vivienda propia

ABSOLUTO RELATIVO

71.349 56%

ABSOLUTO RELATIVO

55.995 44%

ABSOLUTO RELATIVO

107.686 41.5%

ABSOLUTO RELATIVO

152.024 58.5%

127.344

TOTAL

259.710

TOTAL

POBREZA EXTREMA POBREZA MODERADA

Fuente: Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, en base a la ENEMDU 2017 – INEC

Definición de Misión Casa para Todos

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La Constitución de la Republica, reconoce el derecho de las personas a tener un hábitat seguro y saludable, una vivienda adecuada y digna, con independencia de la situación social y económica que posea. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).

Misión Casa para Todos, constituye una intervención emblemática integral, que configura una propuesta de política pública que va más allá de la construcción de vivienda en su sentido estricto. Su piedra angular es la generación de condiciones que promuevan el acceso a vivienda segura, adecuada y digna, siendo éste el punto de partida para la mejora de las condiciones de vida de las personas y la consecución de su movilidad social ascendente. De esta manera, se busca reducir las brechas sociales de desigualdad social y asegurar el acceso universal a servicios básicos, en el marco de la construcción de comunidades participativas, resilientes y emprendedoras.

Casa para Todos a través de su Estrategia de Fortalecimiento Comunitario, rescata los significados individuales que tiene la vivienda para cada uno de sus moradores y los trasmite en representaciones simbólicas de comunidad en donde las redes de comunicación entre diversos, permiten fortalecer el tejido social que aproxima al sentimiento de apego, pertenencia y apropiación, evitando de esta forma cualquier factor de riesgo que podría minar la construcción de comunidad. Por consiguiente, la articulación de cada una de las misiones del Plan Toda Una Vida (Misión Ternura, Impulso Joven, Mis Mejores Años y Las Manuelas), permite reconocer el rol protagónico que tienen los niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, en la construcción de sociedades inclusivas.

Componentes de la misión

Para garantizar la operatividad de la Misión, es necesario implementar acciones que respondan a la construcción de un entorno con condiciones para el ejercicio de los derechos, por ende, la inclusión, la seguridad, los valores culturales y la cohesión social son los principios gobernantes del derecho a la ciudad. La Misión Casa para Todos se operativiza mediante cuatro componentes que se articulan a los principios nacionales e internacionales con respecto a la consecución de una vivienda digna. Estos componentes son:

06. Definición de Misión Casa para TodosDefinición

Las políticas habitacionales desarrolladas por los Estados de América Latina y el Caribe junto con las normativas o carencia de las mismas en cuanto al uso del suelo, ha contribuido de manera significativa a la configuración organizada o a su vez, dispersa y segregada de las ciudades. Las evidencias regionales identifican claramente las consecuencias de la fuerte preponderancia de invertir en la vivienda sin atender tanto a los equipamientos y espacios públicos necesarios para complementar un desarrollo urbano sostenible y crear una forma urbana compacta y un entorno urbano de calidad. (CEPAL, 2018)

En Ecuador la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión de Suelo, contiene una serie de mecanismos de carácter regulatorio que permiten mediante normativa y gestión de suelo incidir en el precio del mismo, la generación de suelo público para equipamiento, servicios y vivienda de interés social, lograr el reparto equitativo de cargas y beneficios del desarrollo urbano, movilizar reservas de suelo subutilizado o de engorde, y evitar el pago de sobreprecios en casos de expropiación por obra pública.

En el marco de la Misión Casa para Todos, el componente uso del suelo para un hábitat seguro y saludable, se enfoca en la gestión de un banco de suelos que permita garantizar terrenos con capacidad para implantar infraestructura y equipamientos necesarios para la construcción de vivienda adecuada. Las fases principales que cumple el proceso de verificación de terrenos óptimos, mediante el banco de suelos son:

a) Registro de terrenos a través de información enviada por diferentes instituciones como GAD, Oficinas Técnicas, Inmobiliar, etc.

b) Categorización de los mismos a través del análisis de la información recibida. Los resultados del análisis de proximidad permiten calificar a los terrenos como:

• A: los que cumple en forma preliminar con todos los requerimientos.

01

Uso y gestión del suelo para

un hábitat seguroy saludable

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• B: los que no cuentan con todos los requerimientos, pero se pueden considerar como una segunda opción.

• C: aquellos que no cumplen los requerimientos y se excluye del análisis del banco de suelos.

• R: tienen información por completar o corregir previo su análisis.

c) Verificación en territorio de los terrenos

d) Determinación de la viabilidad de entorno, económico, legal y social y;

e) La asignación de los terrenos viables a las empresas ejecutoras para la elaboración de los estudios integrales de vivienda de interés social.

“La vivienda es un derecho fundamental reconocido universalmente desde hace más de medio siglo. Ella es un lugar permanente y seguro que merece toda persona, donde pueda recogerse junto a su familia, recuperarse física y emocionalmente del trabajo diario y salir cotidianamente rehabilitado para ganarse el sostén de los suyos y de sí mismo”. (Sepúlveda Mellado, 1986).

Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —Comité de DESC— órgano encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de los Estados, para que una vivienda sea considerada adecuada, debe contener los siguientes aspectos:

• Asequibilidad.- La vivienda y sus costos no deben poner

02

Acceso a vivienda adecuada y digna

con pertinencia cultural

en peligro los otros derechos humanos u otras necesidades básicas.

• Habitabilidad.- La vivienda debe proporcionar a sus ocupantes el espacio suficiente, ser segura para vivir y dar protección contra elementos naturales como frío, calor, lluvia, viento u otras amenazas de salud y riesgos estructurales.

• Accesibilidad.- Todos los seres humanos deben tener acceso a una vivienda adecuada, con atención prioritaria a los grupos desfavorecidos, incluyendo los adultos mayores, los niños y niñas, personas con discapacidad, enfermos terminales, con enfermedades catastróficas, con VIH Positivo, víctimas de desastres naturales, entre otros grupos considerados vulnerables.

• Ubicación.- En las zonas urbanas como rurales la vivienda adecuada debe encontrarse en lugares donde permita el fácil acceso a servicios de educación, salud, empleo y transporte, sin que esto implique exigencias excesivas en el presupuesto familiar. La vivienda debe ser construida lejos de lugares peligrosos y de fuentes de contaminación.

• Adecuación Cultural.- La construcción de la vivienda debe ser un espacio de expresión de identidad y diversidad cultural de las comunidades dentro del contexto particular. La modernidad y el desarrollo no deben ser condicionantes para inmolar las creencias y dimensiones culturales. La vivienda como espacio sociocultural revela la importancia de las interacciones sociales de sus integrantes en una producción dinámica entre el individuo y su medio, visualizando actitudes, valores normas y concepciones de organización social. (Red-DESC, s.f.)

La provisión de vivienda adecuada y digna con pertinencia cultural, en la Misión Casa para Todos, se refiere a la construcción de soluciones habitacionales, que incluya el diseño de tipologías de vivienda de acuerdo a las características de la población beneficiaria, la construcción de espacios de recreación y fomento de actividades productivas en los proyectos de vivienda de interés social y, la aplicación de diseños constructivos acorde a las realidades territoriales y culturales de la población.

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Las nuevas políticas de vivienda de interés social han implicado significativos cambios en los papeles de los sectores público y privado. El sector público ha asumido por lo general como regulador del sector; como gestor del sistema de subsidios directos a la demanda de viviendas, y como agente “subsidiario” en determinados papeles que el sector privado no está en condiciones de desempeñar adecuadamente. El sector privado ha tomado la responsabilidad en la construcción de viviendas de interés social, y también ha proporcionado crédito hipotecario a su financiamiento en condiciones de mercado.

Por su parte, los hogares de menores ingresos han aportado ahorros al financiamiento de sus viviendas y también lotes de terreno para construcción en terreno propio. (Held, 2000, pág. 5).

En el marco de la Misión Casa para Todos, el Estado a través del Presupuesto General deberá proveer de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto de inversión que se elabore para la construcción de viviendas de interés social y, por otro lado a través del aporte de los privados como inversionistas extranjeros y alianzas público privadas que contribuyan a la dinamización del empleo y la economía nacional.

La Misión, abarca la modalidad de viviendas 100% subvencionadas dirigidas a aquellos núcleos familiares que se encuentran en pobreza y pobreza extrema y que no poseen vivienda o la misma se encuentra en estado irrecuperable. Otra modalidad corresponde a las viviendas de interés social en copago que incluye subsidio a la cuota inicial y/o la tasa de interés, dirigida a población de bajos ingresos. Para la vivienda en modalidad copago se establecen dos opciones: modalidad de arriendo con opción a compra y crédito hipotecario, dependiendo del valor de la vivienda y de la capacidad de pago de la población.

03

Modelos de financiamiento

La participación comunitaria es la acción popular que garantiza la autenticidad de la toma de decisiones, y es el antecedente determinante que legitima cualquier proyecto social ya que cuando la comunidad es participe de su obra se empodera de su proyecto y se garantiza su sustentabilidad.

“La participación es condición indispensable para el desarrollo sociocultural comunitario. Ha sido admitida y difundida como recurso del desarrollo, con énfasis en su carácter activo referido a la intervención de los miembros de la sociedad en el proceso de toma de decisiones. Es el derecho de cada ciudadano a expresar sus ideas y decidir sobre su futuro; a nivel personal significa decidir sobre lo que concierne a la propia vida y a nivel de colectivo es decidir sobre el proyecto histórico y el futuro que se desea”. (Macías, 2014, pág. 21)

Según Ander-Egg, citado por Macías 2014, existen tres condiciones básicas para la participación comunitaria:

1. Proporcionar instrumentos para la participación (…), para ello hay que saber aplicar técnicas grupales, planificar actividades, organizar el trabajo y administrar organizaciones.

2. Institucionalización de los mecanismos de participación

3. Inclusión de elementos de información que dan sentido al ejercicio mismo de participar.

La comunidad es portadora de amplios conocimientos, habilidades, experiencias, mitos, leyendas, tradiciones que han sido acumuladas por los individuos y transmitidas de una generación a otra a través de la tradición oral. Esto permite que la intervención comunitaria

04

Mecanismos para construcción de

comunidad participativa

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sea activa en todo el proceso social, desde la identificación de necesidades y la formulación y definición de políticas que respondan a una problemática particular.

Por ende, la participación comunitaria es un proceso activo y dinámico, de carácter natural y espontáneo que hace que los actores sociales se sientan parte del problema y sean miembros diligentes en formulación de las posibles soluciones, de forma creativa. Por consiguiente, en el marco de la Misión Casa para Todos, los mecanismos para construcción de comunidad participativa, implica la creación de espacios de cohesión social en la comunidad a través del acompañamiento continuo de los gestores sociales quienes orientan la creación de redes que den respuesta a las necesidades territoriales, bajo los principios de corresponsabilidad, respeto y trabajo colectivo.

Objetivos

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07. Objetivos

Objetivo General

Fortalecer el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia cultural y a un entorno seguro, que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos vinculados al hábitat, priorizando a la población en situación de pobreza extrema y moderada.

Objetivos Estratégicos

• Optimizar el uso y gestión del suelo, generando un hábitat seguro y saludable, desde una perspectiva equitativa y sustentable, en concordancia con los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos.

• Promover el desarrollo de programas habitacionales integrales que respondan a las necesidades de accesibilidad, de inclusión socio cultural e intergeneracional; con énfasis en aquellos grupos prioritarios que se encuentren en situación de pobreza extrema y moderada.

• Generar mecanismos incluyentes e innovadores de financiamiento, para facilitar el acceso a vivienda a la población, con énfasis en aquella que se encuentra en situación de pobreza extrema y moderada.

• Promover la cohesión y equidad social, a través del reconocimiento de las fortalezas, habilidades, intereses y capacidades individuales y colectivas, construyendo mecanismo de convivencia comunitaria para el desarrollo integral de sus habitantes

Acciones o estrategias por componente

Tabla 1: Acciones o estrategias por componente de la Misión Casa para TodosComponentes Estrategias Institución

Uso y gestión del suelo para un

hábitat seguro y saludable .

Mantener un catastro de terre nos como potenciales espacios para construcción de vivienda de interés social.

MIDUVI

Identi�car terrenos para construcción en territorios priorizados, en relación a la población con mayor necesidad de vivienda.

Caracterización de los terrenos para construcción a través de criterios, técnico urbanístico, �nanciero y legal.

Acuerdos con constructores privados que aporten con predios para la construcción de vivienda.

Generación de alianzas estratégicas con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para la dotación de servicios bási cos en los terrenos donde se construirán proyectos habitacionales de la Misión Casa para Todos.

Acceso a vivienda

adecuada y digna con pertinencia

cultural

Disminución del d é�cit habitacional cuantitativo mediante el acceso a vivienda nueva.

MIDUVIMIES

Articular con los GAD la ejecución de viviendas de interés social en el marco de los planes de ordenamiento territorial y uso de suelo.

MIDUVI GAD’s

Veri�car el cumplimiento de la Norma Ecuatoriana de Construcción en los proyectos habitacionales así como la pertinencia cultural, ambiental y social de los territorios.

MIDUVI EEEP EPCPT

Diseño de las tipologías de vivienda de acuerdo a las caracterís ticas de la población bene�ciaria.

MIDUVI

Aplicación de sistemas constructivos para provisión de vivienda de acuerdo a las realidades territoriales y culturales de la población bene�ciaria.

MIDUVI

Implementar en todos los proyectos habitacionales espacios públicos y de recreación con accesibilidad universal.

MIDUVI

MIDUVIMEF

Modelo de �nanciamiento

Ejecutar alianzas público privadas con constructores privados para que intervengan en predios públicos y privados.

MIDUVI EPCPT

Diseño de productos �nancieros para adquisición de vivienda con tasa de interés preferencial.

BANCA PÚBLICA

MEF

Mecanismos para

construcción de

comunidad participativa

Elaborar un proyecto de inversión, que permita canalizar los recursos necesarios para la construcción de viviendas de interés social.

Creación de espacios de participación y cohesión ciudadana en la comunidad a través del acompañamien-to continuo de gestores sociales.

Creación de redes sociales que promuevan acciones cuyo objetivo sea la construcción de comunidades activas y corresponsables del uso y mantenimiento de los bienes entregados.

Coordinación con instituciones público privadas para la gestión de servicios y programas en bene�cio de la comunidad.

Caracterización de la población para la prestación de servicios sociales complementarios en el marco de una Estrategia de Fortalecimiento Comunitario, para referen-cia y contra referencia de servicios sociales.

Desarrollo de protocolos para la adjudicación de vivien-da a los bene�ciarios que garanticen la convivencia.

Seguimiento a los bene�ciarios de vivienda en el buen uso y buena vecindad en los proyectos de vivienda adjudicados.

STPTV

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Bienes y serviciosTabla 2: Bienes y servicios por actores

Componentes Servicios Actores

Uso y gestión del suelo para un hábitat seguro y saludable.

Identi�cación de predios para proyectos habitacionales.

MIDUVI Categorización de terrenos. Asignación de predios. Cali�cación de predios para construcción en terreno propio.

Acceso a vivienda adecuada y digna con pertinencia cultural

Identi�cación de núcleos familiares en situación de extrema pobreza.

MIDUVIMIES

Identi�cación de núcleos familiares en situación de pobreza moderada. Tipologías de Vivienda aprobados. Sistemas constructivos aprobados. Espacios verdes y de recreación construidos.

Modelo de �nanciamiento

Viviendas 100% subvencionadas construidas.

MEF MIDUVI

Viviendas con subvención a la cuota inicial y a la tasa de interés construidas. Viviendas con subvención a la tasa de interés construidas. Viviendas en arriendo con opción a compra construidas.

Mecanismos para construcción de comunidad participativa

Ficha de Uso y ocupación de la vivienda. MIDUVI Caracterización socio espacial.

STPTV Protocolo de mudanza. Diagnóstico de construcción de comunidad. Plani�cación participativa. Fortalecimiento y construcción comunitaria.

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