Informe de Transición de Gobierno 2015 - 2016 - ONUonu.org.gt/wp-content/uploads/2016/04/Informe-de-Transicion.pdf · de gobierno, evitando muchas veces que las iniciativas y esfuerzos

Informe de Transicin de Gobierno 2015 - 2016

1Gobierno de Guatemala



Gobierno de GuatemalaSecretara de Planificacin y Programacin de la Presidencia

Gobierno de Guatemala2


Secretara de Planificacin y Programacin de la Presidencia (Segepln)9. Calle 10-44, Zona 1 Guatemala, CentroamricaPBX: 2504-4444www.segeplan.gob.gt

Elaborado por: Segepln

Impreso en Serviprensa, S. A.3. Avenida 14-62, Zona 1Guatemala, CentroamricaPBX: 2245 8888www.serviprensa.com

Esta publicacin fue impresa en enero de 2016.La edicin consta de 1,000 ejemplares en papel bond blanco, 80 gramos.

Se permite la reproduccin de este documento, total o parcial, siempre que no se alteren los contenidos ni los crditos de autora y edicin.

972.81053 Guatemala. Secretara de Planificacin y ProgramacinS454 it de la Presidencia -Segepln. Informe de Transicin : Gobierno de Guatemala 2015 - 2016 . Guatemala : Segepln, 2016. 289 p. : Anexos, Siglario, Referencias bibliogrficas. ISBN: XXX-XXXX-XXX-XX-X

1. Guatemala Transicin Poltica 2015 - 2016 2. Guatemala Administracin Pblica 3. Guatemala Poltica y Gobierno I.t



INFORME DE TRANSICINGOBIERNO DE GUATEMALA

2015 - 2016

Gobierno de GuatemalaSecretara de Planificacin y Programacin de la Presidencia

5Gobierno de Guatemala Gobierno de Guatemala4



5Gobierno de Guatemala Gobierno de Guatemala4

ndicePrlogo 7

Introduccin 9

I. La agenda pblica 2014 2016 11

II. De la crisis al cambio: la necesidad de romper el crculo vicioso de la corrupcin, hacia una nueva Guatemala 17

Una ciudadana activa frente a la crisis poltica del pas 18

El debilitamiento de la institucionalidad pblica 18

Un proceso electoral desafiante 19

Los efectos en la clase poltica y el gobierno de la transicin 20

III. Marco conceptual y elementos clave del proceso de transicin 23

Metodologa e instrumentos 24

Resultados generales 27

IV. Prioridades para la transicin de gobierno 2015-2016 31

Dimensin democrtica 31

Dimensin ambiental 65

Dimensin social 79

Dimensin urbano - rural 117

Dimensin econmica 131

Anexos 165

Siglario 281

Referencias bibliogrficas 289



ndice de TablasTabla 1. Resumen de prioridades por nivel y dimensin 28

Tabla 2. Prioridades selectivas del nivel 1 por dimensin y categora 28

Tabla 3. Prioridades selectivas del nivel 1 de carcter urgente 29

Tabla 4. Prioridades selectivas del nivel 1 por dimensin y fuente de financiamiento 30

Tabla 5. Prioridades selectivas: Nivel 2 de la dimensin democrtica 52

Tabla 6. Prioridades selectivas: Nivel 2 de la dimensin ambiental 74

Tabla 7. Prioridades selectivas: Nivel 2 de la dimensin social 97

Tabla 8. Prioridades selectivas: Nivel 2 de la dimensin urbana - rural 127

Tabla 9. Prioridades selectivas: Nivel 2 de la dimensin econmica 142



Prlogo El desarrollo es un proceso sostenido y continuado en el tiempo que requiere visiones polticas compartidas por una sociedad, abordajes y coordinaciones intersectoriales, polticas pblicas tcnicamente formuladas y participativamente legitimadas, inversiones estratgicas con visin de costo-efectividad y, sobre todo, responder de manera constante a la aspiracin de igualdad e inclusin, principios centrales para la mejora de las condiciones de vida de la poblacin. Ello excluye cualquier discriminacin y exige un marco de respeto a los derechos humanos.

No se trata de un cambio automtico, tampoco es una meta inmutable; por el contrario, constituye un camino que se prolonga en el tiempo, en el que debe avanzarse con firmeza y aplomo; en otras palabras, es un ejercicio progresivo de generacin de oportunidades para cada ciudadana y ciudadano, donde la democracia como valor de vida no solo como mtodo de eleccin de autoridades cada tantos aos se consolida como fundamento de las decisiones que una sociedad toma.

Frente a ello, los Estados asumen agendas que incluyen medidas de corto, mediano y largo plazos, sabiendo que los grandes cambios no son ms que el acumulado de millares de acciones e intervenciones que deben sostenerse intertemporalmente para brindar frutos. De no ser as, la esperanza depositada en el avance de los indicadores de desarrollo se ve frustrada por la interrupcin de procesos en ciernes, evitando que generen efectos positivos para la sociedad.

La continuidad de los recursos humanos, la permanencia de estrategias y polticas que lo merecen, y la utilizacin del tiempo de la mejor manera posible aceleran el aprendizaje del hacer gobierno, evitando iniciar desde cero cuestiones ya avanzadas. Es por eso que desde hace ms de un ao hemos acompaado un proceso de transicin entre gobiernos, que finalmente ha representado un trabajo entre tres administraciones pblicas.



Por ello, como Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en Guatemala, hemos desarrollado con el Gobierno del pas un proceso ordenado de transicin sustentado en una metodologa elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la cual ha sido probada durante una serie de experiencias en diversos lugares del planeta. Su objetivo central fue identificar y priorizar el conjunto de intervenciones pblicas en todos sus niveles que Guatemala debe continuar, incorporar o descartar con miras a mejorar su desempeo en materia de desarrollo. Al fin de cuentas, lograr el bienestar es el fin supremo del Estado, segn la Constitucin Poltica de la Repblica.

Como resultado, se dispone en la actualidad de un amplio cmulo de informacin estratgica y orientadora sobre el quehacer pblico, bases de datos y seleccin de temas prioritarios acerca del anlisis preciso de las necesidades y circunstancias que el pas vive. Para ello nos hemos valido del proceso de planificacin de largo plazo a nivel nacional, y compartido nuestra experiencia obtenida en varios pases. Estos insumos permiten a la administracin saliente simplificar y ordenar la informacin que entrega; a la entrante, comenzar su perodo con una plataforma tcnico-poltica que acerca la posibilidad de comenzar a generar resultados.

Como SNU reconocemos la disposicin y la alta calidad de la colaboracin de la Secretara de Planificacin y Programacin de la Presidencia (Segepln) y agradecemos a todas las instituciones pblicas del gobierno central, as como a las entidades autnomas y descentralizadas que hicieron posible este esfuerzo.

La destinataria central y final del proceso de transicin ha sido en todo momento la ciudadana guatemalteca en su conjunto, con nfasis en nias, nios, jvenes, mujeres y pueblos indgenas, quienes requieren especial atencin y proteccin. Tenemos seguridad de que este proceso ser clave para iniciar la implementacin de la Agenda de Desarrollo 2030, con sus diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al acercarnos a la fecha del Vigsimo Aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz, momento que nos recuerda que la unin de esfuerzos de los diferentes actores sociales es un elemento crucial para que el desarrollo signifique ms y mejor vida para todas y todos.

Valerie JulliandCoordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en GuatemalaRepresentante Residente del PNUD



IntroduccinDurante la vida democrtica de Guatemala han sucedido cambios de administracin de gobierno cada cuatro aos, tal y como lo establece la Constitucin Poltica de la Repblica. En el transcurso de veinte aos no ha gobernado durante dos perodos cOnsecutivos o alternos el mismo partido poltico, lo cual ha generado como resultado inevitable el cambio de los principales tomadores de decisin en el nivel poltico y, en ausencia de una ley del servicio civil reformada, tambin de gran parte de los equipos tcnicos de las diferentes instituciones gubernamentales. Estos cambios han dificultado que el pas cuente con polticas pblicas que trasciendan los perodos de gobierno, evitando muchas veces que las iniciativas y esfuerzos importantes que se han implementado por medio de programas, proyectos o acciones especficas tengan continuidad.

Las causas de todo ello no residen nicamente en la ausencia de voluntad poltica; en muchas ocasiones este problema est asociado con la falta de informacin precisa y oportuna brindada por las autoridades salientes a las nuevas autoridades electas, con respecto a los procesos priorizados por las instituciones pblicas a los que se les debe dar seguimiento. Indiscutiblemente, el resultado de esta situacin ha impactado en el bajo desempeo que el pas ha tenido en reducir, de manera sostenida y progresiva, los principales indicadores de pobreza, exclusin y desigualdad, condiciones en las que vive la mayor parte de la poblacin guatemalteca.

Conscientes de esta problemtica, la presente administracin de gobierno ha preparado un proceso de transicin con las autoridades entrantes, que tiene como objetivo trasladarles informacin relevante vinculada con los principales programas, polticas pblicas y procesos iniciados durante la administracin 2012-2016. A estos, por su carcter estratgico para el desarrollo del pas, se recomienda darle continuidad.

La informacin que forma parte de la transicin fue establecida por las diversas instituciones pblicas que han priorizado entre sus acciones aquellas que tienen mayor relevancia para el desarrollo; que han sido implementadas con algn grado de



resultados satisfactorios, y que a la vez reflejan los procesos estratgicos de su funcin sustantiva y, por consiguiente, deben ser retomados por el Gobierno como parte de la gestin pblica. En este sentido, se han identificado 68 prioridades selectivas de nivel 1, entendidas como prioridades estratgicas definidas por las instituciones y que son importantes para el Estado, dado su impacto directo en la poblacin o vinculacin con el desarrollo del pas. Tambin pueden considerarse en este nivel aquellos procesos con mejor viabilidad u oportunidades para el futuro del Estado. De detenerse, podra tenerse consecuencias jurdicas de alto impacto para el Estado, se comprometera la sostenibilidad de procesos, o se revertiran los avances alcanzados por el pas.

As, la informacin que se est trasladando en este proceso de transicin no es de carcter administrativo, financiero o acerca de las actividades rutinarias de cada una de las instituciones del Ejecutivo. El presente informe de transicin constituye un instrumento poltico-estratgico sobre los procesos, productos, actividades, polticas pblicas y temas institucionales que son prioritarios, urgentes y que es necesaria su continuidad para alcanzar las metas de desarrollo del pas.

El actual proceso de transicin gubernamental se llev a cabo con el acompaamiento tcnico del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) y la coordinacin de la Secretara de Planificacin y Programacin de la Presidencia (Segepln), lo cual permiti la identificacin y traslado de informacin estratgica de 85 instituciones que priorizaron procesos, temas y acciones institucionales determinantes para el desarrollo del pas.



I. La agenda pblica 2012-2014Al iniciarse la administracin de gobierno 2012-2016, Guatemala se caracterizaba por ser un pas con 16 aos de vida democrtica, durante los cuales se haba logrado avances en el fortalecimiento del Estado, aunque tambin existan grandes rezagos relacionados con el pleno goce de los derechos econmicos y sociales de la poblacin, tal y como lo establecen los Acuerdos de Paz e importantes instrumentos de derechos humanos que el Estado de Guatemala ha suscrito.

Los aos previos a esta administracin estuvieron marcados por la crisis en los precios del petrleo, materias primas y alimentos; la recesin econmica internacional y los efectos acumulados del cambio climtico que afectaron a Guatemala y generaron consecuencias econmicas significativas en las finanzas nacionales. Desde 2011 se vislumbr un acumulado de mayor demanda nacional y un mayor dficit de recursos para los siguientes aos, debido a la disminucin de los ingresos tributarios como consecuencia de la cada de las importaciones y exportaciones, los procesos de reconstruccin y la postergacin de la reforma tributaria. En el mbito de la seguridad, el escenario mostraba el impacto del crimen organizado y el narcotrfico, incluyendo las estructuras internas asociadas con las fuerzas de seguridad (Presidencia de la Repblica, 2011: 13-14).

Para entonces la funcin del Estado estaba circunscrita a una agenda pendiente de cambios y transformaciones estructurales, entre ellas, las reformas a la Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala, que no pudieron realizarse durante la administracin 2012-2016. En dichas reformas se buscaba avanzar en el tema de identidad y derechos de los pueblos indgenas, as como lograr cambios en el sistema electoral y de partidos polticos y en el sistema de justicia, entre otros.

Indiscutiblemente, las brechas por cerrar eran innumerables y a la luz de la escasez de recursos financieros, la administracin gubernamental de 2012-2016 defini su poltica en cinco ejes de trabajo: a) seguridad democrtica y justicia; b) desarrollo econmico competitivo; c) infraestructura productiva e infraestructura social; d) desarrollo social; e) desarrollo rural sustentable. Tambin se establecieron tres pactos de gobierno : a) Pacto Hambre Cero; b) Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz; c) Pacto Fiscal y de Competitividad.



En el eje de seguridad democrtica y justicia se reconoci la situacin de inseguridad en la que ha vivido la poblacin guatemalteca, debido al accionar de la criminalidad organizada y no organizada, productora de delitos como lavado de dinero, trata de personas, trfico de armas, sicariato, extorsiones, robo y hurto, entre otros. Asimismo, el pas ha sido escenario de acciones violentas de maras y pandillas contra la vida de las personas y sus bienes. Ante este panorama, la capacidad de las instituciones para proveer seguridad, impartir justicia y reducir la impunidad ha sido insuficiente. Para hacer viable los propsitos de la poltica de gobierno se plante el Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz.

Este pacto se defini como un esfuerzo del Organismo Ejecutivo que propona una agenda participativa de compromisos institucionales y sectoriales para mejorar la seguridad de los ciudadanos, sus bienes y su entorno, as como fortalecer el sistema de justicia. Se planteaba principalmente la reduccin de dos indicadores fundamentales: a) la reduccin de la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, esperando cerrar los cuatro aos de gestin con una tasa de 28 puntos, y b) la reduccin de la tasa de hechos delictivos contra el patrimonio, que cerrara en 102 por cada 100,000 habitantes, en el mismo perodo.

Segn las proyecciones del Miniterio de Gobernacin (Mingob) para diciembre de 2015, la reduccin de homicidios tuvo una evolucin gradual, acercndose a la referida meta, pues se lleg a una tasa de 30 puntos por cada 100,000 habitantes. La tasa de hechos delictivos, por su parte, super la meta, quedando en 96 puntos al cierre.

Entre las variables que pueden someterse a anlisis y que pudieron contribuir a la disminucin de estos indicadores, cabe considerar el proceso de formacin y profesionalizacin de la Polica Nacional Civil (PNC), as como el aumento sustantivo de las fuerzas policiales que, al cierre de 2015, contaban con ms de 32,800 agentes activos. Asimismo, el trabajo multidisciplinario entre el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef), el Ministerio Pblico (MP) y la PNC tuvo importantes logros, como las desarticulaciones de estructuras criminales y la captura de importantes cuadros superiores de organizaciones del narcotrfico. De la misma manera, la adquisicin de nuevas tecnologas favoreci el monitoreo y vigilancia ciudadana para la prevencin del delito.

Por otra parte, se formalizaron diferentes instrumentos estratgicos que deben ser analizados para su implementacin y/o continuidad, tales como la Agenda estratgica de seguridad de la nacin y su plan, la Agenda nacional de riesgos y amenazas, la Poltica nacional de seguridad, el Libro blanco de seguridad y la Poltica nacional de prevencin de la violencia y el delito, seguridad ciudadana y convivencia pacfica, entre otros.



En materia de desarrollo econmico, la administracin gubernamental se propona alcanzar un crecimiento de entre el 4 y el 5 por ciento anual, capaz de generar una mayor cantidad de empleos formales que facilitaran una mejora en la calidad de vida de la poblacin. Por ello, retomar la Agenda nacional de competitividad se consider un motor importante para este fin, facilitando los trmites y la mejora del clima de negocios.

Este eje constituy una plataforma importante para promover el Pacto fiscal y de competitividad. Se impulsaron acciones en reas estratgicas como el empleo, donde se propona la ampliacin de la capacidad de generacin de puestos de trabajo. Para lograrlo, se consider relevante incentivar las condiciones para producir y elevar la competitividad as como prestar el apoyo necesario a los sectores productivos que contaran con potencial para desarrollarse. En ese sentido, la implementacin de las acciones previstas en el plan permiti alcanzar los siguientes resultados: a) reduccin de la informalidad, del 74.5 por ciento, en 2012, al 65.8 por ciento, en 2014 (pese a los avances, es claro que el mercado laboral contina siendo precario y de subsistencia); b) disminucin del subempleo, pasando del 17.8 por ciento, en 2012, al 11.7 por ciento, en 2014; c) mantenimiento de la tasa de desempleo en 2012 y 2014 en 2.9 por ciento, con algunos incrementos en los aos que median el perodo analizado; d) el trabajo infantil continu siendo representativo del mercado laboral, esto, a pesar de la reduccin observada entre los aos 2012 y 2014, cuando el indicador pas del 19.2 al 10.7 por ciento. La eliminacin del trabajo infantil an no constituye una realidad en el pas y es, por consiguiente, uno de los desafos de primer orden para el Estado de Guatemala.

Asimismo, se estableci el compromiso de promover la competitividad del pas. En este marco, se realizaron acciones de capacitacin para el trabajo, con miras a satisfacer las necesidades del mercado laboral y asegurar mejores retornos (salarios) para el bienestar de las personas y el impulso a los dinamizadores de la economa. La implementacin de las acciones previstas en el plan permiti alcanzar los siguientes resultados: a) el pas mejor su posicin en el ndice de Competitividad Global, al pasar de la posicin 83 en 2012/2013 entre un total de 144 pases medidos, a la posicin 78 en 2015/2016 entre 140 economas analizadas; b) el mantenimiento de los ingresos salariales, superando el mnimo establecido. En el ao 2012, el promedio salarial que devengaban los trabajadores era de Q1,879.00 para los asalariados, en tanto que para los trabajadores independientes fue de Q1,586.00, con matices diferenciados entre los trabajadores del rea urbana rural. Para 2014, los salarios promedio mensuales de los asalariados y los trabajadores por cuenta propia reportaron un valor de Q2,229.00 y Q2,158.00, respectivamente.

En el mbito macroeconmico se propuso una gestin coherente, estable, que promoviera el crecimiento econmico por medio de un manejo integrado de la poltica fiscal, monetaria, cambiaria, el sistema financiero y la mejora en la calificacin de riesgo pas.



El crecimiento econmico en trminos constantes observ una tendencia creciente durante el perodo 2012-2015. En el primero de estos aos fue de 3.0; en 2013 se increment a 3.7; luego, en 2014, a 4.2, proyectndose una tasa de entre el 3.6 y el 4.2 por ciento, en 2015.

En el eje de infraestructura productiva y social para el desarrollo, el propsito del Gobierno se orient hacia la mejora de los indicadores de la materia, sobre todo en el rea rural (caminos, escuelas, centros de salud y hospitales, vivienda, acceso a agua y saneamiento bsico, entre otros). Tambin fue importante elevar el ndice de electrificacin, impulsando una poltica energtica cuyo propsito es provocar un cambio en la matriz energtica, la cual ha empezado a transformarse. Este eje consider entre sus prioridades la infraestructura vial; asimismo, se realizaron obras de agua y saneamiento, reparacin y mantenimiento de edificios escolares, as como la construccin de caminos rurales, de asfalto, pavimento y terracera.

En 2015, se benefici a 5,251 familias con subsidios para la vivienda otorgados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y el Crdito Hipotecario Nacional (CHN), entidad financiera que tambin contribuy al alivio de las necesidades de vivienda, entregando 347 crditos por un monto de Q95.5 millones.

Durante el perodo 2012-2015, la red vial tuvo un crecimiento progresivo. En el ltimo ao de este perodo el incremento fue de 154 km, para alcanzar un total de 17,332.46 km. En cuanto a la electrificacin, datos estadsticos revelan que el ndice de electrificacin nacional alcanz el 90.50 por ciento de cobertura. Por medio de los proyectos implementados por el Instituto Nacional de Electrificacin (INDE) y dirigidos a la ampliacin de la cobertura se conect a las redes y lneas elctricas de distribucin a 10,031 nuevos usuarios del rea rural.

En el marco del eje de desarrollo social, se propuso la implementacin de cinco estrategias integrales diseadas con una visin de largo plazo y articuladas en una variedad de intervenciones multisectoriales: Cero Hambre, Hogares Saludables, Niez Preparada, Jvenes Protagonistas y Familias Seguras, programas diseados para contribuir con las necesidades de desarrollo de las y los guatemaltecos.

Este eje contemplaba la continuidad de las medidas de la administracin anterior. El escenario dio lugar a la creacin del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene la responsabilidad de ser rector de la poltica de desarrollo social y de los programas de proteccin social en el pas, instaurando, as, una institucionalidad orientada a atender a la poblacin ms vulnerable. Este cuenta con sustento legal, presupuestario, funcional y tcnico; pese al sustento conceptual de las intervenciones, su operativizacin se vio mermada en los ltimos aos. Como reflejo de este extremo, la situacin de pobreza sigue siendo un desafo de primer orden para el pas, ya que 59.3 por ciento de la poblacin guatemalteca padece esa condicin, siendo los indgenas y el rea rural los ms afectados.



En el Pacto Hambre Cero, las acciones dieron lugar a la implementacin del Plan del Pacto Hambre Cero, como la hoja de ruta para atender el hambre estacional y la desnutricin crnica. Se priorizaron 166 municipios, en los cuales se identificarn 10 intervenciones bsicas para el tratamiento de la desnutricin crnica: a) promocin y apoyo de la lactancia materna; b) mejoramiento de la alimentacin complementaria a partir de los 6 meses de edad; c) mejoramiento de prcticas de higiene, incluyendo el lavado de manos; d) suplementacin de vitamina A; e) suplementacin de zinc teraputico para el manejo de la diarrea; f) provisin de micronutrientes en polvo; g) desparasitacin y vacunacin de nios y nias; h) suplementacin de hierro y cido flico y/o tratamiento de anemia en mujeres embarazadas; i) prevencin de deficiencia de yodo; j) fortificacin de los alimentos con micronutrientes. Para el tratamiento del hambre estacional se considerarn medidas como: a) apoyo a la agricultura familiar; b) prevencin y tratamiento con alimentacin suplementaria; c) tratamiento oportuno con alimentos teraputicos listos; d) establecimiento de un sistema de alerta temprana; e) red de proteccin social contra el hambre estacional.

El trabajo conjunto favoreci la emisin de la Poltica de Promocin del Riego y la asistencia alimentaria a familias para hacer frente a la cancula prolongada. Asimismo, se impulsaron medidas orientadas a atender la desnutricin crnica mediante el Programa de Agricultura Familiar y la Ventana de los Mil Das. En este ltimo se brind orientacin a padres y madres de familia para el cuidado infantil, el monitoreo del crecimiento, la dotacin de sulfato ferroso y cido flico, la desparasitacin, la dotacin de esquemas complementarios de vacunacin, as como la promocin de la lactancia materna.

Entre los principales resultados de estas acciones, se puede mencionar la reduccin de la letalidad por desnutricin aguda en nios y nias menores de 5 aos, que al mes de octubre de 2015 se ubicaba en 0.90.1 En cifras netas, esto significa ms de 13,000 nios y nias salvados de la desnutricin en el perodo comprendido entre 2012 y 2015. A ello cabe agregar un milln de nios y nias de 6 a 23 meses de edad que han recibido alimento complementario en el perodo 2013-2015. Tambin se detect cerca de 60,000 casos de desnutricin aguda, para su tratamiento y recuperacin.

En cuanto a planificacin, monitoreo y evaluacin, los principales logros son la actualizacin del Plan estratgico para la seguridad alimentaria y nutricional (Pesn) y la puesta en marcha del Sistema de Informacin Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Siinsn). Este sistema requiere la participacin de las comisiones de seguridad alimentaria conformadas en los distintos niveles de organizacin territorial (Conasn, Codesn, Comusn y Cocosn), as como la realizacin del Cuarto censo nacional de talla de escolares (6 a 9 aos) de primer grado de educacin primaria del sector pblico, en coordinacin con el Instituto Nacional de Estadstica (INE) y el Ministerio de Educacin (Mineduc).

1 Segn la Comisin tcnica interinstitucional de anlisis de la mortalidad por desnutricin aguda en menores de 5 aos, semana epiDemiolgica 42-2015.



Para promover el desarrollo rural sustentable, la gestin gubernamental impuls medidas orientadas a favorecer la sostenibilidad de los recursos naturales que contribuyen a asegurar la disponibilidad y el acceso a los alimentos bsicos, as como la disminucin de la vulnerabilidad ambiental mediante la recuperacin y proteccin del suelo, el agua y los bosques, en el marco de un ordenamiento territorial y trabajo con enfoque de cuencas hidrogrficas. Como parte de estas acciones, se consider necesario impulsar el desarrollo sostenible, incentivando la inversin y el desarrollo econmico con responsabilidad ambiental y social, con base en los principios de certeza jurdica, reglas claras, agilizacin de procedimientos y adaptacin al cambio climtico. La implementacin de las acciones previstas en el plan permiti avanzar en la implementacin de la Poltica nacional de desarrollo rural integral (PNDRI), mediante el impulso del Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economa Campesina (Paffec). Asimismo, se emiti la Poltica Agraria como un instrumento fundamental del desarrollo rural y, con la aprobacin del Decreto 7-2013, el pas dio pasos firmes hacia la elaboracin de un plan de accin para la adaptacin y mitigacin frente al cambio climtico. Este ltimo es parte del conjunto de esfuerzos que promueve el Consejo Nacional de Cambio Climtico.

Por su parte, como pieza fundamental de los procesos de mejora de la gestin pblica, se adopt la gestin por resultados (GpR). Este enfoque se promovi con el propsito de avanzar hacia una gestin en la que las intervenciones del Estado se orienten hacia las personas. Este ha sido un cambio importante en el proceso plan-presupuesto, que progresivamente obliga a todas las instituciones a concatenar sus acciones y respetar lo planificado en funcin de lo programado en el presupuesto. Esta decisin se consolid con la emisin de las reformas a la Ley Orgnica del Presupuesto y su reglamento. En varios artculos de estas piezas jurdicas se refuerza la gestin por resultados como medida de eficiencia, eficacia, transparencia y rendicin de cuentas. El proceso ha avanzado con altibajos, razn por la que cobra especial relevancia la necesidad de aprobacin de la Ley de Planificacin y Evaluacin de la Gestin Pblica, en la que se busca fortalecer la institucionalidad de la planificacin y la evaluacin, en consonancia con lo que plantea el Plan nacional de desarrollo: Katun, Nuestra Guatemala 2032.

Al finalizar el perodo, el recuento de pendientes es amplio. En l destacan los desafos que representa contar con un Estado fuerte y comprometido. Son tareas pendientes, por ejemplo, la carrera de servicio civil, la reforma fiscal, la consolidacin del sistema de planificacin y evaluacin, el fortalecimiento del sistema nacional de informacin y estadsticas. En materia de desarrollo social y econmico, suman los desafos para que las instituciones cuenten con la capacidad de llegar a ms poblacin con servicios de calidad.



II. De la crisis al cambio: La necesidad de romper el crculo vicioso de la corrupcin, hacia una nueva GuatemalaEn el mes de abril de 2015, Guatemala vivi uno de los momentos ms complejos de su historia pero, al mismo tiempo, ms esperanzadores de su vida democrtica. As, la ciudadana fue testigo del inicio de un nuevo captulo para el pas, en el que el sistema de justicia ha sido el principal actor en dar respuesta a las demandas ciudadanas. Distintos sectores hicieron eco a las acciones emprendidas por el MP y la Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), entidades que desarrollaron acciones urgentes para esclarecer la presunta participacin de funcionarios pblicos de alto nivel en actos de corrupcin y defraudacin aduanera. Los efectos de esta crisis impactaron tanto en la clase poltica, como en la institucionalidad pblica, as como en el proceso electoral. El rol de la ciudadana fue fundamental.

Durante 2015, el MP y la Cicig han expuesto a la opinin pblica importantes casos relacionados con el contrabando y la defraudacin aduanera, corrupcin judicial y administrativa, el financiamiento electoral ilcito, narcotrfico y lavado de dinero. Todos los casos dieron lugar a escndalos de corrupcin en la administracin pblica que han trascendido a nivel internacional. Entre ellos, los referidos a la defraudacin aduanera en la Superintendencia de Administracin Tributaria (SAT); el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y una empresa privada, conocido como IGSS-PISA; el caso Lavado y poltica, vinculado con un partido poltico, adems de escndalos de corrupcin que involucran al Congreso de la Repblica y el Organismo Judicial (OJ). De todos estos se derivaron procesos de antejuicio, inclusive de prisin preventiva que encendieron la demanda ciudadana para exigir la renuncia y el debido proceso judicial en contra de los implicados, entre quienes se encontraban las mximas autoridades del Organismo Ejecutivo.



Una ciudadana activa frente a la crisis poltica del pasSon innumerables las expresiones que la ciudadana empoderada utiliz para manifestar su descontento y sus propuestas para transitar hacia una nueva etapa de la democracia en Guatemala. Estas manifestaciones se desarrollaron durante cuatro meses de manera sistemtica y permanente, lo cual incluy movilizacin en las diferentes cabeceras departamentales del pas. Entre las manifestaciones ms significativas destacan las ocurridas el 8 de mayo y el 27 de agosto; esta ltima, segn estimaciones, convoc a ms de 60,000 personas de diferentes grupos, organizaciones, culturas, edades y estratos sociales. Adems, fue la antesala de la renuncia presidencial.Es importante mencionar que la capacidad de convocatoria de los diferentes sectores, por primera vez en la historia del pas, se caracterizaba por la influencia de las redes sociales y una alta participacin de jvenes. Algunos intentos por aterrizar en planteamientos concretos incluyeron las propuestas de importantes sectores, los cuales abarcaron la definicin de una hoja de ruta para el rescate de la SAT mediante una reestructuracin y procesos de investigacin profundos, adems de propuestas de reformas a leyes importantes que permitieran cambios estructurares en el pas. Entre ellas destacan las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado2 y a la Ley Electoral y de Partidos Polticos. Algunos sectores ms aventurados propusieron posponer las elecciones y hasta se hablaba de una reforma a la Constitucin Poltica de la Repblica.

Los acontecimientos del ao 2015 tuvieron el sello de una ciudadana activa que exigi cambios en la gestin de la administracin pblica, y puso sobre la mesa la necesidad de encontrar soluciones a los problemas que aquejan al pas, los cuales en gran medida se relacionan con la reforma fiscal y la reforma poltica del Estado.

El debilitamiento de la institucionalidad pblicaEn el contexto de la crisis, los problemas de las instituciones pblicas se agudizaron progresivamente. Se acentu la crisis hospitalaria y se debilit la moral tributaria. Esto ltimo se vino a sumar a las dificultades del sistema tributario en el pas, lo cual incidi en que el Estado se viera limitado para cumplir con sus compromisos bsicos en cuanto a brindar bienes y servicios esenciales a la poblacin. Tambin se dificult atender casos de conflictividad y de fortalecimiento de la gobernabilidad del pas.

El hecho de que la funcin pblica fuera cuestionada seriamente y a todo nivel, hizo que se retomara, como parte de las propuestas de cambio, las reformas a la Ley de Servicio Civil. Son reiterados los planteamientos de analistas, acadmicos

2 Aprobada por el Congreso de la Repblica, Decreto 57-92.



y organismos internacionales que resaltan la importancia de fortalecer el servicio pblico a partir del reforzamiento de sus controles, y contar con servidores pblicos con capacidad, idoneidad, responsabilidad, transparencia y compromiso con su pas.

Por su parte, en su informe del octavo ao de labores, la Cicig resalta la necesidad [] de cambiar las reglas que determinan el que hacer [sic] del Estado de Guatemala (incluidos los partidos polticos) y su forma de relacionarse con los proveedores de bienes y servicios. Enfatiza reformas a leyes prioritarias como la Ley Electoral y de Partidos Polticos; la Ley de la Carrera Judicial; la Ley de Compras y Contrataciones del Estado; la Ley de Servicio Civil; la Ley de Antejuicio, as como la Ley Orgnica del Ministerio Pblico (Cicig, 2015: 70).

Un proceso electoral desafianteEl proceso electoral dio inicio a tan solo dos semanas de que fuera anunciada la existencia de una red de corrupcin en la SAT. Desde el principio, perme la incertidumbre para ciudadanos y ciudadanas en torno a las candidaturas a los diferentes cargos de eleccin popular. Este perodo electoral plante importantes desafos para la clase poltica, en ese momento vinculada con los diferentes partidos. La sociedad no era la misma, era ms crtica y demandante de soluciones prontas y efectivas. En trminos generales, el escenario era difcil y tambin oscilaba entre propuestas, como ya se ha mencionado, de sectores que por un lado exigan el aplazamiento de las elecciones en virtud de no haber condiciones y, por el otro, sectores que, como el Congreso de la Repblica, sostenan la importancia de su realizacin en la fecha establecida.

Con este teln de fondo, el proceso electoral constituy, como nunca antes, un espacio importante para que la ciudadana exigiera que los partidos polticos plantearan propuestas de mejora para el futuro del pas.

La crisis poltica motiv un comportamiento atpico de la poblacin durante el proceso electoral, en el cual progresivamente la intencin del voto fue mostrando una dinmica distinta, en comparacin con otros procesos electorales. En el escenario tambin persista la demanda por depurar la lista de candidatos no idneos para ocupar un cargo pblico, incluyendo los que se consideraba tenan algn impedimento legal (Ases, 2015: 43).

Es importante acotar que para las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Polticos diferentes sectores se organizaron, se pronunciaron y trabajaron arduamente para promover una nueva propuesta; no obstante, la misma no tuvo el eco esperado en el Congreso de la Repblica, ante un escenario difcil, ya que se estaba a pocos das de las elecciones generales en las que nuevas autoridades seran electas popularmente.



Pese a la situacin, o como producto de la misma, el 70.33 por ciento de los ciudadanos inscritos para votar acudi a las urnas el 6 de septiembre, con el propsito de elegir autoridades a nivel nacional y municipal. Para la segunda vuelta, realizada el 25 de octubre, solamente el 56.32 por ciento de empadronados acudi a la eleccin de presidente y vicepresidente.

La primera vuelta electoral arroj un resultado muy reido sobre los partidos que pasaran a segunda vuelta. Asimismo, se mostr un cambio de comportamiento al colocar en primer lugar a un partido que inicialmente no se avizoraba como favorito. En cuanto al Congreso y el nivel local, los resultados mostraron importantes procesos de reeleccin de diputados y alcaldes, incluyendo casos con recientes sealamientos de corrupcin.

Los resultados de la segunda vuelta mostraron que el nuevo presidente y vicepresidente electo son Jimmy Morales y Jafet Cabrera del partido FCN-Nacin, respectivamente, quienes obtuvieron el 67.44 por ciento de los votos vlidos, es decir, un total de 2,750,847 votos, frente a un 32.56 por ciento de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que obtuvo 1,328,381 votos.3

Los efectos en la clase poltica y el gobierno de la transicinDurante la crisis poltica del pas, la sociedad guatemalteca solicitaba cambios importantes a los ms altos niveles del gabinete de gobierno. Estos cambios se concretaron con la renuncia de la vicepresidenta, el 8 de mayo, y del presidente de la Repblica, el 3 de septiembre. En consecuencia, varios funcionarios de distintas carteras ministeriales renunciaron a sus cargos y otros fueron destituidos.

La tensin social y poltica hizo evidente el rechazo a los partidos polticos que en ese momento encabezaban la intencin de voto en las encuestas. Las manifestaciones de ese rechazo abarcaron diferentes expresiones, como la no aceptacin de realizar mitines polticos, la instalacin de propaganda publicitaria o su sustitucin por formas creativas de arte.

Tal y como corresponde, a partir de la renuncia de la Vicepresidenta se present una terna al Congreso de la Repblica para la designacin del nuevo vicepresidente. Tras ese proceso, se nombr al licenciado Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre, quien con la posterior renuncia del Presidente Prez Molina, fue nombrado como Presidente de la Repblica de Guatemala para completar el perodo constitucional, que finaliza el 14 de enero de 2016. Con el mismo procedimiento establecido en la ley, el Congreso nombra a Juan Alfonso Fuentes Soria como Vicepresidente, para finalizar el perodo referido.

3 Acorde con la informacin del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



Este nuevo gobierno (de transicin) asumi en un contexto de altas expectativas de la sociedad guatemalteca por ordenar la casa, para empezar a recobrar la confianza de la ciudadana y fortalecer la legitimidad del Gobierno con nuevos rostros. Para el efecto, el Presidente extendi un llamado a la ciudadana para que lo acompaara en su gestin. En relevantes intervenciones, el presidente Maldonado ha sealado la importancia de conocer la historia como elemento fundamental para no repetir los errores del pasado; ha resaltado el valor de la lucha y participacin de guatemaltecos y guatemaltecas a lo largo de la historia del pas. El Presidente Maldonado Aguirre ha propugnado por la construccin de un pas solidario y democrtico, as como por la recomposicin de las instituciones.4

As, durante la gestin del gobierno de transicin se han desarrollado los esfuerzos necesarios para atender las expectativas de la sociedad guatemalteca. Destaca la reconfiguracin del gabinete de gobierno, el acercamiento a la comunidad internacional para retomar las relaciones diplomticas, as como estrechar lazos de cooperacin con el pas. En este marco, cabe subrayar la participacin de Guatemala en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el mes de octubre, reunin en la que se asumieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); similares esfuerzos implic la participacin del pas en la Conferencia sobre Cambio Climtico de Pars (COP21), donde se abordaron los compromisos para atender y enfrentar los desafos del cambio climtico. Entre otros temas asumidos, estn el Plan Alianza para la Prosperidad, una propuesta de cooperacin con Guatemala, Honduras y El Salvador para abordar prioridades del desarrollo del pas y, sobre todo, para atender los problemas que enfrenta la niez migrante no acompaada.

El gobierno de transicin ha continuado con la lucha contra la corrupcin, lo cual se expresa en el ejercicio administrativo de revisin y anlisis de contratos establecidos en algunas carteras ministeriales y consecuentes denuncias o rescisin de contratos. Los esfuerzos tambin se han orientado a fortalecer la gobernabilidad del pas, particularmente en la atencin a casos de conflictividad como la entrega de resarcimiento econmico individual a los afectados por la Hidroelctrica Chixoy, as como atender las crisis institucionales persistentes, como la referida a la red hospitalaria nacional y a las familias afectadas por el deslave ocurrido en la colonia El Cambray II.

Al finalizar el actual perodo constitucional, el balance refleja desafos que incluyen la necesidad de actuaciones concertadas para continuar ordenando el Estado, sus funciones, la forma en que opera y atiende a guatemaltecos y guatemaltecas. Asimismo, es importante tomar en cuenta que el pas debe realizar todas las acciones necesarias por emprender la reforma poltica del Estado, fortalecer la representatividad y legitimidad del Gobierno con un rostro inclusivo, sin descuidar la

4 Discurso del presidente Alejandro Maldonado en la Ceremonia de Conmemoracin del 71 aniversario de la Revolucin de Octubre, 30 de octubre de 2015.



atencin prioritaria que amerita el fortalecimiento del sistema tributario. Ninguno de los problemas enunciados escapa a los efectos colaterales de la violencia y el crimen organizado de escala trasnacional, presente en el pas.

Por ello, el prximo gobierno deber realizar los esfuerzos necesarios que coadyuven a mejorar la situacin del sistema penitenciario, as como el fortalecimiento de la Polica Nacional Civil (PNC), entre otros. El cuidado del ambiente y la adaptacin al cambio climtico destacan como temas prioritarios, dada la acentuacin de los efectos que ello podr tener en la poblacin. Asimismo, es necesario tomar en cuenta que, segn los ltimos datos de la encuesta de condiciones de vida (Encovi), los niveles de pobreza general y pobreza extrema se han incrementado en el pas.



III. Marco conceptual y elementos clave del proceso de transicinLa transicin se define como el paso de un estado a otro. Es un estado temporal que muestra una situacin determinada y cmo esta debe ser considerada en el momento de ser trasladada para su continuidad, adaptabilidad o estabilidad.

En el caso del proceso de transicin de gobierno, se refiere al estado de situacin de las prioridades de la gestin pblica y cmo estas deben ser consideradas por la administracin entrante para dar continuidad a la diversidad de asuntos pertinentes al Estado.

El proceso de transicin debe tener en cuenta los siguientes elementos:

Es un mecanismo de rendicin de cuentas para trasladar informacin con el propsito de que el gobierno entrante pueda focalizar su atencin en las prioridades estratgicas y urgentes.

Es una responsabilidad institucional de todas las entidades de la gestin pblica.

Es un proceso ordenando y sistemtico, que utiliza una metodologa especfica y que cuenta con instrumentos que facilitan el registro de la informacin.

Busca favorecer intervenciones pblicas consistentes con el desarrollo de la ciudadana, as como soluciones ms prontas a situaciones complejas a partir de la experiencia acumulada.

Contribuye a facilitar un proceso de induccin al nuevo gobierno sobre las principales responsabilidades jurdicas, polticas y administrativas del Estado.

Facilita la articulacin de equipo de gobierno entrante con los equipos de trabajo de las instituciones del Estado, as como con organismos internacionales.



Es expresin de una buena prctica poltica que contribuye a la estabilidad, continuidad y mejora de las intervenciones pblicas.

Abrevia tiempos y costo de aprendizaje y suministra una plataforma dentro del marco de competencia de cada institucin.

Establece como sujetos clave de la transicin a los funcionarios del gobierno saliente que dejan una trayectoria de trabajo y recomendaciones de sucesin, los equipos tcnicos de las instituciones pblicas y el gobierno entrante. El empalme entre los ltimos ocurre bajo un procedimiento claro y confiable.

Metodologa e instrumentos

El proceso metodolgico se bas en la identificacin de prioridades institucionales, referidas a aquellos procesos, productos, actividades o temas considerados estratgicos y relevantes para el Estado y la institucin, dada su vinculacin con el desarrollo del pas.

La transicin de gobierno se enfoc en cinco dimensiones: social, econmica, ambiental, democrtica, urbana y rural, las cuales concuerdan con el contenido de la agenda nacional e internacional de desarrollo.

El proceso se llev a cabo en dos niveles: selectivo y exhaustivo. El primero, entendido como las prioridades identificadas por las instituciones pblicas que son estratgicas y relevantes para el Estado, dado su impacto directo en la poblacin y su vinculacin con el desarrollo del pas. El segundo, relacionado con las prioridades institucionales que, adems de tener un nivel de detalle ms amplio respecto al quehacer institucional, son estratgicas para las instituciones en el sentido que, de detenerse, podran tener consecuencias jurdicas de alto impacto para la institucin o comprometer la sostenibilidad de procesos y avances alcanzados.

Para facilitar el proceso de definicin de las prioridades del nivel selectivo y exhaustivo por parte de las instituciones pblicas, se definieron siete criterios:

Alineacin con las dimensiones y prioridades del desarrollo (social, econmica, ambiental, democrtica, urbana y rural); lo cual hace referencia a cmo la prioridad o prioridades identificadas se vinculan con la agenda nacional de desarrollo.



Urgencia, clasificada en alta, media y baja, tomando en consideracin que la alta fue considerada de mayor importancia para finalidades del proceso de transicin. Este criterio hace referencia a la inmediatez con que debe darse la prioridad.

Sostenibilidad, relacionada con los resultados positivos o negativos (involucin/evolucin) demostrados de manera sostenible por los procesos, productos, actividades o temas implementados por las instituciones pblicas. Al registrar una tendencia positiva, su continuidad deba priorizarse. Lo mismo sucede en aquellos casos en donde, pese a que la tendencia result negativa, su continuidad se consider prioritaria dada su vinculacin con el desarrollo del pas.

Prevencin de riesgos, referido a las amenazas o consecuencias que pudiese contraer la falta de continuidad de la prioridad seleccionada. Poda hacer referencia a situaciones que generaran conflictividad social, sanciones externas, limitaciones al otorgamiento de prstamos/donaciones, entre otras.

Territorialidad, relacionada con la identificacin del impacto positivo o negativo en el territorio derivado de la atencin a la prioridad. Este criterio hace referencia a si la prioridad beneficia o tiene un impacto en los territorios histricamente excluidos.

Inclusin, lo cual hace referencia a los diversos grupos poblacionales o reas a las que la prioridad beneficia de manera directa, especficamente en el rea rural, y a los pueblos indgenas, mujeres, adultos mayores, jvenes, nios, nias y personas con discapacidad.

Condiciones institucionales, lo cual indica si la prioridad identificada por las instituciones pblicas cuenta con los recursos y condiciones necesarias para su continuidad, es decir, si cuenta con una expresin programtica, presupuestaria, organizacional, entre otros.

La informacin de las prioridades se sistematiz en cuatro diferentes tipos de ficha: desarrollo, normativa, litigio y conflictividad. El tipo de ficha5 asignada a cada prioridad dependi del objetivo y contenido de la prioridad identificada.

5 Las fichas fueron adaptadas al contexto nacional a partir de los instrumentos utilizados como parte de la metodologa de empalme empleada por el SNU.



A continuacin se describe brevemente el propsito de cada una de las fichas.

Fichadeprioridadorientadaaldesarrollo:Con esta ficha la institucin relev los procesos, productos, actividades o temas de carcter estratgico orientados al desarrollo y por medio de los cuales se contribuye y se facilita la continuidad o mejora de los esfuerzos para favorecer un mayor bienestar para las personas y sus entornos. Ello, a partir de los avances y lecciones aprendidas que puedan ser de utilidad para el nuevo gobierno.

Fichadeprioridadnormativa:La informacin de esta ficha dio cuenta de procesos de carcter normativo, en el mbito legal, institucional, administrativo, tcnico (decretos, reglamentos, acuerdos gubernativos, protocolos, manuales de funcionamiento, u otros) que favorecen y, en algunos casos, son determinantes para el cumplimiento y sostenibilidad de las funciones sustantivas de las instituciones y las responsabilidades del Estado.

Fichadeprioridaddelitigio:En esta ficha se dej constancia de aquellos litigios que sobrepasan el actual perodo gubernamental y que, por sus consecuencias administrativas, jurdicas, financieras o de otra ndole, es preciso monitorear con atencin, para prevenir consecuencias irreparables para el Estado o la institucin.

Fichadeprioridaddeatencinaconflictividad:La conflictividad est definida como la coexistencia de tendencias contradictorias que se encuentran en pugna y que son capaces de alterar gravemente los niveles de gobernabilidad y el orden pblico. Bajo este criterio, la ficha referida a esta categora contiene informacin de diferente ndole de las partes en pugna.

Asimismo, se indic a las instituciones que podan utilizar la misma metodologa para identificar aquellas prioridades institucionales de carcter administrativo, financiero o rutinario. A esta priorizacin se le llam exhaustiva. Para el efecto, las instituciones llenaron una ficha que sistematiza la informacin de existencia, contenido y ubicacin de las prioridades del nivel exhaustivo.

Como parte de la metodologa, se requiri a todas las instituciones gubernamentales la seleccin de un mximo de doce prioridades selectivas (tres por cada categora de prioridad, si corresponda) y entre diez y quince prioridades exhaustivas.



Toda la informacin fue trasladada a Segepln de manera fsica y digital junto con su documentacin de respaldo mediante oficio suscrito por la mxima autoridad de la institucin pblica que la report.

Una vez trasladada la informacin por parte de las instituciones pblicas, se conform un equipo tcnico y de coordinacin dentro de la Segepln que analiz el contenido de cada prioridad.

Posterior a este anlisis de las prioridades del nivel selectivo, por la magnitud de la informacin recibida, se identific la necesidad de subcategorizar informacin en prioridades de nivel selectivo 1 y 2, adems de la elaboracin de fichas integradas de la siguiente manera:

Prioridades selectivas cuya responsabilidad recaa en varias instituciones y correspondan a una misma temtica, dando lugar a las fichas integradas interinstitucionales.

Prioridades selectivas cuya responsabilidad era exclusiva de una institucin y que correspondan a la misma temtica, dando lugar a las fichas integradas institucionales.

Resultados generalesEn esta seccin se presentan los resultados de las prioridades del nivel selectivo 1 y 2, y del nivel exhaustivo de las 85 instituciones del Organismo Ejecutivo que presentaron informacin.

Los resultados de las prioridades selectivas del nivel 1 se presentan en dos grandes reas de anlisis: a) relacionada con las cinco dimensiones del desarrollo (social, ambiental, democrtico, urbano/rural y econmico); b) la categora de fichas (estratgica del desarrollo, normativa, litigio y atencin a la conflictividad).

Las 85 instituciones reportaron un total de 486 prioridades selectivas. De estas, 195 prioridades corresponden al nivel 1 y 291 al nivel 2. De las 195 prioridades selectivas del nivel 1, 161 corresponden a temas que deben tener un abordaje integrado algunas veces con competencia interinstitucional, otras, en el mbito institucional, lo que representa 34 prioridades integradas. Las otras 34 restantes tienen un abordaje individualizado.



Tabla 1Resumen de prioridades por nivel y dimensin

Tipo de prioridad Nmero de prioridades

Prioridades selectivas del nivel 1 68*

Prioridades selectivas del nivel 2 291

Prioridades exhaustivas 738

Total 1,097Fuente: Registros de control del proceso de transicin de gobierno 2015, Segepln*34 prioridades integradas (de 161 enviadas por las instituciones) y 34 prioridades individuales para un total de 68 prioridades selectivas del nivel 1

Las 68 prioridades del nivel selectivo 1 constituyen el punto central en el cual la transicin debe focalizarse, ya que son determinantes para el Estado de Guatemala en el sentido de fortalecer las prioridades del desarrollo o porque, de no atenderse, el Estado puede ser sujeto de consecuencias en el orden legal, administrativo o penal, o bien colocarse en una situacin que afecte la gobernabilidad y la paz social. De las 68 prioridades, el mayor nmero corresponde a las dimensiones democrtica y social (42); y por categora, 50 prioridades pertenecen a temas, procesos o aspectos vinculados con el desarrollo.

Tabla 2Prioridades selectivas del nivel 1, por dimensin y categora

Dimensin del

desarrollo Desarrollo Normativa Litigio Conflictividad Total

Democrtica 12 3 4 2 21

Ambiental 6 1 0 1 8

Econmica 7 0 2 0 9

Social 18 0 3 0 21

Urbana y rural 7 1 0 1 9

Totales 50 5 9 4 68

Fuente: Registros de control del proceso de transicin de gobierno 2015, Segepln

Pese a que las otras dimensiones del desarrollo (econmicas, ambientales y urbana/rural) tienen un nmero menor de prioridades, son de gran importancia en tanto que fortalecen el enfoque integral de la transicin.



Con respecto a las prioridades del nivel selectivo 1, un aspecto considerado fue el nivel de urgencia, entendiendo que algunas prioridades, debido a su naturaleza, requieren una atencin inmediata (durante los tres primeros meses de la siguiente gestin gubernamental). Con base en este criterio se encontr que 25 de las 68 prioridades (37 por ciento) tienen un carcter urgente. La tabla 3 muestra la distribucin de las 68 prioridades segn la dimensin, la categora de la prioridad y su nivel de urgencia.

Tabla 3Prioridades selectivas del nivel 1 de carcter urgente

Dimensin del desarrollo Desarrollo Normativa Litigio Conflictividad Urgentes

Democrtica 3 0 2 2 7/21

Ambiental 1 0 0 1 2/8

Econmica 3 0 2 0 5/9

Social 3 0 3 0 6/21

Urbana y rural 5 0 0 0 5/9

Totales 15 0 7 3 25/68

Fuente: Registros de control del proceso de transicin de gobierno 2015. Segepln.

Todas las dimensiones presentan prioridades con carcter urgente. La mayor parte de estas prioridades se encuentra en la categora estratgica del desarrollo, litigio y conflictividad. No se reportaron prioridades en la categora normativa, lo que significa que no existe ningn proceso que deba ser atendido con carcter urgente en el nivel selectivo 1. De las 25 prioridades con carcter urgente, 13 son individuales y 12 corresponden a prioridades integradas (de carcter interinstitucional o institucional).

Otro criterio de anlisis fue el relativo a la inclusin, lo cual hace referencia a aquellas prioridades que atienden a las poblaciones especialmente vulneradas o tradicionalmente excluidas, as como a los territorios histricamente excluidos. En esta lnea, 45 de las 68 prioridades (66 por ciento) se enfocan en estas poblaciones y territorios.

Es importante mencionar que, como parte de los criterios de inclusin, 60 de las 68 prioridades tienen un mbito de accin o alcance en los territorios considerados como rurales, o benefician a la poblacin que habita en esta rea.

Por tipo de financiamiento de las 68 prioridades del nivel selectivo 1, se identific que 57 prioridades (84 por ciento) tienen algn tipo de financiamiento del Estado; 25 (37 por ciento) poseen financiamiento de la cooperacin reembolsable y no



reembolsable, y 18 (26 por ciento) cuentan con financiamiento de ambas fuentes (Estado y cooperacin). Es importante mencionar que el detalle sobre el nivel de financiamiento del Estado y de la cooperacin para estas prioridades es bastante diferenciado, segn la informacin proporcionada por las instituciones; no obstante, mayores niveles de detalle deben estar disponibles para cada prioridad, segn la institucin o instituciones responsables. El mayor nmero de prioridades con financiamiento del Estado, de la cooperacin, o de ambas fuentes, pertenece a la dimensin social.

Con respecto a la cooperacin reembolsable y no reembolsable, el siguiente apartado muestra la diversidad de agencias que dan soporte a las 18 prioridades con algn tipo de financiamiento externo.

Tabla 4Prioridades selectivas del nivel 1, por dimensin y fuente de financiamiento

Dimensin del desarrollo

Financiamiento del Estado

Financiamiento de la cooperacin

internacionalFinanciamiento

de ambas fuentes

Democrtica 17 5 3

Ambiental 7 5 4

Econmica 6 4 2

Social 20 8 6

Urbana y rural 7 3 3

Totales 57 25 18Fuente: Registros de control del proceso de transicin de gobierno 2015, Segepln



IV. Prioridades para la transicin de gobierno 2015-2016

En el siguiente apartado se presenta con detalle cada una de las sesenta y ocho prioridades del nivel uno segn cada dimensin del desarrollo (democrtica, ambiental, social, urbana, rural y econmica). Se indica el nombre, las instituciones que reportaron la prioridad, la poblacin objetivo a atender, la categora temtica y de la prioridad, si posee o no financiamiento, el tipo de financiamiento, si esta es de carcter urgente o no, as como una breve descripcin del asunto al cual hace referencia.

Dimensin democrticaLa seguridad ciudadana, la participacin de la ciudadana en la toma de decisiones, la rendicin de cuentas y transparencia por parte de quienes ejercen el poder y el respeto al Estado de derecho, son los elementos que se relacionan con la dimensin democrtica y que deben tomarse en consideracin para reforzar el marco en el cual debe actuar el Estado para la consecucin del desarrollo del pas.

Guatemala presenta brechas y desigualdades entre reas y grupos de poblacin, por lo que su eliminacin constituye un desafo para el Estado. En este sentido, la gestin pblica debe continuar asegurando el derecho al desarrollo y ser garante de los derechos humanos para promover la igualdad de gnero; la erradicacin de la exclusin, el racismo y la discriminacin; y el fomento de una cultura de paz, en armona con la proteccin del ambiente y los recursos naturales.

En la medida en que el Estado se fortalezca institucionalmente podr incidir en mejorar la calidad de vida de la ciudadana. Por ello, la generacin de capacidades para priorizar, decidir, planificar, gestionar y evaluar polticas pblicas estratgicas es uno de los principales retos para el Estado de Guatemala.



La coordinacin con gobiernos locales es fundamental, puesto que estos encaran desafos en cuanto a recursos financieros y enfrentan debilidades tcnicas y administrativas para la prestacin de servicios pblicos que permitan dar cumplimiento a sus competencias. Por esta razn, el fortalecimiento de los gobiernos locales debe ser una prioridad en los prximos aos.

Es necesario destacar que el enfoque de derechos humanos debe continuar siendo un eje transversal de las polticas pblicas para poder garantizar las libertades individuales y los derechos econmicos y culturales. Todo ello se traduce en el respeto a la dignidad de la persona.

La nueva administracin de gobierno debe continuar con el funcionamiento y fortalecimiento de los consejos de desarrollo, puesto que la participacin ciudadana y el dilogo con la sociedad civil, adems de propiciar la legitimidad de la gestin pblica, permiten afianzar una cultura de transparencia, el arribo a decisiones consensuadas y la generacin de alternativas para la administracin pblica en todos los niveles.

La nueva administracin gubernamental debe tomar en cuenta los elementos anteriores, adems de fortalecer el dilogo y la coordinacin con los otros organismos del Estado para consolidar la cultura de paz, un Estado de derecho e incidir en el bienestar de la ciudadana guatemalteca.

A continuacin se detallan los procesos de la dimensin democrtica que merecen un seguimiento prioritario:

1. Continuidad de la Poltica nacional de prevencin de la violencia y el delito, seguridad ciudadana y convivencia pacfica 2014-2034

Institucin que report: Ministerio de Gobernacin (Mingob)Poblacin objetivo: Poblacin en general

Categora temtica Categora de la prioridad Financiamiento

Seguridad y defensa Estratgica del desarrollo Cooperacin (SICA, BAP, BBP)

La poltica de prevencin se aprob en el ao 2014 y se encuentra en etapa de implementacin. La coordina el Tercer Viceministerio de Gobernacin y cuenta con la participacin de diversas instituciones del Organismo Ejecutivo, el sector privado y la sociedad civil.



Su importancia radica en el enfoque de prevencin de la violencia, el cual aborda los problemas asociados con la delincuencia antes de que ocurran; es decir, enfrentando las causas que la originan. La continuidad en la implementacin de esta poltica puede incidir en la mejora de los indicadores de seguridad.

Desde su aprobacin, la poltica tuvo una amplia socializacin, lo que ha provocado que, actualmente, diversas corporaciones municipales hayan incluido en su plan operativo anual (POA) las lneas de accin que recomienda esta poltica. Asimismo, en el marco de esta iniciativa se ejecutan varios proyectos de cooperacin tcnica no reembolsable. Por lo anterior, es indispensable darle seguimiento y evaluar los avances de estas acciones.

2. Implementacin de la Poltica nacional de reforma penitenciaria 2014-2024



Fortalecimiento institucional Estratgica del desarrollo Sin financiamiento

La prioridad se refiere a la implementacin de la Poltica Penitenciaria que se present en julio de 2015. Su propsito es la consolidacin del Sistema Nacional Penitenciario para afianzarlo como un sistema seguro y confiable para la sociedad y tambin como un elemento estratgico para la rehabilitacin e insercin social de personas en conflicto con la ley.

En la actualidad, los centros de privacin de libertad se consideran centros de aglomeracin de bandas criminales y reproduccin de delitos. La crisis en la que se encuentra el sistema penitenciario ha provocado la muerte de varios privados de libertad, amotinamientos de reos y paros laborales por parte de los guardias de presidios.

Por ello, la implementacin de la Poltica Penitenciaria es urgente para dar respuesta a las necesidades relacionadas con la seguridad ciudadana.

La importancia de esta prioridad se enfoca en tres aspectos: a) coloca el tema como parte de la agenda pblica; b) integra elementos de reforma penitenciaria discutidos a lo largo de dos aos de manera participativa; y c) brinda los elementos de abordaje estratgico (prospectiva) para incidir en aspectos estructurales del sistema penitenciario y la seguridad.



Pese a lo enunciado, esta poltica no cuenta con presupuesto asignado para su implementacin, aspecto prioritario que se debe tomar en cuenta para la prxima gestin.

3. Modernizacin tecnolgica (para la seguridad ciudadana)



Seguridad y defensa Estratgica del desarrollo Nacional

La prioridad se refiere a la necesidad de generar regularidad en los contratos que se han realizado durante el presente perodo de gobierno relativos a la infraestructura y colocacin de cmaras fijas y lectoras de placas en puntos ciegos del pas, as como tambin en los servicios de aplicaciones web: Sistema nico de Informacin (SUI), Sistema de Informacin Policial (Sipol) y las consultas SMS de la Polica Nacional Civil (PNC).

El tema requiere atencin inmediata debido a la importancia de la videovigilancia. Es imperativo regularizar los contratos y solventar deudas y hallazgos reportados por la Contralora General de Cuentas (CGC) relacionados con este tema. No solventar los compromisos relacionados con estos contratos podra tener efectos en la continuidad de los proyectos y, por ende, en los efectos disuasivos que previenen hechos delictivos en reas estratgicas del pas.

Es importante considerar que la videovigilancia ayuda a la disminucin de los ndices de delincuencia hasta en un 60 por ciento. Ese recurso y los servicios de aplicaciones web son vitales para los procesos de investigacin de delitos; por ello las utilizan el Mingob, el Ministerio de Finanzas (Minfn) y el Organismo Judicial (OJ). Su alcance es a nivel nacional y, sin embargo, el servicio cuenta con presupuesto limitado para su funcionalidad.



4. Gestin de informacin (estadstica) para la toma de decisiones y el desarrollo

Instituciones que reportaron:Instituto Nacional de Estadstica (INE); Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat); Ministerio de Cultura y Deportes (Micude)

Poblacin objetivo: Poblacin en general


Trabajo y economa Estratgica del desarrollo

Nacional Cooperacin

(Organizacin Mundial del Turismo, OMT)

La importancia de los datos estadsticos para el Sistema Nacional de Planificacin como herramienta para el monitoreo y la evaluacin ha provocado la creciente necesidad de gestionar adecuadamente los sistemas de informacin.

Ello, con el objetivo de tener acceso a indicadores que mejoren los procesos de planificacin para monitorear y evaluar los resultados del quehacer institucional. Esto permite rendir cuentas, lo cual constituye un ejercicio democrtico con respecto a los logros alcanzados por el Estado.

Es importante resaltar que, a nivel internacional, existe un requerimiento para el fortalecimiento del sistema estadstico nacional, pues su labor es fundamental para medir avances en materia de derechos humanos (tales como el Pacto Internacional de Derechos Econmicos y Sociales, las convenciones relativas a la eliminacin de todas las formas de discriminacin contra pueblos indgenas, mujeres y otras poblaciones en contextos de desigualdad, entre otros).

La gestin de informacin para la toma de decisiones sobre el desarrollo no se limita exclusivamente a la produccin de estadsticas rutinarias; implica la gestin de estudios sistemticos (encuestas) que permitan ubicar al pas dentro del marco de los estndares internacionales.En ese sentido, para que la institucionalidad pblica y actores estratgicos cuenten con informacin precisa para la toma de decisiones, es necesario recolectar, elaborar y publicar estadsticas oficiales de manera confiable y oportuna.

Las prioridades de gestin de la informacin para el INE se enfocan en: a) ndice de materiales de construccin (IMC); b) estadsticas de violencia intrafamiliar (VIF); c) estadsticas de violencia en contra de la mujer (VCM). Las del Inguat y el Micude, por su parte, son: d) cuenta satlite de turismo de Guatemala (Oficina Coordinadora de Estadstica de Turismo, OCET); y d) cuenta satlite de cultura (Micude).



5. Iniciativas de ley con proceso abierto en el Congreso de la Repblica

Instituciones que reportaron:

Superintendencia de Administracin Tributaria (SAT); Ministerio de Economa (Mineco); Secretara de Planificacin y Programacin de la Presidencia (Segepln); Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT); Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec); Comisin Presidencial contra la Discriminacin y el Racismo contra los Pueblos Indgenas en Guatemala (Codisra)



Fortalecimiento institucional Normativa Nacional

El tema se centra en el seguimiento de diferentes iniciativas de ley que se encuentran en proceso en el Congreso de la Repblica y se vinculan con las siguientes dimensiones del desarrollo:

Reformas al Decreto 6-91 del Congreso de la Repblica, Cdigo Tributario, y al Decreto 19-2002 del Congreso de la Repblica, Ley de Bancos y Grupos Financieros (SAT).

Iniciativas de ley propuestas por el Mineco que corresponden a reformas al Cdigo de Comercio, leyes de sociedades simplificadas y un nuevo Cdigo Procesal Civil; ley de insolvencias; Ley Reguladora del Trabajo por Hora (Iniciativa 4644); Ley del Sistema Nacional de Competitividad y Productividad (Proguate) (Iniciativa 4647); Ley de Mercados de Valores, reformas a la Ley de Garantas Mobiliarias (Iniciativa 4646); Ley de Sociedades de Garantas Recprocas, Ley de Leasing y Factoring; Estabilidad Jurdica y Tributaria para la Inversin y Trabajo (Iniciativa 3996); Ley de Competencia.

Con la aprobacin de estas propuestas se fortalecera la certeza jurdica para la promocin del empleo con inclusin de personas con discapacidad, comercio, inversiones, competitividad y productividad e inclusin.



Ley de Planificacin y Evaluacin de la Gestin Pblica (Segepln).Su aplicacin proporcionara los lineamientos jurdicos para ordenar el ciclo de la planificacin (polticas-planes-programas-proyectos de inversin y cooperacin internacional), as como el seguimiento y evaluacin de la gestin pblica en todos los mbitos y niveles.

Reformas a la Ley de Minera (Ministerio de Energa y Minas, MEM).El anteproyecto de ley se orienta a propiciar un manejo sostenido de los recursos naturales, reducir la conflictividad, generar empleo e ingresos y favorecer el manejo razonable de las compensaciones que brindan estas actividades.

Ley de Delitos Informticos, Iniciativa de Ley 4055 del Congreso de la Repblica (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, CIV).La aprobacin de esta iniciativa coadyuvar a regular la utilizacin de las infraestructuras informticas del pas para evitar ataques y fraudes a personas particulares y empresas.

Ley de Servicio Civil y su Reglamento (Onsec).La misma es necesaria para modernizar la gestin de recursos humanos en la administracin pblica.

Ley de Regulacin de la Inclusin Laboral para Personas con Discapacidad (Consejo Nacional para la Atencin de Personas con Discapacidad, Conadi).

Ley contra la Discriminacin y ley para conocer las competencias del Comit para la Eliminacin del Racismo y la Discriminacin de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) (Codisra).La aprobacin de estas iniciativas busca la tipificacin de la discriminacin racial y se orienta al cumplimento de los compromisos internacionales en la materia.



6. Seguimiento a la implementacin de la poltica pblica de reparacin a las comunidades cuyos derechos humanos fueron afectados por la construccin de la Hidroelctrica Chixoy


Comisin Presidencial Coordinadora de la Poltica del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh); Micude; Registro Nacional de Personas (Renap); Fondo de Desarrollo Indgena Guatemalteco (Fodigua); Instituto de Fomento Municipal (Infom); Secretara de Asuntos Agrarios (SAA).

Poblacin objetivo: Poblacin rural

Categora temtica Categora de la prioridad Financiamiento Urgente

Polticas pblicas Conflictividad

Nacional Cooperacin: BID (proyectos

Infom)

La poltica pblica de reparacin a las comunidades afectadas por la construccin de la Hidroelctrica Chixoy es el instrumento por medio del cual el Organismo Ejecutivo se compromete a implementar un conjunto de medidas, mecanismos y acciones para reparar de forma integral a las familias y comunidades cuyos derechos humanos fueron afectados a causa de la instalacin de esta hidroelctrica. Las acciones planteadas tienen el propsito de restituir, rehabilitar y resarcir a todas y todos los afectados mediante la implementacin de programas y proyectos con carcter econmico, individual y colectivo. Se ha considerado, adems, medidas de garanta de no repeticin de estos hechos.

Esta prioridad tiene un carcter vinculante. El proceso de resarcimiento se acord tras una serie de tensiones y de conflictividad que data de aos atrs y ha sido objeto de observacin internacional, lo que ha implicado el condicionamiento de recursos financieros de prstamos y de cooperacin por el incumplimiento de este resarcimiento.



7. Pactos colectivos relacionados con condiciones y aspectos laborales, salariales y demandas de carcter econmico-social


Inspeccin General de Cooperativas (Ingecop); Zona Libre de Industria y Comercio (Zolic); Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin (MAGA); Segepln; Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social (MSPAS).

Poblacin objetivo: No aplica


Financiero, programacin o presupuesto Litigio

Sin financiamiento

Se refiere a la atencin de pactos colectivos en proceso de aprobacin y aspectos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, incluyendo beneficios econmicos y de mejoras del ambiente laboral. Tambin se relaciona con la atencin, seguimiento y resolucin de procesos legales.

Integra nueve temas relacionados con conflictos laborales. Entre otros, problemas de inspeccin de trabajo, reconocimiento de la organizacin sindical, pago de prestaciones laborales e implementacin y renegociacin de pactos colectivos. La atencin a esta problemtica se plantea de manera urgente debido a las repercusiones de tipo legal, operativo y de la gestin del recurso humano que tiene para las instituciones que reportan algn caso en esta materia.

Los nueve temas se listan a continuacin, por institucin:

Inspeccin General de Cooperativas (Ingecop): Juicio ordinario laboral para anular el acta de la Inspeccin General de Trabajo (IGT) por ser parcial; un incidente de represalias dentro de un conflicto colectivo de carcter econmico-social; y negociacin de un nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo.

Zona Libre de Industria y Comercio (Zolic): Demanda de pago de prestaciones laborales por despido de excolaboradores y el replanteamiento de un nuevo pacto colectivo de condiciones de tabajo.

Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin (MAGA): Conflictos colectivos de trabajo de carcter econmico y social; reinstalaciones de personal, procesos ordinarios laborales y amparos.



Secretara de Planificacin y Programacin de la Presidencia (Segepln): Pacto colectivo de condiciones de trabajo, reinstalaciones y pago de prestaciones econmicas dejadas de percibir.

Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social (MSPAS): Debido a la falta de recursos financieros, el MSPAS no ha contado con la capacidad para cumplir con los compromisos adquiridos en el pacto colectivo.

8. Monitoreo de cuatro casos por discriminacin (contra alcaldes)

Institucin que report: CodisraPoblacin objetivo: Poblacin rural, pueblos indgenas


Equidad e inclusin Litigio Nacional

El mandato de la Codisra aborda el desarrollo de procesos de asesora y acompaamiento a los casos de litigio por discriminacin y racismo. Se trata de casos de alta incidencia en la comunidad que surgen por la falta de reconocimiento a las autoridades ancestrales de la comunidad, como forma de organizacin de pueblos indgenas y derecho consuetudinario.

Los casos que se encuentran en proceso y se les debe dar seguimiento son:

Caso por discriminacin contra el alcalde de Momostenango (Expediente No. CL-049-2013, se encuentra en el Ministerio Pblico).

Caso por discriminacin contra el alcalde de San Pedro Jocopilas, Quich (en proceso de investigacin).

Caso por discriminacin contra el alcalde de San Juan Ixcoy, Huehuetenango (Expediente No. CL-034-05-2014-0101).

Caso por discriminacin econmica, ambiental y tnica en contra de la empresa Repsa. Demanda interpuesta por grupos colectivos en las comunidades de Chisec, Alta Verapaz, y Sayaxch, Petn (Expediente No. CL-32-06-2015-0101).

El acompaamiento y asesora en casos de litigio, adems de ser parte de las funciones sustantivas de Codisra, es un elemento para facilitar la deconstruccin del racismo en la sociedad.



La atencin de estos casos constituye una forma en la que el Estado guatemalteco contribuye a que la poltica en la materia se cumpla, promoviendo medidas que coadyuven a eliminar los costos sociales, econmicos y polticos derivados del racismo.

9. Propuestas para iniciativas de ley que an se encuentran en discusin en el Organismo Ejecutivo

Instituciones que reportaron:Mingob; Oficina de Control de reas de Reserva del Estado (Ocret); Consejo Nacional de reas Protegidas (Conap); Coordinadora Nacional para la Reduccin de Desastres (Conred).



Fortalecimiento institucional Normativa Nacional

La prioridad se refiere al seguimiento a diferentes propuestas de ley que se encuentran en discusin en el Organismo Ejecutivo, las cuales constituyen una necesidad para poder avanzar en los cambios estructurales que requiere el pas. En la actualidad es preciso culminar el proceso de consenso de estas iniciativas para poder enviarlas al Congreso de la Repblica:

Reformas a la Ley de la Polica Nacional Civil (Mingob) Con ello se definir un nuevo modelo orgnico, funcional y operativo de la PNC.

Reformas al Decreto 126-97 de la Oficina de Control de reas de Reserva del Estado (Ocret).

Propuesta de ley para la creacin de la categora de manejo para reas de gestin colectiva, indgena o comunitaria (Conap).Las dos anteriores buscan mejorar la administracin de las reservas naturales del Estado, as como reconocer la gestin colectiva que realizan los pueblos indgenas y comunidades locales.

Propuesta de ley de gestin de reduccin de riesgos a desastres (Conred).Tiene como objetivo la creacin de un marco jurdico que permita regular la gestin integral de reduccin de riesgo frente a los desastres en Guatemala.



10. Litigios en tres fincas del Sistema Guatemalteco de reas Protegidas (Sigap)

Instituciones que reportaron: ConapPoblacin objetivo: Poblacin rural


Seguridad y defensa Litigio Nacional

Se relaciona con los procesos de litigio que actualmente se desarrollan en el OJ, principalmente los casos de usurpacin de terrenos que son propiedad del Estado de Guatemala ubicados dentro del Sigap. Los casos ms relevantes corresponden a:

Ocurso Finca El Oasis Ocurso Finca La Canoa Ocurso Finca La Palotada

Estas usurpaciones atentan contra el derecho de propiedad del Estado de Guatemala, causndole grave perjuicio dado que han permitido el traslado de una fraccin de terreno de propiedad estatal a favor de terceras personas, quienes amparadas en inscripcin registral anmala se han apropiado ilegalmente de un rea superficial dentro del Sigap.

11. Diferendo territorial, insular y martimo con Belice

Institucin que report: Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex)

Poblacin objetivo: No aplica


Agenda internacional Litigio Nacional

La prioridad se refiere al reclamo histrico que el Estado de Guatemala mantiene sobre su derecho soberano terrestre, insular y martimo con el Estado de Belice. El reclamo se present ante la Organizacin de los Estados Americanos (OEA) y deber remitirse a la Corte Internacional de Justicia despus de los debidos procesos.



En octubre de 2014 se realizara, por acuerdo de los Estados de Guatemala y Belice, una consulta popular que permitiese a los ciudadanos expresar su acuerdo o desacuerdo en llevar a cabo el reclamo ante una instancia internacional. Sin embargo, la consulta no se realiz, dando continuidad al litigio. El caso es de naturaleza judicial-arbitral y de alta importancia para el Estado de Guatemala, por lo cual es importante retomar la negociacin y la posibilidad de realizar dicha consulta.

12. Censo de poblacin y vivienda

Institucin que report: INEPoblacin objetivo: Poblacin en general


Planificacin Estratgica del desarrollo Sin financiamiento

La realizacin del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda se ha planificado desde 2012; sin embargo, no se ha concretado por falta de condiciones de diferente ndole. Es importante sealar que, derivado de compromisos en materia de derechos humanos, el Estado de Guatemala debe llevarlo a cabo en un corto plazo.

El censo es fundamental para brindar informacin demogrfica actualizada al Estado de Guatemala con la que pueda fortalecer la gestin de polticas pblicas y el diseo de estrategias para la mejora de las condiciones de vida de los habitantes. Por consiguiente, es muy importante para el desarrollo del pas.

13. Aplicacin del derecho de los pueblos indgenas a la consulta previa, libre e informada y de buena fe de acuerdo con el Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indgenas y Tribales en Pases Independientes

Institucin que report: Ministerio de Trabajo y Previsin Social (MTPS)Poblacin objetivo: Pueblos indgenas, poblacin rural


Agenda internacional Estratgica del desarrolloCooperacin

(OIT)

Guatemala suscribi y ratific el Convenio 169, el cual aborda la aplicacin de la consulta previa, libre, informada y de buena fe, de tal manera que se inicie y conserve un dilogo intercultural que garantice la inclusin del derecho de los pueblos indgenas a participar en la toma de decisiones pblicas.



El incumplimiento de los principios establecidos en el Convenio 169 ha generado conflictos sociales en comunidades del pas, en especial por la extraccin minera y la gestin de proyectos energticos. Por ello, la reglamentacin y aplicacin de la consulta comunitaria se considera estratgica y prioritaria para mantener un canal de comunicacin para la mediacin de conflictos y favorecer la gobernabilidad. Es importante resaltar, adems, que esta prioridad posee un carcter de observancia de derechos humanos con nfasis en los pueblos indgenas.

14. Cocreacin, implementacin y autoevaluacin del Plan de accin del gobierno abierto 2014-2016

Institucin que report: Comisin Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrnico (Copret)Poblacin objetivo: No aplica


Fortalecimiento institucional Estratgica del desarrollo Nacional

Continuar y culminar con la implementacin del Plan de accin de gobierno abierto 2014-2016, en los primeros seis meses de 2016, es una prioridad para la prxima gestin de gobierno ya que, de incumplir con esta accin, Guatemala podra obtener resultados negativos en la evaluacin realizada por el Mecanismo de Revisin Independiente. Es relevante indicar que la autoevaluacin del plan debe llevarse a cabo conjuntamente con la sociedad civil y diversos sectores.

15. Plan nacional de desarrollo: Katun, Nuestra Guatemala 2032

Institucin que report: SegeplnPoblacin objetivo: Poblacin en general


Planificacin Estratgica del desarrollo Nacional

El plan nacional de desarrollo es el instrumento de planificacin que permite organizar, con visin de largo plazo, las acciones e intervenciones del Estado en funcin del desarrollo humano sostenible.



El plan fue formulado por mandato constitucional

Documents

Informe de Transición de Gobierno 2015 - 2016 - ONUonu.org.gt/wp-content/uploads/2016/04/Informe-de-Transicion.pdf · de gobierno, evitando muchas veces que las iniciativas y esfuerzos