HISTORIA DEL DERECHO Y ABOGACÍA...HISTORIA DEL DERECHO Y ABOGACÍA sEminario intErnacional HISTOIRE DU DROIT ET DE LA PROFESSION D’AVOCAT séminaire international Oscar Cruz Barney

HISTORIA DEL DERECHO Y ABOGACÍA

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

EtudEs comparativEs dE l’histoirE du droit mExicain Et français

comparativE studiEs in mExican and frEnch lEgal history

Estudios comparativos dE historia dEl dErEcho mExicano y francés

Número 1

Consejo Editorial de la ColecciónsErgE dauchy

luisa Brunori

pEdro salazar ugartE oscar cruz BarnEy

COORDINACIÓN EDITORIAL

Lic. Raúl Márquez Romero Secretario Técnico

Mtra. Wendy Vanesa Rocha Cacho Jefa del Departamento de Publicaciones

Ricardo Hernández Montes de OcaCuidado de la edición y formación en computadora

Mauricio Ortega Garduño Elaboración de portada

HISTORIA DEL DERECHO Y ABOGACÍA

sEminario intErnacional

HISTOIRE DU DROIT ET DE LA PROFESSION D’AVOCAT

séminaire international

Oscar Cruz Barney Serge Dauchy

Coordinadores / Coordinateurs

univErsidad nacional autónoma dE méxico

instituto dE invEstigacionEs Jurídicas

univErsité dE lillE

cEntrE d’histoirE JudiciairE cnrs

México, 2020

Esta edición y sus características son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

Primera edición: 19 de octubre de 2020

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n Ciudad de la Investigación en Humanidades

Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510 Ciudad de México

Impreso y hecho en México

ISBN en trámite

VII

Contenido

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IXOscar Cruz BarneySerge Dauchy

Presentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIOscar Cruz BarneySerge Dauchy

Benvenuto Stracca: abogado y fundador del derecho comercial “cientí-fico” (1509-1578) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Luisa Brunori

Símbolos de la abogacía y privilegio profesional en la Nueva España: el uso de puños o vueltas de gasa blanca en el traje de los abogados . . 11Oscar Cruz Barney

Los abogados durante el antiguo régimen francés: el ejemplo singular del parlamento de Flandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Clotilde Fontaine

Los orígenes ideológicos del constitucionalismo social mexicano en 1917 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Humberto Morales Moreno

Avocats, juges et professeurs dans la codification du droit pénal classi-que (France et Belgique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Tanguy Le Marc’hadour

Les juristes français et la naissance du droit social . . . . . . . . . . . . . . . 67Farid Lekeal

VIII CONTENIDO

L’acces de l’ouvrier a la justice et a la défense de ses droits au XIXe siecle: de l’exclusion à l’admission quasi-automatique . . . . . . . . . . . 85Nathalie Crochepeyre

La apelación de Judas. Litigio, tortura y penas en el distrito de la Au-diencia de Charcas, siglo XVIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119José Enciso Contreras

Les defenseurs dans l’Algerie coloniale: un statut a la fois controle et convoite (1830-1881) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Sonia Baï

El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México . . . . . . . . . . . . . 161Alfonso Pérez Cuéllar M.

Algunas consideraciones respecto al juez Luis Castañeda . . . . . . . . . . 169Juan Pablo Salazar Andreu

Resúmenes en español . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Resúmenes en francés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Resúmenes en inglés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

IX

PRESENTACIÓN

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autóno-ma de México y el Centre d’Histoire Judiciare de la Universidad de Lille, Francia, llevamos a cabo conjuntamente el Seminario Internacional: “Histo-ria del Derecho y Abogacía”, los días 4 y 5 de mayo de 2017.

El Seminario se realizó en el Auditorio Dr. Héctor Fix-Zamudio del Insti-tuto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y contó con la presencia de los más destacados especialistas en la materia.

El Seminario forma parte de las actividades conjuntas que desde su cele-bración han llevado a cabo ambas instituciones académicas, en el marco del Convenio de Colaboración que se firmó el 5 de mayo de 2017.

Por la Universidad de Lille participaron los colegas Farid Lekeal, Tanguy Le Marc’hadour, Nathalie Crochepeyre, Clotilde Fontaine, Sonia Baï, Luisa Brunori y Serge Dauchy; todos ellos investigadores del Centre d’Histoire Ju-diciare.

Por México participaron Adriana Berruecos, Jessica Colín, Humberto Mo-rales Moreno, José Enciso Contreras, Juan Pablo Salazar Andreu, Alejan-dro Mayagoitia, Alfonso Pérez-Cuéllar Martínez, Rafael Estrada Michel, Luis René Guerrero Galván y Oscar Cruz Barney.

Durante los encuentros se firmó un Convenio de Colaboración entre ambas instituciones que incluye la creación de una nueva colección de publicacio-nes con los resultados de los encuentros, pero no limitados a ellos solamente, pudiendo incluir otros temas específicos y autores. El idioma de la colección será el español, francés e inglés, dependiendo de cada colaboración. El título de la colección es “Etudes comparatives de l’histoire du droit mexicain et français / Comparative Studies in Mexican and French Legal History / Estu-dios comparativos de historia del derecho mexicano y francés”.

La presente memoria que inaugura la colección incluye los textos de las ponencias de Clotilde Fontaine, Farid Lekéal, Humberto Morales Moreno, José Enciso Contreras, Juan Pablo Salazar Andreu, Luisa Brunori, Nathalie Crochepeyre, Oscar Cruz Barney, Sonia Baï, Tanguy Le Marc’hadour y Alfon-so Pérez-Cuéllar Martínez.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.juridicas.unam.mx Libro completo en: https://tinyurl.com/y4wpjz24

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas

X PRESENTACIÓN

No queda sino agradecer a los compañeros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Centre d’Histoire Judiciare de la Universidad de Lille por apoyar esta iniciativa de colaboración académica que acercará, aún más, a las estudiosos y estudiantes de la historia del derecho a ambos lados del Atlántico.

Agradecemos el apoyo y colaboración de los doctores Farid Lekeal, Pedro Salazar Ugarte y Luisa Brunori para el éxito de estos encuentros.

Oscar cruz BarnEy

Serge dauchy



XI

PRESENTATION

Le jeudi 4 et vendredi 5 mai 2017, l’Institut de Recherches Juridiques de l’Université Nationale Autonome de Mexico (UNAM) et le Centre d’Histoire Judiciaire de l’Université de Lille, France ont conjointement organisé le Sé-minaire International “d’Histoire du droit et de la Profession d’Avocat”.

Le Séminaire s’est déroulé dans l’auditorium Héctor Fix-Zamudio à l’Ins-titut de Recherches Juridiques de l’UNAM en présence des spécialistes les plus reconnus dans le domaine.

Le Séminaire fait partie des activités conjointes qui, dans de cadre de la célébration de l’accord de collaboration signé le 5 mai 2017, ont lieu dans les deux institutions académiques.

Venant de l’Université de Lille, ont participé: les collègues Farid Lekeal, Tanguy Le Marc’hadour, Nathalie Crochepeyre, Clotilde Fontaine, Sonia Bai, Luisa Brunori y Serge Dauchy, tous enseignants- chercheurs.

Venant du Mexique, ont participé: Adriana Berrueco, Jessica Colín, Hum-berto Morales Moreno, José Enciso Contreras, Juan Pablo Salazar Andreu, Alejandro Mayagoitia, Alfonso Pérez-Cuéllar Martínez, Rafael Estrada Mi-chel, Luis René Guerrero Galván et Oscar Cruz Barney.

Au cours des réunions, un accord de collaboration a été signé entre les deux institutions. Il comprend, entre autres, la création d’un nouveau recueil de publications réunissant les résultats des réunions, mais ne se limite pas à ceux-ci, et peut inclure d’autres sujets et auteurs spécifiques. Les langues de la collection seront l’espagnol, le français et l’anglais en fonction de chaque collaboration, et son titre sera “Etudes comparatives de l’histoire du droit mexicain et français / Comparative studies in Mexican and French Legal His-tory / Estudios comparativos de historia del derecho Mexicano y Francés.”

Le présent volume, qui inaugure la collection, comprend les textes des présentations de Clotilde Fontaine, Farid Lekéal, Humberto Morales Moreno, José Enciso Contreras, Juan Pablo Salazar Andreu, Luisa Brunori, Nathalie Crochepeyre, Oscar Cruz Barney, Sonia Baï, Tanguy Le Marc’hadour et Al-fonso Pérez Cuéllar Martínez.

Cela étant dit, il ne reste plus qu’à remercier tous les collègues de l’Insti-tut de Recherches Juridiques de l’Université Nationale Autonome de Mexico et du Centre d’Histoire Judiciaire de l’Université de Lille pour avoir soutenu cette initiative de collaboration universitaire qui rapprochera, encore plus,



XII PRESENTATION

les étudiants et les spécialistes de l’histoire du droit des deux côtés de l’At-lantique.

Nous remercions également pour leur soutien, leur collaboration et pour le succès de ces réunions, les Drs. Farid Lekeal, Pedro Salazar Ugarte et Luisa Brunori.

Oscar cruz BarnEy

Serge dauchy



1

BENVENUTO STRACCA: ABOGADO Y FUNDADOR DEL DERECHO COMERCIAL “CIENTÍFICO” (1509-1578)

Luisa BrunorI*

Benvenuto Stracca, abogado y jurisconsulto del siglo XVI, quiso repetir el di-cho “El mundo entero es patria de todos”, cita de Gayo Musonio Rufo, filósofo del primer siglo d.C.; así pues, me hace particularmente ilusión tratar sobre este abogado y jurista para inaugurar esta nueva ocasión de intercambio inte-lectual y cultural entre México y Francia.

Stracca es conocido por haber sido un gran abogado, pero también el pri-mer estudioso en separar conceptualmente el derecho mercantil del derecho civil y del derecho canónico; por este motivo, Stracca es cualificado como el fundador del derecho mercantil moderno.

Efectivamente, Stracca, con su tratado De Mercatura de 1553, fue el pri-mero en considerar el derecho mercantil como un complejo de normas autó-nomas, distinto de las del derecho civil, ofreciendo una exposición sistemá-tica que tenía cuenta de los usos comerciales y de los institutos locales, para satisfacer las nuevas exigencias de la vida del comercio del siglo XVI.1

Este tratado es muy importante también en una perspectiva más amplia porque, considerando su muy grande difusión, algunos especialistas se han preguntado si el De Mercatura no haya sido la lex mercatoria italiana del siglo XVI.2

Stracca nace en 1509 en Ancona, bonita ciudad italiana situada en la cos-ta adriática, y muere en la misma Ancona en 1578. En el siglo XVI Ancona rivalizó con Venecia, fue un puerto de gran importancia en la que hicieron

* Centre d’Histoire Judiciaire (CNRS) Université de Lille.1 Malintoppi, Antonio, “Benvenuto Stracca e il problema del diritto commerciale”, Rivista

del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni, 5-8/01, 1980, pp. 133-140.2 Donahue, Charles Jr., “Benvenuto Stracca’s De Mercatura: Was There a Lex mercatoria

in Sixteenth-Century Italy?”, en Piergiovanni, Vito (ed.), From Lex Mercatoria to Commercial Law, Berlín, 2005, pp. 69-120; Donahue, Charles Jr., “Medieval and Early Modern Lex Mer-catoria: An Attempt at the Probatio Diabolica”, Chicago Journal of International Law, vol. 5, núm. 1, 2004.



2 BENVENUTO STRACCA: ABOGADO Y FUNDADOR...

grada los barcos procedentes del oriente que a Ancona descargaban especias y perfumes. En esta época la ciudad fue a la cumbre de su potencia, con bo-nitos edificios, muchos barcos, una feria franca, una numerosa población (for-mada en buena parte de griegos, turcos, armenios y judíos) y despachos con-sulares hasta a Alejandría y a Constantinopla. Durante toda su vida Stracca vive y trabaja en este municipio y se familiariza rápidamente con la práctica mercantil de la época. Él mismo viene de una familia enriquecida con el co-mercio, su padre fue notario y ejerció numerosos cargos públicos.3

El joven Benvenuto fue educado por el humanista español Ambrosio Ni-candro en la cultura humanística y clásica, de la cual es un gran conocedor.4 El De Mercatura se abre con algunos versos precisamente de Ambrosio Ni-candro.5

A causa de la ocupación militar de Ancona, a la edad de veintitrés años, Benvenuto Stracca fue desterrado y obligado, junto a otros sesenta y cuatro conciudadanos, a abandonar su ciudad. Así, junto al padre, se amparó en Bolonia dónde estudió derecho en la universidad de la ciudad, la más presti-giosa a la época.6 En Bolonia fue discípulo de Hugo Boncompagni, que segui-damente será Papa con el nombre de Gregorio XIII.

Después de terminar los estudios, Benvenuto Stracca vuelve a Ancona, donde practica la profesión de abogado por toda su vida. Desde el principio de su carrera, Stracca asocia el ejercicio de la profesión de abogado (para los particulares y más a menudo para el municipio de Ancona) a numerosos car-gos públicos que le fueron confiados precisamente debido a su pericia como jurisconsulto.

Él mismo, en su obra más importante, De Mercatura, afirma que pondrá la máxima cura y diligencia en la definición y sistematización del derecho

3 Mordenti, A., “I giuristi e la nascita del mondo moderno: Benvenuto Stracca anconi-tano”, Quaderni storici delle Marche,Senigallia, 1, núm. 2, 1966, pp. 236-259; Chiaudiano, M., “Stracca”, Novissimo Digesto Italiano, Turín, 1957-1980, 1971, vol. 18, pp. 468 y 469.

4 Franchi, Luigi, Benvenuto Stracca. Giurisconsulto anconitano del secolo XVI, Roma, 1888, p. 22.

5 “Mercator, navis, decoctor, sponsio iuraQuæ sibi deposeunt prompta libellus habet.Hæc olim a jurisconsultis facta fueruntSparsa sed, et naviis mixta voluminibusQuæ modo digessit docta compage VenetusStraccha, honos Anconæ et gloria rara foriAdditit et multa antiqua ignota, suopteMarte inventa, vetus quæ sibi ius cupiat.Ergo aliis iuriis tam præstat vatibus illeQuam qui multorum munera solus obit”.6 Franchi, Luigi, op. cit., p. 25.



3LUISA BRUNORI

mercantil, aunque él esté muy ocupado “propter assiduas occupationes discep-tationum forensium in quibus quotidie versor”.7

Los cargos importantes que recibió del municipio de Ancona constituyen una base cardinal por su obra de racionalización del derecho mercantil, pero también por sus propias rentas. Efectivamente, es posible reconstruir la in-tensa actividad de abogado de la ciudad ejercida por Stracca, gracias al libro de cuentas del municipio mismo en el que Stracca es el ciudadano más men-cionado en aquellos años.8

Muy estimado por los colegas, fue llamado a menudo a solucionar las si-tuaciones más enredadas. Fue abogado de la ciudad de Ancona en muchos juicios sobre las materias más diferentes: derecho fiscal (controversia por la licitación del cobro de los impuestos), propiedades municipales (causas del monte Conero y de Humana), de ius patronatus (causa de la iglesia de Santa Maria in Piazza) y muchos otros. Él fue también ejecutor testamentario y de quiebras.9

Por ejemplo, en 1543, “ad protegendum iura comunitatis quae habet super monte Conaro”, Stracca es elegido “avvocato de la comunità” en una contro-versia sobre tierras de propiedad de la ciudad en el Monte Conero al sur de Ancona.

En 1547 es el abogado del municipio en una gran causa entre la ciudad de Ancona y los herederos de un acreedor de la misma ciudad. Al principio el municipio deniega la calidad de heredero del solicitante, luego la existencia del crédito y luego la entidad del crédito. La causa dura muchos años, pero al final Stracca perderá esta causa, y Ancona tendrá que pagar mucho dinero a Andrea Dado, veneciano.

En 1556 se produjo el juicio de Umana: se trataba de recuperar todas las prerrogativas sobre la ciudad de Umana usurpadas por el obispo local. En pri-mer lugar, Stracca intentó una conciliación que no tuvo ningún éxito. La cues-tión fue por lo tanto llevada ante la justicia, con Stracca abogado por la ciudad de Ancona. Una parte en la causa fue también el municipio de Roma. Preci-samente Stracca es enviado a Roma en 1560 para tratar la causa en el interés de la ciudad de Ancona. Sale victorioso con una bulla de concordia con la que todas las jurisdicciones son devueltas al municipio de Ancona mientras el obispo mantiene el ius pascendi.

7 De Mecatura, De navigatione núm. 26.8 Franchi, Luigi, op. cit., p. 28.9 Ibidem, passim.




En 1559 a Ancona se instituye el oficio de los pacificatores, en número de seis, que deben buscar soluciones en las causas privadas sobre la base de la autoridad atribuida por el Consejo de la ciudad. Stracca hace parte de los seis y entra así a título pleno en el mundo del derecho privado.

Su profesión de abogado y su compromiso político a menudo se mezclan: al mismo tiempo Stracca está en el consejo de la ciudad y es abogado del mismo.

En su obra es absolutamente visible cuanto su profesión de abogado ha influenciado en la sistematización del derecho mercantil. En sus escritos a menudo Stracca evoca cuestiones de las cuales se había ocupado personal-mente como abogado.

En 1553 Benvenuto Stracca escribe el gran tratado De Mercatura sive de Mercatore, que es la obra que lo ha hecho célebre en el mundo. Como decía, Stracca ha sido el primero en presentar una exposición sistemática del dere-cho mercantil.10

Este tratado es dividido en nueve partes:

1) El comercio en general: definición del concepto de mercader, distin-ción entre mercadería y artesanía.11

2) Los deberes de los mercantes: normativa estatutaria, redacción de los libros comerciales.

3) Las capacidades necesarias para ejercer la mercadería: limitaciones generales y especiales, que inciden al momento de la inscripción a la matricula mercatorum.

4) Las cosas que pueden formar objeto de mercadería: la identificación de ellas ocurre en negativo, a través de exclusión de las res extra com-mercium.

5) Los contratos mercantiles: mandato, hipoteca, apostadas (estas últi-mas comprenden los seguros o las sponsiones).

10 Walker, D. W., “Stracca”, The Oxford Companion of Law, Oxford, 1980; contra Dona-hue, Charles Jr., “Benvenuto Stracca’s De Mercatura: Was There a Lex mercatoria in Sixteenth-Cen- tury Italy?”, en Piergiovannim, Vito (ed.), From Lex Mercatoria to Commercial Law, Ber-lín, 2005, pp. 69-120, en particular p. 80; Gialdroni, Stefania, “Benvenuto Stracca «Tractatus de mercatura seu mercatore» («Treatise on Commerce or on the Merchant»)”, en Dauchy, Serge et al. (eds.), The Formation and Transmissión of Western Legal Cultura. 150 books that Made Law in the Age of Printing, Cham, 2016, pp. 96-99.

11 Pene Vidari, Gian Savino, Benvenuto Stracca, il diritto dei mercanti e il diritto comune, Ancona, 2013, pp. 71-89, spec. pp. 78 y ss.



5LUISA BRUNORI

6) El comercio marítimo: esta parte, muy consistente, trata del derecho marítimo (responsabilidad del capitán, alquiler de navíos, libertad de navegación, etcétera).12

7) El cese de la actividad mercantil: por muerte, por voluntad del mer-cante, por su interdicción penal.

8) La quiebra (tratada muy ampliamente en ocho partes).9) Los procedimientos en los tribunales mercantiles.

En 1569 publica un Tractatus de assecurationibus, donde, para aclarar el enredado argumento de los seguros, comenta punto por punto una póliza-tipo de los mercantes de Ancona de la época, tomada como modelo.

Como dicho, estas óperas constituyen el acto de nacimiento del “derecho mercantil científico”.13 Antes de 1550 no existía ninguna obra especial de derecho mercantil. Había naturalmente muchos libros sobre el arte de la mer-cadería, o tratados de contabilidad, o descripciones del comercio de algunos países, o algunos tratados morales. Pero en materia de derecho mercantil sólo existía el breve De contractibus mercatorum de Johannes Nider (1380-1438) el cual consideraba estos contratos únicamente bajo el aspecto de su licitud canónica, como lo observa el mismo Stracca.14

Por consiguiente, los principios generales de derecho mercantil tuvieron que ser encontrados por Stracca en los tratados de derecho general. En par-ticular en los numerosos comentarios al Digesto en circulación. Las obras de Baldo fueron particularmente preciosas para Stracca, como Baldo fue advo-catus artis lanae et marcatorum en Perusa, su ciudad nativa.15 Otras infor-maciones sobre el derecho mercantil podían ser encontradas en los distintos Consilia, en los numerosos comentarios de derecho canónico y civil que cir-culaban en la época.16

Sin embargo, para hacer posible una obra sintética y sistemática de dere-cho mercantil como la de Stracca, fue necesario también un contexto cultural

12 Piergiovanni, Vito, Il Tractatus de nautis, navis et navigatione di Benvenuto Stracca, Ancona, 2013, pp. 57-64.

13 Franchi, Luigi, op. cit., p. 125.14 “Magis ad animam et poli forum quam judiciales disceptationes pernent... cum materia a

nobis tractanda nihil commune habent”, De mercatura. De contratibus mercatorum, pr. 15 Barbagli, Alarico, Profili giuridici del fallimento nel pensiero dei commentatori, Turín,

2019.16 Pene Vidari, Gian Savino, Benvenuto Stracca, il diritto dei mercanti e il diritto comune,

cit., pp. 71 y ss.; Lattes, Alessandro, “Lo Stracca giureconsulto”, Rivista di Diritto Commer-ciale, 1909, pp. 624-649.




avanzado como lo fue el siglo XVI italiano, en pleno florecimiento del huma-nismo cultural.17

Stracca obra en medio de dos mundos, el del ius commune y el del humanismo;18 absorbe la mejor producción de los dos lados llegando a una síntesis absolutamente apta a su época. Por esta razón parece excesiva la afir-mación según la cual Stracca “is a Bartolist writing in a Bartolist tradition. He views de law with Bartolist lenses”.19 Y el hecho que “his principal tool of analysis is the multifarious uses of the term «equity»” no es un argumento su-ficiente. Cuando Stracca habla de la æquits en la resolución de las controver-sias comerciales, cita a Cicéron, el corpus iuris civilis, Bartole, por supuesto pero igual, Alcyat, Budé, André Tiraqueau, Johan Oldentorp, todos miembros de la escuela francesa del humanismo jurídico, aunque Alcyat era italiano y Oldentorp era alemán.20

Las florecientes condiciones comerciales del puerto de Ancona inspiraron sin duda esta redacción. Así como ayudaron la composición del De Mercau-tura los estudios en derecho a Bolonia, la adinerada familia enriquecida con los tráficos comerciales, la frecuentación en primera persona de los mercan-tes y de las actividades mercantiles. Efectivamente, bien que el manantial jurídico de referencia de Stracca es el corpus iuris civilis,21 él completa su obra con la descripción minuciosa de los usos comerciales de la época, y también con algunas soluciones personales y originales.

Indudablemente, aunque admirador del derecho romano y defensor de su observancia, Stracca a menudo creyó necesario preferirle —como igualmente hicieron muchos otros juristas del tiempo— los usos y los estatutos locales más adherentes a las nuevas exigencias de la vida social.22

En eso consiste la importancia, la originalidad, la primacía de la elabora-ción científica del jurista anconitano: haber concebido una obra doctrinal, un

17 Franchi, Luigi, op. cit., p. 128; Piergiovanni, Vito, Il Tractatus de nautis, navis et navi-gatione di Benvenuto Stracca, Ancona, 2013, pp. 57 y ss. Stracca conoce las obras de Lorenzo Valla, de Alciato, de Budé: Lattes, Alessandro, op. cit., pp. 633 y ss.; Pene Vidari, Gian Savino, op. cit., pp. 75 y 76.

18 “Stracca’s world is the world of the ius commune overlaid with a rather thin veneer of umanism”, Donahue, Charles Jr., “Early modern...”, cit., p. 13.

19 Donahue, Charles Jr., “Early modern...”, cit., p. 13.20 Donahue, Charles Jr., “Equity in the Courts of Merchants”, Tijdschrift voor Rechtsge-

schiedenis, 72, 2004, pp. 1-35.21 Stracca, Benvenuto, Tractatus duo de assecurationibus et proxenetis atque proxeneticis,

II n. 8, edizione consultata, Joannes Schipper J. F., Amsterdam, 1669; Lattes, Alessandro, op. cit., pp. 633 y ss.

22 Lattes, Alessandro, op. cit., pp. 635 y ss.



7LUISA BRUNORI

tratado teórico, que sin embargo se prestó a un inmediato y concreto uso en la actividad mercantil.

Stracca no es un docto profesor de universidad; es un abogado que ofre-ce su experiencia a la ciencia del derecho para explorar un ámbito que la doctrina pura había descuidado hasta aquel momento. Pero es un “abogado de cultura” muy docto y cosmopolita: conoce perfectamente toda la doctrina europea, conoce la jurisprudencia de los tribunales comerciales y está in-formado sobre toda la producción de la mejor cultura jurídica europea.23 Sin embargo, esta configuración de su obra no habría sido probablemente posible si Benvenuto Stracca no hubiera podido utilizar su experiencia de abogado.

La frecuentación de los tribunales comerciales y de la práctica judicial mercantil acerca la obra de Stracca a la realidad mercantil y le permite ser funcional frente a las necesidades de los profesionales del derecho de la época.

Como he dicho, su profesión de abogado es muy visible en su obra. A me-nudo los ejemplos utilizados por Stracca no son otra cosa que juicios en los que trabajó como abogado.24 Los casos más interesantes son quizás aquellos relativos a las relaciones entre mercaderes.

Stracca, en el De Mercatura, habla de algunos juicios a propósito del man-dato entre mercaderes.25 Por ejemplo, menciona una causa en que él fue abo-gado de algunos mercaderes de Ancona que habían encargado a unos mer-caderes de Nápoles de vender mercancías que los mercaderes de Ancona cargaron sobre el barco de los mercaderes de Nápoles. Los mercaderes de Nápoles, sin embargo, desplazaron las mercancías sobre otro barco que nau-fragó, con consiguiente pérdida de toda la mercancía. Los mercaderes de Nápoles invocaron como su disculpa el caso fortuito, mientras que los merca-deres de Ancona reclamaron el reembolso y los daños en razón de la culpa de los mercaderes mandatarios en el ejercicio del mandato recibido.26

La parte de la obra de Stracca dedicada a los seguros, es decir, el Tracta-tus de assecurationibus de 1569, es particularmente rica en ejemplos de ele-mentos controvertidos.27 Como es fácil imaginar, normalmente sucede que el

23 Pene Vidari, Gian Savino, op. cit., p. 74.24 De mercatura, IV núm. 32 y ss.; de nautis núm. 23 y 37 ; De adiecto, Quest 8 núm. 10

y 12, quest 10 núm. 1, quest 14 núm. 5 ; Annot. As Crav, resp 3 núm. 2,73. Numerosas son las cuestiones relativas a los aranceles que los mercantes tuvieron que pagar para importar y exportar sus mercancías, como por ejemplo el arancel de la sal y la salmuera.

25 De mercatura, tractatus de mandato, núm. 5 ,18, y 39 ss.26 Ibidem, núm. 18.27 De assecurationis, gl. X núm. 4 gl. XI núm. 42, 53 55, 56, 57, gl. XXVII núm. 2, gl. 32

núm.1, gl. XL.




asegurador no quiere pagar el reembolso y el asegurado reclama tal pago. Los ejemplos que Stracca toma de su experiencia de abogado son muchísimos.

A título de ejemplo puede ser citado el caso del mercader Ottavio que tuvo hipoteca sobre el barco de otro mercader y las mercancías transporta-das. El barco naufraga, el bastimento es completamente destruido y todas las mercancías se perdieron. Octavio, aunque no propietario del barco, pero titular de una garantía sobre el bien, ¿puede pedir ser indemnizado por el asegurador?28

Otro caso sacado de la propia experiencia de abogado de Stracca: para saber cuáles son los bienes asegurados, es decir, si hacen parte de la carga asegurada de un barco, la carta de carga, esto es, la lista de los bienes car-gados sobre el barco, ¿tiene que ser suscrita por un escribano público para constituir la prueba de los bienes cubiertos por el seguro? También en este caso Stracca está contándonos una controversia en que él ha prestado su obra de abogado.29

Los tratados de Stracca tuvieron muchísimo éxito en toda Europa, por el hecho también de haber sido escritos en latín. Eso permitió su difusión y su extraordinaria notoriedad, que siguió intacta en los siglos sucesivos.30 Gra-cias a Stracca el ius mercatorum entra por primera vez en la ciencia jurídica europea.31 Las obras del jurista anconitano fueron adoptadas por unos 250 años en toda Europa como base normativa sobre el comercio, hasta la promul-gación del código napoleónico y los diversos códigos nacionales. Sus tratados fueron de referencia en los tribunales europeos y sus recomendaciones fueron hechas propias incluso por el almirantazgo de Londres: el dicho “El mundo entero es patria de todos”, elegido por Stracca, no podía ser más profético.

BiBliografía

BarBaglI, Alarico, Profili giuridici del fallimento nel pensiero dei commen-tatori, Turín, 2019.

BIrocchI, Italo et al. (dir.), “Benvenuto Stracca”, Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), Bolonia, 2013, vol. 2.

28 De assecurationis, glossa X, núm. 4 “Assecuratio quod teneat si facta sit de pecuniis mihi debitis a magistro navis et promissis solvi aliis sub risico suæ navis in civitate Venetiarum propter risicum quod voluit correre”.

29 De assecurationis, glossa XI, núm. 55 “Literæ caricamenti an debeat esse scriptæ aut subscriptæ a scribano, et quod non probet si scribanus in vani subscriptisset et quid si a patrono subscriptæ sint”.

30 Donahue, Charles Jr., op. cit., pp. 69-120.31 Pene Vidari, Gian Savino, op. cit., p. 88.



9LUISA BRUNORI

chIaudIano Mario, “Stracca”, en Novissimo Digesto Italiano, Turín, 1957-1980, v. 18, 1971.

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SÍMBOLOS DE LA ABOGACÍA Y PRIVILEGIO PROFESIONAL EN LA NUEVA ESPAÑA: EL USO DE PUÑOS

O VUELTAS DE GASA BLANCA EN EL TRAJE DE LOS ABOGADOS

Oscar cruz BarnEy*

sumario: I. Introducción. Los abogados novohispanos. II. El traje de los abogados y los puños de gaza o encaje: privilegio exclusivo para abogados seculares y no eclesiásticos en Nueva España. III. Conclusión. IV. Fuentes.

V. Anexos.

i. introducción. los aBogados novohispanos1

En la Nueva España se presentó de inicio una disputa, que duró cinco años, sobre la conveniencia o no de permitir la presencia de abogados en las nuevas tierras. El que puso fin a la disputa fue el emperador Carlos V quien, al ex-pedir las ordenanzas de la Real Audiencia y Chancillería de Nueva España, resolvió en definitiva la aceptación de los abogados en las tierras novohispa-nas.2

Las disposiciones que regían el ejercicio de la profesión provenían tanto del derecho castellano como del indiano. Su objeto fundamental era evitar la defraudación a los clientes por medio de maniobras corruptas del abogado, es decir, el control ético del ejercicio profesional. Desde las Siete Partidas de Alfonso X “...la monarquía castellana buscó evitar abusos de todo orden come-tidos contra los pleiteantes, tales como defender a las dos partes en demanda,

* Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. E-mail: ocbar [email protected].

1 Sobre este tema véase nuestro texto Cruz Barney, Oscar, “Abogacía y abogados en la Nueva España: del Ilustre y Real Colegio de Abogados de México al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México”, en Muñoz Machado, Santiago (coord.), Historia de la abogacía es-pañola, Madrid, Consejo General de la Abogacía Española-Thomson Reuters Aranzadi, 2015, 2 ts.

2 Icaza Dufour, Francisco de, La abogacía en el Reino de Nueva España 1521-1821, Mé-xico, Miguel Ángel Porrúa, 1998, p. 78.



12 SÍMBOLOS DE LA ABOGACÍA Y PRIVILEGIO PROFESIONAL...

sobreprecio de los escritos y de los alegatos orales... posturas que registraban ausencia de una ética profesional...”.3

Conforme a la Recopilación de Indias y de acuerdo con las Ordenanzas Ge-nerales de Audiencias de 1563 de Felipe II,4 ninguno podría ser abogado en las reales audiencias indianas sin haber sido primeramente examinado por el presidente y oidores e inscrito en la matrícula de abogados. Aquel abogado que violase esta disposición sería suspendido del oficio por un año y se le impondría una multa de cincuenta pesos en la primera ocasión; si reincidiera la pena y la multa serían del doble, y por la tercera quedaría inhabilitado de por vida para el ejercicio de la abogacía. Ningún bachiller podía abogar ante las reales audiencias sin haber sido antes examinado ni podía sentarse en los estrados donde se sentaban los doctores y licenciados, pena de cuarenta pe-sos de multa.5 Ningún letrado podría ser admitido a examen de abogado si no estaba graduado de bachiller y acreditado de dos años de pasantía.6

Los abogados debían jurar no ayudar en causas injustas ni acusar injusta-mente, desamparando las causas que hubiesen tomado cuando conocieren de su injusticia. Asimismo, cuando algún abogado había ayudado a una parte en la primera instancia, estaba impedido de ayudar a la contraria en la segunda y tercera.

Importante es lo señalado en la Ley XI de la Recopilación en el sentido de que si algún abogado descubriese el secreto de su parte a la contraria, o a otra en su favor, o si se descubre que aconseja a ambas partes contrarias en un mismo juicio, o si no quisiere jurar lo contenido en las Ordenanzas, Leyes y Pragmáticas de estos Reynos de Castilla, por el mismo hecho sería privado del oficio de la abogacía,7 perdiendo la mitad de sus bienes si hiciere uso del mismo después de haber sido privado de él.

3 Rocha Wanderley, Marcelo da, “Si saben ustedes de los méritos”, en Aguirre Salvador, Rodolfo, Carrera, linaje y patronazgo. Clérigos y juristas en Nueva España, Chile y Perú (siglos XVI-XVIII), México, Plaza y Valdés-UNAM, CESU 2004, p. 185.

4 Su texto en Sánchez Arcilla Bernal, José, Las ordenanzas de las Audiencias de Indias (1511-1821), Madrid, Dykinson, 1992, pp. 189-249.

5 Rec. Ind. Ley I, Tít. XXIIII, Lib. II y Ley II, Tít. XXIIII, Lib. II. Utilizamos la siguiente edición: Recopilación de leyes de los Reynos de las Indias, mandadas imprimir y publicar por la Magestad Católica del Rey Don Carlos II, Nuestro Señor, Madrid, Por la Viuda de D. Joaquin Ibarra, 1791, 3 ts. Estas mismas disposiciones en Elizondo, Francisco Antonio de, Práctica universal forense de los tribunales de España y de las Indias, Madrid, Viuda e Hijo de Marín, 1792, t. IV, pp. 66 y ss.

6 Montemayor y Córdova de Cuenca, Juan Francisco de, Recopilación sumaria de algunos autos acordados de la Real Audiencia y Chancillería de la Nueva España, que reside en la Ciu-dad de México, México, Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1787, p. I, Auto Acordado III.

7 Señala Francisco de la Pradilla Barnuevo que el delito de prevaricación lo comete el abogado cuando en público alega y hace por una parte y en secreto o públicamente favorece



13OSCAR CRUZ BARNEY

Tomado de las Ordenanzas Generales de 1596, se prohibía a los abogados dilatar los pleitos, debiendo abreviarlos en lo posible, especialmente los de indios a los que debían cobrar muy moderadamente y ser sus verdaderos pro-tectores y defensores, en sus personas y bienes.8

A fin de mantener la independencia de los juzgadores, se prohibía que fuesen abogados en las Audiencias Reales de las Indias los letrados hijos, suegros, cuñados, hermanos o padres de oidores, so pena de incurrir el abo-gado en una multa de mil castellanos de oro, no pudiendo ser admitido en la abogacía quien tuviese este impedimento. Mismo respecto del presidente o del fiscal de la Real Audiencia de que se trate.9

Mediante Auto Acordado de la Real Audiencia de México se estableció que los abogados que tuvieren pleitos pendientes en la Real Audiencia de-bían asistir a los corredores de ella tres horas por la mañana, en que duraba el despacho, so pena de cuatro pesos.10

En 1709 se ordenó que no podrían ser admitidos a examen de abogado los que no acreditaren ser españoles e hijos legítimos o naturales de tales padres españoles, declarados y reconocidos por ellos.11 A partir de 1744 los aboga-dos que se presentaren a examen lo debían hacer en la Real Audiencia con término de 48 horas examinándose en una de las salas a puerta cerrada ante los oidores, teniéndose siempre cuidado de señalarles los pleitos de mayor entidad.

A fines de mayo de 1758 un grupo de abogados del foro de la Ciudad de México a la cabeza de los cuales se encontraba el licenciado don Baltasar La-drón de Guevara,12 solicitaron y obtuvieron tanto del virrey como de la Real

a la contraria y descubre los secretos de la causa. La pena que se impone a los prevaricadores por el derecho civil es que son infames y privados en su oficio. Y por derecho del reino la pena es la determinada y de muerte por ser gravísimo el delito. “La qual procede, quando la preva-ricación se comete, abogando por la una parte en publico, y por la otra en secreto... la pena de los Abogados, que segun lo dicho prevarican, y descubren los secretos de la causa, es, privación de abogar y de dinero, según el nuevo derecho”. Véase Pradilla Barnuevo, Francisco, Suma de todas las leyes penales, canónicas, civiles, y destos Reynos, de mucha utilidad, y provecho, no solo para los naturales dellos, pero para todos en general, Madrid, Por la viuda de Luis Sánchez, 1628, pp. 91 y 92.

8 Rec. Ind. Ley XXV, Tít. XXIIII, Lib. II. Véase Sánchez Arcilla Bernal, José, Las orde-nanzas..., p. 295.

9 Rec. Ind. Ley XXVIII, Tít. XXIIII, Lib. II.10 Montemayor y Córdova de Cuenca, Juan Francisco de, Recopilación sumaria..., p. I,

Auto Acordado II.11 Bentura Beleña, Eusebio, Recopilación sumaria de los autos acordados de la Real Au-

diencia de esta Nueva España, que desde el año de 1677 hasta el de 1786 han podido recogerse, México, Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1787, p. I.

12 Padre del Colegio de Abogados. Véase Mayagoitia y von Hagelstein, Alejandro, “240




Audiencia de la Nueva España, el permiso para reunirse con los demás le-trados novohispanos para tratar la conveniencia de fundar un colegio que tu-viera como sus principales fines el mutualismo y la dignificación de los abo-gados.13 Este establecimiento permanente, mediante las aportaciones de sus miembros ayudaría a los abogados y a sus familias, además de cuidar de otros aspectos relativos a la actividad profesional.14

Se convocó a todos los abogados de la capital virreinal a una primera re-unión que se produjo el 11 de junio de 1758. En ella se les informó de la intención de formar un colegio para la conservación del lustre que siempre y en todas partes habían tenido los abogados y en lo posible alejar a ellos y a sus familias de la pobreza en que la muerte o la enfermedad solían sumirlas. Todos estuvieron de acuerdo con la conveniencia de dicha fundación.15

Una segunda reunión se llevó a cabo el 18 de junio de 1758 en casa de los hermanos Beye de Cisneros en donde se acordó nombrar a 10 abogados para que se encargaran de la redacción de los estatutos, encabezada por el Ilmo. Sr. Arzobispo electo de Manila don Manuel Antonio Rojo del Río y Vieyra.16

El 29 de enero de 1759 se discutieron en su proyecto definitivo y fue desig-nado un procurador a fin de que solicitara la aprobación del monarca para el establecimiento del Colegio y de sus estatutos. La solicitud fue aprobada por el virrey y el fiscal de la Real Audiencia y remitida a España.

La autorización para la fundación del Colegio fue otorgada por Carlos III mediante Real Cédula del 21 de junio de 1760, además le otorgó el título de Ilustre y lo admitió bajo su real protección.17

Precisamente uno de los timbres que significaban un mayor orgullo para el Colegio era el de contar con tal denominación.18 Finalmente, mediante

años del I. y N. Colegio de Abogados de México”, Revista de Investigaciones Jurídicas, México, 2000, núm. 24, p. 609. Una biografía del mismo en Mayagoitia y von Hagelstein, Alejandro, “Don Baltasar Ladrón de Guevara, primer motor de la fundación del Ilustre y Real Colegio de Abogados de México”, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México A.C. Mecanismo de Comunicación, México, año 1, núm. 1.

13 Sobre el primer rector del Colegio véase Mayagoitia, Alejandro, “Don Manuel Ignacio Beye de Cisneros y Quijano, Rector del Ilustre y Real Colegio de Abogados de México”, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México A.C. Mecanismo de Comunicación, México, año 1, núm. 2. Para una biografía del segundo rector véase del mismo autor “Don Manuel Vicente Rodríguez de Albuerne y Tagle, marqués de Altamira Segundo Rector del Ilustre y Real Cole-gio de Abogados de México”, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México A. C., México, año 1, núm. 3.

14 Mayagoitia, Alejandro, “Los rectores del Ilustre...”, op. cit., p. 267.15 Ibidem, p. 268.16 Mayagoitia y von Hagelstein, Alejandro, “240 años del I. y N...”, p. 610.17 Icaza Dufour, Francisco de, op. cit., p. 85.18 Mayagoitia, Alejandro, “De real a nacional: el Ilustre Colegio de Abogados de México”,



15OSCAR CRUZ BARNEY

reales cédulas del 6 de noviembre y 24 de diciembre de 1766 se incorporó por filiación el Colegio de Abogados de México al de Madrid, con los mismos privilegios y gracias.19

Se insistía en que los miembros del Colegio debían tener cualidades socia-les y personales que ayudasen a honrar la profesión y distinguieran a los abo-gados del resto de la población en general, acercándolos a la elite en Nueva España.20 Hacia 1792 los individuos matriculados en el Ilustre y Real Colegio de esta Nueva España ascendían a 230.21

El Colegio de Abogados de México exigió a los recibidos que quisieran matricularse ciertos requisitos personales y familiares, quedando los que in-gresaban como una elite dentro de la elite ya que los abogados por el simple hecho de serlo gozaban de nobleza personal.22 Cabe destacar que el Estatuto de Limpieza de Sangre del Colegio era un requisito propio de la sociedad del momento, basada en la diferencia y no en el principio de igualdad que habría de regir a partir del constitucionalismo y la independencia.23 De ahí que debe verse en ese contexto, fruto de un movimiento de consolidación de la Monar-quía Hispánica en el siglo XVI y con el que contaban todos los colegios de abogados del mundo hispánico y algunas de sus corporaciones más importan-tes, no como algo exclusivo del colegio mexicano.24

en La supervivencia del derecho español en Hispanoamérica durante la época independiente, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, p. 410.

19 Sobre el Colegio véase Cruz Barney, Oscar, “El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. 250 años de colegiación de la abogacía”, Lecturas Jurídicas, México, V época, edición especial, septiembre de 2010.

20 Mayagoitia, Alejandro, “De real a nacional..., cit., p. 400.21 Véase la Lista de los abogados que se hallan matriculados en el Ilustre y Real Colegio

de esta Nueva España, con expresion de su antiguedad en exámen é incorporacion en esta Real Audiencia como lo denotan las fechas de cada casilla y números del margen. Sirve para el pre-sente año de 1792.

22 Real Decreto del Señor Don Carlos III en San Lorenzo a á 17 de noviembre de 1765, en Pérez y López, Antonio Xavier, Teatro de la Legislación Universal de España e Indias, Madrid, Imprenta de Antonio Espinoza, 1791-1798, t. I, p. 62.

23 Se exigía la limpieza de sangre para ser considerado una persona de cierto nivel, es de-cir, que no hubiera antepasados con sangre hebrea, mora o de penitenciada por la Inquisición en varias generaciones. Este fenómeno pseudonobiliario trajo como consecuencia la margina-ción de grupos de descendientes de judíos y no cristianos. La sangre indígena no tenía ningún problema con el tema de la limpieza de sangre pues se consideraba “limpia”.

24 No es aceptable ciertamente la crítica descontextualizada al mismo desde una perspec-tiva actual, sin mediar la explicación correspondiente. Sobre la limpieza de sangre y la nobleza en las Indias, véase Böttcher, Nikolaus et al. (coords.), El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico, México, El Colegio de México, 2011; Falcón Ramírez, J., Clases, estamentos y razas. España e Indias a través del pensamiento arbitrista del Marqués de Varinas, Madrid, CSIC, 1988; Hernández Franco, Juan, Cultura y limpieza de sangre en la Es-




José Berní y Catalá reúne en su Resumen de los privilegios, Gracias y Pre-rrogativas de los Abogados Españoles publicada en 1764, 52 privilegios que le corresponden a los abogados, entre ellos, los más ilustrativos de la impor-tancia de nuestra profesión y de la colegiación son:25

1) Que el abogado es muy esencial para la vida humana en lo político.2) Que la abogacía es un ministerio público. Ya en las Siete Partidas se

establecía que el oficio de abogado es muy provechoso para ser mejor librados los pleitos sobre todo cuando los abogados son buenos y ac-túan lealmente.26

3) Que el ser abogado es dignidad.4) Que por la abogacía se consigue honor y gloria y a sus profesores se

les llama clarísimos.5) Que al abogado no se le da tormento.6) Que los abogados están exentos de ir a la guerra.7) Que los libros de los abogados no se pueden embargar por deuda civil.8) Que los privilegios concedidos a la abogacía son irrenunciables.9) Que los abogados pueden usar de armas permitidas a los militares y

a la nobleza.10) Los méritos de los abogados son los que se consideran para el uso de

la toga.

Precisamente, uno de los privilegios que interesa en este momento es el del uso de la toga.

Es importante tener presente que a los abogados novohispanos se les con-cedió una gracia especial, consistente en el derecho a utilizar en sus togas puños de encaje de bolillo, privilegio sólo reservado a las altas autoridades eclesiásticas y que se conserva actualmente en las sesiones togadas del Co-legio.

paña moderna. Puritate Sanguinis, Murcia, Universidad de Murcia, 1996; más recientemente Hernández Franco, Juan, Sangre limpia, sangre española. El debate de los estatutos de limpieza de sangre (siglos XV-XVII), Madrid, Cátedra, 2011, y Mayagoitia y Hagelstein, Alejandro, El ingreso al Ilustre y Real Colegio de Abogados de México: historia, derecho y genealogía, México, Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana-Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, 1999.

25 Berní y Catalá, Joseph, Resumen de los privilegios, Gracias y Prerrogativas de los Aboga-dos Españoles, Valencia, por Joseph Th. Lucas, Impresor del S. Oficio, 1764.

26 Véase el Tít. VI, Part. III. Las Siete Partidas, Glosadas por Alonso Díaz de Montalvo, Lyon de Francia, en la imprenta de Mateo Bonhome, 1550, 2 ts. Estudio Introductorio de Oscar Cruz Barney, México, Tribunal Superior de Justicia-Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, 2010.



17OSCAR CRUZ BARNEY

ii. El traJE dE los aBogados y los puños dE gaza o EncaJE: privilEgio Exclusivo para aBogados sEcularEs y no EclEsiásticos En nuEva España

La toga es una vestimenta propia de la profesión de abogado, es la prenda profesional de los juristas. Si bien actualmente en México son los jueces tanto locales como federales quienes la utilizan, lo hacen con diseños variados y ciertamente ajenos a nuestra tradición en el uso de dicha prenda, y es a los abogados a quienes corresponde en primer lugar el portarla.

El origen de la toga en su forma actual la encontramos en el traje talar (por-que llega a los talones) o “garnacha” (conforme al Diccionario de la Lengua Española: vestidura talar que usan los togados, con mangas y un sobrecuello grande, que cae desde los hombros a las espaldas). Inicialmente una buena parte del alumnado que realizaba estudios de derecho fueron eclesiásticos, lo que llevaría a que el grupo de estudiantes de la ciencia jurídica y los juristas adoptasen como signo de distinción pública el traje talar propio de los ecle-siásticos. Posteriormente se adoptaría la capa o toga con un cuello vuelto de gasa blanca al que se le denominaría golilla.

Ya que los juicios se celebraban al aire libre, la toga consistía en un ropón que llegaba hasta el suelo y abrigaba al postulante. La toga iba ceñida por la cintura con una cinta cosida que se ataba por delante a la que se denomina “pretina” y fija por detrás al “halda” que era la misma tela que, formando pliegues, permitía ser extendida sobre la grupa cuando se montaba a caballo.

La “garnacha” llevaba sobre los hombros otra pieza, cuadrada, que se de-nomina “manta” o “mantón”, que permitía cubrir la cabeza a manera de pro-tección del tiempo, que se conserva hasta hoy en día, cosida por los hombros formando un escapulario de diferente tela, que puede ser de seda o no, bri-llante.

A la “garnacha” se le sobrepuso al frente una franja ancha de seda negra o bien de terciopelo negro, el denominado “palio” o “beca” cosida a cada borde de la apertura central que desde el cuello llega al borde inferior. En el virrei-nato, los corregidores letrados la llevaban a diferencia de los corregidores de capa y espada.

Desde tiempos de Felipe II se añadirán a los abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid unos puños o “puñetas” de gasa blanca denominadas “golillos” o “vuelillos”. Estas puñetas se confeccionan a mano y solían ha-cerlo las mujeres condenadas a prisión, de donde viene la expresión de “vete a hacer puñetas”.

Cabe destacar que Alfonso X impuso la garnacha sin vuelilllos como pren-da profesional de los juristas en las cortes de Jerez de la Frontera en abril de




1267. Los vuelillos quedaron reservados en España hoy en día a los miem-bros de las juntas de gobierno de los Colegios de Abogados y a los jueces.

Señala José Santiago Yanes Pérez que, en 1379, Juan I, en las Cortes de Burgos, autorizó a doctores y oidores de la audiencia el ostentar vestidos de oro y adornos de oro en las vestiduras. En “la de Monzón de 1553, se auto-riza en Aragón a los hombres de letras la amplia utilización de la seda en los forros y de la anchura que quisieren”.27 Años más tarde, el francés Barthele-my Joly, quien realiza un viaje por España entre 1603 y 1604, destacó, en su obra Viaje por España, la atención a la sobria vestimenta de los Consejeros de Castilla, describiendo que:

Su vestido es una toga burguesa llamada garnacha, que le llega hasta la media pierna, y las mangas grandes hasta el codo, y desde allí hasta la muñeca muy jus-tas y estrechas; sus gorros llamados gorros son tocas de terciopelo, no pudiendo entrar en el Tribunal con sombreros, llevando en la mano un bastoncito, marca de su magistratura llamada vara.

Por su parte, Gil González Dávila, en su obra Teatro de las Grandezas de la Villa de Madrid (1623), precisó que tal indumentaria fue establecida por Felipe II en 1579.28 Referencias éstas que nos describen la garnacha como modalidad de toga, aunque referidos a ministros de gobierno. Pero también de los oidores.

Según Bernardino Bravo Lira, citado por Yanes Pérez,

el uso de la garnacha se reservó también a los oidores y al fiscal de las Au-diencias de Indias, con prohibición de que pudieran vestirla otras personas de cualquiera calidad, estado y condición, en virtud de Real Cédula de 22 de mayo de 1581, siendo así que el uso de la garnacha y de la golilla (adorno hecho de cartón, forrado en tela que rodeaba el cuello y llevaba unido por delante, en la parte superior, un pedazo que caía por debajo de la barba, con esquinas a los dos lados, sobre el cual se ponía una tela de gasa engomada o almidonada), se man-tuvo en el siglo XVIII “...y perduró hasta las postrimerías de la época indiana”.29

A lo largo de estos siglos, debió existir cierta confusión en el uso de los tra-jes de los abogados. Al menos para Valencia, el abogado José Berní redactó un

27 Lalinde Abadía, Jesús, “La indumentaria como símbolo de la discriminación jurídico-social”, Anuario de Historia del Derecho Español, Madrid, núm. LIII, 1983, p. 594.

28 Barrios, Feliciano, Los Reales Consejos (El gobierno central de la Monarquía en los escritores sobre Madrid del siglo XVII), Madrid, 1988, p. 163.

29 Bravo Lira, Bernardino, “Símbolos de la función judicial en el Derecho Indiano”, Poder y presión fiscal en la América española (siglos XVI, XVII y XVIII), Valladolid, 1986, pp. 253 y 254.



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amplio escrito de fecha 30 de noviembre de 1776, en el que expuso al entonces decano del Colegio de Abogados de Valencia, las “decadencias” en que se en-contraba a su opinión sumida la corporación. Denunció que los estatutos corpo-rativos de 1762 prevenían “...la mayor modestia en el trage”, pero “...Todos los saben, y pocos le observan. El luxo sobra, y el bestido de Ordenanza falta, y llega a tanto la desidia, que casi se sumban del vestido de golilla, quando no se va a la Sala; y no extrañan plumas, galones, sombreros gachos, redes de moda, y zapatos blancos; y ciertamente, que los tales no cumplen con el instituto”.30

Mediante Real Cédula del 13 de junio de 1772 se le concedió a los abo-gados seculares poder usar bolillos blancos en las bocamangas, con el traje de Golilla.

La concesión del privilegio del uso de bolillos blancos se hizo a solicitud del Ilustre y Real Colegio de Abogados de México “a fin de que pudiese mantener el Esplendor correspondiente a su Noble y Excelente Facultad al tiempo de su creación”. El Colegio desde su fundación gozaba de la parti-cipación de las preeminencias, y prerrogativas de que gozaba el Colegio de Abogados de la Corte, y Villa de Madrid.

La petición se hizo en virtud de que, pese a que se había procurado conser-var la decencia correspondiente, en la Ciudad de México era común el traje de Capa y Golilla en los procuradores, médicos, boticarios, cirujanos, barbe-ros, y otras personas, lo que ocasionaba que los abogados fuesen confundidos con dichas profesiones o actividades, “de modo, q. No era posible conocer por el traje el Profesor Letrado, como parecía regular, mediante lo q. les distin-guen las Leyes, los honores, q. les concedieron mis Gloriosos Predecesores”.

El Colegio de Abogados acudió primeramente al virrey de la Nueva Espa-ña Carlos Francisco de Croix, el marqués de Croix, quien, curiosamente y no hay casualidades en esta vida, nació en Lille, Francia, en 1699, solicitando permitiese a los abogados el distintivo de llevar vueltas de gasa en los puños, con prohibición de traerlas los secretarios procuradores y demás personas. El asesor del virrey le manifestó que tenía que ir arreglada la presentación de los abogados a la práctica, que se observa en Castilla, en donde se diferencian los abogados de los secretarios, procuradores, y aun en algunas Audiencias usan también de los puños o manguetas blancas, para distinguirse de los que vienen de Golilla.

El virrey decretó que se acudiera al rey (quien era Carlos III) para que la autorizara para su mayor seguridad, y firmeza, suplicando que fuera servido conceder a los miembros del Colegio el veres o distintivo de vueltas, o puños

30 Nácher Hernández, Pedro, Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Valen-cia, 1962, p. 111.




de gaza, y del de Chía, a ejemplo de lo que se practica en Castilla para los abogados de las Chancillerías y Tribunales, a excepción de los de la Corte, que no los visten por haberse concedido en ella el traje de Golilla a solo el ministerio de los abogados, y relatores a fin de no poderse equivocar estos con los de otra Clase o Profesión. Se le solicitó al monarca que se dignase mandar no se permitiera igual distintivo a los secretarios, procuradores, y demás per-sonas, que en esta ciudad acostumbran a vestir de Capa, y Golilla.

La solicitud fue conocida en el Consejo de Indias y con el parecer del fiscal se decidió conceder a los abogados y relatores privativamente el distintivo de Bolillos.

El 31 de agosto siguiente, el rector del Ilustre y Real Colegio de Aboga-dos quien era don Antonio Eugenio de Melgarejo y Santaella (1772-1773), al momento de presentar la Real Cédula al virrey (Antonio María de Bucareli y Ursúa) le solicitó que se le pusiese el “cúmplase” a la misma, es decir, que se guardase, cumpliese, y ejecutase la cédula real, prohibiendo con la pena, que fuere de su agrado que otros que no fueren los abogados y relatores ecle-siásticos, y seculares matriculados en el Colegio, solicitando se devuelva la Real Cedula para el Archivo del Colegio.

El 7 de septiembre siguiente (1772) el fiscal de la Real Audiencia de México, don José Antonio de Areche y Sornoza (quien tiempo después sería nombrado por José de Gálvez visitador general del Reino del Perú y consejero de Indias),31 señaló que la Real Cédula entendida en su objeto y sentido lite-ral, se conducía a que los abogados y relatores que utilizan Golilla, que son del Colegio, se distingan de las otras personas, que usan igual traje en esta América, “y su Rector la quiere extender también à los Eclesiásticos sus Yn-dibiduos matriculados, ô incorporados, los quales no visten el trage q. hace la confusion”. Sostuvo el fiscal que esta gracia dejaría distinto efecto, que el que tiene por fin si así se extendiese, pues entonces los Eclesiásticos Abo-gados trayendo los puños, o bolillos de gaza se confundirían con los señores inquisidores, y también en algún caso con los señores ministros de la Real Audiencia, que son también eclesiásticos, como ya los ha habido, y puede haber en lo de adelante.

Señaló que este inconveniente siendo de hecho debe impedir por su parte el “cúmplase” que se pide, y sólo declarar que la gracia es concedida a los abogados seculares, que visten el traje de Golilla (a quienes lo vestían se les llamaba “golillas”), y son del Ilustre Colegio.

Sostiene además el fiscal que

31 Véase Burkholder, Mark A. y Chandler, D. S., Biographical Dictionary of Audiencia Ministers in the Americas, 1687-1821, USA, Greenwood Press, 1982, pp. 22 y 23.



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sin embargo de que el Fiscal confieza, que es digno de las mayores distinciones en todos sus Yndibiduos por las limpias circunstancias, q. los adornan; pero no puede consentir por su oficio, q. esta alcanze a los Eclesiásticos, respecto de q. el Rey solo ha querido distinguir â los Seculares, q. sean Miembros de él, y bajo de este concepto, puede Vuestra Excelencia dar â esta Real Cedula el Cumpla-se, q. se solicita para su Execucion, sentandola en los Libros à q. corresponda, y debolbiendo la original, ô en testimonio al mencionado Rector conforme â la Ley para su inteligencia, y q. la haga observar â los Yndibiduos unicamente del Ilustre Colegio, con prohivicion de q. ninguna ôtra Persona uƒse de esta gracia mas q. los Seculares matriculados, si no quieren incurrir en la pena de mil pesos, q. se le sacarian irremisiblemente interin el Rey determina otra cosa, â cuyo fin se le daria cuenta.

Asimismo, solicitó el fiscal que se pasare también testimonio de la Real Cédula a la Real Audiencia “para q. conste allí, como corresponde el origen de la novedad, ô distintibo, q. va à haver en los Abogados, y Relatores, q. sean Miembros matriculados del Ilustre Colegio de esta Capital”.

Finalmente, el 13 de septiembre de 1772 se dio el “Cúmplase”,

con arreglo à los expresos literales terminos en que concede â los Abogados, y Relatores, q. visten el trage de Golilla el Distintivo de Bolillos, ô puños de gaza, lo usaràn solo los q. vistieren dicho trage para distinguirse de los Srios., Procura-dores, Medicos, Barberos y demás, exceptuandose los Clerigos Profesores de la Abogacia por las razones, que expone el Sr. Fiscal, y ninguno de los q. visten el mencionado Trage, q. no sea Abogado matriculado en el Iltre., y Real Colegio, a cuya instancia concedio S.M. la gracia, usare el distintivo de puños, bajo la pena de mil pesos q. hare sacar irremisiblemente a los contraventores.

Este privilegio se recoge por Eusebio Bentura Beleña en su Recopila-ción de Autos Acordados de la Real Audiencia de México en los siguientes términos:32 “Por Real Cédula de 13 de Junio de 1772 se permitió á los Abo-gados de esta Capital usen privativamente del distintivo de Bolillos ó Puños de Gasa”.

Cabe destacar que el privilegio de utilizar puños o bolillos en las boca-mangas de los vestidos talares se pediría cerca de veinte años después, en 1793, por el Dean y Cabildo de la Catedral de México. En la Real Cédula se señala como argumento justificativo para la concesión del privilegio que

32 Bentura Beleña, Eusebio, Recopilación sumaria de los autos acordados de la Real Au-diencia de esta Nueva España, que desde el año de 1677 hasta el de 1786 han podido recogerse, Tercer Foliaje, México, Felipe de Z.úñiga y Ontiveros, 1787, Auto Acordado Primero, Nota 1, p. I.




...en Lima en donde además de la Audiencia pretorial había Tribunal de la In-quisición, disfrutaban las dignidades, Canónigos, Racioneros y Medios del dis-tintivo de Bolillos o puños en las boca-mangas cuando se vestían de ropa talar, sin que jamás se les hubiera puesto impedimento en ello, ni lo era el reparo (como sí lo fue con los abogados novohispanos) de que pudieran confundirse con los Ministros e Inquisidores, “porque así en esta Corte como en el resto de mis dominios de España é Indias, solo llevaban los Puños ó Bolillos, quando vestían la Garnacha, que los distinguia y manifestaba su carácter, y los que eran Eclesiasticos, asi Ministros, como Inquisidores, usaban los Puños azules, y no blancos, de forma que no había exemplar de equivocarlos; y finalmete, que en Charcas, Chile, Quito, Buenos Aires y Cusco, igualmente havian usado siempre los Prebendados de sus respectivas Iglesias del indicado distintivo de Puños, á vista de los Presidentes y Ministros de las Audiencias respectivas, sin que se les huviera impedido...

El privilegio se les concede al Dean y Cabildo de la Catedral Metropolita-na mediante Real Cédula de Carlos IV del 6 de mayo de 1794.33

En los Estatutos de 1808 del Ilustre y Real Colegio de Abogados de Méxi-co, segundos en su orden, incorporan en su texto el distintivo que tenían los abogados incorporados al Colegio, que era el de usar el distintivo de bolillos siempre que vistiesen el traje curial, bajo la pena de dos pesos si no lo hicie-ren. Se consideraba por los Estatutos que dicho traje era el más propio para presentarse en la Real Audiencia.34

En el periodo que corre de 1808 a 1821 el Colegio buscó no solamente defender sus privilegios como corporación sino aumentarlos. En 1809 se so-licitó se les concediera el uso de uniforme y de una medalla que contuviera el busto del rey, símbolos que los distinguieran como fieles vasallos. Se ase-guraba que la abogacía era una milicia togada al trabajar como soldados por los intereses y la conservación de la patria, sosteniendo los derechos del altar y del trono. El uniforme se utilizaría en aquellos casos en que no se utilizase el traje curial, el cual solamente estaba permitido en los estrados y serviría para distinguirles del resto de las clases del Estado.35 Finalmente, se buscó justificar el uniforme con el argumento de que eliminaría la necesidad de ad-quirir varios trajes decentes al año con los cuales presentarse ante el público,

33 Real Cédula de Su Magestad, fecha en Aranjuez a 6 de Mayo de 1794 por la que se concede al Ilustrísimo y venerable Señor Dean y Cabildo de esta Santa Iglesia Metropolitana de México, el uso perpetuo de Puños o Bolillos en las boca-mangas de sus vestidos talares, siempre que vistan este traje, México, Herederos del Lic. José de Jáuregui, 1794.

34 Estatutos de 1808, Estatuto 2, Núm. 18.35 Mayagoitia, A., “De real a nacional..., cit., pp. 419 y 420.



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lo que significaría un notable ahorro, especialmente si se consideraban las variaciones de la moda.36

Inclusive aprovechando el viaje del miembro del Colegio Miguel Guridi y Alcocer a las Cortes de Cádiz como diputado, se solicitó el título de fi-delísimo. Cabe señalar que no obtuvo ninguno de los privilegios señalados. En 1811 se quejaba el promotor del Colegio López Matoso de la pérdida de formalidad en las juntas del mismo por la falta de uso del traje curial,37 que entraría en desuso poco tiempo después.

iii. conclusión

La gracia concedida a los abogados novohispanos consistente en el derecho a utilizar en sus togas puños de encaje de bolillo, privilegio sólo reservado a las altas autoridades eclesiásticas, confirma la concepción de elite profesional que distinguió a la profesión en el siglo XVIII.

El otorgamiento del privilegio buscó también acabar con la confusión en el uso de los trajes de los abogados y de otras profesiones. Siendo que en la Ciudad de México era común el traje de Capa y Golilla en los procuradores, médicos, boticarios, cirujanos, barberos, y otras personas, el otorgamiento de la distinción tuvo una finalidad práctica evidente: precisamente la de distin-guir a los abogados respecto del resto de los togados.

Los abogados novohispanos buscaron mantener e incrementar esas distin-ciones y sus privilegios como corporación, de ahí la solicitud en 1809 al rey en el sentido de que se les concediese el uso de uniforme y de una medalla, símbolos que los distinguiesen como fieles vasallos.

iv. fuEntEs

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36 Ibidem, p. 420.37 Ibidem, p. 421.




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Lista de los abogados que se hallan matriculados en el Ilustre y Real Colegio de esta Nueva España, con expresion de su antiguedad en exámen é incor-poracion en esta Real Audiencia como lo denotan las fechas de cada casilla y números del margen. Sirve para el presente año de 1792.

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v. anExos

Año de 1772Real Cedula en q.e S.M. concede a los Abogados Seculares puedan usar boli-llos blancos en las bocamangas, con el trage de Golilla.

El Rey = D.n Antonio Maria Bucareli, Theniente Gral. De mis R.es Ejércitos, Virrey, Governador, y Cap. Gral de las Provincias de la Nueva España, Presi-dente de mi Rl. Audiencia, q. Reside en la Ciudad de México

Por parte del Colegio de Abogados de essa Ciudad, se me ha representado que a fin de que pudiese mantener el Esplendor correspondiente a su Noble y Excelente Facultad al tiempo de su creación, me digné admitirle bajo de mi Real protección, concediéndole el Título de Ilustre y la participación de las preeminencias, y prerrogativas de que goza el Colegio de Abogados de mi Cor-te, y Villa de Madrid, y sin embargo de que por sus Profesores, e Yndividuos se ha procurado conservar la decencia correspondiente, como en esa Ciudad es común el traje de Capa, y Golilla en los Señores Procuradores, Médicos,



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Boticarios, Cirujanos, Barberos, y otras Personas se veían confundidos con ellos, de modo, q. No era posible conocer por el traje el Profesor Letrado, como parecía regular, mediante lo q. les distinguen las Leyes, los honores, q. les concedieron mis Gloriosos Predecesores, pues es en que con el objeto de obviar el referido inconveniente ocurrió el propio Colegio al Marqués de Croix, siendo Virrey de esas Provincias, solicitando permitiese a los Aboga-dos el distintivo de llevar vueltas de gasa en los puños, con prohibición de traerlas los Secretarios Procuradores y demás personas, y que su Asesor se le manifestó tenia que ir arreglada su presentación a la práctica, que se observa en estos Reynos, en los quales se diferencian los Abogados de los Secretarios, Procuradores, y aun en algunas Audiencias usan también de los puños o man-guetas blancas, para distinguirse de los que vienen de Golilla, Decretó que acudiese a mi Real Persona, como lo acredita el testimonio, que acompañaba, sin duda que por como ser que su instancia merecía, que Yo la autorizase para su mayor seguridad, y firmeza, en cuya atención me suplicó fuese servido conceder á sus Yndividuos el veres o distintivo de bueltas , o puños de gaza, y de el de Chias, a exemplo de lo que se practica en estos Reynos para los Abogados de mis Chancillerías, y Tribunales a excepción de los de mi Corte, que no los visten por haverse concedido en ella el trage de Golilla a solo el ministerio de los abogados, y Relatores mediante no poderse equivocar estos con los de otra Clase o Profesión; y que assi mismo me dignase mandar no se permitiese igual distintivo a los Srios., Procuradores, y demás Personas, que en esta Ciudad acostumbran vestir de Capa, y Golilla. Y vista la referida instancia en mi Consejo de las Yndias con lo expuesto por mi Fiscal, ha pa-recido para el efecto, que se pretenda conceder a los Abogados y Relatores privativamente el distintivo de Bolillos, y participaroslo (como lo expuesto) para vuestra inteligencia, y que dispongais su cumplimiento por ser esa mi Voluntad. Fecha en Aranjuez a trece de Junio de mil setecientos setenta y dos = YO EL REY= Por mandato del Rey Nuestro Señor, Pedro García Mayoral= señalada con tres rúbricas.

Ilmo. Sr. Don Antonio Eugenio Melgarejo, Abogado de esta Real Audien-cia, de Presos, y Secretario del Sto. Tribunal de la Fe, su Consultor de Prue-bas Mayores, y Rector del Ilustre y Real Colegio de Abogados, con el mayor respeto a Vuestra Excelencia Digo: Que S.M. (q. Dios Guarde) por la Real Ce-dula, que manifiesto fecha en Aranjuez â trece de Junio del corriente, en con-sequencia de haverse dignado el admitir bajo de Su Soverana Real protección â este Ilustre y Real Colegio â el tiempo de su creacion, comunicandole, las mismas preeminencias, y prerrogativas, q. gozan los Abogados del de Madrid, y al fin de evitar el que sus yndividuos se confundan con otros q. visten igual traje, y q. se puedan conocer por un distintivo correspondiente a los honores,




q. gozan por las Leyes, se dignó su Real magnificencia conceder privativa-mente â los Abogados, y Relatores el distintivo de Bolillos, q. es lo mismo, q. bueltas de gaza, ô puños, prohiviendo â los Srios., y qualesquier otros, q. no sean Abogados, q. los puedan usar; y para que esta Real gracia tenga el devido efecto, suplico â Vuestra Excelencia se sirva de mandar, q. se guarde, cumpla, y execute, prohiviendo con la pena, q. fuere de Su Superior agrado, q. otros, q. los Abogados, y Relatores Eclesiásticos, y Seculares matriculados en este Ilustre y Real Colegio, â cuya instancia se concedió, puedan traer, ô usar dicho distintivo, y q. se debuelba la mencionada Real Cedula para que se ponga en el Archivo del Colegio. Por tanto.- A Vuestra Excelencia suplico se sirva de hacer como pido en q. recibire merced. Don Antonio Eugenio de Melgarejo.

Decreto.Mexico, treinta y uno de Agosto de mil setescientos seten-ta y dos; al Sr. Fiscal= Bucareli.__________________________ __________________________ _________________________.

Respuesta Fiscal.

Ilmo. Sr.= El Rector del Ilustre Colegio de Abogados de esta Ciudad Don An-tonio Eugenio de Melgarejo, presenta â Vuestra Excelencia con este Escripto la Real Cedula expedida en Aranjuez a trece de Junio del año corriente, por la que ha venido S.M. en conceder el distintivo de Bolillos, ô bueltas de gaza blanca â los Abogados, y Relatores privatibamente con el objeto de q. no se confundan por su trage de Capa, y Golilla con los Srios., Procuradores, Me-dicos, Boticarios, Cirujanos, Barberos, y ôtras Personas, q. le usan en estos Paises, y pide, q. Vuestra Excelencia ponga el Cumplase â esta Real Deter-minación, para que en su virtud se execute lo que el Rey mande, prohiviendo con la pena mas seria, y justa, q. ninguna otra Persona uƒse de este distintivo, sino los Abogados, y Relatores Eclesiásticos, y Seculares matriculados e el Ilustre y Real Colegio, y q. se le debuelba la mencionada Cedula Real para que se ponga en su Archivo.

Esta soverana resolución del Rey entendida en su objeto, y sentido lite-ral se conduce a que los Abogados, y Relatores Golillas que son del Colegio se distingan de las otras Personas, q. usan igual trage en esta América, y su Rector la quiere extender también à los Eclesiásticos sus Yndibiduos matri-culados, ô incorporados, los quales no visten el trage q. hace la confusion, pero esta gracia dexaria distinto efecto, que el que tiene por fin si assi se



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extendiese, pues entonces los Eclesiásticos Abogados trayendo los puños, ô Bolillos de gaza se confundirían con los Señores Ynquisidores, y tambien en algun caso con los Señores Ministros de esta Real Audiencia, q. sean Ecle-siásticos, como los à havido, y puede haver en lo de aelante.- Este inconve-niente como q. es de hecho debe impedir por su parte el cumplase q. se pide, y solo declarar q. la gracia es concedida a los Seculares, q. visten el trage de Golilla, y son del Ilustre Colegio, sin embargo de q. el Fiscal confieza, q. es digno de las mayores distinciones en todos sus Yndibiduos por las limpias circunstancias, q. los adornan; pero no puede consentir por su oficio, q. esta alcanze a los Eclesiásticos, respecto de q. el Rey solo ha querido distinguir â los Seculares, q. sean Miembros de él, y bajo de este concepto, puede Vuestra Excelencia dar â esta Real Cedula el Cumplase, q. se solicita para su Execu-cion, sentandola en los Libros à q. corresponda, y debolbiendo la original, ô en testimonio al mencionado Rector conforme â la Ley para su inteligencia, y q. la haga observar â los Yndibiduos unicamente del Ilustre Colegio, con prohivicion de q. ninguna ôtra Persona uƒse de esta gracia mas q. los Secu-lares matriculados, si no quieren incurrir en la pena de mil pesos, q. se le sacarian irremisiblemente interin el Rey determina otra cosa, â cuyo fin se le daria cuenta.

Mexico Septiembre seis de mil setecientos setenta y dos_ Otro si: Pide el Fiscal, q. se pase tambien testimonio de esta Real Cedula â la Real Audien-cia para q. conste allí, como corresponde el origen de la novedad, ô distintibo, q. va à haver en los Abogados, y Relatores, q. sean Miembros matriculados del Ilustre Colegio de esta Capital. Fecha Ut Supra= Areche._____ _______

Decreto.

Mexico trece de Septiembre de mil setecientos setenta, y dos. Cumplase lo q. S.M. se sirve de disponer en la Real Cedula de trece de Junio de este año, y con arreglo à los expresos literales terminos en que concede â los Abogados, y Relatores, q. visten el trage de Golilla el Distintivo de Bolillos, ô puños de gaza, lo usaràn solo los q. vistieren dicho trage para distinguirse de los Srios., Procuradores, Medicos, Barberos y demás, exceptuandose los Clerigos Profesores de la Abogacia por las razones, que expone el Sr. Fiscal, y ningu-no de los q. visten el mencionado Trage, q. no sea Abogado matriculado en el Iltre., y Real Colegio, a cuya instancia concedio S.M. la gracia, usare el distintivo de puños, bajo la pena de mil pesos q. hare sacar irremisiblemente á los Contraventores. Assientese la Real Cedula en el libro, q. corresponde, y sacado un testimonio de ella, la respuesta Fiscal, y este Decreto para q. se




pase á la Real Audiencia con Villete, y otro por triplicado para dar cuenta a S.M.; debuelbase á el rector del Illtre. y Real Colegio la original con igual testimonio mio de lo resuelto para su precisa observancia, y cumplimiento= Bucareli.__________ ____________ __________________

Concuerda con sus originales, q. quedan en el oficio de la Governación y Guerra de mi Cargo á q. me remito, y para q. conste, en virtud de lo mandado doy el presente. Mexico diez y siete de Septiembre de mil setecientos setenta y dos. Juan ( ) de Soria.

De Soria de quien va firmado y rubricado este testimonio es Secretario de uno de los dos oficios de la Governacion, y Guerra de esta Nueva España, y como tal usa y exerse su Empleo, y a todo lo que authoriza siempre se le ha dado, y da entera Fe, y Crédito judicial, y extrajudicialmente. Mexico dies y siete de Septiembre de mil setecientos setenta y dos.

Joseph de Contreras y CazeresManuel CervantesJoachim Antonio Guerrero y Tagle.

Mexico 31 de Agosto de 1772.Al Sr. Fiscal.(Firma)El Doctor Don Antonio Eugenio Melgarejo Abogado de esta Real Audien-

cia, de Presos y Secreto del Santo Tribunal de la Fé, su consultor de pruebas mayores, y Rector de el Iltre. y Real Colegio de Abogados con el mayor respe-to a V. Excelencia digo= Que S. M. (que Dios guarde) por la Real Cedula que manifiesto, fcha en Aranjuez á trece de junio del corriente, en consecuencia de haberse dignado de admitir baxo de su Soberana Real Protección á este Iltre. y Real Colegio al tiempo de su creacion, comunicandole las mismas preeminencias y prerrogativas que gozan los Abogados del de Madrid al fin de evitar el que sus individuos se confundan con otros que visten igual trage, y que se puedan conocer por un distintivo correspondiente a los hombres que gozan por las Leyes, se digno su Real Magnificencia conceder privatibamen-te a los Abogados y Relatores el distintivo de Bolillos, que es lo mismo que vueltas de gaza, o puños, prohibiendo a los Escribanos y qualesquier otros que no sean Abogados, que los puedan usar: y para que esta Real Gracia tenga el debido efecto, suplico a Vtra. Excelencia el mandar que se guarde, cumpla, y ejecute, prohibiendo, con la pena que fuese de su superior agrado, que otros que los Abogados y Relatores Eclesiasticos y Seculares Matricula-dos en este Iltre. y Real Colegio, a cuya instancia se concedió, puedan traher,



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ó usar dicho distintivo, y que se debuelba la mencionada Real Cedula, para que se ponga en el Archivo del Colegio. Por Tanto.

A. Vtra. Excelencia suplico se sirva de hacer como pido en que rezibire merced.

Don Antonio Eugenio Melgarejo.

Exmo. Señor

El Rector del Iltre. Colegio de Abogados de esta ciudad Sr. Don Antonio Eu-genio de Melgarejo, presenta a V.E. con este escrito la Real Cedula expedida en Aranjuez a trece de junio del año corriente, por la que ha venido S.M. en conceder el distintivo de Bolillos, ó bueltas de Gasa blanca, á los Abogados y Relatores privativamente, con el objeto de que no se confundan por su trage de Capa y Golilla, con los Escrivanos, Procuradores, Medicos, Boticarios, Zirujanos, Barberos y otras Personas, que le usan en estos Paises, y pide que V.E. ponga el cumplase á esta Real determinacion para que en su virtud se ejecute lo que el Rey manda, prohiviendo con la pena mas seria, y justa, que ninguna otra Persona use de este distintivo, si no los Abogados y Relato-res Eclesiasticos, y Seculares matriculados en su Iltre. y Real Colegio, y que se le debuelva la mencionada Cedula Real, para que se ponga en su Archivo.

Esta Soberana resolucion del rey entendida en su objeto, y sentido literal se conduse a que los Abogados, y Relatores Golillas que son del Colegio se distingan de las otras Personas, que usan igual trage en esta America, y su Rector la quiere extender tambien a los Eclesiasticos Sres Yndividuos ma-triculados, ó incorporados, los quales no visten el Trage, que haze la confu-sion, pero esta gracia obraria distinto efecto que el que tiene por fin, si asi se extendiese pues entonces los Eclesiasticos Abogados trayendo los Puños, ó Bolillos de Gasa se confundirian con los Señores Ynquisidores, y tambien en algunos casos con los Señores Ministros de esta Real Audiencia que sean Eclesiasticos, como los ha havido, y puede haver en lo de adelante.

Este inconveniente como que es de hecho, deve impedir por su parte el cumplase que se pide, y solo declarar que la gracia es concedida, á los secu-lares que visten el Trage de Golilla, y son del Ylustre Colegio, sin embargo de que el Fiscal confiessa, que es digno de las mayores distinciones en todos sus yndividuos, por las limpias circunstancias que los adornan, pero no puede consentir por su oficio, que esta alcanze á los Eclesiasticos respecto de que el Rey solo há querido distinguir á los seculares que sean miembros de él, y bajo de este concepto puede V.E. dar á esta Real Cedula, el cumplase que se solicita para su execucion sentandola en los libros a que corresponda y




debolviendola original o en testimonio al mencionado Rector conforme a la ley, para su inteligencia y que la haga observar á los Yndividuos unicamente del Ylustre Colegio con prohivicion de que ninguna otra persona use de esta gracia mas que los seculares matriculados, sino quieren incurrir en la pena de mil pesos, que se sacarán irremisiblemente ynterin el Rey determina otra cosa a cuyo fin se le dará cuenta. Mexico Septiembre 6 de 1772.

Otro si: Pide el Fiscal, que se pase tambien testimonio de esta Real Ce-dula â la Real Audiencia para q. conste allí, como corresponde el origen de la novedad, ô distintivo, q. va à haver en los Abogados y Relatores, que sean Miembros matriculados del Ylustre Colegio de esta Capital. Fecha Ut Su-pra____

Areche

México 13, de Septiembre de 1772.

Cumplase lo que S.M. se sirve de disponer en la Real Cedula de 13 de Junio de este año, y con arreglo à los expresos literales términos en que con-cede â los Abogados, y Relatores, que visten el trage de Golilla el distintivo de bolillos, ô puños de Gasa, lo usaràn solo los que vistieren dicho trage para distinguirse de los Srios., Procuradores, Medicos, Barberos y demás, excep-tuandose los clerigos profesores de la Abogacia por las razones, que expone el Sr. Fiscal, y ninguno de los que visten el mencionado Trage, que no sea Abogado matriculado en el Iltre. y Real Colegio, a cuya instancia concedió S.M. la gracia, use el distintivo de puños, bajo la pena de mil pesos que haré sacar irremisiblemente á los Contraventores. Asientese la Real Cedula en el libro, que corresponde, y sacado un testimonio de ella, la respuesta Fiscal, y este Decreto para que se pase á la Real Audiencia con villete, y otro por triplicado para dar cuenta a S.M.; debuelbase á el Rector del Illtre. y Real Colegio la original con igual testimonio de lo resuelto para su precisa obser-vancia, y cumplimiento=

Bucareli.

En ( ) se asentó la Real CedulaSe debolvio á la Secretaria de S. Ex.a con losCinco testimonios q. se mandan, para sus destinos.



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LOS ABOGADOS DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN FRANCÉS: EL EJEMPLO SINGULAR DEL PARLAMENTO DE FLANDES

Clotilde fontainE

sumario: I. La abogacía flamenca, una mezcla de reglas francesas y fla-mencas. II. Abogado o abogado general: la elección imposible de François

Waymel du Parcq. III. Bibliografía.

La profesión de abogado es tan antigua como el mundo. Organizándose en una sociedad, los hombres necesitaban un defensor de renombre para luchar contra la injusticia y la tiranía. Si los romanos distinguían entre el orador y el jurisconsulto, el abogado durante el antiguo régimen ejercía ambas funcio-nes.1 Según Ferrière, un jurisconsulto francés, el abogado parece un precur-sor de la justicia:

le défenseur de l’équité & de l’innocence, l’Ange tutélaire de la veuve & de l’orphelin, l’organe fidèle de la Loi, l’interprète des plaintes des opprimés, un canal sûr qui conduit la vérité aux oreilles des Magistrats. C’est, en un mot, le précurseur de la Justice, qui lui prépare les voies, & applanit jusqu’aux plus petits sentiers où elle doit passer.2

Esta profesión se regula durante el siglo XIII cuando el Parlamento de París se estableció. El primer texto es una ordenanza de Felipe III, del 23 de octubre 1274, que describe las cualidades necesarias para convertirse en abogado y formular el juramento. Se tuvo que esperar una ordenanza del Parlamento de París en 1344 para que el ejercicio de la profesión estuviera

1 Cicéro define el orator como “un homme de bien, habile dans l’art de bien dire, & qui emploie la parfaite éloquence pour défendre les causes publiques ou privées”, en A.-G. Bou-cher d’Argis, Règles pour former un avocat, tirées des plus célèbres auteurs anciens et modernes . Auxquelles on a joint une histoire abrégée de l’ordre des avocats, & les règlemens qui concernent les fonctions et prérogatives attachées à cette profession, París, 1778, p. 2.

2 C.-J. Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, París, 1740, vol. 1, p. 139. 3 M. Vé-roone, Histoire du Barreau de Lille, Lille, 1998, p. 16.



34 LOS ABOGADOS DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN FRANCÉS...

completamente supervisada. Un candidato menor de edad podría convertirse en abogado, la condición esencial para realizar el juramento es disponer de la Licenciatura en Derecho. Sólo los candidatos católicos podrían postular y tienen que presentar un certificado de catolicidad. Después, el abogado tiene que realizar dos años de prácticas en un colegio de abogados para obtener su matrícula. Se inscribe en una lista y puede empezar su carrera en la jurisdic-ción donde ha prestado su juramento. Entonces su carrera se divide en tres fases. Primero como novicio, el abogado está considerado como un audientes. Una vez que ha prestado su juramento, se vuelve proponentes y entonces pue-de empezar a litigar. Los abogados más elocuentes y respetados terminan sus carreras como advocati consiliarii. Eso significa que no tienen que litigar para ganarse la vida; sólo ofrecen consultas para ayudar a justiciables y pueden también sustituir a un miembro del tribunal.

En cada jurisdicción del reino los abogados se unen en una organización libre que no se puede considerar una corporación. Se organizan en un colegio que es un cuerpo diferente de los oficiales de judicatura. En un parlamento, los abogados son a menudo hijos de parlamentarios y esta profesión sirve de trampolín para convertirse en parlamentario. La profesión de abogado es muy difícil en esta época. El abogado puede en un mismo día trabajar en diferen-tes jurisdicciones. Y al mismo tiempo su bufete está todavía abierto a todos los justiciables que quieren preguntar algo. Además, los abogados tienen que presentar varias cualidades humanas, en primer lugar, integridad. De hecho, el abogado tiene que litigar causas justas y jurídicamente justificadas. No puede mentir o actuar con astucia. Es decir, tiene que ser paciente y metodo-lógico cuando examina una causa. Además, un buen abogado debe disponer de un conocimiento jurídico consistente, del derecho romano, de costumbre o de la legislación real.

Esas condiciones y modalidades del funcionamiento de la profesión de abogado parecen ser iguales en todo el reino. ¿Esta afirmación podría verifi-carse en Flandes? De hecho, esta provincia se incorpora con retraso en Fran-cia. Un Consejo Soberano está establecido en Tournai en 1668 como conse-cuencia de las conquistas de los Países Bajos. Según Louis XIV la justicia parece el mejor instrumento para establecer rápidamente la paz. Esta juris-dicción es el sucesor del Gran Consejo de Malines. Es una corte de apelación competente la que juzga los casos tramitados por los Consejos de Flandes y del Hainaut. La competencia rationae loci del Consejo de Tournai cam-biará según las conquistas francesas. Entonces, en 1686, la única cámara del Consejo ya no podía tratar todos los casos y Louis XIV le da la calidad de Parlamento. En 1704 el Parlamento se compone de dos cámaras civiles y una criminal llamada la Tournelle. Tras la pérdida de Tournai en 1709, la



35CLOTILDE FONTAINE

corte se establece en Cambrai. Un edicto de diciembre de 1713 le destina Douai, donde se quedará hasta su supresión durante la Revolución francesa. Las competencias de este parlamento de provincia son similares a las de su vecino parisino. Pero su historia y situación geográfica le otorga algunas par-ticularidades. En efecto, la mayor parte de las reglas aplicadas en Flandes vienen de la práctica y legislación holandesa. Cuando establece el Consejo Soberano, Louis XIV promete conservar las tradiciones locales. La realidad es muy diferente ya que poco a poco intentará alinear el derecho y el proce-dimiento según el modelo francés.

Esta normalización concierne también al personal judicial y se pregunta si la profesión de abogado en Flandes se establece según el ejemplo francés o flamenco. Esta respuesta tiene que matizarse. Durante los primeros años de la existencia de la corte, los abogados siguen los modelos flamencos y franceses. Un reglamento de 1715 organiza definitivamente la profesión, y la abogacía flamenca presenta sus propias singularidades (I). Eso se verifica con el ejemplo de François-Roland Waymel du Parcq, un abogado muy famoso del parlamento de Flandes quien se convertiría en abogado general del ministerio público (II).

i. la aBogacia flamEnca, una mEzcla dE rEglas francEsas y flamEncas

No sabemos mucho a propósito del funcionamiento de la profesión durante sus primeros años de existencia. Influenciado por el ejemplo flamenco, los abogados no se organizan en un cuerpo. No existe un “barreau” o un “ordre” en el parlamento. De la misma manera, no hay evidencia de la existencia de un decano del colegio de abogados. Parece que los abogados están bajo la autoridad de los jueces.

Cuando se establece el Consejo Soberano, sólo diez abogados prestan ju-ramento frente al primer presidente De Blye. El primer abogado recibido es Jacques-Martin de Pollinchove, futuro primer presidente del parlamento.3 En 1692 consta de cuarenta y cinco abogados. Este número será fijo hasta la mudanza del parlamento en Douai. En efecto, hay noventa y un abogados cuando la corte desaparece en 1789. En 1668, el parlamento fija sus propias reglas para recibir a los abogados. No se inspira necesariamente en las prác-ticas parisinas. La primera particularidad es que hasta 1680, los abogados flamencos son presentados al Consejo Soberano por el ministerio público. En

3 Plouvain, P.-A., Notes historiques relatives aux offices et officiers de la cour du Parlement de Flandre, Douai, 1809, p. 71.




los otros parlamentos franceses, son introducidos por sus colegas. Además, el juramento está establecido según las costumbres flamencas, más precisa-mente según las Cartas Generales del Hainaut.4 Una vez que el abogado lo ha prestado, no tiene que justificar dos años de experiencia en un colegio de abogados, sólo tiene que manifestar la voluntad de litigar en el parlamento para ser registrado en una tabla. En su Método para estudiar la profesión de abogado, De Gewiet nos explica que la formalidad de las prácticas parece una pérdida de tiempo.5

Se notan también singularidades en las condiciones de trabajo. Por ejem-plo, los abogados flamencos pueden fijar honorarios y proceder judicialmente contra sus clientes insolventes. Además, una resolución normativa de 1715 suprime una última particularidad de los abogados flamencos. Durante el an-tiguo régimen, muchos justiciables disfrutan de inmunidades jurisdicciona-les, pero las costumbres belgas no se lo permitieron. Y como la profesión de abogado fue considerada como la continuidad de los estudios universitarios, la universidad fue el único tribunal competente. A partir de 1715, esta cos-tumbre local se acaba y los abogados disponen ahora del privilegio de com-mittimus. Eso significa que podrían elegir la jurisdicción en la cual van a ser juzgados, pero esta tentativa de normalización sobre las prácticas francesas no funciona. De hecho, el parlamento entra en conflicto contra la universidad porque los profesores se oponen a esta resolución normativa. A continuación, los profesores proceden judicialmente contra este reglamento y finalmente la universidad será aún competente para juzgar a los abogados flamencos. Si los abogados flamencos presentan particularidades, la práctica y sobre todo esta resolución de 1715 normalizan la profesión con el modelo francés.

4 El juramento: “Fomulaire du serment que doivent prêter les avocats lorsqu’ils seront admis à la cour de parlement de Tournay: Je jure qu’à Nos Seigneurs les Presidens & Gens tenans la Cour de Parlement de Tournay, je porteray les respect & reverence dûs, que je n’entreprendray, ny soutiendray aucunes causes que je ne voiray & tiendray en conscience justes & loyales, tant au commencement qu’en la suite des Procedures, & feray mon pouvoir d’enquerir de mes Cliens la vérité du fait desdites causes avant les entreprendre et plaider, que je ne réfuseray sans excuse legitime d’être du conseil d’aucunes Partie és Procès que je jugeray être bien fondez, qu’en tous mes plaidoyez verbaux et écritures, je me regleray suivant les Ordonnances de la Cour, ne conseilleray ny useray d’aucuns moyens prejudiciables aux authoritez d’Icelle, que je serviray fidelement et diligemment mes Cliens, que pour mon profit particulier ou faire prejudice à leur Partie adverse, ne chercheray aucunes voyes indûes, ne feray pact ni convention d’avoir part au gain des Procès, et generalement qu’en l’exercice de ma charge, je feray et pratiqueray tout ce qu’à bon et fidel Avocat appartient, ainsi Dieu m’ayde et ses Saints”, Archives municipales de Lille, Affaires générales 54, núm. 1.

5 G. de Gewiet, Institutions du droit de Belgique par rapport tant aux 17 provinces qu’au pays de Liège, avec une méthode pour étudier la profession d’avocat, Lille, 1736.



37CLOTILDE FONTAINE

La primera integración se encuentra en las condiciones de acceso a la pro-fesión. Con una ordenanza de 1679, Luis XIV instaura lecciones de derecho público en todas las universidades del reino.6 Se establece la obligatoriedad de la licenciatura en derecho para convertirse en abogado. Los candidatos tienen que estudiar el derecho durante tres años antes de presentarse al par-lamento. La ordenanza es registrada en Flandes en 1680 y los parlamentarios flamencos garantizarán la voluntad del rey.7 En 1690 el fiscal general presen-ta una amonestación a los parlamentarios sobre la violación de la ordenanza. Parece que varios abogados que no han obtenido la licenciatura prestan el juramento, y que otros, a pesar de sus diplomas, no son recibidos porque no pueden pagar el impuesto de acceso. En su decisión del 3 de junio 1690, el parlamento afirma de nuevo que la Licenciatura en Derecho es una condición esencial para convertirse en abogado. Multa también a los magistrados cuan-do se niegan a recibir abogados que no pueden pagar el impuesto de acceso.8

Por otra parte, gracias a una resolución de 1692, los parlamentarios fla-mencos deciden que los abogados tienen que organizarse según el modelo francés. Tienen que inscribirse en una lista de personas autorizadas para ejercer la abogacía en cada ciudad. Por ejemplo, sólo los abogados regis-trados en la lista de Tournai podrían litigar en el tribunal. Este requisito de residencia se aplica en todos los colegios de abogados en Francia. Una vez

6 “Jusqu’à la moitié du XVIIe siècle, tous les avocats ne sont pas pourvus d’une formation savante, parce que des universités délivrent des grades sans que le candidat soit obligé de sui-vre des cours ou de ses déplacer, que des procédures dérogatoires (Paris, Rouen...) permettent à des procureurs d’accéder à l’avocature après vingt ans d’exercice, ou que de nombreux sièges admettent au serment des non gradués. Par l’édit d’avril 1679, l’ambition du monarque est de réformer ces usages, en n’autorisant l’accès au titre d’avocat qu’aux personnes ayant suivi un enseignement validé par la licence en droit”, Lewers, H., L’invention du barreau français, 1660-1830 : la construction nationale d’un groupe professionnel, París, 2006, p. 21.

7 “Elle ordonnoit à ses Avocats & Procureurs Généraux dans le Ressort desquels se trou-voient les Universitez, de veiller à ce que personne ne fût reçu Avocat qu’il ne leur eût apparu par bon Certificat qu’il auroit satisfait audit règlement, & que personne n’entrast dans les char-ges de Judicature, qu’il n’eust, depuis avoir presté le Serment d’Avocat, assisté assiduëment aux Audiances des Cours & Sièges de sa demeure pendant deux ans au moins, dont il seroit tenu de donner des attestations du Doyen des Avocats, & n’eût auparavant subi les examens accoûtumez dans une chambre en presence des Deputez des autres s’il y en a plusieurs”, Pin-ault, M., Histoire du Parlement de Tournay, Valenciennes, 1701, p. 62.

8 “Arrêt du parlement du 3 Juin 1690, qui défend à toutes personnes d’exercer la Profes-sion d’Avocat , sans avoir été reçues en la cour, & ordonne à, tous Juges du Ressort, de recon-noitre ceux qui ont rempli cette formalité, & de les laisser professer dans leurs Tribunaux, sans exiger d’eux un nouveau serment”, Recueil des edits, declarations & lettres patentes enregistrees au Parlement de Flandres; des arrêts du Conseil d’Etat particuliers a son ressort; ensemble des arrêts de reglemens rendus par cette Cour, depuis son erection en Conseil Souverain a Tournay, Douai, Derbaix, 1785, vol. 12, pp. 222 y 223.




recibidos, los abogados flamencos prometen, como los franceses, que van a litigar sin calumnias.

Esta integración se vuelve definitiva gracias al reglamento del parlamento del 29 de julio 1715 titulado como “Arrêt de réglement qui permet aux Avo-cats résidant à Douai de se former en communauté et qui en règle les con-ditions”. Es decir, que los abogados flamencos forman ahora una verdadera comunidad independiente como los que existen en el reino de Francia. Po-drían ahora reunirse en una sala de audiencia de la corte. Durante la primera asamblea, los abogados eligieron un presidente del colegio y realizaron una lista con los nombres de todos los abogados, organizada según la experiencia de cada uno. Los candidatos a quienes les gustaría pertenecer a la comunidad tienen que firmar los estatutos y aceptar las reglas de la organización. Este reglamento reconoce a los abogados como un cuerpo diferente de los parla-mentarios, estipulando también disposiciones sobre el ejercicio de la profe-sión. Por ejemplo, caminarán después de los oficiales de judicatura durante las ceremonias.9

Los abogados flamencos presentan algunas particularidades. Además, François-Roland Waymel du Parcq, uno de ellos, conserva un privilegio que no existe en el reino francés.

ii. aBogado o aBogado gEnEral: la ElEcción imposiBlE dE françois WaymEl du parcq

Cada parlamento francés se compone de un ministerio público representado por un fiscal general y un abogado general. Las funciones de cada uno son muy diferentes. El primero tiene que escribir las conclusiones y el segundo tiene que litigarlas. Por este motivo, muchos abogados generales marcan la historia parlamentaria, gracias a su elocuencia como Louis-René Caradeux de la La Chalotais, Omer Talon, Loz de Beaucours o Hérault de Séchelles.10 Esta repartición de competencia entre los fiscales y abogados generales no

9 Bufquin, V., Le parlement de Flandres, la Cour d’Appel de Douai, le Barreau, Douai, 1965, pp. 43 y ss.

10 “On voit d’abord un jeune avocat général marquer par son activité et sa pensée, dès sa nomination, la cour du parlement de Bretagne: il est omniprésent. Il s’impose et les juristes de l’époque le reconnaissent déjà comme une très forte personnalité. Ses plaidoyers suscitent incontestablement l’admiration du palais du parlement”, Lemaître, A-J., “La Chalotais: de la cause de la nation à une fortune personnelle”, dans C. Le Mao, op. cit., p. 162 ; Cornette, J., La mélancolie du pouvoir : Omer Talon et le procès de la raison d’Etat, París, 1998; H. Mailfait, Omer Talon, sa vie, ses œuvres, 1595-1652, París, 1902; Boisboissel, Y. de, Le dernier avocat général au parlement de Bretagne: Hippolyte Loz de Beaucours, 1746-1830, París, 1955; Dard, E., Un épicurien sous la Terreur, Hérault de Séchelles, París, 1907.



39CLOTILDE FONTAINE

podría realmente aplicarse en Flandes. En efecto, la particularidad del par-lamento flamenco es su procedimiento escrito. Los juristas flamencos le dan importancia a esta singularidad local. Según Pillot, eso explica que el primer abogado general fue recibido en 1701 aunque el oficio fue creado en 1693.11

La elocuencia de François-Roland Waymel du Parcq le permite distinguir-se en el seno del colegio de abogados. Uno de sus estudiantes describe su admiración para Waymel du Parcq cuyas defensas fueron muy famosas: “cette éloquence de la nature qui entraîne & subjugue les esprits; aussi ne tarda-t-il point à se faire une réputation dans la partie la plus difficile du Barreau, celle du Plaidoyer”.12 Waymel du Parcq fue honorado cuando los parlamentarios le propusieron convertirse en abogado general, pero no quiso abandonar su trabajo de abogado.13 En Francia, los abogados generales no pueden ejercer otro oficio, pero François Waymel du Parcq será el único abogado general del reino que pueda trabajar simultáneamente como abogado y miembro del ministerio público.

Al inicio, Waymel du Parcq sigue trabajando en secreto como abogado. Muy pronto, los otros parlamentarios lo descubren ya que en esta época la oficina del ministerio público flamenco estaba compartido con los consejeros. Entonces el abogado general afirma que sólo ayuda a su hermano. La realidad es que el oficio de abogado general es poco lucrativo a causa del procedi-miento escrito. Waymel du Parcq tiene que conseguir su trabajo como advo-cati consiliarii. Los parlamentarios lo denuncian al poder central. El ministro de Ponchartrain entiende las dificultades financieras del abogado general, pero eso no justifica que siga trabajando ilegalmente como abogado.

Un compromiso será finalmente realizado. Para las causas cuyas Waymel du Parcq no interviene como miembro del ministerio público, podría dar con-sultas como abogado. Este privilegio no fue acordado a sus sucesores, pero permite a Waymel du Parcq seguir la carrera más larga de la historia del mi-nisterio público flamenco.14

11 “Personne ne s’était pressé de lever la charge d’Avocat général du Roy”, en Pillot, G.-M.-L., Histoire du parlement de Flandres, Douai, 1849, vol. 1, p. 281.

12 Waymel du Parcq, R.-F., Recueil de consultations de M. Roland-François Waymel du Parcq, avocat général au parlement de Flandres, Lille, J.-B. Henry, 1775, p. III.

13 “Cet hommage public, rendu au mérite de M. Waymel du Parcq, pouvoit satisfaire son ambition & le mettre à portée de jouir de sa gloire, en s’acquittant des fonctions de sa nouvelle dignité; mais elle ne pouvoit remplir entièrement le zèle dont il etoit en quelque forte dévoré. Le Public auroit trop perdu si ce Jurisconsulte eût accordé tout son temps au corps dont il etoit Membre. Les innocents avoient besoin d’un protecteur, les Loix d’un interprète”, idem.

14 La carrera normal de un abogado en el ministerio público flamenco es de catorce años. La de Waymel du Parcq fue de cuarenta y cuatro años: Fontaine, C., Le ministère public au parlement de Flandre, Tesis, trabajo en proceso.




iii. BiBliografía

BouchEr d’argis, A.-G., Règles pour former un avocat, tirées des plus célè-bres auteurs anciens et modernes . Auxquelles on a joint une histoire abrégée de l’ordre des avocats, & les règlemens qui concernent les fonctions et préro-gatives attachées à cette profession, París, 1778.

Bufquin, V., Le parlement de Flandres, la Cour d’Appel de Douai, le Barreau, Douai, 1965. G. De Gewiet, Institutions du droit de Belgique par rapport tant aux 17 provinces qu’au pays de Liège, avec une méthode pour étudier la profession d’avocat, Lille, 1736.

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pillot, G.-M.-L., Histoire du parlement de Flandres, 2 vol., Douai, 1849pinault, M., Histoire du Parlement de Tournay, Valenciennes, 1701.plouvain, P.-A., Notes historiques relatives aux offices et officiers de la cour du

Parlement de Flandre, Douai, 1809.Recueil des edits, declarations & lettres patentes enregistrees au Parlement de

Flandres; des arrêts du Conseil d’Etat particuliers a son ressort ; ensemble des arrêts de reglemens rendus par cette Cour, depuis son erection en Conseil Souverain a Tournay, Douai, Derbaix, 1785, 12 vol.

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LOS ORÍGENES IDEOLÓGICOS DEL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL MEXICANO EN 1917

Humberto MoralEs morEno*

sumario: I. Renovadores, conservadores y radicales. II. La cuestión social. III. El Estado patrimonialista del Constituyente de 1917. IV. Fuentes.

i. rEnovadorEs, consErvadorEs y radicalEs

En el marco del Congreso Constituyente al que convocó el jefe del cons-titucionalismo, Venustiano Carranza, al término de la etapa armada de la Revolución mexicana, dos diputados abogados: Luis Manuel Rojas y José Natividad Macías, renovadores del grupo que se enfrascó en las discusiones de forma y fondo para pasar de una reforma, a la elaboración de una nueva Constitución política, terminaron imponiendo una modificación doctrinal a la base filosófica del artículo 1o. de la nueva Constitución de 1917.1 Cuando el diputado Martínez de Escobar sugirió que los derechos a proteger en los artículos 27 y 123 debían llamarse derechos sociales, no se aceptó porque el amparo protegía garantías individuales y no derechos sociales.2 A pesar de que se incorporaron derechos relativos en la nueva carta, estos se convirtie-ron en garantías sociales arbitradas por el Estado.

El ingeniero topógrafo Pastor Rouaix, en su obra póstuma, hace una rela-toría bastante interesante de cómo se fueron gestando las reformas y revisan-do las dos interpretaciones dominantes del debate del Constituyente, la del

* CIHES/ICGDE/BUAP Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho. E-mail: hmo [email protected].

1 Véase el libro de Lucio Cabrera Acevedo, La Suprema Corte de Justicia, la Revolución y el Constituyente de 1917 (1914-1917), México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1994. Su lógica era radicalmente autoritaria porque afirmaban que “los derechos naturales” que señalaba la Constitución de 1857 no se podían limitar, mientras que las garantías individuales sí, bajo ciertos casos previstos por la ley, una vez que quedó claro con los artículos 5o., 27 y 123 que México pasaba a ser un Estado patrimonialista y de derechos sociales relativos. De aquí se desprendió el párrafo sobre los derechos que la Constitución otorgaba del título primero.

2 Idem.



42 LOS ORÍGENES IDEOLÓGICOS DEL CONSTITUCIONALISMO...

diputado obregonista Djed Bojórquez y la del carrancista Félix Palavicini, y obtiene como conclusión que

Esta extrema divergencia de criterio de los dos libros que se ha escrito sobre la historia del Congreso Constituyente de Querétaro del que brotó la gloriosa Cons-titución que nos rige ahora, creo que hace de mayor utilidad la publicación de este trabajo, que ha sido redactado con la más completa imparcialidad y ayuno de cualquier prejuicio, pues como antes lo dije, mi actuación en el Congreso fue la de un diputado independiente que tuvo la satisfacción de haber servido de lazo de unión entre exaltados extremos...3

Dado que ambos cronistas reconocieron en Rouaix criterio e imparcialidad en su intervención en las comisiones encomendadas en el Constituyente, nos quedamos con la apreciación del propio ingeniero acerca del papel crucial que Victorio Góngora jugó en la profundidad del nuevo artículo 123, por sus conocimientos de la cuestión social europea en materia de protección de los trabajadores. El propio Rouaix deslizó la hipótesis de que el lenguaje cristiano-católico de muchas de las correcciones que se hicieron tanto al ar-tículo 123 como al 27 en realidad se sumaron a las que venían del lenguaje socialista-anarquista de fuerte inspiración magonista.4 Jorge Adame lo expli-ca de esta manera:

Pastor Rouaix, el jefe de la comisión encargada de redactar el proyecto de ar-tículo 123, comentó en el libro que escribió posteriormente acerca del origen de este precepto, (jornada máxima de trabajo) que los diputados encargados de elaborar el proyecto:

“iban a reformar las instituciones sociales del país con los artículos 123 y 27 de la Constitución, para conseguir con ello que los principios teóricos del Cris-tianismo, que tantas veces habían sido ensalzados allí (en el palacio episcopal de Querétaro, donde se reunió la comisión) tuviera una realización en la práctica”.

Esta declaración franca, que contiene una queja solapada contra la Iglesia, no puede entenderse a la letra, máxime que el mismo Pastor indicó a continua-ción lo que entendía por “principios cristianos”: que “fueran bienaventurados los

3 Rouaix, Pastor, Capítulo VIII. La labor personal de los diputados en la formación de la Carta Magna, en: Génesis de los Artículos 27 y 123, p. 223. Los textos a los que hace alusión son: Palavicini, Félix, Historia de la Constitución de 1917, México, 1938, y Bojórquez, Juan de Dios, Crónica del Constituyente, México, Botas, 1938.

4 Para una crónica detallada de la participación del pensamiento católico de la Rerum Novarum en México véase de Adame, Jorge, El pensamiento político y social de los católicos mexicanos 1867-1914. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1981.



43HUMBERTO MORALES MORENO

mansos para que poseyeran la tierra y elevados los humildes al desposeer a los poderosos de los privilegios inveterados de que gozaban.5

En los periódicos católicos de México fueron publicadas partes de la En-cíclica Rerum Novarum, de León XIII, original del 15 de mayo de 1891. Por ejemplo, el País y La Nación, entre 1910-1913. Pero la cuestión social era un fenómeno de discusión que nace en Europa mucho antes que la respuesta oficial de la Iglesia católica a los efectos perversos del capitalismo liberal. Fue el Imperio Prusiano de Bismarck el primero en Europa que pretendió enfrentar la pauperización de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera, pero como una forma estratégica de su Imperio para desactivar las demandas de los socialistas, que eran ya un partido muy fuerte en la época. La seguridad social, la jubilación, indemnización por enfermedad o cesantía fueron el corolario de las reformas entre 1883-1889, para evitar el fortaleci-miento de las asociaciones obreras en el corazón del II Reichstag. Después el New Liberalism británico y la Tercera República francesa con la propues-ta de una intervención del Estado en solidarité con las clases desposeídas, inaugurarían el debate de la obligada intervención estatal en la protección de derechos que el individualismo liberal había fracasado en sostener. En España, el gobierno conservador de Antonio Cánovas del Castillo propuso en el Ateneo de Madrid, justo en 1890, la imperiosa necesidad de que se le-gislara la intervención del Estado en la protección de derechos de las clases trabajadoras. La oposición incluso al interior de su propia filiación política fue bastante fuerte, porque los liberales se negaban a reglamentar jornadas de trabajo. Del lado de la Iglesia católica, ésta siempre vio con malos ojos el intervencionismo estatal en la protección de derechos, y cuando la Encícli-ca se dirigió a proteger los derechos obreros, la mirada fue siempre desde la perspectiva moral y social, más que económica.6

5 Jorge Adame, La doctrina social..., cit., p. 55.6 Para un resumen en lengua española de la cuestión social europea véase a Manuel Suá-

rez Cortina, La España Liberal (1868-1917). Política y sociedad, Madrid, Síntesis, 2006. Para el caso de Chile, véase: Grez Toso, Sergio (recopilación y estudio crítico), La «Cuestión Social» en Chile. Ideas y Debates precursores. (1804-1902), Fuentes para la Historia de la República, Vol. VII, Santiago de Chile, Biblioteca Nacional, s/f. En México, el jesuita Alfredo Méndez Medina escribió un texto clásico sobre La cuestión social en 1913, como consecuencia de la “Dieta de Zamora”, que reunía en 1909 al círculo de obreros católicos de México. Su texto publicado en: Conferencia del Episcopado Mexicano-Comisión Episcopal de Pastoral Social, 90 años de pastoral social en México. Anexos, México CEPS-Cáritas Mexicana, 1988, pp. 65-81. Las ideas del jesuita Méndez se apoyaron en los clásicos del teólogo alemán Franz Hitze, La quintaesencia de la cuestión social, proponiendo una conciliación basada en el orden natural entre sindicatos profesionales de obreros y las clases dirigentes. La obra clave de Hitze para




ii. la cuEstión social

En América, fue en Chile, hacia 1876, que comenzaron los debates escritos por políticos e intelectuales acerca de la cuestión social chilena con una marcada influencia fourierista, esto es, societaria, en virtud del acérrimo li-beralismo individualista que no permitía legislar leyes de protección más allá de la asociación mutualista e incipientemente sindical. Las diatribas conser-vadoras de Zorobabel Rodríguez publicadas en la gaceta El Independiente, de finales de 1876, con el título de “La cuestión obrera”, donde reduce la pro-tección a la creación de cajas de ahorro, estuvieron en franca contraposición a la presión societaria, apoyada por el posterior discurso del líder mutualista Fermín Vivaceta, de 1877, sobre la unión cooperativista de los trabajadores.

La creación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje parecen tener una gran influencia de la corriente católica, pues El País las propuso el 29 de abril de 1908.7 En el espíritu de conciliación y de asistencia que sugiere la Encícli-ca se proponía mediar entre los intereses del capitalismo y los de la clase obre-ra, sin atacar la propiedad privada, pues se argumentaba que el propio trabaja-dor tiene su propiedad y con esa propiedad puede hacerse de otros ingresos.8

En su fracción 24, la Encíclica estipulaba:

Pero también ha de tenerse presente, punto que atañe más profundamente a la cuestión, que la naturaleza única de la sociedad es común a los de arriba y a los de abajo. Los proletarios, sin duda alguna, son por naturaleza tan ciudadanos como los ricos, es decir, partes verdaderas y vivientes que, a través de la fami-lia, integran el cuerpo de la nación, sin añadir que en toda nación son inmensa mayoría. Por consiguiente, siendo absurdo en grado sumo atender a una parte de los ciudadanos y abandonar a la otra, se sigue que los desvelos públicos han de prestar los debidos cuidados a la salvación y al bienestar de la clase proletaria; y si tal no hace, violará la justicia, que manda dar a cada uno lo que es suyo. Sobre lo cual escribe sabiamente Santo Tomás: “Así como la parte y el todo son, en cierto modo, la misma cosa, así lo que es del todo, en cierto modo, lo es de la parte”. De ahí que entre los deberes, ni pocos ni leves, de los gobernantes que

entender el catolicismo social de la época es: Die Quintessenz der Sozialen Frage, Paderborn, 1880, y Kapital und Arbeit und die Reorganisation der Gesellschaft, Deutsche Arbeit, 6 (1921), pp. 41-70. Y los trabajos de Ceballos Ramírez, Manuel y Garza Rangel, Alejandro (coords.), Catolicismo social en México. Teoría, fuentes e historiografía, Monterrey, Academia de Investi-gación Humanística, 2000. Del lado del anarquismo societario no olvidar el texto de Ricardo Flores Magón del 10 de febrero de 1912 publicado en Regeneración titulado justamente La cuestión social en México.

7 Adame, Jorge, op. cit.8 Disponible en: http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xii i_e

nc_15051891_rerum-novarum.html (fecha de consulta: 22 de octubre de 2015).




velan por el bien del pueblo, se destaca entre los primeros el de defender por igual a todas las clases sociales, observando inviolablemente la justicia llamada distributiva.9

Se trataba de una justicia de equidad entre desiguales. En la fracción 27 de la Encíclica se afirmaba:

Los derechos, sean de quien fueren, habrán de respetarse inviolablemente; y para que cada uno disfrute del suyo deberá proveer el poder civil, impidiendo o castigando las injurias. Sólo que en la protección de los derechos individuales se habrá de mirar principalmente por los débiles y los pobres. La gente rica, protegida por sus propios recursos, necesita menos de la tutela pública; la clase humilde, por el contrario, carente de todo recurso, se confía principalmente al patrocinio del Estado. Este deberá, por consiguiente, rodear de singulares cui-dados y providencia a los asalariados, que se cuentan entre la muchedumbre desvalida.

Esta visión asistencialista de la protección de los débiles tenía en reali-dad una raíz más vieja en América. Néstor de Buen nos recuerda que la ley VI del título VI del Libro III de la Recopilación de Leyes de Indias de 1593 fue el primer ordenamiento asistencial del trabajo en América con notable impacto teórico, independientemente de su fiabilidad práctica: estipulaba ya una jornada de ocho horas diarias, descanso semanal, pago del séptimo día, y en cuanto al salario, se mencionaba ya un mínimo para indios en labores y minas: “...fijándolo en real y medio por día o un real y comida suficiente y bastante carne caliente con tortillas de maíz cocido que se llama pozole”.10

Para 1790, la Novísima Recopilación establece ya criterios de protección del trabajo de las mujeres embarazadas, salubridad e higiene, atención médi-ca, edad mínima laboral y viviendas higiénicas.11

En el siglo XIX, las intervenciones de Ignacio Ramírez en el constituyente de 1857 fueron muy interesantes en prevenir el futuro del justo reparto de utilidades si la legislación de la época hubiera abierto un capítulo del trabajo en la Constitución:

9 Disponible en: http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_en c_15051891_rerum-novarum.html (fecha de consulta: 22 de octubre de 2015).

10 Buen, Néstor de, Historia del derecho del trabajo en México, p. 265.11 Véase el resumen de la evolución de estas disposiciones en México en: De Buen y Mario

de la Cueva. También en Porfirio Marquet Guerrero, “Fuentes y antecedentes del derecho mexicano del trabajo”, en Kurczyn Villalobos, Patricia (coord.), Derechos humanos en el traba-jo y la seguridad social. Liber Amicorum: en homenaje al doctor Jorge Carpizo, México, UNAM, Instituto de Invesigaciones Jurídicas, 2014, pp. 243-280.




El grande, el verdadero problema social, es emancipar a los jornaleros de los capitalistas: la resolución es sencilla y se reduce a convertir en capital el traba-jo. Esta operación exigida imperiosamente por la justicia asegurará al jornalero no solamente el salario que conviene a su subsistencia, sino un derecho a divi-dir proporcionalmente las ganancias con el empresario. La escuela económica tiene razón al proclamar que el capital en numerario debe producir un rédito, como el capital en efectos mercantiles y en bienes raíces; pero los economistas completarán su obra, adelantándose a las aspiraciones del socialismo, el día en que concedan los derechos incuestionables a un rédito, al capital trabajo. Señores de la comisión, en vano proclamaréis la soberanía del pueblo mientras privéis a cada jornalero de todo fruto de su trabajo...12

Al parecer, el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo, del 10 de abril de 1865, tuvo en la ley reglamentaria de los artículos 58-60 de dicho Estatuto un código de avanzada en materia laboral:

Más claramente relacionada con el derecho del trabajo, se encuentra la llamada Ley sobre Trabajadores, expedida el 1o. de noviembre de 1865, la cual se os-tenta como reglamentaria de los artículos 58, 69 y 70 del Estatuto Orgánico del Imperio y entre cuyas disposiciones se encuentran la regulación de la jornada de trabajo, el descanso semanal, los días de descanso obligatorio, el trabajo de los menores, el pago en efectivo, el carácter personal de las deudas, el libre tránsito de los centros de trabajo, el establecimiento de escuelas a cargo de los patrones, el otorgamiento de habitaciones en las fincas a los trabajadores, el otorgamiento de asistencia médica en caso de enfermedad de un jornalero, la abolición de los castigos corporales, etcétera. Puede afirmarse, sin embargo, que esta legislación es más avanzada desde el punto de vista social que la que estuvo vigente en los años posteriores a la caída del Imperio y hasta antes de la expedición de la Constitución de 1917; resulta claro que la legislación vigente durante el régimen del general Díaz no tuvo estos alcances.13

En concordancia con esta tradición de protección de derechos, Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano, en su manifiesto de 1906, plan-tearon la otra influencia doctrinal del constitucionalismo social en materia laboral cuando afirmaba que

...El establecimiento de ocho horas de trabajo es un beneficio para la totalidad de los trabajadores, aplicable generalmente sin necesidad de modificaciones para casos determinados. No sucede lo mismo con el salario mínimo de un peso,

12 Apud en: Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México, 1808-1978, México, Porrúa, 1978, p. 1311.

13 Marquet, Porfirio, op. cit., p. 255.




y sobre esto hay que hacer una advertencia en extremo importante. Las condi-ciones de vida no son iguales en toda la República: hay regiones en México en que la vida resulta mucho más cara que en el resto del país. En esas regiones los jornales son más altos, pero a pesar de esto el trabajador sufre allí tanta miseria como la que sufren con más bajos salarios los trabajadores en los puntos donde es más barata la existencia. Los salarios varían, pero la condición del obrero es la misma: en todas partes no gana, de hecho, sino lo preciso para no morir de hambre. Un jornal de más de $1.00 en Mérida como de $0.50 en San Luis Potosí mantiene al trabajador en el mismo estado de miseria, porque la vida es doble-mente o más cara en el primer punto que en el segundo. Por tanto, si se aplica con absoluta generalidad el salario mínimo de $1.00 que no los salvan de la miseria, continuarían en la misma desastrosa condición en que ahora se encuen-tran sin obtener con la ley de qué hablamos el más insignificante beneficio. Es, pues, preciso prevenir tal injusticia, y al formularse detalladamente la ley del trabajo deberán expresarse las excepciones para la aplicación del salario míni-mo de $1.00, estableciendo para aquellas regiones en que la vida es más cara, y en que ahora ya se gana ese jornal, un salario mayor de $1.00. Debe procurarse que todos los trabajadores obtengan en igual proporción los beneficios de esta ley. Los demás puntos que se proponen para la legislación sobre el trabajo son de necesidad y justicia patentes. La higiene en fábricas, talleres, alojamientos y otros lugares en que dependientes y obreros deben estar por largo tiempo; las garantías a la vida del trabajador; la prohibición del trabajo infantil; el descanso dominical; la indemnización por accidentes y la pensión a obreros que han ago-tado sus energías en el trabajo; la prohibición de multas y descuentos; la obliga-ción de pagar con dinero efectivo; la anulación de la deuda de los jornaleros; las medidas para evitar abusos en el trabajo a destajo y las de protección a los me-dieros; todo esto lo reclaman de tal manera las tristes condiciones del trabajo en nuestra Patria, que su conveniencia no necesita demostrarse con ninguna consi-deración. La obligación que se impone a los propietarios urbanos de indemnizar a los arrendatarios que dejen mejoras en sus casas o campos es de gran utilidad pública. De este modo, los propietarios sórdidos que jamás hacen reparaciones en las pocilgas que rentan serán obligados a mejorar sus posesiones con ventaja para el público. En general, no es justo que un pobre mejore la propiedad de un rico, sin recibir ninguna compensación, y sólo para beneficio del rico.14

Volviendo con el tema de propuestas de Tribunales del Trabajo o Juntas de Conciliación, el antecedente más claro lo vemos durante la administra-ción de Victoriano Huerta cuando el Congreso elabora el proyecto de Ley del 17 de septiembre de 1913 para reformar las fracciones VII y XII de los artículos 75 y 309 del Código de Comercio vigente. En esta propuesta no se

14 Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/CH6.pdf (fecha de consul-ta: 21 de octubre de 2015).




desvanece el carácter civil de los contratos de trabajo, pero sí se introduce la figura de las juntas paritarias para dirimir los conflictos entre obreros y pa-trones y fijar los salarios mínimos en cada estado de la Unión.15 No prosperó el proyecto.

Sucedieron a este proyecto legislativo las leyes del trabajo pre-constitu-cionales de Cándido Aguilar en Veracruz; la que elaboró José Macías, del 19 de octubre de 1914 que creó la figura de la Junta de Administración Civil para pleitos del trabajo, la del 14 de mayo de 1915 de Salvador Alvarado en Yucatán y su perfeccionamento del 11 de diciembre de ese año que creó los tribunales industriales para evitar los largos procedimientos civiles de los tri-bunales ordinarios; la Ley Berlanga de Jalisco del 1o. de enero de 1916.

iii. El Estado patrimonialista dEl constituyEntE dE 1917

Pero llama la atención el proyecto poco conocido en el que Pastor Rouaix tuvo una notable intervención, que mencionó muy modestamente en su libro sobre La Génesis..., y que ayuda a comprender mejor su papel en el núcleo fundador de la Comisión que creó el artículo 123 de la nueva Constitución. Al parecer por una orden de Carranza, Rouaix, Macías y Rojas elaboran el 28 de enero de 1915, publicándolo en el diario El Pueblo, el proyecto de Ley del Salario Mínimo y de las Juntas de Avenencia, antecedente directo de lo que se legisló en la Comisión del Constituyente.16

En términos ideológicos, la participación de Rouaix en el Congreso no iba en el sentido de velar por los intereses del ejecutivo, sino de aportar su co-nocimiento práctico y técnico en la elaboración de soluciones en materia de recursos naturales y tenencia de la tierra. Para ello se valió de una evaluación objetiva del contexto social mexicano pero considerando también las capaci-dades productivas de su suelo y la infraestructura con la que en ese momento se contaba. Incluso podría interpretarse que para Rouaix el periodo porfirista fue un paso duro y necesario para la consolidación del poder del Estado y para la modernización del país:

El general D. Porfirio Díaz, caudillo prestigiado de la Reforma y de la guerra contra la intervención, asaltó el poder en 1876, ostentando como lema de su pronunciamiento el principio de la no re-elección de los gobernantes. Dotado de clara inteligencia, honrado y enérgico, fue una esperanza para la prosperidad

15 Véase Remolina Roqueñí, Felipe, Evolución de las instituciones y del derecho del trabajo en México, México, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 1976, pp. 37 y 38.

16 Remolina, op. cit., p. 1, nota 1.




del país. En su primer periodo de 1876 a 1880 demostró su capacidad adminis-trativa, y su actuación serena y correcta, hizo que fuera llamado, casi por acla-mación, para ocupar la silla presidencial en 1884, la que no dejó ya hasta que fue obligado a ello en 1911, por el arrollador empuje de las masas levantadas en su contra.17

Pese a mantener una actitud discreta en el uso de la palabra, su amplio conocimiento sobre los extensos territorios del norte y sus recursos, así como su sensibilidad social respecto a las graves condiciones de vida de la mayor parte de los obreros y campesinos de los estados norteños (que eran en buena medida un botón de muestra de la realidad en todo el país) hicieron posible que jugara un papel fundamental. Fue el principal responsable de la redac-ción de los artículos 123 y 27, en ese orden, de la Constitución de 1917. Por esta labor fue reconocido por todas las fracciones del Congreso como un activo y preparado constituyente que vendría a revitalizar el esquema cons-titucional mexicano.

Al término de su tarea como diputado constituyente regresó a sus acti-vidades como secretario de agricultura y colonización y desde la Comisión Nacional Agraria inició, ya legalmente, la repartición de tierras para los cam-pesinos. Pese a sus múltiples funciones logró regresar al mundo académico. Ingresó a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística donde publicó un par de trabajos más sobre el estado de Durango, pero continuó prestando sus servicios en la Ciudad de México al Ejecutivo. Carranza, basado en lo estipu-lado en la Constitución recientemente puesta en vigor, llamó a elecciones y obtuvo la victoria abrumadora frente a Pablo González, Álvaro Obregón y Ni-colás Zúñiga. Asumió el cargo como presidente constitucional el 1o. de mayo de 1917. Fiel a su jefe, Rouaix, además de su desempeño como ingeniero, en su calidad de encargado de la Comisión Nacional Agraria encabezó proyec-tos interesantes. Por ejemplo, en 1918 mantuvo interés sobre los hallazgos de tumbas mortuorias en el estado de Coahuila, brindando las facilidades necesarias para su puesta en valor. Dicha investigación derivó en lo que se podría considerar una de las piezas clave en la conformación de una cultura arqueológica en el estado.18

Sin embargo, las dificultades nacionales no se habían zanjado aún y la paz en los estados se encontraba lejos de conquistarse. Emiliano Zapata fue ase-sinado en abril de 1919 y un año después un fuerte pronunciamiento encabe-

17 Rouaix, Pastor, op. cit., p. 17. 18 González Arratia, Leticia, “En busca del eslabón perdido. La motivación tras la explo-

ración de las cuevas mortuorias de Coahuila durante el siglo XIX”, Cuicuilco, vol. 10, núm. 28, enero-abril de 2003.




zado por Plutarco Elías Calles desconocía al gobierno de Carranza a causa de tensiones de los gobiernos estatales con la jerarquía federal; diversos estados se suman a una rebelión contra el Ejecutivo nacional. La presión de los rebel-des fue tal que no quedó más remedio a Carranza que trasladarse a la Sierra Norte de Puebla rumbo a Veracruz, pero fue emboscado en Tlaxcalantongo el 21 de mayo de 1920. Rouaix fue el encargado de entregar el tesoro de la na-ción a la nueva administración, que conllevaría a la presidencia provisional a uno de los rebeldes, Adolfo de la Huerta.19

Bueno con la pluma, pero según su propia descripción, poco hábil con la palabra, el protagonismo que tenía Rouaix al momento de asentar en el pa-pel las bases de los artículos se aminoraba cuando éste era presentado en las sesiones. Es por lo anterior que la propuesta no fue presentada por él, sino por el diputado Rafael Ríos, también miembro de la comisión. La legislación laboral había sido concebida como una reestructuración de las relaciones obrero-patronales, evitando así la explotación y el enajenamiento de la fuerza de trabajo. Así lo comentó Rafael Ríos, quien junto con Rouaix y José I. Lugo redactó el proyecto de legislación:

Las aspiraciones más legítimas de la Revolución constitucionalista ha sido la de dar satisfacción cumplida a las urgentes necesidades de las clases trabajadoras del país, fijando con precisión los derechos que les corresponden en sus relacio-nes contractuales contra el capital a fin de armonizar, en cuanto es posible, los encontrados intereses entre este y del trabajo, por la arbitraria distribución de los beneficios obtenidos en la producción, dada la desventajosa situación en que han estado colocados los trabajadores manuales de todos los ramos de la indus-tria, el comercio, la minería y la agricultura.20

19 En entrevista con el doctor Cuauhtémoc Calderón Villarreal, sobrino de la esposa de Pastor Rouaix, quien vivió en la casa de Centenario, en Coyoacán, última morada del cons-titucionalista, nos narra que su madre le contó que cuando Adolfo Ruiz Cortines estaba en campaña utilizó como una de sus arengas el que había estado en el proceso de entrega de los tesoros de la nación cuando asesinaron a Carranza y que poco antes de la muerte de Rouaix, lo había visitado en su casa para pedirle su anuencia en su futura campaña. “...Que podía decir lo que quisiera, ya en la historia estaba consignado como se hizo la entrega”. Entrevista del 28 de junio de 2016 en la Ciudad de México. En una biografía reciente de Esperanza Toral (2013) utilizando como única fuente las biografías sobre Ruiz Cortines de Miguel Alemán Ve-lasco (1997) y de José Luis Melgarejo (1980), afirma que por su trayectoria como pagador del ejército en el año crítico de 1920, Ruiz Cortines tuvo la confianza de Carranza para custodiar los tesoros de la nación. Cita al notario Juan B. Calleja del 25 de mayo de 1920, con la fe de haber recibido una parte del tesoro de manos de Ruiz Cortines.

20 Ibidem, p. 359.




De esta forma, la propuesta amparaba a cualquier ciudadano mexicano que al ocuparse como asalariado, recibiera una retribución a cambio, ya fuera en el campo o en las ciudades. La revolución constitucionalista alcanzaba así no sólo un perfil de tipo agrario, sino de índole social in extenso, y el responsable de vigilar esta transformación sería el propio gobierno. “En consecuencia, es incuestionable el derecho del Estado a intervenir como fuerza reguladora en el funcionamiento del trabajo del hombre, cuando es objeto de contrato, ora fijando la duración mixta que debe de tener como límite, ora fijando la retri-bución máxima que ha de corresponderle”.21

Rouaix, quizá de manera involuntaria, inauguraba el futuro debate del pa-pel del Estado como impulsor del desarrollo económico y social en México. No se trataba de un proyecto socialista, como se ha querido en cierta histo-riografía ubicar las ideas de esta comisión. Se trataba de fundar un Estado regulador de la lucha de clases dándole el beneficio jurídico de su histórica debilidad, a los trabajadores. Debilidad a la que se habían enfrentado los tra-bajadores desde los tiempos de la independencia y que habían estado fuera de la preocupación de las secretarías enfocadas en los asuntos de la industria y el trabajo. Al separar el título VI del artículo 5o. constitucional se dio na-cimiento jurídico a la clase obrera y a la previsión social, intento precoz de crear un régimen de bienestar social a la mexicana. Con el nacimiento jurí-dico de la clase trabajadora, nacía el derecho laboral como materia separada del código civil y del mercantil, que habían regulado por más de cien años las relaciones de trabajo como prestaciones individuales de servicios profe-sionales. La comisión reconocía la deuda que el Estado mexicano tenía con la población mexicana pues había sido cómplice en el proceso de su paupe-rización y había beneficiado deliberadamente a los empresarios y patrones otorgándoles la licencia para que impusieran su propia política laboral rapaz y sin escrúpulos. Desaparecer la relación entre “amos, peones y criados” era la esencia política del artículo.

Había llegado el momento en el que el gobierno debía asumir su respon-sabilidad y recomponer el camino tanto en la actividad industrial como en el plano agropecuario. La duración de la jornada, el concepto de salario digno, la prevención de accidentes de trabajo o bien indemnización en caso de graves lesiones a causa de éstos y, quizá lo más revolucionario de todo, el derecho a huelga. Durante el Porfiriato la huelga había sido condenada como “...un acto criminal y hasta la simple protesta era considerada como subversiva”.22

21 Ibidem, p. 360. 22 Rouaix, op. cit., p. 19. Para un examen del origen de la huelga moderna en México como

antecedente de la nueva legislación véase: Morales Moreno, Humberto, Río Blanco (intriga, huelga y rebelión), México, Las Ánimas, 2014.




La organización entre trabajadores era por definición un desafío no sólo a las empresas o grandes haciendas, sino al mismo sistema político.

Estas premisas sin duda jugaban a favor del bando obrero y campesino, y junto con el artículo 27 otorgaban a la Constitución de 1917 un verdadero sentido social, el cual había sido repetidamente anunciado en las arengas políticas, pero del que no se tenía ningún resultado fehaciente. La revolución se perfilaba de esta forma hacia un combate abierto a la injusticia porque se erigía como una solución manejada por el nuevo Estado, a los agravios his-tóricos de los desfavorecidos. Planteaba un esquema en el que el gobierno regulara las formas en las que se acordaban los términos laborales, es decir, una intervención estatal, pero con la libertad de empresa e inversión, aleján-dose así, por ejemplo, del modelo impuesto por el socialismo bolchevique de la Revolución rusa que estaba por desatarse.

Todos los aspectos que regulaba ahora el artículo 123 fueron puntos cen-trales para una armónica relación entre obreros y patrones que, si bien habían sido discutidos para agregarse en las diferentes legislaciones en otras partes del mundo, no habían sido consideradas como parte integrante del sistema normativo. La importancia de la contribución efectuada por la comisión enca-bezada por Pastor Rouaix, estriba precisamente en el hecho de incorporar al texto fundamental, aún con el riesgo doctrinal de generar futuras contradic-ciones de interpretación de garantías y derechos, los derechos sociales como colectivos en una sociedad dominada todavía por agravios de comunidad y de organizaciones laborales emanadas de asociaciones de origen gremial o mu-tualista, donde las garantías individuales de “libertad de trabajo” no serían respetadas en una legislación secundaria.

La salud y el agotamiento de energías eran los principales criterios a con-siderar al momento de fijar la jornada máxima; calidad de vida era lo que motivaba el salario digno y el derecho a huelga formalizaba la organización obrera, la cual años más tarde sería utilizada como capital político y músculo vital del presidencialismo. La propuesta del nuevo artículo 123 que contem-pló estos aspectos fue bien recibida por el Congreso y votada por la mayoría de los legisladores. El 13 de enero de 1917 fue formalmente presentada la propuesta bajo la coordinación de Rouaix. México iniciaba así un camino bastante original de constitucionalismo social en las Américas que comenzó a desbaratarse con las reformas doctrinales iniciadas entre 1994-2011.23

23 Para un análisis más detallado del protagonismo del ingeniero Rouaix en el constitucio-nalismo social mexicano, véase mi obra Pastor Rouaix, 2016.




iv. fuEntEs

Testimonios escritos

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AVOCATS, JUGES ET PROFESSEURS DANS LA CODIFICATION DU DROIT PÉNAL CLASSIQUE (FRANCE ET BELGIQUE)

Tanguy lE marc’hadour*

sumario: I. Les juristes en politique: le code de 1791. II. Les juristes au service du pouvoir. III. Les avocats et les codes libéraux. IV. Le recours au

théoricien.

La codification du droit est une des caractéristiques du droit pénal classique. Sur un plan culturel, le code est l’expression légale de l’aspiration à l’unité et à l’ordre de la pensée classique. Sur un plan politique, la codification est séduisante pour les pouvoirs absolus des XVIIe et XVIIIe siècles. Un pou-voir central législateur vient en effet imposer en un seul texte et au nom de la raison, un ordre juridique à une nation unifiée. Mais les codes des temps modernes ne sont pas que des instruments au service d’un état centralisateur, mettant en ordre le droit existant; ils viennent aussi modifier l’ordre ancien et au cours du XVIIIe siècle, le code devient un support de la réforme.1 A la même époque s’impose l’idée de la division des codes par objet (constitu-tion, code civil, code pénal)2 et la confection de codes pénaux devient une priorité. Le système pénal fait l’objet des critiques des «Lumières», pour son inefficacité et son atteinte permanente aux droits individuels et à l’humanité. Mais les expériences de codification ont surtout lieu dans l’ère géographique italienne et allemande dans laquelle la romanité et le rationalisme juridique sont les plus ancrés.3 La France de l’Ancien Régime ne codifie pas vrai-ment. Certes, Louis XIV a réalisé quelques grandes ordonnances, mais pas de code pénal. Pourtant, après la rupture révolutionnaire en 1789, la France va marquer l’histoire des codifications classiques, par la promulgation du

* Université d’Artois.1 Y. Cartuyvels, D’où vient le code pénal, une approche généalogique des premiers codes

pénaux absolutistes au XVIIIe siècle, Bruxelles, éd. de Boeck Université, 1996.2 Royer, J.-P., «L’idée de codification au temps des Lumières», Un héritage napoléonien,

bicentenaire du code civil en Belgique, Kluwer, Mechelen, S.d. (2005), pp. 15-20.3 B. Dubois, T. Le Marc’hadour, Un code pour la nation, CHJ, 2010, p. 7.



56 AVOCATS, JUGES ET PROFESSEURS DANS LA CODIFICATION...

code pénal révolutionnaire de 1791 et du code pénal impérial de 1810 qui perdurera jusqu’en 1992. Ces codes sont importants puisqu’ils interviennent, le premier dans un période de rupture forte avec l’Ancien Régime français et européen, le second dans une période de restauration autoritaire des pouvoirs de l’État. Ils ont aussi une importance fondamentale, l’un étant l’archétype d’un code libéral, l’autre d’un code utilitariste essentiellement tourné vers la protection des pouvoirs publics. Leur importance tient aussi à leur ex-portation forcée en Europe par les conquêtes napoléoniennes, la législation française s’imposant à l’ouest de l’Allemagne, au nord de l’Italie, à la Bel-gique et à la Hollande.4 Les codes français restent des modèles, tout autant d’admiration que de rejet, mais leur célébrité reste telle que l’Empereur du Japon en 1868 en ordonnera la traduction pour qu’ils servent de base à une nouvelle législation modernisée pour le Japon nouveau. Pourtant, le code pénal français était dès les années 1830 démodé. Il s’inscrivait en effet dans la lignée des codes autoritaires que le mouvement libéral de l’époque roman-tique va rejeter pour aboutir à la création des codes dits néoclassiques dont le premier est sans doute le code belge de 1867. Ces deux codes s’inscrivent dans la même ère culturelle, la Belgique ayant hérité du code français après le départ des troupes napoléoniennes. Mais le code de 1810 était l’expres-sion d’un régime autoritaire, tandis que le code belge de 1867 devait être l’expression d’un pouvoir libéral.5 Ce rapport étroit existant entre les codes et le régime politique conduit à s’interroger sur leur processus de réalisa-tion, autoritaire ou libéral et sur le rôle des acteurs de la codification. Le rôle prépondérant des politiques, volonté agissante, semble évident, celui des juristes, experts de la loi ne l’est pas moins. Mais de quels juristes s’agit-il, d’esprits indépendants, d’auxiliaires serviles du pouvoir, de théoriciens, de praticiens, avocats ou magistrats? Les avocats étaient sans aucun doute le groupe professionnel le plus représentatif des mouvements politiques libé-raux du XVIIIe siècle et du XIXe siècle en France. Constitués en ordre, dès la fin de l’Ancien Régime, d’esprit indépendant et égalitaire, ils participèrent dès le début du XVIIIe siècle aux querelles opposants le roi et le monde

4 Idem, p. 30 et s. Influence du modèle judiciaire français en Europe sous le Révolution et l’Empire, Actes du colloque tenu à Lille les 4, 5 et 6 juin 1998, Lille, 1999; Martinage, R., Histoire du droit pénal en Europe, collection Que-sais-je, París, P.U.F., 1998, p. 80. Révolutions et justice pénale en Europe, modèles français et traditions nationales 1780-1830, sous la direc-tion de X. Rousseaux, M.-S. Dupont-Bouchat, C. Vael, Paris et Montréal, l’harmattan, 1999; Soleil,S. Le modèle juridique français, une ambition, une expansion (XVI-XX), IRJS, 2014.

5 B. Dubois, T. Le Marc’hadour, op. cit., p. 38.



57TANGUY LE MARC’HADOUR

judiciaire.6 Leur rôle pendant la Révolution fut prépondérant, mais l’ordre professionnel fut supprimé.7 Reconstitué sous l’Empire, en 1810, sous la tu-telle du pouvoir et des magistrats,8 ce groupe professionnel devint après la chute de l’Empire en 1815 politiquement très actif. Par la plaidoirie poli-tique, les avocats faisaient l’opinion publique. Ils participèrent à la Révolu-tion de l830, puis à celle de 1848. Écartés du pouvoir sous le second empire, ils revinrent en force dans les assemblées et les ministères sous la troisième république après 1870,9 Faiseurs de Révolution, députés actifs, ministres, les avocats portaient la parole de l’opinion. Mais cette position fit-elle des avo-cats des législateurs, au sens technique, des rédacteurs et des inspirateurs de la loi et plus précisément des codes? Les avocats étaient en concurrence avec d’autres juristes, des praticiens comme eux, les juges et des théoriciens, les universitaires. Les magistrats de leur côté étaient aussi constitués sous l’An-cien Régime en corps, ils étaient une élite indépendante capable de résister à la royauté.10 Eux aussi se retrouvèrent en grand nombre dans les assemblées révolutionnaires. Avec l’Empire, leur statut social fut restauré mais, nommés par le pouvoir, ils en étaient des auxiliaires11 et furent facilement destitués à chaque changement de régime.12 Les professeurs de droit, traditionnels théo-riciens de la matière, disparurent à la Révolution et ne reprirent une certaine importance qu’au cours du XIXe siècle. Ces trois groupes n’étaient toutefois pas strictement séparés. La carrière de juriste faisait passer d’un groupe à l’autre. Tous ont participé à la théorisation, à l’interprétation du droit et à la conception des codes. La présente étude se propose alors d’examiner, premiè-rement la part de chaque groupe dans l’élaboration des codes, deuxièmement le lien qui peut exister entre ces acteurs de la codification, son élaboration politique, libérale ou autoritaire et enfin son contenu plus ou moins répressif. Elle se concentre sur les codes de l’espace francophone du XIXe siècle, en France et en Belgique.

6 Karpik, L., Les avocats, entre l’État, le public et le marché XIIIe-XXe siècle, NRF, 1995, pp. 92-207; Hervé Leuwers, L’invention du Barreau français, 1660-1830, p. 211 et s; pp. 232 et s. J-P. Royer, J.-P. Jean, B. Durand, N. Derasse, B. Dubois, Histoire de la justice en France, PUF, 4e édition, 2010. pp. 183-196.

7 J.-P. Royer et alii p. 297; Derasse, N., La défense dans le procès criminel sous la Révolu-tion et le premier empire (1789-1810): les mutations d’une fonction et d’une procédure, thèse, Lille 2, 1998.

8 Leuwers, H., op. cit., p. 265 et s.9 Karpik, L., idem.

10 Krynen, J., L’État de justice, France, XII-XXe siècle, tome 1, L’idéologie de la magistra-ture ancienne, NRF, 2009 partic. p. 238-279; et Royer, J.-P. et alii, pp. 183 et s.

11 Krynen, J. idem, p. 43.12 Royer, J.-P. et alii, pp. 648-671.




i. lEs JuristEs En politiquE: lE codE dE 1791

Les codifications absolutistes des XVIIe et XVIIIe siècles avaient consisté à confier à un grand juriste la confection d’un code que le pouvoir monarchique entendait faire appliquer. Abstraits, mal acceptés des praticiens ou des as-semblées représentatives traditionnelles, ces codes avaient été des échecs.13 Cette méthode n’avait pas été expérimentée en France. Ni le roi, ni les juristes ne réclamaient la rédaction d’un code pénal, seule la procédure, comme la procédure civile, avait été codifiée à l’initiative de Louis XIV et de son mi-nistre Colbert par l’ordonnance criminelle de 1670. L’initiative vint plutôt du mouvement réformateur. De nombreux plans de réforme, inspirées de Voltaire ou Beccaria, parurent durant les dix années qui précédaient la Révolution.14 Ils sont souvent écrits par des praticiens du droit, juges ou avocats (Brissot est avocat, Dufriché de Valazé est avocat, Vermeil est magistrat), mais pas seule-ment par des juristes : Carrard était un pasteur suisse et Marat était médecin. La question est en effet philosophique et politique et les réponses d’ailleurs souvent naïves et peu originales.15 Certains de ces auteurs (Marat, Brissot, Dufriché) deviendront députés dans les assemblées révolutionnaires.

Après le choc provoqué par la Révolution française de 1789 et la trans-formation des États Généraux traditionnels en Assemblée Nationale Consti-tuante, une nouvelle méthode est utilisée. De nature plus politique que juri-dique, elle reste un premier modèle de codification libérale. Tout d’abord, la

13 Par exemple, le code de Catherine III en Russie en 1767, qui n’aboutit pas, le code de Nardizabal en Espagne en 1776, le code de Paschoal José de Mello Freire, le code Joséphin confié à Goswin de Fierlan en 1770. Martinage, V. R., op. cit., pp. 56 et s.; Cartuyvels, Y., «Le droit pénal entre consolidation étatique et codification absolutiste au XVIIIe siècle», Le pénal dans tous ses états, Justice, États et sociétés en Europe ( XIIe- XXe siècles), Bruxelles, 1997, pp. 251-278. Sur le point particulier du «code Joséphin» pour les Pays-Bas Autrichiens. Vide C. Douchamps-Lefebvre, «Le programme réformateur de Joseph II dans les Pays-Bas autrichiens: première ébauche du système imposé par la révolution», La révolution et l’ordre juridique privé, rationalité ou scandale, Actes du colloque d’Orléans des 11-13 septembre 1986, Orléans, 1988, tome 1, pp. 55-64; Cauchies, J.-M., «La législation réformatrice de Joseph II, Politique, vocabulaire, inspiration», Justice et institutions françaises en Belgique (1795-1815), traditions et innovations autour de l’annexion, textes présentés par R. Martinage, Actes du colloque tenu à l’université de Lille II, 1, 2 et 3 juin 1995, Villeneuve d’Ascq, 1996, pp. 11-25; M.-S. Dupont-Bouchat, «La révolution pénale de la fin du XVIIIe siècle», La peine, partie II, recueil de la société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, núm. LVII.

14 Schnapper, B., «La diffusion en France des nouvelles conceptions pénales dans la dernière décennie de l’Ancien Régime», Voies nouvelles en histoire du droit, Poitiers, 1991, pp. 187-205.

15 Martinage, R., «Les origines de la pénologie dans le code de 1791», La révolution et l’ordre juridique privé rationalité ou scandale?, PUF, 1988, pp. 15-29, p. 17.




procédure confond en un même corps la volonté politique et la réalisation technique. Le code de 1791, considéré comme une loi constitutionnelle, fut ainsi l’œuvre d’une assemblée élue qui nomma elle-même une commission afin d’élaborer un avant-projet. Présenté à l’assemblée constituante le 23 mai 1791,16 par un ancien haut magistrat, Michel Lepeletier de Saint Fargeau, le projet de code fut discuté lors d’un débat contradictoire de plusieurs mois (mai-septembre), animé par un véritable «parti de la Réforme criminelle».17 Théoriquement, la procédure excluait les juristes de profession: la loi devait être faite par des citoyens représentant la nation. La Révolution se méfiait d’ailleurs des juristes, accusés de dénaturer la loi. Mais, sociologiquement, les députés de la constituante étaient des juristes de métier, ce qui explique peut-être leur capacité à faire la loi. La commission chargée de rédiger les lois pénales était dominée par les magistrats libéraux (Briois de Beaumetz, Duport, Lepelletier) et par des avocats (Thouret, Target, Lanjuinais).18 Le code de 1791 est un code politique et philosophique fait par des praticiens entrés en politique. Code de praticiens, il n’en est pas moins très original. Techniquement très imparfait (fixité des peines, flou des infractions), il po-sera de nombreux problèmes pratiques. Il est en revanche politiquement et philosophiquement réussi. L’avant-projet proposait la suppression de la peine de mort, la généralisation des peines de l’internement, la fin des peines per-pétuelles, l’instauration de peines fixes, la laïcisation des infractions et la libéralisation des mœurs.19 Amendé par l’assemblée, le code n’en fut pas moins d’une grande nouveauté. Sa réussite est tout à fait singulière, d’autant plus que le consensus ne se réalisera pas dans les dix années qui suivirent. Après la chute du régime terroriste de Robespierre en 1794, la convention, voulant refaire un nouveau code, eut l’idée de confier cette fois sa confection à un législateur solitaire, Merlin de Douai, grand juriste, avocat sous l’ancien régime, ancien député à la constituante, actif dans la confection du code de 1791. Mais la réalisation, le code des délits et des peines de Brumaire an IV, fut partielle et imparfaite.20

16 Rapport sur le projet de code pénal, séance du 23 mai 1791, Archives Parlementaires, Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises sous la direction de J. Madival et E. Laurent, 89 volumes, Paris, 1879, 1ère série, 1787-1799, tome 26, p. 321.

17 Martucci, R., «Le parti de la Réforme criminelle à la Constituante», La révolution et l’ordre juridique privé..., op. cit., pp. 229-240.

18 Idem.19 Projet de code pénal présenté à la séance du 23 mai 1791, Archives Parlementaires, op.

cit., pp. 322 et s.20 Rapport sur le projet de code pénal, séance du 23 mai 1791, Archives Parlementaires,

Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises, sous la direction




ii. lEs JuristEs au sErvicE du pouvoir

Après 1800, le régime consulaire et impérial, dirigé par Bonaparte, premier consul puis Empereur, va expérimenter une toute autre procédure. Elle dis-tingue la volonté politique de la réalisation technique du code et se contente d’une simple approbation des représentants de la nation. La méthode est éla-borée par le second consul Cambacérès,21 auteur de plusieurs projets avortés de code civil sous la Révolution.22 Sa méthode consiste en une vaste consul-tation destinée à susciter une adhésion nationale et à prendre des précautions pour surmonter les oppositions politiques potentielles. Elle se déroule en quatre étapes: 1- la nomination d’une commission très restreinte de juristes, 2- une consultation des tribunaux chargés d’appliquer la loi, 3- une discus-sion technique auprès du conseil d’État, 4- une discussion et un vote final devant les assemblées politiques. Les deux premières phases furent respec-tées, le projet rapidement rédigé en 1801, les tribunaux furent consultés et leurs rapports publiés en 1804.23 Mais les discussions au conseil d’État, entre 1804 et 1810 furent interrompues plusieurs fois, pour laisser la place à des sujets plus urgents.24 Elles furent peu approfondies. Il n’y eu pas non plus de véritables interventions politiques: l’adoption du code pénal, le 20 novembre 1810 se fit sans discussion. Les assemblées politiques, le tribunat et le corps législatif, devaient respectivement, le premier discuter la loi et l’autre la vo-ter. Mais le tribunat fut supprimé en 1807. A vrai dire, la procédure suivie n’est pas d’une grande nouveauté et procède d’une démarche déjà éprouvée par le législateur royal pour la préparation de l’ordonnance de 1670.25

La première caractéristique de cette procédure napoléonienne était de re-venir comme sous Louis XIV à une distinction nette entre la volonté politique et la réalisation des juristes, redevenus des auxiliaires de l’État, chargés de mettre en œuvre cette volonté absolutiste. La volonté du législateur reposait dans celle des Consuls puis de l’Empereur qui n’était juriste ni de métier ni

de J. Madival et E. Laurent, 89 volumes, Paris, 1879, 1ère série, 1787-1799, tome 26, p. 321.

21 Gawelyk, K., «Cambacérès, grand inspirateur de la codification napoléonienne», Les démarches de codification du moyen-âge à nos jours, sous la direction de R. Martinage et G. Marcours, Iuris scipta historica, 2006, pp. 159-186.

22 Halpérin, J.-L., Le code civil, Dalloz, 1996, p. 10 à 15.23 Projet de Code criminel, correctionnel et de police, présenté par la commission nommée

par le gouvernement, Paris, J. J. Marcel, an XII, suivi des observations des cours d’appel (2 vol) et des observations des tribunaux criminels (6 vol.).

24 Locré, J.-G., De la législation civile, criminelle, commerciale et criminelle de la France, tome 1, Paris, 1827-1832, p. 204.

25 Dubois, B. et Le Marc’hadour, T., op. cit., pp. 26 et 27.




de formation. Cela ne l’empêcha pas d’être présent au conseil d’État et de donner un avis souvent prépondérant, sur le jury, la responsabilité pénale ou les peines. Les juristes enrôlés par les consuls étaient tous des hauts ma-gistrats ralliés au pouvoir. La commission de 1801, chargée de l’avant-projet était composée de cinq membres : Viellard (1754-1809), Target (1733-1806), Treilhard (1742-1810) , Blondel (1733-1810) et Oudart. Ils étaient de ten-dances politiques diverses . Ces hommes étaient aussi des praticiens du droit, plus que des théoriciens. Tous avocats sous l’Ancien Régime, ils occupaient de hautes fonctions judiciaires depuis le début de la Révolution, (juge au tri-bunal de cassation, président de tribunal criminel) et n’appartenait plus au monde des avocats libéraux.

Hommes d’expérience, ces rédacteurs étaient âgés (entre 46 et 67 ans) et surtout désenchantés. Target, rapporteur du projet, est considéré comme le théoricien des membres de la commission. Révolutionnaire optimiste, rédac-teur de la déclaration des droits de l’homme de 1789, il fut membre du comité de législation criminelle sous la Constituante. Mais, en 1800, il avait perdu confiance en l’Homme. Il ne croyait plus en l’amendement des criminels. Is-sus d’une «race abâtardie», il fallait les contenir par la terreur. Le projet de code est empreint de ce pessimisme. Mais, les influences doctrinales directes sont difficiles à établir.26

Le conseil d’État était aussi composé d’hommes de toute tendance poli-tique, ralliés à l’Empire. Y siégeaient des anciens avocats mais surtout de hauts magistrats, des personnalités capables de donner un avis éclairé et même parfois de résister à l’Empereur : Honoré Muraire, président de la cour de cassation et surtout le procureur impérial, Merlin de Douai, auteur du code des délits et des peines de 1794. Mais son rôle ne fut pas prépondérant dans la codification.

La composition des tribunaux consultés27 reflète encore la politique de réconciliation nationale et l’importance des juges dans le processus de co-dification. Ces nouveaux juges, choisis par le pouvoir, appartenaient à une bourgeoise aisée de propriétaires fonciers et étaient souvent issu de l’ancien personnel judiciaire de la Révolution et l’Ancien Régime.28 Les observations des magistrats sont souvent de nature assez pratique. Ces magistrats atten-daient beaucoup de la codification dont ils espéraient qu’elle leur apporte un texte précis et efficace. Les juges approuvaient en général l’évolution sécuri-

26 Idem, pp. 69-74.27 22 tribunaux d’appel sur 27 et 74 tribunaux criminels sur 98 envoyèrent des observa-

tions.28 Royer. J.-P. et alii, Histoire de la justice, op. cit.,, pp. 454 et s.




taire du code et sa promesse d’un ordre restauré. Attachés aux lois révolution-naires, ils se méfiaient des excès d’autoritarisme du nouveau régime.

Techniquement satisfaisant, il était politiquement au service d’un État fort et autoritaire. Mais il est peu original. Le code conserve de la Révolution le principe de légalité et la laïcisation des infractions. Code de praticiens, les infractions sont clairement définies, de manière un peu succincte certes, mais pour pouvoir les adapter à toutes les situations. Code de l’intimidation, les peines sont des peines d’exclusion: mort, travaux forcés. Le code renoue avec des peines exemplaires. L’exécution est publique avec parfois des mu-tilations (ablation du poing), les condamnés aux travaux forcés sont marqués au fer rouge, exposés au carcan. Code de magistrats, il laisse une petite marge d’appréciation aux juges. Ils pourront choisir dans les peines tempo-raires entre un maximum et un minimum (5 à 20 ans).

Le code de 1810 restait une œuvre de compromis. La consultation fut large, elle inclut même des membres des départements réunis «belges», « al-lemands » ou « italiens ». Mais le pouvoir a cherché et obtenu une adhésion plus technique que politique, il recherchait l’approbation de ceux qui avaient à appliquer le nouveau code. Les avis ne furent pas serviles, le code définitif est beaucoup moins sévère et excessif que le projet d’origine.

Dans la ligné de l’absolutisme français, Napoléon parvint ainsi à imposer la primauté de la loi et le code de la sécurité de l’État. Il a franchi plusieurs obstacles. Il a vaincu la résistance des juges devenus auxiliaires du pouvoir, il a ignoré aussi les avocats dont l’ordre n’était pas encore reconstitué. La représentation politique fut totalement muette. Il s’est aussi passé de théori-ciens, totalement absents d’une époque sans doctrine et sans universitaires. Et si le code civil a trouvé un véritable rédacteur, savant théoricien, en la personne de Portalis, le code pénal n’a pas de véritable père et restera attaché au pouvoir impérial. Il lui en sera bientôt fait le reproche.

iii. lEs avocats Et lEs codEs liBéraux

Après la chute de l’Empire, la restauration monarchique (1822-1830), malgré quelques aménagements de détail, ne modifia pas un code pénal propre à ras-surer la société bourgeoise et conservatrice. Mais le renouveau des universi-tés, l’attrait pour une doctrine étrangère très critique à l’égard du code pénal, conduisit à un renouvellement des idées dans toute l’Europe romantique. En France, la critique à l’égard du code pénal était forte dès la Restauration,




avec la parution des premiers traités et commentaires du code pénal rédigées par Bavoux29 professeur et magistrat, Legraverend,30 directeur des grâces au ministère de la justice, Carnot31, conseiller à la cour de cassation ou Dupin,32 alors avocat. Ces auteurs posaient les fondements l’école dite «néo-clas-sique», théorisée par l’italien Rossi en 1829.33 Cette doctrine était politi-quement libérale : le néoclassicisme voulait limiter le nombre de compor-tements punissables en définissant strictement les infractions. Elle espérait aussi dans l’amendement de l’individu, s’opposant aux peines d’élimination. Romantique aussi sans doute, la doctrine voulait prendre en compte le mobile noble ou vil de l’infraction, d’où une distinction entre infraction politique et infraction de droit commun, préconisant en ce cas un régime pénal différent. Cette doctrine va rencontrer les intérêts des avocats libéraux qui œuvraient au renversement de la Restauration.34 La Révolution de 1830 les portait au pouvoir: le code était à refaire.

Effacer la tache originelle du code, œuvre d’un régime despotique nécessi-tait la mise en place d’une nouvelle procédure, libérale et parlementaire. Le modèle existait, l’Assemblée Constituante l’avait expérimenté en 1791. Mais justement le gouvernement de la monarchie de Juillet ne tenait pas à ce que le processus législatif lui échappât. Il avait en outre conscience des difficultés que représentait le parlementarisme pour la réalisation d’un nouveau code. Afin d’éviter les lenteurs et l’opposition, le gouvernement du roi Louis-Phi-lippe se contenta d’une simple révision du code, dont la procédure fut encore une fois calquée sur le modèle napoléonien hérité de l’Ancien Régime. L’un de ces avocats libéraux qui avaient pris une part active à la Révolution de 1830, Félix Barthe, fut nommé ministre de la Justice. Il fit préparer un pro-jet de réforme par une commission spéciale, dont les membres demeurent inconnus. Il le soumit ensuite aux observations des cours royales. Les vingt-sept cours d’appel, dont le personnel venait d’être renouvelé, accueillirent favorablement le principe d’une réforme.35 Le projet fut ensuite proposé à

29 Leçons préliminaires sur le code pénal, Paris, 1821.30 Traité de la législation criminelle en France, Paris, 1823.31 Commentaire du code pénal, Paris, 1824.32 Observations sur la législation criminelle, Paris, 1821.33 Vielfaure, P., L’évolution du droit pénal sous la monarchie de Juillet, Presses universita-

ires d’Aix-Marseille, 2001, p. 27.34 Sicard, G., «Doctrine pénale et débats parlementaires: la réformation du Code pénal

en 1831-1832», Revue d’Histoire des facultés de droit et de la science juridique, no. 14, 1993, p. 139.

35 Sicard, G., idem, p. 141; Lascoumes, P. et allis, Les grandes phases d’incriminations, Les mouvements de la législation pénale (1815-1840), op. cit., p. 31-37, (dactyl.).




la Chambre des députés lors de la séance du 31 août 1831.36 Le processus d’examen de la loi fut alors dans les mains des avocats libéraux devenus dé-putés du nouveau régime. La chambre était présidée par l’un deux, Dupont de l’Eure, ancien député de la convention, et déjà député libéral sous la Res-tauration. La commission parlementaire chargée de l’examen du projet de loi était dirigée par neuf députés, dont plus de la moitié étaient avocats de profession37. Parmi eux se trouvait Bérenger, ancien magistrat en rupture avec la Restauration qui fut l’un des premiers à dénoncer la dureté et la sé-vérité du code de 181038. Toutefois si le gouvernement se montrait prudent, la plupart des intervenants à la chambre des députés regrettaient la timidité de la réforme et espéraient bien aboutir à une refonte complète du code napo-léonien. Mais la bonne volonté du pouvoir législatif restait insuffisante Pour faire aboutir le projet, les chambres évitaient d’aborder les questions diffi-ciles notamment sur le problème de la peine de mort et de la perpétuité des peines. L’alliance des praticiens et des politiques, incarnée par les avocats politiciens de la première moitié du siècle échouait à faire un nouveau code et se contentait de réformer le code pénal, pourtant symbole de l’autorita-risme napoléonien. Il en résulta un sentiment de frustration des représentants de la nouvelle doctrine pénale très critique sur la faiblesse de la réforme. Jean Eléazar Ortolan, célèbre représentant du néoclassicisme français, qua-lifiait la réforme de loi «pompeusement intitulée loi modificative du Code pénal, ne contenant que quelques dispositions de détail en petit nombre et de peu d’importance».39 La loi du du 28 avril 1832 fut pourtant une réforme importante : elle supprimait les aspects les plus archaïques de la pénalité, carcan, exposition publique, ablation du poing pour les parricides, la marque et surtout donnait au juge la capacité de prononcer les circonstances atté-nuantes. Aucun des régimes qui suivront ne parviendront à faire une réforme d’une telle ampleur. La Seconde République a été trop brève pour mener à bien des travaux de longue haleine. Le Second Empire, à l’autoritarisme ren-forcé, aurait peut-être pu entreprendre une véritable refonte du code pénal. Une simple révision —la loi du 13 mai 1863— fut programmée suivant une procédure peu libérale contrôlée par le gouvernement: un projet gouverne-mental fut élaboré, dès 1856 par une commission de conseillers à la cour de cassation et au conseil d’État et de fonctionnaires du ministère de la Justice.

36 Archives parlementaires, 2e série (1789-1860), tome 69, séance du 6 septembre 1831, p. 487.

37 Dubois, B. et Le Marc’hadour, T., op. cit., p. 95 et 96.38 De la Justice criminelle en France, 1818.39 Ortolan, J. E., Éléments de droit pénal, Paris, Plon, 5ème édition, 1886, p. 75.




La présence de Faustin Hélie,40 alors magistrat à la cour de cassation ne suffit pas à lui donner une véritable ampleur doctrinale. Présentée au corps légis-latif le 28 janvier 1862,41 cette simple révision semblait insatisfaisante à des députés pourtant proches du pouvoir42 et ne pouvait non plus satisfaire les théoriciens. Finalement, pour satisfaire la doctrine, il fallait l’intégrer dans le processus.

iv. lE rEcours au théoriciEn

Certains pays avaient conservé le code pénal français. Tel est le cas de la Belgique et de la Hollande qui s’étaient vues imposer le code pénal de 1810 lors des conquêtes napoléoniennes. Après la défaite de l’Empire français les deux pays avaient été réunis après le congrès de Vienne (1814-1815) pour former le royaume des Pays-Bas. Dès 1815, le roi Guillaume avait tenté de faire une codification nationale qui permettrait de réunir le nord et le sud, la Belgique et la Hollande, mais en vain. Les dissensions étaient trop fortes. Il avait fallu alors se contenter du code pénal français de 1810. En 1830, la Bel-gique se séparait des Pays-Bas pour former un nouveau royaume. La nécessité d’un nouveau code se faisait encore sentir, les catholiques et les libéraux qui formaient alternativement le gouvernement soutenaient cette idée qui avait valeur constitutionnelle dès 1831. En 1834, le gouvernement prit l’initiative, la procédure étant confiée au ministre de la Justice libéral, Joseph Lebeau. La méthode utilisée suivait encore la méthode française, avec une commis-sion ministérielle de praticiens proches du pouvoir, des magistrats du parquet chargés de rédiger un avant-projet.43 Vint ensuite une consultation plus large: le projet fut soumis à l’avis des cours supérieures de justice et aux députés de la chambre des représentants. Ce projet très timide ne put aboutir, le gou-vernement fut remplacé par une nouvelle coalition et la politique belge fut accaparée par d’autres problèmes pendant les années qui suivirent.44 Mais là encore le parlementarisme était un obstacle puissant à la réalisation du code. Les gouvernements de ce régime libéral étaient très instables et aucun projet

40 Verhaest, J., Faustin Hélie (1799-1884). Un pénaliste républicain et humaniste, Thèse droit, 1998, p. 60.

41 Moniteur universel du 29 janvier 1862.42 Notamment Faure, ancien avocat libéral rallié à l’Empire. Moniteur universel, séance

du 10 avril 1863, 1863, p. 528.43 Haus, J.-J., Principes généraux du droit pénal belge, 1874, tome 1, p. 66, n° 112.44 Gilissen, J., «Codifications et projets de codification en Belgique au XIXe siècle (1804-

1914)», Revue Belge d’histoire contemporaine, 1983, pp. 211-213, p. 232; B. Dubois et T. le Marc’hadour, op. cit., pp. 51 et 52.



ne pouvait être finalisé. La Belgique, comme la France était dans l’impasse. La Hollande à la même époque ne faisait pas mieux.45 Les deux pays faisaient des réformes importantes,46 mais conservaient le code français. Le poids de la doctrine juridique était devenu considérable et entretenait une critique du système pénal, sans que l’intervention politique ne puisse faire aboutir un projet gouvernemental et peser sur le parlement. Il fallait impressionner des députés eux-mêmes issus des métiers juridiques. Le code devait être scienti-fique, conforme à la science du droit.

En 1847, le gouvernement belge totalement libéral changeait de méthode. L’arrêté royal demanda à ce que soit pris en compte les progrès de la «science pénale».47 Le ministre de la justice forma une commission dans laquelle sié-geaient encore quelques praticiens, deux conseillers et un avocat général à la cour de cassation. Mais, deux grands professeurs de droit figuraient dans la commission, Jacques Joseph Haus et Jean Servais Nypels, des universités de Gand et de Liège. C’est Haus, choisi pour sa valeur scientifique et ses ou-vrages critiques du projet précédent, qui dirigea totalement la rédaction du code. Il envoyait directement ces rapports au ministre de la justice, il rédigea seul les exposés des motifs.

D’origine bavaroise, formé à la science juridique allemande, Jacques-Jo-seph Haus était professeur à Gand depuis 1816. Esprit ouvert à l’ensemble de la science du droit, l’essentiel de son œuvre était consacré au droit pénal, Outre ses Observations sur le projet de 1834, il publia son Cours de droit cri-minel à Gand en 1857 et les Principes généraux du code pénal belge en 3 vo-lumes en 1869, qui restent son œuvre maîtresse. Il fut aussi l’auteur d’essais comme La peine de mort ; son passé, son présent, son avenir, publié à Gand en 1867. Haus ne se contentait pas d’adhérer à la doctrine néoclassique. Il en fut l’un des principaux théoriciens. Le fondement du droit pénal est pour Haus à la fois l’utilité sociale et la justice, la justice vient limiter l’exigence d’utilité et l’utilité vient limiter l’exigence de justice. Il convient alors de limiter les infractions, surtout contre l’État, de les définir strictement, de mo-dérer et humaniser les peines, sans pour autant renoncer à la peine de mort.

45 Le Marc’hadour, T., «Regards français sur le code pénal de Hollande de 1881», Le code pénal, le métamorphoses d’un modèle, (1810-2010), textes réunis et présentés par C. Aboucaya et R. Martinage, Lille, CHJ, 2012.

46 En Belgique, les circonstances atténuantes sont introduites dès 1815. On procède aussi à la suppression de la confiscation générale (1855). Depuis l’indépendance, le roi graciait toujours les condamnations à la marque. Elles disparaît légalment après 1849. La peine du carcan est aussi tombée. En Hollande, les peines corporelles disparaissaient en 1854, la peine de mort en 1870.

47 Nypels, J. S. G., La législation criminelle de la Belgique ou commentaire et complément du code pénal belge. 4 vol. Bruxelles, 1870- 1872, tome 1, p. V.




Il laisse aussi aux juges une marge d’appréciation de la moralité de l’action criminelle. Mais, la répression doit rester efficace et la répression certaine. Sa pensée n’est sans doute pas d’une grande originalité. Elle eut toutefois un réel rayonnement. Haus était considéré comme une véritable autorité chez les criminalistes européens. Il est fréquemment cité par Chauveau et Hélie et fut même chargé d’élaborer le projet de code portugais,48 auquel partici-pèrent d’autres juristes savants européens, comme Arnould Bonneville de Marsangy.49 Son rôle de rédacteur du code pénal avait été préparé par la pu-blication en 1835 de ses observations sur le projet de révision du code pénal de 1834. Ce texte était en outre suivi d’un véritable projet. Son plan de réforme impliquait un rejet du code français impossible à corriger: c’est un système complet que Haus entendait créer, ce qui n’était sans doute pas dénué d’am-bition personnelle. Le professeur avait l’opportunité de se faire législateur.

Les praticiens n’avaient pas disparu du processus de codification du code belge : la commission comprenait des magistrats, l’assemblée nationale et le sénat étaient peuplés d’avocats et même de professeurs de droit. Le proces-sus d’élaboration de la loi pénale dura de 1849 à 1867 en raison de l’insta-bilité gouvernementale belge. L’adoption finale se fit toutefois dans un cer-tain consensus. C’est un juriste, le baron d’Anethan, avocat puis magistrat, membre du parti catholique qui mit fin aux discussions en exhortant au vote d’un code porté par ses adversaires politiques.50 Premier grand code doctrinal de l’ère libérale néoclassique, le code pénal belge pouvait toutefois décevoir. Il restait assez proche du code pénal français révisé par la loi de 1832.

Ce code pénal belge est toutefois assez symptomatique de l’attitude des pouvoirs à l’égard de la codification du milieu du XIXe siècle. La doctrine pénale était parvenue à créer une communauté internationale rendant la pré-sence des professeurs de droit ou du moins des théoriciens indispensables. Les projets de code étaient lus et commentés dans les revues juridiques étrangères, à la demande des codificateurs. En Hollande par exemple, les rédacteurs du projet donnaient leur code à lire à l’allemand Mittermaier, cor-respondant aussi de Haus. Mais la lecture des codes et traités étrangers ne suffit pas à faire un code. Les commissions étaient animées par des profes-seurs de droit, désormais experts en législation.51 Même les anglais se lais-

48 Biographie générale de Belgique, Bruxelles, 1900-1983 , V° Haus.49 Ruopoli-Cayet, S., Arnould Bonneville de Marsangy (1804-1894), un précurseur de la

science criminelle moderne, Paris, 2002, p. 83.50 Dubois, B. et Le Marc’hadour, T., op. cit., pp. 54, 94, 190, 192, 197.51 Le Japon de l’ère Meiji fit ainsi par exemple appel à un professeur français, Gustave

Boissonade pour rédiger les codes de la nation moderne. G. Boissonade, Projet révisé de code pénal pour l’Empire du Japon suivi d’un commentaire, Tokyo, 1886.




sèrent tenter par la méthode: en 1880, James Fitzjames Stephen présentait au gouvernement un projet de code entièrement rédigé par lui, qui ne fut toutefois jamais voté.52

Quel rôle finalement a joué chaque groupe de juristes dans la codification classique? Les magistrats dominent. Proches du pouvoir, chargés de d’appli-quer la loi, ils sont aussi recherchés pour leur approbation à la ligne politique gouvernementale, à l’inverse les avocats sont des moteurs du changement, plus actifs dans les assemblées parlementaires que dans les commissions de rédaction des codes. Les professeurs de droit enfin sont appelées comme caution scientifique par des gouvernements qui peinent à réformer. Avocats et professeurs sont aussi assez logiquement liés aux réformes libérales, la doctrine néoclassique dominante étant liée aux régimes libéraux. Mais les groupes professionnels ne sont pas figés. Les avocats alliés au pouvoir de-viennent magistrats et les magistrats déchus redeviennent avocats. Les pro-fesseurs de droit sont parfois députés ou praticiens. Mais la caractéristique principale des codifications du XIXe siècle est le compromis. Les révolutions pénales annoncées ne bouleversent pas la répression. Les codes sont faits et approuvés par des juristes qui demeurent d’accord sur l’essentiel, la primauté de la loi.

52 Dubois, B., «Une tentative de codification pénale en Angleterre au XIXe siè-cle, le projet Stephen», Le code pénal, les métamorphoses d’un modèle, op. cit., pp. 99-108.



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LES JURISTES FRANÇAIS ET LA NAISSANCE DU DROIT SOCIAL

Farid LEkEal*

SommairE: I. Introduction. II. Le droit social, une realite juridique: les sources. III. Le droit social, une creation doctrinale: les debats sur l’objet.

IV. Conclusion.

i. introduction

Ce n’est pas avant la fin de la Seconde Guerre mondiale que le vocabulaire juridique français commence à se fixer pour désigner le contenu du droit social. La mise en place de la Sécurité sociale par l’ordonnance du 4 octobre 1945 complétée par la loi du 22 mai 1946 y a contribué pour une très large part. A partir de cette époque, les juristes français, et en particuliers les uni-versitaires, considèrent assez unanimement que le droit du travail recouvre l’ensemble des règles juridiques, individuelles et collectives, qui organisent les relations de travail ainsi que les normes touchant à la protection sociale.1

Avant de s’être imposé comme une réalité juridique au contenu bien dé-terminé, le droit social a longtemps souffert d’une longue indétermination sémantique qui a sans doute contribué à masquer, aux yeux du grand public, l’intérêt théorique et pratique que cette notion pouvait véhiculer. Les juristes n’ont pourtant pas ménagé leurs efforts de clarification. Tout au contraire, ils se sont employés, pendant de nombreuses décennies, à en étudier les sources, à en interroger les fondements, à en préciser le champ d’applica-tion et à en décrypter la logique éventuelle. Cette réflexion est entamée dès la seconde moitié du XIXe siècle. Elle est postérieure de quelques années à l’adoption des premières lois dites “ouvrières” françaises dont le particula-

* Professeur à l’Université de Lille. Centre d’Histoire Judiciaire UMR 8025.1 En ce sens, par exemple, Javillier, J.-C., Droit du travail, 6e éd., Paris, L.G.D.J, 1998,

p. 24: “Il y a... deux demeures (droit du travail, droit de la sécurité sociale et de l’aide sociale) dans la maison du “droit social”.



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risme ne tarde pas à interroger les juristes, soit qu’elle les divisent, soit qu’au contraire, elles contribuent à créer des affinités de pensée entre eux.

La réflexion engagée par les juristes autour du droit social va ainsi œuvrer au désenclavement intellectuel des facultés de droit. Sans doute parce que la question sociale s’impose avec force dans le débat public français de cette époque,2 l’expertise technique des juristes constitue un point d’appui indis-pensable à ceux qui nourrissent l’ambition d’en saisir toutes les dimensions. Il est vrai que ce droit ne fait l’objet d’aucune consécration académique alors que l’adjectif “social” devient d’un usage courant dans la langue juridique. Pourtant, pendant longtemps, aucune unanimité ne se dégage autour de sa signification.3

Le droit social va ainsi longtemps souffrir d’une véritable polysémie que l’adoption de la loi du 22 mars 1841 relative au travail des enfants va contri-buer à alimenter. Indépendamment de son contenu — qui interdit notamment le travail des enfants de moins de 8 ans—,4 l’adoption de cette loi met un terme à un débat qui avait divisé les milieux parlementaires. L’une des nom-breuses questions posées à cette occasion était de savoir si le pouvoir législa-tif pouvait ou non légitimement s’immiscer sur le double terrain, jusqu’alors réservé, de l’autorité patronale et de l’autorité familiale. En répondant par l’affirmative, ce texte ouvre de nouvelles perspectives. Il met un terme à une tradition, datant de la Révolution française, selon laquelle la fixation des règles relatives à la relation de travail relevait de la simple compétence du pouvoir réglementaire et en aucune façon de la majesté du pouvoir législa-tif.5 Jusqu’alors en effet, les normes encadrant l’accomplissement des tâches productives ou le comportement des ouvriers étaient regardées comme de simples questions d’ordre public ressortissant de la police de l’industrie ou de la police du travail, à l’instar de la loi du 22 germinal an XI relative au livret ouvrier.6 Cette attitude peut être reliée au fait qu’en France, pendant

2 Donzelot, J., L’invention du social, Paris, Fayard 1984; David, M., Les fondements du social. De la IIIe République à l’heure actuelle, Paris, Anthropos, 1993.

3 Par exemple: Deroin J., Cours de droit social pour les femmes, Paris, Plon, 1848.4 L’article 2 dispose: “Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit ans. De

huit à douze ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de huit heures sur vingt-quatre, divisées par un repos. De douze à seize ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de douze heures sur vingt-quatre, divisées par des repos. Ce travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf heures du soir. L’âge des enfants sera constaté par un certificat délivré sur papier non timbré et sans frais, par l’officier de l’état civil”.

5 Sueur, P., “La loi du 22 mars 1841, un débat parlementaire: l’enfance protégée ou la liberté offensée”, Histoire du droit social, Mélanges J. Imbert, Paris, 1989, pp. 493-508.

6 Son article 1 dispose: “Tout ouvrier qui voudra travailler dans une ville dans laquelle il existe des manufactures, ou dans laquelle il a été ou sera créé des communautés d’arts et mé-



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plusieurs décennies, l’on considère que les bases de la vie en société ont été figées pour longtemps par le Code Napoléon de 1804. Dans ces conditions, estime-t-on, il n’est nul besoin de recourir à la loi. La réglementation en ma-tière de police du travail a donc tout au plus vocation à expliciter, à compléter ou à amender sur certains points de détail le droit commun dont on estime que le Code civil constitue l’incarnation la plus achevée.7

De ce point de vue, la loi du 22 mars 1841 peut être considérée comme l’acte de naissance du droit social français qui apparaît alors, comme un droit particulariste au champ d’application limité puisqu’il vise exclusive-ment une fraction du corps social. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, son contenu va néanmoins s’étoffer au point de susciter l’attention de plus en plus soutenue de la part des juristes français qui vont en accompagner la naissance, dans un premier temps, et la consécration académique, dans un second temps.

ii. lE droit social, unE rEalitE JuridiquE: lEs sourcEs

Le Code civil de 1804 a longtemps servi de cadre exclusif à la réglementation des relations de travail. Cette relation n’est alors encadrée que par quelques dispositions relevant de la police du travail essentiellement destinée à contrôler les déplacements de la main-d’œuvre. L’édiction, dans la seconde moitie du XIXe siècle, de règles destinées à protéger les personnes regardées comme les plus vulnérables, enfants et femmes, contribue à l’édification d’un corpus qui sera progressivement intégré dans la formation universitaire des étudiants en droit.

1. La difficile délimitation du corpus: Lois ouvrières avant le décret de 1889

La question de la détermination du corpus du droit social français s’est longtemps heurtée à un certain nombre d’obstacles que les progrès de la re-cherche historique depuis les années 1990 ont permis de lever.

La première question qui a longtemps divisé l’historiographie est celle de l’héritage des hommes de la Révolution française et, plus particulièrement, des auteurs de la codification napoléonienne. L’évaluation du legs de cette époque a fait l’objet de conflits de représentation qui ont divisé tant les histo-riens que les juristes. En effet, le Code Napoléon ne compte que trois articles

tiers, sera tenu, lors de son arrivée dans ladite ville, de se faire enregistrer par nom et surnom au greffe du tribunal de police, et sera ledit engagement fait sans frais”.

7 En ce sens: Ewald, F., L’État providence, Paris, Grasset, 1986, p. 314.




consacrés à la relation de travail —les articles 1779 à 1781— ce qui paraît très peu au regard des 32 articles relatifs au bail à cheptel ou aux 66 articles encadrant le louage de choses.8 Ce laconisme du Code a contribué à alimen-ter, dans l’historiographie, l’idée d’un profond désintérêt, voire d’un mépris de ses rédacteurs vis-à-vis des ouvriers.

Ainsi l’article 1779 a-t-il pour objet le louage de services des gens de tra-vail qui est un contrat comme les autres ne faisant pas l’objet de développe-ments particuliers. Il est valide dès lors qu’il n’y a pas vice de consentement. Il figure au registre des contrats spéciaux du droit civil au même titre que la vente ou le louage de choses. Les difficultés éventuelles nées de son exécu-tion sont donc logiquement résolues par les dispositions du Code relatives aux “contrats ou obligations conventionnelles en général” (Livre III, titre III). L’article 1779 est libellé comme suit: “:Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie:

1° Le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un.2° Celui des voituriers, tant par air que par eau, qui se chargent du trans-

port des personnes ou des marchandises.3° Celui des entrepreneurs d’ouvrage par suite de devis ou marchés”.L’article 1780 constitue en réalité la seule restriction à la liberté contrac-

tuelle des parties. Il énonce qu’on ne peut “engager ses services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée”. Cette prohibition relative à la durée des engagements à vie vise tout simplement à se prémunir contre le retour éven-tuel du servage.

L’article 1781 dispose enfin que le maître est “cru sur son affirmation, pour la quotité des gages, pour le paiement des salaires, de l’année échue et pour les acomptes donnés pour l’année courante”. Objet de puissantes récriminations ouvrières jusqu’à son abolition par la loi du 2 août 1868, son champ d’ap-plication a fait l’objet d’une étude détaillée qui a permis de mieux saisir la portée précise qu’entendaient donner les rédacteurs du Code à cet article.9

Bien que l’historiographie ait considérablement évolué depuis les années 1990 —en particulier sur le sens et la portée de l’article 1779 dont on sait

8 En 1901, H. Pascaud, conseiller à la cour d’appel de Chambéry s’exprime en ces termes: “Comment peut-on concevoir, en effet, qu’un contrat intéressant des millions d’hommes qui lui doivent le pain de chaque jour et la satisfaction de leurs besoins essentiels soit aussi insuffi-samment réglementé qu’il l’a été par le législateur de 1804?”, Le contrat de travail au point de vue économique et juridique et l’utilité de sa réglementation législative, Paris, Fontemoing, p. 1.

9 Castaldo, A., “L’histoire juridique de l’article 1781 du Code civil”, Revue Historique du Droit Français et Étranger, 1977, pp. 211-237.



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désormais qu’elle est beaucoup plus limitée qu’on ne l’imaginait—,10 cette pauvreté du Code a longtemps servi à étayer l’idée selon laquelle ses ré-dacteurs se seraient délibérément abstenus d’encadrer la relation de travail pour mieux laisser prospérer l’économie libérale et, par là, servir les intérêts des plus puissants.11 Cette attitude, très largement partagée, a contribué à alimenter en France l’idée que les hommes de la Révolution et du Consu-lat (1789-1804) auraient volontairement ignoré les ouvriers pour mieux les réduire au silence. Dans cette perspective, il aurait fallu attendre plusieurs décennies, avec la loi de 1841, pour que leurs intérêts commencent à être pris en compte. Cette loi constituerait ainsi l’acte de naissance du droit social français.

Cette hypothèse a été depuis lors fortement contestée. La relecture du bi-lan de la Révolution française opérée par l’historien du droit Jacques Bouve-resse invite en effet à considérer que les hommes de la Révolution français et les rédacteurs du Code civil auraient au contraire consacré un véritable droit du travail en faveur des petits travailleurs indépendants propriétaires de leur outil de travail. L’idéal commun à ces hommes aurait donc été de protéger les travailleurs en les incitant à accéder à l’indépendance et à l’autonomie pro-fessionnelle. La condition première en aurait été l’accession généralisée des Français à la propriété privée afin de leur permettre de devenir possesseurs de leurs outils de travail et donc de devenir leurs propres patrons.12 Dans cette hypothèse, le droit du travail aurait donc pris naissance au sein même des as-semblées révolutionnaires. La diffusion de la petite propriété en aurait cons- titué le meilleur vecteur. Ce morcellement de la propriété privée aurait ain-si formé le premier édifice du nouveau droit social français inauguré par la Révolution.

La délimitation du périmètre historique du droit social français butte sur un autre problème d’ordre terminologique qui rend difficile la définition d’une échelle pertinente de comparaison à l’échelon international. En effet, le pé-rimètre de ce droit diffère sensiblement selon la terminologie privilégiée. Or, cette dernière n’a cessé d’évoluer dans le temps notamment en fonction de la

10 Cottereau, A., “Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré, puis évincé par le droit du travail (France, XIXe siècle)”, Annales. Histoire et Sciences Sociales, 2002-6, pp. 1521-1557.

11 Par exemple: Camerlynck, G.-H., Traité de droit du travail. Le contrat de travail, tome 1, Paris, Dalloz, 1968, p. 10.

12 Aubin, G. et Bouveresse, J., Introduction historique au droit du travail, Paris, Puf, 1995, p, 41 et s; Bouveresse, J., “Y avait-t-il un droit du travail avant le droit du travail?”, dans Dauchy, S. et al. (dir.,), Histoire, Justice et Travail, Lille, Centre d’Histoire Judiciaire, 2005, pp. 203-213.




finalité première que ses commentateurs entendaient mettre en avant: légis-lation industrielle ou droit industriel, d’une part, législation ouvrière ou droit ouvrier, d’autre part.13

Le premier qualificatif renvoie à une posture de neutralité axiologique ten-dant à embrasser l’ensemble des règles entourant les activités productives, des normes techniques encadrant la fabrication des produits jusqu’aux règles entourant leur commercialisation, telles que la réglementation des brevets d’invention ou de la propriété industrielle. La seconde dénomination, plus tardive, vise à éclairer — soit pour en souligner les mérites, soit pour en déni-grer les traits—, le caractère particulariste d’un droit en rupture avec le prin-cipe de l’égalité des citoyens tenu pour un acquis de la Révolution française.

La réflexion engagée à la fin du XIXe siècle autour de la rénovation des programmes universitaires dispensés au sein des Facultés de droit va appor-ter quelques éléments de clarification à laquelle les juristes de tous horizons, ont apporté une contribution décisive.

2. La promotion pédagogique des contenus: Les premiers manuels de législation industrielle 1894 -1895

Les réformes des études de droit engagées dans les deux dernières décen-nies du XIXe siècle vont permettre de mieux cerner le périmètre du droit so-cial. Les autorités ministérielles sont alors soucieuses d’adapter le programme de formation dispensé par les facultés de droit qui jusqu’alors s’adressait es-sentiellement à des jeunes gens destinés à embrasser une carrière judiciaire ou voués à intégrer l’administration française. Or, le besoin de personnels dotés de nouvelles qualifications en vue d’intégrer les services juridiques des grandes entreprises ou de servir dans les territoires coloniaux impose un réaménagement des programmes de formation. Il s’agit désormais de former à des métiers dont la pratique exige la maîtrise des nouvelles normes juri-diques dont le poids s’est densifié au cours de la seconde moitié du siècle. La

13 Sur ce point, notamment: Lekéal, F., “Les origines de l’enseignement de la législation industrielle: enjeux autour de la création d’un champ disciplinaire”, dans Construction d’une Histoire du droit du travail, Cahiers de l’Institut Régional du Travail, Université d’Aix-Mar-seille II, n° 9, mars 2001, pp. 21-41. Hakim, N., “Premiers traités de législation industrielle et jurisprudence: les ressources d’une influence doctrinale au Palais”, dans Le Crom, J.-P., Les acteurs de l’histoire du droit du travail, Rennes, PUR, 2004, pp. 29-39. Deroussin, D., “Le droit ouvrier et les pratiques ouvrières: regards privatistes (IIIe République)”, dans Chambost, A.-S. et Mage, A. (dir.), La réception du droit du travail par les milieux professionnels et intel-lectuels, Paris, LGDJ, 2017, pp. 117-131.



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réglementation des conditions de travail constitue précisément —aux côtés de la législation coloniale—, l’un de ces nouveaux volets de formation.

Le décret du 24 juillet 1889 tente de répondre à ces besoins en introdui-sant la législation industrielle au titre des nouveaux enseignements option-nels proposés dans les programmes de licence. Bien qu’aucune directive of-ficielle n’en détermine les contenus, les cours publiés permettent d’apprécier la substance de cette législation industrielle que les juristes continuent de désigner sous d’autres appellations telles que législation du travail, législa-tion ouvrière ou encore législation sociale.

De fait, ces enseignements nouveaux intègrent généralement l’étude de l’en-semble des lois édictées dans ce domaine depuis 1841. Les unes consacrent de nouvelles libertés individuelles ou collectives octroyées au monde du tra-vail telles que le droit de coalition concédé par le Second Empire, dans un périmètre encore restreint, par la loi du 25 mai 1864 ou le droit d’association professionnelle, sanctionné par un des textes emblématiques de la IIIe Répu-blique, la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884. Les autres tendent à enca-drer l’accomplissement des tâches productives en imposant certaines limites à la liberté contractuelle des parties, en particulier à celle des employeurs. Ces règles —dont certaines sont d’initiative ouvrière—, ont généralement fait l’objet de très longs débats parlementaires parfois étalés sur plusieurs années en raison notamment des résistances de la seconde Chambre du Parlement français, le Sénat, traditionnellement plus conservateur.

L’adoption d’un certain nombre de normes doit également à l’attention por-tée aux expériences conduites en la matière au-delà des frontières. Dans un contexte où le comparatisme s’impose à la fois comme une exigence acadé-mique intrinsèquement liée à l’enseignement et à l’étude de la législation industrielle14 et comme un élément structurant de la politique sociale des Etats, l’adoption de certaines lois ouvrières doit, pour une bonne part, au souci de ménager le prestige international de la France dans un domaine où nombre d’élus considèrent que son abstention pourrait contribuer à l’éro-der. Les débats parlementaires engagés autour de la protection des personnes considérées comme les plus vulnérables —les enfants, les filles mineures et les femmes—, illustrent tout particulièrement cette sensibilité qui s’exprime publiquement à de nombreuses reprises et dont rendent comptent par ailleurs les enquêtes sur les conditions de travail dans les principaux pays industriels

14 Les premiers traités de législation industrielle, à l’instar de celui du professeur lyonnais Paul Pic, consacrent des développements spécifiques relatifs à la législation et au droit compa-ré. Pic, P., Traité élémentaire de législation industrielle, Première partie: législation du travail industriel, Paris, Rousseau, 1894, p. 251 et s.; 389 et s; 488 et s.




diligentées par le ministère des affaires étrangères français à partir de la dé-cennies 1890.

Prenez garde, Messieurs! —exhorte ainsi le 7 juillet 1890 le rappor-teur du projet après avoir fait état des réformes sociales engagées tant en Suisse qu’en Allemagne—, en assistant impassiblement à ce spectacle que je viens de rappeler, nous nous laissons devancer par l›Europe tout entière. Quant à moi, je crois qu’il est temps que nous fassions quelque chose”.15

“La France, fait encore valoir l’année suivante le sénateur Chesnelong, à propos de la question du repos dominical, fut toujours le pays des initiatives généreuses, elle ne saurait rester en arrière”.16

Dans leur ensemble, ces lois dont l’étude est intégrée dans les programmes universitaires sont ordonnées autour d’un même impératif de protection: pro-tection dispensée aux personnes considérées comme les plus vulnérables, femmes, enfants et filles mineures en 1841, 187417 et 1892;18 garantie de la paix sociale par le recours à la conciliation et à l’arbitrage facultatif des conflits du travail avec la loi du 27 décembre 1892;19 préservation des corps des travailleurs à travers des dispositifs spécifiques touchant à l’hygiène et à la sécurité —dont le principe est posé par la loi du 12 juin189320—; préven-tion et réparation forfaitaire des accidents du travail avec la consécration du principe de la responsabilité patronale fondée sur le risque professionnel par la loi du 9 avril 1898.21

Au-delà de ce socle commun à la plupart des ouvrages publiés dans ce domaine, l’attitude des juristes, —avocats spécialisés, magistrats ou univer-sitaires—, varie sensiblement quant à la caractérisation théorique de ce nou-vel enseignement. Certes, certains manuels s’en tiennent à une présentation générale et à un commentaire exégétique des principales dispositions qui en

15 Chambre des députés. Débats parlementaires. Documents préparatoires de la loi du 2 novembre 1892. Séance du 7 juillet 1890, intervention de Waddington, rapporteur, Bulletin de l’inspection du travail, 1893, n° 3, p. 265.

16 Sénat, documents préparatoires de la loi du 2 novembre 1892. Séance du 16 juillet 1891, Bulletin de l’inspection du travail, 1894, n° 1, p. 236.

17 Loi du 3 juin 1874 sur le travail des enfants et des filles mineurs employés dans l’in-dustrie.

18 Loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles et des femmes dans les établissements industriels.

19 Loi du 27 décembre 1892 sur la conciliation et l’arbitrage en matière de différends collectifs entre patrons et ouvriers.

20 Loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les éta-blissements industriels.

21 Loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail.



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relèvent.22 D’autres ouvrages, plus ambitieux, se proposent d’en décrypter la logique et d’en analyser le particularisme. De ce point de vue, les deux pre-mières publications majeures intervenues dans ce domaine, celle de Paul Pic —professeur à l’université de Lyon— datée de 1894, celle de George Bry, de l’université d’Aix-Marseille, éditée en 1895, se distinguent très nettement.

Le professeur lyonnais estime que cette législation est l’expression des nouvelles missions de police et de tutelle imparties à l’Etat dans le cadre d’une exigence nouvelle de solidarité humaine. “Cette législation, estime-t-il, est issue d’une réaction nécessaire contre l’abstentionnisme égoïste et à courte vue de l’économie politique libérale du milieu de ce siècle”.23 Il en-tend par là que cette législation procède de la mise en œuvre des principes de l’économie sociale qu’il définit comme une économie alternative à la fois à l’économie libérale et à l’économie collectiviste et dont l’objectif ultime est de dispenser des protections particulières en faveur des plus faibles afin de les mettre à l’abri des principaux aléas de l’existence. Paul Pic fait ainsi figurer, au rang des instruments privilégiés de l’économie sociale, une série de dispositifs destinés à combler l’écart entre la rémunération des travail-leurs, qu’il juge modique “au regard des profits que le travail procure à l’em-ployeur”,24 et leurs besoins. Il préconise, à ce titre, le développement de la participation aux bénéfices et des sociétés coopératives “de toute nature” et fait état de son soutien à la promotion des politiques en faveur de l’aide au développement du logement ouvrier. Il s’affirme favorable à la promotion des institutions de prévoyance individuelle par l’épargne populaire ou collective sous la forme de sociétés de secours mutuels. Il défend enfin le principe d’un système d’assurances sociales organisé ou contrôlé par l’Etat en vue de cou-vrir les principaux risques liés aux accidents, à la maladie, à la vieillesse et à l’invalidité.25

A l’inverse le professeur George Bry, récusant toute logique de solidarité au sein de la législation industrielle préfère considérer que c’est l’idée de

22 Par exemple, Duprat, M. A. et Saillard M. A., Code annoté de réglementation du travail dans l’industrie, Paris, Berger-Levrault, 1897.

23 Pic, P., “La législation ouvrière” dans Questions pratiques de législation ouvrière et d’économie sociale, n° 1, Février 1900, p. 2.

24 Pic, P., Traité élémentaire de législation industrielle, cit., pp. 551 et 552.25 Pic, P., Traité élémentaire de législation industrielle, cit., pp. 551 et s.: “Institutions des-

tinées à améliorer la condition juridique et morale des ouvriers”. Plus généralement, la dimen-sion historique de l’économie sociale en France: Lekéal, F., “Opacité conceptuelle et difficulté d’identification matérielle de l’économie sociale: Approche historique”. l’Institut Régional du Travail, Université d’Aix-Marseille II. n° 12, Histoire du contrat de travail, 2004, pp. 109-118.




liberté qui en constitue le “principe fondamental”.26 “La concurrence, argu-mente-t-il à ce titre, est l’âme de l’industrie, la condition de tout progrès, le régulateur des prix et de la production”.27

Loin d’être épuisée par la publication des premiers ouvrages académiques consacrés à la législation du travail, ce débat va connaître un véritable chan-gement d’échelle au fur et à mesure au fur de l’extension de l’intervention de l’Etat en matière de relation de travail.

iii. lE droit social, unE crEation doctrinalE: lEs dEBats sur l’oBJEt

En l’espace de quelques années, au fur et à mesure du développement du corpus de règles encadrant les relations de travail, la réflexion autour de cette nouvelle législation va changer de dimension. Ce débat va, dans un premier temps, rester confiné dans le cercle restreint des juristes qui s’interrogent sur le caractère de ce “droit nouveau”, qualifié de “social”, né de l’accumulation des textes encadrant la condition des ouvriers. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, ce sont les historiens et les historiens du droit qui vont ques-tionner les origines et le rôle des acteurs dans la naissance de ce droit social.

1. Les interrogations liées à la spécificité: la fin du XIXe siècle

D’abord cantonné à la protection exclusive des personnes considérées comme les plus vulnérables, —les enfants et les femmes—, la nouvelle lé-gislation étend peu à peu son emprise, d’abord à l’ensemble des ouvriers, indépendamment de leur sexe ou de leur âge, puis à d’autres catégories spé-cifiques de travailleurs, comme les ouvriers agricoles ou les employés.

Outre cette extension de son champ d’application, cette législation opère un changement de nature de la protection dispensée. Les nouvelles prescrip-tions édictées à partir de la seconde décennie du XIXe siècle incitent en effet les employeurs à anticiper les risques auxquels est exposée la main-d’œuvre et donc à agir en matière de prévention: aménagement des lieux de travail en vue de satisfaire à des obligations en matière d’hygiène et de sécurité avec la loi du 12 juin 1893;28 procédures simplifiées et automatiques de réparation du préjudice causé aux victimes, organisées par la loi du 9 avril 1898. L’in-

26 Bry, G., Cours élémentaire de législation industrielle, Paris, Larose, 1895, p. 6 à 8. En ce sens également: A. Béchaux, La réglementation du travail, Paris, Lecoffre, 1904.

27 Ibidem, 4e éd., 1909, Paris, Sirey, p. 2. 28 Loi concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements indus-

triels.



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terventionnisme de la puissance publique va également s’étendre à vie des salariés hors du lieu de travail avec notamment la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire, celle du 5 avril 1910 portant sur les retraites ouvrières et paysannes ou encore, après la Première Guerre mondiale, celles portant sur les Assurances sociales destinées à couvrir les risques maladie, materni-té, invalidité et vieillesse dans le cadre des lois des 5 avril et 30 avril 1930. Le droit du travail élargit ainsi son périmètre à la protection sociale.

De nouveaux enjeux financiers vont être dès lors attachés à la conclusion du contrat de travail, tant pour les employeurs qui peuvent être incités à s’assurer, notamment en matière d’accidents du travail, que pour les salariés, dont les rémunérations peuvent être amputées par l’assujettissement à des cotisations obligatoires en matière d’assurance sociale.

Ces nouveaux dispositifs protecteurs vont toutefois poser des problèmes inédits aux juristes. Ils vont alimenter une réflexion doctrinale et susciter une création jurisprudentielle d’une ampleur jusqu’alors inégalée. L’un des enjeux est en effet de déterminer les critères juridiques permettant d’identi-fier d’une manière certaine les personnes susceptibles d’être éligibles à ces nouveaux dispositifs protecteurs. La question se pose notamment du fait de l’absence de définition légale ou réglementaire de la qualité d’ouvrier ou de celle d’employé.

Il s’agit également de pouvoir distinguer, parmi les différentes personnes concourant à l’activité productive d’une entreprise, entre travailleurs indé-pendants et travailleurs salariés.29 La question des critères d’identification du contrat de travail renvoie donc à celle de sa singularité éventuelle. Appelée à se prononcer sur ce point en 1907, la juridiction suprême française, la Cour de cassation, retient comme critère de qualification du contrat de travail, ce-lui de la subordination technique et juridique des salariés.30

Certains juristes vont dès lors en conclure que le contrat de travail n’est pas un contrat comme les autres et que le contrat de louage du Code civil —censé avoir été conclu entre des citoyens placées sur un pied d’égalité— constitue une véritable fiction juridique.31

Le débat sur la nature du contrat de travail va ainsi croiser celui —aux enjeux tout aussi décisifs—, de l’opportunité d’adopter un code spécifique

29 En ce sens. J. Le Goff, “Les catholiques sociaux et le droit du travail: les dix premières années des Semaines sociales”, dans Chambost, A.-S. et Mage, A. (dir.), La réception du droit du travail par les milieux professionnels et intellectuels, cit., p. 190. La question est notamment posée après l’adoption de la loi du 9 avril 1898 relative à la réparation des accidents du travail.

30 Cour de cassation, 8 janvier 1907, Dalloz, p. 422. Sur ce point également: M. Bonne-chère, Le droit du travail, Paris, La découverte, 1908, p. 11.

31 Le Goff, J., “Les catholiques sociaux et le droit du travail...”, art. cité.




destiné à regrouper les lois du travail industriel sous la dénomination de Code du travail.

En effet, l’idée d’adopter une législation spécifique sur le contrat de louage destinée à combler les lacunes du Code civil, est formulée dès 1886 par un éminent juriste français, Émile Glasson, doyen de la faculté de droit de Paris et membre de l’Académies des sciences morales et politiques. Si la question ne suscite pas d’hostilité de principe au sein de la communauté des juristes, en revanche, celle des modalités de mise en œuvre d’une réforme de cette nature va alimenter pendant plusieurs années un véritable débat de fond.

A cette occasion, deux grandes options vont se trouver en concurrence: adopter un Code du travail spécifique regroupant les lois applicables aux tra-vailleurs salariés, ou modifier le Code civil dans le sens d’une adaptation aux réalités du monde industriel.32 Certains juristes proposent toutefois une solu-tion intermédiaire et suggèrent —à l’instar de Paul Pic, auteur d’un traité de référence en matière de législation industrielle— d’insérer dans le Code civil “les principes directeurs dont le législateur du XXe siècle entend désormais s’inspirer” tout en intégrant dans un code spécifique la réglementation détail-lée du contrat de travail.33 Il s’agirait alors en quelque sorte de “socialiser le droit civil”,34 en consacrant par exemple l’intérêt collectif de la profession, la validité juridique des conventions collectives ou encore la notion d’abus de droit, autant de notions étrangères aux catégories traditionnelles du droit des contrats du Code civil déjà intégrées, pour partie, dans d’autres législations européennes.35

32 Hordern, F., Histoire du Code du travail, Cahiers de l’Institut Régional du Travail, Uni-versité d’Aix-Marseille II, n° 14, 2006, p. 37; Aubin, G. et Bouveresse, J., Introduction histo-rique au droit du travail, cit., p. 249.

33 Pic, P., “Le centenaire du Code civil et le droit social de demain”, Questions pratiques de législation ouvrière et d’économie sociale, 1904, p. 474 et s. Egalement; Pic, P., Traité élémentaire de législation industrielle. Lois ouvrières, 5ème éd., Paris, Rousseau, 1922, p. 74, note 1.

34 Verkindt, P.-Y. et Bonnard-Plancke, L., “La réception de la “question sociale” par la doctrine juridique civiliste au tournant du siècle”, dans Le Crom, J.-P. (dir.), Les acteurs de l’histoire du droit du travail, Rennes, PUR, 2004, p. 23.

35 Les codifications engagées en Europe suscitent l’intérêt croissant des juristes, en par-ticulier, le Code civil allemand, le BGB de 1900 (Burgerliches Gesetzbuch), et le Code civil suisse. Ces deux codes contiennent des dispositions qui font l’objet de commentaires attentifs de la part ce certains juristes français. Le BGB dispose en effet: “L’exercice d’un droit n’est pas permis lorsqu’il ne peut avoir d’autre but que de causer un dommage à autrui”. De son côté, le Code civil suisse dispose, dans son article 2: “Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi”. Sur ce point, notamment: R. Saleilles, “De l’abus de droit”, Rapport présenté à la première Sous-Commission de la Commission de réforme du Code civil, Bulletin



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Entre porosité ou étanchéité du droit civil au droit social, c’est finalement cette dernière solution qui l’emporte. Le 28 décembre 1910 est adopté un texte portant codification des lois ouvrières sous la dénomination Code du travail et de la prévoyance sociale. Le livre I du Code a pour objet le contrat de travail. Le 26 novembre 1912 voit le jour le livre II relatif à la réglementation du travail consacré aux conditions du travail en matière d’âge d’admission, de durée du travail, de travail de nuit, de repos hebdomadaire et jours féries, d’hygiène et de sécurité, ainsi que d’inspection du travail. Néanmoins, de l’avis unanime, il s’agit tout au plus d’une simple “mise en ordre” et d’une “compilation” des textes existants dont le contenu n’est pas modifié.36

Cette codification à droit constant sans la moindre innovation de nature à consacrer l’affirmation d’un ordre juridique nouveau37 déçoit les espoirs de ceux qui avaient rêvé, lors des rencontres organisées dans le cadre de la célébration du centenaire du Code civil de 1804, d’un projet plus ambitieux: insérer au sein du Code civil, des dispositions nouvelles prenant acte de l’émergence d’intérêts collectifs nouveaux, ceux du monde du travail, intérêts susceptibles de porter atteinte aux sacro-saints principes de l’autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle.38

La publication du Code du travail et de la prévoyance sociale à partir de 1910 a donc au moins pour effet de consacrer le droit social comme un corpus de textes suffisamment dense et cohérent pour faire l’objet d’une codification spécifique.

Pour autant, cette publication n’épuise pas le débat, parmi les juristes, dont certains ont été associés de très près à la codification.39 Ainsi, en 1938 un groupe d’universitaires —spécialistes de droit ou d’économie—, et de praticiens spécialisés décide de la création d’une revue spécifiquement dé-diée à l’étude du droit social, et qui porte d’ailleurs ce titre, Droit social. L’ob-jectif affiché par cette revue est précisément d’interroger et de commenter

de la Société d’études législatives, 1905, p. 13, 25. Plus généralement, sur les questions posées, au début du XXe siècle par cette notion: Charmont, J., “L’abus du droit”, Revue trimestrielle du droit civil, 1902, p. 113-125.

36 Hordern, F., Histoire du droit du travail par les textes, t. 1 (1791-1914), Cahiers de l’Institut Régional du Travail, Université de la Méditerranée, n° 8, 1991, t. 1, p. 227 ; Aubin, G. et Bouveresse, J., Introduction historique du droit du travail, cit., p 249.

37 Sur cette question: F. Hordern, Histoire du Code du travail, t. 1, cit., p. 42.38 En ce sens, par exemple: A. Colin, note sous Cassation, Civ, 15 mai 1907, Dalloz, 1907.

J. Vialatoux, Chronique sociale de France, Décembre 1910, p. 469, 473.39 La commission de codification des lois ouvrières est composée de juristes reconnus,

notamment Raoul Jay et Georges Bourguin, professeurs à la faculté de droit de Paris, Arthur Fontaine, conseiller d’Etat, ainsi, que deux conseillers d’Etat et de deux conseillers à la Cour de cassation. F. Hordern, Histoire du droit du travail par les textes, cit., p. 225.




ces textes et documents “relatifs à la profession et la production” constitutifs d’un nouveau droit, “un droit social qui rompt avec les règles de l’individua-lisme juridique”.40 Cette revue est donc destinée à nourrir tant la réflexion des universitaires que la pratique quotidienne des nombreux avocats dont le droit social est devenu une spécialité alors que la même année est créée la Chambre sociale de la Cour de cassation.

Ces juristes entendent ainsi prendre acte de la constitution d’un savoir ju-ridique spécifique qu’ils se proposent de diffuser, d’analyser afin d’en mieux décrypter la logique.

2. Les questionnements liés aux origines et aux rôles des acteurs: la fin du XXe siècle

Les juristes contemporains de l’émergence du droit social ne sont pas les seuls à avoir interrogé la naissance et la spécificité de ce corpus de normes juridiques. Cette question a suscité au cours du XXe siècle, la curiosité des historiens, dans un premier temps et, plus tardivement, celle des historiens du droit.

Dans le premier tiers du XXe siècle, tout d’abord, les études historiques subissent en France un profond renouvellement caractérisé par l’élargisse-ment de leur champ d’étude. Ce mouvement est porté par quelques jeunes historiens —tels Lucien Fèbvre, Marc Bloch, Fernand Braudel— qui sou-haitent rapprocher l’histoire des autres sciences humaines. Ils inaugurent, “l’histoire totale“ qui ambitionne de saisir la vie des hommes dans leurs as-pects les plus divers et non plus simplement dans le seul cadre de la stricte chronologie politique. Cette volonté de privilégier l’histoire économique et sociale comme nouveau terrain de recherche va porter ses fruits et bénéficier à l’histoire du travail.

Dans les années 1950 voient ainsi le jour, à quelques temps d’intervalle, les premières grandes synthèses historiques spécifiquement consacrées à l’histoire du travail, telle l’Histoire du travail en France d’Edouard Dolléans et Gérard Dehove sous-titrée Mouvement ouvrier et législation sociale pa-rue en 195341 ou encore l’Histoire du travail en France de Maurice Bou-

40 Droit social, N° 1, Janvier 1938. 41 Dolléans, E. et Dehove, G., Histoire du travail en France, mouvement ouvrier et législa-

tion sociale, Paris, Domat-Montchrestien, 1953. Tome 1: Des origines à 1919, t. II: De 1919 à nos jours, 900 pages.



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vier-Ajam,42 ainsi que l’Histoire du travail et des travailleurs de Georges Lefranc, tous deux édités au cours de la même année 1957.43 La décennie suivante s’enrichit d’un ouvrage de Paul Virton publié sous le titre Histoire et politique du travail dont la première partie est consacrée à l’histoire du droit du travail.44

L’année 1985 augure toutefois la véritable irruption de l’histoire du droit du travail dans le champ académique de l’histoire du droit avec la publica-tion de l’ouvrage de Jacques Le Goff —ancien inspecteur du travail et profes-seur à l’université de Rennes—, sous le titre Du silence à la parole. Droit du travail, société, Etat, 1830-1985. D’autres publications majeures, au cours de la décennie suivante, vont également contribuer à renforcer de mouvement.

Ainsi, au cours des années 1990, les historiens du droit sont en mesure de proposer de véritables outils d’analyse et de réflexion destinés à un public plus large, étudiants, juristes et universitaires.45 Dans le même temps, ils mettent à disposition de la communauté scientifique l’ensemble des textes édictés dans ce domaine depuis la Révolution dans la mesure où ils prennent généralement pour point de départ la proscription de toute forme de coalition ou d’association entre les gens de métier édictée par les lois d’Allarde et le Chapelier de 1791.

Le moment inaugural de ce mouvement peut être daté de 1995, année au cours de laquelle Gérard Aubin et Jacques Bouveresse publient une Intro-duction historique droit du travail (PUF) qui annonce un élargissement du champ éditorial. Ainsi, en 1998, paraît un ouvrage collectif dirigé par Jean-Pierre Le Crom avec pour titre Deux siècles de droit du travail. L’histoire du droit du travail par les textes, (Les éditions de l’Atelier, 1998). L’année 1999 est enfin celle de la publication, par Patrick Barrau et Francis Hordern du premier volet de leur Histoire du droit du travail par les textes (Cahiers de l’Institut Régional du Travail, Université d’Aix-Marseille-II). Elle est égale-ment celle de la parution d’une Histoire du droit du travail par Norbert Olszak (Presses universitaires de France).

Au cours de l’automne 2000 enfin, l’un de ces pionniers de l’histoire du droit social, Francis Hordern, organise le premier colloque d’histoire du tra-vail destiné notamment à dresser un état des lieux de la recherche et à ouvrir

42 Bouvier-Ajam, M., Histoire du travail en France, Paris, LGDJ, 1957. Tome I Des ori-gines à la Révolution; Tome II: Depuis la Révolution (II), 1200 pages.

43 Lefranc, G., Histoire du travail et des travailleurs, Paris, Flammarion, 1957, 490 pages.44 Virton, P., Histoire et politique du travail, Paris, Spes, 1968.45 Vernier, O., “L’histoire du droit social”, dans Alteroche, B. et Krynen, J., L’histoire du

droit en France. Nouvelles tendances, nouveaux territoires, Paris, Garnier, 2014, pp. 455-468.




de nouvelles perspectives en réunissant historiens du droit et spécialiste de droit social.46

Dans le prolongement de cette première grande rencontre, les années 2000 s’avèrent particulièrement fructueuses avec, notamment, deux colloques d’envergure organisés à quelques mois d’intervalle en 2003, l’un à Nantes, dont les actes ont été publiés sous le titre Les acteurs de l’histoire du droit du travail,47 l’autre à Lille, qui a donné lieu à une publication intitulée Histoire, Justice et Travail.48

Cette dynamique nouvelle n’a cessé de s’amplifier depuis lors. Ses pre-miers résultats ont fait l’objet d’un bilan récent sur l’état de l’art en la ma-tière qui permet de mieux cerner la contribution des différents acteurs dans le processus de fabrication du droit social français.49 Ainsi, aujourd’hui, la question du rôle des acteurs politiques —qui a longtemps retenu l’attention des chercheurs—, a-t-elle tendance à s’épuiser quelque peu, du fait des nom-breuses monographies qui ont pu être réalisées sur ce point.50 En revanche, d’autres pistes d’investigation ont suscité l’intérêt des chercheurs, notam-ment celle du rôle des acteurs techniques.

Ont ainsi été étudiées les modalités par lesquelles les hommes peuplant les juridictions du travail avaient pu secréter de véritables “législations locales du travail” protectrices d’un “bon droit” des travailleurs, qui, selon l’inven-teur de cette formule, aurait souvent été “en dissidence avec les conceptions

46 Construction d’une histoire du droit du travail, Cahiers de l’Institut Régional du Travail, Université d’Aix-Marseille II, n° 9. Avril 2001. Actes du Colloque d’Aix-en-Provence des 20 et 21 septembre 2000.

47 Le Crom, J.-P. (dir.), Les acteurs de l’histoire du droit du travail, Rennes, PUR, 2004.48 Dauchy, S. et al. (dir.), Histoire, Justice et Travail, cit.49 Vernier, O., “L’histoire du droit social” article cité; Le Goff et Le Crom, J.-P., “Quelle

histoire pour le droit du travail?”, Revue du droit du travail, n° 10, octobre 2013, p. 599-602 ; Le Crom, J.-P., “ Conclusion” dans A.-S. Chambost, A. Mages, La réception du droit du travail par les milieux professionnels et intellectuels, cit., pp. 237-249.

50 A titre d’illustration: Sorlin, P., Waldeck-Rousseau, Paris, Colin, 1966; Aglan, A. et al., Albert Thomas, Société mondiale et internationalisme: réseaux et institutions des années 1890 aux années 1930, Les cahiers Irice, Actes de la journée d’étude des 19 et 20 janvier 2007, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne; Dominique Guyot, “Viviani, premier ministre du Travail (1863-1925)”, Cahiers de l’Institut régional du travail, Université d’Aix-Marseille II, n° 19, novembre 2010, pp.122-183; également: 1906: René Viviani, premier ministre du travail et de la prévoyance sociale: l’émergence du droit du travail à la Belle Époque. Actes de la Confé-rence-débat du 15 novembre 2011 au ministère du travail, de l’emploi et de la santé. Cahiers du Comité d’histoire des administrations chargées du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CHATEFP), 2011.



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dominantes du nouveau droit français”.51 De la même façon, la contribution de certains avocats à l’appropriation, par les salariés, des nouveaux outils ju-ridiques offerts par le droit social —qu’elle procède d’initiatives purement in-dividuelles, ou qu’elle ait été activement soutenue et encadrée par des syndi-cats—52 a-t-elle fait l’objet de recherches spécifiques.53 L’action, jusqu’alors méconnue d’autres catégories d’acteurs, juristes de l’ombre, constitue éga-lement l’un des chantiers auxquels se sont attelés, ces dernières années un certain nombre de chercheurs. On connaît donc mieux désormais le rôle des administrations dans la “fabrication du droit du travail”, —en particulier à partir de la création en 1906, du ministère du Travail.54 L’action multiforme des fonctionnaires de l’inspection du travail est également de plus en plus finement évaluée, en particulier les modalités concrètes ainsi que les limites de leur intervention dans le contrôle de l’application des règles de droit so-cial.55 En l’espace de quelques années, s’est ainsi constituée une nouvelle dynamique autour de l’histoire du droit social et de ses spécificités.

Après quelques décennies de recherches, les historiens en appellent dé-sormais au développement d’une “histoire par le bas”, selon l’expression de Jean-Pierre Le Crom, une histoire sociale qui ne se cantonne plus seulement à l’étude des particularités de cette législation mais qui prenne davantage en considération “la diversité des acteurs qui interviennent dans l’élaboration des textes”.56 Ce mouvement est aujourd’hui amorcé et n’attend qu’à se pro-longer.

51 En ce sens: Cottereau, A., “Justice et injustice ordinaire sur les lieux de travail d’après les audiences prud’homales (1806-1886”, Le Mouvement social, octobre-décembre 1987, n° 141: Les prud’hommes XIXe-XXe siècle, pp. 25-59.

52 On peut citer, à ce titre, la création, par la Confédération Générale du travail en 1920 de la revue Droit ouvrier, organe officiel des conseils judicaires de ce syndicat.

53 En ce sens, par exemple: L. Willemez, Des avocats en politique (1840-1880): contribu-tion à une socio-histoire de la profession politique en France, Thèse science politique Paris 1, 2000; “Quand les syndicats se saisissent du droit. Invention et redéfinition d›un rôle”, Sociétés contemporaines, 4/2003 (no 52), p. 17-38. M. Pigenet, “Regards croisés sur les pratiques syn-dicales du droit en France aux xxe et xxie siècles”, dans Narritens, A. et Pigenet, M. (dir.), Pratiques syndicales du droit, PUR, 2014, pp. 13-24.

54 Viet, V., Les voltigeurs de la République. L’inspection du travail en France jusque 1914., Paris, CNRS Editions,1994.

55 Par exemple: Bodiguel, J.-L et Le Crom, J.-P., “L’administration du travail et la pro-duction du droit du travail, 1906-1960”, Revue française des affaires sociales, 2007-2, pp. 157-165.

56 Le Goff, J. et Le Crom, J.-P., “Quelle histoire pour le droit du travail”, art. cité, p. 601.




iv. conclusion

Les juristes français ont accompagné la naissance du droit social. Ils n’en sont certes pas les inventeurs car en ce domaine, les responsabilités sont très partagées et encore discutées, notamment sur le point de savoir quels ont été, historiquement, les acteurs principaux entre politiques, patrons, syndi-calistes, ou fonctionnaires des administrations centrales, voire locales.57

Les juristes ont néanmoins exercé une fonction de tout premier ordre dans la reconnaissance de la spécificité de cette législation et dans sa consécration académique. Ils ont déployé une action multiforme: commentaire et analyse, concours actif apporté à la codification de ce droit, conseils juridiques et ju-diciaires à l’attention des justiciables, élaboration d’une jurisprudence dont la spécificité a été reconnue par la création de la Chambre sociale de la Cour de cassation et de chambres spécialisées au sein des cours d’appel, mise en place de services dédiés à l’étude et la mise en œuvre de ce droit au sein des entreprises et des organisations professionnelles. Les universitaires ont enfin accompli une véritable œuvre doctrinale dédiée à l’analyse de la spécificité de ce droit, à sa consécration par les autorités universitaires, à son enseigne-ment et partant, à sa diffusion.

C’est sans doute parce qu’ils sont généralement tenus écartés —au profit des techniciens des administrations françaises ou européennes—, du proces-sus de rédaction des normes de droit social que le rôle des juristes demeure essentiel. L’émergence, depuis les années 1960 d’un droit social européen contribue en effet à rendre leur expertise indispensable. Cette promotion nou-velle du droit social rend d’autant plus pertinents les travaux de recherche engagés sur la genèse de ce droit et les conditions de son développement, en France, comme dans les différents pays concernés.

57 Ibidem, p. 602.



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L’ACCES DE L’OUVRIER A LA JUSTICE ET A LA DEFENSE DE SES DROITS AU XIXE SIECLE: DE L’EXCLUSION A L’ADMISSION QUASI-

AUTOMATIQUE

Nathalie crochePeyre

soMMaIre: I. Introduction. II. L’accès à la Justice de l’ouvrier avant 1851: un régime partiellement dérogatoire. III. L’accès a la Justice de l’ouvrier accidente après 1851: un Droit commun inadapté nécessitant un aménage-

ment dérogatoire. IV. Conclusion.

Le Pouvoir Judiciaire sera donc mal or-ganisé, si la Justice n’est pas gratuitement rendue. Car la Justice est une dette de la Société, & (sic) il est absurde d’exiger une rétribution pour acquitter une dette. De plus, si la Justice n’étoit (sic) gratuite, elle ne pourroit (sic) être réclamée par celui qui n’a rien & (sic) afin que la liberté existe dans un Empire, il faut que celui qui n’a rien puisse demander justice comme celui qui a; il faut former des institutions qui mettent celui qui n’a rien en état de lutter avec égalité de force contre celui qui a.1

i. IntroductIon

La réflexion sur l’assistance judiciaire conduit à s’interroger de façon plus large sur la perception du pauvre par ses contemporains et sur les modalités par lesquelles ses “prérogatives “inaliénables” et “sacrées”2 sont satisfaites. Un parallèle peut être fait entre l’accès à la justice et l’accès aux soins, les

1 Rapport du Comité de constitution sur l’organisation du pouvoir judiciaire, présenté à l’Assemblée Nationale par M. Bergasse, 1789, pp. 16 y 17.

2 Borgetto, M., “L’articulation des droits et des devoirs dans le champ de la protection sociale”, RDSS, Revue de Droit Sanitaire et Social, núm. 1, 2009, pp. 5-17.



86 L’ACCES DE L’OUVRIER A LA JUSTICE ET A LA DEFENSE DE SES DROITS...

deux répondant à des besoins fondamentaux du citoyen. La France d’An-cien Régime a privilégié, dans les deux cas, une approche charitable et une prise en charge privée. De là sont nées la mission sociale de l’avocat3 ainsi que celle du médecin,4 chacun s’honorant de consacrer un peu de son temps à aider, gratuitement, les plus démunis. Certes, la Révolution pose le prin-cipe de la gratuité de la justice,5 abolit la vénalité des charges judiciaires et dissout les corps constitués d’avocats et d’avoués; elle promeut également la conciliation comme mode alternatif de résolution des conflits. Toutefois, l’épisode révolutionnaire passé, l’espoir d’une justice peu onéreuse disparaît. La gratuité du juge a pour corollaire l’instauration d’impôts judiciaires que les gouvernements successifs s’attachent à augmenter et auxquels s’ajoutent les émoluments des auxiliaires de justice progressivement réinstallés dans leurs prérogatives. La réorganisation judiciaire napoléonienne (18 mars 1800 – 27 ventôse an VIII) ignore les pauvres, qui sont à nouveau mis à la charge des ordres professionnels, rétablis quelques années plus tard.6 La réaffirma-

3 Leuwers, H., “Entre héritage des Pays-Bas et dynamique française: les avocats du par-lement de Flandre au XVIIIe siècle”, Revue du Nord, 2009/4, núm. 382, pp. 783-797; “La «communauté des avocats» du parlement de Flandre. Organisation et déontologie d’un barreau de province de Louis XIV à la Révolution (1668-1790)”, Revue de la Société Internationale d’Histoire de la Profession d’Avocat, núm. 6, 1994, pp. 129-153; “Les avocats et la défense du «pauvre». L’aide judiciaire dans la France du XVIIIe siècle”, Le peuple des villes dans l’Europe du Nord-Ouest (fin du Moyen-Age-1945), vol. II, Lille 2003, pp. 33-50; L’invention du barreau français 1660-1830 La construction nationale d’un groupe professionnel, Éditions de l’EHESS, 2006, 446 p. Voir en particulier le “désintéressement” proclamé par les avocats qui puiserait ses racines dans les usages médiévaux recommandant la modération des honoraires, pp. 189 et s. et également les pages 196 et suivantes sur la vocation sociale de cet auxiliaire de justice.

4 Guillaume, P., Le rôle social du médecin depuis deux siècles: 1800-1945, Paris, 1996, 319 p.

5 Duvergier, J.-B., Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, tome 1, Décret des 16-24 août 1790, titre II: “Des juges en général”, article 2, pp. 310-333: “...les juges rendront gratuitement la justice et seront salariés par l’état”, p. 310. Principe repris par les différentes constitutions notamment celle de 1848: “la justice est rendue gratuitement au nom du peuple français”, article 81 du chapitre VIII, Constitution du 4 novembre 1848, site du Conseil constitutionnel.

6 Rétablissement des chambres d’avoués: arrêté du 13 frimaire an 9 (4 décembre 1800), Art. 1er, alinéa 5: “De former dans son sein un bureau de consultation gratuite pour les ci-toyens indigens (sic), dont la chambre distribue les affaires aux divers avoués, pour les suivre quand il y a lieu”, Duvergier, J.-B., op. cit. (5), t. 12, p. 342; Rétablissement des barreaux: décret du 14 décembre 1810, Titre III, Art. 24: “Le conseil de discipline pourvoira à la défense des indigens (sic), par l’établissement d’un bureau de consultation gratuite, qui se tiendra une fois par semaine. Les causes que ce bureau trouvera justes seront par lui envoyées, avec son avis, au conseil de discipline, qui les distribuera aux avocats par tour de rôle. Voulons que le bureau apporte la plus grande attention à ces consultations, afin qu’elles ne servent point à vexer les tiers qui ne pourraient, par la suite, être remboursés des frais de l’instance”,



87NATHALIE CROCHEPEYRE

tion des devoirs de l’avocat par l’ordonnance de 1822, par son mutisme sur la question de l’accès à la justice des plus démunis, encourage implicitement les bureaux de consultation gratuite créés au sein des barreaux à poursuivre leur mission: “...s’il est un usage auquel le barreau soit invinciblement atta-ché, et un devoir sacré pour lui, c’est d’employer tout ce qu’il a de science, de zèle et de puissance oratoire à la défense gratuite des indigents”.7 Ce que ne dément pas le conseil de Marseille pour qui “la défense gratuite des pauvres est le premier devoir et la plus belle prérogative de notre ordre”.8 La démarche est laissée à la libre appréciation des professionnels,9 qui, certes, consentent à donner de leur temps pour des conseils, mais ne plaident gra-tuitement que lorsqu’ils sont commis d’office.10 Par-delà les émoluments de l’homme de loi, celui qui engage une procédure doit également prendre en charge les frais de justice.11 Synonyme de dépens pour les contemporains, ils désignent tout ce que le plaideur doit légalement payer pour engager la procédure et assurer sa défense, impôts judiciaires et rémunérations des per-sonnes participant à la décision.12 En multipliant les premiers, notamment en matière civile, l’État cherche à dissuader les plaideurs impénitents,13 d’autant qu’ils doivent souvent être avancés avant le jugement. Pris individuellement, ces impôts, de même que les honoraires des officiers ministériels, ne sont pas très élevés, mais comme chaque étape est formalisée par un acte, auquel un

Duvergier, J.-B., op. cit. (5), tome 17, p. 238. Ce que de Vatimesnil résume ainsi: «Les lois, en appelant les avocats et les avoués à couvrir de leur patronage la cause du pauvre, n’ont fait que sanctionner et convertir en précepte les honorables traditions qui existaient de temps immémorial dans ces corporations judiciaires», Rapport fait à l’Assemblée nationale, le 13 novembre 1850, par M. de Vatimesnil, au nom de la Commission chargée d’examiner le projet de loi sur l’Assistance judiciaire, et la proposition de M. Favreau, cité par Brière-Valigny L., Études sur l’organisation judiciaire-Assistance judiciaire, Lois et documents relatifs à l’assis-tance judiciaire, Paris, 1866, p. 125. Pour une approche complète de la défense durant cette période de transition entre l’Ancien Régime et le XIXe siècle, voir notamment: Derasse N., La défense dans le procès criminel sous la Révolution et le Premier Empire (1789-1810): les muta-tions d’une fonction et d’une procédure, Lille, 1998, 603 p.

7 Rapport fait par M. de Vatimesnil, op. cit. (6), p. 125.8 Cité par Leuwers H., L’invention du barreau français 1660-1830, cit. (3), p. 313.9 Ibidem, pp. 313 et 314.10 Renaut, M.-H., «L’accès à la justice dans la perspective de l’histoire du droit», Revue

Historique de Droit Français et Étranger, 78 (3) juill.-sept. 2000, p. 473-495, notamment p. 481.

11 Crespin, H., Les frais de justice au XIXe siècle, LGDJ Histoire du droit, Travaux et re-cherches Panthéon-Assas Paris II, Paris, 1995, 172 p.: “Si la justice est gratuite, les moyens d’y parvenir ne le sont donc pas”, p. 4.

12 Ibidem, pp. 2 et 3.13 Ibidem, p. 37.




tarif est associé et dont l’exécution ne peut être faite, le plus souvent, que par un officier de justice qui se fait payer pour le réaliser, la somme de toutes ces dépenses peut se révéler très coûteuse, voire disproportionnée au regard de l’importance de l’affaire.

Poser la question spécifique de l’accès à la justice de l’ouvrier pour dé-fendre ses droits sur le long XIXe siècle peut paraître anachronique. Pourtant, même si les bases d’une législation sociale n’émergent qu’à partir de 1841 et ne se structurent véritablement que durant la Troisième République,14 bien avant que ne soient formalisés des droits propres à l’ouvrier, les relations de travail génèrent des litiges. Ce sont les modalités de leur résolution judiciaire que cette étude se propose de questionner, dans la mesure où ces conflits mobilisent des acteurs qui ne disposent pas forcément des moyens suffisants pour engager une procédure et rémunérer les auxiliaires nécessaires à leur défense.

Malgré sa gratuité de principe, la justice se révèle coûteuse dans sa mise en œuvre et inaccessible aux plus démunis. Au point que la France juge né-cessaire d’adopter en 1851, une loi sur l’assistance judiciaire qui, à quelques aménagements près, va se maintenir quasiment dans ses formes initiales jusqu’en 1972,15 voire 1991.16 Faut-il déduire de cette longévité, assez ex-ceptionnelle, que le législateur de la Seconde République avait su trouver les modalités pertinentes pour garantir aux personnes démunies les moyens d’accéder à la justice pour faire valoir leurs droits ? De façon plus spécifique, quelle place a-t-il réservée à l’avocat dans ce dispositif ? La tentation est forte de conclure à une quasi-absence, puisque même accordée automatique-ment pour régler les litiges en matière d’accidents du travail en 1898, l’assis-tance judiciaire ne mobilise pas ou peu de défenseur aux côtés de l’ouvrier accidenté. La réalité semble plus contrastée et la présente étude se propose de poser les jalons de réflexions qui permettraient d’apporter un éclairage sur l’accessibilité à la justice de la population ouvrière au XIXe siècle et sur la litigiosité en matière d’accidents du travail avant 1898, ainsi que sur la pré-sence de l’avocat aux côtés des victimes.

14 Pour une approche plus complète de l’histoire du droit du travail: Aubin G. et Bouve-resse J., Introduction historique au droit du travail, PUF, 1998, 318 p. ; Olszak N., Histoire du droit du travail, Économica, 2012, 135 p.; les dix-neuf numéros de la revue Cahiers de l’Institut régional du travail de l’Université Aix-Marseille II, parus entre 1988 et 2010, sous la direction de F. Hordern rassemblent de très nombreux articles renouvelant la perspective historique de la naissance du droit du travail.

15 Loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 instituant l’aide judiciaire, JO du 5 janvier 1972, p. 164.16 Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, JO du 13 juillet 1991,

p. 9170.




Par sa situation professionnelle, l’ouvrier dispose très tôt d’un régime ju-diciaire dérogatoire qui ne couvre qu’une partie du contentieux le concernant (I). Justiciable pauvre, il peine à accéder à la justice pour obtenir réparation des dommages que lui cause l’accident du travail. L’adoption d’une loi sur l’assistance judiciaire, en 1851, ne facilite pas le recours au juge, qui doit, de nouveau, s’inscrire dans un régime particulier (II).

ii. l’accès a la justIce de l’ouvrIer avant 1851: un régIMe PartIelleMent derogatoIre

L’ouvrier,17 objet de cette étude, appartient à cette catégorie de pauvres pour lesquels l’accès à la justice ne va pas de soi. Néanmoins, sur des questions strictement professionnelles, il peut espérer être entendu rapidement et bé-néficie d’un régime dérogatoire auprès de juridictions d’exception : justice de paix et conseil de prud’hommes (A). Victime d’accident du travail, il doit s’adresser aux tribunaux ordinaires pour réclamer réparation, et, comme tout justiciable pauvre, y renoncer parfois. L’absence de cadre institutionnel en faveur de l’accès des pauvres à la justice n’est plus acceptable dans un pays qui a promu les droits de l’homme et du citoyen: une loi s’impose (B).

1. L’ouvrier, un justiciable pauvre à part

Dans une étude réalisée à la fin des années 1840, le substitut du Procureur du roi, Du Beux reconstitue le coût judiciaire des principaux actes demandés ou litiges engagés par des justiciables en fonction de la juridiction et de sa si-tuation géographique.18 Rapportées au salaire moyen d’un ouvrier à la même période, ces estimations montrent qu’un procès un peu compliqué au tribunal civil, non compris les honoraires de l’avocat, représente au moins les deux tiers du salaire annuel d’un ouvrier, même spécialisé. La disproportion entre les revenus et le coût du procès s’estompe un peu devant le juge de paix mais demeure encore critique. Un litige relativement simple, comme une demande de pension alimentaire par une veuve à ses enfants, coûte en province une

17 Le XIXe dénombre différentes catégories d’ouvriers qui s’inscrivent dans des relations juridiques différentes et relèvent de catégories sociales tout aussi variées. L’ouvrier auquel nous nous intéressons travaille sous l’autorité d’un contremaître, dans une relation qui sera qualifiée à la fin du siècle de “subordination”.

18 Du Beux J.-C.-M.-G., études sur l’institution de l’avocat des pauvres et sur les moyens de défense des indigens dans les procès civils et criminels en France, en Sardaigne et dans les principaux pays de l’Europe, Paris, 1847, 423 p., notamment pp. 324-337.




trentaine de francs, soit l’équivalent de dix jours de salaire d’un ouvrier.19 Le pauvre renonce ainsi souvent à engager une action et à faire valoir ses droits, même devant les juridictions pénales supposées moins onéreuses.20 Il ne se présente devant le juge que lorsqu’il y est contraint. Cette réserve encou-rage les manœuvres déloyales de personnes qui savent qu’elles ne seront pas poursuivies:

Il est arrivé plus d’une fois que celui contre lequel le pauvre avait une action bien fondée, a indignement spéculé sur l’impuissance où ce malheureux se trou-vait de l’exercer, et qu’il a fermé l’oreille à toute demande de satisfaction ou d’arrangement amiable, dans la confiance que sa partie adverse ne parviendrait jamais à le traduire devant la justice.21

L’ouvrier est-il un pauvre ou un indigent? Le choix du terme a son impor-tance et reflète la perception que la société se fait de son devoir envers les nécessiteux. En ce début de XIXe siècle, le pauvre est globalement jugé res-ponsable de sa situation, mais l’opinion accorde un peu plus de considération à celui qui travaille qu’à celui qui est désœuvré. L’idée d’une dette sociale s’estompe et l’accessibilité des plus démunis à un certain nombre de droits se réduit.22 Les quelques vestiges de démarches charitables héritées de l’An-cien Régime sont rétablis et limitativement ouverts: l’exemple des bureaux de consultation gratuite en matière judiciaire en témoigne. D’autres sont aména-gés, comme la prise en charge médicale des aliénés indigents.23

Indigents et pauvres ne recouvrent pas les mêmes réalités. La terminologie met en lumière une forme de hiérarchie dans la misère. Les premiers, qua-siment en marge de la société, relèvent de l’extrême pauvreté car ils “n’ont pas les moyens, même en année normale, d’assurer leur minimum vital sans recourir à l’aide extérieure”;24 mendiants ou vagabonds, ils “ne font pas par-

19 Schnapper, B., “Le coût des procès civils au milieu du XIXe siècle”, Revue d’Histoire du Droit, 1984, Tome LII, Fascicule 2, pp. 421-433, en particulier p. 426-429.

20 Du Beux, J.-C.-M.-G., op.cit. (18), p. 12.21 Rapport fait par M. de Vatimesnil, op. cit. (6), p. 122.22 Voir en ce sens Borgetto M., op. cit. (2).23 Duvergier, J.-B., op. cit. (5), tome 38, Loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, pp. 490-521.24 Gueslin, A., Gens pauvres, pauvres gens dans la France du XIXe, Aubier Collection

historique, 1998, 314 p., notamment p. 14; dans un article consacré à l’indigence et l’assis-tance publique au Québec, Martin Petitclerc parle de “ceux qui sont en dehors de la société”, Petitclerc, M., “À propos de «ceux qui sont en dehors de la société». L’indigent et l’assistance publique au Québec dans la première moitié du XXe siècle”, Revue d’Histoire de l’Amérique Française, 652-3, 2011, pp. 227-256; Sylvia Schafer, dans une étude menée sur la loi de 1851, a retenu le terme d’ “étranger civil” soulignant par-là le caractère marginal de ces citoyens, Schafer, S., “L’assistance judiciaire et l’étranger civil (1840-1851)”, Société et représentations,




tie du corps social”.25 Les seconds, paysans ou ouvriers “...au bas de l’échelle des revenus”, malgré leur travail, ont une “existence précaire”.26 La frontière est souvent poreuse entre ces deux catégories et les aléas économiques ou climatiques font basculer alternativement de l’une ou l’autre. Les premières enquêtes sociales dépeignent l’état de misère de la population ouvrière, l’ins-tabilité du revenu qui permet à peine de subvenir aux besoins alimentaires de base et aux dépenses d’un logement simple, et auquel toute la famille par-ticipe, femme et enfants compris.

A. Un statut juridique rudimentaire qui entretient la précarité salariale

La fragilité économique de l’ouvrier résulte en partie de la nature juri-dique de sa situation professionnelle. Le contrat de louage27 qui régit sa situa-tion de travail se réduit à deux obligations: la réalisation d’un service contre le versement d’une rémunération, qui est la seule contrepartie que l’ouvrier attend de ce contrat. C’est pour en réclamer le versement qu’il peut être ame-né à aller en justice notamment lorsque son contrat est brutalement rompu. Sa demande a alors, par nature, un caractère alimentaire qui nécessite une prompte solution.

B. Un contentieux de la rupture en partie simplifié

Deux juridictions peuvent accueillir ses prétentions. Dans un premier temps, le juge investi des litiges opposant “des gens de travail” à leur em-ployeur pour le paiement de leurs gages est le juge de paix que le décret des 16-24 août 1790 charge de la connaissance “du paiement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques ou de leurs gens de travail”.28

2014/2, n° 38, p. 203-223. Pour une approche globale et complète de la question de la pau-vreté: Duprat C., Usage et pratiques de la philanthropie: pauvreté, action sociale et lien social, à Paris, au cours du premier XIXe siècle, Association pour l’étude de l’histoire de la Sécurité sociale, 1996-1997, 2 vol., 1393 p.

25 Intervention de Boissy d’Anglas rapportée par Borgetto, M., op. cit. (2), p. 8, note 13.26 Gueslin, A., op. cit. (24), p. 14.27 Aubin, G. et Bouveresse, J., op. cit. (14), p. 103; Voir également, Cottereau A., “Droit

et bon droit, un droit des ouvriers instauré, puis évincé par le droit du travail (France XIXe siècle)”, Annales Histoire, Sciences Sociales, 2002/6, 57, pp. 1521-1557.

28 Duvergier J.-B., op. cit. (5), tome 1, Décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judi-ciaire, titre III, Art. 10, alinéa 5, p. 316: “[Il connaîtra...] Du paiement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques, et de l’exécution des engagements respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail...”.




Très tôt pourtant, face aux difficultés que la suppression des anciens cadres professionnels et judiciaires créée dans le secteur productif, l’État consent à créer une juridiction d’exception, le conseil des prud’hommes.29 Instituée progressivement dans les villes à forte tradition artisanale puis industrielle, elle s’attache à régler de façon globale les questions attachées au processus de production y compris les litiges opposant le fabricant à son ouvrier, en pri-vilégiant la conciliation. Composée de professionnels, non juristes,30 elle ap-paraît comme une sorte de “justice de paix de l’industrie”,31 voire, un “conseil de famille”,32 tant ses modalités de fonctionnement dérogent par rapport aux juridictions ordinaires: statut particulier des conseillers prud’homaux, orali-té des débats. Justice de paix et conseil de prud’hommes se partagent ainsi le contentieux ouvrier lié à la rupture du contrat. Dans un cas comme dans l’autre, la procédure est moins formelle que devant les juridictions ordinaires et surtout, ne nécessite pas le recours à l’avocat.33 En dépit de l’ordonnance du 27 août 1830 permettant à “tout avocat inscrit au tableau [...de] plaider devant toutes les cours royales et tous les tribunaux du royaume sans avoir

29 La création du premier conseil, à Lyon, doit “pallier les carences d’une justice so-ciale laissée à des juridictions de droit commun inexpérimentées”, Dubois B., Les conseils de prud’hommes au XIXe siècle entre État, patrons et ouvriers : les linéaments de la justice du travail (1806-1868), Lille, 2000, 572 p., notamment p. 155. Pour une approche plus détaillée des conseils de prud’hommes, voir notamment: Le mouvement social, octobre-décembre 1987, n° 141: Les prud’hommes XIXe – XXe siècle, sous la direction d’Alain Cottereau; David, M., “L’évolution historique des Conseils de prud’hommes en France”, Droit social, 1974, S. 3- 21 ; Bouveresse J., “Des élections malgré tout: l’histoire mouvementée des conseils de prud’hommes”, in L’élection des juges. Essai de bilan historique français et contemporain, sous la direction de Krynen J., GIP “Mission de Recherche Droit et Justice”, juillet 1998, p. 142-201.

30 “Organe «composé d’hommes qui, par leurs habitudes et leur éducation, auront ac-quis toutes les connaissances qui doivent faire présumer la justesse de l’équité de leurs dé-cisions»”, extrait du projet de loi présenté au tribunat par Camille Pernon et cité par Dubois, B., op.cit. (29), p. 155.

31 Cleiftie E., Les conseils de prud’hommes, leur organisation et leur fonctionnement au point de vue social et économique, Paris, 1898, 145 p., notamment p. 5.

32 Cité par Brière-Valigny L., op. cit. (6), p. 109: “...c’est moins un tribunal qu’un conseil de famille”, propos tenu par M. Favreau, au cours de la deuxième délibération sur la proposi-tion de MM. Peupin, Wolowski et B. Delessert.

33 La loi portant établissement d’un Conseil de Prud’hommes à Lyon du 18 mars 1806 et le décret impérial du 11 juin 1809 réglementant la juridiction écartent d’emblée l’avocat (article 6 de la loi de 1806 confirmé, pour la conciliation, par l’article 32 du décret de 1809); le prin-cipe est rappelé dans l’exposé des motifs du projet de loi sur l’institution des Prud’hommes, par le conseiller d’État Régnault Saint-d’Angely, in Appendices IV, V et VI présentés par Mollot dans son étude De la compétence des conseils de prud’hommes et de leur organisation, Paris, 1842, 515 p., notamment pp. 388-412.




besoin d’aucune autorisation”,34 les conseils ont constamment écarté des pré-toires les hommes de loi.35 Pour autant, l’ouvrier doit tout de même acquitter des frais d’enregistrement et de timbre, et, en l’absence de conseil, devant le juge de paix, des droits de greffe. Encore les premiers ne sont-ils dus que si l’affaire passe en jugement. Le conseil de prud’hommes, comme le tribunal de paix, sont des juridictions qui privilégient la conciliation et la pratique abondamment.36 Bien que la procédure soit allégée et paraisse peu onéreuse compte tenu de la fréquence des résolutions amiables, le coût de l’accès à la justice pour ce type de contentieux peut constituer un frein. La proposition présentée en ce sens dans le cadre des projets de réforme de la juridiction prud’homale après la révolution de 1848 invite à le croire. Le 19 décembre 1849, les députés Peupin, Wolowski et Delessert soumettent une proposition autorisant les conseils de prud’hommes à ordonner l’enregistrement, en dé-bet, des actes et exploits émanant de leur juridiction. La mesure dispenserait provisoirement les parties dont l’affaire est portée devant le bureau de juge-ment, des frais judiciaires préalables, et en imposerait le paiement à la partie qui succomberait.37 La proposition est étendue aux affaires de même nature portées à la connaissance du juge de paix. Après deux séances de débats, l’Assemblée adopte, le 7 août 1850, une loi sur le timbre et l’enregistrement des actes concernant les conseils de prud’hommes,38 mais limite l’aménage-

34 Duvergier J.-B., op. cit. (5), tome 30, Ordonnance du roi du 27 août 1830 contenant les dispositions sur l’exercice de la profession d’avocat, Art. 4: “À compter de la même époque, tout avocat inscrit au tableau pourra plaider devant toutes les cours royales et tous les tribu-naux du royaume sans avoir besoin d’aucune autorisation, sauf les dispositions de l’article 295 du Code d’instruction criminelle”, p. 133.

35 Lagresille, G., “L’avocat devant la juridiction des prud’hommes”, Revue de Droit Com-mercial et Industriel, 75e année, 1911, p. 117-126. Il rapporte les arguments soulevés au cours des débats en 1806 et en 1809 sur les conseils de prud’hommes pour s’opposer à la présence de l’avocat dans cette juridiction “obstacle à la prompte expédition des affaires”; ou encore “Si l’on avait permis aux gens de loi d’y paraître pour les parties, le but aurait été manqué”, p. 117. Voir aussi dans le même sens Mollot, op. cit. (33), pp. 199 et 200. Une telle interdiction, même justifiée a priori financièrement, ne facilite pas le plaideur ouvrier qui tente parfois, de se faire assister d’un avocat, sans succès durant les trois premiers quarts du siècle: Dubois, B., op. cit. (29), en particulier pp. 125-130.

36 Voir notamment les statistiques rapportées par Cleiftie, E., op. cit. (31), tableaux p. 50-53, ainsi que les statistiques présentées à l’appui d’un projet sur l’aménagement des frais devant les conseils dans un Rapport fait à l’Assemblée nationale, le 19 décembre 1849, par M. Cunin-Gridaine, au nom de la commission d’initiative parlementaire, sur la prise en considération de la proposition de MM. Peupin, Wolowski et B. Delessert, Brière-Valigny, L., op. cit. (6), p. 86-87. Le taux d’affaires conciliées est supérieur à 75 %.

37 Brière-Valigny, L., op. cit. (6), Proposition, rapport et discussions, p. 84-93.38 Duvergier, J.-B., op.cit. (5), tome 50, Loi du 7 août 1850 sur le timbre et l’enregistre-

ment des actes concernant les conseils de prud’hommes, p. 402.




ment fiscal à cette juridiction et à celles connaissant les affaires en appel. Les contentieux non résolus par la conciliation devant le tribunal cantonal devront attendre la loi de 1851 pour être soumis au même régime que ceux jugés par les prud’hommes. Contrairement aux mesures qui seront prises dans les juridictions ordinaires, les dispositions prud’homales s’appliquent également aux actes d’exécution.

Si la litigiosité du conseil de prud’hommes a fait l’objet d’études et de sui-vis statistiques dès l’origine, il n’en est pas de même de celle du tribunal de paix.39 Pourtant, la juridiction prud’homale “...dont on sait à peine l’existence en dehors de villes où ils sont spécialement établis”,40 est encore inégalement répandue géographiquement durant la première moitié du XIXe: en 1840, Paris n’a pas encore de conseils.41 Le volume d’affaires portées devant elle laisse toutefois penser que son accès est relativement facilité42 et la mise en perspective avec le contentieux du travail soumis au juge de paix complè-terait utilement l’approche, afin de voir si la seconde, quasiment aussi peu procédurière que la première, accueille dans des proportions comparables l’ouvrier en litige. Le cas échéant, on pourrait s’interroger sur l’influence de la particularité du juge prud’homal, homme de métier, qui traite des affaires de ses pairs et qui à ce titre inspirerait davantage confiance en matière ju-diciaire. Pourquoi, également ne pas considérer les statistiques à la lumière de la loi d’août 1850 afin de déterminer si le coût des frais judiciaires avait pu dissuader certains plaideurs avant sa promulgation? Inversement, la loi a pu encourager l’ouvrier à moins concilier dans l’espoir d’une solution plus favorable devant le bureau de jugement et moins coûteuse en cas de succès. De façon plus qualitative, il conviendrait d’étudier l’issue des affaires gérées

39 Liebault, N., “Le juge de paix face au droit du travail”, in Une justice de proximité, sous la direction J. J. Petit, p. 165-180: seule étude, à notre connaissance, sur cet angle d’ap-proche : le chantier est donc ouvert.

40 Wolowski, L., Cours de législation industrielle, Introduction. Discours prononcé à l’ou-verture du Cours, le 9 janvier 1840, Paris, 1840, 32 p., notamment p. 18; en 1842, Mollot dans son ouvrage De la compétence des conseils de prud’hommes et de leur organisation, op.cit. (33), recense 64 villes accueillant un conseil dont une dizaine dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.

41 Wolowski, L., op. cit. (40), p. 18: “Aussi apprenons-nous avec une vive satisfaction qu’une commission s’occupe en ce moment au ministère du Commerce, d’adapter cette insti-tution aux exigences de la capitale. Une fois les prud’hommes établis à Paris, ils ne tarderont pas à se généraliser dans toute la France”.

42 Sur la première moitié du XIXe, le volume du contentieux est en constante évolution et représente entre 20 et 30 000 affaires par an, selon les statistiques. Les valeurs présentées par Cottereau A., dans l’article introductif du numéro spécial du Mouvement social consacré aux conseils de prud’hommes, “Cent quatre-vingts années d’activité prud’homale”, op. cit. (29), pp. 3-8, sont à rapprocher des chiffres communiqués par les contemporains en note 34.




par les deux juridictions pour apprécier la façon dont les droits de l’ouvrier ont pu être défendus en l’absence d’avocat. On pourrait également s’interro-ger sur le rôle possible de la loi de 1850 dans l’accession progressive de cet homme de loi dans les conseils de prud’hommes où sa présence ne s’impose pas et sur l’intérêt ressenti par les parties de mieux défendre leur cause pour éviter le risque d’assumer, à tort, des dépens plus onéreux.43

C. L’émergence d’un contentieux indemnitaire lié à l’accident du travail

L’état de santé du salarié constitue une autre cause mettant momentané-ment ou définitivement un terme au versement du salaire de l’ouvrier. Durant la première moitié du XIXe siècle, l’accident survenu sur le lieu de travail, intrinsèquement lié au développement industriel et aux catastrophes qui l’ac-compagnent, est de moins en moins appréhendé comme une fatalité liée à la dangerosité du métier, même si le statut juridique rudimentaire de l’ou-vrier l’évince de la relation de travail.44 Conformément à la théorie du “risque contractuel”, l’ouvrier travaille à ses risques et périls, l’employeur n’ayant d’autre obligation que celle de verser le salaire lorsque le service est réalisé. Comme l’expose la Cour royale de Lyon en 1836, “il y a de la part de celui qui consent à fournir assistance salariée ou officieuse pour un travail quelconque, acceptation des chances de danger qu’il peut présenter” car “les risques que peut présenter leur travail sont compensés, vis-à-vis du propriétaire, par le salaire spécial de leur genre d’occupation”.45

Selon cette logique, durant les premières décennies du XIXe siècle, il n’y a pas de contentieux possible. La fatalité, intimement liée à la condition mor-

43 Un contentieux se développe seconde moitié du XIXe autour de la question de l’as-sistance des parties par un avocat devant les conseils de prud’hommes: Lagresille, G., op. cit. (35); Revue de droit commercial et industriel, 1885, pp. 139-143: “Devant les conseils de prud’hommes, les avocats ont-ils droit d’assister les justiciables et de plaider?”, Revue des Conseils de Prud’Hommes, 1898-1899, pp. 144 et 145: “Les avocats devant les conseils de prud’hommes”; Sirey, J.-B., Recueil général des lois et arrêts en matière civile, criminelle, com-merciale et de droit public, 1886, p. 263 : Cass. Civ. 23 mars 1886.

44 Ewald, F., “Formation de la notion d’accident du travail”, Sociologie du Travail, vol. 23, n° 1, janvier-mars 1981, pp. 3-13: “La législation du xixe siècle fait de l’ouvrier un entrepre-neur... les anciennes conditions de domination et de service qui existaient auparavant entre les patrons et les ouvriers furent remplacées par un simple traité conclu entre les parties ayant les mêmes droits; la liberté et l’indépendance de l’ouvrier seraient la base légale des conditions de travail”, extrait de La Question ouvrière, Brentano L. cité en note 8, page 6. Voir également Lekéal F., “Les juristes français et la naissance du droit social” dans ce recueil.

45 Sirey, J.-B., op.cit. (43), année 1838, Partie II Lois et Décisions diverses, Cour royale de Lyon, 29 décembre 1836, p. 70.




telle de l’humanité est seule en cause dans l’accident. Avec le salaire qui est supposé couvrir le service réalisé et le coût du risque, l’ouvrier doit prendre les dispositions pour se prémunir financièrement, ainsi que sa famille, en cas d’accident. Le cas échéant, il peut compter sur le devoir moral de celui pour le compte duquel l’ouvrage ou les services sont loués. La jurisprudence lui reconnait le “droit de solliciter des secours de l’humanité de celui qui l’a employé ou qui a profité de l’assistance ou des services”.46 Dans ce contexte pourtant, quelques téméraires osent braver l’interdit. La jurisprudence pu-bliée rapporte, à partir de 1836, les rares tentatives qui finissent par bouscu-ler cette doctrine. Le 28 juin 1841, la Cour de cassation reconnaît au domes-tique, pour la première fois, le droit de réclamer réparation sur les bases de la responsabilité civile.47 Elle ouvre ainsi un second champ de contentieux propre à la situation de l’ouvrier: l’accident de travail, qui n’est plus une abstraction relevant de la fatalité, de la chance ou de la malchance, mais un événement dont on peut déterminer les causes, notamment dans l’organisa-tion du travail imposée par celui qui loue le service et dont on peut demander réparation.

Si les conditions d’émergence de l’accident du travail en tant qu’objet ju-ridique sont désormais bien identifiées, les différentes tentatives judiciaires pour faire reconnaître le principe, avant 1841, ou la faute à l’origine du dom-mage, dans les années qui suivent, n’ont pas encore fait l’objet d’une analyse prospective et statistique. Litige porté selon la stratégie retenue, devant les juridictions civiles ou pénales ordinaires, il nécessite l’engagement de frais beaucoup plus importants que ceux exigés pour obtenir un salaire pour brus-que rupture. La présence de l’avocat, imposée dans ce type de juridiction, et surtout la pertinence des moyens qu’il va soulever peuvent considérablement influer l’issue de la procédure, mais également, son coût. De même que le recours au médecin expert, voire aux témoins s’il y en a. Compte tenu des faibles chances d’aboutir avant 1841, et par la suite, de réussir à prouver la faute de l’employeur, comment les ouvriers accèdent-ils au juge et qui les défend ? Les bureaux de consultation gratuite des barreaux sont-ils sollici-tés sur de telles affaires et se prononcent-ils sur l’opportunité d’engager une procédure? Dans l’affirmative, selon quelle fréquence et avec quels moyens juridiques ?

Le contentieux de l’ouvrier accidenté s’inscrit pleinement dans la problé-matique de l’assistance judiciaire, plus encore que celui de la rupture brus-que de son contrat de travail. L’accident, au-delà de l’absence de rémunéra-

46 Idem.47 Sirey, J.-B., op. cit. (43), année 1841, Partie I, Cour de cassation, 28 juin 1841, p. 476.




tion liée à l’interruption ou de la cessation du contrat, impose souvent des soins coûteux. Il s’inscrit dans les événements qui rendent poreuse la fron-tière entre misère et pauvreté. L’adoption d’une loi sur l’assistance judiciaire permettra peut-être à l’ouvrier accidenté de faire valoir plus facilement ses droits devant le juge.

2. Les réflexions pour ouvrir plus largement la justice aux pauvres

Si la France a pu être précurseur dans un certain nombre de domaines, en ce début de XIXe siècle, elle se démarque par le caractère suranné et inique48 de sa justice en faveur des pauvres.49 Des voix s’élèvent réguliè-rement50 pour que l’État se substitue aux initiatives privées et organise un cadre qui garantisse à tous le même accès à la justice. Dans les années 1840, la question fait régulièrement débat. Le 6 juin 1849, le prince-président dé-clare que “la défense gratuite des indigents ne lui paraissait pas suffisam-ment assurée par notre législation”,51 et nomme dans le même temps une commission chargée de préparer un projet en ce sens.52 Elle dispose des nom-

48 Du Beux J.-C.-M.-G., op. cit. (18), p. 6: “...on n’apprendra peut-être pas sans surprise que de toute l’Europe, nous sommes les plus arriérés sur la question spéciale qui fait l’objet de ce livre”; l’auteur démontre, dans son introduction, que l’indigent est obligé de renoncer à défendre ses droits car il n’a pas les moyens de payer les frais de justice: “...notre loi [la loi de 1790] imprévoyante... [a] en quelque sorte détruit ce qu’elle venait de faire, en obligeant l’indigent à être déjà presque riche pour avoir le moyen de prouver judiciairement qu’il était pauvre”, p. 7.

49 Ibidem, p. 92-93: “...aucune loi ou ordonnance encore en vigueur ne régit cette matière, et... tout ce que les avocats font aujourd’hui dans les affaires civiles en faveur des pauvres est le produit de leur libre volonté, et des traditions honorables qui se sont toujours perpétuées dans ce corps distingué”.

50 Vivien M., “Mémoire sur la défense des indigents dans les procès civils et criminels, suivi d’observations présentées par MM. Cousin, Dupin, de Beaumont et Giraud”, Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, tome deuxième, Paris, 1847, pp. 446-469; Beaumont (de) G., “Rapport sur l’administration de la justice civile et commerciale en Sardaigne, suivi d’observations par MM Lucas C., Beaumont (de) G. et Cousin”, Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, tome premier Paris, 1847, pp. 9-38; Proposition relative à l’institution du Bureau de l’avocat des Pauvres présentée par M. Bioche, à la société d’économie charitable, dans la séance du 18 février 1849, Journal de procédure civile et commerciale, 1849, n° 15, art. 4226, pp. 89-93.

51 Rapport présenté en juillet 1849, à M. le garde des Sceaux, président du Conseil des ministres, au nom de la commission chargée de préparer le projet de loi relatif à l’assistance judiciaire, par M. le président Aylies, cité par Brière-Valigny L., op. cit. (6), p. 12.

52 Rapport du ministre de la Justice relatif à la formation d’une commission chargée d’étu-dier le meilleur système de rendre accessible aux pauvres le recours à la justice, Journal de Procédure Civile et Commerciale, 1849, n° 15, art. 4366, pp. 328-331.




breuses études déjà menées, dont celle de Du Beux.53 L’ancien substitut du procureur y recense les différentes expériences européennes qui s’articulent autour de deux grands principes. Un premier modèle, plutôt développé dans les pays de culture protestante,54 s’appuie sur une prise en charge par l’État de l’assistance; le second s’inspire des expériences latines de l’”avocat des pauvres” dont le modèle de référence est celui des pays sardes.55 Il repose sur la mise en place et le financement, par l’État, d’un magistrat et d’une orga-nisation attenante spécialement consacrés aux affaires des plus démunis. Le titulaire de l’office appartient aux plus hauts dignitaires et les bureaux qu’il dirige rassemblent les meilleurs avocats qui parachèvent ainsi, pendant plu-sieurs années, leur formation. Cette hypothèse est écartée car juridiquement insatisfaisante : l’avocat, d’une part, serait juge et partie car il apprécie à la fois le bien-fondé de la demande, et s’il retient l’affaire, en assure également la défense, ce qui, compte tenu de sa notoriété, risquerait d’influer sur l’issue du procès.56 Le coût, estimé à 2 500 000 F57 par an, et la crainte d’augmenter le nombre de fonctionnaires ont eu raison de cette solution:

La plaie des États modernes, et de la France en particulier, c’est la surabon-dance des emplois payés par le Trésor... fonctions salariées, dans lesquelles cha-cun croit apercevoir un avenir plus assuré et une existence moins laborieuse. De là naissent l’esprit d’intrigue pour atteindre l’objet de son ambition, et, lorsqu’on n’y est pas parvenu, l’esprit de faction pour bouleverser la société et conquérir, par le désordre et la violence, la situation désirée.58

L’objectif de l’assistance à mettre en place n’est pas tant d’assurer une dé-fense équitable au pauvre que de trouver le bon équilibre entre un accès large à la justice et le souci de ne point “vexer les tiers”: “Sous prétexte de justice et de charité, il faut prendre garde de multiplier les causes de dissension entre les justiciables, de donner une prime à l’esprit de chicane, d’exposer les

53 Du Beux, J.-C.-M.-G., op. cit. (18), 423 p.54 Allinne, J.-P., “L’assistance judiciaire comme métaphore de l’État: entre bienfaisance

organisée et accès au droit, 1851-2009”, p. 29-62, in Delbrel S. (dir), Le prix de la justice His-toire et perspectives, Presses Universitaires de Bordeaux, 2012, 459 p.

55 Du Beux, J.-C.-M.-G., op. cit. (18).56 Rapport présenté par M. le président Aylies, cité par Brière-Valigny L., op. cit. (6),

pp. 18 et s.57 Coût exposé par M de Vatimesnil dans son rapport cité par Brière-Valigny, L., op. cit.

(6), p. 130. Du Beux avait, quant à lui, estimé la mise en place d’un tel dispositif à 535 000 F, Du Beux, J.-C.-M.-G., op. cit. (18), p. 298.

58 Rapport fait par M. de Vatimesnil, cité par Brière-Valigny, L., op. cit. (6), p. 130.




hommes paisibles à des vexations injustes, et de priver le trésor d’une grande partie de ses ressources”.59

Pour les contemporains, le cœur de la réflexion doit se porter sur les taxes plus que sur les honoraires des auxiliaires de justice, qui, selon eux, pour-voient déjà au nécessaire en matière de défense. Il importe donc de trou-ver le moyen de généraliser l’affranchissement des droits d’enregistrement, de timbre et de greffe, dans des limites acceptables. La loi devra ainsi ré-pondre à la question suivante: “Jusqu’où s’étendra, en faveur des indigents qui plaident, l’affranchissement des droits fiscaux? Dans quelles formes et avec quelles précautions cet affranchissement leur sera-t-il accordé?”.60

En dépit des turbulences politiques du moment, les débats parlementaires aboutissent en à peine un an et demi entre le premier projet gouvernemen-tal, présenté en juillet 1849, et le vote définitif de la loi fin janvier 1851. Le dispositif retenu traduit l’approche conservatrice qui anime de plus en plus les acteurs du moment. D’abord envisagée de façon large pour tous ceux qui n’auraient pas les ressources suffisantes pour faire valoir leurs droits, au civil comme au pénal, incluant également les procédures d’exécution,61 l’assistan-ce se réduit, à la faveur des allers-retours entre le gouvernement, le Conseil d’État et l’Assemblée, à une transposition, a minima, de ce qui se pratiquait à titre privé. La loi du 22 janvier 185162 sur l’assistance judiciaire “légalise”63 les approches charitables antérieures. La France adopte également un dispo-sitif qui privilégie une logique fiscale accordant “...au moins momentanément l’exemption des frais élevés qu’entraîne normalement l’exercice de la justice à toute personne dont les droits sont menacés, violés ou méconnus et à la-quelle ses moyens ne permettraient pas d’agir efficacement en demandant, ou en défendant devant les tribunaux”,64 en ayant soin au préalable, de vérifier la pertinence de la demande.65

59 Rapport présenté au nom de la commission, le 19 novembre 1849, à la section de légis-lation du Conseil d’État par Stourm, cité par Brière-Valigny, L., op. cit. (6), p. 43.

60 Rapport fait par M. de Vatimesnil, cité par Brière-Valigny, L., op. cit. (6), p. 128.61 Rapport présenté par M. le président Aylies, cité par Brière-Valigny L., op. cit. (6),

p. 30: “...l’assistance doit être pleine et indéfinie dans ses effets; elle n’existe en réalité qu’à la condition de ne rencontrer ni limites ni entraves dans la poursuite, et jusqu’à la consécration définitive du droit qu’elle est appelée à servir et à protéger”.

62 Duvergier, J.-B., op. cit. (5), tome 51, Loi du 22 janvier 1851 sur l’Assistance judiciaire, p. 16-27.

63 Renaut, M.-H., op. cit. (10), p. 481; Vivien M., op. cit. (50), les auteurs parlent alterna-tivement de “charité légale” ou “charité publique”.

64 Frotier de la Messelière, P., L’assistance judiciaire (étude historique et pratique), Paris, 1941, 173 p., pp. 44 et 45.

65 Rapport fait par M. de Vatimesnil, cité par Brière-Valigny L., op.cit. (6), p. 132: “La




iii. l’accès a la justIce de l’ouvrIer accIdente aPrès 1851: un droIt coMMun InadaPté nécessItant

un aMénageMent dérogatoIre

Les dispositions de la loi de 1851, en privilégiant la minimisation du coût pour l’État et en légalisant une pratique privée et discrétionnaire n’apporte pas de réponse satisfaisante au plaideur ouvrier accidenté (A). Intrinsèque-ment liée au statut particulier de la victime, la situation du justiciable acci-denté sur son lieu de travail appelle un régime judiciaire spécifique (B).

1. Une assistance judiciaire peu “charitable” pour l’ouvrier accidenté

La loi de 1851 innove peu dans son principe et reste empreinte de l’ap-proche charitable en faveur des plus démunis, comme le souligne le rappor-teur du projet: “L’assistance judiciaire est la charité publique organisée par la loi, et spécialement accordée aux personnes privées de ressources ou qui n’ont pas les moyens suffisants pour soutenir leurs droits devant les tribu-naux; c’est une aumône faite à des plaideurs pauvres et dignes d’intérêt”.66

Mesure paternaliste,67 elle s’inscrit dans l’esprit de son époque qui traduit de façon restrictive les implications qu’impose le principe d’une dette sociale à l’État: “celui qui est sans ressources suffisantes n’a droit qu’ “à la sympa-thie de la classe aisée”68 dans la mesure où il ne contribue pas au bien public et qu’il risque de retourner, contre la société, les droits qu’elle aura accepté de lui concéder.

A. Tempérer les ardeurs du plaideur pauvre : filtrer les candidats et circonscrire les causes

Il n’est pas question de laisser les pauvres engager toutes les actions qu’ils estiment devoir mener: “Ce qu’il ne faut surtout pas c’est que le candidat à

loi, en prenant pour indication la pratique actuelle, fera pour le pauvre ce que le riche fait pour lui-même, lorsqu’il est sage et prudent: celui-ci, avant d’intenter un procès, s’adresse à des conseils auxquels il offre des honoraires; la loi donnera au pauvre un conseil gratuit: les honoraires de ses membres seront le sentiment d’une bonne action, la satisfaction intérieure causée par un service rendu et par une infortune soulagée”.

66 Sabatié, E., Commentaire de la loi du 22 janvier 1851 sur l’Assistance judiciaire précédé du rapport fait par M. de Vatimesnil, 1864, 116 p., notamment p. 57.

67 Renaut, M.-H., op. cit. (10), p. 482.68 Borgetto, M., op. cit. (2), cité p. 8, note 16.




l’assistance judiciaire puisse, sous le couvert de celle-ci, intenter une action qu’il se serait bien gardé d’exposer s’il avait dû y suffire de ses propres de-niers...”.69 À la qualité du demandeur, s’ajoute la qualité de la cause qui doit également être valable. La vérification de ces deux critères est confiée à un bureau spécifique, créé à cet effet au chef-lieu de chaque arrondissement, auprès des juridictions de première instance éligibles au dispositif, à savoir, justice de paix, tribunal de commerce et tribunal civil. Un bureau compa-rable est prévu auprès de chaque cour d’appel, auprès de la Cour de cassation et du Conseil d’État.

La loi modificative du 10 juillet 1901 élargira le périmètre des juridictions éligibles au dispositif.70

B. Le bénéficiaire de l’assistance: l’indigent et non l’ouvrier

Le projet de loi retenait une définition large des bénéficiaires, à dessein: “Seront admis au bénéfice de l’assistance judiciaire tous ceux qui, à raison de l’insuffisance de leurs ressources, se retrouveront dans l’impossibilité d’exer-cer utilement leurs droits, soit en demandant, soit en défendant”.71 Le choix délibéré des termes obligeait à apprécier le caractère relatif de l’insuffisance de revenus. Le rapporteur de cette première ébauche insistait notamment sur la situation particulière de l’ouvrier qui peut subvenir aux besoins de sa famille, et donc ne pas être indigent, mais ne pas être en mesure de payer un procès:

...nous avons employé les mots insuffisance de ressources aux lieu et place des mots indigence et pauvreté usités jusqu’ici dans les législations des peuples voi-sins; c’est qu’en effet ces mots nous ont paru avoir, eu égard à l’objet dont il s’agit, une signification trop directe et trop absolue. L’insuffisance des ressources implique, au contraire, une idée de corrélation ou de comparaison correspondant exactement aux nécessités mêmes auxquelles ces ressources doivent pourvoir... ainsi, tel individu qui subvient par son travail tous les jours à ses besoins et à ceux de sa famille, ne peut pas et ne doit certainement pas être classé parmi les indigents, et combien de fois, cependant, ne pourrait-il pas arriver que ce même individu, soit à raison de la nature de l’affaire, soit à raison de la résis-tance obstinée et de l’esprit de chicane d’un adversaire de mauvaise foi, fût

69 Frotier de la Messelière, P., op. cit. (64), p. 47.70 Notamment juge des référés, chambre du conseil, conseil de préfecture, Tribunal des

conflits - Duvergier, J.-B., op. cit. (5), tome 101, Loi du 10 juillet 1901 sur l’Assistance judi-ciaire, pp. 313-320.

71 Rapport présenté par M. le président Aylies, cité par Brière-Valigny L, op. cit. (6), p. 15.




dans l’impossibilité de porter ou de soutenir en justice l’action même la plus légitime.72

En dépit de ces précautions, le bénéfice de la loi est réservé aux seuls indi-gents: “L’assistance judiciaire est accordée aux indigents dans les cas prévus par la présente loi”.73 Selon le rapporteur du projet final, l’état financier ainsi défini n’interdit pas d’apprécier, au cas par cas, la situation de la personne, mais évitera les abus et l’arbitraire du bureau.74 L’exigence d’un certificat d’indigence ou d’un document analogue75 à la constitution du dossier peut pourtant s’avérer, pour certains candidats à l’assistance, être une démarche humiliante voire être dissuasif,76 mettant fin à toute velléité procédurière. L’ouvrier, cible pourtant du premier projet, risque de ne pas se retrouver dans le cadre défini par la loi. La terminologie participe donc de la finalité du dis-positif qui se veut restrictif. Être demandeur d’assistance judiciaire suppose donc une bonne dose de courage, d’humilité et d’optimisme pour espérer mo-biliser le regard bienveillant du bureau et obtenir la reconnaissance d’une indigence relative.

C. L’exigence d’un “bon droit”: ne pas donner une prime à l’esprit de chicane77

Le contrôle du bien-fondé de l’action apparaît dans toutes les solutions mises en œuvre dans les législations étrangères. L’originalité du système français est de mettre en place un bureau hybride qui évalue la situation de l’indigent et la cause en amont du procès. Il n’est pas question de laisser un plaideur engager des démarches dans le seul but de donner, par exemple, à un créancier, la “satisfaction morale” d’entendre la condamnation de son débiteur, par ailleurs insolvable.78 Le “bon droit” est celui qui permet de “...donner, même à l’extrême misère, les moyens de sauvegarder les biens les

72 Idem.73 Duvergier J.-B., op. cit. (5), tome 51, Loi du 22 janvier 1851 sur l’Assistance judiciaire,

p. 16.74 Rapport présenté par Stourm, cité par Brière-Valigny L., op. cit. (6), p. 45; voir aussi

Rapport fait par M. de Vatimesnil, cité par Brière-Valigny L., ibidem, p. 136.75 Duvergier J.-B., op. cit. (5), tome 51, Loi du 22 janvier 1851 sur l’Assistance judiciaire,

p. 21, Art. 10.76 “En général, il n’y a que les hommes véritablement nécessiteux qui consentent à

prendre un brevet d’indigence”, Rapport présenté par Stourm, cité par Brière-Valigny L., op. cit. (6), p. 45.

77 Vivien M., op. cit. (50), p. 469.78 Frotier de la Messelière P., op. cit. (64), p. 47.




plus précieux, ceux qui appartiennent aux pauvres comme aux riches, l’état civil, la pureté de la famille, la sainteté du mariage, l’autorité de l’époux ou du père79...”.80 Même si cette liste n’est qu’indicative, elle trace les orientations du contentieux ouvert à l’assistance judiciaire que la pratique ne démentira pas. L’absence de litiges en lien avec le droit des obligations traduit le souci de contrôler l’esprit de “chicane”. Difficile d’imaginer comment l’accidenté pourra faire admettre son “bon droit” aux bureaux d’assistance judiciaire.

Le périmètre retenu exclut la matière pénale, traduisant bien le souhait d’encadrer de façon minimale l’accès à la justice du pauvre. Les parlemen-taires considèrent que les personnes mises en accusation disposent du droit à un avocat commis d’office:81 “Nous pensons donc que c’est faire assez pour la liberté et les intérêts des indigents, que de décider qu’il sera nommé un dé-fenseur aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public ou détenus préventivement”.82 Le recours à un auxiliaire de justice pour la partie civile est, quant à lui, jugé superflu:

Rien n’est plus facile à la partie civile que de trouver un avocat ou un avoué qui lui rende bénévolement le service de poser des conclusions pour elle. La plaido-irie de l’avocat de la partie civile est, en général, de peu d’utilité83. Enfin, si une personne lésée par un crime ou un délit n’a pas obtenu réparation devant la jus-tice criminelle ou correctionnelle, elle peut, après la condamnation de l’auteur du crime ou du délit, intenter une action devant une juridiction civile, et, si elle est indigente, obtenir l’assistance à raison de cette action.84

Quant aux affaires en correctionnelle, selon le rapporteur du projet, elles ne présentent pas de difficulté nécessitant une assistance juridique ou finan-cière, car les droits sont moins importants que dans les affaires civiles: “...il y a un nombre infini d’affaires correctionnelles d’une si médiocre importance et

79 Souligné par nous.80 Exposé des motifs du projet de loi sur l’assistance judiciaire présenté à l’Assemblée na-

tionale législative par M. Rouher, le 11 juin 1850, cité par Brière-Valigny L., op. cit. (6), p. 99; la liste est comparable à celle évoquée par Giraud devant l’Académie des sciences morales: “Chez nous les intérêts que le pauvre peut avoir à défendre devant les tribunaux ordinaires sont peu nombreux: ils se rapportent à son état, à la revendication de quelques droits de pro-priété ou de succession”, Vivien M., op. cit. (50), p. 469.

81 Article 294 du Code d’instruction criminelle, mis à la charge des avocats par le décret du 14 décembre 1810 contenant règlement de la profession d’avocat et la discipline du bar-reau, Art. 42, Duvergier J.-B., op. cit. (5), tome 17, p. 240.

82 Rapport fait par M. de Vatimesnil, cité par Brière-Valigny L., op. cit. (6), p. 162.83 Souligné par nous.84 Rapport fait par M. de Vatimesnil, cité par Brière-Valigny L., op. cit. (6), p. 163.




d’une si grande simplicité, que le ministère d’un défenseur est inutile. Telles sont les causes entre parties pour des injures, des rixes ou d’autres délits analogues... ”.85

D. Le bureau d’assistance judiciaire: éviter le procès en réglant le litige en amont ou en l’évinçant

a. Des pouvoirs quasi juridictionnels parfois exorbitants

Les bureaux chargés de filtrer les demandes d’assistance judiciaire dis-posent de pouvoirs à la mesure de l’esprit du dispositif, mâtiné de commisé-ration et de crainte. À chaque étape, ils traquent l’abus ou plus simplement, l’immodération. Le caractère officiellement non juridictionnel du bureau per-met d’exclure des mesures qui pourraient garantir davantage de droits au candidat à l’assistance, tout en autorisant ses membres à agir comme des quasi-magistrats.

L’étude contradictoire des demandes prend les formes d’une instruction à charge et à décharge:86 le bureau avise la partie opposée au demandeur afin qu’elle puisse éventuellement contester l’indigence et apporter des éléments supplémentaires à l’appréciation du bien-fondé de la question juridique sou-mise. Lorsque les deux parties sont présentes, le législateur encourage le bureau à “employer ses bons offices pour opérer un arrangement amiable”.87 Contrairement au bureau particulier prud’homal, l’accord obtenu par ce “conciliateur officieux”88 n’est pas formalisé et n’a pas force exécutoire: il repose uniquement sur l’engagement moral des parties, le bureau n’étant pas habilité, comme le juge de paix, à dresser procès-verbal ou prendre acte de la décision des plaideurs.89 Il peut, tout au plus, “si les parties s’accordent... ou s’occuper de la rédaction d’une transaction, dans le cas où elles en exprime-raient le désir, ou les inviter à se retirer à cet effet chez un notaire. La loi n’a rien à prescrire à ce sujet, parce que le bureau ne peut agir en pareil cas que

85 Ibidem, p. 162. 86 Exposé des motifs du projet de loi par M. Rouher, cité par Brière-Valigny L., op. cit.

(6), p. 97: “Pour cela, les deux parties sont appelées. La contradiction est admise sur le droit comme sur l’indigence...”.

87 Duvergier J.-B., op. cit. (5), tome 51, Loi du 22 janvier 1851 sur l’Assistance judiciaire, p. 21-22, Art. 11, al. 3; “...et cette comparution permet une tentative solennelle de conciliation dont nous pouvons espérer les meilleurs résultats”, Exposé des motifs du projet de loi par M. Rouher, cité par Brière-Valigny L., op. cit. (6), p. 97.

88 Rapport fait par M. de Vatimesnil, cité par Brière-Valigny L., op. cit. (6), p. 134.89 Ibidem, p. 134.




comme conseil ou intermédiaire bénévole”.90 En l’absence de formalisme, le demandeur à l’assistance n’a pas la garantie que son contradicteur exécutera ses engagements et ne dispose pas, par essence, des moyens lui permettant de solliciter un notaire pour en assurer l’authentification. La pratique de-meure plutôt confidentielle, ce que déplore Sabatié dans son Commentaire de la loi.91 Il rapporte que seulement dix pour cent des demandes se soldent par la conciliation, mais impute ce mauvais résultat à la fâcheuse tendance des candidats à l’assistance à l’exagération de leurs prétentions.

En l’absence de conciliation, la décision du bureau se caractérise égale-ment par un formalisme rudimentaire. Elle doit contenir un exposé sommaire des faits et des moyens et l’accord ou non de l’assistance, mais sans motiva-tion, car le bureau n’est pas une juridiction et ne peut, en principe, présumer de l’issue du procès: “...l’appréciation que le bureau fait du fond des procès n’a rien d’absolu; en accordant l’assistance, le bureau n’affirme pas que la cause est bonne, mais seulement qu’elle offre des apparences favorables”.92 Impossible pour le demandeur de savoir, a minima, lequel des deux critères n’a pas été pertinent en cas de refus: sa situation financière ou le bien-fon-dé de sa cause. La loi rectificative du 4 décembre 190793 posera le prin-cipe d’une motivation plus explicite, notamment lorsque l’assistance n’est pas accordée. Le silence sur les raisons du rejet de la demande se double d’une absence de recours: la loi ferme la porte à l’appel. Elle laisse le soin au procureur, qui reçoit toutes les demandes pour contrôle, d’apprécier si la décision du bureau était ou non pertinente et de l’adresser, le cas échéant, à la juridiction compétente.

Lorsque l’assistance est accordée, elle est maintenue en appel si l’indi-gent est l’intimé, même s’il fait un appel incident, mais elle fait l’objet d’une nouvelle demande devant le bureau de la juridiction concernée si l’assisté interjette appel. Tout au long de la procédure, son bénéfice demeure précaire, étroitement dépendant de l’état d’indigence du plaideur, sous une surveil-lance étroite. Si, en cours de procédure, il dispose de ressources nouvelles qui lui permettent de payer les frais judiciaires ou s’il est prouvé qu’il a menti pour obtenir l’assistance, le bureau lui retire l’aide. Il doit alors immédiate-ment régler les frais dont le paiement a été suspendu; dans la seconde hypo-

90 Ibidem, p. 151.91 Sabatié E., op. cit. (66), p. 7.92 Rapport fait par M. de Vatimesnil, cité par Brière-Valigny L., op. cit. (6), pp. 152 et 153.93 Duvergier J.-B., op. cit. (5), tome 107, Loi du 4 décembre 1907 complétant et modifiant

les art. 3 et 12 de la loi du 10 juillet 1901 sur l’Assistance judiciaire, pp. 563-567.




thèse, il peut même être traduit en correctionnelle,94 ce qui, a priori, demeure exceptionnel.95

L’assistance expire avant la signification du jugement. L’indigent qui ob-tient gain de cause, mais qui est confronté à un adversaire retors, doit activer, sur ses propres deniers, les voies d’exécution.96 Autant dire qu’il ne le fera pas, ce qui revient à “...annuler le bénéfice de l’assistance judiciaire”.97 Pour les contemporains, la limite participe à l’éducation civique de l’indigent qui ne doit pas tout attendre de la société: “L’assistée a obtenu tout ce que la loi pouvait lui accorder, la grosse d’un titre. Aller plus loin serait énerver et enfreindre la loi; il faudrait soutenir l’assisté jusqu’au paiement du titre de sa créance; il ne volerait jamais de ses propres ailes (Huet contre son fils; bureau d’assistance, Reims, 13 avril 1863, inédit)”.98 La loi modificative de 190199 sur l’assistance judiciaire introduira de nombreux assouplissements au dispositif, dont la délivrance automatique de l’exécutoire de la condamna-tion et la poursuite de la partie qui succombe par l’administration.

b. Un équilibre difficile entre conseil gratuit et tribunal des pauvres

Chaque bureau se compose d’hommes de loi, notamment des magistrats, avocats ou avoués en exercice ou non, mais également de membres des ser-vices fiscaux, dont la présence a été exigée pour veiller à préserver les fi-nances de l’État et à maintenir un bon équilibre: “...si les bureaux d’assistan-ce n’avaient dans leur sein que des légistes, l’intérêt du Trésor n’y serait pas toujours assez efficacement défendu. Il convient donc d’y introduire un autre

94 En plus du remboursement, le contrevenant peut être condamné à payer une amende du même montant qui ne pourra être inférieure à 100 F et encourir une peine de prison pouvant aller de 8 jours à 6 mois. Le législateur prévoit l’application de l’article 463 du Code pénal qui permet d’assouplir le régime pénal de base (article 26 de la loi du 22 janvier 1851).

95 Sur l’usage du terme de fraude, voir les débats au cours de la troisième délibération le 22 janvier 1851: la fraude suppose une mauvaise foi intentionnelle; le rapporteur estime que le manque d’instruction qui caractérise souvent l’assisté peut le conduire à faire des déclarations erronées, mais pas forcément volontaires, Brière-Valigny, L., op. cit. (6), p. 208-210.

96 Brière-Valigny, L., op. cit. (6), p. 248-250, n° 58: décision du bureau d’assistance près la cour d’appel de Paris portant que l’assistance ne peut être accordée pour faire exécuter un jugement (30 novembre 1852).

97 Renaut, M.-H., op. cit. (10), p. 484.98 Sabatié, E., op. cit. (66), p. 60: il s’agissait d’une femme qui avait obtenu, dans le cadre

d’une première demande, que son fils lui verse une pension alimentaire, et qui face au man-quement de ce dernier, sollicite à nouveau l’assistance judiciaire pour le contraindre à payer.

99 Duvergier, J.-B., op. cit. (5), tome 101, Loi du 10 juillet 1901 sur l’Assistance judi-ciaire, pp. 313-320, Art. 18.




élément: des représentants de l’intérêt des finances, qui n’est autre chose que l’intérêt général des contribuables, doivent être appelés à y siéger”.100

Ces “espèce[s] de bureau de bienfaisance spécial”101 reproduisent, selon toute vraisemblance, les pratiques des bureaux de consultation gratuite créés par les barreaux et les chambres d’avoués. Plus nombreux que les repré-sentants du fisc,102 les juristes ont un rôle prééminent dans la mesure où ils examinent “...le fond du droit d’une manière assez sérieuse pour prévenir les abus, pour empêcher que l’assistance judiciaire ne profite à la haine ou à la cupidité”.103 Le bureau ne se contente pas de donner un simple conseil gratuit. En amont du procès, les hommes de loi s’apparentent à de véritables juges qui contrôlent le processus judiciaire et maîtrisent le contentieux en décidant de l’intérêt à poursuivre. C’est une prérogative exorbitante qu’ils s’arrogent en contrepartie à leur “bénévolat” et qu’ils exercent avec d’autant plus de zèle que les affaires qu’ils jugeront recevables, seront à la charge, en matière de défense, de leur barreau ou de leur chambre, vraisemblablement à titre gratuit. Il est donc de l’intérêt de leur ordre d’assurer une filtration scrupuleuse.104 Par ses décisions, le bureau d’assistance judiciaire s’érige en un véritable “tribunal des pauvres”.105 Il est révélateur, de ce point de vue de noter que Sabatié, qui rédige en 1866 un commentaire de la loi de 1851, se présente comme “ancien membre du Tribunal106 d’assistance judiciaire”.

c. Le financement de l’assistance judiciaire: une aumône relevant de la sanction et du sacerdoce

L’assistance judiciaire adoptée en 1851 repose essentiellement sur les par-ties, et plus spécifiquement sur celle qui succombe. Elle se voit infliger une sorte de “double peine”, puisqu’elle devra, en plus des obligations découlant de sa condamnation, payer les frais de justice de son adversaire, impôts et honoraires éventuels des auxiliaires. Dans les juridictions imposant l’assis-tance d’un avocat ou d’un avoué, ce dernier interviendra gratuitement auprès de l’assisté et pourra se faire indemniser en fonction de l’issue du procès.

104 Du Beux estime que la gestion des indigents avant 1851 reposait essentiellement sur les avoués, et dans une moindre mesure, sur les avocats (Du Beux, J.-C.-M.-G., op. cit. (18)). La légalisation du dispositif maintient une pression financière sur eux. M.-H. Renaut qui estime que “l’assistance judiciaire est une charge qui pèse sur les auxiliaires de justice qui ont le moyen légal de transformer les bureaux d’assistance judiciaire en tribunal officieux pour les pauvres”, Renaut, M.-H., op. cit. (10), p. 483.

105 Renaut, M.-H., op. cit. (10), p. 483.106 Souligné par nous.




L’assistance consiste principalement en une suspension, provisoire, du versement des diverses taxes ou avances sur frais et des honoraires des per-sonnes participant au procès: “L’assisté est dispensé provisoirement du paie-ment des sommes dues au trésor pour droits de timbre, d’enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation d’amende. Il est aussi dispensé provi-soirement du paiement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministé-riels et aux avocats, pour droits, émoluments et honoraires”.107 Les actes ainsi constatés sont enregistrés en débet afin d’être régularisés en fin de procédure par la partie qui succombe. Si l’énoncé de l’article pose clairement le prin-cipe de la dispense provisoire d’avance, il est assez difficile d’identifier les modalités de régularisation. Lorsque l’adversaire de l’assisté perd le procès, il devrait acquitter tous les frais de justice qu’aurait dû payer l’indigent: im-pôts et éventuels honoraires aux auxiliaires de justice. Dans le cas contraire, seuls les premiers resteraient à la charge de l’État mais l’assisté aurait à payer les éventuels frais de transport des juges, des officiers ministériels, des experts, les honoraires, et la taxe des témoins.108 Si sa situation financière le lui permet ultérieurement, il devra rembourser les avances prises en charge par l’État. Il ne s’agirait donc pas d’une dispense totale de frais, comme le laisse entendre Sabatié109 ou Frotier de la Messelière.110 À l’issue du procès, les dépens doivent être versés aux services de l’enregistrement et du timbre qui en assurent la répartition entre les différends bénéficiaires: Trésor, of-ficiers ministériels et auxiliaires de justice. Les correspondances entre le receveur de l’enregistrement chargé de l’assistance judiciaire et la chambre des avoués au tribunal civil de la Seine111 témoignent des difficultés, pour l’administration, d’assurer ce suivi ainsi que la régularisation des avances.

L’indigent pris en charge par l’assistance judiciaire bénéficie également d’une aide juridique durant le procès. Devant le juge de paix, il ne peut compter que sur le concours d’un huissier chargé de rédiger la demande qui sera présentée au juge. Il sera seul à défendre sa cause devant le magistrat. Dans les juridictions de première instance, il est assisté d’un avoué qui le défend; devant la cour d’appel, d’un avocat.

107 Duvergier, J.-B., op. cit. (5), tome 51, Loi du 22 janvier 1851 sur l’Assistance judi-ciaire, p. 23, Art. 14, al. 1 et 2.

108 Crespin, H., op. cit. (11), pp. 141 et 142.109 Sabatié, E., op. cit. (66), p. 57 et 58. 110 Frotier de la Messelière, P., op. cit. (64), p. 47: “Il ne faut pas, en effet, oublier que

l’assuré est protégé par son insolvabilité contre toute responsabilité effective, notamment en ce qui concerne la condamnation aux dépens ou à des dommages-intérêts”.

111 Brière-Valigny, L., op. cit. (6), documents n° 54, 55, 56, 78, 105, 11, 117, 121, 130.




La loi ne prévoit pas d’indemniser ces auxiliaires112 qui s’organisent vrai-semblablement, comme précédemment, au sein de leur ordre en désignant un des leurs en charge des dossiers des assistés. Le dispositif leur permet d’es-pérer être payés par l’adversaire s’ils mènent à bien l’affaire de leur client; a contrario, il n’interdit pas d’exiger des honoraires, réduits sans doute, à ce même client en cas d’échec. Malgré la sélection préalable, le volume d’af-faires à défendre est plus important que celui que leurs anciens bureaux trai-taient. Sorte d’avocat ou d’avoué commis d’office au civil et travaillant un peu comme un avocat pro Deo, aucune étude ne traite de la réception de cette loi par les barreaux ou les chambres ni de l’organisation qu’ils ont mise en place. La généralisation d’une mesure qu’ils géraient de façon discrétionnaire, à dessein, a peut-être émoussé le zèle ostensiblement affiché par ailleurs. Il est permis de se poser la question à la lumière de certaines pratiques d’avocats pro Deo rapportées outre-Quiévrain dans des dossiers d’accidents du travail où la victime doit faire elle-même les démarches car “monsieur l’avocat qui m’a été désigné par le bureau des consultations gratuite n’[a] pas le temps de le faire”.113

Le dispositif adopté en matière d’assistance judiciaire ne simplifie pas l’accès de l’ouvrier aux juridictions ordinaires. Certes, les dispositions de la loi du 7 août 1850 sur les conseils de prud’hommes sont étendues aux affaires de même nature portées devant le juge de paix.114 Même si les voies d’exécu-tion sont moins bien garanties devant le juge de paix que devant les conseils, pour les questions professionnelles, la loi de 1851 ouvre plus largement les portes du tribunal cantonal à l’ouvrier car il n’a pas à prouver son indigence. Reste à savoir dans quelles proportions il y a eu recours. Par contre, la solu-tion retenue semble moins favorable à l’ouvrier accidenté, dont la situation économique et la cause n’entrent pas forcément dans le standard envisagé. “Simple” pauvre en quête d’un dédommagement lui permettant, lui et sa fa-mille, de survivre après son accident, l’ouvrier a-t-il obtenu l’assistance ju-diciaire ? Sans doute pas autant que les circonstances le nécessitaient. Le contentieux qui se développe en cette matière au cours de la seconde moitié

112 Il faut attendre 1972.113 Cité par Debaenst, B., “Trajectoires croisées en matière d’accidents du travail dans

l’arrondissement judiciaire de Mons avant 1903: la juridicisation du risque professionnel sai-sie à travers quelques acteurs”, Revue du Nord, n° HS 34, 2016, p. 33-48, dossier AT d’Henri Lefrancq, 18 août 1897.

114 Duvergier, J.-B., op. cit. (5), tome 51, Loi du 22 janvier 1851 sur l’Assistance judi-ciaire, p. 27.




du XIXe et de façon plus soutenue durant les vingt dernières années,115 a-t-il profité de ce dispositif ? Même si on peut d’ores et déjà envisager une réponse négative à cette interrogation, une étude plus spécifique permettrait, peut-être, de nuancer cette conclusion.

2. Un accès dérogatoire pour l’ouvrier accidenté

A. Les résultats contrastés de la loi de 1851

La généralisation de mesures en faveur des plus démunis est constamment appréciée au prisme du débat sur les devoirs et les droits des bénéficiaires. L’assistance judiciaire n’échappe pas à cette évaluation d’autant qu’elle est supposée honorer une “dette sociale”.

Pour un certain nombre de contemporains, la loi remplit pleinement son objectif et ouvre l’accès à la justice au “pauvre”: “Aucune loi n’a été plus efficace pour assurer la défense gratuite des pauvres devant les juridictions civiles”.116

Cette ouverture des tribunaux aux pauvres s’avère trop large aux yeux de certains. Sabatié rapporte, une quinzaine d’années après la promulgation de la loi, les excès redoutés par les promoteurs que les bureaux ne parviendraient pas à éviter: “L’assisté judiciaire, on ne saurait trop le dire, est un plaideur redoutable. S’il est déraisonnable dans ses prétentions, son adversaire est perdu”.117 Selon lui, l’assisté gagnerait quasiment toujours son procès, car les bureaux, en écartant les causes sans chance de succès, transformeraient l’in-digent en un plaideur toujours victorieux. Il serait ainsi en position de force et en abuserait pour pousser son adversaire au procès par son refus de concilier sur des prétentions “raisonnables”. Il lui reproche également de poursuivre même lorsque son adversaire est notoirement insolvable. Il milite en faveur d’une modification de la loi qui devrait ajouter à l’état d’indigence et à la qualité du bon droit exigés, une condition supplémentaire: la modération de la demande.118

Pourtant, il est permis de s’interroger sur la connaissance que les intéres-sés pouvaient avoir du dispositif lorsque ce même auteur reconnaît qu’ “après

115 Voir en ce sens toute la littérature juridique accompagnant les débats sur les accidents du travail et la jurisprudence rapportée à l’appui des thèses des uns et des autres: Sainctelette, Tarbouriech, Sauzet...

116 Dreyfus, F., L’assistance sous la Seconde République (1848-1851), Paris, 1907, p. 175.117 Sabatié, E., op. cit. (66), p. 7. 118 Ibidem, pp. 6 et 7.




treize ans d’exercice, la loi sur l’assistance judiciaire n’est guère mieux connue du public qu’elle ne l’était le premier jour”119 et qu’il se livre à l’écri-ture d’un ouvrage destiné à mieux la faire comprendre: “...parce que, sans être absolument obscure, la parfaite intelligence de ses dispositions échapperait à la plupart de ceux qui voudraient l’interroger”.120 La complexité réside princi-palement dans le caractère fiscal du dispositif sur lequel Hélène Crespin nous apporte les lumières indispensables121 et que seuls, les membres des bureaux pouvaient maîtriser. L’assistance judiciaire inspire les juristes et nourrit une abondante littérature sur l’exégèse des implications de la loi. La jurisprudence rapportée dans le “Code de l’assistance judiciaire” de Brière-Valigny,122 tout comme les correspondances administratives révèlent également, en creux, des comportements de résistance des acteurs, qui, selon les circonstances, mani-festent un zèle procédurier123 ou au contraire, une négligence qui, l’un comme l’autre, ont desservi l’assisté. Dans le prolongement de l’action des bureaux, ces tracasseries administratives ont aussi été un facteur de modération de la litigiosité.

Les études statistiques124 ne corroborent pas le constat de Sabatié sur le caractère abusif des procédures engagées par ce si “redoutable” plaideur. Le nombre de demandes, en augmentation constante,125 atteste une diffusion progressive du dispositif mais en dépit de cette évolution, le nombre de can-didats admis à l’assistance se maintient autour de 40%.126 Pour l’année 1870, soit quatre ans après la publication de l’étude de Sabatié, seulement 2884 affaires seront jugées avec le bénéfice de la loi, ce qui représente 2,5% du contentieux civil de la même année. Ce taux progresse puisqu’en 1880 il at-teint 4,5% et franchit les 10% en 1890.

Au-delà de l’aspect quantitatif, les statistiques font apparaître un conten-tieux conforme aux aspirations des promoteurs de la loi, polarisé sur la fa-

119 Sabatié, E., op. cit. (66), p. 9. 120 Ibidem, p. 5. 121 Crespin, H., op. cit. (11).122 Autre nom donné à son ouvrage Études sur l’organisation judiciaire, qui compile toute

la documentation légale et jurisprudentielle se rattachant à la question.123 Nombreux rappels pour que les pièces des dossiers soient transmises à toutes les

étapes de la procédure avec menace de blocage si nécessaire, voir notamment le document n° 68, Brière-Valigny, L., op. cit. (6).

124 Schnapper, B., op. cit. (19), en particulier 144 à 150.125 L’avocat général Vieillard-Baron constate une évolution importante du nombre de de-

mandes entre 1851 (8000) et 1898 (82892), Vieillard-Baron, J.-C.-L., Étude du projet de ré-forme de la loi du 22 janvier 1851, Audience solennelle de rentrée du 16 octobre 1900 de la cour d’appel de Dijon, Dijon, 1900, 39 p.

126 Crespin, H., op. cit. (11), pp. 143-145.




mille et ses biens. Les demandes de dommages et intérêts représentent seu-lement de 5 à 10%127 des demandes.

Une étude de la fin du XIXe, en marge de la question ouvrière mais met-tant en scène ce dernier dans ses difficultés quotidiennes montre que ce “...débiteur vivant et faisant vivre péniblement sa famille, au moyen de son salaire journalier ou mensuel, son unique ressource presque toujours”128 n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour se défendre contre son logeur qui vien-drait lui réclamer des loyers en souffrance.

La fin du siècle, avec l’arrivée des républicains au pouvoir, redéfinit le pacte social et élargit le champ d’application des mesures votées en ce sens. Lorsque l’Assistance médicale gratuite est adoptée en 1893, elle s’adresse à “tout Français malade, privé de ressources”.129 Même si elle impose de s’ins-crire sur une liste recensant les nécessiteux, elle ne circonscrit pas le béné-fice des soins à la présentation d’un certificat d’indigence. Elle s’adresse aux plus démunis, y compris l’ouvrier malade ou accidenté non couvert par une caisse de secours, et leur garantit les soins gratuits dispensés par un docteur en médecine, rémunéré par l’État. Le législateur retiendra d’ailleurs, dans un premier temps, ce tarif comme référentiel d’honoraires dans les mesures d’in-demnisation médicale de l’ouvrier accidenté en 1898, reconnaissant, ainsi, le caractère spécifique de sa situation économique.

La situation de la victime d’accident du travail commence à préoccuper le législateur dès les années 1880. Si les débats achoppent et s’éternisent sur le périmètre de la réparation et sur les contours de la responsabilité, tous s’accordent sur un point: le contentieux devra être facilité et s’affranchir du filtre préalable du bureau d’assistance judiciaire et de la lourdeur des juri-dictions ordinaires.130 Le parcours judiciaire des accidentés décrit par Yver-nès met en lumière les limites du dispositif:

Un ouvrier, par exemple, est victime d’un accident du travail, il sollicite l’assistance judiciaire pour obtenir l’indemnité à laquelle il prétend. Deux ou

127 Divorce/séparation de corps: de 24,5 % à 34,3 %; Pensions alimentaires: autour de 13 %; séparation de biens: entre 3 et 8 % selon les périodes; Sommes dues: de 14,3 % à 7 %, Schnapper, B., op. cit. (19), p. 148.

128 Portevin, V., Étude d’une assistance judiciaire spéciale dans l’intérêt des ouvriers et de leurs fournisseurs, Séance du 25 août 1882, Association française pour l’avancement des sciences, Congrès de La Rochelle, 1882, 12 p., notamment p. 2.

129 Duvergier, J.-B., op. cit. (5), tome 93, Loi du 15 juillet 1893 sur l’Assistance médicale et gratuite, pp. 351-359.

130 Dalloz, M. et Tournemine, M., Jurisprudence générale du royaume en matière civile, commerciale et criminelle, ou journal des audiences de la Cour de cassation et des cours royales, 1898, Partie IV, p. 82, note 1.




trois mois s’écoulent quelquefois avant que le bureau n’ait examiné le mérite de la demande; ensuite, l’affaire est inscrite au rôle du tribunal, qui ne statue sou-vent que plusieurs mois après. Mais pendant ce temps, l’ouvrier a promptement épuisé ses économies, il ne peut attendre davantage. C’est alors qu’intervient un agent d’affaires qui propose à ce créancier, moyennant une somme versée immédiatement, de lui consentir une subrogation; l’ouvrier accepte et plus tard, l’agent obtient du tribunal une somme supérieure à celle qu’il a payée. De pa-reils contrats n’interviendraient pas si les décisions devaient être prises tant par le bureau que par le tribunal dans des délais fixes.131

La loi sur les accidents du travail adoptée en 1898132 représente le plus important aménagement à la loi de 1851, tant par le caractère dérogatoire qu’elle instaure dans cette matière, que par l’importance et la richesse du contentieux que cette dérogation a permise.

B. 1898: l’ouvrier accidenté, un plaideur pauvre privilégié

La loi sur la réparation des accidents du travail organise les modalités d’indemnisation de la victime ou de ses ayants droit mais également les voies de recours judiciaires associées. Le contentieux y est réparti entre deux ju-ridictions: le tribunal de paix et le tribunal civil, le premier ayant été choisi pour sa rapidité133 en raison du caractère alimentaire des indemnités dont il a connaissance.134 À cette dérogation procédurale, le législateur ajoute le bénéfice automatique de l’assistance judiciaire devant les deux juridic-tions,135 pour toutes les victimes ou leurs ayants droit, quelle que soit leur na-tionalité et leur situation financière: elles n’ont aucun justificatif à produire. Contrairement au droit commun, l’ouvrier est totalement exonéré des impôts

131 Yvernès, E., “L’assistance judiciaire (1851-1891)”, Journal de la société de statistiques de Paris, 36e année, 1895, pp. 220-225, p. 224.

132 Duvergier, J.-B., op. cit. (5), tome 98, Loi du 9 avril 1898 concernant les responsabili-tés des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, pp. 133-147.

133 Eisenzimmer, G., Les transformations de la justice de paix depuis son institution en France, thèse, Mulhouse, 1925, p. 113: “Pour la compétence contentieuse, on a voulu éviter que l’ouvrier se trouvât aux prises avec les lenteurs de la procédure ordinaire qui lui ferait indéfiniment attendre une réparation dont, étant dans l’impossibilité, au moins momentanée, de gagner sa vie, il a le plus urgent besoin”.

134 Recueil spécial des accidents du travail, 1900 et 1901, p. 294, arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 29 janvier 1901; Crochepeyre N., “Juge de paix ou tribunal civil : querelle de compétence autour de l’indemnisation temporaire des victimes Les cantons Est et Ouest de Roubaix (1900-1910)”, Revue du Nord, 2016, H.S. n° 34, p. 73-93.

135 Duvergier, J.-B., op.cit. (5), tome 98, Loi du 9 avril 1898, Art. 22, p. 144.




judiciaires: l’État abandonne les droits de timbre et d’enregistrement et si l’enregistrement est nécessaire, il se fait gratis.136 La loi de 1898 étend éga-lement l’assistance aux actes d’exécution, comblant ainsi, “...dans la matière spéciale qu’elle a pour objet de régler, une lacune qui est signalée depuis longtemps”.137

Devant le juge de paix, la victime ou ses ayants droit est assistée d’un huissier dans les conditions prévues par la loi de 1851; l’assistance devant le tribunal civil est assurée par un avocat ou, s’il n’existe pas de barreau, par un avoué et par un huissier. Elle s’applique de plein droit à l’appel, si la victime est l’intimé; dans le cas contraire, la procédure de droit commun prévaut, de même, lorsque l’accidenté saisit la Cour de cassation. “On ne peut donc pas... accuser [les parlementaires] de pousser les victimes d’accidents à éterniser les procès”.138

La révision de la loi en 1902 étend le bénéfice de l’assistance à la pro-cédure en conciliation devant le Président du tribunal et à l’acte d’appel.139 Toutefois, le droit commun de l’assistance judiciaire est maintenu pour les actions menées contre une convention établie contrairement à la loi de 1898 (article 30).

La simplification de la procédure d’accès au juge ouvre dans des propor-tions importantes les portes des tribunaux, d’autant que des droits nouveaux sont en jeu et que leur application suscite des interprétations que seul un magistrat peut éclairer, lui-même étant parfois en désaccord avec ses homo-logues.140

À l’échelle d’un département comme celui du Nord, très industrialisé, la loi sur les accidents du travail conduit, très tôt, les tribunaux, à créer des au-diences spécifiques, dont les minutes sont rassemblées dans des registres à part du reste du contentieux.141 Bien que la présence de l’avocat ne s’impose pas face au juge de paix, les parties ont de plus en plus recours à son assis-

136 Ibidem, p. 146.137 Circulaire du garde des Sceaux, ministre de la Justice aux procureurs généraux, rela-

tive à l’application de la loi de 1898, concernant les accidents du travail, reproduite dans la Revue pratique de droit industriel, 1899, p. 276-304, p. 300.

138 Dalloz, op. cit. (130), 1898, Partie IV, p. 82, note 1.139 Duvergier, J.-B., op. cit. (5), tome 102, Loi du 22 mars 1902 modifiant divers articles

de la loi du 9 avril 1898, concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, pp. 181 et 182.

140 Le partage de compétence entre juge de paix et tribunal civil a généré une controverse doctrinale importante qui s’est répercutée au niveau des tribunaux concernés. Voir sur ce point: Crochepeyre, N., op. cit. (134).

141 Le tribunal civil de Lille et la cour d’appel de Douai ont ainsi créé, dès 1900, des sessions réservées à ce contentieux spécial.




tance, certes, plus souvent aux côtés de l’employeur que de l’ouvrier. Dans les cantons Est et Ouest de Roubaix, il assiste le patron dans 64,5 % des af-faires (330 sur les 511 audiences de justice de paix conservées aux Archives départementales du Nord entre 1900 et 1911) contre seulement 10,3 % pour l’ouvrier : un égal accès au juge n’est pas synonyme d’une égalité des chances de réussite. L’ouverture des tribunaux au contentieux des accidents du travail prolonge, dans les prétoires, les débats doctrinaux que se livrent par ailleurs les juristes sur cette matière en gestation et amorce l’intérêt particulier que certains auront pour la question ouvrière.

iv. conclusIon

Malgré l’avancée que la loi de 1851 procure aux plus démunis, l’assistance judiciaire, durant la seconde moitié du XIXe siècle, continue d’être distil-lée avec parcimonie. Les aménagements de 1901 et 1907 ne modifient pas fondamentalement son esprit, qui perdure jusqu’à sa réforme définitive en 1972. Certes l’élargissement du périmètre des bénéficiaires et l’amélioration du contrôle juridictionnel sur l’octroi de l’assistance, de même que le renfor-cement des motivations en cas de refus et l’ouverture d’un recours corrigent, pour le XXe siècle, les excès de modération voulus par les promoteurs du dispositif. A contrario, le volume du contentieux auquel conduit l’automatici-té de son bénéfice en 1898 témoigne de l’efficacité du filtrage assuré par les bureaux d’assistance judiciaire, et, par effet miroir, de la difficulté pour une partie des justiciables pauvres, d’accéder au juge au XIXe siècle. La loi sur l’assistance judiciaire utilise davantage la compétence du légiste pour mo-dérer l’accès au tribunal que pour défendre celui qui est démuni: dans cette dernière hypothèse, les pratiques professionnelles de service “gracieux” pré-valent et sont circonscrites à des situations bien délimitées.

L’intérêt porté à l’ouvrier et l’accueil par le juge des questions spécifiques se rattachant à sa situation professionnelle mettent en lumière le caractère atypique de ce justiciable, dont le statut économique tangente avec la misère. Dès avant 1851, le contentieux professionnel relève de juridictions d’excep-tion, tribunal de paix et surtout, conseils de prud’hommes, en raison d’un contrat, juridiquement peu défini, mais dont on pressent une nature particu-lière difficilement saisissable par les tribunaux ordinaires. Les procès relatifs aux accidents du travail, en s’ouvrant sur des demandes de dommages n’en-trant pas dans le champ de des juridictions d’élection de l’ouvrier mettent en lumière la spécificité du contrat de louage: déséquilibre des parties, ca-ractère alimentaire de l’unique obligation de l’employeur. La reconnaissance




de l’accident du travail comme événement professionnel touchant l’ouvrier fait ainsi émerger la particularité de la législation industrielle par rapport au Code civil et la nécessité d’organiser la résolution des litiges s’y rattachant de façon rapide. Le droit commun de l’assistance judiciaire n’avait pas voca-tion à satisfaire cet objectif et un nouveau régime dérogatoire s’est imposé, à la fois pour contourner la rigueur de son contrôle et la lenteur des tribu-naux ordinaires. La répartition du contentieux de l’accident du travail entre deux juridictions, malgré la complexité qu’elle introduit, a permis d’apporter, dans des délais plus raisonnables, des solutions financières aux victimes. Cette segmentation judiciaire vient s’ajouter à celle que se partagent, sur les questions contractuelles, le juge de paix et le conseil de prud’hommes. Elle préfigure ce qui se développe dans cette matière tout au long du XXe siècle: l’éclatement juridictionnel.

Durant tout le XIXe siècle, l’assistance juridique de l’ouvrier au tribunal reste discrète. Longtemps écartée devant le conseil de prud’hommes, mais pas interdite, elle commence à se profiler dans les dernières années du siècle: la matière se construit peu à peu et sa technicité augmente, l’homme de loi devient nécessaire, et réciproquement s’intéresse à cette branche particu-lière du droit. Devant le juge de paix, l’avocat est partiellement présent pour défendre les accidentés ou leurs patrons, mais qu’en est-il de ces mêmes ac-teurs sur les autres questions professionnelles?

Accès à la justice et accès aux soins sont deux facettes d’une même vo-lonté de garantir, aux plus démunis des droits fondamentaux. Pourtant les moyens accordés par l’État à l’un et l’autre sont sensiblement différents. Avant même que la loi de 1851 ne soit modifiée, le législateur met en place, à partir de 1893, une assistance médicale et gratuite pour toutes les personnes démunies, assurée par un docteur en médecine, rémunéré par l’État. Même si la mesure présente de nombreux dysfonctionnements et suscite de vives ten-sions au sein du corps médical, elle met en lumière les différentes approches possibles de la prise en charge de la dette sociale par l’État. L’homme de loi et l’homme de science, tous deux dispensateurs de leurs offices de façon cha-ritable, ne rentrent pas de la même façon dans le processus d’assistance aux plus démunis: l’avocat doit attendre 1991 pour qu’un tarif comparable à celui de l’assistance médicale et gratuite soit établi dans le cadre d’une “aide” ju-ridictionnelle.



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LA APELACIÓN DE JUDAS. LITIGIO, TORTURA Y PENAS EN EL DISTRITO DE LA AUDIENCIA DE CHARCAS, SIGLO XVIII

José encIso contreras*

Con amor para Sindy Espinosa Medina

suMarIo: I. Introducción. II. Las rejas no matan. III. El nuevo “cirujano” de Cochabamba. IV. Papelista y papelero. V. La cárcel y los procedimientos criminales. VI. De los tormentos y de las penas. VII. Un proceso para purgar

la inocencia. VIII. Fuentes.

i. IntroduccIón

La causa criminal incoada en Cochabamba contra Judas Tadeo Andrade, ha-cia 1790, tiende a convertirse en tema clásico de la historiografía jurídica boliviana del siglo XVIII. Esto se debe entre otras cosas a la original manera con que aquel esforzado apelante bonaerense trató de apoyar su escrito de agravios mediante la ilustración a todo color de los pasajes más conspicuos de su desgraciada permanencia en la prisión de Cochabamba. Esta original idea de representar plásticamente los argumentos jurídicos de un litigante, anticipan usos procesales y versiones probatorias que se irían legitimando en el proceso moderno, hasta llegar a los contemporáneos medios de prueba, cada vez más sofisticados.

Dadas las singularidades de este juicio, también se ha reflexionado en torno a la excéntrica personalidad de Judas, a su forma de conducirse en un entorno social en que las ideas independentistas maduraban aceleradamente. Tanto el proceso como su principal protagonista-víctima-litigante deben es-tudiarse partiendo de ciertos elementos del contexto que determinó aquella penosa coyuntura.

* Poder Judicial del Estado de Zacatecas.



118 LA APELACIÓN DE JUDAS. LITIGIO, TORTURA Y PENAS...

ii. las rejas no Matan

Sobre el mitómano peluquero y sangrador Judas Tadeo refiere don Gunnar Mendoza que se trataba de un criollo o español dedicado a varios oficios como los de zapatero, peluquero, sangrador, papelista y verificador. Había nacido en Buenos Aires1 en 1750, donde seguramente pasó su infancia y pri-mera juventud, es decir, que rondaba los cuarenta abriles al momento en que ocurrieron los hechos narrados en su interrogatorio. Siendo padre de familia no vivía con ella, afirmaba en 1780, cuando residía en Lima, que tenía su mujer e hijos en Buenos Aires. Fue en la capital peruana donde lo encontró la sublevación de Tupac Amaru, propiciándose la ocasión, según decía, de enrolarse en las filas del rey. Alegó alguna vez que, tras los hechos de guerra, mandó pintar dieciséis láminas al óleo que se pusieron en el palacio virreinal de la ciudad de Los Reyes y se quejaba de que en aquellas refriegas resultó lesionado con una hernia y además de una “inflamación del esternón”.

No se sabe a ciencia cierta la fecha de su llegada a Cochabamba, pero es notable su temperamento errabundo, pues decía tener pasaporte y licencia para su mujer, a fin de que aquélla viajara por las ciudades de Indias y aun de Europa, aunque probablemente la buena mujer jamás saliera de Buenos Aires. A decir verdad, Judas había recorrido la vasta geografía colonial aus-tral dejando un nada despreciable itinerario de encarcelamientos y líos cri-minales. Durante el periodo en que estuvo fuera de su tierra natal, andando por Lima y el Alto Perú por varios años, había sido enchironado nada menos que dieciséis veces: siete en Potosí; tres en Chuquisaca y otras tres en Co-chabamba; una en Buenos Aires, una en Montevideo y otra más en Lima. A leguas se veía que lo suyo era recorrer las cárceles coloniales y el mundo del Alto Perú parecía gustarle más que otros.2

1 Archivo General de la Nación Argentina, sala IX, 6-4-5 Causa que se sigue contra Judas Tadeo por desflorador de una muchacha tierna, año de 1799. Potosí, 13 de septiembre de 1799. (En adelante este archivo será citado por las siglas AGNA, seguido del número de la sala y las cajas, en su caso, así como del título abreviado del documento; este proceso documento no está foliado).

2 Idem. Las razones de todos esos años en el talego, según lo expuso en la Villa Impe-rial en 1799, inexplicablemente las desconocía para los casos de Potosí, con excepción de una ocasión que la achacó al hecho de haber sido descubierto jugando juegos de azar en su casa; recordaba que en la mayoría de sus detenciones fue soltado a los pocos días. Sobre sus encarcelamientos en Chuquisaca informó que la primera vez había sido porque “se entregó libremente en la cárcel, afecto a indemnizarse de un destierro promulgado en los juzgados de Cochabamba. La segunda, por haberle encontrado el juez ordinario jugando con muchos”, y la tercera porque el alcalde, don Jacobo Pope, lo metió al bote en un arranque de celos porque



119JOSÉ ENCISO CONTRERAS

Resumió el periodo de su prolongada permanencia en la gobernación que encabezaba el ilustrado don Francisco de Viedma y Narváez, diciendo que

También estuve preso en Cochabamba por tres años por diversas causas falsas, y fue la primera haber muerto a un criado del señor alcalde don José Montaño, siendo así que vive y se ha paseado en Potosí, nombrado Picho, por cuyo engaño no se concluyó la causa y quedaron archivados los autos, y al siguiente día lo largaron; la segunda causa fue la que resultó del destierro al que el alcaide de la cárcel, Enrique Torres, lo arrestó sin orden de juez y le figuró perdimiento de respeto por que entre los dos pelearon y le dio ciertas trompadas, a cuya causa se agregaron diversidad de acusaciones...3

La residencia de Andrade en Cochabamba no puede haber sido tan pro-longada antes de su paso por la cárcel en aquella ciudad, pues sus textos dan a entender que el establecimiento de su tienda o barbería tenía poco tiempo. El contexto de su llegada debe entenderse en el marco de un periodo de la historia cochabambina en que los indicadores demográficos eran muy favorables, debido al desarrollo de las manufacturas y a la gran demanda de brazos para la agricultura y la minería. Resulta evidente que toda ciudad en crecimiento reclama servicios que podían prestar oficiales como Judas, y los de otros giros. Mas Andrade no solía estar en un solo sitio por mucho tiempo, baste recordar que él mismo informaba haber vivido en Lima, y a los pocos años después de su encarcelamiento en Cochabamba, estuvo en La Plata, al tiempo que en 1799 ya radicaba en la Villa Imperial de Potosí, donde para no perder la costumbre se involucró en más líos criminales. Judas cambiaba con frecuencia de residencia debido a su talante conflictivo y a que era objeto de permanente persecución por las autoridades que más temprano que tarde lo consideraban vecino non grato.

iii. el nuevo “cIrujano” de cochaBaMBa

“Apenas llegado a Cochabamba —considera Mendoza— da un gran golpe de popularidad sangrando y curando en medio de la expectación pública

nuestro fullero se acostaba nada menos que con Josefa “La Cruceña”, que tenía el pequeño inconveniente de ejercer también como amasia del edil.

3 Idem. De su internamiento en el presidio de Montevideo dijo haber salido de él por estar enfermo. Y en la cárcel de Buenos Aires estuvo en esa misma época “por haberle dado de bo-fetadas a un europeo...”. En Montevideo estuvo preso tres días por “fraile etpóstata (sic) de la Recoleta de Lima”; y precisamente en la ciudad de Los Reyes, declaró haber estado en el bote por habérsele imputado falsamente “traición a la Corona, respecto haber mandado pintar en diez y seis láminas al óleo los infames designios de Tupamaro, y a los ocho días se indemnizó y se le dio soltura...”.




en la plaza mayor a un hombre que por una golpeadura ya parecía «pálido esqueleto» de modo que muchos vecinos de acuotan para ayudarle a alquilar y amoblar una casa”.4 Por aquellos años se consideraba que el de nuestro reo cirujano, era el arte o ciencia de curar heridas y llagas, abrir tumores, cortar y cauterizar las diversas partes del cuerpo que necesitaran de estas curacio-nes.5 Desde los inicios del periodo colonial el de cirujano estaba vinculado íntimamente con el de barbero y en la práctica fue cada vez más frecuente su trabajo al lado de los médicos,6 mas de ninguna manera puede esperar-se que Judas fuera un hombre canónicamente capacitado en la cirugía. De haberlo sido, dado su temperamento extrovertido y hasta exhibicionista, lo hubiera dejado muy bien asentado desde las primeras actuaciones procesa-les, en su interrogatorio formulado en la Audiencia de La Plata, así como en otros procesos que le fueron seguidos en su fecunda carrera delictiva. Re-cordemos que se hacía pasar por médico; gustaba de hacer alarde sobre pre-tendidos éxitos de curación, por ejemplo, cuando aseguraba haber asistido, operado y sanado en tres días a un hombre que había sido dado por muerto tras haber recibido una paliza extramuros de Cochabamba, habiéndolo de-jado irreconocible en los portales del ayuntamiento.7 Y no deja de llamar la

4 Mendoza Loza, Gunnar, “Documentos para la historia de la independencia de Bolivia: Judas Tadeo Andrade, intérprete del estado de ánimo popular en las postrimerías del coloniaje, 1789-1800”, en Gunnar Mendoza L. Obras completas, vol. I, Sucre, Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia-Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, 2005, p. 537.

5 Quezada, Noemí, Enfermedad y maleficio. El curandero en el México colonial, México, UNAM, 1989, p. 19. Según la autora, los cirujanos se clasificaban en dos categorías: el ciru-jano latino al que se le reconocían jurídicamente las mismas calidades profesionales que a los médicos, “siendo su campo de acción todas las partes de la cirugía, administrando remedios externos e internos para curar enfermedades mixtas”. Los cirujanos romancistas, a su vez, podían prescribir remedios externos o internos para enfermedades estrictamente quirúrgicas externas: atendía partos difíciles, hacía sangrías, extirpaba cataratas y trataba hernias, entre otras labores.

6 Rodríguez Sala, María Luisa et al., Los cirujanos de hospitales de la Nueva España (siglos XVI y XVII). ¿Miembros de un estamento profesional o de una comunidad científica?, México, UNAM-Secretaría de Salud-Academia Mexicana de Cirugía, 2005, p. 35. El cirujano logró un estatus como profesión independiente hasta ya muy bien entrado el siglo XVIII; “primero... mediante las exigencias de una estricta y larga práctica hospitalaria bajo la supervisión de un cirujano o un médico autorizados. Más tarde (durante la etapa de la ilustración borbónica), se sumó a este requisito la realización de estudios especializados en la Real Escuela de Ciru-gía...”.

7 Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. EC 1792-73. Recurso de Judas Tadeo An-drade, residente en Cochabamba, ante la Audiencia de Charcas para que se reciba información de testigos, según el interrogatorio y las láminas en colores que presenta, sobre diversos excesos del gobernador intendente y otros magistrados de esa provincia, La Plata, 1791, fo. 1v. (en ade-lante, este archivo será citado por sus siglas: ABNB).




atención que con frecuencia Andrade llamara “pacientes” a sus compañeros de prisión.8

Sabemos por otra de las numerosas causas a las que estuvo sujeto, que Ju-das en realidad era un tahúr empedernido, actividad de la que seguramente se mantuvo en su dilatado tour altoperuano. Él mismo declaró que su primera estancia en la cárcel de Cochabamba había sido por haberlo la justicia sor-prendido “jugando con muchos”. Lo mismo ocurriría en La Plata, donde man-dó pintar las láminas que ilustraron su padecer en Cochabamba: el alcalde del segundo voto de aquella ciudad, en 1796 había solicitado al fiscal de la audiencia “...quitar de por medio a dicho reo que con su arraigada aplicación al vicio de juegos prohibidos da lugar a los frecuentes robos que se experi-mentan en esta ciudad, a que se perviertan los hijos de familia, se distraigan los artesanos de sus oficios y a que se mantengan las justicias en continua agitación...”.9 Continuaría con ese oficio de matutero durante su permanencia en Potosí y probablemente por el resto de su vida.

iv. PaPelIsta y PaPelero

Desde luego que tenemos que matizar lo anterior diciendo que Judas no era un marginal ordinario, pues además de averiguador poseía el don de la pala-bra escrita y, para tratarse de un hombre de su condición, no redactaba del todo mal, para qué es más que la verdad, habida cuenta de los estilos de es-critura y composición en boga por aquella época. Mendoza reconoce en Judas cierto sentido común jurídico, es decir, el regular manejo de ideas jurídicas y procesales, cosa que se percibe claramente en sus escritos. Se refiere con soltura a los conceptos de causa o proceso, de agravios, recusación, juez de comisión, juez acompañado, capitulación, información de testigos, audiencia privada y visita de cárceles, entre otros términos no de uso del común.10 Así que son varias las preguntas que surgen a este respecto, por ejemplo, sobre las condiciones que permitieron a Judas adquirir la destreza de la lectoescri-

8 Cordero del Campillo, Miguel, Crónicas de Indias. Ganadería, medicina y veterinaria, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2001, pp. 117-119. Debemos asociar al tahúr bonae-rense con aquéllos de quien en 1607, el médico Méndez Nieto —que ejerció en Cartagena de Indias—, dijo que “el «hanbre y poca ciençia azen pasar los médicos a Yndias», de modo que «comúnmente desechados que no tienen talento para ganar de comer en España los que toman tal determinación, por lo que en aquella importante ciudad çurujanos y barberos todos son médicos en este Reino de Tierra Firme... boticarios, çurujanos, barberos, parteras y mohanes, todos son médicos, con grande daño y estrago»”.

9 AGNA, Causa que se sigue..., La Plata, 21 de enero de 1796.10 Mendoza Loza, Gunnar, op. cit., pp. 541 y 542.




tura. Sería todo lo bribón que ustedes gusten y manden, pero tonto no era el porteño, no señor.

Esta cuestión parece tener cierta explicación si tenemos en cuenta que ciertas políticas reales en el Siglo de las Luces comenzaban a incluir obje-tivos dirigidos al aumento del número de personas alfabetizadas. Entre las ideas ilustradas que inspiraban algunos programas de la Corona española a finales del siglo XVIII, dos de ellas resaltaban: “Una era la idea de limitar los gremios; la otra, el deseo de extender la enseñanza elemental a mayor nú-mero de estudiantes e incluir, además de la enseñanza religiosa, asignaturas técnicas y cívicas, llevar a cabo estos dos conceptos a la práctica contribuyó a aumentar la responsabilidad del Estado en la educación”.11

Por otro lado, la evidente habilidad de Judas en el uso más o menos apro-piado de conceptos procesales, e incluso de algunas ideas de carácter filosófi-co y político, seguramente debió obtenerla trabajando como criado amanuense en alguna escribanía o estudio de abogados o papelistas durante el periodo juvenil de su ajetreada vida. Suficientemente explorado está el hecho de que en esos tiempos el número de letrados era mínimo en la provincia de Buenos Aires, ante la demanda creciente de servicios de asesoría, de tal manera que abundaron los asesores legos o papelistas, es decir, “prácticos carentes de grado”. Un estudio de la doctora María Rosa Pugliese revela la importancia e influencia del crecido sector de papelistas porteños a mediados del siglo XVIII, así que bastante oportunidad de hacerse del lenguaje y jerga judi-ciales la tuvo nuestro Judas.12 Vale decir también que la misma escasez de asesores se presentaba en el distrito de la Audiencia de Charcas durante el periodo, debido entre otras cosas a los enredados y tortuosos procedimientos para obtener título en derecho y lo que es más, quedar legalmente licencia-do para la práctica de la abogacía, así en Charcas como en Buenos Aires.13 Estas trabas motivadas por la necesidad del gremio por preservar su posición social y privilegios, ocasionaban la aparición de los abogados de contraban-do o papelistas que han acompañado el ejercicio de la profesión desde que el mundo es mundo. Hablamos de defensores en muchos casos fraudulentos,

11 Tanck de Estrada, Dotorhy, La educación ilustrada, 1786-1836. Educación primaria en la ciudad de México, México, El Colegio de México, 1984, p. 9.

12 Pugliese, María Rosa, De la justicia lega a la justicia letrada. Abogados y asesores en el Río de la Plata, 1776-1821, Buenos Aires, Junta de Estudios Históricos de San José de Flores, 2000, p. 45.

13 Thibaud, Clément, La Academia Carolina y la independencia de América. Los abogados de Chuquisaca (1776-1809), Sucre, Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, 2010, pp. 24 y ss.




en ocasiones a la mitad entre la ley y la transgresión, que de cualquier forma llegaron a influir en los foros de la región.

Como buen papelista, abogado trucho, Judas era consciente de su buen manejo de la jerga de los leguleyos y se ufanaba de ello. Nada más para va-nagloriarse de sus capacidades discursivas, llegó a requerir a sus testigos, declararan sobre si algún abogado lo había asistido para explicar las defi-ciencias del juzgado de Cochabamba; inquiriéndoles además sobre la auten-ticidad de su autoría respecto de algunos otros escritos incriminatorios, todos ellos salpicados de fraseología judicial, que fueron entregados en su momento a los oficiales reales por mediación de don Francisco de Balcázar.14

Adicionalmente, la mentalidad de Judas presentaba características muy propias del criollo de su época. Hombre medianamente informado y acérrimo enemigo de los peninsulares, a más de alguno llegó a tratar a guantadas en Buenos Aires; gustaba cuestionar la pretendida superioridad cultural de los advenedizos, si traemos a colación el discurso que lanzara a un alcalde ordina-rio, baturro peninsular azotador inclemente de esclavos. Sin embargo, nuestro fullero no era ideólogo o un ciudadano consciente, ni mucho menos: no defen-día programa político alguno, su actitud más bien respondía al desparpajado estilacho criticón, amigo de novedades y bastante ecléctico, al que ya hacía referencia José María Mariluz Urquijo.15

Aspecto que no debe quedar fuera de nuestra reflexión es el combativo uso que el papelero peluquero hizo de su escritura, pues no dependía de nadie para lanzar invectivas sobre cosas ciertas o falsas a varios de los vecinos de Cochabamba, La Plata y Potosí, especialmente a aquellos que desempeñaban alguna función para el rey. El alcalde del segundo voto de La Plata, en 1796 fundamentaba en parte la pronta ejecución del destierro decretado contra Judas porque se demuestran el genio insolente “que olvidado de arreglar sus reprobadas operaciones”, de éste, y procedimientos escandalosos, ha tomado a su cargo celar la conducta de los magistrados en todo el tiempo que, aban-donando a su mujer residente en la ciudad de Buenos Aires, se condujo a los lugares de Cochabamba, Potosí y esta ciudad; por lo que a fin de evitar el mal

14 ABNB. EC 1792-73. Recurso de Judas Tadeo Andrade..., fo. 14v. Los interroga adicio-nalmente acerca de la calidad de personas de honor, a este Balcázar y su hermano don Bue-naventura López Balcázar, ministros que fueron de justicia, y testigos presenciales de todas sus quejas expuestas en un borrador. Hace lo mismo respecto de la autenticidad de las firmas estampadas en documentos anexos.

15 Mariluz Urquijo, José María, El virreinato del Río de la Plata en la época del marqués de Avilés (1799-1801), Buenos Aires, Plus Ultra, 1988, pp. 471 y 472.




ejemplo y desorden que ocasiona en el público con las sediciosas expresiones que vierte contra los jueces que lo gobiernan...16

Don Gunnar ya había hecho alusión a la acendrada afición de nuestro reo por elaborar pasquines satíricos, costumbre muy en uso por la región durante aquellos años, ganándose la animadversión de las autoridades,17 y segura-mente la simpatía del populacho. Efectivamente, el fullero porteño concebía un largo y barroco escrito combativo propio para cada ocasión. Afirmó haber hecho uno nada menos que de 29 capítulos —que se encontraba en el juz-gado del alcalde cochabambino del primer voto, José Montaño—, en el que daba cuenta de la corrupción en el manejo de la real hacienda y otros excesos en asuntos de justicia. Este tipo de actitudes parecía exasperar al máximo a las autoridades.18

Evaluando la documentación apelatoria de Judas, ha sido ubicado social-mente en la capa media baja de la sociedad charqueña y como fiel repre-sentante “del estado de ánimo del hombre común de entonces en las áreas urbanas”, es decir, de la gente “de abajo”, prototipos “del alma del pueblo”. Refiriéndose a los escritos del sangrador, Mendoza apunta que tenía una bue-na versación básica y que manejaba la pluma mejor que muchos doctores contemporáneos... y esta inquietud intelectual trasciende muy por alto la ba-rrera de su clase. Su experiencia carcelaria cochabambina revela que para entonces ya había afinado una experimentada astucia de legista autodidacta y así se da el lujo de enmendar la plana procedimental a uno de los alcaldes ordinarios llamándolo “ignorante” juez; de defender públicamente en la cár-cel al esclavo azotado citando la cédula real que prohibía esos castigos; de observar las “desarregladas providencias” de Viedma y señalarle las rutas legales derechas y de jactarse de que para hacer sus alegatos no se había va-lido de ningún abogado.19

Por escasez de más fuentes tampoco quedan suficientemente claras las razones del encarcelamiento de Judas en Cochabamba más que lo informado por el propio tahúr en Potosí hacia 1799. Parece ser que la razón principal se

16 AGNA, Causa que se sigue..., La Plata, 21 de enero de 1796.17 Mendoza Loza, Gunnar, op. cit., p. 537.18 ABNB. EC 1792-73. Recurso de Judas Tadeo Andrade…, fo. 4. Justo en esa ocasión, el

gobernador Viedma mandó a Marcos Aguilar, escribano público, ocultara el escrito en cues-tión, además de ordenar la aprehensión de don Manuel Parrilla, alguacil mayor, por haber per-mitido a Judas escribir los capítulos referidos. El arresto fue ordenado el 9 de julio de 1790, y precisamente al día siguiente en que se hizo la pública visita, informó el escribano Aguilar ser la letra del escrito perteneciente a Pedro Sayavedra, igualmente preso, a quien el gobernador “amagó terriblemente y apercibió de no tomar en lo sucesivo la pluma en defensa de Judas”.

19 Mendoza Loza, Gunnar, op. cit., p. 545.




debió a un asunto de alquileres, pues el reo ejercía sus oficios de barbero san-grador en cierta casa que, según afirmaba, fue equipada con las aportaciones de varios vecinos que colaboraron con cuatro y cuando menos con dos pesos para ese propósito. Justo en esa casa fue aprehendido el apelante y quedó abierta la morada cuando fue llevado preso. Dicho local era posesión de don Juan Carrillo, a la sazón alcalde ordinario.20 Asimismo, parece que el haber golpeado fuertemente a un aprendiz suyo fue otra de las razones del interna-miento de Andrade. Las cosas comienzan a complicársele aún más estando en prisión, pues según su propio testimonio fue acusado de la muerte de cierto criado del alcalde ordinario Montaño, llamado o apodado Picho, cuando, se-gún Andrade, el deceso había sido fingido con la sola intención de incrimi-narlo y hacerlo permanecer tras las rejas frecuentemente acusado de locura.21

En agosto de 1791, habiendo pasado 900 días recluido en la cárcel de Co-chabamba, fue sacado de allí y conducido a la de la Audiencia de La Plata. “Unas trompadas al alcaide fueron el pretexto para que Viedma le pusiese la pena de destierro de dos años en el presidio de Montevideo”. En tanto la audiencia revisaba su apelación, desde el encierro presentó su interrogatorio con las láminas a él agregadas, caso sin precedentes en la historia judicial chuquisaqueña. Ahora sabemos que la audiencia efectivamente confirmó en todas sus partes la sentencia de destierro pronunciada por Viedma, dictándo-se resolución en segunda instancia el 12 de septiembre de 1791.22

La proverbial lentitud de la justicia seguramente fue la razón de que Judas permaneciera en la región por muchos años más pese a su sentencia de des-tierro, lo cual sabemos a partir del proceso que interpone el mismo intendente Viedma contra Andrade ante la Audiencia de Charcas, en junio de 1794, “por insultos que le tiene hechos”. No se explica por qué, habiéndose confirmado

20 ABNB. EC 1792-73. Recurso de Judas Tadeo Andrade…, fo. 1v.21 Idem, fo. 3v. Siendo Montaño parte interesada en su causa y simultáneamente juez, “en

público tribunal de visita” Judas lo recusó por los agravios que le resultaron del fingimiento de la muerte del criado, y porque “igualmente se acompañó este ignorante juez sin hacérseme saber, como correspondía aquella providencia”. En otras palabras, como juez lego, Montaño pidió ser acompañado por el asesor Eusebio Gómez García, a la sazón asesor letrado del inten-dente Viedma. Andrade recusó igualmente al letrado, acto que pagaría muy caro con torturas. La visita en que efectuó este acto procesal era conducida personalmente por el gobernador Viedma, quien en más de alguna ocasión manifestó querer “remitir mi persona al hospital de San Andrés de Lima, figurándome locura”.

22 AGNA, Causa que se sigue..., La Plata, 21 de enero de 1796. A fin de que “...sea con-ducido el mencionado reo en buena guarda, a costa de los caudales de propios, al gobierno de la villa de Potosí, por el que será remitido igualmente a la ciudad de Salta, y por éste al de Córdoba hasta ser puesto en la capital de Buenos Aires, a disposición del excelentísimo señor virrey, en la forma prevenida en el citado auto, con cuya justa providencia quedarán remedia-dos los males que enuncia dicho alcalde en su oficio...”.




la sentencia de destierro dictada por el gobernador y confirmada por el tri-bunal de alzada en 1791, tres años más tarde seguía Judas en Charcas insul-tando alegremente a Viedma, sin que aparentemente se hubiera ejecutado tal pena. Pudo haber ocurrido, teniendo en cuenta los datos que Andrade expuso más tarde en Potosí, que entre 1791 y 1794, el barbero hubiera sido enviado y permanecido un tiempo en el presidio de Montevideo, incluso preso luego en la cárcel de Buenos Aires, y haber regresado con renovados bríos a su com-bativa vida de rufián en el Alto Perú en 1794, o poco antes, pues tiempo de sobra hubo para que hiciera el viaje de ida y vuelta. El caso es que en 1796 “reaparece preso en la cárcel de La Plata, de donde se fuga, y, recapturado, se le conduce «a su destino»”, sin quedar suficientemente claro si se trataba de Montevideo o Buenos Aires, pero mientras más lejos mejor23 porque, en esa ocasión, las autoridades estaban muy dispuestas a librarse de Judas para siempre, y Victorián de Villava, fiscal de la audiencia, a petición del alcalde ordinario de La Plata instaba a su urgente y pronto destierro. La animadver-sión hacia el reo que sentían el alcalde y el fiscal Villava fue secundada por el intendente de Chuquisaca, en oficio del 15 de febrero de 1796 remitido al gobierno de Potosí, avisándole que en acatamiento a lo proveído por la au-diencia enviaban a Judas —aquella impresentable papa caliente— a la Villa Imperial, remitiéndolo custodiado de soldados veteranos a fin de prevenir cualquier desaguisado con personaje tan imprevisible, para que fuese condu-cido a Buenos Aires: “Por nuestra parte cumplimos puntualmente remitién-dolo aprisionado y con guarda de soldados veteranos; y no dudamos que la integridad de usía hará lo mismo, para que cuanto antes se vean estos lugares libres de un sujeto de su malignidad”.24

Como se comprenderá, Andrade, no obstante su talante decidor y belige-rante, nunca fue personaje destacado en el mundo de su época, sino más bien representante de algunos sectores de la población criolla anónima, pasajero frecuente en el ambiente carcelario. Por lo mismo, no había sido tratado por la historiografía antes del citado artículo de Gunnar Mendoza, salvo por una excepción, la de Mariluz Urquijo, que le ha dedicado algún parrafito a nues-tro peluquero, a quien encuentra documentalmente en Potosí, años después de los hechos de Cochabamba, y lo describe agudamente, como hombre des-equilibrado.25 Respecto a lo político, Mendoza plantea que no sólo se trataba

23 Gunnar Mendoza Loza, op. cit., p. 544.24 AGNA, Causa que se sigue..., La Plata, 15 de febrero de 1796. 25 Mariluz Urquijo, José María, op. cit., pp. 497 y 498n. Mariluz informa que la carta de

Judas fue fechada en un sitio llamado Yavi, el 24 de febrero de 1800. “En 1800 Judas Tadeo Andrade, que se auto intitula «vigilante y fiel espía del Estado», pone en conocimiento de Avilés que un volatinero francés llamado Juan venía desde el Alto Perú en dirección a Buenos




de un hombre que acumulara conocimientos, sino que además muestra tener conciencia política de pertenencia a la comunidad y asumir su condición de ciudadano.26 Pero Judas —como era conocido en los últimos años del siglo XVIII, por el vecindario de la Villa Imperial de Potosí—, perdería definiti-vamente su beatífica “aureola” cuando ejerció en ese lugar aparente y única-mente el oficio de peluquero, manteniendo su local y domicilio en la calle de las Mantas. Es decir, a pesar de las denodadas providencias adoptadas por el alto tribunal de Chuquisaca, así como por el intendente y alcaldes ordinarios de La Plata, inexplicablemente Andrade seguía en Potosí tres años más tarde, libre como el viento y sin que al parecer se le hubiera remitido definitivamen-te a Buenos Aires de donde había salido, para quedar bajo la custodia del vi-rrey. Estamos hablando de 1799 cuando fue procesado por desflorador de una niña, “mulata trigueña”, llamada Casimira Carmona, de tan sólo doce años, hija de Toribia Bermúdez, quien había sido cocinera de Andrade.27

v. la cárcel y los ProcedIMIentos crIMInales

Otra veta rica de información histórica que ofrece el interrogatorio y litigio de Judas Tadeo es sobre la institución carcelaria y el procedimiento criminal vigentes en Cochabamba a finales del siglo XVIII. Nos ocuparemos a partir de ahora de ambos temas, comenzando por el sistema de reclusión. Abelar-

Aires sembrando peligrosas ideas en su tránsito «con desdoro de la Majestad Católica y de los sagrados ritos». En su peregrinaje por las postas de la Carrera altoperuana había justificado la ejecución de Luis XVI por las tiranías a que sometía a sus vasallos y en sus conversaciones hacía citas de «Boltier». Según el mismo informante, había participado también en la divul-gación de esas especies otro extranjero llamado Santiago, que se detuvo en Potosí... Andrade había estado preso el año anterior en Potosí en averiguación de un feo delito y por sus car-tas parece estar algo desequilibrado pero aunque sus acusaciones fueran falsas o exageradas siempre queda en pie su propia cita de Voltaire”.

26 Mendoza Loza, Gunnar, op. cit., p. 545. “...y supo defender hasta el sacrificio sus pro-pios derechos y los de la colectividad, de sus compañeros de desgracia y de prisión —«estos miserables encarcelados abandonados y envejecidos, ocho, nueve, diez años y toda su vida»— y de los esclavos. Literalmente aplastado en el suelo por el embate de fuerzas incontrastables, todavía se yergue para escupir su protesta y si bien sus torturas le arrancan ayes lastimeros, más puede en él su don de entrega al martirio, que quizás emerge del abismo de una constitu-ción masoquista pero también está en el temple del héroe y en la aureola del santo”.

27 AGNA, Causa que se sigue..., Potosí, 26 de agosto de 1799. No es preciso meterse en explicaciones minuciosas sobre el caso, baste decir que entre las ocho y las nueve de la ma-ñana del 26 de agosto de ese año, invitando a la pequeña a tomar un pocillo de chocolate, la hizo entrar en sus aposentos y allí aprovechó la situación para violarla, “a fuerza de mucha violencia”. Delito y circunstancias que fueron dictaminadas por el médico de la ciudad, así como reconocidas y confesadas palmariamente por nuestro locuaz tahúr.




do Levaggi propone que los expedientes criminales, como el que nos ocupa, deben ser tomados como fuentes de primer orden en ese tipo de estudios. Estamos ante una institución que no fue igual del todo a la que se conoce contemporáneamente, puesto que

las dos aplicaciones principales que tuvo históricamente la cárcel fueron: como lugar de detención o custodia de los encausados mientras se desarrollaba el pro-ceso y esperaban la sentencia; y como pena que debían sufrir los reos declarados tales. Ambas se conocieron en América, más con un notable predominio de la primera.28

La mayoría de las cárceles coloniales eran por excelencia establecimien-tos dependientes de los cabildos, porque todo municipio que se respetara debía contar con la suya propia, en apoyo a las funciones judiciales. Felipe II impuso que en cada ciudad o villa de las Indias existiese una cárcel,29 y como las casas consistoriales fueron la sede de los gobiernos locales, co-múnmente las cárceles estaban situadas en los mismos edificios. Las casas capitulares solían ser de dos plantas, en la baja se construía la regularmente apestosa e insalubre cárcel y en la planta alta funcionaba la impregnada ad-ministración municipal.

La extrema precariedad de la cárcel que alojó a Judas por tres años queda reconocida incluso por el intendente Viedma, que se vio obligado a proyectar un remozamiento general del recinto cochabambino. Informó a la sazón que la población de reclusos había sido mudada provisionalmente al antiguo colegio de los jesuitas, en tanto se efectuaban las obras. Resulta significativo que los edificios abandonados por aquella congregación, tras ser expulsada del nue-vo mundo, fueron utilizados como cárceles en muchas ciudades coloniales.30 Los gastos para la iniciativa del gobernador intendente fueron sufragados por

28 Levaggi, Abelardo, “Introducción al régimen carcelario indiano rioplatense”, en Dere-cho y administración pública en las Indias Hispánicas. Actas del XII Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano, t. I, Cuenca, España, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2002, pp. 912 y 913. Admitida la prevalencia de la cárcel-custodia no hay que des-cuidar sus demás funciones, y esto nos conduce a tener en cuenta que el carácter compulsivo de la institución carcelaria del periodo indiano no se circunscribía al recinto donde se recluía a los reos, sino que se materializaba en otras medidas de apremio, por ejemplo, para toda clase de deudores morosos.

29 Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, Madrid, Consejo de la Hispanidad, 1943, libro VII, título VI, ley 1.

30 En San Miguel de Tucumán y en Santa Fe, por ejemplo, el antiguo colegio fue utilizado muchos años como cárcel. Cfr. Levaggi, Abelardo, Las cárceles argentinas de antaño (siglos XVIII y XIX). Teoría y realidad, Buenos Aires, Villela Editor, 2002, pp. 119 y 122.




los vecinos e incluso por la audiencia de La Plata.31 Y, sin embargo, Judas no mentía al denunciar las inhumanas condiciones de los reos, su interrogatorio deja entrever esta mudanza a una cárcel antigua y abandonada, “sepultura de hombres vivos”, que seguramente era el antiguo colegio de los jesuitas, aunque nuestro barbero impregna de cierto dramatismo el hecho, según su estilo.32

A pesar de las características arquitectónicas y de ubicación más o menos generalizadas en las cárceles indianas, en cierto modo cada una era diferen-te a las otras, lo que se pone de relieve cuando se analizan las posibilidades económicas de cada villa, las modalidades de los calabozos, el aposento de los reos en capilla o en vísperas de ejecución, cámara de tortura, patios, capi-llas y comunes, entre otros espacios. También había contrastes en lo referente a dormitorios de los carceleros, comedores, y en algunos casos en lo tocante a la separación de los presos, de acuerdo con su sexo, posición económica, raza o naturaleza de las causas que se les seguían, ya fueran civiles o crimi-nales. Además, en aquellos tiempos se suponía que las personas de calidad o la nobleza debían ser recluidas, llegado el caso, en recintos separados de la broza social. Pero dado que era difícil construir y mantener una cárcel con las mínimas condiciones deseables, estos recintos de privilegio no fueron frecuentes.33

31 Viedma, Francisco de, Descripción geográfica y estadística de la provincia de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Los Amigos del Libro, 1969, p. 43. “En un ángulo de la plaza están las casas capitulares: son reducidas y están muy deterioradas. En los bajos se halla la cárcel que ha sido preciso mudar a una de las viviendas interiores del expresado colegio de los extinguidos, hasta que se reedifique y repare la otra: cuya obra se principió por el mes de junio del año anterior próximo, con el sobrante de los propios de esta ciudad, y contribu-ción del vecindario; para cuyo fin se ha facultado a este gobierno por la Real Audiencia del distrito, en un auto de 26 de enero del mismo año. Se halla sacada de cimientos, y parte de sus paredes hechas: con este auxilio tal vez podrá concluirse en el presente año”.

32 ABNB. EC 1792-73. Recurso de Judas Tadeo Andrade…, fo. 5v. El peluquero informa que el día de la visita, el 24 de diciembre de 1790, un esclavo se querelló ante el goberna-dor quejándose del extremo castigo y los efectos que le habían resultado de los azotes que le propinara su amo el alcalde Montaño; jueces, escribanos y procuradores del tribunal de visita, consideraron entonces que Judas había sido el instigador para que el esclavo azotado presentara querella por los hechos, de tal suerte que determinaron trasladar a Andrade para lo cual se mandó traer albañiles que arrancaran con barretas la cadena con que lo sujetaban a la sazón. En eso llegó don Antonio Aliende, juez, quien llevó una esquela de Judas para el gobernador además de interceder él mismo ante Viedma, movido por la piedad, para evitar el traslado de Judas.

33 Levaggi, Abelardo, Las cárceles argentinas..., pp. 117, 124 y 125. En Santiago del Estero, sin embargo, se proyectó en 1773 la construcción de una cárcel que tuviera aposento para reos españoles, y en Córdoba del Tucumán, hacia 1793, existían en la cárcel aposentos para “nobles




En las cárceles del virreinato rioplatense los recursos de los cabildos fue-ron por demás escasos para la atención de sus centros de reclusión. “Cuales-quiera que hayan sido la forma, dimensiones y número de las dependencias, todas las cárceles padecieron de precariedad y consiguiente vulnerabi-lidad”. Legislativamente se crearon distintos funcionarios para la gestión carcelaria, aunque resulta raro encontrar una cárcel virreinal con toda la plantilla. Se prescribía un alguacil mayor, teniente de alguacil, alcaide, y su teniente, carcelero, portero y guardia.34

Si bien la promiscuidad era un fenómeno que contribuía con muy poco para fomentar costumbres higiénicas y mantener niveles aceptables de com-portamiento, a ella se agregaba la actitud de los carceleros deshonestos que veían su trabajo como un negocio que podría ser muy redituable al medrar de muchas maneras con el desamparo en que permanecían los presos.35 Y ahora que tocamos la salubridad, podemos señalar que la de aquellas sociedades en lo general era muy deficiente. Las enfermedades fueron amenaza constan-te en las villas, las ciudades, el campo y qué decir dentro de las cárceles.36 En ese sentido, la “cruel peste” que refiere el intendente de Viedma haber azotado a Cochabamba durante el periodo de estudio, bien pudiera ser del padecimiento conocido como tabardillo o tifus exantemático, cuya aparición en la cárcel que albergó a Judas Tadeo queda enunciada por él mismo en uno de los pasajes de su interrogatorio, cuando el asesor del intendente, el doctor Eusebio Gómez García, como venganza por haber sido recusado por Andrade, le colocó dos pares de grillos en las piernas y lo puso en el cepo, compartién-dolo por mucho tiempo con Juan Flores, víctima terminal del tifus, que final-mente murió a poco tiempo. Judas afirmó haberse salvado por la asistencia que recibió de los vecinos de Cochabamba y de los presos, que en número de más de 70 estaban en la cárcel.37

El tabardillo tenía sitios y condiciones más favorables para sus terribles ataques. Se cebaba con frecuencia en los lugares de hacinamiento, por ejem-plo, corrales de vecinos, cuarteles, presidios y entre los pasajeros que hacían la carrera de Indias. También se le conoció como el tifus de los navíos, porque

y gente decente”, mientras que en La Rioja, a principios del siglo XIX se proyectaba la cons-trucción de espacios similares.

34 Levaggi, Abelardo, “Introducción al régimen...”, cit., pp. 914 y 915.35 Ibidem, p. 923.36 Ibidem, pp. 917 y 918. “El fantasma de la enfermedad, y aun de la peste, se agitó entre

esas paredes y llegó a causar estragos estremecedores. Sin necesidad de recibir la pena de muerte, muchos presos perdieron la vida a causa de la enfermedad contraída en la cárcel, directamente o por contagio”.

37 ABNB. EC 1792-73. Recurso de Judas Tadeo Andrade..., fo. 2.




se suscitaba con frecuencia entre los miembros de ejércitos y armadas. La cárcel de Cochabamba, y de hecho todas las de las colonias, concentraban aglomeradas poblaciones de seres humanos hacinados en malas condiciones de higiene conviviendo en un ambiente en que no faltaban ratas y otras pla-gas, todo infestado de piojos, principales transmisores del tifo.

Finalmente, por las noticias del interrogatorio de Andrade, sabemos que durante su estancia en prisión se presentaron tres fugas, aunque asegura no haber tomado parte en ninguna, antes se les opuso, inexplicablemente afir-ma haber ayudado a los carceleros a efectuar rondines en los calabozos, por lo que se ganó la animadversión de varios reos que conspiraban para asesinarlo.38

vi. de los torMentos y de las Penas

El tormento era en tiempos coloniales algo bastante normal, si bien no se aplicaba con la frecuencia que la literatura o la cinematografía han llegado a sugerirlo. Empero, el interrogatorio de Judas muestra que en Cochabamba su uso era bien extendido. Recordemos que el tormento no constituía una pena en sí misma sino un instrumento del que podía echar mano el juzgador para llegar a la verdad procesal. En otras palabras, se trataba de un medio perfectamente legal para la obtención de la reina de las pruebas, es decir, la confesión.39 Así que legítima alternativa para el juzgador era aplicar tormento al reo, y los usos procesales de la época legitimaban su ejecución, inclusive mediante las llamadas sentencias de tormento, especie de interlocutorias que tenían como finalidad conseguir la confesión del procesado aceptando su cul-pabilidad, o para poder averiguar la identidad de sus cómplices ciertos o fal-

38 Ibidem, fo. 6 y 13v. El barbero bonaerense expuso extrañamente que “constando de público hecho que en las tres fugas que hicieron los presos en los novecientos días que guardé de prisión, no sólo no me mezclé en ella, si antes me opuse arriesgando mi vida avisando al teniente de alguacil José Soria y demás miembros de su resorte (sic), como que estando las llaves de la prisión muchas veces en mi poder, tan lejos de quebrantar la clausura de dicha prisión, me preparé de armas ofensivas para rondar los calabozos en compañía del teniente alguacil y sus carceleros”.

39 Enciso Contreras, José, Procesos criminales ejemplares del Zacatecas colonial, Zacate-cas, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, 2004, pp. 35 y 36. Existen indicios de que en ciertas regiones de España se aplicaba con más frecuencia el tormento si compara-mos las cosas con el ambiente carcelario colonial. Esta conjetura se basa en las averiguaciones de Sánchez Tostado, quien ha escrito que “Llama la atención el hecho de que, aun en las más pequeñas, solía haber aparatos de tormento, tales como el potro, que era usado en las Audien-cias durante las declaraciones con el fin de obtener confesiones...”. Cfr. Sánchez Tostado, Luis Miguel, Historia de las prisiones en la provincia de Jaén. 500 años de confinamientos, presidios, cárceles y mazmorras, Torredonjimeno, Jabalcuz, 1997, p. 96.




sos.40 Es decir, el tormento no era una pena en sí misma sino un medio legal para obtener la confesión del reo. La naturaleza ideológica del tormento en-laza las causas seculares con las eclesiásticas, pues la confusión conceptual entre pecado y delito implicaba que el reo debía confesar sus faltas, es decir, reconocerlas para recibir la penitencia.41 A más de contar con amplio basa-mento legal y jurisprudencial, formaba parte consustancial de la ideología y tecnología de los juzgadores en el periodo que estudiamos, como elemento de seculares tradiciones doctrinales. Por ejemplo, la Política para corregidores y señores de vasallos, de Jerónimo Castillo de Bovadilla, recomendaba a los corregidores la adopción de una serie de medidas de “infraestructura”, y de mañas in procedendo en relación con el tormento, si es que se quería llegar lejos en la carrera judicial.42 Otro género de obras de carácter práctico, me-diante las cuales también se legitimaba el tormento fueron los formularios, es decir, colecciones de machotes y definiciones prácticas para el arte del procedimiento, destinados a facilitar el trabajo de jueces, abogados y escri-banos. Por ejemplo, la obra novohispana intitulada Libro de los principales rudimentos tocante a todos los juicios, criminal, civil y ejecutivo, año de 1764, encaja perfectamente en esta literatura jurídica en materia criminal del siglo

40 Tomás y Valiente, Francisco, El derecho penal de la monarquía absoluta (Siglos XVI, XVII y XVIII), Madrid, Tecnos, 1992, p. 158. El autor da a entender que en España esta fase no se presentaba en todos los procedimientos, y creemos que vale decir lo mismo para los procesos criminales en la América colonial.

41 Cfr. Eimeric, Nicolau y Peña, Francisco, Manual de los inquisidores, Barcelona, Much-nik, 1983, p. 242. En la parte del célebre Manual de los Inquisidores, intitulada “Cuestiones dimanantes de la práctica del Santo Oficio de la Inquisición”, se planteaba doctrinalmente la legitimidad de la decisión del juez para aplicar el tormento, reforzando así la doctrina —por llamarla de alguna forma— de esta práctica procesal ya instaurada con anterioridad al Manual, por el Papa Clemente V. Se permitía torturar al acusado que se contradecía en sus respuestas, no obstante que en su contra sólo hubiera testigo único, o también contra quien se hubieran acumulado uno o varios indicios graves. Se aplicaba igualmente al desgraciado que tuviera una sola acusación por herejía y contara en su contra con indicios vehementes, o a quien tan solo enfrentara en su contra meros indicios. Asimismo, se atormentaba a aquél sobre quien pesaran varios testimonios de cargo. “¿Que se alega testis unus, testis nullus? Esto es válido para la condena, no para la presunción. Por lo tanto, basta con un solo testimonio de cargo. Sin embargo, admito que un solo testimonio no tendría igual fuerza en un juicio civil”.

42 Castillo de Bovadilla, Jerónimo, Política para corregidores y señores de vasallos en tiem-pos de paz y guerra; y para jueces eclesiásticos y seglares y de sacas, aduanas, y de residencias, y sus oficiales; y para regidores y abogados y del valor de los corregimientos y gobiernos realengos y de las órdenes, t. II, Amberes, Casa de Juan Bautista Verdussen, 1704, p. 277. “Que la cárcel esté proveída de prisiones y de instrumentos para dar tormento... que en la cárcel haya un apartamento o cámara apartada y secreta para dar tormento donde no tengan entrada ni salida otras gentes más de las necesarias... así por el secreto de la declaración del reo... como por evitar injuria de que le vean desnudo y cómo le atormentan...”. Había que cuidar y proteger a nuestro supliciado, no fuera que más tarde se hablara mal de la casa.




XVIII.43 En él aparecía un formulario para la ejecución de tormento, en que se aconsejaba que con la debida anticipación y para deslindar todo tipo de responsabilidades, se advirtiera al reo que se procedería a aplicarle actos de tormento.44 Por el mismo Libro sabemos que, acto seguido a las diligen-cias de tormento, el justicia ordenaba a sus ministros sacaran al reo de la sala, le cortaran el pelo y lo desnudaran dejándole unos calzoncillos de lienzo, para que, una vez de regreso a la sala del tormento, un cirujano lo examinara y determinara “no tener ninguna causa que pueda impedir la tortura”.

El interrogatorio de Judas revela la existencia de recintos especiales para este tipo de diligencias en la cárcel de Cochabamba, utilizados cuando se es-peraba obtener la confesión de los reos. El carcelero Enrique Torres era feliz poseedor de una envidiable caja de herramientas ex profeso, lo cual quedó de manifiesto cuando por alguna razón huyó de la cárcel en junio de 1789, llevándose su “herramienta” de trabajo habitual compuesta de grillos, cade-nas y otros instrumentos muy propios de su oficio. A resultas de lo anterior, se habían suscitado fugas, inclusive de reos de muerte, que eran explicadas por quien fue el sucesor de Torres, un tal Joseph Soria, por la carencia de los bártulos que se había llevado su colega.45 Podemos decir que el instrumental clásico del tormento en el periodo colonial fue asaz variado y hasta ingenio-so, pero el potro, favorito del Santo Oficio de la Inquisición, llegaría a ser el artilugio más popular en estos menesteres.46

Otros artilugios de tormento estuvieron muy en boga en el ambiente judi-cial hispano de la época, como el cepo y los grillos a que hace mención el documento apelatorio de Judas. De alguna novedad resulta la platina a que se refiere nuestro preso, cuando informa que en julio de 1790, en visita de cárcel

43 Charles R. Cutter, en su “Estudio Preliminar” al Libro de los principales rudimentos tocante a todos los juicios, criminal, civil y ejecutivo, año de 1764, México, UNAM, 1994, p. 16. Cutter afirma que el autor del Libro de los principales... es anónimo, aunque analiza cier-tas pistas que lo llevan a suponer que lo fue el guipuzcoano don Ignacio de Zubia y Emalde, clérigo relacionado con las comunidades letradas, judiciales y académicas de la Ciudad de México, quien cayera en desgracia por ser acusado y condenado por los pecados de herejía y solicitación.

44 Ibidem, p. 47. “Y que si en ellos se le saltare algún ojo, quebrare hueso o pierna, tuviere efusión de sangre, mutilación de miembro o perdiere la vida, será de su cuenta y riesgo, y no de la real justicia que sólo pretende saber y averiguar la verdad...”.

45 ABNB. EC 1792-73. Recurso de Judas Tadeo Andrade..., fo. 8v-9.46 Cutter, Charles R., op. cit., p. 48. Se procedía a colocar convenientemente al reo en

aquel armatoste y, tras formularle el último requerimiento de confesión, entonces se comenza-ba a dar vueltas al tórculo cuantas veces fueran necesarias. La diligencia se cerraba, de acuer-do con el Libro de los principales rudimentos, de esta forma: “con lo que su merced dejando abierta esta diligencia para reiterarla cada que convenga, habiendo estado en ella tantas horas según lo manifestó un reloj que por su merced se puso para la ejecución...”.




realizada por Viedma, y como represalia por alguno de los múltiples escritos acusatorios de Judas, el gobernador mandó al alcalde ordinario Montaño y al asesor que ingresaran en el patio de la cárcel, y en su presencia, así como ante la de otros miembros del tribunal, mandó traer un herrero, “y pasando a la maniobra, mandando sacar mi persona de la cama, enferma, desnuda, en camisa y con unos grillos, los más pesados que se han visto, fue ceñido a raíz de las carnes, en mis débiles y adoloridas piernas, una plancha de fierro llamada platina, como se halla de manifiesto en la quinta lámina”. Durante veinte o treinta días el reo tuvo la platina puesta, la que le ocasionó daños físicos de consideración, pues al cabo de ese plazo, Joseph Soria, teniente de alguacil mayor, previniendo cualquier responsabilidad, pasó a casa del abo-gado de Judas para informarle del deplorable estado de salud de su cliente. A resultas de la certificación del cirujano, sin consultar con el juez acompa-ñado, el asesor Gómez García dispuso retirar la platina al peluquero porteño, sin esperar a que se lo solicitara el abogado defensor.47

Otra medida usual de tormento en Cochabamba fueron grillos y encadena-mientos. Como se advierte en la lámina 6, Andrade pasó sesenta días enca-denado a una pared por órdenes del gobernador, sin oportunidad siquiera de liberarse para hacer “sus extremas necesidades”. La cadena en cuestión fue mandada a hacer por el propio alcalde Montaño.48 Refiere adicionalmente el apelante que mientras permaneció encadenado a la pared, fue socorrido con limosnas, y que precisamente arriba de donde se encontraba sujeto, en el techo había una gotera, cuyas gotas caían sobre su cuerpo, siendo tiempo de aguas, “y dicha opresión aumentaba el tormento”.49

Cercanas al tormento por su brutalidad y terribles efectos sobre el cuerpo, estaban las penas físicas, como azotes o flagelación, cuya aplicación se daba con mucha frecuencia en la cárcel que le tocó vivir a Judas Tadeo. Ciertamen-te resulta impactante con tintes extemporáneamente feministas, la escena donde se describe a una mujer furibunda, recientemente golpeada por su ma-rido, desquitar con el favor de la justicia la ofensa, propinándole a su cónyuge tremenda tanda de latigazos en las partes pudendas; pero la verdad es que la

47 ABNB. EC 1792-73. Recurso de Judas Tadeo Andrade..., fo. 4. Don Miguel Cabrera, abogado de Judas, y don Joseph Caro, acudieron a la cárcel y constataron la gran hinchazón de los genitales de Judas, así como lo “inflamado del pecho por la mucha frialdad del fierro”, todo ello agravado con una antigua enfermedad del reo “contraída sirviendo sin interés al rey nuestro señor en la sublevación pasada”. Por otra parte, las cárceles españolas propiamente dichas contaban igualmente con grillos, cepos, candados y demás mecanismos de inmoviliza-ción corporal. Véase Sánchez Tostado, Luis Miguel, op. cit., p. 96.

48 ABNB. EC 1792-73. Recurso de Judas Tadeo Andrade..., fo. 4v.49 Ibidem, fo. 6.




práctica de azotes era algo muy ordinario en el medio judicial colonial, y no sólo de Cochabamba. Hacia el segundo cuarto del siglo XVIII las penas cor-porales basadas en azotes estaban muy generalizadas en el cono sur, al igual que en todo el mundo. Su uso proviene de muy antiguo y generalmente eran aplicadas para el castigo de penas menores o como medida correccional y disciplinaria. Los romanos usaban a discreción esta medida con sus esclavos. Enrique VIII, en Inglaterra, perseguía la vagancia mediante la llamada ley de azotes. La práctica seguía siendo muy extendida en la Europa ilustrada, y no declinaría sino a finales de esa centuria,50 sin que esto quiera decir que desapareciera del todo. El célebre utilitarista Jeremy Bentham, en su Lógica del castigo, elaborado hacia 1770 y publicado en 1830, llegó a criticar no el hecho de la flagelación en sí mismo, sino la inconsistencia de la pena, de tal manera que llegó a proponer el uso de cierto artefacto azotador, que homoge-neizara tanto la cantidad como la calidad de cada descarga sobre el cuerpo de los condenados.51 Detalle digno de consideración es que durante los si-glos XVI y XVII era muy raro el que se aplicara la flagelación como pena a españoles, pero por los datos aquí revisados, en el periodo que estudiamos parece que comenzaba a ser algo normal en la práctica judicial, habiéndose extendido a varios españoles de Cochabamba que llegaban a recibir no menos de 50 azotes, incluso sin haber mandato judicial para ello. El hecho de que esto sea mencionado por Judas como responsabilidad de sus perseguidores, confirma los casos.52

Otra medida punitiva, la verguenza pública, calificada como pena infa-mante, se aplicaba igualmente en los tiempos que estudiamos. El propio Ju-das Tadeo fue sacado de la prisión con esposas y grillos por las calles, para que fuera visto públicamente como reo, a lomo de un equino.53

50 Farringdom, Karen, History of punishment and torture, Londres, Chancelor Press, 2001, p. 112. Véase también Lyons, Lewis, Historia de la tortura. De los albores de la humanidad a nuestros días, México, Diana, 2003, pp. 85 y 87.

51 “De todas esas diferentes maneras de castigar, los azotes son las de uso más frecuente, aunque la ley escrita ni siquiera especifica las cualidades del instrumento. Y como el monto de fuerza por emplear en la aplicación queda a absoluta merced del ejecutor, éste puede vol-ver el castigo tan suave o severo como le plazca... El siguiente artefacto obviaría en parte tal inconveniente. Podría hacerse una máquina que pusiera en movimiento ciertas varas elásticas de bejuco o barba de ballena, el número y tamaño de las cuales podría determinarse por ley; el cuerpo del delincuente sería sometido al golpe de estos bastones, en tanto que el juez prescri-biría la fuerza y velocidad por aplicar. Se eliminaría de este modo todo lo arbitrario”. Jeremy Bentham. Ápud. Lewis Lyons, op. cit., p. 89.

52 ABNB. EC 1792-73. Recurso de Judas Tadeo Andrade..., fo. 6v.53 Ibidem, fo. 13v. Incansable y oportunista, Judas entregó un memorial al escribano pú-

blico Ángel Astete, que lo iba custodiando, el que recibió y leyó el escrito, cuyo borrador dice anexar al interrogatorio, que finalmente fue entregado al gobernador Francisco Viedma.




Por su parte, el garrote se fue consolidando poco a poco durante el siglo XVIII como el instrumento clásico para la aplicación de la pena de muerte, tanto en Europa como en España y las Indias. Tuvo su origen como resultado de la “evolución” de la pena de ahorcamiento que tradicionalmente se eje-cutaba mediante la simple colgadura del cuerpo del condenado atándole con una soga por el cuello. En los países europeos avanzó la idea de convertir la pena en algo más “benévolo” y creyeron alcanzar el objetivo con el uso del garrote, que de todos modos siguió aplicándose como una forma de muerte vil.54 Tal parece que la sola amenaza de dar garrote a los reos era un terri-ble medio de tortura psicológica agregado a los ya descritos en la cárcel de Cochabamba, donde por cierto debió haber existido un aparato de garrote, utilizado con cierta regularidad como en el resto de los establecimientos si-milares del mundo indiano. De esta existencia tenían certeza los presos, por lo que también era muy efectiva para el control de ellos la mera amenaza de su aplicación.55

La pena formal a que fue condenado nuestro apelante tras su padecer en Cochabamba fue la de cumplir con determinado tiempo en el presidio de Montevideo, el cual al parecer precisaba de mayores apoyos de hombres para labores de construcción y propiamente defensivas de la frontera con Brasil. Al cierre de la promoción en que Judas ofrece el interrogatorio que nos ha

Posteriormente, el 28 de mayo de 1791, en público tribunal de visita entregó en mano propia del gobernador un segundo memorial, cuyo borrador también dice adjunta al interrogatorio, para que sirvieran de elementos de prueba y para interrogar sobre ellos a los testigos; afirmaba que en este borrador se probaba la “mala versación” del gobernador y su asesor, quienes le habían imputado locura y falta de respeto, lo que según Judas no es más que amor y lealtad a su soberano.

54 Farringdom, Karen, op. cit., pp. 34 y 35. “Los primeros modelos de garrote eran simple-mente despiadados. Consistía en un poste recto taladrado con un agujero. La víctima, ya fuese de pie o sentado en un banco de madera, se ponía ante el respaldo que era el dicho poste atra-vesado por una cuerda, el ejecutor simplemente tiraba con fuerza y lentamente los extremos de la cuerda hasta ahorcar al preso. En diseños modificados se usó un palo para torcer y apretar las cuerdas. Modelos posteriores sustituyeron la cuerda por collares de hierro que llevaban adaptado un tornillo en el cuello para estrangular a la víctima. Más sofisticado fue todavía el garrote con dos anillos metálicos para el cuello. Un tornillo jalaba el cuello hacía atrás, hacía el poste, y el otro lo hacía adelante. Separando las vértebras y causando la muerte inmediata del reo. Otra variante empleó una lámina pequeña que cortaba la médula espinal. El garrote fue adoptado en España como el método por excelencia de tortura”.

55 ABNB. EC 1792-73. Recurso de Judas Tadeo Andrade..., fo. 3. A los 8 días de haberlo recusado, Judas fue conducido por el asesor Gómez García a otra celda “para reducirme al juramento que debe prestar el reo, observando los trámites del derecho,” pero se negó mante-niendo su recusación a los jueces. El asesor lo amenazó entonces con “la horrible y espantosa pena de garrote, y que entraría a un calabozo a dármela, si no le prestaba el juramento que solicitaba, mas con todo esto es constante no lo admití por juez”.




servido de fuente principal para este trabajo, en otrosí, aludió la sentencia de primera instancia que recayó sobre su causa. Pedía que de no proceder su recurso de apelación, se cumpliera con prontitud la sentencia combatida y fuera conducido al presidio al que se le condenó, cuyo costo se ofrecía a pagar él mismo en prueba de su sumisión a “los inviolables preceptos de vuestra alteza”; para ello, convenía en asumir con sus bienes los gastos que ocasionara su traslado, “sacándose en pública subasta los muebles que me reconocieron ser legítimamente míos... a fin de que no se perjudique el real haber...”. Daba a entender que de esa forma se libraría de permanecer en prisión indefinidamente.56

Existía tanto para las autoridades de justicia como para las carcelarias el deber de buen trarami a los presos, establecido desde antiguo, por ejemplo, en Las Siete Partidas, pero la realidad muestra que el precepto no siempre se llevaba al terreno de los hechos. Desde luego que esta obligación no eximía a los presos de ser eventualmente sujetos a medidas correccionales o de casti-go.57 Típica acción correctiva aplicada en la cárcel de Cochabamba fue la de correr la baqueta. Se conocía como baqueta, o pasar la baqueta, a la costum-bre de castigar a los soldados, que se ejercitaba colocando dos filas de ejecu-tores, una frente a la otra, a una distancia suficiente como para que pudieran pasar dos cuerpos uno al lado del otro; todos los miembros de la formación tenían en las manos varas, palos o arreos de montar; el reo desnudo del torso pasaba corriendo a toda velocidad entre ambas filas mientras recibía tan-tos golpes como se le pudieran asestar. Correr la baqueta formaba parte del sistema creado por los funcionarios de la cárcel de Cochabamba, tanto para corregir a los internos problemáticos como para hacerse de recursos económi-cos a costa de la población. En ese sentido, Judas acusó a su odiado enemigo Enrique Torres, teniente de alguacil mayor, de haber rondado y estafado a la población de Cochabamba durante los tres años que ejerció en su ministe-rio. El teniente la pasaba “conduciendo todas las noches copioso número de gente, y a la mañana siguiente daba soltura por lo que cada uno exhibía, sin más autoridad de juez que el aumento de su avaricia”. Quienes no pagaban el soborno eran mantenidos en prisión por el carcelero, utilizando testigos falsos y la protección del asesor, con quien compartía los beneficios. Los encarce-lados podían escoger entre ser aporreados por una fila de 80 o 90 hombres presos, o bien pagar por las buenas para evitarlo. Quienes escogían baqueta eran liberados quedando molidos a golpes.58 El encerramiento de personas

56 Ibidem, fo. 16-16v. 57 Levaggi, Abelardo, “Introducción al régimen...”, cit., p. 917.58 ABNB. EC 1792-73. Recurso de Judas Tadeo Andrade..., fo. 8-8v.




sin formárseles sumarios, según Levaggi, alcanzó el grado de “vicio” en esa época, sin otra razón que por mera corruptela,59 que se complementaba con otras estrategias con las que el personal carcelario aumentaba sus ingresos.60

vii. un Proceso Para Purgar la InocencIa

Una conclusión respecto al panorama procesal y carcelario que hemos des-crito hasta aquí pudiera ser que se presentaba un abismo entre las normas y lo fáctico, cuestión que ya han aludido con insistencia otros autores. Sin embargo, esa posición pudiera sugerir que las fallas del sistema se debían a las actitudes humanas, cuando realmente las propias reglas procesales confi-guraban un aparato de justicia manifiestamente represor, basado en el siste-ma inquisitivo; por lo que, teniendo en cuenta esta consideración, el abismo del que hablábamos parece no ser tan grande. En otras palabras, si el mundo procesal y carcelario presentaba en la vida real condiciones represivas en lo político y precarias en lo material, era porque en gran parte el sistema entero estaba diseñado precisamente para ello, en muchos casos incluso desde la propia voluntad del legislador.

Un aspecto que debe comentarse aunque sea de paso es el de la naturaleza del procedimiento criminal de la época. De manera general, los elementos distintivos del proceso penal castellano-indiano eran: a) falta de imparcia-lidad de los jueces, por ser casi siempre —salvo en las causas por quere-lla— los principales indagadores de los hechos, suministradores de pruebas al mismo tiempo, sobre cuyo contenido ellos mismos debían juzgar; su interés personal y económico orientaba el resultado de los fallos; b) el sistema de pruebas estaba orientado fatalmente a la demostración de la responsabilidad del acusado y no a su descargo. No existe presunción de inocencia para los reos, sino el principio de la reprochabilidad, es decir, culparlos presuntiva-mente desde el inicio mismo del procedimiento; c) la inferioridad y desven-taja procesal del reo, agravada por el esquema legal de valoración probatoria diseñado en su contra. De tal suerte que la confesión de culpa era prueba decisiva, mientras que el alegato reiterado de inocencia no tenía valor alguno para la absolución; d) “Reducción de las garantías procesales probatorias de

59 Levaggi, Abelardo, Las cárceles argentinas..., cit., p. 150.60 Ibidem, p. 183. Un José Levant reclamaba que su carcelero recibía dinero de los reos

a cambio de aligerar su situación y, por ejemplo, permitirles salir por las noches y quitarles los grillos, pero al no poder el quejoso darle lo suficiente, “no sólo no le quitó los grillos que llevaba, y le causaban terribles dolores, sino que se los puso más grandes...”.




la culpabilidad, como medio para facilitar la persecución y castigo de ciertos delitos”.61

Por otra parte, el excesivo margen para el arbitrio judicial ocasionaba: la indeterminación de las penas, incluso aquellas establecidas en la legislación; ausencia de justificación en la parte dispositiva de las sentencias, donde las referencias al derecho y el análisis de pruebas y hechos están definitivamente ausentes; la incontrolada libertad en la interpretación de la ley o su no apli-cación, conducía a la incontrolada instrumentación judicial de la doctrina de los autores o de las prácticas locales.

Asimismo, la confusa estructura de las instituciones judiciales motivaba frecuentes conflictos jurisdiccionales e imposibilitaban la rápida, limpia y desapasionada impartición de justicia.62

Aunque los requerimientos legales del proceso aparentemente fueran es-trictos, en los hechos su desarrollo se daba de manera muy elástica, lo que no significaba en manera alguna celeridad en el trámite.63 Todas las reglas del proceso y enfáticamente el sistema de valoración de las pruebas en las causas criminales de tiempos del absolutismo, estaba diseñado para apoyar las sen-tencias condenatorias de los procesados. Así las cosas, por lo menos siempre se tenían contra el reo pruebas semiplenas, de tal forma que las sentencias absolutorias durante el periodo en cuestión fueron rarísimas. Con Tomás y Valiente podemos decir que, si en alguna ocasión no se obtenían conclusiones probatorias suficientes, la ocasional absolución del reo debe explicarse más como el fracaso de la maquinaria judicial que como resultado de una estrate-gia de probanzas de descargo que esclarecieran su inocencia.64 Es decir, que si se absolvía a alguien debía ser por error.

Los documentos que estudiamos informan de muchos detalles que mues-tran la total desventaja de los reos en cuanto a sus posibilidades de defensa. Durante la visita de cárcel de mediados de noviembre de 1789, en que el go-bernador Viedma, al responder a una promoción de Andrade, mandó leer al escribano Marcos Aguilar una providencia, calificada por el reo como “desa-rreglada”, en la que se hacía nugatorio el derecho de Judas para defenderse directamente por sí mismo, el reo alegó haber sido privado de la pluma para ejercer su defensa por delitos que según él no había cometido.65 Las quejas de

61 Tomás y Valiente, Francisco, op. cit., p. 199.62 Loc. cit.63 Villalba Pérez, Enrique, La administración de justicia en Castilla y en la corte a comien-

zos del siglo XVII, Madrid, Actas, 1993, p. 90.64 Tomás y Valiente, Francisco, op. cit., pp. 180 y 181.65 ABNB. EC 1792-73. Recurso de Judas Tadeo Andrade..., fo. 9-9v. El auto del goberna-

dor establecía que: “Pase este escrito a mi teniente letrado y asesor ordinario que conoce de




los presos durante las visitas eran muy frecuentes, y tratándose de un escri-biente obsesivo y machacón de la talla de nuestro peluquero, las autoridades restringían el derecho de los presos con medidas drásticas. Las posibilidades de defensa de los internos se reducían al extremo, pues se llegaba a coartar la comunicación de éstos con sus defensores. Las órdenes del gobernador y su asesor dadas al teniente y verdugo Soria, sobre privar de la pluma a Judas, así como de buscar y deshacerse de cualquier escrito que se encontrara en los calabozos, todas se habían ejecutado:

por cuyo motivo se eternizaron muchos presos en aquella cárcel, escasos de toda defensa, como que no podían ni hallaban arbitrio para dar instrucciones a sus defensores; y que viendo yo que dicha determinación era contra el espí-ritu de las leyes y el derecho natural de las gentes, arbitré rasgarme las venas; y se hallan en las paredes de aquella cárcel esculpidas con la sangre de varias escudillas, que hallándome escribiendo el teniente de alguacil las arrojó arreba-tándomelas de las manos.66

La privación arbitraria del derecho de queja al reo, por medio de impedir-le la escritura de sus reclamos fue moneda corriente muy propia del periodo colonial.67 Judas imputaba el “nunca visto martirio de la cadena”, al que fue sometido por varios meses, a la necesidad que tanto el gobernador como el asesor sentían de impedir que el reo acudiera a la Audiencia de Charcas, a proseguir su causa en busca de algún amparo.68 La dilación y lentitud con que se llevaban los procesos solían exasperar los ánimos, y ante los reclamos de los afectados en las visitas, el gobernador, el asesor y los jueces se justifi-caban diciendo que las causas eran remitidas a la audiencia de Chuquisaca, donde se eternizaban: “y así, ocurrid allá”.69

Opinión generalizada sobre este sistema judicial, era que caer en sus ga-rras representaba verdadera tragedia, se fuera responsable o no de los delitos

la causa del reo que lo presenta, para que le nombre procurador y abogado que instruya sus defensas con arreglo a derecho; lo que así se le hará saber a dicho reo, a fin de que comunique al letrado que se le proveyere las instrucciones que convengan a su defensa, apercibiéndose se abstenga de presentar en este ni otro juzgado escrito que no venga firmado de dicho abogado que se le nombrare, bien entendido que no le serán admitidos en otra forma”.

66 Ibidem, fo. 14.67 Puede citarse al respecto el caso del maestre de campo Agustín Gómez Pacheco, en-

cerrado en la cárcel de Mendoza en 1779, que “fue privado de tinta y papel por orden del corregidor para que no pudiera comunicar su desgracia a las autoridades superiores...”. Cfr. Levaggi, Abelardo, Las cárceles argentinas..., cit., p. 183.

68 ABNB. EC 1792-73. Recurso de Judas Tadeo Andrade..., fo. 6.69 Loc. cit.




que se imputaran, ya que la mera secuela del procedimiento ocasionaba se-veros perjuicios en todos los aspectos de la vida de las personas, desde que-brantos a la salud y a la buena fama —cosa tan de primerísima importancia en ese tiempo, más de lo que hoy podemos imaginar—, hasta el serio menos-cabo del patrimonio. El mero hecho de estar sujeto a proceso era carga difícil de llevar en todos los sentidos, pues en sí mismo era equiparable a una pena, tal y como lo señalara el cabildo de Buenos Aires a comienzos del siglo XIX.70 Estar en la cárcel llevaba aparejados abundantes inconvenientes adicionales a los acarreados por la reclusión, como por ejemplo el abandono de la fami-lia, que ocasionaba consecuencias desastrosas. Muchas tragedias sucedieron con motivo de los prolongados encierros. Judas llegó a lamentar, no sabemos si con sinceridad, que su esposa e hijos estuvieran solos en Buenos Aires sin sustento ni apoyo económico, dedicados a la mendicidad. Abundaban en ese sentido los internos que se quejaban del abandono de sus familias, que que-daban en total desamparo.71 Estos inconvenientes se presentaron en todas las Indias. Nada menos que el virrey de la Nueva España, José de Iturrigaray, en-vió nota reservada a la sala del crimen de México diciendo que don Mariano Padilla continuaba en ilícita amistad don doña Joaquina Valderrama —mujer de un Teodosio Rafo, quien estaba confinado a presidio— a pesar de haber estado ya preso por esa misma razón; “y pedía se averiguara «con el mayor sigilo» lo que hubiese de cierto para proceder contra ellos. Efectivamente, Padilla y la Valderrama fueron aprehendidos en un cuarto de la calle Pila Seca y enviados a la cárcel de la Acordada...”.72

En pocas palabras, aunque el reo tuviera la rarísima fortuna de eludir una sentencia condenatoria y llegara a ser declarado inocente, las simples actua-ciones judiciales a que se veía sujeto eran tan molestas y temibles como los

70 La corporación se pronunciaba por construir una cárcel en mejores condiciones que la que tenían, argumentando que debía servir “para la retención de reos y no para castigo, como hablando en propiedad sucede con los miserables actualmente por el deplorable estado que tiene la cárcel”. Cfr. Levaggi, Abelardo, Las cárceles argentinas…, cit., p. 115.

71 Ibidem, p. 183.72 Lozano Armendares, Teresa, “Lo furtivo de los amores adúlteros”, en Aguirre Anaya,

Carlos, Los espacios públicos de la ciudad. Siglos XVIII y XIX, México, Juan Pablos-Gobierno de la Ciudad de México, 2002, pp. 203-206. Algo similar le ocurrió a don Juan Antonio de Co-vián, que fue preso por quiebra en la Ciudad de México, quien encomendó a su “amigo” Rafael Jiménez, “que cuidara sus negocios y su casa y éste tan cumplió al pie de la letra el encargo que se fue a vivir a la casa de la esposa doña Teresa de Acosta. Contaban los vecinos que Tere-sa y Rafael se comportaban públicamente «con actos que expresan el afecto e intimidad de los esposos, como salir juntos a caballo o a pie, aun de noche; van juntos a los toros; Rafael ofrece a Teresa cigarros encendidos y chupados y van del brazo por la calle». Llega incluso Rafael a usar la ropa del marido y guardar su caballo en la caballeriza del mismo”.




efectos de las lacónicas sentencias condenatorias. Por lo general, era seguro que el acusado permaneciera refundido tras las rejas por años mientras se desarrollaba su lerdo juicio, como lo denunciaron constantemente en España los procuradores a cortes. La contradicción principal de los juicios recaía entre los jueces, alguaciles y oficiales de la administración de justicia, todos juntos en contra del reo.

Lo de menos en muchísimos casos era el esclarecimiento de la verdad, la conse-cuente aplicación de la ley y la aceptación por el culpable de la justa condena. Lo decisivo era el interés egoísta de jueces y escribanos, y del lado de los cul-pados su astucia o picardía de profesionales de la delincuencia, o sus caudales, influencia en la corte y rango personal.73

La mejor alternativa para un acusado ante la temible amenaza de la má-quina judicial era desaparecer del paisaje, el poner mucha tierra o mar de por medio, lo que no propiciaba la suspensión de la causa, antes lo colocaba formalmente en mayor inferioridad de condiciones pues podía ser juzgado en rebeldía y en ausencia.74 John H. Parry ha escrito que en la Nueva Galicia, durante el siglo XVI, existen constancias documentales de cómo al ser arres-tados, algunos acusados lograban huir cuando eran trasladados a la cárcel, o incluso estando depositados en ella, para evitar “purgar su inocencia”, según la expresión muy en boga durante esos años en Guadalajara y su entorno.75

Podemos decir en suma que

Con un sistema procesal penal de estas características resultaba escasamente garantizada la justicia de las condenas penales. Más que seguridades para el reo inocente, el proceso penal ofrecía al juez amplios y cómodos medios para imponer castigos a los reos, aun a riesgo de que la culpabilidad de los mismos no quedase previa y totalmente demostrada. Proyección y complemento de una legislación penal muy dura, el proceso penal era instrumento tan policiaco como estrictamente judicial... Pero al legislador más que el justo castigo, le importaba el castigo mismo...76

73 Tomás y Valiente, Francisco, op. cit., p. 183.74 Recordemos que la Inquisición llegaba al extremo de ordenar la quema de la efigie

de los prófugos o hasta de los difuntos, para cumplimentar sus sentencias Cfr. García-Molina Riquelme, Antonio M., El régimen de penas y penitencias en el Tribunal de la Inquisición de México. México, UNAM, 1999, pp. 166 y ss.

75 Parry, John H., La audiencia de Nueva Galicia en el siglo XVI. Estudio sobre el gobierno colonial español, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán-Fideicomiso Teixidor, 1993, p. 234.

76 Tomás y Valiente, Francisco, op. cit., p. 200.




viii. Fuentes

De archivo

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Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. EC 1792-73. Recurso de Judas Tadeo Andrade, residente en Cochabamba, ante la Audiencia de Charcas para que se reciba información de testigos, según el interrogatorio y las lá-minas en colores que presenta, sobre diversos excesos del gobernador inten-dente y otros magistrados de esa provincia, La Plata, 1791.

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145

LES DEFENSEURS DANS L’ALGERIE COLONIALE: UN STATUT A LA FOIS CONTROLE ET CONVOITE (1830-1881)

Sonia Baï*

soMMaIre: I. Introduction. II. Le statut des défenseurs: d’une assistance informelle a un statut controle. III. Les defenseurs en Algerie: un monopole

a l’épreuve de l’assimilation?

i. IntroductIon

Acteur que l’on ne peut dissocier de l’administration de la justice coloniale al-gérienne, le défenseur, véritable intermédiaire entre le justiciable et le magis-trat, a joué un rôle prééminent dans les premières années de la colonisation. Cependant, l’historiographie de la colonisation algérienne ne présente aucune étude d’ampleur concernant leur statut. En effet, d’une part, les études por-tant sur l’Algérie ne font qu’évoquer le statut des défenseurs, à travers l’ana-lyse de la profession d’avocat.1 D’autre part, le seul article qui traite spécifi-quement des défenseurs adopte une approche transversale sur l’ensemble des colonies.2 Or, la richesse des sources juridiques imprimées, en particulier la jurisprudence et la législation algérienne, mais également les archives ma-nuscrites conservées au Centre des Archives d’Outre-Mer d’Aix-en-Provence (CAOM), invitent à un traitement particulier du défenseur algérien.

* Je ne saurais trop remercier ma directrice de thèse Florence Renucci et Sabrina Michel pour leurs relectures et observations sans lesquelles je n’aurais pu mener à bien ce travail de recherche.

1 Cfr. en particulier, Hamelin, Maurice, Les avocats aux colonies, Recueil Penant, 1914, pp. 33-40; Kralfa, Ataouia, La profession d’avocat en Algérie coloniale (1830-1962), Droit, Université de Bordeaux, 2016.

2 Durand, B., “Les avocats-défenseurs aux colonies. Entre déontologie acceptée et dis-cipline imposée”, in Durand, Bernard y Fabre, Martine, Le juge et l’Outre-mer-2: Les roches bleues de l’empire colonial, Centre d’histoire judiciaire éditeur Lille, 2004, pp. 119-150.



146 LES DEFENSEURS DANS L’ALGERIE COLONIALE...

Le domaine de la défense coloniale au XIXe siècle3 a été une des questions essentielles du système judiciaire algérien. Cette période marquée par l’ins-tabilité politique,4 est imprégnée d’une forte domination de l’exécutif français sur le pouvoir judiciaire, notamment à travers le rôle du gouverneur général. Par ailleurs, la pénurie du personnel judiciaire, l’importance géographique des territoires coloniaux5 et la composition hétérogène de la population6 sont autant de facteurs qui justifient l’adoption d’un système judiciaire original.

En effet, au XIXe siècle, en France métropolitaine, le justiciable, qu’il soit demandeur ou défendeur, est obligé de recourir au double ministère d’un avoué et d’un avocat.7 L’avoué est un officier ministériel nommé par l’Etat et titulaire de sa charge. Il rédige et fait signifier les actes de procédure et rem-plit les formalités nécessaires à l’instruction du litige. L’avocat, quant à lui, est chargé de conseiller son client et de plaider l’affaire. Cependant, la né-cessité pour le justiciable de se faire représenter par deux mandataires fut au fondement de nombreuses critiques à l’encontre du système français. Parmi celles-ci, il est reproché au système de la double représentation de multiplier outre mesure les frais de justice.8 Dans ces circonstances, la question de la défense a été particulièrement sensible dans l’Algérie coloniale.9

Ainsi, il a semblé nécessaire au législateur colonial, dans un pays où une société nouvelle venait s’établir, de créer les institutions manquantes et de

3 Plus précisément, l’époque, qui nous intéresse, est celle de la Monarchie de Juillet en 1830 aux débuts de la Troisième République vers 1885.

4 Le XIXe siècle est marqué par une instabilité politique en raison des changements de régimes constitutionnels. De 1830 à 1885, époque qui nous intéresse, il y a eu quatre régimes constitutionnels différents.

5 En 1835, la France n’occupe que six villes en Algérie soit Alger, Bône, Oran, Bougie, Mostaganem et Arzew. Ces villes se trouvent toutes sur le littoral mais ne sont pas reliées entre-elles.

6 Il s’agissait là d’une colonie de peuplement qui était donc composée de colons, d’euro-péens, d’israélites, et de ceux qui étaient appelés à cette époque: “indigènes”.

7 Avant 1791, les professions d’avocats et avoués étaient fusionnées. Les avoués ont été institués par la loi des 29 et 30 mars 1791 en vue de remplacer les procureurs. Ils sont, par la suite, devenus des officiers ministériels bénéficiant du monopole de la représentation.

8 Critiques très actuelles puisque la profession d’avoués a été supprimée par la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les Cours d’appel. Cette suppression fait suite aux préconisations du rapport “Attali” du 23 janvier 2008. Ce dernier estimait que la présence de ces acteurs était à l’origine d’une certaine lenteur de la procédure mais surtout d’un surcoût pour les parties.

9 L’invasion française de l’Algérie débute en 1830 avec la conquête d’Alger sous le règne de Charles X, mettant fin à une domination de l’Empire ottoman sur le territoire algérien de plus de trois siècles. De plus, par l’ordonnance du 22 juillet 1834, ”relative au commandement général et à la haute administration des possessions françaises dans le nord de l’Afrique” l’ ”ancienne régence d’Alger” devient une possession française.



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rendre facile l’accès aux tribunaux tout en mettant en place une “justice ex-péditive et prompte”.10 Dans ce but, il a voulu éviter les inconvénients de la défense métropolitaine en adoptant un système exceptionnel en cette matière. Il a, ainsi, simplifié autant que possible les règles de la procédure, restreint le nombre des formalités, abrégé les délais, et placé entre le justiciable et le juge un seul mandataire, réunissant les doubles attributions de l’avoué et de l’avocat, le défenseur.

Toutefois, cette approche n’est pas aussi originale que cela n’y paraît. En effet, il n’est pas inutile de rappeler qu’au lendemain de la Révolution de 1789, la profession d’avocat en métropole a été au cœur de grands boulever-sements de la Justice.11 La suppression de l’ordre des avocats12 au profit de la mise en œuvre du principe de liberté de la défense a donné naissance à “des défenseurs officieux”.13 Dans cet esprit, l’assistance de cet acteur était facul-tative afin de préserver au mieux la liberté de chacun de recourir ou non à un défenseur.14 C’est à partir du Consulat que l’avocat fait son retour au prix de sa liberté et de son indépendance. En effet, Napoléon, dont l’aversion envers les avocats était connue de tous, avait déclaré: “je veux qu’on puisse couper la langue à un avocat qui s’en servirait contre le gouvernement”.15 L’avocat, longtemps placé sous la tutelle du pouvoir qu’il soit politique, impérial ou

10 “Rapport du Procureur général sur l’organisation des défenseurs en Algérie adressé au gouverneur général, Alger, le 17 mars 1848”, F, 80, 1619, n°307.

11 Cfr. par exemple: Derasse, N., La défense dans le procès criminel sous la Révolution et le Premier Empire (1789-1810): les mutations d’une fonction et d’une procédure, thèse de docto-rat, Lille II, 1998; Ozanam, Y., Les avocats parisiens dans le premier tiers du XIXe siècle: Entre passé et présent, la recherche d’une identité collective, In Élites et sociabilité au XIXe siècle: Héritages, identités. Publication de l’Institut de Recherches historiques du Septentrion, Ville-neuve d’Ascq, 2001; Leuwers, H., L’invention du barreau français, 1660-1830. La construction nationale d’un groupe professionnel, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2006.

12 L’Ordre des avocats est supprimé par le décret des 2-11 septembre 1790. Il n’est rétabli que par le décret du 14 décembre 1810. Le vocable même d’ ”avocat” disparaît au profit du principe de liberté de la défense. Toutefois, est offerte au justiciable la possibilité de faire appel à un défenseur officieux s’il le souhaite.

13 L’article 60 du décret des 19-22 juillet 1791 dispose: ”Il ne sera fait aucune autre pro-cédure, sans préjudice du droit qui appartient à chacun d’employer le ministère d’un défenseur officieux” (Titre II, article 60 dans Duvergier, J.-B., Collection complète des lois, décrets et avis du Conseil d’Etat, Paris, t. 3, en particulier p. 126).

14 L’article 14 du décret du 16-24 août 1790 dispose: “en toute matière civile ou crimi-nelle... tout citoyen aura le droit de défendre lui-même sa cause, spot verbalement, soit par écrit” (Titre II, art. 14 dans Duvergier, J.-B., op. cit., tome premier, p. 313).

15 Lettre du 7 octobre 1804 de Napoléon 1er adressée à Cambacérès, in Correspondance de Napoléon 1er, t. X, Paris, Imprimerie impériale, 1862, p. 15.




royal, ne se réapproprie son indépendance à travers le rétablissement du bar-reau qu’en 1830 (date du début de la conquête algérienne!).

Ainsi, dans une Algérie où des hésitations subsistaient quant à son sta-tut colonial, il a été décidé de ne pas appliquer l’ordonnance du 27 août 183016 permettant à tout avocat inscrit de plaider devant tous les tribunaux du Royaume. Assurément, l’avocat métropolitain, considéré comme trop in-dépendant, a été exclu de la justice coloniale en Algérie, dite justice “à l’es-sai”.17 En pratique, cette exclusion a laissé libre place aux défenseurs de ma-nière officieuse avec la complicité des juridictions. En effet, la jurisprudence du Tribunal Supérieur d’Alger a, à de nombreuses reprises, affirmé l’interdic-tion à la partie de se faire présenter par un mandataire dès lors qu’il ne s’agit pas d’un défenseur. En témoigne l’arrêt du 4 décembre 1835 dans lequel le tribunal considère qu’

A défaut de promulgation dans les possessions françaises du nord de l’Afrique de l’ordonnance du 27 août 1830 sur l’exercice de la profession d’avocat, les tribunaux ont, conformément aux prescriptions de l’ arrêté du 27 janvier 1835, le devoir d’interdire, même d’office, la parole à toute personne qui, n’étant point partie intéressée dans une contestation ni pourvue du titre de défenseur, se charge de représenter autrui comme mandataire habituel et autrement qu’à titre officieux et gratuit.18

De ce fait, seuls les défenseurs ont qualité pour plaider, conclure, faire et signer tous les actes nécessaires à l’instruction des causes civiles ou commer-ciales jusqu’au jugement définitif. Ce nouvel acteur en se voyant chargé non seulement de la plaidoirie mais également de la postulation s’est donc vu at-tribuer de très grandes responsabilités. Cela explique l’abondance des textes législatifs délimitant les contours de cette profession en Algérie après qu’elle ait été reconnue officiellement. Ainsi, la figure du défenseur en Algérie est étroitement liée au contexte colonial: office d’abord informel puis légalisé et étroitement contrôlé (I), il est rapidement convoité jusqu’à ce que les dyna-miques d’assimilation institutionnelles aient finalement raison de lui (II).

16 Duvergier, J.-B., Collection complète des lois, décrets et avis du Conseil d’Etat, Paris, tome trentième, en particulier pp. 132 et s.

17 Durand, B., “Originalité et exemplarité de la justice en Algérie (de la conquête à la Seconde Guerre mondiale), Histoire de la justice 2005/1 (N°16), p. 47.

18 Trib. Sup. Alger, 19 décembre 1835, Bulletin Judiciaire de l’Algérie, Jurisprudence al-gérienne de 1830-1876, 1835, p. 18 confirmé par l’arrêt suivant: Trib. Sup. Alger, 4 décembre 1837, Bulletin Judiciaire, op. cit., 1837, p. 13.



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ii. le statut des deFenseurs: d’une assIstance InForMelle a un statut controle

Au lendemain de la prise d’Alger, les prémices d’une organisation judiciaire se mettent en place notamment avec la création d’un Tribunal supérieur à Alger, et de tribunaux de première instance par l’ordonnance du 10 août 1834.19 Pourtant, la question de l’assistance du plaideur est laissée en sus-pens: ni la postulation ni la plaidoirie ne sont encore évoquées. Priorité est accordée à l’organisation juridictionnelle, pour le moins désordonnée, durant cette période.20 Toutefois, des agents d’affaires officieux, les défenseurs21 se chargent d’assister et de représenter les justiciables (A). Ces derniers, igno-rés par le législateur, se sont vus octroyer un rôle semi-officiel d’avocat par certaines juridictions. Dès 1835, il est décidé au vu de leur responsabilité de les soumettre à un contrôle pointu exercé par l’exécutif (B).

1. La lente reconnaissance du statut de défenseur

Cette absence de réglementation concernant le statut de ces défenseurs a posé de nombreuses difficultés pratiques. C’est ainsi que le Conseil d’admi-nistration de la régence22 est saisi d’une requête formée par la famille Pacha à l’encontre d’un jugement de la Cour de justice en date du 9 juin 183223 qui les condamnait à payer au sieur Guérin Toudouze, “le défenseur”, la somme

19 J.-B., op. cit., 1834, en particulier pp. 211 et s.20 Les quatre premières années de la conquête algérienne marquent une organisation ju-

ridictionnelle lacunaire. En effet, le premier arrêté du gouverner à organiser la juridiction de droit commun en Algérie en date du 9 septembre 1830 instaure un tribunal spécial composé d’un président, de deux juges et d’un procureur du Roi, qui jugeait de toutes les causes civiles et criminelles, à l’exception des procès entre musulmans et israélites et de certains crimes et délits, réservés au conseil de guerre ou aux juridictions consulaires pour les étrangers. Ce-pendant, cette organisation trop rapide ne pouvait être satisfaisante. Ainsi, il y avait alors une coexistence entre plusieurs juridictions sans qu’il y ait un lien quelconque entre celles-ci. Les arrêtés du général en chef, assez nombreux, qui lui ont succédé entre 1831 et 1834 n’étaient guère plus satisfaisants. Celui du 16 août 1832, en prévoyant notamment le renvoi des accusés devant les juridictions de la métropole, alourdissait la procédure qui était d’une grande len-teur. L’attribution des compétences entre les différentes juridictions était mal définie. De plus, l’inflation législative était source de confusion.

21 Ils ne sont qu’une quinzaine en 1833. Beaucoup d’entre eux sont des avocats métro-politains.

22 Le Conseil d’administration de la régence, crée par l’ordonnance du 22 octobre 1830, est un organe administratif compétent pour traiter en appels des décisions de la Cour de jus-tice.

23 Cour de justice, 9 juin 1832, Bulletin Judiciaire, 1830-1848, p. 5.




de 1,587 francs et 75 centimes, correspondant au montant de ses frais et honoraires. La Cour de justice posait le principe que les tarifs établis en France étaient applicables à Alger. Le Conseil d’administration de la régence rejette ce principe et considère qu’ “aucun arrêté ou ordonnance n’a rendu applicables à Alger les tarifs de frais de justice établis en France au profit des officiers ministériels”. L’autorité administrative ajoute, dans un attendu de principe: “en admettant même que ces tarifs y soient applicables, ils ne pourraient être invoqués par celui qui n’a reçu de l’autorité aucune qualité officielle lui permettant de s’en prévaloir...”. Malgré l’absence de qualité of-ficielle d’assistance ou de représentation, elle admet tout de même un droit à une compensation financière “au défenseur”.24 Ce vide législatif que met en évidence cette décision du Conseil d’administration de la régence a été à l’origine de nombreuses incertitudes relatives à la nature de la question de la défense dans l’Algérie coloniale.25

Ce n’est que par l’ordonnance du 10 août 1835 que le législateur colo-nial légalise cette pratique officieuse. En plus de permettre l’application des règles de procédure commerciale en matière civile, l’article 62 de cette or-donnance déclare le Gouverneur compétent pour réglementer: “les conditions d’admission aux professions ou fonctions de défenseurs près les tribunaux, no-taires, huissiers, comissaires-priseurs, ainsi que les règles de discipline aux-quelles les individus qui les exercent sont assujettis”.26

Dans une colonie nouvelle où la recherche d’une organisation simple était présentée comme un but primordial à atteindre, le gouverneur général devait trouver le moyen de concilier les intérêts des justiciables et la nécessité de contrôler la profession de défenseurs. C’est ainsi par l’arrêté ministériel du 27 janvier 1835,27 modifié sur quelques points par celui de 13 juillet 1837,28 que les défenseurs sont reconnus officiellement. Ils sont nommés par le gou-verneur général, en nombre limité, et ont le monopole de la représentation des parties devant les tribunaux en cumulant le droit de postulation et celui

24 Ibidem, p. 5: “...eu égard à la nature de l’affaire, aux déboursés réels et aux soins du sieur Guérin Toudouze, et à défaut de convention expresse entre les parties sur le montant des honoraires qui devraient lui être allouées, la somme de 1.000 fr. à lui offerte par les héritiers Mustapha Pacha était évidemment plus que suffisante pour le couvrir de tous ses frais et l’indem-niser de toutes ses peines”.

25 Cfr. Ataouia, K., op. cit.26 Duvergier, J.-B., op. cit., tome trente-quatrième, en particulier p. 216.27 Franque, M., Lois de l’Algérie, du 5 juillet 1830 (Occupation d’Alger) au 1er janvier

1841, Bibliothèque Royale, 1844, année 1835, p. 214. 28 Ibidem, année 1837, p. 359.



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de plaidoirie.29 Il est, dès lors exigé que le défenseur présente des gages de bonne moralité mais aussi d’aptitude à exercer sa fonction.

Ainsi, en plus d’avoir atteint l’âge minimum de 25 ans, il doit avoir ob-tenu une licence de droit et justifier par attestation d’une bonne renommée pendant les dix ans qui ont précédé la demande. Celle-ci doit être délivrée soit par l’autorité administrative des lieux où le défenseur a successivement résidé soit par les tribunaux dans le ressort desquels il a exercé des fonctions ou une profession placée sous leurs surveillances. Il est également néces-saire d’effectuer au préalable le versement à la caisse des dépôts publics d’un cautionnement destiné à servir de gage aux clients dont il aurait à gérer le mandat.

Quid de la qualité d’officier ministériel du défenseur? La jurisprudence avait refusé d’octroyer la qualité d’officier ministériel aux défenseurs avant qu’ils ne soient reconnus officiellement en 1835. Après 1835, la qualité d’officier ministériel du défenseur algérien fait l’unanimité aussi bien pour le législateur que pour la jurisprudence.30

Aussi, le développement d’une profession libre et indépendante, à l’image de l’avocat métropolitain, était vu comme risquant d’entraver l’action ad-ministrative dans les colonies et notamment en Algérie. En fusionnant deux professions, d’une part, l’avoué, un officier ministériel nommé par l’Etat et titulaire de son office, et, d’autre part, l’avocat, profession indépendante, le législateur avait fait preuve de créativité. Le strict contrôle des défenseurs était donc justifié par des motivations politiques.31 Qui plus est, il ressort des correspondances entre le Ministère de la Guerre et le gouverneur général, la crainte de livrer une population considérée comme ignorante à des avocats peu scrupuleux. Et c’est aussi parce que le système judiciaire dans l’Algé-rie coloniale était un système “exceptionnel” que ces solutions avaient été choisies. Ainsi, ce qui ressort de la correspondance des hautes instances ad-ministratives algériennes est la nécessité de répondre au souci d’une ”bonne administration de la justice”.32 A titre d’exemple, dans une lettre du 17 mars

29 Cette règle exceptionnelle était notamment en vigueur en France avec certaines juridic-tions d’exception et celles d’Alsace et de Lorraine.

30 Citons, par exemple, l’arrêt de la 1ere chambre de la Cour d’Appel d’Alger en date du 10 mai 1848 qui assimile le défenseur à un officier ministériel (Cour d’Appel d’Alger, 10 mai 1848, Bulletin Judiciaire, cit., 1848, p. 11).

31 Cfr., par exemple, Durand B., “Les avocats-défenseurs aux colonies. Entre déontologie acceptée et discipline imposée”, op. cit., p. 122.

32 “Réponse n° 3808 à la dépêche sur l’organisation des défenseurs dans ses rapports avec l’administration de la justice du ministre de la Guerre adressée au gouverneur général, Paris, le 8 octobre 1846”, CAOM, F, 80, 1619.




1848 adressée au gouverneur général de l’époque, le Procureur général Al-phonse Gilardin considère que: “Si le vœu de l’assemblée législative venait à doter la colonie des mêmes institutions judiciaires que la mère partie, du même code de procédure, il n’y aurait plus de raison, je le reconnais, pour retenir dans les règles exceptionnelles l’exercice du droit de défense en Justice”.33

2. Une profession sous le joug de l’exécutif

Ce souci de “bonne administration de la justice”, sous le vocable duquel il faut entendre une justice qui ne s’oppose pas au déploiement administratif dans la colonie, se reflète également et surtout à travers le contrôle auquel les défenseurs sont soumis. Ainsi, en matière disciplinaire, ils sont placés sous l’autorité du gouverneur général, mais également sous la surveillance du Pro-cureur général d’après l’arrêté ministériel de 1841.34

Le terrain colonial algérien, dans les premières années de la conquête, était peu favorable à la transposition du système de défense métropolitain avec la coexistence d’avocats et d’avoués. Rappelons tout de même qu’il a fallu attendre 1830 pour que le barreau parisien ne soit rétabli soit cinq ans avant l’arrêté ministériel de 1835 organisant la défense en Algérie!

Ainsi dans un contexte colonial encore fragile, diminuer les attributions du gouverneur en conférant plus de libertés à une profession d’avocat jugée “dangereuse”, parce que trop indépendante, revenait à affaiblir les autori-tés. En l’absence de barreau, c’est donc aux autorités coloniales ainsi qu’au Procureur général que revient le rôle disciplinaire. Cela a été plusieurs fois mis en évidence par la jurisprudence, notamment par un arrêt du Tribunal supérieur d’Alger en date du 24 août 1836 où il est indiqué “qu’il résulte de l’ensemble des dispositions réglementaires qui sont en vigueur dans les posses-sions françaises du nord de l’Afrique, sur la discipline des défenseurs et officiers ministériels, que le gouverneur général s’est réservé, dans tous les cas, de sta-tuer sur leur suspension et leur révocation”.35 Ils sont ainsi compétents pour contrôler et sanctionner les défenseurs dès lors que la situation l’exige. Qui plus est, aucun recours n’est possible contre les décisions des autorités co-

33 “Rapport du Procureur général sur l’organisation des défenseurs en Algérie, Alger, le 17 mars 1848”, op. cit.

34 L’article 23 de l’arrêté ministériel de 1841 dispose: ”Les défenseurs sont placés sous la surveillance du procureur général qui prononce selon les cas, après les avoir entendus, le rappel à l’ordre ou la réprimande, et leur donne d’ailleurs les avertissements qu’il juge convenables... En cas d’urgence, et sur réquisition du Procureur général, la suspension est provisoirement pronon-cée par le gouverneur général, qui en rend compte immédiatement au Ministre”.

35 Trib. Sup. Alger, 24 août 1836. Bulletin Judiciaire, cit., 1836, p. 18.



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loniales en matière disciplinaire. Quelques exceptions demeurent contre les décisions du gouverneur général. Dans ce cas, le recours est porté devant le ministre de la guerre.36

Il a fallu attendre 1837, pour que les défenseurs se voient doter d’une chambre de discipline.37 Cette dernière est chargée de donner son avis en cas de plainte contre un défenseur, d’intervenir officiellement pour concilier tout différend, de représenter la corporation, et d’agir en justice pour défendre ses intérêts.38 Cependant, elle n’a aucune attribution disciplinaire ni réglemen-taire. Alors que les membres de cette chambre étaient élus par les défenseurs eux-mêmes en 1837,39 il est décidé en 1841,40 que ces membres —parmi lesquels figure un président— seront désignés par le Procureur général.41 Cette modification du mode de désignation des membres de la chambre de discipline n’est autre que l’expression d’une certaine méfiance de l’exécutif à l’égard de cette dernière. En effet, le Procureur général, en réponse à la demande de renseignement sur la chambre de discipline exigée du ministre de la Guerre datant du 11 décembre 1840,42 indique: “... je n’aurais qu’une assez médiocre confiance dans la consultation qui me seraient données par cette chambre sur les poursuites disciplinaires... les chambres de discipline se montrent peu disposées à provoquer pour favoriser la répression des abus qui leur sont signalés par le Parquet”.43 Propos à nuancer puisque le Procureur général se montre favorable au maintien de cette institution non pas pour ses

36 L’administration de la justice en Algérie relevait du ressort exclusif du ministre de la Guerre jusqu’à l’arrêté du 20 août 1848. Cet arrêté, en attribuant l’administration de la justice en Algérie au ministre de la justice, marque une plus forte assimilation du territoire algérien selon le modèle de la métropole.

37 L’ordonnance du 13 juillet 1837, créant la chambre de discipline, dispose en son ar-ticle 14 : “...Le corps des défenseurs élira chaque année en son sein une chambre de discipline composée de cinq membres...”.

38 Trib sup alger 4 déc 1837, Bulletin Judiciaire, 1837, p.13.39 Ces dispositions ne concernent que les avocats-défenseurs d’Alger. Dans les autres

villes, le Procureur général désigne uniquement un syndic.40 Pinson de Menerville, C.-L., Dictionnaire de la législation algérienne, code annoté et

manuel raisonné des lois, ordonnances, décrets, décisions et arrêtés, publiés au Bulletin officiel des actes du gouvernement, [D.L.A], 1830-1860, Premier volume, Alger, 1867, p. 266.

41 L’article 25 de l’ordonnance des 26 novembre-7 décembre 1841 dispose “Le Procureur Général désigne, parmi les défenseurs en exercice dans l’arrondissement judiciaire d’Alger un président et quatre membres pour former une chambre de discipline...”.

42 “Demande d’informations n° 244 sur la chambre de discipline d’Alger du ministre de la Guerre adressée Procureur général, le 11, décembre 1840”, CAOM, F, 80, 1619.

43 “Envoi des renseignements n° 3765 demandés sur la chambre de discipline des défen-seurs attachés aux tribunaux d’Alger du Procureur général au ministre de la guerre, à Alger, le 28 décembre 1840”, CAOM, F, 80, 1619.




compétences en matière disciplinaire mais pour ses attributions relatives à la représentation du corps des défenseurs dont elle s’acquitte de “manière satisfaisante”.44

Cette dépendance à l’exécutif ne se limite pas aux questions disciplinaires. En effet, l’originalité du statut des défenseurs justifie les exigences relatives aux honoraires45 et à la tenue des comptes, ils sont ainsi tenus de donner quit-tance de toutes les sommes qu’ils reçoivent. Cependant, les arrêtés de 1835 et de 1837, ne leur imposent pas expressément l’obligation de faire taxer leurs honoraires.46 Cela a eu pour conséquence diverses dérives de la part de ces praticiens, certains réclamant aux parties des montants excessifs.47 Il faut attendre l’arrêté de 1841 pour que soit mis fin aux lacunes des arrêtés précé-dents en imposant notamment une obligation de comptabilité stricte.48 Il est décidé en 1848, que la Chambre de discipline vérifie la compatibilité et doit en transmettre un rapport au Procureur de la République.

D’autre part, la vénalité des offices ministériels a été dès le départ écartée par les autorités coloniales. En effet, dès 1835, il est décidé que les offices de défenseur sont incessibles.49 Dès lors, les défenseurs algériens, contraire-

44 Idem.45 Rappelons qu’en France métropolitaine, l’avocat reçoit des honoraires, alors que l’avoué

a droit à des émoluments, les défenseurs en Algérie prétendent aux deux rémunérations.46 Avant que la profession de défenseur ne soit officiellement reconnue par le législateur

en 1835, c’était la Cour de justice d’Alger qui traitait des questions relatives aux honoraires, faisant ainsi office de conseil de discipline. Cfr. Cour de Justice d’Alger 9 mai 1833, Bulletin judiciaire..., 1833, p. 5.

47 Cfr., par exemple, l’ “Envoi de l’extrait des registres des taxations par le Procureur général au Ministre de la guerre, à Alger, le 13 juin 1840”, CAOM, F, 80, 1619, n° 3017 dans lequel Claude Eugène Henriot, Procureur générale révèle notamment l’existence, dans les ca-hiers des charges d’adjudication, de la clause suivante: “L’acquéreur payera, en outre, les frais faits pour parvenir à la vente fixée à (le chiffre indiqué) pour lesquels il ne pourra requérir taxe; il sera tenu d’acquitter cette somme dans la huitaine de l’adjudication, entre les mains et sur la quittances des défenseurs poursuivants”.

48 L’article 12 de l’arrêté ministériel des 26 novembre-7 décembre 1841 dispose: “...en matière civile ou commerciale, les défenseurs, tout en demandant qu’en défendant, sont tenus de dresser, chacun pour sa partie, un état de frais, lequel ne peut contenir, outre les déboursés, qu’un article unique d’honoraires portés en un seul chiffre pour tous soins donnés à l’affaire, plaidoirie, mémoires, et autres diligences quelconques, jusqu’à et y compris le jugement définitif... les états dressés..., sont déposés en double au greffe pour être taxés par le juge. Mention est faite de la taxe sur les deux originaux de l’état, dont l’un est remis au défenseur, qui ne peut rien exiger au-delà de la taxe”.

49 L’article 9, modifié par l’arrêté ministériel des 26 novembre-7 décembre 1841, dispose: “L’article 91 de la loi du 28 avril 1816 n’est point applicable aux défenseurs institués par le pré-sent arrêté. Tout traité pour la cession en transmission de titres ou clientelles, à quelque époque



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ment aux officiers ministériels métropolitains,50 ne peuvent ni présenter un successeur, ni vendre leurs offices. Les défenseurs, arguant qu’ils détenaient les attributions de l’avoué de métropole et qu’ils avaient la qualité d’officier ministériel, n’ont cessé de protester contre cette décision afin d’obtenir les mêmes droits que leurs homologues métropolitains. Ils ont notamment invo-qué que la vénalité des offices conférerait une garantie “contre les tentations auxquelles peuvent succomber ceux qui se mettent dans les affaires, sans possé-der aucune espèce de revenu”51 tout en rassurant les autorités gouvernemen-tales en ce que la patrimonialité des offices ne serait pas une atteinte à la prérogative gouvernementale dès lors qu’ils sont agréés par l’autorité.52 Les autorités coloniales n’ont jamais donné suite à ces réclamations considérant qu’il s’agirait là “d’une plaie”53 pour la colonie.

iii. les deFenseurs en algerIe: un MonoPole a l’ePreuve de l’assIMIlatIon?

La volonté de limiter le nombre des défenseurs par les autorités coloniales, justifiée par le fait de vérifier les conditions de moralité et d’aptitude54 de ces derniers, a créé en pratique un véritable monopole évitant toute concurrence jusqu’à l’adoption de l’arrêté de 1848.55

1. Un monopole justifié par un nombre limité de défenseurs

C’est au gouverneur général que revient le pouvoir de fixer le nombre des défenseurs qu’il nomme. Leur nombre est fixé à douze pour Alger, quatre pour

qu’il apparaîtra, et alors même qu’il n’aurait pas été suivi d’effet, entrainera la révocation soit du défenseur encore en exercice, soit de son successeur, si la nomination avait suivi le traité”.

50 En métropole, la loi du 28 avril 1816 octroie au titulaire d’un office ministériel un droit de présenter un successeur à l’agrément de l’Etat moyennant une compensation financière. Rappelons aussi que l’avoué en métropole a la qualité d’officier ministériel.

51 Copie annotée et modifiée de l’arrêté du 27 janvier 1835 en provenance du ministère de la Guerre (“Copie de l’arrêté du 27 janvier 1835”, n.d, CAOM, F, 80, 1619).

52 Idem. 53 “Lettre de l’Avocat Général Charles Debrix adressé au Gouverneur général, Alger, le 9

avril 1848, n° 379”, CAOM, F, 80, 1619.54 “Rapport du Procureur général sur l’organisation des défenseurs en Algérie, Alger, le

17 mars 1848”, cit. 55 D. L. A., op. cit., p. 268.




Bône, et trois pour Oran par l’arrêté du 27 janvier-2 février 1835.56 Cette li-mitation du nombre permettait de mieux les contrôler mais aussi de garantir à chacun de ces défenseurs une activité décente en évitant les abus tels que l’affairisme. Toutefois, en limitant leur nombre, cette mesure a eu pour effet de créer un monopole en faveur des défenseurs.

Leur monopole est d’autant plus important que ces derniers relèvent du ressort de la Cour d’appel d’Alger considérée comme la plus haute cour du ter-ritoire algérien depuis sa création en 1841.57 Elle traitait aussi bien de toutes les affaires algériennes58 que des affaires tunisiennes.59

Les défenseurs conscients de cet avantage, ont longtemps protesté contre d’éventuelles augmentations de leur nombre en invoquant la violation des droits acquis qu’une telle mesure provoquerait. En témoigne, par exemple, une lettre du 25 Septembre 1836 adressée au Ministre de la Guerre de la part de cinq défenseurs d’Alger.60 Ces derniers évoquent le peu d’affaires dont ils ont connaissance pour protester contre la pertinence d’une telle augmen-tation. En effet, ils déclarent: “Pourquoi de nouvelles nominations qui vien-draient à l’instant diminuer d’un quart environ les ressources déjà fort médiocres du cabinet qui ont quelque travail et la réduire à une position au-dessous de la nécessité?”. Les défenseurs, allant même jusqu’à dénoncer les concurrents potentiels61 venus de métropole, ont multiplié les réclamations auprès des différentes autorités coloniales, pour exclure toute possibilité d’intervention des avocats métropolitains.

56 Nombre confirmé par les arrêtés du 13-19 juillet 1837 et du 26 novembre- 7 décembre 1841.

57 L’ordonnance du 28 février 1841, portant organisation du service de la Justice en Al-gérie, crée à Alger, une Cour d’Appel dont le ressort englobe la totalité de l’Algérie, sauf la juridiction des conseils de guerre. (Duvergier, J.-B., op. cit., tome quarante-unième, en parti-culier pp. 94 et s.).

58 En 1955, la Cour d’appel d’Alger, est amputée de trois chambres avec la création de deux cours d’appel à Oran et à Constantine. Cf. l’entrée “Cour d’appel d’Alger”, dans Renuc-ci, F. (dir.), Dictionnaire des juristes. Colonies et Outre-mer (XVIIIe-XXe s.), Rennes, PUR, à paraître.

59 La loi du 27 mars 1883, relative au système judiciaire du protectorat de la France en Tunisie, avait décidé en son article 2 de porter les appels du tribunal de Tunis devant la Cour d’appel d’Alger. Cette situation a perduré jusqu’à la création par la loi du 9 juin 1941 de la Cour d’appel de Tunis. Cfr., par exemple, Noureddine A., “La Cour d’appel de Tunis: une création tardive (juin 1941)”, in La justice française et le droit pendant le protectorat en Tunisie, Tunis, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 2007.

60 “Réclamation de cinq défenseurs adressée à M. le Ministre de la Guerre, Alger, le 25 septembre 1836”, CAOM, F, 80, 1619, p. 21.

61 “Plainte des défenseurs près les tribunaux d’Alger relative à l’arrivée d’avocats métro-politains adressée à M. le Ministre de la Guerre, Alger, le 3 mars 1837”, CAOM, F, 80, 1619.



157SONIA BAÏ

Ces derniers ont pu trouver un soutien, pour le moins considérable en la personne du Procureur général Alphonse Gilardin,62 qui dans son “rapport sur l’organisation des défenseurs en Algérie”, datant du 17 mars 1848, insiste sur l’importance de préserver l’institution des défenseurs telle quelle en Algé-rie.63 Il précise toutefois que la volonté de maintenir le statut des défenseurs tel qu’il est, est motivée par le fait que des règles exceptionnelles sont toujours applicables en Algérie. Malgré cela, ce monopole va toutefois évoluer avec la concurrence de plus en plus forte des avocats métropolitains venus en Algérie.

2. La fin d’un monopole: le déclin d’un statut privilégié

Dès lors que l’Algérie se dote d’institutions judiciaires semblables à celles de France, la question de la défense évolue. En effet, dès l’arrêté ministériel des 26 novembre-7 décembre 1841, il est permis aux avocats inscrits à un barreau de métropole de plaider à la condition d’obtenir une autorisation du ministre de la Guerre. Parallèlement, la même année, les privilèges des défen-seurs s’amenuisent. En effet, ces derniers ne peuvent plus plaider en dehors de leur arrondissement si ce n’est avec l’autorisation expresse du Procureur général.64

Avant cette évolution notable, il faut aussi ajouter une approche jurispru-dentielle casuistique tolérant la présence des avocats dès lors que la situation l’exige. A titre exceptionnel, la décision du Tribunal supérieur d’Alger en date du 20 novembre 1837,65 considérant par ailleurs que “la défense est un droit naturel” notamment lorsqu’il s’agit de plaider à l’encontre du corps des défenseurs.66 Par ailleurs, l’augmentation du nombre des affaires justifie celle du nombre des défenseurs à Alger et dans les provinces.67

62 Nommé en tant que Procureur général le 29 octobre 1845 à la Cour d’Appel d’Alger et révoqué le 17 mars 1848.

63 “Cette institution, depuis près de quatorze ans qu’elle fonctionne, n’a point révélé d’appré-ciable abus et a réalisé d’incontestables avantages... Convient-il aujourd’hui de supprimer cette institution et de faire retour au droit commun par la création d’un corps particulier d’avoués et l’exercice libre de la profession d’avocat ? Je ne pense pas, Monsieur le Gouverneur Général, que le moment en soit venu” (“Rapport du Procureur général sur l’organisation des défenseurs en Algérie, Alger, le 17 mars 1848”, op. cit.).

64 En dehors de l’arrondissement d’Alger, il suffit d’obtenir une autorisation expresse du Procureur du Roi auprès du Tribunal en question.

65 Trib. Sup. Alger, 20 novembre 1837, Bulletin Judiciaire, cit., 1837, p. 12. 66 Idem. ”il existe une véritable impossibilité à ce qu’il lui soit désigné, aux termes des arrê-

tés en vigueur, un défenseur pris dans le sein de la compagnie des défenseurs titulaires. Qu’il y a nécessité de choisir en dehors de ladite compagnie”.

67 A titre d’exemple, un arrêté du 23 novembre 1842 crée trois postes à Philippeville en même temps que le tribunal de cette ville.




L’ordonnance du 16 avril 184368 portant application du Code de procédure civile en Algérie, marque davantage la fin de ce monopole en tendant vers l’assimilation du défenseur à l’avoué métropolitain.

L’analyse des correspondances du Procureur général auprès de la Cour d’appel d’Alger met en évidence de profonds désaccords dans le corps des magistrats quant à la question du maintien ou non de l’institution des défen-seurs en Algérie.69 Une lettre du 9 avril 1848, est particulièrement révélatrice puisqu’elle insiste sur la nécessité de mettre fin au système exceptionnel de défense algérien. Ainsi, Charles Debrix,70 faisant fonction de Procureur géné-ral, considère dans cette lettre que: “L’institution de défenseurs... réunissant le double privilège de la postulation et de la plaidoirie, [lui] paraît trop contraire à la liberté de la défense pour pouvoir être maintenu”.71 Selon lui, il est néces-saire de mettre fin au monopole de la double attribution des défenseurs en leur substituant des avoués en charge de la postulation, et des avocats qui se chargeraient, quant à eux, de la plaidoirie.

C’est en 1848, période républicaine en France, que l’assimilation à la mé-tropole concernant la question de la défense en Algérie s’accentue. En effet, l’arrêté du 16 avril 1848, qui crée les barreaux d’Algérie, dispose dans son article 5: “Jusqu’à ce qu’il ait été statué ou ordonné autrement, les défenseurs actuellement en exercice en Algérie continueront concurremment avec les avo-cats inscrits au barreau de jouir du droit de plaider devant la cour et les tribu-naux: ils rempliront en outre provisoirement les fonctions d’avoué”.72

En plus de reconnaître officiellement l’existence de la profession d’avocat en Algérie, cet arrêté ne maintient les défenseurs dans le rôle d’avoué qu’à titre provisoire. La concurrence des avocats métropolitains a eu donc pour conséquence de modifier la profession de défenseur. En effet, même si les défenseurs encore en place gardent la possibilité de plaider, ils restent en pratique cantonnés aux attributions de l’avoué.73 Implicitement, cela revient

68 Duvergier, J.-B., op. cit., tome quarante-troisième, en particulier pp. 116 et s. 69 Cfr. “Rapport du Procureur général sur l’organisation des défenseurs en Algérie, Alger,

le 17 mars, 1848”, op. cit., dans lequel le Procureur général Alphonse Gilardin se montre favorable au maintien de l’institution des défenseurs.

70 Charles Debrix a pris les fonctions d’Avocat général à Alger du 13 avril 1841 au 28 novembre 1848 avant d’être nommé à Lyon. Il faisait, ici, fonction de Procureur général.

71 “Lettre n° 379 de l’Avocat Général Charles Debrix adressé au gouverneur général, Alger, le 9 avril 1848”, CAOM, F, 80, 1619.

72 D. L. A., op. cit., p.111. 73 Cfr. Gueydan, J., Les avocats, les défenseurs et les avoués de l’Union française, thèse

Droit, Alger, 1953 p.31.



159SONIA BAÏ

à mettre fin à l’institution de défenseur au profit d’avocats et d’avoués à l’ins-tar de la métropole.

Cette tendance à l’assimilation touche également les tribunaux de com-merce puisqu’un arrêté du gouverneur général des 17-27 juillet 1848 donne compétence, devant ces tribunaux, à toute personne munie d’un pouvoir spé-cial pour défendre les parties.

La situation en Algérie devient néanmoins confuse puisque par un décret du 12 avril 1862,74 il est décidé d’ouvrir deux postes supplémentaires de dé-fenseurs à Blida et Constantine.

La promulgation du décret 24 octobre 187075 portant sur la profession d’avocat en Algérie abrogé l’année suivante par la loi des 12-31 décembre 187176 renforce cette confusion. En effet, le décret de 1870 prévoyait l’appli-cation des règles françaises en ce qui concerne la question de la défense tout en laissant les affaires dites “sommaires”77 aux défenseurs. Jugé “pas suffi-samment médité”,78 ce décret aurait été abrogé suite à de nombreuses désap-probations des défenseurs.79 La fin de cette période de confusion n’intervient que par l’application du décret du 27 décembre 188180 qui crée officielle-ment l’institution des avoués. Ce décret sépare, en Algérie, la postulation de la plaidoirie en appliquant les règles en vigueur en France métropolitaine. Dès lors, l’institution de défenseurs est condamnée à disparaître puisque ce décret sous-entend qu’aucune nouvelle nomination de défenseur n’aura lieu en Algérie. Le décès, en 1930, du dernier défenseur nommé marque la fin de l’existence de la profession en Algérie.81

Pour conclure, le législateur colonial, en dotant officiellement des officiers ministériels de la double attribution de la plaidoirie et de la postulation, a mis en place un système dit “exceptionnel” en Algérie dès 1835. L’originalité de ce statut a permis au législateur colonial, dans un premier temps, d’ex-clure la profession d’avocat jugée trop indépendante en métropole. La mise

74 Pinson de Menerville, C.-L., D.L.A, op cit., 1860-1866, Deuxième volume, Alger, 1867, p.67.

75 Duvergier, J.-B., op cit., tome soixante-dixième, en particulier pp. 122 et s. 76 Duvergier, J.-B., op cit., tome soixante-onzième, en particulier p. 326. 77 L’article 1 de ce décret dispose: “A partir du 1er janvier 1871, le décret du 2 juillet 1812,

et l’ordonnance des 27 février, 14 mars 1822 sur la plaidoirie dans les cours d’appel et dans les Tribunaux de première instance seront appliqués en Algérie; les défenseurs pourront plaider les incidents de procédure et les affaires qui, d’après la législation de la métropole, sont sommaires”.

78 Duvergier, J.-B., op. cit., tome soixante-onzième, p. 327. 79 Gueydan, J., op. cit., p. 34.80 Duvergier, J.-B., op. cit., quatre-vingt-deuxième, en particulier p. 25. 81 Gueydan, J., op. cit., p. 35.




en place du statut hybride des défenseurs soumis au strict contrôle des auto-rités coloniales s’est accompagnée de la volonté de limiter le nombre de pra-ticiens favorisant le monopole d’activités exercées au détriment des avocats métropolitains. Cependant, ce système “exceptionnel” ne pouvait perdurer que dans une organisation judiciaire “exceptionnelle”. Ainsi, la proliféra-tion des affaires, la création d’un barreau et l’assimilation de la Cour d’appel d’Alger82 aux cours métropolitaines, ont été autant d’éléments motivant la fin de ce système original.

Pour autant, cette réglementation du statut de défenseur a inspiré la qua-si-totalité des législations coloniales. C’est notamment le cas en Tunisie,83 protectorat français, qui se voit doter de cette institution par une loi du 27 mars 1883.84 Ainsi, cette étude qui traite exclusivement de l’originali-té du statut des défenseurs en Algérie se veut introductive de recherches plus vastes tant sur le plan géographique que sur l’approfondissement des connaissances relatives à ces acteurs souvent négligés par l’historiographie. Il serait intéressant notamment d’effectuer une étude prosopographique de ces défenseurs afin de répondre aux nombreuses questions qui restent en suspens: Qui étaient-ils? Quelles étaient leurs motivations? Quelle(s) étai(en)t leur(s) influence(s ) dans le milieu colonial?

82 Le décret du 13 décembre 1858 assimile la Cour d’Alger aux Cours impériales de la métropole, quant aux attributions et aux prérogatives.

83 Cfr. Gobe, E., “L’organisation de la profession d’avocat en Tunisie: du modèle français et de son adaptation aux contexte colonial et post-colonial”, Faire l’histoire du droit colo-nial cinquante ans après l’indépendance de l’Algérie, Karthala, 2015, Terres et Gens d’islam, 9782811113254.

84 L’article 10 de la loi du 27 mars 1883 rend applicable en Tunisie l’arrêté du 26 no-vembre 1841 qui “règle l’exercice et la discipline de la profession de défenseur près les tribu-naux algériens” (Duvergier, J.-B., op. cit., quatre-vingt-troisième, en particulier p. 65).



161

EL ILUSTRE Y NACIONAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXICO

Alfonso Pérez-cuéllar M .*

De los ochenta y tres Colegios de Abogados de España (todos cobijados bajo el título de Ilustres) el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza es el más antiguo, ya que, aunque sus primeras Ordenanzas datan del 15 de mayo de 1578, existe constancia de su origen desde 1399. Es el único de los cole-gios españoles honrado con el título honorífico de “Real” por concesión de D. Carlos III.1

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que hoy está constituido por más de 70,000 abogados, fue fundado en 1596, año en el que Su Majestad Felipe II otorgó una Real Cédula de 15 de junio, en la que aprobó las Orde-nanzas de la Congregación de Abogados de la Corte.

Ya existían, sin embargo, numerosas referencias de la Abogacía en Madrid y de los abogados del Concejo de la Villa desde la baja Edad Media, siendo de especial importancia para la profesión el Ordenamiento de los abogados y procuradores, otorgado en Madrid por los reyes católicos en 1495.

Pero había de ser el establecimiento de Madrid como Capital y Corte del Imperio de los Austrias, llevado a cabo por Felipe II, el que hiciera necesaria la constitución de la referida Congregación de Abogados de la Corte, siendo su impulsor un personaje de origen portugués, Ascensio López, cercano a la princesa Juana de Austria, fundadora de las Descalzas Reales.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid se estableció en el Colegio Im-perial, y en sus juntas regularía el examen y juramento de los abogados. Con la nueva dinastía de los Borbones se otorgan los nuevos Estatutos de 1732, creándose el Montepío en la época de Carlos III que, entre otras prestacio-nes, contemplaba la pensión de viudedad, atención a las enfermedades, fa-llecimiento y socorro. Figuras relevantes serían Campomanes, Moñino, y una

* Presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, 2014-2018.1 Del Campo Armijo, El Real e llustre Colegio de Abogados de Zaragoza, (1546-1952),

Zaragoza, 1952, citado en la Gran Enciclopedia Aragonesa, 16 de abril de 2010.



162 EL ILUSTRE Y NACIONAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXICO

amplia relación de fiscales, oidores, ministros de los consejos, alcaldes, et-cétera.2

Por su parte, la presencia de los abogados en la Nueva España fue auto-rizada por el emperador Carlos V y éstos se agruparon inicialmente en una cofradía surgida de la afiliación a la ya existente de San Juan Nepomuceno es-tablecida en el Hospital del Espíritu Santo y Nuestra Señora de los Remedios.

Las primeras reuniones para la fundación de un colegio de abogados en la Nueva España se iniciaron el 8 de junio de 1758, con la finalidad de asistir a los abogados novohispanos en sus enfermedades y muerte, al igual que a las viudas y a los huérfanos de estos, a quienes se les encontraba pidiendo limosna, en los pasillos de la Real Audiencia.3

El proyecto fundacional fue remitido a España, y según narra Oscar Cruz, la autorización fue otorgada por Carlos III mediante real cédula del 21 de junio de 1760, otorgándole el título del Ilustre y admitido bajo su real pro-tección, incorporándose por filiación el Colegio de Abogados de México al de Madrid, con los mismos privilegios y gracias.4

La corporación gozaba de importantes privilegios, el ejercicio del mutua-lismo y de ciertos actos de piedad, al igual que elevar el nivel de la práctica jurídica. Destacando que sólo quienes estaban matriculados podían ejercer la profesión ante la Real Audiencia y la Corte de México. Desde 1760, era menester ajustarse a lo que se establecía para el ingreso en el Real Cole-gio de Abogados de Madrid, ahí había que probar limpieza de sangre que implicaba informaciones testimoniales y documentales hasta de los abuelos del interesado. Todos deberían ser hijos legítimos o, al menos, naturales. El pretendiente, además de buena vida y costumbres, al igual que sus padres no debían haberse ocupado en oficios de los considerados viles, tal como lo narra Alejandro Mayagoitia, hoy cronista del Colegio.

Después de casi cincuenta años de vida, el Colegio redactó nuevos estatu-tos, los cuales fueron publicados en 1808 y recogieron importantes noveda-des surgidas de una rica experiencia que trató de ajustar, en lo más posible, la normatividad del Colegio de Abogados de Madrid a la realidad novohispana. Dichos estatutos de 1808 eran los que regían en el Colegio al consumarse la Independencia. Es de hacer notar que el Ilustre y Real Colegio de Abogados,

2 Archivo Histórico del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, disponible en: http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=1702041.

3 Mayagoitia y Hagelstein, Alejandro, “De Real a Nacional: El Ilustre Colegio de Abo-gados de México”, La supervivencia del Derecho español en Hispanoamérica durante la época independiente, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

4 Cruz Barney, Oscar, Historia del derecho en México, 2a. ed., México, Oxford University Press, 2004.



163ALFONSO PÉREZ-CUÉLLAR M.

preocupado por la formación intelectual de los jóvenes aspirantes a la abo-gacía, en 1809, abrió las puertas de la Academia Pública de Jurisprudencia Teórico Práctica y Derecho Real Pragmático, que fue uno de los pilares de la educación jurídica del foro capitalino hasta bien pasada la primera mitad del siglo pasado. Su origen está en una real cédula del 3 de abril de 1794 que autorizó la fundación de la Academia, al mismo tiempo que ordenó que sus Constituciones se acomodaran a las de la Academia de San Isidro del Real de Madrid.

Por mucho, uno de los aspectos de más interés del colegio virreinal, es el papel político que tuvieron algunos de sus miembros en los años de la Guerra de Independencia. En efecto, desde el enfrentamiento entre el ayuntamien-to de la Ciudad de México y la Real Audiencia en 1808, hasta el triunfo del Ejército Trigarante y de Agustín de Iturbide en 1821, estuvieron en la primera línea de los acontecimientos varios abogados del Colegio: D. Francisco Pri-mo de Verdad y Ramos, D. Juan Francisco de Azcárate y Lezama, D. Carlos María de Bustamante y D. José Miguel Guridi y Alcocer, por sólo mencionar a algunos.

Con la Independencia, el Colegio de Abogados se adhirió a ella adoptando el nombre de Ilustre e Imperial Colegio de Abogados de México, reformulan-do sus estatutos estableciéndose mediante decreto de 1o. de diciembre de 1824 la libertad de incorporación o matriculación. Lo anterior llevó a que el Colegio entrara en una fase crítica, de la cual se levantó con nuevos estatutos en 1829, para que estuvieran acordes con el nuevo sistema del México inde-pendiente. Los nuevos estatutos se publicaron en 1830 y se adoptó el nombre de Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, mismo que conserva actualmente.5

Se reconocieron entonces los servicios que brindaba el colegio como cor-poración de asistencia a las viudas y huérfanos de los letrados, pero no toleró el privilegio exclusivo de matrícula ni los trámites de incorporación vigentes.

Como tiempo después reflexionaba Bernardo Couto, la obligatoriedad de la incorporación era lazo que mantenía unido al cuerpo, sin embargo, aun cuando el Colegio no se disolvió, pues había rendido grandes servicios a la sociedad y a la independencia, se eliminó el privilegio más importante y la profesión quedó bajo un régimen de menor regulación y exigencia en el ejercicio pro-fesional.

En 1860 el Ilustre Colegio de Abogados tenía una matrícula que incluía 1132 letrados de toda la República y, por tanto, a través de sus miembros, su papel en el foro de entonces fue de gran importancia. Cuando se estableció

5 Idem.




que en adelante los abogados se examinarían ante el Tribunal del Distrito y en el Colegio de Jurisprudencia, que entonces se fundó. Por ende, a los ojos del legislador, no tenía sentido que siguiera existiendo el Colegio. Sólo la ha-bilidad y el desinterés de los licenciados D. Eulalio Ortega, D. José Fernando Ramírez y D. Bernardo Couto pudo detener tan injusto e impolítico golpe.

En efecto, entonces el Colegio pidió al gobierno echar marcha atrás, por-que la disposición de marras, además de ser contraria a la garantía constitu-cional de libre asociación, no tomaba en cuenta que el Colegio, también tenía funciones científicas no vinculadas a la Academia o a la enseñanza formal del derecho y llevaba a cabo actividades mutualistas, todo sin costo para el erario. El gobierno desistió de su intento, pero también ordenó al Colegio cambiar su estructura.

Producto de esta nueva reforma fueron los estatutos de 1863. Éstos, entre otras cosas, separaron a la Academia del Colegio, lo cual liberó a éste de se-guir la suerte de aquella, en caso de que las leyes sobre instrucción pública volvieran a arremeter contra la añeja institución. También declararon al Co-legio independiente de las discusiones ideológicas.

Una de las preocupaciones antiguas del Colegio era el honorable desem-peño de la abogacía por sus miembros. Sin embargo, distintas circunstancias impidieron que sus estatutos se ocuparan directamente de tan importante asunto. Fue hasta 1891 cuando se incluyó en la organización del Colegio un Consejo de Disciplina que debía cuidar del decoro y la moderación en el ejercicio profesional, con facultades, inclusive, para expulsar a aquellos su-jetos que se habían hecho culpables de faltas a la ética profesional, siempre que merecieran pena mayor de seis meses de prisión impuesta en sentencia ejecutoriada.

El periodo de la paz porfiriana no sólo vio los nuevos estatutos de 1891, sino también el nacimiento, en directa relación con los miembros del Colegio, de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación Correspondiente a la Real de Madrid (1894).

Con la Revolución de 1910 vino la desorganización del Colegio. Después de la entrada en vigor del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales (1931), cosa que coincidió con un nuevo periodo de paz en el país, el Colegio inició una nueva etapa en su vida, con los estatutos del 4 de diciembre de 1933. Éstos fueron reformados en 1945, para ajustarse a las disposiciones de la llamada Ley de Profesiones. Posteriormente, los mismos se han reformado por acuerdo de la junta general anual del 20 de diciembre de 1995 y de la asamblea general ordinaria y extraordinaria del 10 de julio de 1997, respectivamente.6

6 Mayagoitia y Hagelstein, Alejandro, op. cit.




A pesar de las enormes dificultades políticas y económicas, de la incom-prensión y desinterés de muchos abogados, de la decadencia general del foro y de la ciencia jurídica, el Colegio ha logrado mantenerse y sortear los abun-dantes peligros que lo acometieron a lo largo de los últimos ciento treinta y nueve años.

Orgullosamente es heredero de mucho de los más insignes juristas de an-taño que formaron parte de él y que incluso lo dirigieron. Por sólo mencionar algunos, destacan nombres como D. Manuel de la Peña y Peña, D. José María de Lacunza, D. Teodosio Lares, D. José María Lafragua, D. José María Igle-sias, D. José Urbano Fonseca, D. José María del Castillo Velasco, D. Juan Nepomuceno Rodríguez de San Miguel, D. Pablo Macedo, D. Luis Méndez, D. Sebastián Lerdo de Tejada, D. Agustín Rodríguez, y una extensa lista de juristas de diversas épocas. Los anteriores personajes, independientemente de sus debilidades humanas e ideas políticas, son orgullo del foro y de la ciencia jurídica nacionales.

También han sido miembros del Colegio D. Germán Fernández del Castillo, D. Javier Cervantes, D. Toribio Esquivel Obregón, D. David Casares, D. José Arce y Cervantes, D. Manuel Escobedo, D. Álvaro Espinosa Barrios, D. Gus-tavo R. Velasco, D. Francisco Xavier Gaxiola, D. Francisco García Jimeno, D. José Luis de la Peza M., y muchos otros abogados altamente reconocidos en el foro mexicano como hombres probos, éticos y grandes estudiosos del derecho.

Hoy el Colegio mantiene su tradición en defensa de la abogacía y del Es-tado de derecho, preocupada por la excelencia de la profesión mediante me-canismos de control ético y técnico.

El Colegio mantiene importantes vínculos con otras instituciones afines a nivel internacional como el Consejo General de la Abogacía Española, la Orden de Abogados de París, los Ilustres Colegios de Abogados de Barcelo-na, Madrid, Sevilla y Zaragoza, lo mismo que con la Orden de Abogados de Brasil, así como con los Colegios y Federaciones de Colegios de Argentina, Perú, Chile, Panamá, República Dominicana, por señalar solamente algunos.

Entre los convenios de colaboración mas importantes, destaca el de su patrocinada Escuela Libre de Derecho, así como la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad Anáhuac y la Universidad Panamericana, mientras en el extranjero destacan convenios con la Universidad Complutense de Madrid, y la Universidad de Castilla-La Mancha.

En materia de educación continua, el Colegio ha sido parte del diseño y coordinación de diversas maestrías y diplomados, mientras que las comisio-nes de estudio del Colegio organizan permanentemente conferencias, foros




y seminarios sobre una gran variedad de temas de interés y actualidad. Asi-mismo, es fundamental la participación de los colegiados en las cátedras que se imparten a alumnos que están por finalizar la carrera en la Universidad Panamericana y en la Universidad Iberoamericana, acercándolos a temas de abogacía como el secreto profesional, la defensa de la defensa, o bien los or-ganismos internacionales de la abogacía, por citar solamente algunos.

El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México es miembro de las más importantes y representativas organizaciones de la abogacía internacio-nal, en las que participa activamente en seminarios, cursos y congresos, pero donde también muchos de sus miembros actualmente ocupan y han ocupado importantes cargos, como es el caso de la Association Internationale des Jeu-nes Avocats (AIJA), la Unión Iberoamericana de Colegios y agrupaciones de Abogados (UIBA) y la Union Internationale des Avocats (UIA).

Desde hace más de 10 años, el Colegio cuenta con un espacio en el Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el programa denomi-nado “Entre Juristas”, el cual se transmite semanalmente y donde se analizan muy diversos temas de interés para la abogacía.

La institución se ha modernizado y busca generar mejores vínculos con la abogacía y la sociedad, mediante una importante presencia en redes sociales, siendo el Colegio de Abogados con mayor número de seguidores entre sus pares mexicanos y también el de mayor presencia entre los de habla hispana.

El Colegio mantiene su tradición de acompañar el desarrollo jurídico na-cional, ya que ha intervenido activamente en la conformación del nuevo sis-tema penal acusatorio, así como en su implementación, lo mismo que en las reformas relativas al nuevo sistema de justicia laboral, mercantil, familiar y en general en todos los proyectos sobre justicia cotidiana7 y otras más, man-teniendo una comunicación constante con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tanto federal como local.

Nuestro Colegio ha impulsado la ordenación de la abogacía, a fin de que existan verdaderos controles éticos y técnicos en beneficio de la profesión, pero especialmente de los usuarios de los servicios legales.

Los ideales institucionales consagrados en un Código de Ética Profesional y nuevos estatutos, se insertan en una larga tradición de honor y respetabi-lidad, como una pieza notable en la historia del país. El Colegio conserva el uso de togas y veneras en asambleas y actos formales, rodeados frecuente-mente de escudos y de banderas, con la más antigua tradición de ejercicio in-dependiente de la abogacía, pero también con el ímpetu y la fortaleza vigente

7 Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, Informe Ejecutivo 2017, Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C.




de ser una institución que tiene absoluta capacidad para renovarse y ofrecer a los abogados todo aquello que conciben en una institución de actualidad.

El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México mantendrá de esta forma su constante presencia como corporación de vanguardia, que cumple y cumplirá efectivamente con su tarea y destino, velando por la dignificación de la abogacía, contribuyendo así a la construcción de un México más justo, desarrollado e inclusivo.



169

ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO AL JUEZ LUIS CASTAÑEDA

Juan Pablo salazar andrEu*

Es grato reconocer a veces, que la ceguedad del poder y la intolerancia de los partidos no olvida al hombre de verdadero mérito.

Luis castañEda

sumario: I. Introducción. II. El derecho romano en Puebla. III. La visión de Beatriz Bernal sobre Luis Castañeda. IV. Las sentencias pronunciadas por Luis Castañeda: su actuación como juez en Puebla y Tlaxcala. V. Un modelo de sentencia de Luis Castañeda. VI. Conclusiones. VII. Fuentes de

información.

i. introducción

La importancia del trabajo de Luis Castañeda radica en que fue un juez que actuó con un profundo conocimiento del latín y del derecho común; de ahí, que es necesario analizar las sentencias pronunciadas como juez federal, tan-to en Puebla como en Tlaxcala. Con el mencionado fin, es menester primero analizar el contexto histórico en el cual se desarrolló el personaje en análisis.

A finales del siglo XIX, específicamente durante la década de los ochenta, México vivía un periodo de desarrollo económico y de política liberal, pero también de considerable desigualdad. En 1884, Porfirio Díaz retomaría el po-der, y su llegada a la presidencia mantendría la perspectiva que el movimien-

* Profesor en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y en la Universi-dad Panamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, presidente hasta 2016 del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho, miembro del Instituto Internacio-nal de Historia del Derecho Indiano, cronista de la ciudad de Puebla y miembro del Comité Editorial de la Revista Archivum de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina.



170 ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO AL JUEZ LUIS CASTAÑEDA

to de reforma y el liberalismo habían establecido como proyecto de nación.1 Lo anterior implicaba una centralización del poder, con una visión positivista tanto en la política, como en la economía, todo ello reflejado en el lema de la época: “Orden y Progreso”.2

Manuel González Flores, compadre de Porfirio Díaz, y único presidente constitucional entre los periodos de gobierno del segundo, fungió relativa-mente como una conexión entre el gobierno interino del general Díaz, que terminó en 1880, y la nueva presidencia que ocuparía éste en 1884.

A pesar de que México se estaba recuperando de una fuerte crisis, las deficiencias que vivían los ciudadanos eran palpables; la nación mexicana comenzaba a poseer una infraestructura de primer mundo y una economía sustentada en el comercio y capital internacional, bastante favorable; pero la mayoría de las personas sufrían considerables carencias, los impuestos eran sumamente altos, y los presupuestos municipales, a lo largo del territorio, se encontraban debilitados.3

El presidente Díaz, debido a la gran inestabilidad política que México había sufrido en el siglo XIX, y que había derivado en diversos conflictos ar-mados, puso especial esmero en afinar la figura del Ejército:

La abrumadora mayoría de soldados eran obligados a llevar a cabo el servicio de las armas mediante la leva, es decir, el reclutamiento forzoso que realizaban, por lo general, los jefes políticos de los estados, con el fin de deshacerse de crimina-les, alcohólicos, vagos, tahúres y, en general, de cualquier individuo que pudiera resultar “pernicioso” para los intereses de una región o población dada.4

La leva provocaría también un elevado número de amparos promovidos contra jefes políticos, que involucran el servicio a las armas.

Puebla fue un estado “privilegiado” gracias a su ubicación entre el princi-pal puerto del país (Veracruz) y la capital. Ataviada con una fuerte tendencia

1 Serrano Álvarez, Pablo, Porfirio Díaz y el Porfiriato 1830-1915, México, INEHRM-SEP, 2012, p. 130.

2 Frase del positivista Augusto Comte, muy reconocida en la época. Cfr. Biblioteca Digital del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, “Orden y Progreso” , disponible en: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/estados/libros/nayarit/html/sec_51.html (fecha de consulta: 28 de marzo de 2017).

3 Vives, Luis, Historia Universal, España, Vives, 1950, pp. 514 y 515.4 Sánchez Rojas, Luis Ignacio, “La educación en el ejército porfiriano 1900-1910”, Revis-

ta Tzintzun, Morelia, núm. 54, julio-diciembre de 2011.En la Constitución mexicana de 1857 el artículo 72 indica que el Congreso tiene facultad

para levantar y sostener el Ejército y la Armada de la Unión, y para reglamentar su organiza-ción y servicio.



171JUAN PABLO SALAZAR ANDREU

francesa, de la que era partidario el general Díaz, la entidad poblana vivía una época de prosperidad, especialmente, para aquellos que habían tenido la fortuna de pertenecer a las clases altas, donde se ubicaban los grandes im-portadores y exportadores de productos, los dueños de las tierras y aquellos pocos que pertenecían a la clase política; sin embargo, y en contraste, un gran número de personas vivían en condiciones precarias: obreros, agricultores, trabajadores, integrantes del proletariado, entre otros muchos.

En 1884, mientras el presidente Díaz ascendía a la “silla eterna”, el man-dato estatal de Juan Crisóstomo Bonilla, destacado personaje que permitió el desarrollo de Puebla de forma regular, concluía.

Tras Juan Crisóstomo, la jefatura política5 fue ejercida por Ignacio Enciso, quien sólo estuvo en el poder durante un año, en calidad de gobernador su-plente constitucional del estado.

Posteriormente, el cargo fue ocupado por Rosendo Márquez, y sólo por al-gunos meses en 1885. Márquez, fue un ávido simpatizante de Porfirio Díaz, por lo que su gubernatura estuvo fuertemente relacionada con la ideología del general, y con una notoria tendencia liberal.6

Finalmente, los últimos años del periodo que en esta investigación se atiende, correspondieron al gobierno de Manuel M. Arrioja, quien terminaría su gubernatura dos años después.

Hasta 1895, la división territorial mexicana estuvo basada en partidos. En 1824 se le da a Puebla la denominación de estado; en la Constitución local de 1825, señalaba en su primer artículo que el estado de Puebla compren-día los partidos de: Acatlán, Amozoc, Atlixco, Chautla, Chicotepec, Chietla, Cholula, Huauchinango, Huejotzingo, San Juan de los Llanos, Matamoros, Ometepec, Puebla, Tecali, Tehuacán, Tepeaca, Tepexi, Tetela, Teziutlán, Tla-pa, Tochimilco, Tuxpan, Zacapoaxtla y Zacatlán.7 Posteriormente, en 1849, se crean dos nuevos partidos, que son: Tlatlauquitepec y Texmelucan; en el mismo año Puebla pierde, en favor del estado de Guerrero, los partidos de Tlapa y Ometepec, que constituía la salida poblana al pacífico. En 1895, se aplica el sistema de distritos y municipalidades.

5 Cfr. Vida Fascinante de Juan Crisóstomo Bonilla, disponible en: www.vivete tela.com/portal/la-vida-fascinante-de-juan-crisostomo-bonilla (fecha de consulta: 3 de marzo de 2017).

6 Cfr. Sedena, Álbum Histórico del Ejército Mexicano, p. 37 (2), México, disponible en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020006468/1020006468_009.pdf (fecha de consulta: el 3 de marzo de 2017).

7 Salazar Andreu, Juan Pablo, Puebla y sus Constituciones Federales (1825-1917), México, Porrúa-Escuela Libre de Derecho, 2010, p. 19.




ii. El dErEcho romano En puEBla

El derecho romano ha prevalecido vigente a través de los siglos, convirtién-dose por sí mismo en una familia jurídica. En México, su recepción ha tenido como guía principal al derecho castellano que, al tener sus orígenes jurídicos en un territorio romano, específicamente de la provincia de Hispania, posee un rico contenido de las categorías y conceptos de la familia romano-germá-nica-canónica.8

En lo que actualmente constituye México, tras la llegada y conquista de los castellanos sobre los pueblos mesoamericanos, el derecho romano se recibe a través de tres vías:

1) La que corresponde a las leyes castellanas; las Siete Partidas fue la obra jurídica de mayor importancia en Hispanoamérica, en ella se contuvieron diferentes temas que, aunque parecen poseer más conte-nido doctrinal que jurídico, su fin era el legislativo.

2) La académica, donde las primeras universidades de Hispanoamérica tomaban como modelo la educación superior española.

3) La práctica, es decir, en cómo se solucionaban los problemas en los primeros sistemas de justicia de influencia latina en América.

Puebla es reconocida por ser uno de los mayores exponentes del arte y del estilo de vida hispano. En cuanto a la materia jurídica, Puebla también ha recogido el sistema romanista, adaptándolo a su acontecer diario, y aplicado sus principios jurídicos en el quehacer tanto legislativo, como jurisdiccional. Uno de los mayores exponentes de la aplicación de los principios de la fami-lia romanista tanto en el país, como en la entidad poblana, fue el juez de dis-trito Luis Castañeda, personaje de gran trascendencia en el ámbito jurídico, reconocido por utilizar locuciones en latín dentro de sus sentencias.

iii. la visión dE BEatriz BErnal soBrE luis castañEda

Beatriz Bernal señala atinadamente una importante diferencia entre el nú-mero de obras referentes a la recepción del derecho romano en Europa y en América, tomando como posible base de ello, la accesibilidad de los docu-mentos originales en el viejo continente, en comparación con Latinoamérica, en donde que las fuentes referentes a los orígenes del derecho romano son

8 Cfr. Sirvent, Consuelo y Villanueva, Margarita, Sistemas jurídicos contemporáneos, Mé-xico, Harla, 1996, pp. 10-20.




más reducidas. No obstante, señala la autora la notoria existencia de material virgen en los archivos y bibliotecas de este lado del Atlántico, todavía por ser analizado.9

Por lo anterior, la obra de Castañeda es de gran relevancia; por la luz que buscó aportar sobre la recepción del derecho romano en Occidente, en sus publicaciones en El Foro, una de las más relevantes publicaciones jurídicas de su época, y en las que analiza y explica, con pluma magistral, dirigido a doctos y legos, las aportaciones de juristas como Acursio, Alciato, Cujacius, Favre, Hottomano, Doneau, Leibnitz, Gravina, Pothier y Savigny. Todo ello en un periodo corto relativamente, entre el 18 de junio y el 1o. de noviembre de 1873.10

El análisis que Bernal Gómez realiza sobre la obra de Castañeda, a través de sus publicaciones, toma tres ejes de estudio, a saber: el estilo narrativo del jurista; el contenido de la narración y su sistemática, y la preocupación de Castañeda por los mos italicus y galicus, así como la enseñanza, elaboración y sectores muertos del derecho romano.11

Respecto a su estilo narrativo, Bernal acusa en Castañeda un estilo perio-dístico claro, sencillo, didáctico y bien sistematizado, que busca apartarse de tecnicismos legales y jurídicos (que él mismo critica), en la búsqueda de in-teresar a un sector más amplio de lectores; aderezando todo esto, con un buen manejo del idioma y el cultivo de las bellas artes, especialmente la literatura. Ejemplo de ello, son sus artículos de Gravina, Alciato, Cuyacio y Leibnitz, por citar tan solo algunos, en los que analiza aspectos como el estilo de cada jurista, su elegancia al escribir, y la capacidad de transmitir esas habilidades a otros jurisconsultos, al grado de afirmar en referencia a los posglosadores: “La estupenda ignorancia de los juristas en los estudios auxiliares de la cien-cia, no podía durar largo tiempo después del renacimiento de las letras”.12

De Alciato, por ejemplo, señala que en él se unieron felizmente el estu-dio del derecho y de las “bellas letras”; mientras que en Cuyacio (uno de los favoritos de Castañeda), acusa el “arte de exponer con brevedad y lucidez”. Por otro lado, de Leibnitz, admira sus conocimientos, su originalidad, y un espíritu filosófico que transmite con erudición y solidez. Así, Bernal Gómez señala en el jurista Castañeda su capacidad de análisis en las aportaciones, pero sobre todo el estilo, de Heineccio, Bach, Pérez, Berni y Magro, en los

9 Bernal Gómez, Beatriz, “La recepción del derecho romano a la luz de un jurista mexica-no del siglo XIX”, Anuario Jurídico, México, núm. XI, 1984, pp. 293 y 294.

10 Cfr. ibidem, pp. 294 y 295.11 Cfr. ibidem, p. 295.12 Cfr. ibidem, pp. 295 y 296.




que admira aspectos tales como lo metódico, la comprensión del latín o bien, la claridad de sus escritos. Pero también realiza críticas, como la que hace a Bartolo.13 “...Satisfecho con las glosas, jamás se tomó la molestia de estudiar el texto, porque era más ignorante de la antiguedad y del idioma latino de lo que comúnmente se cree”.14

Incluso en este análisis es factible encontrar verdades de las que hoy en día sigue adoleciendo la enseñanza del derecho, al señalar: “Los abogados prácticos, cuyas preocupaciones estaban sostenidas por sus propios intere-ses, unidos a los rutineros de las antiguas escuelas, conspiraron contra la introducción de la literatura en la jurisprudencia”.15

Pero indudablemente, uno de sus favoritos es Cuyacio, al que, conforme a Bernal Gómez, refiere una y otra vez, citando a Gravina, Heineccio, Le-mernier; reiterando la influencia de un estilo, al que Castañeda denomina “cujaciano”, o bien, subrayando sus dotes como historiador, su análisis de la antiguedad, y el espíritu artístico de su obra, en comparación de otros juris-peritos más dogmáticos y severos, como Doneau.16

De esta manera, Castañeda, bajo la lupa de Bernal, admira y resalta la solidez del conocimiento jurídico, a través de lo histórico y literario de los autores que aborda, con un estilo que abarca la crónica y la lexicología, que adereza también, con anécdotas sobre los juristas y un tono coloquial y lleno de vida, que, como se mencionó, permiten una lectura amena, incluso para aquellos sin bases jurídicas e históricas.17 Pero en el que, además, se conjuga lo didáctico, ya que Castañeda inserta en su texto definiciones, clasificacio-nes y relaciones, que permiten un mayor entendimiento de la profundidad del análisis jurídico, verbigracia la siguiente definición de glosa:

Una glosa significa propiamente una palabra de un idioma extranjero, una ex-presión olvidada, o poética, o que requiere interpretación. Alcuino la había definido; unius verbi vel nominis interpretatio. En el siglo doce se hizo extensiva a la integra exposición de una opinión o sentencia. Las primeras glosas fueron interlineales, después se colocaron al margen, y por último se extendieron hasta

13 Cfr. ibidem, p. 297.14 Ibidem, p. 297.15 Idem. 16 Incluso, la obra de Cuyacio era tan elegante y rica, que Castañeda afirma que Hotto-

mano, rival del primero, no dudaba en recomendar a su hijo, que la llevase siempre consigo, o bien que en las escuelas públicas de Alemania, al pronunciarse el nombre de Cuyacio, todos se quitaban el sombrero. Cfr. ibidem, pp. 298-300.

17 Cfr. ibidem, p. 299.




formar una especie de comentario continuo. Esto fue lo que se llamó también Apparatus.18

Así también, Bernal Gómez subraya la aportación de Castañeda en el es-tudio de los métodos de enseñanza del derecho, dividiéndolos en exegético, dogmático e histórico (esto en el estudio que realiza de Donelo). Así también, Castañeda muestra la división de la historia del derecho en externa (origen y progreso de las costumbres y acontecimientos políticos que han influenciado en sociedades y jurisconsultos) e interna (la relación de los principios de la ciencia y sus modificaciones).19

Más adelante, Bernal Gómez aborda la sistemática de la narración en las obras de Luis Castañeda, en las que analiza la recepción del derecho romano en Occidente, siguiendo una cronología que parte de Irnerio y la Escuela de Bolonia y concluye con la Escuela Histórica, haciendo referencia a los glosa-dores, posglosadores, humanistas, a la jurisprudencia holandesa, entre otros muchos, mencionando los principales juristas de cada corriente o escuela, así como sus obras, prestando especial atención a las corrientes del mos italicus y del mos galicus. El sistema de Castañeda toma como base los comentarios que cada jurisconsulto realiza sobre otros y su trabajo, y añade entonces sus propias apreciaciones, pero la subjetividad de cada jurisconsulto, así como sus preferencias, provocan en ocasiones ciertas contradicciones, las cuales Castañeda aprovecha para ofrecer una visión más amplia del personaje y obra en estudio.20

Pero lo anterior no es impedimento, en opinión de Bernal Gómez, para que Castañeda realice análisis mucho más detallados, en los que aporta prepon-derantemente sus propios juicios, como es el caso de:

• El Antitriboniano de Hottomano.• El Nuevo Método de estudiar la Jurisprudencia de Leibnitz.• Del origen y el progreso del derecho civil de Gravina.• Historia del derecho romano en el medio evo de Savigny.21

Advierte Bernal Gómez que aun cuando Castañeda “no ofrezca nuevos datos sobre el problema que especialmente le ocupa, sí tiene la virtud de

18 Ibidem, p. 301.19 Cfr. ibidem, p. 302.20 Cfr. ibidem, p. 303.21 Cfr. ibidem, p. 304.




expresar, sintética y claramente, el amplio panorama de la tradición jurídica occidental”.22

En el último apartado de su estudio, Bernal Gómez atiende las que, en su opinión, son las principales preocupaciones académico-históricas del juez Castañeda, notando en su obra una casi imperceptible tendencia por la co-rriente humanista, que concluye por la admiración que muestra por los “ju-risconsultos de la escuela histórica”; pero que no por ello muestra reticencia alguna en apreciar las aportaciones de otras corrientes dogmáticas.

“Y aunque Castañeda trata de ser ponderado, balanceando las ventajas y desventajas de ambas corrientes, criticando a veces a los humanistas, no hay duda de que sus intereses corren al lado de la concepción historicista”.23

La admiración del que fuera juez federal vuelve a mostrarse en su admira-ción constante por Cuyacio y Leibnitz, pero recomendando no dejar de lado a Acursio, ni a Bartolo; en los que, además, se preocupa por el método que de-sarrollaron en la enseñanza del derecho; analizando lo extenso de sus comen-tarios, lo liberal de los mismos, que tan librados de la escolástica tradicional se encontraban, o que tanto habían resuelto las contradicciones entre glosas.24

Un último punto del que se preocupa Castañeda en su análisis es el de los denominados “sectores muertos del derecho”, resultado del proceso codifica-dor, de las corrientes liberales y positivistas del siglo XIX, y del racionalismo ilustrado, que dieron preponderancia a determinados principios e institucio-nes del derecho romano, por encima de otros, que cayeron en desuso.25

Finalmente, Bernal Gómez realiza una breve reflexión de Luis Castañeda como personaje, aseverando que fuera de sus publicaciones en El Foro, no parece contar con alguna otra bibliografía. Además, en opinión de la autora en comento, probablemente fue catedrático de historia del derecho en el es-tado de Puebla, y un gran latinista.

iv. las sEntEncias pronunciadas por luis castañEda: su actuación como JuEz En puEBla y tlaxcala

Lo que se considera la principal aportación del presente trabajo, es el resul-tado del estudio de campo realizado en archivos tanto del estado de Puebla, como de Tlaxcala.

22 Cfr. ibidem, p. 305.23 Cfr. ibidem, p. 306.24 Cfr. ibidem, pp. 307 y 308.25 Cfr. ibidem, pp. 309 y 310.




Los archivos que se exponen a continuación fueron recopilados en la Casa de la Cultura Jurídica del Estado de Puebla, donde se ubican las sentencias dictadas, respectivamente, de los años 1884 a 1886; de la Biblioteca Lafra-gua, donde se encuentran artículos escritos por Luis Castañeda en 1873 para el periódico El Foro, el cual fue un periódico de jurisprudencia y legislación, y en la Biblioteca del Juzgado de Distrito de Tlaxcala, donde se encuentran pormenores de los juicios de 1878.

El contenido de los amparos que se promueven no es muy diverso, en su mayoría pertenecen a la materia de servicio militar, causa específica o vio-lación de los artículos 16 y 21 pertenecientes a la Constitución de 1857 los cuales se escriben a continuación:

Art. 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En el caso de delito infra-ganti, toda persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, ponién-dolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata.26

Art. 21. La aplicación de las penas propiamente tales, es exclusiva de la auto-ridad judicial. La política o administrativa sólo podrá imponer como corrección, hasta quinientos pesos de multa, o hasta un mes de reclusión, en los casos y modo que expresamente determine la ley.27

Se procedió a clasificar los expedientes, y finalmente se extrajo de algunos ejemplares el amparo y la sentencia dictada, para así poder tener una idea clara de cómo fueron redactados y el contenido de ambos. La clasificación fue realizada en el siguiente orden:

1) Número de caja (año).2) Asunto que tratan: servicio militar o violación de artículos 16 y 21. 3) Si tienen o no sentencia.

Los amparos y sentencias son las siguientes:

Caja 123

1884

N. expediente Página de sentencia

56 NF

53 NF

26 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, jurada el 5 de febrero de 1857. 27 Idem.




Caja 124

1885

Servicio militar

Otros asuntos


1

2

3

4

5

6

7 Sin sentencia

8 17, 18

9 Sin sentencia

10 Sin sentencia

11

12 28

13 Sin sentencia

14 Sin sentencia

16

17

18

19 38, 39

20

21 Sin sentencia

22 Sin sentencia

23

24 40, 41

25 Sin sentencia

26 NF

27

28

29

30




32 15, 16

33

34 22

35 NF

36

37 3, 4

38 NF

42 18, 19

42

51 NF

51

57 34

57

58 28, 29

58

70 13

70

77 NF

77

Caja 125

1885

Servicio militar

Otros asuntos


39 13, 14

40 9, 10

41 15

42 2,3

44 3,4

45 13

46 Sin sentencia

47 9

48 7




49 9, 10

49 24, 25

50 9, 10

52 18

53 Sin sentencia

54 31, 32, 33

54 6, 7

56 NF

57 12

58 5

59 10, 11

60 10

61 6, 7

62 4

63 3, 4

64 8

66 11, 12

67 Sin sentencia

68 9

69 15, 16

71 12, 13

72 9, 10, 11

73 1o, 11, 12

74 18

75 NF

76 10

78 5

79 10, 11

80 Sin sentencia

81 14, 15

82 14, 15

83 18

85 8




Caja 126

1886

Servicio militar

Otros asuntos


2 14

3 10, 11

4 5, 6

5 8

6 10, 11

7 10, 11

8 10, 11

9 Sin sentencia

10 8

11 6

12 Sin sentencia

12

13 15

14 Sin sentencia

15 NF

16 10, 11

17 10, 11, 12, 13

18 NF

19 45

20 16, 17

21 7

22 15, 16

23 14, 15

24 Sin sentencia

25 Sin sentencia

26 Sin sentencia

27 66, 67

28 9, 10




29 7

30 15, 16

31 NF

32 NF

33 NF

34 16

34 49, 50, 51

35 15

Caja 127

1887

Servicio militar

Otros asuntos


38 6

39 8

40 Sin sentencia

41 Sin sentencia

42 20, 21

43 Sin sentencia

44 26, 39

45 20, 21

46 6

47 14

48 NF

49 Sin sentencia

50 12

51 7, 8

52 25, 26

53 28, 29, 30, 31, 32

54 9

55 23

56 17, 18, 19, 20, 21, 22

57 NF




58 9, 10

59 Sin sentencia

60 15, 16

61 33

62 31, 32

63 33

64 5

65 46, 47

66 5

67 12

68 Sin sentencia

69 Sin sentencia

70 14

71 Sin sentencia

72 Sin sentencia

76 Sin sentencia

Periódico de jurisprudencia y legislación El Foro. Biblioteca Histórica José María Lafragua de la Benemérita Universidad Universidad

Autónoma de Puebla.

Tomo N. Folio Título Página de referencia

1 14 Glosadores y Acursio 49 y 50

1 28 Comentadores y Alciato 105 y 106

1 32 Cujacius 121

1 40 Favre y Hottomano 153

1 59 Doneau y Leibinitz 229 y 230

1 69 Gravina Photier 265 y 266

1 77 Savigny 297




Tlaxcala

1878


14 NF

14 NF

15 NF

16 NF

v. un modElo dE sEntEncia dE luis castañEda

El 3 de marzo de 1887, el juez de distrito Luis Castañeda emitió una senten-cia referente a la validez de un legado para fines piadosos. La sentencia, en la que colaboró como secretario Joaquín Ruiz Sandoval, fue publicada en la ya mencionada publicación jurídica El Foro, y resolvía básicamente un conflicto de usufructo, de frente a las Leyes de Reforma, y particularmente la Ley de Nacionalización de Bienes de Manos Muertas.28

Los pormenores de este asunto fueron los siguientes: el 14 de agosto de 1853, don Antonio del Portal dictó testamento en Tlaxcala, estableciendo que su casa, ubicada en la Calle del Costado de San Pedro (hoy 2 oriente en el centro de la Ciudad de Puebla29) quedara en usufructo a favor de sus hijos Guadalupe y Juan Antonio, así como también de Telésfora Espinosa, Pedro José Valdivia y Marcelina Meza; todos ellos en calidad de usufructuarios. Como albacea del testamento, don Antonio (el De cujus) señaló al presbítero José Francisco Porras. El testamento también establecía que, a la muerte de los usufructuarios, el resto de los bienes se invirtiera en misas para las almas del De cujus y de sus padres, así como para “limosnas a los pobres”.30

El De cujus falleció en la ciudad de Puebla cuatro días después de haber dictado testamento (18 de agosto de 1853), y de la lectura de la sentencia, se deduce que de 1853 a 1872, los usufructuarios no gozaron de una posesión pacífica de lo señalado en el testamento; ya que el 7 de noviembre de 1854, Juan Nepomuceno Blanco, solicitó la posesión de los bienes, lo cual le fue negado a inicios del año siguiente.

28 Cfr. Castañeda, Luis, “Validez de un Legado para Fines Piadosos. Sentencia del Juez de Distrito de Puebla de 3 de marzo de 1887”, El Foro, 2a. época, t. XXVIII, s/f, p. 206.

29 Cfr. Fajardo, Guillermo, “Un pasado con mucho presente. El Hospital Real de San Pedro en Puebla de los Ángeles”, Revista Cirugía y Cirujanos, vol. 70, núm. 6, noviembre-diciembre de 2002, p. 466.

30 Cfr. Castañeda, op. cit., p. 206.




Así también, el 25 de junio de 1856, el 12 y 13 de julio de 1859, y el 9 de abril de 1872, se promulgaron las denominadas “Leyes de desamortización”, que tenían por objeto que los bienes raíces en posesión de corporaciones ci-viles o eclesiásticas quedaran disponibles para su venta a particulares.31

Ya en 1872, tras la muerte del último de los usufructuarios, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por resolución del 27 de abril del mismo año, declaró denunciable y redimible el inmueble; resolución ante la cual, el al-bacea de los bienes, don José Francisco Porras, buscó infructuosamente el amparo federal. De esta forma, los bienes fueron denunciados por Melquiades Carvajal ante la Jefatura de Hacienda de Tlaxcala.32

Es en este punto, donde el juez Castañeda hace gala de sus conocimientos del desarrollo de las instituciones jurídicas desde Roma hasta su época; ya que las cuestiones que debía resolver eran la validez del usufructo, la vali-dez del legado, y un conflicto de leyes en el tiempo respecto a las Leyes de Reforma.

De manera inicial, Castañeda realiza una breve, pero precisa disertación de la figura del usufructo:

...“Usufructus est jus alienis rebus utendi, fruendi, salva rerum substantia. Est enim jus in corpore: quo sublato, et ipsum tolli necesse est.” (Ley2, tit.1º.lib.,VII del Dig.). No están, sin embargo, conformes todos los intérpretes en la aplicación de las palabras “salva rerum substantia”, pretendiendo algunos que se refieren a la duración del usufructo; en este sentido querían decir que en tanto dura éste, en cuanto existe la cosa sobre que está constituido. Vinnio desechó esta interpre-tación apoyada en la autoridad de la Paráfrasis de Teófilo, sostenida por Giffen y reproducida en nuestros días por Du Caurroy y Warnksening, pero todos con-vienen en que por la muerte del usufructuario se extingue el usufructo.33

Es en esta parte de la sentencia, donde puede apreciarse la profundidad del conocimiento de Luis Castañeda, al observar la manera en que juriscon-sultos habían resuelto y decidido sobre la figura. Situación muy similar, a la que, en la misma sentencia, se aprecia respecto a cuándo surten efectos las disposiciones testamentarias, en la que el juez de distrito cita la legislación romana, en la búsqueda de resolver el conflicto.

Finalmente, Luis Castañeda sentencia que, si bien el legado fue válido ya que se hizo con anterioridad a las Leyes de Reforma, estas mismas leyes, junto con una circular del Ministerio de Hacienda de 1856, señalaban que

31 Cfr. idem. 32 Cfr. idem. 33 Idem.




los bienes raíces dejados en testamento, quedaban comprendidos en la ley del 25 de junio, por lo que declaró válida y legal la redención que de la casa número 13 de la Calle del Costado de San Pedro, hizo Melquiades Carvajal.

vi. conclusionEs

Luis Castañeda, en su papel como juez de distrito tanto en Puebla y Tlaxca-la, mostró en todo momento un uso elegante y adecuado, no tan solo de los latinismos en sus sentencias, sino de la doctrina del derecho romano, y de la historia del derecho, como fuentes del mismo, para la resolución de contro-versias.

Así también, la doctrina por él desarrollada en las publicaciones de El Foro, dan fe de sus capacidades como historiador jurídico, y como experto en la lexicología del derecho.

Su legado, como inspiración a futuras generaciones de jueces y magistra-dos, se encuentra disponible en la Casa de la Cultura Jurídica (pertenecien-tes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación) en Puebla, así como en las Bibliotecas Lafragua y del Juzgado de Distrito de Tlaxcala.

vii. fuEntEs dE información

Manuscritas

Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica (Sede Puebla). Sentencias 1884-1886.

Biblioteca del Juzgado de Distrito de Tlaxcala (Archivo de la Casa de la Cul-tura Jurídica Sede Tlaxcala). Sentencias 1878.

Impresas

Biblioteca LafraguaRevista “El Foro, Periódico de Jurisprudencia y legislación”, 1873.

Bibliográficas

salazar andrEu, Juan Pablo, Puebla y sus Constituciones federales (1825-1917), México, Porrúa-Escuela Libre de Derecho, 2010.




sErrano álvarEz, Pablo, Porfirio Díaz y el Porfiriato 1830-1915, México, INEHRM-SEP, 2012.

sirvEnt, Consuelo y villanuEva, Margarita, Sistemas jurídicos contemporá-neos, México, Harla, 1996.

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Hemerográficas

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castañEda, Luis, “Validez de un Legado para Fines Piadosos. Sentencia del Juez de Distrito de Puebla de 3 de marzo de 1887”, El Foro, 2a. época, t. XXVIII, s/f.

faJardo, Guillermo, “Un pasado con mucho presente. El Hospital Real de San Pedro en Puebla de los Ángeles”, Revista Cirugía y Cirujanos, vol. 70, núm. 6, noviembre-diciembre de 2002.

sánchEz roJas, Luis Ignacio, “La educación en el ejército porfiriano 1900-1910”, Revista Tzintzun, Morelia, núm. 54, julio-diciembre de 2011.

Cibergráficas

Biblioteca Digital del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educati-va, “Orden y Progreso”, disponible en http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/estados/libros/nayarit/html/sec_51.html.

sEdEna, Álbum Histórico del Ejército Mexicano, p. 37 (2), México, disponi-ble en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020006468/1020006468_009.pdf.

vivE tEtEla, Vida Fascinante de Juan Crisóstomo Bonilla, disponible en: www.vivetetela.com/portal/la-vida-fascinante-de-juan-crisostomo-bonilla.

Legisgráficas

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, jurada el 5 de febrero de 1857.



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RESÚMENES EN ESPAÑOL

Brunori, Luisa, “Benvenuto Stracca: abogado y fundador del derecho co-mercial “científico” (1509-1578)”.

En 1553 Benvenuto Stracca, importante abogado originario de la ciudad ita-liana de Ancona, escribió su tratado “De Mercatura”, considerada su publica-ción como el momento fundador del derecho comercial de carácter “científi-co”, con un abordaje riguroso y sistematizado de forma autónoma con respecto al derecho civil y canónico. Para la redacción de su obra, Stracca se basó en su experiencia como abogado. En su obra es evidente cuánto ha influenciado su profesión de abogado en la sistematización del derecho mercantil. En sus escritos, a menudo, Stracca evoca cuestiones de las cuales se había ocupado de manera personal como abogado. El frecuentar de los tribunales comercia-les y de la práctica judicial mercantil acerca la obra de Stracca a la realidad mercantil y le permite funcionalidad frente a las necesidades de los profesio-nales del derecho de la época. Así, las cuestiones relativas a las relaciones entre los mercaderes, a su responsabilidad, a los seguros, al mandato, a los procedimientos ante los tribunales comerciales, cobran vida en los escritos de Stracca por haber sido asuntos tratados por el abogado de Ancona en el transcurso de su vida profesional.

cruz BarnEy, Oscar, “Símbolos de la abogacía y privilegio profesional en la Nueva España: el uso de puños vueltas de gasa blanca en el traje de los abogados”.

A los abogados novohispanos se les concedió la gracia del derecho a utilizar en sus togas puños de encaje de bolillo, privilegio sólo reservado a las altas autoridades eclesiásticas y que se conserva actualmente en las sesiones to-gadas del Colegio.

La toga es una vestimenta propia de la profesión de abogado, es la prenda profesional de los juristas. Alfonso X impuso la garnacha sin vuelillos puños de encaje como prenda profesional de los juristas en las cortes de Jerez de la Frontera en abril de 1267. Los vuelillos quedaron reservados en España hoy



190 RESÚMENES

en día a los miembros de las juntas de gobierno de los Colegios de Abogados y jueces.

La concesión del privilegio del uso de bolillos blancos se hizo a solicitud del IRCAM que desde su fundación gozaba de la participación de las pree-minencias, y prerrogativas de que gozaba el Colegio de Abogados de Madrid.

Se confirma la concepción de élite profesional que distinguió a la profe-sión en el siglo XVIII. El otorgamiento del privilegio buscó acabar con la confusión en el uso de los trajes de los abogados y de otras profesiones, tuvo así una finalidad práctica: la de distinguir a los abogados respecto del resto de los togados.

fontainE, Clotilde, “Los abogados durante el antiguo régimen francés: el ejemplo singular del parlamento de Flandes”.

En 1668 se encontraba establecido en Tournai un Consejo Soberano a con-secuencia de las conquistas de los Países Bajos. Sólo diez abogados se re-ciben en esta jurisdicción. En 1692, son ya 54 abogados. Este número se consolidará hasta la mudanza del parlamento en Douai en 1714. El gremio de los primeros abogados estará influenciado por el dechado flamenco y no se organizará en un cuerpo. En efecto, la mayor parte de las reglas aplicadas en Flandes vienen de la práctica y legislación holandesas. Cuando estable-ce el Consejo Soberano, Louis XIV promete conservar las tradiciones loca-les, pero, poco a poco, intentará alinear el derecho y el procedimiento según el modelo francés. Esta normalización concierne también al personal judicial y se mantiene la cuestión de si la profesión de abogado en Flandes se esta-blece según el ejemplo francés o flamenco.

moralEs morEno, Humberto, “Los orígenes ideológicos del constituciona-lismo social mexicano en 1917”.

En el Congreso Constituyente al que convocó Venustiano Carranza al término de la etapa armada de la Revolución, dos diputados abogados: Luis Manuel Rojas y José Natividad Macías, renovadores del grupo que se enfrascó en las discusiones de forma y fondo para pasar de una reforma, a la elaboración de una nueva Constitución, impusieron una modificación a la base filosófica del artículo 1o. de la nueva Constitución.

La creación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, parecen tener una gran influencia de la corriente católica. Una justicia de equidad entre des-



191RESÚMENES

iguales, si bien esta visión asistencialista de la protección de los débiles tenía en realidad una raíz más vieja en América.

Llama la atención el proyecto poco conocido en el que Pastor Rouaix tuvo una notable intervención y que ayuda a comprender mejor su papel en el nú-cleo fundador de la Comisión que creó el Artículo 123 de la nueva Constitu-ción. Al parecer por una orden de Carranza, Rouaix, Macías y Rojas elaboran el 28 de enero de 1915, publicándolo en el Diario El Pueblo, el proyecto de Ley del Salario Mínimo y de las Juntas de Avenencia, antecedente directo de lo que se legisló en la Comisión del Constituyente.

marc’hadour, Tanguy, “Avocats, juges et professeurs dans la codification du droit pénal classique (France et Belgique)”.Traducción de J. M. Landa Llamas.

Las codificaciones de los siglos XVIII y XIX son obras políticas y legales que requirieron la participación de gobiernos y juristas. ¿Pero de qué juristas estamos hablando, doctores universitarios o profesionales y, entre estos ma-gistrados o abogados? Tomando ejemplos franceses y belgas en el siglo XIX, el estudio intenta determinar el papel de diferentes grupos profesionales en la codificación y la reforma penal (1810, 1832, 1867). En una tradición que se remonta a la monarquía y en contra de la experiencia revolucionaria, la codificación penal napoleónica se asiste de altos magistrados cercanos al poder, responsables de dar legitimidad a dicho código. Los abogados fue-ron excluidos de este proceso. Sólo reaparecieron con el movimiento liberal romántico de la década de 1830, pero este grupo profesional políticamente activo no impuso nuevos códigos y quedó satisfecho con reformas simples de carácter dispositivo, esto sucedió tanto en Francia como en Bélgica de manera independiente. Esto para lograr un nuevo código (1867) que atraerá a un erudito cuya figura está hinchada tanto por él como por el poder político; se trata de imponer un sistema codificado, científicamente validado para su-perar las disensiones políticas inherentes a una organización política liberal. Finalmente, incluso si los diferentes grupos profesionales nunca están del todo excluidos (estos grupos son además porosos), su papel y su importancia varían según los regímenes políticos y los objetivos del gobierno.



192 RESÚMENES

lEkEal, Farid, “Les juristes français et la naissance du droit social”.

No fue sino hasta el final de la Segunda Guerra Mundial que el vocabulario jurídico francés definió con mayor precisión el contenido del concepto “dere-cho social”. El establecimiento de la seguridad social por la Orden del 4 de octubre de 1945 contribuyó en gran medida a ello. A partir de ese momen-to, los juristas franceses consideraron que esta ley abarca todas las normas jurídicas, tanto individuales como colectivas, que organizan las relaciones laborales, así como las normas relativas a la protección social.

Sin embargo, antes de que se convirtiera en una realidad jurídica con con-tornos bien definidos, el derecho social sufría una larga indeterminación se-mántica. Sin embargo, los juristas no han escatimado esfuerzos para aclarar-lo. Se han esforzado por estudiar sus fuentes, cuestionar sus fundamentos, aclarar su ámbito de aplicación y descifrar su posible lógica. Esta reflexión comenzó en la segunda mitad del siglo XIX. Fue después de algunos años que se llevó a cabo la adopción de las primeras llamadas “leyes obreras” en Fran-cia, cuyo particularismo no tardaron en cuestionar a los expertos jurídicos.

El derecho social sufría así, una verdadera polisemia, que la adopción de la ley de 22 de marzo de 1841 sobre el trabajo infantil contribuyó a alimentar. Esta ley se considera en general como la partida del nacimiento del derecho social francés, que en su momento parecía ser una ley particularista con un ámbito de aplicación limitado, ya que se dirigía exclusivamente a una frac-ción del cuerpo social. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, el contenido de esté “derecho social” se desarrollará y atraerá cada vez más la atención de los juristas franceses, que acompañarán su nacimiento, inicial-mente, y su consagración académica, posteriormente. El presente artículo se propone describir las etapas y particularidades de esta ley

crochEpEyrE, Nathalie, “L’accès de l’ouvrier à la justice et à la défense de ses droits au XIXe siècle: de l’exclusion à l’admission quasi-automatique”. Traducción de J. M. Landa Llamas

En Francia, el acceso a la justicia de las personas en situación de pobreza dependió en buena medida de la voluntad de los hombres de leyes, al procla-mar la igualdad entre los hombres, los revolucionarios abrieron la estructura judicial al acceso de todos. Para el trabajador, cuya situación económica es cercana a la de vulnerabilidad por pobreza, este derecho no se otorgará has-ta finales del siglo XIX. La creación de consejos de hombres prudentes en 1806 marcó el inicio de una primera etapa hacia facilitar la apertura de los tribunales para la resolución de conflictos entre un trabajador y su patrón.



193RESÚMENES

Esta jurisdicción laboral abarca a todos los contendientes de un litigio que sean trabajadores, sin embargo, se omitieron temas atinentes a accidentes de trabajo por considerarlos parte del derecho común y, además por tener estos un gran contenido oneroso.

La promulgación de la ley de 1851 para la Asistencia judicial no con-tribuirá al acceso de un trabajador accidentado a la justicia. El dispositivo legislativo privilegiará, en efecto, las llamadas “causas buenas”, esas que convergen con el estado civil, la familia y no eliminará obstáculos como el de costas judiciales. El obrero deberá esperar al año 1898 y la Ley de accidentes de trabajo para ser totalmente relevado el proceso de formalidades adminis-trativas, mismas que fueron impuestas por la ley de 1851 y de esta manera acceder plenamente a los tribunales para obtener indemnización.

Enciso contrEras, José, “La apelación de judas. Litigio, tortura y penas en el distrito de la audiencia de charcas, siglo XVIII”

La causa criminal incoada en Cochabamba hacia 1790 contra Judas Tadeo Andrade (criollo o español dedicado a varios oficios como los de zapatero, peluquero, sangrador, papelista y verificador amén de tahúr), tiende a con-vertirse en tema clásico de la historiografía jurídica boliviana del siglo XVIII. Esto se debe a la original manera con que aquel esforzado apelante bonaeren-se trató de apoyar su escrito de agravios mediante la ilustración a todo color de los pasajes de su permanencia en la prisión de Cochabamba. Esta original idea de representar plásticamente los argumentos jurídicos de un litigante, anticipan usos procesales y versiones probatorias que se irían legitimando en el proceso moderno, hasta llegar a los contemporáneos medios de prueba.

Dadas las singularidades de este juicio, también se ha reflexionado en torno a la excéntrica personalidad de Judas, a su forma de conducirse en un entorno social en que las ideas independentistas maduraban aceleradamen-te. Tanto el proceso como su principal protagonista-víctima-litigante, deben estudiarse partiendo de ciertos elementos del contexto que determinó aquella penosa coyuntura.

Una veta rica de información histórica nos ofrece el interrogatorio y litigio del caso sobre la institución carcelaria y el procedimiento criminal en Cocha-bamba a finales del siglo XVIII.



194 RESÚMENES

Bai, Sonia, “Les défenseurs dans l’Algérie coloniale: un statut à la fois con-trôlé et convoité”.Traducción de J. M Landa Llamas.

La justicia administrada en Argelia durante el siglo XIX ha sido uno de los símbolos más connotados del sistema colonial. En efecto, la penuria personal, la inmensidad del territorio y la composición particular de la población que comprendía tanto a colonos europeos, israelitas y aquellos a quienes se les de-nominaba “indígenas”, eran varios los elementos que justificaron la adopción de una organización judicial original. Es durante el periodo de la conquista en 1830 que la situación marcada por inestabilidad política en la metrópoli y por la voluntad del ejecutivo sobre control judicial del otro lado del mar. Este estado de cosas duró hasta los inicios de la Tercera República, tiempo durante el cual se hizo particularmente sensible el tema de la defensa jurídica.

Dada circunstancia, el legislador quiso evitar los inconvenientes del tema de la defensa en la metrópoli. Éste pensó que en un país con una situación social novedosa, con problemas como el de la propiedad agudizados era im-prescindible el acceso a los tribunales mediante una “justicia pronta y ex-pedita”. De igual manera, la simplificación en la manera de lo posible de las reglas del proceso, así como la disminución del número de formalidades y la abreviación de dilaciones procesales, asimismo se colocó entre el juez y el justiciable un solo mandatario judicial, el defensor, quien reunía las calida-des de fiscal y abogado.

pérEz-cuéllar M., Alfonso, “El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México”.

La presencia de los abogados en la Nueva España fue autorizada por el Em-perador Carlos V y éstos se agruparon inicialmente en una cofradía surgida de la afiliación a la ya existente de San Juan Nepomuceno establecida en el Hospital del Espíritu Santo y Nuestra Señora de los Remedios.

Las primeras reuniones para la fundación de un Colegio de abogados se iniciaron el 8 de junio de 1758, con la finalidad de asistir a los abogados en sus enfermedades y muerte, al igual que a las viudas y a los huérfanos de es-tos, a quienes se les encontraba pidiendo limosna, en los pasillos de la Real Audiencia de México.

La corporación gozaba de importantes privilegios, el ejercicio del mutua-lismo y de ciertos actos de piedad, al igual que elevar el nivel de la práctica jurídica. Sólo quienes estaban matriculados podían ejercer la profesión ante



195RESÚMENES

la Real Audiencia y la Corte de México. Desde 1760, era menester ajustarse a lo que se establecía para el ingreso en el Colegio de Abogados de Madrid.

Hoy el Colegio mantiene su tradición en defensa de la abogacía y del Es-tado de derecho, preocupada por la excelencia de la profesión mediante me-canismos de control ético y técnico.

salazar andrEu, Juan Pablo, “Algunas consideraciones respecto al juez Luis Castañeda”.

La importancia del trabajo de Luis Castañeda radica en que fue un juez que actuó con un profundo conocimiento del latín y del derecho común. La obra de Castañeda es de gran relevancia; por la luz que buscó aportar sobre la recepción del derecho romano en Occidente, en sus publicaciones en El Foro, una de las más relevantes publicaciones jurídicas de su época, y en las que analiza y explica, con pluma magistral, dirigido a doctos y legos, las aportaciones de juristas como Acursio, Alciato, Cujacius, Favre, Hottomano, Doneau, Leibnitz, Gravina, Pothier y Savigny. Todo ello en un periodo corto relativamente, entre el 18 de junio al 1o. de noviembre de 1873.

Lo que se considera la principal aportación del presente trabajo es el re-sultado del estudio de campo realizado en archivos tanto del estado de Pue-bla, como de Tlaxcala, recopilados en la Casa de la Cultura Jurídica del Es-tado de Puebla, donde se ubican las sentencias dictadas, respectivamente, de los años 1884 a 1886; de la Biblioteca Lafragua, donde se encuentran artículos escritos por Luis Castañeda en 1873 para el periódico El Foro; y en la Biblioteca del Juzgado de Distrito de Tlaxcala, donde se encuentran por-menores de los juicios del año 1878.



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RESÚMENES EN FRANCÉS

Brunori, Luisa, “Benvenuto Stracca: abogado y fundador del derecho co-mercial “científico” (1509-1578)”

En 1553, Benvenuto Stracca, un important avocat de la ville italienne d’Ancône, écrit son traité “De Mercatura”, considéré comme l’acte fondateur du droit commercial “scientifique”, abordé avec rigueur et systématisé de fa-çon autonome par rapport au droit civil et au droit canonique. Pour la rédac-tion de ses écrits, Stracca s’est appuyé considérablement sur son expérience d’avocat. Dans ses œuvres il est absolument visible à quel point sa profes-sion d’avocat a influencé la systématisation du droit commercial. Dans ses écrits, Stracca évoque souvent des questions qu’il a personnellement traitées en tant qu’avocat. Sa fréquentation intense des tribunaux commerciaux et sa connaissance approfondie de la pratique judiciaire commerciale approche les œuvres de Stracca à la réalité des affaires et leur permet d’être fonctionnelles aux besoins des professionnels du droit de l’époque. Ainsi, les questions re-latives aux relations entre marchants, à leur responsabilité, aux assurances, au mandat et aux procédures devant les tribunaux commerciaux prennent vie dans les écrits de Stracca pour avoir été traitées par l’avocat d’Ancône au cours de sa vie professionnelle.

cruz BarnEy, Oscar, “Símbolos de la abogacía y privilegio profesional en la Nueva España: el uso de puños o vueltas de gasa blanca en el traje de los abogados”.

Le droit des manchettes de dentelle blanche sur leurs toges a été concé-dée aux avocats de la Nouvelle Espagne, privilège qui était réservé aux plus hautes autorités ecclésiastiques, y et qui se conserve de nos jours lors des sessions solennelles du Barreau.

La toge est un habit propre à la profession d’avocat, c’est l’habit profes-sionnel des juristes. Alphonse X imposa la «garnacha sin vuelillos» (précur-seur de la toge comme on la connait aujourd’hui) comme habit officiel des juristes à la court de Jerez de la Frontera en avril 1267. Les boucles des toges



198 RESÚMENES

restent réservées de nos jours en Espagne aux membres des Conseils d’Ad-ministration des Barreaux et aux juges.

Le droit d’utiliser les manchettes en dentelle blanche résulte d’une demande de l’ICRAM, qui depuis sa fondation, bénéficie de la prééminence et des prérogatives dont jouissait le barreau de Madrid. Elle confirme, par ces usages, le concept d’élite professionnelle qui distingue la profession d’avocat au XVIIIème siècle. L’octroi de ce privilège visait à mettre fin à la confusion dans l’utilisation des costumes d’avocats avec d’autres pro-fessions. Ce privilège accordé répond un objectif pratique: distinguer les avo-cats du reste des professionnels qui utilisaient des habits comme la toge.

fontainE, Clotilde, “Los abogados durante el antiguo régimen francés: el ejemplo singular del parlamento de Flandes”.

A la création du conseil souverain de Tournai en 1668, seuls dix avocats sont reçus à prêter serment. On en compte 54 en 1692, nombre qui doublera à la suite de l’installation du parlement à Douai en 1714. Imprégnés des pra-tiques des anciens Pays-Bas, les avocats flamands échappent initialement à toute prise de corps. Si Louis XIV a promis de maintenir les usages hérités des anciens Pays-Bas lors de l’installation du conseil souverain, il souhaite progressivement aligner le droit et la procédure sur le modèle français. Cette assimilation s’applique-t-elle aux professions judiciaires, et plus particuliè-rement à la profession d’avocat? Les origines idéologiques du constitutiona-lisme social mexicain en 1917.

moralEs morEno, Humberto, “Los orígenes ideológicos del constituciona-lismo social mexicano en 1917”.

Au Congrès constitutionnel que Venustiano Carranza a convoqué à la fin de la phase armée de la Révolution, deux avocats et députés: Luis Manuel Rojas et José Natividades Macías, rénovateurs du groupe engagé dans les discussions de forme et de fond pour passer d’une réforme, à l’élaboration d’une nouvelle Constitution. Ce sont eux qui imposèrent une modification de base philoso-phique à l’article premier de la nouvelle Constitution.

La création des commissions de conciliation et d’arbitrage semble avoir Issue de l’ énorme influence du courant catholique. Une justice d’équité entre inégaux, cette vision paternaliste de la protection de plus faibles trouve, en réalité, sa racine plus ancienne en Amérique.



199RESÚMENES

Il est surprenant de voir le projet peu connu dans lequel le Pasteur Rouaix a participé. L’étude de ce projet aide à et comprendre mieux le rôle de cet homme la Commission qui créa l’article 123 de la nouvelle Constitution. Ap-paremment sous un ordre de Carranza, Rouaix, Macías et Rojas élaborèrent le 28 janvier 1915 le projet de loi de Salaire Minimum et des conseils de conciliation, précédent qui sera repris par la Commission Constituante.

lE marc’hadour, Tanguy, “Avocats, juges et professeurs dans la codifica-tion du droit pénal classique (France et Belgique)”.

Les codifications des XVIIIe et XIXe siècles sont des œuvres politiques et juridiques requérant la participation des gouvernants et des juristes. Mais de quels juristes parle-t-on, des docteurs universitaires ou des praticiens et par-mi ceux-ci les magistrats ou les avocats? En prenant appui sur les exemples français et belges au XIXe siècle, l’étude tente de déterminer le rôle des différents groupes professionnels dans la codification et la réforme pénale (1810, 1832, 1867). Dans une tradition qui remonte à la monarchie et contre l’expérience révolutionnaire, la codification pénale napoléonienne s’appuie sur des hauts magistrats proches du pouvoir, chargés de donner une légitimité au code pénal. Les avocats sont exclus du processus. Ils ne réapparaissent qu’avec le mouvement libéral romantique des années 1830. Mais ce groupe professionnel actif politiquement ne parvient pas à imposer de nouveaux co-des et se contente de simples réformes, tant en France que dans la Belgique indépendante. Celle-ci pour parvenir à réaliser un nouveau code (1867) va faire appel à un savant dont la figure est construite tant par lui-même que par le pouvoir politique; il vient imposer un code-système, validé scien-tifiquement afin de surmonter les dissensions politiques inhérentes à une organisation politique libérale. Finalement, même si les différents groupes professionnels ne sont jamais exclus totalement —ces groupes sont d’ailleurs poreux—, leur rôle et leur importance varient selon les régimes politiques et les objectifs des gouvernements.

lEkEal, Farid, Les juristes français et la naissance du droit social

Il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que le vocabulaire juridique français définisse avec plus de précision le contenu de la notion de «droit social». La mise en place de la Sécurité sociale par l’ordonnance du 4 octobre 1945 y a contribué pour une très large part. À partir de cette époque,



200 RESÚMENES

les juristes français considèrent que ce droit recouvre l’ensemble des règles juridiques, individuelles et collectives qui organisent les relations de travail ainsi que les normes touchant à la protection sociale.

Avant de s’imposer comme une réalité juridique aux contours bien définis, le droit social a toutefois souffert d’une longue indétermination sémantique. Les juristes n’ont pourtant pas ménagé leurs efforts de clarification. Ils se sont employés à en étudier les sources, à en interroger les fondements, à en préciser le champ d’application et à en décrypter la logique éventuelle. Cette réflexion est engagée dès la seconde moitié du XIXe siècle. Elle est posté-rieure de quelques années à l’adoption des premières lois dites «ouvrières» françaises dont le particularisme ne tarde pas à interroger les juristes.

Le droit social a ainsi souffert d’une véritable polysémie que l’adoption de la loi du 22 mars 1841 relative au travail des enfants va contribuer à alimen-ter. Cette loi est généralement considérée comme l’acte de naissance du droit social français qui apparaît alors comme un droit particulariste au champ d’application limité puisqu’il vise exclusivement une fraction du corps social.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le contenu de ce droit social va néanmoins s’étoffer et susciter l’attention de plus en plus soutenue de la part des juristes français qui vont en accompagner la naissance, dans un premier temps, et sa consécration académique dans un second temps. Cet article se propose d’en restituer les étapes et les particularités.

crochEpEyrE, Nathalie, “L’accès de l’ouvrier à la justice et à la défense de ses droits au XIXe siècle : de l’exclusion à l’admission quasi-automa-tique”.

En France, l’accès des pauvres à la justice a longtemps reposé sur la bonne volonté des hommes de loi. En proclamant l’égalité des citoyens en droits, les révolutionnaires ont ouvert le chantier de l’accès à la justice pour tous. Pour l’ouvrier, dont la situation économique est souvent proche de la pauvreté, ce droit ne se concrétisera qu’à la fin du XIXe siècle. La création de conseils de prud’hommes, dès 1806, marque une première étape pour faciliter la résolu-tion des litiges entre un ouvrier et son patron. Cette juridiction n’accueille cependant pas tout le contentieux ouvrier car celui relatif aux accidents du travail relève encore des juridictions de droit commun, beaucoup plus oné-reuses.

L’adoption de la loi de 1851 sur l’assistance judiciaire ne facilitera pas l’accès de l’ouvrier accidenté à la justice. Le dispositif privilégie en effet les «bonnes causes», celles qui touchent à l’état-civil, à la famille et ne supprime



201RESÚMENES

pas totalement les frais judiciaires. L’ouvrier doit attendre 1898 et la loi sur les accidents du travail pour être totalement dispensé des formalités admi-nistratives imposées par la loi de 1851 et accéder pleinement aux tribunaux pour obtenir réparation.

Enciso contrEras, José, “L’appellation de Judas: Litige, torture, et peines dans le district de l’Audience de «Charcas», XVIIIème siècle”.

L’affaire pénale engagée à Cochabamba vers 1790 contre Judas Tadeo An-drade (créole ou espagnol effectuant divers métiers tels que cordonnier, coiffeur, etc.) a tendance à devenir un sujet classique de l’historiographie juridique bolivienne du XVIIIe siècle. Ceci est dû à la façon originale dont ce travailleur acharné de Buenos Aires a essayé d’appuyer sa rédaction de griefs en illustrant en couleur les passages de son séjour à la prison de Co-chabamba. Cette idée originale de représenter à travers les arts plastiques les arguments juridiques d’un plaideur, anticipe les usages procéduraux et les versions probatoires qui seraient légitimés dans le processus moderne, jusqu’à atteindre les moyens de preuve contemporains.

Dû aux singularités de ce procès, la réflexion a aussi été faite autour de la personnalité excentrique de Judas, de sa forme façon de se comporter dans une société dans laquelle les idées indépendantistes murissaient rapidement. Le procès et son protagoniste victime-plaideur doivent être étudiés en partant de certains éléments du contexte qui ont déterminé ce moment douloureux.

Une riche veine d’informations historiques nous offre l’interrogatoire et le contentieux de l’affaire sur l’établissement pénitentiaire et la procédure pé-nale à Cochabamba à la fin du XVIIIe siècle.

Bai, Sonia, “Les défenseurs dans l’Algérie coloniale: un statut à la fois contrô-lé et convoité (1830-1881)”.

La justice en Algérie au XIXe siècle a été l’un des symboles les plus forts du système colonial. En effet, la pénurie de personnel, l’immensité des terri-toires et la composition particulière de la population comprenant des colons, des européens, des israélites, et ceux qui étaient appelés «indigènes» sont autant d’éléments qui justifient l’adoption d’une organisation judiciaire ori-ginale. Celle-ci nait dès les débuts de la conquête en 1830 alors que la pé-riode est marquée par l’instabilité politique en métropole et par la volonté en outre-mer de laisser l’exécutif contrôler le judiciaire. Cette situation qui dure



202 RESÚMENES

jusqu’aux débuts de la Troisième République, se fait particulièrement sentir sur la question très sensible de la défense.

Ainsi, le législateur a voulu éviter les inconvénients de la défense métro-politaine. Il a pensé que dans un pays où une société nouvelle venait s’établir, où les problèmes de propriétés des territoires conquis allaient se poser avec acuité, il importait de faciliter, plus qu’ailleurs, l’accès aux tribunaux en met-tant en place une «justice expéditive et prompte». Dans ce but, il a simplifié autant que possible les règles de la procédure, restreint le nombre des forma-lités, abrégé les délais, et placé entre le justiciable et le juge un seul man-dataire, le défenseur, réunissant les doubles attributions d’avoué et d’avocat.

alfonso Pérez Cuéllar, “El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de Méxi-co”.

La présence d’avocats en Nouvelle Espagne fut autorisée para l’Empereur Charles V, et ceux ci se regroupèrent dans un premier temps dans une confré-rie née de l’affiliation la confrérie déjà existante de San Juan Nepomuceno établie à l’hôpital Espiritú Santo y Nuetsra Señora de los Remedios.

Les premières réunions pour la fondation d’un Barreau d’avocat commen-cèrent le 8 juin 1758. Leur but était d’aider les avocats malades et mourants, ainsi que leurs veuves orphelins, qui du fait de la situation, étaient obligés de mendier dans les rues et dans les couloirs de l’Audience Royal de Mexico.

Cette confrérie jouissait d’importants privilèges, de l’exercice du mutua-lisme et de certains actes de piété, ainsi qu’une pratique juridique de haut niveau. Seuls ceux qui étaient immatriculés pouvaient pratiquer la profession d’avocat devant l’Audience Royale et la Cours de Mexico. Dés 1760, il fallût se conformer à ce qui avait été établi pour l’admission au Barreau de Madrid.

De nos jours, le Barreau maintient sa tradition de défense de la profession d’avocat et l’Etat de Droit, soucieux de l’excellence de la profession grâce à des mécanismes de contrôle éthique et technique.

salazar andrEu, Juan Pablo, “Quelques considérations sur le Juge Luis Castañeda”.

L’importance du travail de Luis Castañeda, réside dns le fait qu’il était un juge qui avait une parfaite connaissance du latin et du de la Common Law. L’oeuvre juridique de Castañeda est d’une grande importance en raison de la



203RESÚMENES

lumière qu’il a voulu apporter sur la réception du Droit Romain en Occident, dans ses publications El Foro, une des publications juridiques plus impor-tantes de son époque, dans laquelle il analyse et explique dans une synthase parfaite, tant destinée aux profanes qu’aux savants, les contributions des ju-ristes tels que Acursio, Alciato, Cijacius, Favre, Hottomano, Doneau, Leib-nitz, Gravina, Pothier et Savigny. Tout cela en un temps relativement court, entre el le 18 juin et le 1er novembre 1873.

Ce qui est considéré comme la principale contribution de ce travail, c’est le résultat de l’étude de terrain réalisée dans les archives de l’ État de Puebla, et celui de Tlaxcala, où se trouvent les sentences dictées, respectivement, des années 1884 à 1886 puis dans la bibliothèque de Lafragua, ou se trouvent les articles rédigés par Luis Castañeda en1873 pour le journal El foro, et enfin à la bibliothèque du tribunal de district de Tlaxcala où se trouvent les détails des procès de l’année 1878.



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RESÚMENES EN INGLÉS

Brunori, Luisa, “Símbolos de la abogacía y privilegio profesional en la Nue-va España: el uso de puños o vueltas de gasa blanca en el traje de los abogados”.

In 1553 Benvenuto Stracca, a renowned lawyer from the Italian city of An-cona, wrote his treatise “De Mercatura”, considered to be the foundation stone of commercial law of “scientific” character, approached with rigour and systematized separately with respect to civil and canon law. For the writ-ing of his work, Stracca relied on his experience as a lawyer. In his work it clearly manifests how much the lawyer profession of his had influenced the systematization efforts of commercial law. In his writings Stracca often evokes particular matters he personally dealt with as a legal practitioner. His frequent attendance at commercial courts and his regular judicial practice brings Stracca’s work closer to the reality of business and enables it to be functional to the needs of the legal professionals of that time. Thus, doctrinal questions relating to relations between merchants, their liability, insurance, mandate, and commercial court proceedings come to life in Stracca’s writings because they were matters dealt with by the aforementioned Ancona lawyer in the course of his professional career.

cruz BarnEy, Oscar, “Símbolos de la abogacía y privilegio profesional en la Nueva España: el uso de puños o vueltas de gasa blanca en el traje de los abogados”.Traducción de elaboración propia José Manuel Landa Llamas.

Lawyers in New Spain were granted the right to adorn their robes with bobbin lace cuffs, privileged reserved to high ecclesiastical magistrates, this tradi-tion has since then been observed in ceremonial sessions at the bar.

The robe is a vestment distinctive to the professional in law, is the dressing code of jurists. Alphonso X imposed the use of the Spanish tabard without the aforementioned laced cuffs to be proper of the jurist’s guild as a garment in-dicative of such undertaking at the Jerez de la Frontera Courts in April 1267.



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Those cuffs remained reserved in Spain to members of the governing body of the Castilian law professionals’ courts of inn and of judges.

The petition for the conceded privilege for the use of white laced cuffs was bestowed to the Royal Illustrious Bar of Mexico since its establishment and has then on enjoyed of the sort entitlements and prerogatives.

The common conception of an elite body distinguished such occupation in the XVIII century and is confirmed to us by the measures taken.

It was by the approaching means that it was intended to put to an end to the then prevailing confusion regarding the attire of law’s practitioners from other cultivated fields: Therefore it bore a practicality, set aside legists from of other people of learned pursuits.

fontainE, Clotilde, “Símbolos de la abogacía y privilegio profesional en la Nueva España: el uso de puños o vueltas de gasa blanca en el traje de los abogados”.

After the Devolution war, the southern part of the former Spanish Low Coun-tries is attached to the French crown. In 1668, a Conseil souverain is estab-lished in Tournai and only 10 lawyers are received. They are 54 by 1692 and this number will double in 1714, following the establishment of the court at Douai. As the first lawyers to serve under the French crown are used to Flem-ish uses, they do not organize themselves into a guild or corporation. Even so Louis XIV had promised to keep the Flemish customs when he created this jurisdiction, regardless of such promise he tried progressively to enforce “French” law and procedure in the realm. Does that assimilation is of today’s concern of legal professions, particularly lawyers?

moralEs morEno, Humberto, “Los orígenes ideológicos del constitucional-ismo social mexicano en 1917”.Traducción de elaboración propia J. M. Landa Llamas.

At the Constitutional Congress that Venustiano Carranza convened at the end of the armed phase of the Revolution, two lawyer deputies: Luis Manuel Rojas and José Natividad Macías, renovators of the group that engaged in discus-sions of form and substance to pass a reform, for the elaboration of a new Constitution, they agreed upon a modification to the philosophical basis of article 1 of the new Constitution.



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The creation of the Conciliation and Arbitration Boards seems to have a great influence from the Catholic current. A justice of equity between un-equals, although this welfare vision of the protection of the weak had in fact an older root in America.

The little-known project in which Pastor Rouaix had a remarkable inter-vention draws attention and helps to better understand his role in the found-ing nucleus of the Commission that created Article 123 of the new Constitu-tion. Apparently by order of Carranza, Rouaix, Macías and Rojas elaborated on January 28, 1915, publishing it in the daily newspaper named El Pueblo, the draft of the Law on Minimum Wage and the Boards of Settlement, a direct antecedent of what was legislated in the Constituent Commission.

lE marc’hadour, Tanguy “Avocats, juges et professeurs dans la codification du droit pénal classique (France et Belgique)”.

Codifications of the 18th and 19th centuries are political and legal works that required the participation of governments and jurists. But what jurists are we talking about, university or doctor´s degree scholars and among these, magis-trates or lawyers? Taking French and Belgian examples in the 19th century, the study attempts to determine the role of different professional groups in codification and penal reform (1810, 1832, 1867). In a tradition that goes back to the monarchy and against revolutionary experience, the Napoleonic penal codification is worked by high magistrates close to power, responsible for giving legitimacy to said code. Lawyers were excluded from this process. They only reappeared with the romantic liberal movement of the 1830s, but this politically active professional group did not impose new codes and was satisfied with simple device-based reforms, this happened in both France and Belgium independently. To achieve a new code (1867) a scholar will be called to intervene whose stature is grown both by him and political power; it is about imposing a codified, scientifically validated system to overcome the political dissensions inherent in a liberal political organization. Finally, even if different professional groups are never entirely excluded (these groups are also porous), their role and importance vary according to political regimes and government objectives.



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lEkEal, Farid, “Les juristes français et la naissance du droit social”.

It was not until the end of the Second World War that the French legal corpus defined vocabulary more precisely the content of the concept of “social law”. The establishment of a Social Security system by the Government Ordinance 4 /10/ 1945 contributed to this to a very large extent. From that time on, French jurists considered that this law covers all legal rules, both individual and collective, which organize labour relations as well as standards related to social protection.

However, before it became a legal reality with well-defined contours, so-cial law suffered from a long semantic indeterminacy. Lawyers, however, had spared no effort to clarify it. They have endeavored to study its sources, to question its foundations, to clarify its scope of application and to decipher its possible logic. This reflection began in the second half of the 19th century. It was a few years after the adoption of the first so-called “workers’ laws” in France, whose particularism did not take long to be questioned by legal ex-perts’ close scrutiny.

Social law thus suffered from a veritable polysemy which the adoption of the law of 22 March 1841 on child labour helped to deepen. This Act is gen-erally regarded as the birth certificate of French social law, which at the time appeared to be a sectorial legislation with a limited scope of application since it was aimed exclusively at a fraction of the social body.

In the second half of the nineteenth century, however, the content of this social law was to develop and attract increasing attention from French jurists, who were to accompany its birth, initially, and its academic consecration, subsequently. This article sets out to describe the stages and particularities of this law.

crochEpEyrE, Nathalie, “L’accès de l’ouvrier à la justice et à la défense de ses droits au XIXe siècle: de l’exclusion à l’admission quasi-automatique”.

In France, access to justice for the poor has long been based in the good will of lawyers. By proclaiming the equality of citizens in terms of rights, the revolutionaries opened the path to an egalitarian access to justice. For the worker, whose economic situation is often close to poverty, this right will only have become a reality at the end of the 19th century. The creation of industrial tribunals in 1806 marked a first step to achieve the facilitation of dispute resolution between a worker and his employer. However, this court did not deal with all of workers’ disputes, since those relating to accidents at



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the workplace were still dealt with by ordinary courts, which were much more expensive.

The adoption of the 1851 legislation on legal aid will not smooth the way to justice access for injured workers. The system favoured “good causes” (those relating to civil status and the family, although did not completely eliminate legal costs) over others. The worker had to wait until 1898 and for the Law on industrial accidents to be totally exempted from administrative formalities imposed by the law of 1851 therefore to gain full access to court in order to obtain compensation.

Enciso contrEras, José, “La apelación de Judas: litigio, tortura y penas en el distrito de la Au-diencia de Charcas, siglo XVIII”.Traducción de J. M. Landa Llamas.

The criminal case initiated in Cochabamba around 1790 against Judas Tadeo Andrade (Creole or Spanish dedicated to various trades such as shoemaker, hairdresser, bleeding man, paper writer and verifier, in addition to tahúr), tends to become a classic subject of Bolivian legal historiography of the cen-tury XVIII. This is due to the original way in which that hard-working Buenos Aires appellant tried to support his writing of grievances by illustrating at full glance the passages of his stay in the Cochabamba prison. This original idea of plastically representing the legal arguments of a litigant, anticipate proce-dural uses and evidentiary versions that would be legitimized in the modern process, until reaching the contemporary means of evidence.

Given the singularities of this trial, the eccentric personality of Judas, his way of behaving in a social environment in which independence ideas matured rapidly, has also been reflected on. Both the process and its main protagonist-victim-litigant must be studied based on certain elements of the context that determined that painful situation.

A rich vein of historical information offers us the interrogation and litiga-tion of the case on the prison institution and the criminal procedure in Cocha-bamba at the end of the 18th century.

Bai, Sonia, “Les défenseurs dans l’Algérie coloniale: un statut à la fois con-trôlé et convoité (1830-1881)”.

Justice administered in Algeria at the 19th century was one of the stron-gest symbols of the colonial system. Indeed, the shortage of personnel, the



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vastness of the territories and the particular composition of the population comprising settlers, Europeans, Israelites, and those who were called “indig-enous”, were all elements that justified the adoption of an original judicial system. It was created from the very beginning of the conquest in 1830, a pe-riod impregnated by political instability in metropolitan France and with the willingness to let the executive control the judiciary overseas. This situation, which lasted until the beginning of the Third Republic, was particularly felt on the very sensitive issue of legal defence.

Thus, the legislator wanted to avoid the disadvantages of metropolitan defence. He thought that in a country where a new society was being estab-lished, where the problems of ownership of conquered territories were going to be acute, it was important to facilitate, more than elsewhere, the access to the courts by setting up “expeditious and prompt justice”. To this end, it simplified the rules of procedure as much as possible, reduced the number of formalities, shortened time limits, and placed a single representative, the defender, between the litigant and the judge, combining the dual functions of solicitor and lawyer.

pérEz cuEllar, Alfonso, “El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México”.

The presence of lawyers in New Spain was authorized by Emperor Charles V and they were initially grouped into a brotherhood that arose from the affili-ation with the existing Saint John Nepomucene established at the Hospital of the Holy Spirit and Our Lady of Remedies.

The first meetings for the foundation of a Bar Association began on June 8, 1758, in order to assist lawyers in their illnesses and deaths, as well as their widows and orphans, who were begging for alms in the corridors of the Royal Audience of Mexico.

The corporation enjoyed important privileges, the exercise of mutualism and certain acts of piety, as well as raising the level of legal practice. Only those who were registered could practice the profession before the Royal au-dience and the Court of Mexico. Since 1760, it was necessary to comply with what was established for admission to the Madrid Bar Association.

Today the College maintains its tradition in defence of the legal profession and the rule of law, concerned with the excellence of the profession through mechanisms of ethical and technical control.



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salazar andrEu, Juan Pablo, Algunas consideraciones respecto al Juez Luis Castañeda.

The importance of Luis Castañeda’s work lies in the fact that he was a judge who acted with a deep knowledge of Latin and ius commune. Castañeda’s work is of great relevance; for the light that he sought to contribute on the reception of Roman Law in the West, in his publications in “El Foro”, one of the most relevant legal publications of his time, and in which he analyses and explains, with masterly pen, addressed to Scholars and Legos, the con-tributions of jurists such as Acursius, Alciatus, Cuiacius, Favre, Otomanus, Doneau, Leibnitz, Gravina, Pothier and Savigny. All this in a relatively short period of time, in between June 18 to November 1, 1873.

What is considered the main contribution of his work, is the result of the field study carried out in archives of both the State of Puebla and Tlaxcala, collected in the House of Legal Culture of the State of Puebla, where the sen-tences handed down are located , respectively, from the years 1884 to 1886; the Lafragua Library, where you can find articles written by Luis Castañeda in 1873 for the newspaper El Foro; and in the Library of the District Court of Tlaxcala, where details of the trials of the year 1878 are to be found.



Historia del derecho y abogacía. Seminario internacio-nal, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídi-cas de la UNAM, se publicó en versión digital el 19 de octubre de 2020. En su composición tipográfica se

utilizó tipo Bodoni Std en 9, 10 y 11 puntos.