Problemas de Historia Argentina

Unidad 1

Morgan: La invención del pueblo. El surgimiento de la soberanía popular en Inglaterra y Estados Unidos.

El autor parte de la pregunta formulada por David Hume en el siglo XVIII, “¿cómo puede una minoría de dirigentes gobernar sin violencia a la mayoría del pueblo?”

Para dar respuesta a esta pregunta Morgan hace un recuento de la historia política del Parlamento Inglés del siglo XVII y del Sistema Republicano de Estados Unidos del siglo XVIII, mostrando los ascensos y los declives de ambos regímenes en la cuestión política y jurídica de la soberanía popular, y su crucial falacia cuando al sistema democrático moderno se le atribuye dicho concepto. ¿Es cierto que existe un gobierno por y para el pueblo? ¿Quién lo representa? ¿Es el Parlamento su verdadero Representante? ¿Lo es el rey?

Y para responder estas preguntas, el autor aborda la noción de “ficción” como una categoría que recoge y explica los principales elementos, tácitos e implícitos, que soportan uno de los constructores políticos más sólidos y ampliamente legitimados de los últimos tiempos: “la soberanía popular”.

Morgan retoma el concepto de “ficción” adoptado por Hume, entendido como una invención que desempeña cierta función política o social, función que no sólo se proyecta –generalmente de manera inconsciente-, sino que se legitima, pasando así del plano de las ideas para materializarse en la praxis y por extensión, en la cotidianeidad.

El autor aborda la noción de la representación describiendo el proceso histórico que llevó a la consolidación del Parlamentarismo Monárquico en Inglaterra, refiriéndose al siglo XIII como el punto de partida donde el Rey Eduardo I convocó a representantes de los condados y municipios a acudir al Parlamento a fin de comprometer a sus electores a aceptar impuestos y leyes. El comienzo de la soberanía popular hace su arribo en la historia, cuando en la Cámara de los Comunes cada uno de los Representantes de diversas localidades hace gala de sus intereses particulares y locales. Así las cosas, el poder del Parlamento se equiparó al del Rey, y los Representantes se convirtieron en una clase de Gobernantes Nacionales, un emblema del Alma de la Nación en general, desligándose de sus localidades y haciendo de su esfera de influencia algo tan distante para el pueblo como siempre lo había sido la del Rey ; con ello se extendió la ficción de la representación del pueblo, convirtiendo su soberanía en un instrumento para elevarse por encima del grupo de personas que los habían elegido y de paso quitarse el tedioso rótulo de súbditos del reino. Ahora el Parlamento se encontraba en la disyuntiva de representar sus localidades específicas o ser representantes del Cuerpo nacional, destacando que era un cuerpo que se alzó por encima del Rey bajo la excusa de llevar a cuestas la

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vocería popular.

La invención del pueblo soberano La “soberanía popular”, como ficción que hilvana todo un aparato de dominación y de control, alude pues a un cambio o giro en el discurso legitimador del poder, que pasa del derecho divino encarnado en la potestad de los reyes, a la soberanía popular encarnada en el cuerpo legislativo del parlamento, en este caso concreto, en la Cámara de los comunes de la Inglaterra de finales del siglo XVII y principios del XVIII. Tal giro, enfatiza el autor, es una cuestión de transición del poder y del dominio territorial de unos a otros: la monarquía pierde su hegemonía, encarnada ahora por el dios pueblo representado en el parlamento. Así, después de la guerra civil (Inglaterra) que enfrentó a este cuerpo con los monárquicos “el objetivo inmediato era el cambio en las ficciones”, es decir, ampliar el poder no del pueblo, sino de los representantes del pueblo. De este modo, la invocada acción directa del pueblo soberano era una mera ficción, funcional a los intereses de unos cuantos. Tal invocación tenía –y tiene aún- como propósito persuadir a las mayorías para que se sometieran al gobierno de las minorías. Según los monárquicos “el partido más grande es el del rey”, por tanto era el rey el depositario por excelencia de la soberanía popular. Por su parte los parlamentarios decían: “somos el pueblo mismo, no podemos abandonarlos, salvo que nos abandonemos a nosotros mismos”; se invoca de aquí en adelante la soberanía popular como el nuevo dios que legitima la dominación de unos cuantos sobre una amplia mayoría, en nombre siempre del “bien común”.

Romanelli, Sistemas electorales y estructuras sociales. El siglo XIX europeo,

Los Historiadores y la representación política. Una critica

Durante mucho tiempo la historia política fue el objeto dominante de los estudios históricos. Al identificarse con el acontecimiento y con el poder estatal, y separarse por ello del conjunto de la vida social, la historia política tradicional ha sido la víctima más ilustre en la batalla llevada a cabo por los historiadores sociales a favor de una historia estructural de más larga duración.

En los últimos años, sin embargo, la historia social ha ganado mucho terreno en el panorama de los estudios históricos, igualándose a la historia política y adquiriendo incluso alguna superioridad, por lo menos numérica. Pero, a pesar de ello, en la actualidad la historia política ha adquirido un nuevo protagonismo, basándose en una concepción de la política que va más allá del acontecimiento y que, reinterpretando la transmisión y la distribución del poder.

Tanto el enfrentamiento, como la confusión entre ambas interpretaciones de lo político, han tenido el efecto de dejar en el olvido el hecho de que las naciones europeas del siglo XIX se construyeron sobre la base de una nueva definición institucional de las elaciones entre sociedad y política, que quedaban organizadas en torno a los regímenes constitucionales; a los parlamentos y a los sistemas

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políticos

Al estudiar la representación política, se plantea por ello el problema de analizar en qué modo los sistemas constitucionales se orientaban a conseguir este objetivo con su actuación sobre las doctrinas, leyes y prácticas sociales

Definir la naturaleza de la representación política constituye, por consiguiente, una premisa imprescindible para el estudio de la historia política. Para el análisis de los conflictos entre grupos y partidos es, sin embargo, necesario evitar cualquier consideración que, más o menos implícitamente, contemple las asambleas parlamentarias electivas como una proyección directa de los intereses, las orientaciones y los grupos del país estudiado. Dicho de otra forma, no debe atribuirse a los resultados de la competición electoral y a la composición de las cámaras electivas una inmediata significación social, como suele suceder en los trabajos de historia política donde, por ejemplo, los partidos conservadores son considerados como la expresión de los grupos agrarios tradicionales; los liberales, o demócratas liberales, como representantes de grupos urbanos progresistas; y los partidos socialistas como la proyección política de las clases obreras en ascenso, etc. Naturalmente, los historiadores son conscientes de que los parlamentos decimonónicos no son elegidos con criterios de proporcionalidad, y conocen bien la diversidad de los regímenes electorales. En la historia política, los debates electorales conservan un papel central. Pero en general lo hacen considerando las distintas reformas como etapas de «un proceso de modernización» que es identificado sobre todo con la "ampliación del sufragio», entendido como un proceso de progresiva inclusión de sectores de la población cada vez más amplios, hasta llegar al sufragio universal, primero masculino y después también femenino.

Se trata de una versión elaborada con posterioridad al periodo considerado, y muy próxima a la «concepción sociológica» de la representación típica de la democracia del siglo XX. Desde este punto de vista la representación universal del siglo XX se proyecta hacia unas aparentes raíces en el intento de reconstruir sus orígenes y fundar su legitimación histórica. El problema es que esta lectura evolucionista condiciona la selección de los materiales y estable ce una jerarquía de los ejemplos a tomar en consideración para cada uno de los distintos países, y una consiguiente escala de valores

La representación política como construcción de la ciudadanía

Aquí se propone una lectura distinta del camino seguido por la representación política, contemplándola no tanto como mecanismo más o medio eficiente de «representación» del orden social; sino más bien como instrumento de «construcción» de la ciudadanía política. Recordábamos antes que el objetivo principal de la introducción del sistema representativo en los regímenes constitucionales era el de reducir a normas comunes la lucha política en una sociedad fuertemente deshomogénea, atravesada por profundos desequilibrios sociales.

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Desde esta óptica, puede decirse que las leyes electorales no se proponen de hecho “reflejar”, la realidad social, reproduciendo su división interna, sino que por el contrario tienen la finalidad de negar esta división dando vida a algo completamente diverso y nuevo, que precisamente es lo que llamamos «representación política» y que podríamos también definir como un instrumento de “emancipación de lo político” con respecto a lo social. Las diversas leyes electorales cumplen un fin normativo: encarnar un modelo de relaciones sociales que no coincide de hecho—y que no se piensa que coincida—con el existente.

La construcción de la representación política es, pues, un instrumento para la construcción de la ciudadanía, que sirve para introducir al individuo y a la nación como valores fundamentales. Cuando se refiere a elecciones políticas, el discurso decimonónico enfatiza siempre un papel de unificación, de nacionalización, de socialización y de educación del ciudadano.

Si el primer objetivo de la representación política es el de componer, el de mediar, las fracturas sociales, fundamentales sobre todo su negación. La nueva representación política ignora las antiguas formas de representación, de tipo municipal, corporativo o de orden y por consiguiente niega legitimidad a las formas de identidad política no individual-igualitaria, y no nacionales-unitarias. Se trata de un proceso bastante complejo, que la propia doctrina conceptualiza de forma gradual y con mucha dificultad

La negación de los poderes intermedios no implica de hecho que todo sistema representativo sea nacional y que prevalezca y excluya todo otro tipo de representación no política paralela (ya sea ésta territorial, municipal, corporativa, económica, etc.), pero sí requiere, por principio, que el derecho de voto sea reconocido sólo a los individuos en cuanto iguales, y no a los grupos sociales, a la familia, a las asociaciones o a otras instituciones colectivas o corporativas. Ahora bien, el conjunto de estos principios –a los cuales me referiré como «convención individualista» que inspira las normas electorales—debe ser conciliado con la realidad de identidad social y poderes efectivos que no son ni individualista-igualitario; ni nacionales ni fijados geométricamente sobre el territorio, sino enraizados en estructuras de poder fuertemente no igualitarias y territorialmente definidas por la tradición. Creo que este carácter «corporativo» de la sociedad investida de la representación política no concierne solamente a la sociedad “tradicional”, o de «antiguo régimen»—como con frecuencia se tiende a hacer creer—, sino que es una característica de todo tipo de sociedad De modo que la historia de los sistemas representativos decimonónicos no está marcada tanto por la progresiva homologación social que tiende a hacer desaparecer los antiguos sujetos “corporativos”, como por la continua propuesta de nuevas y diversas formas de agregación de los sujetos sociales y de los intereses. De ser ello cierto, la descripción “evolutiva”, de la historia de los sistemas electorales, atendiendo a una “historia interna”, pierde gran parte de su capacidad explicativa en lo que se refiere al nexo entre política y sociedad. Lo

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demuestran, entre otras cosas, los desarrollos y las crisis que han atravesado los sistemas después de la restauración democrática ocurrida tras la segunda guerra mundial, tales como la crisis del sistema de partidos en las democracias occidentales, la puesta en discusión de los sistemas proporcionales, el tránsito a una “democracia del público”, ligada a los media (que recuerda la larga experiencia de las elecciones plebiscitarias) e incluso la extensión de los sistemas electivos en tantos países extraeuropeos.

Países con condiciones políticas y sociales tan lejanas a las de la vieja Europa, a sus procesos políticos y a su jerarquía de valores. Estos desarrollos más recientes nos llevan a reconsiderar con más atención la relación entre formas electorales y estructuras sociales también para el pasado, y en particular en la fase decimonónica de construcción de la ciudadanía política, y a concentrarnos no tanto en los momentos de simple inclusión o exclusión, sino sobre el diálogo que se desarrolla entre el “input” individualista y nacionalizante y las estructuras sociales “corporativas” antiguas y nuevas. La historia del sufragio puede ser vista como un escenario sobre el que se representa una obra abierta que no conduce a un feliz final universal, y en la que se desarrollan algunas de las posibles configuraciones que la relación entre concepto del mandato y realidad social asumen en los diferentes países y en las distintas fases de la historia, con continuos avances y retrocesos.

Las cronologías se hacen inciertas. El escenario se agranda enormemente, y obliga a entrar en escena a muchísimos sujetos, provenientes en particular de los países menores, sobre los cuales sabemos poquísimo. Se abre, fundamentalmente, un nuevo objeto de trabajo, sobre el cual intento sólo ofrecer aquí algunos puntos de discusión.

El sistema censitario

Sobre el escenario arriba descrito se presentaría el sistema electoral que paulatinamente se fue configurando desde los inicios del siglo XIX. En el fondo de la escena se encontraría el modelo francés. Esta imagen serviría para manifestar la universalidad del sufragio, la atribución del voto igual y directo a todos los ciudadanos y la articulación de los colegios electorales con métodos racionales, en principio sobre base poblacional, es decir, sin tomar en consideración las organizaciones comunales preexistentes.

Este último modelo –que podía considerarse como el producto de un utopismo radical—se difundió en toda Europa (influyendo en gran manera sobre las formas de análisis de los sistemas electorales en Bélgica, Italia, España,los estados alemanes meridionales, etc.). Pero a dicho modelo se superpone un segundo que sigue el caso inglés, en el cual son por el contrario las diversas comunidades las que se afianzan en igualdad de voto entre los individuos, sin reglas universales y con persistencia de la antigua representación corporativa.

El conjunto formado por las tradiciones parlamentarias británicas y las doctrinas

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políticas y los experimentos que se suceden en Francia entre la revolución y la monarquía orleanista, ofrece a Europa un modelo de representación que muchos llaman “censitario” porque basa el sistema electoral sobre el censo definido por el pago de impuestos. La atribución de la ciudadanía política está, pues, estrechamente ligada a los sistemas fiscales vigentes en los distintos países, a las formas de imposición y de exacción de los impuestos. Pero también la naturaleza de los sistemas fiscales de la época ayuda a entender que no es tanto la riqueza o la producción lo que otorga la ciudadanía política, sino la propiedad inmobiliaria y, en particular, la propiedad de la tierra. También en aquellos países en los cuales una economía mercantil o industrial más desarrollada atribuye mayor peso a los impuestos sobre las actividades comerciales o industriales, la propiedad inmobiliaria permanece como la vía principal para el derecho del voto. Aunque este criterio de selección de los sujetos políticos se justifique generalmente con el argumento de la independencia de juicio que garantiza el bienestar económico, o el acceso a la instrucción y a la cultura, es evidente que el requisito de la propiedad inmobiliaria corresponde a un determinado tipo de enraizamiento socioterritorial.

La propiedad de la tierra, sobre todo en la forma no capitalista vigente en gran parte de Europa, representa una estructura de relaciones sociales. Con la misma se incorpora a la figura del propietario “burgués”, la responsabilidad que deriva de su posición como vértice de un microcosmos social configurado a base de lazos de dependencia personal y de subordinación productiva. En el mismo sentido deben contemplarse muchas normas que asocian el derecho al voto no sólo a la residencia en un lugar, sino a una residencia estable en el tiempo (principio en teoría contradictorio con la dimensión “nacional” por excelencia de la ciudadanía política). De esta manera, la representación «individualista censitaria», aunque medida en términos anónimos e igualitarios (el nivel monetario de los impuestos) refleja la estructura «orgánica» de las sociedades de la época que están fuertemente enraizados sobre el territorio y en las cuales los representantes son idealmente los dirigentes reconocidos y «naturales» de la comunidad.

En muchos casos en los que dentro de este horizonte social se declara en principio el sufragio universal, muchas medidas técnicas permiten después recomponer en su interior la realidad de las estructuras jerárquicas. Algunos de estos recursos parecen meramente conceptuales, como la distribución entre realizada por los franceses y distintamente modelada a través de variables como la edad, la condición social, la residencia, etc., mientras que, típicamente asociada a los representantes Whig ingleses, aparece la idea de “representación virtual”, por la cual los intereses de los electores de Manchester o Sheffield pueden también ser «virtualmente» representantes de los diputados de los rottenboroughs .Al concretar estas abstracciones contribuyen también una serie de dispositivos técnicos menores, que merecen ser estudiados con más detalle. Algunos se refieren a la definición formal de “ciudadano elector”, que permite de hecho dar el voto a sectores determinados de la población, en particular a los hombres adultos

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independientes y potencialmente cabezas de familia, excluyendo a quienes viven en condiciones estructurales de dependencia como los sirvientes y las mujeres, en muchos casos, los militares. Nada más significativo como la no consideración de las mujeres para mostrar el carácter “corporativo” del voto político, ya que la mayor parte de las argumentaciones al respecto no discuten la plena titularidad de los derechos civiles de las mujeres como individuos—por otra parte sancionada por la ley civil—, si bien señalan la subordinación estructural al mando en la relación conyugal y en la familia.

Pero en los sistemas del sufragio muy amplio—casi universal— otros instrumentos técnicos permiten individualizar a aquellos a los que se supone capaces de tomar decisiones políticas responsables, distinguiéndolos de los demás. Uno de éstos es, por ejemplo, la distinción entre electorado activo y pasivo (entre aquellos que podían votar y aquellos que podían también ser elegidos). Si el sistema radical de tipo francés no distingue en principio los dos derechos, en muchos países europeos la distinción si se produce, y por lo general existe una relación inversa entre la amplitud del electorado activo y la amplitud del electorado pasivo. En otras palabras, cuanto más amplia es la base electoral tanto más la ley limita a una elite más restringida la posibilidad de ser elegida. Una jerarquía social similar es la configurada por el sistema de voto indirecto, que en muchos casos constituye la base de una auténtica representación escénica de una sociedad jerarquizada.

Un buen ejemplo de voto indirecto son los setenta artículos que la Constitución de Cádiz (1812) dedica a materia electoral. Producto de la oleada revolucionaria que abole los antiguos órdenes, la Constitución de Cádiz tuvo una corta vida y una escasa aplicación en España (dado que reguló sólo dos elecciones entre 1820 y 1823 de las que sabemos poco), aunque junto a los textos electorales de la Francia revolucionaria constituye un modelo en el que se inspiraron muchos movimientos liberal-democráticos de aquel momento, sin contar que constituye la base para la extensión del sistema representativo liberal en el continente latinoamericano. En la misma se establecía un sufragio muy amplio que en principio comprendía a todos los ciudadanos, quienes se reunían en las Juntas de parroquia para nombrar a los delegados que debían a su vez elegir al elector de parroquia. Todos electores de parroquia se reunían con gran solemnidad civil y religiosa y con pomposos ceremoniales para elegir—esta vez mediante voto secreto, del cual no se hacia mención en los estadios precedentes— los electores del distrito, los cuales se reunían a nivel provincial e iban a la capital para elegir al diputado a Cortes. En mi opinión textos como el de Cádiz ofrecen una representación detallada (en términos teatrales) de la forma en la que los principio fundamentales del liberalismo estaban adaptados a las configuraciones de los poderes sociales en la Europa de la primera mitad del siglo XIX, reconociendo la jerarquía de poderes que ligaba las comunidades locales a las asambleas nacionales. Por ello, el sistema de Cádiz tuvo efectos de gran importancia para la inserción de las comunidades americanas en los sistemas liberales.

Puede sostenerse que el ceremonial jerárquico descrito en las normas de Cádiz representa a una sociedad del antiguo régimen. Sin embargo, recordemos que

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aquella ley fue asumida como modelo por muchos movimientos liberales innovadores, a pesar de que sus mecanismos y ceremoniales no son muy distintos a los descritos para el sistema de las tres clases ( Dreiklassenwatlrecht ) adoptado en Prusia, que distribuía al electorado de cada colegio en tres grupos, según los impuestos pagados, de modo que cada uno de los grupos, compuesto de muy distinto número de contribuyentes, elegía el mismo numero de electores (Wahlmänner)

El procedimiento establecía que la primer clase, más numerosa y pobre, ejercía su voto de forma no secreta en presencia de las otras dos clases, después se retiraba, a continuación votaba la segunda, y por último la primera, compuesta de muy pocos contribuyentes, los más ricos.

Modelos sociales no muy distintos se encuentran, por otro lado, en muchos sistemas electorales que después del periodo napoleónico, en el área de influencia francesa sustituyeron el sufragio ampliado a doble tomo por uno más limitado con voto directo, como el francés el belga o el español, llegando así a parecerse al sistema inglés reformado y que a su vez influyeron en algunos de los sistemas adoptados también después de 1848, como en Italia y Alemania.

El caso italiano es significativo por cuanto varios estados italianos no conceden representación política hasta 1848, momento en que se aprueba la Constitución del reino de Cerdeña, y en los restantes casos hasta 1860, cuando aquel]a Constitución se extendió a toda Italia. Anteriormente, solamente durante las fases revolucionarias habían tenido los italianos breves experiencias de regímenes representativos, inspirados en modelos extranjeros, como la cámara consultiva del imperio napoleónico, similar en cierto sentido a la representación por «órdenes» del vormarz alemán, o el modelo de Cádiz, aplicados en Sicilia en el año 1820.

En 1848, se introdujo un sistema «restringido» de tipo francés orleanista, es decir basado en el principio igualitario, censitario, con voto directo y paridad del electorado activo y pasivo. Es cierto que se trataba de un sistema ya superado por la propia evolución constitucional europea, dado que en ese mismo año de 1848 el modelo orleanista había sido sustituido por el sufragio universal en Francia. Pero para la Italiade la época se trataba de un sistema avanzado, que no se adaptó fácilmente a las condiciones del país, no sólo por la escasa experiencia de las instituciones representativas, sino sobre todo porque faltaba un grupo de electores-notables suficientemente extenso y políticamente maduro. El electorado se configuró así, desde el principio, con características muy restringidas as, y la reforma electoral se convirtió inmediatamente en un asunto candente para la política italiana. Los principales problemas en discusión en la Italia de la segunda mitad del siglo fueron, por un lado, cómo ampliar un sufragio que nacía ya muy restringido respecto a los modelos coetáneos europeos y, por otro, superar el localismo que padecía la política italiana.

Aunque todos quisieron adecuar las dimensiones del electorado a los modelos

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europeos, durante bastante tiempo no se encontró una fórmula que individualizase un grupo político-electoral homogéneo sobre todo el territorio nacional, mientras que la mayoría de las veces se buscaron instrumentos para ampliar el horizonte de la política más allá del cerrado mundo del municipio. Con este propósito, en 1882, además de ampliarse ligeramente el sufragio, fue introducido el escrutinio mayoritario de lista (pero sin votación de lista, dado que no existían “partidos políticos”). Pero en los colegios electorales así ampliados se reprodujeron fenómenos de “clientelismo”, de los notables y nueve años después se volvió al sistema de los pequeños colegios uninominales.

El caso italiano muestra la persistente dificultad de dar horizontes más amplios, si no propiamente nacionales, a la política, y sugiere otra consideración general sobre la extensión del electorado. Lo que indica cuánto puede haber de anacrónico en considerar que el sufragio restringido excluya a sectores de la sociedad dispuestos a participar políticamente. Si es cierto que en la fase de la restauración post napoleónica la dimensión del electorado fue “reducida” en varios países en el momento de pasar del sistema de voto indirecto al de voto directo, y que por tanto una parte del electorado fue virtualmente excluida del derecho a voto, es también cierto que los procesos de inclusión o exclusión formal deben ser valorados asimismo a la luz de los procesos de “movilización” social efectiva y de “participación” efectiva en la política. En algunos casos, como se ha dicho, la mayor amplitud del electorado correspondía a una mayor gradualidad del voto, es decir, que cuanto más amplia era la concesión de la ciudadanía política tanto más se alejaba a las masas electorales de las decisiones políticas finales. Desde este punto de vista, se reduce mucho, como resulta obvio, la distinción formal entre electores y no electores. En otros casos pueden observarse muchos modosde actuación política de los sectores de la población privados del voto por medio de su participación, en los rituales electorales. Basta recordar a este propósito la presión colectiva que podía ejercerse sobre el proceso electoral en un sistema de voto no secreto como el inglés—pero también en el americano o el español de Cádiz.

En otros casos, los electores excluidos presionan sobre el sistema para obtener su inclusión, y de esta forma participan en la lucha política, como ocurrió en las campañas por el sufragio que han caracterizado la historia francesa de la primera mitad del siglo XIX o la historia del sufragismo femenino. En otros casos, por el contrario, ocurría que las normas “incluyentes”, no resultaban suficientes para movilizar una efectiva participación, y amplios sectores de la población permanecían de hecho excluidos de dicha participación, o se excluían por falta de interés. Éste era el caso de Italia, donde el abstencionismo ha sido interpretado como manifestación política, como en el caso del abstencionismo anarquista, o en el del abstencionismo de los católicos italianos tras la unificación, en el seguimiento de las indicaciones del Papa. Pero falta la prueba de esta interpretación ideológica de la no participación, y es muy difícil de admitir que un electorado poco politizado como el italiano diera muestra de una alta conciencia política. Como han demostrado los historiadores franceses que han estudiado la historia del sufragio universal de su país, la «construcción de la ciudadanía» es un

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complejo proceso social, político y administrativo que ocupa durante decenios la vida política de la Tercera República.

Se añade además que fenómenos de exclusión acontecen también en los sistemas de sufragio universal consolidado, como muestra la caída de la participación que caracterizó al sistema representativo estadounidense entre finales del siglo XIX y principios del XX.

En la primera construcción del sistema representativo, el problema no es tanto el de proceder a nuevas inclusiones, sino el de adaptar el “principio individualista” a las fuertes asimetrías sociales y a las relaciones de respeto y de paternalismo que caracterizan la sociedad de la época. Así lo revela también el análisis de las prácticas electorales: la organización del voto, los métodos de propaganda, la distribución de regalos y de dinero, el ofrecimiento de banquetes, fiestas y ceremonias de todo, son recursos colectivos que se cambian en el mercado electoral fuera de cualquier lógica de naturaleza político-ideológica o contractual, de tipo individualista y mercantil. Como ya se ha dicho, la práctica del voto no secreto constituye una representación teatral muy eficaz de este tipo de relación. En los primeros años del siglo XIX son muy comunes sin embargo las elecciones en las que no hay candidatos contrapuestos. En una sociedad tradicional, caracterizada por fuertes asimetrías “naturales”, las elecciones mismas no son sino la ratificación de una preeminencia social reconocida. No es algo fortuito que las leyes electorales del siglo XIX en general no regulen a través de procedimientos formales la presentación de las candidaturas ni la campaña electoral. En una comunidad que conoce a sus dirigentes naturales, la candidatura puede ser un hecho implícito y no es necesario presentarse a los electores sobre la base de un programa.

Es significativo, en este sentido, que en las elecciones francesas de 1791 las candidaturas estuvieran prohibidas, según una antigua regla del derecho canónico, por la cual ser candidato, ponerse en evidencia, llamar la atención sobre sí mismo era considerado un principio aristocrático incompatible con una verdadera democracia radical. No faltan en algunos textos electorales de principios del siglo XIX -como en la primera Constitución española de Bayona- huellas de la extracción a suerte de los candidatos, una práctica típica de los más antiguos cuerpos privilegiados igualitarios.

Los modelos de relaciones sociales representados por el sistema electoral se percibían de formas clara si, siguiendo algunas indicaciones de los estudiosos franceses, analizásemos con detalle el procedimiento de voto como ritual social. Se trataría de estudiar minuciosamente el conjunto del hecho electoral, desde la convocatoria de los electores en determinados lugares y días hasta el procedimiento del voto. En el caso del voto escrito y secreto, cabria destacar cómo los individuos son llamados para entregarlo a la mesa electoral, cómo se debe escribir la papeleta, si está previamente impresa o no, etc. Si el voto no secreto expresa la representación ritual de una participación colectiva, no por ello el voto escrito secreto realiza automáticamente

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el ideal del individualismo político. Pocos objetos como la cabina electoral simbolizan hoy de mejor manera el concepto de individuo abstracto, separado de cualquier relación social, que sólo con su conciencia expresa su propia opinión en un pequeño lugar cerrado y anónimo construido alrededor de su persona. Pero tampoco la cabina electoral nació de improviso, sino que tiene una historia.

Por lo demás, eran muchos los sistemas intermedios, que contemplaban al mismo tiempo el reconocimiento del voto y el secreto de la opinión, como en los sistemas de los estados alemanes del Vormarz en los cuales cada elector depositaba un voto con su propio nombre, o una señal, o un número, y sólo después de haber sido publicada la lista de los que habían votado, los votos eran separados de los nombres, señales, o números, y escrutados. Raramente los estudios históricos nos informan sobre estos detalles.

Conviene sin embargo detenerse un momento en el procedimiento sobre el cual tenemos más información, la formación de las listas electorales. La inscripción en las listas puede realizarse de forma voluntaria —en este caso constituye una primera fase de la movilización electoral y del nacimiento de los partidos— o a través de procedimientos de oficio de tipo administrativo. En este último caso, que es el más difundido, la confección de las listas —y por tanto la atribución de la ciudadanía política sucede necesariamente sobre una base local, siendo por lo general tarea desarrollada por los administradores municipales, es decir, por aquella “comunidad intermedia”, de la cual la “convención individualista”, en principio desconoce su existencia. En efecto, solo en un estado administrativo moderno, que ha llevado a cabo un proceso radical de juridificación de lo social, identificando a cada ciudadano en particular por motivos fiscales, militares, etc., la atribución de la ciudadanía política es obra del Estado (aunque de hecho puede desarrollarse también localmente).

Cuando por el contrario el proceso de juridificación es incompleto, o no existe, la definición de ciudadanía no es sólo extremadamente incierta, sino que queda confiada a la naturaleza de los poderes municipales, que se confirman como la verdadera dimensión natural de la identidad política con la que la nueva representación debe tratar, a veces a través de procesos de negociación entre centro y periferia. No por casualidad la ley inglesa de 1832 atribuía esta competencia a los overseers of the poor , que no tenían nada que ver con las elecciones, pero que a falta de un estado administrativo, eran los únicos «sujetos administrativos» presentes en todas las parroquias del país. Para los historiadores de hoy, tanto como para los contemporáneos de la época, puede resultar difícil extraer el elenco de los “ciudadanos” de las listas de contribuyentes, registros parroquiales, catastros o estatutos de asociaciones. El status de Bürger en la ciudad alemana podía depender de la inclusión de los particulares en listas de grupos “corporativos” formados de distinta forma en una u otra ciudad. No es siempre fácil individualizar los sujetos políticos indicados en las leyes españolas, que pedían al mismo tiempo el requisito de “ciudadano” (como aquel que reside en la parroquia o en el distrito) y de “vecino”, antiguo término que a la vez indicaba ser propietario. No es menos difícil componer las listas de electores sobre la base

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de la calificación profesional o del pago de los impuestos, que a su vez pueden ser impuestos locales o impuestos nacionales. En el sistema italiano, por ejemplo, las listas eran- confeccionadas de oficio por la autoridad administrativa; pero al ser diversos los canales de inclusión, tanto en lo relativo al censo como a determinadas «capacidades» (títulos académicos, funciones profesionales), la inscripción automática realizada por la administración era bastante difícil, por lo que de hecho la inscripción, según censo o capacidad, dependía de las peticiones presentadas por los particulares, convirtiéndose en instrumento de movilización política.

Debido, por otra parte, a que los impuestos constituían un requisito para el derecho al voto, el sistema tributario podía ser manipulado con fines electorales. Es significativo el caso de Bélgica, donde el requisito del pago de impuestos directos estaba recogido en la Constitución, de modo que los distintos partidos en el poder modificaban a su favor no la ley electoral, sino el sistema fiscal. Así un gobierno liberal abolía la imposición sobre los caballos en las zonas rurales, que los domingos eran usados como caballos de tiro por los campesinos católicos, mientras las tasas sobre los licores introducidas en Bélgica por los católicos hicieron así que antes de 1870 un elector de cada ocho fuese un mesonero, con evidentes efectos sobre la orientación del electorado.

El Sufragio Ampliado y La Representacion de intereses

El análisis hasta ahora esbozado del primer escenario -el del sufragio “censitario”- nos permite presentar con mayor rapidez el segundo, en el cual se busca conciliar la nueva presencia de las masas con los valores del “modelo paternalista”.

Es muy notable cómo la opinión pública estuvo profundamente influenciada por los hechos que se desarrollaron entre 1848 y 1870. Después de la irrupción del sufragio universal en Francia y de la experiencia napoleónica, en la que «los excesos de la igualdad condujeron a la pérdida de la libertad», al miedo a las masas y al «dominio del número», se planteó de nuevo el debate sobre la naturaleza de la representación. El tema es muy importante para los estudiosos del pensamiento político, pero para nuestro objetivo nos interesan más las medidas que durante los decenios siguientes fueron propuestas, discutidas o adoptadas en el campo electoral. Puesto que no se pretendía simplemente extender» los viejo derechos electorales a las masas, era preciso abrir una nueva fase de experimentos de ingeniería electoral, que a mi juicio sena difícil insertar en los hipotéticos «estadios» de la historia electoral, o clasificar a priori , como “progresistas” o “reaccionarios”. Hay que recordar que a menudo los conservadores eran partidarios del sufragio universal en contra del sufragio ampliado, y que en los países católicos, como Italia, se defendía que el sufragio no demasiado ampliado era más liberal porque excluía a las masas de campesinos controladas por el clero, un argumento muy utilizado a menudo contra la inclusión de las mujeres. Pero sobre todo hay que recordar que los distintos sistemas (universal, restringido, directo, indirecto, abierto o secreto, etc.) no se suceden cronológicamente, sino que coexisten en varios niveles.

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El sistema de las tres clases adoptado para las elecciones del Landtag prusiano permaneció en vigor en las formas tradicionales indicadas anteriormente, hasta la primera guerra mundial. Pero estas formas tradicionales se combinaban con el sistema universal con voto directo igual y secreto con el cual se elegía el Reichstag

En este caso, como se puede observar, coexistían el voto directo y el indirecto, el sufragio universal secreto y el restringido y público. En sistemas de este tipo, resulta de escasa utilidad distinguir las formas electorales “tradicionales” de las “modernas”. Cabe recordar que uno de los mecanismos electorales más típicamente modernos, estudiadodesde comienzos de los años 60 y después adoptado por las democracias, es decir, el método aritmético de contar los votos y asignar los escaños para obtener una representación “proporcional”, fue originariamente apoyado por las elites conservadoras para garantizarse al menos una cuota de los escaños parlamentarios frente al peligro del voto de masa.

Al mismo fin apuntaban muchos mecanismos estudiados a fines de siglo para corregir el peso de los números, dando más valor a algunos votos individuales con el voto simple y el voto múltiple. Votos individuales añadidos estaban previstos en muchos sistemas del pasado, y en Inglaterra y Escocia supervivieron hasta mitad del siglo XX. Pero el voto múltiple fue introducido en Bélgica en el momento de adoptar el sufragio universal en 1893. Es un caso significativo, porque Bélgica está considerada como uno de los países que atravesaron con una secuencia regular las cinco etapas de la evolución clásica.

La reforma fue muy discutida, también porque, como hemos señalado ya, el nexo entre censo y voto estaba inscrito en la Constitución de 1831, así que la introducción del sufragio universal requería una reforma constitucional. Cuando fue adoptada en 1893 fueron también introducidos los votos añadidos —no más de tres por persona— para el cabeza de familia, para quien tuviera una educación superior o para quien pagara impuestos inmobiliarios. Sobre esta base, en 1899-1900, 901.000 electores tenían un solo voto, 313.000 dos votos y 237.000 tres votos.

Por lo tanto, los votos múltiples sobrepasaban los votos individuales. Si bien en el caso belga esta desigualdad fue pronto abandonada, es significativa del intento de introducir una distorsión del principio igualitario a la hora de aplicar el sufragio universal. Obviamente, esta distorsión no puede ser considerada «corporativa», dado que los tres grupos de votantes no constituían grupos sociales distintos. Pero es discutible si el mismo argumento puede ser adoptado en los casos del sistema prusiano de las tres clases o en el de las Curiae vigente en Austria. En principio, los dos sistemas tenían una lógica completamente diferente, dado que el primero consistía, como el introducido por los belgas medio siglo más tarde, en una mera distribución estadística del electorado sobre bases fiscales, mientras que el segundo se parecía más bien a un sistema de órdenes, siendo el electorado

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dividido en tres grupos, representando respectivamente a los grandes propietarios terratenientes, a la ciudad, cámaras de comercio e industria, y a la comunidad rural.

En realidad, para averiguar el carácter más o menos «corporativo» de estos sistemas, tendríamos que estudiar el grado distintivo de cohesión interna de los distintos grupos electorales, además de su comportamiento electoral y sus estrategias. A pesar de estar arraigados en contextos sociales diferentes, los sistemas a los que nos hemos referido tienen un elemento en común, pues, como hemos dicho, son todos concebidos al objeto de equilibrar los efectos del sufragio universal igualitario en la época del ascenso de las masas, de la segunda revolución industrial y del party system . No eran residuos de estructuras sociales «tradicionales»; al contrario, revelaban la tensión entre la naturaleza corporativa de la sociedad y la convención individualista que había dominado desde el inicio la noción misma de representación política y que, en la segunda mitad del siglo, estaba asumiendo nuevos aspectos.

¿Es posible decir que en este largo periodo el paradigma individualista había vencido, como sugiere una visión democrática desde el siglo XX? En parte, y sin lugar a dudas, es así. Sin embargo, muchos indicios sugieren que el principio individualista y organicista coexistieron a través de los dos siglos de historia de la representación hasta la crisis de los regímenes liberales del siglo XX, cuando en media Europa fueron experimentados nuevos proyectos de representación de naturaleza declaradamente «corporativa», como los elaborados en la Italia fascista, en el Portugal de Salazar, en la España franquista o en la Francia de Vichy.

Desde la mitad del siglo XIX, y de manera creciente después de los años 60, la critica a la «ley de los números» llevó a poner en discusión la naturaleza misma de la representación política. El Manifeste des Soixante , redactado por un grupo de obreros parisienses en 1864 —y que Pierre Rosanvallon considera «uno de los textos políticos más importantes en la Francia del siglo XIX» abre el camino a la reivindicación de las candidaturas directas de los trabajadores como tales, y por tanto constituye un rechazo a la noción misma de representación política. En una carta enviada siete años más tarde a la Revue de deux Mondes , el historiador Foustel de Coulanges sugería que el despropósito del sufragio universal podía ser resuelto atribuyendo la representación no a los colegios territoriales, sino a intereses:

Estos ejemplos quieren sólo sugerir que de los lados opuestos de la alineación política, desde el ala izquierda del movimiento obrero hasta la opinión liberal-conservadora, nace una nueva solicitud de formas de representación más orgánicas y “fisiológicas”, que hacían referencia no a la cohesión de las comunidades naturales o a las tradicionales divisiones clasistas o territoriales, sino a las nuevas fracturas sociales que atravesaban la sociedad contemporánea, y a las que se quería dar representación. Me parece que se trata de un punto de inflexión muy significativo, ya que volvieron así a estar de actualidad muchos

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conceptos del pensamiento contrarrevolucionario, junto a otros de la tradición radical –como la democracia directa, el mandato imperativo y el rechazo de la representación. En esta vuelta atrás, no era el sufragio universal el que se veía sometido a contestación, sino los principios liberales de igualdad, ciudadanía política y representación territorial.

Estas corrientes nuevas de opinión reflejaban los cambios sociales que daban un nuevo contenido a lo que suele llamarse “intereses corporativos”. Se recordará que hemos definido la representación política como un instrumento para dar expresión unitaria a intere ses fragmentarios en el ámbito nacional. Ahora bien, durante la segunda mitad del siglo XIX, la naturaleza misma de esta fragmentación, de esta fractura, estaba cambiando. En lugar de los intereses más tradicionales, que conservaban algunas huellas de los órdenes antiguos o eran expresión de poderes territoriales, estaban surgiendo otros nuevos, expresión de grupos económicos y sociales más modernos. Los historiadores y los científicos sociales han discutido mucho sobre el tema de los intereses organizados y de su papel en los sistemas políticos contemporáneos. A este aspecto quisiéramos llamar la atención no tanto sobre el problema del papel del corporativismo en el ámbito de los sistemas constitucionales contemporáneos, sino sobre todos aquellos proyectos o propuestas de reforma que sugerían abandonar la representación política y adoptar nuevas formas de expresión política del poder. Es éste un tema descuidado por los historiadores, que quizá lo han considerado de escasa importancia en los debates políticos de aquel tiempo, probablemente porque a pesar de la difusión de las propuestas de representación «corporativa», y del hecho de que señalaran las contradicciones constitutivas de la representación política, en realidad no se tradujeron nunca en reformas constitucionales eficaces y operantes, ni siquiera en aquellos países donde la crisis del régimen liberal dejó espacio a nuevos experimentos constitucionales.

Pero, a pesar de esta incapacidad de producir una reforma general del sistema, la nueva “opinión corporativa” sometió a una dura prueba el fundamento mismo de la moderna representación política y de hecho influyó en numerosas innovaciones institucionales introducidas en los regímenes representativos democráticos. Si bien es cierto que la representación política es un instrumento para reconducir hacia la unidad intereses fragmentarios del ámbito nacional, es necesario reconocer que desde hace dos siglos este esfuerzo continuamente renovado no ha alcanzado nunca su objetivo. La convención nacional e individualista sobre la que se basa el concepto de representación política ha debido siempre confrontarse con formas de identidad social que en diverso modo la contradicen. Esta dialéctica entre el principio y la realidad social no parece destinada a deshacerse, y es el fundamento mismo de la historia de la representación y de los sistemas representativos. Ello sugiere a los historiadores de hoy que han de leer la historia de los sistemas electorales abandonando el esquema evolutivo clásico, «progresista» y, por lo tanto, reelaborando su jerarquía de valores y emprendiendo así el camino de un verdadero estudio comparativo de los diversos casos nacionales

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Darío Roldán, “La cuestión de la representación en el origen de la política moderna. Una perspectiva comparada (1770-1830)

Nos instala en una perspectiva comparada a partir de ese “formidable laboratorio de discusión política” que constituyó el mundo atlántico en el último tercio del siglo XVIII y primeras décadas del XIX. Concentrado en los grandes debates teóricos acerca de la cuestión de la representación, Roldán ofrece una clave de lectura para pensar el papel que jugó la representación política en el Río de la Plata en el marco de las diputas desatadas en torno a la soberanía.

propone un recorrido por las reflexiones hechas por autores canónicos como Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Burke, «Publius», Sieyès, Royer-Collard, Constant y Guizot. Dichas reflexiones las entrelaza en un examen comparativo sobre cómo se concibió la representación en el marco de los procesos abiertos por las revoluciones francesa y norteamericana y la crisis monárquica española. Considera que éste es un problema privilegiado para indagar el proceso político, pues fue a través de la representación que se procuró reparar la distancia entre sociedad y poder que implicaba la soberanía de la nación o del pueblo. Esto llevó a plantear la necesidad de conciliar en la representación el consentimiento y autoridad, lo cual demandaba a su vez la creación de mecanismos de selección que debían tener algún presupuesto sobre cómo estaba o debía estar constituida la sociedad. De ahí que las reflexiones en torno a la representación estuvieran afectadas por las diversas transformaciones sociales ocurridas en cada una de estas experiencias. En ese sentido concluye planteando algunas hipótesis referidas a la especificidad rioplatense que vincula la representación a la necesidad de reconstruir el poder estatal más que a limitarlo como podía ocurrir por ejemplo en Francia. Roldán destaca además que en el Río de la Plata —y, de admitirse su hipótesis, cabría agregar en toda Hispanoamérica— también se produjo una diferencia de origen ya que la retroversión de la soberanía a los pueblos era una respuesta que de algún modo preexistía a la propia crisis. Ahora bien, más allá de que esta preexistencia requiera de mayores precisiones que las que un artículo breve puede brindar, debe tenerse presente que hacia 1810 ya existían también esas otras respuestas ensayadas en Francia, Norteamérica e incluso Inglaterra, que se constituyeron en modelos

Hilda Sabato, “La política argentina en el siglo XIX: notas sobre una historia renovada”

Puntos de partidaLa relación privilegiada que durante varias décadas la historia había mantenido con las ciencias sociales, en particular con la economía y la sociología, había entrado en crisis. Esa crisis era parte de un cambio mayor en la manera de concebir y escribir la historia, que abrió un período de controversias, ensayos y experimentaciones en la disciplina.

La segmentación de las miradas, la multiplicidad de lenguajes y estrategias de investigación, la disolución de hegemonías interpretativas y la falta de confianza

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en cualquier interrogación que se pretenda omnicomprensiva han desembocado en una diversidad de preguntas, enfoques, métodos e interpretaciones. Esta coexistencia de concepciones historiográficas, no siempre pacífica, se ha revelado sin embargo resistente a las hegemonías

Estos cambios han sido especialmente productivos para el campo de la historia política. Por una parte, ha dejado de ocupar el lugar de rama arcaica y menor que tenía en la marco de los paradigmas dominantes hasta hace un cuarto de siglo. Arcaica, porque se la asociaba con la histoire événémentielle ; menor, porque su objeto de estudio, la política, debía explicarse a partir de otras dimensiones de lo social que la determinaban en última instancia. Por otra parte, se ha beneficiado no solo por la disolución de la hegemonía ejercida por otras ramas sino, también, por la difundida desconfianza en los modelos teleológicos y las explicaciones estructurales, y por el interés creciente que despiertan la acción humana y la contingencia como dimensiones significativas de la interpretación histórica

Es fácil asociar la renovación de las problemáticas en la historia política a los debates contemporáneos sobre la democracia y sus transiciones (en América Latina, en Europa Oriental), la caída del socialismo real, la crisis de la representación, las variaciones de la ciudadanía y el lugar de la sociedad civil.

La historiografía argentina no ha sido ajena a todos estos cambios. ellos han sido potenciados por motivos institucionales. Los últimos veinte años fueron testigos de un cambio profundo en las condiciones de producción historiográfica. Luego de la cerrazón de la vida académica e intelectual impuesta a fuego por la dictadura militar, hacia 1984 se inició un proceso de formación de un campo académico y de profesionalización de la historia de una magnitud inédita en el país. Los efectos de esa transformación hoy están a la vista: la consolidación de centros de investigación y enseñanza, la proliferación de revistas especializadas y de reuniones científicas, la formación de nuevas generaciones de historiadores con carreras académicas de excelencia, la multiplicación de proyectos de investigación y de los artículos, tesis y libros que vuelcan sus resultados

Este mundo en expansión estaba ávido de novedades y por lo tanto adoptó y procesó con rapidez muchos de los cambios que atravesaban a la historiografía. Solo así se puede entender la verdadera explosión que experimentó la historia política en la Argentina reciente

Antecedentes

Esta explosión no se hizo sobre terreno virgen y reconoce dos importantes antecedentes previos: en exploraciones del pasado argentino realizadas en las décadas de 1970 y 1980 desde la ciencia política y en algunos trabajos de historia ya convertidos en clásicos.

Entre las primeras, se ha señalado el predominio del enfoque institucional de inspiración norteamericana, que por esos años adquirió en América Latina un perfil

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propio y original

Un texto clave para los historiadores ha sido el de Natalio Botana:El orden conservador de 1977, dedicado al estudio del régimen político instaurado en 1880, de su consolidación y de la paulatina pérdida de legitimidad que desembocó en su transformación

El texto de Botana se incluye en el listado breve pero decisivo de los clásicos de la historia política argentina. Allí figuran los ensayos de José Luis Romero, algunos trabajos de Ezequiel Gallo y sobre todo, los libros de Tulio Halperin Donghi. Estos constituyen un horizonte común, un punto de partida ineludible para la nueva historiografía que, aunque se distancie de ellos en algunos puntos, indague en dimensiones que aquéllos no exploraban o discuta algunas de sus propuestas, no ha producido una ruptura radical ni se presenta como interpretación global alternativa

Los trabajos recientes se inscriben, eso sí, en problemáticas nuevas y han ido generando un contorno interpretativo diferente al definido por los clásicos. Pero esa identificación de conjunto es solo posible cuando ya han transcurrido casi dos décadas desde que se escribieron los primeros trabajos que hoy ubicamos en la renovación. Ésta fue tomando forma gradualmente, sin manifiestos explícitos ni figuras hegemónicas, el resultado de una variedad de iniciativas autónomas de investigación sobre temas también variados. Ahora las ubicamos en un mismo campo, les damos un sentido, un sentido que permite vincularlas entre sí y ubicarlas en el contexto más general de la historiografía contemporánea, a la vez que genera un marco de referencia para la producción actual

Nuevos interrogantes

Para la renovación, el largo siglo XIX ha sido el favorito (aunque, claro está, no de manera excluyente). Por mucho tiempo, la historia del diecinueve se escribió en términos de transiciones lineales; en el terreno político, se trataba de detectar los avances realizados en el camino progresivo de la sociedad y las instituciones de Antiguo Régimen a las del moderno estado-nación y los obstáculos encontrados en esa senda prefigurada de antemano y postulada como deseable

El siglo XIX ha ganado en densidad: períodos que antes se consideraban como meras etapas en el camino hacia el progreso ahora se estudian por derecho propio, regiones antes consideradas marginales ganan visibilidad y cuestiones que aparecían subordinadas a las líneas de intepretación rectoras adquieren relevancia.

Una gran variedad de temas se han abierto a la interrogación. En medio de la diversidad es posible, sin embargo, identificar campos problemáticos comunes, preguntas compartidas, inspiraciones e influencias coincidentes

En primer lugar, la construcción del Estado y de la nación, tema tradicional de la

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historia política argentina, sigue siendo la cuestión central. Pero la mirada es otra. La nación y el Estado se toman ahora como problemas y no como presupuestos y se interrogan los complejos procesos políticos que tuvieron lugar luego de la caída del imperio español en América; los diferentes proyectos, intentos y ensayos de formación y organización de nuevas comunidades políticas, y las variantes que se abrieron una vez instituida la república y que alimentaron los conflictos de la segunda mitad del siglo

Una dimensión de esos procesos ha pasado a primer plano: la que atañe a las relaciones entre sociedad civil y sociedad política. Este no es un tema nuevo en la historiografía, pues si bien una parte importante de los anteriores estudios sobre el poder estuvieron centrados en las instituciones del Estado y en las dirigencias políticas, sus conflictos internos y sus intercambios, no faltaron los intentos por detectar las bases sociales o las conexiones de clase de unas y otras

Pero la preocupación actual es algo diferente. Tiene como eje un postulado general: la construcción, reproducción y legitimación del poder político involucran no solo a las dirigencias y a quienes aspiran a serlo sino también al conjunto de quienes forman parte de la comunidad política sobre las que ese poder se ejerce.En ese marco, las preguntas que se formulan sobre las relaciones entre sociedad política y sociedad civil son diferentes a las de antaño y giran en torno de las formas de soberanía, representación y participación, de los lenguajes políticos y las identidades colectivas, de la esfera pública y sus instituciones.

Estas cuestiones han inspirado un conjunto importante y variado de investigaciones que, si bien tienen puntos de partida diversos, encuentran un espacio de confluencia en la problemática de la ciudadanía

Influencias e inspiraciones

Entre tanta variedad de temas y abordajes se puede, sin embargo, reconstruir una trama de influencias e inspiraciones teóricas e historiográficas, que establecen un horizonte de referencias compartidas. No se trata de un bloque sólido o compacto, sino de un conjunto compuesto de elementos heterogéneos y no siempre fácilmente compatibles entre sí

los historiadores, es sabido, somos bastante eclécticos a la hora de tomar prestadas categorías y conceptos teóricos, rasgo que se ha agudizado en estos tiempos de quiebre de los paradigmas fuertes.

Además, como latinoamericanos, estamos siempre atentos a los desarrollos intelectuales de las metrópolis y allí somos, también, heterodoxos: recurrimos a diferentes tradiciones, las adaptamos y las mezclamos de maneras poco probables en sus lugares de origen

Podemos hablar hoy e un campo problemático común que nos ha llevado a pensar

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los procesos históricos no solo comparativamente sino como parte de un mismo conjunto

Al hablar de influencias os núcleos que han resultado más importantes en la renovación de la historia política argentina del siglo XIX decimos: la historia social, y en particular la inglesa de cuño marxista, ellos abrieron la posibilidad de pensar la participación popular en la vida política con autonomía de las determinaciones estructurales

Más lógica y quizá también más importante ha sido (y sigue siendo) la incidencia de la historia intelectual y cultural. En las últimas décadas, el estudio de la esfera de las significaciones ha sido tanto o más renovado que el de la vida política. Ideas sistemáticas, pensamiento no formalizado, representaciones, discursos, ideologías, visiones del mundo, representaciones, prácticas culturales, lenguajes políticos, imaginarios colectivos: la variedad de cuestiones se ha ampliado y profundizado

Entre las influencias más visibles sobre la historiografía política argentina se destacan las ejercidas por la escuela de Cambridge y las que provienen de la historiografía francesa

Y la historiografía americana? No ha sido frecuente incluir la historia nacional en procesos de escala regional o continental, salvo en términos muy generales bien las ciencias sociales de los años 60 pensaban “América Latina”, en nuestra disciplina predominaron los enfoques locales

En este sentido, la historia política reciente ha introducido un cambio muy notable: se analizan los procesos locales como parte de los más globales y se dialoga con una historiografía más amplia que la nacional.

Resultados

Cómo evaluar los resultados de ese movimiento que ronda los veinte años? Una primera observación: se han escrito más libros, artículos y tesis de historia política en este lapso que en cualquier otro período anterior. Pero más no necesariamente significa mejor; ni siquiera bueno. ¿Qué aporta todo este nuevo material? ¿ha cambiado nuestra visión del siglo XIX en virtud de él? El balance no es fácil

En primer lugar, la consideración de la política como un a instancia relativamente autónoma de la vida social, pasible de análisis específicos. Más allá de las discusiones acerca de qué se incluye en esa instancia y de cómo se definen sus límites y sus interrelaciones con las otras dimensiones, lo cierto es que los nuevos trabajos funcionan con ese supuesto (que no les es exclusivo ni original pero que ellos han adoptado con total convencimiento).

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En segundo lugar, la construcción de lecturas no lineales del siglo XIX. La caída del poder español abrió procesos complejos y conflictivos de conformación de nuevas comunidades políticas, de redefinición de soberanías, de constitución de poderes y regímenes políticos nuevos. Ni la nación ni el Estado se consideran prefigurados en el origen; tampoco se traza la historia como la de un tránsito inevitable hacia ellos

También existe, es cierto, un conjunto de interrogantes compartidos, núcleos temáticos de límites difusos y cambiantes, pero identificables al fin, y un marco de referencias teóricas e historiográficas también variable pero no infinito. Se han delimitado así los contornos de un campo problemático que , sin buscar ni generar interpretaciones omnicomprensivas, ha ofrecido en cambio perspectivas sugerentes y resultados novedos os en torno de la política argentina del siglo XIX.

Unidad 2

Noemí Goldman, “Crisis imperial, Revolución y guerra”

Últimamente se ha reexaminado la relación existente entre el proceso de independencia y la formación de la nación, a raíz de los indicios que revelaron la ambigüedad en la que se encontraba el sentimiento público en los inicios de la revolución. Se trataba de fundar una nueva autoridad legítima supletoria de la soberanía del monarca cautivo.

Al mismo tiempo el principio de una soberanía “nacional” surgía de los gobiernos centrales y de las primeras asambleas constituyentes. Las invasiones inglesas de 1806 y 1807 son el origen de un nuevo actor político independiente del sistema administrativo y militar colonial: la milicia urbana. Sin embargo, la militarización sólo pudo ser plenamente utilizada en la arena local cuando el poder del rey español caducó. Por otra parte, las diferentes expresiones del sentimiento público durante el tramo final de la crisis del antiguo orden revelan que se podía ser español americano frente a lo español peninsular, rioplatense frente a lo peruano o porteño frente a lo cordobés.

Entre 1810 y 1820 la revolución se enfrentó a dos grandes cuestiones entrelazadas: por un lado, la guerra de independencia como tarea primordial de los gobiernos centrales, y por el otro, el problema de las bases sociales y políticas de la revolución. Asimismo la revolución se desarrolló sobre la trama de la oposición entre la tendencia centralista de Buenos Aires y las tendencias al autogobierno de las demás ciudades. Cuestión de la soberanía que se vincula a la disputa sobre la forma de gobierno que debían adoptar sobre los pueblos del ex-virreinato, una vez que hubieran declarado su independencia. Se relaciona también con otro rasgo de la vida política en los inicios de la revolución: las prácticas representativas inauguradas por el nuevo orden.

La crisis de la monarquía hispánica

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En la segunda mitad del siglo XVIII España emprendió una reorganización profunda de las relaciones administrativas, militares y mercantiles con sus posesiones americanas. Varias y complejas fueron las motivaciones que animaron esta empresa. La primera responde a la necesidad de reconocer el peligro que suponía el poderío naval y mercantil de la potencia británica. En segundo lugar, a partir de 1680 España cobró un nuevo aunque lento impulso económico que le exigió a su vez una articulación diferente entre su propia economía y la de sus posesiones americanas. La política reformista persiguió, en tercer lugar, el propósito de afirmar una única soberanía, la del monarca absoluto. 

¿Cuál fue el impacto de estas reformas en el Río de la Plata?

En procura de una nueva organización gubernamental el gobierno español adoptó el régimen francés de intendentes. La Ordenanza de Intendentes de 1782/83 dividió al Virreinato del Río de la Plata en diversas unidades políticas sobre las que esperaba ejercer una mayor supervisión real. El sistema de intendencias constituyó la culminación de una política de integración jurisdiccional y administrativa. Los intendentes se hicieron cargo de las cuatro funciones: justicia, administración general, hacienda y guerra.Dimensión militar de la reformaCon el objetivo de dotar a América de un ejército propio. La nueva política de la Corona consistirá en proporcionar a las autoridades de Buenos Aires los medios necesarios para apoyar sus objetivos militares en la región. Así, esta ciudad se aseguró el predominio en los mercados del Interior, incluido el Alto Perú.

El intento de imponer una administración mejor organizada y centralizada afectó el frágil equilibrio entre el poder de la Corona y aquellos arraigados en realidades económicas-sociales y jurídicas locales. Existía en América una larga tradición de autogobierno, pervivencia de fueros, privilegios y libertades particulares en las diferentes comunidades políticas que integraban los virreinatos. La política unificadora de los Borbones avanzó sobre estos privilegios, en particular sobre el gobierno de los municipios, lo que terminó por producir descontentos en los diversos estamentos de la sociedad colonial. Sin embargo, este descontento no proporciona por si solo la clave de la crisis que condujo a la independencia. La emancipación de las ex-colonias habría sido más bien el resultado conjugado del derrumbe de los imperios ibéricos, de la creciente presión de Inglaterra a lo largo del siglo XVIII, y de los factores de resentimiento y disconformidad existentes en casi todas las capas sociales americanas hacia fines del dominio colonial. Las revoluciones de independencia siguieron, en lugar de preceder, a la crisis de la monarquía ibérica. En este sentido los sucesos políticos peninsulares ocurridos entre 1808 y 1810 son fundamentales ya que muestran a la monarquía como lo que todavía era en esos años: una unidad entre la península y los territorios hispanoamericanos. Tanto en España como en América el rechazo del invasor y la fidelidad a Fernando VII, así como también la formación de diferentes juntas, fueron fenómenos espontáneos. Surgieron entonces dos interrogantes: quién gobierna y en nombre de quién. Responder a estas preguntas llevó de inmediato al problema de la legitimidad de los nuevos gobiernos provisionales y al de la

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representación política. La Junta Central Gubernativa del Reino, que gobernó en lugar y nombre del rey como depositaria de la autoridad soberana fue reconocida en las colonias, pero su legitimidad fue precaria porque sólo estaba constituida por delegados de la península

Mientras tanto, en las colonias, en un momento crítico se rompía la unidad española y los criollos presenciaban como los españoles luchaban entre sí por el poder político. Paralelamente el malestar americano se acrecienta en el curso de 1809 a medida que se hacia más incierto el futuro de la península.

Las invasiones inglesas y la militarización de Buenos Aires

Las invasiones revelaron la fragilidad del orden colonial, debido al comportamiento sumiso que adoptaron el Cabildo y la Audiencia por deseo de conservación y la inexistencia de un ejército para la defensa. Para hacer frente a la ocupación se organizaron cuerpos milicianos voluntarios. Las tropas inglesas desembarcaron en Buenos aires movidas por dos intereses entrelazados: el militar y el comercial. Gran Bretaña buscó asegurarse una base militar para la expansión de su comercio y golpear a España en un punto considerado débil de sus posesiones ultramarinas.

La conducta del virrey Sobremonte deterioró profundamente su imagen y provocó la primera crisis grave de autoridad en el Virreinato. En efecto, el 14 de agosto de 1806 se convocó a un Cabildo Abierto que por presión popular exigió la delegación del mandato en Liniers. Frente a la posibilidad de una nueva invasión las fuerzas voluntarias se constituyeron en cuerpos militares. La segunda invasión (junio de 1807) encuentra una resistencia organizada de toda la ciudad. En las improvisadas fuerzas militares se asienta cada vez más el poder que gobierna el virreinato y que otorga a la elite de comerciantes y burócratas una nueva base de poder local, y a la plebe criolla una inédita presencia en la vida pública. Una novedad importante constituyó la elección de los oficiales por los propios milicianos. El financiamiento también significó una modificación importante en la administración de los recursos del Estado. Se acrecentó el costo local de la administración y se volcó en Buenos Aires una masa monetaria que en el pasado se dirigía a España

Según HalperinDonghi la milicia urbana no sólo proporcionó una fuerza militar a los criollos, sino que se constituyó en una organización “peligrosamente independiente” del antiguo sistema administrativo y militar colonial.

Deterioro y crisis del sistema institucional colonial (1808-1810)

Tanto criollos como peninsulares permanecieron abiertos a las posibles salidas alternativas a la crisis política iniciada en 1808 en la metrópoli, sin limitarse en sus búsquedas ni por una estricta fidelidad al rey cautivo, ni por una identificación plena con las ideas independentistas. Ejemplos de ello son el carlotismo y el levantamiento del 1º de enero de 1809. La crisis de la monarquía española

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también generó tensiones en el ámbito económico. Las autoridades se vieron obligadas a tolerar el comercio con navíos neutrales y aliados hasta su legalización por el Reglamento de comercio librede 1809.

Los debates que se suscitaron en torno a la conveniencia de las nuevas medidas económicas opusieron a los comerciantes monopolistas españoles con aquellos que defendían los intereses de los productores locales. En este marco Mariano Moreno elaboró su Representación de los hacendados para defender el principio del comercio libre.

La crisis final del lazo colonial en el Río de la Plata se producirá sólo cuando lleguen las noticias de una posible derrota total de España en manos de las tropas francesas. Y esto ocurre a mediados de mayo de 1810, cuando se difunden las nuevas oficiales que anuncian el traspaso de la autoridad de la Junta Central al Consejo de Regencia y el asedio francés a Cádiz, único bastión de la resistencia española.

Las formas de la identidad colectiva: “ciudad”, “pueblo” y “nación”.

Comúnmente sucede que estos términos de “Argentina/o”, “Pueblo”, “Ciudad”, “Nación” son empleados naturalmente y no se piensa que no siempre significaron lo mismo: así, la idea que hoy tenemos de “Pueblo” es muy distinta a la que existía en 1810, y lo mismo sucede con la idea de “Nación”, sólo por dar un ejemplo.

Durante muchos años, nos enseñaron que ya para 1810 en lo que hoy es nuestro país (que en ese momento no existía como tal) existía una identidad nacional, es decir, que todos los habitantes del actual territorio argentino se sentían parte de este territorio y se reconocían como argentinos. Sin embargo, estudios históricos más recientes muestran que esto no fue así.

El término Argentino, habría surgido, antes de 1810, de un impulso de regionalismo integrador dentro del mundo hispano (recordemos que en estos momentos el actual territorio argentino era parte de las colonias españolas) y en enfrentamiento con lo peruano debido a la rivalidad que existía entre Lima y Buenos Aires. De la misma manera, se utilizaba el término Español Americano en contraposición a lo “puramente” español.

Lo cierto es que estos términos no traducen la existencia de un sentimiento de nacionalidad único, ni argentino ni de otra naturaleza, que estuviese por reemplazar al español. Argentino es sinónimo de habitante de Buenos Aires y sus zonas aledañas. Por otra parte, se podía ser español americano frente a lo español peninsular, rioplatense frente a lo peruano, porteño frente a lo cordobés, e incluso español frente a lo no español. De estas diversas formas de identidad colectiva, las cuales convivieron a fines del periodo colonial, luego de 1810 se distinguirán con mayor claridad tres formas: la identidad americana, la urbana (mas tarde denominada provincial) y la rioplatense o argentina.

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La prensa política y los debates constitucionales del periodo muestran que otra palabra igualmente significativa, “Nación”, indica también de manera indefinida el ámbito espacial real al que se alude con ella. En los primeros años de la Revolución, “Nación” remite tanto a la nación española como a la nación americana. La expresión “Nación argentina” fue completamente desconocida al iniciarse el movimiento emancipador. La nación que se concibe hacia 1810 en el Rio de la Plata exhibe así un aspecto concreto y territorial, es la reunión de sus componentes; es decir, de los pueblos y provincias intendencias (y cabe aclarar aquí que la noción de “Pueblo” no es la misma de la actualidad con lo cual no englobaba a toda las personas). Lo que los investigadores observan es que el concepto de nación, presente en los debates institucionales entre 1813 y 1827, no remite ni a un pasado histórico en común ni a un pasado étnico sino a algo que se constituye por la voluntad de sus asociados. Así, la “nación” aparece claramente ligada a las ideas de Estado, Congreso, Constitución, y forma de gobierno.¿Qué sucede con el término “los pueblos”? En el lenguaje de la época, estos pueblos fueron las ciudades convocadas a participar por medio de sus cabildos en la Primera Junta (lo que comúnmente conocemos como el primer gobierno patrio). Y fueron estos mismos pueblos los que protagonizaron gran parte de los acontecimientos políticos de la década. Esto fue así porque la soberanía residía ahora en los pueblos. Pero… ¿Por qué? Por que el rey español Felipe VII no estaba en sus funciones, sino que había sido obligado a abdicar a favor de un rey francés. Y según las costumbres españolas de la época, la soberanía residía en los pueblos y eran estos últimos quienes le entregaban la soberanía al rey… ahora, al no haber rey, esta soberanía volvía a manos de los pueblos: a esto se lo conoce con el nombre de “retroversión de la soberanía del monarca”. Razón por la cual, se entiende por qué estos pueblos (entendidos no como conjuntos de personas sino como ciudades con cabildo) fueron los grandes protagonistas del proceso revolucionario. Con la caída del poder Central en 1820, estos “pueblos” tendieron a constituirse en Estados soberanos bajo la denominación de “Provincias”.

La provisionalidad de los gobiernos centrales y la cuestión de la soberanía

Los gobiernos revolucionarios que se sucedieron entre 1810 y 1820 se constituyeron en soluciones provisorias destinadas a durar hasta que se reuniera la asamblea constituyente que definiría y organizaría el nuevo Estado. De modo que la organización política del conjunto de los “pueblos” rioplatenses permaneció indefinida.

Esta provisionalidad conllevaba una indefinición respecto a rasgos sustanciales, a saber: el de los fundamentos nacionales de los gobiernos centrales, los límites territoriales de su autoridad o sus atribuciones soberanas. Pero hubo un instrumento preconstitucional que fijó provisoriamente las bases para la organización del nuevo Estado, el Reglamento Provisorio para la Administración y Dirección del Estado del 3 de diciembre de 1817.

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Soberanías y proceso revolucionario (1810-1820)

Desde el inicio de la revolución, lo que tejió gran parte de la trama política del período fue la coexistencia conflictiva de soberanías de ciudades con gobiernos centrales que dirigieron sus acciones tendiendo a definir una única soberanía rioplatense. Una de las cuestiones que se plantea es la de discernir en qué medida la emergencia de la soberanía de los pueblos puede ser vinculada a la tradición de autogobierno de los pueblos, que las reformas borbónicas no habrían podido quebrar. Otra de las cuestiones se vincula con la necesidad de comprender mejor el alcance y el significado de las expresiones de defensa de los llamados “derechos de los pueblos”.

Este proceso tiene tres momentos:

1-La lucha de las ciudades subalternas para independizarse de las ciudades cabeceras de las intendencias a partir de 1810.Aquí fue frecuente el uso de un concepto equívoco, el de federalismo comunal  Como consecuencia de esas aspiraciones de los pueblos al ejercicio de su soberanía, se inició un proceso de disgregación de las antiguas provincias del régimen de intendencias, basado en el principio de retroversión de la soberanía, que dará nacimiento a nuevas provincias. Estas primeras manifestaciones autonómicas alcanzaron un punto crítico en la conmoción general del año 1815, con la caída de Alvear

2-Las Instrucciones de Artigas a los Representantes del Pueblo Oriental para el desempeño de sus funciones antela Asamblea General Constituyente de 1813.En el programa formulado por Artigas, el imaginario pactista adoptó una forma claramente confederal. Además, desde su origen, la dirección del movimiento insurreccional en la Banda Oriental, se recluta en la campaña misma al margen del sistema jerárquico tradicional. El desplazamiento de las bases de poder alcanza aquí una intensidad excepcional y se funda en un ideario de contenido democrático.

3-El surgimiento de la primera tendencia federal porteña en 1816, derrotada sin embargo en ese mismo año. La emergencia de una tendencia confederal no fue sin embargo privativa de la Banda Oriental; en la misma Buenos Aires surgió una primera expresión pública de esta tendencia en 1816. Los confederacionistas de Buenos Aires intentaron así crear una fuerza alternativa a los gobiernos centralistas, pero fueron derrotados en 1816

El legado de la revolucion

Con los términos “barbarización del estilo político”, “militarización” y “ruralización”,Tulio Halperin Donghi puso de relieve los efectos de la revolución y la guerra de independencia sobre las bases sociales del nuevo poder. El cambio más notable es el que se vinculó al poder cada vez más amplio que la coyuntura guerrera

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confirió a las autoridades locales encargadas de canalizar los recursos humanos y económicos de las zonas rurales.

José Carlos Chiaramonte, “Vieja y Nueva Representación: los procesos electorales en Buenos Aires, 1810-1820”

Caducada la legitimidad de la monarquía, el nuevo poder que intentaba erigir en su reemplazo debería exhibir su propia legitimidad para poder reclamar el reconocimiento de la sociedad

Partiendo del análisis de lo sucedido en el Rio de la Plata es abandonar la existencia de una nacionalidad argentina que intentar imponer la historiografía del siglo XIX y XX, pretendiendo dejar de lado inexistente de un espacio político nacional rioplatense.

Si existe un espacio político interprovincial en donde los representantes de cada estado provincial actuaran con instrucciones emanadas no de un cuerpo electoral ciudadano sino de órganos de gobierno provincial características que también alcanza de esos representantes.

Las normas electorales que rigieron los procesos electorales del periodo independiente, fueron anticipadas por las que dictaron la Junta Central de España e India y el Consejo de Regencia para elegir diputados americanos a la mencionada Junta y a las Cortes respectivamente entre comienzos de 1809 y 1810.

La Junta de Mayo fue la encargaba a los responsables de cada lugar que hicieran convocar por los cabildos a la parte principal y más sana del vecindario, para elegir sus representantes que reunidos decidieron la forma de gobierno que prefiriesen, las instituciones encargadas de controlar los actos electorales fue el cabildo, en donde el sistema representativo excluye a la campaña.Es que además de ser el Cabildo mucho más que un organismo municipal, el concepto pueblo, como también ocurre con los de nación y representación, posee distinto contenido según se lo utilice en el sentido de la tradición política de la monarquía hispana o en el de las doctrinas de la soberanía popular contemporáneas de la revolución francesa.Al admitir la reasunción de la soberanía popular por el pueblo, se complicaba su aplicación según las realidades por los distintos sentidos con que el concepto de pueblo era entendido en los debate políticos. Soberanía única indivisible en la soberanía jurídica de nación, remitiendo a una multiplicidad de Soberanía inicialmente en el ámbito de la ciudad.

La disyuntiva se planteo en la ciudad en el primer paso de la Independencia, respecto a la participación política como disyuntiva entre vecino o ciudadano. Un problema fundamental se generaba en la definición de ciudadanía que excluía de a la gente de campaña, que también era excluida en la tradición política hispano

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colonial.

La participación de los vecinos de la campaña en el régimen electoral fue legalizada recién en 1815 por el Estatuto Provisional, pero suprimida su participación en la designación de los delegados del Congreso de Tucumán.Los procedimientos electorales corroboran la convivencia de prácticas tradicionales (España) y las nuevas formas surgidas de movimientos de la revolución francesa. El reglamento de febrero 1811 para la formación de Juntas provinciales es el que deslinda por primera vez el proceso eleccionario n la figura del cabildo abierto en su artículo relativo a la elección indirecta de vocales a la Junta, desde aquí el Cabildo comienza a suplantar el procedimiento de cabildos abiertos o asambleas populares por la práctica de elecciones indirectas.

Los elegidos son llamados ciudadanos y los electores vecinos, junto a la evocación de una supuesta ciudadanía se encuentra la representación corporativa antigua del ayuntamiento y de los pueblos. El Estatuto de la Junta Provisional define al ciudadano todo hombrelibre, nativo y residente, mayor de 25 años y las que hacen que pierda tal condición por ser domestico asalariado y por no tener propiedad u oficio lucrativo útil al país.

Se distingue el voto activo (poder elegir) se le exige 25 años de edad más de cuatro años de residencia en el país, ser propietarios de un fondo menor de 4000 pesos o en su defecto ejercer arte u oficio útil sabe leer y escribir. Y el voto pasivo (ser elegible) se debían cumplir los mismos requisitos pero con una residencia de 10 años y solamente podían ser elegidos para los denominados empleos de republica, cargos municipales, excluyéndolos de los empleos de gobierno para los que debían renunciar antes a toda otra ciudadanía. (Españoles europeos no tienen derecho a sufragio)

La Constitución de 1819 exigía para el ejercicio de la representación un fondo de 4000 al menos o en su defecto oficio o profesión útil, para senadores 8000 pesos, la constitución de 1826 incluía algunas suspensiones al derecho a sufragar hacia aquello que sean criados a sueldo,peon,jornaleros,simple soldado de línea y notoriamente vago. Las mismas limitaciones se hallaron el as constituciones provinciales hasta 1853.

Los poderes e instrucciones son los instrumentos a través de los cuales los diputados se convierten en apoderados, antiguamente procuradores de quienes se les confiere. Los diputados son representantes de las ciudades, serán estas las que otorguen dichos poderes a través de diferentes instancias según el reglamento electoral de que se trate.

El sistema que se conserva es de las jerarquías sociales tradicionales de carácter estamental frente a los intentos de conformar la ciudadanía, corporaciones como el ayuntamiento, la burocracia, la iglesia. El ejército, los profesionales fundamentalmente los letrados.

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Lo que caracterizara a la primera mitad del siglo XX es la conformación sucesiva de dos espacios políticos por excelencia, institucionalizado el primero en el cabildo y en estado provincial el segundo. En la etapa colonial los cabildos del territorio rioplatense se integraban en 3 categorías de funcionarios, dos alcaldes anuales y electivos, regidores en un principio anuales y funcionaros especiales. 

A partir de 1811 se comienzan a eliminar todos los cargos vitalicios, el derrumbe de la administración monárquica y la falta de un nuevo aparato estatal para reemplazarla, obligo a los líderes independentistas a recurrir a tolerar la prominente función pública que ejercerán los cabildos en la 1era década revolucionaria.

Los alcaldes fueron una pieza clave en los distintos comicios realizados en la ciudad, pues participaban en las confecciones de los padrones y citaban a los vecinos para el día del comicios, en momentos en que los comicios eran escritos ellos estaban entre los funcionarios que firmaban los sobres, el comicios llego a funcionar en la propia casa del alcalde, sus funciones tenían un carácter judicial y político.

Los cabildos toman una doble dimensión municipal derivada del antiguo régimen y política que comienza a ejercer a partir de 1809 en la amplia jurisdicción que tenían los cabildos del Rio de la Plata.

Una forma de superar el antiguo régimen de carácter restringido del ayuntamiento consistió en someter las elecciones de cargos capitulares a comicios populares, la llamada corporación municipal constituyo uno de los centros de conflictos políticos el periodo en la medida misma en que era mucho más que un órgano municipal. Y que la reforma del régimen electoral no más que acrecentar su poder y por lo tanto su conflictividad entre lo municipal y lo estatal.

Y sucede que a partir de 1810 que se buscara un régimen más representativo indirecto, en un proceso que se va limitando mediante recursos formales e informales la participación directa de ese pueblo en la cosa pública. Con el correspondiente conflicto agravado por los miembros de la corporación que participaban en el Cabildo y recurrirían a las elecciones indirectas para evitar los tumultos populares, pero manipularan las elecciones indirectas para reproducir las jerarquías sociales existentes.Los comicios de 1815 introdujo la novedad de la proporcionalidad se elegiría un elector por cada cinco mil almas, se reconocía a los habitantes de la campaña el derecho a participar en la elección de los diputados al Congreso nacional y en de los cabildantes. El control del acto comicial estaba presidido por los regidores en la ciudad y el juez principal del curato en la campaña.

El cabildo fue encargado de cumplir dos requisitos electorales fijados por el estatuto un padrón electoral y un mapa de las secciones electorales.

Los conflictos llegaron a puntos violentos a partir de 1816 en que los movimientos

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autonomistas de Buenos Aires comienzan a demandar el abandono de su pretensión de ser capital del Rio de la Plata y convertirse en estado confederado.

Marcela Ternavasio, La Revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires, 1810-1852.

Reinterpreta los sucesivos regímenes electorales adoptados en el escenario político de Buenos Aires entre 1810 y 1852. A través del examen de los cambiantes regímenes electorales y de las prácticas autorizadas por ellos, aparece esbozada una interpretación general de la peculiar naturaleza de la sociedad bonaerense en su tránsito del antiguo régimen a la modernidad, tomando como principal punto de observación las acciones desplegadas por los grupos involucrados en los procesos electorales y los efectos que generaron tales acciones en la dinámica del funcionamiento del sistema político

El eje del trabajo esta puesto a partir de los aportes de la historia social, cultural y de las ideas que intentan ser integrados en el marco de la historia política, sobre el papel de la elite dirigente, ya que los mayores conflictos derivados de la disputa electoral se produjeron en su interior, aunque esto no significa minimizar la acción de los grupos sociales no pertenecientes a la élite en la construcción del nuevo orden político: las muchas veces proclamada amenaza de la “plebe” no representó, en este período, ni un verdadero peligro a la estabilidad política ni el eje a partir del cual se definió el régimen representativo

La investigación ha desembocado en una re-periodización de esta etapa de la historia provincial en tres grandes bloques que dividen al libro: la primera parte plantea la instauración de la nueva representación política luego de la revolución donde la forma de gobierno, el sujeto de imputación soberana y el tipo de representación seguían siendo un asunto pendiente y donde además, era necesario disciplinar la movilización de una sociedad politizada, que lejos de limitar su participación, la élite tendió a incentivarla en el marco del nuevo régimen representativo. Comprender el marco donde se produjo la crisis del año ’20 con la desaparición del poder central y el surgimiento de los estados autónomos nos mostrara la disputa producida en el interior de la provincia entre la ciudad y la campaña y el porque de algunos de los principios que regirán la representación política provincial luego de dictada la ley electoral de 1821 para finalmente analizar el contexto en el que fue sancionada dicha ley (vigente hasta 1852) que dará respuesta a la sucesión política haciendo realidad el principio tan proclamado de que la soberanía residía en el pueblo, a través del voto directo y un derecho amplio de sufragio; la segunda parte, mostrara las prácticas electorales desarrolladas en Buenos Aires durante la llamada “Feliz experiencia rivadaviana” donde se analizan las elecciones a través de los distintos niveles de conflicto que emergieron asociados al voto y los diferentes estratos que conformaron el universo electoral, en primer lugar, las disputas de las candidaturas(lucha entre las distintas facciones) y el escaso disciplinamiento de la élite para acordar listas unificadas que trasladaba hacia abajo el margen de imprevisibilidad respecto de

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los resultados electorales y después, trasladándose al interior del universo de los sufragantes, podemos advertir como los diversos grupos de la élite apelaban a las redes informales de los sectores intermedios3, y por último la base constituida por los sufragantes, quienes eran necesarios para votar por las diversas listas que circulaban, aunque no pueden ser considerados como los portavoces de grupos con intereses particulares o de una opinión creada en torno a los centros de agregación social o política para luego explicar la ruptura legal producida en 1828, donde la dinámica asumida por los procesos electorales luego del fracaso del Congreso Constituyente incidió en la conflictividad política entre 1828 y 1835 y en la resolución posterior que culminó con la instauración de un régimen de unanimidad ; por último, la tercera parte analiza el papel del sufragio en la época de Rosas, donde se desarrollan distintas opciones planteadas entre el periodo que separa la “feliz experiencia rivadaviana” de la “unanimidad rosista” y la compleja articulación entre los debates de tono mas ideológico y doctrinario con los acontecimientos políticos llevando a la supresión de competencia electoral a través del sistema de “lista única” y la expansión de la frontera política en el territorio rural estableciendo un régimen de tipo plebiscitario que colocaba a los rituales electorales en un estatus hasta ese momento desconocido, ya que el gobierno busco ratificar su indiscutida autoridad en nombre de la “voluntad general y la uniformidad de opinión”

Así mismo podemos observar tres hipótesis fundamentales desarrolladas a través del libro: primero, defiende la centralidad al proceso político donde la clave esta en los procesos electorales y el rol de las instituciones en el desarrollo político de los estados latinoamericanos en el siglo XIX; segundo, propone, una explicación “institucional” del desarrollo del sistema de poder unanimista y de su triunfo en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires a partir del ascenso al poder de Juan Manuel de Rosas sin que fuera necesario modificar la ley electoral de 1821 (que precisamente por su ambigüedad había permitido tanto un régimen de competencia como uno de unanimidad), para luego demostrar como la ampliación de la frontera electoral en la campaña hizo posible una implantación en la ciudad de concepciones y prácticas políticas ya habituales en la campaña; y una tercera hipótesis es la que señala, sin negar la existencia de algunas instancias de manipulación del sufragio, la ausencia de una noción de “fraude” entre los actores políticos del período porque la legitimación solo podía proceder del consentimiento de aquellos sobre los que habría que ejercer la autoridad.

Así mismo, podemos ver como su análisis identifica con gran precisión el engranaje institucional que subtendió a la “ruralización” de la política bonaerense que observadores contemporáneos e historiadores desde la época de Sarmiento han señalado como uno de los rasgos más llamativos del orden rosista. La implicación es evidente: las explicaciones centradas en una explicación de clase como aquellas que han visto en Rosas al representante de los sectores ganaderos, o en una explicación biográfico-cultural como aquellas que han sostenido (la gran mayoría) que Rosas gobernó la provincia como una gran estancia porque su formación originaria no le permitía concebir otro modo de ejercer el poder

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El discurso político del rosismo respondía a una necesidad política real, es decir, la de articular un sistema de gobierno capaz de expresar las aspiraciones y valores de la elite porteña (quien era su foco gobernante en primera instancia), de la población rural, de ciertos sectores de la población urbana popular y en último lugar, de la sociedad bonaerense en su conjunto, para lo que era necesario captar a los distintos niveles de operatividad social: la vía seguida por Rosas será la de lograr una cierta permanencia de su gobierno llevando a cabo medidas de coerción con otras dirigidas a generar algún consenso de su gobierno

De este modo, se puede ver claramente como la política llevada por el rosismo desarrolla una ideología negativa hacia las prácticas realizadas en la época rivadaviana en torno a las “luchas electorales”: identifica a la práctica asambleísta con el desorden, los tumultos, la política facciosa, el desborde popular, en definitiva con la noción de ingobernabilidad -caracterización que motiva a controlar los mecanismos de acceso al poder en el interior de la propia élite, cuyas divisiones amenazaban permanentemente la estabilidad del gobierno de turno, en especial frente a la más remota posibilidad de que los sectores populares movilizados intentaran organizar, a través del sufragio, una suerte de gobierno de la plebe.

Más importante aún, analiza la evolución de la relación que vinculaba a la élite política con su electorado. El sistema electoral que se impone en 1821 tiene la peculiaridad de ser muy amplio si se lo compara con otros sistemas electorales que regían en países de Europa y de América. Se lo ha llamado voto universal, pero Ternavasio lo piensa como un voto amplio porque existía una restricción para ser elegido: había que ser propietario. La ley establecía que para ser electo el ciudadano tenía que tener propiedad, inmueble o industrial, pero no determinaba ningún nivel de renta. Por lo tanto, cualquier pequeño propietario, hasta un artesano, podía ser electo como representante. Mientras que los que podían votar eran todos los hombres libres o avecindados a partir de los 20 años

Además, el voto no era obligatorio ni secreto. La mayoría de la gente no acudía a votar, y la élite dirigente debía hacer muchos esfuerzos para que acuda a este acto cívico porque existía la convicción de que cuantos más votos había, más se legitimaba su poder político. Frente a ese alto abstencionismo comienza a haber ya a fines de la década de 1810 y principios de la próxima ciertas propuestas que están muy vinculadas a la noción de voto como obligación, como deber. Se incrementan ciertas prácticas: por ejemplo, se propone en la Sala de Representantes multar a la gente que no vaya a votar. En cambio, Rosas tiene la peculariedad de establecer un régimen de unanimidad, esto es impedir a través del terror y la coacción, pero también por medios más sutiles, que los opositores presenten listas. En ningún momento se deja de realizar las elecciones. Lo que Rosas logra es hacer muy visible el voto: en cada votación se buscaba resaltar la figura del líder. El momento de la votación se convierte en una gran festividad pública.A pesar de la corta existencia de la práctica electoral, lo que la revolución de 1810

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había impuesto era que la legitimidad política derivaba del voto. Ningún gobierno podía legitimarse políticamente si no era poniendo en práctica alguna forma de ejercicio del voto. Rosas mantiene toda esa ingeniería política pero cambiando justamente todas aquellas prácticas informales que le daban contenido a todo este sistema electoral. Por otro lado, le permitía a Rosas manifestar una legitimidad hacia adentro, y también hacia el exterior. Supuestamente su régimen era un gobierno legítimamente electo a través de comicios que, aunque eran una farsa, mantenía muy rigurosamente el rito anual de la convocatoria a elecciones. Todos los documentos muestran lo meticuloso que fue Rosas en la celebración de las elecciones, que se realizaban anualmente. Todos los años mandaba un mes antes a imprimir en la imprenta del Estado las boletas electorales con la lista de candidatos que él mismo había confeccionado a mano: Rosas quería que fueran muchos a votarSu investigación le ha permitido enfatizar la centralidad de los rituales electorales en la reafirmación del vínculo entre el líder plebiscitario y su “pueblo”. Tal como nos señala Jorge Gelman, ante la necesidad de restaurar la paz, era necesario reconocer a la sociedad que los rodeaba, con sus prácticas antiguas de reproducción social y con sus hábitos nuevos de participación política para poder crear un aparato eficaz de funcionarios leales al gobierno pero también, reconocidos y aceptados por la sociedad6. Sin embargo, habrá una gran dificultad al intentar constituir un elenco estable de funcionarios fieles al gobierno: primero, los jueces de paz no eran rentados por el Estado, significando muchas veces una carga publica que los llevaba a dejar de lado sus negocios privados y verse afectados también por las distintas coyunturas políticas desarrolladas en ese período; segundo, los jueces paz reflejan una comunidad de vecinos donde su distinción social no venia directamente relacionada por la pertenencia a una clase social o por su nivel de riqueza, sino por su estrecha vinculación con esa comunidad que les permitía adquirir una gran cantidad de derechos pero también, debían respetar la costumbre tan arraigada dentro de su ámbito. El resultado de todo esto llevará al gobierno rosista a apoyarse en las sociedades locales para construir el aparato del Estado, pero a su vez le será muy difícil imponer ciertas ordenes porque se enfrentará con los intereses de las redes locales y con las prácticas reconocidas como validas desde tiempos coloniales, aunque Rosas ponga mayor énfasis en mostrar continuamente al aparato del Estado Federal por encima de los intereses privados

Por ultimo, la autora enfatiza la reducción que se ha hecho del fenómeno del caudillismo, la cual solo veía en este fenómeno un tipo de movilización rural basada en una sola fuerza militar desvinculada de alguna legitimidad política fundada en la institucionalización de un aparato legal, cuyo fundamento de poder político era la acción de las armas y el acto comicial era producto de un momento mas dentro de la sucesión de hechos violentos como consecuencia de la revolución, no teniendo en cuenta que las practicas electorales se convirtieron en un instrumento de juego de las facciones políticas, eficaces para garantizar la sucesión gubernamental del régimen de soberanía popular vigente aunque no para establecer mecanismos efectivos de una politica ampliada

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El personalismo del sistema del gobierno de Rosas debió necesariamente adquirir una expresión cultural en la cual se vio obligado a presentar ante la sociedad que gobernaba, un discurso que debía dar cuenta de las expectativas de la sociedad bonaerense: los instrumentos que utilizó para este fin fueron la prensa escrita, los debates en el parlamento (que aunque despojados de sus antiguos poderes perduraban en la visión general adoptada en la época rivadaviana), la opinión pública y aún las formas mas tradicionales de difusión de las razones del poder como el pulpito y los rituales cívico- religiosos, ayudan a desdibujar el concepto tradicional de “caudillismo” y nos muestran otra concepción sobre la imagen del mismo respecto a interpretaciones como la que se encuentra en el Facundo de Sarmiento8. De este modo, las prácticas retóricas por las que Rosas busco sentar la legitimidad del orden lo obligó a buscar su identidad a través de estos medios y no en contra de ellos

Unidad 3

Marcela Ternavasio, La Revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires, 1810-1852. Capítulos 3, 4, 7, 8 y 9.

Plantea y describe el proceso de electoral que fue organizando el nuevo régimen representativo después de de 1810 a través del examen de los cambiantes regímenes electorales y de las prácticas autorizadas planteando una  interpretación general de la peculiar naturaleza de la sociedad bonaerense en su tránsito del Antiguo régimen a la modernidad.

Se baso diversas fuentes tanto cuantitativas y cualitativas, vale destacar por ejemplo: Ley de Elecciones, Bs As, 14 de agosto de 1821, Leyes y decretos promulgados en Bs As desde 25 mayo 1810 a fines diciembre 1835, Diarios de época, elecciones (actas, padrones, escrutinios, registros), correspondencia entre Lavalle y Rosas, Diarios de Sesiones de la Junta de Representantes 1829-1832, El proyecto de Constitución provincial presentado por un grupo de federales en la Sala de Representantes en 1833, mensajes del Gobernador Rosas a la legislatura y Correspondencia de Rosas con sus subordinaos días antes de las elecciones.

A partir de un acercamiento explicativo a la gran pregunta que gira en torno a la disputa por el poder político, tomando como principal punto de observación las acciones desplegadas por los grupos involucrados en los procesos electorales y los efectos que generaron tales acciones y las representaciones elaboradas a partir de ellas en la dinámica del funcionamiento del sistema político, la autora propone por lo menos dos hipótesis que se apartan sustancialmente de la visión tradicional,  aún deudora en gran medida de las grandes construcciones interpretativas del siglo XIX.

La historiografía tradicional ha relegado a un segundo plano los procesos electorales y el rol de las instituciones en el desarrollo político de los estados, a lo cual Ternavasio propone el restituir las instituciones políticas y los regímenes

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electorales a un lugar destacado en el desarrollo político del Río de la Plata, ya que han jugado un papel decisivo sobre el desarrollo político de la institucionalidad “formal” adoptado por el Estado.

En segundo lugar, intentará reinstalar el tema del caudillismo en el marco de una reflexión diferente, explicando cuáles fueron los mecanismos formales e informales que, asociados al sufragio y fuera de los mecanismos típicos de coacción, que hicieron posible el tránsito de un régimen notabiliar a uno de unanimidad en el Estado de Bs As concluyendo en una análisis sobre la legitimación sobre la que Rosas fundó la obediencia política. Desde su punto de vista la legitimidad rosista no fue el simple resultado de la imposición militar de un caudillo. A ella se debe agregar un consenso que a través de distinto mecanismos hizo posible la continuidad por casi dos décadas de un régimen unanimista.

La autora busca destacar un hecho muy poco conocido, que recién en las dos últimas décadas los investigadores han empezado a transitar: desde 1821, en Buenos Aires, los gobernantes fueron designados de manera directa mediante el sufragio universal masculino.

El sistema electoral que se impone en 1821 tiene la peculiaridad de ser muy amplio si se lo compara con otros sistemas electorales que regían en países de Europa y de América.

 ¿Qué papel jugó en la instauración de una nueva legitimidad política basada en formas republicanas de gobierno? ¿Quiénes votaban, cómo lo hacían y que efectos tuvo el acto de sufragar para una sociedad acostumbrada a jurar fidelidad a un rey muy lejano y desconocido? La ley establecía que para ser electo el ciudadano tenía que tener propiedad, inmueble o industrial, pero no determinaba ningún nivel de renta. Por lo tanto, cualquier pequeño propietario, hasta un artesano, podía ser electo como representante.

De esta manera el voto no era obligatorio ni secreto. La mayoría de la gente no acudía a votar, y la elite dirigente debía hacer muchos esfuerzos para que fuera a votar porque existía la convicción de que cuantos más votos había, más se legitimaba su poder político. Frente a ese alto abstencionismo comienza a haber ya a fines de la década de 1810 y principios de la próxima ciertas propuestas que están muy vinculadas a la noción de voto como obligación, como deber.

De esta manera,  tuvo como consecuencia un significativo cambio en los mecanismos de movilización y la instauración de una nueva práctica, la lucha por las candidaturas. Este fenómeno desarrolló al máximo la competencia internotabiliar, en la que un elenco estable de personas se alternaba en los cargos, según una frecuencia directamente proporcional a la capacidad de negociación de cada uno para imponerse.

Tal vez dos de los más importantes problemas que  deben enfrentar la clase dirigente en la nueva etapa serán, en primer lugar como dotar de legitimidad a las

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nuevas autoridades y en segundo lugar,  como lograr que el proceso de ruptura con la monarquía española desemboque en la instauración de un orden político que subordine a los sectores sociales tradicionalmente ubicados en la base de la pirámide social.

En lo referido a la primera cuestión, la obra de referencia resalta el valor simbólico de los actos eleccionarios para otorgar legitimidad a las nuevas autoridades a partir de la aceptación, en prácticamente todo el campo político, del concepto de soberanía que retrotrae en el pueblo.

Por otra parte es claro que desde que se abre el camino de la investigación histórica en lo referido a los actos eleccionarios, comienza descubrirse que, al contrario de lo supuesto, las primeras prácticas no encerraban restricciones censatarias, reconociendo una amplia base de inclusión en el universo de los sufragantes  La ruptura con el vínculo colonial, como ya se comento planteo el tema de la legitimidad del poder a través de la retroversión de la soberanía al pueblo pero¿ cual era el sujeto a quién se imputara la soberanía? Y, en segundo lugar ¿cuál era la forma de gobierno que se establecería en la nueva etapa? Estos dos interrogantes tendría distinta respuestas a lo largo de todo el período analizado en este trabajo, pero girarían en función de las siguientes premisas:

La teoría tradicional que asignaba a los pueblos y ciudades la retroversión de la soberanía.

La concepción moderna, sin claros antecedentes en nuestro continente, que consideraba a la nación como única e indivisible, compuesta por individuos libres e iguales

La organización del estado en base al modelo monárquico-constitucional.

La organización del estado en base al modelo republicano. Los vaivenes políticos durante la primera década obligo a una reiterada practica electoral que abrió diferentes conflictos vinculados a las lógicas representativas, que en alguna medida se intentaron resolver en el Estatuto Provisorio de 1815.

Este documento, base para numerosas construcciones jurídicas posteriores, inició el resquebrajamiento de las viejas jerarquías territoriales aunque sin romper con la lógica corporativa al  definir:

La incorporación de la campaña en el régimen representativo

La adecuación del número de representantes en función del número de habitantes de cada jurisdicción

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La imposición de un mecanismo electivo para designar a los miembros del cabildo. La crisis abierta por la desaparición del estado central en 1820, agregó nuevas dimensiones a estas primeras cuestiones, junto a la potenciación de las existentes

La configuración de un nuevo espacio político: el estado provincial

El antagonismo entre la capital y los pueblos del interior.

La puja entre asambleísmo o mecanismos electorales formalmente establecidos

La determinación del número de representantes en base a la calidad del cuerpo territorial representado o el número de habitantes

La rivalidad entre ciudad y campaña

La preocupación por la escasa cantidad de votantes unida al crecimiento del espíritu faccioso al que se creía solo superable en la medida que se multiplicara la cantidad de sufragantes  La ley electoral sancionada en 1821, en tiempos de la “feliz experiencia” en la que el estado bonaerense se separo del resto del país, intentó resolver estas cuestiones.

Si bien el nuevo espacio político no se organizó en base a  un texto constitucional, el proyecto de la elite ambicionaba a consolidar una república legítima y estable que se convirtiera en una suerte de “modelo a imitar”, y para ello fueron sancionadas una serie de leyes fundamentales entre las que se destaca la ley electoral, la que creaba los ministerios y regulaba sus funciones y la que normalizaba la forma de elección del gobernador.

Acompañando estas regulaciones formales aparecen otras prácticas que completan el modelo a pesar de no tener sanción legal, como la división de poderes operada en la realidad de la acción gubernamental.

El sistema electoral que se pondrá en marcha parte de la ampliación de la base electoral, sobre la que no se pone prácticamente ninguna restricción de tipo censataria: todo hombre libre, mayor de 20 años estaba en condiciones de ejercer su derecho de voto. Sobre esta ley se efectuaron luego gran cantidad de especulaciones sobre sus fundamentos ideológicos, vinculándola con los principios de la revolución francesa o el pensamiento de Jeremias Bentham y asignándole una importante cuota de responsabilidad en la posterior irrupción de Rosas.

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Sin embargo, en la propuesta del texto queda demostrado que la principal preocupación de sus redactores no estuvo guiada por el seguimiento de alguna concepción teórica previa, sino especialmente por lograr una mayor participación en los actos electorales con el objeto de remediar los dos principales problemas políticos que se avizoraban en ese momento: la participación de la plebe en formas no estructuradas, como la asambleas y los cabildos abiertos y la creciente disputa de facciones, que solo una concurrencia masiva en el sufragio podría neutralizar.

Por otra parte el sistema garantizaba su propia reproducción al reservar para los propietarios el voto pasivo, es decir la capacidad de ser elegido. Tal vez el elemento más innovador no residía en la ampliación de la base electoral sino de la elección directa de los representantes, que contaba con pocos antecedentes e iba acompañada, a diferencia de lo que acontecía en nuestro país, por requisitos de exclusión censatarios.

La supresión de los dos cabildos existentes en el ámbito bonaerense obedeció a la adopción de criterios modernos de representación, en los cuales las consideraciones de cuerpos o estamentos dejaban lugar a la emergencia del individuo.

Finalmente se efectúa un interesante estudio acerca de los mecanismos electorales en los que se destaca la importancia decisiva de diferentes protagonistas: los jueces de paz, los escrutadores, los cuerpos militares, las comisarías, los presidentes de mesa, etc, en la que la designación de las autoridades comiciales toma una importancia decisiva.

La implementación de la ley electoral tuvo éxito en multiplicar el número de sufragantes pero también generó nuevas prácticas no deseadas.

En primer lugar, la deliberación en torno a las candidaturas demostró la escasa disciplina de la elite para establecer acuerdos, provocando un ampliado debate en la sociedad por medio de los numerosos periódicos circulantes en la época, que alcanzó a los grupos de intermediación entre la elite y la base y, en algunos casos, a la misma movilización de los sectores populares, activados deliberadamente por quienes disputaban candidaturas dentro de la elite.

De esta forma el carácter de tumulto que se quería superar con la ampliación de la participación era reinstalado por los mismos sectores que se preocupaban por su erradicación. En segundo lugar, el espíritu de facción, más que disminuir no hacia más que ampliarse en un debate que pronto paso a teñirse de las diferentes visiones que circulaban dentro de la clase dominante acerca de las formas que debía adquirir la organización nacional.

La ruptura entre unitarios y federales llevo a reinstalar la violencia, particularmente a partir del fusilamiento de Dorrego, lo que significó la violación de las reglas de

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juego definidas por la misma elite y dio pie al nacimiento de un discurso hegemónico, que solo contemplaba la unanimidad de opinión, corporizado en la figura de Juan Manuel de Rozas.

El largo gobierno de Rosas clausuro la etapa deliberativa a través de implementar listas únicas decididas por el mismo gobernador, poniendo especial énfasis en los otros dos momentos del acto eleccionario: la movilización y el control de los comicios.

El discurso de la unanimidad de opinión descalificaba lógicamente toda alternativa de disidencia remitiendo a un orden político que debía reflejar un orden “natural”, concepto indudablemente inspirado en el pensamiento tradicional pero que, al mismo tiempo estaba reapareciendo en las propuestas de algunos pensadores europeos entre los que se destacaría Augusto Comte.

El trabajo termina sugiriendo, no explícitamente, un hilo conductor entre estas tendencias hegemónicas, con pretensión de contener la misma esencia nacional, con otras expresiones políticas nacidas en el siguiente siglo. Las referencias son claramente a la auto percepción que tienen de si mismos, tanto la Unión Cívica Radical como el Movimiento Peronista, dejando abierta una línea de reflexión que no parece ocioso seguir explorando

Luego de los resultados obtenidos por parte de la elite gobernante luego de la promulgación de la ley electoral, vieron que era necesario intervenir más activamente en los comicios si querían alcanzar los objetivos propuestos. Las nuevas prácticas que se fueron configurando alrededor del acto electoral tuvieron como principales impulsores a los miembros de la elite dirigente.

Si en los primeros momentos de la feliz experiencia rivadaviana los resultados electorales pudieron prever un triunfo aplastantes del oficialismo, fue porque el llamado Partido del Orden logro reunir un consenso indiscutido dentro de la elite, cuando dicho consenso se fue perdiendo los resultados electorales pasaron a tener un margen de imprevisibilidad, sumado a la derrota electoral en el campo electoral.

El gobierno había impulsado novedosas prácticas en el campo electoral (negociación – movilización – propaganda), generando una política en torno a la sucesión de la autoridad que se había expandido más allá de los controles que aquel podía ejercer. La ley electoral de 1821 al prescribir el voto directo sin restricciones condujo a redefinir las prácticas políticas a través de las cuales la elite dirigente había intentado hasta ese momento reproducirse en el poder político. La elite requirió inventar nuevas formas de negociación y de discusión al mismo tiempo que necesito vincularse mucho mas con un electorado potencial que debía legitimar a través de su autorización a las nuevas autoridades.

Lo que produjo el pasaje del voto indirecto a otro de voto directo fue el inmediato traslado del momento de la deliberación al periodo previo a la elección. Tres

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momentos del proceso eleccionario pasaron a tener vital importancia en la representación impuesta en 1821, de la deliberación en el interior de le elite en torno a las candidaturas, que se verifica los días antes a la elección, la movilización para obtener el mayor número de votos en función de lo definitorio que resultaba ahora en el momento de la autorización, el de la constitución de las mesas electorales que se convierten en las llaves del control del proceso.

Estos nuevos procesos electorales lejos de reflejar una elite homogénea y sin fisuras dejo en claro que había dos facciones unitarias y federales, que estaban lejos de la lista única como del conflicto bélico sin pactos políticos previos.

La práctica de las candidaturas se lleva dentro del ámbito urbano, la ausencia de reglamentación al tema de la previa de la lista de candidatos dejaba al proceso electoral en un área difusa que rápidamente fue cubierta por prácticas informales.

La libre deliberación que se produjo a partir de la década del 20 produjo una explosión de la prensa que se erigió como el principal órgano de divulgación de listas de candidatos y a falta de mecanismos de legalización en vehículo informal de oficialización de las mismas en el espacio público.

En los días previos a la elección se podían llegar a publicar hasta 6 o 7 artículos por día en que cada actor político aportaba su lista de propuestas y preferencias, si existía un elenco estable de candidatos que se repetían con diferente frecuencia, que variaba de su capacidad de negociación en su puesto de orden en la lista posible.

Los grupos de la elite comenzaron a reunirse con sus grupos de referencia en los espacios privados donde iniciaba la negociación de las candidaturas de las posibles listas, en donde los espacios urbanos presentaban mayor complejidad en su armado político que los rurales.

El escaso disciplinamiento que la elite demostró para tener para acordar una lista unificada capaz de ser divulgada votada con los mismos nombres que la integraban inicialmente se también en los registros electorales, siempre estaba un elenco estable acompañado por un secundario que permitía realizar variedad de combinaciones para la confección de las listas. 

La aparición de redes clientelares facilitaba la posibilidad de llevar a votar por alguna de las listas previamente acordada, la práctica de las candidaturas permitía una mayor flexibilidad al momento de armar las listas.

Existían distintos canales de propaganda, las listas impresas entre la población se colocaban especialmente en los atrios de la iglesia lugar en que se iba a votar, en las plazas, cafes, pulperías, reñideros, el envió de cartas a particulares. El reparto de lista de casa en casa.

Que es la competencia notabiliar ¿? Es un régimen en que los candidatos eran

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individuos que por su notoriedad ocupaban lugares prominentes y que por tal razón gozaban de libertad de acción al no estar atados a la vieja figura del mandato imperativo ni a las redes y lealtades que supones la existencia de un sistema moderno de partidos, en que la discusión se dirimía mas por los nombres de los candidatos que por las facciones a las que supuestamente pertenecían.

Este rgimen notabiliar tiene ciertas reglas informales compartidas por los miembros de la elite a través de las cuales disputaban y negociaban la sucesión política.

La confianza individual que merecía el candidato por parte de sus electores devenía directamente del lugar social que ocupaba, también provenía de un proceso de construcción que buscaba instaurar una notoriedad que no siempre les era dada de manera natural, en la sociedad de campiña bonaerense las jerarquías sociales están devaluadas y debía ganarse por las posiciones asumidas en la guerra de independencia, en donde los comerciantes y hacendados aceptarían un lugar subordinado en la legislatura frente al liderazgo asumido por los conocedores del arte político para elaborar e implementar las reformas aplicadas en 1821 y 1824.

La prensa comienza a mencionar a partir de 1823 la presencia de la oposición en las elecciones, que eran listas o combinaciones posibles de listas electorales que comienzan asumir el papel de opositores al programa oficial.

Entre 1824 y 1825 la distinción entre ministeriales y oposición se profundiza, dando paso a la aparición de nuevos actores políticos que provienen del campo rural y del campo económico, la reforma eclesiástica represento la primera fisura dentro del consenso logrado por el grupo rivadaviano, a la que se sumo luego la convocatoria al Congreso Constituyente.

La Constitución de 1826 profundizo los antagonismos ya perfilados a fines de 1824, la ley de capitalización aprobada a propuesta del grupo rivadaviano (identificado con los unitarios) termino en sellar la segmentación en el interior de la elite bonaerense.

La extrema polarización de unitarios y federales, el desplazamiento de las legislaturas provinciales, la federalización de las rentas de las aduanas, la guerra con el Brasil, terminaron por romper la frágil unidad en que se había montado la feliz experiencia.

Esta constitución limito mucho mas el derecho de ejercer el voto a mayor cantidad de personas, dejando fuera al criado a sueldo, peón o jornalero, simple soldado de línea, notoriamente vago o legalmente procesado en causa criminal.Mientras que los federales defendían un sufragio sin restricciones, bajo el argumento de Dorrego en donde si se privaba a los asalariados resultaría una aristocracia vinculada al dinero, algunos unitarios replicaban que para ejercer el voto activo era preciso tener voluntad propia, y no la expresión de la voluntad de

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un grupo pequeño, el que está bajo la influencia de un patrón no es capaz de sufragar con libertad.

La concesión del voto a todo hombre libre era evaluada como ensayo del pasado que debia ser corregido por permitir solo aquellos que tuvieran una contribución fija y conocida (30 $ mensuales).

La vocación del régimen de uniformidad que promulga el régimen rivadaviano busca recuperar el imaginario unanimista heredado de la tradición colonial dentro del esquema de pensamiento liberal defendía la idea de un debate racional y el rechazo de los partidos, en donde un régimen de notables en el que los individuos podían discutir y disentir en el espacio público de manera autónoma (en la prensa, en la legislatura) pero sin representar las posiciones de un partido o facción. 

La idea de oposición en sentido que asumía para los contemporáneos aparecía como amenazante porque hacía peligrar toda la lógica sobre la base montada a partir de 1821 en el mecanismo para determinar la sucesión de autoridades. El sufragio se convirtió en el único elemento legitimidador y regulador de la sucesión política, creo nuevos problemas, en las disputas de las candidaturas, por el escaso disciplinamiento de la elite por acordar listas unificadas trasladando hacia abajo el margen de imprevisibilidad respecto a los resultados electorales.

Marcela Ternavasio, “Nuevo régimen representativo y expansión de la frontera política. Las elecciones en el Estado de Buenos Aires: 1820-1840”,

UNIDAD 4

Pilar González Bernaldo, Civilidad y política en los orígenes de la nación argentina. Las sociabilidades en Buenos Aires, 1829-1862.

divide el libro en dos partes. Con exactitud titula a la primera Los Pueblos sin Nación (1820 – 1852) y a la segunda La Nación al poder (1852 – 1862).

Presenta un amplio y detallado análisis de un aspecto poco estudiado en nuestro medio: sociabilidad, prácticas asociativas y ejercicio del poder. Los analiza en Buenos Aires, ciudad de alrededor de 40.000 habitantes, capital de la provincia mas importante de la Confederación Argentina.

Considera que la interpretación socioeconómica de la política, aún dominante en la historiografía argentina, no da una interpretación acabada del proceso de formación del Estado. De allí que su investigación presente las nuevas maneras de pensar e imaginar la colectividad, la invención del individuo, la valorización de los lazos contractuales, la idea de igualdad, el imperio de la opinión, la soberanía de la colectividad características de las sociedades modernas del siglo XIX.

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Hilda Sábato, La política en las calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-1880.

Se centra principalmente en temas como la ciudadanía, la participación política y las elecciones durante la segunda mitad del siglo XIX. Temas que cobraron vigencia en el contexto de los debates políticos que en las décadas de los ochentas y noventas se llevaron a cabo con bastante intensidad en nuestro pais.

En Argentina se recuperó la temática de las elecciones para la historia política, reivindicando el papel de estas en los procesos de construcción ciudadana.

En la primera parte analiza el contexto de la sociedad bonaerense. El rápido crecimiento económico de la segunda mitad del siglo XIX, así como el flujo de capital, la inmigración y el aumento poblacional fueron de la mano para que la ciudad se convirtiera en lo que José Luis Romero llamó una “ciudad patricia”.

Las transformaciones políticas experimentadas por estos años, es decir, la superación del unanimismo rosista y la consolidación del proyecto político de Buenos Aires por sobre el de las otras capitales provinciales, liderados sobre todo por Mitre, permitieron la consolidación de una sociedad civil fuerte y que participó activamente en la política a través de su vinculación a las redes clientelares tejidas por los políticos locales.

En la segunda parte se dedica a las elecciones, analizadas como la forma –deseable- en que bajo el nuevo sistema político, debía ejercerse la participación política. Para Sabato, los procesos electorales estaban cargados de toda una ritualidad que ella se propone mostrar a partir de la descripción, bastante pormenorizada y muy bien documentada, de cada uno de los pasos, desde la convocatoria a elecciones hasta las discusiones por los resultados electorales.

La liturgia del voto muestra cómo se constituyeron las redes o maquinarias políticas para conseguir el caudal electoral suficiente para obtener un triunfo eleccionario. También se resaltan en el texto las negociaciones intraélites, la descripción de los actores que participaban en los comicios y los espacios de sociabilidad que estos compartían.

Las elecciones eran una instancia clave para los grupos políticos que pugnabanpor acceder a cargos, pero no eran –argumenta Sabato- el proceso “ideal” de transición de soberanía de representantes y representados. Se trataba de la puesta en escena del enfrentamiento entre las distintas facciones, cada una de las cuáles buscaba la manera de conseguir sufragios pero no necesariamente a fuerza de sumar votantes, sino de combinar el sufragio de las clientelas propias con el bloqueo a la participación de las ajenas. Demuestra además, que el voto era en general un acto colectivo que se realizaba insertado en un grupo o club y en algunas de las maquinarias políticas parroquiales. Uno de los aspectos clave de esta parte y que contribuye sin duda a la comprensión del liberalismo en

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Argentina es la descripción de los actores sociales que intervenían en las elecciones.

A través de los registros electorales, Sabato logra mostrar que si bien eran pocas las personas que votaban, la mayoría de las que lo hacían eran pertenecientes a los sectores populares liderados por caudillos locales, mientras que los sectores medios y altos tuvieron una escasa participación.

Cuestión que genera la imagen de una élite más bien indiferente y unos sectores populares cuya intervención en política estuvo siempre mediada por la influencia de los dirigentes políticos que los insertaban en sus clientelas. Esta parte termina con una reflexión acerca de la relación entre el sufragio y la ciudadanía, en la cual la historiadora plantea la necesidad de entender un concepto de ciudadanía más amplio, que no se restrinja a la participación en las urnas, y que tenga en cuenta otros mecanismos utilizados por la población para representarse políticamente.

En la última parte resalta a través de casos o de manera general, el notable crecimiento de protestas y todo tipo de movilizaciones callejeras. Sabato demuestra cómo durante este período y en medio de los discursos políticos, se llevaban a cabo actividades públicas con independencia de las facciones. Las movilizaciones, menciona la historiadora argentina, “eran una forma de acción que pretendía representar el interés colectivo, expresar a la opinión pública y colocarse, por lo tanto, fuera de las diferencias partidarias que potencialmente dividían a la población de la ciudad. Se buscaba materializar así al público; heterogéneo en su composición social, étnica, cultural, pero coherente y unificado en su actuación frente a determinadas causas”.

La movilización callejera permitía una mayor participación de la población que las elecciones, porque estas fueron entendidas como una forma de intervención en la vida política más directa. Además las elites bonaerenses le prestaron mucha atención porque eran sensibles a la “voz del público urbano”.

Para finalizar demuestra que el ciudadano, en términos modernos, estuvo ausente en la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX y sólo existió en el discurso de las élites y en las normas constitucionales pero no en la práctica, caracterizada por la presencia constante de grupos, clubes, clientelas y maquinarias cuya homogeneidad de pensamientos pone en duda la individualidad de los votantes.

No hubo individualidad . La idea es muy abstracta para ser entendida por los actores sociales de Buenos Aires. Sin embargo, tal argumentación niega la posibilidad de que la misma sociedad construyera una idea de ciudadanía, no derivada del modelo europeo, sino creada con base en la experiencia y en el contexto de la propia sociedad americana, cuyas tradiciones de comportamiento en ocasiones difieren de las sociedades europeas de antiguo régimen.

Un ejemplo de ello es el comunitarismo o el asociacionismo propio de las prácticas electorales bonaerenses . Esta puede ser una particularidad de la ciudadanía en el

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espacio americano que no contradice el principio del individualismo, sino que lo complementa, ya que la gente buscaría vincularse a alguna red que representara sus intereses para conseguir sus propósitos(económicos, de empleos, tierras, de reconocimiento), que en general podían ser individuales o colectivos. Desconocer este aspecto nos lleva a interpretar las clientelas políticas como un proceso de subordinación de un grupo sobre otro, y no como un acto de constante negociación, en donde todos los actores que intervienen lo hacen con el objetivo de obtener mutuos beneficios.

Critica fuertemente a la historiografía tradicional que ha enfatizado el papel de las prácticas fraudulentas del voto, para demeritar el rol de los procesos electorales en la historia política del país. Sin embargo reitera estos argumentos y no ofrece una interpretación novedosa para el tema de los fraudes, por el contrario, a lo largo del texto se va diluyendo la temática electoral para darle paso a la movilización callejera; ya que – al decir de Sabato- las fuentes van mostrando que la gente, en general, prefería efectuar su representación a través de las movilizaciones y cada vez menos en las urnas. Pero si bien el número de sufragantes se puede obtener por medio de los registros electorales ¿cómo contabilizar el número de personas que participan en las manifestaciones callejeras? A través de las quejas de los dirigentes que manifiestan la “falta de interés público”, la escasa intervención en las urnas y la masiva participación en las calles, Sabato demuestra que la gente prefería la manifestación pública porqueveía en ella una forma de intervención más directa.

Hilda Sábato, “Elecciones y prácticas electorales en Buenos Aires, 1860-1880. ¿Sufragio universal sin ciudadanía política?” en Antonio Annino (ed.), Historia de las elecciones en Iberoamérica,

A principios del siglo XIX, los gobiernos independientes surgidos en América del Sur se fundaron sobre el principio de la soberanía del pueblo y la repúbllca representativa

En consecuencia, la "invención del ciudadano" fue un proceso central.en la vida política de los nuevos paises independientes, dicho proceso esta asociado estrechamente con la historia del voto

Según un modelo sociológico ya clásico, el derecho a votar define la ciudadania política. Históricamente restringida, su ampliación habría resultado de la 'gradual extensión de ese derecho, culminando con la universalización del sufragio a toda la población adulta.

Argentina no es la excepción. Así la puesta en vigencia de la ley electoral de 1912, que establece el secreto y la obligatoriedad del voto, se considera generalmente como el paso clave en el proceso de ampliación de una ciudadanía hasta entonces restringida.

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Si bien en Argentina desde 1853 el sufragio oera universal para todos los varones adultos, la participación electoral efectiva era muy limitada, por lo que se habla de una república restrictiva de hecho, vigente entre las sanciones de la Constitución Nacional (1853) y de aplicación de la Ley Sáenz Peña (1912).

El sufragio universal establecido en la letra, habría sido burlado en la práctica violándose así el principio de soberanía popular.

Esta se basa en la premisa de que quienes ejercen el derecho a voto forman la ciudadanía política de una sociedad.

Supone, además, que en las elecciones se produce ese efecto decisivo de delegación de soberanía que está en la base de la representación moderna. Estaspremisas no son arbitrarias; se trata de la definición misma del régimen representativo de gobierno que fue adoptado desde temprano por el nuevo Estado argentino.

Formar un régimen sobre esas bases fue un objetivos de la Constitución, una meta que resultaba de la necesidad de fundar una nueva legitimidad para gobernar la sociedad

Pero en 1853 esa construcción estaba por delante y en la Argentina, como en otras sociedades que enfrentaron problemas semejantes, la "invención del cuidadano" y la incorporación colectiva de una noción tan abstracta como la de representación fueron el resultado de un largo y complejo proceso histórico.

Al suponer que esto era así, las interpretaciones más conocidas sobre la formación del sistema político argentino, deduce la baja participación electoral a la existencia de una ciudadanía restringida y la manipulación electoral.

Asi se explica la falta de legitimidad de un sistema político que debía asentarse sobre la pureza del sufragio.

Las normas electorales

La actividad electoral en Buenos Aires era constante y en un año cualquiera era habitual que hubiera cinco, seis o aun más convocatorias.

Esta actIvidad se regía por un conjunto de disposiciones legales de alcance municipal, provincial y nacional. Hasta 1862, Buenos Aires seguía casi sin variaciones lo establecido en la ley provincial de 1821, pero después de la unificación nacional, ciudad y provincia se ajustaron a las leyes dictadas por el Congreso de la Nación en los años 1863, 1873 y 1877.

La ciudad de Buenos Aires estuvo siempre dividida en secciones electorales correspondientes a las diferentes parroquias. Las mesas se establecían en el atrio

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de las iglesias correspondientes y su composición fue variando según las diferentes leyes.

Antes de 1863 las autoridades de cada mesa eran elegidas por los vecinos que estaban presentes a la hora del comienzo de la votación. A partir de ese año, cada sección debía estar presidida por un Juez de paz, acompañado de cuatro vecinos designados por sorteo entre los presentes el día del comicio y dos nombrados por la legislatura, también por sorteo a partir de una nómina de veinte vecinos.

Esta composición fue modificada por la ley de 1873, que estableció para cada mesa cinco titulares y cinco suplentes, designados por sorteo entre veinte ciudadanos del registro elegidos por una junta especial, integrada por el presidente de la legislatura, el del tribunal superior de justicia y un juez federal de sección.

Las leyes provinciales y nacionales otorgaban el derecho a voto a todos los varones adultos mayores de 17 o de 18 años (según los momentos) nacidos o naturalizados argentinos

Los extranjeros podian votar en las elecciones municipales, aunque para ellos regían requisitos de capacidad y propiedad. Con dos años de residencia en el país podían naturalizarse y adquirir así los mismos derechos políticos que los nativos.

Hasta 1863 no había padrón previo, aunque los ciudadanos que deseaban votar en una parroquia debían tener domicilio conocido en ella y presentar la papeleta de enrolamiento en la guardia nacional. La ley de 1863 estableció por primera vez el Registro Cívico, que estaba a cargo de una junta calificadora, formada por el juez de paz de cada sección y dos vecinos nombrados por el Poder Ejecutivo. El registro era voluntario y personal. El voto, por su parte, seguía siendo público. En 1873 se introdujo la urna y el voto debía emitirse por escrito. En todos los casos, al final de la jornada se procedía al escrutinio, se anunciaban los resultados y se remitía la documentación al poder legislativo, a quien correspondía la última palabra sobre la validez del comicio.

Los días de elección

Los dias de elecciones el panorama podía cambiar radicalmente, trasmutando calma y apatía en agitación e intervención activa: desórdenes, agitación y violencia eran la materia habitual con que se amasaban muchas jornadas electorales.

El triunfo se asociaba estrechamente a la victoria de las armas: no se habla tanto de urnas o de votos como de cascotes, puñales y revólveres. En este marco, el control material del terreno adquiría singular importancia.

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La iglesia se convertía, además, en el centro de un espacio mayor que incluía los edificios vecinos, la calle, las azoteas de los alrededores. Ese era el ámbito de la acción y también de la violencia.

Se trataba de una violencia organizada. El primer acto tenía lugar a la hora de abrir el comicio, cuando llegaban el juez de paz a formar mesa y el oficial de policía que tenía a su cargo vigilar el orden. Antes de 1873, cuando las autoridades de la mesa se elegían entre los presentes, allí se libraba la primera batalla

En ocasiones, el comicio mismo no podía llevarse 'adelante debido a las maniobras del propio juez de paz, que impedía la votación y la "fabricaba" a su manera. 19 En general, sin embargo, los protagonistas de las horas siguientes eran otros: los supuestos votantes.

Después de 18 años los inscriptos previamente en el registro podlan serlo, pero la falsificación de boletas, el robo y la alteración de padrones estaban a la orden del día. Al mismo tiempo, no era infrecuente que contingentes ajenos a una parroquiairrumpieran en ella para forzar o impedir una votación.

Los Votantes

Muy poca gente votaba en Buenos Aires. Una y .otra vez las mesas no podían formarse :por falta de vecinos. Cuando se lograba abrir el comicio, al momento de votar el ciudadano quedaba registrado en el acta correspondiente

Es posible, por lo tanto, estimar el número de votantes, aunque la falsificación de nombres, el robo de urnas, y otras formas de fraude convierten a las actas electorales en una fuente poco confiable. De todas maneras, como no se cuenta con datos de participación electoral más ajustados, la estimaremos a partir de esas actas.

Aunque la legislación era amplia, la participación era escasa. Entonces ¿Quiénes votaban y quiénes no? No es fácil averiguarlo. Nos aproximaremos al problema siguiendo dos vías, la de los testimonios de los contemporáneos y la de los datos del registro cívico y las actas electorales.Ante cada elección, los diarios convocaban al ciudadano a las urnas. Sin embargo, al día siguiente del comicio, su figura quedaba relegada y otras presencias ocupaban el centro de los relatos. Peones de la aduana y del ferrocarril, marineros del puerto, carreros, empedradores, jornaleros empleados en barracas y galpones, ellos aparecen como los protagonistas de la jornada electoral.

En todos los casos los votantes aparecen como actores colectivos, agrupados según su ocupación y asociados en general a las capas más bajas de los sectores populares. Los diarios facciosos enfatizaban esa composición al referirse a las fuerzas de sus oponentes, pero también los propios dirigentes partidarios se referían a sus huestes en los mismos términos.

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Estos grupos no actuaban solos. Caudillos y dirigentes de distinto nivel siempre aparecen en lugar prominente en los relatos. Esta imagen de los protagonistas de las Jornadas electorales tiene su contracara en la de los ausentes, aquéllos que no participaban de los comicios

Reclutamiento y Movilización

La movilización electoral involucraba, en general, a actores colectivos, mas allá de su origen social. Votaban en primer lugar quienes se hallaban encuadrados, es decir, tanto quienes habían sido reclutados y organizados para asistir al comicio como los dirigentes de distinto nivel que tenían a su cargo esas tareas

La Policía, el Ejercito y la Guardia Nacional tenían una importancia especial en el reclutamiento y la movilización electoral

Además de su papel como custodia del orden el día de los comicios, cuyas acciones en favor de una u otra facción eran denunciadas reiteradamente por las partes afectadas, la policía era una fuente doble de votantes. Por un lado, sus empleados podían votar y lo hacían, aunque los agentes fueron privados de ese derecho. Por el otro al ser una organización con control territorial sobre la ciudad y con un poder indiscutible sobre sus habitantes, sus miembros, en particular los comisarios, desarrollaban una tarea permanente de organización política.

Por su parte, el ejército y sobre todo la guardia nacional ejercían una indudable influencia en el reclutamiento electoral mucho más allá de las filas de cada institución. En primer lugar, para votar era requisito presentar la papeleta de enrolamiento en la guardia nacional, por lo que sus comandantes podían obstaculizar la inscripción electoral con facilidad. Además, la guardia misma era un mecanismo de organización, captación y control de la gente y muchos de sus integrantes seguían bajo el liderazgo político de los comandantes aún después de licenciados

El ejército, por su parte, también actuaba en ese sentido. A principios de los años sesenta, buena parte de sus jefes habían sido guardias nacionales. Mas tarde, un cuando la institución se fue consolidando y de alguna manera autonomizando del gobierno de turno, sus oficiales continuaron participando de las lides políticas y contribuyendo "su gente" a ellas

Al margen de estas instituciones, entre los funcionarios del Estado es conocido el papel que cumplían los jueces de paz en las jornadas electorales.Además de su capacidad de acción sobre el terreno, ellos tenían poco poder de reclutamiento, que se apoyaba en los distintos medios con que contaban como "hombres influyentes" en sus respectivas parroquias.

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El estado disponía de los principales soportes materiales para poner en marcha mecanismos de reclutamiento que no se dirigían centralmente a la captación de votantes individuales sino a la movilización colectiva de huestes electorales.

Los clubes de Buenos Aires

Los partidos políticos de entonces se consideran agrupaciones facciosas personalistas, inorgánicas, poco asimilables a los partidos "modernos".

De todas maneras, fueron factores de aglutinación de intereses políticos, centros de actuación de quienes habían llegado o aspiraban a llegar al poder, lugares de constitución de redes materiales y tramas simbólicas que contribuyeron a definir tradiciones políticas.

Fueron, además, organizaciones que competían por alcanzar el poder político y, por lo tanto, que debían actuar en el terreno electoral Fueron, además, organizaciones que competían por alcanzar el poder político y, por lo tanto, que debían actuar en el terreno electoral. Sin embargo, los partidos no se opacaban institucionalmente en ese terreno, donde en cambio desplegaban sus actividades los clubes.

El club aparece, en principio, como la organización operativa que en cada partido dirigía los llamados "trabajos electorales”

Los clubes eran organizados por, grupos de dirigentes que a su vez arrastraban a su gente al seno cada agrupación respectiva. En el centro de la actividad de un club era difícil encontrar a las cabezas partidarias más importantes, que se mantenían por encima de las tareas operativas y guardaban distancia de las rivalidades internas.

En los clubes se definían las candidaturas y desde allí también se supervisaban los trabajos electorales. En sus comisiones directivas actuaba un elenco relativamente estable de figuras que a su vez conformaban las listas de candidatos a diputados y senadores nacionales, o de representantes provinciales.

Si las decisiones se tomaban en gran medida centralizadamente, la acción, en cambio, era descentralizada y tenía como escenario principal a las parroquias, territorio de una institución muy particular de la vida política porteña: el club parroquial.

El club parroquial

Los clubes parroquiales surgieron en la primera elección después de Caseros. Organizados por Mitre, no eran mas que una asambleas de vecinos que a falta de una partidos políticos organizados, se reunían para analizar a los candidatos que se votarían en los comicios

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A la hora de proponer candidaturas, se convocaba a reunión en todos los clubes parroquiales, cada uno de los cuales armaba una lista de candidatos elegidos a pluralidad de sufragios de los presentes. A continuación, las comisiones elevaban sus respectivas listas al club central, donde se confeccionaba la nómina definitiva compuesta por los candidatos que aparecían en un mayor número de listas parroquiales

Lo cierto es que desde el principio se trabajó desde las dirigencias para incidir sobre las bases parroquiales. Pero también es cierto que el éxito de algunas figuras se construyó a partir de su trabajo en el escenario de esos clubes. Los partidos buscaban controlarlos y, por lo tanto, sus dirigentes "bajaron" a las parroquias a desarrollar su actividad, cooptando a su vez a caudillos barriales que aportaban su caudal clientelístico y político. Las rivalidades pronto dieron lugar a la escisión de esos foros que en teoría debían contener a toda la ciudadanía de un vecindario.

Los partidos y clubes políticos buscaban afanosamente controlar al mayor número de clubes parroquiales posibles. Para lograr ese predominio, las facciones alentaban la creación de clubes políticos o "populares" en cada parroquia que de hecho actuaban como sucursales de los clubes grandes. Ante cada elección proliferaban estas organizaciones que operaban para ganar en los parroquiales y que comenzaron a superponerse con éstos en cuanto a actividad y funciones.

En la década de 1870, los clubes proliferaron, pues además de los dos parroquiales por barrio, correspondientes a los grandes partidos, se establecieronclubes "populares" y centros políticos que respondían a las diferentes fracciones de aquéllos. Su actividad no se limitaba a la definición o confirmación de candidaturas, ya que los trabajos que seguían hasta culminar en el comicio también tenían su centro operativo en las parroquias. Aunque la composición de las comisiones empadronadoras se decidía más arriba, la tarea de fomentar activamente el empadronamiento estaba a cargo de los militantes parroquiales, así como todos los preparativos para asegurar la organización durante la jornada electoral.

El momento decisivo de la acción eran, por supuesto, los días de comicio, dado que buena parte de "los trabajos electorales", se desenvolvía en las parroquias. Así el reclutamiento se hiciera por vía del empleo estatal o a través de otros mecanismos clientelísticos, la acción misma de ir a votar se comandaba desde los clubes: allí se reunía a la gente, se organizaban los movimientos a seguir para dominar las mesas, se daba refugio a los heridos, se festejaba el triunfo. En ese terreno, una figura clave eran los llamados "hombres de acción", caudillos intermedios que organizaban a las huestes y las conducían en la lucha.

Los Resultados De Las Jornadas Electorales

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Se trataba de un deporte cuyas consecuencias trascendían el momento de la competencia y alcanzaban a la población toda. Aunque hubo elecciones sin oposición y otras en las que se podía anticipar sus resultados, muchas veces había una cuota suficiente de incertidumbre como para convertir a la compulsa electoral en un momento importante de la vida política.

Lo que pasaba el día del comicio, sin embargo, no garantizaba las cifras finales, porque la última palabra en términos de confirmar, impugnar o anular un acto electoral lo tenían las autoridades legislativas. Cuando el enfrentamiento había sido duro, inmediatamente después de las elecciones los perdedores planteaban el cuestionamiento de sus resultados. Las acusaciones sobre fraude e irregularidades se volcaban en la prensa y la legislatura. Entonces se desplegaba una rica retórica republicana y democrática, cuyas características valdría la pena explorar para internarse en el clima de ideas de la época

En 1874, los resultados electorales dieron lugar a un conflicto de envergadura, cuando el mitrismo montó una verdadera revolución motivad por el fraude cometido en los comicios de febrero de ese año para diputados nacionales. Si bien la manipulación había sido aceptada hasta entonces como parte del juego electoral entre las dos facciones porteñas, en 1874 la situación política general había variado. Una alianza entre los autonomistas de Buenos Aires y una nueva fuerza política que se establecía, organizando con base en algunas provincias se enfrentó al mitrismo en el plano nacional pero también en la ciudad. Esta alianza se consideró suficientemente fuerte como para llevar más lejos que nunca el fraude electoral en Buenos Aires. Los mitristas, por su parte, vieron que la consolidación de ese acuerdo los dejaba cada vez más marginados del poder político, tentaron suerte en las armas.

Se desató entonces una guerra de verdad, con movilización de tropas, batallas cruentas, generales vencedores y vencidos, soldados muertos. En nueve semanas, el gobierno nacional venció a los sublevados y les impuso castigos. El episodio pareció desmentir los avances experimentados en la conquista del orden y alarmó a las dirigencias en ascenso que, después de las derrotas de los últimos caudillos provinciales, aspiraban a resolver de otra manera los conflictos que se generaran entre las élites

Las repercusiones publicas

Limitadas en cuanto al número y al origen social de los participantes, organizadas por las dirigencias, parcialmente controladas en sus resultados, las elecciones tenían, sin embargo, una gran repercusión pública. El acto electoral mismo puede pensarse como una puesta en escena, con más espectadores que actores pero donde unos y otros jugaban sus respectivos roles.

La prensa hacía un verdadero despliegue del tema electoral. Por una parte, los diarios directamente vinculados con las agrupaciones y los dirigentes políticos

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dedicaban una parte importante de su espacio a la vida política y, en particular, a la actividad comicial.

Con frecuencia, los diarios parecían dedicados centralmente a alimentar el espíritu faccioso entre el conjunto cerrado de sus partidarios. Sin embargo, presentaban también otra veta, la que se dirigía a un público más general con el doble propósito de captar voluntades nuevas y, sobre todo, de incidir sobre la opinión pública en formación, convertida en un factor de peso creciente en la vida política local

Los diarios entonces , ponían a las elecciones en primera plana, servían de canal de convocatoria y de propaganda partidaria, Sobre todo, contribuían a politizar el clima de una ciudad donde si bien votaba muy poca gente, la política estaba en el aire y teñía con frecuencia la vida de buena parte de sus habitantes.

También de describían las características del acto mismo: el lugar de convocatoria, la sucesión de discursos, el recorrido de de la manifestación. Y finalmente, el clima general del encuentro: orden, tranquilidad, respetabilidad era lo que se esperaba en cada ocasión y las denuncias de violencia y desorden se reservaban para los actos de las facciones contrarias. Las crónicas e interpretaciones de la prensa permiten entrever el importante papel que estas actividades públicas teñían en la vida política de Buenos Aires.

Sufragio y Ciudadanía

Las elecciones pueden analizarse desde diferentes ángulos. El interrogante se vincula con una dimensión particular, de ellas, se refiereren a las elecciones como mecanismo de relación entre la sociedad v cuerpo político y por lo tanto, al derecho a voto, a la ciudadanía política y en alguna medida, a la representación.

Estos temas han formado parte esencial de las interpretaciones más conocidas sobre la historia política argentina, que aquí se ponen parcialmente en cuestión.

En particular, se apunta a problematizar la asimilación del caso argentino al modelo más general de república restrictiva, marcada por el hecho de la escasa participación electoral de la población que se equipara a una ciudadanía política limitada.

El sufragio universal, establecido en Buenos Aires desde 1821 y confirmado luego del dictado de la Constitución Nacional de 1853, implicaba que cualquier hombre adulto argentino o naturalizado por ley podía votar. Pero no se decía nada más. El voto masculino no era obligatorio ni tampoco restringido de manera que existía una gran indefinición acerca de quiénes eran los votantes deseables y, también, en cuanto a los límites de la ciudadanía que se aspiraba a constituir. En países donde el derecho a voto era' censatario o

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capacitario, esos límites estaban claros. También lo estuvieron en la Argentina luego del dictado de la Ley Sáenz Peña, pues al Incorporar la obligatoriedad del voto para todos los varones argentinos o naturalizados, la ley establecía quienes debían ser los ciudadanos.

Pero antes de esa fecha, la legislación no incluía definición alguna sobre los alcances de la ciudadanía.

Las elecciones fueron instancias claves para las facciones que pugnaban por acceder a los espacios de poder. Al igual que otras sociedades occidentales, las elecciones se asemejaron una imagen ideal en donde los ciudadanos viven un momento decisivo, estos como miembros de una comunidad política, individualmente delegan en una sola persona la posibilidad de ser representados.

Los clubes políticos y los.parroquiales eran la materialización de esas redes.Allí se desarrollaba la gimnasia política. Se reunían, se efectivizaban las candidaturas, se preparaban los trabajos electorales. Los dirigentes se relacionaban con los caudillos locales de destinto nivel y con sus bases; los militantes veían, escuchaban, entraban en contacto directo con sus líderes. Allí, también, se entablan identidades y lealtades o se las encuadraba políticamente.

El entramado de la organización política estaba, a su vez, apoyado en e control de sectores del aparato del estado. Esto no solamente porque el empleo estatal cumplía un papel en el reclutamiento de clientelas, sino también porque la policía, la guardia nacional, el ejercito y los Jueces de paz formaban parte esencial de las redes electorales.

Toda esta organización tenía por objeto central ganar elecciones. Para ello, no se confiaba en la capacidad de convencimiento de las dirigencias para captar adherentes entre la población autorizada a votar. En cambio, y como ocurría en otras sociedades decimonónicas, se consideraba indispensable montar un verdadero aparato organizativo -las máquinas electorales para desplegar diferentes estrategias tendientes a obtener el triunfo en las urnas. Se trataba de sumar más votos pero ha necesariamente a fuerza de reclutar un mayor número de votantes, sino de combinar el sufragio de las clientelas propias junto con distintas formas de bloqueo a la participación de las ajenas. Ganaba la facción que tenía mejor organizada su maquinaria y que lograba aparecer con mayor cantidad de votos a su favor.

¿Qué eran, entonces, las elecciones? Si se atiende al comicio es decir al acto' electoral mismo, es difícil entenderlo como un momento clave en la relación entre la sociedad civil y el sistema político. Más bien, se puede interpretar como un acto interno al juego político de las facciones en pugna, que se resolvía con reglas definidas y respetadas por ellas mismas y que involucraba en general a quiénes ya estaban de antemano encuadrados.

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Un cuerpo relativamente estable de participantes, que no crecía con el tiempo, era el material con que los dirigentes habían elegido librar sus batallas políticas y no buscaron ampliar sus bases electorales de manera efectiva. En otras sociedades, la construcción de redes destinadas a ganar elecciones también tuvo fuertes ingredientes de manipulación pero, en la mayor parte de los casos conocidos, esos mecanismos fueron cada vez más inclusivos y contribuyeron a ampliar las bases de la representación.

Queda pendiente el interrogante acerca de por qué las facciones de Buenos Aires eligieron librar la lucha electoral sin ampliar sus bases. Es probable que ello se vincule, paradójicamente, con el sufragio universal, que les permitio organizar un sistema un eficaz sistema clientelar, pero poco apropiado para atraer a los sectores medios y acomodados de la población. Ampliar las bases electorales hubiera modificar el funcionamiento de las máquinas, con el consiguiente riesgo de perder control.

Las elecciones eran un tema de debate en la esfera pública porteña. La prensa les daba un lugar central. Ademas, en ocaiones electoraples importantes aumentaba el clima de politizacion, generalmente invadia la ciudad.

Actos y manifestaciones callejeras convocaban, a mucha mas gente que los comicios e incluían a sectores de la población que no votaban que no votaban pero que reclamaban votar.

Quien apoyaba a un candidato confiaba en que este sabría como ganar elecciones sin necesidad de su concurso. Para esta población, nada indiferente a la política, el votar no se consideraba una forma de intervención política significativa.

Tampoco era un privilegio. Más aun, es probable que nociones como soberanía y representación resulten muy abstractas, de manera tal que se desarrollaron mecanismos de intervención política más directa y atractiva.

Las elecciones tenían, entonces, dos caras. Las prácticas electorales que culminaban el día de comicio, eran un ejercicio interno de las facciones políticas, una disputa por la conquista de cargo que. se desarrollaban de manera relativamente pacífica y respetando el principio de soberanía popular establecido por la Constitución y las leyes que involucraban a un sector muy limitado de la población, aquél que estaba encuadrado en las máquinas electorales facciosas.

Pero el resto de la población de Buenos Aires no permanecía ajeno ni indiferente a a lo que pasaba en el escenario electoral. Las elecciones eran tema de debate y a la vez motlvo de movilizaciones masivas, que involucraban a amplios sectores en la vida.política. .

En este caso, la participación política no estaba asociada estrictamente al voto, mientras que el ejercicio del derecho a voto no se asociaba con la respresentación

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Era un sistema con sufragio universal, voto restringido, participación ampliada y prácticamente sin. ciudadanía política, que gozó de una buena dosis de legitimidad y eflcacla durante unos cuantos años. Sin embargo, a .principios de la decada de 1870 comenzó a tener problemas.

La contradlccion entre la retonca repubicana de la representación y las practlcas electorales resulto cada vez mas evidente para algunos miembros críticos de las élites políticas e intelectuales de Buenos Aires. En una etapa en que se trataba de consolidar el orden alcanzado luego de la derrota de caudillos y montoneras, preocupaba la violencia persistente del juego electoral y la recurrencia a los sectores subalternos para solucionar los problemas que surgían entre las élites.

La indiferencia de la "gente decente" frente a los comicios empezó a considerar como un problema y se propusieron cambios para incluir la participación de los sectores acomodados. Al mismo tiempo,. una fragilidad cada vez mayor parecía aquejar al sistema politico que funcionaba con centro en Buenos Aires. Sus mecanismos eficaces hasta ese momento para mantener el orden interno, estallaron con .la Revolución de 1874.

A partir de entonces, se aceleró la decadencIa del poder porteño en un proceso que culminó en 1880, con la derrota militar de Buenos Aires, el triunfo del Partido Autonomista Nacional y el ascenso del General Roca a la presidencia. Las bases del poder del nuevo régimen se sentaron sobre pilares algo diferentes que los quesostuvieron a nacionalistas y autonomistas porteños. Las elecciones cumplieron, a partir de entonces, un nuevo papel, cuya discusión está más allá de los límites de este artículo.

Unidad 5

Natalio Botana, El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916.

referencia ineludible para pensar tanto el período del 80 al Centenario como la dinámica política argentina moderna. El orden conservador propuso un tema de debate medular: las posibilidades de consolidar las instituciones republicanas en la Argentina.

Esta inquietud atraviesa el trabajo de Botana como historiador, cientista político, periodista y ciudadano estudia los mecanismos institucionales que permitieron a los actores construir y conservar el poder político,

Explora los mecanismos institucionales que permitieron a los actores implantar un principio de legitimidad, poner en marcha un sistema de dominación, conservarlo, defenderlo y reformarlo.

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Es un modelo de interpretación sólido que cubre un arco temporal entre la federalización de la ciudad de Buenos Aires y el acceso de Roca a la presidencia hasta la sanción de una nueva legislación electoral, la ley Sáenz Peña que implicó la pérdida del poder político del PAN

En cambio su análisis de los valores que dieron lugar a su formación e los distintos discursos que entrelazan a virtud, el poder del Estado, la riqueza y la historia, quedó más rezagado en el debate historiográfico.

La tradición historiográfica recogió la propuesta de El orden conservador y formuló a partir de éste una versión, hoy comúnmente aceptada, para entender la dinámica política. La fórmula alberdiana se convirtió en la llave para entender la política. Según esta versión simplificada del modelo de análisis de Botana, se habría establecido una combinación entre una receta operativa, que ofrecía los mecanismos para controlar el poder evitando las luchas de la elite, a través de la restricción de los derechos políticos, y una prescriptiva que se establecería plenamente una vez transformadas las costumbres.

De este modo, el régimen conservador quedó asociado a la idea de una república falsa en contraposición con una experiencia que sería verdadera una vez que se llevase a la práctica la instauración plena de los derechos políticos.

A partir de esta perspectiva, el debate historiográfico quedó centrado en torno a las posibilidades del régimen político y se superpuso de este modo con la visión que propone el momento del fin de siglo como origen mítico de la democracia republicana. Uno de los campos de discusión quedó, así, articulado por la pregunta sobre la posibilidad de la conformación de un sistema electoral democrático. Los partidos, el voto y el debate sobre el deber ser de la participación política organizaron ese campo. La articulación entre república y democracia forma parte, hoy en día, del debate político que enfrenta a dos formas de comprensión de la política, la republicana y la liberal

Paula Alonso, “La política en sus laberintos: el Partido Autonomista Nacional entre 1880 y 1890”,en H. Sábato y A. Lettieri, La vida política en la Argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces.

Este trabajo ofrece un esbozo de la dinámica interna del PAN durante la primera presidencia de Julio A. Roca y explora sus implicancias. A pesar de ser el PAN el partido único durante esos años, poco se conoce aun sobre su historia, y las escasas referencias al partido frecuentemente se encuentran comprendidas en historias políticas e institucionales generales del período. Aquí la propuesta es invertir el recorrido realizado por la historiografía: en lugar de definir la naturaleza del PAN por medio del estudio de la política general de esos años, para lograr una mayor comprensión de la política del período mediante e! estudio de! partido, Más

La política nacional escasamente puede ser entendida sin adentrarnos en e! mundo interno de! partido único, ya que cada revolución, cada intervención federal

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cada transacción nacional que se llevaron a cabo en esos años fueron. por la dinámica intra partidaria. El período de estudio aquí escogido es de suma Importancia para e! análisis de! PAN, no sólo por corresponder a los años de su fundación y consolidación, sino también por constituir al mismo tiempo años de afianzamiento y construcción del Estado nacional; la combinación de ambos factores produjo un más estrecho enlace entre la política partidaria nacional y la provincial.

e! PAN constituye una puerta de entrada a la naturaleza de la politica nacional .al que permite arrojar mayor luz sobre una serie de temáticas:

a) los rasgos de la política Intra partidaria de! partido únicob) e! enlace entre la política nacional y las provinciasc ) Los instrumentos utilizados por el presidente en dicho enlace:

Los rivales y sus duelos

El sistema federal y la elección indirecta del presidente le daban un rol clave a los gobernadores provinciales que controlaban la política en su distrito garantizando larepresentación en el Colegio Electoral. A su vez, con sus recursos institucionales, administrativos y militares, e! presidente influía en la política provincial, ya que necesitaba a las provincias para la representación en el Congreso y la sucesión presidencial.

Esto hacia que el presidente impusiera su sucesor (es decir el gran elector) aunque los bendecidos no esperasen pasivamente ese favor

En este período, los aspirantes a la presidencia no comenzaban su carrera electoral con la organización formal de un partido y una campaña pública en la que se incitaba al pueblo a votar por ellos, sino con una campaña sigilosa y secreta en la que por medio del trato personal y la correspondencia privada se formaban pactos de adhesión mutua entre los que controlaban o decían controlar las políticas provinciales y los pretendientes al cargo de presidente.

El PAN no tuvo estructura interna alguna y ni siquiera acordó entre sus líderes reglas explícitas a seguir para consensuar candidaturas a los puestos nacionales.Esto agudizó la existencia y la rivalidades internas del PAN, ya que la definición de la carrera presidencial quedaba librada, sin mediaciones, a la competencia entre ellas.

El PAN consistió inicialmente en la liga de gobernadores que llevó a Roca a la presidencia en 1880, con la participación de casi todos los gobernadores provinciales con la excepción de Corrientes y Buenos Aires que apoyaron la candidatura de Carlos Tejedor. Era una alianza integrada principalmente por dirigentes del viejo Partido Federal de Justo José de Urquiza y de! Partido Autonomista de Adolfo Alsina.

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Tan fuerte era el apoyo a Roca que durante toda la década de 1880 en las elecciones nacionales que se sucedieron con la regularidad impuesta por el calendario electoral no hubo oposición organizada en contra del PAN

La ausencia de competencia entre partidos políticos antagónicos fue reemplazada por la competencia interna. Entre 1881 Y1885 existieron cuatro lineas internas dentro del partido único, estas eran: la liga roquista (los leales al presidente), el grupo de Bs As (lideradas por dardo Rocha que fue combativo frente a Roca), el grupo de Juarez Celman (concuñado del presidente con menos tendencia a la confrontación y la ultima (muy acotado su limite de acción) es la de Bernardo de Irigoyen (que entre 1881 y 1884 fue Ministro de relaciones Exteriores y del Interior)

La interacción de estas corrientes internas dentro del PAN provocó una serie de conflictos nacionales, algunos emergieron al ámbito público y otros se solucionaron por medio de negociaciones privadas.

No sabemos si cada uno de estos conflictos ayudo a desmadejar el tejido de relaciones que se entramó entre el Poder Ejecutivo nacional y las catorce provincias

La dinámica interna

El PAN no tuvo una organización con una estructura jerárquica y centralizada, en medio de tantos personas con poder el presidente ejerdcia un inobjetable dominio.

La dinámica política dentro del partido fue de aguda competencia interna entre las distintos gripos rivales que lo conformaron, principalmente entre Roca y Rocha, esta competencia definió los rasgos del PAN. Y por lo tanto los de la política nacional de esos años,

Esta visión nos aleja de nociones de imposición presidencial fácil y sistemática sobre las provincias, repetidas en la historiografía tradicional.

Algunas reflexiones

Pese a la competencia dentro del PAN, el presidente demostró. Tenia objetivos principales: mantener unido al partido (a pesar de sus rivalidades internas) y evitar que elecciones presidenciales de 1886 resultasen una competencia abierta y feroz entre fuerzas equilibradas.

Esto se cumplió exitosamente ya que sólo a fines de 1885 Rocha e Irigoyen abandonaron oficialmente al PAN para sumarse a Partidos Unidos, la coalición de grupos opositores.

Los modos de injerencia del presidente en la política nacional fueron vanados y

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sus resulrados diversos. La capacidad del presidente de interferir en los asuntos provinciales y el grado de dicha intervención varió de provincia en provincia y de gobernación en gobernación.

Por ejemplo: en San Luis y Mendoza la influencia de Roca se mantuvo inconmovible; en Buenos Aires, el poder del presidente fue nulo y Salta demostró un inusual grado de autonomía.

Roca desplegó distintas modalidades en los medios usados para influir sobre las situaciones provinciales. En la gran mayoría de los casos prefirió cooptar y negociar por sobre otros instrumentos.

Pero en 1884 intervino a Santiago del Estero para derrocar al gobernador Pinto. A diferencia de sus sucesores, no fue adepto a utilizar dicho instrumento institucional. Por ejemplo la única otra intervención federal durante su mandato (la de Catamarca en 1884) votada en e! Congreso, fue en contra de su voluntad.

A diferencia de su sucesor inmediato, igue! ]uárez Ce!man, restringió el uso de la violencia o la gestación de revoluciones para cambiar desde la presidencia la situación política de las provincias.

El caso de Corrientes en 1882 fue la única excepción pues, si bien la revolución no fue orquestada por e! presidente, Roca amparó a las fuerzas insurrectas y protagonizó un acuerdo que colocó a los revolucionarios en e! gobierno provincial.

Por lo general, sin embargo, el presidente prefirió influir en la política de las provincias mediante su apoyo a un gobernador o a una facción local. El poder de la institución presidencial era lo suficientemente fuerte como para asegurar, en la mayoría de les casos, que esto bastara para que un gobernador hostil se decidiera a negociar o para que una facción local resultase triunfante

Sería un error evaluar e! éxito de la política de Roca en las provincias (así como el rol del PAN en la política nacional) como el resultado de la suma de las distintas situaciones provinciales. Fue la política nacional de! nuevo gobierno, sus fines y sus medios, lo que en gran medida dictó e! curso de la acción de! presidente en relación con la política intrapartidaria y, por lo tanto, e! triunfo de esta ultima debe medirse en relación con los objetivos establecidos en la primera.

El gobierno de Roca se presentó al país como la administración que venía a garantizar la paz y a imponer el orden, e! gobierno (y e! partido de gobierno) que al fin había logrado superar los años de anarquia y revoluciones para poder comenzar una nueva era de la Argentina moderna, difundiendo una Imagen de sí mismo como único responsable de haber resuelto e! último problema de la nacionalidad argentina con la federalización de Buenos Aires, de haber cambiado los hábitos políticos y de haber hecho de la paz

Dentro de esta política nacional, uno de los principales roles de! PAN (además de

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procurar e! apoyo político de! presidente) era e! de mantener la paz. El PAN era e!laberinto a través de! cual las faciones internas rivalizaban y las transacciones se acordaban, se mantenían o se traicionaban. Sólo excepcionalmente se utilizaron en esos años mecanismos exterenos como la intervención federal o e! amparo a una revolución.

Un partido oficial que se autodefinía "de orden" y un presidente que había hecho de la situación de dicho orden el pilar de su administración no podían permitir convulsiones en las provincias.

La unidad del partido y la paz en las provincias eran, por lo tanto, metas primordiales de su administración. Para lograrlas Roca muchas veces tuvo que resignarse a perder su influencia directa sobre alguna provincia (Entre Ríos, San Juan, La Rioja), renunciar a revertir una situación adversa (Buenos Aires), o abstenerse de disolver una situación provincial autónoma (Santa Fe y Salta).

Los objetivos de la política nacional, por lo tanto, limitaban el accionar del presidente pero, al mismo tiempo, eran esos mismos límites los que hacian posible su éxito.

El PAN, con su dinámica de rivalidades internas, fue el principal instrumento mediante el cual un presidente que ansiaba la paz hizo frente a un tradicional, real o potencial desorden, asegurándose la conformación del gobierno Nacional y las bases políticas del asentamiento del Estado nacional.

Paula Alonso, Jardines secretos, legitimaciones públicas. El Partido Autonomista Nacional y lapolítica argentina de fines del siglo XIX.

Hasta hace no tantos años el sistema de partidos de las últimas dos décadas del siglo XIX constituía uno de los principales baches de la historiografía argentina. Los mejores trabajos de Hilda Sábato terminaban en 1880 y de ahí en más había muy poco de dónde elegir. Existían ciertamente algunas obras fundamentales e ineludibles, como El Orden Conservador de Natalio Botana y los valiosos aportes de Ezequiel Gallo y Eduardo Zimmerman sobre el mundo de las ideas, pero el tiempo pasaba tras la aparición de los primeros clásicos sin que surgiese una bibliografía densa y coherente capaz de dar cuenta de un momento político muy activo y complejo, que sentó las bases de la cultura política argentina para todo el siglo XX. Los sucesivos trabajos de Paula Alonso, tras veinte años de investigación continuada, están ayudando a cambiar este estado de la cuestión.Paula Alonso es Doctora en Política por la University of Oxford. En la Argentina, su labor académica se desarrolla en la Universidad de San Andrés y en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). En los Estados Unidos, donde actualmente reside, enseña en la George Washington University. En el año 2000, la publicación en español de su primer libro de autor fue un suceso considerable. Entre la revolución y las urnas cambió la manera en que se estudia y se enseña en la universidad el origen de la Unión Cívica Radical. De simple prolegómeno mítico al ascenso de Yrigoyen al poder, la etapa formativa del

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partido pasó a constituir un objeto de estudio en sí mismo, objeto clave no sólo para la historia del radicalismo sino para entender el conjunto de las prácticas políticas del cambio de siglo.Ese comienzo auspicioso hizo pensar que la autora se embarcaría en un nuevo estudio sobre el resto de la historia del partido radical, pero Alonso tenía otros planes. Desde 1997 sus principales artículos académicos dejaron entrever cuál sería su nuevo foco de atención: no el radicalismo, sino el Partido Autonomista Nacional (PAN). "En la primavera de la historia", "La política y sus laberintos" y "La Tribuna Nacional" fueron desplegando una visión cada vez más completa del discurso utilizado por el poderoso roquismo para legitimar su accionar. Los hallazgos de estos trabajos preparatorios son retomados en el libro que nos toca reseñar.Jardines secretos, legitimaciones públicas es un texto organizado en tres partes, ocho capítulos, una introducción y una conclusión. El principal objeto de esta obra es el armado y desarmado de las ligas que los hombres políticos del PAN tejieron, mediante negociaciones interpersonales secretas, entre 1880 y 1892 para determinar la candidatura presidencial del partido antes de cada elección. Esta trastienda de la política nacional constituye los múltiples "jardines secretos" del título, espacios restringidos y privados donde los miembros de una elite político-social libraron una sorda guerra de posiciones para acceder a mayores cuotas de poder. Para develar los vericuetos de esta práctica política oculta al público, la autora fatiga los repositorios epistolares de las principales figuras conservadoras de la época, muy particularmente el archivo personal de Julio Argentino Roca. El resultado de esta pesquisa es fascinante: los principales hombres de Estado del período aparecen como expertos y dedicados operadores políticos, capaces de descender a un extraordinario nivel de detalle en aras de su objetivo mayor.Las "legitimaciones públicas" constituyen el objeto secundario del libro. Son el complemento necesario de una política abierta a muy pocos y dotada de escaza visibilidad, pero que debe sin embargo cumplir con los requisitos mínimos de un sistema liberal-republicano. Mediante el recurso a una prensa netamente partidaria, los candidatos de las principales ligas fueron presentados a un público más amplio, sus aspiraciones presidenciales se justificaron en términos ideológicos y personales, sus trayectorias profesionales eran inscriptas en una determinada lectura del proceso histórico y sus ideas se confrontaron con las de otros candidatos. Decimos que este objeto es secundario en el contexto del libro porque se le dedica una atención más acotada (sólo dos capítulos exclusivos) y porque los estudios de Alonso acerca de la prensa partidaria eran bien conocidos gracias a sus artículos previos de 1997 y de 2003, por lo que la novedad de su aparición es claramente menor.El plato fuerte del libro se sitúa entonces en la descripción y análisis de las coyunturas electorales a partir de las negociaciones entre los líderes del PAN. En este punto la autora despliega su objetivo metodológicamente más ambicioso: no contenta con desentrañar los rasgos principales de la política a nivel nacional, Alonso incluye en el análisis la articulación de lo nacional con la política interna de cada una de las provincias. Es decir, que paso a paso y elección tras elección, el libro recorre a las catorce provincias argentinas para ir trazando un balance del peso de las diversas ligas en cada una de ellas y en la sumatoria final. Este

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método es desde ya de muy engorrosa aplicación, pero tiene el indudable mérito de brindar un resultado poco común para el caso argentino: una historia política que es a la vez la de la nación y la de sus regiones.Tejiendo y destejiendo estas laboriosas madejas electorales, Paula Alonso va abordando las recias campañas presidenciales de 1880, 1886 y 1892. Ahora bien, comprender cada una de estas elecciones requiere entender la dinámica política de todo el período que le precede, porque las campañas por la próxima sucesión presidencial se jugaban desde el día en que el presidente electo asumía. En estos recorridos, Jardines secretos va echando una luz original y sugerente sobre varios temas importantes de nuestra historiografía.La campaña de 1880, vista desde la correspondencia escrita por sus protagonistas, es mucho más significativa que un simple precalentamiento para la contienda armada entre Buenos Aires y el Estado Nacional. La de 1886 cuestiona definitivamente la hipótesis tan extendida de los "gobiernos electores". Roca presidente termina imponiendo un candidato que le es afín para que lo suceda en el mando supremo, pero para hacerlo no le bastó con pronunciar un nombre desde la casa de gobierno. Para lograr que Juárez Celman fuese su relevo el no tan todopoderoso Roca debió negociar a brazo partido durante meses, contemporizando, cediendo y rebajándose a menudo para poder sumar en cada rincón del país los votos necesarios.Alonso muestra entonces a las claras que los abrumadores porcentajes con que los candidatos del PAN ganaban las elecciones son engañosos e invitan a imaginar una trastienda política poco conflictiva o elecciones arregladas de antemano. La realidad era que el PAN, pese a su imponente racha de triunfos electorales (36 años de ganar todas las elecciones presidenciales, las legislativas y casi todas las de gobernadores), no implicaba de ninguna manera un dominio monolítico de la arena política ni una competencia electoral alicaída: fue al interior de sus tenues y móviles fronteras que se dió la principal contienda, y esta lucha ente ligas autonomistas rivales podía ser feroz.Otro de los puntos en que Paula Alonso se aleja notablemente de la visión canónica es en la interpretación del gobierno de Juárez Celman. En su análisis no encontramos la desmesura centralista y tiránica que los contemporáneos denunciaron bajo el nombre de "Unicato". Por el contrario, afirma Alonso, la base del poder de Juárez sobre las provincias fue una política de laissez-faire según la cual, a cambio de apoyo a nivel nacional, el presidente les dio a los gobernadores libertad absoluta para gobernar sus provincias a su antojo. Cansados de la permanente injerencia de Roca en sus asuntos internos, la mayoría de éstos aceptó gustosamente el trato y se pasó al bando del nuevo líder del PAN. Este cambio de lectura, aplicado con soltura por la autora, acarrea necesariamente la reinterpretación de otros dos grandes mojones del período: la revolución del Parque y el surgimiento del modernismo.Si hay muy poco que acotar a la manera en que la autora resuelve su problema de investigación -Alonso da muestras de un rigor y una destreza envidiables para llevar a buen puerto un análisis planteado en términos de gran complejidad-, los lectores más exigentes cuestionarán probablemente la pertinencia con que ese problema de investigación fue recortado en un principio. En Jardines secretos se deja en un segundo plano el rol jugado por las relaciones familiares y por los

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intereses económicos en la política de la época. Al hacerlo, se corre ciertamente el riesgo de que los protagonistas del relato aparezcan como políticos en el aire, desligados de toda base material y social. ¿Este enfoque es el más adecuado para un periodo en que, justamente, la relación entre la participación política y la pertenencia económica y social de los actores parece más fuerte que nunca?De manera similar, el recorte del objeto de estudio limita el análisis a lo más encumbrado de la élite político-social de la época: la mayoría de quienes aparecen son candidatos o candidateables a altos puestos de gobierno, todos prohombres del Partido Autonomista Nacional. ¿Acaso el ámbito de la política nacional y provincial se agotaba en estas altas esferas? ¿Las prácticas políticas se circunscribían a los jardines secretos de los miembros de la elite? El libro nada dice acerca de los intermediarios entre estos altos decisores políticos y sus eventuales votantes, la mayoría de los cuales no leía los periódicos partidarios. Queda entonces flotando la idea de que los líderes provinciales disponían de forma más o menos automática de los votos de su circunscripción, corriendo el riesgo de reproducir una visión no problemática de la cuestión del clientelismo político, donde las elites partidarias deciden y los sectores populares acompañan sin más. Seguramente un grado equivalente de atención hacia las prácticas políticas de sectores más subalternos demostraría que en esto también la cuestión era más compleja, y que la política se jugaba en todos lados.En todo caso, el libro de Alonso tiene el mérito de asumir estas decisiones metodológicas de manera valiente y explícita, cuando la magnitud del objeto de estudio en su forma actual justifica sin duda cualquier tipo de recorte por una cuestión de pura necesidad práctica. Tal como es, a Jardines secretos le sobra substancia para constituir un hito de la historiografía del período. Un ensayo como este no aparece todos los años y seguramente ocupará un lugar destacado en los planes de estudio universitarios. Ojalá que sea un punto de partida y no uno de llegada, para renovar nuestra comprensión histórica de un momento político reducido demasiado tiempo a preconceptos simplistas y fórmulas reductivas

Unidad 6

Natalio Botana, El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916. Buenos Aires,Edhasa, 2012Siete décadas no bastaron para constituir una unidad política ni mucho menos para legitimar un centro de poder. Esto es lo que se planteaba en 1880. La solución de tal problema habrá de alcanzarse por medio de la fuerza, siguiendo una ley interna que presidió los cambios políticos más significativos de la Argentina de la segunda mitad del Siglo XIX. Tras estos hechos de sangre se encontraba un enfrentamiento de dos regiones que reivindicaban intereses contrapuestos: Bs As (ciudad-puerto que crecía a medida que se ganaba la tierra salvaje) y el interior (realidad geográfica mucho más extensa, con sistemas embrionarios constituidos sobre la autoridad tradicional de los caudillos). El significado último de este conflicto residía en la falta de solución, pues ninguna parte lograba imponerse sobre la otra.

El proceso que da origen a unidad política (característica más significativa:

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monopolio de la violencia) es denominado reducción a la unidad. De un modo u otro, por coacción o acuerdo, un determinado sector de poder adquiere control imperativo sobre el resto y lo reduce a ser parte de una unidad más amplia. Este sector de poder es, por definición, supremo, recibiendo el nombre de poder político o poder central.

Cuando Urquiza derrotó a Rosas en la batalla de Caseros, vio en su fin una forma de gobierno caracterizada por una descentralización autonomista según la cual las provincias (Confederación Argentina) se reservaban el derecho máximo de capacidad de decisión, lo que benefició a las provincias más fuertes y no contempló la posibilidad de transferir mayor capacidad de decisión a un poder político que fuera centro de una unidad política más amplia. Tal era el objetivo que perseguía Urquiza. Para ello propuso combinar la efectividad de la fuerza con la eficacia de un acuerdo pactado por los mismos gobernadores. Estos se reunieron y celebraron un pacto que los comprometía a celebrar un Congreso Constituyente para organizar políticamente a las 14 provincias, cuyas deliberaciones acabarían con el acto fundante de una unidad política que definiera las relaciones de subordinación de las provincias con respecto al poder central. El camino elegido era el del acuerdo, pero este se quebró en 1852: Bs As no aceptó transferir el poder que se reservaba. Este rechazo se tradujo en la coexistencia armada de dos proyectos de unidad políticas: la Confederación (Paraná) y Bs As, culminando con su victoria en la batalla de Pavón (1861).

Sucedido esto, los presidentes posteriores a Pavón (Mitre, Sarmiento y Avellaneda, culminando en 1880 con la elección de Roca) desempeñaron su papel desde una provincia hegemónica en la que se tomaban decisiones con carácter nacional. En el transcurso de estas presidencias se manifestaron tres problemas básicos de uya solución efectiva dependía la persistencia de la unidad política en ciernes: integridad nacional (ámbito sobre el que debería ejercerse el poder político, fuerza coercitiva de que dispone el poder político para hacer frente a actores que lo impugnan), identidad nacional (si los pueblos dispersos estaban dispuestos a integrar una comunidad más amplia, mecanismos de comunicación entre actores de diferentes localidades) y organizar un régimen político (implantar un modo de elección estable de gobernantes, desarrollar sentimientos de legitimidad acerca del valor que merece la estructura institucional).

Crisis del 80: en este año, la Liga de Gobernadores impuso su candidato en el Colegio Electoral mientras Bs As emprendía el camino de la resistencia armada. Dos meses después, Avellaneda instalaba su gobierno nacional y convocaba a las milicias de Bs As, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Roca, desde Rosario, organizaba la marcha sobre Bs As. Durante 4 días, 3 sangrientos encuentros decidieron la victoria de los nacionales. Bs As se subordinaba al poder central. El resultado de estos acontecimientos se tradujo en dos leyes nacionales: federalización de Bs As y prohibición a las provincias de la formación de cuerpos militares.

La república posible

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Desde la independencia existió la contradicción entre la monarquía hereditaria y la republica electiva. La búsqueda de fórmulas prescriptivas que conciliaran la desigualdad del antiguo régimen con los principios igualitarios emergentes estuvo marcada por errores y fracasos, pero fue dejando frutos para un futuro. Este fue el propósito de Alberdi, autor de una fórmula que gozó del beneficio de alcanzar una traducción institucional por el Congreso Constituyente en 1853, la cual tenía la particularidad de justificar un régimen político en cuanto hace al origen del poder y a su programa futuro. Alberdi sostuvo que los argentinos debían darse una constitución para realizar un determinado proyecto. Para este fin, Alberdi pensaba en un trasplante cultural. Alberdi rechaza una cultura tradicional: la cultura hispánica impide el cambio y la innovación; opta por otro modelo: el europeo. La población es el agente privilegiado del cambio cultural, pero no el único. El ferrocarril y el vapor, las industrias y los capitales, son los agentes complementarios e imprescindibles. La piedra de toque de esta fórmula tiene modelo sencillo: funda una capacidad de decisión dominante para el poder político central; otorga el ejercicio del gobierno a una minoría privilegiada; limita la participación política del resto de la población; y asegura a todos los habitantes el máximo de garantías en orden a su actividad civil. La cuestión que preocupaba a Alberdi era la de organizar un poder central necesariamente fuerte para controlar los poderes locales y suficientemente flexible para incorporar a los antiguos gobernadores de provincia a una unidad más vasta. Este gobierno mixto, que expresa el gobierno federal, presentará un papel político inédito de integrar lo viejo y lo nuevo. El papel del presidente materializa el poder central, pero no detenta todo el poder; el gobierno responsable deriva de la legitimidad del presidente investido por una constitución. Impedir la tiranía es la finalidad básica del gobierno republicano, por ende se imponen las limitaciones del poder (no re-elección del presidente y distribución de la actividad legislativa y judicial en cámaras y tribunales) y se encuadra al ejercicio gubernamental dentro de límites temporales precisos. Alberdi rechazó toda forma de designación derivada de la herencia. La legitimidad del gobernante deriva de la elección realizada por el pueblo. La cuestión reside en saber quiénes son el pueblo y quienes no pertenecen, es decir que unos tienen la virtud de saber elegir y la muchedumbre la ignorancia de no saber elegir. En esto, el punto de vista alberdiano es muy restrictivo. Esta minoría es la única calificada para ejercer la libertad política. Por consiguiente, algunos están habilitados para intervenir en el gobierno; el resto, en cambio, la mayoría que hizo mal uso de la libertad política favoreciendo despotismos populares, solo tiene derecho al ejercicio de la libertad civil, la cual abre la ruta para implantar la nueva cultura, trayendo inmigración, industria y riquezas. La formula alberdiana prescribe la coexistencia de dos tipos de república federativa: la república abierta y la república restrictiva. La primera estará regida por la libertad civil, teniendo cabida todos los ciudadanos que hagan uso de las garantías consagradas por el texto constitucional. La república restrictiva se construirá, en cambio, sobre la libertad política. Aquí prima la voluntad reflexiva de los hombres públicos naturalmente preparados para tomar sobre sí el manejo de la suerte de todos. La totalidad estará dada por la suma de las dos repúblicas: unos delegando voluntariamente su capacidad potencial de mando y otros dirigidos por un sistema

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de control impuesto desde afuera. Para Alberdi la desigualdad en el sufragio era condición necesaria que haría efectiva la igualdad en la república.

La oligarquía política

La república restrictiva no definía ningún medio práctico para hacer efectiva la representación. Alberdi confiaba en el valor prescriptivo de las instituciones nuevas. Para esto había que legitimar a través de los hechos una estructura de papeles políticos dominantes y una regla de sucesión. Entre estas fronteras, nuevas y débiles, era necesario diseñar una formula operativa que permitiera a los actores construir una base de dominación efectiva. Alberdi establece una escala de prioridades: no le preocupaba, principalmente, asegurar un régimen normal de delegación del poder, sino alcanzar un gobierno efectivo que centralice la capacidad electoral en toda la nación. Los únicos que podían participar en el gobierno eran aquellos habilitados por la riqueza, la educación y el prestigio. A partir del 80 el extraordinario incremento de la riqueza consolidó el poder económico de un grupo social cuyos miembros fueron “naturalmente” aptos para ser designados gobernantes. El poder económico se confundía con el poder político, esta coincidencia justificó el desarrollo de una palabra que, para muchos, fue bandera de lucha y, para otros, motivo de explicación: la oligarquía. Esta puede ser entendida como un concepto que califica un sistema de hegemonía gubernamental. El sistema hegemónico se organizaría sobre las bases de una unificación del origen electoral de los cargos gubernamentales que, según la doctrina, deberían tener origen distinto. Este proceso unitario se manifestaría según modalidades diferentes: primero por la intervención que le cabría al gobierno nacional para nombrar sucesores; después, por el control que aquél ejerce en el nombramiento de los gobernantes de provincia. La escala de subordinación que imaginaba Alberdi alcanzaría la cúspide de un papel dominante, el de presidente, para descender en orden de importancia hacia el gobernador de la provincia el cual, a su vez, intervendría en la designación de los diputados y senadores nacionales y en la de los miembros integrantes de las legislaturas provinciales.

Martín O. Castro, El ocaso de la república oligárquica: poder, política y reforma electoral, 1898-1912.

Los temas principales que el autor presenta en la introducción y desarrolla a lo largo del libro se pueden circunscribir a cuatro planteos principales: El análisis de la dinámica de los conflictos internos que se producen en la República oligárquica entre 1898 y 1912, enfatizando las luchas facciosas como eje de los mismos. *La indagación acerca de la preocupación de las élites políticas y los intelectuales reformistas por adecuar el antiguo problema de la representación ciudadana a los nuevos tiempos - las exigencias políticas, la situación social, o la denominada «cuestión nacional»-, mediante la modificación del sistema electoral.

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La observación de las élites políticas para explicar, primero la conformación y el poder de las extensas redes territoriales y, luego su debilitamiento. *Relacionado con lo anterior, la investigación y reconstrucción del fuerte faccionalismo de la élite política nacional que contribuye a explicar, paradójicamente, la sanción de la ley de Reforma Electoral de 1912.

Interrelaciona permanentemente conceptos teóricos e historiográficos funcionales al estudio general, indicando el lugar en el que se ubica el trabajo desde ambas perspectivas. Las palabras clave de este estudio son, sin duda, élites y facciones políticas (no solo porteñas) y las define con claridad en función del uso que hace de ellas en la investigación, apelando a otros autores y a su experiencia de investigador.

Si bien los temas mencionados constituyen la «materia prima» de toda la investigación, el foco central alrededor del cual giran los mismos es el proceso de desmantelamiento del roquismo y, de forma paralela e indefectible, la formación de su antónimo el antiroquismo. En ese entretejido detallado y minucioso de los sucesos que realiza el autor a lo largo de toda su obra, quiero destacar algunos tópicos significativos como son los diversos proyectos de ley de reforma electoral discutidos en el periodo (enfatizando la ley de 1902), el proceso de finalización de la Política del Acuerdo, las manifestaciones populares porteñas que ocupan el espacio público en 1901 y en 1903.

y su contribución al cuestionamiento del roquismo; la separación de Carlos Pellegrini del PAN y la posterior formación del Partido Autonomista -mentor del saenzpeñismo-, el meticuloso desmantelamiento que Figueroa Alcorta realizó de la maquinaria roquista y, por ende, el aceleramiento del retiro político de Roca.

Ell capítulo más atractivo, desde mi punto de vista, es el último donde analiza la propuesta de Roque Sáenz Peña -agregando dos puntos muy interesantes a los ya conocidos- como candidato y luego presidente de la Nación.

En ese sentido, el autor sostiene que la ambición reformista de Saenz Peña perseguía la interrelación de la unidad orgánica de la nación, el rol del estado y la reforma social. De allí que pretendiera cumplir un papel central en el proceso de educación ciudadana y de «nacionalización de las masas» a fin de cohesionar una sociedad fragmentada. La reforma política no parecía diseñada

Como una respuesta al conflicto social, esencialmente porque Saenz Peña no percibía que allí estuviera el problema principal de la Argentina. Su interés era que el país fuera reconocido no solo por sus impresionantes transformaciones económicas, sino también por el establecimiento de verdaderas prácticas democráticas y republicanas y la supresión del ejercicio político personalista, lo que incluía la abolición de las oligarquías provinciales. En esa línea de pensamiento los saenzpeñistas (intelectuales y dirigentes) requerían una participación activa en la política institucional de sectores de las clases altas, quienes habían sido tradicionalmente reticentes a ocupar esos espacios. El fin del

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roquismo exigía una redistribución del poder entre otros grupos que no eran sociológicamente diferentes, pero sí outsiders por la exclusión a la que habían sido sometidos por esa fuerza. De allí que la Unión Nacional, coalición formada para apoyar su candidatura presidencial, debía estar conformada por esos sectores excluidos: juaristas, católicos, jóvenes universitarios y representantes de la industria y el comercio nacional.

Como sabemos uno de los objetivos de Saenz Peña era la conformación de partidos «orgánicos» e «impersonales», pese a que la naturaleza y estructura de la UN estaba palmariamente emparentada, sobre todo en las prácticas, con las tradiciones políticas del orden conservador. Pero la novedad consiste en la intención de Saenz Peña de evitar depender de los partidos políticos como principal sostén para su campaña electoral. Es esta postura la que constituye uno de los puntos principales del proyecto de RSP y de su proyección en el sistema político argentino, porque trasciende una idea que no es solo retórica, sino genuina, puesto que la seguirá defendiendo al alcanzar la presidencia. Para él, el reordenamiento del sistema político necesitaba un presidente que estuviera por encima de los partidos y sus luchas. Sin embargo, el extremo fraccionalismo que persistió incólume, más allá de los cambios de esos años convierte la perspectiva política de Saenz Peña en una utopía. La ausencia de una figura fuerte para centralizar la nueva opción política impedirá el funcionamiento del sistema como pretendía.

En mi opinión por dos razones: la cultura política de dirigentes poderosos construida desde el 80 había penetrado profundamente en la dirigencia y la ciudadanía y era difícil cambiarla solo con intenciones, además, los partidos alternativos que fueron surgiendo, salvo el radicalismo y el socialismo, tampoco habían logrado estructurarse sistemáticamente de manera tal que la institución se impusiera sobre los hombres. Motivo por el cual, como dice Castro, la estrategia saenzpeñista significaría el final del sistema de partidos provinciales articulados a nivel nacional en la laxa organización del partido dominante, pero no se convertiría en alternativa a lo «destruido», sino que provocaría una faccionalización aún mayor del juego político.

Unidad 7

Natalio Botana, El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916. Buenos Aires,Edhasa, 2012, capítulo 6

La clase gobernante frente a la impugnación revolucionaria

El régimen del ochenta se propuso unificar el ámbito político en un sistema nacional de decisiones. En este sentido produjo consecuencias inéditas: reivindicó con éxito la posibilidad de controlar un espacio concebido como un campo de fuerzas sujeto a una autoridad común; e hizo partícipes a las clases gobernantes

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locales en un conjunto de instituciones estables y hasta de reconocido prestigio como, por ejemplo, el Senado Nacional.

Orden y espacio: la clase gobernante

Esta primera aproximación al concepto de la clase gobernante lleva implícito un problema de interpretación de la tradición conservadora y liberal del siglo XIX, sobre el cual conviene detenerse un instante.

Los conservadores que reaccionaron ante los acontecimientos desencadenados por la Revolución Francesa sostuvieron una concepción del orden semejante a un espacio cruzado por sistemas de autoridad tradicional, fundados en instituciones sociales que desempeñaban funciones "naturales": la familia, la iglesia, las comunas, las corporaciones de artesanos y comerciantes En suma, un pluralismo funcional, jerarquizado e inmóvil, con autoridad dispersa y sin conflicto.

El liberalismo clásico, en cambio, defendió la centralización del poder en pocas instituciones políticas dotadas de jurisdicción y de competencia restringidas: un Estado racional, una sociedad librada a su dinamismo ya la libre expresión de la competencia. Los conservadores proponían la armonía institucional; los liberales, la armonía espontánea. Los conservadores optaban por un Estado de débil articulación en una sociedad organizada; los liberales, por un Estado acotado, de fuerte articulación, en una sociedad librada al destino del individuo. Los liberales legaron al mundo moderno un Estado "en forma", bien dispuesto, donde las divisiones entre gobierno, legislación y justicia obrarían como contrapesos efectivos para apaciguar las pasiones naturales de los hombres. Los conservadores legaron el interés por el diseño de comunidades organizadas, donde todos y cada uno debían ocupar su sitio, amparados por cuerpos socialescelosos de su autoridad y de su autonomía. Entre unos y otros, la fórmula alberdiana plantó una solución intermedia a la cual luego se plegarían, mutatis mutandi, los ejecutores prácticos. La fórmula prestaba prioritaria atención a la cuestión del orden político. Pero el orden se implantaba sobre un espacio dentro de cuyos confines habría de crecer, más. adelante, una nueva sociedad. Entonces, el orden político debía resultar de un proyecto histórico que conjugara 10 existente, como prenda de rescate, con la racionalización jurídica proveniente de la vertiente liberal. Lo rescatab1c no era otra cosa que la autoridad tradicional afincada en las provincias; lo nuevo: las instituciones nacionales, solucionada la cuestión capital, bajo la égida del poder presidencial. La fórmula rescató de la vieja sociedad los cuerpos constituidos de probada autoridad. En la Argentina, decíamos, no había aristocracia estratificada según título y rango, ni corporaciones artesanales ni "ciudades libres". La Iglesia católica, quizá, conservaba una autoridad no desdeñable, pero aun así no era factor suficiente para integrar, por sí sola, la sociedad orgánica de la visión conservadora. Faltaban, en efecto, las contrapartidas necesarias, pues en aquella Argentina la autoridad tradicional respondía más a una estructura regional que a una estructura funcional.

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Las guerras civiles enfrentaron a Buenos Aires con el interior. Al fin, luego de las batallas del ochenta, la paz fue pactada por una fracción de la clase gobernante de Buenos Aires y las clases gobernantes de la mayoría de las provincias del interior. Este acuerdo traducía la concepción alberdiana del orden político: la incorporación de los sistemas de autoridad establecidos en espacios regionales (las provincias) a un régimen político inclusivo organizado en torno a la magistratura presidencial.

Durante el período de las guerras civiles, las provincias tuvieron ejércitos; más tarde, los gobernantes perdieron ese típico atributo de la soberanía externa y, en su lugar, dispusieron de cuerpos policiales para mantener el orden. La coacción, en su sentido último, quedó subordinada al poder político nacional cuyo titular era a la vez jefe supremo de las FuerzasArmadas pero, de todos modos, los gobernadores mantuvieron en reserva una capacidad suficiente para mandar sobre las comunas (o municipalidades) o sobre segmentos regionales dentro de su mismo territorio.

El régimen del ochenta ejerció controles efectivos sobre otros sistemas de autoridad tradicional de carácter funcional. La Iglesia católica, por ejemplo, perdió dos atributos: la educación y la competencia civil del matrimonio religioso. En el origen de la querella acerca de la enseñanza pública estaba presente este problema que produjo una escisión parcial en el Congreso, de carácter ideológico.

Nunca, sin embargo, sufrieron mella los grupos que luego recibirían el mote peyorativo de oligarquías provincianas. Y pese al complicado papel que le cupo a la intervención federal como mecanismo de control nacional, ésta no obró, por lo general, como un agente sustitutivo de las clases gobernantes allí afincadas.

La clase gobernante cobra, de este modo, un perfil más preciso. Como hipótesis básica sostendremos que este término comprende el conjunto de actores que desempeñaron cargos institucionales decisivos y se jerarquizaron, unos con respecto a otros, mediante la acumulación de esos papeles durante el período que transcurrió entre 1880 y 1916. El cargo institucional, por ex celencia decisivo, fue la presidencia (compuesto, se entiende, por presidente y vicepresidente). Quienes lo integraron constituyeron el estrato más alto de la clase gobernante. Subordinados a ellos se situaron los cargos de gobernador, ministro del Poder Ejecutivo nacional, senador nacional y diputado nacional.

los hombres del ochenta no sólo acumularon cargos políticos, desempeñaron también -qué duda cabe- otros papelessociales y fueron a la vez, en muchos casos, políticos, propietarios, militares, escritores, historiadores y ... poetas. Sólo cuando el paso de los años hubiera conjugado otros cambios, la Argentina habría de atravesar épocas más proclives a la especialización de actividades

Es cierto que el régimen comprendido entre 1880 y 1916 parece proclive a ser entendido a través de una lente elitista, aunque más no fuera por e! pequeño

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número de actores que participó en los procesos de control y de distribución del poder. También es verdad, a primera vista, que durante esos años los gobernantes obraron sobre un suelo de convicciones arraigadas, quizá convincentes en lo que hace a los fines últimos. Pero de allí a canonizar la pax intraoligárquica, como una hipótesis indiscutible, hay un largo trecho; e! tramo, en efe,cto,de una historia donde los cambios políticos bruscos y los intentos revolucionarios pusieron en tela de juicio aquello que la teoría elitista juzga deseable: los valores políticos comunes y la ausencia de conflictos violentos entre los miembros de la clase gobernante.

El significado de un ciclo revolucionario

Durante la década que se extiende entre 1880 y 1890, el proceso político estuvo protagonizado, casi de modo exclusivo, por el Partido Autonomista Nacional (PAN) al que pertenecían los presidentes Roca y Juárez Celman. El partido liberal de Bartolomé Mitre, derrotado en el Qchenta, permanecía marginado de los cargos gubernamentales, sin oportunidades pacíficas para acceder a ellos mediante los comicios

La ruptura de este estado de cosas se produjo en el invierno de 1890. La crisis económica que desencadenó el ímpetu transformador del gobierno de Juárez, los viejos antagonismos que permanecían latentes hacía ya diez largos años y los desmembramientos parciales que aquejaron al autonomismo convergieron, todos ellos, en una coalición opositora en la que participaron fuerzas políticas de diferente signo: el partido liberal de tradición mitrista; los dirigentes alejados del tronco autonomista con motivo de las elecciones del 86; la Unión Católica de Estrada, Goyena y otros, que se había organizado en tiempos de las querellas originadas por las leyes laicas, y, por fin, un grupo de antiguos militantes, fieles a la tradición populista del autonomismo bonaerense, donde sobresalían Leandro N. Alem e Hipólito Yrigoyen. A ellos se sumaron sectores juveniles que fundaron la Unión Cívica de la Juventud y dieron nombre al nuevo agrupamiento. La Unión Cívica recibió, pues, bautismo de fuego en la Revolución del Parque que contó con.el apoyo de sectores militares.

El noventa significó un cambio cualitativo en el modo de comprender y hacer la política. A partir de aquella fecha el impacto de una impugnación persistente, que se prolongó hasta promediar la década, reorientó las expectativas de un sector de la clase gobernante y puso en movimiento otra fórmula política: un principio de legitimidad emergente que contradecía el que reivindicaron, y luego mantendrían, los fundadores del régimen del ochenta.

la Unión Cívica abrió tras su propósito una red de diarios de alcance nacional, lo cual suponía poner en marcha nuevas formas de comunicación para crear condiciones que favorecieran el desarrollo de partidos no necesariamente tutelados por los gobiernos. Después de la Revolución de! Parque, la Unión Cívica se fragmentó en dos líneas opuestas: la Unión Cívica Nacional conducida por

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Bartolomé Mitre y la Unión Cívica Radical con e! liderazgo de Alem y Bernardo de Irigoyen

El sufragio: fraude y control electoral

En la década del noventa, la oposición externa al régimen levantó la bandera de la moral electoral frente a lo que ellos llamaban el fraude y la corrupción de los comicios. Veinte años después, los hombres que habían participado en cargos políticos decisivos retomaban los mismos temas y coincidían con sus antiguos adversarios: El régimen del ochenta practicaba elecciones en el . orden nacional, en las provincias y en los municipios. Se respetaban los períodos de renovación de las autoridades con cuidado y hasta con prolijidad. Pero todos sabían, gobernantes y opositores, que tras las formas jurídicas se escondía una realidad harto diferente.

Alberdl había reconocido las virtudes del sufragio censitario que practicaba la mayoría de las naciones europeas;20 tiempo después se inclinaría ante la evidencia y admitiría, sin tapujos, la bondad pragmática de un sistema ordenado en torno de gobiernos electores que controlaban la sucesión de las autoridades públicas ..Esta noción central puede ser entendida como el principio ordenador de un complicado mecanismo que tenía por propósito producir elecciones y asegurar la victoria de determinados candidatos en desmedro de otros.

La participación electoral

Los inmigrantes no se naturalizaban, pero tampoco cesaba una corriente de población extranjera que se volcaba sobre nuestros puertos y cambiaba la composición demográfica del país. Así, mientras la sociedad civil se transformaba,el mercado electoral no sufría cambios

Así, pues, la clase gobernante practicaba elecciones. Sus miembros se enfrentaban y se dividían entre la recriminación y el conflicto. Pese a ello, por extraño que parezca, se aferraban a ciertos ritos formales, conservaban la fachada y seguían produciendo el sufragio.

Fiscales de la falsedad que decantaba un comportamiento juzgado como erróneo, los reformadores habrán de iniciar, entre viejos e inéditos conflictos y una sociedad irremediablemente transformada, la marcha hacia el ocaso de una clase gobernante.

Martín O. Castro, El ocaso de la república oligárquica: poder, política y reforma electoral, 1898-1912. capítulo 4.

Capitulo 4

se analiza la llegada a la primera magistratura de Figueroa Alcorta luego de la muerte de Quintana y los elementos que le sirvieron a este político como punto de

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apoyo de su gobierno a través de la conformación de una coalición antirroquista, que lo que buscaba era otorgar una mayor circulación dentro de las elites de las provincias de aquellos personajes políticos que habían sido excluidos por la maquinaria impuesta por Roca. Sin embargo, la implantación de esta estrategia traerá aparejada una importante oposición por parte de los políticos provinciales y del Parlamento quienes se iban a ver desplazados ante la implementación de esta política de redistribución del poder, lo cual llevará a constantes crisis ministeriales y a la rivalidad entre el Ejecutivo y el Congreso. Relación que culminará con la clausura de las sesiones extraordinarias por parte del presidente cuyo objetivo será alcanzar mayoría propia y avanzar en el desmantelamiento de la estructura roquista

Paula Alonso, Entre la revolución y las urnas. Los orígenes de la Unión Cívica Radical y la política argentina en los años ‘90. Buenos Aires, Sudamericana, 2000, capítulo 5.

Las sucesivas derrotas militares en las revoluciones de 1893 marcaron un punto de inflexión en la historia del Partido Radical. Inmediatamente después de las derrotas, se agudizaron las divisiones internas dentro del partido y afloraron rencores y recelos entre sus dirigentes. El partido pronto evidenció algunos cambios significativos: su vieja retórica revolucionaria dio lugar a un discurso más cauto; el partido concentró sus esfuerzos en la política electoral, abandonando laamenaza revolucionaria; temas de economía fueron tomados como la principal bandera de campaña desplazando los temas de política y la retórica constitucional;

Los levantamientos armados fueron condenados públicamente por toda la prensa(no únicamente por el diario roquista) y los radicales fueron duramente perseguidos por las políticas excepcionalmente represivas que puso en marcha el gobierno nacional. Dentro de la UCR, muchos dirigentes renunciaron al uso de la violencia. El partido moderó su lenguaje y fortaleció su organización interna para ponerse en mejores condiciones para la lucha electoral.

Principios en conflicto

Una de las tantas consecuencias de los levantamientos armados de 1893 fue el desprestigio que alcanzó el recurso revolucionario.

Inmediatamente después de las revoluciones de 1893, el Partido Radical experimentó una serie de transformaciones. Se realizó un esfuerzo notable para transformar la Imagen belicosa del partido. El Argentino, ahora ampliado de dos acuatro páginas, fue uno de los instrumentos y evidencias principales de dicha transformación.

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Su recalcitrante discurso onginal contra la corrupción de las Instituciones del pais y la incompetencia del Presidente Sáenz Peña, fue. Reemplazado por un lenguaje más suave, con escasas referencias a la política nacional o al presidente

Los meses subsiguientes a las revoluciones representaron una difícil prueba para la estructura interna del Partido Radical prueba de la cual el partido salió inicialmente airoso, demostrando que la organización partidaria era sólida.

¿Cómo era posible que los radicales aumentaran su popularidad luego de las derrotas revolucionarias??

El completo fracaso de las revoluciones evitó que los radicales se convirtieran en héroes, pero la política represiva seguida por Quintana los transformó en mártires,

Como presiente de la UCR Alem había conducido a su partido a traves de una sucesion de revoluciones fallidas, pero su popularidad, no obstante, parecía haber crecido

No obstante, detrás de la nueva fachada de moderación, del éxito electoral y del aumento de popularidad, la UCR experimentaba profundas dificultades internas. Para 1894 ya había dado abundantes señales sobre su cambio en la retórica partidaria. Luego de las victorias electorales, sus representantes se incorporaron al Congreso, aceptando implícitamente con esta acción la legalidad que hasta entonces le habían negado al gobierno nacional. Y aunque oficialmente el Partido Radical no lanzó proclama alguna, muchos de sus miembros renunciaron públicamente al uso de la violencia

Los cambios por los que atravesaba el partido creaban una impresión favorable en la sociedad en general, provocaron marcadas divisiones dentro de su seno la nueva línea moderada y pacífica del partido colocó a los radicales de las provincias en una posición difícil. La UCR habla sido creada como un partido intransigente que "no pactaba acuerdos", y como un partido de revolución

Muchas ramas de la UCR en las provincias hicieron pública su decepción sobre la nueva estrategia partidaria. Algunos de sus miembros exigieron que los representantes de la UCR renunciaran al Congreso Las ramas provinciales de la VCR no eran las únicas a las que les resultaba difícil adaptarse a la nueva situación pos-revolucionaria. La estructura partidaria de la ciudad de Buenos Aires también fue afectada por el conflicto interno del Partido

El desempeño electoral del Partido Radical

Si bien durante la década de 1890 el Partido Radical participó en contiendas electorales en la ciudad y provincia de Buenos Aires, dicha participación en los comicios ha sido hasta ahora prácticamente ignorada. Esto se debe a dos motivosprincipales. El primero se relaciona con el erróneo supuesto de que la UCR no participó en elecciones hasta 1912, cuando el voto se hizo secreto y obligatorio

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para todos los varones argentinos de más de 18 años de edad. Una vez que Hipólito Yrigoyen tomó la dirección del partido, estableció el principio de la abstención electoral como una de las banderas partidarias, y se ha supuesto generalmente que esta abstención había tenido lugar desde la fundación del partido. El segundo motivo reside en el estado incipiente de la investigación sobrepolítica electoral del siglo XIX. Si bien en los últimos años el tema ha despertado la curiosidad de muchos historiadores, el mundo electoral del siglo XIX todavía se halla en penumbras. Poco se sabe sobre la naturaleza de la competencia electoral, sus resultados, o sobre las características de los votantes.

Radicales en el Congreso

Gracias al éxito electoral del Partido Radical en la ciudad y provincia de Buenos Aires en 1894, la UCR se adjudicó, por primera vez, una cantidad significativa de representantes en el Congreso.

¿Cuál fue la actuación de los miembros de la UCR en el Congreso, una vez que el partido logró una representación significativa?

apuntaban a restringir los instrumentos institucionales que podían ser (y eran con frecuencia) utilizados por el gobierno nacional con fines partidarios.

Por lo tanto, una vez que los radicales abandonaron la campaña en defensa del uso de la violencia e implícitamente reconocieron la legitimidad del gobierno vigente enviando representantes al Congreso, perdieron su principal bandera. Temporariamente el partido encontró una nueva bandera en su campaña en favor del libre cambio, pero una vez que la ley de aranceles aduaneros fue aprobada por el Congreso, la campaña terminó.

La UCR no pudo redefinir su rol en el panorama político. Esta incapacidad afectó al partido ya que perdió apoyo en las provincias y sufrió, como veremos en el próximo capítulo, fracturas internas, derrotas electorales y la pérdida de liderazgo. A pesar de las distintas coyunturas que afectaron la actuación del Partido Radical en el Congreso, un análisis de los proyectos de ley que sus miembros introdujeron en las cámaras durante los períodos legislativos de 1894 y 1895 ayuda a esclarecer su idiosincrasia. La UCR no era un partido de reforma. Su retórica opositora no estaba acompañada por un programa de reformas institucionales (o de otro tipo). Su objetivo se limitaba a restringir o eliminar aquellos instrumentos que eran empleados por el gobierno para sus propios fines políticos.

Roy Hora, “Autonomistas, radicales y mitristas: el orden oligárquico en la provincia de Buenos Aires (1880-1912)”,

Analiza algunos rasgos de la vida política en la provincia de Buenos Aires entre 1880 y 1912, y para ello presenta una visión general sobre su dinámica y sus actores principales.

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La aparición de la Unión Cívica Radical (UCR) suele ser presentada como producto de desarrollos en alguna medida exteriores al propio sistema político.

La historia de la UCR desde su aparición a comienzos de la década 1890 hasta su triunfo en las elecciones nacionales de 1916 ha sido habitualmente descripta como parte de un proceso más global de maduración de sectores medios o populares hasta entonces alejados de la esfera del poder, y por tanto como un indicador de la creciente complejidad social de la república, que tarde o temprano no podía sino reflejarse en la vida pública.

Estos fenómenos habrían estado en la base del proceso de descomposición del excluyente orden oligárquico, abriendo así el camino hacia la reforma electoral impulsada por el presidente Sáenz Peña, y aprobada en 1912

Actualmente suele considerarse al radicalismo como un partido de características muy similares a las fuerzas en el poder, entre las que destaca el Partido Autonomista Nacional (PAN). En los que se refiere a la posición social tanto de sus militantes como de sus dirigentes, en cuanto a objetivos y programas, las fuerzas políticas del período finisecular parecen presentar más similitudes que diferencia

La dinámica gobierno oposición, centrada en la competencia entre el PAN y la UCR, no provee un punto de mira adecuado para entender aspectos significativos de ese mundo político. En este sentido, sugiere que tanta o más atención debe prestarse al mitrismo, pues salvo en la primera mit d de la década de 1890, ésta fue la principal fuerza que rivalizó con el PAN. Si bien esta competencia no siempre tomó la forma de una oposición abierta, de todos modos la presencia del mitrismo o de la Unión Cívica, resulta fundamental para entender el orden político del período

La decada del 80Las elecciones que se verificaron en 1880 y 1881 para componer los poderes provinciales tuvieron lugar sin la presencia de los partidarios del gobierno derrocado. Desde entonces, el control de Buenos Aires quedó firmemente en manos de los seguidores locales del PAN.

Durante toda la década de 1880, los hombres que se sucedieron en el gobierno de La Plata, la nueva ciudad que la provincia se dio por capital, surgieron, uno tras otro, de las filas del partido gobernante

La década del ochenta se caracterizó tanto por la expansión económica como por la consolidación estatal. Durante esos años, un estado más atento a las necesidades de los principales grupos propietarios se constituyó en un formidable agente de transformación económica. La Conquista del Desierto, la veloz extensión de la red ferroviaria, la mejora de puertos y caminos, el fin de la leva, contribuyeron a crear un ambiente favorable para la acumulación de capital,

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dentro y fuera del sector rural. En ese contexto de optimismo y prosperidad generalizados, las denuncias de corrupción política y los reclamos de mayor honestidad electoral, que no faltaron, encontraron escaso eco

La crisis del autonomismo

La Revolución del Parque es habitualmente considerada como el punto inicial de un ciclo de cambio político de vastas consecuencias. Sin embargo, los efectos del alzamiento de 1890 parecen haber sido más complejos de lo que habitualmente se supone. La caída del presidente Juárez Celman sólo afectó de modo significativo a la ciudad de Buenos Aires. La lucha armada y la movilización política que la precedió se concentraron en la capital de la república. Por esta razón, la Revolución provocó la caída del presidente, pero no puso inmediatamente en cuestión el control del PAN sobre el parlamento o las provincias .

La formación de la Unión Cívica Radical en junio de 1891, que congregó a buena parte de la oposición más irreductible, manifestó algunos límites de la estrategia del Acuerdo.

El ruidoso lanzamiento del Partido Modernista a fines de ese año creó problemas mayores. El gobernador de Buenos Aires, el autonomista Julio Costa, se contó entre los principales animadores de esta fuerza heredera del juarismo.

El levantamiento radical del invierno de 1893 se destaca por la precisión con que fue organizado. Las razones no parecen centralmente militares, aunque es probable que el fracaso de la Revolución de 1890, que concentró sus recursos en un solo punto, operara sobre la mente de los radicales, predisponiéndolos a encarar el asalto al poder de otra manera. Más importante, la intención de lanzar la revolución simultáneamente en toda la provincia parecía tener por objetivo presentar el alzamiento como una demostración cabal del rechazo al gobierno por parte de la sociedad toda

Los comicios para elegir gobernador convocadas por la intervención federal a cargo de Lucio V. López, universalmente reconocidas como un modelo de transparencia electoral, dieron la victoria a la Unión Cívica Radical que habían presentado dos candidatos de gran prestigio social, Mariano Demaría y Leonardo Pereyra.

Mitristas y autonomistas también presentaron candidatos de perfil social similar (lo que parece indicar que la deslegitimación de la dirigencia política favoreció la emergencia de figuras con una posición expectable en la jerarquía socioeconómica).

En las elecciones de electores de gobernador de febrero de 1894, el radicalismo aventajó tanto a la Unión Cívica como al autonomismo, que competía con el nombre de Unión Provincial

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Tres partidos en competencia

La celebración de la política del Acuerdo en Buenos Aires no resultó de las coincidencias entre cívicos y roquistas sino, antes que nada, del temor al radicalismo. La amenaza radical funcionó como el cemento entre dos fuerzas que se habían hostilizado por más de una década, y por este motivo esta alianza pronto se reveló problemática.

Los representantes mitristas no controlaban por sí solos la Legislatura, donde se encontraban representados en proporciones relativamente similares autonomistas, cívicos y radicales (con alguna ventaja para estos últimos).

El ocaso del radicalismo

La Unión Cívica se había ganado el lugar de primera fuerza provincial, y enfrentaba la oposición de autonomistas y radicales. La elección de un nuevo gobernador para el período 1898-1902 dio lugar a un nuevo realineamiento, que respondía a los cambios acontecidos en el panorama político. En el nivel nacional, el Acuerdo había comenzado a sufrir serios tropiezos, ligados a la consolidación del liderazgo de Roca sobre sus rivales autonomistas Ello le valió un enfrentamiento con Mitre.

La frustración de las esperanzas renovadoras depositadas en la UCR erosionó la capacidad del partido para encauzar las energías de aquellos que se oponían a un régimen que, por otra parte, ya no existía con la solidez con que se lo conoció en la década de 1880. No sorprende que entonces ganaran peso dentro del radicalismo aquellos sectores que se hallaban mejor preparados a aceptar esta situación y que, gracias su inserción en la vida política, parecían mejor predispuestos a actuar sin recurrir a esos elevados pero cada vez más lejanos estímulos. Luego de varios años de combate, muchos radicales que habían ganado posiciones en la Legislatura y en las municipalidades no se resignaron pasivamente a abandonar los baluartes adquiridos.

Los sucesos de mayo de 1897 pusieron al descubierto que los radicales habían perdido vigor y presencia; también que muchos de ellos se negaban a asumir actitudes atrevidas para recuperarlos.

Los cívicos de la provincia sin duda condicionaron su participación en la política de las paralelas. Argumentando que representaban a la primera agrupación de la provincia, nunca se mostraron dispuestos a ceder la gobernación a un candidato radical.

La unión con el PAN, por varias razones, parecía más fácil y ventajosa. Luego de que sus seguidores se aseguraran la primacía en el interior del país, Julio Roca no parecía especialmente preocupado por la posibilidad de otra victoria mitrista en Buenos Aires, y es probable que estuviese dispuesto a aceptarla si ello le aseguraba la benevolencia de los representantes cívicos en el Congreso Naciona

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La UCR carecía de poder suficiente como para gobernar por sus propios medios, y su inevitable dependencia de sus aliados autonomistas pronto se acentuó.

El ascenso de Ugarte y la consolidación del oficialismo

No sorprende entonces que para el cambio de siglo ganara fuerza la idea de que era preciso consolidar un poder ejecutivo fuerte. En diciembre de 1901, La Naciónreclamaba un programa de reforzamiento de la autoridad estatal, de “menos política y más administración

No cabe duda de que la maquinaria cívica se distinguía poco de la autonomista, pero afirmaciones de este tipo revelan la creencia generalizada de que era necesario mejorar la calidad de la vida pública incorporando más plenamente a los sectores propietarios a la vida electoral. Ello no era simplemente un reclamo de los derrotados El gobierno de Ugarte marca la disgregación del sistema de competencia entre facciones que caracterizó a la vida política en la década de 1890. La afirmación del autonomismo fue hecha posible y fue a la vez resultado del debilitamiento del campo opositor.

Ugarte también supo explotar las tensiones internas de las filas cívicas. Estas aumentaron en 1901 con la ruptura entre Roca y Pellegrini y el intento, por parte del primero, de reeditar la política del Acuerdo, rota en 1897. El acercamiento entre Mitre y Roca provocó resistencias entre los cívicos, y el prestigio de Mitre quedó con ello resentido..

El autonomismo acrecentó su poder al mismo tiempo que golpeaba a su principal rival. Tanto es así que a fines de 1901 la principal disputa por la gobernación tuvo lugar entre la agrupación de Ugarte (convenientemente bautizada Partidos Unidos) y un desprendimiento del autonomismo que sostenía la candidatura de Vicente Casares, un amigo y aliado de Pellegrini. Emilio Frers, el candidato mitrista, apenas logró unos pocos votos.

Desde comienzos de siglo, como antes en la década de 1880, los rivales del autonomismo prácticamente desaparecieron de la vida bonaerense. Eliminados o acallados los cívicos y los radicales, las alternativas de la vida política tuvieron por protagonistas principales a las distintas facciones autonomistas que se disputaban el control del estado provincial y nacional y, en segundo lugar, a los conflictos entre el gobierno provincial y los poderes locales

La política de Buenos Aires en perspectiva

Durante la década del ochenta la vida política provincial estuvo signada por el dominio del PAN. Los grandes protagonistas de esa etapa fueron el estado central y la coalición política que contribuyó decisivamente a conformarlo. La derrota de

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las fuerzas porteñas en 1880 y la federalización de la ciudad de Buenos Aires desarticularon las redes provinciales que sostuvieron la competencia entre autonomistas y mitristas en las décadas previas, facilitando la formación de una fuerza subordinada al poder federal.

No faltaron señales de descontento frente a esta situación, en especial entre los derrotados en las jornadas del ochenta. Las clases propietarias porteñas -entonces los principales interlocutores de las elites políticas- mantuvieron una actitud más ambivalente frente al PAN.

En los años noventa, la provincia de Buenos Aires fue escenario de una agitada competencia política, que contrasta nítidamente con el predominio autonomista de la década de 1880. En períodos sucesivos, el radicalismo, el mitrismo y el autonomismo fueron las agrupaciones más poderosas de Buenos Aires. La ausencia de cualquier diferencia social de consideración entre la dirigencia y los apoyos de cívicos, radicales y autonomistas, contribuyó a restarle a esa competencia todo estímulo orientado a ampliar o modificar las bases del sistema político.

Una década y media de dominio autonomista sobre Buenos Aires ofrecen el marco en el que el radicalismo surgió como la única alternativa de poder contra el viejo orden. Tras su ocaso en el cambio de siglo, la muy menguada facción radical liderada por Hipólito Yrigoyen se llamó a silencio, en una actitud que se parecía mucho a una tácita declaración de derrota. Curiosamente, ello parece haber preparado al radicalismo mejor que a otras fuerzas para reaparecer en el nuevo escenario que se abrió después de la reforma electoral de 1912. Más de diez años de abstención electoral le permitieron recrear su pasado de un modo que para el mitrismo resultaría imposible, borrando de su historia aquellos episodios de colaboración con el autonomismo, y más en general, con la política bonaerense de la década de 1890. El dominio que el autonomismo ejerció sobre la vida política en los años que antecedieron a la reforma de 1912-16 hizo posible que la UCR echase un manto de olvido sobre sus propios fracasos electorales de la segunda mitad de la década de 1890, y que, tras algunos años de silencio, volviese a insistir en la ilegitimidad del orden político, así como en la necesidad de ponerle fin. Para mediados de la década de 1900, el radicalismo se presentaba como el único impugnador moral del régimen, y como una fuerza política sin más vínculos con el pasado político de la Argentina que su voluntad de abolirlo.

Sería erróneo, sin embargo, evaluar el renacimiento y los notables triunfos electorales del radicalismo en la era democrática abierta en 1912 únicamente bajo el prisma que ofrecen los problemas de legitimidad del autonomismo y el mitrismo, las dos fuerzas dominantes del régimen oligárquico. El radicalismo también se mostró más dispuesto que cualquier otro partido para adaptarse a los nuevos desafíos a los que obligaba la ampliación política impuesta por la ley Sáenz Peña. Ello se advierte en la especial atención que sus líderes le prestaron a la organización de una sólida estructura partidaria que permitiese movilizar ya no máquinas electorales sino masas. En esta muy poco conocida experiencia de

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construcción política sin duda hubo mucho de novedoso. Como hemos visto en este trabajo, en ella también parecen haberse volcado las lecciones de unos saberes muy antiguos. En el nuevo escenario democrático, se reactualizaron algunas de las viejas destrezas que hicieron famoso al radicalismo de la provincia antes de su primer eclipse: entre ellas destaca la habilidad de Yrigoyen para tejer los hilos de una red política que en su época fue considerada un auténtico prodigio de organización política

Unidad 8

Paula Alonso, "'En la primavera de la historia': El discurso político del roquismo de la década del ochenta a través de su prensa.",

En el caso de la prensa política es el portavoz de un partido político o facción. Es personalizado, como por ej La tribuna Nacional que se lo asociaba con el roquismo. Es un híbrido en transición entre el panfleto político y el diario moderno. La gran mayoría contaba entre dos o cuatro páginas. Se dirigían a los redactores de la oposición y los participantes partidarios más que al público en general. Muchos emergían para las campañas y luego desaparecían.

En el caso de la prensa en general era impersonal. Solo excepcionalmente aparece la firma del autor, por lo general, se empleaba el “alias” o no iba autografiada. Los temas eran muchos más variados, científicos, morales, deportivos, sociales, etc.. y estaban dirigidos al público en general. Los artículos eran más cortos en comparación a los largos y doctrinarios artículos de la prensa política.

El discurso del 80 que difundió La tribuna Nacional era una imagen nueva, moderna asociada al gobierno roquista. Se hablaba de una nueva era que comenzaba en esta década con el gobierno nacional.

En esta construcción discursiva se relacionaba el progreso, el orden, la paz y la libertad con la nueva administración política. Lo que marcaba la nueva situación, según el gobierno, era la llegada del progreso. Las señales de este se veían en el progreso material pero también en el progreso moral. La LTN difundía que la paz había reemplazado las viejas costumbres, los candidatos eran elegidos sin la violencia ni la coerción de antes.Era el desarrollo material el que llevaba al progreso moral y había traído paz y civilización al país, así como la libertad civil y la libertad política. En su discurso estos conceptos eran intercambiables.”En el lenguaje del PAN , el orden, la paz y la libertad definen el buen gobierno… y poseen una raíz común: el desarrollo económico”Esta fusión de lo material con lo moral en el discurso es propia del pensamiento liberal al que el partido se adhería y el diario trataba de difundir.

En el discurso la anarquía y el estado revolucionario son la contraposición del progreso. En el sentido de que las sangrientas luchas civiles, el provincialismo y los disturbios internos obstaculizaban el progreso, eran la antítesis. De ahí que la

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historia Argentina relatada en las páginas de LTN es una histori donde las guerras de la independencia, la anarquía, el gobierno rosista y los intentos de construcción nacional formaban solo el prólogo de la historia Argentina. Únicamente con la llegada de Roca al poder comenzaba a escribirse la historia de La Argentina moderna donde el progreso es el personaje central. Para ilustrar esto se puede citar una parte en la que el periódico decía:”Que el país había entrado en una etapa semejante a la de aquellos grandes pueblos que triunfan en dar ese gran paso de la edad media a la moderna. Así como en aquellos grandes pueblos que han luchado con las inocencias, las crueldades, los fanatismos, las supersticiones y las barbaries de las masas de hombres incultos, para llegar a la libertad de pensamiento y al gobierno de las instituciones, en La República Argentina se ha luchado durante cincuenta años por salir del estado embrionario” Es el discurso de grandeza y de triunfo para el gobierno de Roca y su contraste con el pasado donde el periódico fabrica una reputación en la que el nuevo gobierno pudiera basar su legitimidad. Se ve claramente que las elecciones no alcanzaban para legitimar esa nueva administración de ahí la necesidad de construir una nueva.

Inés Rojkind, “Prensa, manifestaciones y oposición política. La protesta contra la unificación de la deuda en julio de 1901”

Presentación y algunas consideraciones previas

El jueves 4 de julio de 1901, el presidente Roca solicitó al Congreso Nacional que autorizara la declaración del estado de sitio en la ciudad de Buenos Aires.

Cuatro días después, mientras continuaban suspendidas las garantías constitucionales, el Poder Ejecutivo retiró de la consideración del parlamento un proyecto de ley para la unificación de la deuda externa argentina.

Ciertamente, fueron varios los que entonces acusaron a algunos importantes periódicos de haber promovido el desborde popular con su prédica opositora. A su vez, desde el otro lado se alzaron voces contra la obsecuencia de los órganos del oficialismo, empeñados en defender una medida que se creía lesiva para los intereses nacionales. Lo que resulta claro es que los diarios en ningún caso fueron meros testigos o cronistas de lo ocurrido. Junto con las disputas libradas en las calles, hubo también batallas discursivas desplegadas en las páginas periodísticas.

Las publicaciones construyeron diversas –y contrapuestas— versiones de los hechos, elaboraron interpretaciones y emitieron juicios acerca de los manifestantes y de sus motivos. Más aún, los diarios (sus edificios) se convirtieron en objeto de la simpatíao de la ira de la multitud. La prensa, por lo tanto, fue un actor relevante en las jornadas de julio de 1901 y su intervención se inscribe en el marco de la relación por demás conflictiva que la administración roquista poseía con un sector significativo del periodismo porteño, en particular, con los grandes matutinos, La Prensa y La Nación . Como es sabido, el mundo periodístico experimentaba entonces, en aquel los años de tránsito entre los dos siglos,

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rápidas e importantes transformaciones. La existencia de un público lector ampliado fue, a la vez, el estímulo y el objeto de un proceso de modernización de la prensa que se tradujo no sólo en cambios cuantitativos (como, por ejemplo, el notable aumento de las tiradas diarias), sino asimismo en la introducción de innovaciones formales (desde estrategias comerciales y empresariales, hasta nuevas formas de elegir, presentar y desarrollar las noticias). La Prensa y La Naciónfueron los que fijaron el ritmo de ese movimiento de expansión y de renovación, un movimiento que no implicó, al menos en estos años iniciales, una ruptura de la estrecha relación que las publicaciones periódicas mantenían con la esfera de la política

Los hechos

Desde hacía algunos meses, se tenían noticias de un acuerdo financiero que el gobierno argentino tramitaba con sus acreedores extranjeros. El pago de la deuda externa había sido suspendido en 1890, con motivo de la gran crisis de aquel año, pero hacia fines de la década el buen desempeño de las exportaciones y la mejora de la balanza comercial habían permitido reanudar los desembolsos.

El problema era que sobre el tesoro nacional pesaban múltiples empréstitos (nacionales, provinciales y municipales) a pagar en diversos plazos y a diferentes tipos de interés. Las garantías y la amortización de los títulos también eran distintas,todo lo cual contribuía a crear un panorama confuso que complicaba la relación con los acreedores.

Por eso, a instancias del presidente Roca, el ministro de Hacienda Enrique Berduc confeccionó un plan de renegociación de la deuda consistente en emitir un único título, con un mismo interés y a plazos más largos. Se establecía, de cualquier modo, una cláusula de garantía según la cual un porcentaje de la recaudación aduanera sería depositado en el Banco Nación para que, en caso de incumplimiento de los pagos, los acreedores tuvieran la posibilidad de intervenir la entidad y cobrarse los servicios adeudados.

A comienzos de 1901, accediendo a un pedido del gobierno, Carlos Pellegrini gestionó el arreglo en Londres y obtuvo el consentimiento de los círculos financieros europeos. Una vez cerrado el acuerdo con los banqueros, el siguiente paso era convertir el proyecto en ley. A mediados de junio, el asunto fue tratado y aprobado en el Senado, donde nuevamente se destacó la intervención de Pellegrini en defensa del convenio.

A continuación, la Cámara de Diputados debía otorgarle la sanción definitiva pero el debate nunca llegó a realizarse. En el ínterin, estalló en las calles la protesta contra la unificación, como se denominó al contrato

Los estudiantes universitarios fueron quienes tomaron la iniciativa. El lunes 1 de julio publicaron en los principales matutinos una nota de repudio. El documento,

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que llevaba más de mil firmas, era una petición dirigida a los diputados instándolos a que rechazaran el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo

Los voceros del oficialismo se apresuraron a salir en defensa del proyecto de unificación, pero la protesta ya estaba en marcha, el movimiento de impugnación se había trasladado de las páginas periodísticas a las aulas universitarias. Reunidos en asambleas, los estudiantes resolvieron iniciar una “enérgica protesta” y, con la colaboración de los diarios más importantes de la ciudad, difundieron la convocatoria para un gran mitin que habría de efectuarse en la plaza de Mayo

Los desórdenes sólo pudieron ser contenidos cuando se hizo presente en el lugar un destacamento de la policía montada. Los disturbios dejaron decenas de detenidos y unos cuantos lesionados

Los relatos

La protesta se apagó tan repentinamente como había empezado. Las aprensiones del gobierno, temeroso de que el 9 de julio se produjera una nueva “demostración hostil”, resultaron infundadas. Tal como indicamos, ningún acontecimiento extraordinario interrumpió la celebración patria.

El papel desempeñado por los diarios es lo que nos interesa rescatar aquí, sobre todo porque alrededor de esa intervención se revelaban miradas que, en sentido condenatorio o, por el contrario, entusiasta, establecían una ligazón casi necesaria entre el rol de la prensa y la oposición al gobierno de Roca, tal como ésta se expresaba en las calles de la ciudad bajo la forma de manifestaciones y protestas públicas.

El poder perturbador de la prensa

El Poder Ejecutivo y todos los que en el Congreso votaron a favor del establecimiento del estado de sitio aseguraron que el “orden público” se hallaba profundamente perturbado. Respecto de las causas de esa conmoción, fueron varias las interpretaciones que circularon. Algunos vieron en ello el síntoma de “males nuevos, propios de la sociedad moderna,” que comenzaban a expandirse también en Buenos Aires y no faltaron, de hecho, las referencias a “los elementos que venidos del extranjero se preparan en las sombras de la anarquía para destruir hoy con piedras y mañana con bombas

Los diarios lanzados a la carrera de la innovación técnica tenían que encarar asimismo “el reclutamiento y la conformación del nuevo público lector” surgido con el crecimiento demográfico y con los avances de la instrucción pública,los periódicos que lideraban el proceso de renovación, aquellos que con más insistencia se proclamaban “independientes” y libres de constreñimientos (como dijimos, La Prensa y La Nación ) eran, al mismo tiempo, participantes activos en la escena política

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No casualmente, quienes así incriminaban a la “prensa de oposición”, como la llamaba El País, eran la Tribuna y el diario fundado por Pellegrini.

Respectivamente voceros del roquismo y del pellegrinismo, ambos diarios asumieron en esa coyuntura la misión de respaldar de manera pública la transacción planeada por el presidente y concertada por el senador. Parte de ese esfuerzo publicitario consistió en resaltar el carácter benéfico del acuerdo logrado con los acreedores extranjeros para la renegociación de la deuda.

La propaganda enérgica, pero razonada y culta de la prensa independiente

Nuevos y antiguos temores se entremezclaban en las representaciones de una ciudad arrastrada a la conmoción interna, atravesada por profundas perturbaciones que hacían zozobrar el orden público. De ahí la satisfacción con que el diario saludó el advenimiento de la “protesta de la juventud”, como en seguida la denominó; “parece una ráfaga de aire puro que viniera a sanear el ambiente”, afirmó. Tampoco La Nación ocultó su conformidad ante el inicio de la movilización universitaria, “nos complace que la juventud tome participación en las grandes cuestiones vinculadas al interés público”, expresó.

Desde el punto de vista de quienes venían insistiendo en el repudio a la unificación, la iniciativa de los estudiantes constituía un “acontecimiento moral y político” en todo sentido encomiable, “por la espontaneidad y la rapidez de la explosión,por la actitud desinteresada de sus promotores y por la nobleza del propósito”

Ya en la calle, reunidos en manifestación, los universitarios retribuyeron con aclamaciones y otras muestras de simpatía el respaldo que les brindaba la “prensa Independiente. Los hechos violentos se encadenaron el miércoles y el jueves: los ataques renovados a las imprentas oficialistas, el asalto a las residencias del presidente y del senador Pellegrini, los choques en la plaza de Mayo , los heridos y los muertos.

La Nación lamentó que hubiera quienes se dejaban “arrastrar por las pasiones”, pero se ocupó asimismo de aclarar que “esos arrebatos de la multitud” eran, en realidad, “un síntoma exagerado y tumultuoso del estado de la opinión”. La existencia de ese estado de opinión compartido, de ese “clamor de protesta” que flotaba en la ciudad, era lo que permitía entender (y explicar) el desborde popular.Nuevamente, con mayor énfasis aún, se señaló la espontaneidad de los estallidos registrados en aquel “ambiente caldeado”.

Mientras arreciaban las acusaciones en su contra, los supuestos predicadores se ocupaban de recalcar la “rapidez e intensidad sorprendentes” con que el “pueblo enfurecido” había tomado las calles “en forma espontánea, sin la dirección de jefe alguno”

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A modo de conclusión: la prensa y el pueblo contra la indiferencia de los gobernantes

con las contiendas libradas en la calle había habido también batallas periodísticas, pugnas en las que se contraponían interpretaciones y juicios: muchachos hipnotizados o jóvenes patriotas, turbas desenfrenadas o el pueblo indignado, la prédica incendiaria de la prensa opositora o la propaganda ecuánime y benéfica de los órganos independientes.

Los periódicos desde sus columnas y el pueblo en calle, tal era –en la concepción de La Prensa— la manera en que se expresaba esa cuota de la soberanía popular no delegada en las autoridades ni cedida a los representantes. El problema, no obstante, era que así como el gobierno del presidente Roca violentaba, por medio del fraude electoral, la voluntad popular tal como se pronunciaba en las urnas, de la misma manera desoía las voces que se manifestaban en las páginas de los diarios o en las plazas y calles de la ciudad. Esa resistencia de las autoridades a escuchar los intereses, pareceres y necesidades de la “voluntad soberana del pueblo” era lo que los diarios que se anunciaban “independientes” (La Prensa, obre todo, pero también La Nación ) le reprochaban a Roca y sus a funcionarios.

Ese vínculo estrecho entre la prensa y los manifestantes se fundaba en la disputa común que libraban contra unas autoridades demasiad o propensas a la indiferencia. De tal concepción se derivaba una representación de la movilización pública que la mostraba, ante todo, como la instancia en la cual los porteños (el pueblo) ocupaban el espacio urbano con el propósito fundamental de hace rse escuchar. La imagen del reclamo popular alzado contra un gobierno sordo y, a la vez, autoritario era lo suficientemente amplia como para incluir causas muy disímiles, desde la protesta de los estudiantes contra el proyecto de unificación en julio de 1901 hasta, por ejemplo, las reivindicaciones obreras que cobraban fuerza a comienzos del novecientos.

Las manifestaciones, fenómeno característico de la metrópoli moderna que era Buenos Aires a comienzos del siglo, motivaban en quienes las contemplaban sensaciones variadas, por momentos contradictorias.La inquietud que causaban la irrupción de nuevas presencias comportadas por el progreso (presencias anónimas, extranjeras, trabajadoras), se mezclaba con la perocupación por la supuesta pervivencia de resabios de un pasado que se creía y quería superado (la asonada, la sedición, las huestes movilizadas con fines subversivos)

Los diarios que se proclamaban “independientes” (y eran acusados de “opositores”) se convirtieron en los principales constructores y propagadores de esa concepción que los involucraba directamente, en tanto se presentaban como la caja de resonancia de las voces desoídas en las esferas gubernamentales.

Martín O. Castro, El ocaso de la república oligárquica: poder, política y reforma electoral, 1898-1912. capítulo 1 y 4.

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Capitulo 1

Traza los rasgos fundamentales del régimen político argentino durante esta coyuntura a partir de la constitución del Partido Autonomista Nacional (PAN) como partido hegemónico y su función como articulador de la política facciosa en la regulación de los conflictos intra elite, rescatando al mismo tiempo la importancia de los personalismos, de los acuerdos y de las prácticas de reciprocidad entre redes de amigos políticos para el funcionamiento de este sistema sin competencia partidaria. Por otro lado, para analizar los límites presentados por esta política facciosa en el marco del debate por la unificación de la deuda pública en 1901 que junto con la movilización de estudiantes, sectores medios porteños y la presión ejercida por la prensa, serían elementos que sentarían las bases de la fractura interna dentro del propio partido entre roquistas y pellegrinistas evidenciando así los límites de la política del acuerdo e inaugurando el debate sobre la necesidad de introducir cambios en la legislación electoral.

Capitulo 4

se analiza la llegada a la primera magistratura de Figueroa Alcorta luego de la muerte de Quintana y los elementos que le sirvieron a este político como punto de apoyo de su gobierno a través de la conformación de una coalición antirroquista, que lo que buscaba era otorgar una mayor circulación dentro de las elites de las provincias de aquellos personajes políticos que habían sido excluidos por la maquinaria impuesta por Roca. Sin embargo, la implantación de esta estrategia traerá aparejada una importante oposición por parte de los políticos provinciales y del Parlamento quienes se iban a ver desplazados ante la implementación de esta política de redistribución del poder, lo cual llevará a constantes crisis ministeriales y a la rivalidad entre el Ejecutivo y el Congreso. Relación que culminará con la clausura de las sesiones extraordinarias por parte del presidente cuyo objetivo será alcanzar mayoría propia y avanzar en el desmantelamiento de la estructura roquista

Eduardo Zimmermann, “La prensa y la oposición política en la Argentina de comienzos de siglo: el caso de ‘La Nación’ y el Partido Republicano.”

El comienzo del siglo veinte marcó un importante momento de transición en el sistema político argentino, controlado desde las dos década s anteriores por las fuerzas políticas lideradas por el entonces Presidente Julio A. Roca. En 1901, Roca perdió por cuestiones políticas a uno de sus principales aliados, Carlos Pellegrini, quien se convertiría desde entonces en uno de los pilares de la oposición al roquismo

Entre los grupos de oposición se destacaba el Partido Republicano liderado por Emilio Mitre, que como director del diario La Nación, contaba además del prestigio de su apellido, con un poderoso instrumento de influencia sobre la opinión pública porteña.

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La prensa política y la formación de la opinión pública

El extraordinario desarrollo de la prensa periódica argentina durante las últimas décadas del siglo diecinueve ha sido destacado en la historiografía del período.

La llamada "prensa política", se convirtió en un elemento central en el funcionamiento del sistema político del cambio de siglo.

Podemos delinear el papel cumplido por estos diarios de dos maneras diferentes. Por una parte, una interpretación de carácter puramente instrumental limitaría la función de la prensa política a la de una herramienta de propaganda necesaria a toda facción para alcanzar algún resultado político favorable. Estos diarios, cuya existencia dependía del sostenimiento económico que proveían esas agrupaciones políticas, se expresaban entonces "en favor o en contra más veces de un partido que de una idea

Pero al mismo tiempo, los diarios cumplían otras funciones dentro del funcionamiento del sistema político, eran una expresión de una nueva forma de "sociabilidad política", nucleando a talentosos escritores que hacían sus primeras armas y encontraban en los periódicos un vehículo disponible para sus ambiciones de reconocimiento político; y la circulación del personal entre los distintos diarios, según los nuevos alineamientos políticos, ilustraba ese papel de mecanismo de reclutamiento de las dirigencias partidarias.

Por otra parte, los diarios no limitaban su función a la de ser meros portavoces de esas dirigencias en las batallas políticas, sino que funcionaban como ámbitos de discusión y elaboración de las propuestas políticas a ser defendidas.

La participación de los diarios no sólo como canal de información, sino como instrumento formador de opinión y de ampliación del debate público, refleja que "la política era una cosa pública, que se hacía no sólo en los cenáculos del poder sino también en el seno de la opinión, comprendida ya como una cuarta fuerza del estado

Desde La Nación, en particular, la actuación del Partido Republica no sería vista como una genuina expresión de la opinión pública porteña, que anhelaba la purificación del sistema político que los mitristas venían a ofrecer, opuesta a la persistencia de vicios políticos que las oligarquías provinciales asociadas al oficialismo se obstinaban en mantener. La lucha que el Partido Republicano daría en el campo electoral en favor del programa de reforma institucional tendría como contracara la lucha que La Nacióndaría desde sus páginas en el campo de formación de la opinión pública en favor de ese mismo programa.

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Fundado por Bartolomé Mitre en enero de 1870, con una tirada inicial de 1.000 ejemplares, hacia principios de siglo el diario se había convertido en uno de los órganos más representativos de la prensa política argentina

El Partido Republicano.

El retiro definitivo de la vida pública del General Bartolomé Mitre en 1902, renunciando a su banca en el Senado, puso fin a la Unión Cívica Nacional, nacida tras los sucesos del Noventa, y por ende, al "Acuerdo" suscripto con el oficialismo.

Las fuerzas mitristas se reagruparon bajo el liderazgo de Emilio Mitre, dando origen en junio de ese año a un nuevo partido político.Este nuevo partido en julio de 1902 había tenido su primera asamblea, en la que se había formado una junta directiva que reunía a las figuras más importantes del mitrismo con dirigentes provenientes de otras fuerzas de oposición: José Evaristo Uriburu, Emilio Mitre, Guillermo Udaondo, Juan M. Garro, Juan Carballdo, Tomás Cullen, Norberto y Antonio Piñero, Miguel Tedín, Santiago O'Farrell, Emilio Frers, Lisandro de la Torre, Eleodoro Lobos, Mariano J. Paunero, Rafael Herrera Vegas, Julio Pueyrredón, Tomás de Anchorena, y otros.

La organización del partido se extendion desde Buenos Aires hacia las provincias del interior, y la lista de comités y clubs adherentes era permanentemente renovada en las páginas de La Nación.

Las elecciones de 1904

En estas elecciones, -para electores presidenciales, para senador nacional por la capital federal, y para diputados nacionales por la capital federal, se aplicó la ley 4161 que, sancionada en 1902, dividía a los distintos distritos en circunscripciones electorales, en un número igual al número de cargos a elegir en el distrito.

A comienzos de 1904 La Nación inició una campaña con dos objetivos. Por una parte una profusa información sobre el proceso de organización y expansión del nuevo partido que puede verse entre los meses de en ero y marzo, previos a las elecciones: listas de nuevos miembros y adherentes, dirección de clubes y comités formados con sus cuerpos dirigentes, actos y manifestaciones del partido, etc.

Por otra parte, una intensa campaña de oposición a la "candidatura de los Notables" que se extendía a un intento por movilizar las fuerzas opositoras dispersas

La Nación y el proteccionismo económico

La percepción de La Nación y de los republicanos como la expresión de una reacción contra el capital extranjero en la Argentina continuaría y se acentuaría en los años siguientes, particularmente, tras las elecciones de diputados por la Capital

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Federal de 1906, donde los mitristas triunfarían en alianza con el partido autonomista de Carlos Pellegrini, otra figura asociada al proteccionismo

La Nación retomó entonces su campaña en favor de la nacionalización de los servicios públicos, agregando otros elementos que reforzaban esa sensación de "cambio de clima" en materia de política económica, atacando "la peregrina teoría de que el estado es mal administrador y que conviene confiarlo todo al capital privado

Al mismo tiempo se abogaba por una política estatal mas firme contra los latifundios y a favor de una mejor distribución de la tierra, y se introducía a la dependencia económica como un serio peligro dado la participación del capital extranjero en los servicios públicos argentinos. finalmente se reclamaba expresamente la nacionalización de los servicios públicos (principalmente electricidad, teléfonos y ferrocarriles).

La Coalición Popular y la campaña electoral de 1906

Los autonomistas de Pellegrini y el partido Republicano habían conformado la llamada Coalición Popular, integrando una lista común de candidatos a diputados (el sistema uninominal por circunscripciones había sido abandonado) con muy prestigiosas figuras de la política porteña,

La Nación desarrolló durante la campaña electoral una prédica constante sobre la necesidad de que el gobierno garantizara la pureza del acto electoral, tras los compromisos asumidos por el presidente Quintana

Por enfermedad de Quintana, el vicepresidente Figueroa Alcorta había asumido efectivamente la presidencia al momento de las elecciones de marzo, y hacia él se volcaban los reclamos para el cumplimiento de las promesas hechas por Quintana.

La Nación sostenía que las reparticiones públicas estaban presionando a sus empleados para que entregaran sus votos a los candidatos indicados.

El diario intensificó su labor informativa y propagandística sobre la organización de los partidos de la coalición, y sobre las expresiones que la movilización política tomaba en la Capital Federal, y operaría el día de las elecciones como un instrumento de campaña de suma importancia. A la par ridiculizaba los frustrados intentos de la Unión Electoral por explotar los votos venales, el diario destacaba la disciplina y el entusiasmo cívico de los votantes de la coalición, elogio extendido también a los socialistas, tanto por su activa propaganda a través de carteles y panfletos como por la novedosa introducción de la presencia femenina en la campaña.

La crisis institucional y las elecciones de 1908

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Los conflictos entre el presidente Figueroa Alcorta, el gobernador Ugarte, los roquistas, y las demás fuerzas políticas alcanzaron un punto culminante en enero de 1908, cuando tras retirar los asuntos pendientes el presidente clausuró el Congreso, motivado principalmente por los obstáculos que los ugartistas habían colocado a la aprobación del presupuesto nacional. Las tensiones políticas aumentaron, y rumores de posibles levantamientos revolucionarios comenzaron a circular.

En ese contexto se llegó a las elecciones para diputados nacionales en marzo de 1908. El partido republicano, denunciando la política de fraude e influencia desarrollada desde la presidencia, decidió abstenerse de participar. La Nación se volcó a criticar enérgicamente los distintos ejemplos de influencia oficial en la elaboración de las listas de diputados y los casos de fraude ocurridos durante la elección

La prensa política del cambio de siglo se caracterizó por la conflictiva dualidad que marcaban sus funciones como herramienta partidista por una parte, y ámbito de elaboración y discusión de principios y doctrinas por otra,

La Nación no escapó a esa regla. Como instrumento del Partido Republicano, y de la Coalición Popular de 1906, el diario fue una eficaz herramienta de movilización de la opinión pública porteña, en un momento en el que la fragmentación y expansión de las fuerzas políticas de oposición, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, se constituyó en un elemento crucial del proceso de declinación y desaparición del sistema político roquista.

Como ámbito de discusión de principios políticos, La Nación defendió una línea reformista que, -coincidiendo con los ideales de renovación y purificación de la política buscados por el gobierno-, atacó duramente la persistencia de prácticas tradicionales, como el fraude electoral y la intervención del gobierno nacional en las provincias, elegidas como el camino más apto para asegurar el triunfo de los ideales de regeneración política

La Nación tenía de esa ambigüedad que condicionaba a los proyectos reformistas de comienzos de siglo: la coexistencia de ideales de transformación institucional y de una profunda desconfianza respecto a la capacidad de la sociedad para llevar adelante por sí misma esa transformación, que conducía inevitablemente al mantenimiento de los viejos vicios de la política a rgentina en un contexto de aparente renovación.

Unidad 9

Martín O. Castro, El ocaso de la república oligárquica: poder, política y reforma electoral, 1898-1912. Buenos Aires, Edhasa, 2012, capítulo 1, 4 y 5.

Capitulo 1

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Traza los rasgos fundamentales del régimen político argentino durante esta coyuntura a partir de la constitución del Partido Autonomista Nacional (PAN) como partido hegemónico y su función como articulador de la política facciosa en la regulación de los conflictos intra elite, rescatando al mismo tiempo la importancia de los personalismos, de los acuerdos y de las prácticas de reciprocidad entre redes de amigos políticos para el funcionamiento de este sistema sin competencia partidaria. Por otro lado, para analizar los límites presentados por esta política facciosa en el marco del debate por la unificación de la deuda pública en 1901 que junto con la movilización de estudiantes, sectores medios porteños y la presión ejercida por la prensa, serían elementos que sentarían las bases de la fractura interna dentro del propio partido entre roquistas y pellegrinistas evidenciando así los límites de la política del acuerdo e inaugurando el debate sobre la necesidad de introducir cambios en la legislación electoral.

Capitulo 4

se analiza la llegada a la primera magistratura de Figueroa Alcorta luego de la muerte de Quintana y los elementos que le sirvieron a este político como punto de apoyo de su gobierno a través de la conformación de una coalición antirroquista, que lo que buscaba era otorgar una mayor circulación dentro de las elites de las provincias de aquellos personajes políticos que habían sido excluidos por la maquinaria impuesta por Roca. Sin embargo, la implantación de esta estrategia traerá aparejada una importante oposición por parte de los políticos provinciales y del Parlamento quienes se iban a ver desplazados ante la implementación de esta política de redistribución del poder, lo cual llevará a constantes crisis ministeriales y a la rivalidad entre el Ejecutivo y el Congreso. Relación que culminará con la clausura de las sesiones extraordinarias por parte del presidente cuyo objetivo será alcanzar mayoría propia y avanzar en el desmantelamiento de la estructura roquista

Capitulo 5

el autor se inmiscuye en los mecanismos a partir de los cuales el gobierno de Figueroa Alcorta logró controlar las situaciones provinciales, diseñó la mayoría parlamentaria luego de la clausura del Congreso en 1908 y cómo la tendencia antirroquista se constituyó en la base para la construcción de una coalición que asegurara la candidatura de Sáenz Peña. Todo esto en un panorama que anunciaba la declinación definitiva del PAN y recurriendo a la utilización de mecanismos (intervenciones federales, negociaciones y acuerdos con los grupos dirigentes provinciales) que lo colocarán en la larga tradición de los gobiernos electores que había caracterizado al régimen desde 1880

Eduardo Zimmermann, Los liberales reformistas. La cuestión social en la Argentina 1890-1916.

Reforma moral, reforma política y reforma social.

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Uno de los factores que impulsaron el surgimiento de la corriente reformista liberal fue el legado de la crisis política y económica de 1890”.

El espíritu reformista se centró en la necesidad de transformar las instituciones y hábitos políticos del país y de introducir lo que se llamaba “una política de principios” identificada con los cambios producidos por la ley electoral de de 1912.

Desde distintas perspectivas la solución de la cuestión social fue percibida como otra faceta del proceso de regeneración moral y política que debía sanear al país.

El papel de los intelectuales.

Una característica de la corriente “academica” fue inspirar las ciencias sociales hacia los problemas prácticos (higiene, asistencia social, enfermedades, etc).

Muchos de los intelectuales o académicos no limitaron su estudio científico a la cuestión social. Sino que formaron parte de la instituciones de la época destinadas a la reforma social (Ramos Mejía, Ingenieros, Coni)

El museo social Argentino.

El Museo social argentino fue fundado en mayo de 1911 por Tomas Amadeo, un abogado y agrónomo de Buenos Aires.Argentina poseía los problemas de los países mas más avanzados, por eso era necesario inspirar las soluciones en las soluciones propuestas por esos países.

Estaba el MSA inspirado en el Musée Social francés.  Tuvieron contacto con sus miembros. Mabilleu y sus colegas argentinos ponían énfasis en el papel que el cooperativismo y el mutualismo tenían como respuesta a la cuestión social. No dejaban de lado el reclamo por un moderado intervencionismo estatal en materia social y económica.

El MSA volcó un fuerte apoyo a la difusión del mutualismo en la Argentina. La conexión entre las instituciones académicas y la reforma social tuvo una importante manifestación: la transformación del contenido de los cursos universitarios dedicados al estudio de las distintas facetas de la cuestión social.

Luciano De Privitellio, Representación política, orden y progreso. La reforma electoral de 1902”,

Al día siguiente de las elecciones de 1904, las primeras y únicas realizadas bajo el imperio de la ley electoral aprobada en 1902, La Prensa sentenciaba el fracaso de la reforma. Para los muchos lectores del matutino opositor no se trataba de una constatación sorprendente

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La Prensa no necesitó demasiada perspicacia en su pesquisa ya que esas maniobra destinadas a producir la victoria del oficialismo se realizaron, como en tantas otras ocasiones, sin mayor disimulo y con total desprecio por las normas legales, tal vez con la única excepción de la ciudad de Buenos Aires.

El escaso éxito de la reforma no alcanza para opacar el hecho de que la misma fue pensada como una solución a lo que desde 1890 era considerado por muchos como uno de los más graves problemas de la política argentina: la ausencia de lo que se denominaba libertad electoral

La reforma roquista no se limitó a la cuestión electoral. Por el contrario, la ley electoral fue parte de una batería de proyectos de primordial importancia como la ley de Servicio Militar Obligatorio o el Código de Trabajo.

En agosto de 1902 el PEN presentó en la Cámara de Diputados un ambicioso proyecto de ley de reforma que trastocaba integralmente el mecanismo que había regido la práctica electoral de la Argentina. En términos generales, el proyecto establecía un sistema de escrutinio por circunscripción uninominal para la elección de diputados, para lo cual proponía dividir la Argentina electoral en 120 circunscripciones; para el caso de los electores de presidente, prescribía un sistema mixto: dos por circunscripción y cuatro que serían elegidos por la totalidad de las circunscripciones de la provincia.

A fines de 1902 la ley fue finalmente aprobada y rigió el comicio presidencial y legislativo de 1904. Sin embargo, el presidente Quintana envió rápidamente un proyecto que derogaba la reforma y volvía a la normativa anterior. En julio de 1905 la derogación fue aprobada y la circunscripción uninominal quedó en el olvido hasta que casi medio siglo más tarde fuera desempolvada en unas circunstancias políticas muy diferentes

La reforma electoral de 1902 ha recibido escasa atención por parte de los historiadores, lo que tiene su explicación en el hecho de que sólo fue utilizada en una única elección

El orden y el progreso frente a la crisis de representación

El proceso reformista que culminó con la aprobación de la nueva ley electoral se basó en un diagnóstico ampliamente compartido. Todos los que propusieron algún tipo de modificación de la ley electoral se refirieron en reiteradas ocasiones al pasado reciente de la Argentina para mostrar cómo un régimen político que había sido vanguardia del progreso había llegado a una especie de callejón sin salida

El progreso, hijo del orden impuesto en 1880, ha permitido que veinte años más tarde la Argentina sea una sociedad mucho más compleja, moderna y desarrollada que aquella que existía en 1880 y que justificaba un régimen político autoritario y restringido

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Los principios de orden y progreso habían sido asociados dos décadas atrás con la eliminación de la política facciosa sobre la base de una rígida imposición de la autoridad del estado y, en última instancia, del presidente. Al comenzar el nuevo siglo, en cambio, se reconocía si no el fracaso, al menos el agotamiento de ese modelo que desde 1890 no dejaba de mostrar sus crecientes fisuras, sin embargo, no se desviaba de los objetivos centrales propuestos en 1880.

El repertorio de las soluciones

la herramienta clave para lograr la reconstrucción de los lazos entre sociedad y política se encontraba en la implantación de un sistema de circunscripción uninominal

Como puede advertirse, la circunscripción no es exclusivamente un recurso técnico para, tal vez, simplificar la forma de autorización de las autoridades electas, sino que representa para González una verdadera revolución de las costumbres políticas realizadas a través de la ley. La clave de este cambio virtuoso es la drástica reducción de la escala de producción de la representación política. Esta reducción es, a su vez, el paso crucial para reconstruir el tejido representativo al menos por dos razones

En primer lugar, porque González identifica la circunscripción electoral con una comunidad local. La división del país en 120 circunscripciones derivaría en la inmediata identificación de otros tantos centros directivos de la opinión. De esta manera era posible crear una representación real y legítima de la sociedad en la política, toda vez que los verdaderos núcleos vivos de la opinión y los intereses se manifiestan también en una instancia local. Así, la circunscripción vendría a dar cuenta en el plano de la política de una organización previa de la sociedad que se desarrolla esencialmente en una dimensión local.

Aunque González reconoce que una circunscripción podría englobar más de una opinión o un interés, también considera evidente que en esa escala siempre habría uno que sería el predominante y que, naturalmente, debería ser el representado.Así como la circunscripción es presentada como la manifestación política de un espacio social local en última instancia homogéneo, la heterogeneidad del parlamento sería el resultado de la propia heterogeneidad de las opiniones representadas por la suma de cada una de las 120 circunscripciones. De este modo quedaba garantizado el ingreso a la cámara de todos los intereses de la nación, tanto de aquellos que formarían una mayoría como de los que serían minoría. Al incorporarse todos ellos a las instancias de gobierno electivas, ya no existiría la necesidad de la violencia como forma de protesta contra las formas de exclusión artificiales

En segundo lugar, la reducción de la escala de la representación en una circunscripción identificada con una comunidad local generaba una nueva forma de producción de la representación que era garantía de su indiscutible transparencia

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Intereses y opiniones ¿qué es lo que se debe representar?

Hasta aquí hemos mantenido una confusión acerca de qué es aquello que debe ser representado, de allí el uso conjunto de los términos opinión e interés

La transparencia de la representación, atribuida en principio a la reducción de la escala de su producción, supone también un nuevo enfoque acerca de qué es lo que debe ser representado. Ya hemos mencionado una de las bases que obtienen este debate, es decir, la creciente insatisfacción que está lejos de ser sólo una situación de la Argentina- de aquellos criterios representativos que, definidos como Aritméticos o simplemente políticos, están basados en el principio individualista del ciudadano-elector y la voluntad general de la nación

La calidad de los electores

La concepción a la vez comunitaria y gremial de la representación le permite a González resolver otro de los problemas que aparece recurrentemente en los debates sobre leyes electorales: el de la calidad de los electores. Uno de los objetivos propuestos del proyecto es promocionar la participación electoral por la vía de una representación más directa. Al decir de Pellegrini, defensor de la ley en la cámara de senadores, especialmente se buscaba atraer a esas clases conservadoras a las que la violencia aparta de la política,

Pero también se advierte que de ampliarse la participación electoral esos no serían los únicos potenciales electores que se sumarían a las prácticas comiciales, por el contrario, las cifras serían menos optimistas. Según sostiene, de la totalidad de los potenciales electores casi la mitad eran analfabetos y sólo una proporción muy baja estaba compuesta por hombres capaces de tener alguna independencia, de vivir de su trabajo

Una nueva clase política

A pesar de lo dicho en el apartado anterior, los debates sobre la calidad de los electores ocupan un espacio muy limitado en comparación con las discusiones que revelan la preocupación por la calidad de los elegidos. El diagnóstico que quería ver a la política funcionando como una rueda loca como consecuencia de una debilidad representativa tenía su correlato en un déficit de la propia clase gobernante. Es ésta la que motoriza los fraudes, la que marcha a las revoluciones, la que alienta la violencia electoral, la que protege a los oscuros caudillos, la que compra votos.

Por deferencia y por real convicción, la clase gobernante se auto eximía de las culpas, pero eso no hacía menos grave la situación de esa clase. También los eximía de culpa, porque la solución que proyectaba no era exactamente su completo reemplazo sino su acotamiento. En adelante, por virtud de la nueva ley,

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la tradicional clase política debería compartir el poder con nuevos miembros capaces de renovarla por completo

Los intereses conservadores serían representados por nuevos hombres, cuyo interés ya no sería el faccionalismo político disruptor del progreso, sino el crecimiento de los gremios representados quienes, a favor del conocimiento directo, mejor pueden representar ese interés, presupone un importante cambio en la clase política.

Este cambio estaría reflejado por una modificación del origen profesional de los representantes: frente a un parlamento repleto de leguleyos, se imagina un parlamento más heterogéneo, donde comerciantes, industriales y obrero defiendan sus propios intereses.

De esta manera se cierra el razonamiento: un interés predomina a nivel local, la circunscripción recoge esa realidad para convertirla en objeto de representación, la sociabilidad real permite que sea seleccionado el mejor vocero de ese interés, ese vocero mejoraría la calidad de la clase política

Sin embargo para el roquismo en general la crisis representativa no es resultado de la mediocridad de los representantes sino del aislamiento de la política que es, a su vez, causa y efecto de la violencia política, la preocupación principal de su reforma no es tanto consolidar un parlamento de notables que ya consideran existente sino modificar la naturaleza de esos notables. Los industriales y los comerciantes, a diferencia de los doctores, son garantía de la paz; todos ellos, sin distinción, son garantía de la notabilidad.

Qué partidos políticos?

Lo partidos parlamentarios son totalmente ajenos al problema crucial de la política que la reforma busca resolver: los alineamientos partidarios de la clase política ya existente en el Parlamento son prácticas que nada tiene que aportar a la mejora de los criterios de representación, es decir, en la reconstrucción de lazos sólidos entre la sociedad y la política. El partido y la elección nada tienen que ver

Quienes defienden la importancia de la existencia de partidos electorales, advierten las complicaciones que el régimen uninominal traería para ellos

Conclusión

La reforma de 1902 ha sido muchas veces analizada como un simple antecedente de la de 1912. Del mismo modo, se ha sostenido que las razones fundamentales de la misma eran las presiones exteriores sobre el régimen político: por un lado los conflictos sociales (en especial las huelgas proletarias), por otro la de grupos políticos que, como la UCR, han sido abusivamente presentados como exteriores a ese régimen.

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Sin embargo, hemos intentado mostrar que la reforma propuesta por González tiene poco que ver con estos problemas y apunta a resolver una cuestión central según el diagnóstico de un roquismo sumamente debilitado frente a las facciones opositoras: el extremo faccionalismo y el gusto por la violencia de la propia clase política.

La principal preocupación del Roca y sus colaboradores era la misma que había preocupado al presidente en 1880 cuando asumió la magistratura por primera vez: el orden como garantía del progreso. Y al igual que en aquella ocasión, la principal amenaza contra el orden no son precisamente los conflictos sociales, sino el comportamiento faccioso. La novedad durante su segundo mandato no se refiere tanto el objetivo buscado como al mecanismo ideado para alcanzarlo: esta vez ya no es la implantación de un gobierno autoritario que suspenda la política facciosa, sino una reforma de la ley electoral que permitiera vincular a la sociedad –una sociedad bien diferente a la de dos décadas atrás-con la política

Como un síntoma más de la debilidad política de Roca, la reforma electoral tuvo una vida muy breve. Sin embargo, la pérdida de poder del presidente no es la única razón del fracaso de su iniciativa. La noción de la representación electoral de intereses parece ser demasiado ajena a la cultura política argentina como para poder imponerse de modo consensuado

Unidad 10

Martín O. Castro, El ocaso de la república oligárquica: poder, política y reforma electoral, 1898-1912. Capítulo 6.

Capitulo 6

Castro trabaja los años finales del régimen conservador durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, las relaciones entre éste y las facciones políticas aliadas cuyo único lazo lo constituía su crítica a la política roquista, los cambios en los realineamientos de estos grupos en el momento de la presentación de los proyectos de reforma electoral y la dificultad que encontrarán estas fuerzas conservadoras para superar su faccionalismo frente a la negativa del presidente de involucrarse en la política partidaria y formar un partido político unificado y cohesionado que pudiera enfrentar al partido Radical. Como expresa Castro, debido a la ausencia de un encuadre partidario la política entre los años 1910 a 1912 se vio limitada a la disputa entre el presidente y el Congreso y a la presión ejercida por el gobierno central para elegir gobernadores con el fin de ganar el apoyo necesario para sancionar la ley.

Martín O. Castro, “Los católicos en el juego político conservador de comienzos del siglo XX: reformismo electoral, alineamientos partidarios y fragilidad organizativa, 1907-1912

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Los proyectos de constitución de partidos políticos de inspiración católica a lo largo del denominado orden conservador encontraron una serie de limitaciones y dificultades que conspiraron contra la voluntad de una parte considerable de la dirigencia laica de adoptar estrategias tendientes a la unificación de la acción política de los católicos dispersos en el universo faccioso conservador.

A comienzos del siglo XX, la actuación política de los notables católicos que participaban de la declinante republica oligárquica se verá beneficiada nuevamente de un contexto de fluidez del escenario político (consecuencia del debilitamiento progresivo del roquismo), en el que aquellos encontrarían puntos de contacto con el surgimiento de la coalición saenzpeñista Unión Nacional en 1909

Compartían con Roque Saenz Peña trayectorias consistentes en la oposición antirroquista a la vez que expresaban también coincidencias más profundas sobre la necesidad de responder a los desafíos de la denominada “cuestión nacional” y de implementar un programa de reforma política que acabara con el control de los mecanismos de gobierno por parte de los profesionales de la política

En la Argentina (y específicamente en la ciudad de Buenos Aires) los intentos de algunos católicos de dar forma a un partido que expresara una cierta visión católica de la política continuarían manifestando el peso de una tradición que se había construido en el siglo XIX como respuesta a embates anticlericales y al avance secularizador del estado

En 1912 los temores de que el socialismo y los “votos uniformados” de los nuevos partidos políticos pusieran en riesgo el principio de la conservación social en la ciudad de Buenos Aires ya habían jugado un rol clave en la decisión del diario católico más importante de la ciudad de articular una liga electoral con la intención de favorecer la elección de representantes de “todos los partidos del orden”,como forma de adaptarse al nuevo escenario político diseñado por la nueva ley electoral

Los intentos de los notables católicos de dar forma a un partido político (el Partido Constitucional) en los años siguientes a la sanción de la ley Sáenz Peña han recibido escasa atención de parte de una historiografía que ha tendido a analizarlo como una empresa fracasada de tendencia conservadora subordinada a la directa influencia de Monseñor Miguel de Andrea y de escasa relevancia, exponente a su vez de los obstáculos que los grupos “demócratas cristianos” encontrarían en su desarrollo en la ciudad de Buenos Aíres frente al avance electoral del Partido Socialista en la ciudad de Buenos Aires, en un contexto de movilización en las calles de diversas formas del asociacionismo católico. Es, en este sentido, un proyecto político más ambicioso que el de la Unión Patriótica de 1907, que incorpora representantes de ámbitos más amplios de las elites dirigentes y sociales (notables católicos, políticos conservadores, militares en situación expectante, representantes de las clases propietarias, figuras ascendentes del campo académico e intelectual) y que da vida a campañas políticas que adelantan una serie de tópicos que serán agitados en coyunturas de conflictividad social

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posteriores, en particular a partir de la posterior formación de la Liga Patriótica Argentina en 1919.

El Partido Constitucional: alianza conservadora, fragilidad institucional y catolicismo social

La exploración de los intentos de articulación política de los católicos en la ciudad de Buenos Aires a finales de 1913 y comienzos de 1914 acerca dos primeras conclusiones: en primer lugar, la dimensión de la movilización en las calles de las asociaciones católicas y su considerable influencia en la decisión de los notables católicos de conformar el Partido Constitucional. en segundo lugar, los esfuerzos de parte de la dirigencia católica por conformar una coalición política que incluyera a los sobrevivientes dispersos del universo faccioso conservador y a sectores de las clases propietarias articuladas en comités políticos corporativos

Con la sanción de la ley electoral Sáenz Peña en 1912, las demostraciones callejeras adquirieron una nueva significación que, en principio, no se construía como en el pasado en conflicto con la política electoral anteriormente caracterizada por diversas formas de fraude y control electoral, sino que aportaba a las asociaciones y partidos nuevas formas de legitimación y de apelación a la opinión pública no contrapuestas con la esfera electoral Con la sanción de la ley electoral Sáenz Peña en 1912, las demostraciones callejeras adquirieron una nueva significación que, en principio, no se construía como en el pasado en conflicto con la política electoral anteriormente caracterizada por diversas formas de fraude y control electoral, sino que aportaba a las asociaciones y partidos nuevas formas de legitimación y de apelación a la opinión pública no contrapuestas con la esfera electoral

se desprenderán en los días posteriores los lineamientos para la formación del Partido Constitucional: la agrupación incluirá en su programa propuestas provenientes del catolicismo social pero dejará claramente señaladas las “grandes líneas divisorias” que lo separaban del socialismo como forma de apaciguar a aquellos sectores más reticentes a cualquier estrategia de reformismo social : “Dios, patria, familia, propiedad. Todas las sociedades civilizadas gravitan sobre esas bases esenciales...El socialismo las ha borrado íntegramente de su programa, sin poder substituirlas por valores equivalentes

Los constitucionales y la prensa católica en particular no harán esfuerzo alguno por ocultar el carácter anti socialista de la campaña electoral. Sin dudas, para los notables católicos el enfrentamiento con el Partido Socialista no obedecía simplemente a temores de que éste alcanzara una representación parlamentaria suficiente como para posibilitar el debate en el Congreso de su “programa-panacea”, temores compartidos parcialmente por sectores de la elite política. Para la dirigencia católica el rechazo político del socialismo también se justificaba lógicamente en la consecución de una agenda específicamente católica y, en este sentido, las razones de aquel enfrentamiento se percibían con claridad en las

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campañas de propaganda organizadas por católicos y socialistas en relación al mantenimiento o disminución del presupuesto de culto

Las negociaciones iniciadas entre el Partido Constitucional y otras fuerzas conservadoras como los cívicos y el Comité de industria y comercio con el objeto de conformar una concentración conservadora capaz de enfrentar a los “elementos exóticos y disolventes” serán bien recibidas por parte de la prensa metropolitana

En sus comienzos, la agrupación surge marcada por el signo de la provisionalidad, es decir, se lanza el proyecto político sujeto a las consecuencias de los resultados electorales, y en esto no parece diferenciarse de otros proyectos católicos de articulación política como la Unión Patriótica.

Para una agrupación en proceso de formación que procura establecer una red de comités en plena campaña electoral (y que consecuentemente no puede remitirse a una tradición ni a reglas de juego internas preestablecidas), los trabajos electorales dependen del éxito de un proceso de reclutamiento a nivel parroquial y esto se ilustra en la preocupación que el diario católico El Pueblo demuestra en describir las exploraciones exitosas en las circunscripciones y la presencia de una “opinión general favorable” a la penetración territorial del partido.

La prensa liberal (La Naciónpor caso) da cuenta del éxito de las movilizaciones callejeras de los constitucionales tanto de aquellos que acompañan la inauguración de comités como de los actos finales de campaña, si bien está lejos de acompañar la euforia de la prensa católica que cree avizorar en ellos el anuncio de un seguro triunfo electoral

A la formación de los comités sigue generalmente la realización de manifestaciones o desfiles por las calles de la parroquia en los que se enfatiza el carácter nacionalista del partido y, recurriendo a la distribución de sueltos producidos por comités barriales, se rechaza la acusación de conformar un partido de “jesuitas y clericales”

Las ambigüedades de la prensa católica en relación a la participación de las asociaciones católicas en la campaña del Partido Constitucional y la polémica con los cívicos en torno a las diferencias entre los modelos de coalición o partido nacional a construir entre los restos del universo conservador (progresismo liberal o concentración nacionalista con rasgos confesionales ) pondrían límites a las posibilidades de éxito electoral de los constitucionales

El momento en que el Partido Constitucional aparece en la ciudad de Buenos Aires se explica a partir de las intenciones de sus fundadores de procurar aprovechar un ambiente favorable entre las antiguas facciones conservadoras hacia la construcción de una eventual coalición de fuerzas y en ese sentido comparte algunas similitudes con el contexto posterior en que se dan las largas negociaciones conducentes a la aparición del Partido Demócrata Progresista.

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En este sentido, forma parte de un escenario que parece alentar el reagrupamiento de las facciones sobrevivientes del régimen oligárquico en el ámbito porteño con sectores de las clases propietarias alarmadas frente al crecimiento del Partido Socialista, escenario que luego perderá su urgencia frente a la aceptada moderación de los socialistas argentinos Los constitucionales también reflejan una crítica a las formas de hacer política de finales de la república oligárquica y encarna un cierto escepticismo sobre algunos aspectos de la nueva legislación electoral que dificultan la performance electoral de las antiguas facciones políticas dispersas, incapaces de competir con el radicalismo y el socialismo porteño

Cambios de rumbo: las elecciones presidenciales de 1916 y los dilemas de los constitucionales

La inquietud entre sectores conservadores frente al crecimiento de los partidos “extremos” en la capital federal se manifestó inmediatamente después de los primeros ensayos electorales. Roque Sáenz Peña había advertido a los partidos tradicionales sobre la necesidad de abandonar “la lucha en orden disperso” y abrazar la causa de la disciplina partidaria.

En el mes de marzo de 1913 un nuevo triunfo electoral socialista en las elecciones porteñas (esta vez con amplitud sobre el radicalismo) había instalado las sospechas de un intencionado traspaso de votos hacia los candidatos socialistas coordinado por los caudillos conservadores

En este contexto, la prensa y notables católicos argumentarían la necesidad de introducir la representación proporcional como forma de garantizar la presencia en el parlamento de las facciones políticas dispersas, propuesta que ya había sido incorporada en el programa de los constitucionales en 1914 y que se encontraba en sintonía con el análisis de las consecuencias políticas de la ley Sáenz Peña

los resultados obtenidos en las elecciones de 1914 resaltaban la negligencia de los sectores conservadores que, no solo, habían abandonado la tribuna callejera a los socialistas que de esta manera habían esparcido sus “utopías en el seno de la clase obrera”, sino que también (y quizás más importante) habían profundizado su proceso de fragmentación política impidiendo la unión de los núcleos dispersos negándose a advertir la seriedad de la amenaza que para la sociedad argentina representaba el “peligro rojo” socialista.

Durante el breve período comprendido entre la sanción de la Ley Sáenz Peña y las elecciones presidenciales de 1916–con sus características transicionales entre dos sistemas electorales (del sufragio de lista completa que predominó durante el régimen oligárquico al establecimiento del sistema de representación de minorías diseñado en la ley Sáenz Peña que combinaba la pluralidad con la proporcionalidad)-las diversas facciones asociadas a los restos del universo conservador expresarán una constante incertidumbre sobre el rumbo y estrategia

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a adoptar: continuación de las antiguas rivalidades facciosas (que significa relativizar el impacto en el largo plazo de las victorias electorales socialistas y radicales), intentos infructuosos y poco exitosos de „concentraciones conservadoras‟ o, finalmente, traspasos territoriales y esfuerzos acotados dirigidos a beneficiarse de circunstancias particulares y legislaciones electorales provinciales más generosas que la Ley Sáenz Peña. El Partido Constitucional perseguirá con suerte dispar los dos últimos caminos señalados. En 1914 intentará congregar a una miríada de grupos conservador es (que respondían a tradiciones políticas también diversas) en una concentración nacionalista que enfrentara a la amenaza que , a los ojos de los constitucionales, un éxito del Partido Socialista porteño podía reencarnar: los riesgos del internacionalismo y las agresiones contra la nacionalidad.

Las dificultades halladas por constitucionales y cívicos en alcanzar acuerdos coyunturales por encima de las tensiones a las que las respectivas tradiciones político-ideológicas daban contorno (catolicismo político con tintes clericales versus liberalismo reformista y progresista, al decir de los involucrados) y el consecuente y predecible fracaso en constituirse en segunda minoría que asegurara representación parlamentaria en el distrito federal, alejaría, tempranamente a los primeros de la disputa electoral en el ámbito porteño y los llevaría a explorar las oportunidades brindadas por la representación proporcional en la provincia de Buenos Aires, en tiempos de abstención electoral del radicalismo bonaerense. La estrategia electoral trazada por los políticos constitucionales que sobreviven la crisis interna de 1915 –provocada por el debate sobre las alianzas apropiadas para la elecciones presidenciales de 1916 y por las disputas entre notables y caudillos locales adquirirá características vacilantes y ambiguas que incidirán profundamente sobre la solidez de una organización que había surgido dominada por el sobredimensionamiento de las posibilidades electorales de la movilización política de los sectores católicos, particularmente de los CCOO

La decisión de priorizar la obtención de la representación legislativa descuidando la construcción de un entramado organizativo que garantice la continuidad del partido político ayuda también a explicar las dificultades que los constitucionales encontrarían en sus fluctuantes intenciones de dar forma a un proceso de institucionalización partidaria-el fracaso del experimento constitucional tiene evidenteme ante sus dimensiones electorales, que se tornan más evidentes sobre todo cuando se contrastan los resultados con las expectativas. Sin embargo, puede argumentarse que sus raíces más profundas se encuentran en la dificultadde los notables católicos en concretar una concentración conservadora en la que también confluyeran los restos del viejo orden conservador y miembros de las clases propietarias en un intento por capitalizar la movilización en las calles de los peregrinos/ manifestantes de 1913-1914 sumados a los restos del universo conservador que no llegarían a asignar al socialismo los rasgos de una amenaza de consideración al orden social y político

Fernando J. Devoto, “De nuevo el acontecimiento: Roque Sáenz Peña, la reforma electoral y el momento político de 1912

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La reforma electoral aprobada en 1912, conocida como Ley Sáenz Peña, fue, sin duda, un hecho significativo de la historia política de la Argentina. Vino a coronar la necesidad de reforma pregonada por algunos connotados hombres de la elite. Frente a las evidencias sobre la escasa participación ciudadana en los actos electorales y los elevados niveles de corrupción que habían alcanzado las prácticas cívicas y políticas, la reforma aspiraba a resolver la crisis de representatividad y tratar de acercar la sociedad a la política a través de la transparencia de los futuros comicios. De esta manera, la reforma debía convertirse en un imperativo capaz de regenerar la política y transformar la sociedad en una protagonista principal de esas nuevas prácticas

Los conflictos intestinos al interior de las facciones Radicales y Conservadoras, las distintas disputas entre los Gobiernos Provinciales y el Estado Nacional, así también como la Reforma Electoral efectuada por Sáenz Peña, los consideramos útiles para comenzar a entender la política argentina desde dinámicas de poder más genuinas. Entendemos axiomático estudiar los procesos desde una mayor profundidad, intentando captar la realidad de ciertas mecánicas políticas. Nuestra intención pues, resulta provocar un corrimiento de las declamaciones retóricas y de determinadas etiquetas ingenuas aplicadas por ciertos sectores. Porque de no hacerlo, el análisis político de la historia se encontrará – a nuestro entender - condenado al anacronismo. 

La Reforma Electoral de 1912 como un recurso político altamente efectivo. La misma resultó una Revolución en las dinámicas y basamentos políticos, pero inspirada en un ideal de cambio progresivo por lenta evolución del sistema. Esto es, consideramos que el objetivo primario de los impulsores de la Reforma resultaba la eliminación de una Adversario tan poderoso como Roca, pero a su vez intentando no transformar sustancialmente el perfil oligárquico y cuasi restrictivo del Régimen. Para esto, la Reforma erigirá una multiplicidad de nuevos selectores - por definición – minoritarios. Es decir, intentará crear pequeños y débiles actores con potestad electiva/designativa, que tuviesen el poder y la novedad suficiente para fragmentar las bases Coalicionales provinciales de Roca, pero que a su vez sufrieran una debilidad estructural – sistema de lista incompleta – que los condenara a una “eterna minoridad”. Así, Sáenz Peña creía conseguir su doble objetivo, mediante un mismo accionar: eliminar a Roca con la institucionalización de “nuevas minorías” y contener a esos “nacientes” grupos con cierto carácter oligárquico, propio de Roca. Así, la de Sáenz Peña nos resulta una inteligente, efectiva y hábil maniobra política, que fracasó por triunfar.

Finalmente, esto nos permitiría  reflexionar que si lo que verdaderamente se encuentra en juego resultase el mantenimiento de la estabilidad y cohesión de la Coalición de Gobierno, o más aún, la supervivencia política, no importará efectuar una intervención federal contra un “aliado” o una Reforma Política contra el mismo Régimen del que uno es parte. Esto es, frente a la supervivencia, no existen ideales democráticos, ideologías superadoras, principios rectores. Sólo medios, estrategias y maniobras políticas para la creación de Coaliciones de Gobiernos

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más resistentes, que consigan equilibrar su tamaño y distribuir eficientemente bienes, para crear una intensa lealtad hacía el Líder, y retardar así la inexorable derrota del tiempo. En efecto, consideramos vital aprehender a la supervivencia política en tanto la verdadera pulsión coalicional. Los colores partidarios, los “ideales democráticos”, la “mentalidad reformadora-modernista”, la pertenencia social, sólo resultan ropajes con los que se vestirá una silenciosa búsqueda de la “respiración política”.

Unidad 11

Luciano de Privitellio, “Partidos políticos”

Las investigaciones sobre los partidos políticos argentinos suelen transitar dos carriles que no siempre encuentran un lugar apropiado de intersección. Por un lado, el estudio de las estructuras de los partidos, las redes de comités, los órganos de gobierno, las líneas internas y los liderazgos. Por otro, la vinculación de estos partidos con la sociedad, lo que suele indagarse a través del análisis de las ideas y las medidas legislativas o de gobierno propuestas por el partido, y a través del estudio de sus dirigentes, sus militantes y, fundamentalmente, sus bases electorales.

La sociedad a la que se pone en función con la política es descripta en función de clases sociales fundamentales-burguesía, clase media, clase obrera- cuya entidad como actores se discute escasamente. Las preguntas sobre la política se resumen en la capacidad de determinados movimientos, partidos o asociaciones para representar a estos actores básicos o a una fracción de los mismos, lo cual, a su vez, supone una concepción implícita de la representación política entendida como la canalización de intereses, identidades y valores presentes en una instancia socioeconómica previa a la práctica de la representación.

El debate sobre los orígenes del peronismo, por ejemplo, se concentró en responder si ese movimiento representaba los intereses de nuevos o viejos obreros.

Este criterio de análisis supone una concepción global de la realidad social que fue por demás común hasta los años setenta. Una fuerte visión compartimentada de los niveles del análisis histórico -económico, social, político, cultural- deviene en la natural construcción de una serie causal ascendente que iría de la estructura económica a la política.

Los actores de la historia no pueden ser otros que las clases fundamentales, es decir, aquellas que se identifican en el plano socioeconómico, mientras que a la política sólo le queda representar de un modo más o menos transparente, según los casos, los intereses generados en estas instancias previas. Las versiones más matizadas de esta concepción incluyen la consideración de una autonomía relativa de lo político (autonomía que, de todos modos, si gue presuponiendo un esquema compartimentado y su lógica causal) y, en lo que respecta a los actores, la

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consideración de sectores o fracciones de clase, ambos recursos destinados a acomodar las rigideces del modelo a las complejas situaciones empíricas.

Aunque la historiografía internacional y nacional de los últimos treinta años ha elaborado un arsenal de recursos metodológicos que permiten poner en cuestión estos enfoques e interrogar a los partidos políticos de forma más compleja, rica y variada, algunos estudios sobre la vida política argentina todavía se desarrollan siguiendo estos esquemas. Tal el caso de un grupo de trabajos que analizan la relación entre sociedad y política sobre la base de lo que llaman la debilidadde la democracia en la Argentina.

Aunque esta debilidad es atribuía a diversas causas, todas ellas confluyen en la escasa articulación entre política partidaria y sociedad. La incapacidad del sistema de partidos y, por extensión, del Parlamento como mediadores entre la sociedad civil y la sociedad política daría por resultado el sobre dimensionamiento de una trama de mediaciones corporativas que, a su vez, haría fracasar el funcionamiento de la democracia.

La debilidad del sistema de partidos resultaría de su escasa capacidad para representar las clases sociales lo que, en parte, sería a su vez consecuencia de la fuerte movilidad social que diluye estas identidades. “Así, los partidos políticos no se hacen sólidos, se disgregan o fracturan, se separan de las clases.

Este análisis parte de varios presupuestos que rara vez son sometidos a discusión. En primer lugar, la propia naturaleza de aquello a lo quese llama democracia, asociada con el régimen institucional prescripto por la Constitución de1853. Aunque no es objeto de estas líneas, cabe señalar que la noción de democracia así entendida es, al menos, una concepción un tanto limitada que ignora que la democracia es fundamentalmente un principio de legitimidad (la voluntad popular) y una idea específica acerca de la comunidad y los individuos que la componen (el pueblo/nación y los ciudadanos). Si una determinada continuidad institucional fuera la única forma de concebir la democracia, tendríamos que aceptar que en buena parte del mundo occidental la democracia ha sido débil hasta la segunda posguerra.

Pero el punto que nos interesa discutir aquí es el del rol de los partidos políticos, a los cuales se atribuye una función predeterminada para, luego, analizar su fuerza o su debilidad según su capacidad para adaptarse a ese modelo. Según una cita de Alberto Melucci con la cual Waldo Ansaldi refuerza la perspectiva metodológica de uno de sus tantos trabajos sobre la política posterior a la reforma, los partidos tienen una doble función “como actor del sistema político y al mismo tiempo como canal para las demandas que se forman fuera de él”

Dado que los partidos argentinos no parecen cumplir la función preestablecida de mediación de una sociedad concebida en términos de clase, la conclusión no es el cuestionamiento del modelo, sino la elaboración de una hipótesis que postula su supuesta debilidad. Hipótesis curiosa: en primer lugar, porque nos permite saber lo

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que los partidos no estarían haciendo y, en cambio, ayuda poco a conocer lo que efectivamente realizan; en segundo lugar, porque los criterios y la s prácticas representativas de los partidos políticos en las democracias más sólidas de Occidente no parecen diferir demasiado de los desarrollados por los partidos argentinos. La convicción de que la vinculación entre la sociedad y la política partidaria estaba rota no es novedosa y reconoce sus antecedentes en los propios actores de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Un análisis sobre esta preocupación y las soluciones propuestas permite iluminar de una manera más matizada y menos sometida a modelos preconcebidos algunos de los aspectos más relevantes de la relación entre la sociedad, los partidos y la representación política en la Argentina posterior a la reforma.

La paulatina ampliación de los electorados, un proceso que lentamente se fue imponiendo en Occidente a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, modificó radicalmente las reglas del juego de la política. La necesidad de recolectar el mayor número de votos posibles para acceder a los cargos de gobierno –aún cuando casi todos los regímenes excluían algunos de estos cargos de la preferencia electoral-obligó a los elencos políticos a imaginar y desarrollar nuevas prácticas. La aparición de los partidos políticos modernos es una consecuencia directa de la ampliación y eventual universalización del sufragio. Fenómeno relativamente reciente, los partidos surgieron inicialmente Estados Unidos e Inglaterra –es decir, en aquellos casos donde la sociabilidad política se encontraba más madura y desarrollada, e incluía a amplios sectores de la población- y luego en otros países de Europa y del resto de l mundo. Por esta razón, no llama la atención que de la fértil cantera del pensamiento político del siglo XIX sólo unas pocas líneas se orientaran a reflexionar sobre la cuestión de los partidos y que sólo al iniciarse el siglo XX aparecieran las grandes obras dedicadas a estudiar su funcionamiento (R. Mitchels, M. Ostrogorski, M. Weber).

La Argentina no fue una excepción. En este caso, gran parte de las miradas sobre los partidos y la representación fue desplegada a partir de las claves interpretativas propuestas por las diversas variantes del reformismo. Aunque quienes aseguraban que la sociedad y el régimen político debían ser reformados no necesariamente coincidían en la naturaleza específica de esas reformas, en cambio, concordaban acerca de cuálera la razón fundamental que debía impulsar a dichas reformas. Este diagnóstico compartido sostenía que la brecha entre la sociedad y el sistema político se estaba ensanchando peligrosamente, lo que daba lugar a un comportamiento autónomo y escasamente racional de los actores políticos. La imagen de una vida política comparable a una rueda loca girando sin sentido era concebida como una patología que ponía en riesgo el progreso y la estabilidad social y política del país. El cierre de la brecha entre sociedad y política se convirtió en el objetivo último de las reformas electorales de 1902 y 1912.

En el primer caso, el ministro del interior Joaquín V. González creyó encontrar la solución a este problema en el sistema uninominal por circunscripción: la drástica reducción de la escala espacial de producción de la representación política

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garantizaría la asociación estrecha entre los representantes y los intereses de la sociedad. Esta convicción se sostenía en dos presupuestos: la correspondencia entre circunscripción y comunidad, y el conocimiento directo –incluso personal- entre representados y representante.

Al identificar la circunscripción con una comunidad real, no parecía aventurado sostener que dicha comunidad estaba articulada a partir de un interés social predominan te y, al reducir el número de representantes elegibles a uno, también parecía natural que este representante estuviera vinculado con ese interés. Para González, aquello que se identificaba como la sociedad se correspondía con la sumatoria de intereses sociales plurales y diversos, y, por esa razón, el andamiaje técnico del sufragio debía dar cuenta de esta situación. La llegada de Alfredo Palacios al Congreso como representante de una circunscripción con mayoría obrera fue vista como una confirmación de esta idea. Los partidos políticos, apenascitados, no ocuparon ningún lugar en este esquema. Este principio de representación política encontraba su referente más desarrollado en Inglaterra -y en menor medida en Francia- pero la sola mención de este modelo alcanza para entender la razón por la cual el sistema uninominal no alcanzó para cumplir sus objetivos y fue rápidamente abandonado. En Inglaterra, las comunidades locales se encontraban sólidamente instaladas y en muchos casos antecedían a los regímenes de representación electoral. Al menos desde la segunda mitad del siglo XVI, Isabel I se había encargado de reforzar la identidad de los condados a la vez que consagraba el liderazgo político local de la Gentry . Las revoluciones del siglo XVII y las sucesivas ampliaciones del derecho de voto producidas en el siglo XIX no alcanzaron a modificar este dato central de la política británica: la crucial importancia de su dimensión local. En cambio, basta observar el diseño de las circunscripciones utilizadas en la Argentina luego de la ley de 1902 para advertir que, en casi todos los casos, la comunidad local articulada alrededor de un interés predominante sólo existía en la imaginación de González.

Aunque no disponemos de ninguna investigación exhaustiva sobre el comicio de 1904 –el único realizado bajo la normativa aprobada en 1902-, es altamente probable que la eliminación del sistema de lista haya puesto en peligro el control que las elites provinciales ejercían sobre los caudillos locales. Aquí se manifiesta uno de los problemas del principio reformista: como lo ha advertido T. Halperín Donghi (2000), en muchas provincias de l interior el diagnóstico que quería ver una brecha profunda entre la sociedad y la política no describía con justicia la situación existente y, por el contrario, el si stema uninominal amenazaba con desarticular el andamiaje político–institucional que permitía una sólida relación entre ambas instancias. No resulta extraño que pocos meses después de su llegada al gobierno, el presidente Quintana aboliera el sistema uninominal. El fracaso de este primer ensayo abrió las puertas a la más conocida reforma electoral, impulsada por el presidente Roque Sáenz Peña y su ministro Indalecio Gómez. En este caso, la clave para superar el abismo entre sociedad y política se encontraba en otro conjunto de modificaciones de la técnica electoral: la obligatoriedad, que ampliaba drásticamente el número de votantes; el secreto, que impediría la venalidad del voto; el sistema de lista incompleta, que permitiría el

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acceso de las minorías a la representación. Sin embargo, la más importante apuesta de la reforma no fue consagrada en ninguna norma, aunque ocupó una parte fundamental de las preocupaciones y los discursos de Gómez y Sáenz Peña: ambos creían que el mecanismo para una adecuada representación de la sociedad debía pasar por la organización de lo que llamaban partidos orgánicos o de ideas. La reforma de 1912 fue totalmente ajena a la percepción pluralista de los intereses sociales presente en la ley de 1902, ya que esta vez la sociedad fue concebida de un modo abstracto, como un bloque único con un atributo también único y determinante: su ideal de progreso. En consecuencia, ni los comicios ni los partidos orgánicos debían manifestar las voces de intereses diversos, sino garantizar la representación de la voz unánime de la voluntad progresista de la nación, que era también la de cada uno de los ciudadanos obligados por ley a optar entre las ofertas partidarias. Elevados a la condición de organismos privilegiados de integración de los ciudadanos en la comunidad espiritual de la nación progresista, los partidos políticos debían ser asociaciones de carácter permanente, definidos por sus ideas y capaces de cumplir la función pedagógica de esclarecimiento de quienes habían sido convertidos compulsivamente en electores.

Para Sáenz Peña, estos partidos no se identificaban directamente con ninguno de los existentes, lo cual le permitía celebrar lo que otros veían como su peligrosa desintegración: los nuevos partidos, como el nuevo sufragante, serían criaturas de sus leyes. La ley electoral vino a consagrar una visión totalizadora de la sociedad en clave espiritual: la representación política estaba llamada a expresar el alma de nación, cuyo contenido concreto Sáenz Peña no dudaba en reconocer primero en su propia voz y, más ampliamente, en la del grupo pensante del que era miembro. Ciertamente, no es difícil advertir la dimensión social de este grupo, sin embargo, también es sencillo observar cómo la ley electoral se proponía negar esa dimensión para consagrar así la persistencia de una cultura política integradora y ajena a cualquier concepción pluralista de la sociedad. La idea del voto como instancia de representación de intereses corporativos o clasistas de la sociedad no estaba ausente ni agotada, en especial en ambientes intelectuales que, a la moda sociológica, se preocupaban por compatibilizar los partidos existentes con los grandes colectivos clasistas. Tampoco lo estaba en el socialismo: aunque en principio se postulaba como el representante de una clase, en infinidad de ocasiones prefería adherir a una visión más propia del reformismo para postularse como el único representante de la razón progresista sin hacer referencias a la naturaleza socialde esa razón (una tendencia que se fue consolidando a lo largo de los años veinte como consecuencia del exitoso desempeño electoral del socialismo en la ciudad de Buenos Aires). Sin embargo, nada parece indicar que la versión ampliamente minoritaria de la representación en clave clasista ganara fuerza en otros ambientes. Su ausencia en las definiciones identitarias de los partidos políticos difícilmente pueda imputarse a un fracaso del sistema político y de los partidos actuantes a la hora de construir un paradigma de representación: a lo

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sumo, el fracaso fue de quienes intentaron imponer esta lógica en la cultura política.

Este aspecto del reformismo de 1912 resulta crucial para comprender el destino ulterior de los partidos políticos argentinos, toda vez que la noción de representación entendida como la expresión de un alma de la nación (que en ocasiones podía presentarse como más racional y en otras, más pasional) estaba fuertemente asentada en las tradiciones políticas argentinas, incluyendo en las del partido que resultaría beneficiado por esta reforma, la UCR. A pesar del optimismo de Sáenz Peña, no fue el grupo pensante quien se benefició de la reforma sino la UCR que, gracias a sus victorias electorales, fue asociando su propia identidad con la integración espiritual y ciudadana en la monolítica comunidad política nacional. Factor preponderante de este logro fue su religión cívica, en especial su identificación con una causa nacional llamada providencial y mesiánicamente a desplazar a la clase política anterior al espacio demonizado del régimen oligárquico. El éxito de esta visión,a pesar de la evidente incongruencia entre la pretensión de ruptura y las trayectorias recientes del partido y sus dirigentes, demuestra el potencialideológico de la religión cívi ca radical, versión renovada y formidable de una tradicional matriz hegemónica de la cultura política argentina. Entre sus tópicos no se manifiesta un sólo componente de pluralismo sociológico o político: a despecho de quienes pretendían imponerle un programa partidario que permitiera identificarlo frente a otros partidos, los radicales gustaban responder que la suya era la voluntad misma de la nación y su programa, la Constitución.

Esta situación invita a repensar el problema de la representación política para poder dar respuestas al problema de la relación entre los partidos y la sociedad. Los partidos políticos argentinos no lograron construir una representación clasista de la sociedad argentina no sólo porque la propia sociedad se resistía a esos intentos, sino también porque ningún partido lo intentó seriamente. Como lo afirma R. Romanelli, resulta necesario poner en cuestión algunas convicciones arraigadas y advertirque “las leyes electorales no se proponen de hecho ‘reflejar’ la realidad social, reproduciendo su división interna, sino que por el contrario tienen la finalidad de negar esa división dando vida a algo completamente diverso y nuevo, que precisamente es lo que llamamos ‘representación política’ y que podríamos también definir como un instrumento de ‘emancipación de lo político’ con respecto a lo social. Las diversas leyes electorales cumplen un fin normativo: encarnar un modelo de relaciones sociales que no coincide de hecho –y que no se piensa que coincida- con el existente” (Romanelli, 1997: 27) La evolución de partidos políticos argentinos y su relación con la sociedad puede ser explicada a partir de esta idea, sin necesidad de encontrar en ella algún rasgo excepcional que, de todos modos, tampoco resulta demasiado evidente una vez que se observa el funcionamiento de los partidos en otros casos nacionales. Los partidospolíticos no son un simple canal de mediación de la sociedad, sino que son uno delos constructores de esa sociedad que dicen representar, de una idea de los individuos y de la comunidad que ellos constituyen. Los partidos imaginaron sus identidades y sus estatus representativos de modos muy diversos, pero, más

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afines a las claves de 1912 que a las de 1902, todos ellos buscaron mostrarse como los organismos capaces no sólo de representar (en el sentido pasivo del término que estamos poniendo en cuestión) sino de conformar y encarnar la sociedad móvil y progresista. En este sentido, es posible afirmar que la UCR no es un simple reflejo en la política de una clase media que difiere sustancialmente de otras clases ubicadas por encima y por debajo de ella y que puede ser definida por sus niveles de ingreso o alguna otra condición supuestamente objetiva, sino que es uno de los grandes actores de una experiencia de la política que remite menos a alguna característica estructural de la sociedad que a las marcas globalmente reconocidas como instancias del ascenso y del progreso individual y colectivo. Paulatinamente, esa visión de la sociedad se asociará con la clase media, una categoría tan abarcadora como imprecisos son sus límites, y que difícilmente pueda ser asociada con lo s criterios censales de su definición. En este sentido, es sintomático que los dirigentes y militantes de la UCR (en cualquiera de sus variantes internas) prefirieran utilizar términos como nación o pueblo que giro de la clase media

Los partidos políticos fueron exitosos constructores de una sociedad que se veía a sí misma como móvil e igualitaria, de la misma manera en que lo fueron otras instituciones, como la escuela pública, y, en consecuencia, de una cultura fuertemente democrática en el sentido más profundo de l término: ciudadana, integradora e igualitaria.

De todos modos, perdura el problema de la existencia de una sociedad que no es homogénea y que reconoce múltiples intereses, aunque nada asegura que estos se expresen en términos de clase. Analizando el caso de Francia, P. Rosanvallon (1998) ha advertido cómo la existencia de una cultura política donde prima la noción de larepresentación política como construcción de una unanimidad igualitaria de la sociedad conlleva implícita un fuerte déficit representativo.

Advierte, entonces, hasta dónde la organización corporativa de la sociedad civil es un fenómeno paralelo y complementario al de la construcción de la representación política moderna. También lo es la apertura de agencias técnicas estatales,en principio ajenas a los procesos electorales, que permiten ofrecer un cierto estatus representativo a los grupos de la sociedad, mejor o peor organizados pero reconocidos como sectores de interés legítimos. Este modelo de una democracia mixta, según la categoría utilizada por Rosanvallon, describe mejor las formas que asume la interacción entre la representación política partidaria y los comportamientos corporativos. En la Argentina, sin que esto tenga nada de original, las corporaciones y los partidos, sus formas de incidir sobre las políticasdel Estado y de construir identidades sociales, no son alternativos sino que se desarrollan como mecanismos absolutamente complementarios.

Las corporaciones son la contracara del sistema de partidos y no la evidencia de su patología. A su vez, el funcionamiento irregular de las instituciones republicanas (y no de la democracia en sus sentidos más amplio) parece encontrar algunas de sus causas no en la debilidad del sistema de partidos sino

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en la fortaleza de los criterios de representación y en la sólida presencia de los partidos en la sociedad. Así como la representación política no concibe el pluralismo de la sociedad, tampoco lo hace respecto de los otros partidos. Una parte sustancial de las identidades de cada partido es la negación de toda legitimidad representativa a sus opositores, hasta llegar a ubicarlos por fuera de la comunidad nacional que pretenden expresar.

La lógica amigo–enemigo, tradicional en la historia argentina, encuentra en la reforma un camino para su exacerbación, no sólo porque la consagración del principio espiritualista homogéneo es mucho más fuerte que la apuesta por el ingreso de las minorías a través de la lista incompleta, sino también, fundamentalmente, porque la novedosa presencia de electorados ampliados y elecciones competitivas obligan a simplificar y extremar los argumentos. Los partidos logran sostener una visión de la sociedad móvil, integrada e igualitaria, a condición de trasladar el conflicto al espacio de la política. La concepción de la democracia como construcción de una comunidad integrada e igualitaria, tan propia de la cultura política argentina, tiene su contrapartida en una escasísimo apego a las normas y las reglas del juego republicanas, ya que estas son, entre otras cosas, una garantía de la legitimidad de lo s otros partidos. A lo sumo, las normas (mejor aún sería decir algunas normas) son reputadas como un medio más entre otros posibles para lograr el objetivo fundamental. Los años que siguen a 1912 ofrecen reiterados ejemplos de prácticas de gobierno y oposición basadas en esta convicción: si bien puede observarse que, en términos generales, los discursos de tono guerrero no se corresponden con una vida política, que por lo general es menos dramática, en momentos particularmente tensos y conflictivos estos discursos se transforman en los paradigmas que llegan a legitimar el derrocamiento de un gobierno, como sucedió en septiembre de 1930. Cabe recordar que este patrón de acción a la vez violenta y democrática contra un gobierno había sido reiteradamente encarnado por los propios radicales. Esto explica el legado paradójico de los partidos políticos argentinos para el siglo XX: el desarrollo de una cultura democrática basada en los valores de la igualdad y la integración pero, al mismo tiempo, en el paulatino desinterés de esa misma sociedad por el juego institucional y las normas republicanas

Maria Inés Tato, “Variaciones reformistas: los conservadores bonaerenses ante el desafío de la democratización: 1912-1919

Introducción

Desde el último cuarto del siglo XIX, el paisaje político del continente europeo y de las naciones del Cono Sur latinoamericano se vio transformado radicalmente por la ampliación sustancial de las bases políticas de los estados. La democracia de sufragio universal comenzó a imponerse como el punto de llegada inexorable de los debates acerca de la ciudadanía política moderna y de los mecanismos de representación de la soberanía popular que habían surgido en Europa con la Revolución Francesa y que habían germinado en suelo americano con las guerras

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de independencia. Impuesta tempranamente en los Estados Unidos, la ecuación “un hombre – un voto” fue adoptada paulatinamente por los principales estados europeos en las últimas décadas del siglo XIX y por las naciones latinoamericanas a partir de las primeras del siglo XX, con tiempos y ritmos diferenciados.

La política democrática suponía la erradicación de las redes clientelares propias de la era de los notables, basadas en una imagen organicista de la sociedad, y su sustitución por partidos orgánicos, estructurados alrededor de plataformas ideológicas, que apelaran a la razón y no ya a las lealtades personales de los electores, convertidos en los nuevos soberanos de la escena política.

Sin embargo, en los hechos tal sustitución no habría de producirse cabalmente y habrían de ser frecuentes las interacciones y los sincretismos entre las prácticas notabiliares y los mecanismos de funcionamiento característicos de la política democrática.

En la Argentina una trascendente reforma de la legislación electoral que instauró la democracia de sufragio universal, secreto y obligatorio, impulsada por el presidente Roque Sáenz Peña, inauguró en 1912 la era de la política de masas. Confluyeron en esa iniciativa un extendido reformismo, que veía en la democratización el corolario natural de la modernización de la sociedad y de la economía que la Argentina venía experimentando desde la década de 1880, y motivaciones tácticas, inspiradas en la necesidad de reorganizar un orden conservador en crisis, aquejado por tendencias centrífugas que amenazaban su existencia misma.

Conocida como ley Sáenz Peña, la nueva normativa electoral tuvo vigencia exclusiva para las elecciones de presidente y de vicepresidente de la república, y de diputados nacionales. Sin embargo, también ejerció una influencia notable sobre las realidades provinciales y, dentro de ellas, sobre sus principales fuerzas políticas.

Aires de cambio

El 2 de septiembre de 1912 el gobernador bonaerense Arias delegó el mando por razones de salud en su vice, el coronel Ezequiel de la Serna. Poco después, fallece, esto precipitó una crisis impensada en las filas de su partido, manifestación de conflictos facciosos larvados desde tiempo atrás, que encontraron en esta coyuntura un campo propicio para su desencadenamiento.

Por otra parte, abrió un panorama cargado de incertidumbre para la continuidad del proyecto presidencial, en la medida en que Arias se había convertido en uno de los principales socios parlamentarios del presidente Sáenz Peña, a pesar del dudoso compromiso del gobernador con el reformismo democrático impulsado desde la presidencia.

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En gran medida, el éxito de la reforma política nacional dependía de la homogeneización de las normas electorales de los distritos provinciales.

El poder Ejecutivo Nacional alentaba la adecuación de las legislaciones electorales provinciales al espíritu de la ley Sáenz Peña.

La provincia de Buenos Aires tenía una gravitación enorme sobre la política nacional, tanto por razones históricas y económicas como demográficas, que la convertían en el principal distrito electoral del país y por lo tanto en pieza clave de cualquier reordenamiento de la escena política

El cisma La renovación de las autoridades del Partido Conservador se había iniciado pocos meses antes de la muerte del general Arias, pero ésta, junto con la posterior actitud de su sucesor, le insuflaron un nuevo empuje. Firmemente abroquelado en su intransigente prescindencia partidaria,

De la Serna generó un enorme desconcierto entre las distintas facciones de su partido, habituado a la tutela del Estado provincial. La máquina partidaria no podía prescindir del patrocinio derivado del gobierno de la provincia, garante último de su hegemonía. Por el contrario, la neutralidad del ejecutivo y algunas de sus iniciativas presagiaban el desmantelamiento del aparato político conservador y el menoscabo de su posición dominante en la competencia con otras organizaciones partidarias.

El ex gobernador Marcelino Ugarte hizo su reaparición en la política bonaerense, decidido a explotar en su provecho la vacancia del liderazgo del partido.

En el sector del partido proclive a adaptarse a los imperativos de la nueva política impulsada por Sáenz Peña la figura de Ugarte despertaba un rechazo categórico. El ex gobernador era visto como la encarnación por excelencia del fraude y de la manipulación electoral y, por ende, como la negación del reformismo democrático.

Ugarte había conquistado el apoyo de la mayoría en la Legislatura provincial y, con ello, contaba con un eficaz mecanismo para obstruir los proyectos de reforma propuestos por el gobernador y para presionarlo en busca del apoyo oficial que le era negado. Durante el mes de octubre se desarrolló entre ambas tendencias una lucha sin cuartel por el control de la máquina del partido.

Como resultado de las disidencias entre los grupos en pugna, se constituyeron dos juntas ejecutivas paralelas, que se atribuyeron la representación legítima del Partido Conservador: la presidida por Luro, oficialmente a cargo del partido, cuyo mandato estaba en plena vigencia, y la liderada por Juan José Atencio primero y por Ignacio Irigoyen después, que constituía una junta separatista adicta a Ugarte

el 28 de noviembre, cuando la asamblea ugartista reunida en el teatro Ateneo lo

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proclamó presidente del Partido Conservador. En esa oportunidad, Ugarte declaró expresamente su voluntad de convertirse en el próximo gobernador electo de la provincia

El anterior oficialismo fue condenado al ostracismo por el separatismo ugartista, que se autoproclamó la continuidad natural del Partido Conservador. El grupo lurista asumió el pronunciamiento de la mayoría del partido y comenzó a denominarse poco después Partido Conservador Principista y a desarrollar una acción decidida contra la nueva conducción

Los principios proclamados parecían ubicar al nuevo partido dentro del modelo de partidos orgánicos y doctrinarios, ajenos a los liderazgos caudillistas y fundados en una plataforma de gobierno, que Sáenz Peña había bosquejado para el transformado escenario político nacional.

El coronel en su laberinto

Indudablemente la posición del coronel De la Serna era particularmente delicada en lo tocante a su avenencia con el reformismo y a sus relaciones con el partido político que lo había llevado al poder. La imparcialidad que regía su conducta había derivado en la reconstrucción de la autoridad de Ugarte, quien, a pesar de sus manifestaciones verbales de adhesión a la política presidencial, distaba de comulgar con ese ideario. La elección como senador nacional del fundador de los Partidos Unidos -que, al decir de La Nación, creaba a partir de su nueva irrupción en la escena bonaerense los “partidos desunidos”-alertó al gobernador sobre los peligros de la persistencia en la neutralidad. El dilema se le presentaba descarnadamente:

La reacción casi inmediata del primer mandatario se volcó a la resolución de la cuestión de los municipios acéfalos, uno de los pilares de su programa de gobierno.

La ley de acefalías que regía la materia había sido ideada originalmente para subsanar las irregularidades frecuentes en las comunas que resultaban de conflictos entre las diferentes ramas de la administración, alterando la normalidad institucional. En esos casos la ley habilitaba al gobierno provincial a intervenir el municipio por intermedio de un comisionado ejecutivo hasta tanto la justicia se expidiera. Ugarte, durante su gestión como gobernador entre 1902 y 1906, había empleado la ley como una herramienta para coartar la autonomía de los municipios desafectos.

De la Serna parece haber vislumbrado la posibilidad de que el retorno al régimen municipal electivo en algunas comunas intervenidas pudiera ser usufructuado por el ugartismo, munido por entonces de los resortes de la máquina del partido. De hecho, los comisionados a cargo de algunos municipios representaban la prolongación de situaciones heredadas y podían obstaculizar la libertad electoral. En consecuencia, el gobernador optó por suspender o reemplazar a algunos de

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ellos. El ugartismo respondió con acusaciones de arbitrariedad del ejecutivo y de traición al partido, desplegadas desde la prensa afecta a su causa y por el mismo Ugarte –abandonando sus reticencias a los discursos de tribuna- en ocasión de su proclamación como presidente del partido.

El fracaso de la estrategia del gobierno, que intentó también dilatar la convocatoria a elecciones en varias localidades, condujo finalmente a la regularización de la situación institucional de la mayoría de las comunas acéfalas entre febrero y marzo de 1913.

El conflicto entre el ejecutivo y el ugartismo alcanzó altos niveles de tensión, producto de las permanentes interpelaciones a los ministros,del obstruccionismo legislativo a las iniciativas del ejecutivo y de la determinación de éste de mantenerse firme en sus propósitos, contemplando incluso la posibilidad de disolver la Legislatura, aunque esa medida pudiera implicar una causal de intervención federal a la provincia.

La transición

En medio de la reanudación de las hostilidades entre el gobierno y el ugartismo, la repentina muerte del coronel De la Serna el 15 de marzo de 1913 conmovió la atmósfera provincial. La incertidumbre acerca del panorama político inmediato estuvo muy extendida, pero afectó especialmente a los principistas

El final anticipado de su mandato obligaba a su sucesor, Eduardo Arana, vicepresidente del Senado,a proceder al llamado a elecciones para una fórmula gubernativa que completara el período

Ante comicios tan cercanos el ugartismo contaba con la ventaja innegable del control de la maquinaria del partido frente a la precaria organización del principismo.

Trayectoria de la reforma y de los conservadores reformistas

La ley provincial se apartaba en varios aspectos de la ley nacional que había pretendido emular. Uno de ellos era el sistema de representación adoptado. Frente al sistema de lista incompleta vigente en el ámbito nacional, que concedía los 2/3 de los cargos en juego a la mayoría relativa y el tercio restante a la primera minoría, la provincia estableció la representación proporcional, que en teoría garantizaba una representación más amplia de las minorías, aunque su instrumentación práctica solía derivar en su desvirtuación.

En los tiempos del debate por la reforma, el Partido Conservador independientemente de sus escisiones internas- poseía la mayoría absoluta en ambas Cámaras como resultado de la aplicación de ese sistema. Sin embargo, la

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adopción de la representación proporcional estaba establecida por el artículo 51 de la Constitución provincial.

La legislación electoral no podía desecharlo, aunque la Legislatura sí estaba facultada para fijar el cociente de votos necesario para obtener una representación equitativa.

Otro de los rasgos distintivos de la ley era el mantenimiento de los municipios empadronadores en lugar del padrón militar de la ley nacional, que consideraba automáticamente ciudadanos habilitados para votar a aquellos que cumplimentaron o que cumplimentaban el servicio militar al estado. El mecanismo de los municipios empadronadores -fijado también por la Constitución provincial en su artículo 53, cuya remoción habría requerido de una reforma constitucional- beneficiaba sin duda a los caciques locales. Éstos controlaban los concejos deliberantes de los municipios, encargados de registrar a los ciudadanos facultados para votar, por lo cual el empadronamiento se tornaba menos transparente y preciso y operaba como un reaseguro frente a los eventuales cambios posibilitados por las garantías acordadas al electorado. La tercera peculiaridad de la ley residía en la edad necesaria para acceder a los derechos políticos. De hecho fue esta discordancia entre la legislación provincial con respecto a la nacional la que engendró impugnaciones y consecuencias cruciales para el devenir político bonaerense. Las críticas a esa disposición de la ley, particularmente atacada por el radicalismo, apelaron al derecho de sangre, es decir, a la contradicción de que a los jóvenes de 18 años se les exigiera servir militarmente a la nación y eventualmente dar su vida por ella, al mismo tiempo

En síntesis, la transformación de las reglas del juego político implicada en la ley electoral provincial resumió el diálogo y la transacción entre dos concepciones opuestas de la política: la que descansaba en una convención individualista y la que se fundaba en la convención orgánica que dominaba el comportamiento del partido.

La primera de ellas, fundada en la idea de la igualdad de los individuos electores, estaba contemplada en las disposiciones formales de la ley que proveían garantías al ejercicio del sufragio. La lógica orgánica, jerárquica y naturalizadora de las relaciones locales tradicionales, afloraba en las disposiciones que dejaban a los caudillos locales un margen importante de intervención en materias especialmente sensibles como el empadronamiento, garantizando la persistencia de los vínculos clientelares que habían caracterizado el comportamiento político del Partido Conservador.

La experiencia reformista bonaerense actuó asimismo como un disparador de la conflictividad interna del Partido Conservador al instalar en el orden del día la cuestión de la democratización de las prácticas electorales. Indudablemente en la sanción de la nueva ley electoral confluyeron las distintas fracciones internas de la agrupación, pero ello no debe ocultar el hecho de que ese consenso partió de puntos de partida diferenciados.

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Los principistas -al igual que otros conservadores reformistas no incorporados a esa agrupación- vieron en ella una posibilidad de modernizar los comportamientos que regían la vida política provincial y la partidaria; aunque no estaban exentos de motivaciones prácticas, aspiraban a constituir una organización afín a los nuevos tiempos inaugurados por Sáenz Peña. Los ugartistas, en cambio, accedieron tardíamente y con un inocultable desapego, apenas solapado en los debates parlamentarios, a lo que percibieron como un hecho ineludible; en consecuencia, su preocupación excluyente fue de orden pragmático: reformar la política alterando lo menos posible las bases del poder del partido y evitando modificaciones sustanciales a su dinámica interna. Entre 1912 y 1913 el Partido Conservador sufrió dos desprendimientos, de los cuales sólo el Partido Principista podía ser enrolado en el bando reformista. El Partido Provincialista, fundado a fines de 1913 por Atencio con vistas a las elecciones de gobernador, priorizaba el enfrentamiento entre “metropolitanos”, partidar os de la política del gobierno nacional, y “provincialistas”, defensores a ultranza de la autonomía bonaerense frente a lo que interpretaban como una intromisión del gobierno federal en su vida política interna.

Para esta agrupación, liderada por el director del diario platense El Día la empresa de reformulación del orden político provincial había constituido una violación de la autonomía bonaerense por el Poder Ejecutivo Nacional.

A modo de conclusión

Bajo los auspicios de la ley Sáenz Peña la provincia de Buenos Aires, gobernada por el coronel De la Serna, se plegó en 1912 al reformismo presidencial. El partido Conservador simbolizaba el funcionamiento tradicional de la “política criolla”, basada en la existencia de notables o caudillos locales que tendían sus redes clientelares sobre una sociedad desmovilizada que naturalizaba los liderazgos jerárquicos locales.

La subsistencia de ese mecanismo requería del acceso al patrocinio del estado provincial, mediador entre los caudillos rivales y proveedor de los recursos públicos necesarios para el funcionamiento de la máquina partidaria.

El abandono que hizo el gobernador De la Serna de su rol tradicional en pos de garantizar a todas las agrupaciones un juego político transparente y equidistante, provocó la desorientación de las facciones y la búsqueda inmediata de un liderazgo alternativo, que fue provisto prestamente por Ugarte. Para la mayoría de los conservadores las propuestas del gobierno provincial encerraban riesgos para el mantenimiento de sus posiciones de poder.

Particularmente en los debates acerca de la nueva ley electoral afloraron los prejuicios al respecto y las tentativas de obstrucción de los mecanismos democráticos que intentaban implantarse. No obstante, la interrelación del proceso político provincial con la realidad nacional, mediada por el peso de una opinión

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pública atenta al desenvolvimiento del primer estado argentino, y por el peso de la influencia presidencial y de una eventual intervención federal, convencieron a los refractarios de la necesidad de transigir con el nuevo ordenamiento de la política de masas, reservándose al mismo tiempo mecanismos de resguardo de sus posiciones. Aunque el nuevo andamiaje legal no redundó en una transformación inmediata de las prácticas políticas, generó en las organizaciones partidarias la necesidad de adaptarse a las nuevas reglas, y con frecuencia se manifestó en la simbiosis de viejas y nuevas prácticas.

La declinación del Partido Conservador en última instancia no derivó de la democratización de los procedimientos electorales establecida por la nueva legislación, sino de la privación del acceso a los mecanismos del estado provincial a partir de la intervención federal de 1917.

Pero además de modificar parcialmente el marco de acción de los comportamientos de las organizaciones políticas provinciales, la nueva ley tuvo un efecto catalizador sobre el Partido Conservador, al favorecer la confrontación de sus tendencias internas en torno de la necesidad de modernización del juego político. La consolidación del ugartismo, reinstalado en el centro de la actividad partidaria, no impidió el florecimiento de las minoritarias corrientes reformistas, que encontraron vías de expresión tanto dentro como fuera del Partido Conservador, y que adquirieron mayor vigor con el recrudecimiento de la competencia electoral con un radicalismo que a partir de 1917 se alzó con la hegemonía de la provincia

Ana Virginia Persello, “Claves de lectura de la experiencia radical en El Radicalismo Argentino,1890-1930”

La aparición, en 1975, de El radicalismo argentino marcó un punto de inflexión. La literatura sobre los años ‘20 y ‘30 estaba escasamente desarrollada y los partidos políticos no constituían un objeto central de las investigaciones sobre el período, motivos por los cuales se constituyó en un punto de referencia obligado. El objetivo central del texto de Rock era dar cuenta de “la interrelación política entre las clases sociales de la Argentina” –la elite terrateniente y comercial pampeana, el capital extranjero (básicamente los intereses británicos) y las clases media y obrera urbanas- en el marco de la experiencia agroexportadora. La preocupación que subyace es ¿por qué fallaron en los intentos de forjar una relación institucional estable entre ellas? Y la pregunta que organiza la reconstrucción es en qué medida los rasgos de la economía agroexportadora se superponían y correlacionaban con la dinámica de la distribución del poder político, “en el nivel superestructural de la política y las instituciones”. Es esta clave de lectura la que construye una imagen del partido radical basada en “las condiciones sociales específicas” de su desarrollo y un análisis “en términos de los beneficios y ventajas que acarreó a determinadas clases y grupos regionales”. En su versión, los dirigentes de la Unión Cívica eran “políticos en disponibilidad”, por los límites de Juárez Celman para instituir “una relación estable entre los sectores politizados de la élite” que después de la caída del gobierno paulatinamente fueron

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incorporados, y la UCR, entonces, se constituyó con “los excluidos del plan de Pellegrini”. Las afirmaciones fuertes que recorren el texto son que hacia 1916 el radicalismo era un movimiento de masas manejado por grupos de alta posición social -cuya estructura, jerárquica y autoritaria, era una réplica del equilibrio preexistente de poder y de las estructuras de status de la sociedad argentina-, portador de una ideología amorfa, sustanciada en un ataque ecléctico y moralista a la oligarquía hecho de slogans y en una concepción de la sociedad que amalgamaba ideas liberales y pluralistas con tácticas paternalistas. La caracterización del radicalismo como movimiento y el énfasis puesto en la vaguedad ideológica y la indefinición programática se constituyeron por mucho tiempo en una constante a la hora de analizar al partido radical. Y aquí es ineludible la mención de los trabajos previos con los que el libro dialoga. En principio, la obra de Milcíades Peña, a la que le atribuye una “gran correspondencia” con su propia interpretación en varias cuestiones: la asociación de la sanción de la ley Sáenz Peña con la necesidad de otorgar estabilidad a los inversionistas extranjeros y la caracterización del radicalismo como coalición de clases para defender el orden establecido, como asimismo la advertencia sobre la relevancia del papel de la política obrera radical al generar la reacción de la elite conservadora y de la Gran Depresión como elemento precipitador de la caída de Yrigoyen en 1930. En segundo lugar, el artículo de Ezequiel Gallo y Silvia Sigal que, en los años ‘60 de algún modo inauguró una perspectiva de abordaje preocupada por analizar los fenómenos políticos como correlato del proceso de modernización consolidado en tiempos del roquismo. Así, el radicalismo “completa en el plano político la asimilación al modelo europeo: es moderno ahí donde la elite de 1880 es tradicional”, es decir en la apelación a a vigencia de la constitución, en la oposición a la práctica del acuerdo, en la forma que asume su organización interna, si bien recurre a valores de tipo tradicional cuando encuentra una base de legitimación de tipo sacro para reivindicaciones seculares y cuando reacciona desde la moral frente al énfasis en el desarrollo económico del discurso hegemónico. La hipótesis central de este trabajo es que el radicalismo “canaliza las aspiraciones de participación de sectores recientemente movilizados”, producto del mismo proceso de modernización. El modo de comprobarla se centra en dos tipos de cuestiones: en primer lugar, un análisis de sociología electoral del que se desprende la correlación entre voto radical y modernización y, en segundo lugar, el rastreo de la pertenencia económica y social de los miembros de la dirigencia radical, que concluye en la afirmación de que entre ésta y los sectores conservadores no hay diferencias sustanciales en cuanto a situación económica y niveles de educación, pero sí en la antigüedad y cargos políticos de sus antepasados, lo cual pautaría un caso de incongruencia de status que explicaría la situación de marginación. Rock niega la utilidad del concepto de modernización, sobre todo para los casos latinoamericanos, pero recupera del texto de Gallo y Sigal la idea de que el radicalismo albergó en su seno a sectores medios y terratenientes y fue la expresión del desafío de los grupos urbanos al monopolio del control político de la elite conservadora para acceder al patronazgo oficial y a los puestos de la administración. También reconoce coincidencias con Peter Smith, aunque rechaza la hipótesis de este último en torno a la continuidad entre la Argentina oligárquica y la radical. Los conflictos existieron, sostiene Rock,

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aunque reconoce que estuvieron más ligados a problemas de distribución que de estructura económica. Las discrepancias entre la clase media urbana y la terrateniente estuvieron en el diferente uso que éstas proponían hacer del Estado. Y en cuanto a las relaciones del gobierno radical con la clase obrera, el análisis de las huelgas no aporta elementos que abonen la tesis de Smith en el sentido de que actuó presionado por la Sociedad Rural. La explicación –y ésta es otra de las hipótesis fuertes de Rock- se encuentra en las consideraciones electorales. Sus conclusiones, nuevamente, son tributarias de la clave de lectura en la que se inscribe el texto. El radicalismo no estaba comprometido con el cambio social o la reforma; sus conexiones con los terratenientes explican que no haya abogado por la reforma agraria y sus lazos con las clases medias urbanas (consumidores), que no haya favorecido la industrialización; finalmente que –fracasados sus intentos de acercamiento al movimiento obrero- haya apelado a fortalecer sus relaciones con estas últimas a través de las políticas de patronazgo y “aparato” y el problema político central haya pasado a ser la distribución del presupuesto. “Fue el reflejo de la aparición de una estructura social pluralista, pero también mostró por primera vez las dificultades de aplicar un sistema de poder compartido en una sociedad con marcada inclinación hacia el elitismo y los privilegios tradicionales”

Marcela P. Ferrari, “En torno a la especialización en política. Notas sobre las trayectorias de los parlamentarios en tiempos de ampliación democrática

¿Políticos profesionales o políticos vocacionales? Planteados en términos de tipos ideales, los perfiles que propone Max Weber son estimulantes para repensar la historia de las élites políticas argentinas de la “república radical”. Partiendo de esa dicotomía, en este artículo procuramos reflexionar sobre las trayectorias de los parlamentarios argentinos provenientes de la provincia de Buenos Aires que ocuparon sus bancas entre 1916 y 1930.

La función pública en las trayectorias previas de los parlamentarios

Durante el período 1916-30 la política había dejado de ser una actividad reservada a los notables y estaba en manos de hombres de partido. Esto no quiere decir que sólo participaban de ella quiénes debían su carrera al aparato partidario, es decir, que se habían afiliado y permanecido dentro de un partido escalando posiciones internas después de un enfrentamiento con pares. Los partidos políticos también se nutrían de notables que habían incorporado su modus operandi a las filas partidarias, caudillos que aportaban una red de influencias fácilmente transformable en caudal electoral, hombres convencidos de un conjunto de ideas compartidas, intelectuales, etc..

Ese aparente “crisol” estaba lejos de dar lugar a organizaciones programáticos. Lejos de ello, la política continuaba siendo una actividad fuertemente personalizada y hasta facciosa. Pero pertenecer a un partido político era condición de práctica para quienes deseaban presentarse como candidatos a elecciones

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Unidad 12

Ana María Mustapic, “Conflictos institucionales durante el primer gobierno radical: 1916-1922”,

Introduccion

Las elecciones presidenciales del 16 son recordadas por el triunfo que otorgaron a la UCR, pero también es importante resaltar la singular distribución del poder. Mientras que la UCR obtenía la primera magistratura, la elite tradicional continuaba controlando ambas cámaras del congreso.

El régimen político era sometido así a un temprano y severo test. La distribución de las fuerzas políticas amenazaba con paralizar el aparato gubernamental.

Hasta entonces el sistema había estado dominado por una elite que recurrió a la cooptación pero sobre todo al fraude para mantenerse en el poder. Dicho mecanismo estimuló la creación del partido antisistema (UCR). En el intento revolucionario de 1890 hizo su aparición a la escena pública la UCR expresándose a través de la abstención electoral y la actividad conspirativa.

Este estado de cosas alertaron a la elite dirigente acerca de la vulnerabilidad de un sistema de poder basado en la exclusión de importantes segmentos de la sociedad. Estos conformaban un amplio estrato medio surgido como consecuencia de los cambios económicos y sociales. En esas nuevas capas la UCR comenzó a recoger creciente apoyo.

Volviendo al tema inicial ¿cómo evitar los riesgos del estancamiento cuando el presidente pertenecía a un partido y los legisladores a otro? 2 respuestas posibles.

Por un lado, la actitud sugerida era la de cooperación. Una relación armoniosa entre el PE y el PL. Por otro lado, era factible buscar el modo de cambiar el equilibrio implícito transformando uno de los dos poderes en autoridad exclusiva.

Ambos caminos fueron transitados durante la primera presidencia de Yrigoyen. Se cooperó en temas donde las diferencias no eran decisivas, por ejemplo en cuanto al modelo de desarrollo económico. La ruptura se dio en el campo político donde el partido no estaría dispuesto a otorgar legitimidad a sus adversarios.

El presente trabajo está dedicado al estudio de las conflictivas relaciones existentes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo durante el primer gobierno radical.

La Interpelacion parlamentaria

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Los constituyentes argentinos incorporaron en la CN del 53 una prácftica cuyo origen se encontraba en los regímenes parlamentarios. El art. 63 concedía a los miembros del congreso el derecho de reclamar la presencia de los ministros del PE para que proporcionaran los informes o respondieran a pedidos de información solicitados.

Si bien dicha práctica no daba lugar a una moción de censura, abría al Congreso la posibilidad de criticar al PE e implicaba ejercer cierto tipo de control.

Entre el 1854 y 1916 las interpelaciones formuladas por la Cámara de Diputados había recibido una respuesta por parte del PE altamente satisfactoria. De 181 sólo 20 fracasaron. Pero durante la primera presidencia de Yrigoyen, de las 36 interpelaciones votadas por la Cámara, 17 quedaron sin ser atendidas adecuadamente. Esto demuestra el grado de hostilidad que dominó las relaciones entre el PE y el Congreso.

La primera interpelación fuesuscitada apenas iniciado el gobierno. La reacción ante la ausencia del presidente en la ceremonia inaugural de las sesiones del Congreso y el mensaje escueto que en su nombre leyó el secretario del senado, motivaron la aprobación de la moción que soliitaba la presencia del ministro del interior para ofrecer las explicaciones del caso.

El ministro del interior en su discurso expuso una interpretación del derecho de interpelación limitándolo a la actividad legislativa. La cámara reaccionó con cautela y decidió someter el tema a estudio de la Comisión de Negocios Constitucionales. Esta última manigestó que la primera interpelación había tenido origen en un mal entendido, habiéndosela tomado como una conminación o emplazamiento. Si se estableció que correspondía a la Cámara y no a los ministros decidir la forma en que debían ser suministrados los informes.

El día de la apertura del Congreso finalmente contó con un mensaje por parte de Yrigoyen que fue de un contenido muy duro. La encendida retórica causó indignación y aparecía como un acto de hostilidad gratuito. La severa condena a la oposición mal se correspondía con la distribución real del poder institucional, con la vigencia de mecanismos constitucionales que hacían de los representantes parlamentarios los socios obligados de la tarea gubernamental.

Otro conflicto se dio cuando en mayo del 17 Yrigoyen solicitó la aprobación por la Cámara Alta de los nombrabientos hechos para integrar la Comisión Municipal que, provisoriamente, debía hacerse cargo de la administración de la Capital Federal.El senado no dio los votos necesarios aduciendo el carácter de militantes partidarios de los propuestos. Yrigoyen justificaba ello bajo la concepción de que su visión del bien común debía prevalecer en tanto responsable de la primera magistratura

Las elecciones parlamentarios de 1918 modificaron el panorama político porque la UCR obtenía la mayoría en la Cámara de Diputados. Las primeras cuatro

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interpelaciones se sucedieron sin tensiones, las que reaparecieron en momentos en que el proceso que llevaría a la reforma universitaria se encontraba en plena ejecución.

Yrigoyen sostenía que las interpelaciones no tienen por objeto reprochar ni corregir los actos del PE que sólo pueden ser juzgados con las formalidades del juicio político.

El presidente entendía que se subordinaba a la legislatura si consentía en fgacilitarle la información que le era solicitada. Los comentarios críticos a su gestión no eran aportes útiles sino censuras inadmisibles que debían a su turno, ser desconocidas.

Esta discusión hizo confrontar dos concepciones excluyentes acerca de los principios en torno de los cuales debía organizarse el nuevo régimen político.

La Cámara de diputados se atuvo a la letra del 63 como a los antecedentes históricos. Ambas fuentes tendían a favorecer una interpretación más amplia respecto al papel que le cabía al Congeso no solo como órgano legislativo sino también como cuerpo de control.

El PE recurrió a una concepción rígida de la división de poderes, las tres funciones gubernamentales debía recaer sobre otras tantas instituciones específicas. Por ende, la información que el PE podía darle al Congreso debía vincularse necesariamente con la actividad legislativa

La autora critica la posición del PE argumentando que protegía sus actos detrás de la impunidad con la que la CN había formalmente dotado al cargo presidencial.

Planteado el conflicto en su faz institucional (PE-Congreso) e ideológico (radicalismo-oposición= la posibilidad era la intervención federal.

La intervención federal

En primer término, el principio federal adoptado por los constituyentes argentinos, limitó la autonomía de las privncias. El párrafo inicial del art. 6 decice: “El gobierno interviene en el territorio de las provincis para garantir la forma republicana de gobierno…”. Nada aclara el texto cuando se consideraría amenazada la forma republicana ni quien debería decidir si lo estaba

A la discrecionalidad se le suma la arbitrariedad. La práctica concedió a ambos órganos de gobierno la facultad de sancionar la intervención, pero el PE estaba mejor ubicado. Nada impedía que decretara una intervención sin consultar al congreso, bastaba que lo hiciera durante el receso legislativo. En cambio la iniciativa del PL estaba suketa a la opinión del presidente que podía recurrir al veto.

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Uno de los principales objetivos fue la búsqueda de aliados en las provincias. La intervención federal ponía a disposición de las autoridades nacionales un recurso muy valioso. El interventor federal podía constituirse en un simple mediador en conflicto hasta convertirse en gobernador supremo.

Colocaba a las provincias en una relación de subordinación respecto del poder central. Un presidente como Yrigoyen se sintió naturalmente inclinado a recurrir a un dispositivo constitucional que se ajustaba muy bien a su visión política y a sus objetivos más inmediatos.

Como seguía teniendo minoría en el Senado, esta herramienta era ideal para obtener su propia mayoría en las legislaturas locales. (19 intervenciones en su gobierno). Obviamente este fue un tema que avivó las diferencias entre oposición y gobierno.

Los gobiernos provinciales ilegítimos eran aquellos controlados por los grupos conservadores. El PE no demoró en atribuirse el papel de guardián del quehacer político provincial

La intervención federal siempre formó parte del arsenal político del PE y la presidencia de Yrigoyen no fue una excepción. Donde innovó fue en el uso extensivo y abusivo que hizo de ellas.Fue un recurso para afirmarse en el poder. Sin embargo, no puede sostenerse que sirviera para consolidar al régimen en formación. Obtener el proceso y mantenerse en él no son procesos sustituibles

Conclusión.

La ley Sáenz Peña fintentó sentar las bases de un nuevo compromiso institucional, reconociendo los derechos políticos de los ciudadanos y las minorías. Los cambios introducidos se propusieron dar satisfacción a la reivindicación en torno de la que el radicalismo había plasmado su identidad como fuerza política: la libertad del sufragio.

La posición sostenida por Yrigoyen en sus mensajes era tributaria de una concepción de democracia más próxima al tipoplebiscitaria. De ella retenemos la teoría del mandato invocada y la visión excepcional del rol del presidente.

Teoría del mandato descansa sobre noción de representación en la que se vincuila elecciones con autorización. Yrigoyen se concebía como ejecutor de un mandato encomendado por el pueblo. Dada la ausencia de una plataforma electoral, el mandato se convertía de hecho en una transferencia de la voluntad del pueblo a favor del PE. De dónde se concluye que Yrigoyen había sido autorizado por el pueblo para actuar según los dictados de su conciencia.

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Buscó definirse como la personificación de los valores del pueblo, su líder por excelencia, el guardián del interés nacional, el apóstol llamado a cumplir una misión histórica.

El congreso no expresaba un valor democrático, porque éste ya estaba institucionalmente expresado en el PE. En su visión el consenso mayoritario era el que se recogía en las urnas y no el que se lograba en el congreso a través de la negociación.

La oposición optó por colocar al Congreso en el centro de su argumentación política. Valoraba únicamente las decisiones y políticas que eran tomadas bajo el respeto de la constitución y los mecanismos institucionales de formación del consenso.

Entre las razones que llevaron a Yrigoyen a designar un moderado como Alvear como su sucesor en la presidencia ¿habrá estado el reconocimiento de la necesidad de restaurar la confianza en las filas opositoras’? Si así fuera, ¿por qué no concederle al caudillo radical la admisión de los peligros que comportaba el conflicto institucional planteado

Ana Virginia Persello, “Los opositores radicales a Yrigoyen

En sus orígenes, la Unión Cívica Radical reconocía su razón de ser en la superación de los gobiernos personales y arbitrarios. Su primer presidente, Leandro N. Alem, fue uno de los pocos que en los años 90 reivindicaba la necesidad de formar partidos políticos como parte de la consolidación del gobierno representativo, y la carta orgánica de 1892 estableció que la organización debía ser impersonal y tener un programa. A partir de allí, el radicalismo se consolidó como partido, aunque el liderazgo de Yrigoyen -que supuso la identificación del radicalismo con la nación y con su líder, portador de un mandato histórico y apóstol de una causa -, y la renuncia a sancionar un programa que aportara definiciones concretas frente a problemas puntuales tensionaron las premisas iniciales. Sin embargo, las dos tradiciones de pensamiento, la de Alem y la de Yrigoyen, persistieron y formar on parte de la identidad radical. La causa no anuló al partido

Los lencinistas mendocinos, los bloquistas de San Juan, los seguidores de Vera en Tucumán, los de Joaquín Castellanos en Salta, los de Benjamín Villafañe en Jujuy, los principistas y los verdaderos riojanos, movimientos provinciales ya constituidos como tales, después que Alvear asumió la presidencia, en 1922, formaron parte de esa ruptura que devino en un nuevo partido: el antipersonalismo. Lo que los unificaba era el antiyrigoyenismo

La UCR Antipersonalista se creó reivindicando el impersonalismo, tendencia inscripta en los orígenes del partido y demandó, ni bien iniciado el gobierno de Yrigoyen, de un amplio arco de dirigentes y militantes. Sin embargo, buena parte de sus cuadros, tal el caso de los movimientos provinciales que recuperamos en

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este texto, estaban lejos de practicarlo en los ámbitos locales en los que actuaban y de sustentarlo en el plano del discurso. En todo caso, las lecturas posteriores del fenómeno radical que asumieron que la UCR Antipersonalista había sido una reacción contra un gobierno “personal y despótico” basada en la reivindicación del gobierno de la ley, tributario del pensamiento liberal de Alem, lo hicieron basándose en figuras como José Nicolás Matienzo o Tomás Le Breton que, con Alvear, ocuparon ministerios y se propusieron ajenos a todo personalismo. Lo cierto es que el nuevo partido reunió a antiyrigoyenistas, que no necesariamente eran antipersonalistas.

La UCR Antipersonalista nunca dejó de ser un partido minoritario y escasamente orgánico. En los años 30, después de la reunificación presidida por Marcelo T. de Alvear, persistió en algunos núcleos provinciales, fuertes, sobre todo, en la provincia de Santa Fe, donde frente a la ausencia de otros sectores concordancistas, llevó al poder, intervención mediante, a gobernadores de esta tendencia y aportó ministros al Ejecutivo Nacional. Bloquistas y lencinistas fluctuaron entre el acercamiento y la autonomía a las estructuras partidarias. Benjamín Villafañe se sumó a los nacionalistas.

Algunos dirigentes antipersonalistas engrosaron, más tarde, las filas del peronismo –conducta que también siguieron militantes del yrigoyenismo-y otros se diluyeron en el amplio arco conservador

María Inés Tato, “Del crisol de razas a la Argentina desintegrada: un itinerario de la idea denación, 1911-1932”,

Este artículo se ocupa de los cambios operados en la concepción de la nación sostenida por dos destacados periódicos liberales porteños (La Mañana y La Fronda) en el curso de la primera experiencia democrática argentina, desde su instauración hasta su clausura. Dichos cambios constituyeron el correlato de la transformación de las posturas de ambos diarios frente al sistema político ante los avatares de la política de masas. La trayectoria de sus opiniones acerca de la sociedad nacional y del lugar que en ella le cabía a la inmigración constituye un caso particular en el devenir del nacionalismo argentino; también ilustra las transformaciones del perfil de una nación sacudida por la masificación de la sociedad y de la política durante el período de entreguerras.

I

Desde hace más de dos siglos el nacionalismo está instalado en la agenda política internacional como una cuestión crucial de renovada actualidad, y constituye un componente esencial en la formación de los estados nacionales modernos.

El nacionalismo vino a dar respuesta a ese imperativo, actuando como nexo entre estado y sociedad, creando una «comunidad imaginada», inventando tradiciones para amalgamar al estado con la nación soberana encuya apelación fundaba su legitimidad.

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Ese nacionalismo cívico, empeñado en la integración de los ciudadanos, convivió a lo largo de su existencia con otro nacionalismo, radicalizado y exclusivista: el étnico o cultural, el nacionalismo de los nacionalistas, que a la definición política de la nación sustentada por el primero proponía otra edificada primordialmente sobre factores étnicos y/o lingüísticos.

La preponderancia relativa de una u otra vertiente del nacionalismo resulta de su imbricación con los avatares del estado nacional y con los desafíos y las crisis que éste debe vencer durante su desenvolvimiento

La autora propone abordar las transmutaciones operadas en la definición de la nación y del papel que le cabía a la inmigración en la sociedad nacional durante el desarrollo de la primera experiencia democrática de la Argentina moderna, a partir del caso de dos periódicos de la ciudad de Buenos Aires portavoces del liberalismo reformista.

En su posicionamiento frente a la cuestión nacional, La Mañana y La Fronda transitaron un derrotero que los llevó desde un nacionalismo cívico, liberal y cosmopolita, a un nacionalismo cultural exclusivista y esencialista. En esa evolución fue determinante la fase crítica que atravesó por entonces el proceso de construcción del estado nacional argentino, con la democratización del sistema político y la irrupción definitiva de las masas en la esfera pública.

Creados y dirigidos por el político y periodista Francisco Uriburu, constituyeron exponentes cabales de las esperanzas y de las frustraciones del liberalismo, cuya colisión con la democracia bajo los gobiernos ra dicales precipitó el cuestionamiento de diversas facetas de su proyecto de país, entre ellas, el del perfil de la sociedad nacional

Su universo de lectores era la «gente influyente» de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia homónima, pero también llegaron a alcanzar una importante difusión en el interior del país

De promotores de la democratización impulsada por los sectores más progresistas de la elite liberal, los diarios de Uriburu se transfiguraron posteriormente en sus impugnadores y en el sostén de un gobierno militar que suplantó la apelación a la soberanía popular por la invocación del «ser nacional»

II

En la Argentina, la formación del estado nacional iniciada en 1816 con la independencia adquirió vigor hacia 1860, superadas las guerras civiles entre unitarios y federales, y particularmente a partir de 1880, una vez sofocados los alzamientos de los caudillos regionales y las resistencias del autonomismo bonaerense, y culminada la lucha contra el indio. El estado alcanzó por entonces la unidad territorial y la centralización incontestada de su autoridad, y avanzó en

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su institucionalización. Paralelamente, la Argentina se integró al mercado internacional como exportadora de cereales y carne, y receptora de capitales, especialmente de origen británico..La generación de 1880, heredera y continuadora del modelo liberal auspiciado por los padres fundadores de la nacionalidad argentina y en particular por Alberdi, incentivó el arribo de vastos contingentes de inmigrantes deseosos de integrarse al capitalismo en expansión de las pampas argentinas. Como resultado, la Argentina recibió entre 1881 y 1914 unos 4.200.000 inmigrantes, posicionándose en segundo lugar detrás de los Estados Unidos en cuanto a recepción de flujos migratorios externos y superando ampliamente a Canadá y a Brasil

La modernización económica, corolario del acelerado crecimiento de las actividades agroexportadoras, derivó en la urbanización, particularmente en el litoral del país, y en el incipiente desarrollo de la industrialización. La sociedad, abierta a la movilidad ascendente, exhibió prontamente un perfil cultural cosmopolita, que parecía poner en jaque la confianza de la elite liberal en la viabilidad de la homogeneización de la sociedad

Si para los gestores del estado argentino la inmigración estaba llamada a redimir el atraso americano, sus detractores se inclinaron por la reivindicación de lo autóctono o la creación de un mito de los orígenes desarraigado de las in fluencias de las nuevas corrientes inmigratorias

III

En enero de 1911 Uriburu fundó La Mañana, tribuna periodística consagrada al respaldo de la reforma electoral propiciada por el nuevo mandatario, que había proclamado su propósito de transformar las reglas de juego del agonizante orden conservador. La democratización de la política, destinada a coronar la modernización general del país y a hacer efectiva la promesa independentista de una nación de ciudadanos que ejercitaban libremente la soberanía, se encuadraba en el espíritu del liberalismo reformista en auge desde fines del siglo anterior

A diferencia de otros exponentes de la prensa liberal, como los grandes matutinos La Nación y La Prensa, que se arrogaban una supuesta neutralidad en materia política, La Mañana se constituyó desde sus inicios en una tribuna netamente política y abiertamente comprometida con la causa del reformismo

El diario de Uriburu adhirió al proyecto general de país de la generación de 1880, que concebía a la nación como un crisol de razas, según el cual la cultura argentina era el resultado de la mezcla, de la fusión, de la amalgama de los elementos nativos con los aportes de los inmigrantes. Sin embargo, esa noción de crisol, equivalente al melting-pot norteamericano (32), no estaba exenta de claroscuros. Aunque en buena medida las ambigüedades obedecían en el caso del diario al carácter polifónico de toda publicación periódica, también eran

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ilustrativas de las tensiones más generales presentes en la opinión pública acerca del rol de la inmigración en la configuración de la sociedad nacional

Si bien el diario no compartía con los nacionalistas esencialistas el temor a la disolución social por acción de la inmigración, reconocía que «nunca tuvimos ni el poder asimilante ni la previsión sociológica indispensable» para proceder a la obra de «homologación, de amalgamiento, de cohesión nacional»

Así como bregó por la integración de una inmigración indispensable para la continuidad del desarrollo económico, el periódico también exhibió los efectos del clima de ideas del Centenario, oscilante entre un optimismo exultante en torno del progreso ilimitado y un sentimiento de zozobra ante la agudización de la cuestión social inherente a esa misma dinámica. A la luz de esa coyuntura, el proceso de formación de la nacionalidad presentaba flancos débiles que era indispensable corregir y que matizaban las expectativas centradas en las capacidades transformadoras de la inmigración

Las aprensiones del diario frente al avance político del socialismo fueron más tenues que las manifestadas por otros exponentes del orden conservador e incluso por la UCR, que, luego del levantamiento de la abstención tras la sanción de la nueva ley electoral, reveló una aguda xenofobia antisocialista. La preocupación por la difusión del socialismo, dictada por una coyuntura de incertidumbre política ante los resultados imprevistos de la reforma electoral, se esfumó a medida que se hizo evidente el avance de la UCR en el escenario electoral, que —a diferencia de la implantación casi excluyentemente metropolitana del socialismo— tenía arraigo en todo el territorio del país. En adelante, el PS fue visto por La Mañana —y por su sucesor, La Fronda— como un eventual aliado en sus combates contra el rival común, la UCR.

IV

Como resultado de la aplicación de la ley Sáenz Peña, en 1916 llegó a la presidencia de la república el candidato radical, Hipólito Yrigoyen. Los diarios de Uriburu vincularon al radicalismo con la inmigración, dando cuenta de los cambios en la composición social de su dirigencia. En las primeras décadas del siglo XX y como producto de la movilidad social ascendente que se verificaba en la Argentina, la mayoría de sus dirigentes ya no surgía de los reducidos círculos patricios, sino en muchos casos de familias de origen inmigratorio

La Mañana y La Fronda ridiculizaron a los dirigentes radicales por sus apellidos de origen ultramarino, principalmente italiano y español. El sarcasmo del diario se canalizó a través de los motes satíricos que caracterizaron su particular estilo periodístico, generosamente endosados a los principales funcionarios de los gobiernosradicales. Uno de los principales diarios de la comunidad italiana reprochó a Uriburu el vasto uso que hacía La Fronda de referencias a la ascendencia de ese origen de algunos dirigentes de la UCR para denostarlos

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La Mañana y La Fronda se convirtieron en críticos impla cables del yrigoyenismo, a cuya gestión de gobierno imputaron la reedición de los vicios del orden conservador que otrora había combatido y que Sáenz Peña había intentado extirpar mediante la reformulación de las reglas del juego político.

El diario compartió así el consenso de las elites liberales acerca de la orientación ruralista que debía imprimírsele a la política inmigratoria y la preferencia por los inmigrantes de origen latino. En consecuencia, instó al gobierno a atender la distribución del flujo migratorio por medio de leyes de colonización, a fin de corregir la estructura poblacional de la Argentina, a la que comparó con «un gigante con cuerpo deforme»

Por otra parte, el diario descartó las expresiones más recalcitrantes de nacionalismo xenófobo que fueron sucediéndose en la inmediata posguerra, en consonancia con el avance de los autoritarismos en Europa y con el despliegue de gobiernos de ese cariz en algunos países de Latinoamérica

Aun cuando ascendía local e internacionalmente una marea nacionalista extrema, Uriburu y su hoja continuaban adscriptos a los parámetros ideológicos clásicos de la elite liberal

V

Los comicios presidenciales de 1928, que volvieron a consagrar presidente a Hipólito Yrigoyen, marcaron un punto de inflexión irrevocable en su percepción del proceso político abierto en 1912, que condicionó y transformó también su concepción de la nación. El desencanto generado por la reiteración de la experiencia yrigoyenista tras el interludio de la presidencia de Marcelo T. de Alvear condujo a la radicalización ideológica y política de La Fronda hacia mediados de 1929, en el marco de los primeros síntomas de la crisis económica mundial

El diario de Uriburu juzgó que la crisis política exteriorizada en el retorno de Yrigoyen hundía sus raíces en una profunda crisis moral, caracterizada por el individualismo y la decadencia de los valores tradicionales, que atribuyó en última instancia a la morfología aluvional de la sociedad argentina, híbrida, mal integrada, corrompida por la «inmigración negativa»

La inmigración era responsable de la crisis del proyecto nacional del liberalismo en dos niveles. De manera directa, a través del voto de los extranjeros naturalizados que respaldaban masivamente al radicalismo. Y de manera indirecta a través de la contaminación de la moral nacional con el materialismo y la práctica de la «mala vida», que La Fronda identificó con el yrigoyenismo, nutrido de «parásitos presupuestívoros», «reclamantes premiosos» de cargos públicos

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Desde ese punto de vista, la única solución terapéutica viable para la «salvación nacional» consistía en la supresión de la democracia y en la instauración de una dictadura militar, auspiciada activamente por el diario, partícipe diligente en las conspiraciones cívico-militares que culminaron en el derrocamiento de Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930 y en su reemplazo por un gobierno militar al que consideró «la encarnación del sentimiento y de la conciencia de la Nación»

Esa identificación del ejército con la nación remitía a la centralidad que tuvieron las fuerzas armadas en las diferentes instancias de la formación del estado argentino, pero también traslucía el avance en el discurso de La Fronda de la argumentación característica del tradicionalismo católico, con su condena del individualismo y del liberalismo y su exaltación del corporativismo. Estos atisbos confesionales, impensables en el diario apenas unos años antes, habrían de volverse más pronunciados en el seno del nacionalismo autoritario a lo largo de la década de 1930, al punto de convertir al ejército y a la Iglesia en los pilares básicos de la nación

VI

La trayectoria de La Mañana y de La Fronda desde el liberalismo reformista al nacionalismo autoritario impactó también sobre su concepción de la nación: su inicial definición cívica, contractualista, voluntarista y formalmente abierta dio paso a una esencialista, según la cual la nación era una entidad orgánica permanente, acabada, incontaminada, preexistente y trascendente a los individuos. La piedra de toque de esa transformación fue la masificación de la política, un dato relevante sobre la cercana vinculación entre el proceso general de construcción del estado nacional y los avatares del nacionalismo. En épocas de estabilidad y de prosperidad, el consenso liberal acerca del estado y de la nación se mantuvo prácticamente incólume frente a sus eventuales impugnadores, pero en etapas signadas por crisis que hacían a la integración y a la participación comenzó a mostrar fisuras que amenazaron su integridad. La construcción de la homogeneidad fue una premisa básica en la construcción de la sociedad nacional, que en el contexto argentino hizo de la asimilación de los inmigrantes el principal desvelo de las elites. En el caso aquí analizado, la identificación entre aquéllos y el desafío a la hegemonía de la antigua clase dirigente en el marco de la democratización operó como válvula de escape de las tensiones generadas por la evolución y la complejización del estado nacional y por los avatares de la ampliación de sus bases políticas.

Unidad 13María Dolores Béjar, “El régimen fraudulento desde la dinámica del conservadurismo bonaerense”,

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Este trabajo analiza las normas y las prácticas que marcaron la trayectoria del partido Conservador bonaerense en los años treinta y se detiene especialmente en el tratamiento de Plata.

El estudio de estos conflictos permite distinguir una fuerte impronta facciosa que incluyó el uso del fraude para dirimir la relación de fuerza entre caudillos y camarillas.

Estas pugnas recorrieron el cuerpo partidarios desde la base a la cima y se combinaron con crisis en los diferentes niveles del gobierno. La proliferación y gravitación de las facciones fue, en gran medida, alentada por la presencia de fracciones y tendencias en la cúpula partidaria. Los máximos dirigentes, al mismo tiempo que competían por el control de la organización, adherían a diferentes opciones políticas. Unos, aunque signados por las incertidumbres, sedefinieron como liberales y otros, sin dudas, alentaron la vía autoritaria.

Posiblemente la imagen más ampliamente difundida sea aquella en la que un grupo de guapos con armas y apoyados por la policía impedían votar a todos aquellos identificados como opositores al oficialismo.

Diferentes testimonios de la época coincidieron en destacar que, cuando el radicalismo retornó al escenario electoral bonaerense en noviembre de 1935, lacoerción abierta fue la vía ampliamente difundida para evitar su reingreso al gobierno. No obstante, en la primera mitad de la década, la instrumentación del fraude fue notoriamente menos dramática.

El socialismo, la segunda fuerza electoral, no alcanzó en la provincia un gradode inserción que pusiera en peligro el control del gobierno por parte de los conservadores. La fuerte conexión registrada entre el afán de eliminar al principal adversario político y el efectivo despliegue de las acciones destinadas a alcanzar dicho fin ha conducido a una caracterización y una explicación sesgada del régimen fraudulento.

Desde la versión más ampliamente aceptada, han quedado en un cono de sombra los conflictos en torno al poder que signaron la trayectoria del partido gobernante. En este trabajo reviso la compleja combinación de factores que intervinieron en la dinámica del régimen fraudulento a través del análisis de unode sus más decididos ejecutores: el Partido Conservador bonaerense (Partido Demócrata Nacional bonaerense a partir de 1931).

Esta mirada permite reconocer que las prácticas fraudulentas afectaron tanto a las fuerzas políticas del campo opositor como al partido gobernante.

Normas y prácticas del Partido Conservador

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Ni bien fue derrocado Yrigoyen, en la provincia de Buenos Aires las dos fuerzas del campo conservador, el Partido

Las fuerzas conservadoras adoptaron una organización de tipo piramidal: en la base las juntas de distrito (110), en el escalón intermedio las juntas de sección (seis hasta 1934 y ocho a partir de la ley 4202) y en el vértice la junta de gobierno provincial.

Cada una de estas instancias se correspondía con uno de los campos electorales: el del gobierno municipal, el de los legisladores y el ejecutivo provincial y por último el de los legisladores y el ejecutivo nacional

Los afiliados intervenían en la designación de los miembros del comité local y de los delegados a las asambleas seccionales y generales. El comité de distrito proponía los candidatos al gobierno municipal, las asambleas seccionales confirmaban las listas de legisladores provinciales y las de los electores que aprobaban la fórmula gubernativa provincial y la asamblea general se pronunciaba respecto a la composición de la lista de diputados nacionales y la de los electores de la fórmula presidencial. Las listas de aspirantes a los cuerpos legislativos que eran sometidas al veredicto de los afiliados debían incluir el doble de candidatos que el de bancas vacantes.

Este procedimiento reconocía a las bases la posibilidad de incidir en la distribución de los cargos gubernativos entre los dirigentes del partido.

El comité y el gobierno municipal. El caso de La Plata

la proliferación de agrupaciones disidentes coincidió con la abstención del radicalismo y con las sucesivas reorganizaciones de las fuerzasconservadoras. La prensa platense reconoció una estrecha relación entre el retorno al poder y la multiplicación de las agrupaciones:

A lo largo de este período, hubo más de una lista conservadora en cerca de la mitad de los municipios (52). En enero de 1932, el oficialismo se presentó dividido en veintiocho distritos, en noviembre, en treinta y dos, al año siguiente en veintisiete y en diciembre de 1934 en diecisiete. En noviembre de 1935, con la incorporación del radicalismo al escenario electoral, la disidencia alcanzó su mínima expansión, sólo en trece localidades no hubo una lista única.

Aunque frente a la presencia del principal adversario, el partido gobernante decidió hacer un esfuerzo para presentarse cohesionado, los jefes políticos defraudados por los resultados de la elección no dudaron en sumar sus denuncias a las presentadas por la oposición y las fricciones entre las camarillas del oficialismo obstaculizaron la designación de los intendentes en seis comunas.

En 1942, con una oposición desmovilizada en virtud de su impotencia frente a las prácticas fraudulentas –los radicales sólo se presentaron en siete distritos- los

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conservadores se escindieron en veintisiete localidades y en doce de estas comunas, los disidentes denunciaron la instrumentación del fraude por parte de las autoridades locales del partido.

En La Plata, en todas las renovaciones de los comités locales, excepto en 1932, se presentaron listas opositoras en algunas de las nueve secciones en que se dividió la Capital. Desde la primera movilización de los afiliados, se levantaron voces contra la instrumentación del fraude. A pesar que en diciembre de 1930, la elección de las juntas locales fue supervisada por la Junta Reorganizadora –a la misma se incorporaron destacados miembros de las grandes familias propietarias y fue presentada como garantía de ecuanimidad frente a los designios espurios de la politiquería- los derrotados impugnaron el proceso electoral

Hasta el reingreso de los radicales al escenario electoral, las listas aprobadas por la junta platense compitieron con las propuestas por agrupaciones disidentes internas y por los dirigentes que enfrentaron a la conducción del comité desde fuera del partido

En el marco de la reorganización partidaria impulsada después de la derrota de abril de 1931, el comité platense armó una lista cerrada y convocó a los afiliados para que confirmasen a los nuevos miembros de la junta local. Los acuerdos a puerta cerrada no habían logrado satisfacer a los jefes políticos locales y éstos recurrieron a la borratina para poner en evidencia su capacidadde movilización de las bases. La impugnación de la lista en las distintas secciones platenses no respondió a una decisión conjunta, en cada ámbito dio cauce a las demandas puntuales de los caudillos locales

Caudillos y jefes políticos. La cúpula partidaria

Protagonistas y testigos de la época reconocieron el papel protagónico de los caudillos en la proliferación de los conflictos institucionales. Tanto la prensa como los socialistas coincidieron en denunciar el papel negativo de los oscuros personajes locales que no reparaban en los medios para satisfacer sus ambiciones. En ocasiones, se llegó a presentar al gobierno provincial en estado de total indefensión frente a las acciones de aquellos “que no saben sobreponerse a sus pasiones, que no son capaces de entender que no tienen el derecho de tener a su cargo la responsabilidad de gobernar a las ciudades si no cuentan con el apoyo de la mayoría de los vecindarios; son esos caudillos, cuya influencia llega hasta los recintos legislativos, los que torturan al Poder Ejecutivo, los que presionan al Poder Ejecutivo y los que hacen al Poder Ejecutivo la vida imposible.20 Los diagnósticos de este tipo se alternaron con los que responsabilizaron al gobierno provincial, ya que éste, en lugar de asegurar el cumplimiento de la ley, ponía los recursos del Estado al servicio de las facciones en pugna.

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Si las autoridades centrales, en lugar de convertirse en “cómplices conscientes o inconscientes de los caudillejos lugareños” adoptaran una línea de conducta inflexible, los jefes locales desistirían bien pronto de los manejos a que estaban acostumbrados debido al aliciente que encontraban en la cooperación oficial y en la impunidad con que violaban la ley

Estas evaluaciones ofrecen una imagen simplificada de la trama de relaciones partidarias, por una parte, porque al conferir a los caudillos un papel protagónico en las crisis del partido, subestiman las conexiones entre los conflictos locales y las divisiones entre los miembros de la conducción. Si bien las presiones de las distintas camarillas locales obstaculizaron la cohesión de la organización partidaria, la proliferación de las agrupaciones y de los conflictos en las localidades mantuvo una estrecha vinculación con las tensiones en su cúpula.

En segundo lugar porque las figuras con gravitación en el ámbito local no eran necesariamente personajes oscuros que posicionados en la base del partido aspiraban a ascender. Hubo jefes locales que lograron una sólida presencia en la Legislatura, otros que sólo llegaron al gobierno municipal y también un vasto y borroso conjunto de “hombres de confianza” de altos dirigentes, que no ocuparon posiciones en el gobierno.

Pero además, quienes se ubicaron en la cima del partido y ocuparon las bancas del Congreso nacional no dejaron de tener en cuenta su posición en la base del partido. A fines de 1939, por ejemplo, a raíz de la renovación de los comités de distrito, un número destacado de diputados nacionales se postuló como presidente de los mismos. Esta presencia, no necesariamente expresión de la capacidad de liderazgo personal, indica la importancia concedida, por parte de los máximos dirigentes, a la confirmación de su inserción en los espacios locales. En contraste con las elecciones municipales, frente a la renovación de la Legislatura y del Congreso nacional no se presentaron listas disidentes. En estos casos, en lugar de competir con las listas oficiales, los jefes políticos expresaron su malestar a través de la impugnación de los candidatos designados desde “arriba”, pero sin impedir su ingreso a los cuerpos legislativos. Aunque la carta orgánica de 1933 dejó escaso margen para que el voto de los afiliados

Al modificase la composición de las boletas confeccionadas por la conducción del partido, la consulta a las bases brindaba la posibilidad de cuestionar abiertamente el reparto de los cargos, a los jefes políticos que se sentían postergados.

En La Plata, la primera y única lista de legisladores provinciales22 sometida a la votación de los afiliados confirma la estrecha relación entre la movilización de las bases y la exacerbación de las tensiones entre los jefes políticos. Con motivo de las elecciones legislativas provinciales del 25 de marzo de 1934, la asamblea de los delegados seccionales resolvió sesionar a puerta cerrada, mientras la barra, desde el patio del edificio, presionaba con sus cantos a favor de determinados dirigentes. El comité central aprobó dos listas, una con doce nombres para cubrir seis bancas de diputados, y otra con seis, para la elección de los tres senadores.

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Los conservadores recuperaron su condición de partido gobernante, pero la carrera política de su personal quedó signada con el peso de las incertidumbres.

A través de los procesos analizados, el fraude aparece estrechamente asociado a la dinámica interna del conservadorismo bonaerense y la recurrente violación de los marcos normativos expresa, en gran medida, la imposibilidad de las fuerzas conservadoras para lograr un cierto grado de cohesión.

El objetivo compartido: conservar la condición de partido gobernante, coaligó a los jefes máximos frente al adversario. Sin embargo, la eliminación de la oposición, a través del fraude, dejó el camino abierto para que los principales referentes de las fracciones y tendencias en tensión se embarcaran en una dinámica facciosa desde el momento que su competencia generaba un terreno propicio para los enfrentamientos entre las camarillas a la hora de decidir el reparto de los cargos partidarios y gubernativos. Las divergencias en la cúpula remiten, en parte, a la división concretada en los años veinte del campo conservador en dos partidos, el Provincial y el Conservador. Las fricciones entre ambas fracciones por el control de la maquinaria partidaria se combinaron con la confrontación entre las tendencias políticas e ideológicas que se deslindaron a lo largo del período radical: la propuesta autoritaria y la liberal conservadora con Sánchez Sorondo y Moreno como los principales referentes de cada una.

La fuerte impronta facciosa del partido gobernante resultó de la preeminencia concedida a la apropiación de los recursos del gobierno como vía para salvar ambos desafíos. Al margen de sus diferentes idearios políticos, los dirigentes del partido reconocieron en el control de los recursos del gobierno, el requisito principal para conservar y consolidar sus posiciones. La presencia de diferentes fracciones y tendencias en la cúpula y la intensa gravitación de las luchas facciosas, a través de las cuales aquéllas medían sus fuerzas, conformaron una trama de relaciones en permanente tensión.

Cada grupo buscó imponer su predominio a través de prácticas muy semejantes a las instrumentadas para imponerse frente a los partidos opositores. A través del despliegue de la violencia que jugó un papel clave para definir, en forma siempre precaria, las redes de relaciones entre los principales dirigentes tanto en el gobierno como en el partido, las instituciones y las normas jurídicas fueron recurrentemente vulneradas y perdieron consistencia.

Después de casi una década en el gobierno y con la provincia intervenida, el partido, desde la perspectiva de conservadores liberales, se encontraba frente a una encrucijada: debía poner fin a la anarquía que producía el fraude, pero no podía admitir el triunfo de los “peludosAna Virginia Persello y Luciano de Privitellio, “Las reformas de la reforma: la cuestión electoral entre 1912 y 1945”

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Las leyes de reforma de 1912 provocaron al menos dos consecuencias para la política argentina por venir. Por un lado, modificaron las reglas del juego político al introducir cuatro elementos fundamentales en la normativa electoral: el secreto, la obligatoriedad, la representación de la minoría mediante el sistema de lista incompleta y el padrón militar. Por otro, se convirtieron en un modelo, una referencia a partir de la cual se midieron y juzgaron las experiencias políticas posteriores a 1912

Del entusiasmo a la decepción

La reforma de 1912 fue más que una consagración, una apuesta. Sobre la base de la convicción generalizada que funcionó como sentido común del reformismo, según la cual la política y la sociedad no estaban adecuadamente relacionadas –lo que en términos modernos se expresaría con el giro “crisis de representación”- las leyes discutidas y aprobadas en los primeros meses de la presidencia de Roque Sáenz Peña buscaron resolver este hiato considerado como el origen de muchos de los males del país.

Los reformistas de 1912 concibieron a la sociedad no como un conglomerado de intereses económicos o grupos sociales diversos (una visión que, en cambio, estuvo claramente presente en la anterior reforma de 1902 , sino más bien como la encarnación de un conjunto de ideas o principios generales acerca del destino del país que se asociaban vagamente al “progreso”.

A primera vista, la simultánea implantación del sistema de mayoría y minoría podría hacer pensar que los reformadores imaginaban la existencia de un conflicto o al menos un contraste de principios, los cuales serían, de esta manera, canalizados orgánicamente por los nuevos partidos.

Dado que, por otra parte, en muchos casos este sistema aparecía vinculado a la formación de un régimen bipartidista de oficialismo y oposición, podría finalmente concluirse que esta controversia era contemplada como un diálogo de dos ideas encarnadas en dos actores

Todo el arsenal de decretos, circulares y simples “recomendaciones” tenía por objetivo precisar lo más detalladamente posible los comportamientos esperados de las autoridades electorales y políticas, fueran estos comportamientos normados o propios de las costumbres. Sin embargo, los procesos electorales que siguieron a 1912 minaron el entusiasmo, ya de por si escaso, que había despertado la reforma fuera del círculo de los reformistas.

No sólo se trataba de la inesperada victoria de Hipólito Yrigoyen, sino que además muy rápidamente se hizo evidente que la ley no sólo no alcanzaba para modificar los comportamientos no normados creando nuevas costumbres, sino que además aquellos comportamientos sometidos a las normas tampoco se adaptaban a sus prescripciones

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Los mecanismos utilizados a la hora de los comicios que venían a consagrar la victoria de la nueva Argentina encarnada por el radicalismo y su líder disimulaban poco los muchos parecidos con aquellos del antiguo régimen.

El camino hacia el fraude

A diez años de la aprobación de la reforma, los debates parlamentarios ya revelaban un diagnóstico que estaba muy lejos de celebrar sus consecuencias. Por errónea o por incompleta, la ley no alcanzaba para cumplir el objetivo de convertir a las prácticas electorales en el mejor modo de representación de la sociedad y de articulación pacífica de los conflictos de la clase política.

Los resultados electorales no traducían las diferencias en la opinión y si los procedimientos habían mejorado –aunque en un grado muy lejano a las expectativas-, la representación no lo había hecho. No sólo el número avasallaba a la razón sino que la sociedad no aparecía “fielmente” representada. La democracia, asociada al “gobierno de los capaces” requería la racionalización de la administración, la depuración de las prácticas internas de los partidos y el ajuste de los mecanismos representativos. Pero, más aún, voceros del socialismo y del conservadurismo no dudaban en manifestar su desconfianza por los propios ciudadanos, cuya condición de electores independientes y concientes era puesta en duda sin mayores reservas

Pero no se trataba exclusivamente de un modo de impugnar las victorias del radicalismo. Por el contrario, los legisladores radicales (aún los personalistas) solían atacar de igual modo las prácticas de sus opositores (incluso cuando también eran radicales), ya fuera para impedir un ingreso a la Cámara o para justificar una intervención federal. El voto sólo parecía legítimo y transparente, y los ciudadanos concientes y educados, cuando el radicalismo personalista era el vencedor. Si no era así, entonces un arsenal de argumentos similar al utilizado por conservadores, radicales disidentes o socialistas era utilizado esta vez por radicales personalistas.

Pero lo que en principio podría reputarse como una forma simple de impugnar al opositor, fue convirtiéndose en parte de un sentido común sobre el sufragio: la ley Sáenz Peña no estaba cumpliendo su misión, como tampoco la estaban cumpliendo los partidos políticos.

En cuanto al lugar y las funciones que las elecciones ocuparon en la arena política, centralmente, en términos generales y válidos para todo el período, las actitudes frente a ellas revelaron hasta donde había encarnado la convicción de que las elecciones no eran el mecanismo más efectivo para resolver pacíficamente las disputas de la elite política. Esta idea llegó a su cenit en 1942, luego del fracaso del proyecto de Ortiz para volver a consagrar elecciones limpias.

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Ya en el gobierno de Justo, hasta enero de 1935, los comicios no fueron precisamente un mecanismo de disputa de cargos, no al menos desde la perspectiva del gobierno nacional ya que, dada la ausencia de la UCR, nada podía empañar la victoria de los partidos de la coalición justista.

Partidos, candidatos y electores

El debate sobre el gobierno representativo adquirió connotaciones nuevas vinculadas, por un lado, a la necesidad de desplazar al radicalismo y por otro, al modo de representar a la sociedad

La insistencia en la presentación de iniciativas legislativas que colocaran a los partidos como personas de derecho jurídico, independientemente de que no se sancionaran, implica un reconocimiento, ya otorgado en la práctica, de que eran los espacios donde parte del proceso electoral se sustanciaba.

Esta idea ya estaba presente en la propia reforma de 1912, pero lo que en aquella ocasión se había dejado librado al progreso de las costumbres (en todo caso impulsadas por una elite a la que Sáenz Peña llamaba a formar el partido orgánico), ahora se pensaba como potencial objeto de las normas la idea de reglamentar la selección de candidaturas se fundamentaba a partir de la necesidad de eliminar el caudillismo para lograr que gobernaran los capaces y esta cuestión volvió a ser planteada en relación al universo de votantes La representación de las minorías y el fraude

Nuevamente es la exclusión del radicalismo la clave a partir de la cual debe entenderse el proyecto presentado por el PEN el 20 de julio de 1933 aunque no se esperaba que la abstención de la UCR fuera eterna, la forma en que se produciría este regreso estaba aún en veremos y, por el momento, no parecía que la UCR fuera el principal problema. Podría argumentarse también que la idea era resolver algunos de los conflictos que dividían a los propios partidos de la Concordancia pero, si fue así, la escasa atención que mereció el proyecto no parece probar que el presidente y los legisladores creyeran que la solución podía avanzar por ese rumbo. En cambio, la presentación vino acompañada por una justificación que atacaba apenas veladamente la conformación de mayorías complacientes durante el período anterior. La mayor debilidad de esta propuesta fue que, más allá de tratarse de un proyecto destinado a demostrar el apego del gobierno por los mecanismos electorales y por el pluralismo (un discurso muy importante para el justismo en el poder), modificaba demasiado profundamente las reglas del juego como para poder ser aceptado por los bandos en conflictos dentro del propio oficialismo

La representación de los intereses

Aunque de hecho se utilizaran mecanismos legales y extralegales para cercenar el lugar de la oposición, los partidos y las elecciones periódicas siguieron siendo

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reconocidos como instrumentos legítimos y necesarios para la asignación de la ocupación de roles en el gobierno. Pero necesarios no implica suficientes.

Hacia finales de la década del ’20, si para algunos se estaba frente a una crisis del parlamento provocada por la modalidad que adoptaban los partidos locales que consideraban la función parlamentaria como posición de combate o recompensa por servicios electorales

La arquitectura institucional no contemplaba un lugar para los representantes de intereses sectoriales y la idea de constituir la representación corporativa en una alternativa global al régimen democrático liberal se circunscribía a sectores absolutamente minoritarios. Sin embargo, gradualmente, y por exigencias de las transformaciones operadas en las relaciones entre estado, sociedad y economía, las corporaciones comenzaron a ampliar su participación en un sinnúmero de juntas, comisiones, direcciones y subdirecciones; nuevas agencias estatales que se ocupaban de la organización de la percepción de nuevos tributos, el control de cambios, la regulación de la producción y el comercio y la reforma que afectó al sistema bancario. Su inserción se justificó en nombre del saber técnico y no como una modalidad nueva de representación.

Durante las tres décadas que siguieron a la reforma de 1912 ningún aspecto de las prácticas o la normativa electoral quedó fuera de discusión. Por el contrario, en buena medida un amplio consenso establecía que la normativa no había alcanzado para modificar las costumbres. Las razones esgrimidas eran diferentes, según fuera el diagnóstico: desde las formas normadas de representación, pasando por la impugnación al rol de los partidos y ciertas agencias estatales, hasta llegar a los propios ciudadanos

Lejos de tratarse de una convicción derivada de los golpes de estado (y que, además, se habría impuesto sólo a partir de la caída del peronismo), esta mirada sobre las prácticas electorales estaba ya lo suficientemente instalada desde los años veinte. Tal vez, la diferencia es que durante estos años todavía podía creerse que algún tipo de reforma garantizaría un mejor desempeño de las prácticas electorales dentro del sistema político.

Con el paso de los años ni siquiera esta convicción sobreviviría

Ana Virginia Persello, El Partido Radical. Gobierno y oposición, 1916-1943. Buenos Aires, S. XXI,, capítulo 4.

Busca reconstruir de manera renovada la historia del partido radical, prestando atención particular al aspecto organizativo y al proceso de construcción de la identidad partidaria.

El trabajo de Persello se inscribe dentro de un abordaje que prioriza "lo político". Por ello, la hipótesis de trabajo que guía la investigación busca mostrar que la

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faccionalización del partido, es decir, en el lenguaje de Sartori, la expresión de los conflictos personales al interior de la organización partidaria -visible desde los orígenes en 1890- permeó la historia del radicalismo hasta 1943, momento en que recorta su investigación histórica.

La primera parte de la investigación analiza al radicalismo en el gobierno, enfatizando dos momentos distintos. El primero de ellos se encuentra signado por una faccionalización extrema producida primordialmente por la distribución de "incentivos selectivos" y en consecuencia las pujas internas para lograr acceder a los beneficios materiales generados por el acceso del personal político a los cuadros administrativos burocráticos.

El segundo momento es visualizado desde la división formal del partido y la consecuente ruptura entre los grupos que tradicionalmente se han denominado "personalistas" y "antipersonalistas", visión matizada por Persello al vislumbrar que al interior del partido existía una multiplicidad de enfrentamientos que no respondían exclusivamente a esta rígida y estática oposición dicotómica. En este momento, las múltiples facciones en que se habían diseminado el partido buscaron apropiarse de las representaciones simbólicas y de su historia para exhibirse en la escena pública como las legítimas herederas de la "religión cívica".

La segunda parte del libro revisa el nuevo papel jugado por el radicalismo en el marco institucional del país posterior a la revolución septembrina de 1930. El pasaje del partido radical de la función de gobierno hacia la oposición conlleva nuevas tareas y desafíos para los grupos dirigentes que habían adscrito a la organización partidaria. La crisis del sistema de partidos, la decepción de la democracia como forma de gobierno y como mecanismo de elección de los gobernantes marcó el escenario en el que este proceso tomó forma.

Persello destaca la falta de disciplina partidaria de los poderes locales en referencia a la dirección nacional. Las elecciones en las provincias constituyen para la autora los momentos claves para visualizar la faccionalización del partido y las múltiples divisiones que no responden necesariamente a lo que se percibe en el cuadro nacional.

La lucha facciosa es la que permite también explicar las recurrentes intervenciones del poder central a las provincias: las pujas partidarias internas por las candidaturas, los conflictos entre los poderes ejecutivos provinciales y sus legislaturas, las disputas por el presupuesto entre nación y provincias son algunos de los motivos de la utilización de este recurrente mecanismo practicado por el radicalismo. El parlamento también sufrió los embates de las divisiones del elenco dirigente, convirtiéndose en la "caja de resonancia" de las disputas partidarias: las deliberaciones en torno a la aceptación de diplomas de legisladores fueron recurrentes y se percibían las escisiones de los grupos del partido. En suma, la multiplicidad de enfrentamientos intestinos es la que le permite a Persello sumar evidencias para contrarrestar la visión del radicalismo como una conjunción de dos

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partidos distintos, el "liberal" o incluso denominado "conservador" y el "popular" o "plebiscitario".

Persello enfatiza el papel relevante que jugó en los años que se mantuvo el radicalismo en el gobierno el acceso de los dirigentes partidarios a espacios de la administración pública, argumento que sostiene a través de una documentación rigurosa en torno a la prensa, debates parlamentarios y registros que evidencian los reemplazos de empleados públicos por dirigentes partidarios. El sostenimiento de la "máquina" se lograba a través del presupuesto estatal, otorgando puestos en la administración a cambio de mantener las lealtades partidarias. Este fenómeno conllevó a exacerbar las luchas intestinas debido a que las facciones que quedaban excluidas de la distribución de beneficios tildaron a las restantes de "corruptas". La incorporación del personal político partidario en los engranajes mismos del Estado, según la autora, permitió el crecimiento del partido pero a su vez debilitó los mecanismos institucionales: la relación de poderes se vio alterada y se restó eficiencia a la dinámica estatal.

En el marco de la acentuada crisis del sistema de partidos y de decepción democrática, Persello describe el cambio del panorama político argentino con la revolución uriburista de setiembre de 1930 y la consecuente apertura de una nueva etapa para el partido radical; en efecto, el contexto original exigía prácticas renovadas. Desplazado de la función de gobierno, el radicalismo debió enfrentar una crisis de identidad adosada a una crisis organizacional. Por esta razón, la nueva coyuntura requirió un proceso de reorganización el cual presentó marchas y contramarchas. Las demandas que más se hicieron sentir, según la autora, fueron la búsqueda de nuevas reglas y la democratización interna del partido. No obstante, el intento de editar nuevas prácticas se vio frustrado ante la continuidad de la lucha facciosa en diferentes momentos donde el radicalismo jugó el papel de partido opositor. Restauradores y renovadores en las elecciones internas de 1932, abstencionistas y concurrencistas, unionistas e intransigentes fueron las formas visibles en que fueron derivando los enfrentamientos internos dentro de la organización. A estos conflictos en torno al problema de la unificación partidaria se sumaba el de no disponer de los recursos estatales para el mantenimiento de la "máquina" y de contar en numerosas ocasiones sólo con el recurso de la apelación de "incentivos identitarios" para conservar los adherentes. Asimismo, el fraude se convirtió en un tercer factor que condujo al radicalismo a tomar distintas posiciones en torno a las contiendas electorales. Esta práctica condujo a que se acordaran en algunas provincias "listas únicas" de candidatos, a pesar de subsistir las pujas internas. La complejidad del fenómeno electoral visto tanto en las provincias como en la nación demuestra la diversidad de posturas que fueron tomando los radicales en las distintas coyunturas y las tendencias facciosas que atravesaron el partido.

El levantamiento de la abstención en 1935 exacerbó este escenario debido a que se aceleró el proceso de lucha por lograr la hegemonía en el partido. La participación en elecciones favorecía la proliferación de alianzas partidarias, vistas en algunos casos como espurias. Sin embargo, los intentos de unificación

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realizados por los grupos dirigentes mostraron un nuevo fracaso en cuanto al radicalismo lo constituía un grupo heterogéneo de dirigentes con escasa unificación de prácticas y perspectivas. Esta división, si bien no se apreció de manera clara en las elecciones provinciales y nacionales, fue visualizada de manera prístina en los debates parlamentarios. De esta manera, Persello entiende que la pretendida reorganización vista como necesidad urgente a partir de los sucesos de setiembre de 1930, quedó trunca al no alcanzarse la consolidación de la estructura del partido radical, dotada de una dirigencia unificada en torno a un ideario programático y a pautas de acción conjuntas.

En síntesis, el recorrido planteado por Persello exhibe que el "faccionalismo", la "lógica plesbiscitaria" que le imprimió el yrigoyenismo a las contiendas electorales, y el papel detentado por la oposición, frente a los cambios institucionales introducidos por la reforma de 1912, fueron factores que impidieron la edificación de la "República verdadera". En tal sentido las instituciones democráticas se vieron debilitadas por estos tres factores concomitantes entorpeciendo la consolidación del régimen político.Unidad 14

María Moira Mackinnon, “Sobre los orígenes del Partido Peronista. Notas introductorias ”

El Partido Peronista ha sido escasamente tratado, no obstante lo mucho que se ha escrito sobre el peronismo. Lo que se encuentra habiualmente en la literatura son referencias al pasar, nunca un análisis

en la opinión de Félix Luna, para quien estaríamos frente a un tema inexistente afirma: "El Partido Peronista, fue desde su nacimiento, un cadáver: eso sí, un cadaver lujosamente velado en locales alumbrados por la novedosa luz de neón y decorados por un cierto confort que contrastaba con la clásica fealdad de los comités opositores. Nadie podrá escribir la historia del Partido Peronista entre 1946 y 1955 porque no existió

Cavarozzi reconoce la existencia de una entidad llamada Partido Peronista pero sostiene seguidamente que estuvo subordinada a las necesidades del estado. Así, afirma que el partido era poco más que un apéndice de las instituciones estatales, especialmente de las reparticiones del ejecutivo tanto a nivel nacional como provincial. De esta manera, Cavarozzi reproduce la versión convencional que considera al partido peronista como una agencia más de la burocracia estatal, encargada de la legitimación de políticas públicasAlberto Ciria centra su análisis del partido, luego de un interesante relato de los orígenes de las corrientes que lo formaron, en el examen de las Cartas Orgánicas de 1947 y de 1954. Respecto de la primera, destaca el personalismo (se establecía que la doctrina de Perón constituía la fuente de inspiración del Partido y se le otorga poderes para modificar decisiones de los organismos partidarios) y el autoritarismo ("no serían admitidas posiciones de facción o bandería atentatorias

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de esa unidad", la centralidad del Consejo Superior en el aparato partidario) que se revelan en sus artículos. Ambos caracteres se acentúan, afirma, en la Carta Orgánica de 1954 que consolida el centralismo burocrático y el personalismo, y manifiesta una notoria militarización en el vocabulario y la concepción de la política partidaria que se identificaba con la Nación en abstracto

Walter Little encuentra un intento de periodizar y diferenciar etapas, de identificar conflictos y resultados. atribuye el fracaso de la formación de un real y efectivo Partido Peronista al personalismo de su organización política coincidiendo con los dos autores antes mencionados respecto al carácter monolítico, personalista y autoritario del mismo. El dato nuevo que aporta es el reconocimiento de su policromía -caracteriza al partido como policlasista- y por lo tanto del conflicto presente en su seno. La razón principal del fracaso del partido, radicaría para Little en las contradicciones inherentes a toda la actitud peronista hacia la organización política de las masas y en el hecho de que la doctrina justicialista estaba ella misma concebida para ocultar esas contradicciones. Por otro lado, los intereses nacionalistas y obreros que constituyeron la coalición inicial eran fundamentalmente antagónicos, pero este hecho nunca fue aceptado por el peronismo cuya retención del poder dependía de mantener la coalición y así dedicaron sus esfuerzos a preservar su equilibrio dinámico. Llegada la recesión económica de principio de los 50, la coalición fue rápidamente erosionada por las políticas de austeridad y cada vez más se mantuvo unida debido a la coerción estatal.

Frente a esos autores, creemos que hay una historia a ser reconstruida porque la caracterización del partido peronista durante esos años como sometido férreamente a una conducción verticalista y convertido en una agencia más de la burocracia estatal describe más bien un punto de llegada que podríamos ubicar en torno a 1950. En realidad los años previos desde que Perón en mayo de 1946 ordenó la disolución de las dos formaciones que lo habían llevado a la presidencia -el Partido Laborista y la UCR-Junta Renovadora- y creó el Partido Unico de la Revolución estuvieron lejos de ser el marco de un proceso de encuadramiento rápido, diáfano y sin conflictos. Por el contrario, nuestra investigación de los materiales de la época demuestra que, luego del ascenso de Perón al poder en 1946, se desata un proceso muy rico de conflictos de intereses y debate de ideas que se desarrolló tanto en el ámbito político partidario como en el de las instituciones estatales, entre las principales corrientes que formaban la coalición peronista en torno a la organización y dirección del nuevo partido de gobierno. Esta confrontación creó el marco para una intensa participación política.

En la búsqueda, entonces, de claves interpretativas que den cuenta más ajustadamente de la dinámica y la evolución del Partido Peronista, intentaremos reconstruir las modalidades de los primeros conflictos por el control del partido y sus resultados, recorriendo los cruciales primeros años de la siguiente manera: en primer lugar indagaremos las razones que apremian a los dirigentes de la coalición peronista triunfante en febrero del 46 a formar un partido único que reuniese las distintas fuerzas bajo una sola estructura; en segundo lugar examinaremos las

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principales líneas y tipos de conflictos que se desarrollan entre Laboristas y Renovadores en varias provincias. En tercer lugar reconstruiremos las iniciativas de tipo organizativo que se ponen en movimiento para implementar la decisión de unificación y las medidas que surgen en respuesta a las dificultades con que tropiezan. En cuarto lugar examinaremos los ejes políticos alrededor de los que se expresa la disputa por los espacios dentro del partido y su evolución, pasando por las elecciones internas, hasta llegar al Congreso General Constituyente de diciembre de 1947. Por último, expondremos nuestras conclusiones provisorias. Hacia la formación del Partido Peronista I. Los Conflictos dentro de la Coalición y la Orden del 23 de Mayo Después de las jornadas del 17 de octubre de 1945 y la posterior creación del Partido Laborista y la Unión Cívica Radical-Junta Renovadora, desprendimiento que nucleó la disidencia radical, hubo que conformar el controvertido frente electoral entre estas dos fuerzas y una tercera, menor, denominada Partido Independiente o Centros Cívicos Coronel Perón6 . El Laborismo nació después de la Junta Renovadora, con su primer 'brote' en las jornadas de octubre de 1945 y constituyó la corriente más numerosa: allí confluyeron grandes sectores de trabajadores que formaron su columna vertebral y otorgaron al peronismo su carácter distintivo. Su aparato consistió fundamentalmente en las organizaciones gremiales adictas a Perón. El Laborismo fue particularmente vigoroso en Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán7 . En este período de febril creación de sindicatos e intensa movilización poltítica de los sectores populares, se verifica su presencia en todas las provincias, aunque con rasgos diferenciales segun la situación económica, social y política de cada una de ellas

Otras agrupaciones políticas también formaron parte de este primer peronismo. En términos de volumen, en primer lugar lo hicieron dirigentes de distintas vertientes del Radicalismo, presentes por lo menos una de ellas en todas las provincias dentro de las filas del peronismo: encontramos a núcleos escindidos de la UCR de orígen Yrigoyenista, llamados en general Radicales Renovadores o UCR-Junta Renovadora; a hombres de Forja (en especial en Buenos Aires, San Juan, Entre Ríos) que entraron al peronismo en forma independiente de la Junta Renovadora; y también participó un ala radical conservadora que provenía de la "Concordancia", también llamados radicales antipersonalistas (en Santa Fe, Santiago del Estero, La Rioja). La tercera fuerza fue el Partido Independiente o Centros Cívicos Coronel Perón. Los integrantes del Partido Independiente, procedían del conservadorismo y los encontramos particularmente en la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y Santa Fe donde también militaban fuertes grupos nacionalistas. Previstas para el mes de abril, las elecciones nacionales fueron adelantadas al 24 de febrero por el Presidente Farrell hacia mediados de noviembre de 1946, obligando a los contendientes a zanjar sus diferencias en un plazo demasiado breve, haciendo aún más difícil el arduo trabajo que demandaba la construcción de la coalición. El punto crítico de la negociación estuvo en el lugar que Perón pretendía asignar en el frente electoral a los sectores desprendidos del Radicalismo. Las tratativas de unidad y la elección de candidaturas estuvieron plagadas de objeciones y dificultades, en particular en torno a las distintas candidaturas, a causa de la oposición del Laborismo a la alianza aunque,

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finalmente, concedieron su renuente apoyo al pacto electoral auspiciado por Perón. En todas las provincias las pugnas en esta primera etapa, anterior a las elecciones de febrero de 1946, se expresaron bajo la forma de competencia por los cargos relacionados con los distintos ámbitos institucionales (Congreso Nacional -senadores y diputados- en particular en torno a los senadores, legislaturas provinciales, poder ejecutivo provincial). Esta lucha entre las agrupaciones llevó, en seis de los quince distritos electorales, al abandono de la coalición por parte de algunos de sus componentes. En Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero y San Luís las dos mayores formaciones políticas concurrieron por separado a la contienda electoral. En San Juan, indignado al no haber podido imponer sus candidatos a la alianza peronista, el partido bloquista pegó un portazo y anunció su apoyo a Tamborini y Mosca; lo mismo sucedió con el Partido Lencinista mendocino. El conflicto latente -referido en párrafos posteriores- que ya se insinuaba en las filas peronistas entre los hombres del Laborismo y los del la UCR-Junta Renovadora durante la campaña electoral, estalló una vez asegurado el triunfo, llevando a la coalición al borde de la disolución. Para conjurar el conflicto y evitar el desbande de sus fuerzas Perón, acompañado por algunos colaboradores, debe tomar una serie de decisiones que buscan la unificación de las heterogéneas agrupaciones políticas en un sólo partido. El 23 de mayo de 1946 lee por radio una proclama en la que anuncia la creación de un nuevo partido político en la Argentina. Declara disueltos los partidos que habían formado la coalición triunfante el 24 de febrero y crea el Partido Unico de la Revolución Nacional, poniendo en manos de la Junta Ejecutiva Nacional, integrada por los legisladores electos que se desempeñan como presidentes de bloques y miembros de mesas directivas de ambas cámaras legislativas nacionales, la organización de todas las fuerzas peronistas dentro del mismo8 . La orden de Perón de construir un nuevo partido uniendo a las heterogéneas y convulsionadas agrupaciones que integraban su coalición, fue, en definitiva, una orden acatada. Primero, por los radicales renovadores y después, al cabo de un breve pero intenso debate, también por los laboristas9 . Para explicar este acatamiento señalemos que había en el contexto del momento razones de peso que daban razón y sustento a la iniciativa de Perón. Dada la situación nacional y las circunstancias que motivaron la proyección popular de su liderazgo, era imposible encontrar en la Argentina de entonces un espacio de participación alternativo equivalente para sus seguidores. Esto implicaba un desequilibrio rotundo a favor del atractivo que ejercía la convocatoria de Perón: en efecto, para un obrero, afiliado o militante peronista en aquel período, no existía un ámbito político igualmente convocante ni en términos de identidad, ni de servicios de asistencia o de oportunidades de movilidad ascendente. Sobre todo, constituía un espacio único por lo que significaba en términos de identidad (se participa por identificación con la organización), de solidaridad (se participa por razones de solidaridad con los demás participantes) e ideología (se participa porque existe una identificación con la "causa" de la organización) para la enorme mayoría de los militantes de base10. La única resistencia a la orden de Perón fue la de Cipriano Reyes y un reducido número de dirigentes del Partido Laborista; y aun muchos de éstos, aunque más tardíamente que otras agrupaciones, se pasan al PUR por razones que no conviene ignorar: Sin embargo, para las fuerzas

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convocadas, el hecho de aceptar formar parte del espacio del nuevo partido no significaba renunciar a sus reivindicaciones, creencias e ideas políticas. La escasa resistencia a la orden de Perón no implica que se haya producido una mansa y ordenada subordinación a sus directivas de unificación. Por el contrario, la historia de los años formativos del partido está recorrida por el intenso conflicto que se desarrolla entre las dos fuerzas principales, Laboristas y Renovadores.

II. Laboristas versus Renovadores - Arenas de Conflicto La conflictiva relación entre laboristas y renovadores surge de la investigación como un microcosmos que sintetiza en su seno las principales contradicciones que surcaban la sociedad argentina en este momento de cambio social y político abierto. Las diferencias entre las fuerzas surgen de distintas fuentes. Por un lado se originan en la experiencia: unos ya formaban parte del escenario político nacional, otros constituyen una fuerza nueva que surge para ser incorporada. Así, este contraste es planteado por Felix Luna : "... los Laboristas, vírgenes en política, pero protagonistas de ásperas luchas sindicales se sentían representantes de un fenómeno original, renovador, revolucionario, exento de ataduras y compromisos con el pasado". Los radicales renovadores, en cambio, "... sólo podían aportar al ruedo político la exaltación de la tradición Yrigoyenista -lo que en muchos casos resultaba insincero como ocurría con Quijano que siempre fue alvearista- y la reiteración, ya fatigosa de formas cívicas utilizadas anteriormente.

Este contraste no era todo lo que los separaba; había además otras líneas de división. Una primera, asociada a la manera con la que conceptualizaban sus diferencias de origen de clase. Ambas agrupaciones tienen orígenes sociales diversos que, a su vez, implicaban una cosmovisión y una cultura diferentes: la clase obrera en el caso de los laboristas y la clase media en el de los radicales renovadores (aunque los límites de sus apoyos sociales no deben establecerse con rigidez) y esta diferencia está presente en las propuestas y en las relaciones entre las agrupaciones, constituyendo, dando sustento a su enfrentamiento político. Esta relación entre Laboristas y Renovadores expresa la polarización social también presente, con particular vigor, en la sociedad argentina de ese momento. En una ocasión, en el transcurso de un debate en el parlamento, Andreotti, diputado nacional laborista por la provincia de Buenos Aires

Los radicales renovadores defendían sus pretensiones respecto a las candidaturas o cargos en los diversos organismos, ya sea partidarios o de la administración nacional, sobre la base de la mayor experiencia política de sus cuadros. Pero ese profesionalismo en el que cifraban sus virtudes era precisamente el que despertaba la desconfianza de los dirigentes sindicales, quienes temían el resurgimiento de ese pasado excluyente y viciado de prácticas fraudulentas. Como afirma Juan Carlos Torre, "Peor todavía, porque su inclusión en la alianza bien podía terminar siendo el caballo de Troya de la vieja política en la empresa que prometía, con Perón en el poder, reformar un orden social injusto. Este promisorio futuro sólo podía ser obra de 'una nueva conciencia en marcha', como la proclamada por el eslogan laborista, como ésa que la afortunada coincidencia entre sindicatos y ejército había hecho nacer"15. Los recelos, la resistencia y las

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prevenciones de los laboristas hacia los radicales renovadores, tenían que ver, también, con otro tema profundo que era el cuestionamiento del sistema político en el que había transcurrido su militancia. La vida política argentina siempre había segregado a los dirigentes del movimiento sindical. Así, resulta comprensible la fuerte convicción de los sindicalistas de la necesidad de entrar en la acción política en primera persona, sin delegar el monopolio de su representación en los "profesionales de la política". Esta resistencia a delegar la representación era la manifestación de la brecha, el agudo extrañamiento de los sindicalistas respecto de las instituciones de la política tradicional. Esto lo expresaba bien Luís Gay cuando sostenía la existencia de dos morales políticas distintas, dos conceptos diametralmente opuestos en lo que se refiere a los propósitos fundamentales de los partidos:

La relación entre laboristas y renovadores dentro del partido revela otro aspecto interesante. Las crisis en el Congreso Nacional17 y en las legislaturas provinciales, más allá de las diferencias políticas e ideológicas de los que participan en ellas, son ilustrativas, creemos, de uno de los conflictos institucionales más importantes de la Argentina: la problemática relación entre mayorías y minorías. Tensión, por otro lado -y quizás la cuestión política más importante- que también recorre la sociedad argentina en este momento. En los conflictos parlamentarios entre grupos peronistas, replicando las relaciones entre peronismo y oposición, se encuentra sobre el escenario un grupo minoritario, pero de cierta entidad con una mayor formación y experiencia en la arena política pública, que tiene serias dificultades para aceptar la voluntad, las propuestas, de otro grupo que es, a su vez, el mayoritario. Este opta, entonces por tensar con la fuerza del número, logrando a través de las votaciones, "forzar" las resoluciones a su favor. Este constituye un tema muy problemático para las fuerzas peronistas y también, creemos, para la sociedad argentina en general.

Las Situaciones Provinciales

Una vez asegurado el triunfo electoral, el conflicto estalla entre las distintas agrupaciones políticas de la coalición peronista. Aunque las directivas de unidad se han aceptado formalmente y hay cierta voluntad política para intentar llevarlas a cabo, en la realidad existen, como hemos señalado, dos agrupaciones políticas distintas, dos organizaciones separadas, con visiones del mundo y de la coyuntura muy diferentes que remiten, a su vez, a orígenes, tradiciones y lenguajes diversos. En todas las provincias, los distintos orígenes sociales y políticos de las dos fuerzas principales dan lugar a la fragmentación del frente en dos o más arcos de alianzas enfrentados, verdaderos rompecabezas políticos, que habrán de variar según las relaciones de fuerza entre las agrupaciones políticas, su historia, la gravitación mayor o menor de los sindicatos en el lugar, la presencia de partidos provinciales, los patrones sociales más estructurales de cada una de las provincias que nos ocupan. Además, al conflicto entre los dirigentes sindicales y los políticos tradicionales se va a superponer la lucha por una mayor influencia entre los distintos intereses locales. La pugna por prevalecer -es decir, controlar los organismos partidarios y las actividades políticas que de ellos dependían- entre

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las fuerzas rivales se desarrolla en dos ámbitos: por un lado, en los escenarios político-partidarios provinciales, ámbito que origina y condiciona el conflicto en el otro: los espacios institucionales del estado. El conflicto entre laboristas y radicales renovadores se expresó de varias formas: por un lado, a través del conflicto entre poderes que tomó, en general, la forma de guerras de procedimiento. Como para formar la coalición se habían distribuido los cargos en disputa, dividiendo el poder institucional entre las distintas agrupaciones, a la hora de gobernar, la pugna interna paralizó las administraciones provinciales pues los diversos espacios de los estados provinciales habían terminado en manos de sectores políticos enfrentados. En casi todas las provincias el conflicto de mayor peso fue la lucha que se desató entre el Poder Ejecutivo Provincial y los bloques que se formaban en ambas cámaras de las Legislaturas, complicada, a su vez por el enfrentamiento entre gobernador y vice, casi siempre pertenecientes a fuerzas políticas en pugna (Tucumán, Córdoba, San Juan, Salta, Entre Ríos). También se desarrollan conflictos entre y dentro de las cámaras de la legislaturas.

Primeras Conclusiones

Recapitulando todo lo que hemos dicho en este esfuerzo por entender la formación del Partido Peronista, señalemos que el énfasis tradicionalmente puesto en el autoritarismo como clave interpretativa del fracaso para construir el partido debe ser revisado. Cavarozzi y Ciria caracterizan al partido, desde su comienzo, como monolítico, personalista y autoritario, como una agencia más de la burocracia estatal, encargada de la legitimación de políticas públicas. Se ha sostenido, asimismo, que la disolución del Partido Laborista y la cooptación de la CGT representan la conquista final del último foco de resistencia dentro del movimiento obrero por parte de un lider populista y autoritario. Little concluye que para 1948 el desarrollo del conflicto ideológico entre la rama sindicalista con inclinaciones autónomas y una variedad de facciones nacionalistas y oportunistas había culminado con la expulsión de los primeros de la coalición por la burocracia peronista y en la subsiguiente eliminación de todo vestigio de oposición54. Aunque la clave autoritaria ha sido cuestionada en la interpretación de otros aspectos del peronismo, como en la relación entre el estado y los sindicatos, y Perón y los sindicatos, no ha sucedido lo mismo respecto del partido. Es más, aun aquellos autores que participan de las opiniones basadas en nuevas investigaciones, afirman que el partido se redujo, a través de una red de vinculaciones corporativistas, a una estructura impotente, condenada a ser un recipiente pasivo de los beneficios gubernamentales. Esta versión es la que predomina hoy. Sin embargo, durante el período estudiado -y todo parece sugerir que el estudio de su desarrollo más allá de diciembre del 47 revelará también dinámicas y procesos más complejos-, el Partido Peronista no fue un apéndice del estado, tampoco la extensión de la voluntad del presidente, y menos aún un cadáver. Más bien, la reconstrucción histórica que hemos hecho constata la presencia de una organización en ciernes dotada de una gran vitalidad en la cual se desarrollan una serie de fuertes e importantes debates y luchas políticas. Antes que multitudes regimentadas, la investigación demuestra que la amalgama de las fuerzas adictas a Perón fue muy difícil de producir pues las corrientes que formaron el peronismo

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estaban vertebradas por un origen social, memoria, conflictos, e historia propios que ofrecían una fuerte resistencia e inspiraban un intenso proceso de debate de ideas y movilización política, que emergen estrechamente vinculados a las principales contradicciones que atravesaban a la sociedad argentina en ese momento. El proceso de encuadramiento partidario no se produjo de forma rápida y eficaz, como resultado de un liderazgo verticalista y autoritario como sostienen los pocos trabajos existentes sobre este tema. En todo caso, las aristas autoritarias del estilo político de Perón sólo pudieron tener efecto sobre el terreno fértil creado por las conflictivas y agitadas relaciones entre sus heterogéneos apoyos políticos, los cuales, ante las impasses a que arriban, depositan en él la salida. Por otro lado, la investigación también demuestra que la experiencia vivida por los sectores obreros en este primer período de movilización política masiva no fue sólo un momento de aceptación pasiva de un liderazgo carismático, sino un momento creativo, de propuestas y formas políticas de organización partidarias novedosas en el que, además, hicieron suyos las prácticas de la competencia democrática. Además, el "ideal laborista" como principio de identidad de la clase trabajadora, fuerza que nacía de los sindicatos, parece haber sobrevivido transformándose, adaptándose a las dificultades y a los distintos momentos. Nuestra propuesta de investigación está inspirada por la idea de recuperar una intuición fundamental de la sociología clásica, y en particular de la weberiana, referida a la importancia del momento fundacional de las instituciones, "La manera en que se reparten las cartas, así como los resultados de las diversas partidas que se juegan en la fase originaria de una organización y en los momentos inmediatamente posteriores", ha sostenido Panebianco, "continúan en muchísimos casos, condicionando la vida de la organización a decenios de distancia [...] los resultados de las primeras "partidas" o, dejando la metáfora, las opciones políticas cruciales puestas en práctica por los padres fundadores, las modalidades de los primeros conflictos por el control de la organización, y la manera en que éstas se consolidan, dejarán una impronta indeleble. Pocos aspectos de la fisonomía actual así como de las tensiones que se desarrollan ante nuestros ojos en muchas organizaciones, resultarían comprensibles si no nos remontáramos a su fase de formación"55. La recuperación de la dimensión histórica se convierte así en parte integrante del análisis de la organización de los partidos políticos. Esta dimensión que focaliza la atención en las alianzas y conflictos por el poder en el seno de la organización (una dinámica condicionada a su vez por las influencias del entorno) son las claves principales para comprender el funcionamiento así como los cambios que pueden experimentar los partidos. Vista desde este marco interpretativo, la historia que hemos reconstruido nos señala dos cuestiones. En primer lugar, el camino hacia una estructura verticalizada de partido estuvo pavimentado por los conflictos entre los seguidores de Perón; y fue desde allí que surgieron las voces que reclamaron la intervención de su liderazgo para dar unidad al partido. La segunda se refiere a la naturaleza de los conflictos, centrada en la disputa política entre sindicatos y comités, sectores cuya convivencia planteó serias dificultades para el funcionamiento del partido durante los años que hemos analizado. La solución que finalmente se habrá de alcanzar será salir de la impasse reconociendo las diferencias y así, hacia 1949, bajo el paraguas del Partido Peronista convivirán por lo menos dos partidos: el de los sindicalistas y el

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de los políticos.

Dario Macor, “Las tradiciones políticas en los orígenes del peronismo santafesino”, en Darío Macor y César Tcach (eds.), La invención del peronismo en el interior del país. Santa Fe, Ediciones UNL,2003

Los autores hablaban del déficit de la historiografía sobre el peronismo, que situándose en especial en Buenos Aires y su conurbano, adherían a explicaciones “ortodoxas” o “heterodoxas”, según el papel que le asignaban al movimiento obrero y su relación con Perón.

Proponen una tercera vía interpretativa: los estudios “extracéntricos”El peronismo ha sido objeto de diversas y contradictorias interpretaciones dentro de las ciencias sociales y la filosofía política. Este trabajo es el resultado de diversos abordajes sobre este movimiento realizados desde la historia, preocupados por alcanzar una interpretación que atraviese -y supere- las fronteras de la Buenos Aires industrializada y repoblada por migrantes recientes provenientes del interior, fronteras que han caracterizado la gran mayoría de trabajos nucleadas alrededor del tema.La tradición nacionalistaEl nacionalismo integrista proveía al golpe militar de 1943 de uno de sus principales rasgos ideológicos. La impronta nacionalista es muy fuerte en la primera mitad del gobierno militar, hasta finales de 1944, para decaer luego, en 1945/1946, cuando los diferentes grupos nacionalistas se refugian en un espacio político más acotado, que les permitirá sobrevivir en torno del poder aunque debiendo resignarse a un papel mucho menos relevante que el soñado en los años inicialesEl nacionalismo integrista proveía al golpe militar de 1943 de uno de sus principales rasgos ideológicos. La impronta nacionalista es muy fuerte en la primera mitad del gobierno militar, hasta finales de 1944, para decaer luego, en 1945/1946, cuando los diferentes grupos naonalistas se refugian en un espacio político más acotado, que les permitirá sobrevivir en torno del poder aunque debiendo resignarse a un papel mucho menos relevante que el so-ñado en los años inicialesEn los distritos provinciales la cruzada nacionalista tiene múltiples matices, de acuer-do con las realidades locales y motoriza en general las segundas líneas de gobiernos casi siempre encabezados por figuras militares escasamente significativas. En el caso específico de la provincia de Santa Fe, su intervención se produce en un terreno de crisis político-ideológica particularmente abonado en las décadas anterioresSanta Fe ha conocido fuertes enfrentamientos político-ideológicos a partir de las resistencias ofrecidas por la iglesia católica frente a los procesos institucionales promovidos en nombre del liberalismo. En la segunda mitad del siglo XIX, como parte de un fenómeno que tendrá alcance nacional; en los años veinte y treinta del

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siglo XX, como un caso más específicamente local, a partir de los intentos de reforma de la constitución provincial.La tradición radical

Silvana Palermo, “Quiera el hombre vota, quiera la mujer votar: género y ciudadanía política en Argentina (1912-1947)

La aspiración de Saenz Peña de universalidad no se materializaría sino hasta treinta y cinco años más tarde, cuando a fines de 1947 el Congreso Nacional aprobó la ley N° 13.010, reconociendo a las mujeres los mismos derechos y obligaciones asignadas a los varones en 1912.

La Historia social se encargo de estudiar las razones de la desigualdad jurídica entre hombres y mujeres en materia de derechos civiles, políticos y sociales en Latinoamérica

Para el caso de Argentina, estos estudios prueban la relevancia del activismo femenino en la esfera pública –una de las dimensiones constitutivas de la ciudadanía política- desde los inicios del orden republicano hasta el ascenso del peronismo. Este activismo reflejado en las diversas asociaciones de mujeres se expresó en la publicación de periódicos y revistas, labores profesionales y la organización de reuniones y conferencias

Este activismo femenino dejó su impronta en la agenda política gubernamental -en especial, en materia social- tanto durante la formación del estado nacional como en los debates sobre la cuestión social a partir de 1890. De hecho, dos de las transformaciones más sustantivas de la normativa jurídica del país aprobadas en las primeras décadas del siglo XX se debieron, en buena medida, a la movilización femenina.

1 Tras la apariencia de universalidad: liberalismo reformista y iudadanía masculina

La ley electoral de 1912 tradujo las preocupaciones de un sector de la elite gobernante a raíz del quiebre de la legitimidad política evidenciada durante la crisis de 1890 y de los dilemas morales de un país en franco progreso económico pero atravesado por profundos conflictos sociales

La reforma electoral buscaba asegurar la verdad electoral, adoptando el uso del padrón de enrolamiento militar con propósitos electorales. También establecía el secreto del voto para asegurar la libertad del sufragante, protegiéndolo de las posibles coacciones asociadas al voto cantado. Por último, introducía el sistema de lista ncompleta en las elecciones para diputados y presidente a fin de asegurar un tercio de las posiciones a la primera minoría electoral. Más allá de sus fundamentos filosóficos y medidas concretas, el diseño de la reforma atendía a necesidades políticas

La obligatoriedad del sufragio, por su parte, venía a contrarrestar el temor al

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abstencionismo en las contiendas electorales. Este temor se focalizaba en el presunto desinterés en la cosa pública de quienes podían vivir acomodadamente. Así la ley cumpliría una misión pedagógica ya que el deber de votar estimularía el desarrollo de la conciencia cívica, particularmente entre los sectores de mayores recursos

Pero este reconocimiento a las capacidades de todos los hombres sin distinción de posesiones, educación o rasgos de carácter expresaba una visión de la comunidad política masculina profundamente igualitaria. Pero llevaba como contrapartida la tácita exclusión de la mujer (ésta no era explicitada en el texto de la ley) y su consecuente subordinación en el ámbito privado.

El orden liberal trazó una distinción entre espacio público y privado, una demarcación que se basó y reforzó el principio de la división sexual del trabajo que relegaba a la mujer a su supuesta misión “natural”: la reproducción, el cuidado de su familia y las ocupaciones del hogar. Mientras que el principio de la universalidad sobre la que se inauguró la república verdadera había sancionado la exclusión de las mujeres, sería durante el primer gobierno elegido bajo dicha ley que comenzarían a cuestionarse los fundamentos de esta discriminación

2. Una fe cívica quebrantada: las ambivalencias de la Unión Cívica Radical frente al sufragio femenino

La cuestión del sufragio femenino desde fines de 1910 hasta 1930, correspondería fundamentalmente a la iniciativa de la Unión Cívica Radical. Durante la primera experiencia democrática del país, cuatro de los seis proyectos de reconocimiento a los derechos políticos de la mujer correspondieron a legisladores radicales. Esto se opacaria durante la década del treinta.

Tras el derrocamiento del presidente Hipólito Yrigoyen, la proscripción de los radicales personalistas les impediría participar activamente en el tratamiento más sustantivo de esta cuestión a nivel institucional: el debate parlamentario

Sería recién a fines de la década de 1930, una vez que el levantamiento de la roscripción les permitió aumentar su representación legislativa, que las voces de los legisladores radicales volverían a escucharse con fuerza en la Cámara de Diputados. Tal fue el caso de nuevos proyectos de derechos cívicos femeninos presentados por un grupo de diputados radicales de Buenos Aires, Santa Fe y el interior en 1938

Los proyectos de sufragio femenino del radicalismo evidencian que algunos de sus miembros aún confiaban en la eficacia del sistema político electoral para transformar a los trabajadores en ciudadanos.

El clima internacional también propició la reconsideración de los derechos femeninos. Los cambios en el status jurídico de las mujeres ocurridos en diversos países occidentales tras la Primera Guerra Mundial no podían ser ignorados por la

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elite política Argentina. Si esta nación se pretendía moderna no se podía permanecer al margen de las nuevas tendencias mundiales a reconocer a las mujeres como sujetos de pleno derecho. La aprobación del sufragio femenino en Inglaterra y Estados Unidos y los debates que se estaban dando en España, Italia y Francia, así como en países latinoamericanos como México y Uruguay, fueron referencias obligadas en la justificación de los proyectos

Estas tendencias nacionales e internacionales favorecieran el reconocimiento de las libertades políticas femeninas no despejaba, de ningún modo, los temores y resistencias que esta transformación suscitaba. Los parlamentarios radicales eran concientes, como quedó reflejado en sus fundamentos legislativos, de las reticencias que generaba la participación política de las mujeres.

Para los radicales La presencia de la mujer vendría pues a mejorar los modos de acción política, favorecer el éxito de la reforma social y, además, reforzar la unidad familiar. En suma, desde la perspectiva optimista defendida por el radicalismo, el reconocimiento de los derechos políticos femeninos traería beneficios en el orden político, social y moral.

¿Por qué si el contexto internacional y nacional resultaba propicio para la aprobación del sufragio femenino y si el partido de gobierno fue capaz de presentar la reforma electoral como una causa poco perturbadora de los equilibrios políticos y sociales vigentes, ninguno de estos proyectos legislativos se convirtió finalmente en ley?

Debajo del optimismo de las propuestas subyacen ambivalencias problemáticas respecto a la naturaleza femenina y, por tanto, a los supuestos beneficios que las mujeres brindarían a la comunidad política

Las ambivalencias del radicalismo respecto a las capacidades y pericias de la mujer debilitaban su prédica a favor de la inclusión política femenina, no era solamente por su falta de convicción en los principios del feminismo maternalista sino también en su desconfianza del liberalismo reformista

Algunos de los proyectos sobre el voto limitado a la mujer desenmascaran todas las objeciones y disgustos que la universalidad del sufragio masculino había suscitado

Cuando se valoriza la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer educados, el sufragio pasó de enmarcarse en una retórica de la desigualdad sexual a una retórica fundada en diferencias de capacidad intelectual y formación educativa. El optimismo de los liberales reformistas en la educación popular durante la sanción de la ley Sáenz Peña cedió terreno. La invocación de los méritos intelectuales y educativos no estuvo dirigida apuntalar sino a socavar los principios políticos igualitarios.

El sufragio femenino no aparecía entonces como un reconocimiento a la

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representación de un grupo social con cualidades específicas, como había sido el caso en los sociedades anglosajonas, ni como un primer paso en el inevitable camino hacia la igualación política. Se trataba en esencia de una estrategia compensadora que reparaba los desajustes ocasionados por el sufragio masculino universal y obligatorio. En el contexto de la reflexión sobre la inclusión política de la mujer, se iba definiendo una jerarquía dentro de la comunidad política por la cual el hombre culto y moderado aparecía igualado a las mujeres de la misma condición, a quienes se ubicaba en un escalón superior a los hombres iletrados. En este ordenamiento, la mujer carente de una educación formal –es decir las trabajadoras- ocuparían, en consecuencia, el último lugar.

Algunas de las opiniones vertidas por los varios de los legisladores radicales seguían, en buena medida, estos lineamientos

3 Una fe laica: el Partido Socialista y la defensa de la universalidad del sufragio

La defensa de igualdad de los derechos políticos entre hombres y mujeres figuraba en el programa del Partido Socialista desde su fundación.

Su incondicional defensa de la universalidad del sufragio lo distinguiría de la postura ambivalente del Partido Radical y lo enfrentaría a las posiciones más conservadoras de algunos de los miembros del Partido Demócrata Nacional. En nombre de este principio igualitario, el Partido Socialista se convirtió en el principal promotor de la causa del voto femenino desde fines de la década del veinte y durante el período de la república oligárquica

los socialistas y los socialistas independientes presentaron sus propios proyectos por separado, coincidieron en su defensa de los derechos cívicos a la mujer en idénticas condiciones a los hombres. Ambos se opusieron a la posición de la comisión integrada mayoritariamente por miembros del partido Demócrata Nacional, quienes postulaban el voto voluntario sólo para las mujeres alfabetas. Gracias a su férrea defensa, los socialistas obtendrían la sanción favorable para su proyecto en la cámara baja pero el tema no sería debatido en el Senado, a pesar de la insistencia de sus senadores como Alfredo Palacios y de la presentación de un nuevo proyecto en 1935

el socialismo esgrimía una defensa del sufragio femenino tanto en función de su apego a sus principios doctrinarios como de sus aspiraciones de electoralistas. Los socialistas presuponían que el ejercicio de los derechos cívicos de las mujeres terminaría jerciendo una influencia benéfica en aquellos hogares, cuyo jefe de familia era un trabajador extranjero. El voto femenino aparecía como el más eficaz

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y último recurso para acercar a la política electoral a los trabajadores europeos, a quienes el socialismo concebía como su principal base de apoyo.

Habiendo confiado, aunque sin resultados favorables, en la naturalización y articipación de estos últimos, el socialismo se orientaba a buscar el favor de las mujeres rabajadoras, apelando inclusive a su patriotismo

La defensa del sufragio femenino se inscribía en una retórica fuertemente anti clerical, lo cual diferenciaba nítidamente al socialismo de las posturas de algunos de los legisladores radicales en los años veinte. En el Parlamento, los socialistas insistieron en que la equivalencia jurídica entre hombres y mujeres representaba un paso más en el afianzamiento de los principios laicos en el país. Sus críticas más implacables se lanzaban a la doctrina cristiana y la Iglesia Católica, a las cuales responsabilizaban por la subordinación jurídica y cultural de las mujeres.

Para los socialistas, la ley del estado debía procurar liberar a las mujeres reconociéndoles sus derechos como individuos, para los conservadores la ley no podía avasallar los derechos privados y el orden sexualmente jerarquizado del mundo doméstico.

Valorizar la diferencia, invertir las jerarquías: la feminización de la virtud republicana en la “Nueva Argentina Peronista”

El apoyo de Perón a la causa del sufragio femenino representó, en buena parte, una estrategia destinada a ampliar su apoyo político. Esta se hizo particularmente necesaria cuando el gobierno militar comenzó a vislumbrar como única salida el retorno a la democracia parlamentaria.

Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón apeló a las mujeres trabajadoras, aproximadamente un cuarto de la fuerza de trabajo del país, para que se organizaran colectivamente en defensa de sus derechos. En octubre de 1944, se creó una sección especial dentro de la Secretaría, la División del Trabajo y Asistencia de la Mujer, dedicada a resolver los problemas específicos de la mujer obrera, la cual avanzó en la legislación protectora y demandó la igualdad salarial entre hombres y mujeres que desempeñaran las mismas actividades

el sufragio femenino constituía una pieza importante en la estrategia política de Perón. No hay duda que existieron intereses puramente partidarios detrás de este proyecto por su parte, como es bien sabido, Eva Perón dirigió una campaña radial a favor de los derechos cívicos de la mujer, entre enero y marzo de 1947, que le sirvió de plataforma para construir su liderazgo dentro del partido

El sufragio femenino, sin embargo, no constituía tan sólo un signo de la modernidad del país sino fundamentalmente un reconocimiento a la igualdad completa entre hombres y mujeres. En este sentido, se prefería defender la equiparación, no tanto en función de los avances del conocimiento científico, sino en función de la igualdad espiritual que se reconocía a personas de distintos

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sexos en la doctrina religiosa. La equidad jurídica se fundaba en los principios constitucionales del país pero fundamentalmente en la posición igualitaria de los individuos derivada de la doctrina cristiana. Desde esta perspectiva, el peronismo se enfrentaba a la posición sostenida por el socialismo en las dos décadas anteriores

El peronismo a la par que afirmaba la igualdad en el campo espiritual, reforzaba la diferencia de roles que, en función de sus diferencias biológicas, hombres y mujeres debían cumplir en la sociedad. En este sentido, el peronismo retomó y fortaleció los planteos del maternalismo, al legitimar la participación política de la mujer como una extensión de su papel maternal.

Dentro del peronismo la visión tradicional de la mujer, identificada con la misión natural de la maternidad y el cuidado de su familia, iba acompañada de una celebración de la politización del hogar y de un reconocimiento de las desigualdades y tensiones que anidaban en el mundo familiar. Ello no resultaba fácilmente aceptable. La preocupación por las consecuencias que la llegada de la política al mundo doméstico acarrearía sobre la vida familiar continuaban preocupando a los conservadores.

Para el peronismo, por el contrario, hablar de política en el seno familiar, interesarse y discutir la suerte del gobierno, constituía el prerrequisito para garantizar el triunfo del programa de justicia social

Lo interesante que se desprende al abordar la problemática del sufragio femenino desde la perspectiva de género es que en su defensa de dicha causa, el peronismo si bien cuestionó la discriminación política de la mujer no transformó sustantivamente las concepciones tradicionales de la diferencia sexual. Sin embargo, al cuestionar las jerarquías construidas sobre la base de las diferencia de género y al glorificar los atributos de la mujer de pueblo para la participación política produjo una importante ruptura con el ideal de ciudadano heredado de la tradición liberal reformista. Puede afirmarse, entonces, que aunque la Nueva Argentina Peronista brindaría escasas novedades en cuanto a los ideales aceptables de feminidad y masculinidad, aún cuando convocara a la movilización masiva de los trabajadores y de las mujeres, parecía generar rupturas más significativas en cuanto al ideal de ciudadano al atribuir a la virtud republicana las cualidades de la trabajadora, aquella relegada a una posición subordinada en las representaciones de la comunidad política dominantes en los años veinte y treinta.

En consecuencia, aunque el peronismo defendía formalmente el voto universal secreto y obligatorio para el hombre y la mujer tal como lo establecía la ley Sáenz Peña, el ideal de ciudadano –el hombre culto y moderado al que la reforma política del 1912 pretendía darle voz- había dejado paso a un modelo de ciudadano impregnado de los atributos positivos que se adjudicaban a la mujer del pueblo: la intuición, el apasionamiento y la determinación para defender el bienestar familiar. De ahí que el peronismo cuestionara dos de los pilares en los que se fundaba el liberalismo reformista: la educación para la democracia y la función pedagógica de

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la ley, que establecía la obligatoriedad del voto como forma de despertar la conciencia cívica

Mientras que desde el ala católica se cuestionaba el modelo de feminidad y acción, los opositores laicos lo criticaban En consecuencia, aunque el peronismo defendía formalmente el voto universal secreto y obligatorio para el hombre y la mujer tal como lo establecía la ley Sáenz Peña, el ideal de ciudadano –el hombre culto y moderado al que la reforma política del 1912 pretendía darle voz- había dejado paso a un modelo de ciudadano impregnado de los atributos positivos que se adjudicaban a la mujer del pueblo: la intuición, el apasionamiento y la determinación para defender el bienestar familiar. De ahí que el peronismo cuestionara dos de los pilares en los que se fundaba el liberalismo reformista:la educación para la democracia y la función pedagógica de la ley, que establecía la obligatoriedad del voto como forma de despertar la conciencia cívica colectiva propuesto por el peronismo, sus opositores laicos lo criticaban por juzgarlo parte de una estrategia deliberada de manipulación política. Es verdad, que la oposición liberal asimilaba el fenómeno peronista a los nazi-fascismos, pero además de la perspectiva sesgada que la lente de la política internacional ofrecía para analizar los conflictos locales, la historia de objeciones y vaivenes que la universalidad del sufragio había suscitado en el país explican también la orientación que tomó el pensamiento de partidos como la Unión Cívica Radical.

Conclusiones: el sufragio femenino y los dilemas de la universalización

La historia del sufragio femenino ilustra, en este sentido, que las profundas disidencias generadas por la inclusión de sujetos considerados “naturalmente” diferentes a la comunidad política no pueden ser disociadas de la falta de unanimidad acerca de la igualdad como principio estructurante del sistema de gobierno

durante la experiencia de la república democrática, la dirigencia política se cuestionó las incongruencias derivadas de la exclusión política de la mujer. Aunque fueron varios los proyectos parlamentarios presentados para reparar esta discriminación jurídica, ninguno logró aprobarse. Con independencia de otros factores, parece claro que el partido de gobierno, la Unión Cívica Radical, no logró articular una posición homogénea y contundente.

El Partido Socialista, por su parte, pareció mejor equipado para advocar consistentemente por los derechos cívicos de la mujer y la equiparación jurídica de ambos sexos. Su énfasis en la completa igualdad de género lo hizo refractario a representaciones negativas de la feminidad.

Pocas dudas puede haber que Perón abrazó la causa del sufragio femenino como parte de una estrategia política tendiente a expandir todo lo posible el apoyo popular. Se adueño con este fin de una causa que contaba con antiguas y antiguos defensores y que por entonces carecía ya prácticamente de opositores doctrinarios -aún cuando el tema seguía despertando temores de desunión familiar

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y comunitaria entre los sectores más conservadores. No obstante, los acuerdos formales respecto de la necesidad de ampliar a las mujeres los beneficios de la ley Sáenz Peña no ocultaron las sustantivas discrepancias sobre el modo de comprender la ciudadanía política. El peronismo definió en sus propios términos los fundamentos de la igualdad de derechos cívicos entre hombres y mujeres.

En primer lugar, efectuó una valorización de la feminidad que estaba corporizada en la mujer del pueblo. En contraposición a los radicales de la década del veinte, aceptaba incondicionalmente el ideario del maternalismo, celebrando sin ambages la extensión de las virtudes específicamente femeninas al mundo de la política. Desde luego, su adhesión a los principios del maternalismo en la prosecución de los derechos políticos de la mujer y sus referencias a la doctrina católica, más que a los principios jurídicos del constitucionalismo liberal, no podían apartarse más de las inclinaciones ideológicas de los socialistas la historia del sufragio femenino invita a reconsiderar el paradigma ya clásico del proceso de formación de la ciudadanía como una sucesión lineal de etapas:

A la consecución de los derechos civiles y políticos le seguiría la obtención de los derechos sociales. En el caso de la Argentina, esta secuencia remite al liberalismo constitucionalista, que consagró los derechos individuales, la Unión Cívica Radical, defensora de las virtudes republicanas, y al Peronismo clásico con su programa de democratización del bienestar

Por su parte, el socialismo, enfrentado a la necesidad de fortalecer su vínculo con el electorado, se embarcó en la defensa de la universalidad a fin de construir una imagen de la comunidad política capaz de conciliar las diferencias con el valor de la igualdad. Frente a ellos, las fuerzas conservadoras expresaron una obstinada resistencia a la universalidad del sufragio, ya sea buscando modos de morigerarla o imaginando con nostalgia un retorno al período previo a la reforma electoral.

Carolina Barry (comp.), Sufragio femenino. Prácticas y debates políticos, religiosos y culturales en Argentina y América.

En conmemoración de los sesenta años de la ley que otorgó derechos electorales a las mujeres en la Argentina. La primera parte reúne aquellos análisis centrados en el caso argentino mientras que la segunda, presenta trabajos dedicados a pensar la génesis del sufragio femenino en América Latina, particularmente abordando los casos chileno, brasileño, uruguayo, ecuatoriano, peruano y algunos de Centroamérica.-

Los artículos, tomados de forma conjunta, permiten reconstruir las discusiones en torno al voto femenino y as prácticas políticas de las mujeres durante el período de sanción de la ley.

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Silvana Palermo, abre la sección dedicada a la Argentina. A partir de utilizar el concepto de género como categoría de análisis, la autora examina las concepciones de los legisladores sobre el rol de la mujer en la vida pública desde la sanción de la Ley Sáenz Peña, en 1912, hasta la de la Ley de Sufragio Femenino, en 1947.

Omar Acha atiende a las perspectivas enunciadas por las mujeres católicas alrededor del sufragio para mostrar que, si bien en las primeras décadas del siglo XX hubo católicas a favor y en contra de la ampliación de la ciudadanía política, cuando se sancionó la ley todas las organizaciones de las mujeres católicas coincidieron en su aceptación.

Nerina Visacovsky analiza el lugar adjudicado por dos organizaciones judías al sufragio femenino: dentro de éstas había tanto mujeres que apoyaban la medida y al gobierno de Perón, como otras que se oponían.

Carolina Barry analiza el rol de Eva Perón en este proceso, remarca la importancia de las mujeres sufragistas en las primeras décadas del siglo XX y cómo el lugar crucial de Evita, durante la sanción de la ley, permitió al peronismo coronarla como la propulsora indiscutida del ingreso de las mujeres a la política.

Adriana Valobra, contrapone las ideas y las prácticas del radicalismo y del comunismo sobre los derechos políticos de las mujeres. La UCR apoyó en la Cámara de Diputados el proyecto legislativo, al mismo tiempo no dio a las mujeres espacio alguno dentro de la organización partidaria. Por su parte, el PC, que señalaba que los derechos políticos de las mujeres eran insuficientes si no se los complementaba con los derechos sociales y económicos, tomó la decisión de abrir espacios partidarios a la participación femenina.

Dora Barrancos, analiza la actuación del Partido Socialista desde la sanción de la ley hasta las elecciones presidenciales de 1951. Coherente con su historia previa, el socialismo no se opuso al otorgamiento de derechos políticos a las mujeres, sin embargo, criticaba que la ampliación de derechos se produjera bajo un gobierno nazi fascista. La otra preocupación socialista tuvo que ver con la aplicación de la ley, ya que creían que el sufragio femenino sería utilizado para consolidar el monopolio peronista.

María Eugenia Bordagaray, atiende a las opiniones de las anarquistas, volcadas en el periódico Reconstruir, acerca del voto y de la ciudadanía política femenina. La publicación ácrata consideraba al proyecto como un intento de la derecha y de la Iglesia por lograr el “voto cautivo” de las mujeres e impugnaba al sistema político en su conjunto.

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.La segunda parte del libro comienza con un estudio del caso ecuatoriano, a cargo de Mercedes Prieto y de Ana María Goetschel, en el que se muestra que el sufragio femenino fue un proceso que encontró tanto seguidores como detractores entre los conservadores, liberales y las fuerzas de izquierda.

Para el caso mexicano, Enriqueta Tuñón Pablos recorre cronológicamente la historia política del país desde los constituyentes de 1917 hasta el momento de otorgamiento del voto femenino en 1953.

El artículo de Eugenia Rodríguez Sáenz describe a los movimientos feministas y sufragistas en América Central, analizando las principales tendencias, similitudes, diferencias y especificidades en el desarrollo de estos grupos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Las mujeres peruanas tienen su apartado a cargo de Roisida Aguilar Gil quien señala que el derecho de sufragio femenino se logró en un contexto de profundos cambios sociales y económicos.

Mónica Raisa Schpun analiza el caso brasileño a partir de las trayectorias de dos figuras ligadas a los derechos políticos de las mujeres: la feminista Bertha Lutz y Carlota Pereira de Queiroz, primera diputada federal de Brasil.

Graciela Sapriza, recrea las circunstancias políticas uruguayas al momento de sancionarse la ley de sufragio femenino y señala que el impulso dado por el batllismo y el socialismo a la medida estuvo muy relacionado con las necesidades electorales de los partidos.

El libro finaliza con el análisis de Claudia Fedora Rojas Mira centrado en la historia del movimiento sufragista en Chile. Para la autora, en este caso, el voto no le fue “otorgado” a las mujeres, sino que fueron estas, quienes organizadas se apropiaron de este derecho.

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