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Haciendas, Industrias y Lacustres en Disputa

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Tercer Congreso Red de Investigadores Sociales Sobre Agua

9 al 11 abril, 2014

Haciendas, industrias y lacustres en disputa. Conflicto y aprovechamiento del Río

Grande, laguna de Cajititlán y arroyo Los Sabinos, Jalisco, a finales del siglo XIX 1

Laura Y. Pacheco Urista,Universidad de Guadalajara

[email protected]

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 Introducción

El presente trabajo expone la disputa y aprovechamiento de los recursos acuíferos

compartidos por tres sectores productivos distintos: el agro-ganadero, el de generación

energética y el lacustre. La región de estudio está delimitada por la geografía hidrológica de

un sector de los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y Cajititlán,

Jalisco, que enmarca un espacio triangulado por tres fuentes hídricas: el Río Grande o

Santiago, la laguna de Cajititlán y el arroyo Los Sabinos. El análisis de estos fenómenos

 parte del contexto en que el Estado porfirista, por medio de concesiones, regularizó y

 posibilitó el uso intensivo del agua en actividades productivas de particulares. La

 perspectiva de desarrollo del conflicto sigue los mecanismos con que la hacienda de

Atequiza logró implantar su dotación de agua ante la del resto de usufructuarios de la zona.

Bajo el influjo de la segunda revolución industrial y una creciente demanda sobre

los productos del campo, tomó forma el consumo capitalista del agua, de la mano de

aquellos actores que fincaban sus planes en la producción a gran escala y bajo el impulso

del Estado porfirista. En el ámbito rural la irrigación se convirtió en el tema principal de la

1 Este trabajo es una versión preliminar de un artículo en proceso para su publicación. Favor de no citar.

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agenda de fomento, junto con la mecanización de actividades y procesamientos agrícolas.

Para lograr expandir el regadío nacional tuvieron que subsanarse dos vacíos estructurales

que hasta entonces presentaban las aguas mexicanas: la falta de legislación sobre la

 propiedad del líquido y el financiamiento para la construcción de obras hidráulicas. La

solución se encontró en una paulatina nacionalización de aguas y en el otorgamiento de

concesiones.

La obligatoriedad que estableció la legislación porfirista sobre regularizar los

derechos de uso de agua, provocó en los consumidores una tendencia a ampliar cada vez

más la cantidad del líquido en merced, así como la multiplicación de su aprovechamiento

en diversas y más grandes industrias. Esta proliferación trajo una constante pugna y

negociación por el líquido, tanto entre personajes en aparente igualdad de condiciones – 

hacendados vs hacendados, industriales vs industriales-, como entre éstos contra aquellos

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 productores tradicionales que en la pesca, parcelas o huertas tenían fincada su subsistencia.

En estas frecuentes disputas chocaban los intereses de “nuevos empresarios dispuestos a

invertir en distintos ramos que demandaban la existencia de agua: fábricas, empresas

agrícolas, servicios urbanos, etc.”.2

En la región examinada, los actores involucrados en la querella por el agua fueron

las haciendas: “Negociación de Atequiza”,3 “El Castillo”, “Miraflores”, “Santa Rosa”,

“Cedros”, “Potrerillos” y “Zapotlanejo”, cuyas necesidades de riego y abrevadero eran

satisfechas por el líquido en disputa; los pueblos de Atotonilquillo, Cajititlán, San Juan

2 Alejandro Tortolero, De la coa a la máquina de vapor. Actividad agrícola e innovación tecnológica en las

haciendas mexicanas: 1880 -1914, 2ª ed., México, Siglo XXI, 1998, p. 85.3 Esta negociación agrícola estuvo integrada por la conjunción productiva de las haciendas de Atequiza, La

Calera y La Huerta, así como por sus respectivos ranchos internos. Laura Pacheco, “Entre máquinas, tierras y

agua. Modernización agrícola e industrial en la hacienda de Atequiza y su impacto productivo, 1873-1908”,

Tesis de Licenciatura, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2013.

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Evangelista y Cuescomatitán, donde el líquido era necesario para el consumo doméstico y

actividades como la pesca y el pequeño regadío; el sector industrial que conjugaba a varios

molinos de trigo, plantas hidroeléctricas y diversas fábricas establecidas en Atequiza, donde

el agua cumplía como generador energético e insumo. Cabe resaltar que todas las

 propiedades y comunidades mencionadas colindaban con Atequiza, o intervenían en algún

 punto de sus proyectos hidráulicos.

 Las reglas de batalla: legislación y tendencias del uso agua

Es necesario establecer brevemente algunas condiciones legislativas en materia de aguas,

importantes dentro del marco temporal presentado aquí. Para organizar la repartición del

líquido entre los nuevos consumidores, fue indispensable actualizar el sistema de derechos

sobre el uso del agua, pues hasta entonces dominaban los aprovechamientos basados en

mercedes reales o en los permisos otorgados por gobiernos locales. Así, comenzó una

legislación moderna que permitía tanto inventariar los recursos acuíferos del país como

aclarar y ampliar los derechos sobre ella, todo con la finalidad de optimizar su

aprovechamiento.

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3

El primer paso para ello fue la promulgación de la ley del 4 de junio de 1888, la cual

declaraba como vías generales de comunicación todos los mares, esteros, lagunas, canales

construidos por la federación y los lagos que fueran navegables.4 Además determinaba la

obligatoriedad para los interesados de confirmar o solicitar sus derechos ante instancias

federales. Sin embargo, ésta sólo establecía la jurisdicción federal sobre el agua y no su

 propiedad, por lo cual fue secundada por la ley del 6 junio de 1894, que facultaba al

4 Tortolero, op. cit., p. 86.

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ejecutivo para “hacer concesiones a particulares y compañías para el mejor 

aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal, en riegos y como potencia a diversas

industrias.”5 Un par de años después se promulgó otra ley, encaminada a regular las

concesiones que habían otorgado los gobiernos estatales por el poder federal.

En 1902 se logró centralizar el acceso al recurso, cuando las aguas fueron

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declaradas como federales y como bienes de dominio público y uso común. Entonces los

usuarios podían obtener concesiones para su aprovechamiento, más nunca su propiedad, y

eran incentivados con distintas medidas para que realizaran las obras hidráulicas necesarias

 para la expansión del riego y la industrialización. En este sentido, es observable una lógica

de cooperación para el incremento productivo, donde el Estado garantizaba el

aprovisionamiento del recurso natural y los particulares ponían el capital necesario para su

aprovechamiento.

Cuando el gobierno federal terminó de moldear estos lineamentos para el

aprovechamiento del agua, la Secretaría de Fomento quedó encargada del otorgamiento de

las concesiones a particulares. La quinta sección de ésta fue la receptora de los trámites

correspondientes, ya fueran de ratificación o de nuevas peticiones. Un solicitante de

cualquiera de estas dos formas, debía identificar la ubicación de la propiedad a beneficiar,

aclarar la fuente y cantidad del agua en cuestión, especificar las obras hidráulicas a realizar 

y para qué sería aprovechada. Después de la recepción del proyecto, la Secretaría

designaría un ingeniero para su estudio y eran tomados en consideración los intereses que

otros particulares pudieran tener sobre el mismo líquido. Además, este Ministerio podía

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solicitar obras adicionales a las propuestas. Una vez satisfechas todas las condicionantes, se

5 Diana Birrichaga, Agua e industria en México: documentos sobre el impacto ambiental y contaminación,

1900-1935, M éxico, CIESAS-El Colegio Mexiquense, 2008, p . 23.

Page 5

 procedía al otorgamiento oficial de la concesión mediante su publicación en los diarios

oficiales.6

Lo largo y especialmente costoso de este proceso resultaba un filtro natural,

accesible sólo para aquellos interesados que tuvieran la oportunidad de pagar ingenieros,

notarios y abogados, dentro del proceso de solicitud. Las posibilidades económicas debían

ser aun mayores para la realización de obras; todo esto cuanto se trataba de la realización de

grandes proyectos hidráulicos. Resultaban más ágiles y accesibles los trámites de

confirmación de derechos, mientras que el sostenimiento de una oposición variaba según la

 prolongación del alegato. Lo cierto es que los grandes planes de fomento para el campo y la

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agroindustria mexicana sí iban especialmente dirigidos hacia un tipo de beneficiario. Los

 pequeños propietarios o las comunidades indígenas quedaban prácticamente excluidos de

las posibilidades de crecimiento brindadas por Fomento, generalmente por la relativa

 pequeñez y sencillez de sus proyectos.

Las concesiones, además de permitir el aprovechamiento del líquido, autorizaban la

construcción de las obras hidráulicas y de comunicación que fueran necesarias el mejor uso

del recurso. Se brindaba al concesionario una serie de facilidades para la rápida ejecución

de éstas, como exenciones de pago por introducción de maquinaria y demás instrumentos

útiles para su proyección y construcción. Durante cinco años el concesionario quedaba

liberado de toda contribución fiscal, excepto el Timbre. Además de otorgarle a estas obras

el derecho de vía y el de expropiación por causa de utilidad pública, entre otra serie de

 beneficios.

6 Tortolero, op. cit ., p. 85.

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Debido a que el proceso de federalización del agua fue paulatino, existieron algunos

depósitos y corrientes que, quizá por su menor tamaño o registro, quedaron bajo la

 jurisdicción estatal. Según se ha observado en los archivos relativos, fue alrededor de 1900

cuando se fue determinando la custodia de estos poderes en cada una de las diversas

fuentes, aunque también podían cambiar de un dominio a otro posteriormente.

La política de fomento porfiriana tendía a la industrialización y a la aplicación de

las mejoras científico-técnicas que optimizaran la producción, encaminadas a la

diversificación y complejidad de los materiales, procesos, fuentes de energía y medios de

transporte que intervenían en la cadena productiva. Una de estas renovaciones resultó la

generación de energía eléctrica, con usos industriales, a finales del siglo XIX. Este tipo de

energía fue “rápidamente aplicada a medios de tracción, máquinas, herramientas, bombas y

otros dispositivos de uso general.”7 En Jalisco la electricidad con estos fines fue introducida

durante los últimos años decimonónicos y producida mediante plantas hidroeléctricas

 privadas, aunque su propagación fue relativamente pronta, esta energía no desplazó de

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inmediato a la tradicional fuerza hidráulica y ambas convivieron por varias décadas. De

esta manera el agua siguió siendo el elemento clave en la generación de fuerza motriz y en

ello pude vislumbrarse la importancia que el líquido tomaba dentro de las industrias rurales.

En suma, del abastecimiento del agua dependía la irrigación del campo, el

 procesamiento de materiales y la creación de la energía necesaria para ello. En la

estadística geográfica de Jalisco de 1888, el ingeniero Mariano Bárcena decía que la

mayoría del conjunto de aguas corrientes en el estado, eran “utilizadas en muchas partes

 para irrigaciones y en otras como fuerza motriz [hidráulica], especialmente en los molinos

7 Bern Dibner, “Comienzos de la electricidad”, en M elvin Kranberg y Caroll W. Pursell, Historia de la

tecnología en occidente. De la prehistoria a 1900, Vol. III, Barcelona, Gustavo Gili, 1981, p. 502.

Page 7

de caña y trigo”.8 Mientras que en la década de 1890 el líquido fue progresivamente muy

solicitado para la alimentación de los generadores que proveían de electricidad a minas,

fábricas, haciendas y al alumbrado público.9

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 El agua en disputa

En el aspecto natural, valdrá la pena profundizar en la composición de las fuentes acuíferas

en disputa. El Río Grande o Santiago es considerado como el más importante de Jalisco, su

recorrido comprende la parte occidental de la cuenca Lerma-Santiago. Entra a Jalisco

 proveniente de Michoacán, atraviesa todo el estado en dirección sureste-noroeste y

desemboca en el Océano Pacífico, luego de cruzar por Nayarit. Su cause fue descrito en

1871 por el ingeniero Juan B. Matute en los siguientes términos:

el Río Grande tiene su origen en el pequeño lago de Lerma, situado en el Estado de

México, […] pasa por los estados de Querétaro, Guanajuato y Michoacán,

desembocando luego en Chapala, después de haber tocado poblaciones florecientescomo Celaya, La Piedad, Yurecuaro y La Barca. Sale de la laguna de Chapala, sus

aguas tranquilas cruzan por entre el pueblo de Ocotlán y el valle de Cuitzeo

corriendo sobre lecho de cieno; y cortando las llanuras de Poncitlán llegan a formar 

un salto cuyo nombre le da este pueblo y en donde la corriente se precipita a 1.95

ms. por entre las rocas de basalto. De Poncitlán sigue su curso sereno hasta las

haciendas de Miraflores y Atequiza; allí es estrechado por una garganta de dos

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7

montañas, que lo hacen tener un descenso rápido e inaccesible a la navegación, en

8 Mariano Bárcena, Ensayo estadístico del Estado de  Jali sco. Referente a los datos necesarios para procurar 

el adelanto de la agricultura y la aclimatación de nuevas plantas industriales, 2ª ed., Guadalajara, UNED-

Gobierno del Estado de Jalisco, 1983, p. 238.9 Según se ap recia en las solicitudes giradas al gobierno estatal y federal, contenidas en el Ramo de Fomento

del Archivo Histórico de Jalisco. Vid . Sergio Valerio Ulloa, “Empresas , tranvías y alumbrado público. La

Compañía Hidroeléctrica e Irrigadora del Chapala”, en htt p://www.economia.unam.mx, p. 5, consultado:

10/07/2012.

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una extensión de 1,980 metros, […] continúa deslizándose tranquilamente hasta la

catarata de Juanacatlán [siguiendo así hasta el cantón de Tepic] para llevar después

sus aguas al Océano Pacífico con el nombre de Río Santiago.10

Hacia 1888, según la estadística de Bárcena, el Santiago recorría 56 leguas (234.6

km) jaliscienses: 9 desde el límite con Michoacán hasta Chapala, 3 durante su paso por lago

y 44 desde que salía de éste hasta la frontera nayarita.11 La parte en que este río corría junto

a la hacienda de Atequiza, durante un año abundante como el de 1886, podía alcanzar un

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aforo aproximado a los 15 metros cúbicos por segundo.12

La laguna de Cajititlán está rodeada por cerros y es alimentada por las aguas que de

estos escurren. Desde épocas prehispánicas y coloniales, fue centro del establecimiento de

diversos asentamientos a lo largo de su cuenca, con distintas tradiciones productivas y fines

cívico-ceremoniales.13 Dentro del periodo que nos ocupa, la ribera de esta laguna estuvo

habitada por las poblaciones de Cajititlán, Cuyutlán, San Juan Evangelista, Cuescomatitán

y San Lucas. Todas, a excepción de Cuyutlán, presentaban una larga tradición lacustre, al

explotar los recursos que el vaso acuífero les brindaba.14

En su referido estudio, Bárcena consideró a la laguna de Cajititlán como una de las

más importantes del estado, pues además de encontrarse “a 30 km sur de Guadalajara y

10 Juan B. Matute, Proyecto de canalización de una parte del Río Grande de Santiago, Guadalajara, Imprenta

de Dionisio Rodríguez, 1871, p. 4.11 Bárcena, op. cit., p. 235.

12 Aforos tomados el 25 de marzo de 1886, Manuel García de Quevedo,  Plano de la hacienda de Atequiza,

Guadalajara, 1887, Mapoteca Manuel Rodríguez Lapuente, núm. 1587.13 Erick González Rizo, “Acaxititlán: el agua encajonada. Notas para el estudio de un antiguo centro rector en

la Cuenca de Cajititlán, Jalisco”, en Luis Carlín (coord.), Memorias de la 1ª Semana de la arqueología de

 León, Guanajuato, México y el mundo, León, Proyecto Cultural León Prehispánico, A. C./ Editorial Montea,

2013, pp. 63-108.

14 Ídem.

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8

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cerca de la ribera norte del [lago] de Chapala”15, alcanzaba una longitud cercana a los 12.5

km, una anchura de 6 km y una profundidad estimada en los 8 m. Calificó a sus aguas

como “desabridas”, aunque salubres y consumibles por algunos ribereños. Así mismo,

mencionaba la existencia de pescado blanco, bagre, charal y popocha. Las actividades de

los ribereños, especialmente los vecinos de Cajititlán, San Juan Evangelista y

Cuescomatitán, giraban en torno a la pesca, el aprovechamiento del tule y al cultivo de

huertas frutales y hortalizas.16

Del arroyo Los Sabinos es menor la información con que se cuenta. Esta corriente

nacía dentro de la hacienda de Potrerillos, al suroeste de la laguna de Cajititlán, dentro del

municipio de Jocotepec; corría después hacia las haciendas de La Cañada y Cedros, ya en

Ixtlahuacán de los Membrillos; finalmente seguía su curso atravesando el centro de la

 Negociación de Atequiza, en dirección sur a norte, hasta desembocar en el río Santiago.

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 paso encontró. Como se dijo, la Negociación de Atequiza tenía la particularidad de estar 

 bordeada por las tres fuentes acuíferas que aquí se tratan. Por más de dos siglos y medio, la

 principal actividad productiva de esta hacienda fue el cultivo de trigo (cereal ávido de

riego) y su transformación en harina. No obstante, en los albores del siglo de XX, Atequiza

manifestó una diversificación productiva que incluyó múltiples actividades industriales en

su interior (generación de energía hidráulica y eléctrica, elaboración de ladrillos y la

fabricación de alcohol de maíz y de caña). Paralelamente, esta empresa también apuntó

hacía la optimización de su especialidad cerealera, para lo cual buscó expandir la irrigación

de tierras.18

En este sentido fue que Atequiza comenzó a fraguar un sistema hidráulico

conveniente a sus fines productivos, lo cual quedó culminado en 1900, con un proyecto que

 buscaba:

1. Ampliar y reforzar la presa y canal de derivación de la hacienda de Atequiza.

2. Ampliar y expandir el canal de la hacienda La Calera.

3. Canalizar el agua de Los Sabinos hasta la laguna de Cajititlán (en temporada de

lluvias).

4. Extraer 6,000 litros de agua por segundo de dicha laguna (en temporada de secas).

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opusieron los dueños de las haciendas de Miraflores y El Castillo, la primera propiedad de

20 Archivo Histórico del Agua (AHA), Aprovechamientos Superficiales (As), caja 1326, exp. 18045, ff. 10-

11.

Page 12

Francisco Castañeda y la segunda de Dolores Martínez Negrete, representada en el pleito

 por su esposo, José Ma. Bermejillo.

Miraflores era vecina inmediata de Atequiza por el norte, río de por medio. Su

motivo de oposición fue el temor de que la concesión a Cuesta pudiera perjudicar la propia

solicitud que Miraflores tenía elevada, por las mismas aguas y ante la misma Secretaría.

Igualmente temía que su presa no fuera llenada a causa del aprovechamiento de Atequiza. 21

El interés que Miraflores tenía sobre el líquido estaba ligado al riego y al abrevadero, en

menor medida. La presa instalada en esta finca, además de los propios, permitía la

irrigación de los potreros de la hacienda de Zapotlanejo, también propiedad de Castañeda y

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ubicada al noroeste de Atequiza.

La hacienda El Castillo, sin colindar con Atequiza y ubicada río abajo, alegaba

 perjuicio directo ante la solicitud de Cuesta. Según exponía su defensor, la ampliación de la

 presa de Atequiza provocaría un descenso en la corriente del Santiago que corría hasta su

 propiedad.22 Por lo tanto, sería afectado el derecho que sobre esta corriente tenía su esposa

y de la cual dependían las industrias que ahí tenía instaladas, particularmente la de

generación eléctrica. El Castillo tenía a su pie al Salto de Juanacatlán ( El Niágara

mexicano).23

Las oposiciones siguieron su curso legal de exposición de motivos ante la Secretaría

de Fomento. Sin embargo, la defensa de Bermejillo desató una serie de declaraciones

encontradas entre éste y la parte de Atequiza, representada por el ingeniero Miguel Ángel

21 AHA, As, caja 1516, exp.20865.

22 Ídem.

23 Salto de agua en el río Santiago que entonces reportaba una altura de 16 metros y una cortina de 146 metros

de largo. Bárcena, op. cit ., p. 236.

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de Quevedo. Ambos adversarios denunciaron construcciones provisionales e irregulares

hechas por cada una de las partes, así como de la hacienda Miraflores.24 Para evitar que

continuaran los alegatos, Manuel Ma. Cuesta, José Ma. Bermejillo y Francisco Castañeda

llegaron a un acuerdo extrajurídico, aceptado por el Despacho de Fomento y validado

notarialmente.

Así, a finales de agosto del mismo 1895, los interesados acordaron retirar las

solicitudes y oposiciones encontradas, así como dejarse libre el camino para que hacer las

 peticiones que a cada uno correspondía, según los siguientes acuerdos:

1) Los tres retirarán sus respectivas solicitudes de confirmación de derechos ante la

Secretaría de Fomento.

2) Bermejillo solicitaría permiso para ejecutar las obras necesarias para aumentar el

caudal del Santiago, en tiempos de secas, sin que se afectara el nivel del lago de

Chapala.

3) Cuesta y Bermejillo pondrían la cantidad de $5,000 cada uno, en cinco

anualidades, con la finalidad de dar mantenimiento a las obras recién

mencionadas.

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13

4) Cuesta y Castañeda, al desistir de la oposición contra Bermejillo, quedarían

libres para pedir nuevas confirmaciones o concesiones sobre el agua que han

gozado sus haciendas , sin incrementar la anchura de sus obras y elevando

únicamente en 27 cm la cortina de la presa de Atequiza.

5) La hacienda de Atequiza sólo utilizaría el agua del río Santiago como fuerza

motriz, luego de lo cual la retornaría al mismo cauce en la mayor cantidad

 posible.

6) Castañeda y sus sucesores en propiedad, se obligaban a no reparar ni volver a

utilizar la presa de Miraflores.

24 AHA, As, caja 1516, exp. 20865.

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Si bien estos acuerdos fueron aparentemente cumplidos, es necesario intentar dar 

una explicación más amplia de la importancia del agua disputada en esta microrregión.

Como se dijo, el agua fue el motor generador de la fuerza hidráulica que animó durante

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muchos años a diversas industrias, incluidas las establecidas dentro de haciendas, como los

molinos o trapiches. Fue durante la última década del siglo XIX cuando la electricidad

comenzó a relavar a la energía hidráulica, aunque ambas requerían del líquido para su

generación. La primer hidroeléctrica de gran proporción fue la de “El Salto”, proveedora

del alumbrado público de Guadalajara y fundada en 1892 por José Ma. Bermejillo, a través

de la “Compañía de Luz y Fuerza Motriz Eléctrica de Guadalajara, S.A.”. Su

funcionamiento dependía de la caída de El Salto de Juanacatlán, concedida a Dolores

Martínez Negrete, esposa de Bermejillo.25

Por su parte, la hacienda de Atequiza contaba con una pequeña planta hidroeléctrica

de uso particular, al menos desde 1888. Gracias a la energía que se producía en ésta pudo

instalarse el alumbrado en la casa, oficinas y molino de dicha hacienda. Además era

aprovechada para animar diversas máquinas agrícolas, por ejemplo trilladoras. Eran 1,200

las revoluciones alcanzadas por el dinamo que constituía esta central, accionado por poco

más de 3 caballos fuerza hidráulica y cuya corriente generada era de 80 volts y 40 amperes.

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En este sentido puede entenderse en una mejor dimensión la presión por el agua

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existente entre estas generadoras eléctricas, además de las propias aplicaciones agrícolas,

ganaderas y domésticas que conllevaba una finca rural. Por otro lado, queda claro el nivel

de negociación entre estos tres actores, cuyas condiciones de alegato gozaban de cierta

25 Valerio, op. cit .26 Pacheco, op. cit., p. 108.

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igualdad. Por último, debe señalarse especialmente la flexibilidad alcanzada por los

litigantes para llegar a una conciliación, donde todas las partes lograron a una especie de

alianza que permitía el aprovechamiento conjunto del río Santiago.

El siguiente conflicto que Atequiza enfrentó durante la realización de su plan

hidráulico fue contra los pueblos de Cajititlán, San Juan Evangelista y Cuescomatitán,

todos ribereños a la laguna homónima al primero de éstos. De este vaso lacustre, de

 jurisdicción federal, Manuel Cuesta Gallardo -propietario representante de Atequiza- alzó

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Su petición fue desechada bajo el argumento de que en el contrato de concesión se

establecería la no alteración del nivel ordinario de dicha laguna.30

Al mismo tiempo en que era llevado este trámite ante la instancia federal

correspondiente, Manuel Cuesta Gallardo comenzó una nueva solicitud sobre otra fuente

acuática, esta vez de jurisdicción local. Se trataba de una solicitud sobre el “agua sobrante”

que en tiempos de lluvias llevaba el arroyo Los Sabinos, realizada en 1900. No obstante, la

 petición no se limitaba al goce de agua, sino que también buscaba el permiso necesario para

que ésta fuera canalizada hasta la laguna de Cajititlán, donde el líquido sería almacenado

 para su posterior aprovechamiento.

Respecto a la concesión de agua, la disputa fue con otras haciendas de la zona, que a

diferencia de las del primer caso, tenían exigencias hidráulicas mayormente ligadas al

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riego, el abrevadero y al uso doméstico. A la referida petición se opusieron Gabriel García

y Lorenzo Villaseñor, el primero como dueño de la hacienda de Santa Rosa y el rancho La

Cañada, el segundo como propietario de las haciendas Cedros y Potrerillos. Los tres

terratenientes denunciaron de manera independiente las aguas de Los Sabinos y se

opusieron a ello entre sí, todos alegaban un derecho ancestral sobre el líquido.

El 22 de septiembre de 1900, los propietarios de Atequiza y Cedros acordaron los

siguientes términos respecto al aprovechamiento de Los Sabinos:

1. Villaseñor estaba de acuerdo con el otorgamiento del agua que en temporal delluvias llevaba este arroyo, para que fueran conducida y depositada en la laguna

de Cajititlán para su posterior aprovechamiento.

30 AHJ, Gob-912, s/n

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2. Cedros y su molino continuarían con los aprovechamientos acostumbrados sobre

esta corriente.

3. Villaseñor otorgó permiso para que en su propiedad se realizaran las obras

hidráulicas necesarias para la conducción del agua referida. Aceptando a cambio

una indemnización que podía ser de $5,000 a $10,000, según la explotación

individual o grupal que Cuesta lograra del agua.31

De manera paralela, los vecinos de Cajititlán presentaron una oposición legal ante la

solicitud de que el agua en cuestión fuera depositada en su laguna. Esta representación

alegaba el peligro que este procedimiento significaba para su población, pues con él serían

alterados los niveles del vaso lacustre, provocando inundaciones que causarían daños

incuantificables a su territorio.32 Sin embargo, la oposición de estos ribereños también fue

desechada, para ello se argumentó la invalidez de su reclamo, al excusar nuevamente que

en el contrato de concesión quedaría prohibido alterar los niveles normales de dicha

laguna.33

Finalmente el “agua sobrante” que en temporada de lluvias llevaba el arroyo Los

Sabinos fue concesionada a Manuel Cuesta Gallardo, para ser canalizada, almacenada y

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empleada en el riego de las haciendas mancomunadas en la Negociación de Atequiza. Esto

fue complementado con la concesión de orden federal que permitía la extracción de 4,000

litros por segundo de la laguna de Cajititlán, a lo que habrían de sumarse los 2,000 litros

concedidos de 1898.34

31 AHJ, F-6-900, caja 260, exp. 6596.

32 Ídem.

33 AHJ, F-6-900, caja 260, exp. 6596.

34 AHA, As, caja 841, exp. 12201.

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Con ello se cristalizó el gran proyecto hidráulico de Atequiza, donde se creó un

sistema o circuito que aseguraba agua constante para las actividades agrícolas e industriales

de esta empresa rural. Sólo restaba ejecutar las obras que permitirían circular el agua,

aquellas que llevarían el arroyo de Los Sabinos hasta la laguna de Cajititlán, y éstas,

mediante el canal de La Calera, hasta las propias derivadas del río Santiago, por medio del

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canal de Atequiza. Las obras fueron reportadas como terminadas en 1905. 35

Ahora bien, en estos últimos casos puede observase en Atequiza un mecanismo de

defensa distinto al de alianza, empelado durante el conflicto del río Santiago. Parece que

 para enfrentarse ante opositores menos fuertes (hacendados e indígenas), bastó el simple

amparo legal -quizá un poco fortuito o desbalanceado-. Gracias a esto pudieron

desestimarse fácilmente las oposiciones de la hacienda de Santa Rosa y la de los ribereños

de Cajititlán, cuyos recursos legales ni siquiera procedieron.

La única oposición que retardó la solicitud de Cuesta Gallardo sobre Los Sabinos,

fue la promovida por Lorenzo Villaseñor, cuyas haciendas, aunque trigueras, no alcanzaban

la capacidad productiva de Atequiza, ni contaba con alguna industria especialmente

sobresaliente.36 Es decir, que aunque podría entenderse a este par de opositores como

sujetos con ciertas similitudes, en realidad una parece haber tenido más poderío que la otra,

 pues la solución fue la supeditación del plan hidráulico de Villaseñor ante el propio de

Cuesta, por medio de la compensación económica.

El siguiente conflicto que puede referirse fue el desarrollado por el agua del

Santiago, en esta ocasión, río arriba de la hacienda de Atequiza. Fue un conflicto que podría

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35 Pacheco, op. cit., pp . 96-101.

36 Aunque tenía instalado un molino de capacidad promedio, no podría hablarse de una industria innovadora

como las eléctricas.

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interpretarse como directo entre molino y molino, entre el propio de la hacienda recién

mencionada y el molino Corona, ubicado en el vecino pueblo de Atotonilquillo. Este pleito

fue mucho más prolongado que los anteriores, aunque las repercusiones por el agua

disputada parecen haber sido menos radicales.

En esta ocasión fue el polifacético ingeniero Ambrosio Ulloa, gerente de la

Sociedad Mutualista de Panaderos -propietaria del molino Corona-, quien en 1899 lanzó

una oposición contra una solicitud presentada por Manuel Cuesta Gallardo sobre el río

Santiago, al tiempo que exigió la aclaración de los derechos conseguidos por cada uno. 37

Ulloa argumentaba la existencia de malentendidos respecto a las concesiones que sobre la

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misma corriente tenían ambos interesados, mismas que fueron otorgadas respectivamente

hacia 1897. Aunque no se ha encontrado la resolución a este caso, lo cierto es que ambos

molinos siguieron con sus respectivas actividades, así como que la tensión entre estos

opositores continuó, al menos hasta 1905, cuando encararon un nuevo pleito que

involucraba al líquido en cuestión.

Durante el año recién mencionado, el gerente de la Mutualista de Panderos presentó

un escrito con fuertes declaraciones contra Manuel Cuesta Gallardo. Ahí exponía el

supuesto abuso que aquel había cometido contra el molino Corona. Expresó que por culpa

de Cuesta, la Secretaría de Fomento canceló la realización de unas “sencillas obras de

mantenimiento” que se practicaban en dicho molino.38 Con todo, a pesar de la falta de

37 Ambrosio Ulloa fue personaje destacado en la sociedad intelectual y política tapatía de finales del siglo

XIX y principios del XX. Profesionista como ingeniero, arquitecto, abogado y notario. Fundador de la

Escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara en 1901 y del Partido Democrático Independiente, en 1908. Sólo por mencionar algunas actividades de este interesante p ersonaje. Vid , Federico de la Torre y Rebeca García

Corzo, Ambrosio Ulloa. Monografías de arquitectos del siglo XX , Guadalajara, Secretaría de Cultura del

Gobierno de Jalisco/ ITESO/ Universidad de Guadalajara, 2008.38 AHJ-F-905, caja 266, exp. 6763.

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mayores detalles que describan esta disputa, puede observarse en su desarrollo más bien

una actitud de pasividad por parte de la defensa de Cuesta Gallardo. Así pues, lejos de

 buscar una resolución legal pronta, el conflicto se desarrolló de manera itinerante durante

varios años, pero con la particularidad de cada molino pudo continuar sus actividades con

relativa normalidad.

Por último debe mencionarse, aunque superficialmente, el roce constante que existió

entre la repetida hacienda de Atequiza y el pueblo Atotonilquillo, su vecino inmediato en el

este. Como se mencionó líneas arriba, estos dos sujetos ya se habían disputado el río

Santiago en un juicio durante 1875. Después de este enfrentamiento no se ha encontrado

registro de algún otro conflicto, hasta 1905, cuando nuevamente hay desavenencias entre

ambas partes.

La relativa tranquilidad con que el canal de derivación de Atequiza pasaba por más

de 3.5 km a través el pueblo de Atotonilquillo, se debió a algún tipo de acuerdo entre la

 propia hacienda y los vecinos de éste.39 Sin embargo, el acordado uso compartido quedó

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roto cuando la Negociación de Atequiza fue vendida por la familia Cuesta Gallardo, en el

año de 1901, pues las concesiones hidráulicas que poseía también fueron parte de la

transacción.40 El nuevo propietario resultó ser José Cuervo, quien decidió cortar con la

vieja alianza y prohibir que los vecinos de Atotonilquillo siguieran derivando agua del

Santiago por medio del canal de Atequiza.

El pueblo intentó reclamar el cumplimiento de un acuerdo verbal “de más 100 años

de antigüedad”, pero legalmente no tuvo los títulos probatorios que le permitieran revalidar 

39 Mario Aldana, El campo jalisciense durante el porfiriato, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1986,

 pp . 46-47.40 Pacheco, op. cit ., pp . 173-176.

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su goce sobre dicho canal.41 La situación para los vecinos de Atotonilquillo quedó agravada

hacia 1905, entonces la Secretaría de Fomento practicó los peritajes necesarios para intentar 

mediar la situación y determinar el derecho al líquido que le correspondía a cada una de las

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 partes. El ingeniero designado, Ignacio J. Curiel, encontró una importante pérdida de agua

durante su traslado por el canal derivador. Entre la boca toma de éste y la conexión con el

canal de riego de Atequiza, encontró una diferencia de más 3,100 litros de agua por 

segundo, lo cual representaba un faltante de poco menos del 50% del agua derivada.42

Mientras la propiedad se mantuvo en la familia Cuesta Gallardo, misma que había

aplicado las diferentes estrategias presentadas antes, parece que la relación establecida con

Atotonilquillo fue conciliatoria y de alianza; mientras éste permitía el paso del canal de

Atequiza, la hacienda permitía que el pueblo subderivara agua para su riego. No obstante,

el problema entre estos dos sectores surgió tan pronto como hubo un cambio de propiedad.

El nuevo dueño de Atequiza se negó a continuar con esta obligación y emprendió acción

legal contra el pueblo.

Aunque no puede presumirse que los aquí presentados sean todos los conflictos

librados en la zona por el control del agua, puede aseverarse que fueron los acontecidos

durante la proyección del sistema hidráulico de la Negociación de Atequiza, ocurrida entre

1895 y 1900. Esta empresa agrícola se subió al tren de la modernización productiva que el

Estado porfiriano fomentaba, en pos de esto regularizó y amplió sus derechos sobre el agua

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 para fines productivos. A través de una mayor disposición del líquido y de la construcción

de obras hidráulicas, logró implantar una serie de industrias novedosas (fabricación de

41 Aldana, op. cit ., pp. 46-47.42 Pacheco, op. cit ., p. 98.

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ladrillos, electricidad y alcohol de maíz), además de fortalecer su tradicional actividad

agrícola, gracias a la expansión del riego.

Sin embargo, la realización de este proyecto hidráulico se topó con diversos

opositores que también, y en diversos sentidos, tenían sus propios planes productivos,

donde por regla general el agua jugaba un papel central. Así el abrevadero del ganado, el

riego agrícola, la explotación de la flora y fauna lacustre o la generación de fuerza

hidráulica, practicados durante mucho tiempo, enfrentaron una época de cambios y

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tensiones cuando, además de intensificarse y diversificarse los usos del agua, se vivió un

 proceso de regularización de los derechos sobre ésta.

A través del desarrollo de los enfrentamientos anteriores, puede proponerse que en

medio de este contexto de proliferación y tensión sobre el aprovechamiento hidráulico,

Atequiza jugó diversas estrategias para defender sus intereses acuáticos. Así, según el agua

disputada o el carácter de sus opositores, pudo resolver las oposiciones que se les

 presentaron por medio de conciliaciones económicas (Cedros), de alianza (hidroeléctrica El

Salto, El Castillo, Zapotlanejo), o de intercambio (Atotonilquillo). Sin embargo, ante

contrincantes más humildes, como los pueblos ribereños de Cajititlán, la estrategia estuvo

inclinada a dejar actuar la opacidad de las autoridades, favorables los grandes proyectos

modernos de producción, así como caer en el beneficio de lagunas legislativas. En el

conflicto con el molino Corona, aunque con pocos elementos claros, pudiera sugerirse que

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se apostó a la prolongación del caso, quizá por ser menor el riesgo del líquido, quizá para

evitar mayores enfrentamientos políticos.43

Consideraciones finales

Con la anterior exposición de los conflictos librados entre tres sectores productivos

diferentes, por tres fuentes hídricas distintas, se ha intentado esbozar el panorama de una

región que presentaba cierta tradición sobre los usos del agua en sus actividades, pero cuyo

repartimiento de líquido entró en un periodo de tensión y reajuste, como consecuencia de la

intensificación y diversificación que el aprovechamiento de este recurso tomó a finales del

siglo XIX.

Durante este proceso se pudo observar el choque de intereses sobre un mismo bien,

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Por último, habría que corroborar que en este caso puede observarse claramente la

transformación del paisaje rural, provocado por la realización de obras y la puesta en

manchar de nuevos proyectos. Tortolero observó este proceso en los valles centrales de

México y encontró que el paisaje allá fue un medio en disputa y al mismo tiempo un campo

de experimentaciones sociales, donde se articularon nuevas relaciones de dependencia y se

difundieron distintas formas de explotación y apropiación de recursos. En este sentido

encontró a la hacienda como la institución que contó con mayores posibilidades para ello. 44

El mismo autor aplica este modelo de análisis para la situación del lago de Chapala, ahí

logró encontrar igual presencia de innovaciones en el aprovechamiento del líquido y la gran

cantidad en que ello se hacía; concluye que en esta zona, durante el porfiriato, se gestó un

modelo de aprovechamiento y del paisaje agrario que conllevó la alteración de la naturaleza

y a la explotación mercantil de los recursos. 45

En este sentido, baste recordar que a pesar de los múltiples actores involucrados en

las disputas presentadas, se cumplió el punto donde la gran empresa agrícola contó con

mayores oportunidades de obtención del recurso, así como que ésta provocó alteraciones

mayores al paisaje. Cuyo mejor ejemplo fue la reorganización hidráulica que en la zona

generó el sistema hidráulico de Atequiza. Así, puede referirse la capacidad legal y de

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negociación que Atequiza desplegó en los diferentes conflictos. Del mismo modo, debe

remarcase el casi automático otorgamiento de concesiones para ésta, por cualquiera de los

44Alejandro Tortolero, “Presentación: historia, espacio y medio ambiente en el México Central”, en AlejandroTortolero, Tierra, agua y bosques: historia y medio ambiente en el México central, México , Centre français d´

estudes mexicaines et centraméricaines/Instituto Mora/Potrerillos Editores/Universidad de Guadalajara, 1996,

 pp . 9-48.45 Alejandro Tortolero, “Agua y modernización: los lagos de Chalco y Chapala entre el porfiriato y la

revolución. Un modelo de aprovechamiento del paisaje agrario”, en Brigitte Boehm et al (coords.), Los

estudios del agua en la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, Guadalajara, El Colegio de

Michoacán/Universidad de Guadalajara, 2002, pp. 447-461.

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 poderes, lo que se puede explicar por el propio carácter modernizador de esta empresa y su

empatía con el tipo beneficiaros que la Secretaría de Fomento buscaba para sus planes.

Como conclusión general, puede proponerse que dentro de un periodo de tensión

 por el control del agua, tanto las tendencias productivas como los mecanismos establecidos

 por el régimen porfiriano, potenciaron la capacidad que las haciendas modernizadas tenían

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 para la adquisición, manejo y aprovechamiento del agua. Todo lo cual consolidó a este

sector como el más beneficiado dentro de la obtención del líquido y lo confirmó como el

sujeto que hizo el mayor aprovechamiento y alteración del paisaje de la época. No obstante,

los planes innovadores que a este respecto presentaban, debieron abrirse paso ante otros

actores de condiciones similares o desventajosas, aunque siempre de la mano de la política

de fomento vigente. Las disputas entre actores en expansión tendieron a la conciliación de

intereses e intercambios, mientras que los sectores menos favorecidos por dicha política,

tuvieron que atrincherarse a defender sus intereses desde el discurso de la tradición. Esta

disparidad de posición fue quizá el factor clave para los llamados “despojos” o

“imposiciones” hacia los pueblos comunitarios, tan comunes para entonces.

 Archivos consultados

Archivo Histórico del Agua (AHA)

Archivo Histórico de Jalisco (AHJ)

 Bibliografía

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