Fondo de protección para defensores/as del derecho a la tierra "Defender la tierra"

ESTUDIO DE CASO⚿

1 Coalición internacional para el

acceso a la tierra (ILC). 2011. Marco

Estratégico 2011-15. http://www.

landcoalition.org/sites/default/files/

publication/1151/ESP_ILC_strategic_

framework_web2012.pdf

2 Para saber más sobre los defensores

de derechos humanos que trabajan

en derechos a la tierra, vea ILC

(2012) “Mecanismos internacionales

para la protección de los defensores

de los derechos humanos en riesgo

por su trabajo en derechos de la

tierra” disponible en: http://www.

landcoalition.org/es/publications/

mecanismos-internacionales-para-la-

proteccion-de-los-defensores-de-los-

derechos-humanos

3 Sekaggya, Margaret. 2011. Report

of the Special Rapporteur on the

situation of human rights defenders.

A/HRC/19/55. Disponible en http://

www.ohchr.org/Documents/

HRBodies/HRCouncil/RegularSession/

Session19/A-HRC-19-55_en.pdf

4 Jilani, Hina. 2007. Report of the

Special Rapporteur on the situation

of human rights defenders. A/

HRC/4/37. Disponible en: http://

daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/

GEN/G07/104/17/PDF/G0710417.

pdf?OpenElement

5 El fondo de protección "Defender

la Tierra" es parte del más amplio

"Observatorio de la política de

restitución de tierras”, liderado

por CINEP/PPP, y apoyado por la

Coalición internacional para el

acceso a la tierra, que tiene como

objetivo supervisar el proceso de

restitución de tierras en Colombia,

a nivel nacional, regional y local de

nivel, con un enfoque específico

sobre género y grupos vulnerables.

Defender la tierraLos miembros de la ILC están unidos por el compromiso común de defender la dignidad y los derechos inherentes de todas las mujeres y los hombres, según se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos1

En todo el mundo, desde la Colombia a Uganda, desde las Filipinas a Guatemala, los defensores

de derechos humanos que trabajan en derechos sobre la tierra2 son amenazados, acosados y

hasta asesinados por causa de sus acciones pacíficas para promover sociedades más justas,

inclusivas y democráticas.

En sus informes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tanto la actual como la anterior

Relatora Especial del Secretario General de la ONU sobre la situación de los defensores de

derechos humano, Margaret Sekaggya3 e Hina Jilani4 han enfatizado la particular vulnerabilidad

de los defensores de derechos humanos que trabajan en derechos sobre la tierra y recursos

naturales: este es el segundo grupo con mayor riesgo a ser asesinado por sus actividades (JiIani:

2007). En muchos países, la sociedad civil y las organizaciones de campesinos, grupos indígenas

y movimientos sociales que trabajan en derechos sobre la tierra también ven limitada o violada

su libertad de expresión y su libertad de reunión y asociación.

Mientras que las violaciones de derechos humanos siempre se han producido cuando las

personas luchan por proteger sus derechos legítimos sobre la tierra, reclaman una distribución

más equitativa de los recursos o abogan por una participación más significativa en la

gobernanza de la tierra, la creciente demanda de tierras en nombre de actividades productivas,

así como por asentamientos humanos y conservación ambiental, ha exacerbado los conflictos

por la tierra en muchos países creando un clima de violencia en contra de los defensores que

trabajan por los derechos a la tierra.

En los últimos años, miembros y socios de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra

(ILC) han denunciado amenazas, intimidación e incluso asesinatos de activistas pacíficos por los

derechos a la tierra. En julio 2012, la ILC publicó la nota informativa “Mecanismos internacionales

para la protección de los defensores de los derechos humanos en riesgo por su trabajo en derechos de

la tierra ” para informar sobre los mecanismos de protección existentes. La ILC también empezó

un programa piloto de fondos de emergencia descentralizados.

Esta nota informativa documenta el fondo de emergencia pilotado en Colombia en el 2011 y

2012 por CINEP PPP (Centro de Investigación y Educación Popular – Programa por la Paz),

miembro de la Coalición con amplia experiencia en el monitoreo y abordaje de violaciones de

derechos humanos relativas a la tierra5.

6 Escrito para ILC port CINEP/PPP,

adaptado por ILC.

7 De acuerdo a la Declaración sobre el

derecho y el deber de los individuos, los

grupos y las instituciones de promover

y proteger los derechos humanos

y las libertades fundamentales

universalmente reconocidos de

Naciones Unidas son defensores/

as de derechos humanos los

individuos, grupos e instituciones

que contribuyan a la eliminación

efectiva de todas las violaciones

de los derechos humanos y las

libertades fundamentales de los

pueblos y los individuos.

8 Ibid.

9 Las cifras sobre el despojo de tierras

varían dependiendo de la fuente y

de las metodologías de medición: la

Contraloría General de la República

las sitúa 2,9 millones de hectáreas,

el Programa Mundial de Alimentos

en 4, el Sindicato de Trabajadores

del INCORA en 4,4, CODHES en

4,8, el Proyecto de Protección de

Tierras y Patrimonio de la Población

Desplazada en 6,8, y el Movimiento

de Víctimas de Crímenes de Estado

en 10. Cfr. Comisión Nacional de

Reconciliación y Reparación – Área

de Memoria Histórica, El Despojo

de Tierras y Territorios. Aproximación

conceptual. Bogotá, IEPRI-CNRR, 2009.

p. 21.

10 Romero, M. (s.f.) El desplazamiento en

tiempos de “seguridad democrática”

disponible en www.acantioquia.

org/.../desplazados/despla_en_

tiempos_segur_democ.doc

11 Comisión Nacional de

Reconciliación y Reparación – Área

de Memoria Histórica, El Despojo de

Tierras y Territorios. Aproximación

conceptual. Bogotá, IEPRI-CNRR,

2009. p. 30.

12 En http://www.cinep.org.co/sites/

cinep.cinep.org.co/files/Cien_

dias_72_PDF_version_sin_dago/

Cavilaciones2_Ciendias72.pdf

13 Según cálculos de CODHES, en

Colombia existen unas 370.000

familias de campesinos minifundistas

que fueron víctimas del despojo de

tierras. Cf. “Víctimas del conflicto, en la

mira por reclamar tierras”, En: Revista

Semana, Viernes 21 de enero de 2001.

Disponible en: www.semana.com.

Consultado el 7 de mayo de 2011.

Lineamientos generales6

JustificaciónColombia es un país marcado por la continua vulneración de los derechos de los defensores/as

de los derechos humanos7. La labor de estos/as se desarrolla en un contexto difícil de conflicto

armado y social en el que constantemente su trabajo es constreñido, en un abanico que va desde

los ataques a la vida y a la integridad personal hasta la deslegitimación de las actividades que

realizan a favor de un adecuado nivel de garantía de los derechos humanos8. En este aspecto, la

defensa de los derechos a la tierra, el territorio y derechos relacionados se considera una actividad

riesgosa por desarrollarse en el marco del conflicto armado, pero también frente a poderosos

intereses de latifundistas, de empresas nacionales y trasnacionales, del narcotráfico, proyectos

agroindustriales y extractivos, entre otros.

La defensa de los derechos relacionados con la tierra y los recursos naturales se encuentra en este

momento con uno de los proyectos más ambiciosos del actual gobierno: la restitución de tierras.

Si bien es cierto que existen diferentes datos cuantitativos sobre la magnitud del despojo de las

tierras, existe un acuerdo generalizado sobre la gravedad del fenómeno: las cifras menos

alarmantes señalan un estimativo de 2,9 millones de hectáreas abandonadas, en tanto que las

cifras más alarmantes las sitúan en 109, en tanto que la mayoría de las instituciones concuerdan en

calcular la cifra de desplazados por la violencia alrededor de los 4 millones de personas10.

Esta situación configura un amplio universo de potenciales reclamantes de tierras y territorios,

que esperan ver restituidos sus derechos y participar en la política que el gobierno ejecute con

miras a superar esta situación de violación de derechos fundamentales. El proyecto del gobierno

debe superar grandes desafíos como brindar garantías suficientes de seguridad para los retornos

y la restitución en un escenario de permanencia del conflicto armado. Así, a pesar de que su

propuesta se articula con normativas vigentes, como la ley de Justicia y Paz y promueve la

restitución de las tierras de la población que ha sido despojada, puede enfrentar una limitación

estructural para su aplicación: las normas transicionales que se plantean para escenarios

posconflicto tienen problemas para ser aplicadas cuando el conflicto se sostiene.

Esto es particularmente preocupante en algunas zonas de ‘antiguo’ control paramilitar, que

continúan bajo la influencia de las denominadas Bandas criminales y/o los mismos grupos

paramilitares que heredaron las estructuras de estos grupos armados ilegales. De igual forma, las

guerrillas aún mantienen influencia sobre regiones determinadas del país, hecho que dificultaría

los procesos de restitución. Así, uno de los principales deberes para el Estado colombiano es

generar condiciones de seguridad que garanticen la no repetición y la ocurrencia de nuevos

desplazamientos, sin acudir única y exclusivamente a la militarización e incremento del pie de

fuerza. Si bien es cierto que la restitución es deseable y necesaria, debe realizarse en condiciones

de garantía de la vida y la integridad personal de quienes han sido despojados11.

De acuerdo a los datos del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP

en los últimos meses del año 2011, coincidiendo con los anuncios sobre la restitución de tierras del

gobierno nacional, la vulnerabilidad de los defensores/as y las agresiones han aumentado12.

Estos hechos permiten observar la urgente necesidad de construir estrategias de protección de

individuos y comunidades con miras en su participación en procesos de reclamación de tierras.

Aunque existen programas institucionales y de la sociedad civil para proteger a líderes en este

tipo de situaciones, estos pueden resultar insuficientes para asumir las necesidades generadas

por el altísimo número de potenciales reclamantes de tierras, que para el caso colombiano

pueden superan fácilmente los 370.00013.

14 Este apartado está basado en: Mesa

Nacional de Garantías. Mesa temática

sobre Situación de Defensores,

Defensoras, Victimas y Organizaciones

que reclaman sus Derechos a la

TIERRA, los territorios y la restitución.

Documento de apoyo contexto,

patrones y casos emblemáticos y

cuestiones clave. 4 de Abril de 2011.

15 http://www.cidh.oas.org/

Comunicados/Spanish/2011/19-11sp.

htm. No. 19/11

16 En http://www.codhes.org/images/

stories/pdf/cld%20asesinados%20

junio%20i%20%202011.pdf

Modalidades de amenaza y riesgoLas organizaciones sociales han identificado 6 modalidades de amenazas y riesgo para los

defensores/as de los derechos a la tierra, al territorio y a los recursos naturales14:

» Estigmatización y señalamientos: Como parte de una estrategia más amplia para detener

su acción legal y legítima. En muchos casos, la acusación de “opositores al desarrollo ” o

“miembros/as de un grupo armado ”, se hacen públicamente para deslegitimar su labor. Esta

modalidad se ha constituido en un primer paso justificatorio ante la opinión pública dirigido

al inicio de procesos judiciales en su contra, asesinatos u otros ataques contra la vida e

integridad física.

» Amenazas: La amenaza es una de las modalidades de agresión que más se presenta en

Colombia. En los últimos años se ha visto incrementada en relación a la defensa del derecho a

la tierra y al territorio con lo que se siembra un clima de incertidumbre y zozobra entre los

defensores/as. Como ha recordado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “El

número de asesinatos de defensoras y defensores en la región demuestra que los Estados deben

tomar una denuncia de amenaza contra un defensor de manera seria y actuar en forma inmediata

y eficaz. La Comisión recuerda que en muchos casos de muerte de defensores, ésta fue precedida de

amenazas que fueron debidamente denunciadas a las autoridades e ignoradas por éstas ”

15.

» Judicializaciones: Esta modalidad, desde el campo legal, pretende limitar las acciones de los

defensores/as, así como vulnerar sus derechos. En Colombia está relacionada tanto con

acusaciones de hacer parte de organizaciones armadas como con la penalización de las

actividades de protesta y reivindicación de derechos como la toma y recuperación de tierras.

» Asesinatos: De acuerdo a datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el

Desplazamiento - CODHES, del 1 de marzo de 2002 al 30 de junio de 2011 fueron asesinadas

50 líderes y lideresas en situación de desplazamiento relacionadas con la defensa de los

derechos a la tierra y el territorio16.

» Desplazamiento forzado: El desplazamiento forzado es una modalidad compleja en contra

de los defensores/as del derecho a la tierra y al territorio: por un lado, la misma situación de

desplazamiento y el surgimiento de líderes y lideresas que reivindican sus derechos genera

riesgos y ataques para ellos/as, pero por otro se usa precisamente como una forma de

limitar y constreñir sus acciones creando nuevos desplazamientos.

» Confinamientos: Esta modalidad pone en riesgo a comunidades y defensores/as del

derecho a la tierra y al territorio, pues obliga a las personas a permanecer en zonas de riesgo

por el conflicto armado, impidiendo la libre movilización, la posibilidad de salvar vidas a

través de un desplazamiento, la entrada a los territorios para verificar la situación de derechos

humanos y la posibilidad de denuncia sobre los hechos que estén sucediendo.

¿Cómo se entiende el rol del Fondo en contextos de riesgo y alta vulnerabilidad?El Fondo de Protección Defender la Tierra, asume que la defensa de los derechos a la tierra, al

territorio y a los recursos naturales es una actividad legítima que se constituye en un derecho, al

que le corresponden obligaciones por parte de los Estados. En ese sentido, asume que son estos

quienes tienen la obligación principal de protección de los derechos de los defensores/as.

En contextos difíciles para el ejercicio de esta labor, el Fondo de Protección Defender la Tierra se

asume como un colaborador de las instancias públicas y de las comunidades, defensores/as

individualmente considerados/as, organizaciones de base, y organizaciones no gubernamentales,

entre otras, en la generación de mecanismos de protección y autoprotección que ayuden a mitigar

el riesgo y la vulnerabilidad de los defensores/as. Estos mecanismos deben ser considerados como

parte del ejercicio de reivindicación de los derechos humanos, en general, y de los derechos a la

tierra, al territorio y los recursos naturales, en particular.

Objetivos del Fondo » Proveer ayuda directa a organizaciones y defensores/as del derecho a la tierra, al territorio y

derechos relacionados que se encuentren en riesgo por su labor en Colombia.

» Generar mecanismos de acompañamiento y comunicación con las organizaciones y

defensores/as del derecho a la tierra, al territorio y derechos relacionados seleccionados

para la provisión de ayudas directas.

» Construir informes de riesgo sobre la situación de organizaciones y defensores/as del

derecho a la tierra, al territorio y derechos relacionados.

» Incidir en la política pública sobre la situación de organizaciones y defensores/as del derecho

a la tierra, al territorio y derechos relacionados en Colombia, así como el Sistema

Interamericano y Universal de Derechos Humanos.

Perfiles de las organizaciones y defensores/as que pueden acceder al FondoPodrán acceder al Fondo:

» Organizaciones de base y organizaciones no gubernamentales, y sus integrantes (así como

su núcleo familiar), que trabajen por la garantía del derecho a la tierra, al territorio y derechos

relacionados, que se encuentren en riesgo de sufrir agresiones por el desarrollo de esta labor.

» Defensores/as del derecho a la tierra, al territorio y derechos relacionados, que se encuentren

en riesgo de sufrir agresiones por el desarrollo de esta labor.

» Comunidades, y sus integrantes (así como su núcleo familiar), que se encuentren en riesgo

de sufrir agresiones relacionadas con la defensa del derecho a la tierra, al territorio y

derechos relacionados.

Se recibirán peticiones con la posibilidad de ser elegidas hasta máximo 2 solicitudes por organización.

En el caso de defensores/as individualmente considerados/as sólo se recibirá 1 solicitud.

Para todos los casos el defensor/a u organización solicitante no puede utilizar, recomendar o

ser apologético del uso de medios violentos en la acción política en general y del terrorismo en

todas sus formas y manifestaciones en particular, como lo establecido por el Documento de

Resultado de la Cumbre Mundial de 2005, adoptado por la Asamblea General de Naciones

Unidas (A/RES/60/1).

Todos los casos presentados al Fondo deben ser remitidos por una organización reconocida

por su trabajo en el campo de los derechos humanos y acciones humanitarias.

Tipos de ayuda » Traslado urgente: Es la provisión de ayuda para el traslado urgente a otro lugar cuando el

defensor/a o su núcleo familiar se encuentre en riesgo inminente de sufrir atentados contra

su vida o su seguridad personal.

» Traslado y reubicación temporal: Es la provisión de ayuda para facilitar el traslado y los

medios de subsistencia del defensor/a y su núcleo familiar a otro lugar que le otorgue

condiciones adecuadas de protección de su vida o integridad personal.

» Gastos de asistencia y representación legal: Es la provisión de ayuda para que el defensor/a

o las organizaciones de base puedan realizar su defensa judicial en caso de estar inmersos

en procesos de judicialización.

» Apoyo financiero (suma global) a la familia en caso de muerte del defensor/a.

» Actividades colectivas de protección y autoprotección: Es la provisión de ayuda para

organizaciones u comunidades de base que desarrollen un plan colectivo de protección y

autoprotección. Entre estas actividades pueden ser consideradas todas las que conduzcan

al reconocimiento social de la legitimidad de la defensa del derecho a la tierra, al territorio y

los recursos naturales; medidas de seguridad y comunicación; la capacitación en mecanismos

de protección y autoprotección; el acompañamiento psicosocial; y misiones de resolución

alternativa de conflictos no previstas y urgentes, entre otras.

Monto de la ayudaEl monto de la ayuda no excederá en ningún caso la suma de 4.500.000 pesos colombianos

(2.500 USD)

Tiempo de duración de la ayudaLa duración de la ayuda no podrá exceder en ningún caso de 6 meses. En algunos casos se

podrá valorar la extensión de este plazo teniendo en cuenta condiciones especiales de

seguimiento del caso.

Procedimientos para acceder al Fondo » Una organización reconocida presenta el caso al Fondo a través del formato establecido

para ello.

» El comité coordinador examina el caso y da una respuesta sobre su aprobación en un

periodo de máximo 5 días hábiles. En caso de que la solicitud se haga para el traslado

urgente esta respuesta no podrá exceder de 1 día.

» En caso de ser aprobada la solicitud se inician los trámites de giro de los recursos.

» Finalizado el tiempo acordado la organización remisora del caso presenta al Fondo la

evaluación sobre la efectividad de la ayuda.

Principio de confidencialidadEl Fondo se compromete a mantener reserva y confidencialidad sobre todo tipo de solicitudes,

y sobre ayudas provistas y las actividades desarrolladas por el defensor/a u organización.

17 Diagnóstico de riesgos y

capacidades institucionales para

ofrecer protección a personas,

organizaciones, comunidades y

pueblos en procesos de reclamación

de tierra en http://www.mij.gov.co/

UnionEuropea/Library/Resource/

Documents/Documentos%202012/

diagnostico%20CERAC777.pdf

Lecciones aprendidasDurante la implementación del Fondo de Protección Defender la Tierra – FPDT se realizó un

mapeo de las experiencias de 5 fondos de protección de la sociedad civil en Colombia:

» “Somos Defensores”. Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos.

» Fondo para Ayudas de Emergencia y Fortalecimiento Organizacional en Protección

y Autoprotección.

» Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe Hispano - Hablante para los

Derechos de la Diversidad de las Mujeres.

» Programa de Salida Temporal de Colombianos de Secretariado Nacional de Pastoral Social

Cáritas Colombiana.

» Fondo de Emergencia Humanitario de Amnistía Internacional.

A partir de estas conversaciones y de la implementación del fondo obtuvimos algunas lecciones

aprendidas para nuestra labor:

» En el actual contexto colombiano es necesario el trabajo del FPDT por la profunda crisis

humanitaria que vive Colombia; las dificultades de protección y seguridad para los y las

reclamantes de tierras en el actual proceso de restitución de tierras; a pesar de los esfuerzos

del gobierno y de la sociedad civil, persiste el conflicto armado y la disputa por el control

territorial, tanto a nivel político, social y militar, como por aspectos de aprovechamiento

económico, legal e ilegal, que aumenta la vulnerabilidad de defensores/as; y la ausencia de

una política pública coherente de protección para los líderes y lideresas en riesgo por su labor.

Este último hecho se ve acentuado por la cooptación del Estado por parte de grupos armados

irregulares en muchas regiones del país. Como lo afirma un Informe de 2012 realizado para el

Ministerio del Interior y de Justicia colombiano “La corrupción e infiltración de las instituciones

estatales por parte de las organizaciones armadas ilegales es uno de los riesgos que más resaltaban

los entrevistados en todos los municipios en los que se realizó trabajo de campo. La connivencia que

existe en algunas regiones entre los grupos armados ilegales y algunos funcionarios de instituciones

estatales garantiza la impunidad y por ende, aumenta la vulnerabilidad”.

» La labor del FPDT es limitada frente a la crisis humanitaria que vive el país. Por ello, además

de la provisión de ayudas y asistencias solidarias, se debe procurar realizar un trabajo de

incidencia con las instituciones públicas con el objetivo de mejorar los Programas Públicos

de Protección y los análisis de riesgo y vulnerabilidad de los defensores/as.

» Se debe tener la capacidad de otorgar respuestas rápidas a las solicitudes de urgencia y a

mantener absoluta confidencialidad de los casos presentados.

» Se debe contar con un amplio número de tipos de ayuda que superen la asistencia individual

y se encaminen a lo colectivo, como un proceso de fortalecimiento organizativo y de

aumento de la legitimidad de las labores de los defensores/as.

» Se debe trabajar de la mano con las organizaciones sociales que defienden el derecho a la

tierra, para comprender mucho mejor los contextos de riesgo y vulnerabilidad y cuáles son

las mejores acciones de protección y autoprotección.

Octubre 2012. Escrito para ILC por CINEP/PPP. Adaptado por ILC.

Las opiniones expresadas en este documento son las de los autores y no pueden considerarse opiniones

oficiales de la Coalición, ni de sus miembros y donantes. Si desea mayor información sobre este proyecto:

http://www.landcoalition.org/es/global-initiatives/los-defensores-de-los-derechos-humanos y http://www.cinep.org.co/

Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra Secretaría, Via Paolo di Dono, 44, 00142

Roma, Italia tel. +39 06 5459 2445 fax +39 06 5459 3445 info@landcoalition.org | sitio America

Latina: http://americalatina.landcoalition.org/ | sitio global: www.landcoalition.org

La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) es una alianza mundial de organizaciones

de la sociedad civil e intergubernamentales que trabajan juntas para promover el acceso seguro y

equitativo a la tierra así como su control para las mujeres y hombres pobres a través de la incidencia,

el diálogo y la formación de capacidades.

El Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP/PPP) es una fundación

sin ánimo de lucro que anima el cambio social desde las orientaciones de la Compañía de Jesús en

Colombia. Trabaja por la edificación de una sociedad más justa, democrática y en paz desde una

opción preferencial por hombres y mujeres que han sido excluidos y las víctimas. Para ello, genera

alternativas para la construcción de la paz, el desarrollo humano integral, la realización de los derechos

y la ampliación de la democracia, desde la investigación y producción de información, la educación,

el acompañamiento a procesos sociales, el ejercicio de la incidencia y la comunicación.