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Se presenta a manera de ensayo un análisis de la temática relacionada con los Derechos humanos como sustrato de las políticas públicas de la educación Superior en Colombia
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Derechos humanos como sustrato de las políticas públicas de la educación Superior
en Colombia
Alba Luz Palencia Montaña, Ana Mercedes Pérez Martínez y María del Rosario
Piñeros Botero
Introducción
Este ensayo tiene el interés de discursar los derechos humanos como asidero
histórico que da origen a las políticas públicas. Analiza el tema bajo diferentes escenarios
epistémicos en ciencias sociales, antropología, filosofía y ética, entre otros. Por ello es
indispensable remontarse a los inicios de la estructura y organización social del hombre.
Convergiendo en el análisis y discusión del devenir de la Educación Superior (ES) en
América Latina, concede un análisis contextual que requiere de la efemérides de la
educación superior en Colombia, para orientar la discusión de las diferentes reformas y
momentos históricos que se consuma en la urgencia de una política pública en el marco de
la reflexión del Acuerdo por lo Superior 2034.
Génesis de las políticas públicas
El hombre ser social por naturaleza; por sus características físicas y psicológicas,
para él, es indispensable vivir y compartir con otros.
El lugar físico de aparición de la primera sociedad humana es la caverna, donde el
humano vive en compañía de otros; la primera sociedad es la familia, aunque entendida de
una manera diferente a la actual; aparece entonces la necesidad de responsabilizar a un
individuo miembro para que administre y organice al grupo, esto representado en la
necesidad de un gobierno.
Este individuo debe tener la capacidad de ejercer el poder con el propósito de
minimizar los enfrentamientos presentados al interior del grupo (Esposito, 1999), gestión
reveladora del concepto de política inherente al hombre como ser sociable.
Paulatinamente, las familias se agrupan para colaborarse en la recolección de
semillas, la caza, la defensa de las fieras y de los rigores de la naturaleza; aparece de esta
manera el concepto de tribu. Dentro de esta surge la necesidad de elegir a un representante
para que los gobierne; este es elegido entre los más sabios, fuertes y con mayor
experiencia. Dichas tribus se unen a otras conformando cuerpos sociales fuertes que tienen
como fin dominar otras tribus más pequeñas y débiles.
Con el trascurrir del tiempo, las asociaciones de tribus se hacen difíciles de
gobernar, pues cuando un gobernante muere se dan cruentas luchas para escoger el
sucesor. Esto conduce que el gobernante de turno antes de morir deje un sucesor dando
origen así a los linajes y dinastías.
Alrededor de nueve mil años atrás, se crean las primeras ciudades y dinastías que se
transforman en monarquías con el rey como autoridad máxima. Sus habitantes se
transforman en súbditos con obligaciones tributarias al rey. Dichas ciudades al expandir su
poderío se transforman en Imperios.
Es en Grecia, donde la política logra una mayor transformación y objetividad lo que
da origen a la democracia, esto es, que el gobierno debe ser ejercido por un consejo que es
elegido por los ciudadanos. Cuando el imperio romano invade a Grecia, la democracia se
transformó en dictadura.
Con la caída de los imperios romano y griego, los individuos con poder político
conforman una nueva clase dominante, denominada nobleza donde sus miembros son los
únicos dueños de las tierras y los súbditos esclavos que trabajaban la tierra, y dueños de
nada. Este periodo permanece aproximadamente mil años, hasta que partir del siglo XVI
empieza a surgir una nueva clase, la burguesía que no está de acuerdo con la nobleza y
reclama participación en el gobierno de todos los hombres.
Los derechos humanos se empiezan a gestar como reacción de la población a las
atrocidades de las guerras y conflictos entre las clases dominantes y la población inerme;
pero su eclosión ocurre un estallido ante los horrores de las dos guerras mundiales y ven la
luz en el seno de la revolución francesa. Toda su doctrina evolucionó con la lógica de
construcción de una muralla de contención entre agredidos y agresores representados estos
por los poderes dominantes. Esta lógica inicial se va modificando poco a poco con el
surgimiento de la doctrina liberal a mediados del siglo XIX, cuando surge el concepto de
estado, donde se inicia la perspectiva de pensar los derechos Humanos como una
responsabilidad estatal.
La provisión por parte del estado de condiciones mínimas que garanticen a un
individuo la no violación de sus garantías, es el germen del estado social de derecho; cuyo
concepto “descansa en la idea de un sistema de gobierno que se rige por normas escritas y
públicas, es decir sobre las reglas de derecho” (Roth, 2008, p. 83).
El reconocimiento de los derechos humanos conlleva, entonces, a vislumbrar
nuevas perspectivas sobre las formas de interpretar las condiciones de vida digna de los
miembros de una democracia; estas condiciones deben ir más allá de suplir el mínimo de
bienes y servicios; deben permitir el ejercicio de sus derechos como miembros activos de
una sociedad regida por un estado de derecho.
Estas condiciones se expresan en procesos y se plasman en acciones y estrategias
formuladas de cara a proteger y promover los derechos Humanos: las políticas públicas.
Esta articulación se hace pública en el informe sobre el desarrollo humano del año 2000 en
la ONU donde se establece “la íntima relación entre el disfrute de los derechos humanos y
el concepto de desarrollo humano bajo los postulados de no discriminación, realización de
la persona humana, libertad de elección individual en un contexto de responsabilidad
colectiva” (Cuervo, 2007, p. 28).
Por la naturaleza de su origen, las políticas públicas deben ser entonces el resultado
de construcción colectiva y tensionante entre el estado y sus ciudadanos, donde mediante el
debate y la argumentación se entreteje un conjunto de acciones que conducen a la solución
de problemáticas y el logro del bienestar y la vida con dignidad de su población. Este
entretejer es de alguna manera, una forma de crear responsabilidades: la sociedad le
concede al estado el cuidado de unos derechos históricamente conquistados y construidos y
la sociedad a cumplir con lo pactado colectivamente; todo esto pactado sobre los cimientos
de los derechos humanos que originan el pacto. (Restrepo, 2006, p. 23).
Teniendo en cuenta que la política no es necesariamente rectitud, sino la forma
como se ejerce el poder, existen intenciones veladas bajo la máscara de aparentes discursos
democráticos (burocráticos), que tensionan aún más la construcción de las políticas
públicas. Los procesos de identificación de problemas, formulación, implementación y
evaluación de dichas políticas, se realizan en espacios y tiempos institucionalizados como
congresos asambleas, consejos y juntas en determinadas fechas acordadas, en escenarios
menos formales como debates públicos, foros, seminarios de expertos y medios de
comunicación; terreno propicio para que cada participante, en especial la clase hegemónica
intente convencer a los demás de la validez de sus argumentos.
Si bien es cierto que los regímenes democráticos permiten organizar espacios de
deliberación pública, el gobierno intenta por muchos medios imponer soluciones que
favorezcan a determinados sectores, pues controla o es controlado por las clases
dominantes económicas o políticas.
En este momento la amenaza más poderosa es la globalización, que con su voraz
acumulación de capital, vende la idea falsa que el mercado se puede autorregular, lo que
ha conllevado a un intercambio desigual, disminución de los precios de las materias
primas producidas en América Latina, destrucción de la naturaleza con consecuencias
severas ambientales como el aniquilamiento acelerado de las fuentes energéticas, la
destrucción de los recursos no renovables y privatización del patrimonio común.
Estos aspectos sociales, ha contribuido a la socavación de las identidades e
imaginarios del pueblo latinoamericano como aumento del crimen internacional, la
migración hacia países europeos, el empobrecimiento acelerado con amenazas de hambre y
el debilitamiento de la autonomía de los gobiernos y la autodeterminación de los pueblos.
Cuando lo público es la fortaleza de la políticas públicas, sufre todas estas
consecuencias, su papel como garante de la protección de los derechos humanos se
desvirtúa y el concepto de estado social de derecho, paulatinamente pierde credibilidad y
se va debilitando, hecho que violenta los principios fundamentales de los pueblos.
En consecuencia la sociedad tiende a patrones de comportamiento que vislumbran
la obediencia a exigencias del mercado mundial dando primacía a lo económico
desplazando los político y lo social. Este desplazamiento hace que los Derechos Humanos
sean relegados y con ello los cimientos de las Políticas Públicas.
Lo anterior está evidenciado en las profundas y dolorosas frustraciones de la gran
mayoría de las sociedades en el mundo y en particular de América Latina que son
analizadas por diferentes expertos, entre ellos Kliksber (2005), quien argumenta en su
artículo ”América latina la región más desigual de todas” la profunda desigualdad de este
continente en cuanto a distribución del ingreso, inequidad en la distribución de la tierra,
abandono del estado en aspectos sociales y de salud, entre otros.
El derecho fundamental de la educación es el más violentado de todos y el que
presenta mayores índices de desigualdad, a pesar de las estadísticas que indican cómo la
mayoría de los niños ingresan a la escuela, pero su permanencia se ve afectada
precisamente por su condiciones de pobreza extrema, por tanto la tasa de deserción es
alarmante sobre todo en los sectores menos favorecidos.
El devenir de las políticas públicas de educación superior en Latinoamérica
Los pueblos de América Latina desde los procesos de Independencia hasta la
constitución de estados – nación, han sobrevivido en medio de cruentas luchas tanto físicas
como ideológicas. La premisa de estas luchas se fundamenta en los principios de soberanía
del pueblo y concepto de ciudadanía, pero marcadas en cada país con sus propias culturas
amalgamadas con la presencia de la religión católica.
Estas naciones desde entonces han transcurrido por difíciles procesos enmarcados
en ideologías antagónicas conduciendo a los pueblos a feroces dictaduras por un lado y por
otro, a factores de violencia de sectores de extrema izquierda que bajo idearios de libertad
conduce a algunas naciones latinoamericanas a conflictos sin salida.
De otra parte la universidad pública en este continente no ha sido ajena a este
dinamismo social, político y económico; Lao Montes, (2013) identifica tres etapas en la
historia de las universidades latinoamericanas:
1) Aparición de la Universidad en el siglo XIX con una concepción occidental como pilar
fundamental para educar y eliminar la “barbarie” y formar hombres “modernos”.
2) Masificación relativa de la universidad por las influencias populistas de la segunda
guerra mundial en la que se observa movilidad y promoción de la fuerza de trabajo. Sin
embargo, la exclusión marcada por las clases sociales, razas y etnias que no tienen la
posibilidad de ingreso, muestran una universidad pública promotora de la desigualdad
cotidiana que ha sido tradicional en estos países.
3) Todas estas situaciones son terreno propicio para la arrogante irrupción del
neoliberalismo en el que la esfera económica se constituye en hegemónica con el
desplazamiento de lo político y lo social. A partir de entonces, los discursos sobre las
políticas educativas en América Latina por parte de los gobernantes han sido
modelados por la lógica de la eficacia y la eficiencia. A pesar de algunas diferencias
coyunturales, los nuevos lineamientos de las políticas educativas en américa latina en
este nuevo estado de cosas se caracteriza por:
- Crecimiento y diversificación de las instituciones de educación superior
sacrificando la calidad en aras de la cobertura con lineamientos desde los propios
gobiernos.
- Búsquedas alternativas de financiamiento diferentes a las del Estado de la
Universidad Pública.
- Crecimiento y diversificación de la educación privada.
- Presentación de proyectos que incluyen formas de coordinación estatal y del
mercado.
- Control burocrático y político de las instituciones de Educación superior.
- Modelos Curriculares construidos en torno a competencias con enfoques
restrictivos de la democracia.
En medio de este panorama la idea misma de universidad se pone en tela de juicio,
primero porque desde su concepción ha permanecido en muchos aspectos fiel a
lineamientos filosóficos europeos, donde priman los autores de estas élites en la que se
incluye la universidad pública y segundo, porque a partir de la aparición del
neoliberalismo, sus bases humanísticas se han visto fracturadas por la irrupción de
indicadores que muestran el grado de eficiencia, eficacia y competitividad
desnaturalizando su responsabilidad social.
En el momento histórico actual es necesario que las políticas públicas en educación
superior se conciban desde los propios y diferentes contextos territoriales y se construyan
para una América donde se valoren las memorias y culturas propias, se defienda la justicia
social, se elimine la exclusión; derechos humanos que deben operar en forma transversa
para contribuir en la valoración de conocimientos y saberes que se muestren al mundo
como pilares de un pueblo en pleno ejercicio de los derechos humanos única meta final
sustrato de las políticas públicas.
En otras palabras, queda el reto de reformar la educación (estableciendo
otros parámetros educativos donde haya mayor sintonía entre la denominada
educación no formal, con la formal) y que el Estado y la universidad pública
se reconcilien, y así hacer de la educación un proyecto de nación global (De
Sousa, 2006, p. 594).
Aunque es una utopía, pensar en proyectos de nación Global, naciones
multiculturales conformadas por poblaciones indígenas, negros, blancos, pobre y ricos;
todos con los mismos derechos y en especial los referidos a la educación, y teniendo en
cuenta las realidades del entorno, De Sousa (2003), el 21% de la población controlan el
78% de la producción, consumiendo el 75% de la energía necesaria; teniendo en cuenta
factores de desigualdad; en cuanto a promesas de libertad y en países democráticos de
América Latina, como en Colombia, los derechos humanos se violan de forma ascendente
en todos los niveles, la discriminación por género, raza y posición han sido evidentes y
serán las opciones tenidas en cuenta ya sea en el análisis de las políticas públicas
relacionadas con la educación y en especial con la educación superior, responsable de la
formación para el desarrollo con equidad.
Efemérides de las políticas públicas de educación superior en Colombia
Concebir los derechos humanos como sustrato de las políticas públicas, compone
un argumento que trata su génesis y devenir de las políticas en América Latina y por
supuesto en Colombia. Contexto que impulsa su análisis histórico y evaluación de su
propia trayectoria.
Para ello se presentan unas efemérides de las políticas públicas en Colombia. Se
considera como principal referente el (Informe de la Educación Superior en Colombia,
IESALC – UNESCO para el Ministerio de educación Nacional MEN y el ICFES, (2002).
Donde se establece en su desarrollo histórico por épocas, así:
1. La época Colonial (1605 – 1826), caracterizada por la formación de estratos de la élite
criolla y de carácter español; su orientación basada en la formación de abogados y
sacerdotes, con planes de estudios sustentados en las áreas de conocimiento de la
gramática, la filosofía, teología y jurisprudencia; tomando control de la educación
superior, el clero. A finales del siglo XVIII, se inician las transformaciones en el
manejo de la educación superior, donde el sector social busca el control por parte del
estado, situación que se presentó entre los años de 1774 y 1779, para luego seguir bajo
el control monopolística por parte de la Comunidad Dominica “El atraso económico, el
peso de la los herencia cultural de la sociedad colonial, la pobreza de la sociedad
misma y, sobre todo, la inestabilidad política”, (Silva, 2002).
Características de la sociedad en la época analizada y reflejada en los conflictos
entre partidos políticos y una acentuada continuidad de guerras civiles.
2. La época Republicana (1826 – 1842); el inicio del siglo XIX, la educación es
financiada desde lo privado, la administración está a cargo de las comunidades
religiosas quienes tienen la educación superior, sin embargo surge la educación desde
lo público “se continuo bajo el modelo napoleónico en la reforma de Santander en 1826
con los objetivos de formar “buenos” ciudadanos y construir la nueva nación”,
(IESLAC - UNESCO, 2002, pág. 10), proyecto que se consolida en el gobierno del
general Francisco de Paula Santander y se caracteriza por la creación de universidades
seccionales.
A pesar de las intenciones por crear un conjunto de buenos ideales,
Pero el casi nulo desarrollo económico —por lo menos hasta 1880— y el
torbellino de la política conspiraron a lo largo de todo el siglo y llevaron
al naufragio las que aparecían como las mejores intenciones. Como
testimonio de esas intenciones y como prueba de lo que se ha llamado el
"proyectismo" de los políticos del siglo XIX nos ha quedado la huella de
una amplísima legislación universitaria, que no es expresión simplemente
de lo que algunos llaman el "legalismo" de los Colombianos, sino ante todo
la prueba de que las mejores políticas educativas no tienen ninguna
posibilidad de aplicación cuando no encuentran un entorno institucional
favorable, o cuando no son capaces de crearlo, (Silva, 2002).
Se establece el inicio de la influencia política en las respuestas que el estado da a la
sociedad en materia de educación superior y que hasta el día de hoy mantiene.
Época de modernidad en la universidad (1842 – 1920); durante el periodo de gobierno
del presidente Pedro Alcántara Herrán, y a través de la reforma de Ospina Rodríguez, se
genera un nuevo concepto de universidad, orientado específicamente hacia “lo práctico y
lo útil”, (IESLAC - UNESCO, 2002, p. 11), incluyendo en la enseñanza las ciencias
naturales, la prueba de selección para ingreso, mayor centralización para nombramiento de
los docentes, se impulsa la formación técnica, entre otros de los aspectos más relevantes de
la reforma mencionada.
En el año de 1853, en el periodo de gobierno de José Hilario López (1849 – 1853),
se da inicio a una serie de reformas públicas de la educación superior por los cambios
políticos y económicos, presentados en el país con influencias de tipo europeo, se mantiene
el predominio directo de la iglesia en la educación, “las universidades se convierten en
colegios nacionales (…) se elimina la escuela militar(…)”, (Ídem).
En el año 1867, entra en vigencia la reforma planteada por José María Samper,
mostrando una gran influencia del estilo Francés e Inglés y se crea la Universidad Nacional
llamada de los Estados Unidos en Colombia; en donde, se rescata la formación técnica y en
los currículos se incluyen las áreas además de las ciencias jurídicas, filosófica y de
medicina, las de ciencias naturales, la ingeniería, las artes y los oficios; factor que empieza
a reducir la brecha entre los saberes y el acceso a estos.
A las universidades se vinculan los Museos, los Observatorios, los Hospitales de
caridad y el militar, situando al servicio de la educación, escenarios de vivencia cultural y
científica; que resalta la dependencia de la universidad hacia el gobierno.
Las discrepancias presentadas entre el gobierno y el clero en el año 1870, generan
la reforma educativa hacia la educación primaria especialmente en lo que tiene que ver
frente al acceso y gratuidad de la misma, sin embargo en el ámbito universitario, se destaca
su dependencia con las secretarías generales y de relaciones internacionales.
Para 1872, la reforma educativa y en el gobierno de Aquileo Parra (1876 – 1878),
los planes de estudios se enfocan desde el poder ejecutivo, los nombramientos de los
rectores, profesores y los funcionarios por parte de los consejos universitarios. Es de
aclarar que hasta la fecha de 1872, el acceso a la educación superior solo es permitido para
los hombres, situación que resalta la inequidad de género en la formación superior desde
sus inicios y se rompe con la creación de la primera Escuela Normalista Femenina.
A partir de 1880 y finalizando el siglo XIX, el gobierno de Rafael Núñez,
restablece las relaciones entre la Iglesia y el estado, se aprueba la Constitución de 1886 y el
concordato de 1887 (Ídem, p. 12), así inicia una nueva concepción de la universidad y de la
educación superior, dando cabida al estado de corte centralista gobernado por Miguel
Antonio Caro (1892 – 1898), y que lleva a retomar el control universitario y a el privilegio
en la educación profesional.
A pesar de lo pocos referentes teóricos e históricos con los que se cuenta para el
análisis de la educación superior en el siglo XIX, se concluye que en este siglo se
desarrollaron los cambios trascendentales en la universidad Colombiana que a la fecha, se
han convertido en los principales contextos de la lucha social en materia de educación
superior, tales como el control en la elección de rectores y profesores, el privilegio en el
acceso a la educación superior y el control estatal de las universidades.
Finalizando el siglo XIX e inicios del siglo XX, la universidad modifica “su
concepción con la participación activa de los estudiantes en el interés de contrarrestar el
confesionalismo religioso y político” (Ídem), en esta época, se resalta el cierre de la
Universidad Nacional de Colombia y durante el tiempo de la guerra de los mil días hasta el
año de 1903, fecha en la cual se da inicio a la creación de facultades que permiten la
práctica de la autonomía universitaria.
3. Reformismo universitario en el siglo XX (1920 – 1992), luego del gran auge del
estado con la promulgación de políticas públicas que permiten una gran reforma en la
educación y en especial en la educación superior en el siglo XIX, el siglo XX, se
caracteriza por un gran salto a la modernidad.
Teniendo como base un modelo que daba prioridad al concepto de
universidad estatal y de carácter laico, la ley 68 de 1935 reformó la
Universidad Nacional y dejó claro el espíritu que alimentó la reforma y los
derroteros que tomó la educación superior durante la primera mitad del
siglo. Esta ley unificó las diferentes unidades académicas que funcionaban
de manera aislada desde finales del XIX y dispuso la creación de una Ciudad
Universitaria, teniendo como perspectiva la formación de una elite
intelectual con criterios modernos (Heerrera, 2002).
Adicional a lo anterior, la universidad del siglo XX, se ve inmersa en factores
sociales y políticos de trascendencia para el País,
la pérdida de Panamá, la crisis fiscal y económica, el proceso de
industrialización y urbanización, la producción y comercialización del
café, la masacre de los trabajadores al servicio de los extranjeros en la
región bananera, la aparición de movimientos sociales y políticos
(IESLAC - UNESCO, 2002, p. 12).
Factores que llevan al replanteamiento de la educación técnica y a la consolidación
de los movimientos estudiantiles quienes promulgaban el derecho a una educación
investigativa y no con pensum limitados a ciertos saberes y aplicaciones y con factores de
poca o ninguna influencia en la sociedad Colombiana.
Entre los años 1929 – 1924, la representación estudiantil a través del Congreso
Nacional de estudiantes toma como conclusión que “son los estudiantes quienes deben
llevar a cabo la reforma universitaria y ellos tienen el derecho de proclamar los nuevos
rumbos que deban orientar las actividades de cada facultad y la obligación de ponerlos en
práctica” (Ídem).
Conclusión que es tenida en cuenta por el gobierno de Alfonso López Pumarejo
(1938-1938; 1942 -1945), permitiendo la inclusión de los estudiantes en los movimientos
políticos de los liberales y conservadores, por lo cual se crea el Ministerio de Educación y
la Facultad de educación, entes pertenecientes a la Universidad Nacional y cuyo
antecedente se encuentra en la Escuela Normal de Tunja desde el año 1872, primera
escuela de formación docente.
A pesar de la concepción de modernismo en la educación superior, las reformas
universitarias se centran en la Universidad Nacional y solo hasta el año de 1936, se permite
el ingreso de la mujer en la educación superior; se sigue manteniendo la incongruencia de
la educación frente a los derechos humanos y en especial en el manejo de género.
Fue Betancur, quien en 1984 (citado por Ocampo, 2002) da a conocer el objetivo claro en
el plan Quinquenal de Educación
La educación es la base fundamental de la estabilidad, progreso y grandeza de
un país (…) los beneficios de vivir en un pueblo educado o los perjuicios de un
pueblo sin educación […] la educación es parte integral de la vida Colombiana
y que ella debe estar permanentemente integrada a la realidad del país
Concepción claramente expuesta que pierde validez por la inclusión del modelo
capitalista y neoliberal, que se agudiza, luego del evento presentado el día 9 de abril de
1948, con el asesinato del líder Jorge Eliecer Gaitán dando por efectiva el rompimiento de
las relaciones políticas entre el país y la Universidad.
El gobierno de Gustavo Rojas Pinilla (1953 – 1957), conocido como la dictadura,
se caracteriza por la intervención del estado en la universidad pública, generando el gran
Movimiento Universitario Nacional, que se crea como “defensor de las instituciones y del
orden democrático para conducirlo por una fase de progreso y desarrollo técnico –
científico e industrial” (IESLAC - UNESCO, 2002, p. 13), sin embargo y hacia el año
1954 finalizando la dictadura se agudiza el asesinato de estudiantes y la detención de
profesores y exrectores de la universidad Nacional específicamente, marcando la nueva
época de distorsión entre las relaciones del estado y la educación superior.
Las décadas del 60 y 70 significaron el fortalecimiento de las disciplinas
relacionadas con las ciencias sociales y humanas incluyendo la educación, lo
que permitió la consolidación de grupos de intelectuales que proporcionaron
nuevos enfoques para el análisis de lo social, hecho que estuvo acompañado
de la expansión de la participación femenina en el sector. En estas décadas el
movimiento estudiantil presenta su mayor auge luchando contra el modelo de
universidad que se impone en el período con base en las teorías del capital
humano desde un enfoque tecnocrático y empresarial. (Herrera, 2002)
Iniciando la década de los ochenta y ya finalizando el siglo XX, en el gobierno del
presidente Turbay Ayala, se definen los objetivos y lineamientos del Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Superior ICFES, ante las universidades y creado desde el
año 1968; con esto se institucionaliza la evaluación, el control y la vigilancia de la
educación superior, haciendo énfasis en la Investigación como fundamento de la misma.
Entre las políticas públicas de la educación superior, se destaca en esta época la
autofinanciación y el poder de las instituciones educativas, se centra en el rector y los
consejos superiores; con la promulgación de la Constitución Política en 1991, y la Ley 30
de 1992, época que da inicio a la evolución de la educación superior en el País.
Al respecto, Rusconni (1998), en su escrito Colombia, sociedad capitalista, cita los
Artículos 53, 58, 60, 333, 335 de la Constitución Política de Colombiana y compara tres
ejes del capitalismo: primero la propiedad privada y su relación con el trabajo asalariado;
segundo sistemas mercantilistas, basados en la empresa privada no necesariamente de tipo
personal; y tercero procesos de racionalización directa e indirecta de la valoración del
capital a través de la explotación de las oportunidades laborales de la sociedad.
Para el año 2000, las políticas estatales redefinieron los niveles de educación
superior delimitando en el pregrado la existencia de la formación técnica
profesional, la formación tecnológica y la universitaria, y en el posgrado la
formación según niveles de profundización denominados especialización,
maestría y doctorado (Ocampo, 2002).
Con este recorrido histórico, y frente a lo que ha sido la educación superior en
Colombia, “parte del supuesto de que el conocimiento es siempre conocimiento
contextualizado en las condiciones que lo hacen posible y de que sólo puede avanzar en la
medida en que transforma en sentido progresista, esas condiciones” (De Sousa, 2003, p.
33).
La urgencia de una reforma de la política pública de educación superior en Colombia
La constitución y evolución paulatina de las políticas públicas de educación
superior en Colombia, trae consigo momentos históricos importantes1, expuestos en el
apartado anterior.
Entre los cuales se destaca en su pasado y presente la permanente condición inicua
de exclusión, privilegio y promoción de desigualdades. Condición que va en contravía con
el respeto por los derechos humanos, sustrato mismo de las políticas públicas, porfía que
en la actualidad se encuentra varios escenarios del país.
En los bastimentos de la modernidad (1842-1920), ya, las políticas públicas de
educación traen desde un principio exclusiones de carácter étnico-racial, clasista y de
género, al fundamentar los enfoques de nacionalidad y ciudadanía.
Al igual que la postura de la educación pública en la etapa del reformismo (1920-
1992) con la introducción del modelo capitalista y el mundo globalizado se constituyen
bases ambiguas donde la educación, por un lado sirve como medio de movilidad, status
social, desarrollo social, avances técnicos y tecnológicos que permiten la adquisición del
conocimiento con inmediatez y en tiempo real. Y por otro lado, la mercantilización de la
educación, el poder centrado en el nivel adquisitivo, el consumo abusivo de tecnología y el
manejo inadecuado del medio ambiente.
1 Según el “Informe sobre la educación superior en Colombia de 1991 – 2001”, publicado por el ICFEX (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior) y el MEN (Ministerio de Educación Nacional) como: la universidad colonial (1605-1826), la universidad republicana (1826-1842), la modernidad en la universidad (1842-1920) y el reformismo de la modernidad en la universidad colombiana (1920- 1992).
Por lo anterior, para este capítulo se hará un análisis a la propuesta “Acuerdo por lo
superior 2034”.
En ese orden de ideas, el abordaje epistémico del ser humano en sociedad congrega
conceptos entorno al tema de la educación, etimológicamente el término educar proviene
de dos vocablos latinos: Educare que expresa la acción de alimentar o nutrir y Exducere
corresponde a comportamientos orientados a desarrollar y/o crecer. En cuanto al uso social
la RAE la define como “la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual,
moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de
la sociedad a la que pertenecen”.
La educación cómo sistema comprende la formación que tiene como propósito el
desarrollo de normas, valores y sistemas socioafectivos del individuo en sociedad y que en
general conforman la cultural de una comunidad determinada.
Por su parte la Ley 30 de 1992 en el Título primero, Capítulo primero en los
Artículos No. 1y 2 define la educación superior como:
“Artículo 1° La Educación Superior es un proceso permanente que
posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una
manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o
secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su
formación académica o profesional”.
“Artículo 2° La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la
finalidad social del Estado”.
Los artículos citados, se enfocan en la concepción de la educación, como “el
medio”, para el desarrollo de las potencialidades del ser humano de manera integral, tal
orientación tiene implicaciones antropológicas que denotan Homero Calixto, Jorge
Montoya y Liana Fuentes, (2012) particularidades en el imaginario de los sujetos, en
cuanto a su campo de acción condicionado por circunstancias históricas, políticas,
educativas y culturales, entre otras, en sujeción con los derechos humanos que son
promulgados por el estado en sociedad.
Tal consideración no da cuenta de las circunstancias actuales en las que se
encuentra el sistema educativo superior en Colombia. Pues si se analiza en forma somera
los currículos y contenidos programáticos que conducen los aprendizajes en las
universidades, tanto públicas como privadas, se encuentran esquematizados por enfoques
europeos y estadounidenses, ajenos al contexto histórico y cultural del país.
Ahora bien, al considerar la educación como un “medio”, en la actualidad el
sistema de educación superior en Colombia se encuentra orientado por políticas públicas,
que requieren, con urgencia su replanteamiento, por estar inmersas en un mundo global
marcado por el modelo capitalista, que subyuga y reorienta las culturas de la mayoría de
países del mundo entero, emergiendo un proceso de aculturación mundial, en constante
reacomodamiento que conduce a los sujetos sociales a concebir sus imaginarios por sus
significantes, en tanto la comprensión coherente e integradora queda a merced de unos
pocos. (Baudrillard, 2009).
Para ello el CESU (Consejo Nacional de Educación Superior, CESU) presenta el
informe final “Acuerdo por lo superior 2034”, en donde hace una propuesta de reforma a la
política pública de educación Superior.
La propuesta identifica cómo las políticas públicas propuestas en el Acuerdo
“corresponden a uno de los compromisos misionales del Consejo Nacional de Educación
Superior –CESU- concebido desde la Ley 30 de 1992 como un órgano colegiado y
representativo de todos los actores de nuestro sistema de educación superior” (Acuerdo por
lo superior 2034, p 23). Con el propósito de que el país, a través de la educación superior,
como medio de desarrollo de los individuos, alcance total cobertura, alta calidad, inclusión
social, regionalización, integración social e interacción global.
El acuerdo, acepta que el actual sistema de educación superior a partir de la Ley 30
de 1992 tiene retos por la calidad, la cual demanda un modelo de financiamiento más
equitativo y universal, requiere un diseño del sistema, claro, consistente con lo regional y
lo internacional. Con mejores y puntuales procesos de rendición de cuentas y
transparencia.
La consideración anterior refleja un diagnóstico, en donde queda clara que se ha
venido menoscabando los derechos humanos como: inclusión, gratuidad, tercerización de
la educación y copia de modelos de las políticas públicas europeas, entre otros, por tanto
urge la necesidad de una reforma a nivel de la educación superior.
La propuesta fue elaborada durante tres años y como resultado establece diez temas
como: Educación inclusiva: acceso, permanencia y graduación, Calidad y pertinencia,
Investigación (ciencia, tecnología e innovación), Regionalización, Articulación de la
educación media con la educación superior y la formación para el trabajo y el desarrollo
humano: Hacia un sistema de educación terciaria, Comunidad universitaria y Bienestar,
Nuevas modalidades educativas, Internacionalización, Estructura y gobernanza del sistema
y Sostenibilidad financiera del sistema.
Entre los cuales, se discuten aquellas que suscitan interés para este ensayo, por su
implicación directa con la vulneración de los derechos humanos.
- La Educación inclusiva: acceso, permanencia y graduación, se destaca
principalmente la diversidad de la población Colombiana, la pluralidad de culturas y
territorios, el conflicto armado y las situaciones de inequidad que en ocasiones presentan
problemas de acceso al sistema, bien sea por circunstancias sociales, económicas, políticas,
culturales, lingüísticas, físicas y geográficas. Se incluye principalmente:
- “Personas en situación de discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales.
- Grupos étnicos: comunidades negras, afroColombianos, raizales y palenqueros, indígenas
y Rom.
- Población víctima, según lo estipulado en el artículo tercero de la Ley 1448 de 201116.
- Población desmovilizada en proceso de reintegración.
- Población habitante de frontera”. (Acuerdo por lo superior 2034, p.94).
Con referencia a la permanencia y graduación el CESU expone algunas dificultades
como: alta repitencia como consecuencia del bajo capital académico de ingreso, falta de
acompañamiento académico y metodológico y finalmente la falta de flexibilidad en los
prerrequisitos de grado en las instituciones educativas.
El principal objetivo de este tema es que la sociedad Colombiana conciba la
educación superior como un derecho al cual puedan acceder los diferentes grupos
poblacionales.
- Calidad y pertinencia, se referencia cómo el sistema educativo superior en Colombia se
encuentra estructurado por su diversidad Institucional en su naturaleza (pública o privada),
con diferentes niveles en cuanto a técnicos, tecnológicos, instituciones universitarias y
universidades, con modalidades presenciales, a distancia y mixtas, inmersas en
orientaciones disciplinares como generalistas y especializadas, a su vez con orientación
seculares y religiosas. Estas estructuras han venido evolucionando por la globalización y
en consecuencia se presentan nuevas formas de diversidad institucional que propenden por
el desarrollo científico y tecnológico.
De otra parte desde 1995, en Colombia se ha asumido el concepto de calidad en el
marco de los procesos de acreditación, tanto de programas como de instituciones públicas
y privadas. El MEN (Ministerio de Educación Nacional) ha venido desarrollando
estrategias para consolidar el SAC (Sistema de Aseguramiento de la Calidad).
Los modelos de calidad permiten evidenciar el contexto deshumanizante por el que
atraviesa el hombre en su actualidad. González, (2008), en su propuesta de la dialéctica
entre la humanización y la deshumanización del hombre, aborda cuatro factores que
componen la evolución histórica y social en su estructura y organización. Pues el estado
Colombiano en su afán de buscar el supuesto desarrollo a través de políticas mundiales,
hace uso de “modelos” totalmente descontextualizados, que no comprende y por lo mismo
no ajusta a su ambiente o realidad. Presenta como resultado una sociedad masificada,
cosificada y alienada, condición que vulnera los derechos humanos, por tanto cabe
preguntar, ¿es consistente la política pública que se aplica en la actualidad?
Para responder este interrogante se hace necesario dilucidar cada uno de los
factores enunciados. El primer factor la masificación, se refiere al tipo de sociedad
industrial, caracterizado por la cultura de grandes urbes y a la insurgencia de grandes
conglomerados, en donde se presenta el desplazamiento del feudalismo por la oferta y la
demanda febril que destaca la maximización de las relaciones mercantiles de la vida en
sociedad. La cosificación, como segundo factor, que destaca al hombre reducido a ser un
simple medio un instrumento, como obrero que ejecuta, alienado, (tercer factor), por un
discurso que representa más en sus significantes que sus significados, por las convenciones
externas a su propio yo, a sus propias necesidades, configurado, así, la sociedad de
consumo, sustentado por Baudrillard (2009).
Por tanto, la sociedad del consumo y por ende deshumanizada que la caracteriza, en
Colombia y en general en los países latinoamericanos, enfrenta problemas de estructura,
funcionalidad y económicos, es decir, sostenibilidad y sustentabilidad, que da cuenta de
una urgente política pública que reoriente el desarrollo de la sociedad hacia una educación
superior acorde con los contextos culturales.
Al adentrarnos al tema de la pertinencia, los contenidos programáticos, la
pedagogía y didáctica, en el sistema educativo de los países de América y el Caribe se
encuentran influenciados por discursos europeos y estadounidenses, como indica Tezanos,
(2010), en donde no solo es por la formación de docentes, sino también, por los
contenidos que se focalizan hacia la comprensión de problemáticas foráneas, que aunque
afectan las dimensiones sociales, políticas y económicas no suplen necesidades de las
mismas, por la carencia de epistemas que comprendan la realidad de las ciencias sociales,
económicas y administrativas de la nación.
En ese orden de ideas se presentan problemáticas complejas que inciden en los
aprendizajes incoherentes y descontextualizados, reflejado en la literacidad de los
discursos y la poca criticidad de los mismos en los estudiantes.
- La Regionalización, es tema nuclear para la discusión que se viene desarrollando en este
ensayo, pues es tratado y orientado bajo el fenómeno de la descentralización tomando la
concepción de ser “un proceso mediante el cual se aumenta el poder y la autonomía de
decisión y de control de los recursos, las responsabilidades y las competencias de las
colectividades locales” Mattos en Moreno, 1994 (citado en el Acuerdo por lo superior
2034).
La necesidad de hacer tratamiento a la regionalización parte de situaciones como:
- “Los resultados arrojados por Índice de Progreso Educativo, IPES, 2012, del
Ministerio de Educación Nacional, conformado por indicadores como: acceso, de logro y
de calidad de la educación superior en Colombia. Evaluados todos los departamentos se
identificó que el 78% presenta un desempeño menor respecto de su ciudad capital, lo que
permitió identificar la existencia de un mayor avance en educación superior en las regiones
capitales que en el resto de los municipios.
- La falta de conocimiento de la diversidad regional Colombiana para el diseño de políticas
públicas del sector.
- La oferta de la educación post-secundaria no es consecuente con las necesidades de la
economía local y regional. La mayor parte de los programas de IES que tienen mayor
demanda son los de Economía y Administración con un más del 30%. Los cuales no
corresponden a las necesidades locales y regionales de los estudiantes”.
(Acuerdo por lo superior, p, 105-106)
Las situaciones descritas permiten identificar la necesidad de reorientar la
Educación Superior Nacional (ESN) bajo las propias características culturales de cada
región, estructurada desde lo rural y lo urbano.
La descentralización tiene el propósito de promover principios que permitan
respetar las decisiones locales a partir de un Estado moderno, capaz de reorientar su
estructura administrativa, política y fiscal. Estos principios conducen a la regionalización
con una voluntad política que emerge en un gran consenso social y cultura y por ende, un
reordenamiento político y administrativo que modifica las estructuras territoriales, la
distribución de competencias, recursos y mecanismos de representación y participación; y
la opción por la diversidad.
La regionalización comprende la participación de las sociedades de cada una de las
regiones del país, entonces, la política pública emergería en forma coherente con las
necesidades económicas, políticas, administrativas, y porque no laborales, acorde con sus
imaginarios, en donde la aculturación capitalista dinámica, se transforma en
endoculturación humana e integradora, (Kottak, 2000) fortaleciendo así la valoración del
sentido idiosincrático y nacional, es decir, el desplazamiento de la mismicidad por el de
alteridad, (Gonzales & Otros., 1999).
Emergiendo el derecho por lo humano, es decir lo humano toma valor en una
sociedad capitalista. Pues el (Acuerdo por lo superior 2034), fundamenta la regionalización
como “una definición amplia de región, la cual no solo se relaciona con criterios
geográficos y espaciales, sino también con las dinámicas sociales, culturales y políticas que
permiten a los grupos sentirse identificados o pertenecientes a un territorio en particular”.
(p. 105).
Teniendo en cuenta lo expuesto, es posible enmarcar la regionalización de la
educación superior como una estrategia, que reduce la vulneración de los derechos
humanos, pues centra sus esfuerzos por proteger el acceso, la permanencia y la graduación.
En este nivel educativo que contribuye al desarrollo local a través de la generación de
profesionales para las localidades y la región en general.
Las dificultades expuestas obedecen a una estructura gubernamental centralizada
que se enmarca en un modelo social económico capitalista concordante con un modelo
político neoliberal, en donde las relaciones se establecen a partir del poder y el control,
supeditados por políticas internacionales a través de organismos como el Banco
Internacional de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), los cuales
perfilan diferentes estrategias para los países en vía de desarrollo, como los países de
Latino América y el Caribe.
Dicho acuerdo evidencia la transformación que ha venido sufriendo la educación,
en donde la vulneración de los derechos humanos ha trascendido en la conciencia de la
sociedad, pues expone que ésta “pasó de ser un privilegio exclusivo para las élites sociales
a convertirse, cada vez más, en una aspiración de toda la sociedad” (Acuerdo por lo
superior 2034, p.22), sustentando que
ahora la educación se proyecta hacia la universalización y al reconocimiento
como derecho real que brinde oportunidades para todos y sea una
herramienta de transformación individual, social, histórica, política, cultural
y económica de nuestro país para seguir apuntándole a un proyecto de
Nación justa, digna y solidaria.
En consecuencia, el CESU a través del análisis y tratamiento de la gran
participación de todos los sectores de la sociedad Colombiana2, concluye que las políticas
públicas de educación superior, además de ser normas complejas, en Colombia subyace un
problema agudo de desarticulación entre el Ministerio de Educación y sus organismos de
apoyo.
Al respecto Morín, 2014 (citado en el Acuerdo por lo superior 2034 p. 7), menciona
que “aunque Colombia cuenta con un sistema de educación superior que aunque
consolidado estructural, normativa y organizativamente, se halla desarticulado […]” para
ello hace una exhortación metafórica al relacionar dicha desarticulación y las intenciones
de mejoramiento que propone el estado frente a la teoría de la religación ética de los
individuos, soportada en el entrelazamiento de individuo, sociedad y naturaleza.
Conclusiones
El mundo globalizado en el que se ve envuelta la sociedad Latinoamericana, donde
el único fin de las clases hegemónicas es la economía, las políticas públicas pierden su
génesis como materializaciones de los derechos humanos. Se vislumbra entonces, una
sociedad alienada y cosificada por el consumismo; sin participación activa y autentica en la
construcción de sus propias políticas.
Las diferentes etapas históricas de la educación superior en Colombia, desde el
siglo XVIII a la actualidad, indican una fuerte tendencia a nivel económico, político y
social; destacando eventos representativos que vulneran los derechos humanos en la
educación pública y privada, influenciada por el estado y su política de restricción en las
universidades y su tratamiento de estrato y género.
2 En cumplimiento de los derechos humanos por la participación y expresión de necesidades de
los sujetos.
Se hace urgente una política pública de educación superior que responda a las
necesidades contextuales desde lo local, regional y nacional que ajuste lo internacional,
para darle sentido y coherencia a los procesos de enseñanza.
La política pública propuesta en el Acuerdo por lo superior 2034, expone superar
las barreras sociales de exclusión y desigualdad en un país que cimienta sus bases
estructurales en un sistema económico capitalista con enfoque globalizante, en donde, los
sujetos son estratificados y calificados por sus condiciones de consumo y poder, lo que
conduce a la desigualdad. Por tanto no es coherente con la realidad de la población
Colombiana.
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