En busca de la verdad y la justicia La Coordinadora ... · andina y de la política exterior estadounidense hacia la región andina. Fue directora del Programa ... dinadora operó

Este trabajo es una reelaboración de Coletta Youngers y Susan Peacock,La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú: Un Estudio de Caso deConstrucción de una Coalición. Washington Office on Latin America. Traducciónde Enrique Bossio. En ww.wola.org/andes/Peru/Peru_Coordinadora_span.pdf.El estudio de casos se basa en Coletta Youngers, Violencia Política y SociedadCivil en el Perú: Historia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2003.

En busca de la verdad y la justiciaLa Coordinadora Nacionalde Derechos Humanos del Perú

Coletta Youngers

Perú: investigar veinte años de violencia reciente

Coletta Youngers. “En busca de la verdad y la justicia. La Coordinadora Nacionalde Derechos Humanos del Perú”, en Anne Pérotin-Dumon (dir.). Historizar el pasadovivo en América Latina.http://etica.uahurtado.cl/historizarelpasadovivo/es_contenido.phpCopyright ©2007 Anne Pérotin-Dumon

HISTORIZAR EL PASADO VIVO EN AMÉRICA LATINA

Coletta Youngers

Asociada senior en la Washington Office onLatin America (WOLA), y analista de derechoshumanos y desarrollo político en la regiónandina y de la política exterior estadounidensehacia la región andina. Fue directora del ProgramaAndino de la WOLA durante diecisiete añosy autora de numerosos informes sobre derechoshumanos. Además, publicó Violencia políticay sociedad civil en el Perú: historia de laCoordinadora Nacional de Derechos Humanos(2003); The Washington Office on Latin America:Thirty Years of Advocacy for Human Rights,Democracy and Social Justice (2006), y Drogasy Democracia en América Latina: El impactode la política de Estados Unidos (coeditadocon E. Rosin, 2005). Youngers colaboraregularmente con las siguientes publicaciones:NACLA Report on the Americas, ForeignPolicy in Focus, Ideele y Qué Hace.

3Coletta Youngers. En busca de la verdad y la justicia. La Coordinadora Nacionalde Derechos Humanos del Perú

1. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se menciona en este trabajo como“la Coordinadora”, y no por sus siglas (CNDDHH). Cabe aclarar que no por eso laidentificamos como la única Coordinadora en el Perú. De hecho, es una de las muchas“coordinadoras” de diferentes sectores de la sociedad civil peruana que operan como coaliciones.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos1 en el Perú es una delas coaliciones de derechos humanos nacionales con más logros en AméricaLatina. En su carácter de colectivo de organizaciones no gubernamentales(ONGs), la Coordinadora abarca a la mayoría de las agrupaciones másimportantes de lucha por los derechos humanos del país. Está integradapor más de sesenta organizaciones miembros. Fundada en 1985, la Coor-dinadora operó durante años en el marco de la violencia y la polaridad, entrela brutalidad de Sendero Luminoso y las fuerzas insurgentes del gobiernoperuano. Esta situación dio un gran impulso a la unidad de los grupos dederechos humanos del Perú y fue un factor clave tanto en la formación dela Coordinadora como en su capacidad de perdurar a través del tiempo.Tras un período de extrema violencia política, los grupos de derechoshumanos tuvieron que enfrentar un gobierno de corte autoritario cre-ciente en los años noventa. En este nuevo contexto, la Coordinadora pasóde una agenda de derechos humanos en un sentido tradicional, basada enlos derechos políticos y cívicos, a otra que incluía causas más amplias porla restitución del orden democrático en el Perú.

Este trabajo describe el nacimiento del movimiento por los derechos hu-manos en el Perú, la formación de la Coordinadora Nacional de DerechosHumanos del Perú, y su labor hasta la caída del régimen de Fujimori en2000. Constituye, pues, una primera aproximación a la historia de la Coor-dinadora y del movimiento de Derechos Humanos, en el marco de la his-toria política nacional. En ésta, se consideran varias etapas: 1) el gobiernodel general Morales Bermúdez y el fin del régimen militar (1975-1980);2) el gobierno electo de Belaúnde Terry y el comienzo de la insurgenciade Sendero Luminoso (1980-1985); 3) el gobierno electo de García Pérezy la continuación de la guerra interna (1985-1990); 4) los gobiernos de


Copyright ©2007 Anne Pérotin-Dumonhttp://etica.uahurtado.cl/historizarelpasadovivo/es_contenido.php


Conceptos

Comisiones de verdad

Estado de derecho

Fujimorismo

Justicia y derechos humanos

Organizaciones de derechos humanos

Presos políticos

Represión

Víctimas

4

34

29

25

6, 13, 16

32

40

26

EL GOBIERNO DEL GENERAL MORALES BERMÚDEZY EL FIN DEL RÉGIMEN MILITAR

El Paro Nacional llevado a cabo el 19 de julio de 1977 fue un suceso defi-nitorio en la historia del movimiento por los derechos humanos en el Perú.El régimen militar del General Francisco Morales Bermúdez (1975-1980)había adoptado un drástico programa de ajuste estructural que produjo unincremento del 45%, aproximadamente, en el precio de los alimentos bási-cos, y llevó a un dramático deterioro de los niveles de vida.2 Se convocó aun paro para protestar contra la creciente pobreza y las tácticas represivasdel gobierno. Los partidos políticos progresistas, sindicatos y una vastagama de organizaciones de base y de la sociedad civil tomaron las calles enuna de las protestas de mayor envergadura en la historia del país. Los dere-chos socioeconómicos estaban en el centro del movimiento que emergiódurante este período. La gente se unió, en primer lugar y fundamental-mente, para mejorar las condiciones de vida de los pobres del Perú.

La respuesta militar al paro fue dura. Según el Centro de Estudios yPublicaciones, la respuesta fue “una de las peores oleadas represivas desa-tadas por el gobierno. Con ella intentó descabezar el movimiento sindical,amedrentar a sus dirigentes y propinar un duro golpe al movimiento popu-lar”.3 Al menos dieciséis peruanos perdieron la vida como resultado de lasacciones del gobierno.4 Veintenas más resultaron heridos, y aproximada-mente unas mil quinientas personas fueron detenidas. Dos días despuésdel paro, el gobierno decretó que los sectores público y privado quedabanautorizados para despedir a cualquier empleado que no hubiera asistido a

Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo autoritarismo, a pesar de la decaden-cia de la rebeldía armada y del progreso de la oposición, tanto en la socie-dad civil como en la comunidad internacional, dio lugar a la caída deFujimori y a las elecciones democráticas en 2001.

Asimismo, este bosquejo histórico de la Coordinadora abre una nuevaperspectiva sobre el pasado reciente del Perú. Estas décadas en que el paíssufrió quizá la peor violencia política de su historia demostraron la grancapacidad de organización de la sociedad civil, en particular a través de laformación de un movimiento de derechos humanos. Los orígenes de estemovimiento se encuentran en las protestas organizadas por la sociedadcivil a fines de los años setenta, y su crecimiento se debe a su capacidad deresponder –y en cierto modo representar– a la sociedad civil en distintascoyunturas históricas. Una clave de su fuerza fue, sin duda, la creación deuna red nacional de organismos de derechos humanos –la Coordinadora–con capacidad ejecutiva inusual en la capital.

En la historia de la Coordinadora destacan varios rasgos que explicansus logros. En primer lugar, su capacidad de convocar con regularidad a susmiembros para repensar la aplicación de los principios de los derechoshumanos en una coyuntura cambiante. En segundo término, su capacidadde forjar la unidad del movimiento aunque dejando cierta libertad deacción a los organismos miembros. En tercer lugar, su capacidad para inci-dir en las políticas públicas que afectaran los derechos humanos. En cuartolugar, su capacidad para asumir protagonismo en la vida nacional y conven-cer a la sociedad de la importancia de los derechos humanos para la restau-ración de la democracia. Otro aspecto notable del movimiento peruanofueron dos decisiones que resultaron trascendentes: la de documentar lasviolaciones de los derechos humanos cometidas tanto por la guerrilla comopor los militares, y la de cooperar con oficiales del estado cuando se com-probaba su buena voluntad o se presentaba la oportunidad de mejorar laprotección de los derechos humanos. El resultado fue que la Coordinadoracontribuiría en no poca medida a un episodio clave de la historia nacional:la creación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2001.

4 5Copyright ©2007 Anne Pérotin-Dumonhttp://etica.uahurtado.cl/historizarelpasadovivo/es_contenido.php

Coletta Youngers. En busca de la verdad y la justicia. La Coordinadora Nacionalde Derechos Humanos del Perú

HISTORIZAR EL PASADO VIVO EN AMÉRICA LATINA Perú: investigar veinte años de violencia reciente

2. Javier Diez Canseco, Miguel Echandía y Hugo Blanco. Dictadura y derechos humanosen Perú. Lima: Perugraph Editores, 1981, p. 199.

3. La Lucha de los despedidos: julio 1977-enero 1978. Lima: Centro de Estudiosy Publicaciones, 1978, p. 7.

4. Javier Diez Canseco, Miguel Echandía y Hugo Blanco. Dictadura y derechos humanosen Perú. Lima: Perugraph Editores, 1981, pp. 206-207.

Comisionesde Verdad

dores y de otras actividades de educación en los derechos humanos, justi-cia socioeconómica y temas afines. Como agente principal de militanciasocial dentro de la institución de la Iglesia, CEAS promovió la formaciónde organizaciones locales de derechos humanos y brindó asistencia téc-nica para tal fin. Los nombres de estas organizaciones variaban, pero conmucha frecuencia se les llamaba vicarías o Comisiones de la Pastoral de laDignidad Humana.

En 1977, CEAS abrió una oficina de derechos humanos. Los “DerechosHumanos” se convirtieron en parte de su plan de trabajo institucional condos áreas de acción fundamentales. La primera consistía en la recepciónde denuncias, documentación de abusos y difusión de información y aná-lisis a través de publicaciones. La segunda línea de trabajo se centraba enla atención directa a las víctimas de violaciones de los derechos humanosy sus familias, a través del apoyo social y la asistencia económica y legal.En 1978, el personal de la oficina de derechos humanos de CEAS empezóa reunirse cada dos semanas con un grupo de religiosos que trabajaban enlas barriadas. En tales reuniones, compartían información y experiencias,y reflexionaban sobre el papel de la Iglesia en la tarea de confrontar lasraíces estructurales de las desigualdades socioeconómicas y políticas delpaís. El grupo creció, y en 1979 se formó la Coordinación de la Pastoral deDignidad Humana. La Coordinación se convirtió en un espacio donde seelaboraban las respuestas pastorales comunes a temas de derechos huma-nos, las cuales se promovían luego a través de las estructuras oficiales dela Iglesia por medio de CEAS.6 Desde 1980, CEAS organizó encuentrosanuales para todos los grupos de derechos humanos relacionados con laIglesia en el país. Tales encuentros se convirtieron en un medio principalpara compartir información y desarrollar estrategias de incidencia políticaa fin de confrontar la crisis de los derechos humanos que se iba gestando



6. Tom Burns. ‘From the Heart of the Wound’ The Struggle for Human Rights as a Spirituality:A Cross-cultural Perspective. Tesis de doctorado. Chicago, Illinois: Catholic Theological Unionof Chicago, 1996, p. 51.

trabajar el día del paro. Las cifras oficiales hablan de tres mil quinientaspersonas despedidas de sus empleos en las dos semanas que siguieron.Los sindicatos y las organizaciones populares colocan esta cifra en unascinco mil personas.5 Esta pérdida del empleo generó un descontentosocial aún mayor. En los dos años que siguieron, los paros se extendieronen todo el país y se enfrentaron a la represión militar, colocando el temade los derechos humanos en el centro del debate nacional.

El movimiento de derechos humanos surgede la sociedad civil

La combinación de desesperación por la situación económica y la repre-sión por el gobierno militar se convirtió en el principal catalizador para laformación de grupos locales de derechos humanos en todo el país. Desdeel inicio, el movimiento por los derechos humanos se señala por lo quevendrían a ser unos rasgos propios y duraderos: una gran capacidad de lasociedad civil para movilizarse; y dos aliados privilegiados, iglesia libera-cionista y partidos de izquierda.

Desde el inicio, los activistas de derechos humanos contaron con elapoyo del sector progresista de la Iglesia católica y activistas políticos deizquierda. El Perú es la cuna de la teología de la liberación. Muchas perso-nas del sector progresista de la Iglesia católica –obispos, sacerdotes, monjasy laicos– buscaban vivir una “opción preferencial por los pobres”. Muchosparticiparon en las actividades alrededor del paro de 1977. Con ayuda de laComisión Episcopal de Acción Social (CEAS), se comenzó a brindar apoyomaterial y legal a trabajadores detenidos y a sus familias en las parroquiasen todo el país. También se intentó despertar la conciencia de la poblacióna través de la organización de discusiones sobre la situación de los trabaja-

6Copyright ©2007 Anne Pérotin-Dumonhttp://etica.uahurtado.cl/historizarelpasadovivo/es_contenido.php


5. Javier Diez Canseco, Miguel Echandía y Hugo Blanco. Dictadura y derechos humanosen Perú. Lima: Perugraph Editores, 1981, p. 201.

Organizacionesde derechos

humanos

nos que eran víctimas de la represión del gobierno después del paro de1977: visitaban prisiones y brindaban asistencia a los detenidos y a susfamiliares. Muchos se convirtieron en miembros activos de organizacio-nes de base comunitarias, incluidos los CODEHS.

En 1979 se formó la Comisión Nacional de Derechos Humanos(CONADEH), que agrupaba a militantes de los sectores progresistas de lasiglesias católica y evangélicas, así como de partidos políticos de izquierda.CONADEH fue un intento por formar una coalición nacional de personasy grupos diversos para trabajar conjuntamente en la defensa de los dere-chos humanos. Sus objetivos eran lograr presencia en el ámbito nacionaly constituirse en punto de referencia para los CODEHS tanto como paraotros grupos locales de derechos humanos que estaban surgiendo en todoel país. Se establecieron afiliaciones locales en Ayacucho y Huancayo, enun intento por reunir un sector representativo de la comunidad progre-sista en cada localidad.

Al igual que la mayoría de los grupos en ese momento, la orientaciónde derechos humanos de CONADEH era claramente socioeconómica, aun-que abordó temas de derechos civiles y políticos de manera creciente. Elcomunicado público que anunciaba su fundación afirmaba:“Es en el campode los derechos económicos, sociales y culturales que en el Perú se plan-tean los problemas más graves y permanentes para el respeto de los dere-chos humanos”.8 Una de las primeras actividades de CONADEH fue unacampaña para la reposición de los trabajadores despedidos. CONADEHbrindó apoyo legal a quienes estaban en prisión, llevó a cabo iniciativas deeducación en derechos humanos, y organizó una campaña contra la penade muerte. También realizó la investigación del primer informe impor-tante sobre la tortura en el Perú, dado a conocer en 1980.9



8. Comunicado Público, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1979.

9. Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Tortura en Perú. Lima: Comisión Nacionalde Derechos Humanos, 1980.

en el Perú. Los grupos en los cuales participaban agentes pastorales fueronincluidos en los encuentros, aun cuando no tuvieran vínculos formalescon la Iglesia.

Comenzaron a surgir grupos locales llamados Comités de DerechosHumanos (CODEHS) en todo el país, como respuesta a la represión polí-tica durante los paros y otras movilizaciones sociales, y con el fin de aten-der las apremiantes necesidades socioeconómicas. Los CODEHS convo-caban y reunían a personas de diferentes sectores de la sociedad civil–funcionarios del gobierno, maestros, abogados, trabajadores sociales,psicólogos, dirigentes sindicales y de organizaciones de base comunita-ria, y a veces de partidos políticos– para confrontar temas de derechoshumanos de interés para la población local.7 La mayoría eran indepen-dientes de la Iglesia católica, aunque a menudo los religiosos eran miem-bros claves de los CODEHS y los obispos locales a veces prestaban su apoyopolítico. Los CODEHS originales combinaban la defensa legal con la edu-cación en derechos humanos, y también utilizaron los medios de prensalocales para abordar estos temas. Este abanico de estrategias y activida-des fue más tarde adoptado por el movimiento más amplio de derechoshumanos. Para muchos peruanos, los CODEHS fueron la primera expe-riencia de coalición plural.

Al igual que la Iglesia progresista, los partidos políticos de izquierdaayudaron a engendrar una generación de militantes por los derechos huma-nos. A diferencia de la Iglesia católica, la mayoría de los partidos políticosde izquierda no asumían la bandera de los derechos humanos en sí porquelos consideraban “burgueses”. No obstante, compartían el análisis de que lacrisis de los derechos humanos en el país estaba arraigada en una pro-funda desigualdad y en la pobreza. Los militantes de partidos políticos deizquierda trabajaban en el nivel de la comunidad con trabajadores perua-



7. Patricia Tappatá de Valdez. Evaluación de las respuestas de las organizaciones nogubernamentales de derechos humanos a la violencia política en Perú durante el período 1980-1986: Recomendaciones para su actuación futura. Lima: manuscrito inédito, 1991, p. 50.

golpe al quemar sus cédulas. La respuesta de los militares ante la amenazasubversiva de Sendero Luminoso fue consistente con las tendencias regio-nales. El gobierno de Belaúnde siguió la doctrina del conflicto de bajaintensidad que los Estados Unidos habían impartido a los ejércitos enAmérica latina,10 y sus tácticas contrainsurgentes siguieron patrones simi-lares a los empleados en Argentina y Chile. En diciembre de 1982, elPresidente Belaúnde impuso un estado de emergencia en varios departa-mentos del país. El gobierno civil renunció a su responsabilidad de man-tener el orden público interno y las Fuerzas Armadas, prepotentes, asu-mieron ese papel, con un modelo que continuó durante muchos años.

A continuación se produjo una escalada de violencia. El período de 1983a 1985 fue particularmente sangriento. A principios de 1985, alrededor deseis mil peruanos habían perdido sus vidas como consecuencia de la violen-cia política. Asimismo, en 1985, Human Rights Watch/Americas informóque se habían producido 1.300 denuncias formales de desaparición a manosde agentes del estado.11 La inmensa mayoría eran campesinos pobres indí-genas. Las detenciones arbitrarias y las torturas se convirtieron en rutina.El Poder Judicial no funcionó como un mecanismo de vigilancia eficaz delos abusos que ocurrieron. Desde 1995, el Instituto de Defensa Legal enLima había registrado más de veinticinco mil muertes por causas políticas.Investigaciones más recientes elaboradas por la Comisión de la Verdad y

La coalición se encontró con grandes desafíos que volvieron difícil queCONADEH cumpliera con uno de sus objetivos declarados. Uno de ellos fuela fuerte influencia del Partido Comunista como miembro de la CONADEH,donde sofocaba la pluralidad de expresiones. Otro desafío se debió al recelode algunos grupos provinciales respecto del intento de crear una coalición“nacional” con base en Lima. Con el transcurso del tiempo, CONADEHreorientó su trabajo y dejó de ser una coalición para transformarse en unaorganización de derechos humanos. Aunque fue finalmente suplantadapor la creación de la Coordinadora, la comisión representó una experien-cia importante como construcción de coaliciones para el movimientoperuano por los derechos humanos. En 1988, CONADEH cambió su nom-bre a Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) y continúa siendo unactor clave dentro de la Coordinadora.

En 1984 surgió otra iniciativa de coalición, con sede fuera de Lima. LaComisión de Derechos de la Persona y Construcción de la Paz (CODEPP)era una red de amplia base integrada por personajes de alto perfil que podíanatraer atención sobre aspectos de los derechos humanos relevantes paramilitantes de base de la Iglesia. Con el fin de superar la polarización deldebate, hubo esfuerzos por incluir a líderes eclesiásticos y de los partidospolíticos tanto de la izquierda como de la derecha.

GOBIERNO DE BELAÚNDE (1980-1985):SENDERO LUMINOSO INICIA UNA ESPIRALDE VIOLENCIA

El 18 de mayo de 1980 marcó un hito en la historia del Perú. Ese día un civil–Fernando Belaúnde Terry– fue elegido presidente después de 12 años degobierno militar y el movimiento subversivo Sendero Luminoso iniciaba lalucha armada. Ese mismo día, por primera vez, las comunidades indígenasrecibieron cédulas de votación. En el pequeño pueblo de Chuschi, ubicadoen el departamento de Ayacucho, Sendero dio precisamente su primer




10. En el marco de la doctrina de seguridad nacional, se popularizó en los ámbitos castrensesla categorización de los conflictos de acuerdo con su magnitud. El conflicto de bajaintensidad corresponde a la guerra de guerrillas. Se trata de grupos armados que persiguenla toma del poder y que han tenido como respuesta la llamada “guerra sucia”, esto es, laeliminación del “enemigo interno” en todos los campos a través del terror de estado. Eneste marco aun los grupos pacíficos que defendían los derechos humanos fueron vistospor los gobiernos y las Fuerzas Armadas del Perú como parte de la subversión. En su libroMixed Signals, Kathryn Sikkink analiza los efectos de la doctrina y del entrenamientoestadounidense a las Fuerzas Armadas latinoamericanas en relación con los derechoshumanos (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004). [N. de la E.]

11. A New Opportunity for Democratic Authority: Human Rights in Perú. Nueva York:Americas Watch Committee, septiembre de 1985, p. 2.

derechos humanos como si se aludía a estrategias militares llevadas a cabopor la elite política.

Es entonces cuando aparece otro movimiento subversivo, el Movimien-to Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), coalición de varios grupos disi-dentes izquierdistas. En junio de 1984, miembros del MRTA ocuparon unaestación de radio y leyeron un comunicado que lanzaba oficialmente sucampaña contra el gobierno peruano. Con los movimientos guerrillerosinspirados en la revolución cubana como modelo, el MRTA se presentabacomo una alternativa tanto al radicalismo de Sendero como al estado vi-gente. A diferencia de Sendero Luminoso, el MRTA solicitaba el apoyo delas organizaciones populares y llevaba a cabo acciones de alto perfil deltipo “Robin Hood”, para ganar adeptos entre los pobres en el país. Comoresultado, algunos sectores de la población simpatizaron con el MRTA ensus inicios.

La comunidad de derechos humanos crecey cambia de rumbo

Durante el primer lustro de los años ochenta se produjo un cambio signi-ficativo en la manera en que se desarrolló el movimiento de derechoshumanos. A diferencia de los grupos a que nos hemos referido inicial-mente, formados en respuesta a temas de derechos laborales y a apre-miantes problemas socioeconómicos, los grupos formados a partir delperíodo del conflicto armado se centraron en temas relacionados con elderecho a la vida y basaron sus esfuerzos en la Declaración Universal delos Derechos Humanos proclamada en 1948 y en otros convenios interna-cionales. El apoyo a familiares de personas detenidas se amplió a aquelloscuyos cónyuges o hijos habían sido asesinados o desaparecidos. Se brin-daba apoyo legal a los acusados injustamente de actividad subversiva y alos familiares de quienes habían desaparecido. Oportunamente, se añadiótambién a la agenda el apoyo a quienes escapaban de la zona del conflicto:un número creciente de personas víctimas de migraciones internas.



Reconciliación indican una cifra de setenta mil muertos o “desaparecidos”por violencia a lo largo de dos décadas.12

Incluso cuando la información sobre violaciones a los derechos huma-nos cometidas por fuerzas del estado empezó a darse a conocer, los líde-res políticos conservadores insistían en que el movimiento por los dere-chos humanos obstaculizaba una lucha exitosa contra la subversión. Seacusaba a los defensores de derechos humanos de tomar parte directa oindirectamente en la insurgencia –ya sea como el brazo legal de la sub-versión o como “tontos útiles”–. Los políticos negaban toda responsabili-dad del estado en las violaciones a los derechos humanos y atribuían losexcesos sólo a los insurgentes. Cuando se presentaban denuncias, elgobierno las declaraba falsas como medida de rutina, sin que mediarainvestigación alguna.

Lejos de neutralizar las actividades de Sendero Luminoso, las tácticasde línea dura de las Fuerzas Armadas peruanas propiciaron un crecienteapoyo popular a la subversión en el corto plazo. Sendero Luminoso expan-dió su presencia de su base inicial en Ayacucho hacia otros departamentosdel país. Su estrategia de eliminar fuerzas que, a su parecer, obstaculizabanla revolución fue más allá del ejército y la policía oficiales e incluyó accio-nes abiertamente contra civiles. La masacre de ochenta y siete campesinos,incluidos mujeres y niños, en Lucanamarca y Huancasancos en abril de1983 , avivó el tema y marcó un hito significativo en las actitudes delpúblico hacia Sendero Luminoso. De hecho, el apoyo popular al movi-miento subversivo declinó marcadamente hacia mediados de la décadade 1980. Por entonces la mayoría de los peruanos consideraba a SenderoLuminoso como una organización terrorista, término empleado por todoel espectro político. Los esfuerzos por poner fin al conflicto con SenderoLuminoso eran universalmente calificados como “estrategias de pacifica-ción”, tanto si se trataba de propuestas de paz planteadas por grupos de



12. El informe de la Comisión se encuentra en http://www.cverdad.org.pe/ [N. de la E.]

Organizacionesde derechoshumanos

Detenidos-Desaparecidos en Zonas de Emergencia (ANFASEP). En pri-mer lugar y fundamentalmente, ANFASEP constituyó una red de apoyomutuo para aquellos que habían experimentado pérdidas terribles, suma-das a la incertidumbre acerca de lo que había ocurrido con sus familiares.La agrupación fue también un espacio para compartir información. Alrespecto, una mujer recordaba: “Ahí nos decían dónde habían encontradocadáveres y con esa información salíamos a buscar los cuerpos, en buscade nuestros familiares”.14 Y era el lugar donde se desarrollaban estrategiaspara exigir acción, ya sea a través de denuncias colectivas, reuniones conautoridades locales, marchas u otras protestas.

Un segundo grupo de familiares se organizó un año después de la crea-ción de ANFASEP, específicamente para familiares de los desaparecidosque vivían en Lima. Por su ubicación geográfica, el Comité de Familiaresde Detenidos-Desaparecidos (COFADER) tenía contacto más directo y sos-tenido con autoridades del gobierno y miembros del Congreso sensibi-lizados hacia su situación. También estaba mejor posicionado para trabajarde manera más amplia con miembros progresistas de la Iglesia católica, yespecíficamente con CEAS.15 Sin embargo, la existencia de dos grupos im-portantes de familiares en ocasiones despertó rivalidades, y la coordinaciónentre ambos fue difícil. Tanto ANFASEP como COFADER se inspiraron en laFederación Latinoamericana de Asociaciones de Detenidos-Desapareci-dos (FEDEFAM), y recibían apoyo de ésta.

Un momento de definición para el movimiento de derechos humanosen Ayacucho –y en todo el país– lo constituyó la masacre de Uchuraccayocurrida en 1983. Ocho periodistas fueron ejecutados sumariamente porlos pobladores con conocimiento, aprobación y apoyo del Ejército. Tras la



14. Citado en La desaparición forzada de personas en Perú (1980-1996). Lima: Defensoríadel Pueblo, 2000, p. 254.

15. Hortensia Muñoz. “Human Rights and Social Referents: The Construction of NewSensibilities”. Steve Stern (comp.), Shining and Other Paths. Durham, North Carolina: DukeUniversity Press, 1998, p. 450.

Es así como que, a comienzos de los años ochenta, se establecieronvarias organizaciones claves de derechos humanos en Lima: la secciónPeruana de Amnistía Internacional (AI), la Comisión Andina de Juristas(CAJ), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), y el Instituto deDefensa Legal (IDL), entre otras. Pero los grupos locales de derechos huma-nos que intentaron formarse en la misma época en las zonas de emergen-cia tuvieron más dificultad. En Ayacucho la represión fue tal que los gruposno pudieron operar prácticamente de ninguna manera. El trabajo de dere-chos humanos en las zonas de emergencia de Ayacucho, Huancavelica yApurímac se complicó aún más por la posición abiertamente contraria aestos temas por parte de líderes locales de la Iglesia católica. En estas zonas,los obispos conservadores evitaban el establecimiento de organizaciones dederechos humanos afiliadas a la Iglesia e impedían directa o indirecta-mente el trabajo de CEAS. Incluso en una fecha tan tardía como 1986,cuando la violencia política había diezmado la región, el arzobispo deAyacucho, Federico Richter Prada, vetó el establecimiento de una vicaría uoficina de derechos humanos en su diócesis.13

Cabe destacar que el tipo de organizaciones que sí se desarrolló en laszonas de emergencia fue el de grupos de familiares de los desaparecidos,cuyo número iba en aumento. Estos grupos surgían de una de las poblacio-nes más discriminadas del Perú. La mayoría de los familiares de las víctimaseran campesinos pobres procedentes de comunidades rurales de Ayacuchoy otras zonas de emergencia que desconocían el destino de sus seres queri-dos. El objetivo común era encontrar a sus familiares desaparecidos, muer-tos o vivos. El solo hecho de que algunos desaparecidos tuvieran conexióncon los subversivos fue a menudo empleado para desacreditarlos.

En septiembre de 1983, estos grupos organizaron el Comité de Familiaresde Desaparecidos, ahora llamado Asociación Nacional de Familiares de



13. Michael Fleet y Brian H. Smith. The Catholic Church and Democracy in Chile and Perú.Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1997, p. 231.

medida en que proliferaban en todo el país pequeños grupos de derechoshumanos, se hacía cada vez más difícil conocer las motivaciones políticasde sus fundadores. Sin embargo, debido al empeoramiento de la crisis, eraimperativo conocer los orígenes y lealtades de cada grupo. El tamaño delpaís constituía un reto. Para poder documentarlas, se requerían estructu-ras organizacionales más formales que facilitaran la comunicación y elintercambio de información dentro del movimiento.

Otra preocupación creciente que militaba a favor de redefinir la estra-tegia del movimiento tenía que ver con la capacidad de la Iglesia cató-lica progresista de continuar convocando a la comunidad de derechoshumanos. Hacia mediados de los años ochenta, los sectores más conser-vadores dentro de la Iglesia habían adquirido mayor peso. La evaluaciónde CEAS era que los cambios producidos en la jerarquía eclesiástica impe-dían que se siguiera operando como en el pasado. A menudo se obligaba alos miembros de la Iglesia a adoptar un enfoque más cauteloso. Los orga-nismos de derechos humanos vieron, pues, la necesidad de crear un espaciocomún, que fuese independiente de la Iglesia y de los partidos políticos deizquierda.

El momento en que, a mediados de los años ochenta, se hace necesa-rio crear un nuevo espacio común, es cuando opera una convergencia yunidad de los sectores sociales de base del Perú en un sentido más amplio.Los partidos políticos y los militantes de izquierda, que habían obtenidoescasos votos en las elecciones presidenciales de 1980, se integraron bajola bandera de Izquierda Unida (IU) y ganaron las elecciones. Para mu-chos, IU representaba la posibilidad de realizar reformas progresistas. Seimplementaron servicios sociales cooperativos, actividades de generaciónde empleo y otros proyectos de desarrollo en colaboración con ONGslocales y con los gobiernos municipales progresistas. Durante un tiempose relegaron las diferencias políticas dentro de la izquierda para impulsarestas nuevas iniciativas. Además, había una clara convergencia de intere-ses entre sectores progresistas de la Iglesia y la izquierda. En síntesis, IUcreó un ambiente propicio para la construcción de coaliciones. En ese

masacre, se formó el Comité de Familiares “Mártires de Uchuraccay” parainvestigar lo que realmente había ocurrido y llevar a los responsables antela Justicia. Los familiares de las víctimas de Uchuraccay denunciaron la ma-sacre por todo el Perú y también en viajes realizados a los Estados Unidosy Europa. Lograron el apoyo de grupos de derechos humanos, organizacio-nes sociales y profesionales, partidos políticos, congresistas, líderes de laIglesia católica y abogados. Un año después, se formó el Comité de Solida-ridad “Mártires de Uchuraccay” para apoyar a los familiares de las víctimasde la masacre, y para buscar justicia en éste y otros casos de violaciones a losderechos humanos. Como coalición, el comité de solidaridad incluía a CEAS,APRODEH, COMISED y la Confederación Campesina del Perú (CCP). Aun-que el comité de solidaridad tuvo una duración breve, constituyó otra ex-periencia significativa de trabajo en coalición y, como tal, es un precursor dela Coordinadora.

La creación de la Coordinadora: impulso regionaly clarividencia política

Hacia 1984, el consenso para la creación de un movimiento unificado porlos derechos humanos iba en aumento. Los grupos de derechos humanosestaban cada vez más agobiados por las atrocidades cometidas por todaslas partes implicadas en el conflicto, y consideraban que habían tenidoescaso impacto sus esfuerzos para impedir violaciones. Era el momentode encarar temas surgidos en los años anteriores y de emplear nuevasestrategias y tácticas. En la labor de los grupos para definirlas aparecióotro factor excepcional que pasó a ser característico del movimiento dederechos humanos en el Perú: su anhelo de impactar la realidad nacional ysu voluntad de adaptarse para ser eficaz. La nueva Coordinadora Nacionalde los Derechos Humanos creada en 1985 tomó decisiones que distin-guieron el movimiento peruano de otros en la región y en el mundo.

Uno de los problemas que enfrentaba el movimiento era el de determi-nar qué grupos tenían vínculos con Sendero Luminoso y cuáles no. En la




Organizacionesde derechos

humanos

dinar y apoyar el trabajo de defensa de los derechos humanos realizadopor organizaciones a nivel nacional”.17 La clarividencia política que aca-baba de demostrar desde su inicio, al rechazar la violencia terrorista, seríaotro rasgo notable del movimiento peruano. Todas las organizacionesrepresentadas en el encuentro (que permanecieron hasta el final) integra-ron la Coordinadora. Se eligió a 13 miembros del Comité Ejecutivo paraadministrar la Coordinadora. Para cubrir los gastos operativos mínimos,todas las organizaciones integrantes pagaban cuotas mensuales, y losmiembros del Comité Ejecutivo pagaban cuotas más altas. CEAS, APRODEHy COMISEDH se encargaban de supervisar el funcionamiento del ComitéEjecutivo. Las reuniones mensuales de esta instancia se rotaban entre lasoficinas de cada una de las tres instituciones.

En sus inicios, la diversidad de los miembros de la Coordinadora per-mitía un amplio apoyo de la comunidad, y la volvía más representativa.Sin embargo, la misma diversidad volvía más difícil lograr el consenso.Además, muchas organizaciones de base no pudieron comprometer tiempoo recursos para el trabajo de la Coordinadora y se retiraron. Tal fue el casode la CCP. Hacia fines de los años ochenta, la membresía de la Coordina-dora consistía casi exclusivamente en organizaciones con una misión ex-presa de defensa de los derechos humanos, aunque mantuvo una combi-nación de ONGs vinculadas a la Iglesia y seculares.

LA COORDINADORA Y EL GOBIERNODE ALAN GARCÍA (1985-1990)

Una de las primeras acciones emprendidas por la recientemente confor-mada Coordinadora estableció lo que sería su consistente estrategia: em-pezó a buscar cómo pudiera impactar las políticas públicas que afectaban los



17. Reglamento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. 20 de mayo de 1985.

contexto de relativa unidad y cohesión entre las fuerzas progresistas delPerú, fue creada la Coordinadora. Aparte del nuevo clima político ins-taurado por la IU, la comunidad de derechos humanos ya tenía variasexperiencias de colaboración sobre las cuales construir. En varias opor-tunidades, tres grupos con sede en Lima –CEAS, COMISED y APRODEH–habían trabajado conjuntamente.

Sin embargo, el mayor impulso para la integración del movimiento dederechos humanos en el nivel nacional vino de las provincias. Los CODEHS–entre ellos CODEH-Puno y CODEH-Ica– y grupos de familiares hicieronun llamado urgente a los grupos de derechos humanos con sede en Limapara planear un Encuentro del movimiento de derechos humanos en elPerú. Posteriormente, nueve organizaciones –entre ellas ONGs tradiciona-les de derechos humanos, grupos de familiares y organizaciones de base–firmaron una carta de convocatoria al encuentro.

Es así como en enero de 1985, se realizó el encuentro. Contó con laparticipación de ciento siete representantes de más de cincuenta organiza-ciones. Durante su desarrollo, tuvo lugar un acalorado debate entre variosmiembros o simpatizantes de Sendero Luminoso y otros participantes dela comunidad de derechos humanos. En cierto momento, Marta Huatay,de la Asociación de Abogados Democráticos, lanzó un discurso vehe-mente, acusando a los organizadores del encuentro de ser “conciliadores”y abandonar los “derechos del pueblo” en favor de los “derechos humanos”.Ella y otras personas trataron en vano de eliminar del borrador de la decla-ración que se sometía a discusión las referencias que condenaban la violen-cia por parte de los grupos subversivos.16 Los otros participantes se mantu-vieron firmes en sus convicciones y la facción de orientación senderistaabandonó la reunión. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanosdel Perú fue formada en ese encuentro. Su propósito declarado era “coor-



16. Tappatá de Valdez. Evaluación. pp. 74-75, y entrevistas de Coletta Youngers con variosparticipantes del encuentro.

proteger los derechos humanos y adoptó la estrategia de mano dura queantes había repudiado. En 1988, Human Rights Watch/Americas repor-taba que “la tolerancia por parte del gobierno ante graves abusos a losderechos humanos es cada vez más evidente”.20 La aparición del ComandoRodrigo Franco (CRF), un escuadrón de la muerte que aparentementehabría estado vinculado al Ministerio del Interior, implicaba más aún algobierno de García en extendidas violaciones a los derechos humanos.21

Un comunicado del CRF, emitido el 28 de julio de 1988, anunciaba que“por cada alcalde, soldado o policía asesinado, morirá un líder de Senderoo de los grupos que apoyan y protegen a Sendero”.22 Pronto se hizo evi-dente que la definición de “los grupos que apoyan” a Sendero incluía amuchos que no tenían vínculo alguno con los subversivos. En 1989, losasesinatos de once personalidades, incluidos dos congresistas, fueron atri-buidos al CRF.23 Los paramilitares del CRF se convirtieron en una fuenteprincipal de amenazas contra la comunidad de derechos humanos.

Pese a sus tácticas despiadadas, la estrategia del gobierno de García nologró contener la insurgencia. La violencia política siguió creciendo mien-tras la presencia de Sendero Luminoso crecía a lo largo del país, y el gobier-no expandió más aún las áreas cubiertas por el estado de emergencia. Laguerra ya no estaba sólo confinada al campo. Sus víctimas principales ya noeran sólo campesinos. Hacia el final de la década, una comisión del Congre-so sobre violencia política, encabezada por el senador Enrique Bernales,había registrado más de diecinueve mil peruanos muertos como resultado



20. Tolerating Abuses: Violations of Human Rights in Peru. Nueva York: Human RightsWatch/Americas, 1988, pp. 8-9.

21. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su informe sobre las dos décadasde violencia política en el Perú responsabilizó a las fuerzas militares y la policíade 30% de las muertes y desapariciones, a Sendero Luminoso de 54%, y los demása las rondas campesinas y al MRTA. www.cverdad.org.pe/ [N. de la E.]

22. Resumen Semanal. Lima: DESCO, Nº. 480, página sin numerar.

23. In Desperate Straits: Human Rights in Peru after a Decade of Insurgency. Nueva York:Human Rights Watch/Americas, 1990, pp. 81-82.

derechos humanos. En abril de 1985, la Coordinadora publicó una cartaabierta a todos los candidatos presidenciales, intentando insertar temas dederechos humanos en el debate político en torno de las elecciones de eseaño. La carta pide a cada uno a dar a conocer antes de la votación sus pro-puestas políticas sobre el complejo problema de la violencia política y losderechos humanos.18

Aunque pocos candidatos respondieron al pedido de la Coordinadorade presentar propuestas específicas, quien resultaría ganador en la elec-ción presidencial, Alan García, hizo una defensa retórica de la causa de losderechos humanos. Inicialmente, la Coordinadora dio a García el benefi-cio de la duda, confiando en que la Comisión de Paz que éste había esta-blecido con el fin de buscar una solución democrática al problema de laviolencia política llevase a resultados concretos. Un grupo representativode seis comisionados se instaló en septiembre de 1985, y la Coordinadorafue designada como organismo asesor oficial. Al cabo de algunos meses,la Comisión de Paz presentó una serie de propuestas legislativas que reci-bieron el apoyo de la comunidad de derechos humanos. Sin embargo, ypara decepción de todos, los esfuerzos de la comisión fueron socavadospor la falta de voluntad del gobierno de García para impulsar ninguna desus recomendaciones. A comienzos de 1986, cuatro de los seis comisiona-dos habían renunciado tras concluir que “las posibilidades de acción de lacomisión eran proporcionalmente equivalentes a la voluntad política delpresidente de producir cambios en la esfera de los derechos humanos”.19

La Comisión de Paz nunca pudo llevar a cabo la misión para la cual fuecreada.

Las esperanzas de la Coordinadora de contar con un aliado en Palaciode Gobierno duraron poco. García abandonó su compromiso inicial de



18. “Carta abierta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos”. La República.6 de abril de 1985.

19. Tappatá de Valdez. Evaluación. 1991, pp. 44-45.

Por primera vez en la región, una fuerza insurgente de izquierda

desarrolló una práctica sistemática de violencia contra la población

civil que igualaba, y quizá sobrepasaba, la violencia que provenía

del estado. El profundo desprecio de Sendero Luminoso por la vida

humana, su desdén –tanto en la teoría como en la práctica– por

el discurso de los derechos humanos, y su renuencia a adscribirse

a las normas y principios del derecho internacional humanitario,

lo convirtieron en un caso único en el continente.25

El temor se filtraba en el movimiento de derechos humanos a lo largodel país, con especial intensidad en las áreas más golpeadas por la vio-lencia. Frente a la extrema violencia por parte de ambas partes del con-flicto, el espacio para desarrollar el trabajo de derechos humanos se estre-chaba y se cerraba del todo en algunas zonas del país. En ciertos lugares,el trabajo de derechos humanos se tuvo que hacer clandestinamente. Enotros lugares donde el trabajo de derechos humanos continuó, las activi-dades tenían que ser evaluadas de manera continua para apreciar los ries-gos implicados.

Por otro lado, la realidad de la violencia relegó la mayor parte del tra-bajo en derechos humanos a Lima, vale decir, lejos de los campesinos queconstituían la vasta mayoría de las víctimas. Por razones de seguridad, laubicación del trabajo de denuncias se trasladó también de Ayacucho y lasotras zonas de emergencia a la capital. Esta alarmante situación, así comoel temor y tensión que la acompañaban, tuvo consecuencias sobre lacomunidad de derechos humanos. Los que se encontraban en el campo,en mayor situación de riesgo, luchaban valientemente por mantener untrabajo de derechos humanos mínimo, en una situación polarizada y conrecursos limitados, mientras el número de familiares de las víctimas cre-cía a pasos agigantados. Se tensaban en ocasiones las relaciones entre los



25. Carlos Basombrío. “Sendero Luminoso and Human Rights”. Steve Stern (comp.),Shining and Other Paths. Durham, North Carolina: Duke University Press, 1998, p. 426.

del conflicto.24 La vasta mayoría eran civiles sin participación en ningunode los bandos.

Atrapada en el fuego cruzado, la Coordinadorase adapta y logra perdurar

Al igual que gran parte de la población campesina del Perú, el movimientode derechos humanos se encontró atrapado en el fuego cruzado entreunos insurgentes subversivos y unas Fuerzas Armadas igualmente bruta-les. La violencia política se desató con tal ferocidad que la comunidad dederechos humanos se vio obligada a operar en clave de alerta constante.Con el paso del tiempo, Sendero Luminoso se dirigió cada vez más hacialíderes comunitarios y populares, y escaló su hostigamiento a la comuni-dad de derechos humanos. Veintenas de líderes populares eran asesinadoscada año por los “comandos de aniquilamiento” de Sendero Luminoso, yéstos enviaban amenazas de muerte a grupos locales de derechos huma-nos como rutina. El modus operandi de Sendero Luminoso consistía eninfiltrar a los grupos locales con la intención de controlarlos eventual-mente. Personas conocidas por su afiliación con Sendero Luminoso parti-cipaban en actividades de derechos humanos, y eran los ojos y oídos delpartido. Su mera presencia era una amenaza para los participantes porque,al igual que las Fuerzas Armadas, Sendero Luminoso hacía evidente suintención de atacar a cualquier persona que percibiese como “oposición”.

Las tácticas terroristas empleadas por Sendero Luminoso, y sus des-vergonzados ataques a activistas comunitarios e izquierdistas, así como ala comunidad de derechos humanos, lo diferenciaron de otros movimien-tos revolucionarios en América Latina y limitaron en gran medida sucapacidad de obtener apoyo popular. Carlos Basombrío observó que



24. Senador Enrique Bernales, et al., Violencia y pacificación en 1991. Informe presentadoen 1991 por una comisión investigadora del Congreso del Perú y mencionado comúnmentecomo el “Informe Bernales”, páginas sin numerar.

zaciones miembros se volvieron expertas en aprovechar las oportunida-des para establecer compromisos con las instituciones de gobierno. Estastácticas le fueron muy útiles incluso más tarde durante el régimen auto-ritario de Fujimori.

La otra decisión tomada por la Coordinadora fue de documentar lasviolaciones de derechos humanos cometidas tanto por los rebeldes arma-dos como por los agentes estatales y sus aliados, no sin generar el debatemás intenso de todos dentro de la coalición, al que se añadía un pro-blema técnico a nivel jurídico. Tal como lo había hecho desde su apari-ción, a lo largo de este período la Coordinadora hizo persistentes llama-dos a todas las partes del conflicto para respetar las normas y parámetrosinternacionales de derechos humanos. Sin embargo, las leyes sobre dere-chos humanos se concentran en la responsabilidad del estado y no con-templan las acciones cometidas por actores no gubernamentales comoSendero Luminoso. Técnicamente, el derecho internacional de derechoshumanos solo considera violaciones a los derechos humanos a las come-tidas por los gobiernos. Dado que Sendero Luminoso había superado alas fuerzas de seguridad en el número de asesinatos cometidos anual-mente, esta distinción legal no resonaba para los peruanos, en su mayo-ría civiles sin participación política que se convertían en víctimas de lasubversión.

A medida que las acciones terroristas de Sendero Luminoso contrapoblaciones civiles aumentaban, el debate sobre la aplicación del derechointernacional en relación con los derechos humanos se intensificó. Agentesno estatales –como Sendero Luminoso– pueden ser condenados por vio-laciones a los derechos humanos en tribunales internacionales bajo leyespara proteger los derechos de la población civil en tiempos de guerra (elllamado derecho internacional humanitario). Sin embargo, el concepto de“humanizar la guerra” no se adecuaba a las particularidades del conflictoen el Perú. El movimiento de derechos humanos peruano “rompió con laidea de neutralidad, o de meramente intentar humanizar conflictos... nossentimos en solidaridad con el deseo de la sociedad civil de derrotar a

integrantes de la Coordinadora. Los grupos en provincias, especial-mente grupos de familiares de las víctimas, se sentían marginados yfuera de contacto con las actividades iniciadas por organizaciones consede en Lima, y sin embargo dependían más y más del apoyo que lespodían prestar estas mismas organizaciones. En vista de estas dinámi-cas, así como de las vastas diferencias culturales y distancias físicas entreLima y algunas partes del país, el hecho de que la Coordinadora se hayamantenido funcionando es un testimonio de la voluntad política de susintegrantes.

Acertada táctica de compromiso y adopcióndel derecho internacional

En esta coyuntura dramática, la Coordinadora tomó sus decisiones másfundamentales, tras intensos debates internos que ocurrirían periódica-mente. Una de ellas fue la de cooperar con autoridades estatales en con-textos en los cuales se encontraba una voluntad de proteger los derechoshumanos. ¿Hasta qué punto los grupos de derechos humanos debíanbuscar un compromiso con el estado a pesar del autoritarismo y violen-cia que lo caracterizaba? En la década de 1980 el gobierno civil había dele-gado en el poder militar la responsabilidad de luchar contra los insur-gentes, de modo que este último aparecía como responsable de las atro-cidades cometidas contra los derechos humanos. Y con la excepción deun puñado de diputados, el Congreso peruano apoyaba desembozada-mente la estrategia de contrainsurgencia militar. El movimiento por losderechos humanos debatía los pros y los contras de trabajar con agentesdel estado. Algunos veían al estado como el “enemigo” y se centraban enestrategias de protesta y denuncia; otros argumentaban que algunosagentes del estado eran aliados potenciales. Cada grupo dentro de laCoordinadora adoptó su propio modus operandi en relación con el estadoy muchos interactuaron con funcionarios de gobierno en los niveleslocal, regional y nacional. Con el tiempo, la Coordinadora y sus organi-




Justiciay derechoshumanos

la Coordinadora. Desde 1985 hasta 1987, las cuatro áreas de trabajo de laCoordinadora fueron Intercambio de información, Acciones conjuntas,Comunicados conjuntos y Respuestas colectivas a políticas del gobierno.27

Los integrantes del Comité Ejecutivo debían implementar cualquier activi-dad acordada en sus reuniones mensuales. La mayoría de las tareas recaía enAPRODH, CEAS y COMISEDH, los cuales también proporcionaban el gruesode los recursos para cubrir los costos operativos de la Coordinadora. Nohabía oficina, dirección centralizada para recibir correspondencia ninúmero telefónico. Pese a la presencia de grupos de provincias en el ComitéEjecutivo, la realidad cotidiana les hacía difícil dar seguimiento a las deci-siones que se tomaban, o participar en campañas organizadas en Lima.

Cuando se aproximaba la fecha para el segundo Encuentro de los miem-bros de la Coordinadora a mediados de 1987, tuvieron lugar discusionesfrancas sobre lo que la coalición había logrado en sus primeros dos años deexistencia. Aunque todos concordaban en que había fuerza en la unidad, laCoordinadora estaba funcionando esporádicamente y tenía limitada capa-cidad para cumplir sus decisiones. Representantes de provincias viajaban aLima para reuniones del Comité Ejecutivo, sólo para frustrarse ante la ina-sistencia de los limeños. Muchas acciones acordadas en el Comité Ejecutivonunca fueron implementadas. Algunos sentían que la Coordinadora existíasólo de nombre.

Es allí cuando se implementaron con éxito varias reformas institucio-nales. Se logró fácilmente un consenso sobre la necesidad de contar conuna oficina y personal capaz para implementar las decisiones tomadaspor el Comité Ejecutivo, para que la Coordinadora funcionase tal como lodeseaban sus miembros. La propuesta de crear una Secretaría Permanentefue adoptada oficialmente en el encuentro de 1987. La Secretaría Perma-nente (siguiendo lineamientos del Comité Ejecutivo) recibió el encargo de



27. Tappatá de Valdez. Evaluación, p. 95.

Sendero Luminoso y apoyamos los legítimos esfuerzos por parte del estadopara cumplir esa meta”.26

A diferencia de la casi totalidad de los movimientos de derechos huma-nos en América Latina, la Coordinadora y sus organizaciones miembrosadoptaron la posición de documentar violaciones a los derechos humanosinternacionales por parte de los grupos subversivos. Más aún, adoptaron laposición de que en casos en que la vida de una persona estuviera en peligro,como ejecuciones extrajudiciales o desapariciones, no se harían distincio-nes. Todas las víctimas y sus familiares recibirían apoyo. Sin embargo, encaso de detenciones, ellos buscarían proteger y apoyar a víctimas inocentes.En los tribunales antiterroristas, por ejemplo, los miembros de la Coordina-dora sólo ofrecerían defensa legal en casos en que la evidencia disponibleindicase que el acusado era inocente. La política de la Coordinadora era queabogados de derechos humanos de sus organizaciones miembros asistiríana personas conectadas a los movimientos subversivos, en caso de ser solici-tado, durante el período inicial de detención. Ello se hacía con el fin de evi-tar la desaparición forzada, ejecución extrajudicial o tortura de estas perso-nas. Sin embargo, los abogados no asumirían su defensa legal. Aunque confrecuencia no se solicitaba su participación –tanto Sendero Luminoso comoel MRTA tenían sus propias redes de abogados para tales casos– tal políticafue cuestionada por otros activistas de derechos humanos que no estabaninmersos en el contexto peruano.

La Coordinadora se reestructura y lanzauna política comunicacional

Los primeros cinco años desde su fundación en 1985 hasta el fin de ladécada, fueron un período de evolución y consolidación institucional para



26. Carlos Basombrío. “Sendero Luminoso and Human Rights”. Steve Stern (comp.),Shining and Other Paths. Durham, North Carolina: Duke University Press, 1998, p. 428.

Víctimas

Coordinadora. El enfoque de actividades o campañas específicas se insti-tucionalizó como el modus operandi para el trabajo de la Coordinadora.

PRIMER GOBIERNO DE FUJIMORI (1990-1995)

En la época de las elecciones presidenciales de 1990, la política peruanadio un vuelco radical. La economía se fue en picada, mientras la violenciapolítica se incrementaba. Hubo más de 3.000 asesinatos políticos en 1989,y el conteo anual de muertes se mantuvo en ese nivel durante los añossiguientes. Sendero Luminoso había cometido más asesinatos políticosque las fuerzas de seguridad; la mayoría de las víctimas eran civiles sinparticipación política. Los peruanos estaban desesperados y cada vez másdispuestos a apoyar políticas de mano dura para resolver los profundosproblemas y la crisis económica del país. El candidato independiente a laPresidencia Alberto Fujimori explotó este sentimiento y capitalizó la des-confianza de la mayoría de los peruanos en las elites políticas, ganandofácilmente la segunda vuelta electoral. Su victoria iniciaba una década enla cual él dominaba la política nacional y construía un régimen autorita-rio. El primer período abarca los años 1990-1995.

Aunque Fujimori había enfatizado una plataforma populista durante lacampaña de 1990, al cabo de algunas semanas de haber asumido el mandoimplementó un vasto programa de ajuste estructural que engrosó las filasde los peruanos empobrecidos. En el frente de los derechos humanos, dioun vuelco radical similar. En su discurso inaugural, Fujimori declaró enfá-ticamente: “El irrestricto respeto y promoción de los derechos humanosserá una firme línea de acción por parte de mi gobierno”.28 La promesa fuerápidamente olvidada. Al cabo de algunos meses, la actitud de su gobiernohacia la comunidad de derechos humanos se volvió abiertamente hostil.

ejecutar el plan de trabajo para la coalición, aprobado por todas las orga-nizaciones miembros en el encuentro bienal. La Secretaría Permanentetambién representaba a la Coordinadora en las instancias apropiadas,convocaba reuniones del Comité Ejecutivo, se cercioraba de que losmiembros del Comité Ejecutivo realizaran las tareas que les eran enco-mendadas, y manejaba las finanzas de la coalición.

Empezó la búsqueda de un secretario ejecutivo o una secretaria paraencabezar la oficina, quien sería aprobado unánimemente por el ComitéEjecutivo. Rápidamente surgió un consenso alrededor de una candidataideal, Pilar Coll, una misionera laica española que había trabajado tanto anivel de base como en el ámbito nacional, y que había estado activa en elmovimiento de derechos humanos durante años. Todos tenían confianzaen ella y respetaban tanto la calidad como el estilo de su trabajo. Versada entemas políticos, Coll era vista como alguien que estaba preparada paraasumir un alto perfil público para impulsar los objetivos de la Coordina-dora y que no buscaría crédito personal –un factor que aplacó los temo-res de quienes no querían que la coalición tomase un perfil más alto quesus organizaciones miembros individuales–. Coll empezó a trabajar parala Coordinadora en marzo de 1988.

La primera secretaria permanente de la Coordinadora impulsó laCoordinadora hacia una política comunicacional audaz. El plan de tra-bajo de la Coordinadora para 1988 priorizaba dos actividades principales:una campaña en favor de los detenidos desparecidos, y un gran eventocultural para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la DeclaraciónUniversal de los Derechos Humanos. La pieza central de la campaña enfavor de los detenidos desaparecidos fue la distribución de materialeseducativos y de una petición a nivel nacional solicitando una acción porparte del gobierno. Sobrepasando las expectativas, se reunieron más decincuenta mil firmas y éstas fueron presentadas al gobierno de García. Eltema de los detenidos desaparecidos fue destacado también en el eventode diciembre de 1988 para conmemorar la Declaración Universal. El éxito deestas actividades incrementó en gran medida la visibilidad pública de la




28. Presidente Alberto Fujimori, Mensaje a la Nación, 28 de julio de 1990.

Fujimorismo

A pesar del endurecimiento del régimen, Sendero Luminoso incre-mentó su campaña de terror en las principales ciudades del país, en par-ticular en Lima. Empleó camiones cargados de explosivos como un nuevoinstrumento de terror. En los tres meses que siguieron al autogolpe, 60personas resultaron muertas solamente como resultado de estos ataques.30

Sin embargo en septiembre de 1992 la historia peruana dio otro vuelcodramático con la captura de Abimael Guzmán. La imagen del rostro delmesiánico líder de Sendero Luminoso, adorado por su agrupación, seexhibió –demacrado y sin afeitar– ante toda la nación. Se precipitó enton-ces la mengua de los actos de violencia por parte de Sendero Luminosohasta la casi desaparición del movimiento subversivo. También propor-cionó a Fujimori una justificación para sus tácticas de mano dura eimpulsó su popularidad durante un tiempo.

Para los defensores de derechos humanos la realidad más contundentefue un régimen cada vez más autoritario. Las nuevas leyes violaban fla-grantemente las normas internacionales y suspendían las garantías de losacusados. Se presumía la culpabilidad hasta demostrarse la inocencia. Lasdefiniciones de lo que constituía “traición a la Patria” y “terrorismo” fue-ron ampliadas de manera perturbadora. Los pedidos de hábeas corpusfueron eliminados. Se eliminaron también las garantías más fundamenta-les del debido proceso, incluido el derecho a una defensa adecuada. Losjuicios se realizaban en secreto, las personas podían ser juzgadas en ausen-cia, los acusados no tenían acceso a las pruebas presentadas en su contra,la confrontación de testigos estaba prohibida, y con frecuencia los aboga-dos defensores eran notificados apenas horas antes de iniciarse un juicio.Se prohibió que cada letrado defendiera más de un caso simultáneamente,medida que provocó un caos, dado que el conjunto de personas acusadasera mucho mayor que el de abogados dispuestos y capaces de trabajar en



30. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú en 1992. Lima: CoordinadoraNacional de Derechos Humanos, 1993, p. 19.

En noviembre de 1990, el entonces ministro de Justicia Augusto Antonioliproclamó la necesidad de “evitar la obstrucción de las acciones policialesy militares por parte de organizaciones de derechos humanos en zonasafectadas por la subversión”.29

A medida que se hacían más evidentes las tendencias autoritarias delgobierno, la relación entre la comunidad de derechos humanos y el esta-do se volvió crecientemente más confrontacional. Aunque los grupos dederechos humanos en provincias continuaron siendo los que se encontra-ban en mayor riesgo, por primera vez organizaciones reconocidas y consede en Lima –CAJ, AI y COMISEDH– fueron objeto de operaciones de tipoparamilitar. La situación alcanzó un punto de quiebre a mediados de 1991cuando, en un discurso ante la oficialidad de las Fuerzas Armadas, Fuji-mori se refirió a los grupos de derechos humanos como “tontos útiles” delos grupos terroristas, “que serán desenmascarados”. Este ataque fue taninsultante como peligroso, en el contexto de la campaña contrainsurgentede las Fuerzas Armadas, donde cualquiera que fuese percibido como parti-dario de la subversión era considerado como un blanco legítimo.

En abril de 1992, Fujimori dio el inusitado paso de suspender la Cons-titución, disolver el Congreso, y clausurar por un tiempo el Poder Judicial.En vista de la ineficacia del estado actual ante la amenaza de la violenciaterrorista, él argumentó, el estado debía ser desmantelado y reconstruidopor completo. El autogolpe, como se le conoció, solidificó el enfoque demano férrea de los militares y aseguró la impunidad. Poco después se crea-ron tribunales militares –de acuerdo con leyes draconianas, sancionadaspor el presidente– para juzgar a los acusados de “traición a la Patria” y tri-bunales civiles “sin rostro” –los jueces usaban capuchas y su identidad eradesconocida para juzgar a acusados de terrorismo.



29. Citado en Human Rights Determination for Peru. Memorándum emitido por WashingtonOffice on Latin America, 9 de septiembre de 1991, p. 5.

desafió la Coordinadora a reorientar sus labores hacia la restauración dela democracia y la conduciría a protagonismo en la sociedad civil en losúltimos años de la década de 1990.

De la ayuda humanitaria a la defensa de la democracia

Por causa de las repercusiones generalizadas de la violencia, la ayuda hu-manitaria siguió siendo una parte importante del trabajo de la Coordina-dora hasta mediados de los años noventa. Pero, al mismo tiempo, la Co-ordinadora empezó a desarrollar acciones de presión en el campo consti-tucional. Los sobrevivientes de la violencia y los familiares de las víctimasabarrotaron las oficinas de la Coordinadora –desde 1993 bajo el liderazgode Rosa María Mujica– y sus organizaciones miembros. Más y más víctimasde la violencia y sus familiares requerían asistencia. Muchas de estas per-sonas se estaban escondiendo porque temían por sus vidas. La Coordina-dora utilizó su red nacional para ayudar a reubicarlas o, en casos especial-mente graves, las ayudaba a escapar a Bolivia o Chile o a buscar asilo po-lítico en Europa. La continua crisis de derechos humanos y el expreso deseode las agencias donantes de financiar acciones de asistencia directa lleva-ron a la coalición a establecer el Fondo de Ayuda Humanitaria para vícti-mas de la violencia política. Un comité evaluaba los pedidos de asistencia.Se estableció un Fondo Rotativo Solidario para otorgar préstamos (de hastamil dólares) a quienes eran liberados de prisión, para permitirles empezarun pequeño negocio.

Además la Coordinadora organizó una red de profesionales –trabajado-res sociales, psicólogos, doctores y dentistas– para brindar servicios directosa aquellos que los necesitasen. Los profesionales trabajaban en forma volun-taria y se convirtieron en un grupo de trabajo de asistencia humanitaria.Desde la oficina de la Coordinadora, un equipo de psicólogos empezó a ofre-cer terapia a personas y grupos que habían sido víctimas de la violencia.

Desde un punto de vista de los derechos humanos, dos temas crucialesse colocaron en el centro del debate en relación a la nueva Constitución



tales casos. Las sentencias eran en extremo severas. El número de personasdetenidas por acusaciones de terrorismo y traición a la Patria se elevó enforma exorbitante. Hacia el final de la década, aproximadamente veintidósmil peruanos habían sido injustamente detenidos como resultado de la legis-lación antiterrorista.31 El autogolpe y el creciente autoritarismo de Fujimoridejaron a la comunidad internacional profundamente consternada. Elgobierno de los Estados Unidos suspendió toda la ayuda no humanitaria(con la notable excepción de la asistencia antidrogas) y jugó un papelimportante organizando la oposición al autogolpe con los principalesdonantes al Perú y la OEA. Los estados miembros de la OEA invocaron laResolución 1080 y presionaron por un retorno al gobierno constitucionalen el Perú. Fujimori tenía pocas opciones excepto aceptar la convocatoriaa elecciones para un nuevo Congreso, encargado de redactar una nuevaConstitución. Fujimori se dio maña para aplacar a la comunidad interna-cional mientras establecía los términos para las elecciones que asegurasenun Congreso y una Constitución a su gusto y medida, y que sirviera paraconsolidar su poder como presidente.

Con Vladimiro Montesinos como asesor principal y con el apoyo de losmilitares y los servicios de inteligencia, Fujimori concentró el poder cadavez más en manos del Ejecutivo. Se embarcó en un camino populista auto-ritario, utilizando los recursos del estado, procedentes de privatizaciones ypréstamos de instituciones financieras internacionales, para financiar pro-yectos de asistencia alimentaria y desarrollo de infraestructura que eranpopulares entre la población. Durante este período, también, la disminuciónde los actos violentos protagonizados por Sendero Luminoso llevó a unaimportante baja de las violaciones a los derechos humanos por parte del ofi-cialismo. No obstante, la naturaleza autoritaria del régimen de Fujimori seincrementó proporcionalmente a la disminución de los niveles de violencia.Siguió una profunda crisis de institucionalidad democrática. Esta crisis



31. “Veintidós mil inocentes estuvieron detenidos”. La República. 5 de julio 2002.

Presospolíticos

Aunque cada delegación significaba un importante apoyo y oportunidadespara participar en el gobierno, también demandaban tiempo y energía porparte de los líderes de la comunidad de derechos humanos. Por añadidura,la Coordinadora ahora enviaba sus propios delegados a las NacionesUnidas y la OEA periódicamente, lo cual requería preparación de informestanto sobre información en general como sobre casos específicos.

CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN AUTORITARIODE FUJIMORI (1995-2000)

En 1995 se realizaron elecciones en el Congreso y la Presidencia –eleccio-nes que ayudaron a consolidar el proyecto autoritario del régimen de Fuji-mori/Montesinos–. Fujimori se postuló a la reelección y ganó con comodidad.Desgraciadamente, luego de estas elecciones, la condena internacional delas prácticas antidemocráticas en el Perú que había sucitado el autogolpede 1992 se redujo significativamente. Fujimori buscaba mantener los ata-víos formales de la democracia, mientras concentraba el poder en manosdel Ejecutivo. El presidente se apoyaba en su hombre de confianza, Mon-tesinos, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y el alto mando militar,para promover un proyecto autoritario. Los continuos retrocesos en cuan-to a la consolidación democrática y el estado de derecho significaron quelas garantías fundamentales necesarias para asegurar el respeto y la pro-tección de los derechos humanos y las prácticas democráticas estabanmás lejanos que nunca.

El SIN creció bajo el tutelaje de Montesinos y se convirtió en la policíapolítica peruana. Se le encargó sofocar a la oposición política, al perio-dismo independiente y a otras supuestas amenazas al gobierno. Los mediosa través de los cuales cumplió el encargo –hostigamiento e intimidación,amenazas de muerte y chantaje– recordaban algunos de los peores rasgosde un régimen totalitario. En este nuevo contexto cambió la naturaleza delas amenazas que enfrentaban la Coordinadora y otras organizaciones de la



de octubre de 1993. Por un lado, la Constitución permitía la aplicación dela pena de muerte a los condenados por traición a la Patria o terrorismo.Por otro lado, la Constitución ordenaba la creación de la Defensoría delPueblo, un órgano estatal autónomo para asegurar la protección de losderechos humanos básicos de los ciudadanos del Perú. La Coordinadoraorganizó campañas sobre estos temas.

Aunque se incorporó una cláusula que permitía la pena de muerte enel borrador final de la Constitución, gracias a las iniciativas de incidenciapolítica emprendidas por la comunidad de derechos humanos, la legisla-ción necesaria para su implementación nunca ha sido presentada. La Co-ordinadora llevó el tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,la cual emitió una opinión concurrente de que la ratificación de la pena demuerte es incompatible con la Convención Americana de Derechos Hu-manos, de la cual el gobierno peruano es signatario.

La Constitución de 1993 presentó también una importante oportunidadpara la Coordinadora de abogar a favor del establecimiento de una nuevaDefensoría del Pueblo. La coalición presionó al Congreso para adoptar lalegislación que la implementaba. Cuando la Defensoría empezó a funcionaren septiembre de 1996 bajo el mando del doctor Jorge Santistevan de No-riega, ex alto funcionario de las Naciones Unidas, la Coordinadora trabajóestrechamente con Santistevan y su equipo y siguió haciéndolo mientraséste condujo la Defensoría.

Las presiones internacionales incidieron también en la política nacio-nal y presentaron otras oportunidades a la Coordinadora. En la medida enque la situación se agravaba en el Perú, llegaban más y más delegacionesextranjeras. En un caso simbólico, la primera delegación de alto nivel de laadministración Clinton que visitó el Perú en enero de 1994, se reunió conla Coordinadora antes de hacerlo con funcionarios del gobierno peruano.32



32. Coletta Youngers. After the Autogolpe: Human Rights in Peru and the U.S. Response.Washington, D.C.: The Washington Office on Latin America, 1992, p. 45.

Estado dederecho

de un enorme fraude electoral, sin un mandato popular, y debió enfrentarcontinuas protestas de la sociedad civil y la presión de la comunidadinternacional. El gobierno colapsó en menos de dos meses.

Nuevo protagonismo para la Coordinadora

El autoritarismo populista de Fujimori socavó los partidos políticos a laderecha e izquierda y las instancias más formales de representación polí-tica. Este contexto resaló el papel de las organizaciones por los derechoshumanos y otras ONGs, creando consigo nuevos desafíos pero tambiénproporcionando nuevas oportunidades. Le tocó al movimiento de dere-chos humanos cumplir un papel más protagónico. Susana Villarán asumióla Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora en febrero de 1995, seguida porSofía Macher en marzo de 1997. Ambas presidieron la coalición duranteun período en el que ésta surgió como una fuerza poderosa dentro de lasociedad civil, a la vanguardia de los esfuerzos por restaurar los principiosdemocráticos del gobierno.

Durante este período, el trabajo de la Coordinadora se dividió en tresáreas. La primera se centraba en los continuos problemas de derechoshumanos y las secuelas de la guerra –en gran medida defensa legal y tra-bajo en las prisiones–. La segunda abordaba temas relacionados con lademocracia, tales como la reforma judicial, el poder de los militares y losservicios de inteligencia y, hacia el final de la década, el proceso electoral.Una tercera área de trabajo se ocupaba de un espectro de nuevos temas dederechos –como los derechos de las mujeres y los niños, y los derechoseconómicos, sociales y culturales (DESC)– que se colocaron en el centrodel escenario cuando mermó la violencia política.

En este período de cinco años, la Coordinadora emprendió cuatrocampañas de acción política importantes. La primera fue una campañapara derogar la ley de Amnistía, que era la más amplia en toda AméricaLatina y había sido sancionada para asegurar la impunidad de militaresperuanos procesados y sentenciados por su participación en los asesinatos

sociedad civil. Mientras el gobierno buscaba eliminar a los opositores ydesacreditar a quienes percibía como enemigos políticos, aparecieron nue-vas formas de hostigamiento con la intención de impedir el trabajo deactivistas de derechos humanos y de intimidarlos. Se practicaba un segui-miento de rutina a los activistas y sus teléfonos eran intervenidos. Los ser-vicios de inteligencia introdujeron virus en sus computadoras. En ocasiones,ocurrían allanamientos en las oficinas de estas instituciones y se robabandocumentos y otros artículos.

Al cabo del tiempo se hizo evidente que, pese a su inconstitucionalidad,Fujimori pretendía lanzarse a una tercera candidatura a la Presidencia enabril de 2000. Se pusieron en marcha los mecanismos para asegurar suvictoria a través del control en el Congreso, el Poder Judicial, el aparatoelectoral, y sectores de la prensa. La implacable lucha por lograr la reelec-ción protagonizada por el gobierno tuvo un alto costo político. Creció laoposición política al régimen de Fujimori/Montesinos, especialmentedespués de revelarse que se habían falsificado hasta un millón de firmaspor quienes dirigían la campaña para registrar la nueva coalición políticade Fujimori, el Perú 2000, para los comicios. Observadores electoralesinternacionales y locales declararon que el proceso electoral mostrabafallas significativas. Para la segunda ronda electoral del 28 de mayo, elcontendor de Fujimori –Alejandro Toledo– y observadores electoralesinternacionales, incluyendo la OEA, se retiraron del proceso, arguyendo suincapacidad para asegurar un conteo limpio de votos. Fujimori continuóen campaña sin candidato de oposición y declaró la victoria. Sin embargo,incluso en el dudoso conteo oficial de votos, más de la mitad de los votan-tes peruanos no votaron, viciaron su voto, o marcaron su voto por Toledo,aunque éste ya no era candidato.

La serie de escándalos electorales y la desesperada apuesta de Fujimoripor mantenerse en el poder a cualquier costo rompió la apatía y el temorque había puesto una sordina en las protestas sociales. La sociedad civilcobró fuerzas a lo largo del país para reclamar el derecho a elegir el gobiernodel Perú. Fujimori empezó su tercer período desacreditado como resultado




se en el poder. Desde su perspectiva, no era un tema abierto al debate. Ellospermanecieron incólumes, pero la campaña tuvo éxito en fortalecer laopinión pública con respecto al tema, preparando el camino para cambioscélebres una vez que cayó el régimen de Fujimori.

En contraste con los resultados inciertos de la primera campaña, lasegunda sí dio resultados. Lanzada bajo el título de “En nombre de losinocentes”, apuntaba a asegurar la liberación de peruanos inocentes encar-celados bajo acusaciones de terrorismo. La campaña enfatizó la distin-ción entre las personas inocentes y aquellos culpables de terrorismo,argumentando que no habría costo para la sociedad en liberar a personasinocentes. El público desarrolló una clara simpatía con la campaña.Fujimori, políticamente astuto, se dio cuenta de que la ley de amnistíahabía sido impopular. En parte como una estrategia calculada para mejo-rar su imagen, él mismo empezó a reconocer públicamente que se habíancometido algunos errores, implicando que podría estar abierto a revisaralgunos casos de peruanos inocentes encarcelados bajo acusación deterrorismo.

Eventualmente, se creó una Comisión ad hoc, compuesta por tres miem-bros –el ministro de Justicia, el defensor de los Derechos Humanos y undelegado personal del presidente, el padre Hubert Lanssiers– para revisarlos casos individuales y hacer recomendaciones al presidente para que ésteotorgara un indulto en aquellos casos en que una sentencia se hubierabasado en evidencias fraguadas, obtenidas por la fuerza, o insuficientes. Lasrecomendaciones para otorgar un indulto debían ser unánimes. El presi-dente decidía el otorgamiento o no del indulto.

Aunque no llegó a cumplir el resultado deseado por la Coordinadora,resultaba claro que la Comisión ad hoc era lo máximo que se podía conse-guir dadas las circunstancias.Al iniciar su operación, organizaciones miem-bros de la Coordinadora presentaron casos y asistieron a la Comisión en lapreparación de las recomendaciones que iban a ser presentadas al presi-dente. El presidente Fujimori indultó a quinientas trece personas inocen-tes –cuatrocientos ochenta y uno a través de la Comisión ad hoc y treinta



de La Cantuta. En una “sesión de medianoche”, el Congreso peruanoaprobó una ley otorgando una amnistía general a todo el personal militaro civil implicado, en proceso de investigación o condenado por violacio-nes a los derechos humanos desde el inicio del conflicto con SenderoLuminoso. Presentada la noche del 13 de junio de 1995 sin haber sidoanunciada, y aprobada la madrugada siguiente, la propuesta fue inmedia-tamente sancionada y promulgada por el presidente y convertida en ley.No hubo debate público ni oportunidad de réplica a la medida. La impu-nidad para quienes violaron los derechos humanos se convirtió en ley,aunque las encuestas demostraban que cerca del 75% de la población seoponía a la ley de amnistía.33

El componente principal de la campaña de la Coordinadora fue larecolección de las firmas requeridas para realizar un referéndum popularsobre la derogación o no de la ley de amnistía. Este esfuerzo fracasó por-que los peruanos estaban aún temerosos y no deseaban identificarse porescrito con la causa de los derechos humanos. A principios de 1996, laCoordinadora decidió terminar con la recolección de firmas y concentrarsus actividades en la educación popular. La Coordinadora y sus organiza-ciones miembros ensayaron nuevas formas de protesta, empleando lashabilidades creativas de actores y artistas de la calle, y realizando concier-tos, presentaciones artísticas, teatro callejero y vigilias. También se trabajóel el ámbito internacional. Abogados peruanos de derechos humanos argu-mentaban ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)que la ley de Amnistía era incompatible con la Convención Americanasobre Derechos Humanos, y grupos internacionales presionaban al gobiernode Fujimori para que revocara la amnistía general.

La ley de Amnistía era un pilar de la relación entre Fujimori y Monte-sinos con los militares y, por ende, una pieza fundamental para mantener-



33. Wolfgang Heinz y Santiago Pedraglio. Informe de la evaluación de la CoordinadoraNacional de Derechos Humanos: 1992–1997. Documento interno, p. 28.

una estrategia de comunicaciones específica para llegar a jóvenes entre los18 y los 24 años. Los lemas de la campaña eran: “Los derechos humanosson para todos” y “Los derechos humanos son tus derechos”.36 Se emplea-ron materiales de educación popular y difusión a través de medios decomunicación en un esfuerzo por llegar al público en general. Esta cam-paña expresaba los resultados de debates internos del movimiento sobrecómo fortalecer más los derechos humanos en la sociedad peruana.

La Coordinadora debate cómo ampliar la agendade los derechos humanos

Con el fin del período de extrema violencia, se produjo una viva discu-sión sobre el adecuado papel de la Coordinadora en la sociedad peruana.Una pregunta central era: ¿cómo puede cambiar el movimiento de dere-chos humanos, y pasar de trabajar principalmente con víctimas de la vio-lencia a relacionarse con la ciudadanía? Se realizaron encuestas de opinióny grupos de discusión sobre temas de derechos humanos en septiembre yoctubre de 1995 en las ciudades de Lima, Huancayo e Iquitos. Los resul-tados revelaban que sólo el 18% de los encuestados vinculaba a los gruposde derechos humanos con grupos terroristas, indicando que los intentosdel gobierno de Fujimori por desacreditar al movimiento y presentarlocomo el brazo legal del terrorismo habían tenido escaso impacto en laimagen general de la Coordinadora. La encuesta reveló aceptación y sen-sibilidad hacia los temas de “derechos” entre el 82 por ciento de la pobla-ción, brindando evidencia del impacto de la educación sobre derechoshumanos en el transcurso de los años, pero aunque las personas recono-cían tener derechos, también creían que no serían respetados. Un desafíopara el movimiento de derechos humanos fue el dato de que pocas per-sonas veían los derechos humanos relacionados de alguna manera con



36. Rafael León. Estrategia de comunicación para aniversario en el Perú. Documento interno.Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 17 de diciembre de 1997.

y dos más luego que expirase el mandato de ésta–, mientras miles más fue-ron declarados inocentes a través de los tribunales.34

La tercera campaña –“Vivimos sin tortura”– se dirigió a las prácticasque continuaban a pesar de la baja de muertes y desapariciones violentas.Investigaciones realizadas en el Perú mostraban consistentemente que lavasta mayoría de los detenidos por delitos comunes y terrorismo eran tor-turados. Estudios más recientes indican que la violación y otras modali-dades de abuso sexual eran una forma común de tortura empleada tantocontra hombres como contra mujeres.35 La tortura se convirtió en untema prioritario de acción para la Coordinadora.

El Grupo Jurídico de la Coordinadora redactó una propuesta de ley queintroducía los “Delitos contra la Humanidad” en el código de procedimien-tos penales del Perú. La ley fue adoptada en 1998 y la figura de la torturaincluida en el código penal, permitiendo que se abrieran las primeras cau-sas contra agentes del estado culpables de cometer torturas. Inmediatamentedespués, la Coordinadora lanzó su tercera campaña. La idea era declararpueblos y ciudades “libres de tortura”. La Coordinadora preparó y distri-buyó materiales de educación popular a todos sus miembros. Se desarrollóuna estrategia de comunicaciones para generar cobertura favorable porparte de la prensa y aceptación en la opinión pública. En el nivel nacional,se concretaron alianzas con autoridades elegidas, representantes de laDefensoría del Pueblo, trabajadores de salud pública, gremios profesiona-les y otras instituciones afines a la causa. Lo que fue más importante, gruposlocales trataron de involucrar a miembros de la policía y las FuerzasArmadas en la campaña.

La cuarta campaña se lanzó en 1998, con motivo del quincuagésimoaniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Con acti-vidades educativas orientadas hacia temas de verdad y justicia, se diseñó



34. Estadísticas proporcionadas por el Instituto de Defensa Legal en mayo y junio de 2002.

35. Ver los informes anuales de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Represión

miembros de la Coordinadora, el 71% trabajaba en el tema de la violen-cia doméstica.37

En el Encuentro de 1997, las organizaciones miembros de la Coordina-dora adoptaron oficialmente una plataforma pro-democracia e incorporaronen su agenda los temas de fortalecimiento de la institucionalidad democrá-tica y el estado de derecho. Era una transición natural. Resultaba claro queel Perú debía retornar a un camino más democrático antes de que las garan-tías de los derechos humanos pudieran ser institucionalizadas. Los movi-mientos sociales y otras organizaciones de la sociedad civil se movilizabantambién en defensa de la democracia, y la Coordinadora expandió los cír-culos en que operaba, construyendo nuevas alianzas.

El plan bienal de trabajo adoptado en el Encuentro incorporó el área de“democracia y derechos humanos” para promover una participación ciu-dadana más activa en el gobierno. Gran parte de este trabajo fue planteadoen términos de la reconstrucción del tejido social del país, creando espaciospara que los grupos de la sociedad civil se reunieran y estimulando la edu-cación cívica. La decisión de asumir un enfoque mayor en temas de demo-cracia tuvo un impacto importante en la manera en que las organizacio-nes miembros apreciaban su trabajo y lo desempeñaban. Macher advirtióun cambio fundamental en “el enfoque central de nuestro trabajo, pasandode casos individuales al sistema político del país, y cómo ello afecta a losderechos humanos”.38 Este cambio preparó el escenario para el papel fun-damental que desempeñó la Coordinadora en las elecciones de 2000.

La Coordinadora y las elecciones de 2000

La Coordinadora estaba en una buena posición para convertirse en unactor importante en los eventos que se desencadenaron alrededor de las

sus luchas cotidianas. La Coordinadora se preguntaba si debía o no lan-zarse a la búsqueda de nuevas estrategias y expandir su mandato tradicio-nal para impactar más directamente la vida cotidiana de las personas, ycómo hacerlo.

En el Encuentro de 1995 tuvo lugar una discusión importante entre lasorganizaciones miembros sobre qué papel debía cumplir la Coordinado-ra en la promoción de los DESC y qué prioridades deben tener éstos en laagenda nacional de derechos humanos. Se logró el acuerdo de formar unaMesa de DESC con tres objetivos: 1) estudiar maneras en las cuales el man-dato de la Coordinadora podría ser expandido en esta área; 2) ofrecer unaevaluación más integrada de los derechos humanos en el Perú, con la ideade presentar un informe conjunto ante el Comité de Derechos Económi-cos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas; y 3) ampliar el diálogopara incluir a otras personas y organizaciones que trabajan en el tema.Convocada por la Coordinadora, la Mesa incluía representantes de otrasorganizaciones y redes de la sociedad civil.

Otro nuevo punto que apareció en la cambiante agenda fue el de ladiscriminación. Al igual que el análisis de los DESC, quienes proponíanel trabajo sobre discriminación señalaban que ésta había constituidotambién un factor subyacente importante en la violencia política de ladécada anterior. Siguiendo el modelo adoptado para los DESC, en el En-cuentro de 1997 se estableció una Mesa por la No Discriminación. Conuna base aún más amplia que la Mesa de DESC, incluía organizacionestanto de derechos humanos como de otro tipo, que trabajaban en temasrelacionados con la discriminación racial, los derechos del pueblo afro-peruano, impedimentos físicos, preferencia sexual, VIH/SIDA, género ypueblos indígenas.

Un tema que inmediatamente destacó en el período posterior a laviolencia política fue el de la violencia doméstica. A medida que amai-naba la violencia política, se produjo una oleada de pedidos de apoyoen casos de violencia doméstica contra mujeres y niños. Según las res-puestas a un cuestionario enviado en 1999 a todas las organizaciones




37. Informe sobre el diagnóstico institucional. Lima: Coordinadora Nacional de DerechosHumanos, 1999, p. 18.

38. Entrevista de Coletta Youngers con Sofía Macher, 5 de abril de 2000.

Transparencia, un grupo independiente de observación electoral, erala principal organización que reportaba sobre los pormenores del procesoelectoral y movilizaba a miles de ciudadanos peruanos como observado-res electorales. La Coordinadora apoyaba estos esfuerzos de dos manerasimportantes. En primer lugar, convocaba a un amplio corte transversal dela sociedad civil, reuniendo a sectores de la comunidad de ONGs, laIglesia, universidades, sindicatos y otras instituciones para apoyar losesfuerzos de monitores independientes. En segundo lugar, las organiza-ciones miembros de la Coordinadora en provincias se convirtieron en unafuente importante de observadores electorales en los puestos de votación.

Por otro lado, la Coordinadora ya tenía planeado enviar una delega-ción para participar en la Asamblea General de la OEA en Windsor,Ontario, programada para inmediatamente después de las elecciones demayo de 2000. En esa reunión, la Coordinadora se benefició de su trabajoprevio con la OEA y de la credibilidad internacional que había adquiridopara incidir en la formulación de una respuesta internacional a las elec-ciones. La Coordinadora auspició una conferencia de prensa conjunta-mente con Transparencia y les facilitó acceso a funcionarios de la OEA ya cancilleres claves. Una misión de la OEA fue enviada al Perú, y el orga-nismo auspició un diálogo entre el gobierno, la oposición política y repre-sentantes claves de la sociedad civil, entre ellos, Sofía Macher en represen-tación de la Coordinadora.

También, después de las elecciones, la Coordinadora se constituyó en unode los actores claves en denunciar el fraude electoral y promover una alter-nativa democrática, ayudando a preparar el camino para el colapso del régi-men autoritario de Fujimori. Proporcionó y capacitó a observadores (todosvestidos con chalecos amarillos) para la masiva “Marcha de los CuatroSuyos” organizada para protestar contra el inicio de un tercer período ilegí-timo. La presencia de los observadores de derechos humanos probablementecumplió el papel de evitar algunos abusos. Los observadores documentaronviolaciones a los derechos humanos cuando estalló la violencia.

elecciones de 2000. Independiente de cualquier partido o movimientopolítico, era percibida como un interlocutor válido por encima de lasrefriegas políticas y sin embargo comprometida con la lucha democrática.Más aún, la naturaleza de la Coordinadora como una coalición la hacíaúnica. No era considerada como una institución que busca protagonis-mo o que intenta captar para sí a otras organizaciones de la sociedad civil.Había ganado su reputación por sus posiciones de principio. Su opiniónera apreciada por aquellos que buscaban medir la validez o justicia demedidas tomadas por el gobierno en relación al proceso electoral.

Desde el inicio la Coordinadora se había propuesto incidir en las elec-ciones. En el año 2000 se instaló rápidamente en el ojo de la tormenta elec-toral. El tema en discusión era si Fujimori permitiría que otro candidatocompitiera y potencialmente ganara las elecciones. La Coordinadora, comomuchos otros actores políticos, se colocó firmemente del lado de eleccioneslibres y justas, y en contra de manipulaciones electorales por parte del can-didato a presidente. Las organizaciones miembros de la Coordinadora ayu-daron a documentar y denunciar las trampas electorales que ocurrían y, loque era más importante, a movilizar a la sociedad civil y formar a la opiniónpública.

La campaña lanzada por la Coordinadora se basaba en la premisa deque el cambio requería impactar en el proceso político –en este caso, uncambio en el gobierno– a través de la educación al público y la implemen-tación de una estrategia en los medios de comunicación. Por lo tanto, laCoordinadora se enfocó en su estrategia de medios de comunicación y enmovilizar a la opinión pública. Notas de prensa de aparición regular docu-mentando y denunciando el fraude electoral se publicaron en los diarioslimeños, y Macher y otros líderes de la comunidad de derechos humanoseran citados periódicamente en la prensa independiente. Dado que elgobierno controlaba las principales estaciones de televisión nacional, el tra-bajo de prensa más efectivo fue realizado en provincias, donde las estacio-nes de radio y los diarios locales eran a menudo solidarios y era posiblepara ellos dar amplia cobertura a puntos de vista alternativos.




En las elecciones de 2001, las cuales observadores domésticos e inter-nacionales consideraron libres y justas, Toledo fue elegido presidente. Unode los últimos actos de Paniagua como Presidente fue la creación de unaComisión de la Verdad para investigar violaciones específicas a los dere-chos humanos, cometidas tanto por agentes del estado como por los gru-pos subversivos durante el período de violencia política. Cuando ellofuera posible, la Comisión determinaría la responsabilidad por tales actosy haría recomendaciones para otorgar reparaciones y reformas institucio-nales. El decreto de implementación de la Comisión seguía la mayoría delas recomendaciones formuladas por la Coordinadora y la Defensoría delPueblo.39 La creación de tal Comisión era una meta largamente acariciadapor la comunidad de derechos humanos peruana.

Al asumir el cargo, Toledo se comprometió a cumplir las recomenda-ciones de la Comisión y la rebautizó Comisión de la Verdad y la Reconci-liación. Sofía Macher, quien acababa de cumplir su período en la SecretaríaEjecutiva de la Coordinadora, fue nombrada integrante de la Comisión.

Con la caída del régimen Fujimori-Montesinos la Coordinadora tuvoque adaptarse nuevamente a un cambio en el panorama político. Si bien sehabía abierto el espacio político necesario para una reforma significativa, laCoordinadora se encontraba en la escabrosa posición de enfrentarse a excolegas del movimiento por los derechos humanos, los que ahora asumíancargos de gobierno. Debía desarrollar estrategias de compromiso construc-tivo para incidir en el proceso de reforma que contemplaba la transicióndemocrática sin perder su independencia de los agentes del estado.

La caída del régimen de Fujimori-Montesinos

La estructura de poder construida año tras año por Fujimori y Montesinosse derrumbó rápidamente, especialmente después de darse a conocervideos que mostraban el cohecho a congresistas de partidos políticos deoposición. El 16 de septiembre de 2000, Fujimori anunció que se realizaríannuevas elecciones en 2001, que él no se postularía en ellas, y que el SIN seríadesmantelado. Los peruanos salieron a las calles a celebrar espontánea-mente. Tras dos semanas plagadas de rumores de golpe de estado e incerti-dumbre, Montesinos huyó del país. A mediados de noviembre, Fujimorihabía huido al exilio. Trató de enviar su renuncia por fax desde Japón. ElCongreso se negó a aceptarla y el 21 de noviembre de 2000 declaró la vacan-cia de la Presidencia por “incapacidad moral” de Fujimori, según lo pres-crito en la Constitución de 1993.

Con la renuncia de ambos vicepresidentes,Valentín Paniagua, el siguien-te en la línea de sucesión al mando, asumió a la presidencia del Perú. Su go-bierno de transición recibió el encargo de llevar a cabo elecciones libres yjustas, para pasar la antorcha a un presidente democráticamente elegido enjulio de 2001. Paniagua nombró un gabinete impresionante que era únicopor cuanto sus integrantes se comprometieron a dejar sus puestos tras el pe-ríodo de transición. Muchos prominentes activistas por los derechos huma-nos pasaron a formar parte del gobierno de Paniagua, marcando un cambiofundamental en el clima político.

El nuevo gobierno preparó el terreno para una ambiciosa agenda dereformas, que afectaban casi todos los aspectos del gobierno y las relacio-nes entre civiles y militares. Por primera vez, la comunidad de derechoshumanos en el Perú se encontró con un gobierno que compartía muchospuntos de su agenda. Tras la presión de Paniagua, la Corte Interamericanade Derechos Humanos de la OEA pronunció un fallo sobre un caso pre-sentado por la Coordinadora, el cual hacía un llamado por la abrogaciónde la ley de amnistía. Fallo que fue aceptado por el nuevo gobierno. Ellargo período de impunidad había culminado.




39. El gobierno creó la Comisión de la Verdad a través del Decreto Supremo 065-2001 PCM,publicado en el diario oficial El Peruano. 4 de junio de 2001.

esos miedos en su propio beneficio. Muchos miembros de las elites aunconsideran que el movimiento por los derechos humanos ha trabajado, qui-zás no directamente, al menos sesgadamente a favor de los insurgentes. Sinduda se suele usar parte del mismo discurso de hace 20 años para atacarverbalmente a activistas por los derechos humanos. Por lo tanto, la Coordi-nadora y sus organizaciones miembros aún luchan por mantener y ampliarsu legitimidad y credibilidad.

Esta situación representa un obstáculo en contra del relato completo delos acontecimientos. La transición democrática está en marcha y los mili-tantes por los derechos humanos ya no arriesgan su vida por causa de sutrabajo; sin embargo, el miedo a hablar abiertamente acerca de los debatesy temas del pasado permanece. El temor a ser tildado de “blando con elterrorismo” tiñe la forma en que se habla de los acontecimientos del pasadoen las organizaciones; se han perdido muchos de los matices que teníanlugar en los debates internos. En suma, el clima y el debate políticos actua-les afectan el modo en que se retrata el prolongado conflicto cívico del Perúy el papel desempeñado por el movimiento por los derechos humanos. Sólocuando las recomendaciones de Verdad y Reconciliación se tomen en serioy sean implementadas, el Perú estará en el camino hacia un reconocimientoverdadero de su pasado.

CONCLUSIÓN

Contar la historia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanosdel Perú es ver con nuevos ojos la historia reciente del Perú, desde losaños de violencia política extrema hasta el proyecto político autoritariode Fujimori. Durante estas dos décadas el Perú fue gobernado por trespresidentes electos –Belaúnde, García y Fujimori–, el último por diez años,mediante dos reelecciones, en férrea alianza con las Fuerzas Armadas ycon una gran capacidad para moldear la opinión pública. Una parteimportante de su proyecto autoritario fue reescribir la historia desde superspectiva (y la de sus laderos en los servicios de inteligencia y en lasFuerzas Armadas). La victoria militar sobre Sendero Luminoso y el MRTAse usó para crear una narración histórica oficial acerca del conflicto en elcual Sendero Luminoso y, en menor medida, el MRTA fueron retratadoscomo las únicas fuerzas responsables de la violencia. Las asociaciones devíctimas de la violencia de estado y los grupos por los derechos humanosfueron calificados como “defensores del terrorismo”; las Fuerzas Armadasy la policía se erigieron en las salvadoras del Perú. La ley de amnistía–como se ha señalado antes, la más abarcadora hasta la fecha en AméricaLatina–, intentó en parte asegurar que ninguna investigación oficialpudiera aportar documentación o arrojar luz sobre los hechos del pasado,de modo de contribuir al objetivo del gobierno peruano por opacar lamemoria acerca de la historia.

En franco contraste, la labor llevada a cabo por la Comisión de Verdady Reconciliación es un paso adelante significativo en la construcción de unanálisis agudo y objetivo del pasado peruano. Sin embargo, las dificultadesque enfrentó la comisión –y los duros ataques sufridos por sus miembros–,constituyen un doloroso recordatorio de la persistencia de visiones y per-cepciones arraigadas en el temor al terrorismo. Aunque Sendero Luminosoes una sombra de lo que supo ser, son suficientes acciones aisladas de estaorganización, a la fecha en que escribimos estas líneas, para mantener vivoel temor a la violencia política, y muchos políticos están dispuestos a usar




Documents

En busca de la verdad y la justicia La Coordinadora ... · andina y de la política exterior estadounidense hacia la región andina. Fue directora del Programa ... dinadora operó