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7/25/2019 Elias Daz - Socialismo democrtico - instituies polticas e movimentos sociais.pdf
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SOCIALISMO DEMOCRTICO: INSTITUCIONES
POLTICAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES (*)
Por ELIAS DAZ
1. Estas pginas son un intento de continuar, de llevar adelante algu-
nas de las propuestas conclusivas formuladas en un anterior trabajo mo
sobre La justificacin de la
dem ocracia,
buscando ahora esclarecer y profun-
dizar algo ms aquellas ideas en su necesario contraste y en el anlisis de sus
posibles implicaciones en relacin con algunos de los problemas del so-
cialismo (1).
En la primera parte de dicho artculo trataba de establecer algunos crite-
rios vlidos por supuesto que no definitiva ni decisivamente fijados
para una teora de la legitimidad (democrtica) y una correlativa teora (cr-
tica) de la justicia. La zona, compleja e inestable, de convergencia entre am-
bas dimensiones se identificaba all hacindola derivar del valor libertad,
entendida sta en su (bsico) punto de partida como libertad crtica, de ex-
presin y de participacin. La libertad vena as configurada cmo el valor
fundamental tanto para la legitimidad democrtica (preferentemente, aunque
nunca slo, procedimental) como para una, en su perfecta totalidad siempre
inalcanzada y quizs inalcanzable, justicia material. Las mayoras se re-
calcaba en aquellas anteriores pginas con insistencia pueden siempre equi-
vocarse; es decir, la legitimidad democrtica puede producir cosas injustas.
(*) Conferencias texto revisado en el Centro de Estudios C onstitucionales,
Madrid, marzo 1988.
(1) Publicad o en la revista
Sistema nm.
66, mayo de 1985, pgs. 3-23), dicho tra-
bajo prolongaba a su vez, de forma autocrtica, cuestiones ya aludidas en mi libro
De la maldad estatal y la soberana popular
(Editorial Debate, Madrid, 1984), comn
precedente, pues, de todas estas reflexiones.
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Revista de Estudios Polticos
(Nueva poca)
Nm. 62. Octubre-Diciembre 1988
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Legitimidad y justicia no son exactamente lo mismo, aunque por supuesto
que tienen mucho que ver entre s.
Pero cabra preguntar desde esa ptica: qu es preferible si hay conflic-
to? Respetar la regla procedimental, la libre designacin, o sea, respetar la
democracia (en ese su aspecto principal aunque no nico) y hasta la sobera-
na popular, o imponer por vas antidemocrticas lo que alguien considera
justo? La complejidad del dilema se muestra ya con la mera, casi equvoca,
formulacin del interrogante: Qu sera preferible: hacer injusticias de-
mocrticamente (por ejemplo, permitir el aborto dirn unos, reimplantar la
pena de muerte sealarn otros o los mismos) o hacer justicia (permitir o
reimplantar esas mismas cosas) a la fuerza, sin democracia, sin atender para
nada a la libertad, como mnimo a la libertad de expresin? En este tipo de
cuestiones andaban esas anteriores elucubraciones mas, con preferencia clara
por la regla de decisin de carcter democrtico producida en libertad, com-
pletada por la intervencin de un diseo de teora de la justicia donde las
necesidades reales (necesidades bsicas y algo ms que bsicas), la razn
crtica personal, la conciencia tica de la humanidad y hasta la comunidad
ideal de dilogo se alegaban, sin entrar all ms a fondo, como componen-
tes centrales de aqulla.
En la segunda parte de dicho trabajo pasando, digamos, de la tica a la
poltica apuntaba que la lgica de la acumulacin inserta, de manera obje-
tiva y constriente, en la propiedad privada (inevitablemente muy minorita-
ria) de los grandes medios de produccin y en el control de ese mismo ca-
rcter sobre las inversiones, el excedente y, en definitiva, las decisiones eco-
nmicas (y ms que econmicas), no me pareca que fuese esa desigual
lgica de la acumulacin la ms respetuosa y compatible que pudiera
darse con una hoy imprescindible tica de la legitimacin (democrtica) que
precisa por igual del concurso de todos. Es decir, no me pareca, ni me parece ,
que ese sistema transnacional, ese modo de produccin predominante, casi
exclusivamente basado en una competicin por fuerza muy desigual, con
alto ndice de explotacin y de eficacia, en un mercado muy poco o nada
controlado (excepto por los poderosos) fuese la mejor forma de alcanzar y
de cumplir dichas condiciones y exigencias en trminos sobre todo de real
igualdad y dignidad propias de la legitimidad democrtica y de la justicia
tica (a la altura de nuestro tiempo histrico); ni siquiera que fuese operati-
vamente la mejor va para la consecucin de un verdadero bienestar general,
aun cuando dicho modo de produccin (capitalista) se acte lo cual es
muy positivo a travs de procedimientos (y valores) propios de la demo-
cracia representativa y como Estado social de Derecho. Por ello propugnaba
yo all la necesidad, cientfica y tica, de un socialismo democrtico que su-
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perase las ilegtimas e injustas desigualdades de aqul, as como sus parale-
las insuficiencias tambin con respecto a la libertad (2).
En estas nuevas pginas de ahora me propongo, como digo, avanzar algo
ms por este doble, unificado, camino democracia y socialismo hacin-
dome cargo de algunos problemas ms especficos que en aquellas anteriores
ocasiones no tuve apenas en cuenta o a los que alud slo de manera muy
velada o implcita. Es un difcil, casi penoso, camino lo reconozco este
de hablar hoy de un socialismo que no quiera prescindir de sus necesarias y
explcitas crticas al capitalismo: sobre ello yo no voy a poder hacer aqu
sino anotaciones marginales. Parece como si ya todo estuviese mil veces
dicho y escrito, aunque en el fondo muy poco sea todava en el mundo ac-
tual lo efectivamente hecho y aclarado en esa direccin. Esa equvoca impre-
sin se acenta, se hace ms compleja y significativa, en situaciones polti-
cas como es la espaola actual, donde precisamente lo que hay es un
gobierno socialista con amplias mayoras parlamentarias y electorales de ese
carcter. Se trata, entre otras cosas, de saber qu ha cambiado y hasta
qu debe cambiar en el socialismo sin que ste deje de ser tal, es decir,
sin perder su bsica, aunque viva y dinmica, identidad. Cuestiones de este
tipo y el hecho, ms concreto, de que con frecuencia en la prctica no se
hagan (no se puedan hacer, puntualizaran hoy los ms estrictos realistas)
buena parte de las cosas que en la teora, no digamos en la utopa, propone
o ha propuesto el socialismo democrtico, obligan a seguir pensando, maqui-
nando y experimentando acerca de todo ello, acerca de la validez hoy de ese
pasado y de las condiciones del presente y del futuro para el socialismo. Si
como resultado sale algo no ya original, sino mnimamente coherente y til
(en el contexto personal y colectivo de cada cual), tal vez no sea del todo
innocuo e injustificado escribirlo y comunicarlo, pues la verdad es que no
estamos sobrados de reflexiones sobre todas esas tan debatidas difciles
cuestiones (3).
A veces parece como si ya nadie sensato cuestionara hoy el capitalismo.
(2) Cen trado en el anlisis de las implicaciones de la propue sta socialista sobre
las ideas de igualdad, libertad, seguridad jurdica o imperio de la ley, con puntuali-
zaciones muy valiosas, ser de til lectura el trabajo de FRANCISCO LAPORTA: LOS pro-
blemas ideolgicos del socialismo, en la obra colectiva sobre
El futuro del socialismo,
Editorial Sistema, Madrid, 1986, pgs. 217-235.
(3) En la bibliografa espa ola reciente, algunos anlisis y ma teriales de ese carc-
ter pueden encontrarse, entre otros, en los volmenes colectivos que recogen los En-
cuentros de Jvea, celebrados anualmente desde 1985: adems del primero citado en
la nota anterior, tambin los sucesivos sobre
Nuevos horizontes tericos para el socia-
lismo (1986) y El nuevo compromiso europeo (1987), todos ellos publicados por Edito-
rial Sistema, Madrid, en esos mismos aos 1986 y 1987, respectivamente.
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Hasta la propia palabra viene a resultar como de uso molesto, obsoleto es
lo que se dice, poco o nada cientfico y desde luego que en absoluto ele-
gante. Es un trmino, este de capitalismo, que sale todava con alguna exce-
siva frecuencia, es cierto, en discursos y alegatos grandilocuentes, demaggi-
cos y triviales de los que todos estamos absolutamente hartos. Pero eso ocurre
con casi todo: aparte de ello, capitalismo es un trmino que denota tambin
una realidad nada etrea ni inocente. Sin embargo, en discursos serios hoy
apenas aparece.de modo expreso; suena qu tiempos a realismo so-
cial (otra supuesta antigualla), sobre todo cuando es para criticarle; por lo
general se evita su simple mencin bajo hiprboles ms o menos legtima-
mente sustitutorias. Pero si se quiere seguir hablando de socialismo y traba-
jando por el socialismo en redundantemente partidos socialistas, no hay
ms remedio creo que no ocultar ese contrapunto, por gradual y no esen-
cialista que sea el modo en que se conciba (por lo dems as lo he entendido
yo siempre, como formando parte de un o lineal proceso histrico): es decir,
que no hay por qu enmascarar, ni olvidar, ni neutralizar ese otro modelo
econmico, social y cultural que es el capitalismo o, como se deca antes, el
MPC,
el modo de produccin capitalista.
En relacin con todo eso, sintetizando de manera implcita esas preocu-
paciones, insista yo tambin en esa mencionada segunda parte de mi trabajo
y, despus, en algunos de los artculos recogidos en mi posterior libro sobre
La transicin a la democracia,en la necesidad de entender en nuestros das
tal socialismo democrtico como resultado y conjuncin (dialctica, permta-
seme el viejo vocablo), como interrelacin de dos importantes tradiciones in-
telectuales y polticas de nuestra reciente historia: por un lado, la denomi-
nada (a veces peroyativamente) socialdemocracia, resaltando especialmente
su valoracin positiva de las instituciones jurdico-polticas de la democracia
representativa y, entre ellas, del Estado como va de actuacin y transforma-
cin hacia objetivos socialistas (aqu radicara su diferencia esencial con el
liberalismo progresista); y, por otro, de las posiciones libertarias pacficas,
aquellas no violentas en sus modos de accin, de necesaria recuperacin en
la medida en que suponen una buena, imprescindible rehabilitacin y poten-
ciacin del trabajo en la sociedad civil y, hoy, en los nuevos movimientos
sociales que constituyen los elementos impulsores ms progresivos y valiosos
de ella. Esa superacin y sntesis de los reduccionismos a que, aislados entre
s , han solido conducir en el pasado las posiciones respectivamente de la
socialdemocracia y el libertarismo, separan a su vez muy claramente y por
razones de fondo a ese socialismo democrtico de otras formaciones histri-
cas (y actuales) como seran el comunismo leninista (o mejor leninista-esta-
linista) y, diferenciado de aqul, el anarquismo tradicional (ciertos sectores
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de l al menos), ambos poco o nada reacios a servirse en ciertos momentos
de diversos tipos de violencia armada revolucionaria (uno ms poltica, otro
ms social) y el primero de ellos hasta de la dictadura, aunque sea la deno-
minada del proletariado, con las consecuencias negativas que los hacen hoy
realmente impracticables (4).
A pesar de estas precisiones sobre lmites, no es mi propsito entrar aqu
en un debate de carcter histrico, o actual, con cada una de esas posiciones,
como tampoco lo es dejar directamente fijado el concepto o, menos an,
la definicin exacta de lo que sea hoy el socialismo: la necesaria bsica
precisin, para saber mnimamente de qu se est hablando, reenviara con
todo a un sistema, a una concepcin del mundo, a un modo de produccin
o de organizacin social (uso adrede estos trminos de manera intercambia-
ble) no slo de carcter econmico, sino tambin poltico, cultural y tico,
donde las decisiones pblicas y sus consecuencias de contenido tambin,
por supuesto, las que recaen sobre los excedentes, las inversiones, las formas
de produccin y de redistribucin de bienes sean lo ms formal y realmente
democrticas que resuelte posible. Es decir, que haya un suficiente control
social, que no sean minoras de corporaciones y de burocracias quienes con-
trolen de hecho y casi absolutamente la produccin de la vida material (e
inmaterial): que los valores ticos de solidaridad, de libertad, de igualdad
(convertidos en hechos efectivos sin igualitarismos injustos y paralizantes,
pero con amplias necesidades bsicas cubiertas para todos y con el debido
reconocimiento al esfuerzo y al trabajo), ms el derecho a las diferencias, al
pluralismo y a la libre creacin de la propia vida sean los valores determi-
nantes hacia los que debe orientarse toda la organizacin pblica y privada
de la comn convivencia; estos objetivos, y otros a ellos ntimamente vincu-
lados, son los considerados como determinantes, necesarios, cuando antes,
ms arriba, se hablaba de la mayor democratizacin posible.
Aunque prefiero insistir en las anteriores connotaciones, tampoco querra
dejar de expresar aqu mi opinin, ms bien mi conviccin precisamente
en estos tiempos de descrdito de lo pblico y lo solidario, en el sentido de
que (y pido excusas por ello) adems de ms tico, el socialismo democrtico,
comparado con otras respetables opciones polticas y sociales, me parece tam-
bin mucho ms cientfico y (ahora con doble peticin de perdn) hasta ms
racional, y desde luego que ms eficaz. S, por supuesto, que todo esto hay
que probarlo, y algo de ello se intenta aqu en estas pginas, desde luego que
(4)
La transicin a la democracia. Claves ideolgicas, 1976-1986,
Eudema, Mad rid,
1987, en especial el escrito titulado precisamente Socialismo democrtico: institucio-
nes polticas y movimientos sociales (pgs. 183-194), del cual estas pginas, bajo idn-
tico rtulo, seran amplsimo y mucho ms detallado desarrollo.
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slo en trminos de argumentacin racional. No pretendo, pues, que se acep-
te as sin ms, aunque no falten, de ningn modo, ni slidos estudios tericos
ni certeras comprobaciones fcticas, pasadas y presentes, acerca de todas esas
afirmaciones y convicciones mas. Pero es verdad que nadie tiene en su poder
la milagrosa varita mgica para hacer las cosas perfectas, ni tan siquiera a
veces teniendo en cuenta en qu mundo vivimos para hacerlas sustan-
cialmente mejores. Y por supuesto que la desgraciada va comunista del Este
en nada ha ayudado, al contrario, para una mayor confianza en el socialis-
mo incluso democrtico.
No es tampoco fcil aunar de hecho, coherente y fructferamente y para
una accin poltica y social concreta, esas dos unilaterales dimensiones, social-
demcrata y libertaria, como vengo yo propugnando aqu: pero es que nada
es fcil cuando se trata de cambiar de verdad las cosas; nada es fcil por
ello en el socialismo; al contrario, el socialismo bien se ha dicho es di-
fcil; es sobre todo difcil, pero factible, de realizar como debe ser en
libertad. El socialismo democrtico, la solidaridad colectiva en libertad,
exige a eso es a lo que me refera antes muy altos niveles ticos, cultura-
les y tambin cientficos en los individuos y en la sociedad: exige de la huma-
nidad mucha mayor madurez tica y cientfica. Como tampoco es nada fcil
evitar que la economa del mundo (y con ello con autonoma relativa:
todo lo dems) est, en gran medida, controlada de hecho por muy poderosas
y reducidas minoras, por un ms o menos corto nmero de decisivas y agre-
sivas corporaciones transnacionales y de sus no siempre mecnicamente
identificables poderes polticos. Nada de todo ello es fcil, y hay, desde
luego, que trabajar en el contexto que realmente existe, pero me parece que
sos son los objetivos a lograr y que, desde ah, la teora y la praxis pueden
y tienen mucho que hacer para avanzar hoy en esa direccin socialista y de-
mocrtica en la mayor medida en que resulte posible. De esto crear, en defi-
nitiva, las condiciones sociales objetivas para una real autodeterminacin de
todos los seres humanos es de lo que debe, pues, ocuparse la elaboracin
terica y cientfica, as como la praxis tica y poltica del socialismo demo-
crtico en nuestro tiempo y en el futuro.
Ante tan arduos problemas, yo me limitar a sealar aqu en esta abre-
viada introduccin programtica algunos de los presupuestos que, a mi
modo de ver, estn en la base de dicha orientacin: a) el entendimiento, ya
mencionado, de capitalismo y socialismo no como dos esencias cerradas y
absolutas, aisladas y totalmente incomunicadas entre s, sino al contrario
como partes y sectores bien diferenciados de un proceso histrico en progre-
sin, para nada deterministamente prefigurado en el que otra vez la dia-
lctica tambin la cantidad a partir de un cierto momento puede transfor-
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marse en calidad;
b)
bsica importancia, pues, para el socialismo de una
modernizacin del sistema productivo, tambin en trminos de eficiencia
y mejor organizacin: el socialismo democrtico no juega con la irrespon-
sable tctica del cuanto peor, mejor (nada que ver sta con la hegeliana
negacin de la negacin), ni tampoco predica la igualdad en la pobreza en
medio del estancamiento y el atras general; la lgica de la eficiencia y la ra-
cionalidad no la marca, sin embargo, el exclusivo beneficio del capital pri-
vado (5); c) no entendimiento, a su vez, del modo de produccin capitalista
como algo mecnicamente determinado, como algo del todo cientfico y neu-
tro como lo toman los tecncratas, inevitable, natural (de Derecho na-
tural) y situado por encima de las ideologas, es decir, de las concepciones
del mundo que incluyen otras ticas, otros valores humanos y culturales y
otras formas de organizar la sociedad y la produccin (6);
d)
insistencia,
pues,
en la relevancia que para el socialismo poseen precisamente las pro-
puestas y exigencias de la tica, la cultura y la educacin; los procesos de
cambio propugnados por el socialismo son de largo y profundo alcance, con
lo que quiz inevitablemente llevarn tambin su tiempo;
e)
ser decisivo,
desde esa perspectiva, que el camino revisando y corrigiendo a Bernstein
no lo sea todo y la meta nada, sino que uno y otra (tampoco la m eta es nunca
inmutable y fija) se articulen dinmicamente de manera eficazmente adecua-
da;
f)
cobra as toda su importancia el complejo problema de los medios
que, por reformistas o graduales que sean, no debern en modo alguno dis-
torsionar u oponerse a dichos fines, cosa que desde luego no siempre ser
fcil determinar; pero siempre habr que preguntar: en qu medida por
ejemplo es posible producir casi exclusivamente bajo control privado, es
decir, desigualmente, y a la vez distribuir pblicamente, o sea, con pretensio-
nes de igualdad?, o cabe evitar la dualizacin de la sociedad con polticas
(5) Cfr. en relacin tamb in con la coheren te intervenci n en ello de la democra-
cia poltica, entre otros, los trabajos en diversidad de perspectivas de
LUCIANO
PELLICANI: II mercato e i socialisti, Sugar Edizioni, Miln, 1979; BARRY HINDESS:
Parlamentary democracy and socialis politics, Routledge and Kegan Paul, Londres,
1983; G EOF F HODG SON:. The democratic economy. A new look at planning, markets
and power, Penguin Books, Harmondsworth, 1984; C. B. MACPHERSON: The rise and
fall of economic justice and other essays, Oxford University Press, 1987.
(6) En relacin con algunas de estas cuestiones aparece hoy tamb in como cen tro
el tema de las nuevas tecnologas, su carcter, insercin e implicaciones en el actual
sistema productivo. Sobre ello y, entre otras cosas, tenemos en castellano la importante
investigacin dirigida por MANUEL CASTELLS sobre El desafo tecnolgico. Espaa y las
nuevas tecnologas;
he manejado el texto sintetizado publicado con ese ttulo por Alian-
za Editorial, M adrid, 1986 (con prlogo de Felipe G onzlez Mrqu ez, presidente del
G obierno) .
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de muy fuerte prevalencia de la acumulacin privada?;
g)
desde luego que,
junto a todo lo anterior, es ineludible tomar conciencia de la dificultad, in-
cluso la real imposibilidad del socialismo (democrtico) en un solo pas, lo
cual debe llevar, en mi opinin, a un efectivo fortalecimiento de la Interna-
cional Socialista y, en m bitos ms cercanos, a la clarificacin terica y prc-
tica de los objetivos y estrategias muy precisas para la construccin hoy de
un socialismo europeo que no vaya a remolque de otros centros de poder eco-
nmico (Estados Unidos, Japn) no precisamente muy propensos a salir del
esquema del capital transnacional (7).
Estos son algunos, slo algunos, de los problemas que debe, creo, plan-
tearse hoy el socialismo (junto al de las formas, en seguidista dependencia o
en crtica interdependencia, de su adecuacin a las transformaciones no de-
terministas del mundo actual) para ser realmente consecuente, adems de con
su propia historia y bsica identidad, con las exigencias reales medidas
tambin en trminos de eficacia de la legitimidad democrtica y de la jus-
ticia tica a la altura de las sociedades de nuestro tiempo.
2. Como ya he sealado en otras anteriores ocasiones aunque desde
una perspectiva ms bien de principios y hasta quiz un tanto abstracta,
la libertad aparece en todo este contexto como punto bsico de convergencia
entre precisamente una teora de la legitimidad (democrtica) y una teora
(crtica) de la justicia: primordial zona de encuentro, por tanto, entre las
denominadas legitimidad procedimental y justicia material. Pero me parece
que de esa genrica consideracin y de esa regla interpretativa en favor de la
libertad (en cualquier caso de ningn modo por s misma inoperante, ms
bien todo lo contrario) derivan y pueden derivar conclusiones mucho ms
concretas, tal vez por ello tambin ms convincentes, a la hora de determinar
y especificar con algn mayor detalle y precisin dicho punto o, mejor, dicha
zona vlida de convergencia.
La libertad (la libertad positiva) ejercindose libremente, valga la aparen-
te redundancia, aunque no incondicionadamente, se acta a travs de la so-
berana popular, la cual, cuando se trata de salir de la (de una) posicin ori-
ginaria (o relativamente originaria), se muestra en sus caracteres bsicos, po-
demos decir, como poder constituyente. De este modo, la Constitucin, el
gran pacto social constitucional, sintetiza sobre todo cuando es producto
del consenso entre partes plurales y resulta aprobada por muy amplias mayo-
ras
ese espacio de convergencia entre legitimidad democrtica y justicia
(7) Cfr., po r ejemp lo, la obr a colectiva sobre
La izquierda y Europa
y la traduccin
del escrito de PETER GLOTZ:
Manifiesto por una nueva izquierda europea
(prlogo
de F elipe G onzlez), ambas publicadas en 1987 por la F undacin Pablo Iglesias.
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material (una cierta justicia material) a que viene aludindose aqu, en difcil
y compleja caracterizacin, como cuestin central a dilucidar en sus plurales
implicaciones por la filosofa jurdico-poltica y tica de nuestro tiempo (y
quiz de todos los tiempos).
La Constitucin, creada en esas condiciones, es expresin por de pronto
de la legitimidad democrtica, entendida como mnimo como legitimidad
procedimental. Expresa, primeramente tambin a travs del consenso, y sobre-
la base de ciertas condiciones objetivas, la voluntad libre de las grandes ma-
yoras del grupo social. Esta concepcin democrtica de la Constitucin, y del
Derecho en general, se diferencia, pues, con toda claridad tanto de la concep-
cin exclusivamente consensualista (o corporativista, sin ser tampoco estas
dos lo mismo) como de la de estricto carcter iusnaturalista. Respecto al
Derecho y, ms en concreto, respecto a la Constitucin as creada, por su-
puesto pero ste es otro tema, que quien disienta seriamente, en concien-
cia, puede dar razones ticas para desobedecerla, en todo como juicio glo-
bal o en la parte que resulte afectada. No hay que volver a insistir aquf
en que puede haber razones ticas (y hasta obligacin moral) para desobe-
decer al Derecho; pero, a su vez, puede haberlas tambin, en mi opinin
ya s que en esto cuento con ilustres discrepantes, para obedecerlo (8).
Yo no voy a entrar ahora de nuevo en esta discusin que tenemos abierta,,
desde hace algn tiempo, iusfilsofos y ticos hispnicos: no dispongo sobre
ello de ms argumentos que los ya expuestos (aunque me parecen suficientes)-
Lo que por el momento me interesa resaltar aqu, en esta lnea argumental en-
(8) Sobre ello, adem s de la bibliografa ya citada y discutida en otros escritos,
precedentes mos, puede verse el muy documentado libro de
EUSEBIO FERNNDEZ
G A R-
CA:
La obediencia al Derecho, Civitas, Madrid, 1987, de manera muy especial pgi-
nas 91 a 115 para una reciente polmica en la filosofa jurdica y tica espaola actual
sobre la obligacin moral de obedecer al Derecho (tambin Eusebio Fernndez piensa
que pu ede haber la) y pgs. 157 y sigs., par a la explicacin y fundam entacin de las-
razonables actitudes del autor sobre tan complejos y debatidos problemas; por el mo-
mento yo nicamente objetara, preguntara ms bien, lo siguiente ante sus matizadas
observaciones crticas a mi tal vez ms objetivista posicin (pgs. 101 a 104): El deber-
moral slo es lo que uno siente como deber moral?; no hay obligacin moral de res-
petar la vida de los dems para el asesino que no siente, en general o en un caso-
concreto, esa obligacin?; no hay obligacin moral para el dictador aunque de
hecho l no la sienta as, aunque fcticamente no la haya para l, no se le puede jus-
tificar la obligacin moral de respetar la libertad y la dignidd de sus conciudadanos,,
degradados as a meros subditos? Por supuesto que como aduce Eusebio Fernndez
estoy manejando aqu dos conceptos diferentes de obligacin moral, la fctica-emprica
y la tica-racional; pero me parece necesario hacerlo. En caso contrario, el fctico em-
brutecimiento moral (personal y de la colectividad) sera la mejor forma de verse libre
de todo tipo de obligaciones morales. Imagino que seguiremos dndole vueltas al tema.
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que estoy operando, es que la Constitucin, y antes el poder constituyente,
sintetizan y expresan como digo la denominada justicia procedimental,
la que dando un paso ms puede designarse con mayor precisin como
legitimidad de carcter democrtico. Esto es pacfico y no suscita, desde
luego, mayores discrepancias (excepto, claro est, para los antidemcratas).
Otra cosa muy diferente es, sin embargo, el grado de justicia material que
quepa atribuir a tal democrtica Constitucin. Seguro que ni siquiera los
sectores que la han consensuado y, despus, votado (desde los miembros de
las comisiones constituyentes hasta las grandes mayoras populares) la consi-
deran del todo justa en unas u otras decisiones y, menos an, justa en su
totalidad (justas todas sus decisiones): por supuesto que no. Pero seguro
tambin que, en lneas generales y en no pocas cuestiones concretas, aqullos
reconocern unos ms, otros menos que contiene con bastante coheren-
cia lo que la colectividad o el grupo social de que se trate, o al menos esas
grandes mayoras, consideran como suficiente, adecuadamente justo, es decir,
como justicia material en cuanto justicia histrica concreta concrecin his-
trica de la justicia material. Si todos han podido hablar, contraponiendo
libre y abiertamente sus juicios y razonamientos ticos como debe ser en
democracia, entonces esa justicia material, a pesar de todas las posibles
insuficiencias, insatisfacciones y hasta distorsiones que puedan alegarse, cabe
decir que expresa y representa algo muy atendible, algo con relativa no
definitiva consistencia tambin desde el punto de vista de la objetividad
y si queremos plantearlo as hasta de la misma verdad. De ninguna ma-
nera puede, pues, aducirse que no dice nada acerca de ello (acerca de la
validez objetiva y la legitimidad justa), aunque desde luego que no dice nada
absolutamente definitivo y determinante; pero cundo y cuntas veces se
produce esto?; quin ni el mismsimo Kant puede pretender hablar
en esos tan totalmente radicales e inconmovibles trminos? Por supuesto que
la alternativa a esto no es en modo alguno el escepticismo tico.
Quiero, en consecuencia, subrayar con todo ello que la Constitucin y el
poder constituyente son y pueden verse en esta perspectiva como zona de
mediacin y de convergencia de una suficiente (siempre imperfecta, nunca
esttica e inmutable) legitimidad democrtica y, a su vez (aqu con an mayo-
res imperfecciones y variaciones), de una objetiva justicia material (histrico-
material) en todo caso sometida, por supuesto, a pertinentes crticas y a ra-
cionales contrastaciones. Esta legalidad constitucional, no cualquier legalidad
ms o menos coyuntural, sino esa de carcter fundamental constitucional, es
as punto de encuentro de la legitimacin social, la legitimidad democrtica
y la (histrica) justicia material.
Me parece desde luego muy importante esa zona de convergencia formada
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por el poder constituyente, la Constitucin y los grandes pactos polticos y
sociales; si despus de ello, si despus, sobre todo, de la Constitucin, las-
concretas decisiones legales mayoritarias van contra ella (contra esa legitimi-
dad y esa justicia), sencillamente tales decisiones quedan anuladas al probar-
se su anticonstitucionalidad por el pertinente Tribunal. Esas mayoras con-
cretas, por tanto, aunque enloquezcan cosa que alegan siempre incansa-
blemente los contumaces antidemcratas, no podrn hacer nada, por vas,
legales y democrticas, contra la Constitucin. La posible reforma de sta,
por su parte, nos devuelve a la ya referida situacin de la posicin origina-
ria, en donde adems de atender a las constrientes condiciones objeti-
vas
el poder constituyente, si quiere ser democrtico, no puede violar el.
valor material y procedimental de la libertad, de al menos una cierta libertad,,
de expresin, de crtica, de participacin en la eleccin, etc. (9).
Tanto la regla de decisin procedimental como la concreta justicia mate-
rial son est claro expresin de la libertad; y ambas, a su vez, estn in-
corporadas en la Constitucin como norma bsica o principio determinante
de ella (10).. La justicia material de la Constitucin, que, en mi opinin, in-
cluye la regla genrica procedimental (es decir, los valores superiores inclu-
yen la libertad democrtica), constituye un lmite objetivo insalvable y as
debe ser para la decisin procedimental de mayoras que no se adapten en
sus decisiones jurdicas y polticas a la norma constitucional; repito que otra
cosa, y tambin con lmites ltimos en la libertad, son los supuestos de refor-
ma. Esa referencia, ese necesario respeto a la Constitucin evita, pues, los.
peligros (tan pregonados y exagerados siempre por los antidemcratas) de
que en el sistema poltico basado en la libertad, en las libres decisiones co-
lectivas de los ciudadanos, se puedan producir cualquier tipo de monstruosi-
dades, de injusticias y de ciegas locuras, quedando todo a merced de la volu-
ble voluntad de unas simples mayoras actuando de manera totalmente in-
condicionada e irresponsable. La justicia material de la norma fundamental,,
la Constitucin sin ms (que por su parte incluye necesarios equilibrios, resul-
tados histricos, consensos realistas y presencia de minoras que pueden llegar
un da a ser mayoras), garantiza ya un cierto, importante, nivel de compor-
tamiento tico, una va bastante slida hacia los objetivos ltimos de una
(9) Cfr. para estas y otras conexiones la impor tante obra de PEDRO DEVEGA: La
reforma constitucional y la problemtica del poder constituyente, Tecnos, Madrid, 1985>
(10) Reenvo aqu a la nota 10 de mi mencionado trabajo sobre
La justificacin de
la democracia,
donde, en relacin con los escritos de los profesores Laporta y Peces-
Barba, se especificaban asimismo n cuanto norma bsica de nuestra Constitucin esos-
dos principios de la soberana popular (art. 1.2) como regla procedimental y de los.
valores superiores de ella (art. 1.1) como justicia material.
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teora crtica de la justicia. De no ser as, aumentaran los riesgos de deslegi-
timacin con graves dificultades de gobernabilidad y hasta de contestaciones
activas y violentas cuando no de verdaderos movimientos de resistencia con-
tra el sistema (11).
Por supuesto, entonces, que algo que figura en la Constitucin puede ser
considerado como injusto, o puede serlo efectivamente (con ello estoy afir-
mando la posibilidad de objetividad de la tica y la razn prctica), aunque
esto ltimo no siempre sea fcil de determinar y de formular; y desde luego
que algo no es justo por el mero hecho de que figure en la Constitucin ni
porque lo suscriban ms o menos amplias mayoras. La razn prctica, la
razn tica no es slo razn emprica, ni individual ni grupal. La legalidad
constitucional no se confunde nunca del todo, aunque pueda tener muy estre-
cha relacin, con la legitimidad (democrtica), la cual es siempre, por su
propio carcter, ms dinmica y exigente; y, sobre todo, en modo alguno esa
legalidad y esa justicia material inserta en ella pueden pretender identificarse,
por ese mero hecho, con lo que objetivamente puede calificarse de justo.
Pero lo que s mantendra es que la Constitucin democrtica, la legitimidad
que la origina, con libertad y con autonoma moral, y la justicia material en
(11) Un parango nable concepto de legitimidad adopta pienso Ernesto G ar-
zn Valds
El concepto de estabilidad de los sistemas polticos,
Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1987) al vincular aqulla pg. 45 a la concepcin usual
de los derechos humanos tal y como han sido formulados, por ejemplo, en la Declara-
cin Universal de las Naciones Unidas. Y tambin l orientara esa legitimidad hacia
un juicio tico normativo (teora de la justicia) ms objetivo y hasta ms definitivo
creo
cuando seala que aqul toma como criterio para su formulacin la vigencia
de normas ticas aceptables por todo aquel que est dispuesto a admitir la autonoma
personal de cada individuo y su igualdad bsica con respecto al acceso y goce de
aquellos bienes que, usando la terminologa de John Rawls, pueden ser denominados
bienes primarios, es decir, aquellos sin los cuales no es posible la realizacin de
ningn plan de vida . Aparte ya de estas cuestiones, preguntara yo a Ernesto G arzn
Valds, en otra vertiente ms analtica del problema (pgs. 46 y sigs.), si no sera opor-
tuno que su modelo combinatorio de tres dgitos (smbolos respectivamente de la exis-
tencia fctica, la legitimidad y la estabilidad de los sistemas polticos, que lo seran
as de orden 111, 110, 101 y 100), se completase pasando a considerar tambin una
cuarta variable, segunda dentro de su esquema, precisamente la legitimacin (como
aceptacin del sistema, pg. 7) en la medida en que, an prxima, no puede con-
fundirse tal categora con la mera existencia fctica de un rgimen poltico que, en
efecto, puede en el tiempo ir perdiendo o ganando legitimacin: tendramos, as, sis-
temas ms complejos, de cuatro elementos, representados como 1000, 1010, 1011, 1100,
1101 y 1111, correlativamente, que enriqueceran me parece el anlisis de los con-
cretos regmenes polticos existentes. La dimensin de la legitimacin o deslegitima-
cin es tambin un ingrediente que afecta a la misma legitimidad y desde luego que,
aunque no se identifica del todo con ella, tiene mucho que ver con la estabilidad.
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que aqulla se reconoce son, en principio, las mejores vas para construir una
teora tica y una teora crtica de la justicia. La efectiva satisfaccin para
todos de amplias necesidades bsicas, la regla de la libertad, el consenso y el
disenso, el establecimiento de lmites precisos a ciertas desigualdades, el de-
recho a la diferencia, el libre dilogo crtico, y los derechos que derivan de
ah, son asimismo algunas otras exigencias fundamenales imprescindibles para
avanzar hoy hacia esa tica, hacia esa teora crtica de la justicia. En defini-
tiva, sta (la justicia) tal vez pueda ser entendida finalmente como la inte-
ligente (coherente) articulacin de todos estos elementos, y de algunos m s, en
el anlisis concreto de las situaciones concretas y asimismo en la progresiva
transformacin de las que no se correspondan de manera adecuada con esos
valores y esos objetivos derivados fundamentalmente de la libertad y de su
plena progresiva realizacin para todos los seres humanos.
Pero esos no absolutos aunque irrenunciables postulados de libertad, de
igualdad y de solidaridad de justicia, en conclusin son los que, a m i ma-
nera de ver, no se realizan o no se realizan suficientemente en el aqu todava
denominado modo capitalista de produccin. De ah que, como alternativa,
todo lo gradual y evolutiva que se quiera, parezca necesario en nuestro tiempo
y para el futuro seguir hablando de socialismo, de socialismo democrtico.
Yo voy a hacerlo aqu, en las siguientes pginas, en relacin fundamentalmen-
te con la decisiva necesidad de ampliar el bloque de apoyo a l y de autenti-
ficar a su vez el funcionamiento del sistema a travs de una ms coherente
y eficaz vinculacin, concertacin, entre esos dos polos que son las institu-
ciones polticas y los movimientos sociales.
3. El viejo paradigm a, como lo califica Claus Offe (12), ha tenido
amplia vigencia y efectividad operativa hasta puede decirse como smbo-
lo la crisis de 1973, iniciada ya en el final de los sesenta. Hasta entonces ,
y desde la conclusin misma de la segunda guerra mundial, el modelo (me-
jor o peor) hab a funcionado con su peculiar dualista significacin: fueron
quiz sos los mejores momentos, los mejores aos del Estado de bienestar,
del Estado social (13). No sera justo, a pesar de todo, que a causa del actual
(12) CLAUS OF F E: N ew Social Movem ents: Challenging the Boundaries of Institu-
tional Politics, Department of Sociology, University of Bielefeld, 1985, pgs. 8 y sigs.,
para el nuevo paradigma, pgs. 14 y sigs. Publicado despus dicho estudio en Social
Research (editada por la New School de Nueva York), vol. 52, nm. 4, 1985, pgi-
nas 817-869. Algunas de las ideas y de las propuestas contenidas en este y el siguiente
apartado estn reelaboradas a partir, a veces crticamente, de esa investigacin de
Claus Offe.
(13) Au n con muy ntima relacin , Estado del bienestar y Estado social no son tr-
minos del todo coincidentes; sobre ello y tambin sobre los orgenes y significado de
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retroceso haciael neoliberalismo conservador los vlidos intentosderehabi-
litacindeaqul(delEstado social) hiciesenhoyolvidarlascrticas contem-
porneas,que, sinnegarsusaspectos positivos, tambin entoncesse ledirigie-
ron desde
la
izquierda genrica, comunista, libertaria
y
asimismo
ms en con-
creto desdeelpropio socialismo democrtico(14).
Es importante subrayar todo esto para noincurriren el error, frecuente
hoy,depensarque el Estado socialen el que,juntoa otras tendenciasy
partidos, colaboraron activamente tambin sectores socialdemcratas hu-
biese sidoelmodeloqueagotaba oconformaba laspropuestas detodoslos
socialistas deentonces.Laverdad es que fue siempre clara y constante la
denuncia, desde esta perspectiva, de sus grandes insuficiencias y limitacio-
nesde fondo (como habradeversemuypronto),ascomoel alto gradode
dependencia
y
sometimiento
que
implicaba para
el
tercer mundo,
la
situa-
cinde guerra fra internacionalen la que sedesarrollaba,y tambinlos
graves riesgosde alienacin consumistay tecnocrtica a costade los cuales
se llevabaacabolarelativa integracindeciertos sectoresde la clase obrera
en el implantado sistema. Pero tal vez, en definitiva, el Estado social,el
Welfare State, fuera lomejor queentonces (yahora) se poda hacer con el
capitalismo vigente, quepas por aquellas fechas a rebautizarse ms bien
como neocapitalismo.No sepuedeen modo alguno decirque ste fueraya
el modelodeorganizacinni elEstadode lossocialistas, aunquesepensaba
quea travs de su autentificacin yprofundizacin (es decir, hacindolo
ambos,
y
otras cuestiones conexas, vanse, entre
la
reciente bibliografa espaola,
los li-
bros
de
CARLOS DE CABO MARTN: La
crisis
del
Estado social,
Promociones Publicacio-
nes Universitarias, Barcelona, 1986;
RAMN GARCA COTARELO:
Del Estado del bienestar
al Estado delmalestar, CentrodeEstudios C onstitucionales, Mad rid, 1986,y JOSEP PIC:
Teoras sobre el Estado del bienestar, Siglo
XXI,
Madrid,
1987.
Entre
la
desbordante
bibliografa fornea sobre
el
tema, citar slo
dos
libros,
uno
anterior
a los
aos
de la
crisis
y
otro posterior
a
ella:
el de CHARLES I. SCHOTTLAND
(ed.):
The Weljare State.
Selected Essays
(Harper Torchbooks, Nueva York,
1967) y el de
RAMESH MIS HRA :
The Welfare State
in
crisis. Social Thought
and
social change
(Wheatsheaf Books,
Har-
vester Press, Brighton, 1984). Tambin, traducido
al
castellano,
el
desigual
de W.
ABEN-
DROTH, E. F O R S T H O F F y K. DOEHRING: El Estado social, Centro de Estudios Cons-
titucionales, Madrid,
1986.
(14) Reenvo para todo ese trasfondo a mi libro Estado de Derecho y sociedad
democrtica, publicado
en 1966
(Editorial Cuadernos para
el
Dilogo), pero originado
en otros trabajos mos anteriores sobre esos problemas. Vase
de
esos aos
la
abun-
dante bibliografa
de ese
carcter crtico all mencionada;
cfr. en
especial
los
epgrafes
del captulo III sobre el Estado social de Derecho titulados respectivamente Tecno-
cracia
e
ideologa
en el
"Welfare State" (epgrafe
8) y
Neocapitalismo
y
Estado social
de Derecho (epgrafe
9);
esas crticas
y esa
bibliografa eran
las que
apoyaban
mi pro-
puesta
de
entonces
y de
ahora
por un
socialista Estado democrtico
de
Derecho.
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ms realmente democrtico) podra progresivamente valer para lograr pasos
cuantitativos-cualitativos en ese proceso histrico siempre libre y abierto en
que para los socialistas democrticos se converta la tan debatida fase mar-
xiana del Estado y la sociedad de transicin (15).
La crisis del Estado intervencionista, regulador, empresario y en cierta
medida redistribuidor, a la vez, pues, Estado del bienestar, Estado de servi-
cios y derechos sociales, ha sido as la crisis de ese denominado viejo pa-
radigma. De l quedan y quedarn, creo, cosas vlidas que los socialistas,
algunos al menos, nunca negaron: entre ellas, el intento de movilizar las
instituciones pblicas democrticas para hacer algo a pesar del capitalis-
mo en pro de una mayor igualdad, de una incipiente relativa igualdad, d
un nivel de organizacin de la seguridad social y de la proteccin de ciertos
derechos econmicos, laborales y culturales que hasta la intervencin del
Estado social haban estado abandonados al libre juego de las fuerzas del
mercado y de las meras disponibilidades privadas de cada cual. El creciente
aumento de las demandas de necesidades bsicas por cada vez ms amplios
sectores sociales pretensin que, no sin fuertes resistencias en un principio,
viene siendo despus poco poco aceptada por el sistema por implicar ma-
yores niveles de integracin y legitimacin de hecho ha llevado, es cierto,
a una crisis (fiscal y ms que fiscal) de dicho modelo estatal, una vez que-
brada la facilidad de la acumulacin proveniente sobre todo de la explotacin
del Tercer Mundo. El crecimiento, la realizacin del Estado social, se ha re-
velado as claramente contradictorio con ese modo privado de produccin y
apropiacin. La crisis se ha agravado asimismo, pero eso se dice mucho me-
nos,
por el enorme, demencial, aumento del gasto pblico originado por la
absurda carrera de armamentos mantenida por la poltica de bloques durante
todos estos aos.
El Estado, impulsor de demandas sociales en tiempos de abundancia y
crecimiento para producir, dualista, contradictoriamente, tanto por un lado,
a pesar de todo, ciudadanos ms libres y hasta ms iguales como, por otro,
consumidores de fcil manipulacin y por siempre necesariamente insatis-
fechos, ha visto, pues, agotadas sus potencialidades en esos sectores de manera
fundamental a causa tambin del imparable monto del gasto militar, as como
de las crecientes atenciones pblicas a la acumulacin privada. El viejo
paradigma, basado en la creencia de un ilimitado, o casi, crecimiento eco-
nmico y en la prioridad de los valores de racionalidad instrumental, eficien-
(15) Para aclara r con ms detalle mi posicin sobre esa divergencia-relacin, pu ede
verse el captulo tercero (Marx y la teora marxiana del Derecho y del Estado) de
mi ya citado libro supra nota 1) De la maldad estatal y la soberana popular.
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cia funcional, consumo, derroche en ciertos sectores y clases, competitividad
y seguridad (ciudadana, social, nacional e internacional), va a ir siendo po-
gresivamente sustituido en las mentalidades y aspiraciones de la mejor izquier-
da desde el final de los aos sesenta, con mayor perentoriedad tras los aos
del comienzo de la crisis, por subraya Claus Offe un nuevo paradigma
de signo muy diferente: un paradigma que pone en primer plano los valores
no tanto del crecimiento cuantitativo como cualitativo, no del bienestar con-
sumista, sino de la calidad de vida, del cuidado del medio ambiente, de la sa-
tisfaccin para todos de las necesidades reales bsicas, de la libertad, la cul-
tura, la paz, los derechos de las minoras, etc.
Los actores, los sujetos del viejo paradigma (por detrs siempre operan-
do los grandes poderes econmicos y otros poderes fcticos) eran casi nica-
mente las instituciones (jurdico-polticas), gobierno, parlamento, partidos,
incluso sindicatos, todos ellos integrados organizativamente en el sistema; los
actores del nuevo paradigma sern fundamentalmente, en sus formulacio-
nes ms estrictas, los nuevos movimientos sociales. Desde el punto de vista
poltico, el viejo paradigma de las instituciones lo encarna, en sus manifes-
taciones ms progresivas, la social democracia; el nuevo paradigma se carac-
teriza, en esa misma valoracin, por una marcada orientacin libertaria.
Lo que ocurre, lo que de hecho ha ocurrido, es que ese nuevo paradigma
que, en efecto, se ha introducido con fuerza, quiero decir con slidas razo-
nes,
en importantes sectores de la izquierda, sin embargo, en modo alguno
ha sido el sustituto, en cuanto a vigencia fctica, real, del viejo paradigma
del Estado social. Al contrario, lo que de hecho ha ocurrido es que ste ha
sido en amplia medida sustituido o, al menos, despotenciado por el ms an
viejsimo paradigma a pesar de las pretendidas reactualizaciones tecnol-
gicas y hasta filosficas propia del hoy muy conservador e individualista
Estado neocorporativo y neoliberal. Aparte de la ambigua tendencia al Es-
tado mnimo (donde neoliberales y neolibertarios tienen el riesgo de coinci-
dir en sus recelos anti-institucionales frente a toda intervencin econmica,
o de otro tipo, del Estado), del nuevo paradigma slo se han utilizado y dis-
torsionado por la ideologa neoconservadora algunos de sus aspectos preci-
samente menos progresivos, los residuos romnticos, rurales, msticos, alo-
jados todava con frecuencia en aqul, expresin de los valores ms reaccio-
narios y tradicionales sobre la educacin, la familia, la patria o la sexualidad:
todo ello moral puritana en sintomtica amalgama con un tecnocratis-
mo acrtico y antifilosfico, con una absoluta falta de tica en el campo
econmico y poltico, con la imposicin as de un capitalismo malamente
incontrolado, un individualismo efectivamente antisolidario y un belicismo
siempre prepo tente y agresivo.
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Esto es lo que en amplia medida ha venido imponindose de hecho; y
ante ese omnmodo poder, ante el complejo militar-industrial disfrazado ideo-
lgicamente de liberal Estado mnimo, palidecen y se subordinan los inten-
tos por mantener con alguna dignidad el viejo Estado social y no digamos
para tratar de hacer realidad algunas de las verdaderas utopas libertarias.
Todo ello con independencia de la perspectiva crtica que, en mi opinin, era
y es tambin necesario introducir al tomar en consideracin algunas for-
mulaciones del denominado nuevo paradigma, sobre todo a mi juicio
para evitar su pretensin de absolutizacin y de la correlativa, ilegtima e
ineficaz negacin de algunos de los elementos vlidos que, transformados,
pudieran muy bien recuperarse del viejo paradigma: me refiero de manera
eminente a las principales instituciones jurdico-polticas de la democracia
pluralista y representativa, necesitadas tambin como ya he subrayado
de constante autentificacin y profundizacin en relacin no acrtica con la
sociedad civil (16).
Precisamente por la prevalencia fctica actual del modelo transnacional
liberal-conservador y, a la vez, por esas esenciales insuficiencias de algunas
manifestaciones tericas y prcticas de, respectivamente, el nuevo y el viejo
paradigma, aislndolos y produciendo la ruptura entre uno y otro, es por lo
que me parece importante proponer, por el contrario, la necesidad y la utili-
dad de su complementariedad: un tercer paradigma, si se quiere seguir
hablando as, el del socialismo democrtico, que aune y supere los reduccio-
nismos tanto del viejo paradigma socialdemcrata como del nuevo de carc-
ter libertario, es decir, que se construya contando a la vez, en interrelacin
crtica, con las instituciones polticas democrticas y los movimientos de base
de la sociedad civil. No digo ya insist en ello que sea fcil semejante
mtodo el socialismo es difcil, pero en lo que s me ratifico es en que
tal dificultad .merece el esfuerzo, terico y prctico, y en que dicho plantea-
(16) Acerca de las esenciales limitaciones del nuevo par adigm a y de las graves
dificultades (imposibilidades) de los nuevos movimientos sociales para presentarse como
absoluta y exclusiva clusula sustitutoria de las instituciones jurdico-polticas, e in-
cluso en ruptura con ellas, me he ocupado en el libro
De la maldad estatal...,
ya varias
veces citado aqu
supra
nota 1), en concreto en su captulo IV sobre Claus Offe:
Lgica del capital y democracia representativa; cfr. especialmente para esa no solu-
cin final, pgs. 260 y sigs. Me alegra constatar que en el ltimo Offe New Social
Movement,
cit., pg s. 51 y 75 y 88, entre otras) hay un a pre visin m s abierta , du alista
(accin institucional y no institucional), acerca de los nuevos movimientos sociales
siendo posibles alianzas como luego veremos de algunos sectores de stos con las
instituciones polticas: se ha pasado, pues, en l creo de la ruptura necesaria a la
alianza posible.
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miento.me parece hoy el ms concorde, en sus exigencias de fondo, con el
socialismo y con la democracia.
En perspectiva en amplia parte, no en todo, coincidente con lo que aqu
se viene proponiendo buscando tal vez una mayor operatividad, vlida
tambin a ms corto plazo, Virgilio Zapatero ha insistido, de acuerdo con
una buena lnea general, en la necesidad de hacer compatible en nuestros
das la accin eficaz a travs del Estado social con una mucho ms fuerte
presencia y efectividad de las asociaciones intennedias que componen el total
entramado del tejido social (17).
No poco de lo que hace, o no hace, el Estado podra hacerlo, y mejor,
la sociedad, suele afirmarse hoy desde muy diversas orientaciones. Est bien:
pero el problema, uno de los problemas, es que dentro de la sociedad hay
cosas muy dispares y hasta contradictorias, desde poderosas corporaciones
a nuevos movimientos sociales pasando por un crecido nmero de ms o me-
nos espontneas autoorganizaciones de todo tipo y condicin. El gran pacto
social exige, como despus veremos, dejar bastante en claro quin distribuye
las competencias y cmo se distribuyen, quin y cmo concreta en cada mo-
mento ese pacto social; es decir, cul es la funcin del Estado en la organiza-
cin o coordinacin de todas esas fuerzas y sectores sociales; y cul es el
mejor reparto para la consecucin del inters o bienestar general. De ello
dependen, en definitiva, las diferencias entre los idearios conservadores, por
un lado (ms libertad para las corporaciones, inevitablemente dentro de
su lgica ms libertad para las ms grandes), y los idearios socialistas por
otro, donde todos, a travs del Estado democrtico y en autoorganizacin
colectiva, deben planificar en libertad la libertad pblica de todos; por su-
puesto que esa diferencia en los mtodos implica tambin decisivas diferen-
cias en los objetivos que se pueden coherentemente proponer y, ms an, en
los que realmente se pueden alcanzar.
(17)
VIRG ILIO ZAPATERO:
El futuro del Estado social, en la obra colectiva sobre
El futuro del socialismo, ya citada aqu supra nota 2), pgs. 65 y sigs. Aunque quiz
no venga del todo a cuento, no querra dejar de recordar que esta revalorizacin actual
de las asociaciones intermedias, en que tanto se insiste hoy desde planteamientos so-
cialistas, coincide y tiene entre nosotros como importante aunque es verdad que no
nico precedente, algunas de las mejores propuestas en ese mismo sentido de los krau-
sistas e institucionistas espaoles del pasado siglo y del actual. Puede verse en torno a
ello mi libro sobre
La filosofa social del krausismo espaol
(1973), 2.
a
ed. , Fernando
Torres Editor, Valencia, 1983; y para, desde ah, mi consideracin de algunas expresas
relaciones entre institucionistas y socialistas, otro posterior
Socialismo en Espaa: el
partido
y
el Estado,
Mezquita, Madrid, 1982, en concreto su captulo primero sobre
La Institucin Libre de Enseanza y el Partido Socialista Obrero Espaol.
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Pero son ciertas hoy varias cosas en relacin con ese dual y gradual Es-
tado social, y vuelvo con ello a consideraciones en las que tambin Virgilio
Zapatero insiste: primera, que el Estado actual es como expresivamente
se dice demasiado pequeo para las cosas grandes (precisando traspasar
parte de su soberana y capacidad de gestin a organizaciones pblicas de
mbito internacional) y demasiado grande para las cosas pequeas (justifi-
cndose devolver parte de su soberana a entidades o comunidades autno-
mas de carcter nacional-regional o local); segunda, que el Estado no tiene
por qu encargarse directamente de la produccin de todo tipo de bienes y
servicios, incluso aquellos que, por sus caractersticas (pero no slo por los
beneficios que proporcionen), pueden estar mejor atendidos por empresas pri-
vadas o de autoorganizacin social, en rgimen de exclusividad o en formas
mixtas y compartidas, que pueden funcionar tambin en un sistema de merca-
do no incontrolado; tercera, que en cambio el Estado debe encargarse y no
debe para nada abandonar sectores clave de la produccin que sean conside-
rados ms adecuados (y no slo porque produzcan prdidas) para ese tipo de
organizacin y produccin; cuarta, que, en todo caso y esto me parece
decisivo, deber ser a travs de una planificacin democrtica como se
establecer ese adecuado reparto de competencias: economa mixta, pues,
pero con organizacin flexible y democrticamente planificada. Esto creo que
tiene algo que ver con el socialismo y desde luego que con lo establecido en
nuestra Constitucin (por lo que enlazo expresamente con lo sealado antes,
en el segundo epgrafe de estas mismas pginas) (18).
Objetivo preferente, exigencia ineludible de un buen Estado social a la
altura de nuestro tiempo es lograr la efectiva satisfaccin para todos los ciu-
dadanos por esas diferentes vas de un buen ncleo central de necesida-
des bsicas entendidas con criterio racionalmente expansivo: sera sta la
aplicacin hoy ms concreta de la regla de igualdad para lograr un Estado
y una sociedad verdaderamente democrticas, adems claro est de la
imprescindible igualdad ante la ley. Pero, a su vez, parece totalmente justo
que en las condiciones actuales dicho Estado reserve la estricta gratuidad de
ciertos bienes y servicios, as como su atencin ms preferente, para los sec-
tores sociales menos favorecidos, para los peor situados cuando no clara-
mente marginados, como forma precisamente de avanzar con hechos positi-
vos hacia esos necesarios, lgicos, niveles de mayor igualdad. Es decir, ade-
(18) Para esas potenc ialidades de la Con stitucin, reenviara a mi escrito El Esta-
do democrtico de Derecho en la Constitucin espaola de 1978, comprendido en mi
libro
Socialismo en Espaa,
citado en la nota anterior, donde (pgs. 171 a 247) pueden
tambin ampliarse cosas sobre los caracteres y exigencias del neocapitalista Estado so-
cial y del, en fase abierta hacia el socialismo, Estado democrtico de Derecho.
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ms de lograr una igualdad bsica para todos (igualdad, pues, para ciudada-
nos que siguen siendo desiguales), se tratara por utilizar la frmula clsi-
ca de establecer una desigualdad para ciudadanos desiguales, pero justa-
mente de signo inverso a la desigualdad tradicional y a las fcticas capaci-
dades y disponibilidades de cada cual; sera as, por tanto, una desigualdad
contraria a la desigualdad, una desigualdad orientada hacia la igualdad, o
hacia una mayor igualdad, pues, en mi opinin, el ejercicio de la libertad y el
derecho a la diferencia son tambin valores que, dentro de esos lmites, deben
en todo caso preservarse y mantenerse.
4.
El problem a, ya se seal antes, es cmo organizar y hacer funcio-
nar en cada situacin concreta el gran pacto poltico y econmico-social.
Tal pacto (que de un modo u otro deber comprender en su mbito a todos los
actores, institucionales y no institucionales) no podr desde luego dejar de
tomar en consideracin, por un lado, la existencia emprica, y por lo general
con un gran peso histrico, de ciertos poderes fcticos y de fuerzas preemi-
nentes del implantado modo de produccin; y, por otro, la exigencia demo-
crtica de la voluntad popular expresada libremente a travs del sufragio y
las decisiones de las grandes mayoras, que, con el debido respeto a las mino-
ras, es quien debe prevalecer. De la interrelacin compleja en cada circuns-
tancia concreta de esos y otros elementos, actuantes en los mbitos de la so-
ciedad civil o de las instituciones polticas, derivarn diferentes posibilida-
des, diferentes modalidades y tipologas de ese gran pacto poltico y econ-
mico-social, impulsado siempre en democracia desde la soberana popular.
Tal vez podra representarse todo ello en el grfico que va aqu en la
pgina siguiente, donde tambin se indican, con algn riesgo de esquema-
tismo, las principales inflexiones, actores, sujetos o instituciones y or-
ganizaciones que predominan en cada una de esas concretas posibilidades,
dentro siempre esto conviene que quede muy claro de ese gran marco
comn que es el pacto general. Los diferentes acuerdos concretos expresan,
pues, en cada momento, las diferentes modalidades cada una de ellas con
sus coherentes implicaciones y diversos significados dentro de ese gran
pacto general, primero social y preconstitucional, es decir, expresin del po-
der constituyente, y despus, sobre todo poltico y posconstitucional, es decir,
expresin del poder constituido.
Aunque la cosa no tenga mayor misterio, y hasta se adivinen perfecta-
mente cules sean los sujetos y las orientaciones de los pactos ms concor-
des hoy con el socialismo democrtico aqu propugnado (repito, dentro
siempre del marco total del gran pacto social pre y posconstitucional), quiz
tampoco sea por entero inoportuno hacer aqu algunas breves advertencias
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INSTITU ION S POLTIC S Y MOVIMIENTOS SOCI LES
explicativasy otras consideraciones valorativas y crticas acerca del hipotti-
cofuncionamiento del referido esquema.
Laprimera y principal para puntualizar que no hay confundidas en l
dos
legitimidades, una institucional y otra social, con evidente riesgo (si
VP
T
I I
NMS
6
4
S o c i e d a d C i v i l
(5) . ' ^ \ . (3)
1
CO
2
nstituciones
poltic s
Componentes o actores principales (adems de los indicados en siglas, y entre;
ellos, se situaran claro est: por un lado, las diversas instituciones y plurales fuerzas
polticas que cubriran tambin todo el amplio espectro del centro poltico; por otro,
toda la gama, mayor o menor, de asociaciones intermedias que componen el tejida
social):
DI Derecha institucional II Izquierda institucional
CO Corporaciones ST Sindicatos
VPF Viejos poderes fcticos NMS Nuevos movimientos sociales
Taxonoma del pacto:
Pacto 1: Pacto bsico institucional-constitucional
Pacto 2: DI y CO + VPF
Pacto 3: DI y ST + NMS
Pacto 4: Pacto social no institucional
Pacto 5: II y CO + VPF
Pacto 6: II y ST + NMS
fuese as) de graves disfuncionalidades e, incluso, deslegitimidades (19). Se-
tratade dos diferentes momentos: funcionando ya el sistema, yo dira, siem-
prelo he dicho, que la legitimidad fundamental de origen social es la
(19) Hago esta precisin para responder a la muy importante advertencia y obje-
cin en ese sentido hecha oralmente por el profesor Francisco Laporta a una primera
aproximacin ma a estas cuestiones: si a l precisamente se le suscit esa duda,
imagino que a otros con similares preocupaciones muy bien puede ocurrirles lo mismo
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ELI S D Z
que se expresa en el pacto constitucional, base a su vez (con todo lo que
implica y aporta en sus relaciones con la sociedad civil) del pacto 1 institu-
cional: tal pacto formalizado, prevalente, podra, pues, denominarse pacto
institucional-constitucional. Pero afirmado eso (democracia institucional, plu-
ralista y representativa), me parece tambin cierta su insuficiencia si despus
se aisla y escinde de la sociedad civil o de algunos de sus sectores ms din-
micos y progresivos: necesidad, pues, junto a la anterior, de una democracia
tambin de carcter y alcance econmico-social. De todos modos tambin
sta se encuentra acogida en el marco de la Constitucin; por eso insist antes
en la importancia de ver a la Constitucin como zona de convergencia, como
factor de mediacin, entre una teora (democrtica) de la legitimidad y una
teora (crtica) de la justicia. Lo que, sin embargo, se hace despus del pacto 1
es diversificar y concretar opciones.
Otras de las cuestiones sobre las que habra que extenderse mucho ms
.son todas aquellas implicadas en el complejo significado del trmino socie-
dad civil, hoy de uso (y hasta de abuso) tan frecuente (20). Pero tampoco
puedo yo entrar ahora a fondo en todo lo que hasta el presente est tras ese
(20) Para situarse bien, lo cual no quiere decir acrticamente, en dichos temas, nada
mejor que leer el importante libro de SALVADOR G INE R: Ensayos civiles, Ediciones
Pennsula, Barcelona, 1987, y dentro de l sobre todo los captulos segundo, en torno
a los avatares de la sociedad civil, y tercero, sobre clase, poder y privilegio en la so-
ciedad corporativa; todos los dems captulos son tiles asimismo para otras diferentes
partes de estas pginas mas. Por el momento yo slo hara a Salvador G iner la siguien-
te observacin, pregunta ms bien: No hay en alguno de sus anlisis concretos un, a
veces,
indiferenciado o no suficientemente diferenciado rcelo a las erosiones (pgi-
nas 62 y sigs.) a la sociedad civil por ejemplo, a las procedentes de la expansin es-
tatal, siendo as que segn l dicha sociedad civil (pg. 54) va inextricable-
mente unida al auge y consolidacin del capitalismo, la civilizacin burguesa y la de-
mocracia liberal? Por supuesto que en el conjunto del libro, o de sus otras obras,
queda perfectamente claro que hay erosiones (fascistas, totalitarias) destructoras de
lo mejor de esa sociedad civil, potenciando lo peor, y limitaciones legtimas (democr-
ticas,
socialistas) de esa sociedad burguesa, fortaleciendo y extendiendo su libertad a
travs de alguna importante mayor igualdad real. El instrumental conceptual y terico
del libro de Salvador G iner es, me parece, el ms adecuad o para com prender y ana-
lizar crticamente
El retorno de la sociedad civil
(Instituto de Estudios Econmicos,
Madrid, 1987) del liberal casi puro que es hoy creo Vctor Prez Daz, de quien
a su vez yo indagara: quines son los sectores de la sociedad civil que retornan
segn se nos anuncia, y quines son los que dirigen tal retorno? Los movimientos so-
ciales nuevos no parece que, sin haber sido antes, puedan retornar: no ser que re-
tornan los de siempre, los que en realidad nunca se fueron? De qu sociedad civil
se ha bla ?: ser ojal esa sociedad civil que p g. 10 erosion al fran-
quismo? Sin duda que resultar muy til para todos seguir clarificando, debatiendo y
.profundizando sobre estas y otras tan decisivas cuestiones.
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INSTITUCIONES POLTIC S Y MOVIMIENTOS SOCI LES
concepto, desde las diferentes posiciones de Hobbes, Locke o Rousseau (y de-
otros anteriores o contemporneos) en cuanto salida de un ms o menos
asocial estado de naturaleza,.hacia un estado situacin de sociedad
(poltica o no) pasando por la hegeliana
brgerliche Gesellschaft
y la inver-
sin marxiana de su relacin con el Estado. Uso aqu el trmino sociedad-
civil (tal vez hubiera sido ms prudente dejarlo en sociedad a secas, o
en algo ms impreciso como tejido social, o, sencillamente, en organiza-
ciones econmicas y sociales, o sea no polticas) para significar el lugar, el
alojamiento, de organizaciones precisamente no polticas, no institucionales,,
tan diferentes como esos viejos poderes fcticos, las corporaciones econ-
micas o profesionales, los sindicatos y los nuevos movimientos sociales,
quedando en medio y ahora lo hago ms explcito todo ese entramado
de autoorganizaciones o asociaciones no gubernativas ni institucionales de
muy diferentes fines (culturales, benficas, educativas, deportivas, etc.) a que
ya he aludido aqu como, al menos, necesario complemento hoy del Estado
social y que, en mayor o menor medida, de siempre han actuado en las con-
cretas sociedades histricas; mucho ms en unas que en otras, desde luego:
por ejemplo, mucho ms en Inglaterra que en Espaa (21).
En ese contexto de interrelaciones complejas entre instituciones polticas
y sociedad civil (comprendiendo en ella, por tanto, desde las grandes corpo-
raciones preferentemente econmicas y profesionales hasta los nuevos movi-
mientos sociales) es donde tienen lugar esos posibles diversos tipos de pactos
que,
como resultado final, conforman y configuran el carcter, significado y
orientacin de la que, sin ms problemas de fondo, podemos denominar aho-
ra en su conjunto como totalidad social concreta.
La base, ya se ha dicho, es el pacto institucional y constitucional pac-
(21) En tre la reciente bibliografa espao la sobre algunos aspectos de esta am plia
temtica, tratados en un anlisis com parativo , (y libre de m uchos tpicos) de los m o-
delos Montesquieu y Rousseau, ser de utilidad la lectura del muy documentado y
bien construido ensayo de MARA DELCARMEN IG LESIAS: LOS cuerpos intermedios y
la libertad en la sociedad civil, Instituto de Administracin Pblica, Alcal de Hena-
res, 1986. Como subraya la au tora (pg . 15), en respectivamen te uno y otro de esos dos
importantes autores clsicos se han apoyado dos tipos de representacin poltica, que
muy bien podemos reencontrar en nuestra actualidad alrededor del debate sobre los
costos y las ventajas de una democracia en la que funcionen los cuerpos polticos inter-
medios o, por el contrario, de una democracia plebiscitaria en donde la relacin entre
el poder poltico y la soberana de] pueblo se realice sin instituciones intermedias-
Debate concluye Mara del Carmen Iglesias en ocasiones agrio y de consecuencias
concretas y decisivas para todos nosotros. Cfr. ltimamente, con grandes reservas hacia
ese concepto, el artculo de JOS LUIS L. ARANGUREN: Un juego lingstico con tram-
pa: la sociedad civil, en
El Pas,
Madrid, 19 de diciembre de 1987.
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ELI S
D Z
to
1 en que se concreta la fundamental actuacin del poder constituyente.
A
partir de ah y a partir de ese momento, se inicia la accin, y la poltica,
de
los poderes constituidos, impulsados siempre no se olvideestopor la
soberana
popular y la regla de las mayoras. Segn sean
stas,
la direccin
del
pacto podr y deber corresponder, respectivamente, a la derecha o a la
izquierda
institucional o, por supuesto, al centro o a coaliciones de todos o
de
algunos de
ellos:
todo es gradual, aunque aqu se simbolice slo en los
polos de referencia designados como derecha e izquierda institucional. El
pacto2 expresa puede decirse el gobierno natural (la mayora natu-
ral
de la derecha, con mayor o menor inflexin hacia el consenso tambin
con
asociaciones intermedias e, incluso, intentando algn tipo de nada fcil
entendimiento
con los sindicatos. Puede darse ah algn tipo de complemen-
tariedad
con el pacto 3, en el que la derecha busca tambin apoyo para su
programaen el sector romntico-rural, antimoderno y antiindustrial, que
confundido,
por ejemplo, con el ecologismo cabe que haya encontrado
alguna
ubicacin dentro del amplio espectro de los denominados nuevos
movimientossociales (22).
(22) De hecho, Claus Offe (New Social Movements, cit., pgs. 43, 70 y 88, entre
otras) sita dentro del marco de los denominados nuevos movimientos sociales tres
sectores bien diferenciados: en primer lugar, una nueva clase media compuesta por
intelectuales, tcnicos, profesionales, de formacin preferentemente universitaria, que
son el principal substrato social de los grupos ecologistas, pacifistas, feministas, etc.;
en segundo lugar, sectores marginados, no mercantilizados, es decir, situados fuera
del mercado, tales como parados, amas de casa, jubilados, pensionistas, grupos tnicos
discriminados, etc., y finalmente, en tercer lugar, residuos de viejas clases medias de
mentalidad agraria, romntica-rural, antiindustrial, recelosa de la tcnica, etc. Este
tercer sector es el que, en el esquema que estoy desarrollando aqu, protagonizara ese
mencionado pacto 3 con la derecha institucional. A diferencia de lo que ocurra en
obras suyas anteriores, el ltimo Offe como ya he resaltado antes ve ahora como
ms posible la alianza entre esos dos primeros sectores de los nuevos movimientos so-
ciales y la izquierda institucional: sera, en mi esquema, el pacto 6. Como se ve y ya
seal con anterioridad cfr. nota 12, estoy tomando aqu esta investigacin de
Offe como base e incitacin inicial para esta parte concreta de mi trabajo; adems de
otras diferencias de enfoque general, y de otras quiz de menor entidad, mi propuesta
ira ms en la lnea de una fundamentacin de conjunto del pacto global, poltico y
social, en trminos de legitimidad y justicia, por lo que junto a los nuevos movimien-
tos sociales tomara tambin en consideracin otros segmentos y asociaciones inter-
medias de Ja- denominada sociedad civil que Offe ms radical no parece contem-
plar en el pacto con la izquierda institucional. Cfr. tambin aqu la nota de MIGUEL
PORTA sobre Los movimientos sociales, en Leviatn, nm. 28, verano de 1987, p-
.ginas 109-112. Tambin Salvador Giner
ob. cit.,
pgs. 208-209) ha insistido entre nos-
otros en la perentoria necesidad de revitalizar el socialismo haciendo suyos los obje-
tivos (pacifista, ecologista, feminista, antinuclear, comunitario, etc.) que han protago-
nizado los nuevos movimientos sociales.
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Un riesgo, una fcil proclividad del pacto 1 institucional es la muy nega-
tiva tentacin de excluir del mismo a todo, o a lo ms progresivo, de lo no
institucional: la gran coalicin, formalizada o fctica, entre partidos con
grandes mayoras, pero de muy diferente significacin dentro del espectro del
arco parlamentario, pudiera hacerse, de hecho as se est haciendo frecuen-
temente y constituye pienso un gran error, a costa de excluir del mismo
a amplios sectores de la sociedad civil, especialmente como digo a los
grupos con demandas ms avanzadas y a los ms marginados de entre los
que forman parte de los llamados nuevos movimientos sociales. Una exclu-
sin similar, y de implicaciones an m s perjudiciales, se produce pacto 5
cuando es la izquierda institucional la que, por unos u otros motivos, con
unos u otros (no en todo equiparables) condicionamientos, pacta de hecho
preferentemente con los sectores ms conservadores del cuerpo social (gran-
des corporaciones econmicas y viejos poderes fcticos), dejando muy en se-
gundo plano las demandas sindicales y las, no siempre fcilmente coinciden-
tes, de los sectores marginados (23).
Un contrapunto, tambin reduccionista, del pacto institucional 1 cuando
el poder poltico se separa de la sociedad civil y prescinde fundamentalmen-
te de los movimientos de base, viene a producirse cuando aqulla, tanto estos
movimientos como la mayor parte de las organizaciones sociales, aceptan y
hacen suya, por as decirlo, dicha situacin, pero invirtindola, consagrando
pacto 4 la preferencia o la absoluta necesidad de lograr unos u otros
objetivos (muy diferentes e, incluso, contradictorios, pero esto no siempre es
advertido) por las vas de la exclusiva accin social y prescindiendo (o fin-
giendo prescindir) en mayor o menor grado de las instituciones jurdico-
polticas estatales. El espectro del pacto 4, pacto que como provocacin
podramos llamar liberal-libertario, es enormemente ambiguo y creador
de peligrosa confusin; pero es el caso y es verdad que ambos sectores coin-
ciden hoy con demasiada frecuencia en la ideologa del rechazo o en la crtica
casi total a las instituciones del actual Estado social, complacindose en la
cantinela sin ms de la inevitable e insalvable maldad estatal, reservando para
una idlica sociedad civil toda posible bondad y efectividad.
Los liberales, tal vez sera mucho mejor decir los conservadores neolibe-
rales exclusivamente economicistas (nada o muy poco que ver con los libera-
les ticos de antao, y de hogao), saben bien cules son sus objetivos los
del capital al pedir el Estado mnimo y la disminucin de la intervencin
(23) Cfr. en relacin con estos y otros problemas conex os, el nm ero m onogr-
fico 80-81 de la revista Sistema sobre Estado de bienestar y opciones de poltica eco-
nmica, Madrid, noviembre de 1987.
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estatal (excepto para la proteccin de la propiedad, el mercado y su seguri-
dad): su modelo de sociedad no es la defensa de la libertad, sino la defensa
del capital. Muy otros son los libertarios, los verdaderos libertarios, el viejo
y pacifista anarquismo libertario, de siempre de izquierdas (aunque anar-
quismo lo hubo tambin violento, partidario de la accin directa). A esos
libertarios de accin pacfica, social y sindical, me refiero nada que ver
con su traduccin norteamericana actual cuando reivindico aqu su traba-
jo en la sociedad civil para una plena realizacin de la libertad, inseparable,
pues,
de la igualdad. Pienso, no obstante, que sus vas de actuacin de ca-
rcter casi exclusivamente social (y cultural) debieran, en mi opinin, comple-
mentarse para esos mismos objetivos con una praxis por va tambin
institucional, cuya conjuncin vengo propugnando en estas pginas como la
ms propia y especfica del socialismo democrtico.
Y en ella es donde evidentemente no sin resistencias de los actores
del pacto 2 se inscribe el auspiciado pacto 6, que auna, de modo preferen-
te,
la izquierda institucional y amplios sectores de la sociedad civil, asocia-
ciones de base, autogestionadas, de muy diverso fin y, de manera muy espe-
cial, sindicatos y sectores progresivos y marginados de los nuevos movimientos
sociales. Es completamente cierto que todos esos sectores no presentan de
fado
demandas siempre armnicas, al contrario con frecuencia son opuestas
y/o contradictorias entre s. Y tambin es cierto que no siempre lo social es
racional (tampoco lo institucional); por tanto, la crtica y la autocrtica son,
en ambos mbitos y en todo momento, completamente necesarias. La racio-
nalidad de la legitimidad democrtica y de la teora de la justicia debern
siempre considerar y valorar unidas ambas dimensiones, aunque insisto
en ello, pues es fundamental en los asuntos pblicos la legitimidad (demo-
crtica) institucional-constitucional proporciona siempre la base absoluta-
mente imprescindible para esa ltima racionalidad que se exige de una teora
crtica de la justicia.
As, pues, desde ese pacto 1 institucional-constitucional y, si hay para
ello apoyo social y electoral, desde un pacto 6 ampliado a todos los sectores
de la sociedad civil partcipes en dicho proyecto es, desde donde, para el
socialismo democrtico, habrn de enmarcarse (la frmula sera, pues,
1 + 6) el resto de los pactos, y entre ellos, por supuesto, el muy importante
que,
con modificaciones, incorpora e integra en la totalidad tambin a las
corporaciones (economa mixta) y a los organismos y entidades que algo
peyorativamente lo reconozco hasta ahora he designado aqu como vie-
jos poderes fcticos, los cuales, a su vez, dentro de ese marco, ganaran no
poco en legitimacin y hasta en tica justificacin.
Entiendo que a travs de todos estos elementos se proporcionan algunos
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materiales vlidos, tericos y prcticos, para avanzar y profundizar en la cons-
truccin actual de una.sociedad democrtica. No se haba pretendido, tam-
poco aqu, llegar a conclusiones definitivas y definitorias sobre la tica y
sobre la justicia, tampoco ni siquiera sobre la poltica, aun siendo profesor
quien esto escribe del rea de esas tres especialidades. Slo se aspiraba a
complementar la anterior justificacin de la democracia con una, hoy espe-
cialmente necesaria, justificacin del socialismo: todo ello en la confianza
racional de que, a pesar de todo, y junto a sus valores propios en el
mbito social y poltico, stas, las del socialismo y la democracia, son tambin
las mejores vas para avanzar en nuestro tiempo hacia aquellas ltimas metas
del conocimiento y de la accin humana.
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