El señor de la corte

Natalia AguiarA mis padres, que me enseñaron el valor del trabajo y la honestidad.

A mi hermano, socio en las buenas y malas.

A mis abuelos. A Lola, Tommy y Francis.

A mis entrañables amigos y compañeros de ruta.

Y a los que, desde su lugar, luchan por la justicia y un país mejor.

PrólogoPensar en el Poder Judicial de Argentina es tener que pensar mucho y no

siempre bien. La sospecha sobre miembros de un cuerpo, sin cuya existenciala democracia resultaría imposible, sobrevuela con insistencia desde hacedécadas. Una porción significativa del Código Penal podría adaptarse, comouna segunda piel bajo la toga, a jueces que tuvieron que salir por la puertatrasera de sus Juzgados. La misma hipótesis podría aplicarse a determinadosmagistrados que siguen en actividad. El destello que produce el reflejo de laplata provocó –y provoca– ceguera en la ambición de riqueza de esos hombres–y a veces mujeres– que un día eligieron olvidar que representan lo mássagrado de una sociedad: la justicia.

Los medios de comunicación -con todas sus limitaciones y diversidad depropósitos- nacieron con la obligada vocación de denuncia de aquellosfuncionarios e instituciones que se traicionan a sí mismos y emponzoñan unpaís. Los periodistas argentinos que conocen de memoria los pasillos de lostribunales de Comodoro Py y las escalinatas del Palacio de Justicia de laNación, que es la casa de la Corte Suprema, fueron, en ocasiones históricas,valientes acusadores de aquellos que están más lejos que cerca de la ley. Elrespaldo de las empresas periodísticas en su trabajo supone una garantía ytranquilidad para ese investigador que tiene los ojos abiertos y el resto de lossentidos, en permanente estado de alerta.

Denunciar el abuso de poder e identificar las diferentes caras de lacorrupción no es tarea fácil para nadie. Mucho menos para alguien que, comoNatalia Aguiar, no ha tenido a su lado el blindaje de una redacción. Tampocodebió ser sencillo sumergirse en registros mercantiles de Buenos Aires aSalta, con escalas diversas y parada obligada en Rafaela, ciudad denacimiento del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Luis Lorenzetti. Eldesafío, visto y leído este libro, alcanzó proporciones enormes al rastrearsociedades encadenadas para tratar de localizar al creador de un tablero depiezas diseñado para engordar las alforjas propias a costa de las públicas.

El periodista de investigación –en nuestro caso la periodista– vio

multiplicar sus retos al abrirse paso en el camino del presupuesto de laJusticia. Hacerlo significó toparse con sorpresas impactantes. La primera,obras públicas asignadas a constructoras que no llegan a colocar los cimientoso cuando lo hacen, se sostienen con la firmeza de un castillo de naipes. Elejemplo forma parte de una larga serie de hallazgos del libro que dan vértigo.

Zambullirse en los charcos del Poder Judicial puede producir ese efecto.También, superar la capacidad de asombro: Contratos de sistemasinformáticos que colapsan, intento de asalto tecnológico a los procesoselectorales o el destino poco transparente de cientos de millones –o quiénsabe si miles–, son algunos casos que vuelca la autora en estas páginas paraarrojar luz donde pareciera imponerse la noche o, deliberadamente, elsilencio.

“Hacéte amigo del juez”, propone José Hernández en el Martín Fierro.Cumplir con la invitación (lo que significa) es, precisamente, lo que no hizoNatalia Aguiar. Periodista y abogada entendió que las causas de los pobres –yArgentina lo es en la Justicia– no pueden estar sometidas a acuerdos depulpería. Natalia pasó una década larga atenta a las palpitaciones de losdiferentes miembros de la Corte Suprema, conoce cada rincón del Palacio deJusticia y hasta el color de los ladrillos –los limpios y los otros– de la máximainstancia judicial.

Este libro es la prueba de su tenacidad, de la dignidad de una mujer, deuna periodista, que estuvo, parodiando la película de Fred Zinnemann, solaante el peligro de rescatar la verdad. No tuvo detrás un equipo o una cabeceraque la sostuviera. El resultado de su esfuerzo es la disección profesional deRicardo Lorenzetti, el máximo responsable de esa Justicia que Argentina –y elmundo que la conoce- miran con recelo.

La historia del Presidente de la Corte de la Nación pudo ser la historiacristalina de una mente brillante. La biografía que narra Natalia Aguiar pudoser la del hombre que la mayoría de los argentinos pensó que era, cuando ledesignó el ex presidente Néstor Kirchner pero, no lo es. El jurista capaz deponer equilibrio, ser el fiel de la balanza incondicional de la justicia, templarcon las presiones de otros poderes y evitar las tentaciones identificadas con elcolor del dinero, no es el que asoma en la mayoría de las páginas de estelibro. En su lugar aparecen términos que ofenderían a una persona de bien:

testaferros, fallos tarifados, traición, adjudicaciones a dedo y otras que ellector descubrirá en este informe minuciosamente documentado. También, conjusticia, tendrá el lector la versión del protagonista o su derecho a réplica. Elbroche final es una entrevista que abruma como empieza y desconcierta comotermina.

Este libro, en resumen, es una denuncia sin miedo, con documentos comoprueba más que indicios, que los hay y son muchos. El Señor de la Corte, Lahistoria de Ricardo Lorenzetti está repleto de citas y testimonios con nombre yapellidos. Es un trabajo de investigación y desencanto pero también deesperanza. Sin la colaboración de aquellos que ponen su voz al servicio de laperiodista, sin el archivo y la información lograda –parte con ayuda de otrosjueces, abogados, políticos y miembros de la Judicatura que creen en lajusticia–, sospecho que Natalia Aguiar no podría haber llegado tan lejos.

Todas las sociedades, y la Argentina no es una excepción, necesitansentir que la justicia existe. El imperio de la ley es el único ordenamientoimperativo que los ciudadanos entienden imprescindible para sobrevivir congarantías mínimas de seguridad, desarrollo y dignidad. Descubrir el ladooscuro en la cabeza de la Justicia y de rebote en buena parte del resto delcuerpo, pese a las apariencias, es positivo. Saber quién es quién permiteidentificar a los jueces honorables y estos, aunque a veces surja la duda,existen y son muchos. Algunos, figuran en estas páginas.

Carmen De Carlos

Periodista. Corresponsal de ABC.

Directora de SudAméricaHoy

Capítulo IPor encima del bien y del malCon más de diez años al mando de la Corte

Suprema, Lorenzetti se volvió un hombre temido y con un poder de influenciade niveles insospechados. La historia oficial del juez supremo. Macri,presidente electo. La primera de Lorenzetti en la frente: el fallo de lacoparticipación. La venganza. La puñalada por la espalda a Fayt. Operadores,presiones y la retirada de Oyarbide. Con la Justicia a sus anchas, ahora ibapor la política: el asalto (frustrado) del presidente de la Corte al sistemaelectoral. El hombre que lo enfrentó y le dijo no a Lorenzetti.

“En treinta minutos tengo que sacar el decreto, me lo pidió Mauricio(Macri)”. Las palabras de Germán Garavano, flamante ministro de Justicia,reproducían el enojo del presidente con Ricardo Luis Lorenzetti, titular de laCorte Suprema de la Argentina. La orden de Macri aquel 14 de diciembre de2015 fue categórica: “Tenemos que demostrar quién manda”. FabiánRodríguez Simón —“Pepín”, como lo conocen todos, abogado, hombre deconfianza del presidente y diputado del Parlasur— escuchaba sorprendido alministro.

Garavano le pedía asesoramiento para ver cómo adelantaban el decreto,del que “Pepín” era autor, y nombrar en comisión a los nuevos ministros de laCorte Suprema que debían cubrir las vacantes de Carlos Fayt y Raúl EugenioZaffaroni. Los elegidos de Macri eran Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

Tenían poco tiempo para resolver la situación. El gobierno buscabadevolver el “golpe”1 que había recibido de Lorenzetti apenas dos díasdespués de ganar las elecciones. Al líder de Cambiemos y sucesor en la CasaRosada de Cristina Fernández de Kirchner ni siquiera le había dado tiempo aasumir la Presidencia cuando, por decisión de Lorenzetti, la Corte hizopúblico el fallo que, ahora, lo obligaba a enfrentar una millonaria deuda conlos gobernadores. Lo hiriente de la decisión no era únicamente el dañoeconómico a las arcas, semivacías, del Estado. Lo que ofendía a Macri y atodo el gabinete, era saber que esa sentencia había dormido el sueño de losjustos durante una década y llevaba, al menos, dos años firmada. El desafío

estaba servido y los más indignados eran los designados ministros de Interior,Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; el de Hacienda y Finanzas,Alfonso Prat Gay y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger.

A medida que conocían detalles, en el gobierno no podían creerlo. Elfallo había llegado a tener, incluso, la rúbrica de ministros fallecidos comoCarmen Argibay y Enrique Petracchi, además de la de Zaffaroni, el penalistaque se jubiló de la Corte en 2014 y desde entonces asesoró a CFK en lascausas que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py.

La sentencia del máximo tribunal, pese a estar firmada, estuvo congeladamás de dos años en la Secretaría de Juicios Originarios, a cargo de JoséMaría Irigaray, hasta que llegó la contraorden. Consciente de lo insólito de lasituación y del escándalo que podría armarse si transcendía, Irigaray, en 2013,mantuvo la siguiente conversación con Lorenzetti:2

—Doctor, en el sistema figura que el caso coparticipación está bajo miórbita. Los otros ministros (jueces de la Corte) vinieron a preguntarme larazón. ¿Puedo responder que es decisión suya? —inquirió temeroso.

De ninguna manera le habría contestado Lorenzetti.

—Pero mire que ya me preguntaron y uno de los expedientes tieneredactado un proyecto de resolución para que circule (Nota de la autora: en lajerga judicial es que la causa pase por las diferentes vocalías de los otrosministros para la revisión) —insistió el secretario a su jefe.

—Que siga figurando que lo tiene usted —remató Lorenzetti.La relaciónentre el flamante gobierno macrista y el Poder Judicial arrancó con aquellaresolución que declaró inconstitucional la retención del reparto de fondos quele correspondían a las provincias. El 24 de noviembre de 2015, la Corte fuedirecta al bolsillo del futuro gobierno. Tenía que desembolsar, de inmediato,$93.000 millones de pesos que correspondían a: 13.000 acumulados en el2016 más 80.000 de las provincias que presentaron la demanda: Córdoba,Santa Fe y San Luis.

La sentencia había generado divergencias entre los jueces de la Corte —o ministros, en el argot del Palacio de Justicia—. Elena Highton de Nolasco

discrepaba con sus pares y votó en disidencia. Esa decisión era un obstáculopara Lorenzetti que no podía contar, como deseaba, con todas las firmas yponer sobre la mesa una resolución unánime y sin fisuras. El anciano perolúcido Fayt —a días de dejar su cargo a los 97 años— y Juan Carlos Maquedaapoyaban al titular de la Corte, en la forma y en el fondo de la cuestión.

La dimensión de aquella medida, algo parecido a un puñetazo en lamandíbula de Macri antes de que subiera al ring de la Casa Rosada, laexplicaría más tarde Aníbal Fernández, jefe de Gabinete de CFK: “Es unacatástrofe” para el próximo gobierno porque “manda a la quiebra a laseguridad social”.3 El ex senador radical representante de la Cámara Alta enla Magistratura, Mario Cimadevilla, lo recuerda bien: “Si hubo una resolucióninoportuna fue la de la coparticipación. Lorenzetti debió convocar al Ejecutivoy plantearle el caso. Los jueces tienen que ser conscientes del problemaestructural que le generaron al Estado. Un juez que esté ajeno a la realidad delpaís no sirve para ser juez”.4 Para colmo, Cristina Fernández de Kirchner,todavía en la Rosada, se encargó de colocar otra mina en el camino delpresidente electo que asistía, incrédulo, a los zarpazos postreros del poder. El30 de noviembre, mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), laviuda de Néstor Kirchner ordenó devolver el 15 por ciento de la recaudacióna las provincias argentinas. La factura, naturalmente, la tenía que pagar susucesor. El mismo día de la accidentada investidura, Macri derogaría lamedida. Aquel 10 de diciembre de 2015 pasaría a la historia por la negativade CFK a traspasar el bastón de bando y colocarle la banda presidencial alsucesor porque al parecer se había negado a garantizarle impunidad judicial aella y a los suyos. “Yo no manejo a los jueces” —palabra más palabra menos— es la frase que le atribuyen como respuesta a Macri ante losrequerimientos, en los jardines de la quinta de Olivos, de quien por entoncesera la anfitriona.

La imagen del saludo de Lorenzetti —después de que el entonces titularprovisional del Senado, Federico Pinedo, le tomara el juramento—,5agarrándole la nuca con la mano al flamante presidente como si fuera unmuchachito, también forma parte de la historia.

Mientras el gobierno de Macri intentaba solucionar con senadores ygobernadores el conflicto planteado por la Corte y su antecesora, el supremo

juez maniobraba entre bambalinas para ganar terreno en una Corte que,sospechaba, podía darle más de un disgusto con sus futuros compañeros.“Richard” pretendía, sorprendentemente, que el presidente designara comoministros de la Corte a dos magistrados de su confianza. Se trataba de GustavoHornos —camarista de Casación— y Domingo Sesin —miembro del TribunalSuperior de Justicia de la provincia de Córdoba— quien había sido propuesto—sin éxito— por la mismísima Cristina Fernández. Célebre por la tenacidad einsistencia, Lorenzetti presionó, por distintas vías y de forma sistemática eininterrumpida, desde el día siguiente que Macri ganara las elecciones. Paraello recurrió, entre otros intermediarios, al ex senador Nicolás Tito Fernández,hábil abogado de ciertos asuntos privados y reconocido operador suyo.Cansado del acoso, Macri cerraría definitivamente las puertas a Tito y acualquier tipo de “negociaciones sobre los futuros jueces”, confió un asesor desu absoluta confianza.

El 14 de diciembre de 2015 el presidente, sin más contemplaciones,nombró ministros de la Corte por decreto y en comisión (pendiente deaprobación en el Senado) a Rosatti y Rosenkrantz en reemplazado de Fayt yZaffaroni.6 La decisión la adoptó sin consultar ni siquiera a Rodríguez Simón,ideólogo de la estrategia legal. Macri dio la orden a Garavano y el ministro lacumplió. Lorenzetti entendió el mensaje de Macri: el que manda, soy yo.

La decisión había tomado por sorpresa al titular de la Corte. Lo quetampoco sabía este era que el presidente precipitó las designaciones por elhartazgo que le causaban sus operadores y la ingeniería política que se veíaobligado a desarrollar para acatar el dichoso fallo de los fondos decoparticipación de las provincias. “A día de hoy seguimos sin saber por quése empeñó en sacar ese fallo. Fue una declaración de guerra sin sentido y, mástarde o más temprano, pagará por ello”, advierte un hombre del círculo rojomacrista. En el mismo sentido se manifiesta uno de los pocos amigos deLorenzetti: “Tampoco lo entiendo, pero él prefiere guardar silencio”.

Tal vez el presidente de la Corte sintió que ese era el momento políticopara emitir el fallo. O bien debía agradecer el nombramiento al kirchnerismoal que —además— libró durante una década de asumir la millonaria deudacon las provincias que hubiera significado un agujero negro en las arcas delEstado. Solo él sabrá a conciencia las razones que lo llevaron a tomar esa

decisión.

Lo paradójico del caso es que la idea original de Macri era esperar aseptiembre para, con los nombres instalados, se debatieran los pliegos en elSenado,7 donde el gobierno pretendía dar una señal de fortaleza.

Las repercusiones no tardaron en llegar. Elisa Carrió, diputada nacionaly aliada en Cambiemos, puso el grito en el cielo y anunció que presentaría unproyecto de ley para evitar la designación de jueces por decreto.8 Noreaccionó de igual modo el radical y ministro frustrado de Justicia, ErnestoSanz: “La Constitución lo habilita absolutamente al Presidente”, defendió elmendocino.9 En la Corte la medida de Macri provocó el esperado revuelo. Enuna cena de magistrados la ministra Highton de Nolasco se despachó, copa enmano, con esta ironía: “brindo por Montesquieu”. Al ex senador Cimadevillatampoco lo hacía feliz la noticia. “Los que están en falta son los jueces. Ellos—recuerda— pusieron en juego el contrato social. Deberían brindar porRousseau. El poder político debe garantizar la independencia y los juecesvolver a ser jueces de la ley y no amedrentar con el poder”.10

Con los ánimos caldeados, el presidente Macri se reunió con Lorenzettia mediados de diciembre de 2015. El encuentro fue, como no podía ser de otromodo, tenso, pero acordaron avanzar en la integración de la Corte con losnuevos ministros. Lorenzetti le aconsejó a Macri que los pliegos pasaran porel Senado.11 Confiaba en que la Cámara Alta los convertiría en papel mojadoy los mandaría de vuelta a casa. Se equivocó. Macri logró lo que quería,colocar en la Corte a dos personas de trayectoria indiscutible que, además deser juristas muy reconocidos, no tenían amistad ni relación con él. Es más, nisiquiera lo conocían personalmente.12

Carrió ya había denunciado que Lorenzetti “operaba” para sabotear en elSenado el nombramiento de Rosatti, por quien “Pepín” Rodríguez Simón lahabía consultado y ella había dado su visto bueno.13 Mirando fijo a la cámara,en entrevista con el periodista Luis Majul, se dirigió a él: “No sea hipócrita,usted es un corrupto. Está presionando, llamando senador a senador, para queno se designe a Rosatti en la Corte Suprema. Lorenzetti quiere serpresidente”,14 zanjó. La respuesta no se hizo esperar. El presidente de laCorte utilizó la página del Centro de Información Judicial (CIJ) para contestar:“Hay que pensar más en el país, en los que esperan que nosotros actuemos

como estadistas”. El juez, frontal, añadió: “Quiero aclarar que hace muchosaños que conozco al Dr. Rosatti y a su familia, y me une a él una relación demutua consideración, por lo cual desmiento absolutamente que hubiera algunagestión en contra de su nominación. Públicamente he declarado que ambosnominados son bienvenidos, y que nosotros no podemos intervenir en lasdecisiones del Honorable Senado de la Nación”.15

Los pliegos de los nuevos ministros (Rosatti y Rosenkrantz) fueronaprobados por el Senado el 15 de junio de 2016. Una nueva etapa comenzabaen la Corte Suprema.16

Rosatti asumió en junio de 2016,17 mientras que Rosenkrantz dos mesesdespués. Así quedó conformado el máximo tribunal que renovó NéstorKirchner cuando, en 2006, modificó la ley para reducir los integrantes denueve a cinco.

La incorporación de los nuevos ministros no fue una buena noticia parael protagonista de este libro. Puso en crisis el modelo de conducciónunipersonal de la Corte Suprema que había impuesto en los últimos diez añosLorenzetti, quien tiene mandato vigente hasta 2019.18

Sin piedad

Pero no fue ese el único episodio que mostraría la avidez de Lorenzetti.También ocurrió con el tratamiento dispensado a su par Carlos Fayt, testigodel ejército de sombras que lideraba Lorenzetti, como solían deslizar loscolegas. El juez decano no se imaginaría que aquel abogado de la ciudad deRafaela que llegó a la Corte en 2004, tímido y de bajo perfil, se aprovecharía—años más tarde— de su vejez y sería el camino a su perdición en septiembrede 2015. “Un ángel con la cara sucia” como lo definiría Fayt y de quien noquería ni escuchar hablar y tampoco le hubiera confiado nada. Conocía encarne propia la traición del juez supremo.

—Doctor, ¿dígame cuál es su secreto? —solía preguntarle Lorenzetti aFayt con tono socarrón.

—Los proyectos, que son los que alargan la vida —solía responder elministro, como una forma de prevenir la repregunta.

—Pero entonces, ¿no me va a decir cuántos años cumple? —insistíaLorenzetti.

—El hombre tiene la edad de la mujer que acaricia —contestaba sinrevelarlo, con la complicidad del interlocutor. No en vano Fayt se habíaganado la fama, pese a su edad, de ser el más suelto de lengua de laCorte.19El vínculo entre Lorenzetti y Fayt era de estima y cordialidad. Amboscompartían la pasión por el derecho y la obsesión por el trabajo, aunquetambién por la estética y la galantería. Cuando se encontraban, predominaba unambiente distendido. El humor era un punto de encuentro y de cada reuniónsurgía una anécdota. La admiración era mutua. Así como Lorenzetti veía enFayt un referente del “deber ser”, este —antes de que se sintiera traicionadopor él— lo consideraba un hombre trascendente, con capacidad yposibilidades de disputar la Presidencia de la Nación, como observó en unalmuerzo celebrado entre funcionarios judiciales. Aquellas declaracionesencendieron las luces de alarma en el kirchnerismo que, pese a hablar porentonces el mismo idioma con Lorenzetti, no perdía de vista que podía ser unadversario duro si se lanzaba como candidato. Para despejar temores y evitarembestidas del oficialismo, el supremo juez negó aspiraciones políticas, decualquier naturaleza, en una carta abierta publicada en el CIJ.20 “Continuaré—aseguró— en mis funciones como juez (…). La declaración del Dr. Fayt notuvo otro alcance que una expresión de amistad y de respeto, que refleja laexcelente relación que existe entre los miembros del Tribunal”.21

El kirchnerismo estaba convencido de que Lorenzetti lideraba una“minoría automática”, que se valía del supuesto deterioro cognitivo de Fayt,para manejar el tribunal a su gusto.22 La “embestida” desde el Ejecutivo, quenecesitaba con urgencia colocar a dos jueces más que le fueranincondicionales, no tardó en llegar. Aunque el objetivo era deshacerse deLorenzetti, a mediados de 2013 empezaron a tallar por el árbol que creían másfrágil. Fue entonces cuando comenzó la operación de acoso y derribo contraFayt con la coartada de su avanzada edad. Había cumplido 95 años.

La munición gruesa se disparaba desde todos los escenarios delkirchnerismo, pero la que ordenaba y dirigía el fuego, sin tregua ni compasión,era la presidenta que toda Argentina ya conocía por sus siglas: CFK. Ella nosoportaba que aquel anciano nonagenario no se hubiera jubilado después de

haber cumplido 75 años, como establecía la Constitución de 1994, como loreconocieron tres funcionarios del riñón K entrevistados para este libro. Elproblema que la ponía al borde del ataque de nervios era que no le podíanaplicar la reforma con efecto retroactivo. La “abogada exitosa”, como sedefinió en una ocasión, comprendía perfectamente que Fayt era intocable,salvo que se demostrase que no estaba en pleno uso y capacidad de susfacultades.

Era un momento complejo, triste. El juez más antiguo de la Corte23nunca imaginó encontrarse en una situación similar. El salteño, de origensocialista devenido en radical, había sido testigo de todos los gobiernos de lademocracia, conocía como nadie el sonido de las llamadas de teléfono delpoder —que él evitaba responder— y se sabía al dedillo los tejemanejes deunos políticos históricamente insaciables. Pero nunca antes había sentido tancerca de la garganta el filo de la guillotina que pretendía poner fin a unacarrera ejemplar, como lo afirmaron algunos familiares y colaboradores máscercanos.

El 2014 fue un año clave. Zaffaroni confirmó que renunciaría porimperativo legal en enero del año siguiente al cumplir 75 años.24 La noticiano era buena para el gobierno, que perdía un aliado imprescindible en la Cortey debía buscar un reemplazante. Aunque, si tenía suerte, serían dos. Eso, si selograba destituir a Fayt del cargo. Para lograrlo dudaban si podían contar conLorenzetti. Cristina Fernández y el resto del gabinete ya no confiaban en él,por el contrario, le temían. La designación fue idea de Néstor Kirchner pero,como habían comprobado, no era garantía de lealtad incondicional. A lo sumo,de fidelidad circunstancial siempre y cuando él sacara algo a cambio.

El kirchnerismo, con la excusa prevista de la avanzada edad de Fayt,finalmente arremetió contra el juez. El entonces jefe de Gabinete, AníbalFernández, se reunió en diferentes ocasiones con Lorenzetti. “Exploraba lasposibilidades del alejamiento del juez y el papel que Lorenzetti estabadispuesto a desempeñar”, confía una persona que veía pasar las visitas por eldespacho del juez supremo en el cuarto piso del Palacio de Justicia.

Fayt se había convertido en un pedrusco en el zapato del gobierno, perola puñalada por la espalda al venerable juez se la daría —según la familia—el hombre al que le había visto un futuro prometedor y presidía la misma

Corte, su casa, durante diez de los doce años que habían transcurrido desdeque llegó. A tal punto que la ciudadanía salió en su apoyo. La operación paralograr su renuncia arrancó el 21 de abril de 2015. Lorenzetti lo habíaconvencido para que votara su reelección —por cuarta vez consecutiva— alfrente de la Corte.25 Ese mismo día se hizo pública la acordada 11/15, que loconfirmó en su puesto, una vez más, con Highton de Nolasco como vice26(período que se iniciaba en enero de 2016). El magistrado, ahora, se sentíaseguro y con las manos libres.

Horacio Verbitsky, columnista del diario Página 12 y director del Centrode Estudios Legales y Sociales (CELS), intentó algo parecido a un amago degolpe contra la Corte —como fue analizado por los ministros— que sirvierapara barrer a Lorenzetti, el premio mayor para el gobierno y de paso, terminarcon los días de Fayt en el Palacio de Justicia. El periodista puso sobre la mesalas cartas con las que jugó Lorenzetti rodeadas de inconsistencias“inaceptables”, según consideró. Verbitsky, personaje al que la ex presidentaescuchaba con devoción, no mentía cuando negó que la acordada, como estabapor escrito, no había sido firmada “en la sala de acuerdos del tribunal”, enpresencia de los cuatro jueces que lo integraban. En realidad, Fayt no asistíaal Palacio desde hacía un mes para evitar confrontaciones con el gobierno.27

Era evidente que el débil trazo de la firma de Fayt (en la acordada) nohabía sido hecho en la Corte. Se produjo en su departamento de Recoleta,donde Cristian Sergio Abritta, el entonces titular de la Secretaría 5ª de laCorte, le había llevado la resolución por orden de Lorenzetti.28

Las sospechas de irregularidades en “las maniobras que rodearon lavotación” pusieron bajo la lupa no solo la reelección de Lorenzetti sinotambién sus ambiciones de poder. Se le reprochaba valerse del voto de Faytcon el fin de lograr los tres necesarios para ser reelecto presidente de laCorte, caso contrario debía votarse a sí mismo, y eso era impresentable hastapara él. Las acusaciones vertidas contra Lorenzetti no eran nimiedades. A lasdenuncias de Verbitsky —la decisión de Lorenzetti de anticipar, sin razonestécnicas que lo justifiquen, casi un año la reelección y hacerlo firmar a Fayt enel domicilio particular y no en la sede de la Corte para evitar votarse a símismo, lo que consideraba un delito de falsedad ideológica— se le sumaronlas declaraciones de algunas de las principales espadas del kirchnerismo.

Zaffaroni, ya por entonces ex juez de la Corte, señaló que él no se hubierahecho reelegir y “que la presidencia debería rotar”, mientras AníbalFernández lo atribuyó a una “falta de ética”. Hebe de Bonafini, titular deMadres de Plaza de Mayo, fue más lejos y, tras referirse a Lorenzetti como“mono” —tal vez sabía que así lo llamaban de joven— y a Fayt como“momia”, opinó: “Lorenzetti hizo votar a Fayt para ser reelecto. Dios nos librey nos guarde”.29

Lo cierto es que, harto de las críticas, Lorenzetti protagonizó otra de susjugadas maestras: anunció primero en una reunión informal a Highton y aMaqueda que prefería no asumir la futura presidencia por “cansancio moral”,expresión que repetiría en una carta abierta a Verbitsky. El efecto, comoesperaba, fue el “operativo clamor” para que permaneciera en la Corte.Algunos medios salieron en su defensa, lo quería. El kirchnerismo parecíaresignarse a perder esa batalla, pero aún le quedaba la guerra contra Fayt. Esase iba a librar en terreno presuntamente más favorable, desde La Cámpora.

La agrupación liderada por Máximo Kirchner dio el puntapié inicialpara impulsar el juicio político contra el anciano juez el 5 de mayo de 2015.La acusación fue por presunto “mal desempeño”. Además, el oficialismo leabrió un “proceso investigativo” (sic) para dar cuenta del estado de salud deljurista y su grado de lucidez. Casi en ese mismo momento, la diputada Carriósostuvo que lo sucedido era “una entrega por parte de Lorenzetti”30 que usabaa Fayt como moneda de cambio para salvarse él. “Todos somos Fayt”, fue elslogan de una movilización que se realizó el 13 de mayo de ese año a favordel magistrado que —emocionado— escuchaba cantar el Himno desde sudespacho.En un escrito presentado el 4 de junio, la diputada solicitó a losjueces de la Corte que “evaluasen” el dictado de una acordada para“defender” a Fayt ante la “embestida oficialista” que pretendía apartarlo delcargo.31 Sin embargo, Maqueda, Highton de Nolasco y Lorenzetti,consideraron que no eran “competentes” para “avalar a Fayt” ni resultaba“conveniente” su intervención.32

Lo cierto era que a Fayt le quedaba poco y nada en la Corte. Tras ellanzamiento de la fórmula presidencial kirchnerista Daniel Scioli-CarlosZannini, el 16 de julio de 2015, las encuestas daban ganadora a la dupla. Esepronóstico habría motivado un cambio de clima en la Corte.

“O lo sacás vos o lo sacamos nosotros”, habría sido la frase categóricacon la que Zannini, compañero de Scioli, increpó a Lorenzetti.33 Se refería aljuicio político y a la comisión médica que habían convocado para analizar lasalud de Fayt. Lo peor estaba por venir.

El presidente de la Corte tomó nota de la petición y se puso en marcha.En reiteradas ocasiones le dijo a Fayt que ya no “podría sostenerlo”. En unode los acuerdos o reuniones de la Corte de los martes, le dio a entender quehabía llegado la hora de presentar su dimisión. “Yo notaba que los respaldos aFayt estaban afuera de la Corte”, evaluó Pablo Hirschmann, ex secretarioletrado y hombre de confianza del ministro Fayt. Algo de cierto en eso había.

“‘Ayúdeme’, me dijo sereno y me tomó fuerte del brazo. Yo había hechoun gesto n atural de asentimiento pero, en verdad, estaba sorprendido. Por esosdías, en los que transcurría el juicio político en su contra, fui a verlo. Estabaapesadumbrado. Su pedido era para mí algo muy importante. Fue unademostración de confianza que me honraba”, contó Pablo Hirschmann, queatesora aquel recuerdo como uno de los más preciados de su memoria.

El Papa Francisco, a través de una carta del arzobispo Mario Poli, envióuna señal indudable de apoyo al juez porque consideraba que la embestidacontra Fayt “vulneraba no solo el orden constitucional sino las normas éticasfundamentales de la convivencia pacífica”.34

La suerte del magistrado estaba echada. Había resistido lo indecible ycuando Lorenzetti le puso encima de la mesa su propia dimisión (él nunca laredactó), con fecha del 15 de septiembre de 2015 pero con efectos a partir del11 de diciembre de ese mismo año,35 el día después del fin del mandato deCristina Fernández, la firmó a regañadientes. Al menos, no se marcharía solo,lo haría con “la señora”, se dijo. Así lo relata Margarita Escribano, su esposa,la misma que se enteró de lo sucedido aquel 15 de septiembre de 2015 por losmedios de comunicación. Al igual que Hirschmann. Ambos, hasta el día dehoy, insisten: “Carlos Fayt nunca presentó su renuncia”. Sin embargo,Lorenzetti aseguró que sí lo hizo y además aclaró que el médico del exministro fue el que tomó la decisión, como se detalla en el último capítulo.36Aunque Fayt tenía un médico personal, intervinieron los profesionales delcuerpo de peritos de la Corte como lo aseguró la familia del juez decano.

De un modo u otro, lo cierto es que Lorenzetti había logrado supropósito. Ya no tenía necesidad de andarse con miramientos con Fayt que,resignado, había puesto su firma en el papel que lo desterraba,definitivamente, del Palacio de Justicia. El juez que había aguantado en susillón, desde el gobierno de Raúl Alfonsín, descubriría en pocos días el valorde la palabra dada por el hombre más poderoso de la historia de la Corte.Sucedió cuando Lorenzetti rompió su promesa de ratificar por escrito lacontinuidad de sus empleados en el Poder Judicial.

El último día en la Corte del viejo magistrado, previo a acudir alhomenaje que le harían, la esposa se comunicó en persona con Lorenzetti parasolicitarle, por última vez, que firmara la continuidad, en diferentesdependencias de la Justicia, del personal de Fayt. Lorenzetti volvió a negarse.Ella le dio un ultimátum: “O firma o no va al homenaje”, le dijo antes decortarle el teléfono. Tras meditar unos minutos el escándalo que podríaestallar, el mismo presidente la llamó y se acercó al despacho de Fayt.Margarita le presentó el listado de empleados con sus respectivos destinos.Lorenzetti les preguntó, uno por uno, si estaban de acuerdo. Lo estaban.Elúnico que no figuraba en esa nómina era Hirschmann, quien cuando elpresidente de la Corte le preguntó qué haría respondió que “acompañaría aFayt hasta el final”.37

Fayt acudió entonces al último encuentro con sus pares. Fue sudespedida, pero aún tendría otras sorpresas decepcionantes. Una semana anteshabía comenzado su mudanza, aunque todavía quedaban muebles y libros porembalar. No tuvo tiempo de terminarla. Lorenzetti, mientras le brindaba elhomenaje, a sus espaldas, ordenó sacarlo todo y arrumbar en un rincón losenseres. De inmediato, dispuso la remodelación de la oficina del “prócer” dela Justicia —como se referían a él secretarios de la Corte y colaboradores— yuna vez acondicionada a su gusto, se instaló. Ahora disfruta de un despachoque duplica el que tenía, más luminoso, con vistas a la calle Lavalle y pegadoal museo de la Corte, donde se alza la estatua del general San Martín.

La última vez que Lorenzetti se puso en contacto con Fayt fue el 1 defebrero de 2016. Lo llamó para saludarlo por su cumpleaños y, de paso, darlela buena nueva: “Me he mudado a su despacho”, le dijo sin olvidar eltratamiento de usted que se dispensaban. La noticia le sentó mal a Fayt, pero

habría otras. El hombre que tanto había admirado le había prometido, paraseguir la tradición estadounidense, que mantendría habilitado un despacho enla Corte para que el veterano magistrado pudiera recibir personalidades,celebrar reuniones y realizar otras actividades de carácter institucional.Lorenzetti tampoco cumplió su palabra. Sin explicación previa y ensimultáneo, la custodia de seguridad de Fayt, fue suspendida. “A pedido deljefe”, le diría uno de los custodios, en alusión al presidente de la CorteSuprema.

Adivina quién llama

Si Lorenzetti no tuvo compasión con un par de 97 años, menos la tendríacon un colega de una instancia inferior. A sangre fría, como la novela delestadounidense Truman Capote, Lorenzetti, no tendría miramientos paramantener su poderío. El hombre que lidera la Justicia estaba dispuesto aasumir cualquier costo.

—¿Sabés cuántos presidentes de la Corte me llamaron? —fue larespuesta inesperada y rotunda que Lorenzetti escuchó en el teléfono y lo dejóperplejo. Era el juez federal Rodolfo Canicoba Corral a quien llamaba (enfebrero de 2016) para pedirle la renuncia. En un principio el juez ironizó ypensó que el motivo sería alguna denuncia. Se equivocó. Quería su dimisión.Era la segunda vez que le pedían que saliera del cargo por la puerta trasera.La primera había sido (en diciembre de 2015) en el despacho de Lorenzetti, enel cuarto piso del Palacio de Justicia, donde Canicoba Corral se defendiócomo gato panza arriba y le garantizó que no había razones para ello ni paraser investigado por mal desempeño.38

Canicoba Corral lleva adelante la causa contra el ex director deoperaciones de la SIDE Jaime Stiuso y la investigación por el presunto lavadode dinero del ex fiscal Alberto Nisman y su familia. Pero también tiene lo quepodría ser la sentencia de muerte en la Corte de su titular: la causa sobresupuestos sobreprecios e irregularidades en las obras públicas del PoderJudicial, donde el que parte y reparte no es otro que Lorenzetti, como denunciael abogado Ricardo Monner Sans.

La secuencia de renuncias pedidas por Lorenzetti tendría su origen más

en intereses suyos que en los del flamante gobierno de Macri. A mediados de2016, Verbitsky,39 en su condición de director del CELS, aseguró que hubo“un ultimátum de Macri” a Canicoba y a los camaristas Eduardo Freiler yJorge Ballestero. El mensajero “más insólito —según él— para solicitarles larenuncia” fue Lorenzetti.

La teoría del “Perro” apuntaba a una especie de venganza, ya que ambosmagistrados habían avalado el procesamiento de Macri por el caso de lasescuchas ilegales, que al final fue resuelto por el ex juez federal NorbertoOyarbide. Lo seguro es que a este último el presidente de la Corte, el ministroGaravano y medio país, lo invitaron a dar un paso al costado. Otros aseguranque la pieza clave, el enviado más convincente para su “retiro”, fue DanielAngelici, operador judicial, amigo del presidente y titular del club de susamores Boca Juniors. Acorralado, el juez más cuestionado por la sociedadrenunció ante el ministro Garavano el jueves 7 de abril de 2016 tras veintiúnaños en el cargo. Casi como si se diera un lujo —pese a liderar el ranking dedenuncias por supuesto mal desempeño en la Magistratura— logró evitar eljuicio político y librarse de investigaciones donde difícilmente podría salirbien parado. Sin ir muy lejos, aunque se despidiera entre lágrimas, consiguióque nadie hurgara en su sobreseimiento, por enriquecimiento ilícito, al expresidente Néstor Kirchner y a su esposa Cristina Fernández.40

Pero como si el dominio de Lorenzetti no fuera suficiente, quizásaquellos episodios en los que intentaba congraciarse con el flamante gobiernono eran ajenos a una decisión delicada y temprana del presidente Macri.Cazador cazado o estrategia, Macri derivó por decreto “las escuchas” ointerferencias telefónicas que venían solicitando los jueces a la Corte en elmarco de investigaciones judiciales.41 La transferencia se oficializó el 15 defebrero de 2016 y los magistrados denominaron a la nueva estructuraoperativa, Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial dela Nación.42

A pesar de que el traspaso incluía al personal y la infraestructuratecnológica, (como surge del acuerdo, el 15 de junio de 2016), los

magistrados autorizaron 50 contratos a la nueva dirección. Esta fue delegada aMartín Irurzun por el período de un año.43 Por otro lado, Juan Tomás

Rodríguez Ponte, ex secretario letrado del juez federal Ariel Lijo, amigo

personal del presidente de la Corte, fue elegido director ejecutivo de laestructura que manejaría las escuchas. Lorenzetti se sentía reconfortado con

“una mayor concentración de poder”.44

El asalto al sistema electoral

Lorenzetti fue implacable a la hora de consolidar el mando. A lo largode su gestión, Lorenzetti afinó las cuerdas judiciales del poder como si tuvieraen las manos un delicado instrumento musical. Durante diez de los doce añosde gobiernos kirchneristas demostró ser capaz, pese a alguna que otraembestida, de aguantar firme al frente de una Justicia bajo sospecha. Desde lomás alto del poder rediseñó los mecanismos de funcionamiento, pulió lasaristas que tronaban en sus oídos, ensambló piezas y dio forma a la granorquesta judicial que lo tiene a él como juez supremo, como al hombre queestá por encima del bien y del mal. De los siete magistrados que integraron laCorte renovada por el fallecido Néstor Kirchner, fue Lorenzetti — Ricardito,Richard o el Mono, como lo conocen amigos y familiares— el que mejordemostró tener una muñeca extraordinariamente flexible al termómetro de lapolítica y las mayores ambiciones de poder.

Quizás eso motivara que Lorenzetti —quien ya había llegado a lacúspide de la carrera judicial— ahora buscara afianzarse en el ámbitopolítico. Soñaba con convertirse en el único garante del sistema electoralargentino, o lo que es lo mismo, tener el control no solo de los votantes sinotambién de los resultados de los comicios. “Sin dudarlo, traspasaría muchoslímites legales. A quemarropa arremetería contra la misma justicia que debíacustodiar y pondría a la política nacional al filo del abismo: entre lo legal o loilegal”, opina el administrador general del Poder Judicial dependiente delConsejo de la Magistratura, Juan Carlos Cubría.45

No había nada nuevo en el anhelo de Lorenzetti. Ya la modificación de laLey Electoral 26.57146 efectuada en 2009 había despertado la voracidad delpresidente de la Corte, según Cubría.47 Aquella norma establecía la reformadel Código Electoral Nacional, que incidía en la manera de confeccionar lospadrones que se utilizan en los comicios. La norma establecía el nuevotratamiento que la Justicia Nacional Electoral —que preside Lorenzetti—debía imprimirle a los datos que almacenaba y transmitía el Registro Nacional

de las Personas (Renaper).48

Así fue cómo el juez supremo vio la luz al final del camino para“acaparar el manejo del sistema nacional electoral”. Existía un resquicio quele podría permitir monopolizar la totalidad del sistema electoral, dejar fuerade juego a los magistrados que se ocupan de la materia y tener bajo su controlabsoluto las elecciones presidenciales, las provinciales, de gobernadores,municipales, legislativas… ¡Todas!

La posibilidad de poder manejar los padrones electorales, altas y bajasde votantes, como los resultados de los comicios a lo largo y ancho del paísera su objetivo, la antorcha olímpica, en palabras de Cubría. “Lorenzetti yahabía tomado la justicia, ahora iba por la política”, insiste Cubría, el únicofuncionario que se atrevió a enfrentar al presidente de la Corte. Eladministrador no es un improvisado: además de ingeniero y abogado es el hijode la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, laChuchi —como la conocen en Tribunales— o María, como la menciona él.

Lo cierto es que para Cubría había detrás un plan informático ideadopara tomar el mando. La atrevida propuesta —en lo formal— había surgido dela Dirección General de Tecnología, por entonces a cargo de Gabriel“Trapito” Mehlman, hombre de llegada a Lorenzetti a través del juez LuisMaría Cabral, referente de la Asociación de Magistrados. Es decir queMehlman respondía a la corporación judicial con quien Lorenzetti debiólograr empatía para construir liderazgo como se analizará en el capítulo 3.

La iniciativa de Lorenzetti se basaba en implementar un nuevo software.Es decir, sustituir al actual Sistema de Información Electoral (SIE) por elSistema de Gestión Electoral (SGE). Los cambios permitían tocar las víscerasmás sensibles de las elecciones: los padrones electorales. Dicho en cristiano,esto significaba la transferencia de los datos de las veinticuatro jurisdiccioneselectorales que estaban resguardados por separado en el SIE a una única basede datos que se almacenarían en el SGE. Al ser solo una —que se manejaríacomo un simple documento de Excel— se tornaba susceptible a la“manipulación de los resultados de los comicios, responsabilidad que de estamanera quedaba solo en manos de Lorenzetti —a través de Mehlman—, sin elcontrol judicial, según explicaciones de Cubría. Así, el presidente de la Corteles metería un hachazo a los veinticuatro jueces electorales. En rigor, “se

pretendía anular la función de los magistrados que no podrían acceder nimanejar los datos de los votantes”, resumió el hombre al que, con la propuestaen forma de imperativo, trataron como un pibe.

Para ser más claros aún, añadió: “con una sola movida, muy inteligente,Lorenzetti, se habría convertido en el garante del sistema electoral y —sihubiera querido— podía cambiar los resultados de una elección”.

No era ficción, era la más real de las verdades, en el análisis de Cubría.Lo que quería el presidente de la Corte no era poca cosa: “Quiere todo elpoder y con este sistema que pretendía implementar se garantizaba tener a suspies a los gobernadores provinciales, a los candidatos presidenciables y hastaal mismísimo Mauricio Macri”, insiste el ingeniero y abogado.

Cubría pone como ejemplo el ballotage que ganó Macri el 22 denoviembre de 2015. “Si la misma noche del escrutinio de las elecciones sederivan desde el data center (sede del sistema informático judicial) 3000votantes de un distrito al otro, se cambia el resultado de la elección. Y sinmargen para que ninguno de los secretarios electorales ni jueces pudieracontrolar o intervenir”, advirtió.

Si Cubría accedía, algo a lo que no estaba dispuesto, la responsabilidad,vigilancia y control de las votaciones de Argentina pasarían a depender deMehlman que era lo mismo que decir Lorenzetti.

Eso, sin olvidar que el 2 de marzo de 2016 la Corte Suprema asumió laresponsabilidad de la totalidad de la base de datos del Poder Judicial a travésde la Acordada 6 del año 2016. Es decir, que toda la infraestructurainformática, seguridad, transferencia de datos y padrones electorales, quehasta entonces dependían del Consejo de la Magistratura (Dirección Generalde Tecnología), pasaban a la órbita del máximo tribunal.

Mientras en la arena política se debatía el proyecto de voto electrónico—que hizo cortocircuito y sucumbió en el Senado de la mano de losgobernadores y legisladores peronistas—,49 Lorenzetti daba en la justiciapasos agigantados.

Había llegado el momento de cumplir el sueño de Lorenzetti: era martes

4 de abril de 2016. En ese preciso momento había empezado el pulso para verquién se quedaba con el sistema electoral.

—El viernes empezamos con la migración de datos del SIE al SGE —ledijo Mehlman a Cubría.

—¡No! De ninguna manera. ¿Quién ordenó esa barbaridad? —respondióCubría, según contó en off the record alguien que escuchó el diálogo.Mehlmanse mostraba inquieto, mientras el secretario de Actuación Electoral, SebastiánSchimmel permanecía callado, nervioso y esquivaba la mirada.

Cubría se puso firme. Sospechaba que detrás de esa “notificación” seescondía algo grande y peligroso. Necesitaba saber qué tramaba Mehlman, elrepresentante de Lorenzetti en este asunto, tal como lo definió él. AunqueSchimmel era el emisario de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

—Necesito veinte días para leer el expediente porque esto es unasituación compleja, me piden que apruebe un convenio de $9.108.000 y queavale la migración de datos del sistema informático actual al nuevo.

—Bueno, no hay problema —le contestó Mehlman. Schimmel asintió.

Paso seguido, Cubría desalojó a todos de la oficina y empezó a leer ladocumentación. A medida que avanzaba, el funcionario no podía creer lo quetenía ante los ojos: la destrucción total del sistema electoral argentino a travésdel nuevo software de gestión (SGE) que se tramitaba entre la UTN deCórdoba y el Consejo de la Magistratura. El asunto no era menor, pero ademásse daba la circunstancia poco grata de la supuesta vinculación de la UTN conel ex espía “Jaime” Stiuso ya que la Universidad de Córdoba era una sucursalde la institución donde se formó el ingeniero en Buenos Aires, comoaseguraron los informáticos.50

¿Y querían que Cubría estampara su firma en eso? Al hijo de la juezaelectoral todavía le costaba asimilar lo que había dejado de ser una conjetura.Cabizbajo y pensativo, el hijo de la Chuchi, abandonó su oficina al final de latarde aquel 4 de abril de 2016. Trataba de descifrar la estrategia de Lorenzettiporque, no tenía duda — se decía—, eran sus hombres los que impulsaban porindicación suya, este megaproyecto que pretendía colocarlo entre la espada

del atropello y la pared de un posible fraude en las urnas.

El miércoles 3 de mayo, mientras Cubría trabajaba en su despacho,recibió el llamado de un empleado díscolo de la Dirección General deTecnología para advertirle que Mehlman se encontraba en el data center,dispuesto a realizar la migración de datos que anunciaban para tres díasdespués. Es decir que lo que él ya veía como un virtual delito pretendíanconsumarlo el viernes siguiente.

De inmediato Cubría, encolerizado, llamó a Mehlman y le dijo:—Escuchame, habíamos quedado que me daban veinte días para estudiar elexpediente. ¿Qué están haciendo?

—Es, es, es (tartamudeando) que la Cámara me ordenó hacer lamigración (transferencia) de los padrones electorales. Mehlman no pudohablar más porque Cubría le cortó el teléfono y frenó todo de golpe: esemismo día prohibió el traspaso de datos y la puesta en marcha de un sistemaelectoral que podría haber tenido efectos —posiblemente no democráticos—en los resultados de las siguientes elecciones. El número 1176/1651 con elque se registró la medida sería el de la desgracia para Lorenzetti, su fracaso,como advirtió Cubría.

El administrador general no salía del asombro por varias razones.Pretendían no solo eliminar el sistema electoral vigente sino, además, que élsuscribiera un contrato para implementar el nuevo software con la UTN-Córdoba de más de 9 millones de pesos, un monto que excedía a suscompetencias.

El escándalo estaba servido y, aunque atreverse a contrariar alpresidente de la Corte tiene un precio, Cubría estaba dispuesto a pagarlo.Sabía que le harían la vida imposible, o al menos, lo intentarían. “Todo —continúa— habría quedado en manos de Lorenzetti si no lo atajo”. Él “al quehabían tratado como si fuera un iletrado, un analfabeto funcional, habíaderribado a un corredor de fondo como Lorenzetti a mitad de camino”,analizaron senadores, jueces y funcionarios judiciales en una reunión secreta.“Le había arruinado el sueño que estaba viviendo con los ojos abiertos”,continuaron. Sabía que no se lo perdonaría.

Pese al freno de Cubría, el presidente de la Corte no se dio por vencido.Así fue que, por su supuesta intercesión, la Comisión de AdministraciónFinanciera de la Magistratura (CAF) amplió, de manera excepcional y encontra de la ley, las atribuciones de Cubría. Para entender el modus operandidel juez supremo, la CAF autorizaba a Cubría a disponer del exorbitante gastode $9.108.000, cifra que excedía sobremanera sus facultades que por ley selimitan a solo $1.500.000. La decisión se suscribió el 12 de mayo de 2016 através del dictamen 22/16.52

Superado ese “obstáculo” financiero, también le permitían a Cubríafirmar el convenio con la UTN sin requerir las especificaciones técnicasobligatorias del software que adquirirían, algo que chocaba de frente con lalegislación vigente. “Era una manera de avalar que yo incumpliera la ley paraluego tener las herramientas legales que les permitiera apartarme de mi cargocon justificación suficiente; me estaban tendiendo una trampa”, detalló Cubría.

Susceptibilidades al margen, este proyecto era respaldado por la UnidadEjecutora Proyecto Informático del Consejo de la Magistratura (UEPI), segúnun informe de sus responsables emitido el 10 de junio de 2016.53 Losdirectores de la UEPI —Mehlman, Alejandro Falcone, Jorge Nasisi y JuanCarlos Cavo— son funcionarios que responden de manera directa a Lorenzettia través de diferentes operadores, como se analizará en el capítulo 6. Ademásde establecer una serie de protocolos de seguridad informática para laimplementación del nuevo software electoral, los funcionarios resaltaron quesería la Corte —y no Cubría— la que debía autorizar la migración de datos. Aconfesión de parte, relevo de prueba, como se suele escuchar en la jergajudicial.

El andamiaje estaba aceitado. Lorenzetti había pensado todo de talmanera que él quedaría en el vértice superior de un triángulo de poderabsoluto, sostenido en la base por Mehlman, desde la Dirección General deTecnología del Consejo y apoyado en los costados por Santiago Corcuera,desde la Cámara Electoral, en palabras del administrador general del PoderJudicial.54

Pero nunca se imaginó el supremo juez que el asalto al sistema electorallo frustraría Cubría, desde entonces su archienemigo. Así se lo hizo saber a

través de senadores, jueces federales y operadores indiscretos que invitaron a

Cubría a alejarse del cargo ante el “enojo” de Lorenzetti. Quizás la novela delescritor paraguayo Augusto Roa Bastos Yo el Supremo55 podría explicar las

actitudes de un hombre poderoso que desconoce los límites.

1. Entrevista realizada para este libro al jurista de la AcademiaNacional de Derecho, historiador y juez de la Corte de la Provincia de Salta,Abel Cornejo, el 21 de julio de 2016. Además, se desempeñó comorepresentante del estamento judicial en el Consejo de la Magistratura deNación. En adelante las opiniones, información y todo aquello relacionado ala causa de la coparticipación, como la relación entre el presidente MauricioMacri y Ricardo Lorenzetti, se atribuyen a esta fuente.

2. La supuesta “parálisis” de los expedientes surge del seguimiento delos mismos a través de la página web de la Corte Suprema. Sumado ainformación suministrada por fuentes del seno de la Corte Suprema queprefirieron el anonimato.

3. Infobae, 25 de noviembre de 2015: http://www.Infobae.com/2015/11/25/ 1772253- coparticipacion-el-gobierno-el-fallo-la-corte-es-una-catastrofe/

4. Entrevista realizada para este libro el 21 de julio de 2016 a MarioCimadevilla, ex senador radical, ex consejero de la Magistratura enrepresentación del Senado en el periodo que abarcó desde noviembre de 2010a noviembre de 2014. Actual titular de la Unidad de Investigación delAtentado a la AMIA. En adelante las opiniones e información relacionada a laresolución de coparticipación como la postura de Ricardo Lorenzetti y ElenaHighton de Nolasco, y demás ministros de la Corte y jueces nacionales yfederales se adjudican a esta fuente.

5. La Nación, 10 de diciembre de 2015:http://www.lanacion.com.ar/1852970- cuantos-segundos-duro-la-entrega-de-la-banda-y-el-baston-presidencial-a-macri.

6. Télam, 14 de diciembre de 2015: http://www.telam.com.ar/notas/201512/130060- macri-jueces-corte-suprema.html y en nota del diario LaNación de fecha 15 de diciembre de 2015, en el sitio web:http://www.lanacion.com.ar/1854357-el-decreto- de-mauricio-macri-que-

designa-a-los-dos-nuevos-jueces-de-la-corte.

7. Entrevistas realizadas para este libro a asesores del presidenteMauricio Macri en agosto y octubre de 2016.

8. Clarín, 20 de diciembre de 2015:http://www.clarin.com/politica/Elisa_Carrio- Mauricio_Macri-Corte_0_1489051469.html El proyecto fue impulsado también por FernandoSánchez, Alicia Terada y Leonor Martínez, del bloque de la Coalición Cívica.

9. Télam, 15 de diciembre de 2015: http://www.telam.com.ar/notas/201512/130146- sanz-designaciones-corte.html.

10. Ídem 4.

11. Télam, 16 de diciembre de 2015: http://www.telam.com.ar/notas/201512/130352- reunion-mauricio-macri-ricardo-lorenzetti-corte-suprema-horacio-rosatti-carlos- rosenkrantz-consenso.html. Télam, 19 de febrero de2016: http://www.telam.com.ar/notas/201602/136799-lorenzetti-conto-que-le-sugirio-a- macri-que-los-candidatos-a-integrar-la-corte-pasaran-por-el-senado.html.

12. Ver nota realizada por Susana Giménez en Telefé, La Nación, 17 dediciembre de 2015: http://www.lanacion.com.ar/1854952-mauricio-macri-intimo-con-susana- gimenez.

13. Clarín, 16 de mayo de 2016: http://www.clarin.com/politica/fuertes-declaraciones-Carrio-Lorenzetti-Zannini_0_1577842201.html en relación dela diputada nacional Elisa Carrió en el programa del periodista Luis Majul, LaCornisa, emitido por el canal América 2.

14. América TV, declaraciones de la diputada Elisa Carrió en elprograma de Luis Majul, La Cornisa. Clarín, 16 de mayo de 2016:http://www.clarin.com/politica/fuertes-declaraciones-Carrio-Lorenzetti-Zannini_0_1577842201.html.

15. CIJ, 19 de mayo de 2016, http://www.cij.gov.ar/nota-21537-Comunicado-del- presidente-de-la-Corte--Ricardo-Lorenzetti.html.

16. La Nación, Gustavo Ybarra, 15 de junio de 2015:http://www.lanacion.com.ar/1909342-carlos-rosenkrantz-y-horacio-rosatti-fueron- avalados-por-el-senado-para-ocupar-las-vacantes-en-la-corte-suprema.

17. La Nación, Adrián Ventura, 30 de junio de 2016:http://www.lanacion.com.ar/1913934-al-asumir-en-la-corte-rosatti-condeno-la- impunidad-y-critico-contratos-de-obras-de-lopez.

18. Página 12, Irina Hauser, 19 de junio de 2016:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-302131-2016-06-19.html yPágina 12, Alfredo Zaiat, 26 de noviembre de 2015:http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-286954-2015-11-26.html.

19. >Anfibia, Irina Hauser, “Los Restos de la Corte”:http://www.revistaanfibia.com/cronica/los-restos-de-la-corte/ y en base adiferentes conversaciones con los ministros, familiares, secretarios letrados.

20. La Nación, Adrián Ventura, 13 de diciembre de 2012:http://www.lanacion.com.ar/1536397-lorenzetti-no-quiero-ser-candidato.

21. Télam, 12 de diciembre de 2012: http://www.telam.com.ar/notas/201212/1040- lorenzetti-dijo-que-no-piensa-en-la-candidatura-a-presidente-y-seguira-en-su-cargo-de-juez.html.

22. La Nación, 11 de junio de 2013:http://www.lanacion.com.ar/1792233-el- kirchnerismo-avanza-contra-fayt-logro-dictamen-para-una-evaluacion-psicofisica.

23. Fayt sentó precedente en la causa en la que defendió su “cargovitalicio” cuando el 19 de agosto de 1999 sus colegas resolvieron la nulidaddel artículo de la Constitución (99 inciso 4) que en la reforma constitucionalde 1994 fijó que los jueces del alto tribunal debían jubilarse a los 75 añosporque él había sido designado antes de la modificación.

24. El reconocido jurista era un convencido de que la “vitalicidad no erauna característica republicana”. La Nación, 13 de enero de 2014:http://www.lanacion.com.ar/1655092-zaffaroni-anuncio-que-dejara-la-corte.

25. Ricardo Lorenzetti fue reelecto por la Acordada por N° 19/12.

26. Por la Acordada 11/15 del 21 de abril de 2015 se reeligió a RicardoLuis Lorenzetti como presidente de la Corte y a Elena Highton de Nolascocomo vicepresidente. De dicho documento surge que quienes postularon aLorenzetti en un cuarto periodo consecutivo como presidente de la Cortefueron Juan Carlos Maqueda, Highton de Nolasco y Fayt. En tanto Maqueda yFayt, agrega, “proponen a la doctora Elena Highton” como número dos. Elnombramiento tramitó por el Expediente 4034/00. Se complementa conAcordada 19/12 y Acordada 15/15.

27. Página 12, Irina Hauser, 6 de mayo de 2015:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-272092-2015-05-06.html.

28. Página 12, 3 de mayo de 2015:http://www.pagina12.com.ar/diario/ajedrez/35-271884-2015-05-03.html.

29. La Nación, 7 de mayo de 2015:http://www.lanacion.com.ar/1790744-hebe-de- bonafini-llamo-mono-a-lorenzetti-momia-a-fayt-y-exigio-que-dejen-la-corte-suprema.

30. Entrevista realizada a Elisa Carrió en radio Mitre y publicada en eldiario La Nación el miércoles 6 de mayo de 2015 en el sitio web:http://www.lanacion.com.ar/1790361-elisa-carrio-atacan-a-fayt-y-yo-he-visto-a-un- jefe-de-gabinete-duro-por-la-cocaina.

31. Clarín, 4 de junio de 2015: http://www.clarin.com/politica/carrio-fayt_0_1369663419.html.

32. La política online, 16 de junio de 2015:http://www.lapoliticaonline.com/nota/89864/ y Télam, 17 de julio de 2015:http://www.telam.com.ar/notas/201507/113117-carrio-fayt-corte-suprema-tribunales- juez.html.

33. Entrevistas a tres secretarios de la Corte Suprema para este libro enagosto y octubre de 2016.

34. Perfil, 14 de junio de 2015, en calidad de primicia:

http://www.perfil.com/politica/Exclusivo--La-carta-del-juez-Fayt-para-responder-al- apoyo-del-arzobispo-Mario-Aurelio-Poli-20150615-0028.htmly La Nación, Mariano De Vedia, 15 de junio de 2016:http://www.lanacion.com.ar/1801813-firme-respaldo- de-la-iglesia-a-fayt-en-plena-embestida-del-gobierno.

35. CIJ,15 de septiembre de 2015: http://www.cij.gov.ar/nota-17922-La-Corte- comunica-que-el-Dr.-Carlos-Fayt-ha-presentado-su-renuncia-al-cargo-de-Juez-de-la- Corte--la-que-tendr--efectos-a-partir-del-11-de-diciembre-pr-ximo.html.

36. Ver entrevista con la autora en el último capítulo.

37. Pablo Hirschmann ya había tenido problemas con Lorenzetti, lo quesignificó que no asumiera como secretario de Corte en la secretaría 2 pese ahaber contado con el pedido explícito tanto de Fayt como de su par JuanCarlos Maqueda. Luego de la jubilación de Fayt, por la Resolución 3790/2015de fecha 16 de diciembre de 2015, los ministros Ricardo Lorenzetti, ElenaHighton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda resolvieron transferir a PabloGustavo Hirschmann desde la Corte a la Cámara Nacional de Casación en loCriminal y Correccional de la Capital Federal.

38. Perfil, 28 de diciembre de 2015:http://www.perfil.com/politica/mensaje-del- presidente-via-lorenzetti-para-canicoba-1226-0088.phtml? utm_source=redir_url_legacy y Página 12, 3 deenero de 2016: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289453-2016-01-03.html.

39. Entrevista a Horacio Verbitsky en radio Del Plata, publicada el 2 demayo de 2016 en el sitio web:http://www.gustavosylvestre.com/politica/horacio-verbitsky- lorenzetti-le-pidio-la-renuncia-a-3-jueces-federales/ y reproducida en varios medios entreellos, la editorial Perfil. Sitio web: http://www.perfil.com/politica/verbitsky-en- nombre-de-macri-lorenzetti-pidio-las-renuncias-de-tres-jueces-federales-0502-0018.phtml?utm_source=redir_url_legacy.

40. Además de haber sido el juez que lideró el ranking de denuncias por“presunto mal desempeño en el Consejo de la Magistratura, tal como surge de

la base de datos de la página web del organismo, Oyarbide sobreseyó aCristina Fernández de Kirchner y al ex presidente Néstor Kirchner porsupuesto enriquecimiento ilícito, con sustento en una pericia contable delCuerpo de Peritos de la Corte Suprema. La Nación, Paz Rodríguez Niell, 19de enero de 2010: http://www.lanacion.com.ar/1214223- oyarbide-sobreseyo-a-los-kirchner-en-la-causa-por-enriquecimiento-ilicito.

41. Tras una serie de episodios relacionados a supuestas inconsistenciasen los servicios de inteligencia del país, la ex presidenta Cristina Fernándezde Kirchner creó la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), sucesora de laSecretaría de Inteligencia (SI) —ex SIDE— al Ministerio Público Fiscal, acargo de Alejandra Gils Carbó. De esta manera, la Oficina Judicial deescuchas —más conocida como “Ojota”— pasó a manos de la procuradora,con quien el gobierno de Mauricio Macri estuvo enfrentado. Por dec.256/2015 el presidente Mauricio Macri resolvió transferir el Departamento deInterceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) del MinisterioPúblico Fiscal a la Corte Suprema de la Nación.

42. Por Acordada 45/15 del 29 de diciembre de 2015 dispuso postergarhasta el 15 de febrero de 2016 la transferencia de las escuchas. PorResolución 69/2016 la Corte Suprema autorizó a Ricardo Lorenzetti asuscribir el Acta de Transferencia del Departamento de Interceptación yCaptación de las Comunicaciones (DICOM), dependiente de la DirecciónGeneral de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal(DATIP) de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema deJusticia de la Nación.

43. Como director de la Dirección de Captación de Comunicaciones delPoder Judicial de la Nación, la Corte designó al presidente de la CámaraNacional de Apelaciones, Martín Irurzun, quien ante cualquier inconveniente oausencia sería reemplazado por el presidente de la Cámara Federal deComodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra.

44. Página 12, Irina Hauser, 23 de noviembre de 2015:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-286720-2015-11-23.html.

45. Entrevista con la autora.

46. Ley 26.571 de Reforma Electoral promulgada el 11 de diciembre de2009: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/161453/texact.htm.

47. Ídem nota 45.

48. Lo citado se refiere a los artículos 74/80 de la ley 26.571 y loestablecido por la Cámara Electoral en el Expediente S39/2014 en laAcordada de fecha 7 de abril de 2015. Se modificaba también el circuito deesos documentos sensibles, como la modalidad bajo la cual el RegistroNacional de las Personas (RENAPER) debe transmitir los datos y eltratamiento que la Justicia Electoral debe brindar, según lo establecido por laCámara Electoral.

49. Infobae, 24 de noviembre de 2016:http://www.infobae.com/politica/2016/11/24/el-pj-fpv-rechazo-el-proyecto-del- gobierno-y-se-cayo-la-reforma-politica/; Política Argentina, 24 denoviembre de 2016: http://www.politicargentina.com/notas/201611/17963-fracaso-del-gobierno-se- cayo-el-voto-electronico.html.

50. Entrevista realizada para este libro el 4 de diciembre de 2016 afuncionarios informáticos del Poder Judicial.

51. Juan Carlos Cubría, administrador general del Poder Judicial emitióla Resolución 1176/16 (Expediente N 10-6934/10) el 3 de mayo de 2016mediante la cual frenó el avance sobre el sistema electoral argentino.

52. Mediante el dictamen N° 22/16 de fecha 12 de mayo de 2016 laComisión de Administración Financiera del Consejo de la Magistraturainformó al plenario del cuerpo que aprobaba el proyecto de resolución paraque se diera marcha al expediente N° 10-06934/10: “Informe Ley 26.571 s/ elproyecto de implementación técnica de la nueva normativa electoral” yExpediente N° 13-03231/16: “Solicitud proyecto de reingeniería del sistemaelectoral –Convenio UTN Facultad Regional Córdoba”.

53. Los directores de la Unidad Ejecutora Proyecto Informático,Alejandro Falcone, Jorge Nasisi, Gabriel Mehlman y Juan Carlos Cavo,mediante Nota UEPI N° 080/2016 de fecha 10 de junio de 2016, respaldaron

la medida y dieron sus puntos de vista técnicos. Expedientes N 13-03231/16 y10-06934/10.

54. El trámite se realizó mediante el expediente del Consejo de laMagistratura N°10-6934/10.

55. La novela de Augusto Roa Bastos, publicada en 1974, refleja como“El Supremo” al abogado, revolucionario y dictador perpetuo de la Repúblicade Paraguay, José Gaspar Rodríguez de Francia, quien gobernó primero entriunvirato en 1811, en consulado a partir de 1813, y como magistraturaunipersonal desde 1816 hasta su fallecimiento, acaecido en 1840. La obrarefleja los aspectos más negativos de su mandato y se subrayan la injusticia yla dureza del dictador.

Capítulo 2Hay que salvar al Mono

Desde la infancia, Ricardo Lorenzetti sintió que había nacido paracambiar el mundo. Curioso y observador por naturaleza, se convirtió en unlector incansable. Buscó sin descanso ampliar el horizonte del saber. Lapolítica, su gran pasión. Pasado montonero en su juventud de universitarioperonista. Arquitecto y constructor minucioso de su destino. Hábilcontorsionista para acercarse, hasta donde hiciera falta, junto a los que teníanel poder. De abogado de a pie a juez de la Corte.

“¿Dónde carajo está el Mono? ¡El Mono!, ¡el Mono!”, gritaban losmilitares que derribaron a patadas la puerta de la casa de la calle 9 de Julio,en el centro de la ciudad de Santa Fe, donde vivían cinco estudiantes de laUniversidad Nacional del Litoral (UNL). Eran las 6 de la mañana de uncaluroso sábado de 1976, posterior al golpe militar.56 Los uniformados, apunta de fusil, entraron en patota. Destrozaron los muebles; dieron vuelta loscolchones y revisaron, uno por uno, los libros de aquella banda de terroristaso subversivos, como vociferaron a los cuatro vientos para advertir a losvecinos.

El único que estaba en ese momento en la vivienda era Horacio Calciati.El joven dormía cuando el grupo de tareas, en compañía de miembros de laPolicía Federal, convirtieron el sueño en una pesadilla que recordará hasta elúltimo día de vida. Lo pusieron contra la pared, le separaron las piernas y locachearon. De un golpe lo tiraron al piso y, sin dudar un instante, lo intimaronpara que confesara dónde ocultaba las armas. Eligió no hablar. Le asestaron unpar de culatazos en la cabeza y le patearon las costillas sin descanso. Losgritos de auxilio se oyeron en toda la cuadra. Nadie acudió en su ayuda.Recibió una paliza feroz pero el operativo fue un fracaso. Por más quepusieron patas arriba todas las habitaciones, no encontraron ni una vulgarpistola. Se fueron con las manos vacías, sin llevarse nada ni a nadie. En elpiso dejaron, en un charco de sangre, al hombre que únicamente despegó suslabios para expresar su dolor cuando le rompieron la cabeza y le fracturaron,

prácticamente, todas las costillas.El Mono no estuvo en aquellas horasdramáticas. Minutos antes Calciati lo había ayudado a escapar por la partetrasera de la casona tras advertir ambos que los militares los seguían. CuandoLorenzetti se reencontró con Calciati quedó atónito. No podía creer lo que lehabían hecho a su amigo, le habían dejado el rostro irreconocible y el cuerpoapenas se podía sostener a sí mismo. “El Mono” no era otro que Ricardo LuisLorenzetti, militante de la Juventud Peronista (JP), ligada a la organizaciónguerrillera Montoneros.57 Ricardo Capello, Alberto Infeld y Ricardo Roca,los otros estudiantes que compartían la fatídica casa, se salvaron de la redadade milagro. Ajenos a las actividades de sus dos compañeros, el destino quisoque estuvieran en otro lugar en ese momento.

“No quiero ni recordar lo que viví esa noche, me molieron a palos portodas las partes del cuerpo”, recuerda Horacio Calciati. “Yo sabía dóndeestaba el Mono”. Fui a avisarle del allanamiento para que huyera y noregresara hasta que se acomodaran los tantos”, detalla con melancolía. “Al díasiguiente —continúa— compañeros infiltrados en las fuerzas de seguridad nosinformaron que, desde la noche anterior, la manzana estaba vigilada por losmilitares”. El ahora contador no duda: “Ricardo Lorenzetti es una granpersona y amigo. Siempre me agradeció que le salvara la vida. Nunca loolvidó. Nos conocemos desde el jardín de infantes, hicimos la secundariajuntos y luego compartimos la etapa universitaria. Tenemos una vida en común.Es una gran persona y gran amigo. Lo volvería a hacer”,58 garantiza.

Los militares querían al Mono porque estaban convencidos de que suorganización estudiantil, en realidad, era una tapadera de la guerrillamontonera.

Nunca pudieron comprobarlo, pero su olfato —y algunos soplones— lesaseguraban que no andaban desencaminados con ellos.

Lorenzetti fue uno más en revolverse tras la caída de Isabel Martínez dePerón. Las Juntas Militares que asaltaron el poder, el 24 de marzo de 1976,tenían como objetivo declarado no solo restablecer el orden político yeconómico, sino también asegurarse el monopolio de la fuerza con laaniquilación de toda expresión de pensamiento crítico. En el camino, y comoprioridad, querían terminar con Montoneros —muy activos también durante elefímero y caótico gobierno de la viuda del general— y asestar el golpe final a

lo que quedaba de otros movimientos guerrilleros. Entre otros, el atomizadoEjército Revolucionario del Pueblo (ERP), que terminaría fusionado conMontoneros.

A Lorenzetti lo fueron a buscar en varias oportunidades, pero el destinole tenía preparado un futuro más promisorio que centros clandestinos, vuelosde la muerte o cualquiera de los suplicios que la dictadura acostumbraba autilizar.

A Omar Francisco “el Flaco” Operto, quizás el hoy supremo jueztambién le deba la vida. Le abrió la tranquera de uno de sus campos (del nortesantafesino) y lo mantuvo escondido por algo más de tres meses después delallanamiento de la casa. Cuando las aguas parecieron volver a su cauce y elruido de las botas se oía lejano, Lorenzetti salió de su madriguera durante elverano de 1977. Había tenido tiempo para pensar y poner en la balanza hastadónde estaba dispuesto a llegar, a riesgo de perderlo todo. Decidió cuidarmejor sus espaldas, intentar pasar desapercibido y bajar su perfil de militante.Tenía claro que eso no significaría abandonar la política, una pasión quecultiva hasta el día de hoy. En ese terreno ambiguo entre la guerrilla y lajuventud peronista, sus compañeros lo recuerdan como un teórico o ideólogomás inclinado a desarrollar estrategias que a empuñar un arma. El Monovolvió con pies de plomo a la facultad y se entregó de lleno a la vidaacadémica. Ese ámbito le resultaba mucho más seguro y gratificante. Intuía queno era un disparate pensar que, en verdad y a su manera, podría “cambiar elmundo”,59 como, en el fondo, siempre había pensado.

Primeros pasos en la política

Pero antes de que llegara la dictadura, Lorenzetti ya conocía lamilitancia. El debut había sido en el colegio de los hermanos maristas SanJosé, donde participó en la Asociación de Estudiantes Secundarios (AES),60un colectivo de jóvenes rafaelinos ligados a las protestas docentes en los 70.En la agrupación se había destacado por su activismo junto a Luis Anselmo,alias “Topo” o “Colo” Ricciardino, del Colegio Nacional, señalado como ellíder del grupo; Daniel “el Flaco” Raviolo que estudiaba en el ColegioComercial. Otros eran directamente conocidos por sus apodos o “nombres deguerra”, el “Colito” Pot, que era del Normal. La única mujer del grupo, la más

pequeña, era Yolanda Rosa, más conocida como “Yoli” Ponti, que asistíareligiosamente a clase al único colegio de monjas que había en Rafaela,Nuestra Señora de la Misericordia.61

Roberto Baschetti, sociólogo, escritor e historiador porteño especialistaen el peronismo, escribió la biografía de todos los detenidos y desaparecidosen Argentina, aunque se detuvo en la ciudad de Rafaela y la provincia de SantaFe. Recuerda que, salvo Lorenzetti, Pot y Raviolo, ese grupo completo cayó enmanos de los militares. Los describe con “El Descamisado” en la mano, unaproducción editorial de la revista Qué Hacer, órgano de difusión política delos estudiantes secundarios de Rafaela (AES)”. Salían del colegio, con eluniforme y se dedicaban a imprimir, a pura vuelta de mimeógrafo, la revista”,repasa. Baschetti, quien compartía la ideología de aquel colectivo, recuerdacómo gritaban que eran de “¡Santa Fe, de Aguirre y Branco, Montoneros dePerón!.”62

El Colo Ricciardino desapareció en abril de 1976 y Yolanda Ponti(quien además era hermana de su amigo el “Cabezón” Ponti); en diciembre delmismo año, con diecinueve años. La lista en Rafaela fue larga.63

El Mono había destacado en la primaria por ser un alumno brillante.Inteligente, con una oratoria impropia para su edad y una capacidad genuinapara retener y asociar conceptos. El chico era toda una promesa en Rafaela.Por si esto fuera poco, su potencial y su marcada vocación por la judicaturasaltaban a la vista. La historia cuenta que fue la maestra de la escuela primariaquien le advirtió a Aldo Nelson Lorenzetti que el hijo iba a ser abogado comorelata el propio juez en su libro, El arte de hacer justicia. Lo que no imaginó“don Aldo”, alineado más al pensamiento de derecha, era que Ricardito seemplazaría, como miles de jóvenes de su época, con la izquierdarevolucionaria.64

La dedicación a las letras y al estudio no impidió que el joven estudiantedemostrara aptitudes en deportes varios. Jugó al rugby en el Club CRAR(Círculo Rafaelino de Rugby) con amigos como Operto; Mario “el Tano”Rossini y Orlando “el Indio” Long. Todos cursaban en el mismo colegioaunque, por diferencias de edad, en grados diferentes. La otra pasióndeportiva de Lorenzetti era el fútbol; solía ir a la cancha a ver al club local desus amores: Atlético de Rafaela.

Lorenzetti finalizó la secundaria en diciembre de 1973. Para un jovenidealista y repleto de inquietudes, la pequeña ciudad de Santa Fe donde vivíano tenía mucho para ofrecerle. No había universidades, académicos, nidemasiados libros. Esto lo desanimaba. Sabía que si no seguía el impulsoirrefrenable de superación, la frustración le resultaría insoportable. Desdeniño había soñado con ser abogado, pero una cosa era desearlo y otra muydistinta concretarlo. Había llegado el momento de arriesgarse.

La familia fue quien más lo ayudó a disipar sus temores. Papá Aldo, uncomerciante que se ganaba la vida vendiendo repuestos de autos por lospueblos cercanos, fue quien más lo estimuló a que se fuera a estudiar a otraciudad. Ricardo Lorenzetti tenía al padre como modelo de esfuerzo ytenacidad. “Nunca dejaba de trabajar; no había lluvia, ni barro, ni niebla quelo detuvieran. Lo que otros viajantes no vendían, él lo lograba”, recordaríaaños más tarde.65 La relación con su madre, Norma “Porota” Baldoménico —directora de escuela primaria— era y es, como suele suceder entre los únicoshijos varones, especial. A diferencia de su hermana Susana, desde chico semantuvo muy apegado a ella. Madre e hijo parecen estar siempre en la mismafrecuencia. La conexión resulta sorprendente, tanto que —como detallan losque conocen su vida, la oculta y la otra— basta un gesto o una mirada entreellos para entenderse. En ella se refugia hasta el día de hoy y a ella escucha,con devoción, cuando duda o siente que el mundo se hunde bajo sus pies.66

Ricardito, como se dirige a él hasta el día de hoy doña Porota, heredópor vía materna la afición por la lectura. La misma pasión la encontraría mástarde en la profesora de literatura Analía Cortassa, la novia y primera mujeren llevarlo al altar. Paradojas de la vida, Lorenzetti la conoció en elcasamiento de Horacio Calciati, el 4 de enero de 1980. “Organizamos elencuentro entre los amigos y desde entonces se pusieron de novios”, recordóel hombre que le salvó la vida, en noviembre de 1976, cuando la patota demilitares y federales fueron a la casa a buscar al Mono. El flechazo fue total.Cortassa se convirtió en su primera esposa y con los años, en la madre de sustres hijos Pablo, Lucía y Franco.

El Mono echó a volar

Lorenzetti se mudó en 1974 a la ciudad de Santa Fe, donde comenzó la

carrera de Derecho en la UNL. Allí se instaló en una casa junto a Capello,Infeld, Roca y Calciati. Compartirían gastos, se repartirían las tareas del hogary se acompañarían mutuamente. Aunque la soledad no es un problema para elsupremo juez. Si algo le gusta es preservar ciertos espacios y tiempos paradisfrutarla. Ordenado y pragmático contumaz, la mayor parte del día lodedicaba a la lectura y al estudio. Estaba convencido de que era la mejorforma de afrontar el futuro laboral.

Cada viernes al mediodía, el movimiento de pasajeros de la terminal demicros de la capital de Santa Fe se incrementaba de manera considerable,debido a que muchos de los estudiantes universitarios regresaban a casa por elfin de semana. Para Lorenzetti ese viaje era sagrado. Apenas terminaba decursar en la facultad armaba el bolso y —como haría al aterrizar en la Corte—partía a Rafaela. En la terminal lo solía esperar el papá, algún amigo y lanoviecita de turno. Cada viaje era una manera de volver a disfrutar de lafamilia, la comida de mamá, el campo, el rugby, el fútbol y las salidas con losamigos de siempre.

De la Universidad le resultaba atractivo el mundo de las ideas, laproducción del conocimiento científico y el espíritu crítico que imperabasobre otros tipos de intereses. Dedicaba largas horas a la biblioteca de lafacultad donde no se restringió a volúmenes pesados sobre lo jurídico.Descubrió y se empapó de autores renovadores europeos como el francésEmmanuel Mounier. También se entusiasmó con su compatriota Frantz Fanon,emblema del revisionismo histórico. En el apartado nacional devoró los textosdel argentino y platense John William Cooke, referente del ala izquierda delperonismo.67

El comedor de la facultad era el lugar por excelencia de tertulias yardorosas discusiones de los estudiantes. Aquella enorme sala se convirtió enun espacio para comer y debatir. La década del 70 estaba profundamentepolitizada y ese rasgo era común en la UNL, donde se vivía un clima bastantecaldeado de movilización social. Allí el Mono conoció a otros jóvenes conexperiencias y orígenes diferentes pero similar sensibilidad. Eran estudiantesque regían sus vidas según los parámetros particulares de igualdad y justiciasocial. El individualismo estaba desterrado. Había que pensar por y para elgrupo. Dicho de otro modo, el objetivo era el bien común. Como correspondía

a su edad, eran unos idealistas, enamorados de las utopías y activosluchadores de las mismas. Muchos de ellos militaban en distintasorganizaciones, vinculadas al peronismo revolucionario, como la JuventudUniversitaria Peronista (JUP), el Movimiento de Villeros Peronistas (MVP) yla Agrupación Evita (AE).68

Lorenzetti interpreta aquellos años como parte de, “un quiebregeneracional que se propuso romper las reglas, terminar con la hipocresía, serlibres (…). En el campo político buscamos la igualdad y la justicia a travésdel cambio social o de la revolución. En la escuela secundaria, en la facultad,en los barrios, el intercambio ideológico se encontraba en un punto de plenaefervescencia”.69 Bajo la creencia en la inminencia del cambio y en larevolución, el Mono se sintió como pez en el agua en una militancia estudiantilque combinaba acción política con ideales. Un espacio donde confluía laradicalización católica con el Movimiento de Sacerdotes para el TercerMundo (representados en Santa Fe por José María Serra y Carlos AguirreOsvaldo Catena), y el trabajo social y político en los barrios periféricos.70

La llegada del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional,mientras la guerrilla seguía a tiro limpio en Argentina, puso punto final a loque Lorenzetti recuerda como el, “rico debate sobre cuál era la vía másadecuada para lograr un mundo mejor. Lamentablemente todo terminó en undrama de muerte y represión” que, observa, “arrasó con buena parte de nuestrageneración”.71

Un hombre y un destino

Los noventa y seis kilómetros entre Rafaela y Santa Fe capital lepermitieron no abandonar por completo su terruño mientras estudiaba derechoen la UNL. A poco de recibirse, comenzó a trabajar en los tribunales de suciudad natal como meritorio.72

Bajo esta figura se desempeñó, sin recibir un centavo, pero con laesperanza de iniciar una carrera judicial. “Ingresé como pinche en la justiciapara cumplir mi sueño de cambiar el mundo (…). El primer día de trabajo medijeron: ‘Acá tenés aguja e hilo’ y me pusieron a coser expedientes”,recordaría luego Lorenzetti.73

Una vez recibido (1978) anheló subir, peldaño por peldaño, la escaleraal cielo judicial. El primer paso fue convertirse en secretario letrado.Averiguó si era viable que un joven recién licenciado accediera a ese cargo.Contaba con el apoyo de los jueces civiles de la ciudad, que eran tres. Laoposición surgió de la Corte provincial. Allí le advirtieron que lo másadecuado sería esperar, al menos diez años, porque no tenía conocidos niningún tipo de “relación” con alguien del Poder Judicial. Era así: Lorenzettino tenía parientes jueces ni funcionarios judiciales que le facilitaran elascenso. Lo cual era una gran desventaja, en especial en aquella época dondela modalidad habitual de ingreso a la familia judicial era por contactos.

Lorenzetti buscaba insertarse laboralmente en la justicia rafaelina. Nopoder hacerlo por carecer de “palanca” y ADN judicial lo desesperaba. Enhonor a la verdad, contaba con una sólida formación y un impulso juvenilenvidiable, suficiente para alcanzar el puesto deseado.

En esa tesitura, el joven abogado tenía que elegir si seguir luchando paradar el salto definitivo al Poder Judicial o arriesgarse a ejercer la profesióncomo abogado litigante. En el último caso sabía que su economía podíaconvertirse en un juego imposible de equilibrio. Nada le garantizaba el éxitoque le permitiera disponer de seguridad financiera. La incógnita la despejó undía que, casualmente, se cruzó en tribunales con uno de los jueces de laciudad.74

—¿Cómo está Ricardo? ¿Ya decidió qué va a hacer?, —preguntó elmagistrado.

—Ahí andamos doctor —respondió Lorenzetti, mientras cruzaba losbrazos y encogía los hombros. Se notaba que estaba algo fastidiado.

—Opte por lo más difícil —le dijo el juez—. Usted es joven; sipermanece en tribunales, siempre se quedará con la duda. Si prueba afuera,podrá irle bien o mal, pero la decisión tendrá el sabor de la aventura. Yademás siempre podrá volver.Aquellas palabras surtieron efecto. Lorenzettitomó una decisión, estaba preparado para luchar por sus convicciones y noesperar los favores del azar. Así fue que, “equipado con el esfuerzo personalde mi padre y formado bajo el calor de la inteligencia estratégica de mi madre,me lancé al mundo”.75 Renunció al trabajo de Tribunales y consiguió empleo

en un estudio jurídico donde, para empezar, atendía el teléfono.

De la misma manera que Lorenzetti buscaba futuro laboral, anhelabaencontrar un espacio para expresar el irrefrenable deseo de pensar en voz altacuestiones profundas de la vida y de la cultura. Sentía una especie de ahogointelectual que lo frustraba y que con el tiempo se le hacía cada vez másasfixiante.76

Encontró una manera de paliar esa sensación. Solía reunirse con suamigo Omar Corrado,77 un prestigioso investigador, músico e historiador, aleer todo lo que los motivaba. Por aquel entonces ambos estaban dando susprimeros pasos en la intelectualidad. A los dos les interesaban la musicología,el arte, la psicología, la lingüística, la antropología y la filosofía. Dedicarontardes enteras a la lectura de los textos de Sigmund Freud y Gustav Jung.También leyeron a los autores de la Escuela de Frankfurt; de Jacques Lacan aKarl Popper, a Umberto Eco y a Thomas Khun. La afición o el enamoramientopor los libros era tal que el mismo Lorenzetti reconocería: “Si no me hubieradedicado al derecho, me hubiera gustado abocarme a la economía, a lafilosofía, a la hermenéutica y a la lingüística”.78

También era frecuente la asistencia del Mono y Corrado al Cine Club deRafaela, un lugar —creado por tres personas que trabajaban en el correo—donde se exhibían películas de Europa oriental. Espacio alternativo a las dosúnicas salas de cine comercial que había en la ciudad, poco a poco, losencuentros se hicieron rutina. Lorenzetti le propuso a su amigo Corrado y a losintegrantes del Cine Club crear un rincón cultural donde no solo secompartiera la pasión por el cine, sino también por la literatura, la filosofía, lamúsica, la pintura…, las bellas artes en general. Las reuniones no eranmultitudinarias, únicamente asistían amigos y familiares. Aunque también erael refugio de los grupos de la Juventud Peronista y montonera para debatirideas, los jóvenes encontraron en ese reducto un espacio para desarrollar supensamiento libre.79 Luego, con el apoyo de la municipalidad, el club crecióen actividades y público. Realizaron presentaciones sobre el surrealismo, eldadaísmo, el modernismo y la música dodecafónica.

La primera vez, el primer estudio

A fines de la década del 70 y principio del 80 Lorenzetti ya estaba

instalado por completo en Rafaela. Como todo universitario recién recibido,soñaba con tener un lugar propio para ejercer su profesión, pero no teníaexperiencia previa, ni clientes. En su paso por tribunales había conocido alabogado laboralista Ángel Oyoli, quien a poco de jubilarse le ofreció heredarla cartera de clientes. La mayoría de ellos eran filiales locales de sindicatosfuertes como metalúrgicos, bancarios, de la leche y la carne, entre otros.Lorenzetti aceptó la propuesta y vio en ella una posibilidad de crecimiento. Y,de hecho, lo fue. Le sirvió de plataforma para dar los primeros pasos en laprofesión. Así fue como instaló el estudio jurídico en una habitación de lacasona antigua de los padres sobre la calle Chacabuco.

Con paciencia provinciana, y a base de esfuerzo y trabajo, contandoademás con la inestimable ayuda de sus padres y de su hermana Susana,“Ricardito” se lanzó a la aventura. Al principio optó por trabajar tanto enderecho civil, comercial y laboral, como en cualquier caso que le llegara. Nodejaba nada librado a la suerte. Se ocupaba, con sumo cuidado, de cadadetalle. A la mañana temprano iba a Tribunales a presentar los escritos quepreparaba la tarde anterior. A media mañana volvía al estudio, donde loesperaba doña Porota, con mate recién cebado. Ella simulaba ser su secretariay solía atenderle el teléfono en sus ausencias. Le dejaba anotados todos losllamados y luego su hijo, de acuerdo a las prioridades, los devolvía uno poruno. Por la tarde, con puntualidad británica, atendía a los clientes y estudiabaen profundidad cada caso.

Algunas noches era usual verlo en el bar Siroco, ubicado en galería SanMartín. Se trataba de un lugar mítico que marcó la historia de la nocherafaelina de las últimas décadas del siglo XX. Lorenzetti solía reunirse allícon políticos de la época, muchos de ellos amigos, pese a que eran mayoresque él. Entre ellos, Ricardo Peirone,80 contador y referente del justicialismo yJosé “Bachi” Imwinkelried, dueño de la librería Paideia. En Siroco encontróun lugar para reforzar su espíritu y talante de hombre político.81

Derecho, humano y político

Desde principio de la década del 80, Lorenzetti combinó la faceta deabogado y académico con la de militante justicialista. Participaba de losdebates y de las actividades que se realizaban en la sede local del PJ (Partido

Justicialista). También colaboraba y asesoraba en el armado de cuadrospolíticos. En 1983, con el retorno de la democracia, el joven abogadoLorenzetti buscó, sin éxito, ser elegido precandidato a intendente de suciudad82 por el PJ local.

En paralelo a su actividad profesional buscó insertarse en el mundoacadémico. Por ello, comenzó a viajar a la UNL de Santa Fe, donde trabó unprimer contacto con los claustros. Sin embargo, el gran impulso ocurrió en1986,83 cuando se doctoró en Ciencias Jurídicas y Sociales en la UNL,especializándose en derecho privado, de la mano de su mentor, el prestigiosocivilista santafecino Jorge Mosset Iturraspe. Su tesis fue sobre laresponsabilidad civil del médico, tema que ya conocía debido a suexperiencia como asesor en la materia. Ese mismo año concursó para el cargode profesor adjunto de la materia Derecho de las Obligaciones en laUniversidad Nacional de Buenos Aires (UBA). Allí, el civilista, camaristacomercial y luego decano de la Facultad de Derecho, Atilio Alterini, seconvirtió en su referente.84

Así fue como, a partir de 1986, a Lorenzetti se le abrieron las puertasdel mundo académico. Comenzó a viajar para dictar clases no solo a BuenosAires y Santa Fe, sino también a otros países. Intervino en congresos, escribiólibros, revistas y organizó posgrados. La docencia le permitió obtenerprestigio y la publicación de libros, notoriedad. Con el respaldo de MossetIturraspe, publicó libros a través de la editorial Rubinzal Culzoni.85 La mismaempresa con la que luego recorrió el interior del país con presentaciones,charlas y congresos.

Horizontes lejanos, horizontes cercanos

En el ámbito profesional Lorenzetti se había convertido en un abogadoexitoso con fuerte instalación en el sector privado, político, sindical yempresarial, vinculados todos ellos al PJ local.86 Esto le permitió ganardinero y reconocimiento entre sus clientes. Y aunque todo marchaba bien, esaestabilidad no terminaba de colmarlo de satisfacción. Necesitaba nuevosdesafíos: se propuso expandir la cartera de gremios y sindicatos queasesoraba.

Celso Trivelli, referente de la Unión Cívica Radical (UCR), era otroabogado de renombre en Rafaela. Desde 1984, se había desempeñado comoasesor del Ministerio de Trabajo de la Nación. Además, era consultor de unaamplia cartera de gremios entre los que figuraban madereros y comerciales,fuera de la órbita de Lorenzetti.

“Pero Celso, para qué competir si podemos trabajar juntos”, le dijo aTrivelli. Seductor y hábil hasta el infinito con la palabra, logró convencerlo.87La sociedad arrancó en 1986. El hoy supremo juez de la Nación mudó laoficina de la casa paterna a un estudio más grande sobre la calle Sarmiento,junto al nuevo socio. Logró así centralizar el asesoramiento a todos losgremios y sindicatos, o lo que es lo mismo, dominar el sector. De esta manera,no solo se aseguraron manejar la totalidad de los asuntos gremiales de Rafaelay los departamentos aledaños, sino también de mantener vínculo político tantocon el peronismo (afín a Lorenzetti), que gobernaba la provincia de Santa Fe,como con el radicalismo (afín a Trivelli), que había ganado las presidencialescon Raúl Alfonsín.

El nuevo estudio se destacó en el tratamiento de cuestiones laborales,pero también abordaron temas tributarios, de responsabilidad civil, contratosy sociedades que eran la especialidad de Lorenzetti. Poco después, el caudalde trabajo se incrementó tanto que fue necesario incorporar dos abogados. Unofue Daniel Pedrotti, conocido de Trivelli y referente de la Junta Coordinadorade la Juventud Radical. El otro fue el justicialista Edgardo Allochis, del ala deLorenzetti.88

Se conformó así un equipo de cuatro abogados que combinaban unasólida formación académica con convenientes vinculaciones políticas.Lorenzetti era el primero en llegar, a las 7. Pedía que no lo molestaran duranteuna hora, escuchaba música clásica y empezaba a trabajar. Solía confeccionaruna lista de objetivos y actividades a realizar en el día. Al finalizar la jornadatodos se habían cumplido. Quienes lo conocieron en esa época, lo definieroncomo un profesional extremadamente trabajador, pragmático, con unaformación jurídica muy “sólida” y de una lucidez extraordinaria que lo hubierallevado a destacarse en cualquier profesión, aunque eso sí, de una “tremendaambición”.89 Dentro del estudio, con quien tendría más afinidad sería conPedrotti, quien en 1988, además de integrar el estudio jurídico Lorenzetti &Trivelli, fue designado en la delegación provincial de la Secretaría de Trabajoy Seguridad.90 Sin incompatibilidades, Pedrotti mantuvo en paralelo laasesoría en la secretaría y el estudio jurídico. Ese nexo le permitió a lasociedad no solo posicionarse en los temas laborales y civiles, sino aumentarconsiderablemente la cartera de clientes. Como valor añadido, el estudio sehabía convertido en una plataforma de primera fila a nivel nacional. Era puntode encuentro de radicales y peronistas. Las ideologías las dejaban en lapuerta.

Con el tiempo, diferencias económicas, los respectivos caudales declientes y el crecimiento particular de los abogados abrieron un abismo entrelos colegas. Celos profesionales y la competencia imprevista entre los sociosdieron paso a un escenario más parecido a un polvorín al borde de estallar.

Un lunes de noviembre de 1989, cuando Pedrotti y Lorenzetti llegaron alestudio a la mañana, descubrieron un escenario insólito. Trivelli y Allochis,sin mediar palabra, se habían llevado los muebles y buena parte de ladocumentación. La separación había sido como un divorcio de mal gusto,abrupta e inesperada, pero Lorenzetti no le dio demasiada trascendencia alasunto. Por el contrario, en el fondo, —aseguran los suyos — debía estarfrotándose las manos. Sin que le pudieran reprochar un mal gesto, habíalogrado quitarse del medio a Trivelli y Allochis, que optaron por abrir juntosotro despacho. El futuro juez supremo continuaría con Pedrotti91 en unasociedad que sería fructífera por mucho tiempo. Los dos compartían elentusiasmo por la profesión y la militancia política. Y, lo mejor, en partidos

diferentes. Iban por todo.

A los treinta y dos años, siempre ligado al justicialismo, Lorenzettiasesoró al grupo político que participó en las elecciones municipales y quetuvo a Rubén Pavetti como candidato a intendente. De ganar los comicios del 8de noviembre de 1987, la intención de Lorenzetti era asumir la Fiscalíamunicipal. Sin embargo, los pronósticos no se cumplieron. Pavetti perdió laselecciones92 y Lorenzetti continuó en su estudio.

Ya en los 90, dos lunares oscuros se extendían sobre la figura deLorenzetti en “la perla del oeste”:93 su cuestionada participación en elsistema de salud, como asesor de las clínicas que luego se convertirían en lamáquina perfecta de hacer dinero y su desempeño como abogado, ensimultáneo, de gremios y empresarios. El reproche de sus colegas eracristalino: “Siempre estuvo de los dos lados del mostrador”.94Todoqueda en casa

“Tendríamos las clínicas, los prestadores y la mano de obra”, le dijoCarlos Tita a Lorenzetti que, de inmediato, se interesó en el tema. Cafémediante, uno de los socios mayoritarios de la empresa familiar Clínica TitaHnos. SRL (luego Tita SA), consultaba al abogado para poner en marcha unformato que les permitiera, según el periodista Sergio Zenklusen y el militantedel Movimiento Nacional Justicialista, Jorge Quevedo, “acaparar omonopolizar” el sistema de salud de la región. Los dos se fueron del encuentromasticando la idea. En sus manos exclusivas terminaría de decidirse el sueldode todos y cada uno de los médicos de Rafaela. También, por obra y gracia desu genialidad, todas las prepagas de salud estarían en su bolsillo.Lorenzetti yatenía como clientes a dos referentes peronistas y empresarios, Leonardo Parra(dueño del sanatorio Parra) y Rafael Barreiro (propietario del PoliclínicoRafaela), ambos “relacionados al entonces titular del PAMI, Víctor Alderete”.

Casi en simultáneo, el todavía abogado impulsó su estudio jurídico enBuenos Aires junto a otros colegas, a mediados del 1993. El buffet —ubicadoen la calle Uruguay 775, piso 6to, oficina A— lo formaron, entre otros, él,Jorge Mosset Iturraspe y Alfredo Kraut. Se especializó en asesoramiento aclínicas, médicos e instituciones del sector por mala praxis. Tambiénapostaron a ciclos de conferencias, capacitación, seminarios de trabajo y

defensa penal de médicos y sanatorios.

En tanto, en Rafaela, “Lorenzetti ideó unir a las cuatro familiaspropietarias de las clínicas más importantes para mantener el monopolio de lasalud en la zona. No era necesario competir si podían ganar todos porigual”.95 A partir de este proyecto comenzaron las diferencias con su socio,Daniel Pedrotti, porque este se negaba a que desapareciera la competenciaentre los sanatorios. Su razonamiento era puro sentido común, eseacaparamiento implicaría el “detrimento de los derechos de los médicos,cuyos honorarios y salarios quedarían supeditados a piacere de ese consorciode salud”.96 Ante la negativa de Pedrotti por las incompatibilidadesprofesionales —ya eran abogados de las obras sociales y lo serían de lasgerenciadoras de salud—, la reacción de Lorenzetti fue prometerle quearmaría un estudio paralelo y que las cuestiones de salud las llevaría con otrosabogados. Mayores rispideces anticiparon el fin de la sociedad.97

El proyecto que sugirió Lorenzetti dio sus primeros pasos sin Pedrotti.Así nació la unión societaria de los sanatorios Parra, Nosti y del PoliclínicoRafaela, de los médicos Leonardo Parra, Carlos Tita y Rafael Barreiro,respectivamente. Luego se sumó Reynaldo Casabella, del sanatorio Moreno.En marzo de 1994 constituyeron Asistencia - Sociedad de ResponsabilidadLimitada (ASIS SRL). Lorenzetti y Juan Carlos Gómez Galissier fueron losletrados de la sociedad y los responsables de representarla.98

La gerenciadora ASIS fue el primer intento de los sanatorios locales porintermediar y conseguir los mejores contratos con las obras sociales, entreellas IAPOS (de la provincia de Santa Fe) y el PAMI (a nivel nacional). Perotuvo vida corta.

Mención aparte merece el vínculo que ligó originariamente a Lorenzetticon Casabella. Este último había sido la cara visible de la financieraRelaciones con Empresas SA (RC SA), cuyo titular era Juan Carlos Lehmann.La empresa se encargaba de administrar dinero y además operaba en la Bolsade Buenos Aires. Casabella había logrado que los empresarios y firmas másimportantes de la zona le confiaran su dinero. Hasta el propio Lorenzetti, en1993, se convirtió en inversionista.

De repente, la ciudad se vio conmocionada: el 22 de agosto de 1996,

cuando RC SA fue declarada en quiebra en la ciudad de Buenos Aires. Sedescubrió que la financiera era insolvente e ilegal.99 Gran parte de losrafaelinos habían sido estafados, entre ellos Lorenzetti y su padre, por un totalde $226.854. El abogado y futuro juez de la Corte Suprema, estaba desolado,pero no vencido. Se puso manos a la obra, dispuesto a dar la batalla pararecuperar lo que era suyo. Inició el reclamo ante la justicia y —de paso— setransformó en el defensor del resto de los damnificados. Sus clientesquedarían decepcionados. Ninguno, pese a los honorarios de su abogado,logró ser indemnizado. Los únicos afortunados, los que sí lograron recuperarel dinero invertido —como figura en el expediente judicial— fueron Ricardo yAldo Lorenzetti. La amenaza que habría escuchado Casabella de labios de suahora estrecho colaborador, socio o jefe —según quien hable— sería laapertura de un juicio de simulación. Lorenzetti le habría advertido que teníalocalizado, al menos, un inmueble suyo de gran valor, que estaba a nombre deotra persona. Dicho en cristiano, que el titular era un testaferro oprestanombre, términos que el propia Casabella, a día de hoy, podría, siquisiera, presumir de conocer personalmente a fondo.100 A partir de esemomento, se puede decir que Casabella y Lorenzetti formarían un frente comúnde mutua dependencia. El “afortunado” abogado Lorenzetti decidió entoncesincorporarlo a la gerenciadora de salud. Si la política hace extrañoscompañeros de cama, las finanzas, sin duda, superan cualquier fantasía.

Con extraordinario olfato para los negocios, el futuro juez vislumbró enel sistema de salud un negocio rentable. La fórmula que diseñó era tan sencillacomo exitosa. Se necesitaban al menos mil asociados, a los que se les cobrabaper cápita. Se les ofrecía un servicio a bajo costo y de calidad media. Parra yBarreiro tenían la conexión con el PAMI, eso significaba un número deafiliados que garantizaba con creces la rentabilidad de la iniciativa.

De allí en más, la historia es conocida. Durante los 90, en el ámbito dela salud se habilitaron empresas intermediaras con el PAMI y otras obrassociales, en especial las relacionadas con los gremios más poderosos. “Lasgerenciadoras eran las intermediarias que ponía (Víctor) Alderete y las quecobraban coimas”, denunció en relación a Lorenzetti la diputada nacional porla Coalición Cívica, Elisa Carrió.101

Ese esquema se plasmó a nivel nacional y sus consecuencias fueron

consideradas “parasitarias”102 porque dificultaban el acceso a la salud. Laciudad de Rafaela no fue la excepción.

En ese contexto no había tiempo que perder. Lorenzetti pasó de serasesor a socio y fundador de APREME SRL. Esta se conformó el 26 deseptiembre de 1996 con la unión de los cuatro sanatorios locales.103 Lossocios, en esta ocasión, fueron: Carlos y Gustavo Tita, Leonardo Parra, RafaelBarreiro, Reynaldo Casabella y José Abdullatif. Así fue como se consolidó elmonopolio de salud en Rafaela.

Las críticas no tardaron en llegar, en especial la de los másperjudicados: medicos y asociados. A Lorenzetti se lo acusaba de ser “elideólogo del acaparamiento del sistema de salud que, motivado por el tráficode influencias, abuso de poder y las conexiones políticas, le garantizaron eléxito. Lorenzetti era el encargado de armar la estructura legal y los contratosmillonarios que firmarían los empresarios en las reuniones con los gremios ylas obras sociales en Buenos Aires y Santa Fe”, como insiste Carlos DelFrade.104 La estructura “oligopólica” que había logrado APREME permitióque tuviera incidencia sobre las condiciones de trabajo y remuneración de másde 600 profesionales de la salud y sanatorios que quedaron sometidos alarbitrio de honorarios, “indignos e irrisorios, que los perjudicósobremanera”.105

Este nuevo formato societario entró en pugna con la histórica AsociaciónMédica del Departamento Castellanos (ASMEDICA), surgida en 1964 y unade las primeras prepagas gremiales de la Argentina en agrupar a los médicos.En los 90, la asociación pretendía la autonomía en la labor médica y no estar“sometidos” al arbitrio de las gerenciadoras. Carlos Chiapero, Héctor Santanay Jorge Beninca, entre otros, tomaron la bandera de la causa yresponsabilizaron a Lorenzetti de ser el estratega. “Hubo abuso de poder,aprietes, influencias, ventajas por sus conexiones políticas y una tremendadesigualdad con la asociación de médicos. Lorenzetti tenía una gran habilidadde disfrazar de legal lo que no lo era”, asegura el neurocirujano JorgeBeninca.106

Se dirimía la cuestión entre dos modelos de salud. “Mientras nosotrospensábamos en defender nuestro trabajo y curar a la gente, ellos hacíannegocios. A estas familias que manejaban los contratos con las obras sociales,

les decíamos los tres montoncitos,10 para administrar y 60 para servicios”. Enalusión a que el 30 restante significaba “la ganancia”.107

El enfrentamiento era palpable. “ASMEDICA creció durante treintaaños, pero el acabose sobrevino cuando logramos comprar el Policlínico, unode los sanatorios más grandes de Rafaela. Ahí la decisión fue eliminarnos,porque éramos una fuerte competencia, un obstáculo para sus negocios”.

El 2001 fue un año de quiebre. Las controversias entre APREME y lacomisión directiva de ASMEDICA se dirimieron tanto en la arena judicialcomo mediática. Llovieron amenazas y denuncias cruzadas. En agosto de2001, Lorenzetti renunció a APREME por razones personales, aunque elconflicto de fondo continuó. Para algunos, existieron otras razones de pesodetrás de la dimisión. “Utilizar los recursos legales que rompen la barrera dela ética para conseguir esos fines bordea lo delictual”, advierte Del Frade.108

El cuarto poder

Lorenzetti había representado al intendente de la ciudad de Rafaela,referente del PJ, Ricardo Peirone, en un juicio por “calumnias e injurias”impulsado en 2001 contra el diario Castellanos. El pleito se desató tras ladenuncia del concejal radical Luis Telesco contra Peirone por haber recibido“dádivas”. El funcionario reconoció que había aceptado un regalo del titularde la Red Megatone. No era cualquier obsequio. Se trataba de un VolkswagenPassat importado 0km, de un valor de treinta mil dólares. Pero había dosincompatibilidades. La primera que reconoció Peirone fue que en paralelo a sufunción de intendente era el contador de la empresa pero, además, RedMegatone figuraba como proveedora del municipio y esto contrariaba a la Leyde Ética Pública nacional. Así lo había plasmado el diario en diferentes notas.Sin embargo, Peirone se molestó por las publicaciones e inició la demandacivil contra Castellanos y su dueño, Pablo Visconti, y manifestó su enojo porlas opiniones del subdirector Edgardo De Luca y por las del editor de lasección política, el periodista Gabriel Pecile.

El abogado de Peirone, su amigo personal, Ricardo Lorenzetti,109 ganóel juicio contra el medio y logró que la justicia resolviera una indemnizaciónde treinta mil pesos. Como el diario no tenía los fondos, su imprenta fue

embargada, lo que para el matutino significaba el fin. “Una estrategia —advierte Francisco Marzioni— del político local para clausurar la única vozopositora a su gobierno en la ciudad”.110

Es posible que, a través de aquel caso, Lorenzetti avizorara un negocio yapuntara a los medios como una inversión. Junto a un grupo de amigos, NéstorLuis Zenklusen, Reynaldo Casabella, Leonardo Luis Parra, Omar Francisco“el Flaco” Operto y Héctor Daniel Marchi constituyeron en junio de 2003Medios de la Región SA. En ese momento la sociedad tenía Radio FM Colóny más tarde adquirió la licencia de Radio Max y del Canal 8 Televisora Colón.Ya era un multimedios.111

Mientras Lorenzetti incursionaba en el rubro de comunicaciones, eldiario Castellanos resistía la maniobra que intentaba acallarlos. “Los Menemcomo los Peirone, los Kirchner como los Juárez o los Saá no pueden convivircon la prensa independiente. Los asusta la libertad de los otros, por esocensuran. Por eso los denunciamos y, aun en soledad, resistimos sus ataques”,escribía por entonces Gabriel Pecile, editor de la sección Política del diarioCastellanos. Esa fue la nota de opinión que publicó el matutino aquel lunes 17de noviembre de 2003.112

La cuestión llegó a instancias internacionales. La SociedadInteramericana de Prensa (SIP) intervino ante la relevancia del tema yconsideró un “exceso” el embargo de la rotativa del diario Castellanos, comolo explicó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Informaciónde la SIP, Rafael Molina.113

Lorenzetti, al menos con su nombre, ya no pertenecía a la sociedadMedios de la Región SA, cuando esta se disolvió en 2013, año del pulso entreel gobierno y el Grupo Clarín por la Ley de Medios. La empresa se vendió aEduardo Piedrabuena, accionista de Radio Universidad del Litoral SA, junto aotros socios,114 como el académico Mariano Candioti, quien más tarde seríaconsejero de la Magistratura. Sin embargo, Zenklusen, ex socio de Lorenzetti ypresidente del Club Ben Hur, siguió vinculado a los medios y controló elcontenido deportivo de radio La Red (del Grupo Vila-Manzano), en Rafaela.Zenklusen fue además presidente de la Confederación de Mutuales, tuvocheques rechazados por más de cuatro millones de pesos, algunoscorrespondientes al Club Ben Hur, otros a la asociación de mutuales y en la

ciudad santafesina lo vincularon al sistema de salud que estaba bajo sospecha.

Aterrizaje, directo y sin escalas, en la Corte

Lorenzetti puede decir en voz alta, sin faltar a la verdad, que esarquitecto y constructor de su destino. También, que el límite de su ambiciónno tiene horizonte. Calculador, analiza cada paso que da, sopesa opciones,riesgos y obra en consecuencia.115 El juez supremo aprendió temprano amirar a su alrededor y a sus espaldas. Reconoce al primer vistazo el perfil delos hombres y mujeres del poder y es hábil para arrimarse y buscar cobijo a susombra. El Mono no se engaña, sabe quién es, de dónde viene y a dóndequiere ir. Solo y con ayuda de otros confiaba que podía escalar a lo más alto:la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para Ricardito, Buenos Aires era terreno conocido. Desembarcó en estagran ciudad en 1993, para abrir un estudio jurídico junto a un grupo de colegasentre los que figuraban Mosset Iturraspe y Alfredo Kraut. El joven abogado seanticiparía a lo que hoy llamaríamos una clientela de “nicho”. El suyo, el quevislumbró con un potencial formidable, fue la salud. Formó un equipo deprofesionales especializado en ofrecer sus servicios jurídicos a clínicas ymédicos. Las demandas por daños y perjuicios o mala praxis eran —y son—un quebradero de cabeza para facultativos y empresarios de la sanidad querecibieron, con los brazos abiertos, el blindaje y defensa legal que prometía eloriundo de Rafaela.

En el camino a la cumbre de la Corte se ocupó de estrechar lazos conjuristas, aprovechó cualquier ocasión para demostrar los dotes de orador quelo caracterizan y, ladrillo a ladrillo, fue levantando su carrera académica. Laeditorial Rubinzal Culzoni fue de suma importancia en su trayectoria. Lepublicó su tesis doctoral y bajo su tutela viajó por Argentina para dar aconocer tanto sus libros como su pensamiento.

En la última reforma constitucional de 1994, que se celebró en lasciudades de Santa Fe y Paraná, Lorenzetti fue consultado por los constituyentespor diversos temas civiles, pero en especial por el artículo 42 de la CartaMagna referido al derecho de consumidores. Allí conoció a Juan CarlosMaqueda —uno de los redactores del artículo— y a Eugenio Raúl Zaffaroni,

ambos convencionales constituyentes. Este fue el primer encuentro con quienesdiez años más tarde compartiría el máximo tribunal.

Desde 1993 y hasta el 2004 Lorenzetti logró compatibilizar el trabajocomo abogado (tanto en Rafaela como en Buenos Aires) con la militanciapolítica y la carrera académica.

Desde que se doctoró, con el retorno de la democracia, hasta arribar a laCorte, escribió trece libros. Algunos de ellos sobre asuntos de emergenciaeconómica, comercio electrónico, responsabilidad por daños laborales,derechos de los consumidores y su debilidad: la empresa médica y losconvenios del sector. Pero, sin haberlo previsto, se sorprendió con un éxitomucho más rentable de lo que pudo imaginar. Convenciones Colectivas deTrabajo (publicado en 1988) cautivó al histórico Ángel Federico Robledo.116El peronista, muy cercano a la por entonces senadora Cristina Fernández deKirchner, quedó deslumbrado con ese título y con su autor.

Robledo, quien también se había recibido en la UNL, compartía un cafécon el futuro presidente de la Corte Suprema cuando este le puso un volumensobre la mesa. De paso, aprovechó para pedirle un favor: que intermediaracon la senadora Fernández de Kirchner entregándole su extenso curriculumvitae. El veterano político estaba impresionado por los antecedentes y lasagacidad —rozaba el atrevimiento— de su interlocutor. No gozaba de buenasalud pero, seducido por el embrujo dialéctico y la personalidad deLorenzetti, no dudó en ponerse en marcha e interceder a favor suyo con“Cristina”. Acostumbrado a jugar con tantas barajas como se precise paraganar la partida, Lorenzetti repetía la jugada —o muy parecida— con otrosmiembros de la oposición.

Convencido de que no hay peor gestión que la que no se hace, apeló a suamigo y coterráneo Enrique Osvaldo “Tronquito” Peretti,117 juez del TribunalSuperior de Justicia de Santa Cruz. También él podía acercarlo unas casillasmás cerca del poder kirchnerista y, por tanto, de la Corte. Él fue quien se lopresentó al entonces senador y compañero de banca de CFK, Nicolás “Tito”Fernández, “el niño mimado de Cristina”, como lo identifica la diputadanacional del FpV Diana Conti.118 Tito y Lorenzetti simpatizaron de inmediato.Ambos estaban en la misma frecuencia y hablaban el mismo idioma. Habíanestudiado en Santa Fe, aunque en distintas universidades,119 y por sus venas

corría la sangre caliente de la pasión por la política.

Trabado el lazo, Lorenzetti, cada vez que venía a Buenos Aires, visitabaasiduamente a Tito en su despacho del Senado. La postulación a la Corte era eltema recurrente. Hombre del riñón kirchnerista, el peronista fue uno de lospersonajes clave (hay más) que insistió a su favor ante la “primeraciudadana”, como se definió a sí misma, al principio del gobierno de sumarido, la senadora Fernández.

Tantas gestiones y padrinos políticos no tardaron en dar frutos. “Cristinapropuso a Lorenzetti como representante del Senado ante el Juris deEnjuiciamiento del Ministerio Público”, confirmó Conti. El beneficiadonegaría esto y ofrecería una versión diferente en su libro El arte de hacerjusticia. “A comienzos del año [2004]

—escribe Lorenzetti— organizamos un congreso ambiental para ladefensa del agua y los glaciares, fundamos el Instituto Planeta Verde, y empecéa asistir a reuniones en el Congreso para promover estos temas. Fuejustamente allí donde conocí a Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni,quienes ya eran ministros de la Corte. Fui propuesto como miembro del juradode enjuiciamiento de fiscales, cargo ad honórem para el cual no había disputaalguna. El cargo era el de representante del Honorable Senado de la Naciónante el Juris de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación. Loacepté, y en agosto la propuesta fue votada por unanimidad de todos lossenadores”, zanjó el santafecino.

El Mono estaba a punto de dar el salto a la Corte. El ex secretario Legaly Técnico, Carlos Zannini, rastreaba información hasta debajo de las piedraspara que no hubiera ningún cabo suelto con el futuro magistrado. El presidenteNéstor Kirchner quería saber todo sobre él antes de abrirle la puerta a la másalta magistratura. En Rafaela resumen la situación en una frase demoledora:“Pueden vestir al mono como quieran, pero el mono es el mono. Elkirchnerismo necesitaba una espada de protección en la Corte ante laadversidad política, y él era el indicado”.120

La presentación oficial al matrimonio se hizo en el Calafate, “mi cable atierra”, como proclamaba Cristina Fernández. El encuentro se produjo mesesantes de que Kirchner terminara de convencerse —con ayuda de otros— de

que él era perfecto para la Corte.

La decisión ya estaba tomada. He is the one, dirían en Estados Unidos.“Cristina” estaba entusiasmada con el personaje. Su conocimiento delderecho, experiencia académica, poder de seducción y el don de la palabraque lo caracteriza, cautivaron a la entonces senadora y esposa del presidentede la Nación.

“Conocimos a Lorenzetti en un congreso de derecho ambientalorganizado por Tito Fernández antes de su postulación. Dio un discurso enCalafate. Ese fue nuestro primer acercamiento a quien sería el futuropresidente de la Corte”, rememora Conti, la mujer que defendía una “Cristinaeterna” y tenía hilo directo con ella. “Viajamos, entre otros, con EugenioZaffaroni y Abel Fleitas Ortiz de Rozas (por entonces viceministro dejusticia). El objetivo era la presentación oficial, aunque también hicimosturismo por el glaciar Perito Moreno”.

Tito Fernández, “el niño mimado” de Cristina, como se refiere a élConti, fue el encargado de “allanarle el camino a su amigo RicardoLorenzetti”. La diputada y ex consejera de la Magistratura no duda: “NiCristina ni Néstor lo conocían de antes, fue Tito Fernández el nexo directo”,confirmó.

La versión coincide con la que ofreció la propia Cristina Fernández.“Por ese ex senador (en alusión a Fernández) yo conocí al doctor Lorenzetti,de quien es muy amigo. Él fue quien me lo presentó cuando yo era senadora.Inclusive, me decía que era un excelente candidato para ser miembro de laCorte”, relataría ya alejada de la presidencia, a un reducido grupo,seleccionado quirúrgicamente, de periodistas argentinos, y algún extranjero,que trabajaban o colaboraban para medios del exterior. Las declaraciones —muy parecidas a un extenso monólogo—, se produjeron el 23 de julio de 2016,en el Calafate.121

Por fin, el 14 de octubre de 2004, Néstor Kirchner puso su nombre sobrela mesa. El encargado de anunciar la propuesta fue el ex ministro de Justicia,Horacio Rosatti.122 Ahora bien, esto no hubiera sucedido si entre bambalinasno hubiera estado moviendo los hilos el eterno operador en las sombras,Enrique Coti Nosiglia.

Con el radical de respaldo, para Lorenzetti, no haber tenido una carrerajudicial previa ni ser un NyC (“nacido y criado” en la familia judicial) habíadejado de ser un obstáculo. “El aporte de quien viene de la actividad privadapuede ser muy interesante”, se justificó el juez en la presentación. El flamantemagistrado se comprometió a incorporar “cambios profundos para que lajusticia esté más cerca de la gente”. En su declaración de intenciones yaseveraciones, proclamó, como si hubiera liderado una revolución, que seterminaba la denominada “mayoría automática”.123

El elegido

Apenas se conoció la nominación de Lorenzetti, las repercusiones en laciudad de Rafaela fueron inmediatas. El diario Castellanos publicó uneditorial en el que aseguraba que la empresa impugnaría la nominación por sumala fe y falta de ética como abogado.124 Por su culpa, le habían embargado,injustamente, las rotativas allá por 2001, cuando defendió a su amigo eintendente de Rafaela, Ricardo Peirone.

Además de las repercusiones mediáticas, el proceso de nombramientode Lorenzetti tuvo un récord, a su favor, en relación al de sus pares: la menorcantidad de impugnaciones de parte de instituciones, ONG, entidadesacadémicas y colegios profesionales.125 Solo tres organizaciones impugnaronsu candidatura.

La más grave fue la presentada por ASMEDICA: “El doctor RicardoLorenzetti fue socio capitalista y fundador de una empresa gerenciadora desalud de Rafaela: Apreme (…). Fuimos testigos del deterioro de la calidad deatención de los jubilados en nuestro departamento (…) lo consideramosmoralmente inhabilitado para ejercer tan trascendente función en la CorteSuprema de Justicia de la Nación”, relataba el escrito.126 Las otras dosimpugnaciones estuvieron a cargo de la Asociación Civil Portal de Belén yMujeres por la Vida, de Córdoba, las que le cuestionaron su postura favorableal aborto. Sin embargo, Lorenzetti remarcó estar “a favor de la vidahumana”.127

La noticia de la nominación sacudió a Rafaela. En los hechos, “elblindaje mediático empezó el día que se conoció su candidatura. Su poder en

Rafaela, que ya era bastante, se trasladaba ahora a todo el país”.128 La cúpuladel diario Castellanos y los periodistas fueron los únicos que se mantuvieronen pie de lucha. Una catarata de notas denunció el accionar de los médicosprivatistas de APREME, asesorados por el abogado. El subdirector del diario,Edgardo De Luca, denunciaba las supuestas irregularidades a las que lagerenciadora sometía a la Asociación Médica de Castellanos”.

Fueron días convulsionados. Poco a poco un hombre cercano aLorenzetti, Guillermo Remonda, empresario identificado como socio delflamante ministro, empezó a influenciar en el diario Castellanos. Logró ponerun pie adentro tras prestarle dinero a Pablo Visconti, dueño del medio, ante laendeble situación financiera que atravesaban luego del embargo de la rotativa.“El tema fue que cuando ingresé a trabajar en 2006 al Castellanos, EdgardoDe Luca y toda la redacción atravesaban una situación de extrema tensión porel arribo de Remonda, quien primero fue de visita, luego participó de lasreuniones de redacción, más tarde opinó, después las convocó y un día pasó abajar la línea editorial”, recuerda el periodista Francisco Marzioni.129 Lasituación, para él y buena parte de la redacción, era ofensiva. Alguien sinnoción de periodismo de pronto comandaba el diario. De Luca no lo soportó,renunció y detrás de él, su equipo de trabajo. Como subdirector pusieron aFernando Garello.

Remonda se hizo con las riendas del diario. Marzioni hace memoria:“Una tarde le dijo a Visconti, el dueño original, que no fuera más a laredacción y le prohibió la entrada”. Para él y para todos, resultaba evidenteque ese advenedizo había adquirido el diario Castellanos, aunque, según él,“en los papeles figuraba como propietario Marcelo Calamante, un periodistade la sección Cultura y como director, Jorge Raúl F. Milia”. En rigor, en laescritura pública quienes figuran como titulares de la Editora Del Centro SA,que edita el diario, son Pablo Exequiel Ranzani y Marcelo Fabián Algarbe.“La línea editorial del diario —insiste el periodista— cambió de manerarotunda”.

Yo, el Supremo

A los 49 años y con la aprobación del Senado, Lorenzetti se convirtió enministro de la Corte Suprema. Era el cuarto juez nombrado, y el tercero en

jurar, a propuesta del ex presidente Kirchner, junto a Argibay, Zaffaroni yHighton de Nolasco.

El “sí, juro” motivó un acalorado aplauso de los presentes, luego de queel entonces presidente del cuerpo, Enrique Petracchi, le tomara juramento elmediodía de aquel 22 de diciembre de 2004. La ceremonia, breve por cierto,tuvo lugar en el cuarto piso del Palacio de Justicia, en la sala de Audienciasde la Corte, repleta, pero a diferencia de lo ocurrido en los juramentos deHighton de Nolasco y Zaffaroni —al que asistieron integrantes de todas lasinstancias del Poder Judicial—, en el del rafaelino era notoria la ausencia decamaristas y jueces inferiores”.130

Quienes sí lo acompañaron fueron sus padres Aldo y Norma, su hermanaSusana, su primera esposa y sus hijos Pablo, Franco y Lucía. Tambiénparticiparon del acto ceremonial el ex procurador Esteban Righi, los juristasDaniel Sabsay, Jorge Mosset Iturraspe, Ricardo Peirone y el ex intendente deRafaela, Omar Perotti. Entre otros invitados, no podía faltar el presidente deSancor Seguros, Miguel Altuna, el mismo que estaba acostumbrado a escucharlos certeros comentarios, del ahora magistrado, en su productiva labor deasesor de la empresa.

Al salir del Palacio, por una de las puertas laterales, Lorenzetti fuegolpeado y abucheado por un grupo de ahorristas que reclamaba la devoluciónde sus depósitos bancarios. Lo increparon al grito de: “Corte adicta, Cortecorrupta”.131 Eran los coletazos de la crisis económica del 2001. “Cuandollegué a la Corte (…) la atmósfera era terrible, no solo afuera sino tambiénadentro. Tanto, que lo primero que me enseñaron los custodios del palacio fuecómo salir por una puerta distinta cada día para evitar las agresiones de losmanifestantes”.132

Al día siguiente participó del primer acuerdo de ministros. Una lista detemas pendientes sobre los que debía dictaminar lo esperaban.

Había dos de extrema sensibilidad: la pesificación de los depósitos endólares y la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Enese escenario, había otro desafío delicado, resolver el enfrentamiento que laCorte mantenía, ya por entonces, con el Consejo de la Magistratura.133 ¿Elmotivo? La administración de los salarios del Poder Judicial que la Corte

quería para sí.

56. El golpe de Estado de 1976 en la Argentina, nominado OperaciónAries por sus perpetradores, depuso al gobierno de la presidenta María EstelaMartínez de Perón, el 24 de marzo de ese año. En su lugar se estableció unajunta militar, liderada por el teniente general Jorge Rafael Videla, al almiranteEmilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti. La junta tomóel nombre oficial de Proceso de Reorganización Nacional que se disolvió conel retorno a la democracia en 1983.

57. A fines de la década del 60, dentro del peronismo comenzaron adiferenciarse grupos que formaron el ala izquierda del movimiento. Estesector pensó al peronismo como movimiento revolucionario. Al discursotradicional de Perón le sumaron la reinterpretación antiimperialista y social desu doctrina. Esta relectura del peronismo permitió que se acercaran almovimiento nuevos sectores de la juventud, entre ellos el MovimientoNacionalista Revolucionario Montoneros, la organización más importante dela izquierda peronista. [Pacheco, Julieta, Acerca del programa de laorganización Montoneros: ¿reformistas o revolucionarios?, 2014http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/23%20Pacheco%20Julieta%20Montoneros.pGillespie, Richard, >Soldados de Perón. Los Montoneros, Grijalbo, BuenosAires, 1998.

58. Entrevista realizada para este libro al contador Horacio Calciati, el19 de octubre de 2016.

59. Lorenzetti, Ricardo, >El arte de hacer justicia, 1ra edición, BuenosAires, Sudamericana, 2014.

60. Página 12, 9 de marzo de 2014, Documental,> José “el Pelado”Villarreal, realizado por el Espacio de la Memoria de Rafaela://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/18-43044-2014-03-09.html.

61. Página 12, Leo Ricciardino, 9 de marzo de 2014:http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/18-43044-2014-03-09.html. Entrevistas a familiares de desaparecidos en la ciudad de Rafaela el

15 de noviembre de 2016.

62. Roberto Baschetti (nació en Buenos Aires el 16 de junio de 1950),sociólogo, escritor e historiador del peronismo, es autor de >La violenciaoligárquica antiperonista entre 1951 y 1964, entre otras obras. Autor de lapágina web: http://www.robertobaschetti.com/biografia/p/172.html.

63. Los desaparecidos en Rafaela, provincia de Santa Fe, fuerondieciocho, algunos de los cuales fueron sobrevivientes del terrorismo deEstado, aunque perseguidos y asesinados en democracia, como fue el caso deSilvia Suppo, quien atestiguó en una causa de delitos de lesa humanidad contraun juez federal y la mataron, como explicaron sus familiares. Losdesaparecidos durante la última dictadura militar fueron: Reinaldo Hattemer,Ricardo Nicolini, José Luis Manfredi, Roberto Sinigaglia, Luis Anselmo ColoRicciardino, José Antonio Rossi. Datos del libro >Homenaje a militaressantafesinos. Aportes para la construcción de la memoria colectiva, Secretaríade Estado y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe”, noviembre2007, editorial oficial del gobierno de Jorge Obeid. Página 12, LeoRicciardino, 9 de marzo de 2014:http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/18-43044- 2014-03-09.html.

64. Entrevista realizada para este libro al periodista Francisco Marzioniel día 2 de agosto de 2016. Marzioni es uno de los profesionales rafaelinosque investigó y escribió sobre Ricardo Lorenzetti.

65. Lorenzetti, Ricardo, >El arte de hacer justicia, cit.

66. Entrevistas realizadas para este libro a amigos de Ricardo Lorenzettien la ciudad de Rafaela, los días 2 y 3 de agosto de 2016.

67. Entrevistas realizadas para este libro a periodistas y amigos deRicardo Lorenzetti en la ciudad de Rafaela, entre los días 2 y 3 de agosto de2016.

68. Documental, >José “el Pelado” Villarreal, realizado por el Espaciode la Memoria de Rafaela, Página 12, 9 de marzo de 2014://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/18-43044-2014-03-

09.html y entrevista al periodista director de la revista Palpitar, SergioZenklusen, en 2 de agosto de 2016.

69. Lorenzetti, Ricardo, >El arte de hacer justicia, cit.

70. “En el cruce de los Relatos… Fuentes orales para el estudio de laorganización montoneros en Santa Fe”, Fabiana Alonso, Docente, graduada dela Universidad Nacional del Litoral, Investigadora del Departamento deHistoria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL:https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/DeSignosySentidos/article/viewFile/Alonso y Fabiana (2013). Trayectorias grupales y memorias. A propósito de laformación de Montoneros en la ciudad de Santa Fe. XIV JornadasInterescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia de laFacultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

71. Lorenzetti, Ricardo, >El arte…, cit.

72. La figura del meritorio o practicante fue una tradición que duródécadas en los juzgados y tribunales del Poder Judicial y se convirtió en lapuerta de entrada para muchos estudiantes de derecho que años después seconvertirían en jueces y magistrados federales.

73. Lorenzetti, Ricardo,> El arte…, cit.

74. Ídem.

75. Ídem.

76. Ídem.

77. Omar Corrado nació en Rafaela, Santa Fe, Argentina, en 1954. Segraduó en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional delLitoral en 1975. Obtuvo en 1985 el grado de doctor de Tercer Ciclo enHistoria de la Música y Musicología en la Universidad de París IV-Sorbona.Fue becario de los gobiernos de Francia y de Brasil, del Instituto Británico deParís, del Instituto Goethe, del Servicio Alemán de Intercambio Académico, ydel Centro de Difusión e Investigación Musical del Gobierno de la Ciudad deBuenos Aires. Actualmente se desempeña como profesor en la Facultad de

Filosofía y Letras de la UBA y en la Universidad Nacional de Rosario. LaOpinión, Rosario, 18 de julio de 2009 :http://www.laopinion-rafaela.com.ar/opinion/2009/07/18/h971871.php.

78. Lorenzetti, Ricardo, >El arte…, cit.

79. Entrevista realizada para este libro el 15 de noviembre de 2016 aMarina Destefanis, hija de la sobreviviente de la dictadura militar de 1976,Silvia Suppo, asesinada luego en plena democracia.

80. Ricardo Peirone fue detenido en 1975 —cuando todavía gobernabaMaría Estela Martínez de Perón— y fue liberado recién en 1983, luego dehaber sido torturado y paseado por las principales cárceles del país. Fue unreferente del Partido Justicialista que, mientras fue diputado, lanzó en 2004 elproyecto que se conoció como “la liga de intendentes” de Santa Fe con el avalde Néstor Kirchner. Luego fue intendente de la ciudad de Rafaela en dosperiodos consecutivos, desde el 10 de diciembre de 1995 y 10 de diciembrede 2004. La Opinión, 16 de noviembre de 2004:http://www.rafaela.com/cms/news/ver/6743/1/La-Liga-de-Intendentes-ya-est%C3%A1-en-marcha..html. 3470 Noticia. Rafaela, Minuto a minuto, 24 demarzo de 2012: http://www.3470.com.ar/sitio/VerNoticia.aspx?i=3725.

81. Entrevista realizada para este libro al periodista Francisco Marzioniel 2 de agosto de 2016.

82. Página 12, 8 de noviembre de 2006:www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-24486-2006-11-08.html.

83. Lorenzetti, R., >El arte…, cit.

84. Ídem. Atilio Alterini fue doctor en Derecho, juez de la CámaraNacional de Apelaciones en lo Comercial. Desde 1977 se dedicó a laabogacía y a la carrera académica en la Facultad de Derecho de laUniversidad de Buenos Aires, donde fue profesor titular de las cátedras deDerecho Privado, de Obligaciones Civiles y Comerciales y de Contratos, ydecano de esa facultad, entre 2002 y 2010.

85. Rubinzal Culzoni es la misma empresa que en 2013 publicó el

Código Civil y Comercial de la Nación, redactado y comentado por RicardoLorenzetti.

86. Entrevistas realizadas para este libro al periodista Sergio Zenklusen,director de la revista Palpitar, de la ciudad de Rafaela y a Jorge Quevedo,militante del Movimiento Nacional Justicialista y director del área de Prensa yRelaciones Públicas de la asociación ambientalista “Amigos por la Vida”, eldía 2 de agosto de 2016.

87. Ídem nota 81.

88. Ídem.

89. Ídem .

90. Tras una pugna entre la Nación y la provincia, en Santa Fe no sereabrió la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación como tampoco las delinterior de la provincia, que había sido cerrado por la última dictadura cívicomilitar. Esto impulsó a los movimientos gremiales a intermediar ante elentonces gobernador José María Vernet para la creación de la Secretaría deTrabajo y Seguridad Social de la provincia, y delegaciones del interior.

91. Entrevistas a Sergio Zenklusen y a Jorge Quevedo, (ya citadas).Daniel Pedrotti asumió como asesor legal de la Secretaría de Trabajo ySeguridad Social en el periodo comprendido entre el mes mayo de 1988 yjulio de 1996. En el año 1989 se desvinculó del estudio jurídico de RicardoLorenzetti: http://www.estudiopedrotti.com/profesionales.html.

92. Ese año la provincia de Santa Fe tuvo elecciones divididas. El 6 deseptiembre se llevaron a cabo las legislativas nacionales en conjunto con lasprovinciales en las que resultó ganador el peronista Víctor Reviglio, quesucedió a José María Vernet. Rodolfo Bienvenido Muriel retuvo la intendenciade Rafaela con 15.243 votos contra 10.400 de Pavetti:https://www.rafaela.gov.ar/nuevo/Estructura.aspx.

93. Rafaela es conocida como “La Perla del Oeste Santafesino” por subelleza y pujanza, sus anchas avenidas y sus lugares de recreación que laconvierten en parada inmejorable para los viajeros que transitan la ruta 34 o la

70.

94. Entrevista a Sergio Zenklusen, cit.

95. Entrevista realizada para este libro al periodista y diputadosantafesino por el Frente Social y Popular (FSP), Carlos del Frade, el día 14de agosto de 2016.

96. Ídem.

97. La sociedad entre Ricardo Lorenzetti y Daniel Pedrotti finalizó en1998: http://www.estudiopedrotti.com/profesionales.html.

98. Río Negro, de marzo dehttp://www1.rionegro.com.ar/arch200403/10/n10g11.php.

99. La firma RC SA se presentó en concurso preventivo en la ciudadautónoma de Buenos Aires en la causa: “Relaciones con empresas SA.Inversiones y finanzas sobre concurso preventivo”, que tramitó en el JuzgadoNacional de Primera Instancia en lo Comercial Número 16, a cargo de la DraAydeé Elvira Cáceres Cano, ubicado en la calle Callao 635, piso 3ro. Lasíndica fue Alicia Kurlat. El pasivo verificado ascendió a la suma de$22.662.418. Finalmente, la Justicia declaró la quiebra el 22 de agosto de1996, sin posibilidad de recuperar el dinero de parte de RC SA.

100. En la investigación se accedió a la documentación que respaldabala medida cautelar y demanda por simulación que había iniciado Lorenzetti:supuestamente para evitar asumir sus deudas, Reynaldo Casabella, transfirióen fecha 10/4/95 a Gustavo Borda Bossana, inscripto el 8/5/95/Dominio:34571-Folio- 852.-Tomo 368. Impar.-Inmobiliario:548.700/0187/0189/0072.-Calle Las Rosas 146/147/148. Rafaela.

101. Radio Mitre, “Lanata sin filtro”, 2 de diciembre de 2013:http://www.clarin.com/politica/Lorenzetti-Lanata-PAMI_0_1040296257.html.

102. Río Negro, 10 de marzo de 2004. entrevista a la entoncesinterventora del PAMI, Graciela Ocaña:http://www1.rionegro.com.ar/arch200403/10/n10g11.php.

103. Del Frade, Carlos, >Salud, valores y esperanza. Crónicas de luchade la Asociación Médica del Departamento Castellanos, 2010. Los cuatrosanatorios eran: Clínica Parra SRL, Tita Hnos. SRL, Policlínico Rafaela SA ySanatorio Moreno SRL.

104. Entrevista al periodista Carlos del Frade, cit. En adelante todaopinión e información sobre el sistema de salud en el departamentoCastellanos, la relación con los médicos y la intervención de RicardoLorenzetti se adjudican a esta fuente.

105. Ídem.

106. Entrevista realizada para este libro al neurocirujano Jorge Benincael 3 agosto de 2016.

107. Ídem.

108. Carlos Del Frade fue el periodista que investigó tanto las supuestasirregularidades de la salud en Rafaela como el accionar de Lorenzetti y sussocios. Su trabajo se plasmó en el libro >Salud, valores y esperanza.Crónicas…, cit.

109. La causa tramitó en el Juzgado de Primera Instancia del FueroCivil, Comercial y Laboral de la Tercera Nominación de los tribunalesrafaelinos caratulado: “Peirone, Ricardo Miguel, contra Editorial CastellanosSRL, Visconti Pablo y Pérez Ercolina”, titulares de la editorial. Edición Uno,18 de noviembre de 2003: http://www.edicionuno.com.ar/noticias.php?idnota=1965.

110. Entrevista realizada para este libro al periodista FranciscoMarzioni el 2 de agosto de 2016.

111. Perfil, investigación periodística de Mariano Confalonieri, enero2013. En adelante toda información vinculada a la empresa Medios de laRegión SA, socios y demás se adjudica a esta fuente.

112. Castellanos, Gabriel Pecile, editorial sección política del día 17 denoviembre de 2003.

113. Sociedad Interamericana de Prensa, 28 de noviembre de 2003,Miami: http://www.sipiapa.org/notas/1123230-la-sip-considero-como-un-exceso-embargo-la- rotativa-periodico-argentino.

114. Los socios de la empresa Radio Universidad del Litoral SA, eranEduardo Oscar Piedrabuena (presidente), Jorge Alberto Ricci(vicepresidente), Juan Carlos Nava (director), y los directores suplentes,Mario Francisco Benito Cataldo, Mariano Alberto Tadeo Candioti y RubénMario Lo Vuolo, entre otros.

115. Entrevista a Sergio Zenklusen, cit.

116. Ángel Federico Robledo fue un dirigente peronista que ocupó losministerios de Defensa Nacional, de Relaciones Internacionales y Culto y delInterior durante las presidencias de Héctor Cámpora, Juan Domingo Perón yMaría Estela Martínez de Perón. Tras la muerte de Perón fue designadoembajador en México y luego en Brasil, volvió para asumir el Ministerio deRelaciones Internacionales. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín fueasesor ad honórem y miembro del Consejo Nacional de Consolidación de laDemocracia.

117. Lorenzetti no se olvidaría de quien había sido su nexo con CFKpara llegar a la Corte —a través de Tito Fernández— el juez del TribunalSuperior de Justicia de Santa Cruz, Enrique Osvaldo Peretti. Le otorgó a suhermano, el periodista Edgardo “el Tronco” Peretti la voz institucional delConsejo de la Magistratura.

118. Entrevista realizada para este libro a la diputada nacional delFrente para la Victoria, Diana Conti el 24 de noviembre de 2016.

119. A partir de entonces se acercó a Lorenzetti como nexo entre elabogado y la senadora. Cuando terminaron la carrera de Derecho, Lorenzettivolvió a Rafaela (1978) y Tito Fernández, recibido en la Universidad Católicade Santa Fe, volvió a Puerto Deseado —su Santa Cruz natal— en 1986, trasrecibirse de abogado y allí, a través de la militancia, conocería a CristinaFernández de Kirchner; fue con ella, con quien trabó enseguida una amistad yllegaría luego a Néstor “Lupín” Kirchner. Fernández fue asesor del ConcejoDeliberante de la ciudad de Caleta Olivia (1986-1989), y de la intendencia de

la misma ciudad (1987) y luego en el municipio de Las Heras (1991), desdedonde logró acuerdos comerciales con petroleras. El arribo a Buenos Airesfue sin escala al Senado en 2001 y luego reelecto en 2005, donde compartióbanca junto a la senadora Cristina Fernández de Kirchner hasta 2011.

120. Entrevista a Sergio Zenklusen, cit.

121. Ver entrevista completa enhttp://www.tiemposur.com.ar/nota/113013-mira-la- entrevista-completa-de-cristina-con-la-prensa-internacional-en-el-calafate.

122. Kirchner instruyó al ministro de Justicia Rosatti para que iniciara elprocedimiento para la designación del nuevo ministro previsto en el decreto222, que establecía un mecanismo de control social sobre la postulación.Desde entonces, hubo quince días para la presentación de adhesiones yobjeciones a la candidatura. Finalizada la etapa, el presidente Kirchneranalizaría las opiniones recibidas y elevaría el pliego al Senado. Río Negro, ٥de octubre de :http://www1.rionegro.com.ar/arch200410/15/n15g01.php.

123. En referencia a la Corte de la década del 90, durante laspresidencias de Carlos Saúl Menem.

124. Revista Paco, Francisco Marzioni, 18 de enero de 2016:https://revistapaco.com/2016/01/18/silencio-lorenzetti/

125. Cabe recordar que a los quince días de haber sido propuesto,recibió 937 opiniones favorables, y 167 en contra. Mientras que 24instituciones extranjeras y 103 nacionales lo avalaron. Entre ellas, el ColegioPúblico de Abogados, el CELS y la Facultad de Derecho de la UniversidadNacional de Buenos Aires (UBA). Los Andes, 23 de diciembre de 2004:http://www.losandes.com.ar/noticia/politica-138828. El Cronista, 10 denoviembre de 2004: http://www.cronista.com/impresageneral/Lorenzetti-fue-el-candidato-a-la-Corte-con- menos-impugnaciones-20041111-0136.html.

126. Del Frade, Carlos, >Salud, valores…, cit.

127. Página de diciembre de:http://www.pagina.com.ar/diario/elpais/subnotas/-.html.

128. Entrevista a Francisco Marzioni, cit.

129. Ídem.

130. La Nación, 23 de diciembre de 2004:http://www.lanacion.com.ar/665578- lorenzetti-otro-juez-elegido-por-kirchner-juro-en-la-corte.

131. Página 12, 23 de diciembre de 2004:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-45172-2004-12-23.html.

132. Lorenzetti, Ricardo, >El arte…, cit.

133. Los Andes, 23 de diciembre de 2004:http://www.losandes.com.ar/noticia/politica-138828.

Capítulo 3El sastre de la justiciaPuntos y puntadas del hilado judicial

detrás del mando del presidente de la Corte. El poder como proceso dedominación bajo la obediencia voluntaria pese a la resistencia, como lo defineSteven Lukes. Lorenzetti cumplió, al pie de la letra, la tesis del británico. Elhombre de Rafaela tejió con maestría una red de contactos con jueces claves ysubordinados. Poder dentro del Poder Judicial. Complicidad ante laimpunidad. El supremo juez demostró ser hábil para mover las agujas del relojque determinan si una causa avanza, se interrumpe o queda congelada sine die.

“Richard” —como se dirige a él María Bourdin, mano derecha y voceraaunque esté reunido—, intentó mostrarse, desde su incorporación a la Corte,políticamente neutral, con una imagen que se asociara a la de un hombre justoy equitativo cuyo único interés era firmar sentencias ajustadas a derecho. Sinembargo, no lo lograría.

Su ambición, sumada a la larga mano o sombra de los gobiernos delmatrimonio Kirchner, lo llevaría por otro camino. Para bien o para mal(dependiendo del caso) las decisiones judiciales incidirían oportunamente enel destino de dirigentes, ministros y funcionarios de primera y segunda línea.La agenda política, incluida la de Mauricio Macri, también dependería de laspuntadas que diera en ese inmenso telar de la justicia.

La “politización” del Poder Judicial es una expresión vieja que nuncadejó de tener vigencia. Basta recordar en los años 90 la revelación del exministro de Economía, Domingo Cavallo, de que su par de entonces enInterior, Carlos Corach, le había escrito en una servilleta la lista de juecesfederales que respondían a los deseos del por entonces presidente CarlosMenem. Aquello fue una anécdota en comparación con lo que hizo el riojanocon la Justicia en general y con la Corte en particular.

No fue casual que, en ese contexto, la reforma constitucional de 1994buscara transparentar el sistema de elección de los ministros del máximotribunal en sesión abierta ante el Senado, e incorporara una nueva instancia, el

Consejo de la Magistratura, cuya misión, entre otras cosas, sería seleccionar,fiscalizar y sancionar a los jueces. Hasta entonces, la designación demagistrados la realizaba el presidente de la Nación con el acuerdo de laCámara Alta. Dicho esto, era moneda corriente que pesara más la amistad quelos méritos propios para conseguir una toga.

El cambio fue relevante pero, aun así, la desconfianza hacia laadministración de justicia se mantuvo e incluso se profundizó. Consciente dela situación, desde el arribo a la presidencia, el 25 de mayo de 2003, NéstorKirchner tuvo en la mira al Poder Judicial. Aquella “Corte adicta” almenemismo se convirtió en uno de los objetivos prioritarios de su gestión. Yantes de cumplir quince días en la Casa Rosada le declaró la guerra.134

Enérgico y por cadena nacional, Kirchner exhortó el 4 de junio alCongreso a poner en marcha el juicio político contra algunos miembros delmáximo tribunal. “No quiero nada fuera de la ley”, advirtió. Lo que buscaba elsucesor y elegido de Eduardo Duhalde, era terminar con “la célebre mayoríaautomática”, insistió.

En paralelo, el santacruceño firmó el decreto 222 (el 19 de juniosiguiente) en el que fijó limitaciones al Poder Ejecutivo en la selección ydesignación de nuevos integrantes de la Corte. También ordenó la publicidadde los antecedentes, habilitó la posibilidad de presentar objeciones a lascandidaturas propuestas e impuso la realización de audiencias públicas paraque los postulantes pudieran responder preguntas.

El mismo día de la cadena nacional el Congreso anunció el inicio deljuicio político contra Julio Nazareno, el magistrado más denostado durante elmenemismo, quien sin embargo lograría evitarlo al renunciar veintitrés díasmás tarde. Eduardo Moliné O’Connor, otro cortesano muy cuestionado,decidió dar batalla. Enfrentó el jury y en diciembre siguiente se convirtió en elprimer miembro del máximo tribunal en ser destituido por el Senado. Dosaños más tarde, en septiembre de 2005, Antonio Boggiano tendría el mismodestino, mientras que Adolfo Vázquez y Guillermo López dimitirían ante lainevitable remoción.135

En octubre de 2003 habían sido designados en el máximo tribunalEugenio Raúl Zaffaroni y en 2004, Elena Highton de Nolasco y Carmen

Argibay, nombramientos que gozaron del reconocimiento de todo el arcopolítico. No solo porque garantizarían mayor independencia al Poder Judicialsino también porque se percibían vientos de cambio ante el equilibrioideológico y de género. En 2004 también había asumido Lorenzetti, pero nosería hasta noviembre de 2006 que sería elegido, por unanimidad de los pares,presidente del máximo tribunal desde el 1 de enero de 2007. Por fin, lo habíalogrado. Había llegado para quedarse.

En la práctica, el cambio impulsado por Kirchner implicaba un giroosado, un cambio de 180 grados en la Corte. Los que conocían la experienciaen Santa Cruz desconfiaban al sospechar que bajo la apariencia de un manipulite de los supremos jueces, podían esconderse otras intenciones. Lapregunta que se imponía era: ¿estaba acaso el ex presidente construyendo unanueva mayoría automática? El constitucionalista Félix Loñ no lo duda.136“Otra cosa —matiza— es que lo lograra”. El jurista reconoce que la Corteimpulsada por Kirchner se enfrentó al gobierno en varias oportunidadesdecisivas. Lo hizo al defender la independencia de los jueces y frenar lareforma judicial o la denominada “Democratización de la Justicia”. El “falloBadaro”, que obligó al Estado a reconocer y actualizar la deuda real de losjubilados, y el del destituido procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, al quelos ministros ordenaron restituir en su cargo, son dos buenos ejemplos, aunqueel primero se cumpliera parcialmente y el último se convirtiera en papelmojado sin que la Corte ejerciera siquiera el derecho al pataleo. No se puededecir lo mismo en la polémica llamada ley de medios. “Independientemente desi hubo o no presiones políticas, hubo disidencias ejemplares como las de losjueces Fayt y Argibay”, resaltó Loñ para ilustrar que fue imposible lograr unfallo unánime, ya que en algunos puntos resultó contradictorio aunquebeneficioso para el gobierno de Cristina Fernández.

Para Loñ, la historia demostró que para el “régimen kirchnerista” losfallos de los magistrados, como el de Eduardo Sosa —en el que la Corteordenaba la restitución a su cargo de procurador de Santa Cruz— no eranobligatorios, sino que únicamente se cumplían si estaban de acuerdo con susintereses.

No opina lo mismo Eduardo Barcesat,137 asesor de la Procuración delTesoro de la Nación durante la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández

de Kirchner: “La renovación que hizo Néstor Kirchner de la Corte —observa— significó democratizarla. De ninguna manera quería mayoría automáticapropia, todo lo contrario”. Para reforzar el argumento, el también abogado dela Asociación de Madres de Plaza de Mayo, recuerda que “Zaffaroni fue muycrítico del funcionamiento de la Corte de Santa Cruz y Néstor Kirchner loeligió por eso”.

Otro constitucionalista, Gustavo Arballo,138 matiza. “La Corte deNéstor Kirchner fue bastante equilibrada. Según mi estudio, le falló un 50% afavor y un 50% en contra, por lo que no puede definirse como adicta”.139Dicho esto, Arballo aseguró estar convencido de que cuando el ex presidenteeligió a los nuevos jueces, antes los sondeó sobre dos temas: “El primero, lascausas del corralito financiero que había desatado la crisis económica del2001 y que finalmente el tribunal falló con la mirada del gobierno. El segundotema que monitoreó Kirchner —añade— fue si estos juristas estaríandispuestos o no a acompañarlo en la reapertura de los juicios de lesahumanidad”. Por último, aclara, “si Kirchner hubiera querido una Cortecomplaciente, hubiera nombrado a Carlos Zannini como lo hizo en el TribunalSuperior de Santa Cruz”.

Sin embargo, dos años más tarde, en noviembre de 2006, el Congresoconvirtió en ley un proyecto de la entonces senadora Cristina Fernández deKirchner, que reducía la cantidad de miembros de la Corte, de nueve —desde1990— a cinco.140 La norma establecía además que, desde su entrada envigencia, la cantidad de integrantes del tribunal se conformaría de maneratransitoria con siete jueces y no se cubrirían las vacantes que eventualmente seprodujesen hasta llegar a los cinco miembros.

A las partidas de Nazareno, López y Vázquez, Moliné O’Connor yBoggiano se sumó la jubilación de Augusto Belluscio.141

De este modo, en junio de 2005, el máximo tribunal quedó conformado,finalmente, con siete miembros: Lorenzetti, Highton de Nolasco, EugenioZaffaroni, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y CarmenArgibay, la última en jurar.142

De un modo poco ortodoxo, sin antecedentes similares en otro país,Néstor Kirchner había logrado sacarse de encima el peso de la “mayoría

automática” menemista y reformar la Corte Suprema. La nueva, menosnumerosa y flamante, sería considerada durante un tiempo la “Corte deoro”.143

Uno de los nuestros

Para Ricardo Lorenzetti la llegada a la Corte significaba acariciar elcielo con las manos, el mejor de los sueños hecho realidad, pero también ungran desafío. Se había incorporado en un momento difícil, con el país hundido,sumido en una profunda depresión económica, social y política. Argentina y elmundo lo sabían. Por eso, a “Richard” le gustaba presentarse como un patriotaresignado al que las circunstancias habían obligado a prestar “un servicio”para que “el país saliera adelante”, aunque “personalmente tuviese queresignar muchas cosas”,144 como aseguraba en declaraciones públicas. A sujuicio, el primer gran sacrificio que se ocupaba de recordar a quien quisieraescucharlo, fue alejarse de los afectos. Pero esos “sacrificios” tendrían prontonuevas compensaciones. Veinticuatro meses después de haberse convertido enuno más en la Corte, Lorenzetti recibiría el premio mayor: ser ungido por loscompañeros, y por unanimidad, presidente del máximo tribunal y en lossiguientes nueve años, reelegido de la misma forma.

Durante ese período construyó un esquema de gestión concentrado en supersona. En algunas iniciativas se inspiró en el modelo estadounidense queacostumbra a organizar conferencias nacionales de jueces en todo el país.Estos encuentros le valieron ganarse la simpatía de los magistrados federalesy nacionales. Uno de los fines de esos encuentros era hacerlos partícipes en eldiseño de políticas públicas, buscar consensos y mantener a la “familiajudicial” unida. El otro fue impulsar y dar lustre a los discursos de apertura decada año judicial que lo tenían a él como único orador. En ellos advertíasobre los parámetros de trabajo del cuerpo y las preocupaciones del mismo.Entre otras, la inseguridad, el narcotráfico, la transparencia, la autonomíapresupuestaria del Poder Judicial y el acceso a la justicia.

Bajo el lema de “gobierno abierto”, uno de los presidentes de la CorteSuprema más jóvenes de la historia, abrió —aparentemente ante la negativa apublicitar las declaraciones juradas— las puertas a la información ytransparencia del modus operandi y las sentencias de la Corte. En simultáneo,

incorporó unas pinceladas de modernidad, con visión global, al aplicar fallosinnovadores y adecuados a la nueva jurisprudencia europea y norteamericana.En esa línea se destacaron los vinculados a la libertad de expresión, libertadsindical y la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal.También fomentó la participación de la sociedad civil, ONG y organismos dederechos humanos en causas relevantes, bajo la figura de “amigos deltribunal”. Además, impulsó la implementación de audiencias públicas.

En materia financiera, administró los fondos del Poder Judicial y logróretener bajo su órbita algo muy tentador, el manejo de “la caja”, como se veráen el próximo capítulo. Además, como presidente de la Corte monopolizó lafacultad de contratar empleados y funcionarios de todo el país, una decisióncontraria a una vieja tradición que permitía a los jueces elegir colaboradores.Esto implicó que jueces federales y nacionales, de norte a sur de la Argentina,necesitaran de su venia para contratar personal, aunque se tratara de la“señora de la limpieza”.145 De este modo, “cooptó voluntades” y armó unared de jueces “cómplices”, según Abel Cornejo, miembro de la AcademiaNacional de Derecho, ex consejero y actual juez de la Corte Suprema de Salta.“Hubo una clara decisión del presidente de la Corte de evitar no solo elcontrol hacia los jueces afines sino también el del presupuesto del PoderJudicial”.146

Su poder fue in crescendo, tanto que se amplió al ámbito político yempresarial. A punto tal que el ex presidente Kirchner, desconfiado de susintenciones políticas, le cuestionó sus encuentros en el Palacio de Justicia conempresarios potentados. Tal vez esa haya sido la razón por la que el ex jefe deoperaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio “Jaime” Stiuso,147tuviera puesta la lupa en la Corte y reportara a Kirchner cualquier informacióno movimiento que le parecía sospechoso o sensible a los intereses delgobierno.148

Si bien es cierto que Lorenzetti no provenía de la “familia judicial”,debía incorporarse a ella. En el tribunal quien representaba a esa elite eraHighton de Nolasco, emblema de la tradición judicial. Ambos mantuvieron unvínculo políticamente correcto, aunque por momento oscilante. Compartieronposturas, entre ellas la de anular la lista de jueces suplentes para la Corte quehabía aprobado el Ejecutivo. Sin embargo, pese a haber pactado la alternancia

de la presidencia del cuerpo con Highton, la medida nunca se concretó y laúnica mujer que queda en la más alta institución judicial, tuvo que conformarsecon la vicepresidencia. La compensaría por otro lado.

En la dinámica interna, Lorenzetti delegó su confianza en un pequeñoequipo de colaboradores, entre los que se destacan la hija de Highton —Elenita— y el secretario general y de causas especiales, Cristian Abritta. Elmodo de ejercer sus funciones llamó la atención de las voces opositoras queno dudaron en criticar su proceder. “Fue la cabeza de una red decomplicidades e impunidad judicial —reitera Cornejo— desde una jefaturaprácticamente sin control durante el kirchnerismo. Utilizó la concentración desu poder para maniobrar políticamente. Manejó la agenda y el timing de lascausas sensibles”.

Algunos hombres buenos

Los operadores políticos o lobistas son, históricamente, parte delpaisaje natural de la política argentina. Manejan una cuota importante depoder. Algunos fueron funcionarios, otros asesores y, quién más quién menos,hizo hasta de pañuelo de lágrimas de sus clientes. Su lenguaje preferido sueleser el off the record. El talento, el manejo del secreto y el verdadero “jefe”,sin duda, el poder. A muchos se los definió como “monjes negros”,extremadamente pragmáticos y encargados de aceitar los engranajes de lanegociación política. Abrieron puertas, identificaron oportunidades yamortiguaron golpes.149

Lorenzetti podía ser nuevo en la Corte y en la familia judicial perotambién era lo suficientemente inteligente para saber que necesitaba tener a sulado a colegas, funcionarios y políticos que lo ayudaran a cimentar suliderazgo. Entendía ese mundo al modo talibán, o estás conmigo o estás contramí. El mensaje lo recibieron, de forma sutil, los magistrados de todo el país. Apartir de entonces, tomaron conciencia de que enfrentarse al supremo juezsignificaría, la “extradición judicial”.

Respetado en base al “miedo, su poder de venganza esinconmensurable”, asegura Cornejo. Para ejercer su “autoritarismo —añade—, necesitaba soldados dispuestos a cumplir cualquier desafío que les

planteara”. Para el magistrado, Lorenzetti y los suyos, representan una versiónjudicial de lo que los militares entenderían por obediencia debida. O comoobserva Steven Lukes150 sobre cómo un líder construye y se asegura el podery dominio sobre sujetos que, pese a resistirse, lo aceptan de forma voluntaria.

Para armar la red de contactos Lorenzetti eligió a Luis María Cabral,Alfredo Kraut, Claudia Levín, Julián Ercolini, Ariel y Alfredo Lijo paralegitimar su poder ante la familia judicial. Ya con sus soldados seleccionados,objetivos claros en la mira y alianzas estratégicas, Lorenzetti se convertiría enla espada de Néstor Kirchner en el Poder Judicial. “El Mono tiene lahabilidad de un equilibrista a 4000 metros de altura con viento Zonda defrente. ¿Pero el kirchnerismo podría domarlo? Esa era la gran incógnita”, sepregunta el periodista Sergio Zenklusen.151

El padrino

Entre la tropa que responde a la consigna de Lorenzetti se destaca, conun vínculo especial, Cabral, juez del tribunal oral en lo criminal No.9. Antesde ingresar en esa estructura de poder, Cabral era una persona respetada porsu historia y valentía. Durante la última dictadura militar, cobró notoriedadcomo representante del Frente de Izquierda Popular (FIP), al presentar habeascorpus para proteger a los detenidos. Quienes lo conocieron resaltan suinteligencia y vocación social. Sobresalió por instrumentar el marco jurídicode la Ley de Cupo Femenino (24.012) y el del Instituto Nacional contra laDiscriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Llegó a la magistraturaen 1993. Entre 1998 y 2006 fue vicepresidente de la Asociación deMagistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (más tarde la presidió envarias oportunidades). En 2006 representó a este estamento en el Consejo dela Magistratura, que luego encabezó en 2010. “Bachicha”, como le dicen losamigos, no solo tenía pasado político respetable, sino también judicial. Supadre, Luis Carlos, había integrado la Corte Suprema entre 1966 y 1973. Eraconsiderado un verdadero “NyC”, es decir nacido y criado en la familiajudicial. Un personaje atractivo para alguien como Lorenzetti que reciénllegaba. Fue Cabral quien, al incorporarlo al selecto grupo de la Asociación,lo apadrinó en la “familia judicial”. Compartían el entusiasmo por la políticay el derecho. Lorenzetti había llegado a la Corte a través de Kirchner y Cabralera considerado un “kirchnerista intermitente”.152 Para Lorenzetti, era un

“brazo ejecutor” en el Consejo de la Magistratura y su nexo con la aristocraciajudicial.

En 2011 Cabral fue nombrado juez interino en la Cámara de Casación,máximo tribunal penal del país. Y en 2013, dos semanas antes de que se levenciera el mandato, siete camaristas del tribunal lo designaron “subrogantepermanente”. El nombramiento fue cuestionado al observarse que el cargo nohabía sido sorteado entre jueces federales, como lo establecía una norma. Esdecir, que lo habían designado “a dedo”,153 según denunció el entoncesdiputado nacional Carlos Kunkel. Aunque ya antes, Jorge Auat y el CELS154habían advertido el nombramiento “irregular”. Las voces críticas interpretaronque detrás de la designación de Cabral estaría Lorenzetti,155 quien buscabaque este fuera el nexo entre Corte, Gobierno y Casación. En tanto, la versiónoficial se limitó a señalar que “la Corte avaló a Cabral, a través de unaacordada, hasta que la vacante fuese cubierta según el sistemainstitucional”.156

Lo cierto es que el máximo tribunal debía intervenir en causas clavescomo el Memorándum con Irán, la de sobornos en el Senado y otras en las queestaban involucrados Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios afines.

La causa del Memorándum con Irán157 era de importancia para elgobierno. Y mientras esta se dirimía en Casación durante 2015, las “dilacionesy manejos políticos” pusieron bajo la lupa a Cabral, quien “negociaba su votocon el gobierno”.158 Cabral fue desplazado de su cargo por la mayoríaoficialista del Consejo de la Magistratura159 con sustento en la ley desubrogancias aprobada por el Congreso. Y aunque la Corte, tiempo después, ladeclararía inconstitucional, Cabral no recuperó el cargo pese a los reclamosjudiciales. Lo sucedido motivó que la diputada Elisa Carrió denunciara en lasredes sociales que Cabral “había sido entregado por Lorenzetti, muy amigo deZannini con el que hacen los pactos”.160

Además, otras voces adujeron que, por un supuesto pedido de Lorenzettial entonces presidente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, losconsejeros radicales Gustavo Valdez y Ángel Rozas no asistieran al plenarioen el que se apartó a Cabral161 y con esa ausencia habrían allanado ladesvinculación. Mientras los hechos se precipitaban, Cabral no ocultaba hastaqué punto le irritaba que lo identificaran como “operador” de Lorenzetti.

Si recordamos a Carlos Fayt, quizás se pueda afirmar que sería laprimera vez, pero no la última, que el presidente de la Corte Suprema, enpalabras de Cornejo, “entregaba un juez al gobierno sin miramientos. Utilizadoy desechado”.

Tacita a tacita, la Colorada y los hermanos

A la mesa íntima de Lorenzetti se sumó su viejo amigo y socio AlfredoKraut. Con vastos antecedentes en derecho civil, conciliación, arbitraje,derecho al consumidor y en especial en derecho a la salud mental, Kraut fue elpie jurídico de Lorenzetti en tierras porteñas. Hombre de confianza, loacompañó como titular de la Secretaría General y de Gestión de la CorteSuprema —desde 2007 a 2015— cargo que implicaba organizar la dinámicainterna y la administración del Tribunal. Tuvo acceso irrestricto a todo elmanejo administrativo de la Corte y tenía trato directo con Lorenzetti y otrosjueces. Conocía no solo los recovecos del Palacio de Tribunales, sino tambiénlas cafeterías de los alrededores, donde solía reunirse con distintos personajesdel mundo de la política y la Judicatura. Siempre rodeado de amigos, loconsideran un personaje entrañable. Los que lo conocen bien aseguran que esde trato “ameno y cordial”.

Poco a poco Kraut cobró mayor visibilidad en la Corte, en especial porel rol conciliador en momentos de tensión entre Gobierno y Justicia. Nunca sealejó de Lorenzetti y durante su gestión estuvo acompañado por el hijo Martín,quien ejerció la jefatura de despacho del Centro de Información Judicial(CIJ).162 La esposa de Alfredo Kraut, Andrea Débora Lippenholtz, tambiénconsiguió trabajo gracias a sus buenos oficios. Fue designada subdirectorageneral del Departamento de Medicina Preventiva y Laboral, pese a serlicenciada en psicología en vez de doctora en medicina, como requiere laley.163

Otras de las personas en las que Lorenzetti confió —de momento estándistanciados — fue Claudia Levín, más conocida como “la Colorada”, suamuleto de la suerte, coinciden jueces y funcionarios. Una abogadaproveniente de Santa Fe, ocente de la Universidad Nacional del Litoral(UNL). Llegó al Consejo de la Magistratura de la mano de su coterráneo, elconsejero académico Juan Carlos Gemignani (padre). Interesada por la

política, los dirigentes radicales, Enrique Coti Nosiglia y Ernesto Sanz,ejercieron, en cierto modo, de padrinos suyos. A través de ellos se acercó aLorenzetti como supuesta portavoz de los intereses del sector. Combinaciónproporcionada de habilidad, capacidad y formación, fue designada en laSecretaría Académica de la Escuela Judicial y luego incorporada al Comité deRelaciones Internacionales del Poder Judicial.164

Los hermanos Lijo. Uno de los jueces con el que Lorenzetti tiene mayorafinidad es Ariel Lijo.165 Asumió el 14 de octubre de 2004 (con 37 años)junto a los magistrados Julián Ercolini, Daniel Rafecas y GuillermoMontenegro (actual embajador en Montevideo). Ariel y su hermano Freddysuelen ir de la mano a todas partes. Se conocen bien y se distribuyen lasmisiones. Juntos ganaron varios campeonatos de truco, comparten la pasiónpor los caballos de carrera y entre los judiciales corre un apodo que alude aun juego de palabras y el traslado de dinero. El mayor de los hermanosdisfruta de un entusiasmo desmedido por el mundo de los pájaros aunque, ensu caso, la debilidad se reduce a la canaricultura (cría y crianza del canariodoméstico). Su otra pasión es —como Mauricio Macri y la mitad más uno delos argentinos— Boca Juniors.166

Lijo es uno de los pocos jueces que tiene acceso directo a Lorenzetti. Susegunda esposa, Magali Mazzuca, fue nombrada por él prosecretaria letradade la Oficina de Justicia Ambiental, creada por la Corte en 2015.167 En sulabor como juez, Lijo demostró destreza para llevar adelante causas de altovoltaje, como por ejemplo: AMIA,168 Siemens y Ciccone. También fuedesignado para investigar el supuesto procedimiento irregular por lamillonaria contratación del software del Poder Judicial, en la que Lorenzetti yfuncionarios afines estaban involucrados.169 Lo llamativo de la situación fueque la causa nunca avanzó.

Alfredo Freddy Lijo, merece un párrafo aparte. Además de parecerse enlo físico a su hermano, los abogados del fuero lo ven seguido por los pasillosde Comodoro Py junto a un inseparable maletín. Fue señalado por elperiodista Carlos Pagni como el “gestor judicial” de De Vido, a quien leofreció durante años un cómodo blindaje en los tribunales. El periodistaGuillermo Cherashny definió en 2014 a Freddy como el habitual “valijero”que utilizaban De Vido y el banquero Jorge Brito para respaldar a los

funcionarios corruptos del kirchnerismo.170 Mientras que el abogadoconstitucionalista Daniel Sabsay se refirió a él como el “operador en lajusticia”.171

Además la mujer de Freddy, María Carla Lago, fue socia del camaristaEduardo Freiler en una financiera, Minning Pride SA, creada en 2012.172También “ganó notoriedad porque a uno de sus teléfonos llamó AlbertoNisman, horas antes de denunciar a Cristina Fernández. La acusación deNisman recayó en el juzgado de Ariel Lijo”.173

El fiel de la balanza. Julián Ercolini es otro de los jueces que mantienebuena sintonía con Lorenzetti. Se desempeña como titular del Juzgado FederalNo.10 de la ciudad de Buenos Aires. Inició su carrera académica de la manodel ex procurador general Esteban Righi. Dirige la especialización enAdministración de Justicia en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en laque Righi y Lorenzetti son miembros de la Comisión de Especialización. Es deperfil bajo y buen trato. Hombre abocado a su familia y fanático de RiverPlate, fue Ercolini quien le sugirió a Lorenzetti a su ex secretario letrado,Reinaldo Rota, para que asumiera como secretario privado del presidente dela Corte, y así fue.174

Con la llegada del nuevo gobierno cambió el clima de la justicia federal.Las causas de corrupción contra el kirchnerismo, que durante doce añosestuvieron en punto muerto, empezaron a resucitar. Quizás detrás de estefenómeno estaban “los consejos de Lorenzetti”.175 O, sencillamente, losmagistrados, incluido Ercolini, empezaban a tomar conciencia de que soplabannuevos vientos y había que adaptarse.

La primera señal en este sentido se registró el 2 de abril de 2016.Ercolini ordenó el arresto del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime porla compra de material ferroviario inservible a España y Portugal. Además,luego de un sorteo rodeado de “inconsistencias”,176 asumió la investigaciónpor la muerte del ex fiscal de la Unidad Especial AMIA, Alberto Nisman (trasel paso del fuero ordinario al federal). Como resultado de las supuestasirregularidades, Martín Irurzun, en su rol de presidente de la Cámara deApelaciones, impulsó una investigación penal por el presunto sorteo irregulardel expediente realizado mediante el software de gestión conocido comoLex100. La causa recayó primero en Claudio Bonadio y luego, por conexidad

—es decir por estar bajo la lupa judicial el mismo objeto del proceso osupuesto delito— fue derivada a su par, María Romilda Servini, como se veráen mayor detalle en el capítulo 9.

En abril de 2016 Ercolini quedó a cargo, por decisión de la CámaraFederal, de la causa Hotesur en la que se investigaba el presunto lavado dedinero por parte de la familia Kirchner y distintos empresarios como LázaroBáez y Cristóbal López. Ercolini tenía demasiadas causas bajo estudio. Poreso Lorenzetti, en junio de 2016, autorizó la contratación de cinco empleadospara su juzgado, pero no solo para que trabajaran la causa Nisman, sinotambién en la causa en la que estaba involucrada Cristina Fernández.177

Acorde con la investigación y a pedido de los fiscales Gerardo Pollicitay Juan Ignacio Mahiques, Ercolini llamó a indagatoria a la ex presidenta, porsupuesta asociación ilícita, el 12 de septiembre de 2016. Los fiscales leenviaron una lista de 227 puntos de prueba que tendrían a Cristina Fernándezde Kirchner como responsable de un “plan sistemático ideado y ejecutadodesde la Presidencia de la Nación orientado a saquear las arcas del Estado, através de la asignación direccionada de obra pública vial” a Lázaro Báez.Ercolini activó la denuncia iniciada por la diputada Elisa Carrió y se sustentóademás en un lapidario informe de Vialidad Nacional.178 “Lorenzetti manejala agenda judicial de las causas sensibles al poder, la mayoría de los juecesfederales le solicitan la bendición para las resoluciones icónicas y el momentojusto”, asegura Cornejo.179

Lorenzetti también habría encontrado en Ercolini un lazo para acercarseal macrismo. El puente sería la esposa del juez, la periodista y consultoraMaría Julia Kenny. Ella no solo tiene buena relación con el ministro deJusticia, Germán Garavano —con quien había trabajado tiempo atrás— sinoque además fue contratada como jefa de prensa de esa cartera. Los juecesfederales, que no sienten ninguna simpatía por Garavano, al que suelenllamarlo “Garabato” o “profesor Lambetain”, le reprochan a Ercolini ladesignación de Kenny.

Pero Ercolini tenía algo mucho más polémico en su despacho: lapresunta apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa a la familia Graiverdurante la última dictadura militar. En marzo de 2015 negó las indagatoriassolicitadas por el fiscal federal Leonel Gómez Barbella, a los accionistas y

directivos del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto,así como al director del diario La Nación, Bartolomé Luis Mitre, entre otros.El magistrado afirmó que en el expediente no había pruebas que losinvolucraran en la denunciada apropiación de la firma. En esa misma línea, amás de un año, el 16 de septiembre de 2016 Ercolini sobreseyó a Magnetto,Mitre, Herrera de Noble, Raymundo Juan Pío Podestá y Guillermo JuanGainza Paz en la causa por Papel Prensa.180 “No existen en autos elementosobjetivos, imparciales y que de modo unívoco puedan llevar a considerar,cuanto menos con un grado mínimo de probabilidad, que la venta de lasacciones de Papel Prensa SA, acaecida hace 40 años, en noviembre de 1976,hubiera sido parte, hubiera derivado o hubiera estado condicionada por lacomisión de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictaduramilitar ocurrida en la Argentina”, sostuvo Ercolini.

Pero daría un paso más antes de finalizar 2016, cuando el martes 27 dediciembre el magistrado procesó a la ex presidenta Cristina Fernández deKirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada y ordenóun embargo por 10.000 millones de pesos.181 También incluyó a De Vido, alex secretario de Obras Públicas José López y al empresario detenido LázaroBáez, entre otros. En la resolución de 794 hojas, el magistrado ordenó elprocesamiento y embargo de la misma cantidad de dinero a Carlos SantiagoKirchner, primo de Néstor, quien trabajó para De Vido como subsecretario deCoordinación de Obra Pública Federal, y de Nelson Guillermo Periotti, titularde la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en los tres gobiernoskirchneristas. La imputación había sido pedida por los fiscales GerardoPollicita e Ignacio Mahiques —hermano del viceministro de Justicia, JuanBautista Mahiques— en base a un informe de Vialidad Nacional que, según losabogados de la ex mandataria, contradice los argumentos del llamado aindagatorias original de los propios fiscales.182

Pero con una velocidad de turismo carretera y también por pedido de losfiscales Pollicita y Mahiques el último día hábil del 2016 para la justicia,previo al receso de verano, Ercolini ordenó embargar los bienes de Máximo yFlorencia Kirchner, en la causa Hotesur. Además ordenó “inhibir los bienes delas firmas Hotesur y Co.Ma” en los que tengan participación los hijos de la expresidenta Cristina Kirchner.183 La ex mandataria en marzo del mismo año sedesprendió de todos sus activos y los puso en manos de sus hijos. Los fiscales

entendieron que esa cesión fue una maniobra para “frustrar” cualquier medidajudicial.

La causa Hotesur investiga a los Kirchner por el alquiler de habitacionesde hotel a empresas de Báez como una presunta maniobra de “retornos”. Sehabrían canalizado fondos de origen ilícito proveniente de la concesiónirregular de la obra pública.

La pregunta inevitable es por qué las causas tomaron un ritmo inédito nosolo los últimos días del 2016, sino cuando Cristina Fernández de Kirchner yano está al mando del Ejecutivo. ¿Una alerta de la justicia al presidente Macri?

134. Télam, 20 de mayo de 2013:http://www.telam.com.ar/notas/201305/ 18285-la- renovacion-de-la-corte-la-primera-gran-reforma-encarada-por-nestor-kirchner.html.

135. Ídem.

136. Entrevista realizada para este libro al constitucionalista Félix Loñ,el 22 de noviembre de 2016.

137. Entrevista realizada para este libro al constitucionalista yespecialista en derechos humanos, el jurista Eduardo Barcesat, el 21 denoviembre de 2016.

138. Entrevista realizada para este libro al constitucionalista, GustavoArballo, el 18 de noviembre de 2016.

139. Arballo, Gustavo. “La Corte Suprema frente al Gobierno.Cuantificando datos sobre casos políticamente perfilados en el período 1984-2014”.https://www.academia.edu/14848328/La_Corte_Suprema_frente_al_Gobierno._Cuanti2014.

140. La ley 26.183, sancionada el 29 de noviembre de 2006 ypromulgada el 15 de diciembre del mismo año, redujo la cantidad demiembros de la Corte de nueve a cinco y de esta manera dejó sin efecto la ley23.774 de 1990.

141. La Nación, 7 de junio de 2005:http://www.lanacion.com.ar/710925-renuncio-el- juez-de-la-corte-augusto-belluscio.

142. La Nación, 3 de febrero de 2005:http://www.lanacion.com.ar/676454-asumio- argibay-y-la-corte-volvio-a-tener-sus-nueve-miembros. Desde 2001 Carmen Argibay trabajaba en laAsamblea General de las Naciones Unidas como jueza ad litem en el TribunalCriminal Internacional que juzga crímenes de guerra en la ex Yugoslavia.Terminada su gestión por la defensa de derechos humanos, se sumó a la Corte.

143. Revista Anfibia, Irina Hauser:http://www.revistaanfibia.com/cronica/los-restos- de-la-corte/

144. Página 12, 3 de septiembre de 2004:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-40536-2004-09-03.html.

145. Así lo demostraron las resoluciones suscriptas por Lorenzettidurante sus diez años al mando del Alto Tribunal, aunque en contadasexcepciones, sus colegas Elena Highton de Nolasco o Juan Carlos Maquedasuscribieron algunas de ellas. Tal como surge del análisis efectuado para estelibro del sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:http://www.csjn.gov.ar/

146. Entrevista realizada para este libro al jurista de la AcademiaNacional de Derecho, historiador y juez de la Corte de la Provincia de Salta,Abel Cornejo, el 21 de julio de 2016. Cornejo fue consejero de laMagistratura Nacional en representación de los jueces provinciales. Enadelante, las opiniones en relación a Ricardo Lorenzetti se adjudican a estafuente.

147. Fue el director general de Operaciones de los servicios deinteligencia argentinos durante treinta y cuatro años. También es conocido porlos nombres de Jaime Stiuso, Horacio Stiuso, Antonio Stiuso, Antonio Stiles,Aldo Stiles y Jaime Stiles, entre otros. Aunque es más conocido como “Jaime”Stiuso.

148. Revista Anfibia, cit. “(…) En 2010 (…) Néstor Kirchner cuestionó

las visitas de hombres de negocios, entre quienes también escrachó a PaoloRocca de Techint, Luis Pagani de Arcor y Sebastián Bagó… GerardoWerthein, ligado a Telecom, La Caja y los negocios agropecuarios comotambién Héctor Magnetto, el CEO de Clarín”.

149. La Nación, Laura Di Marco, 29 de julio de 2007:http://www.lanacion.com.ar/929624-el-poder-en-las-sombras-como-mueven-las- fichas-los-operadores-politicos.

150. Lukes, Steven, >El poder: un enfoque radical, Siglo XXI, 2007.

151. Entrevista a Sergio Zenklusen, cit.

152. Clarín, 1 de julio: http://www.clarin.com/politica/Luis-Maria-Cabral-Juez- Companero_0_1385261914.html.

153. La Nación, 12 de julio de 2015:http://www.lanacion.com.ar/1809706- dilaciones-y-manejos-politicos-en-una-camara-claveobjetivo-casacion. Declaraciones del diputado nacional delFrente para la Victoria, Carlos Kunkel.

154. Página 12, Irina Hauser, 14 de noviembre de 2012:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-207777-2012-11-14.html.También surge de nota de fecha 16 de julio de 2015 de la misma autora:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-277205-2015-07-16.html.

155. Página 12, Irina Hauser, 23 de noviembre de 2015:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-286720-2015-11-23.html.

156. Página 12, 29 de junio de 2013:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-223339-2013-06-29.html.

157. El Memorándum de entendimiento Argentina-Irán fue un acuerdosuscripto en entre los gobiernos de ambos países en Addis Adeba (Etiopía). Elinstrumento que pretendía esclarecer el ataque terrorista a la sede de laAsociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en Buenos Aires el de julio de ,fue cuestionado por su supuesta inconstitucionalidad. Esta fue resuelta el dediciembre de ٥ por la Cámara de Casación Penal.

158. La Nación, Hugo Alconada Mon, 12 de julio de 2015:http://www.lanacion.com.ar/1809706-dilaciones-y-manejos-politicos-en-una-camara- claveobjetivo-casacion.

159. La medida se había tomado con sustento en una Ley de Subrogancia(27.145) que había aprobado el Congreso de la Nación y se publicó el 18 dejunio de 2015 en el Boletín Oficial. En ella se regulaba un nuevoprocedimiento para designar subrogantes. La Corte por unanimidad la declaróinconstitucional el 4 de noviembre de 2015 y fijaron un régimen transitorio dedesignación de subrogantes. Además, declararon la inconstitucionalidad delreglamento de designaciones de subrogantes del Consejo de la Magistratura yde todas las listas de conjueces: http://cij.gov.ar/nota-18819-La-Corte-Suprema-declar--por-unanimidad-la-inconstitucionalidad-de-la-ley- de-jueces-subrogantes.html.

160. Surge de @elisacarrio de fecha 30 de junio de 2015.

161. >La política online, 25 de junio de 2015:http://www.lapoliticaonline.com/nota/90238/.

162. Listado de plantel de personal de la Corte Suprema entre 2007 y2015. Además, como consta en sus antecedentes laborales:http://martinkraut.com/

163. Alfredo Kraut se jubiló a finales de 2015. Y su mujer la licenciadaAndrea Débora Lippenholtz fue nombrada subdirectora general delDepartamento de Medicina Preventiva y Laboral, en reemplazo de la Dra.Marta Gargiulo, a través de la resolución N°4134 del año 2011 por medio delexpediente 7236/11.

164. >Perfil, 10 de octubre de 2014: http://www.perfil.com/politica/el-kirchnerismo-ahora-apunta-a-una-aliada-de-lorenzetti-en-el-consejo-1010-0033.phtml? utm_source=redir_url_legacy. Tiempo Judicial, 30 de mayo de2016: http://www.tiempojudicial.com/fuerte-interna-en-el-consejo-nacion/

165. >La política online, 7 de diciembre de 2014:http://www.lapoliticaonline.com/nota/85521/

166. >Noticias, 11 de junio de 2014, Federico Mayol:http://noticias.perfil. com/2014/06/11/el-juez-lijo-cria-canarios-para-combatir-el-estres/

167. La Corte Suprema de la Nación a través de la Acordada 8/2015creó bajo su dependencia, la Oficina de Justicia Ambiental, el 8 de abril de2015.

168. Lijo llevó adelante una de las causas del ataque contra la mutualjudía AMIA, donde acusó de encubrimiento al ex presidente Carlos Menem, alex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy y al juez Juan Galeano, entre otros.Además, analizó las pruebas que dejó el ex fiscal Alberto. Nisman. La Nación,20 de enero de 2015: http://www.lanacion.com.ar/1761609-ariel-lijo-el-juez-de-las-causas-sensibles-para- el-kirchnerismo.

169. Entrevista realizada al abogado Ricardo Monner Sans, presidentehonorario de la Asociación Civil Anticorrupción, para este libro el 22 de juliode 2016. Surge también de acceso a la denuncia presentada por el abogado. Y>Tiempo judicial , 24 de febrero de 2016:http://www.tiempojudicial.com/software-denuncian-estafa-en-el- poder-judicial/

170. Guillermo Cherashny, 10 de junio de 2014: http://elembudo.tv/se-confirma- nuestra-primicia-boudou-y-la-camara-federal-imputaron-a-brito-y-echegaray/

171. La Nación, Carlos Pagni, 25 de abril de 2016:dihttp://www.lanacion.com.ar/1892504-bovedas-joyas-y-jueces-bajo-sospecha.

172. Boletín Oficial y Chequeado.com :http://chequeado.com/justiciapedia/wp- content/uploads/2015/01/MINNING-PRIDE.pdf.

173. La Nación, Carlos Pagni, cit.

174. Surge de entrevistas a secretarios letrados de la Corte.

175. Entrevista realizada para este libro a Abel Cornejo el 21 de juliode 2016. Página 12, Irina Hauser, 19 de junio de 2016:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-302131-2016-06-19.html.

176. Tras el sorteo de la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman,el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones inició una denuncia penalque se registró bajo el Número 4204/2016 que tramitó ante el juzgado del juezfederal Claudio Bonadio.

177. Ricardo Lorenzetti emitió la Resolución N° 1719/2016 el 14 dejunio de 2016 en la que autorizaba la contratación de cinco agentes para elJuzgado Federal No.10 a cargo del juez Julián Ercolini para que intervinieranen las causas relacionadas con la muerte del fiscal Alberto Nisman y aquellasen las que se investiga a Cristina Fernández de Kirchner, su sobrina RominaMercado, Osvaldo Sanfelice, Lázaro Báez, como también aquella vinculada alas presuntas irregularidades en el manejo de Aerolíneas Argentinas, a travésde Mariano Recalde, entre otras supuestamente relacionadas todas alkirchnerismo.

178. La Nación, 12 de septiembre de 2016:http://www.lanacion.com.ar/1937035- cristina-kirchner-fue-llamada-a-indagatoria-en-la-causa-por. Infobae: http://www.lanacion.com.ar/1937035-cristina-kirchner-fue-llamada-a-indagatoria-en- la-causa-por.

179. Entrevista con la autora.

180. La Nación, 16 de diciembre de 2016:http://www.lanacion.com.ar/1967747- papel-prensa-sobreseyeron-a-bartolome-mitre-hector-magnetto-y-ernestina-herrera-de-noble.

181. La Nación, 27 de diciembre de 2016:http://www.lanacion.com.ar/1970651-el- juez-ercolini-proceso-a-cristina-kirchner-por-asociacion-ilicita-y-ordeno-un-embargo-por-10000-millones-de-pesos.

182. Página 12, 27 de diciembre de 2016:https://www.pagina12.com.ar/11023- procesan-y-embargan-a-cfk.

183. La Nación, 30 de diciembre de 2016:http://www.lanacion.com.ar/1971843- hotesur-embargaron-los-bienes-de-maximo-y-florencia-kirchner. Los fiscales Pollicita y Mahiques denunciaronque todos los miembros de la familia hicieron millonarios retiros de dinero deHotesur SA, la firma dueña del hotel Alto Calafate, eje de la investigaciónjudicial. Habrían llegado a extraer más de $27 millones, que desembarcaronen las cuentas familiares. Pollicita y Mahiques resaltaron que este año, enforma paralela a las investigaciones penales, “Cristina, Florencia y MáximoKirchner realizaron distintas operaciones sobre la numerosa cantidad debienes que integran el acervo hereditario de Néstor Kirchner”.

Capítulo 4Néstor, él y “la caja”

La contabilidad secreta del Poder Judicial. El plan que ideó RicardoLorenzetti junto a Néstor Kirchner para construir un andamiaje financiero quele permitió mantener el control de “la caja”. El doble comando presupuestarioentre Corte y Consejo de la Magistratura. Sospechas y denuncias de desvíosde fondos. Cómo sortear y liquidar los mecanismos de control delpresupuesto. Compras a precios astronómicos de sistemas informáticosinservibles. Creatividad contable. ¿Malos entendidos o delitos de guanteblanco?Triunfante con la renovación de la Corte, Néstor Kirchner, rápido dereflejos, advirtió que, a través del Consejo de la Magistratura, podía encontraruna herramienta no solo para, “concentrar poder político y doblegar a laoposición, sino también a los jueces federales”. La reflexión pertenece a PaulaOliveto Lago,184 legisladora porteña de la Coalición Cívica.

Para consolidar la estructura de poder que pretendía Kirchner entreCorte y Consejo, era necesario nombrar como presidente del máximo tribunala alguien confiable. Lorenzetti conjugaba varias condiciones: no solo era elmás joven de los nuevos jueces sino que, además, había demostrado“lealtad”185 a la causa, como insiste una y otra vez Abel Cornejo.

Para lograr su propósito resultaba prioritario consolidar una mayoríapropia de consejeros kirchneristas en la Magistratura y licuar la fuerza de laoposición. Dicho de otro modo, reducir su número de representantes. Con estefin, el ex presidente decidió impulsar una reforma en el órgano que es juez yverdugo de los magistrados. El Consejo de la Magistratura, una versiónjudicial del Congreso, funcionaba —sobre el papel— de una maneraautónoma. Se trataba —y se trata— de un órgano colegiado y de debate,responsable de seleccionar jueces, sancionarlos y llegado el caso,suspenderlos de sus cargos.186 Se incorporó al actual ordenamiento jurídicotras la reforma constitucional de 1994. Con su creación se pretendía evitar quelos magistrados se nombrasen a “dedo” y pasaran a elegirse medianteconcurso público en procesos transparentes. Su función tenía —y tiene— una

dimensión extraordinaria pero, además, la reforma de la Constitución loalumbraba con una “yapa”: la administración de los fondos del Poder Judicial.Semejante atribución le dio un plus de poder al organismo que, a partir deentonces, se encaramó, por la fuerza del dinero, en el podium del poder.

En el seno de la Magistratura debe concentrarse el manejopresupuestario de la justicia nacional pero también la federal, pese a que cadaprovincia, a su vez, tiene su propio Consejo. Al menos, eso es lo que expresala letra y el espíritu de la Carta Magna. Sin embargo, nunca se respetó suvoluntad. El gobierno de Carlos Menem (artífice de la reforma con Alfonsínmediante el Pacto de Olivos) impidió que la Magistratura asumiera las riendasde las finanzas judiciales. La primera amputación de hecho se produjomediante la ley 24.937 de 1997 que relativizó esa facultad y limitó su tarea ala mera elaboración del presupuesto del Poder Judicial. Una vez concluido yen contra de lo establecido por la Constitución, debía remitirlo a la Corte quetendría la última palabra.187 Esto es, que sería la más alta instancia judicialla que aprobaría o modificaría el presupuesto de todo el Poder Judicial y lodistribuiría según su criterio.

Néstor Kirchner estaba obsesionado con tener el control absoluto de laMagistratura. Lograrlo le permitiría tener en un puño a todos los jueces deArgentina. El 2005 sería el año en el que podría dar por cumplida la misión.Fueron unos meses de turbulencia y cambios para el Poder Judicial. CristinaFernández de Kirchner impulsó, desde el Senado, la reducción de losintegrantes del Consejo de la Magistratura que pasaron de 20 a 13 miembros.La medida significaba que el oficialismo se quedaría con siete de los trececonsejeros. Los cuatro legisladores que le correspondían, más el elegido porKirchner, el académico que era virtualmente suyo y uno de los tres jueces que,salvo evidencia contraria, era de su cuerda. Por fin, el matrimonio habíalogrado la mayoría para los asuntos de rutina. Únicamente le faltaban dosvotos para designar a su antojo o poner en la calle a jueces amigos omagistrados díscolos. Pero además, el Congreso eliminó de la presidencia delConsejo de la Magistratura al presidente de la Corte Suprema.

A través del decreto 557 Kirchner dio una vuelta de tuerca más a laforma y el fondo de la Magistratura. A golpe de decreto, modificó la ley deautarquía financiera para redistribuir los recursos —que el Tesoro Nacional

adjudica al Poder Judicial—, entre el Consejo y la Corte. De esta manera leasignó el 2,93% del presupuesto del Poder Judicial a la Magistratura y el0,57% al máximo tribunal.188 Aparentemente, la medida favorecía a laMagistratura que parecía tener una especie de blindaje financiero con eseporcentaje. Lamentablemente, pronto se vería que estaba lejos de ser unarealidad.

En la misma jugada la Corte recibió el control de los recursosespecíficos del resto del Poder Judicial. También pasarían a su disposición laspartidas presupuestarias no asignadas o “superávit que había acumulado elConsejo”.189 Se trata de cifras que superaron los 900 millones de pesos. Deeste modo, la Corte se hizo con buena parte de las arcas de la Magistratura,que no le eran propias, mediante un procedimiento lejos de poder considerarselegal: un decreto y sin la intervención del Congreso de la Nación, como exigela Constitución.

Oliveto Lago ilustra el escenario: “el millonario excedentepresupuestario del Consejo que el ex presidente le había otorgado a la Corte,provocó un acalorado debate entre los consejeros de la Magistratura, donde lamayoría se inclinó por la inconstitucionalidad de la norma. Con esefundamento —continúa—, muchos de ellos se opusieron a la reforma ydenunciaron como ilegal el accionar del ex presidente Kirchner”.190

El planteo recayó ante el juez del fuero contencioso federal —sede delas causas en las que el Estado se encuentra involucrado— Ernesto Marinelli.El magistrado suspendió la vigencia del decreto con una medida cautelar pero,en segunda instancia, la puja por la caja la ganó el máximo tribunal.

Cuando la cuestión arribó a la Corte para su intervención, ya funcionabael consejo de trece miembros impulsado por la senadora Fernández deKirchner191 que preparó el terreno para vestir de constitucional lo que no era.En ese escenario, la mayoría de los consejeros oficialistas, jueces y elrepresentante del Poder Ejecutivo iniciaron un proceso de diálogo con el yapresidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para alcanzar un “acuerdo políticoque, al menos, nos compensara algo”, como recuerdan algunos de ellos.

Lo cierto fue que el 6 de septiembre de 2007 la decisión de Kirchner lehabía generado a la Corte un “remanente” de partidas presupuestarias no

ejecutadas de $517.881.924,81. Ese mismo día, el Consejo de la Magistraturale transfirió los fondos a la Corte a través del documento contable N° 135.441avalado por la Nota 277/07. Este fue el primero de una serie de depósitos quese hicieron en la sucursal de tribunales del Banco Ciudad. La suma semultiplicaba a beneficio de la Corte y el 31 de diciembre de ese año elmáximo tribunal podía presumir de disponer de un excedente de$1.407.695.353,77, como figura en las transferencias que se hicieron desdeEconomía a la Corte.192 Ese habría sido “el supuesto acuerdo” que sellaronel difunto Néstor Kirchner y Ricardo Lorenzetti para manejar “la caja”judicial, como sostiene la diputada nacional de la Coalición Cívica eintegrante de Cambiemos, Elisa Carrió.

Con el excedente presupuestario, la Corte otorgó a ministros yfuncionarios un importante incremento salarial. Lo propio hizo el Consejo dela Magistratura con jueces y funcionarios de los tribunales inferiores, alconcederles un 10% de aumento en función de la jerarquía. Sin embargo, tantolos magistrados supremos como los miembros de la Magistratura,desestimaron ese aumento a los empleados rasos que no tenían carrerajudicial.

El que parte y reparte

El kirchnerismo colocó algunas de sus principales espadas en el Consejode la Magistratura donde había plazas para: dos diputados y dos senadores deloficialista Frente para la Victoria; un diputado y un senador de la Unión CívicaRadical, tres jueces (dos por Capital Federal y el tercero por las provincias),dos abogados (uno de provincias y otro de Capital Federal), un académico enrepresentación de las universidades y el designado por el jefe del Estado.

De este modo, el gobierno designó al entonces senador por Santa Cruz,Nicolás Tito Fernández y a los diputados nacionales del Frente para laVictoria (FPV) Diana Conti y Carlos Kunkel. Pero, aunque las cuentas lecuadraban a su modo, aún no tenía todo atado y bien atado.

Había una polémica abierta que agitaba, con causa, la oposición.Perjudicada sin remedio, al menos ejercía el derecho a la protesta ya que,advertían, al consumarse la reforma que redujo a trece los consejeros de la

Magistratura “había quedado anulado el equilibrio” predicado por laConstitución.

En la práctica, el cambio implicó que las minorías, esto es, todos lossectores menos el oficialismo, perdieran un representante. Y, en el caso de losabogados, dos, mientras que el oficialismo mantuvo los siete votos, con suscinco representantes, el académico y el juez afín. Con ello, la función técnica yde control que la Carta Magna había previsto pasó a dormir el sueño de losjustos.

En la línea del “vamos por todo”, que proclamaban los carteles delFrente para la Victoria que empapelaban Buenos Aires, Kirchner pactaría conlos jueces la eliminación de los abogados de la Comisión de Selección y laparticipación exclusiva de los consejeros políticos en la comisión deAcusación, donde, una vez más, tendría garantizado el fallo.

Las funciones constitucionales del Consejo se debilitaron en manos deloficialismo y se desdibujó tanto el rol en la designación y control de laactuación de los jueces, como el manejo de los recursos económicos del PoderJudicial.

La cifra mágica de nueve votos que se necesitaba para vetar oseparar193 a un juez de su cargo no era, en muchas ocasiones, un imposiblepara el oficialismo. Esos dos votos restantes solían pescarlos en el ríorevuelto de los propios magistrados y opositores políticos.

Néstor Kirchner delegó en Ricardo Lorenzetti el diseño de unaingeniería legal y financiera que les permitiera monopolizar el manejo de losfondos del Poder Judicial.194 “Solo Lorenzetti podía asumir el reto dedesconocer la Constitución”, advirtió Abel Cornejo.

Para cumplir con los objetivos planteados, se impulsaron una serie decambios.

La línea de largada se fijó apenas Lorenzetti asumió la presidencia de laCorte en el verano de 2007. Hasta entonces, convivían en el Poder Judicialdos estructuras con competencias administrativas y atribuciones para realizarcontrataciones: la Secretaría General de Administración de la Corte Suprema

y la Oficina de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura.Ambas mantenían independencia funcional y financiera. Pero Lorenzettientendía —y obraría en consecuencia— que había que terminar con estabicefalía y con el sistema de controles, según denunciaría más tarde PaulaOliveto Lago.

Con una serie de resoluciones o acordadas de la Corte, se dio elpuntapié para “poner en marcha un virtual proceso de cooptación de lasfacultades de administración del Consejo de la Magistratura y de laAdministración General del Poder Judicial”, aseguraba Oliveto Lago.

Con la destreza de un experto relojero, Lorenzetti desarmó una estructuralegal para montar un fino, puntual y novedoso mecanismo administrativo yfinanciero que respondiera a sus deseos. Que fuera, “contrario a la letraconstitucional no pareció preocuparle lo más mínimo”, reflexionó OlivetoLago. “Lorenzetti —añadió— ejecutó un proceso deliberado para diluir elsistema de control de los recursos económicos. Lo desarrolló hasta debilitarloy obviar, de manera intencional, los controles. Lo hizo con premeditación,pero bajo cierta apariencia de legalidad”, advirtió la legisladora porteña.

El sistema de fiscalización se regulaba por una ley195 que determinabael funcionamiento del Consejo de la Magistratura, las facultades de lascomisiones, su secretaría general, el proceso de conformación del jurado deenjuiciamiento de magistrados, la organización y los procedimientos quedebían establecerse.

Esta norma colocaba bajo la órbita de la denominada “Comisión deAdministración y Financiera de la Magistratura” la competencia parafiscalizar y aprobar la gestión, realizar auditorías y efectuar el obligadocontrol de legalidad que debía ser informado, periódicamente, a losconsejeros.

“Mediante una serie de resoluciones emitidas por la Magistratura yrespaldadas tanto por jueces como por opositores, se nombraron funcionariosafines a Lorenzetti en todas las instancias clave del presupuesto”, agregó laabogada Oliveto Lago. Así, los recursos económicos quedaron en manos depersonas de estrecha sintonía con el presidente de la Corte Suprema.

Conmigo o contra mí

En el Consejo, Lorenzetti y el gobierno obtuvieron el voto de los juecespara que delegasen la administración del presupuesto en el máximo tribunal.El batallón de fieles soldados se puso, a partir de esa decisión, al servicio delsupremo juez.

Los consejeros Luis María Cabral, Miguel Gálvez y Luis María BungeCampos se comprometieron, firmes, en esa causa. Ellos firmaron lasresoluciones por las que se designaron a los nuevos administradores, crearoncargos y estructuras nuevas.

“Tampoco faltó el apoyo de Mariano Candiotti (representante de losacadémicos) ni los de la oposición política en manos de la Unión CívicaRadical (UCR), en especial, del entonces senador nacional y consejero,Ernesto Sanz”, puntualizó Oliveto Lago.

Sanz, Candioti y Lorenzetti mantienen un férreo vínculo desde lajuventud tras compartir años de estudios en la Universidad Nacional delLitoral (UNL), donde egresaron en la carrera de Derecho. Allí forjaron unaamistad que continúa tan fuerte como entonces, destacan quienes los conocen.

Hernán Ordiales, peronista de pura cepa, llegó al Consejo de laMagistratura en 1998 como asesor del ex consejero y senador formoseño delPartido Justicialista, Ricardo Branda. Luego asesoró al ex diputado nacional yrepresentante del menemismo, Jorge Casanovas y más tarde al diputadonacional del FPV, Carlos Kunkel. El 13 de marzo de 2008, fue nombradosecretario general del Consejo,196 y durante los próximos cinco meses sedesignó al resto de los funcionarios afines.

El nombramiento de Ordiales implicó el desplazamiento sin miramientosdel abogado Pablo Hirschmann, de sólida formación académica. El único enreaccionar fue el ministro Carlos Fayt, quien le ofreció liderar su equipo desecretarios letrados. En la comisión de Informática se designaron hombrescercanos al presidente de la Corte y a sus alfiles: Carlos Sena, AlejandroFalcone, Marcelo Gallo Tagle, Gabriel Mehlman y Carlos Tate.197 Seríanellos los protagonistas que participarían luego de la supuesta licitaciónirregular por la que se adquirió un software de gestión para la Justicia Federal

y Nacional, conocido como Base 100, que costó más de US$15.000.000. Pesea lo astronómico de la cifra, (quintuplicaba el valor del mercado) el programanunca funcionó, no respondió a las necesidades del Poder Judicial y generóserios problemas en la labor diaria de abogados y trabajadores judiciales,según denunciaron empleados informáticos, como se analizará en el capítulo 6.

Los que formaron aquella comisión informática eran representantes de,prácticamente, todo el arco político y miembros de la Judicatura. En el casode Sena, respondía a la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, lideradapor Julio Piumato; Falcone era alfil del consejero y senador por el FpV, TitoFernández. En tanto, Gallo Tagle era un hombre de la Asociación deMagistrados y Funcionarios, mientras que Mehlman, funcionario de plantavinculado a la Corte Suprema, reportaba de manera directa a Lorenzetti. Tate,por su parte, fue el nexo con la Unión Cívica Radical (UCR); hermano de la exdiputada nacional Alicia Tate, cuñado del “Changui” Cáceres, históricodirigente radical, respondía a los consejeros Sanz y Oscar Aguad, el diputadonacional por Córdoba, de quien Alicia Tate era secretaria letrada del Consejode la Magistratura.

Este grupo de funcionarios continuó abonando el terreno para lograr unabuena cosecha financiera del presupuesto, como lo considera la legisladoraOliveto. En mayo de 2008 se creó el cuerpo de auditores bajo el mando delabogado Pedro Jorge Meydac,198 amigo personal del senador Ernesto Sanz.Este no dudó en nominar a su amigo para asumir la presidencia del Cuerpo deAuditores de la Magistratura. Se conocen de su Mendoza natal, donde aún hoyMeydac mantiene su domicilio. Con 66 años, el auditor llegaba con vastosantecedentes laborales.199 Bajo la órbita de Meydac se encontraban, entreotros, José Luis Pivetta y Luis Molinari Romero, alineados también con Sanz,como lo reconocen allegados al mendocino.

Con el cuerpo de auditores en el bolsillo, a Lorenzetti le faltaba en laMagistratura un delegado judicial. Mientras le daba vueltas a la cabeza enbusca del más adecuado, se le ocurrió una idea luminosa: Luis AlbertoDevoto,200 amigo suyo y ladero de Tito Fernández. Ese era el hombre que, sinduda, le reportaría cada paso, como advirtieron, a micrófono cerrado, suscolegas consejeros. Desde entonces estaría al frente de la flamante Secretaríade Asuntos Jurídicos.

La voracidad de Lorenzetti, como arquitecto indiscutible de estelaberinto con destino final al botín del presupuesto, pareció saciarse con lasoficinas de Mandamientos y Notificaciones, Subastas Judiciales y el ArchivoGeneral del Poder Judicial, que quedaron bajo gestión de la Corte.

Una “mina” en el camino

Para tener el control absoluto del Consejo de la Magistratura aLorenzetti solo le faltaba sacudirse de encima a la contadora y abogada,Cristina Akmentins, una profesional de carrera, perfil bajo y excelentesantecedentes académicos.201

Akmentins había llegado al Poder Judicial de la mano de Nicolás Reyes,el secretario general de administración de la Corte nombrado por elmenemista Julio “Buby” Nazareno.

Reyes —a quien se conocía entonces como el décimo ministro—,contaba con el buen hacer de Akmentins, una mujer de perfil técnico, idealpara administrar los recursos del Poder Judicial. Cuando comenzó a funcionarel Consejo de la Magistratura en 1998, Reyes se hizo cargo de las dosadministraciones (Corte y Consejo) y designó a Akmentins como secretaria dela Comisión de Administración y Financiera. Al año siguiente, la contadoraasumió la Administración General del Consejo y Reyes regresó a la Corte.

Akmentins, que manejaba el millonario presupuesto del Poder Judicial anivel nacional, tenía experiencia en sortear frentes políticos, pero nunca antesse había visto envuelta en una tormenta que la tenía a ella a la deriva y comoprincipal víctima.

Mientras Lorenzetti, Sanz y Luis María Cabral trataban de separar a lafuncionaria del cargo,202 la Corte creó en noviembre de 2008 un fondoanticíclico, reserva de contingencia o como quiera denominarse a ese colchónfinanciero del máximo tribunal, que, solo para empezar, contó con un capitalde $1.420.000.000. Se dividió en tres parcelas gestionadas desde el corazónde la Corte.

Los ministros definieron el fondo anticíclico como “una herramientafinanciera que permite atenuar los impactos violentos que suelen generar los

ciclos económicos y con ello asegurar un planeamiento con reducción deriesgos”. 203 El primero de los fondos, destinado a gastos extraordinarios delPoder Judicial de la Nación, arrancó con $500.000.000 de libredisponibilidad. En teoría deberían utilizarse, según la documentación suscritapor los jueces, “ante la reducción de los recursos previstos y en situacionesexcepcionales o no contempladas que impidan el cumplimiento de losobjetivos de la jurisdicción”. Ante los “ciclos” que atraviesa la economía“durante los cuales los recursos pueden sufrir variaciones sustanciales,contando con recursos extraordinarios en el auge y con recursos insuficientesen períodos de depresión, que en tal sentido es prudente poder equilibrar losrecursos en el tiempo para poder garantizar un nivel adecuado de prestacionesde la jurisdicción”.204 En la práctica, al no tener la obligación dejustificarlos, es un enigma su destino final, como se verá en mayor detalle enel capítulo 12.

Los jueces de la Corte, en pleno gobierno “nacional y popular” sepreocuparon de anticipar que los recursos del fondo podrían “ser invertidos encolocaciones a plazo en las entidades bancarias oficiales designadas por laCorte” e, incluso, realizar esas operaciones “hasta en un cincuenta por ciento,en moneda extranjera”.

El segundo fondo anticíclico se lanzó con una base de $850.000.000destinado a la infraestructura, equipamiento y gestión judicial,205 y al tercero,para estímulo del personal, se le destinó $70.000.000 en el documento de sucreación.206

Además, el presupuesto del Poder Judicial depende del TesoroNacional, como de recursos específicos relacionados a la evolución de larecaudación tributaria y no tributaria de la administración central. Por lo quelos ministros creyeron que resultaba necesario planificar el destino de losactivos financieros de la jurisdicción para lograr la optimización de su uso.

Todas las acordadas por las que se plasmaron estos recursos financierosestuvieron suscriptas por todos los ministros, a excepción de Petracchi, y porel entonces ya secretario general de Administración de la Corte, el contadorrafaelino, Daniel “el Cabezón” Marchi. Este arribó a la Corte el 18 dediciembre de 2007 con el cargo de director general,207 y nueve días despuésfue ascendido a subadministrador general,208 aunque más tarde, en marzo de

2008, se quedaría a cargo de la Secretaria General de la Administración de laCorte. A Marchi se lo conoce en los pasillos del Palacio de Justicia y enTribunales como “el sexto ministro” por su influencia y poder de decisión.Con un pasado futbolero de zaguero central en la primera división del ClubSportivo Norte en el 2001, que abandonó por problemas en la vista, llegó aLorenzetti a través de su amigo Ricardo Peirone, contador personal del juez yex intendente de Rafaela por el Partido Justicialista (PJ). Aunque también loapadrinó el contador y socio de Lorenzetti, Reynaldo Casabella.

Marchi había sido secretario de Hacienda durante la segunda gestión dePeirone al frente del municipio. Más tarde, entre 2003 y 2007, ocuparía elmismo cargo pero a nivel provincial, durante el segundo período delgobernador e histórico militante del PJ santafesino, Jorge Obeid. “Papi Peggy”—como se refiere al hombre de confianza y brazo ejecutor de los deseos deLorenzetti la diputada Elisa Carrió—, desembarcó en la Corte y en el Consejocon dos contadores coterráneos: Carmen María Odasso y Walter MauricioEusebio.

Con ojo quirúrgico, los consejeros jueces avalaron una serie deresoluciones emitidas por el Consejo a partir del 2007. Así se logró limitarlos controles legales que solo se aplicaron a las licitaciones que salían aconcurso público. Quedaron excluidas de los controles las contratacionesdirectas, que se tornarían desde entonces habituales.209

De esta forma, la fiscalización de contratos y adjudicaciones que tenía asu cargo la Comisión de Administración y Financiera, en su totalidad, pasó aser exclusiva de su presidente. Por entonces, el juez de la Cámara Laboral,Mario Fera, hombre cercano a Juan Carlos Maqueda, quien durante años fueuno de sus secretarios letrados.

Trampolín, quizás, por el que llegó sin escalas a convertirse encamarista del trabajo. Con esos contactos y antecedentes, Fera se ganó laconfianza de Lorenzetti y controlaría por sí solo la mayoría de lascontrataciones sin intervención del plenario del Consejo, es decir de los trececonsejeros que pasaron a ser convidados de piedra de estas operaciones. Feraadministraría no solo las licitaciones privadas, sino las contratacionesdirectas, según los registros del órgano.

En este contexto, se elaboró un Manual de Compras210 que, ironías dela justicia, se regía en base al decreto del Poder Ejecutivo 5720/72 que no seencontraba vigente en ese momento.

La hiperactividad de la nueva gestión judicial se sentía en todos losrincones de la sede de la Magistratura. En el edificio de Libertad y Viamontetenían pendiente analizar lo que saltaba a la vista, después de colocar la lupaindiscreta sobre Cristina Akmentis.

Cuando estaba en la cima de su desarrollo profesional, con el mismorango jerárquico y salario, esta histórica y eficaz contadora fue trasladada, encontra de su voluntad, a Córdoba. Su deportación —en sentido figurado— seatribuye a una exigencia del entonces presidente del Consejo de laMagistratura, Luis María Cabral.

El 17 de diciembre de 2009, Cristina Akmentis recibió oficialmente lacomunicación de su traslado a la Cámara Nacional Electoral de Córdobadonde continúa cumpliendo sus funciones.211

En simultáneo a su virtual despido, el máximo tribunal creó un cargo desecretario de Corte y otro de director general.212 La decisión fue de RicardoLorenzetti que habría tomado nota de una sugerencia de Cabral y Ordiales.Ambos, con la coartada del exceso de volumen laboral, habrían planteado enel Consejo la necesidad de dividir las funciones dentro de la Oficina deAdministración y Financiera.

Cabral y Ordiales propusieron y designaron en su lugar, comoadministrador general del Poder Judicial de la Nación, al contador públicoHugo Borgert, y como subadministrador del Poder Judicial, a Germán ErnestoKrieger. Ambos hombres de extrema confianza de Lorenzetti, como lo señalanaquellos que trabajaron a diario con ellos. Krieger, oriundo de la provincia deSanta Fe, fue señalado desde el gobierno como un hombre de confianza del exjefe de Gabinete, Alberto Fernández y del ex secretario de Hacienda, JuanCarlos Pezoa.213

En 2010, se le asignó a Krieger el manejo de los fondos, en especial,aquellos relacionados con contrataciones de infraestructura y tecnología. Conposterioridad se modificó el reglamento del Consejo y se dispuso que el

subadministrador reemplazara al administrador en caso de ausencia oimpedimento. Así, se excluyó al secretario general del orden de subrogación,ejercido por Ordiales, quien al poco tiempo pasaría a representar al PoderEjecutivo durante el período 2011 a 2014.

A poco más de once meses de la designación, el contador Borgertrenunció a la función de administrador general del Poder Judicial porque,según coincidieron jueces federales, se habría negado a la exposición quesignificaba la firma de la “millonaria” contratación presuntamente irregulardel software de gestión Lex100, llevada a cabo por funcionarios alineados aLorenzetti a través de consejeros y directores del proyecto.214

Borgert no soportó la idea de tener que asumir la responsabilidad delicitaciones que no eran suyas y estaban “bajo sospecha”, según confió a susíntimos. Consciente de que aquello era una bomba de relojería, según fuentesde su entorno, se adelantó a los acontecimientos y se trasladó al cuerpo deperitos dependiente de la Corte. Sin embargo, otros funcionarios judicialesofrecen una versión diferente al apuntar que su nuevo destino fue el resultadode un pedido del presidente de la Corte. Ricardo Lorenzetti, aseguran, queríatenerlo en ese puesto, de alta sensibilidad, para conocer y tener de primeramano las pericias judiciales oficiales. En ese departamento se realizaron,entre otras autopsias, la del fiscal Alberto Nisman. También allí se elaboró elinforme patrimonial del matrimonio Kirchner, cuando fue denunciado porenriquecimiento ilícito. Gracias a esa documentación —según se justificó eljuez Norberto Oyarbide— Cristina Fernández y su marido fueron sobreseídos.

La ex ministra de la Corte, Carmen Argibay, sospechaba de latransparencia de las pruebas y —según testigos— en varias oportunidadesenfrentó a Lorenzetti para reprocharle lo que estaba pasando.

Rápidamente, Krieger, sin título universitario habilitante paraadministrar los recursos del Poder Judicial, ocupó el cargo que dejó vacanteBorgert.

El premio gordo es mío, mío…

Lo mejor estaba por llegar. El gran hallazgo de Lorenzetti salió de lausina cerebral que lo caracteriza. La creación del Comité Ejecutivo de

Inversiones, en abril de 2011, fue la frutilla del postre más lucrativo de suexistencia. Con este consolidó la estructura financiera que le permitiría“cooptar el manejo de los fondos”, declaró sin medias tintas Oliveto Lago. ElComité es una especie de órgano superior equivalente al Ministerio deEconomía del gobierno que depende directamente de la Corte y cuya cabezano es otra que la máxima autoridad judicial, Ricardo Lorenzetti. Dicho de otromodo, el Comité sería un triángulo formado en su base por el Consejo de laMagistratura y la Corte Suprema y en el vértice sostenido por el presidente deesta.

La construcción de este invento del supremo juez no habría sido posiblesin la colaboración de los consejeros jueces que, ellos sabrán por qué, nodudaron en despejarle el camino de cualquier obstáculo, según consta en lasresoluciones y actas suscriptas por ellos.215

El Comité Ejecutivo de Inversiones surgió de la acordada 6 de 2011 dela Corte y la resolución de la Magistratura 14 del mismo año. La primera fuesuscripta por todos los ministros, excepto Eugenio Zaffaroni que, hasta el díade hoy, se reserva las razones de su decisión. El mismo documento reconocela atribución exclusiva de Lorenzetti en el manejo de los fondos. El textodestaca que, “dependerá de la presidencia de la Corte Suprema, a la que seelevará, para su intervención, todos los informes referidos a la planificación,ejecución y control de las políticas, proyectos y programas referidos ainversiones, en especial en materia de infraestructura y tecnología”. En loshechos, cada decisión monetaria debe tener la bendición de Lorenzetti aunqueestá presidido por “el sexto ministro”, Héctor Daniel Marchi.216

Por las manos de Marchi pasan las decisiones más sensibles de laeconomía judicial. El contador no solo protegería las espaldas de su jefe, sinoque, además, ejercería las veces de emisario ante funcionarios y políticos portemas sensibles, como ocurrió con Ricardo Echegaray cuando era titular de laAdministración Federal de Ingresos Públicos, de acuerdo a testimonios defuncionarios judiciales que comparten su día a día. Como vicepresidente delComité se nombró a Germán Krieger, solo para que lo reemplazara en caso deausencia.

A principios de 2008, Carmen María Odasso y Walter Mauricio Eusebio—los contadores en los que se recostaba Marchi— se incorporaron al Poder

Judicial y conformaron la estructura del Comité Ejecutivo de Inversiones.Odasso, como directora general de Administración de la Corte, y Eusebio,como director de Administración Financiera del Consejo.217

En este proceso de centralización fue clave la actuación de Mario Fera,como señaló Oliveto Lago. Fue él quien, en 2011, durante su presidencia en elConsejo, obtuvo el aval de los integrantes de la Comisión de Administración yFinanciera, presidida por otro magistrado, el juez federal de CórdobaAlejandro Sánchez Freytes, para efectuar tan crucial transferencia depotestades. En palabras de la legisladora porteña, “todos los nexos yoperadores respondían a Lorenzetti”.

En febrero de 2011 se nombró como secretaria general de lamagistratura, a la ya funcionaria del órgano, Susana Berterreix, esposa deAldo Alejandro Ghiglione, secretario letrado del ministro Juan CarlosMaqueda. El mismo que en la justicia es señalado por los abogados como“operador” del juez cordobés. Sería ella la encargada de ejercer la función deescribana del Consejo de la Magistratura. Debía controlar la veracidad de loshechos y dar fe de los actos públicos.Hecha la ley, hecha latrampa

Por fin, “tras dos arduos años de trabajo, Lorenzetti y sus hombres, seaseguraron el absoluto control de los fondos del Poder Judicial”, declaró sinespacio para la duda Oliveto Lago. Para ella, se trata de “un engranaje ilegalque con la destreza jurídica y los movimientos sincronizados de losfuncionarios lograron mantener a la Corte Suprema bajo apariencia devirtuosa, mientras la mayor parte de la desviación de recursos presupuestariosse habrían habilitado a través de la Magistratura”.

Por otro lado, sospecha que “haberle dado primacía a la Corte sobre elConsejo, en contra de la letra constitucional, desajustar el mecanismo decontrol de los recursos e impedir la revisión externa, podría haber sidoutilizado por el gobierno kirchnerista como moneda de cambio”. Todo esto,“no podría haberse llevado a cabo sin un pacto entre Lorenzetti y Kirchner”,sentenció la legisladora.

En diferentes oportunidades, los voceros de la Corte negaron estas

acusaciones e incluso la ministra Highton de Nolasco y el propio Lorenzettiexplicaron que ante la “falta de operatividad del Consejo, se habíaconsensuado este mecanismo del Comité hasta tanto la administración de laMagistratura se optimizara y concretara”.

El objetivo de la integración mayoritaria del Consejo —periodo 2006 a2010— era que “se eliminaran todos los mecanismos de controlpresupuestarios internos. Así, aquellos consejeros que avalaron estas medidas,le garantizaban las manos libres al administrador Krieger”, sentenció OlivetoLago.218

El 6 de mayo de 2010 el Consejo vació de contenido la Unidad deAuditoría.219 El escaso control de carácter previo fue reemplazado por uncontrol de planificación anual.220 Se consagró así un “control residual” y esaquí, donde apareció la “inexistente” actuación del Cuerpo de Auditores delPoder Judicial creado en 2008. El mismo que “aseguraría y garantizaría laabsoluta falta de control del manejo de los recursos presupuestarios del PoderJudicial”, detalló la abogada.221 “Por ello le confiaron a Pedro JorgeMeydac,222 jefe de aquel organismo de auditores, la tarea fiscalizadora”,continuó.

Nunca hubo una auditoria presupuestaria. El 27 de junio de 2011, porprimera vez en seis años, se presentó un único plan pero sobre elfuncionamiento administrativo de los tribunales.223 “Esta grave omisión anulala única y última instancia de control interno de los recursos del PoderJudicial”, concluye Oliveto Lago. Para ella, más grave aún fue la “disimuladanegativa a permitir la intervención de la Auditoría General de la Nación(AGN)”, pese a tener un convenio, suscripto en 2005, para realizar auditoríasexternas de la gestión presupuestaria del Poder Judicial.224 El acuerdo, entreel Consejo y la AGN, exige no solo la aprobación del plan anual de auditoríapor parte de la Comisión de Administración y Financiera, sino también lanotificación de ese plan al órgano de contralor. Asimismo, obliga a nombrarrepresentantes para monitorear la ejecución del convenio que nunca se aplicó.Desde la firma del acuerdo, solo en tres ocasiones, —por cada nuevaintegración del Consejo —,225 la Comisión de Administración y Financieraaprobó el plan de auditoría anual para la AGN que, curiosamente, jamás fueadvertida de la decisión. Con posterioridad, durante el período de 2011 al

2014, este compromiso se obvió, pese a los reiterados pedidos de losrepresentantes de la oposición política y del estamento de abogados. “Sebuscaba mantener la apariencia de un control externo que, en los hechos, nuncase realizó”, concluyó la legisladora.

La denuncia que Paula Oliveto Lago presentó ante la Justicia el 20 denoviembre de 2014 apuntó contra el presidente de la Corte y los funcionariospresuntamente involucrados.226 La causa recayó en manos del juez federalLuis Rodríguez y el fiscal Federico Delgado.

184. Entrevista realizada para este libro a la legisladora porteña de laCoalición Cívica, Paula Oliveto Lago, el 17 de agosto de 2016. La abogadadenunció el 20 de noviembre de 2014 ante la justicia federal las supuestasirregularidades que se analizarán en este capítulo. En adelante, las opinionesrespecto al Consejo de la Magistratura y las decisiones tomadas por el expresidente Néstor Kirchner que involucran al presidente de la Corte, RicardoLorenzetti, se le atribuyen a esta fuente. La Nación, Adrián Ventura, 20 denoviembre de 2015 en el sitio web: http://www.lanacion.com.ar/1847078-los-jueces-comienzan-a-borrar-la-pesada- herencia-k.

185. Entrevista realizada para este libro al jurista de la AcademiaNacional de Derecho, historiador y juez de la Corte de la provincia de Salta, yex consejero juez del Consejo de la Magistratura nacional, Abel Cornejo eljueves 21 de julio de 2016. En adelante, todas las opiniones respecto de ladecisión del ex presidente Néstor Kirchner de delegar en Ricardo Lorenzetti eldiseño de una ingeniería financiera que le permitiera a la Corte mantener elmanejo de los fondos que le correspondían al Consejo de la Magistratura,corresponden a esta fuente.

186. El Consejo de la Magistratura analiza las pruebas que permitanabrir una investigación contra un magistrado por supuesto “mal desempeño”.No remueve ni destituye. Como segunda etapa del proceso solo eleva aconsideración del Jurado de Enjuiciamiento la conducta del juez. El Consejoactúa como Fiscal.

187. Esto implicó que, pese a la reforma constitucional de 1994, quedelegaba la administración presupuestaria en el Consejo, se mantuviera elesquema que regía desde 1990 con la Ley de Autarquía Judicial, que asignó ala Justicia el 3,5 por ciento de los recursos de la administración central, máslos propios, como tasas de justicia, entre otros.

188. Según decreto de necesidad y urgencia 557 del presidente NéstorKirchner emitido el 1 de junio de 2005, publicado por la Tesorería General dela Nación en el sitio web:http://forotgn.mecon.gov.ar/normativa/decretos/dec55705.pdf.

189. Página , Horacio Verbistsky, ٦ de febrero de

http://www.pagina.com.ar/diario/elpais/٦--٦-٦٣٥-.html.

190. Entrevista de Paula Oliveto Lago con la autora y escrito dedenuncia de la legisladora ante la justicia federal.

191. La ley 26.080 que redujo los miembros del Consejo de laMagistratura de 20 a 13 miembros fue sancionada el 22 de febrero de 2006 ypromulgada dos días después, según surge del Boletín Oficial:http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/114258/norma.htm.

192. Nota 277/07 del Ministerio de Economía y Producción de laNación, de fecha 17 de agosto de 2007. Las transferencias, según consta en ladocumentación, se hicieron mediante el SAF/320, entre otros.

193. El Consejo de la Magistratura suspende y aparta a los jueces porsupuesto mal desempeño y el proceso de destitución o no del magistradoqueda en el ámbito del Jurado de Enjuiciamiento, también incluido en lareforma constitucional de 1994, en el art. 115. De esta manera, separa elproceso del del juicio político reservado para juzgar por el Senado laconducta del presidente, vicepresidente, ministros y miembros de la CorteSuprema.

194. Ídem nota 185.

195. La ley 24.937, sancionada en diciembre de 1997 y promulgada el30 de diciembre del mismo año, regula el funcionamiento del Consejo de laMagistratura.

196. Por Resolución n° 43/08 del consejo de la magistratura se designóa hernán ordiales como Secretario General del Consejo.

197. Resolución N° 223/08 del Consejo de la Magistratura, por la que sedesignó a los representantes de la Comisión de Informática del Plan deFortalecimiento Institucional del Poder Judicial.

198. Resolución N° 224/08 del Consejo de la Magistratura por la que secreó el Cuerpo de Auditores. Resolución 225/08 del Consejo de la

Magistratura por la que se transfirió a la Corte la gestión de las oficinas deMandamientos y Notificaciones, Subastas Judiciales y el Archivo General delPoder Judicial. Resolución N° 226/08 del Consejo de la Magistratura por laque se designó a Pedro Jorge Meydac.

199. Pedro Jorge Meydac trabajó en diferentes organismos como elBanco Nación, el Banco Nacional de Desarrollo, el Instituto Nacional deServicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el Senado de la Nación,durante el 2004 al 2006 y desde 2007 se desempeña como auditor judicial.

200. Resolución N° 227/08 del Consejo de la Magistratura por la que sedesignó a Luis Alberto Devoto.

201. Cursó estudios de contadora y de licenciada en Administración deEmpresas en la Universidad Católica de Córdoba; se doctoró en Ciencias dela Administración en la Universidad Católica de La Plata; se recibió deabogada en la Universidad Nacional de Córdoba y obtuvo un máster enEconomía en el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Economía deNápoles, en Italia.

202. Ídem nota 185, entrevista a Cornejo.

203. Con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton deNolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibayy el secretario general de Administración, Héctor Marchi, se aprobó lacreación del Fondo Anticíclico para el Poder Judicial de la Nación a través dela Acordada N° 34/2008, de fecha 5 de noviembre de 2008, Expediente N°4408/2008.

204. Resolución 34/2008 mediante la cual la Corte crea el fondoanticíclico de $500.000.000.

205. Con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton deNolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibayy el secretario general de Administración, Héctor Marchi, se aprobó lacreación del Fondo de Infraestructura, Equipamiento y Gestión del PoderJudicial de la Nación el día 5 de noviembre de 2008 a través de la AcordadaN°32/2008, Expediente 4408/08.

206. Con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton deNolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibayy el Secretario General de Administración, Héctor Marchi se aprobó lacreación del Fondo Estímulo para el Personal del Poder Judicial de la Nacióna través de la Acordada N° 33/2008 el día 5 de noviembre de 2008,Expediente N° 4408/2008.

207. Resolución 2791/2007 de la Corte Suprema de Justicia de laNación.

208. Resolución 2862/07 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

209. La Resolución CM N° 97/07 del 22 de marzo de 2007 limitó elcontrol a las licitaciones públicas. La Resolución CAyF N° 18/07 del 11 deabril de 2007 delegó en la presidente de la Comisión de Administración yFinanciera el control de las licitaciones públicas. La Resolución CM N°513/09 del 5 de noviembre de 2009 aprobó el Reglamento de la Comisión deAdministración y Financiera y se omite regular el control de legalidad que éstatiene asignado por el artículo 16 de la ley 24.937. La Resolución CAyF N°4/11 del 14 de abril de 2011, delegó en el presidente de la Comisión deAdministración y Financiera el control de legalidad de las licitacionespúblicas.

210. Por Resolución CM 191/08 del 24 de abril de 2008 se creó elmanual de compras, en base al decreto PEN 5720/72, que se encontrabaderogado a la fecha de la Resolución 191/08 por el decreto PEN N° 1023/01del 16 de agosto de 2001, dictado en función de la delegación efectuada por laley 25.414.

211. Resoluciones de la Corte Suprema N° 4299/2009y N° 1256/10,812/11 y 751/12 y Resolución del Consejo de la Magistratura N° 683/09 CM.Se suma a la información la Resolución 4300/09 de la Corte Suprema de laNación.

212. Los cargos se crearon a través de la Resolución 4300/09 de laCorte Suprema de la Nación, con la finalidad de que se prestaran funcionescomo administrador general del Poder Judicial y subadministrador general delPoder Judicial.

213. Perfil, 20 de septiembre de 2014:http://www.perfil.com/politica/denuncia- judicial-por-el-manejo-de-fondos-de-la-magistratura-0920-0011.phtml.

214. Entrevista realizada para este libro al asesor letrado de Consejo dela Magistratura, Adolfo Athos Aguiar, el 22 de julio de 2016.

215. Para la denunciante Paula Oliveto Lago, los jueces que habríanfacilitado el camino a Ricardo Lorenzetti fueron: Cabral, Luis María BungeCampos y Miguel Gálvez, en el período 2006 a 2010 y Ricardo Recondo,Alejandro Sánchez Freytes y Mario Silvio Fera, en el período 2010 a 2014.

216. Resolución 891/11 de la Corte Suprema de la Nación.

217. Todos ellos fueron designados en el nuevo organismo, el 28 deabril de 2011, a través de la Resolución 891/2011 de la Corte Suprema de laNación, suscripta solo por Lorenzetti.

218. A través de la Resolución CM N° 167/10, del 6 de mayo 2010,suprimió la intervención de la Unidad de Auditoría Interna.

219. Ídem.

220. Resolución CM N° 167/10.

221. El Cuerpo de Auditores del Consejo de la Magistratura fue creadopor Resolución CM N° 224/08.

222. El jefe del Cuerpo de Auditores de la Magistratura, Pedro JorgeMeydac, fue designado el 8 de mayo de 2008, a través de la Resolución CM N° 226/08, conforme lo establecido en el inc. i del art. 4° e inc. ٥° de laResolución CM N° 401/09 del 10 de septiembre de 2009.

223. Por Resolución CM N° 133/11 del 27 de junio de 2001 se presentóel único plan de auditoría, fechado el 27 de junio de 2011, sobre elfuncionamiento de los tribunales federales y nacionales.

224. Convenio Marco firmado entre el Consejo de la Magistratura y laAuditoría General de la Nación por Resolución CM N° 290/05 del 4 de agosto

de 2005, para proceder a poner en práctica auditorías externas de la gestión.Este acuerdo se integraba con la Resolución CM N° 366/05 que refiere alsometimiento del plan de auditoría de la AGN para la determinación de sualcance y modalidad de ejecución.

225. En dos ocasiones, una por cada nueva integración del Consejo —períodos 2002-2006 y 2006-2010—, la Comisión de Administración yFinanciera aprobó el plan anual para la AGN a través de los dictámenes CAyFN° 39/05 del 7 de junio de 2005 y, la Comisión de Administración y CAyF N°46/08 del 2 de marzo de 2006.

226. Entrevista a Paula Oliveto, del 17 de agosto de 2016, ya citada. Enadelante, toda opinión sobre la desarticulación de los mecanismos de control yel armado de un engranaje financiera para manejar los fondos que por ley lecorresponden al Consejo de la Magistratura se adjudican a esta fuente.

Capítulo 5Del Colón al subtePactos, impunidad y un jefe. Lorenzetti, el

supervisor de todo el presupuesto tribunalicio desde 2007. Obra pública por ypara el Poder Judicial, el eterno pozo sin fondo de corrupción yenriquecimiento. Versión judicial del modus operandi de Lázaro Báez.Cartelización. Retornos. De Vido y López, unidos para siempre. Trabajadoresfantasmas, sueldo sobre el papel y rebaja en el bolsillo. ¿Quién se lo lleva? Eldesembarco de La Cámpora. El arrebato de la caja judicial a Lorenzetti. Lallegada del PRO. ¿Cambiamos?

—¿Qué hacés Barraza? ¿Cuándo te sumas al equipo? —le dijo en tonoprovocador y desafiante, Gabriel Martín Saliva, prosecretario letrado de laDirección General de Infraestructura del Consejo de la Magistratura (DGIJ),al arquitecto Fabio Daniel Barraza.227

—Hace muchos años que trabajo acá haciendo proyectos y dirección deobra. Mi ley es el pliego de las obras —contestó Barraza con cierta molestia.Desconocía qué función exacta tenía Saliva en la DGIJ pero, tal como lodeclararía más tarde ante la Justicia, sospechaba que algo oscuro se escondíadetrás de su invitación o propuesta a ser uno de los suyos.Otro día volvieron acruzarse en un pasillo de la DGIJ, sobre la calle Diagonal Norte 1190. Eldiálogo fue más tenso:

—Vos tenés que certificar lo que te decimos nosotros —le ordenóSaliva.

—Se certifica lo construido y lo que no está construido, no —respondióBarraza asombrado ante el imperativo. Pese a haber sido rápido en surespuesta, la cara seria y ceño fruncido, expresaba el malestar por laadvertencia o amenaza implícita que acababa de escuchar.

—Vos ahora estás tocando en el Colón, pero en cualquier momentopodés ir a tocar al subte —retrucó el prosecretario.

—Yo no sé lo que es tocar en el Colón —argumentó el arquitecto conironía.

Barraza y Saliva descargaron su ira en aquella conversación —máslarga y arisca que el fragmento reproducido— sobre la obra del centrojudicial de Posadas, en la provincia de Misiones. Los diálogos revelaron queel patrón nacional para realizar la obra pública era idéntico en la Justicia. Lasirregularidades, por utilizar un eufemismo, y el modus operandi eran dos carasde una misma moneda de corrupción.

Las ganancias fuera del circuito establecido —bajo la mesa— para loscontratistas cartelizados responderían a un esquema administrativo yfinanciero ideado por Lorenzetti desde que asumió como presidente de laCorte Suprema en enero de 2007. La estructura alcanzó el grado de supremaperfección con la creación, en abril de 2011, del Comité Ejecutivo deInversiones que presidía Daniel Marchi. Quedó integrado por el máximotribunal y el Consejo de la Magistratura, pero dependía directamente de laPresidencia de la Corte, o sea de Lorenzetti.

Con la batuta de toda la orquesta de las obras públicas del fuero judicialen sus manos, Lorenzetti, en contra de la letra constitucional, podía decidir ydisponer de los fondos ajenos sin afectar el presupuesto propio de la CorteSuprema. “Este mecanismo refinado permitió desviar sumas importantes delerario público”, denunció ante la justicia la legisladora porteña de laCoalición Cívica, Paula Oliveto Lago, como ya se analizó en el capítuloanterior.

Desde la Corte negaron, una y otra vez, los vínculos con lascontrataciones a cargo del Consejo de la Magistratura, pero las evidenciashacían trizas su defensa. El 5 de mayo de 2011, a los pocos días de la creacióndel Comité Ejecutivo de Inversiones, Marchi, más conocido como “el sextoministro”, exigió a todos los directores de la Administración General delPoder Judicial (Consejo) que le informaran, semanalmente, de los avances y elestado de las obras.228

En la Magistratura el engranaje financiero se ajustaba en un doblemecanismo: el contable y el jurídico. “Krieger fue el encargado de digitarcada proceso licitatorio, mientras que Luis Alberto Devoto, titular de la

Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Administración General del PoderJudicial, permitió que las licitaciones se efectuasen en ese ámbito, conintervención de la DGIJ, pero sin involucrar a la Corte Suprema”, ilustró elabogado Ricardo Monner Sans. “Las decisiones de inversión eninfraestructura y tecnología —añadió— las supervisó y aprobó Lorenzetti através de Marchi y Krieger, sin la intervención formal del plenario delConsejo”. La idea era que la imagen de la Corte fuera inmaculada.

Lorenzetti necesitaría, para lograr sus propósitos, “operadoresdispuestos a arriesgarse a direccionar las obras públicas desde laMagistratura y manejar las cuantiosas sumas involucradas”, coincidenprofesionales bajo su dependencia y Monner Sans.

Todos señalaron al abogado Devoto, al contador Diego Martino (titularde la Comisión de Preadjudicaciones de la Administración General del PoderJudicial), al contador Walter Mauricio Eusebio (titular de la DirecciónGeneral de Administración Financiera del Poder Judicial), a los arquitectosHugo Raúl Cayetano Lazzarini (subdirector general a cargo de la DGIJ) yCarlos Jorge Fernando Susini Burmester (subdirector adjunto a cargo delDepartamento de Arquitectura de la DGIJ) como también el abogado GabrielMartín Saliva (prosecretario letrado de la Secretaría General del Consejo dela Magistratura que actuaba en el ámbito de la DGIJ). El mismo que habíaincrepado al arquitecto Barraza y que, al negarse a emitir un certificado deobra en relación al Centro Judicial de Posadas (Misiones), fue desplazado desus tareas por Lazzarini.

Todos ellos habrían conformado el “grupo retorno”, tal como lodenominaron con ironía los técnicos y profesionales de la Administración. Era“una orquesta afinada para los ingenieros y arquitectos de la Magistratura”,añade Ricardo Monner Sans.229

¿Cobraban coimas? Solo ellos —y sus parejas de tango— lo sabrían,pero los que estaban a su alrededor lo intuían.

López, De Vido, Marchi y Lorenzetti, juntos yrevueltos

—Ya hablamos con “Julio”,230 tenemos la gente en el ministerio parahacer esto, te hago el pliego, los fondos salen del Poder Judicial y listo”, lehabría dicho el ex secretario de Obras Públicas, José Francisco López, manoderecha del ex ministro Julio De Vido a Daniel Marchi.

—Debería ser algo grande —contestaría Marchi.

—Pero algo que tengamos a mano, y que se pueda justificar como unanecesidad de la justicia —replicaría López.

—Dejame que hable con Ricardo y te aviso —cerraría el diálogoMarchi.231

Unos días después, el 14 de noviembre de 2012, se firmó un Conveniode Colaboración entre Ricardo Lorenzetti, Julio De Vido y Manuel Urriza(Consejo de la Magistratura), para la realización de una megaobra del Archivodel Poder Judicial y otras dependencias judiciales.232

El 30 de agosto de 2013, el secretario de Obras Públicas de la Nación,José Francisco López, el mismo personaje que se haría famoso, tres años mástarde, en el mundo entero, por lanzar bolsones repletos de dinero al otro ladodel muro de un monasterio que sería su guarida, remitió al Consejo el “Pliegode Bases y Condiciones” del proyecto. Aclaraba que el mismo conteníaespecificaciones de uso habitual en las contrataciones del Poder Judicial, “conadaptaciones e incorporaciones de cláusulas utilizadas por este Ministerio enanteriores contrataciones de especial envergadura y relevancia, similares a laobra objeto de los citados convenios”. Este visto bueno de la “mano derecha”del ministro De Vido, como lo describió en más de una ocasión, fue el quehabilitó la prosecución del trámite de la contratación. El presupuesto ascendíaa la suma de 757.353.434,41 pesos.

¡Peligro! Zona de derrumbe

La construcción de edificios seminteligentes, con la tecnología con laque están equipadas algunas de las torres empresariales de Retiro y PuertoMadero, era una prioridad para la Justicia desde el 2009. La DirecciónGeneral de Infraestructura del Consejo de la Magistratura (DGIJ) habíaplanificado un desarrollo inmobiliario que, de funcionar, se replicaría, con las

mismas prestaciones, en el resto del país. La edificación estaba destinada a laconstrucción de los juzgados civiles, sobre las calles Uruguay 722 y Viamonte1435 de la ciudad de Buenos Aires. Se trataba de una superficie cubierta dealrededor de 9530 metros cuadrados. Serían dos edificios con entradas porambas calles. Uno de ellos, de ocho pisos, estaba pensado para elfuncionamiento de dieciséis juzgados, dos por piso, con entrada por la calleUruguay 722. En tanto, el otro edificio, de siete pisos, estaba ideado paraalbergar cuatro juzgados —uno cada dos niveles— con ingreso por Viamonte1435.

RIVA SA ganó el proceso licitatorio233 el 22 de marzo de 2012 y elConsejo le adjudicó la obra por un importe total de $50.043.000. “Losedificios debían construirse en un plazo de 24 meses, pero por diferentesmotivos nunca se construyeron”,234 recordaba el abogado Ricardo MonnerSans. La empresa solo dejó un enorme pozo que provocó que el terrenocomenzara a ceder por lo que debió ser “subamurado” (cubierto con arena,vallas de metal y acordonado con un corralito de ladrillos) por la firmaCasago SA, para evitar accidentes y daños a los edificios laterales dondefuncionan algunos juzgados civiles. Pese a que Riva SA no cumplió, GermánKrieger permitió que tanto esta como otras empresas, pudiesen, antes deiniciar la obra, denunciar la ruptura de la ecuación económica financiera, porvariaciones de índices de costos, inflación, dilación en el inicio de ejecuciónde la obra sin estar previsto en el contrato.235 Esto les permitía a las firmasrenegociar las condiciones del contrato. Es decir, duplicar y hasta triplicar elcosto original pactado.

Por culpa del socavón, las construcciones aledañas corrían riesgo hastade derrumbe. Fera no tuvo más remedio que declarar la emergencia deledificio de la calle Uruguay 714. En simultáneo, le pidió al administradorgeneral, Germán Krieger, que acordase con la empresa la posibilidad decontinuidad o suspensión de la obra. Lo hizo sin permitir que los integrantesde la Comisión analizaran el incumplimiento de Riva SA. De paso, elconsejero Fera logró, por razones que ellos saben bien, que se confirieranamplísimas atribuciones a Krieger. En los hechos, esto significó que sereconociera la subordinación del Poder Judicial al contratista incumplidor porel que Krieger y compañía parecían tener debilidad.

Con el espaldarazo de Fera, Krieger aplicó el mecanismo deredeterminación de precios a RIVA SA.236 Pero ni aun así, —salía másbeneficiada— la empresa cumplió lo pactado. Finalmente, la CAF debiórescindirle el contrato. Las consecuencias eran evidentes. Las excavaciones yaquel gigantesco agujero habían alterado los cimientos de Uruguay 714 (sedede juzgados civiles) y el de Uruguay 738/40 (sede de la Comuna 1 de laCABA). El entonces presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en loCivil, Juan Carlos Dupuis, no dudó en advertirlo.

Como consecuencia de la inseguridad de la manzana, la Corte Supremade Justicia de la Nación se vio obligada a disponer feriado judicial para losjuzgados civiles que funcionaban en la calle Uruguay 714.237 Con todas lasluces de alarma prendidas, un informe técnico de la Dirección General deGuardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la CABA del 19 de marzode 2012, alertó sobre rajaduras provocadas por la nueva submuración. Lasituación era grave, pero podía ser peor.

El 4 de mayo de 2012, la Dirección General de Protección del Trabajodel Gobierno de la CABA, ordenó la clausura de la obra de Uruguay 722 yViamonte 1435. La CAF, sin reproches, pese al desastre, autorizó aladministrador Krieger, a celebrar una contratación directa por “razones deurgencia”, de los trabajos necesarios para completar la submuración delperímetro del terreno, acorde a lo sugerido por la Dirección General deInfraestructura Judicial.238 La obra se le adjudicó a Casago SA por$1.020.000.239 En rigor, la nueva contratación fue impulsada por la DirecciónGeneral de Infraestructura Judicial, pero el que la gestionó fue Krieger. Lacontinuidad de la fallida construcción del edificio se inició el 28 de diciembrede 2012 —según calendario eclesiástico— el día de los Santos Inocentes.

Haciendo honor a la máxima que observa que el ser humano es el únicoanimal capaz de tropezar tres veces con la misma piedra (empresa), el 20 dediciembre de 2013 Riva SA logró la misma obra una vez más. En esta ocasiónlo hizo asociada con Caputo Construcciones y Servicios SA en una UTE(Unión Transitoria de Empresas). La licitación fue suya con una oferta de$199.300.000.240 Era la menor, aunque esta vez se la estaba contratando porun monto tres veces superior. Todo, para hacer la misma obra que nuncafinalizó y había puesto en riesgo la vida de las personas.241

El abogado de la empresa RIVA SA era Rodolfo Barra, ex ministro de laCorte Suprema y ex ministro de Justicia durante la presidencia de Carlos SaúlMenem. Un hombre de estrecho vínculo con el poder que intervino comojurado en los concursos más sensibles que tramitaron en la Magistratura.242Desde el 3 de septiembre de 2014, el juez federal Rodolfo Canicoba Corralinvestiga la adjudicación de obra de los edificios seminteligentes tras ladenuncia impulsada por el abogado Ricardo Monner Sans. Pero laconstrucción brilla por su ausencia. No hay un ladrillo a la vista.

Comisiones dentro y fuera de la ley

“Resulta difícil de creer, pero alquilaban edificios, bajo pretexto denecesidad económica, que permanecían desocupados, vacíos y solicitabanexorbitantes gastos para su readecuación. Estas eran algunas de lasactividades, al menos sospechosas, que desarrollaban los funcionarios queresponderían a Lorenzetti”, asegura el abogado Ricardo Monner Sans243. “Lacoartada para justificar ese proceder —añade— era la aplicación de normasderogadas”.

Las peculiaridades de las locaciones de inmuebles realizadas por laAdministración General desde el 2009 rozaban lo insólito. Por ejemplo, sinlicitación previa se alquiló uno con destino a ampliar la sede de diferentesjuzgados y tribunales del Poder Judicial, sin especificar cuáles serían.244 Elorigen de este expediente levantó sospechas, al igual que toda su tramitaciónante Devoto (Secretaría de Asuntos Jurídicos), y los jueces Fera, SánchezFreytes y el representante del Ejecutivo, Ordiales (Comisión deAdministración y Financiera) y Krieger (Administración General). Todo seinició a través del ofrecimiento de un inmueble que se encontraba enconstrucción a través de un “memo” dirigido al titular de la DGIJ. La ofertaprovenía de la firma “M & M” Propiedades.

En principio se iniciaron gestiones para la adquisición del inmueble(con intervención del cuerpo de peritos tasadores de la Corte Suprema) poruna suma próxima a los $15.000.000 pero posteriormente, sin que mediaraexplicación, la firma Alto Grande I SA presentó una nota por la que ofreció“en alquiler” las oficinas de ese edificio “Lavalle 1441”, por un plazo de tresaños, con una renta mensual de $254.478,21 para el primer año, $300.284, 28

para el segundo y $354.335,45 para el último, total: $10.909.175,28.245

Se firmó un “Acta-Compromiso” y se afectó el dinero para ello. Seredactó el proyecto de contrato de locación —por el que se arrendó todo eledificio con excepción de la planta baja y los pisos 3º y 9º— con intervenciónde la Secretaría de Asuntos Jurídicos a cargo de Devoto, hombre querespondía a Lorenzetti, que, según él, no encontró impedimentos legales. Elabogado aseguró ante todos que el procedimiento se adecuaba al marcojurídico aplicable.

El asunto pasó a la Comisión de Administración y Financiera, presididapor uno de los representantes de los jueces, el cordobés Alejandro SánchezFreytes. En la reunión de la CAF del 27 de junio de 2011, Fera justificó laexorbitante contratación. Tanto su intervención como la de Ordinales y deladministrador Krieger, resultaron decisivas para firmar el acuerdo. Ordinalespropuso la presencia del Comité de Inversiones en Infraestructura yAlquileres, y Fera enfatizó que la situación se encontraba dentro de losmárgenes jurídicos aplicables y que el pago de una comisión al agenteinmobiliario en las condiciones actuales del mercado era ineludible, cuando elpropio reglamento de locaciones del Poder Judicial prohíbe esaposibilidad.246

Krieger informó que obviar el 3% de la comisión inmobiliaria era muydifícil. Fera cerró el debate. Se decidió girar las actuaciones al Comité deInversiones en Infraestructura y Alquileres, como lo había propuestoOrdinales. Resultaba evidente el interés que Fera, Ordiales y Krieger tenían enlograr la aprobación de la Comisión para viabilizar la celebración delcontrato. El énfasis en la defensa de la comisión del agente inmobiliario porparte de Fera se debió, tal vez, a que su familia es titular de la inmobiliaria“Fera y Asociados”, con domicilio en la Avda. Las Flores 76, Wilde,provincia de Buenos Aires, tal como él mismo lo reconoció.

El edificio que se alquiló a Mariano Majoli, representante de AltoGrande I SA - Administradora Fiduciaria del Fideicomiso de Lavalle1441/43, se adjudicó a las oficinas de la Cámara Federal de la SeguridadSocial, pero el arquitecto Francisco Javier Toscano advirtió a Krieger a travésde una nota247 que el inmueble alquilado resultaba “totalmente inadecuadopara la instalación de juzgados del fuero de la seguridad social, en la medida

en que solo podía albergar tres juzgados, con serias dificultades decirculación para el personal y el público, en general de avanzada edad ylógicas limitaciones de movilidad”.

La inoperancia del edificio resultaba “absoluta” para los arquitectos delPoder Judicial. Habían pasado meses y se habían pagado $2.035.825,60 dealquiler, cuando la DGIJ propuso cambios a la distribución interna del edificioalquilado, a partir de las conclusiones obtenidas en las reuniones celebradascon la Cámara Federal de la Seguridad Social. Esto implicaba realizar unsinnúmero de trabajos (colocar pisos, tabiquería, electricidad —cableado yartefactos—, termomecánica, pintura, mobiliario, etc.) para acondicionar aledificio.

En la reunión de CAF del 24 de abril de 2014, presidida por Fera, setrató el tema de la inversión de $6.905.242 para la adecuación. Allí, eladministrador Krieger la defendió. En las tratativas de la comisión del 15 demayo de 2014, Fera forzó la aprobación de la inversión y la renovación delcontrato, según consta en la Magistratura. La contratación continuó y eledificio no se habilitó, solo se usó para archivo y depósito de expedientes. Lomismo ocurrió con los edificios de Montevideo 546 y Lavalle 1501 conpresuntos contratos irregulares que fueron denunciados ante el juez DanielRafecas sin avances en la causa. Según Monner Sans, se explica porque “losjueces nunca investigan a los jueces”, y los que estaban detrás de ese desastreeran y son los magistrados de las máximas instancias judiciales: laMagistratura y la Corte.

Barrer… para casa

El mundo se podía derrumbar a sus pies, que Krieger no se inmutaba.Parecería que nada lo afectaba y todo, por mal que fuera, lo beneficiaba.Gastó o despilfarró cuanto quiso. Durante su gestión contrató a empresas delimpieza por sumas que duplicaban y hasta triplicaban los valores delmercado. Así llego a pagar $55.305.682,70. Por si fuera poco, el propioPoder Judicial, asumió personal tercerizado y no registrado ante la ley. Dichopara que no haya duda, estaban en negro ante la Afip y no cobraban aguinaldoni vacaciones.

Había 227 empleados contratados que recibían un sueldo promedio de$2839, aunque en mano percibían $1800. Krieger aseguraba que había 560trabajadores que cobraban acorde a la ley un sueldo de $5096. El gremio dejudiciales que lidera Julio Piumato lo desmintió y denunció. Frente a estepanorama, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), inició unacausa248 para conocer detalles de las licitaciones del servicio de limpieza. Elsindicato realizó un censo que confirmaba un plantel de solo 227 trabajadores.Según una nota de Krieger del 9 de octubre de 2013, elaborada por laDirección General de Administración Financiera, a cargo de Walter Eusebio,los trabajadores ascendían a un número aproximado de 560 operarios y esoexplicaba que se abonaran 333 sueldos a personas que no estaban registradas(y que se presumían inexistentes).

Lo mismo señaló el sindicato respecto de los contratados para el área deinformática. Si bien existía un Convenio con la Universidad TecnológicaNacional (UTN) para asistencia técnica, mantenimiento e implementación,Krieger contrató 28 personas que cobraban un sueldo de $4000 a pesar de queen el convenio acordaron que fuera de $11.000. ¿Quién se quedaba ladiferencia? Las apuestas apuntaban en la misma dirección.

Mónica Pauluk, la representante de los trabajadores, en un plenario delConsejo daba detalles del escándalo mientras Fera y Krieger intentabanmantener la compostura y pese al frío invernal, transpiraban sin cesar.“Cuando nosotros decimos que hay corrupción lo decimos en este sentido, notenemos el nombre, sino ya lo hubiéramos denunciado, pero el negocio dealguien existe”, concluyó en su intervención del 6 de junio de 2013 ante todoslos consejeros.249

Pauluk, era evidente, tenía razón. Los montos de las contrataciones conla UTN eran muy superiores a los que, en realidad, se les pagaban a lostrabajadores. Entre febrero de 2009 y septiembre de 2013 la suma ascendió a$27.867.500. Una simple cuenta demostraba que, si de 40 empleadosdenunciados solo trabajaban 28, por un sueldo de $4000, sin pago deaguinaldo, el importe resultaba inferior al que Krieger entregó a la UTN en eselapso.250

Ratas, autos y playas para todos en Comodoro Py

Las sorpresas, en cuanto se levantaba un poco la alfombra, no cesaban.En diciembre de 2013 el Consejo de la Magistratura había dado señales decercanía con la Iglesia. Así pues, suscribió un convenio con la Arquidiócesisde Resistencia (Chaco) para explotar una cochera en los tribunales federalesde la ciudad de Buenos Aires. El acuerdo se concretó el 13 del último mes del2013 entre monseñor Ramón Alfredo Dus y Mario Fera, presidente de laMagistratura y la titular de la Comisión de Administración y Financiera, AdaIturrez de Capellini. Acordaron entregarle un predio ubicado en la AvenidaAntártida Argentina esquina Avenida de los Inmigrantes 1905251 para lacomercialización de cocheras en préstamo. Entre los funcionarios estimabanmás de 500 automóviles por día, aunque se previó que 140 espacios deestacionamiento fueran de uso gratuito para los integrantes de la Cámara deCasación Penal y el Poder Judicial de la Nación. Zona muy visitada por exfuncionarios públicos y empresarios, a finales del 2016 sufrió una invasión deratas. Algunas llegaron a colarse hasta el interior del edificio de ComodoroPy, sede de los tribunales criminales federales donde deben presentarse paradeclarar o llevar adelante un número no menor de ex ministros y exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández. Incluida la ex presidenta yviuda de Néstor Kirchner, investigada, entre otras causas, por la del dólarfuturo y corrupción y blanqueo de capitales por medio de las empresashoteleras que operan en Santa Cruz. El ex vicepresidente Amado Boudou(quizás con récord de asistencias), el ex ministro de Economía Axel Kicillof yotros políticos de diferentes siglas conocen esas escalinatas y las oficinas. Elpresidente Mauricio Macri no es una excepción, sin dilación acudió cuandoestuvo bajo la lupa de la justicia por supuestas escuchas ilegales. A finales dediciembre de 2015, ya presidente electo, fue sobreseído por el juez SebastiánCasanello,252 un magistrado sensible a los nuevos vientos que soplaban parala Argentina.

El negocio con la Arquidiócesis del Chaco podría haber significado másde $45.360.000 por los tres años de duración del contrato que el PoderJudicial de la Nación, sin justificativo y sin contraprestación alguna, otorgaba.Esto debido al caudal de vehículos que circulan alrededor de los tribunalespenales federales de Comodoro Py y De los Inmigrantes. El negocio parecíacerrar por donde se lo mirase.

Y “La Cámpora” fue por todo

Entre acciones “non sanctas” e internas políticas, la estructuraadministrativa y financiera ideada por Lorenzetti comenzaba a tambalear antela inminente renovación del Consejo de la Magistratura. La agrupaciónkirchnerista La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner, el 13 de febrero de2014, llegó a paso firme. Estaba dispuesta a tomar el control de “la caja”.Dicho de un modo más elegante, a hacerse con el manejo presupuestario eninfraestructura y tecnología de la Magistratura. La decisión arrinconaba al“grupo retorno”, como denominaron los arquitectos e ingenieros a losfuncionarios que estaban al mando de las obras públicas del Poder Judicial yque responderían a Lorenzetti.

Ese mismo día juraron los nuevos representantes del Kirchnerismo, elentonces secretario de Justicia y representante del Poder Ejecutivo, JuliánÁlvarez, lo hizo junto al diputado nacional Eduardo “Wado” de Pedro. Laceremonia se llevó a cabo en la sede del plenario del Consejo, en el 2º pisodel edificio de la calle Libertad 731, ante los ministros Highton y Lorenzetti,quienes por entonces, ambos con fino olfato, presentían lo que sucedería.

La tirantez se respiraba en el aire. Los consejeros estaban expectantesfrente a las cartas que los camporistas traían bajo la manga de un puño cerradopara golpear donde más doliera. Estaban decididos a enfrentar al presidentede la Corte para arrebatarle los fondos que formaban el botín más preciado.

Además de la injerencia en el presupuesto judicial de la Magistratura, através del Comité Ejecutivo de Inversiones, la Corte mantuvo su propiopresupuesto. La Cámpora tenía como objetivo quedarse con todo y recortarlelas facultades de contratación discrecional, de viáticos y licitaciones. El planera ahogar a la Corte en sus finanzas pese al constante reclamo de losministros de autonomía financiera.

Para concretar cada año su presupuesto Ricardo Lorenzetti debíaconsensuarlo con el jefe de Gabinete. Y en ese momento de tensiones, suinterlocutor era Aníbal Fernández, el hombre con la lapicera en la mano quepodía acordar el número final.

Mientras los camporistas se acomodaban en sus sillones y se frotabanlas manos, se aprobó la licitación para la construcción del Archivo del PoderJudicial, en las reuniones de la CAF del 29 de mayo y 12 de junio de 2014,

por entonces presidida por Mario Fera. En ese momento, la sumapresupuestada sin actualización, ya ascendía al importe de $1.402.167.966.

Se trataba de una obra importante desde todos los aspectos. En laMagistratura, los esfuerzos del entonces diputado nacional y consejero de laUnión Cívica Radical, Oscar Aguad, para aprobar el llamado a licitaciónfueron llamativos.253 Unos días antes de la primera reunión, el 6 de mayo de2014, Aguad obtuvo un guiño desde la Corte. Logró liberarse, porprescripción de la acción penal, de un proceso judicial en su contra por elsupuesto delito de defraudación pública por U$S60.000.000 en laMunicipalidad de la capital correntina, que se le imputaba por su gestión comointerventor federal en la comuna.254

Transcurridos unos días, y luego de haber realizado la consulta entre laspartes, se puso en marcha el proyecto para construir el Archivo del PoderJudicial por el que habían intermediado José López y Daniel Marchi. Era unaobra ambiciosa tanto en lo técnico como en lo financiero.

La tramitación del proyecto, que se inició con un simple informe sin queningún organismo advirtiera la necesidad de esa megaconstrucción, como eracostumbre, también presentó sus particularidades. Se trataba de un predioemplazado en la calle Combate de los Pozos entre las avenidas Brasil y Garay,con una superficie de 60.002,24 m2. En él se preveían distintas etapas deconstrucción sobre una superficie cubierta de 138.400 m2, distribuidos en tresplanos. En el primero de ellos, se haría el archivo general, con subsuelos yadministración en planta baja, con un total de 45.000 m2 cubiertos. En elsegundo, estarían las dependencias judiciales, con distribuidores de entrada,auditorios y plantas libres en ocho niveles, con un total de 58.900 m2cubiertos. En el tercero, los espacios comunes, con subsuelos paraestacionamiento, depósitos, mantenimiento, salas de máquinas y circulaciónvertical, de un total de 34.500 m2 cubiertos.

El plan era pretencioso, pero no se habían considerado algunasdificultades. Entre ellas, los espacios destinados al archivo, ubicados en elsubsuelo, no respondían a los parámetros de seguridad ante posiblesincendios. En tanto, el desarrollo longitudinal de cada una de las ocho plantasde la edificación superior alcanzaba los 201,30 metros (más de dos cuadras),con sanitarios en los extremos, así se convertiría en el edificio más largo de la

ciudad de Buenos Aires.255

El ambicioso proyecto quedó solo plasmado en tres expedientes. Larueda se detuvo en mayo de 2014 porque los arquitectos e ingenieros delsector se negaron a avalar el procedimiento y lo denunciaron por incumplir lasexigencias legales y tener presuntos sobreprecios.

Música en el subte…

Los arquitectos e ingenieros de la DGIJ estaban hartos de soportar losmalos tratos y continuas amenazas. Diecisiete de ellos no lo dudaron y dieronel portazo. Denunciaron la “impunidad” alrededor de la obra pública el 10 deoctubre de 2014.256

No era otra cosa que la cartelización: “Durante el kirchnerismo fueestructural y llegó a niveles insospechados”, definió el periodista JoséAntonio Díaz en la revista Noticias. “Se convirtió en la herramienta utilizadapara amasar fortunas tanto por funcionarios de gobiernos como porempresarios. Los favorecidos siempre fueron un selecto grupo de empresas alas que se les garantizó no solo ganar las licitaciones sino también réditoseconómicos”, describió Díaz. “De los sobreprecios salió la plata de la coima.Eso sí, no de las ganancias empresarias, sino de las arcas del Estado”,puntualizó.257

Las coincidencias abruman a especialistas e investigadores. Lacartelización “es la génesis de la corrupción en la obra pública”, definió elperiodista Hugo Alconada Mon en una nota del diario La Nación258 en la queentrevistó a varios empresarios. “Para ciertas licitaciones, el ‘armado’ es através de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), pero para los deVialidad, es la ‘Camarita’ la que juega”, cuenta un veterano con más de treintaaños en el sector. Alude a la Cámara Argentina de Empresas Viales, con sedeen Piedras al 300, frente a Vialidad Nacional. “La corrupción viene de arribay los empresarios nos adaptamos al sistema porque así los negocios son másfáciles”, se justificó uno. El entonces presidente de la “Camarita”, RodolfoPerales, lo negó, indignado.

Lo particular del caso fue que ese esquema se replicó en el Consejo dela Magistratura y en hombres vinculados al presidente de la Corte, Ricardo

Lorenzetti. Los profesionales de la DGIJ sospechaban de los procesoslicitatorios, los presuntos retornos y sobreprecios. Además, habían sidovíctimas de abusos, malos tratos, aprietes y amenazas según sus palabras parafirmar certificados de obras que no se habían realizado o ni siquiera iniciado.Y así lo denunciaron por escrito ante el Administrador General.259 Estaba enjuego sus carreras260 y ellos, no eran empresarios ni tenían nada que ver conLázaro Báez.

Diversos testimonios relataron lo vivido. “… desde hace muchos mesesvenimos planteando en forma individual y en distintas y muchas oportunidadesa la superioridad, la preocupación que nos genera la forma en que sedesarrolla nuestro trabajo en los últimos tiempos, las presiones ydevoluciones a las que nos encontramos sometidos y el inquietante resultadoque tiene todo esto en la ejecución de las obras que debe llevar a cabo elConsejo de la Magistratura”, iniciaba la denuncia de los profesionales.

Otra de las declaraciones fue respecto el dinero entregado por laAdministración General a los contratistas en concepto de acopio demateriales, “no se destinaba a la adquisición de bienes para la construcción,en tiempo y forma. En consecuencia, bajo la justificación de problemasfinancieros, algunas de las obras llevaban más de 24 meses de ejecuciónlenta”, detalló el arquitecto Javier Núñez en su declaración.

“Las presiones que recibimos ya sea en forma telefónica o personal paraque los certificados de obras sean aprobados sin tanta rigurosidad o seobviaran algunos requisitos que se observaron, provinieron del arquitectoLazzarini o del doctor Saliva y no sabemos cuáles serán las derivaciones deomitir la normativa”, agregó Guillermina Lysholm, una de la profesionalesdenunciantes.

También se manifestaron preocupados sobre el rol de las empresas queson las que “indican y dirigen la obra como si fueran ellos nuestrosempleadores”, explicó la arquitecta. “Esa situación no es enfrentada por lasuperioridad, al contrario, en las ocasiones en que se han solicitado reunionesa fin de ponerlas de manifiesto, es el profesional de planta permanente delPoder Judicial el que termina dando explicaciones a la empresa y a lasuperioridad de porque no acató las presiones de las empresas contratistas.Estas manifiestan insistentemente que van a paralizar la obra, proponen

incorporar materiales de menor calidad o pretenden realizar tareasincompletas”, continuó. La arquitecta María Nazareth Lantino se refiere al“clima de incertidumbre con el que trabajan”. Mientras María Ester CristinaJiménez resalta que “en otras épocas no se firmaban contratos con empresasque tienen tres obras paradas, como es el caso de la firma a la cual seadjudicó la obra de Santa Fe…”.

Pero ellos estaban decididos a no ser cómplices. “Muchas de laspresiones que recibimos son derivadas de las excusas de las empresas sobreel quebranto de la ecuación económica financiera, pero no presentan ningunafundamentación probatoria concreta que justifique esta alegación, sinosimplemente en la exposición que es de público y notorio que sale en todos losdiarios. Esto es avalado por la superioridad al no tomarse ninguna medidapara que las empresas cumplan con sus planes de trabajo. Que en algunasoportunidades les hemos solicitado que justifiquen ese quebranto económicofinanciero, estos pedidos son elevados a la superioridad para que se dirijan alas empresas, y nos hemos enterado que estos requerimientos nunca salieronde la Dirección”, exaltó Lysholm.

No podían creer lo que debían soportar. “Toda mi vida me sometí a laley de obra pública y leyes vigentes para los trámites que implica laproyección, licitación, contratación y ejecución de una obra para el PoderJudicial. Pero ante divergencias con las autoridades del momento, que hacíainviable mi continuidad en el área, fue que acepté mi traslado”, dijo el maestromayor de obras, Carlos Almagro.

Por su parte, el arquitecto Carlos Jorge Fernando Susini Burmester(subdirector adjunto a cargo del Departamento de Arquitectura de la DGIJ)presionó a su colega Pablo Fiori para que retirase la firma de la nota en la quedenunciaban las irregularidades, caso contrario “debería atenerse a lasconsecuencias”, con amenazas de ser sometido a sanciones, como surge deltexto de la presentación.

Para los expertos, era una paradoja que desde la cabeza del PoderJudicial “los obligaran a torcer la ley y avalar documentos ilícitos. Aunquehabía un nexo. Todas estas irregularidades habrían sido avaladas por la‘superioridad’”. Para ellos, su responsabilidad estaría en la mira si nodenunciaban en grupo y por escrito pese a que ya lo habían hecho en varias

oportunidades. Sin dudas, rompieron el silencio.

Los técnicos aludieron a un “aceitado mecanismo de ganancias extras ysobreprecios” que permitió a las empresas adjudicatarias recibir importesequivalentes, en algunos casos, al 45% del valor licitado a través de lasmodalidades de prefinanciación y acopio o acumulación de materiales para laconstrucción. Así, se entregaba a la empresa, un adelanto del 10% por elcrédito (prefinanciación) y hasta un 35% del total para el acopio deequipamiento, maquinaria y elementos para la edificación, sin el debidocontrol de los materiales que debían adquirirse ni del estado de las obras.

Además, existían otros dos mecanismos: adicionales de obra yredeterminación de precios. El último261 permitía actualizar el valor delcontrato entre la apertura de la licitación hasta la adjudicación, a través de laaplicación de las variaciones del Índice de Costo de la Construcción (ICC) —nivel general— publicado por el INDEC, siempre que el mismo superara el10% del total del contrato.

La modalidad “adicionales de obra” innecesarios se implementaba para,de alguna manera, generar trabajos y compra de materiales extra. Elmecanismo está previsto en la ley de obra pública, pero según declaracionesde los técnicos de la DGIJ, se habría distorsionado como una forma de“compensación”, ya que las empresas argumentaban, incluso antes de iniciarlos trabajos, el incremento de costos.

Ambas modalidades se habían transformado en algo habitual entre lasconstructoras que mantenían serios incumplimientos, lo que no evitó que seabonaran millonarios adelantos.262 Sin embargo, un puñado de empresariosde la construcción argumentaron que este modus operandi era muy común en elmercado con el nivel inflacionario del país, y que los procedimientos sellevaron a cabo acorde a la normativa y lo pactado en los contratos.

Pronto surgió algo insólito. La mayoría de las contrataciones se habíanefectuado con aplicación de la Ley de Obras Públicas, sin embargo, algunasobras menores y suministros se habrían llevado a cabo mediante la aplicaciónde legislación derogada, según lo advirtió en una de sus tantas denunciasRicardo Monner Sans. Recién en septiembre de 2014 comenzó a regir el nuevoReglamento de Contrataciones263 que puso fin a la anomalía de contratar con

leyes derogadas y por lo tanto inválidas.

La investigación que se abrió por la denuncia de los arquitectos,ingenieros y técnicos de la Dirección General de Infraestructura quedó bajo laórbita del Cuerpo de Auditores, que dirige Jorge Pedro Meydac. El informefue elevado el 12 de mayo de 2015 a la presidencia del Consejo a cargo deMiguel Piedecasas, ambos hombres de confianza del presidente de la Corte.

Fue mediante la resolución N° 845/14 por la que la Corte Suprema,habilitó que en una misma licitación se abonara tanto el anticipo deprefinanciación como el acopio. De esta manera el engranaje pudoconsagrarse. Aunque esta normativa se había establecido con miras a dosmega obras. Una, la del Archivo del Poder Judicial y la segunda, la de lamorgue. Pero solo se concretó el proceso de la última.

De este modo, y sin tener que depender de los funcionarios del Consejode la Magistratura, el máximo tribunal impulsó con su propio presupuesto, lalicitación para la construcción de la morgue judicial, Cecilia Grierson, trasaños de trámite.

El 18 de noviembre de 2014 las firmas Corsan Corvian Construcción SAy Teximco SA integradas en una Unión Transitoria de Empresas (UTE) fueronbeneficiadas con la obra pública para la construcción de la morgue en unpredio próximo a los edificios federales de Comodoro Py.264 Sin embargo,pese a la inusitada velocidad que se le imprimió al papeleo del procesolicitatorio, la obra nunca se inició.

La construcción fue aprobada por la suma de $711.889.719,49 y, en lapropia resolución, se autorizó a la Dirección de Administración de la Corte, acargo de Carmen María Odasso, a liquidar con carácter de anticipo financieroel 10% del monto contratado, es decir, la suma de $71.188.971. Además, en laresolución adjudicataria se estableció la metodología de la redeterminación deprecios.265

El proceso licitatorio también resultó llamativo. Fueron varias lasempresas que participaron e impugnaron en la etapa de preadjudicación, entreellas, la primera en orden de precios, Creaurban SA, empresa que ÁngeloCalcaterra, compró a su tío, Franco Macri, junto a IECSA en el 2007.

La obra se frenó porque la UTE adjudicataria no contaba con los fondospara iniciarla.266 Sin embargo, la dupla societaria explicó, a través de susrepresentantes, “que el proceso licitatorio tramitó en el departamento decompras de la Corte Suprema. Hubo siete oferentes, el primero que ganó fuedescalificado porque no reunía las condiciones técnicas, y esta UTE resultóganadora”, explicaron. “Si bien existió un desembolso de dinero, todo quedóabsolutamente registrado, la obra no pudo iniciarse por dos cuestiones: notenía permiso municipal y los profesionales encargados se encontraron con uncaño de AYSA de 1,40 metro de diámetro. Hasta que esas interferencias noestuvieran resueltas, no se podía empezar con la obra”, concluyó un referentede las firmas consultado para este libro.

El lobo de La Cámpora y el zorro del Supremo

Lorenzetti le había visto las orejas al lobo de La Cámpora, pero noestaba dispuesto a entregar la piel sin dar batalla. Había llegado el día. Era 20de noviembre de 2014 y estaba convocado el primer plenario con la nuevaintegración de la Magistratura. Había que elegir al presidente del Consejo eintegrar las comisiones. Los pasillos del segundo piso del edificio de la calleLibertad 731 eran trajinados por consejeros, asesores, empleados,funcionarios y ordenanzas que observaban demudados las caras de los nuevosintegrantes.

La Cámpora consolidó su fuerza y poder al lograr imponer a GabrielaVázquez en la presidencia del cuerpo. Jorge Daniel Candis, representante delos académicos, fue ungido vicepresidente. Restaba definir las presidencias delas comisiones. La falta de acuerdo hizo que se dispusiera un cuartointermedio y la mayoría de los consejeros se trasladaron al primer piso, sedede la Presidencia y la Secretaría General.

Los consejeros representantes de los jueces Luis María Cabral yVázquez comenzaron una discusión en la que no faltaron los gritos y lasacusaciones cruzadas. La moderación estuvo ausente, recordaron funcionariospresentes. Línea directa con Cabral mantenía Lorenzetti que advertía, minuto aminuto, que el arrebato de “la caja” era inminente.

Los “opositores” se vieron sorprendidos (Cabral, Leónidas Moldes,

Adriana Donato, Miguel Piedecasas, Ángel Rozas y Gustavo Valdés) cuandocon el voto de Vázquez, no solo se integraron y decidieron las presidencias delas comisiones, sino que se convocó a un plenario extraordinario para esemismo día a las 18, en el cual se desvinculó a Krieger de la AdministraciónGeneral. Para los camporistas esa batalla —al menos de momento— estabaganada.

Habían logrado algo casi imposible. Para resolver la remoción deKrieger invocaron la falta de fondos para el pago de los salarios de los más de16 mil trabajadores judiciales. Héctor Recalde, diputado nacional y consejerode la magistratura por el FpV, explicó que el “salario de los trabajadores tienecarácter alimentario por lo que no aceptaremos esta situación, además quisieraresaltar el estado de las licitaciones y contrataciones como la demandapermanente de los empleados tercerizados del Poder Judicial”.

Cabral caminaba de un lado al otro, respiraba hondo. Se mostrabaindignado y desafiante, quizás porque Lorenzetti había sufrido una terriblederrota.

De inmediato, Claudio Cholakian, que esperaba en el pasillo mientras sedilucidaba el asunto, fue nombrado administrador general. Juró en el mismoplenario sin los boatos de la ocasión.

Los consejeros jueces Moldes y Cabral; los abogados MiguelPiedecasas y Adriana Donato; los representantes del radicalismo, el senadorÁngel Rozas y el diputado Gustavo Valdés, manifestaron por escrito queVázquez —alineada al kirchnerismo—, había realizado “una maniobradestinada a soslayar y burlar el régimen de mayorías previsto en el reglamentogeneral”. Sus reclamos no fueron atendidos.

Tras el escándalo, Krieger, alterado y desconcertado, se resistía aabandonar el despacho del noveno piso de la calle Sarmiento Nº 877, estabaabrazado a un paquete de documentos como si fueran su segunda piel. Elpropio Cholakian y Eduardo “Wado” de Pedro debieron intimarlo —bajoamenaza de denuncia penal— hasta que, tras gritos y amenazas, lograron querecuperase el eje y abandonara su trinchera.

La nueva administración no tardó en advertir el descontrol de la gestión

Krieger, quien para amortiguar el golpe se tomó licencia con goce de sueldopor enfermedad de largo tratamiento (estrés), hasta que recaló en la vocalíadel juez Cabral, donde poco se lo ve por las oficinas de la calle Paraná 386.

Cholakian respondía a la vieja guardia kirchnerista liderada por los exconsejeros y diputados nacionales Diana Conti y Carlos Kunkel.

Posteriormente, y luego de dos semanas de arduas negociaciones, confecha 3 de diciembre de 2014, conjuntamente con la designación de otrossecretarios del cuerpo (Comisión de Selección y de Acusación) se leasignaron nuevas funciones a Luis Devoto —hasta entonces a cargo de laSecretaría de Asuntos Jurídicos—, y se designó en su lugar a AlexisTinnirello.

La Cámpora y los consejeros afines al oficialismo impulsaron una seriede reformas reglamentarias destinadas a regularizar el sistema decontrataciones y ajustarlo a la legislación vigente. Desde septiembre de 2014,se terminó con el uso de normas derogadas tras la implementación del nuevoReglamento de Contrataciones,267 que puso fin a una anomalía “inaceptable”del Poder Judicial, como había señalado Monner Sans, y que fue aprobado porunanimidad.

En tanto, la flamante presidenta de la Magistratura, la jueza laboralGabriela Vázquez, reflotó una vieja disputa que mantenía con RicardoLorenzetti. El viejo zorro, finalmente —aunque no estuviera claro por cuántotiempo—, era presa de La Cámpora. Ella se iba a encargar ahora de ajustarlelas cuentas. Una de sus primeras medidas fue rescindir el convenio con laArquidiócesis de Resistencia (Chaco) para explotar la cochera en lostribunales federales de la ciudad de Buenos Aires. La decisión se la comunicóen persona al supremo juez en una reunión entre ambos en la que se sacaronchispas, como lo recordó la magistrada.268 Lorenzetti y los suyos no pudieronconcretarlo.

La ruta del dinero de la justicia

Con papeles en mano, una vez que se adentró en la documentación y eldesenvolvimiento del Consejo, la nueva administración liderada porCholakian detectó una serie de irregularidades que evidenciaron lo que hasta

ese momento había podido encubrirse: la ruta del dinero judicial impulsadacon las obras públicas y los operadores que respondían directamente aLorenzetti, a través del contador del máximo tribunal, “el Cabezón” Marchi.

De inmediato Cholakian —el sucesor de Germán Krieger, hombre deLorenzetti— frenó la obra del Archivo del Poder judicial. Pero también leshizo sentir el costo por las amenazas y hostigamiento que sufrieron losarquitectos, ingenieros y maestros mayores de obra. Saliva, el prosecretarioletrado que se jactaba de “tocar en el Colón”, fue despedido por ClaudioCholakian.

En el ocaso kirchnerista, cuando el domingo 25 de octubre MaríaEugenia Vidal dio la gran sorpresa de Cambiemos y le ganó al candidato delFrente para la Victoria, Aníbal Fernández, el ambiente también cambió en laJusticia. Vidal había logrado quebrar una hegemonía de veintiocho años deperonismo en territorio bonaerense y se convirtió en la primera mujer engobernar la provincia mayor y más importante de Argentina. Este hecho allanóel camino para la derrota kirchnerista. Mauricio Macri obtuvo el 51,34% delos votos frente al 48,66% que alcanzó el binomio Daniel Scioli- CarlosZannini.

De inmediato, se puso en marcha desde la Corte, el proyecto pararecuperar el manejo de los fondos, reconocieron funcionarios allegados aLorenzetti. Eso llevó a que, pese a la interna encarnizada que mantuvieron porla “caja”, Álvarez y Lorenzetti se reunieran en varias oportunidades paraacordar el traspaso de poder ante el nuevo gobierno. Los encuentros fueron enbuenos términos, pero en un ambiente no precisamente de cordialidad,aseguraron desde La Cámpora. Entre los consensos, estaba la entrega delcargo de administrador del Poder Judicial que ocupaba Claudio Cholakian, dequien dependía el presupuesto de la justicia nacional y federal. El hombreligado al kirchnerismo se había percatado de las irregularidades en laslicitaciones de obras públicas. El enroque se efectivizó y Cholakian logró uncargo de secretario letrado, en la vocalía del académico Daniel Candis.

Con el cargo vacante, el Consejo designó el 3 de diciembre de 2015como administrador general, al abogado e ingeniero Juan Carlos Cubría,secretario de la Comisión de Administración y Financiera, pero solo demanera temporaria. “No había otro en condiciones de asumir el cargo”, se

lamentaban algunos de los consejeros. Hijo de la jueza federal María RomildaServini, no era un hombre de la confianza de Lorenzetti, pero sí el único capazde ejercer ese rol. De esta manera, se creyó dar el primer paso para intentarretomar la administración del presupuesto del Poder Judicial. La segundaetapa para “recuperar la caja” era nombrar en ese cargo a un funcionario delriñón de Lorenzetti dispuesto a recepcionar las directivas de Marchi. Estabaen la mira Guillermo Martino, pero ante el nuevo contexto político debíaguardarse prudencia, coincidieron jueces consultados.

La preocupación emergía a la par de la documentación que sorprendía aladministrador suplente que se había empapado de las supuestasinconsistencias. Lorenzetti habría estado al tanto de que Cubría elaboraba uninforme sobre las evidencias del supuesto manejo irregular de los fondos y laslicitaciones de obras públicas realizadas. Por ello, en otra de las reunionescon Álvarez, el juez supremo habría solicitado los desplazamientos de JuanCarlos Cubría, Alexis Tinnirello, secretario de Asuntos Jurídicos y FedericoVincent, director de Recursos Humanos.

A los presuntos desmanejos detectados se sumaba la exhaustiva ydetallada denuncia que hicieron los arquitectos e ingenieros de la DGIJ, enoctubre de 2014, pero que hasta ese momento estaba archivada. Cubría estabaobligado a darla a conocer o sería cómplice o encubridor. Firme en su postura,el 11 de diciembre de 2015, denunció todo ante el presidente del Consejo,Miguel Piedecasas, amigo y socio de Lorenzetti en la empresa editorial Lan &Research desde su conformación en octubre de 1998, con sede en la ciudad deRafaela, Santa Fe.

La denuncia del funcionario señalaba a los hombres de Lorenzetti quehabían pasado por la Administración General como presuntos responsables delos desmanejos económicos y financieros en materia de obra pública. Cubríaprodujo un exhaustivo informe sobre el estado de las obras en ejecución, losmontos abonados y la paralización de 14 de las 15 obras licitadas y solicitó laformación de un sumario para indagar la actuación de los “hombres delPresidente de la Corte”. Propuso, además, que se investigue a los funcionariosintervinientes en las adjudicaciones y en el control de las obras ante laspruebas concretas que se incorporaron al expediente interno del Consejo de laMagistratura.269

Las empresas involucradas en sobreprecios fueron siempre las mismas,según la documentación que aportó Cubría. La denuncia de los arquitectosmotivó la renuncia de los directores Hugo Raúl Cayetano Lazzarini(subdirector general a cargo de la DGIJ) y Carlos Jorge Fernando SusiniBurmester (subdirector adjunto).

Mientras tanto, la obra de la Morgue Judicial, seguía su curso solo en lospapeles, aunque estaba prevista que los trabajos se lanzaran a partir del mesde agosto de 2016.270 “No existen irregularidades en la tramitación, es unabarbaridad”, declaró el vocero de la empresa consultado al respecto para estainvestigación. “Está todo computado, ante la exigencia de la auditoría delpoder judicial”, continuó el profesional. Resaltó además que los materialeshabían sido adquiridos a muy bajo precio —antes que estallara el picoinflacionario—, por lo cual cualquier indicio de irregularidad con esta obra,“roza con el delirio”, concluyó el representante de la UTE ganadora.

Para continuar con los trabajos necesarios para sacar unos caños deAYSA y con la única firma de Lorenzetti, el 26 de abril de 2016, se le otorgó aCorsan Corvian Construcción SA y Teximco SA UTE, la suma total de$37.084.550. La misma se distinguió en $18.618.771,1 para desviar los cañosde AYSA y por trabajos adicionales se le otorgaron $18.465.778,9.271 El 12de diciembre de 2016, la Corte autorizó una nueva readecuación de precios ala empresa por la obra del conducto por un total de $8.604.761,76.272

El proyecto de construcción de la Morgue Judicial se tramitó ante laSecretaría General de Administración de la Corte a cargo de Marchi. Aunquelos trabajos de construcción aún no empezaron, no hay nada construido, sí seplasmó en los papeles. Fue el único de las dos obras planteadas que seefectivizó solo a través de autorizaciones de pagos de adelantos de obra yredeterminaciones de precios con los fondos de la Corte. Eso sí la obra delarchivo general, mantuvo una activa participación junto al ex secretario deObras Públicas, José Francisco López, el inolvidable amigo de las monjascuyo nombre permanece impreso en la placa del Centro Cultural Kirchner deBuenos Aires, otra de sus obritas. Pese a que se aprobó la licitación, no pudoejecutarse. El accionar develaría el proceso del “sistemático desvíos defondos que desde la obra pública incentivó el kirchnerismo”.273Letra ymúsica para las empresas

Mientras la situación para los profesionales de la DGIJ era dramática,varias empresas fueron beneficiadas con contratos que les permitieron obtenergrandes sumas en concepto de prefinanciación y acopio. Había sintonía entrealgunas firmas como lo analizó en detalle y denunció el administrador delPoder Judicial, Juan Carlos Cubría ante el plenario del Consejo.274

Casago SA, tuvo a su cargo la edificación del juzgado federal de SanNicolás,275 la instalación eléctrica del edificio de Avda. De LosInmigrantes,276 la construcción y remodelación del edificio del Tribunal OralFederal de la provincia de Santa Fe277 y la construcción del Juzgado Federalde la ciudad de Rafaela. Por esta última adjudicación, que terminó porrescindirse, la firma recibió $2.292.615,52 en concepto de acopio.278

A la sociedad Adanti Solazzi y Cía se le adjudicaron las obras para laconstrucción de los juzgados federales de Tres de Febrero y Morón enprovincia de Buenos Aires, y la remodelación del edificio alquilado para elfuero comercial de la Capital Federal de Montevideo 546. En tanto, con EcimSA se acordó la construcción del Centro Judicial de la ciudad de Posadas(Misiones).279

Fue la Unión Transitoria de Empresas (UTE), constituida por BonaldiConstrucciones SRL-Estudio Ingeniero Villa SRL, a la que se le encargó laconstrucción del Juzgado Federal de Campana280 y percibió $10.357.309,19en concepto de adelanto. Pese a que la fecha de entrega de la obra venció el31 de mayo de 2015, solo se edificó un 25,35%. La contratista, ante unrequerimiento, informó que la obra no avanzó porque no tenía materialacopiado.

En tanto, la edificación del juzgado federal de la ciudad de Resistencia,en la provincia del Chaco, se adjudicó a la empresa Martínez SRL,281 que sela vinculó con el ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, JorgeMilton Capitanich. Sin embargo, su propietaria Liliana Spoljarich, titular de laSecretaría de Empleo y Trabajo de la provincia del Chaco, ha sido investigadapor el juez Sebastián Casanello en “la ruta del dinero K”. En el ámbitojudicial recibió en concepto de acopio la suma de $ 13.409.338,02 y la obrano se realizó. La empresa tenía antecedentes de no haber finalizado trabajos ensu provincia.282

Ante las presuntas irregularidades, en enero de 2016, el abogadoRicardo Monner Sans impulsó una investigación penal relacionada a lasirregularidades denunciadas por los arquitectos de la DIGJ, que recayó en eljuzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. De las declaraciones prestadaspor los profesionales y técnicos de la DGIJ ante el juez, este podría inferir quelos importes abonados bajo los conceptos de adelantos o prefinanciación,acopio de materiales, redeterminación de precios y adicionales de obras, sedestinaban, en parte, al pago de “retornos” ya que en la mayoría de las obrasinspeccionadas el acopio no existía.

He aquí la cuestión que analizó Cubría. El período entre el 22 dediciembre de 2009 y finales de 2014 fue el más cuestionado por losprofesionales. El mismo en el que Krieger, hombre de estrecha vinculacióncon Lorenzetti, estuvo al mando de la Administración General del PoderJudicial, primero como Subadministrador y, a partir de febrero de 2014,283como administrador. En ese lapso se alcanzó el pico máximo de afectación alas arcas del Consejo de la Magistratura, presupuesto destinado aconstrucciones, mantenimiento y reparación de edificios. Se llegó a gastar lasideral cifra de $284.416.556.

Por cierto, las sumas en cuestión eran considerables. Si se compara entre2010 y 2016 el Poder Judicial de la Nación gastó un total de $382.844.750 enconstrucción de obras públicas, mantenimiento y reparación de edificios.Aunque los picos máximos estuvieron entre 2010-2014. En mantenimiento yreparación de edificios y locales se gastó $108.891.950. En construcciones seerogó $175.372.436.284

El 2 de junio de 2016, la diputada nacional de la Coalición Cívica, ElisaCarrió, solicitó al Consejo de la Magistratura un informe completo sobre laactuación del Comité Ejecutivo de Inversiones y las contrataciones de obrapública. Nadie se esperaba que la realidad superase la ficción, pero en lamadrugada del 14 de junio de 2016285, José López fue detenido in fraganticuando intentaba esconder bolsos con más de nueve millones de dólares en unconvento.

Unos días después, Cubría le contestó a Carrió: “El Comité Ejecutivo deInversiones, estuvo bajo la responsabilidad de Daniel Marchi, Carmen MaríaOdasso, Germán Krieger y Walter Eusebio, y funcionó solo mientras Krieger

fue el Administrador General. La última actividad del comité se registró ennoviembre de 2014, a través de la nota 1342/15, no suscripta por mi persona”,señaló.286

El informe era demoledor. Cubría dejaba en claro que el ComitéEjecutivo de Inversiones operó junto a Marchi solo, mientras Krieger estuvo acargo de la Administración General del Poder Judicial, entre 2011 y 2014.Período en que se produjeron los desmanejos presupuestarios y lossobreprecios en la obra pública denunciados por el abogado Monner Sans.Para muchos, esta es la información que Carrió buscaba para impulsar eljuicio político al presidente de la Corte.

Pero el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien desde enero de2016 tenía en sus manos una serie de denuncias impulsadas sobre la supuestacartelización de la obra pública en el Poder Judicial, desestimó lainvestigación el 27 de diciembre de 2016 por “inexistencia de delito”.287Canicoba Corral —aquel al que Lorenzetti le pidió la renuncia en diciembrede 2015 y febrero de 2016, al menos— se basó en un informe del cuerpo deauditores del Consejo de la Magistratura que preside Meydac, el hombre de laestrecha confianza de Lorenzetti a través de Sanz. “De esta manera losauditores asumen las facultades de los jueces y las investigaciones pasan a seruna farsa”, explicó tajante el abogado denunciante, Ricardo Monner Sans,quien desde 2014 apuntó contra las presuntas irregularidades de lacartelización en la obra pública judicial. 227. El diálogo surge dedeclaraciones del arquitecto Fabio Daniel Barraza en el Expediente CAU60/2014 caratulado Remisión Presidencia Consejo Magistratura Nacionalsobre Informe Sumarial (Resolución Plenario 295/2014).

228. Documento que suscribe Daniel Marchi, de fecha 5 de mayo de2011, en el que solicita al presidente de la Comisión de Preadjudicaciones delPoder Judicial un informe semanal sobre el estado de situación de losexpedientes por los que tramitan procedimientos relacionados con inversionesa efectuar por parte del Poder Judicial de la Nación.

229. El abogado Ricardo Monner Sans realizó la denuncia penal ante lajusticia federal el día 26 de enero de 2016 y la causa recayó ante el juezRodolfo Canicoba Corral.

230. >Hablen con Julio. Julio De Vido y las historias ocultas del poderkirchnerista, Diego Cabot y Francisco Olivera, Sudamericana, 2007.

231. Ídem.

232. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la AcordadaN° 22/12 de fecha 14 de noviembre de 2012, (Expediente N° 7754/12),autorizó a su presidente, Ricardo Lorenzetti, a suscribir un Convenio deColaboración y Asistencia Técnica con el Consejo de la Magistratura y elMinisterio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que sefirmó al día siguiente, con la intervención de Lorenzetti, Manuel Urriza(presidente del Consejo) y Julio De Vido (titular de esa cartera ministerial). Elmismo día se suscribió el Convenio. En adelante, todas las menciones a estetema pertenecen a la documentación respaldatoria detallada.

233. La gestión de la administradora general Cristina Akmentins aprobóla licitación pública 23/09 y adjudicó la obra a la constructora Riva SA el 28de septiembre de 2009.

234. El art. 50 de la ley 13.064.

235. Licitación Pública N° 23/09.

236. Por Resolución CM N° 664/08 y Resolución CSJN N° 3179/11Krieger, el 29 de marzo de 2012, autorizó el mecanismo de redeterminación deprecios a la empresa RIVA SA.

237. A partir del día 15 de marzo de 2012, hasta nueva disposición delTribunal, se decretó la feria judicial. Resolución CSJN N° 364/12.

238. Esta contratación se realizó por Expediente N° 14-12619/12.

239. Expediente N° 14-27240/12.

240. En la licitación pública 314/13, a la que se presentaron y cotizaron:A.M.G. Obras Civiles SA con una oferta de $214.650.000; Hel Port SA –Esuco SA (UTE) con una oferta de $ 212.865.390,15; Adanti Solazzi y CIASACI y F - Casago SA, con una oferta de $223.333.000 y Caputo

Construcciones y Servicios SA- Riva SA (UTE) con una oferta de$199.300.000.

241. Resolución AG N° 1546/09 y Resolución CSJN N° 3179/11 (o suequivalente en el Consejo).

242. Perfil, 7 de octubre del 2014:http://www.perfil.com/politica/allanan-la- magistratura-por-una-obra-millonaria-que-nunca-se-realizo-1006-0038.phtml.

243. Hasta la aprobación del nuevo reglamento de contrataciones,vigente a partir de septiembre de 2015, las locaciones de inmuebles en elámbito del Consejo se regían por una resolución basada en la Ley deContabilidad, derogada desde el 29 de octubre de 1992. La norma, establecíaque los contratos de locación se celebrarían “previo proceso de selección dellocador efectuado con arreglo a lo establecido por la Ley de Contabilidad —capítulo VI—, a fin de obtener la oferta más conveniente, según lasprevisiones del presente reglamento y las necesidades del caso”.

244. En el Expediente N° 10-26888/10 tramitó la Contratación Directa.

245. El contrato de locación fue rescindido a partir de febrero de 2016.

246. El art. ٦º, inc. “d” del Reglamento de Locaciones del PoderJudicial de la Nación Resolución CM N° 75/04 prohíbe el pago decomisiones.

247. Nota DGIJ N° 2086/11, 30 de septiembre de 2011.

248. Expediente N° 13-17812/12, caratulado “Solicitud: Piumato JulioJ. (Sec. Gral.) s/ Informe licitaciones de servicios de limpieza en el PJN.

249. Mónica Pauluk, referente del gremio de judiciales enfrentó a losconsejeros en la Sala de Audiencias de la Magistratura el 6 de junio de 2013.

250. Las inconsistencias continuaron y en la reunión de la CAF del 4 deseptiembre de 2014, se renovaron contratos por $9.416.000, según se constatóen la documentación. A partir de noviembre de 2015, los contratos con la UTN

no se renovaron y el personal fue directamente contratado por el Consejo de laMagistratura para evitar intermediaciones sospechosas.

251. El predio cuyo comodato o préstamo en uso se realizaba estabaregistrado con la nomenclatura catastral en Circunscripción 20-Sección 3-Manzana 100 A-Parcela 1b y 1c-Partidas 0453637 y 0453638.

252. La Nación, 29 de diciembre 2015:http://www.lanacion.com.ar/1857936- sobreseyeron-a-macri-en-el-caso-de-las-escuchas-ilegales.

253. Se advierte de las lecturas de las transcripciones de las Actas N° 6y 7 de las reuniones de la CAF.

254. Página 12, 12 de mayo de 2014:http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-246073-2014-05-12.html.

255. Toda la documentación analizada surge de los siguientesexpedientes: el primero de ellos, del Consejo de la Magistratura 13-21991/11,los dos siguientes, de la Corte Suprema: 5072/11 y 471/13.

256. Los arquitectos y profesionales denunciantes fueron María EsterCristina Jiménez, Juan Alfredo Paseyro, Guillermina Inés Lysholm, MiguelÁngel Torales, María Cristina Sosa Kasten, Verónica Mercedes Esther Zagare,María Carolina Menem, Javier Martín Núñez, María Elena Josefina Matt,Andrés Sebastián Lernoud, Marcela Laura Clot, Andrea Alejandra Lorenzo,María Nazareth Lantino, Pablo Enrique Fiori, Carlos Jorge Almagro, MaríaBeatriz Ferrerti y el maestro mayor de obras Alfredo Ángel Espósito, entreotros.

257. Revista Noticias, José Antonio Díaz, 27 de junio de 2016:http://noticias.perfil.com/2016/06/27/mas-que-amigos-complices-el-establishment-y- la-obra-publica/

258. La Nación, Hugo Alconada Mon, 14 de agosto de 2016:http://www.lanacion.com.ar/1928032-cartelizacion-la-genesis-de-la-corrupcion-en- la-obra-publica.

259. La denuncia de los arquitectos, ingenieros y maestros mayor deobra del Consejo de la Magistratura se plasmó por escrito el 14 de octubre de2014 y se registró bajo el expediente CAU 60/2014 caratulado “RemisiónPresidencia Consejo de la Magistratura Nacional Sobre Informe Sumarial(Resolución del Plenario 295/2014).

260. Consultas y entrevistas realizadas a empresarios vinculados alnegocio de la construcción en Argentina y países limítrofes para este libroentre los meses de agosto y octubre de 2016.

261. El mecanismo de redeterminación de precios fue aprobado por laResolución CM 664/08.

262. Según denunciaron los profesionales en el Expediente 60/2014 CMcaratulado “Remisión presidencia Consejo Magistratura Nacional s/ InformeSumarial (Resolución Plenario 295/2014-Informe art. 26 RCA). Expedientedel Consejo de la Magistratura N°10-25191/2015 iniciado el 11 de diciembrede 2015 por el administrador general, Juan Carlos Cubría.

263. Resolución CM N° 254/2015.

264. Mediante la Resolución de la Corte Suprema N° 3198/2014,Expediente N° 4090/13, se adjudicó la construcción de la Morgue judicial aCorsan Corvian Construcción SA y Teximco SA UTE.

265. La metodología de redeterminación de precios fue establecida porel dec. N° 1295/2002.

266. Entrevistas realizadas a profesionales de la construcción del PoderJudicial para este libro.

267. Resolución CM N° 254/2015.

268. La Política Online, 24 de diciembre de 2014:http://www.lapoliticaonline.com/nota/85906/

269. Expediente CM N° 10-25191/15.

270. Resoluciones CS N° 2868/15 y 2892/15, Expediente N° 4139/15.

271. Por Resolución CSJN N° 995/16, Expediente N° 4.193/2015, elpresidente de la Corte Ricardo Lorenzetti aprobó el gasto para la UTE CorsanCorvian Construcción SA-Teximco S.A II.

272. Se aprobó mediante Resolución 3841/16 del 12 de diciembre de2016 (Expediente 6791/2016) con la firma de los cinco ministros: Lorenzetti,Highton de Nolasco, Maqueda, Rosatti y Rosenkrantz.

273. Declaraciones del abogado Ricardo Monner Sans para este libro,realizadas el 12 de septiembre de 2016.

274. El Administrador General, Juan Carlos Cubría, elevó el Informe ydenuncia sobre el Estado de situación de las Obras Públicas a través delExpediente Administrativo 10-25191/2015 el día 11 de diciembre de 2015.

275. Expediente N° 10-251777/02.

276. Expediente N° 14-31297/06. Licitación Pública N° 98/2010.

277. Expediente N° 14-06200/12 por el que se tramitó la LicitaciónPública N° 173/13.

278. Expediente N° 14-13553/12 por el que tramitó el procesolicitatorio N° 311/12.

279. Expediente N° 14-25473/08. Licitación pública N° 17/12.

280. Expediente N° 14-28021/08.

281. Expediente N° 14-16325/06, Licitación Pública N° 133/11.

282. Corzuela en la web, 28 de abril de 2016:http://corzuelaenlawebdigital.blogspot.com.ar/2016/04/casanello-investiga-por-ruta- del-dinero.html.

283. Mediante la Resolución CM N° 683/09 del 22 de diciembre del2009 se designó a Germán Krieger subadministrador general, con el cargo dedirector general. Por Resolución CM N° 410/10 del 11 de noviembre de 2010

el Consejo de la Magistratura asignó a Krieger las funciones de administradorgeneral del Poder Judicial de la Nación ante la renuncia de Hugo Borgert. PorResolución CM N° 5/14 del 20 de febrero de 2014 el Consejo de laMagistratura designó a Krieger como administrador general del Poder Judicialtras requerir a la Corte Suprema la transformación del cargo de directorgeneral en secretario de Corte.

284. Las cifras son oficiales y surgen de las partidas de ejecuciónpresupuestaria registradas como 331, 336, 421 y 436 de la AdministraciónGeneral del Poder Judicial.

285. La Nación, 28 de junio de 2016:http://www.lanacion.com.ar/1913512-asi- encontraron-los-policias-a-jose-lopez-en-el-monasterio.

286. Juan Carlos Cubría remitió a Elisa Carrio un estudio de situación através del Oficio N° 303/16 – Expediente N° 10-10410/16 fechado el 24 dejunio de 2016.

287. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral resuelve desestimar lasdenuncias sobre la cartelización de la obra pública en el Poder judicial en laresolución de fecha 27 de diciembre de 2016, Expediente N° CPF8586/2014.Capítulo 6El que parte y reparte se lleva lamejor parteEl panóptico judicial. El mayor plan de informatización de lahistoria. El software comprado a precios astronómicos pero manipulable einseguro. Entretelones de una licitación bajo sospecha de corrupción. Fútbol ypolítica. Colapso del sistema en toda Argentina. Verdades verdaderas. Justiciaa ciegas. Denuncias penales. “Decile no al Lex 100”.

“Y llegó la Policía con dos carros y un tranvía, para toda la familiajudicial. Yo no sé por qué, sargento, nos lleva al destacamento, si somos unafamilia muy normal… muy normal… muy normal”, entre risas e ironías lacanción de Sui Generis, “Mr. Jones”, se transformó, con su letra originaladaptada, en el himno de los empleados de la Dirección General deTecnología del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial (DGT). NiCharly García ni Nito Mestre se hubieran imaginado la escena que estaba apunto de producirse. “Mr Jones” sonaba, una y otra vez, el día que se hizo

público lo que era un secreto a voces.

—Somos sospechosos —le habría dicho el director general deTecnología, Gabriel Mehlman a su colega Jorge Nasisi.

—Inocentes hasta que se demuestre lo contrario —le habría contestadoNasisi apurado, mientras recolectaba papeles y buscaba su saco. Como todoslos viernes, tenía que partir de Buenos Aires a Mendoza.288 Se le hacía tardey no quería perder el avión.

Nadie hablaba de ello, pero todo el mundo lo sabía.

El software del Poder Judicial era, en palabras del abogado y exsecretario letrado de la Magistratura, Adolfo Athos Aguiar, “endeble”,“manipulable” e “inseguro”. Podía ser pirateado con claves genéricas que, deboca en boca, pasaban a lo largo y ancho del país entre los miembros de lajudicatura. Por si esto fuera poco, al ingresar al sistema este no identificaba alusuario. Por lo tanto, podría intervenirse para manipular todo: sorteos, altas,bajas, fechas, datos, documentación e incluso eliminar información sensible.Puestos a meter mano, se podía hacer desaparecer, apretando un simple botón,expedientes no gratos para los amigos del poder.

Algunos de los empleados cruzaron miradas con disimulo. Nuncaolvidarían la palidez del rostro del director Mehlman. Acababa de descubrirque, en ese mismo instante, allanaban el data center ubicado en Lavalle 1240,corazón del insólito sistema informático del que dependía la justicia deArgentina. Temblaba, le sudaban las manos, tenía los ojos vidriosos y lecostaba coordinar las palabras. “Me quiero ir, me quiero ir”, se le escuchórepetir en su despacho, un titubeo similar al del ex ministro de Economía,Hernán Lorenzino, durante la entrevista que le hizo la televisión griega enabril del 2013.

Desde hacía tiempo a Mehlman, o “Trapito”, como lo apodaron losempleados por el andar cansino y melancólico, se lo veía agotado y estresado.De hecho, buscaba que lo trasladaran a un área más tranquila, aunque “desdearriba —en referencia al presidente de la Corte— no lo habrían autorizado”,aseguraron funcionarios que lo acompañaban en su gestión.

El allanamiento al data center que la jueza federal María RomildaServini de Cubría, más conocida entre sus colegas y amigos como “la Chuchi”,ordenó aquella mañana del viernes 19 de agosto de 2016, estaba sincronizadohasta el último detalle. Tomó de imprevisto a todos. Mehlman, sorprendidopor lo intempestivo de la medida, se negó a colaborar con la justicia yprohibió a sus subordinados que acudieran al lugar del procedimiento pese ala orden de la jueza.

Paula González, la secretaria del juzgado que trabajaba codo a codo conServini, se presentó en Lavalle 1240 con peritos informáticos de laAdministración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la PolicíaMetropolitana. Pidieron la documentación del sistema, el código fuenteoriginal entregado por la empresa contratada, el actual y todas sus versiones.También requirieron la base de datos judicial, toda la información útil queestuviera a su alcance e incautaron un servidor.

Los peritos informáticos buscaban no solo reconstruir la manera en quefuncionaba el software, sino comprobar cómo podía ser manipulado.Necesitaban averiguar qué niveles de seguridad tenía el sistema y si se habíaperdido información sensible. En síntesis, detectar los flancos débiles ylocalizar las ventanas por las que podía penetrar una mano negra capaz deponer patas arriba todo el poder judicial y, por lo tanto, complicar hastaextremos insospechados la vida de millones de argentinos.

La mecha que había hecho estallar la bomba de la Chuchi, fue ladenuncia penal que realizó la diputada nacional de la Coalición Cívica, ElisaCarrió, un mes antes, el 15 de julio. Lilita quería saber si el sorteo de losexpedientes que ingresaban al fuero federal era limpio y transparente o sepodía adulterar. Es decir, si podía direccionarse no solo la designación de losjueces que quedaban a cargo de las causas, sino también la de los peritos.Dicho de otro modo, hacer fraude.

A la jueza no la tomó de nuevas el asunto. Ella misma sospechaba desdehacía tiempo que las cosas no estaban como debían. Lo había denunciado unmes antes, en julio de 2016 tras advertir, según sus palabras, la “manipulacióndel sorteo” de la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman. “Haymomentos que uno ve que a un juzgado le caen diez causas, y a otro una”,cuestionó la magistrada poco dada a creer en tanta casualidad. Servini de

Cubría no podía ocultar su preocupación.

Durante el allanamiento al data center, ni Mehlman, ni los contadoresJuan Carlos Cavo y Jorge Nasisi, ni el licenciado Alejandro Falcone —nombrados por la Corte y Consejo de la Magistratura, en mayo de 2008 acargo de la Unidad Ejecutora del Proyecto Informático (UEPI)— sepresentaron. El nerviosismo y la angustia de los empleados eran visibles a laespera de la ansiedad que les generaba conocer, cuanto antes, los resultadosque arrojaría la investigación. Ninguno de ellos pronunció palabra, aunque sesabía del enfrentamiento de dos bandos: el que esperaba que se conociera laverdad y el que prefería que el allanamiento fracasase.289

Los días posteriores la jueza tomó testimonios a algunos funcionarios dela DGT y de la Dirección de Sistemas de la Corte. José Masdeu, David Conte,Pablo Calvete, Patricia Borrás, Oscar Perrone y Diego Crespi fueron llamadosa declarar. Pronto el juzgado logró detectar una serie de irregularidades de“gravedad mayúscula”, tal como lo definieron.

La pesquisa avanzó rápido y logró descubrir con celeridad unacolección de fallas y situaciones peligrosas. Entre estas, una insólita hastapara un estudiante de secundaria: el uso de contraseñas de maneraindiscriminada para modificar datos. Es decir que había claves genéricas ocódigos de usuarios —que pasaban de mano en mano— con las que cualquierempleado podía ingresar al sistema y realizar cambios sin que quedararegistrado el autor de ello. En su investigación advirtieron que losadministradores del sistema (dependientes en la actualidad de jefe delDepartamento de Ingeniería, José Masdeu) hurgaban en las tripas del softwaresin respetar los parámetros de seguridad informática requeridos. No habíanormativa ni seguimiento de control en el otorgamiento de accesos remotos ninada que justificase que ese sistema estuviera operativo. Había quedadodemostrado que, la gran compra para poner la justicia argentina en el cielo dela computación era un enorme agujero negro en el ciberespacio. “Fue unfracaso total” recordó el ex funcionario de la Magistratura, Adolfo AthosAguiar.290 “Aquel sistema —zanjó— implicaba un grado de inseguridadinformática muy grave”.

Para los peritos era difícil rescatar aspectos positivos del sistema.Buscaban y lo que encontraban les producía auténticos quebraderos de cabeza.

Las claves de acceso, conocidas como root, no estaban personalizadas. Elingreso en el sistema era similar al funcionamiento de un almacén de barrio.Varios tenían acceso a la caja, con lo cual nadie era responsable al final deldía de la recaudación. La llave,291 contraseña, clave de seguridad o códigode acceso la tenían muchos y la compartían. Lo que estaba en juego era, ni másni menos, que los datos de las causas del Poder Judicial de la Nación.

Estas claves debieron ser resguardadas por las máximas autoridades delPoder Judicial como en otra época hizo la presidencia de la Corte Suprema,con intervención de la secretaria letrada de informática, Elena Campanella.

Otra cuestión que afectaba el día a día de los abogados estaba bajo lalupa. Todo acceso a una página de internet debía ser mediante conexión segura—el https, protocolo utilizado por los bancos para las transacciones—. Sinembargo, las conexiones al Portal de Abogados,292 donde los profesionalesingresaban copias y consultaban las notificaciones electrónicas, no tenían eseprotocolo. Esto obligó a preguntarse si era posible que un hacker pudieracolarse en el sistema. La respuesta fue afirmativa.

Tal fue el descontento, que muchos de los funcionarios más antiguosrelacionaron al software bautizado Lex100 con el panóptico293 que MichelFoucault describió como el “sentimiento de omnisciencia invisible”. Asabiendas de las fallas, los jóvenes informáticos coincidieron en que habíaalgo bueno: ofrecía una posibilidad para la captura masiva de datos yvigilancia o Cryptomicon.294

Antes del Lex 100

El presidente de la Corte estuvo siempre interesado en todo aquello queimplicara innovación. Estaba obsesionado con marcar tendencia y hacerhistoria donde su nombre apareciera en letras enormes de molde. Pasar delexpediente papel al digital sería un cambio radical en Argentina que lo tendríaa él, el juez supremo, como el artífice del milagro. Con ese entusiasmo encaróel desafío. Sus parámetros se basaron en el sistema norteamericano queadmiraba hasta el infinito. Era un defensor incondicional de la jurisprudencia,doctrina, técnica y desarrollo informático de los tribunales estadounidenses.

El juez miró siempre al norte; tan así es que se reunió siete veces con elembajador de Estados Unidos en Argentina, Earl Anthony Wayne. “Los cablesno mienten, según se desprende de los más de dos mil despachos diplomáticoselaborados por la embajada estadounidense en Buenos Aires entre mediadosde 2006, y principios de 2010, el período que abarca la filtración deWikiLeaks, de todas las figuras públicas argentinas que se reunieron con elembajador estadounidense durante ese tiempo, difícilmente alguno supere encantidad de encuentros al presidente de la Corte Suprema de Justicia, RicardoLorenzetti”, detalló el periodista Santiago O’Donnell en el libro PolitiLeaks(Sudamericana), tras entrevistar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, enla Embajada de Ecuador.

“Un cable dice que la embajada le pagó un viaje; otro despacho, que laembajada se comprometió a buscar recursos para financiar un Congreso queLorenzetti estaba organizando, y otro cable, que especialistas contratados porla embajada modernizaron el sistema informático de la Corte Suprema, unacuestión preocupante ahora que se ha descubierto el alcance de la red deespionaje masivo de los Estados Unidos más aún si la contratación de lostécnicos estadounidenses no fue debidamente informada”, puntualizóO’Donnell.295

Ya por entonces la informatización del Poder Judicial de la Nación erauna prioridad para Lorenzetti, aun cuando habría habilitado el acceso a datossensibles a los informáticos norteamericanos, según el libro de O’Donnell. Unhecho llamativo, ya que el nivel de intromisión de la mayor potencia del

planeta no tuvo límite hasta que quedó al descubierto, tras las filtraciones delex espía estadounidense Edward Snowden y del australiano Julian Assange.

Con el objetivo de informatizar y mejorar el servicio de justicia, a partirde 2006, desde el máximo tribunal se convocaron y celebraron foros de debatedenominados “Conferencias Nacionales de Jueces” en los cuales magistradosde todo el país reflexionaron y consensuaron iniciativas que bautizaron“políticas de Estado” de mediano y largo plazo.

La primera se celebró en la ciudad de Santa Fe en 2006. Como resultadode la misma, la Corte Suprema creó el Centro de Información Judicial(CIJ)296 y la Comisión Permanente de Protección de la IndependenciaJudicial. También, bajo el argumento de mejorar el servicio de justicia, laCorte creó el 3 de julio de 2007, la Oficina de FortalecimientoInstitucional,297 dependiente del presidente Ricardo Lorenzetti. El magistradocontaba con estructura administrativa propia para nombrar a suscolaboradores de confianza.

Fue en el segundo encuentro de jueces en la ciudad de Salta, allá porseptiembre de 2007, donde se plasmó el objetivo de la informatización delPoder Judicial. A partir de ese momento se instrumentó el proyecto de“Gestión Judicial” con dos comisiones de trabajo. Una de Gestión y otra deInformatización.298 Este grupo elaboró el “Informe Específico para el Uso yAplicación de Tecnologías de Informatización y Comunicaciones”, a partir delcual la Corte creó el 17 de diciembre de 2007299 las comisiones nacionalesde Gestión Judicial, presidida por Lorenzetti, y de Acceso a Justicia a cargode Highton de Nolasco.

El equipo de trabajo de la Comisión de Informatización se trasladó alámbito de la Comisión de Gestión presidida por Lorenzetti y en febrero de2008 presentó el “Proyecto Informático”, dentro del ámbito del “Plan deFortalecimiento Institucional del Poder Judicial de la Nación Argentina”.300

Hasta aquí las formalidades estaban cumplidas, pero para implementarel proyecto elaborado se requería acceder a los fondos. Con ese objetivo seconsolidó un andamiaje administrativo ad hoc en el Consejo de laMagistratura. Allí, Lorenzetti contaría, otra vez, con el aval de los senadoresErnesto Sanz y Tito Fernández; el presidente del Consejo durante 2008,

Mariano Candiotti y del juez Luis María Cabral, los cuatro que habíanfacilitado la ingeniería financiera alejada de la letra constitucional, descrita enel capítulo 4.

El 8 de mayo de 2008301 la magistratura nombró a Carlos A. Sena,Alejandro César Falcone, Marcelo Gallo Tagle, Gabriel Mehlman y CarlosTate como los funcionarios que representarían al cuerpo en la “Comisión deInformática”. Estaban ante un nuevo emprendimiento de digitalización querequería, naturalmente, “control de calidad” por lo que nombraron a hombresde diversos sectores políticos. Mehlman respondía a la Corte y, de maneradirecta, a Lorenzetti. Fue el funcionario de planta elegido como nexo entre elmáximo tribunal y el Consejo. Tate respondía a los referentes de la UCR en elConsejo, a Sanz y al diputado nacional Oscar Aguad. Falcone, por su parte,reportaba a Tito Fernández, mientras que por la Asociación de Magistrados yFuncionarios se designó al juez Gallo Tagle. Pero no podía funcionar estaestructura sin la intervención del gremio judicial, así que Sena fue el elegido—por ese entonces — como alfil de la Unión de Empleados de la JusticiaNacional, liderada por Julio Piumato, de estrecho vínculo con el líder decamioneros, Hugo Moyano. Como representantes de la Corte Suprema en lacomisión de Gestión se designó a Alfredo Catoira; director de Informática delmáximo tribunal; a Eduardo Parody (ex secretario de la justicia civil ycoordinador de la Comisión Nacional); y a Julio Quiñones,302 secretario delJuzgado de Instrucción N° 25. Todos ellos, integraron el equipo de trabajocomo funcionarios judiciales externos a la Magistratura.

Pese al impulso inicial, el proyecto de la Comisión Informática quedólimitado a una herramienta de apoyo al trabajo de los jueces (notificaciónelectrónica, expediente y firma digital). Y allí sería cuando empezaron loscuestionamientos al software, sobre todo respecto de la definición delproyecto que fue sometido a dos rondas de consulta pública, en marzo y juliode 2008.

Las objeciones más serias fueron las formuladas por el Banco Mundial;el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES); el BancoInteramericano de Desarrollo; las empresas SAP y Equity Group, el consejeroPablo Mosca (representante de la Federación Argentina de Colegios deAbogados), su sucesor Daniel Ostropolsky, y el entonces secretario letrado

que participó de todo el proceso, Adolfo Athos Aguiar.

Estas observaciones, como analizó Athos Aguiar, indicaron la ausenciade un plan de “función y misión” concreta bajo una mirada panorámica quecontemplara las exigencias tribunalicias. Por otro lado, se destacó que no sehabía previsto mecanismos de controles, evaluación y corrección. El proyectose limitaba a metas genéricas, sin precisiones sobre su estado, diagnósticos,implementación, variables, ni previsiones para su ejecución. Era un merosistema de gestión de expedientes. Resultaba inconsistente tal como fue puestode manifiesto por FORES, que lo comparó con la mala experiencia de otrointento fallido en la justicia como lo fue el denominado PROJUM. “Dicho planfue diseñado y elaborado por asesores tecnológicos propios del PoderJudicial, sin la participación de ningún experto ajeno a la estructura judicial;algo que era absolutamente necesario dada la complejidad del sistemainformático de ese poder del Estado. Recuerdo —añade— que lasobservaciones realizadas por algunos entendidos señalaban que el planelaborado era de muy baja performance tecnológica, de escaso impactotransformador, de alto costo económico y de muy rápida desactualización”,explicó Aguiar.

“En términos de validez tecnológica, esta recopilación no tenía máscoherencia que la vidriera de una ferretería de barrio: estaba llena deherramientas, pero no ofrecía una visión de conjunto, no tenía significado paraun operario, y la mera compilación no la transformaba —por caso— en untaller. Era una mera colección, una exhibición sin sentido propio y sinfunción”, continuó el ex asesor.

Mientras el control de calidad del software se desvanecía ante lascríticas, desde el Consejo de la Magistratura se imprimió a la contratación unainusitada celeridad. Los consejeros Cabral, Sanz, Fernández y Candiottidecidieron avanzar en el mismo con el aval de Lorenzetti, tal como sedesprende de la documentación analizada. El 19 de febrero de 2009 se creó la“Unidad Ejecutora del Proyecto Informático” (UEPI), para ejecutarlo“conforme los pliegos aprobados por el Consejo de la Magistratura y la CorteSuprema de Justicia de la Nación”.303

En la resolución de creación de la UEPI se reconocieron tres niveles dedecisión en materia de cuestiones informáticas: el plenario del Consejo, la

Comisión de Administración y Financiera del Consejo y la Unidad Ejecutoradel Plan Informático. Aunque se aclaró que la ejecución de ese proyectorequería “de un organismo que se ocupe de las decisiones técnicas que sedebían tomar diariamente y evitar la demora que significaría recurrir al avaldel Plenario del Consejo o de sus comisiones”.

De esta manera, el Consejo cercenó sus propias facultades (y las de suscomisiones) y las puso en manos de la Unidad Ejecutora del ProyectoInformático (UEPI) que pasó a depender, directamente, de la Comisión deAdministración y Financiera )CAF).304 Además excluía a muchos consejerosde las decisiones en materia informática, como el caso de los abogados, yconcentraba el poder en la UEPI y en la CAF, presidida o vicepresidida porjueces.

Finalmente, el 26 de noviembre de 2009, se designó a cinco directoresde la UEPI: Gabriel Mehlman, con el cargo de director General de Tecnologíadel PJN; Carlos Tate (Director de Seguridad Informática), los contadores JuanCarlos Cavo, Jorge Nasisi y el licenciado Alejandro Falcone, como los otrosdirectores generales de la Unidad. Eran los protagonistas de siempre.

Falcone esperó solo cuatro meses desde la conformación de la ComisiónInformática para crear, junto a Cavo, la empresa Tabular SA dedicada a losservicios de consultoría en equipos de informática, programación yactividades conexas. Ambos conformaron el directorio de la firma hasta queen mayo de 2013 renunciaron a los cargos —de director y director suplenterespectivamente— aunque seguirían como accionistas. Esto en flagranteviolación al reglamento para la Justicia Nacional que prohíbe a los agentes(funcionarios judiciales) mantener actividades comerciales en paralelo.305

Reglas de compromiso

El 1 de junio de 2009 se inició la puesta en marcha del proyecto306 que,desde su origen y hasta noviembre de 2010, tramitó solo en la AdministraciónGeneral del Consejo —a cargo de Germán Krieger— sin la intervención de laComisión de Administración y Financiera y del Plenario del Consejo, segúnregistros oficiales. Krieger, señalado como el hombre de confianza deLorenzetti en el manejo de los recursos del Consejo, administró los fondos del

Poder Judicial junto a Daniel Marchi a través del Comité de Inversionescreado al efecto.

No había tiempo que perder. El 3 de noviembre de 2010 el proyecto deinformatización ingresó a la Comisión de Administración y Financiera que,ocho días después, se pronunció a favor de la convocatoria a la licitaciónpública.307 Doce días más tarde, Krieger lo concretó, aprobó el “Pliego deBases y Condiciones” y afectó al gasto previsto la suma de $70.000.000 o suequivalente de US$20.000.000.308 Pero algo inesperado sucedería.

Avanzado el proceso, el 18 de noviembre de 2010, el Consejo de laMagistratura cambió de integrantes como lo hace cada cuatro años y losnuevos consejeros se toparon con esta realidad y un cúmulo de evasivas.Ningún funcionario judicial, asesor de planta o alguno de los consejeros conexperiencia les daban respuestas concretas a sus inquietudes y requerimientosde información. Por el contrario, se la retaceaban. En el acta de la reuniónplenaria de esa fecha, el representante de los abogados del interior, DanielOstropolsky, solicitó la suspensión del proceso licitatorio, con efectoretroactivo al 12 de noviembre. La propuesta se aprobó por unanimidad.

Un silencio ensordecedor colmó la sala “Lino Palacio”. Ladesesperación se evidenció en las caras de los funcionarios alineados aLorenzetti. El ambiente estaba caldeado y, ante este inesperado traspié, laexasperación fue total. No habían previsto algo así, ni mensurado los alcancesde la decisión: la licitación del software quedaba momentáneamentesuspendida.

Tras bambalinas quedarán los supuestos acuerdos. Días después, sinreunión plenaria, la mayoría de los nuevos consejeros impulsó el trámite y secontinuó con el proceso licitatorio a mediados de diciembre de ese año.309 Apaso firme y presuroso, como si alguien les pisara los talones, Kriegermanifestó por escrito la “urgencia e importancia institucional” de lacontratación y que “la suspensión” dispuesta el 18 de noviembre “no debíarestringir el normal funcionamiento” de la Administración General ni obstruirla marcha del Poder Judicial.

En la misma línea de pensamiento, Luis Alberto Devoto, titular de laDirección de Asuntos Jurídicos, dictaminó que la suspensión no alcanzaba al

proceso en marcha. Así, diez consejeros aprobaron la prosecución de lalicitación mediante una resolución firmada por Mario Fera, presidente delConsejo.310 Los encargados de recolectar las firmas de los consejeros fueronel entonces secretario general del Consejo, Hernán Ordiales, la secretaria dela Escuela Judicial, Claudia Levín y María Inés Brenna, alfil de Ordiales,explicaron funcionarios que participaron del proceso al que describieroncomo “irregular”.

El trámite fue una carrera contra reloj. De pronto la urgencia del procesollamaba la atención. En pocas horas, el Departamento de Compras de laDirección General de Administración Financiera fijó como fecha de aperturael 21 de febrero de 2011, aunque luego se prorrogó para el 28 de marzo de2011.311

Por primera vez en la historia una empresa le solicitó acceso ainformación pública al propio Poder Judicial. Se trataba de Equity Group;Luis María Santos, su gerente, presentó un recurso jerárquico312 ante lasreiteradas negativas del Consejo de la Magistratura de brindarle informacióndel proceso licitatorio “público y abierto” del que participaba, tal como surgedel acta de la reunión de la Comisión de Administración y Financiera (CAF)del 3 de marzo de 2011. Pero primó el silencio. El Poder Judicial, el mismoque debía garantizarla, se negaba a entregar información.

Santos desafiaba a la Justicia a dar explicaciones, pero la CAF decidió,en mayo de 2011, en base al dictamen del representante del Poder Ejecutivo,Hernán Ordiales, desestimar el recurso de Equity Group.313 En sentidocontrario, Ostropolsky presentó un dictamen en el que detallaba anomalías enel trámite en relación con la transparencia y el acceso a la informaciónpública. También cuestionó la resolución314 por la que se llamó a licitación ydefinió “al trámite como opaco, no solo para las empresas interesadas, sinotambién para los consejeros”, expresó Ostropolsky en el plenario.315

Pero no había tiempo que perder y puesto el tema a votación, la mayoríade los integrantes del Consejo (Stella Maris Córdoba, Alejandro Fargosi,Marcelo Fuentes, Ada Iturrez de Cappellini, Carlos “Cuto” Moreno, HernánOrdiales, Manuel Urriza y los tres jueces Ricardo Recondo, AlejandroSánchez Freytes y Mario Fera) votaron favorablemente la propuesta delkirchnerismo que desestimó el recurso de Equity Group.

Estaba en juego el proyecto de informatización que impulsaba Lorenzetti.No había chances, recordaron tiempo después algunos de los consejeros casiarrepentidos. Los únicos que votaron en contra fueron Daniel Ostropolsky y elsenador radical, Mario Cimadevilla.316 Para ellos, el Poder Judicial estaba“obligado a brindar información pública”, no cabía otra posibilidad.

Y el ganador es…

Había llegado, como en todo proceso licitatorio, el momento de abrir lossobres con las propuestas técnicas de las empresas interesadas y ladocumentación exigida. De esta manera, el 28 de marzo de 2011,317 seprocedió a revisar las cinco ofertas que estaban sobre la mesa. Unitech SA-Indra Si SA Unión Transitoria de Empresas (UTE), fue la primera, OctomindSA-Sistemas Jurídicos SRL UTE, la segunda. Mientras que La Ley-WestServices Inc. UTE, se constituyó como la tercera opción. La Ley SAE e I erala cuarta propuesta. La quinta participante se conformó con una firma argentina— Atos Origin Argentina SA— y una española —Base 100 SA— que seacopló a la primera para poder participar del proceso, asociadas en una UTE.A esta última se le permitió participar de la licitación pese a no cumplir conlos requisitos exigidos. En el colmo del favoritismo Base 100 SA entró pese acarecer de inscripción ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y delcontrato constitutivo de la Unión Transitoria de Empresas, documentosobligatorios para que una empresa extranjera fuera admitida en el proceso.Atos Origin, por su parte, es una empresa de origen francés reconocida por losinformáticos —a nivel mundial— por vender y suministrar productos a lasagencias de servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad. No había que sermuy brillante para adivinar quién se metería en el bolsillo la licitación.

Los funcionarios judiciales lo veían venir de lejos pero el descaro eratan obvio que les costaba asimilar que estaba por pasar lo que se temían.Antes de la presentación de la oferta, el 24 de enero de 2011 Atos Origin yBase 100 habían presentado una consulta a la Comisión de Informática delConsejo de la Magistratura respecto de la viabilidad de acompañar uncompromiso de constitución de UTE irrevocable sujeto a la efectivaadjudicación de la licitación, en sustitución del acuerdo constitutivo de uniónde empresas al que obligaba el pliego de bases y condiciones.318 Es decir,pulseaban y negociaban sin tapujos. De ganar la licitación se inscribirían, si

no, si algo fallaba, se podían dar el lujo de, a diferencia de otras queestuvieran en su condición, evitar engorrosos y costosos trámitesadministrativos previos.

La Comisión le permitió presentarse con un compromiso de constituciónde UTE en contra de lo exigido por el pliego, la ley misma para las empresas.

El proceso siguió su curso con los rituales del caso. Abierto el Sobre I,la Comisión de Preadjudicaciones requirió de la empresa oferente queacompañara el contrato de UTE y exigió que la firma española, Base 100 SA,cumpliera con la Ley de Sociedades Comerciales.319 Lejos de ello, la UTEAtos Origin-Base 100 insistía en su postura “irregular” y respondió que en elSobre A asumían el compromiso de asociarse en caso de resultar,definitivamente, adjudicatarias. La realidad era que a Base 100 no le dabanlos tiempos de constituir la UTE ante las exigencias de la ley argentina a lasfirmas foráneas, algo que la empresa recién logró ante la IGJ el 23 de junio de2011, casi tres meses después de iniciado el proceso de selección, es decir laapertura del Sobre 1.

El incumplimiento determinaba la nulidad de todo lo actuado por AtosOrigin-Base 100, desde el inicio mismo de la licitación. Sin embargo, Kriegervalidó todo el accionar sin considerar las omisiones e irregularidades.Además, la falta de inscripción de Base 100 en la AFIP impidió que laCompañía de Créditos y Garantías SA la incluyera en la póliza de caución,como se les exigía a todas las sociedades.

Las ofertas quedaron sometidas a una Comisión Evaluadora integradapor Nasisi; Falcone; Mehlman; Tate; Cavo; Sena y Gallo Tagle, enrepresentación de la Magistratura. Mientras que Alfredo Catoira y EduardoParody eran los representantes de la Corte. El primero, como director deInformática y el segundo, como coordinador de la Comisión Nacional deGestión.

Se llevaron a cabo “Jornadas de exposición de funcionalidades de lossistemas ofertados” que se desarrollaron en el data center de Lavalle 1240,ante jueces y funcionarios de las Cámaras Nacionales y Federales, de laciudad de Buenos Aires y del interior del país.

Durante las pruebas y comprobaciones que obran en las actas, se habíaobservado, como recuerda Athos Aguiar una “marcada desigualdad” de tratoentre los oferentes, permitiendo a la firma Atos Origin-Base 100, disponer demayor soporte tecnológico para la demostración de su producto. “Como sitodo el proceso hubiera estado direccionado desde el principio”, explicóAguiar, quien participó de esas reuniones.

Más de una decena de actas dejaron constancia de las pruebas ycomprobaciones de los sistemas ofrecidos. Algunos asistentes recordaron quevarios integrantes de la Comisión Evaluadora habrían realizado “gestosdesaprobatorios ostensibles” contra las otras competidoras.320 “A lostécnicos informáticos del Poder Judicial no se les permitió preguntar nirepreguntar”, agregó el ex secretario letrado. Los funcionarios debían definir yahora se mostrarían “las cartas de truco y retruco”, continuó Aguiar.

El 6 de julio de 2011 la Comisión Evaluadora otorgó 91 puntos a laOferta 5 de Atos Origine-Base 100, lo que la convirtió en la empresa ganadorade la precalificación.321

Ya estaba seleccionada la UTE que implementaría el software conocidocomo Lex 100 y, según señalaron funcionarios judiciales, garantizaríamillonarias ganancias a la dupla societaria.

El “Informe de Evaluación” presentado por la Comisión Evaluadora —sin la intervención de jueces— fue el sustento para que Devoto, y losintegrantes de la Comisión de Preadjudicaciones recomendaran a la firmaganadora. Ese dictamen fue impugnado por las restantes compañías oferentespero las observaciones fueron desestimadas. Entre ellas, la UTE Unitech-IndraSi SA agregó a la impugnación una pericia caligráfica que advertía sobreanomalías en las firmas atribuidas a Parody y Catoira estampadas en la foja8414 de dicho informe. “La cuestión revestía cierta gravedad ya que losfirmantes representaban a los ministros de la Corte en ese proyecto, pero unavez más, se silenciaron los cuestionamientos”, señala Aguiar.

El papel que jugó Devoto, secretario de Asuntos Jurídicos del Consejo,fue determinante ya que, recuerda, “aceptó la validez de la oferta que resultóganadora, aunque por la falta de documentación, debió haber sido excluida”.Además, dejó pasar la irregularidad de Atos Origin-Base 100 de “incluir en el

Sobre 1 de oferta técnica, la oferta económica que debía ser acompañada en elSobre 2”, como constó en el expediente licitatorio.

A pesar de todas las anomalías plasmadas, el 17 de octubre de 2011Krieger adjudicó a la firma Atos Origin-Base 100 la contratación del softwarepor la suma de $63.996.574, o su equivalente en US$15.165.064,322 según lacotización de ese día del Banco Central de la República Argentina.Lapelota no dobla

Las razones por las que se habría favorecido a esta empresa sobre lasotras, estaban a punto de ser develadas.

El protocolo propio del proceso obligaba a los responsables de lasempresas adjudicatarias a firmar, con nombre y apellido, la documentación.Aunque en la mayor parte del proceso intervinieron Juan Luis Dabusti y CarlosVitale, como representantes de Atos Origin Argentina SA. En tanto, FermínFernández Fernández era apoderado y portavoz de Base 100 SA (Vitaleincluso representó a las dos firmas), la etapa final sorprendería sobremanera.Dicho en términos futbolísticos, fue un golazo para los beneficiados.

Como director del proyecto de la UTE ganadora figuró Andrés MatíasMeiszner, pero para cerrar el trato y firmar el acuerdo este actuó comorepresentante legal de Atos Origin Argentina SA, mientras que Eloy “elGallego” Gómez Gutiérrez lo hizo por Base 100 SA.

Ninguno de ellos era desconocido en los despachos de la justicia y delpoder. Ambos eran hombres de absoluta confianza de Aníbal Fernández, quienentre 2007 y 2011 (etapa del último proceso de informatización del PoderJudicial) ocupó sucesivamente el cargo de ministro de Justicia y DerechosHumanos y jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Andrés Matías es hijo de José Luis Meiszner, un histórico dirigenteperonista y ex presidente del club Quilmes, que tan bien conoce AníbalFernández. Ladero del fallecido Julio Grondona en la AFA y ex secretariogeneral de la Conmebol, estuvo detenido por haber sido uno de los argentinosinvolucrados en una causa de corrupción internacional que salpicaba al expresidente de la FIFA, Joseph Blatter. Meiszner fue, además, uno de los

mentores del programa “Fútbol para Todos”, la herramienta de difusiónmasiva (nacional y popular) del kirchnerismo desde su creación en 2009.323

Una vez más, la política, el fútbol y los negocios se colocaban la mismacamiseta en una competición donde el resto de los cuadros eran papel pintado.

Andrés Matías trabajó para el Estado durante el kirchnerismo. En 2008,cuando Fernández estaba al mando de la cartera de Justicia, fue designadodirector del Registro Nacional de Armas (Renar). En ese cargo se mantuvohasta diciembre de 2011, cuando tuvo que renunciar, tras quedar en el ojo dela tormenta por la adjudicación de un millonario contrato para instalar un“sistema de identificación balística automatizado”, licitación anulada por lasdenuncias de presuntos sobreprecios.

En 2010, Martín Lanatta, principal sospechoso de la causa del TripleCrimen de General Rodríguez —vinculado a la venta ilegal de efedrina y lamafia de los medicamentos— confirmó ante el fiscal de la ciudad bonaerensede Mercedes, Juan Bidone, que tenía vínculos con Alejandro Giancristófaro,ex hombre de confianza del titular del Renar, Meiszner. Giancristófaro habíasido desvinculado del organismo cuando el caso del Triple Crimen estalló aun palmo de su rostro. Se trataba de una pieza clave en la investigación que elkirchnerismo había negado hasta ese momento.324 En 2011, el jefe deGabinete, Aníbal Fernández, fomentaba la candidatura de Meiszner (hijo),como intendente de Quilmes. ¿Por qué Fernández aparecería vinculado a lalicitación del software del Poder Judicial? La respuesta la intuía la mayoría,pero la sabrían, de primera mano, únicamente los elegidos.

Eloy Gallego Gómez Gutiérrez tampoco era un desconocido en lospasillos tribunalicios ni los círculos del poder. Desde 1994 la compañíaespañola Transtools coleccionaba cuestionamientos y objeciones en laadministración pública. Es que ese mismo año abrió una delegación en BuenosAires denominada Sercobe y vendió centenares de computadoras fuera de usoy con sobreprecios que quintuplicaban su valor real al gobierno de la ciudadde Buenos Aires. El intendente era Carlos Grosso, pero su sucesor, JorgeDomínguez, descubrió la operación tras encargar una auditoría a un grupo deperitos calificados.

La segunda experiencia del Gallego Gómez Gutiérrez fue con la Corte

menemista. El tribunal convocó a licitación pública325 internacional paracontratar la informatización del fuero civil en 110 juzgados y 13 salas decámara. Se adjudicó el 31 de mayo de 1995326 a la firma Sercobe. El contratofue aprobado por el ex presidente Carlos Saúl Menem327 el 28 de diciembrede 1995, por un importe de US$7.644.006, coincidencia o no, una vez más, enel día de los Santos Inocentes. Pero… la informatización terminó en unescándalo: el juez Mario Costa realizó la denuncia penal por supuestossobreprecios pagados por la Corte que superaban los US$6.000.000, por unequipamiento que la misma empresa cotizaba a US$926.116,20.328

Ese fue el primer intento de informatizar la justicia, pero habíafracasado. Tres años después, la Corte volvió a probar, sin éxito, una vez más.El contrato fue adjudicado a Unisys Sudamericana SA, por el precio total deUS$35.592.469.329 La firma ganadora subcontrató a Transtools, cuyo directorno era otro que Eloy Gómez Gutiérrez pero como la contratación también teníainconsistencias legales, Transtools se retiró y Unisys Sudamericana debióhacerse cargo del proyecto.330 Gómez Gutiérrez lograba cerrar los contratos,pero no cumplía lo pactado. La informatización judicial fracasaba una y otravez enmarañada en un círculo vicioso.

Estos antecedentes, aunque parezca surrealista, no fueron impedimentopara que la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, en un tercer intentode informatización de la justicia, volvieran a confiar la tarea al GallegoGómez Gutiérrez quien, en 2010, actuaba en representación de Base 100.Había corrido agua bajo el puente y no todos los jugadores estaban ya en elmismo equipo. Los cuadros habían cambiado y cada cual pateaba la pelota enla dirección que más le convenía. Algunos cambiaron de bando y eso le vinoal Gallego como Messi al Barcelona.

Uno de los principales detractores de la contratación de Sercobe-Transtools para la informatización del fuero civil, allá por 1994, había sido elsecretario del Juzgado Nacional en lo Civil N° 94,331 Eduardo Parody, elmismo que 17 años después formaba parte de la Comisión Evaluadora delConsejo de la Magistratura, en representación de la Corte. Parody firmaría elinforme técnico que permitió a Base 100 —representada por Eloy GómezGutiérrez— alzarse con una licitación de más de US$15.000.000.Ya con dosintentos fallidos sobre sus espaldas, dieciséis años después, el Gallego había

vuelto y logrado, por fin, hacerse con el software de la gestión judicialimpulsado en 2010 por Lorenzetti entre la Corte y el Consejo. Otra cosa es quefuncionara.

La contratación que ganó la UTE Atos Origin-Base 100, representadapor Meiszner y el Gallego, incluía la provisión de un Sistema de Gestiónintegral para todos los fueros, instancias y dependencias del Poder Judicial dela Nación.332 El objetivo que se habían planteado era facilitar lasherramientas tecnológicas para el trabajo de las distintas áreas de la JusticiaNacional, como también a los profesionales del derecho y a los ciudadanospara simplificar el proceso y transparentarlo.

Papel mojado

El software debía contemplar la arquitectura del sistema que permitieraimplementar la mesa de entradas virtual, el expediente y la firma analógicamás el “documento digital judicial” (DDJ), que dejaría constancia del procesode trabajo. Se aspiraba a un formato electrónico informatizado en todos lostribunales del país que permitiera que los sistemas se comunicaran entre sí, sinincompatibilidades tecnológicas. Pero nada de eso se concretó por la“ineficiencia del software adquirido”.333Unos meses antes de esta licitaciónse llevó a cabo otra para adquirir licencias de bases de datos cuya marcacomercial era Oracle. Estas resultaban indispensables para que el softwarefuncionara. Adquirirlas condicionó la licitación del programa ya que el PoderJudicial podía optar entre menos opciones en el mercado. Con estacontratación se acotó la licitación del software a empresas con solucionescompatibles a Oracle.

La base de datos que se compró tenía la misma capacidad que lautilizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pero elsoftware era otra cosa. “Para entendernos, era como tener una Ferrari solopara ir al supermercado, un despilfarro de recursos que se podía haberevitado” explicó Aguiar. Dicho esto, “el programa no respondió a lasnecesidades del sistema y llevó más de tres años sin superar las etapas deajustes y corrección de errores sin soluciones para los técnicos judiciales”.

Una vez adjudicada la licitación en octubre de 2011, comenzó un

cronograma de reuniones entre los funcionarios de las cámaras nacionales ylos de informática para realizar un relevamiento de las necesidades de cadafuero por parte de la empresa. En los hechos, esto significó que el sistema que“vendieron” comenzó a desarrollarse después de las definiciones de losusuarios de las cámaras. Se trataba de un esquema, una propuesta a realizar.En rigor, “se vendió un programa inexistente, una promesa. Se vendió humo”,rezongaba el ex secretario letrado que había observado cada paso de lalicitación.

El proceso de implementación se realizó con muchas desprolijidades.Durante el período de pruebas del software y migración de datos hubo erroresque no se consideraron “importantes”, pero lo eran y mucho. Cada vez que sesubía una nueva versión del programa se perdían actualizaciones anteriores yen algunos casos información de años de trabajo, desliza el ex funcionario.Eran constantes retrocesos, las fallas algunas veces se solucionaban y otrasquedaban en el olvido. Es más, al comienzo del proyecto los programadoresde la empresa residían en España y se comunicaban con el personal del PoderJudicial vía Skype, para implementar el software que vendieron. “Los erroresse escondían bajo la alfombra a conveniencia de Mehlman de la Magistraturay de Parodi, de la Corte”, proclamaron cuatro jueces indignados.

El malestar sobrevolaba entre los judiciales por las “deficiencias” quepresentaba el Lex100. El software de gestión judicial no contemplaba muchosde los requisitos del pliego licitatorio. No se entregaron los manuales técnicosexigidos por el pliego para entender la lógica usada en la programación y entodo el conjunto técnico que requiere la puesta en marcha de un sistema de estaenvergadura. Ante la omisión de la empresa, los empleados y funcionariosjudiciales del área informática debieron asumir tareas como desarrollar laconsulta de las causas vía web, el sorteo de peritos y los manuales delusuario, entre otros ítems.

Muchos requisitos del pliego quedaron plasmados solo en él. Nunca secumplieron y nunca nadie exigió su cumplimiento. Pruebas de ello fueron elmódulo documental que debía realizar búsquedas en texto en cualquiera de lasactuaciones del expediente judicial, como el manejo de la jurisprudenciamediante esquemas clasificatorios; la administración de los detenidos a nivelnacional y un sinfín de funcionalidades que nunca se cumplieron en palabras

de los jueces de todos los fueros consultados.

“Decile no al Lex 100”

A nivel nacional, el software “Lex 100” comenzó a implementarse enabril de 2013 en la Cámara Federal de Tucumán y, progresivamente, en elresto del país entre Dirección General de Tecnología, que realizaba laspruebas del sistema con la intervención de quienes serían los usuarios, esdecir jueces, funcionarios, empleados y los técnicos de las respectivascámaras, cabeza de las distintas especialidades. “Los funcionariosresponsables del proyecto priorizaron cumplir los plazos a expensas de laeficiencia”, recalcó Aguiar.

Esta situación generó un clima de desconcierto ya que a medida que elLex 100 se implementaba en todo el país, los errores eran de tal magnitud quelos técnicos de la DGT insumían la mayor cantidad de horas de su jornadalaboral en atender los reclamos telefónicos en una especie de “call center”.Nadie se animaba a hablar libremente del caos que estaba provocando elsistema por temor a represalias, comentaban por lo bajo algunos de los juecesque luego denunciarían todo ante la Corte.

Los empleados judiciales e informáticos estuvieron sometidos aexigencias desmedidas. Estrés, ansiedad, aislamiento, depresión, problemasde salud e incremento de riesgos de lesiones y/o accidentes, se convirtieron enmoneda corriente entre unos técnicos al borde de la desesperación de formapermanente. Merece la pena echar un vistazo a los registros y antecedenteslaborales del personal para tomar conciencia de la dimensión del desastre. Latensión resultó insoportable para muchos y el aumento de ausentismos ylicencias fue notable.

La mayor presión la ejercía el Director General de Tecnología, Mehlmany “el Gruñón” Parody, con carta blanca para hacer, deshacer y poner el gritoen el cielo mientras los informáticos sentían que vivían un verdadero infierno.Los funcionarios de las cámaras federales del interior del país, rememoraronla violencia de Parody en las videoconferencias. No permitía intercambios niopiniones y, frente a cualquier cuestionamiento invocaba el nombre delpresidente de la Corte: Ricardo Lorenzetti.

Algunos memoriosos trajeron a cuenta que en una reunión en la Cámara

Nacional del Trabajo, dos juezas integrantes de la Comisión Informática,Liliana Rodríguez y Ana Barilaro, “fueron maltratadas por Parody e invitadasa retirarse, ya que el representante cortesano consideró que estaban muynerviosas”, porque reclamaban por la ineficiencia del software. “El sistema,en lugar de agilizar el trabajo, producía demoras, lo que bajó la productividaden un 50% y el colapso fue inevitable. Lejos de haber sido una solución parajueces y trabajadores, fue un retroceso en el funcionamiento diario”,reprochaban las magistradas.

A tal punto llegó el enojo entre los empleados del Poder Judicial de todoel país, que bajo el slogan Decile NO al Lex 100, pusieron en marchareclamos con carteles en los pasillos de los tribunales. Pero para continuarcon los rituales informáticos, las protestas se trasladaron a las redes sociales.Mientras en Twitter algunos expresaban sus emociones y contaban pormenoresde la familia judicial, otros armaron un perfil en Facebook. Sin respuestas, erauna válvula de escape.

Entre los empleados la broma que corría era que “la base había sido100”, en alusión a que US$100.000 habría sido el supuesto importe o“cometa” (soborno) percibido por cada uno de los funcionarios queadjudicaron la licitación a una empresa que vendió un software “ineficiente100 x 100”.

La gota rebasó el vaso y los referentes de los fueros más afectados seplantaron ante la Corte. Los primeros en protestar fueron los integrantes de laCámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que hicieron saber su enojoal propio Lorenzetti. Después la “bronca” se extendió a la justicia del Trabajo.Este fuero, como tantos otros, estaba desde hace años colapsado. El personalde estos juzgados y salas trabajaba en condiciones poco recomendables por lacantidad de expedientes en trámite y las nuevas causas ingresadas que nopodían despachar normalmente.

El descalabro se produjo porque el Lex 100 se implementó por orden dela Corte con la oposición manifiesta de la Cámara, que cuestionaba que en eldiseño no se consideraron las necesidades del procedimiento laboral. Lopropio ocurrió con la Cámara Federal de la Seguridad Social, que también loplasmó por escrito ante el máximo tribunal. Las deficiencias denunciadas porlos camaristas obligaron a los ministros a ordenar “feria informática”, es decir

que durante ese período los empleados no atendieron al público. Pero lasituación llegó a un límite tal, que las tres cámaras suspendieron laimplementación del sistema y el máximo tribunal debió intervenir pararesolver los inconvenientes.334

En la justicia laboral las fallas fueron tan graves que el Colegio Públicode Abogados de la Capital Federal debió intermediar a pedido de loslaboralistas. La Corte no pudo hacerse la distraída e intervino el fuero. Si biensolicitó el nombramiento de personal, delegó la responsabilidad en laMagistratura.335

Ante el temporal que se avecinaba, la Corte Suprema, en marzo de2016,336 asumió la responsabilidad informática de las bases de datos delPoder Judicial de la Nación. Es decir, se la quitó al Consejo de laMagistratura para preservar la integridad, infraestructura y control del datacenter, como se adelantó en el capítulo 1. Sobre el escándalo, el silencio fuede radio.

El contrato por el software de gestión con la UTE finalizó en marzo de2016 y “nada de lo prometido se cumplió”. La factura por la insólita ydesastrosa contratación la pagaron las arcas públicas, los funcionarios ytrabajadores del Poder Judicial. La contracara o el rostro más descarado de laimpunidad se plasmó en los premios que obtuvieron los funcionarios quedefendieron, como si fuera propia, la UTE inservible pero ganadora.

Las cosas para los afortunados se dieron así: la esposa de GermánKrieger, administrador del presupuesto judicial por entonces, María EstherMareque, ingresó a la Dirección General de Administración Financiera delConsejo de la Magistratura en septiembre de 2011 con el cargo desubsecretaria administrativa.337 Cavo y Falcone laderos de Tito Fernández yNasisi, ligados a Sanz, fueron efectivizados en sus cargos el 16 de junio de2016 por una resolución suscripta por los ministros Lorenzetti, Juan CarlosMaqueda y Elena Highton de Nolasco. En el Consejo de la Magistratura,donde prosiguió el trámite, fue el presidente del cuerpo y amigo de Lorenzetti,Miguel Piedecasas, el que suscribió la decisión el 11 de julio del mismoaño.338 Por su parte, Lorenzetti le prorrogó el contrato a Eduardo Parodycomo secretario letrado, con categoría presupuestaria equivalente a la de unjuez de primera instancia.339

En tanto, Hernán Ordiales, aquel leal funcionario que colaboró con elandamiaje financiero que ideó Lorenzetti para impulsar licitaciones ycontrataciones desde la Magistratura, logró que nombraran a tres de sus hijosen dicho organismo. Agustín Ordiales se desempeña en la Comisión dePreadjudicaciones del Consejo desde 2009 en el cargo de escribiente auxiliar,Hernán (hijo) desde noviembre de 2011 trabaja en la Dirección General deTecnología como jefe de despacho, al igual Nicolás, el último en ingresar a lamisma área como escribiente, en marzo de 2016.340

Los empleados judiciales debieron hacerse cargo de los errores delsistema, no solo mientras estuvo operativo con la UTE hispano argentina, sinotambién cuando, después de haber cobrado hasta el último centavo (difícilimaginar que renunciarán a algo), se retiró para que otros hicieran bien eltrabajo que ellos dejaron mal. “El malestar no se podía disimular. La genteechaba humo por la cabeza, había una calentura…”, rezongan aún.

288. Entrevistas realizadas a los empleados informáticos del PoderJudicial entre los meses de septiembre y diciembre de 2016, en estricto off therecord por temor a perder su fuente laboral.

289. Entrevistas realizadas para este libro a funcionarios informáticosde la DGT del Consejo de la Magistratura, entre los meses de agosto ydiciembre de 2016.

290. Entrevista realizada para este libro, el 5 de septiembre de 2016, alex secretario letrado del Consejo de la Magistratura, Athos Aguiar, quienexaminó todo el proceso licitatorio del software de gestión para el PoderJudicial. En adelante, todas las menciones referidas al software de gestiónpertenecen a esta fuente.

291. Desde el aspecto técnico-informático, los servidores como lasbases de datos cuentan con “llaves de seguridad” o contraseñas tanto paraacceder como para custodiar la información que resguardan.

292. El Portal de Abogados es una opción de la página webhttp://www.pjn.gov.ar dependiente de la Dirección General de Tecnología.Los abogados matriculados pueden registrarse a través de su CUIT (CódigoÚnico de Identificación Tributaria), generar un usuario a través del cualpueden subir escritos judiciales en las causas que tramitan, consultarexpedientes y recibir notificaciones electrónicas.

293. Se trató del diseño de una estructura arquitectónica carcelariadonde los reclusos eran vigilados sin saberlo. El concepto, que dio cuenta dela asimetría visual entre los observados y aquel que tenía el poder deobservar, fue ideado por Jeremy Bentham en el siglo XVIII (sistema utilizadoen fábricas, cárceles y escuelas, etc.) y analizado en 1975 por Michel Foucaulten su obra >Vigilar y castigar.

294. “Cryptomicon” fue el término con el que bautizó SivaVaidhyanathan a la vigilancia masiva, en su libro >The Googlization ofEverything (and we should worry) (Universidad de California, 2011), dondedescribió cómo los vigilantes podían espiar sin que nadie se diese cuenta deque lo hacían, al mismo tiempo que los espiados se comportaban del modo

más natural y espontáneo posible.

295. O’Donnell, Santiago, >PolitiLeaks. Todo lo que la políticaargentina quiso esconder. Sus secretos en WikiLeaks de la A a la Z,Sudamericana, 2014.

296. Tras la primera Conferencia Nacional de jueces llevada a cabo losdías 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2006, a través de la Acordada N° /٦, laCorte Suprema creó el Centro de Información Judicial (CIJ) y de la ComisiónPermanente de Protección de la Independencia Judicial.

297. Por la Acordada CSJN N° /٧, la Corte Suprema creó la Oficina deFortalecimiento Institucional.

298. Las comisiones de “gestión Judicial” fueron integradas por elingeniero Carlos Tate (Seguridad Informática); el licenciado Gabriel Mehlman(Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura); el ingeniero DiegoDe La Serna (representante del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba); ladoctora Marcela Fortuny (referente del Poder Judicial Salta); el doctorGuillermo Cosentino (Poder Judicial del Chubut) y la doctora Rita Sapino deParma (Proyecto Integral de Informatización del Poder Judicial de Santa Fe).

299. La Corte Suprema el 17 de diciembre de 2007 por Acordada N°٣٧/٧, creó la “Comisión Nacional de Gestión Judicial” presidida por RicardoLuis Lorenzetti y la “Comisión Nacional de Acceso a Justicia” presidida porElena Highton de Nolasco.

300. El documento se encuentra disponible en la página web del PoderJudicial de la Nación (pestaña del Consejo de la Magistratura) y en elbuscador Google.

301. Por Resolución del Consejo de la Magistratura N° ٣/, del de mayode , se destacó: “… Que resulta necesario designar para integrar la Comisiónde Informática a representantes de este cuerpo que cumplan con la idoneidadespecífica de la materia y que puedan transmitir las inquietudes de este cuerpoen la labor de ese grupo …”, y se designaron a los representantes del Consejode la Magistratura para integrar la misma: Carlos A. Sena; Alejandro CésarFalcone; Marcelo Gallo Tagle; Gabriel Mehlman y Carlos Tate.

302. Consejo de la Magistratura, 30 de noviembre de 2011:http://www.consejomagistratura.gov.ar/index.php/content-joomla-default/noticias/64- administracion-general/1914-lanzamiento-del-proyecto-de-renovacion-del-software- de-gestion-judicial.

303. Resolución CM N° ٥/ del de febrero de, por la que se creó laUnidad Ejecutora del Proyecto Informático.

304. Resolución CM N° ٦ ,٣/ de agosto de .

305. Según art. 8° del Reglamento para la Justicia Nacional (RJN), losfuncionarios judiciales no pueden ejercer el comercio.

306. Expediente del Consejo de la Magistratura.

307. Acta de la reunión del 11 de noviembre de 2010, punto 9º del ordendel día, publicada en la página web del Consejo de la Magistratura.

308. Resolución AG N° ٧/.

309. Los nuevos consejeros suscribieron un proveído el 16 de diciembrede 2010 en referencia al trámite licitatorio que tramitaba en el expediente N°10-15572/09, y avanzaron en las tratativas.

310. Por Resolución de Presidencia CM N° 33/11, del 5 de mayo de2011, firmada por Mario Fera en su carácter de presidente del Consejo, secontinuó con la licitación del software pese a las inconsistencias del procesodenunciadas.

311. Resolución AG N°/.

312. A través del expediente ADD 3/2011, la empresa Equity Grouppide acceso a la Información al Poder Judicial ante la reiterada negativa desuministrarla y Expediente N° ٥.٥٦/ del registro de la Cámara Nacional deApelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

313. El acta de la reunión de la Comisión de Administración yFinanciera del 5 de mayo de 2011 (visible en la página web del Consejo),permite saber que, el punto 10º del orden del día, fue el tratamiento de este

recurso con la puesta a consideración del dictamen N° 7/11 que proponíadesestimarlo. El dictamen N° 7/11 tuvo origen en un proyecto del entoncesConsejero Hernán Ordiales, por entonces representante del EjecutivoNacional, que exhibe numerosas singularidades (entre ellas, referir a “estaAdministraciónn” —en primera persona—), generando sospechas en punto aquién lo redactó.

314. La Resolución de la Administración General del Consejo de laMagistratura N°

2497/10, por la que se llamó a licitación pública para la adquisición delsoftware.

315. Advertía el Consejero de los abogados del interior del país, DanielOstropolsky que el Expediente N° 10-15572/09 no contenía ningúnantecedente de “Proyecto Informático”, los que se encontraban en elExpediente N° 10-13919/06.

316. La decisión se cristalizó en la Resolución Presidencia CM N° ٣٣/.

317. Resolución AG N° /.

318. Esta consulta se encuentra agregada a fs. 752 del Expediente N°٥٥٧/-.

319. Ley de Sociedades Comerciales (19.550).

320. Las empresas competidoras eran La Ley SAE e I; La Ley SAE e I-West Services Inc. UTE y Sistemas Jurídicos SRL-Octomind SA UTE (LexDoctor).

321. La comisión evaluadora otorgó 91 puntos a la Oferta 5 de AtosOrigine Argentina SA-Base 100 SA UTE, lo que la convirtió en la empresaganadora de la precalificación respecto de la Oferta N° “Unitech SA -Indra SiSA UTE” la que obtuvo ٦, puntos. Sobre puntos medibles la diferencia entreambas ofertas resultó de , puntos y se verificó en tres rubros: garantía ysoporte general; proyecto y funcionalidad.

322. Por Resolución AG N° / del Consejo de la Magistratura se adjudicóla licitación del software a la Unión Transitoria de Empresas, Atos OriginArgentina SA- Base SA.

323. Clarín, 19 de septiembre de 2014:http://www.clarin.com/politica/Anibal_Fernandez-senado-Andres_Meiszner-Quilmes_0_1214878965.html.

324. Clarín, Daniel Santoro, 17 de enero de 2010:http://edant.clarin.com/diario/2010/01/17/elpais/p-02121528.htm. MartínLanatta es el principal sospechoso de la causa del Triple Crimen de GeneralRodríguez, del que fueron víctimas Sebastián Forza, Damián Ferrón yLeopoldo Bina, vinculados, según el fiscal Bidone, a la venta ilegal deefedrina, a mesas de dinero y a una deuda por la mafia de los medicamentos.La Nación, Sola Amaya, 30 de diciembre de 2015:http://www.lanacion.com.ar/1858048-triple-crimen-cronologia-del-caso-que-derivo- en-la-escandalosa-fuga. El 7 de agosto de 2008, Sebastián Forza,Leopoldo Bina y Damián Ferrón asistieron a una reunión en el hipermercadoWalmart de la localidad bonaerense de Sarandí y no volvieron a ser vistos convida. El 13 de agosto del mismo año los cuerpos de estos tres hombres fueronhallados en un zanjón, a unos 650 metros de la ruta 24, en General Rodríguez.

325. En el marco del Tratado de Cooperación y Amistad Hispano-Argentino, la Corte Suprema llamó a licitación, el 16 de junio de 1994, através de la Resolución CSJN N ° ٦٥, por la que se llamó a licitación públicainternacional para contratar la informatización del fuero civil ( juzgados y ٣salas de cámaras), registrada bajo la nomenclatura /.

326. Resolución CSJN N° ٥٧٣/٥.

327. Decreto N° ٦/٥ suscripto por el ex presidente Carlos Saúl Menem.

328. La causa penal por supuestos sobreprecios tramitó ante el JuzgadoCriminal y Correccional Federal N° a cargo, por entonces, de Jorge PatyBallestero. Una pericia realizada por la División Computación de la PolicíaFederal Argentina y documentación secuestrada en la sede de la empresaconfirmo los “excesivos” costos que superaban los precios del mercado.

329. La Corte convoca la Licitación Pública N° 1/1997 a través de laResolución CSJN N° 3396/1997, pagaderos en 36 cuotas mensuales, iguales yconsecutivas de US$ 988.679,69 cada una.

330. La relación entre Unysis y el Poder Judicial terminó con denunciaspenales, multas y reclamos ante el Centro Internacional de Arreglo deDiferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.

331. Eduardo Parody era el secretario letrado del Juzgado Nacional enlo Civil N° , a cargo de la jueza Cecilia Yolanda Federico.

332. El acuerdo incluyó las licencias de uso, la documentación técnica yelaboración de manuales de usuario; servicio de adecuación eimplementación, servicio de transferencia tecnológica; soporte ymantenimiento; migración o transferencia de datos; servicio de capacitación,garantía y seguridad informática. Para luego poner en marcha el expedientejudicial, la mesa de entradas virtual, correo electrónico seguro, la firma digitalelectrónica a través de la constitución del Poder Judicial como “autoridad decertificación”.

333. Ídem nota 289.

334. La Corte interviene ante las falencias del software en el fuero de laSeguridad Social a través de la Resolución CSJN N° ٧/ del de octubre de .

335. La Corte intervino el fuero laboral en función de la Acordada CSJNN° /٦ de junio de ٦.

336. La Corte Suprema de Justicia de la Nación asumió laresponsabilidad de la base de datos del Poder Judicial como la SeguridadInformática que, desde la fecha de su emisión, el 2 de marzo de 2016, dejó deser facultad del Consejo de la Magistratura y pasó a depender de la Direcciónde Sistema, dependiente de la Secretaría General de Administración a cargodel contador Héctor Daniel Marchi. La Acordada N° 6/16 fue suscripta porRicardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco.

337. Mariana Esther Mareque ingresó a la Dirección General deAdministración Financiera el 1 de noviembre de 2011 con el cargo de

subsecretario administrativo, según legajo N° 22.673 del Consejo de laMagistratura.

338. Por Resolución CSJN N° ٥/٦ del ٦ de junio y Resolución CM delde julio, fueron efectivizados en sus cargos Juan Carlos Cavo, AlejandroCésar Falcone y Jorge Alberto Nasisi.

339. Por las resoluciones CSJN N° ٣٥/ ;٣٧٣/y ٥/٦ fue contratadoEduardo Parody.

340. La información surge de los legajos del Consejo de la Magistratura.Hernán Ordiales(h) legajo N° 23.713, Nicolás Ordiales legajo laboral N°19.139 y Agustín Ordiales, Legajo N° 71.692. Capítulo 7

Ley de Medios, en medio de la leyLa batalla por la Ley deMedios, la gran guerra de Lorenzetti. La libertad de expresión como botín deguerra. Correlación de fuerzas Gobierno, Corte y Clarín. Promesas falsas yverídicas. El doble juego. ¿Un voto por la caja? La inaplicabilidad de lanorma. Al límite de la legalidad. Equilibrium. Rebelión en las ondas.Vencedores y vencidos. ¿Traiciones o acuerdos? ¿Quién ganó?

Ricardo Lorenzetti intentó lo imposible: mantener la templanza entre suscolegas durante el 2003. La crispación entre los ministros de la Corte no podíadisimularse. Estaban pasando demasiadas cosas y con consecuenciasprevisiblemente graves.

Ese tiempo, el que insumió la resolución final de la Ley de Servicios deComunicación Audiovisual o Ley de Medios —que enfrentó al gobierno deCristina Fernández de Kirchner con el Grupo Clarín— fue el de mayor tensiónpara una Corte donde sus miembros comenzaron a mirar a su presidente condesconfianza.

La tensión surgió luego de que Cristina Fernández de Kirchner anunciarael proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en marzo de2009. El argumento que puso sobre la mesa fue que con la sanción de la Leyde Medios341 —el 10 de octubre de ese año—, se desterraba un legado de ladictadura militar (como si fuera el único). “Hemos visto que en determinados

medios de comunicación solamente se escuchaban las voces contrarias a laley, y es por eso que este instrumento va a servir precisamente para que todaslas voces —las que nos gusta escuchar y las que no nos gustan también—tengan la posibilidad de expresarse libremente”, proclamó la expresidenta.342

La nueva norma obligaba, al menos en teoría, a todos los multimedios —Grupo Indalo de Cristóbal López, Telefónica y Canal 9, Telecentro, GrupoVila-Manzano, Moneta y Szpolski-Garfunkel— a cumplir al pie de la letra susdisposiciones. Pero el gobierno, con los artículos 161 (adecuación), 41(transferencia de licencias), 45 (multiplicidad de licencias a nivel nacional,local y señales) y 48, (prácticas de concentración indebida) parecía haberladiseñado y apuntar, directamente, a la línea de flotación del Grupo Clarín.343Beatriz Sarlo lo diría de otro modo, “es una ley que tiene nombre y apellido:Clarín-Magnetto”.

Para el gobierno estaba en juego su capacidad de permanencia —o fechade caducidad— en el poder. Para Clarín, su supervivencia. El objetivoconfesable de Cristina, bajo el lema “democratización de la palabra”, era,además del discurso oficial, poner coto a la influencia del medio comogenerador de opinión pública. Lo inconfesable sería liquidar al multimedioscon el que su marido y ella misma habían sido uña y carne hasta que estalló lacrisis del campo con la que, prácticamente, inauguró su gobierno. Clarínapostó por el sector agropecuario y ninguno de los Kirchner lo olvidaría.

Los opositores veían en la ley la intención clara de atomizar el grupo,hacerlo saltar por los aires y convertirlo en esquirlas de la bomba mediáticaque conformaba. Dentro del oficialismo, en petit comité, se reconocía sintapujos.

La reacción de Clarín no se hizo esperar. A los dos días impugnó lavalidez de la norma y solicitó medidas cautelares para impedir que elgobierno avanzara. Buscaba protegerse hasta tanto se resolviera la cuestión defondo. Es decir, si la ley se adecuaba a los parámetros constitucionales o no.El multimedios puso en primera línea de fuego a su imponente equipo deabogados que impulsó una causa madre en Buenos Aires y otras en el interiordel país. La empresa no objetaba la totalidad de la ley que estaba dispuesta acumplir, cuestionaba los artículos que consideraba inconstitucionales y

significaban su virtual descuartizamiento: la restricción a la acumulación delicencias de aire y de cable, el desconocimiento al derecho de propiedad —derechos adquiridos— y la obligación de desprenderse de licencias, antes delvencimiento del plazo original con el que habían sido otorgadas. Ironías de lahistoria, muchas de estas habían sido concedidas por el ex presidente NéstorKirchner en 2005 por diez años más, pero el efecto retroactivo para la ley erainamovible.

Día D, 7D

Clarín tenía un problemón, pero Lorenzetti también. El presidente de laCorte debía andar con pies de plomo, ser prudente ante el gobierno que lodesignó y le cedió el control de los cuantiosos fondos del Poder Judicial en2008 (ver capítulo 4). Al mismo tiempo, como titular de la máxima instanciajudicial, tenía que buscar el consenso entre sus colegas para resolver elconflicto con diplomacia. Tenía dos frentes: el político, entre el gobierno yClarín; y el interno, donde tenía que conseguir, como mínimo, cuatro de lossiete votos para obtener la mayoría que decidiría si la ley era válida o no.

Hasta entonces, las medidas cautelares —ordenadas por las diferentesinstancias judiciales— eximían a Clarín de la obligación de desprenderse delicencias de radio y televisión. Esta situación no solo extendió el pleito, sinoque lo limitó al plano procesal durante cuatro años y, en consecuencia, elgobierno no le pudo aplicar la norma. En ese contexto, los ministros de laCorte decidieron poner un límite a la suspensión de la aplicación de la Ley deMedios y retirarle el balón de oxígeno con el que el grupo había podidorespirar, si no tranquilo, con garantías de vida. El 27 de noviembre de 2012resolvieron, por unanimidad, fijar como tope el 7 de diciembre de ese año(pasaría a la historia como “El 7D”). La cautelar no podía extenderse por mástiempo.

En simultáneo, la causa seguía su accidentado curso. El juzgado deprimera instancia que tenía el expediente quedaba acéfalo tras la jubilación deEdmundo Carbone, el primero en objetar la ley y otorgar la medida cautelar aClarín en 2009. Como era previsible, se desató una disputa en torno a quién loreemplazaría. La Cámara Nacional Civil y Comercial sorteó, entre juecesjubilados, la vacante. Raúl Tettamanti fue el elegido. Sin embargo, renunció

ante los cuestionamientos del gobierno.

Los camaristas optaron por designar a Horacio Alfonso —titular delJuzgado No. 2 — para que cubriera la vacancia del 1 —hasta tanto seresolviera el concurso de jueces en trámite— y asumiera la causa Clarín, el 18de octubre de 2012.344

Este magistrado nunca había sido recusado por el gobierno y manteníamuy buena relación con la ministra Highton de Nolasco, con la que habíacompartido años de docencia en la Universidad Nacional de Buenos Aires.Clarín tampoco lo recusó, pero desde el comienzo apreció indicios de queAlfonso favorecería la posición del gobierno. El primero, cuando resolvióincorporar a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual(Afsca) como querellante o damnificado en la causa. Esto le permitió alorganismo intervenir como presunta parte afectada, acceder a informaciónsensible, impulsar y dar continuo movimiento al expediente.

Hasta acá la Corte había intervenido solo para resolver las prórrogas delas medidas cautelares. Aún no había una resolución sobre el fondo del asuntoque habilitara las etapas de apelación hasta llegar al máximo tribunal. Teníantiempo.

Con la designación del nuevo juez el gobierno pretendía dinamizar elproceso. Por si hubiera dudas de la urgencia que tenía, el ex titular de laSecretaría Legal y Técnica, Carlos Zannini, se encargó de despejarlas. Llamóa Lorenzetti y a Highton de Nolasco: Tenían que agilizar la causa.345 Losministros, cumplidores, se reunieron con Alfonso en el cuarto piso del Palaciode Justicia y le transmitieron el mensaje.346 Además, le ofrecieron logística,personal y material de trabajo para que los tiempos se aceleraran.

El Congreso fue el otro campo de batalla que el gobierno intentó —eneste caso con éxito— conquistar. El 14 de noviembre de 2012, por impulsodel oficialismo, la Cámara Baja sancionó el mecanismo procesal del persaltum o salto de instancia. Esto fue un logro para el kirchnerismo, ya que lepermitiría elevar cualquier causa directamente a la Corte bajo el fundamentode “gravedad institucional”.

En tanto, el 29 de noviembre de 2012, a pocos días de cumplirse la

fecha límite del “7D”, Clarín pidió una nueva extensión de la medida cautelar,pero la Corte la rechazó. Los ministros se negaron a que una medidatransitoria y circunstancial se convirtiera en sentencia anticipada y derivaraen, según su expresión, “denegación de justicia”.

La agonía de la Ley de Medios parecía eterna. La Corte le metió prisa aljuez Alfonso y lo instó a dictar el fallo definitivo sobre la cuestión de fondo.Es decir, la constitucionalidad o no de la Ley de Medios. Sin embargo, unasorpresa los tomaría con la guardia baja. Un día antes del 7D los camaristasdel fuero civil y comercial, Francisco de las Carreras y Susana Najurieta,extendieron otra medida cautelar a favor de Clarín y mantuvieron suspendidoel artículo 161 (adecuación) de la Ley de Medios “hasta que se dicte unasentencia definitiva en la causa”.347 El gobierno estaba empezando a agotarsu paciencia o, dicho de otro modo, Cristina estaba con los tapones de punta.La presión sobre Lorenzetti era cada vez mayor, como recuerdan lossecretarios letrados de las diferentes vocalías supremas.

El Ejecutivo estaba decidido a que la causa llegara a la Corte cuantoantes. El 10 de diciembre de 2012, le pidió al máximo tribunal el per saltumpero fue rechazado por “improcedente”. El error procesal era de estudiante,no habían tramitado la petición, como corresponde, ante el juez de primerainstancia. En el ínterin, los dos jueces que mejor se entienden entre ellos,Lorenzetti y Highton de Nolasco, mantendrían contactos con el juez Alfonso —a través de sus asesores—, para detallar los fundamentos de la resolución quemarcaría un quiebre en la batalla entre el gobierno y Clarín.348

Había un tercer frente que hasta el momento Lorenzetti no habíaconsiderado: el interés que el tema había generado en la opinión pública y enlos medios de comunicación. Le irritaba estar en el centro de una polémica dela que, sospechaba, no iba a salir bien parado. Se reunió con periodistasdestacados y directivos de diferentes medios. Buscaba mantener buen diálogocon la prensa e informarla, de acuerdo a sus cálculos. Para ello, se valiótambién de la página web del Poder Judicial (CIJ). La disputa por la libertadde expresión convirtió a esos actores en interesados en la contienda. Latrascendencia del tema cruzó fronteras. La prensa internacional se hacía ecodel enfrentamiento entre Clarín y el gobierno. La libertad de prensa —y lapropiedad privada— parecían estar en riesgo por el presunto atropello del

kirchnerismo. Así lo entendieron organismos internacionales como laSociedad Interamericana de Prensa (SIP) que cuestionó a la Argentina por su“feroz ofensiva” para silenciar al periodismo.349

Los esfuerzos de Lorenzetti por mantener su imagen a salvo en esa guerrasin cuartel, de golpes bajos y ganchos directos al hígado, no le funcionaroncomo esperaba. La nota de tapa de la revista Veintitrés, del 13 de diciembrede 2012, tituló “Lorenzetti. Manipulación, Noticias y Censura”. El mensaje seentendió de inmediato, el gobierno apretaba al magistrado a través de uno desus múltiples medios afines. La respuesta de Lorenzetti fue, posiblemente, lapeor que podía tener: la censura a periodistas no solo de ese grupo mediático—sino de otros— entre ellos, a la autora de este libro.350

Pocos días después, a finales de diciembre, Lorenzetti y la ex presidentamantuvieron una reunión en la quinta de Olivos. El ministro —según seencargó su círculo íntimo de filtrar— le aclaró que estaba en contra de“torcer” la letra constitucional. La presión de la mandataria llegó, según lasmismas fuentes, a límites insospechados. Lorenzetti, en cierto modo, sabía queestaba en deuda con ella y, además, conocía los efectos de su ira. El hombretrataba de mantener la compostura mientras su interlocutora, la jefa del Estado,ajustaba cuentas y lo ponía entre la espada de sus deseos y la pared de lajusticia. La reunión fue negada por el supremo juez, pero la mentira tiene patascortas. La Corte terminó admitiéndola a través de un comunicado.

El kirchnerismo estaba furioso. La supuesta lealtad de Lorenzetti habíaempezado a estar en tela de juicio a partir del 2012. “Empezó a jugarnos encontra. No siempre sino con fallos esporádicos en asuntos sensibles. Actuabaen cuentagotas”, reconoce una fuente que se mantiene incondicional alproyecto “nacional y popular” que proclamaba Cristina. La progresivadebilidad del Gobierno fue proporcional a los actos de rebeldía —judicial—del calculador presidente de la Corte Suprema. El oficialismo tomó ladecisión final: apuntó contra Lorenzetti con todas sus armas. La batalla era atodo o nada.

Fue la investigación encubierta de la Administración Federal de IngresosPúblicos (AFIP) contra Ricardo Lorenzetti la que hizo sonar, a todo volumen,las alarmas. La Corte emitió un comunicado, el 27 de junio de 2013, donde losministros informaron “haberse reunido para analizar la situación expuesta por

su presidente”. Asimismo, agregaron que “se encomendó, a funcionarios deltribunal, que se reunieran con representantes del ente recaudador para aclararla situación”.351

El 1 de julio de 2013, en una conferencia de prensa prevista paradifundir el resultado de la recaudación fiscal de junio, el titular de la AFIP,Ricardo Echegaray, arremetió contra el máximo tribunal: “La Corte no estádando garantías ni de calidad institucional ni de división de poderes”. Luego,confirmó que se investigaba a Héctor Marchi, mano derecha de Lorenzetti. “Susituación es compleja”, dijo el funcionario. “Nunca vi que una institución de laRepública se ocupe de la función de sus particulares. Hay un comunicado dela Corte, es algo inaudito”,352 señaló Echegaray.

Lorenzetti no se quedó parado. Corredor de fondo, con reflejos, hizocorrer la voz a través de dos medios digitales para que Argentina supiera queEchegaray lo estaba acosando.353

Voceros de la AFIP salieron a justificar las apariencias. Aclararon quese le había enviado una intimación, como a cualquier otro contribuyente, paraque informara sobre el personal doméstico a su cargo. Pero el asunto tenía unadimensión mucho mayor. Lorenzetti tuvo conocimiento de que había unainvestigación impositiva contra él, sus hijos y Marchi. Tocado en lo personal,llegó a analizar la posibilidad de denunciar a Echegaray, según comunicó a suscolegas en el próximo acuerdo.

Mientras los cañones del gobierno apuntaban, ahora, en dirección a laCorte, el caso Clarín seguía su rumbo incierto sobre un campo minado. Laresolución del juez Alfonso ya había sido apelada por el multimedios ante laCámara. El ex jefe de Gabinete, Juan Abal Medina y el ex titular del Afsca,Martín Sabbatella, con el argumento de la urgencia que tenía el caso,solicitaron el 2 de enero de 2013, en pleno receso de verano, la habilitaciónde la feria judicial. Dos días después del pedido, y al cabo de una extensajornada de debate, los camaristas accedieron ante el temor de que el gobiernointentara alguna estrategia para apartarlos de la causa. Lorenzetti se adelantó yconversó con los camaristas para “tantear el terreno”.354 Quería saber pordónde iban los tiros de su voto, pero los magistrados permanecieron mudos.

A dos bandas

La desconfianza y el rencor del gobierno con Lorenzetti iban increscendo. En el marco del proyecto de las seis leyes que denominaron“Democratización de la Justicia”, había un diseño normativo que sería un armaletal contra el magistrado y que, naturalmente, estaban dispuestos a utilizar.Apuntaba a arrebatarle uno de los bienes más preciados: la administración delos fondos de la Corte.

Una de las seis iniciativas estipulaba que el Consejo de la Magistraturarecuperase la gestión del presupuesto judicial, como lo establece laConstitución. Con esta decisión, el oficialismo pretendía derribar la estructurafinanciera que Lorenzetti organizó entre Corte y Magistratura para disponer delos fondos sin ningún tipo de control, como lo denunció la legisladora OlivetoLago.

En este escenario algo quizás peor podía suceder. Se pretendía que losrepresentantes del estamento judicial, abogados y académicos del Consejo dela Magistratura, fuesen elegidos por el voto popular. De paso, se modificaríala integración del Consejo que pasaría de 13 a 19 miembros. Para laoposición, los cambios eran una amenaza directa a la Judicatura y en especiala la Corte Suprema, que debía resolver la Ley de Medios. “El estado dederecho estaba en riesgo si aquel engendro salía adelante. Era inadmisible quelos jueces participaran de las boletas sábanas de los partidos políticos”,recuerdan hoy.

El 8 de abril de 2013, la ex presidenta presentó la mencionada reformajudicial. Eran varias las iniciativas. Una de ellas limitaba las medidascautelares —que también favorecían al gobierno en otros casos— a solo seismeses de duración por haber servido para frenar la aplicación de la Ley deMedios. Otra se refería al ingreso de consejeros jueces —por el voto popular— a la Magistratura. Pero había más: habilitar la modalidad de sorteo,mediante la Lotería Nacional, para la entrada de empleados al Poder Judicialy al Ministerio Público Fiscal a través de un examen meritocrático. Lapublicidad y el acceso directo a las declaraciones juradas de carácter públicoa través de internet; la publicación de resoluciones judiciales y la creación denuevas Cámaras de Casación en los fueros civil, comercial, laboral y deseguridad social, fueron las otras modificaciones. Con esta serie se cerraba elpaquete completo.355

Las críticas más severas recayeron sobre la limitación a las medidascautelares y la posible modificación del Consejo de la Magistratura. En laprimera se cuestionaban la violación de derechos y garantías de ciudadanosfrente al poder del Estado. En la segunda, parte de la oposición y especialistasadvirtieron la supuesta “vulneración a la independencia judicial, eje de unademocracia sólida”. Aunque el proyecto también recogió halagos. El entoncesministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, desconcertó a sus pares al inclinarse afavor del debate o paquete de medidas con el argumento del “accesoigualitario a la justicia de la gente carenciada”. En relación a la Magistratura,disparó: “es un órgano de administración que maneja un presupuesto muygrande y nunca llegó a tener espíritu de cuerpo. No es algo que se puedamanejar tomando el té dos veces por semana”.356

La dinámica que había tomado la guerra abierta —desatada a raíz delcaso Clarín — hizo que los tres poderes del Estado tuvieran jornadasintensivas. En el Congreso se trataban las leyes impulsadas por el Ejecutivo,mientras en la Cámara Civil y Comercial Federal, segunda instancia judicial,previa a la Corte, se dirimía la Ley de Medios.

La cuestión se enredaba cada vez más. Ante las reformas impulsadasdesde el gobierno, los jueces de todas las instancias estaban preocupados,tanto por la posible afectación a la estabilidad de sus cargos como a laindependencia del Poder Judicial y se lo habían manifestado a Lorenzetti. Lesinquietaba que el kirchnerismo, con una mayoría simple en el Consejo, pudieradecidir sobre el destino de cualquier juez. De ahí que los presidentes de lasveinticinco cámaras federales, todos de acuerdo, se reunieran con Lorenzetti ellunes 15 de abril y le solicitaran que interviniera ante el gobierno.

En ese encuentro le entregaron una carta firmada por ellos en la que seplasmaban dos temas: el malestar de los jueces y el aval para que la Cortemantuviera el manejo presupuestario del Poder Judicial. Gustavo Hornos, ensu doble rol de presidente de la Cámara de Casación y de la Junta de Cámaras,debía actuar como nexo entre sus pares y Lorenzetti para mantenerlos al tantode la suerte que correría la misiva. Sin embargo, ante el silencio que mantuvoHornos, fue Héctor Guisado, presidente de la Cámara Laboral, quien advirtió“algunas maniobras sospechosas” como lo expresó a sus pares. Habíaintentado comunicarse con Hornos, pero este no le respondía.

Lo más sorprendente estaba por llegar. Guisado se enteró por los diariosde que la Corte, representada por Lorenzetti y Highton, había enviado alCongreso la nota que los camaristas le habían entregado a Lorenzetti. Demanera inmediata envió un mail a sus colegas tras advertir que la nota originalhabía sido modificada en su contenido. Presumiblemente, Lorenzetti y Hornoslo habían hecho sin consultar ni informar al resto de los jueces. La notapublicada en el CIJ contaba con la única firma de Hornos y omitía,deliberadamente, la preocupación colectiva. Del texto se había suprimido elpárrafo sobre el sistema de elección y remoción de jueces y se dejó el referidoal respaldo por el manejo presupuestario.357

Los presidentes de las cámaras federales y nacionales de todo el paísquedaron pasmados ante la “maniobra”. Habría sido el propio Lorenzetti quienle solicitó a Hornos que modificara el texto original de la carta, segúnconfesión de este, ante el malestar y la interpelación de sus pares quemontaron en cólera.

Los magistrados no sospechaban lo que se avecinaba. Antes del debatede las seis leyes en el Congreso, los cambios introducidos en los dictámenesde comisión de la reforma judicial quedaron definidos a partir de un nuevodiálogo entre Lorenzetti y Cristina Fernández. El ministro tampoco quisoconfirmar esos contactos, pero en esa charla consiguió que fuera el máximotribunal, y no el Consejo de la Magistratura, tal como lo estipulaba el proyectooriginal, el que conservara la gestión del poder judicial y tuviera ladisponibilidad de los fondos. Es decir, de nuevo el poder de “la caja”.

El escándalo alcanzó una dimensión tal que los ministros de la CorteSuprema debieron emitir un comunicado el 24 de abril de 2013 en el querespaldaron la negociación que Lorenzetti mantuvo con el gobierno paraconservar el monopolio de la administración de todo el Poder Judicial.358

Las seis leyes fueron debatidas y aprobadas el 25 de abril, luego de unaacalorada sesión, en la que la diputada nacional de la Coalición Cívica, ElisaCarrió, denunció un “pacto” entre CFK y Lorenzetti por el manejo de la “cajadel Poder Judicial”. Se basó en las dos versiones de la carta que loscamaristas le habían enviado al presidente de la Corte. Al día siguientedenunció este “acuerdo” ante el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corraldonde pidió que “se investiguen los posibles delitos contra los poderes

públicos y el orden constitucional, abuso de autoridad y violación de losdeberes de funcionarios públicos, extorsión y amenazas”.359 Si eso no era unatraición de Lorenzetti a los suyos, se le parecía mucho.

La diputada nacional kirchnerista Diana Conti ofrece una versióndiametralmente opuesta: “No hubo pacto alguno entre Lorenzetti y Zannini.Con las leyes de democratización de la Justicia, nosotros intentamos hacerrespetar el artículo 114 de la Constitución y devolverle al Consejo de laMagistratura las facultades presupuestarias del Poder Judicial, pero la presiónde Lorenzetti, en representación del resto de los ministros fue directa”, acotó.“Ricardo Lorenzetti presionó institucionalmente y el Congreso no pudosostener la ley. Debimos dar marcha atrás para que esas facultades continuaranbajo la órbita de la Corte”, explicó. “Deberíamos preguntarnos si eso estábien. No, no está bien porque la Constitución dice otra cosa, pero la presióndirecta de Lorenzetti lo impidió”, ratificó. Dicho esto, le echó una mano alsupremo juez al considerar que “no son presiones indebidas sino tensionespropias de los poderes del Estado (…) La ley de autarquía financiera esprevia a la reforma constitucional de 1994 —continúa— y debería sermodificada para adecuarse, pero el Congreso nunca logró modificarla.Además, los jueces son indisciplinables, es el poder menos democrático y elmás aristocrático”, concluyó la diputada nacional.

Un “K” del riñón de Cristina que prefiere preservar su nombre ofreceuna versión más jugosa para explicar el triunfo del titular de la Corte. ComoNéstor Kirchner, “Lorenzetti —recuerda— conservaba una libreta dealmacenero donde tenía anotados todos los gastos del gobierno. Los que sepodían contar y los inconfesables. Cuando se sentía amenazado en serio o veíapeligrar el control de la caja de la Justicia, nos recordaba que sabíademasiado. La extorsión siempre le funcionó. Aníbal (Fernández) y Zannini(Carlos) saben bien lo que te cuento”.

La justicia impondría su ley en tres de los proyectos de“democratización judicial”. El que implicaba la selección de consejeros,jueces, abogados y el académico a través del voto popular fue declarado“inconstitucional” por la Corte. La causa la había impulsado el ColegioPúblico de Abogados de la Capital Federal a través de su presidente, JorgeRizzo. Con este fallo el alto tribunal defendió la independencia del Poder

Judicial, aunque el foco de tensión estaba centrado en “la caja”, como loadvirtió Carrió.

Los intereses en pugna en la pulseada Gobierno versus Clarín se ibandevelando en diferentes actores, formas y ámbitos. Los insistentes llamados deLorenzetti para sondear a los camaristas no lograron evitar que Clarínobtuviera un triunfo en la segunda instancia judicial.360 Los jueces RicardoGuarinoni, Susana Najurieta y Francisco de las Carreras defendieron “elderecho a la libertad de expresión e información en su doble faceta: nosolamente como derecho inalienable de toda persona, sino como derechoindispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.Resolvieron que varios de los puntos centrales del artículo 45 de la ley eraninconstitucionales, como también parte del 48, aunque rechazaron el mismoplanteo para los artículos 41 y 161. “Si la Corte nos da la razón, tendrán quereformar la Ley de Medios”, pronosticó Guarinoni.361

“Cristina puso el grito en el cielo cuando se enteró de la resolución”,recordaron funcionarios. Veía en riesgo la continuidad de su proyecto. Estabaclaro que el gobierno apelaría la medida ante la Corte. La hora de la verdadestaba cerca y el máximo tribunal, por primera vez, tenía que pronunciarse yzanjar de una vez por todas el asunto. La balanza de la justicia debía inclinarsea un lado u otro. Clarín, por su parte, apeló los artículos 41 y 161, que nohabían sido anulados por los camaristas.

Y la causa arribó a la Corte. Era el escenario anhelado por el Gobierno.La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ya se habíainclinado a favor de la norma. Los ministros de la Corte se volcaron de lleno aanalizar el texto de la ley. Consideraron de interés público la cuestión y el 14de agosto de 2013 convocaron a una audiencia pública. Se celebró los días 28y 29 del mismo mes. Las partes expusieron sus argumentos como también lohicieron “Amigos del Tribunal” a favor del gobierno y de Clarín.

En el primer día de audiencias, el saludo frío entre Martín Sabbatella,titular de la Afsca, y Damián Cassino, abogado de Clarín, haría historia.Nunca se había visto tanta cantidad de periodistas nacionales e internacionalespara cubrir un asunto del fuero civil.

La voz cantante del Estado la tuvo la abogada Graciana Peñafort, quien

de manera “vehemente e impecable”, según algunos juristas, defendió losargumentos oficiales. Estuvo acompañada por letrados y funcionarios de laAfsca y amigos del tribunal que expusieron. Entre ellos, Horacio Verbitsky, eloído al que recurría la presidenta en busca de consejo y director del Centro deEstudios Legales y Sociales (CELS). También estuvo presente uno de losautores de la norma, Damián Loreti.

Clarín, por su parte, se presentó con un escuadrón de abogados: MaríaAngélica Gelli, Alejandro Carrió, Damián Cassino y Alberto Garay.

En un gesto difícil de no interpretar como de favoritismo, únicamente losrepresentantes del gobierno tuvieron acceso, con anterioridad, a las preguntasque harían los jueces de la Corte y que, en principio, eran secretas para laspartes.362 A los abogados que representaban los intereses del Estado, losjueces de la Corte les permitieron también presentar filminas. Clarín, alpercatarse de la maniobra, solicitó que se suspendiera la audiencia por“parcialidad o subjetividad manifiesta” pero Lorenzetti hizo oídos sordos. Enla misma línea de movimientos inesperados o de agracio comparativo, seinvirtió el orden de presentaciones establecido de antemano. Lo hizo en primerlugar el Grupo Clarín y en último el gobierno, cuando debió ser a la inversa.“A mitad del juego se cambiaron las reglas”, protestaron en el multimedios.Fue un trato discriminatorio y parcial.363

Durante el segundo día de la audiencia pública las partes no ahorraronmuniciones. La defensa de Clarín denunció “hostigamiento” por el gobierno,que en esa etapa “aplicaba un cepo publicitario privado y la quita de lapublicidad oficial”, para “desguazar” la empresa y “silenciar la voz crítica”.Los letrados alertaron que, de perder el caso, desaparecería “la línea crítica”que representa el Grupo Clarín, que este era “el único medio” en condicionesde “hacer periodismo de investigación”. En definitiva, en condiciones defiscalizar al poder. La réplica fue instantánea. “Si uno quiere tener unaempresa para sacar y poner presidentes hay que hacer un partido, y presentarsea elecciones”, dijo Sabbatella.

Voto a voto

Mientras todo esto sucedía, pero ya con los fondos del Poder Judicial asalvo, el presidente de la Corte trabajaba intensamente para lograr los cuatro

votos que necesitaba para que Cristina se quedara tranquila. Tenía que darsatisfacción al gobierno, recordaron, sin medias tintas, dos de los juecessupremos.364

Durante el proceso judicial Lorenzetti hizo lo que Tomás Eloy Martínezle atribuía a Juan Domingo Perón durante su exilio en Madrid: decirle a cadavisita lo que quería escuchar. A Clarín le garantizaba el resultado anhelado através de dos altos directivos con los que se reunió, Jorge Rendo, presidentedel Grupo Clarín, y Pablo Casey, gerente de Relaciones Institucionales ysobrino del CEO de Clarín, Héctor Magnetto. En paralelo, hacía lo propio conlos miembros del Gobierno. Sobre todo con Carlos Zannini, secretario delegal y técnico.365

“La presidenta estaba al corriente del doble discurso, de susvacilaciones y de sus pequeñas traiciones”, confía una de las espadas másfilosas del firmamento “K”. Para evitar más sorpresas, “lo llamó por teléfonoy le dijo con tono irónico y estirando el final de su nombre: ‘Ricardoooooo,me dijeron que estás indeciso por la ley. Me imagino que son solo rumores’.La conversación se prolongó por los cauces y en los términos planteados porCristina, la única persona a la que Lorenzetti tenía terror”, zanja la mismafuente.

La ley del silencio

De puertas adentro del Palacio de Justicia el presidente de la CorteSuprema actuó de una forma sin precedente. “Sobrepasó los límites”,recalcaron tres secretarios letrados indignados. Por primera vez en la historiade la máxima instancia judicial su titular había impuesto —al menos depalabra— la “mordaza” a sus pares. “Se dirigió a ellos como si estuvieran asu servicio. Como lo haría un gerente con sus empleados”, protestó un hombredel círculo, si no rojo, colorado de la Corte. Les comunicó a los ministros quesería él quien concentraría las discusiones y desarrollaría la circulación de losfundamentos, les prohibió que intercambiaran impresiones sobre sus votos oconsultaran las respectivas opiniones a través de sus secretarios, como eracostumbre. Pese al imperativo, los ministros Carmen Argibay, Carlos Fayt yJuan Carlos Maqueda hicieron caso omiso. “Había ido muy lejos”,sentenciaron dos de los magistrados.

La tensión aumentaba. Desde agosto y hasta la primera semana deoctubre, Zannini se reunió con diversos miembros de la Corte Suprema. El 4de octubre, la ministra Highton de Nolasco recibió un llamado de la presidentaa Ushuaia, donde dictaba una charla en la Escuela Judicial de Tierra delFuego. El gobierno les había pedido a Lorenzetti y Highton de Nolasco, en sucalidad de presidente —encargado de buscar consenso— y de vicepresidentaen relación a la jueza, que el fallo del máximo tribunal saliera antes de laselecciones legislativas del domingo 27 de octubre. Y, naturalmente, que labalanza judicial se inclinara a favor de la constitucionalidad de todos losartículos impugnados por Clarín.

Eugenio Zaffaroni, desconocido para sus antiguos colegas, se habíaconvertido en el interlocutor del gobierno en la Corte. El magistrado al queFayt solía advertir, en tono jocoso pero de reproche, lo mucho que viajaba —por sus ausencias de la Corte— se ocupaba de sondear y vigilar cómo semanejaba Lorenzetti, a quien, como todo el oficialismo, miraba, con causajustificada, con recelo.

Los artículos de la discordia se debatían a punta de lanza. El primeroconsistía en la obligación de desprenderse de las licencias que superasen elcupo establecido sin tener siquiera en cuenta la fecha de vencimiento (artículo161). En segundo término, que no se contemplaran los derechos adquiridosque invocaba el multimedios y se avalara el tope de licencias determinadas(artículos 45 y 48). Para ser claros, los puntos que afectaban al holding.366

Pese a las tratativas, Zannini y la ex presidenta estaban intranquilos.Sabían que Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt seinclinarían por la inconstitucionalidad de la norma, este último en su totalidad.Mientras que los otros dos lo harían de manera parcial para “no vulnerarderechos adquiridos” y apostarían a esperar el vencimiento de las licencias.

Lorenzetti le había asegurado a la presidenta que fallaría a su favor. Ladiferencia entre ganar o perder era solo un voto. En paralelo prometía lomismo a Clarín y acordaba con Maqueda que compartirían la misma postura.A tal punto que, pese a la ley del silencio dispuesta por él mismo entre losmagistrados, lo estudiaron y analizaron juntos. Era un hecho que ambosvotarían por la inconstitucionalidad parcial de la norma mientras al resto desus colegas les decía “que no tenía opinión formada”.367 Maqueda jugaba a

dos puntas, a sus colegas les decía que no hablaba con Lorenzetti, pero ocurríatodo lo contrario. Lo que desconocía Maqueda era que Lorenzetti lo estabaengañando y solo quería información de primera mano, como se lo oyó decir asus cercanos más tarde.

También indagaba sobre los votos del resto de los ministros para noasumir el costo político él solo, recordaron dos de sus pares. Así fue quemerodeaba a Fayt y Argibay para sondear sus fundamentos. Pero no hubo caso,los ministros no se dejaron influenciar. Cada uno con su carácter fuerte y susposturas jurídicas en juego, votaron lo que pensaban. “Huesos duros de roer”,se jactaban ambos.

“Conociendo a Fayt, nadie se atrevería a condicionarlo en sus votos.Con la Ley de Medios se mantuvo en su postura desde el primer momento.Trabajamos con él según sus lineamientos”, explicó el ex secretario letradodel ministro, Pablo Hirschmann,368 quien además confirmó que el fallo setrabajó con intensidad después de la feria judicial, a partir de agosto, junto asu colega, Marcos Morán. “Fue un esfuerzo intelectual interesante —agrega—.Lo cierto es que el voto que nosotros trabajamos no lo compartimos con nadiey tampoco lo pidieron. Nuestro contacto era con la Secretaría General, a cargode Cristian Abritta, donde llevé de manera personal el fallo, firmado diez díasantes de que saliera. Es decir que en el acuerdo del 22 de octubre ya tenían elvoto de Fayt”.

Lorenzetti tenía como objetivo lograr la mayoría de votos contra Clarínsin su intervención, para congraciarse tanto con el gobierno como con elholding, pero el tiro le salió por la culata. No lo logró y debió desempatar.Mantuvo la indefinición hasta el instante anterior a la firma de la sentencia.

Para Enrique Petracchi, quien sabía leer bajo el agua, las conductas deLorenzetti resultaban “escurridizas”. Lo apreciaba en las visitas asiduas que lehacía a su despacho para asegurarse cómo enfocaba su voto. En variasoportunidades el ministro se negó al pedido de Lorenzetti para que se sumara alos obiter dictum, o aclaraciones finales (serían claves). Para él excedían a lacausa y no correspondían. Lo analizaba como un guiño a Clarín. “Queríaquedar bien con los dos rivales, a uno le debía el cargo y la caja, y con el otroponía en juego su futuro”, aseguró Petracchi en ese momento a un referente delmultimedios que lo increpó:369

—Mire, el hombre anda diciendo que usted votará por laconstitucionalidad. Petracchi, con su elegante porte, le contestó:

—Bueno, puede ser que ese sea mi voto, aún no lo firmé. Pero el queestá extremadamente interesado en que así sea es él —en referencia aLorenzetti.

—¿Cuál será su interés?

—El señor sabrá. Pero quiere que me sume a su proyecto de los obiterdictum o aclaratorias en la parte resolutiva, porque esa es su negociación conClarín. Y eso es un mamarracho, no es parte de una resolución judicial. Deninguna manera lo aceptaré —dijo el ministro que había integrado la polémicaCorte menemista.

—A Clarín le vende humo... —murmuró el interlocutor.

—Eso que me pide Lorenzetti no lo voy a firmar, y creo que la ley esconstitucional —reconoció Petracchi.

Sus amigos recuerdan a Enrique Santiago Petracchi como un operadorpolítico de excelencia, hacedor de destacados fallos, entre ellos sobre lalibertad de expresión. De histórica militancia y afiliación al PartidoJusticialista, no podía traicionar sus propias convicciones.

Petracchi, a pesar de mantener una relación cordial con Carlos Zannini,no pudo evitar las presiones. En septiembre de ese año, el gobierno —sin lavirulencia que ejercería con Fayt— lo habría invitado a que se jubilara.Petracchi contaba con sentencia firme a su favor en el juzgado 12 del fueroContencioso Administrativo, ante la jueza subrogante María Cristina CarriónDe Lorenzo, para seguir en el cargo de manera vitalicia tal como lo consiguióFayt. Ambos tenían el blindaje legal por haber asumido el cargo antes de lareforma constitucional de 1994, que fijó el límite jubilatorio a los 75 años. Noobstante, algo muy extraño sucedió en el expediente del reclamo sobre sucargo vitalicio que había cursado el gobierno.

El Estado desistió de continuar el pleito ante la resolución favorable dela Cámara Contencioso Administrativa. Petracchi logró su propósito: seguir en

su cargo pese a superar los 75 años. Pero, en plena bronca por la Ley deMedios, el 6 de febrero de 2013, el abogado Marcelo Eduardo Laborda sepresentó en el expediente, sin ser parte interesada, y solicitó la nulidad de laresolución que favorecía a Petracchi. Presentó un escrito digno de ser leídodada la desproporcionada jurisprudencia nacional e internacional queincorporó. La jueza, también raro, admitió el trámite primero y luego lorechazó. Esperó hasta el 10 de septiembre de 2013, cuando, curiosamente,Petracchi ya había emitido su voto a favor del gobierno.370

La causa Clarín no era una más. Los ministros trabajaban cada uno en suvoto. Mientras Fayt y Petracchi recibían presiones del gobierno, Lorenzettimantenía línea directa con Jorge Rendo —presidente del Grupo Clarín— ymás de una vez se reunieron en el departamento de un tercero, como lo sostuvoun colaborador del presidente de la Corte. Le aseguraba que la balanza seinclinaría hacia Clarín, comentaron desde el Grupo, aunque cada vez quepodía les recriminaba, “la manera en la que se referían a él en el diario”. Leshablaba con tanto aplomo que, en un principio, los directivos estabanconvencidos de que “ganaban la pulseada” pese a que sus abogados —curiosamente como el gobierno— desconfiaban de la “palabra” del juezsupremo.

En otra de las reuniones con directivos de Clarín, Lorenzetti volvió agarantizarles resultados a los directivos.

La pulseada final

A dos semanas del fallo, el hermetismo era total. El multimedios norecibía más señales ni mensajes de Lorenzetti. Empezaron a surgir fuertesrumores desde el Palacio de Justicia acerca de que la balanza se habíainclinado hacia el gobierno.

Al arribar a la reunión del martes 22 de octubre de 2013, los ministrosse saludaron con respeto, hicieron chistes y pidieron té con galletas de agua.Algunos optaron por café, algo que solían hacer de manera tan habitual comoceremoniosa. Cuando se aprestaban a tratar los temas previstos en el orden deldía, Petracchi se adelantó y dijo que había que resolver la Ley de Medios ya,en ese mismo momento, y planteó su completa adhesión a la constitucionalidadde la norma. De esta manera, como si lo pusiera a prueba de parte del

gobierno, acorraló a Lorenzetti quien, en su rol de presidente del cuerpo, erael encargado de buscar consenso. Petracchi, el antecesor de Lorenzetti en lapresidencia de la Corte, no dudaba en enfrentarlo las veces que podía. No loconsideraba digno de ser supremo, recuerdan sus más cercanos colaboradores.

Lorenzetti ya contaba con cuatro votos para aprobar toda la ley,Zaffaroni, Highton de Nolasco, Petracchi y el suyo, pero sus colegas no losabían. Maqueda, Argibay y Fayt se negaron a sacarlo antes de las eleccioneslegislativas del 27 de octubre, para no influir en los resultados electorales.Además, ellos no estaban de acuerdo con “no reconocer los derechosadquiridos”, como cuestionaron. Hasta entonces, estos creían que Petracchi yLorenzetti también convalidarían el plazo original de vigencia de las licencias.Sin embargo, con destreza y oficio de juez, Petracchi señaló que “no secercenarían derechos al multimedios porque ante un daño patrimonial podíaaccionar judicialmente”. En su postura lo acompañó Raúl Zaffaroni. Maquedaintervino, confundido, y dijo: “Pero no tenemos la mayoría...”, que de sietejueces sería de cuatro.

“Podríamos tenerla”, le aclaró Lorenzetti casi sin gestos en la cara. Anteel asombro de sus pares, parecía haberse alineado junto a los que aprobaríantoda la ley: Zaffaroni, Highton de Nolasco y Petracchi. Ya se percibía queserían cuatro contra tres: Fayt la rechazaba de plano. Maqueda y Argibayaprobaban el artículo 45, pero invalidaban el 161. Zannini se enteró de manerainmediata de lo sucedido.371

El ambiente de convulsión entre los magistrados disidentes fue total.Estaban asombrados de los recursos de Lorenzetti, recordaron los ministrosconsultados. “Te vas a sorprender”, le advirtió Zaffaroni a un juez amigo quele juraba que Lorenzetti votaría por la inconstitucionalidad y defendería lalibertad de expresión. La actitud del presidente demostró lo que sospechabaCristina Kirchner, que dejaría un canal abierto a Clarín para iniciar todos losplanteos judiciales que consideraran y así entorpecer cada una de lasdecisiones del gobierno y del titular de la Afsca.

Esa semana fue crucial, la vigilancia en el Palacio de Tribunales setriplicó y los funcionarios y jueces se blindaron. El viernes anterior a laselecciones legislativas del domingo 27 de octubre, Zannini se comunicó conLorenzetti porque ya avizoraba la derrota kirchnerista y le pidió “lealtad”,

confiaron desde el kirchnerismo. En consecuencia, Lorenzetti ordenó alsecretario general de la Corte, Cristian Abritta, que dispusiera la resoluciónpara resolverla en el acuerdo del día martes 29 de octubre. Abritta trabajó atoda velocidad durante ese fin de semana y el lunes terminaron de pulir losdetalles.372

Ante la rotunda victoria del intendente de Tigre, Sergio Massa, en laprovincia de Buenos Aires, la Corte debía cambiar la agenda política y darle ala ex presidenta un “espaldarazo”. Se pretendía “frivolizar” el procesoelectoral ante la derrota kirchnerista en los principales distritos.373

Había llegado la hora. Aquel 29 de octubre de 2013, Lorenzetti debíacumplir con su palabra. Fue así que tan solo minutos antes de ingresar a laSala de Acuerdos, mandó el mensaje al Grupo Clarín: “No les puedo dar lainconstitucionalidad pero lean los obiter (aclaraciones finales)” y cortó lacomunicación con el alto directivo.374 Sin más opciones, Lorenzetti, definiósu voto por la constitucionalidad de la Ley de Medios. Highton de Nolasco,Zaffaroni y Petracchi también se inclinaron por la legalidad de la norma.Argibay y Maqueda lo hicieron por la inconstitucionalidad parcial y avalaronlos derechos adquiridos de Clarín. Fayt optó por la inconstitucionalidad totalde la norma.

“Se puede notar en el voto de Fayt, en relación al de los otros ministros,que no hay un diálogo ni objeciones entre ellos, se manejaron solos. Faytestaba interesado en que se tratara de una sentencia clara, que no dejara dudas,ni habilitara interpretaciones. Se expresó por la inconstitucionalidad en cuantoa la manera de reglamentar, mantener las licencias, y dijo que no había formade desnaturalizar un derecho otorgado, en claro aval al derecho de propiedad.Su preocupación se centró en la libertad de expresión y en el derecho de losconsumidores, en esto último también lo acompañó Argibay”, destacóHirschmann.

La mayoría de los ministros no compartían la necesidad de incluiraclaratorias en el texto por considerar que excedían la resolución. La ideapropuesta por Lorenzetti sugería “la inaplicabilidad de la ley”. Le dio la razónpolítica al gobierno, aunque quería congraciarse con la empresa, insistierondesde el alto tribunal. “Mirándola ahora de lejos, me pareció que la sentenciadejó muchas dudas”, de hecho “no hubieran sido necesarios los obiter o

aclaratorias si se votaba como lo hizo Fayt”, concluyó Hirschmann.

Tras el acuerdo histórico en el que por mayoría de votos los ministrosresolvieron la constitucionalidad de la Ley de Medios, Maqueda increpó aLorenzetti con enojo mayúsculo ya que habían acordado otra cosa. Le habíaocultado que la mayoría de los votos estaba constituida desde mucho antes. Lapelea, en duros términos, los mantuvo distanciados durante un tiempo.375

Lorenzetti no solo había asestado un duro revés a su compañero de laCorte sino también al holding que tanto odiaba el kirchnerismo.

La decisión, que en principio se esperaba para finales de noviembre,sorprendió. Fue un “golpe inmenso, un cimbronazo”, aseguraron desde elGrupo Clarín. Pese al hermetismo con que se manejaron en la Corte durantelas últimas semanas, dos días antes de que saliera el fallo les había llegadocuál sería. Siempre les aseguró que a su favor, pero Clarín, dudaba, nuncaconfió del todo.

Mientras el editor responsable del diario, Ricardo Kirschbaum, serefería a Lorenzetti como “mesiánico”, el gobierno festejaba el triunfo.

Sin micrófono en Clarín

Lorenzetti intentó justificarse ante Clarín pero no le respondieron losteléfonos. La guerra no había terminado, empezaba una nueva batalla.

Ese mismo día que salió el fallo, la directora del CIJ, María Bourdin,llamó a Carlos de Elía —gerente de noticias de Artear, Canal 13 y TodoNoticias—, quien había sido su maestro en el master de la Universidad de SanAndrés, e intentó explicarle que ni ella sabía el resultado. Se mostróangustiada.

Inmediatamente Bourdin se comunicó con la producción del periodistaJorge Lanata para ofrecerle una entrevista de Lorenzetti, en exclusiva, pero sela rechazaron. Lo propio hizo desde radio Mitre Marcelo Longobardi. Bourdinlloraba, no podía creer que el multimedios más influyente de la Argentina ledijera que no, aseguró a sus colaboradores. Todos los medios querían lapalabra de Lorenzetti, menos Clarín. Pero más aún, su enojo se proyectaba

hacia Lorenzetti, quien también le había asegurado que la resolución sería“favorable a Clarín” y había bajado esa línea a los periodistas que laconsultaban a cada instante. Estaba desconcertada, pero al mismo tiempoconfió que quería que esto terminara de una vez. De cualquier manera, laprimicia sobre la constitucionalidad de Ley de Medios la tuvo el GrupoVeintitrés del empresario Sergio Szpolski, alineado al kirchnerismo, e Infobae,de Daniel Hadad, como la misma Bourdin reconoció en una entrevista a larevista Noticias.376

El presidente de la Corte quería explicar el fallo. Aceptó que seencontró con Cristina Fernández de Kirchner, pero dijo que nunca hablaronsobre la Ley de Medios y que Clarín lo había censurado. “Hasta hace unasemana, esta era la Corte que le ponía límites al gobierno, ahora parece queno”, declaró Lorenzetti en una entrevista al diario Perfil y la revista Noticias.“Y sí. Si yo quiero explicar esta sentencia en Clarín, ahora no podemos. Ya seles va a pasar, supongo. Cuando sacamos el 7D, nos dijeron que recibimossobres de Magnetto, ahora hablan del pacto. Son los sectores extremos,nosotros no les prestamos atención”, explicó.

Respecto a la supuesta inaplicabilidad de la ley y los cuestionamientosen la sentencia sobre la actuación de la Afsca, dio a entender que la Cortedejaba la puerta abierta a impugnaciones. “Eso está claro en el fallo, pero nofue planteado en el expediente, y no podemos resolver cosas que no están”,retrucó en alusión a la defensa de Clarín. “Llegué aquí porque creo que losargentinos tenemos que participar, pero durante estos diez años he pagadoaltos costos personales. Altísimos. Acá hay gente que no tiene ningún límite,atacan a la familia, los hijos, cualquier cosa. La verdad es que uno se cansa”,se desahogó el ministro.

Tiempo después, cuando las aguas se calmaron, Maqueda habría sidoquien intermedió para que se reunieran Rendo y Lorenzetti en un cóctel. Perola distancia con el Grupo aún persistía. Por ello, Lorenzetti insistió enexplicarles que para él la ley era “absolutamente inaplicable y que por lo tantono iba a tener efectos”. Además, les resaltó a los directivos de Clarín que enlas aclaraciones impuso la “igualdad en la disponibilidad del tratamiento”,respecto de las otras empresas de medios y la “imparcialidad de la autoridadde aplicación”. Dicho de otro modo, que la ley debía aplicarse a todos por

igual y no solo al Grupo Clarín, como en cierta manera parecía intentar elgobierno al suspender su aplicación a otras empresas. Lo de la“imparcialidad” significaba que Sabbatella estaba fuera de juego.

Para intentar recomponer relaciones, Lorenzetti resolvió a favor deClarín una serie de causas relacionadas a la fusión de Cablevisión y Fibertel.Aunque muchas de ellas, en el interior del país, corrieron otra suerte.

Vamos por todo

Dos días después del fallo de la Corte, Sabbatella —que no se habíadado por aludido con los fundamentos añadidos de la sentencia—, se presentócomo un elefante en un bazar —como solía decir Carmen Argibay en relacióna Aníbal Fernández—377 en el edificio de Clarín, sobre la calle Piedras al1800, e inició la transferencia forzosa de las licencias. Le otorgó 15 días a laempresa para responder la notificación. Esta lo consideró “un avance de factodel gobierno sobre los medios del Grupo Clarín, al margen de la ley y de loestablecido en el propio fallo de la Corte”, como lo expresó en uncomunicado.

Clarín presentó su plan de adecuación voluntaria a principios denoviembre de 2014, en base a una nueva ingeniería societaria. Pero por lasupuesta vinculación de las sociedades a accionistas y otras firmas del Grupo,la Afsca —que había sido benevolente con otros grupos— lo rechazó eimpulsó el proceso de oficio.

Ante un amparo presentado por Clarín, el juez Alfonso otorgó la medidacautelar por la que, una vez más, se frenó el avance del gobierno por seismeses. La Afsca apeló, pero los camaristas mantuvieron la suspensión de laadecuación de oficio. El pronóstico de Lorenzetti empezaba a develarse, la leyresultaba “inaplicable”. Dicho en criollo, pese a ser constitucional, no sepodría implementar por una serie de falencias técnicas según su apreciación,las que incluso reconocería más tarde. Sabía esto desde un principio, y ese erasu razonamiento, pero jugó con ambos bandos, se lamentan desde elkirchnerismo y la empresa.

En el ocaso kirchnerista, el desgaste no solo había afectado a los rivales.Los coletazos de una larga batalla se sintieron en el seno de la Corte y en sus

ministros. Peor aún, la naturaleza se cobró factura, el máximo tribunal perdió atres de sus integrantes: Carmen Argibay falleció el 10 de mayo de 2014,Enrique Petracchi el 12 de octubre de 2014 y en enero de 2015 EugenioZaffaroni se jubiló al cumplir 75 años. El “maestro de jueces” como le decíana Fayt sus amigos y alumnos resistió con hidalguía los agravios del gobiernopor su edad. Por conversaciones que quedarán puertas adentro del Palacio deJusticia, Fayt firmó la renuncia el 15 de septiembre de 2015, pero aclaró quesería efectiva a partir del 11 de diciembre y dejó la renovación del altotribunal al próximo gobierno, el de Macri.

Por segunda vez, la Corte debía dirimir la contienda de la Ley deMedios a solicitud del gobierno y la Afsca. Es decir, si habilitaba o no alEstado a que obligara a Clarín a desinvertir de oficio o por el poder de lafuerza. La disputa original estaba otra vez sobre la mesa sin resolución defondo, porque para Lorenzetti la ley era inaplicable. La cuestión salía a la luzpara las partes. En esta etapa, cuando ya había pasado la tormenta política y elkirchnerismo perdía poder, la balanza se inclinó hacia Clarín.

En el último acuerdo del año, el 10 de diciembre de 2015, un día antesdel retiro de Fayt, con su firma, la de Lorenzetti y Maqueda, rechazaron eltratamiento del caso al carecer de una sentencia firme. Única vía quehabilitaba la intervención de la Corte. De esta manera, tres de los cuatro losministros dejaron vigente la cautelar que luego fue extendida hasta el 16 deenero de 2016 por Alfonso. Para el kirchnerismo, los ministros le permitieronal Grupo Clarín seguir “al margen de la ley”. Les resultaba “preocupante queuna parte del Poder Judicial se inclinaba por defender el poderío” del grupomediático.

La llegada de Macri a la presidencia, en diciembre de 2015, le diorespiro378 al Grupo Clarín. Modificó la Ley de Medios a través de un decretoque liberó al holding de la disputa. El gobierno de Macri eliminó la Afsca ycreó el Ente Nacional de Comunicaciones (Eracom) e impulsó una nuevanorma con debate e intervención de especialistas, organizaciones nacionales einternacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientraspara los críticos esta decisión avaló la concentración mediática, los directivosde Clarín se adjudicaron “haber cambiado la historia de la Argentina”, con losinformes de investigación y la línea editorial del medio “crítico e

independiente”.

La guerra por la Ley de Medios entre el kirchnerismo y Clarín llevóaños, implicó un desgaste descomunal para ambas partes, pero Lorenzetti, elhombre que siempre sale a flote, salió fortalecido. Manejó los tiempos a suantojo, conspiró con unos y otros, jugo con tantas barajas como quiso, yconservó su tesoro: “la caja” del Poder Judicial. 341. La Ley de de Serviciosde Comunicación Audiovisual o Ley de Medios se registró con el número26.522, y fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial el 10 de octubre de2009.

342. www.cfkargentina.com, 21 de octubre de2009:http://www.cfkargentina.com/cfk- anuncia-la-implementacion-de-la-nueva-ley-de-medios/

343. Clarín, Alejandro Alfie, 18 de noviembre de 2012:http://www.clarin.com/politica/Gobierno-medios-beneficio-grupos-adictos_0_812918811.html.

344. El juez federal Raúl Tettamanti acusó al entonces ministro deJusticia, Julio Alak, y a miembros kirchneristas en el Consejo de laMagistratura de haberle generado “violencia moral y un grado deintranquilidad personal y familiar” que le impedían continuar como magistradoa cargo de la causa Clarín y presentó la renuncia ante el presidente de laCámara Federal, Martín Farrell. La Nación, 11 de octubre de 2012:http://www.lanacion.com.ar/1516184-el-juez-tettamanti-renuncio-por-violencia- moral. Se sumó a ello una serie de denuncias del gobierno en elConsejo de la Magistratura contra los camaristas en lo civil y comercial, entreellos, Francisco de las Carreras, luego de que reconociera haber viajado eseaño a un congreso en Miami invitado por el Centro de Estudios para elDesarrollo de las Telecomunicaciones (Certal) —una ONG integrada yfinanciada por el Grupo Clarín—. Página 12, 3 de noviembre de 2012. Entanto, las recusaciones a otros camaristas también fueron parte de la puja comoen el caso de Guillermo Antelo y Ricardo Guarinoni, aunque luego fueronconfirmados. Página 12, 3 de diciembre de 2012:http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-209107-2012-12-03.html.

345. Fuentes consultadas y del análisis de Diarios sobre Diarios de

fecha 4 de noviembre de 2013 en el sitio web:http://www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/notas/1/13575-ricardo-lorenzetti-le-da-un- giro-a-la-polemica-por-las-supuestas-presiones-previas-al-fallo-judicial.php#.V9WS75PhC8U.

346. Resolución de la Corte a finales de octubre de 2012.

347. Télam, 25 de agosto de 2013:http://www.telam.com.ar/notas/201308/ 30026-la- ley-de-medios-lleva-cuatro-anos-de-disputas-judiciales-que-impiden-su-aplicacion- plena.html.

348. Fuentes judiciales y del gobierno de Cristina Fernández deKirchner consultadas para este libro.

349. Infobae, 16 de octubre de 2012: http://www.infobae.com/2012/10/16/676258- la-sip-cuestiono-la-argentina-su-ofensiva-contra-los-medios-prensa/

350. A mediados de diciembre de 2012, la revista >Veintitrés, delempresario Sergio Szpolski, cercano al gobierno publicó el “intento de coartarla libertad de expresión por parte del titular de la Corte, a dos periodistas demedios escritos que habitualmente cubrían temas judiciales”. A partir del“desagrado por los comentarios vertidos en sus notas, la invitación a losperiodistas a no asistir más a las reuniones que cada martes manteníaLorenzetti con profesionales de La Nación, Clarín, Tiempo Argentino, Página12 y Perfil entre otros, como así también agencias de noticias llegó en un casopor parte de un secretario privado de la Corte y en el otro por la propiadirectora del CIJ, la periodista y abogada Bourdin. Ambos periodistasprefirieron no hacer pública la situación en el ámbito judicial, pero recibieronel fuerte respaldo de sus compañeros y de las autoridades de los mediosdonde trabajaban. Según surge de nota publicada en la tapa de la revista>Veintitrés el día 13 de diciembre de 2012, Capital Federal, Buenos Aires.

351. Comunicado de la Corte Suprema publicado en el Centro deInformación Judicial (CIJ), 27 de junio de 2013: http://www.cij.gov.ar/nota-11737-Comunicado-de-la- Corte-Suprema-de-Justicia-de-la-Naci-n.html.

352. La Nación, 2 de julio de 2013:

http://www.lanacion.com.ar/1597239-ricardo- echegaray-sobre-ricardo-lorenzetti-es-impropio-que-la-corte-suprema-pida-tratar- cues.

353. Tres periodistas consultados y dos funcionarios judiciales queparticiparon de la situación. Los entrevistados para este libro prefirieron elanonimato.

354. Fuentes consultadas de la Corte y de la Cámara de ApelacionesCivil y Comercial de la Nación para este libro.

355. La Nación el día 8 de abril de 2013:http://www.lanacion.com.ar/1570815-las- seis-leyes-que-propone-el-gobierno-para-democratizar-la-justicia. Página oficial de la ex presidentaCristina Fernández de Kirchner, 9 de abril de 2013:http://www.cfkargentina.com/los-seis-puntos-fundamentales-sobre-la-democratizacion-de-la-justicia-que-enviamos-al-parlamento/. La ley 26.853creó las Cámaras de Casación, La ley 26.856 estableció un régimenobligatorio de publicidad en Internet de las resoluciones judiciales, la ley26.857 estableció el carácter público de las declaraciones juradaspatrimoniales de los funcionarios públicos, la ley 26.861 instituyó un sistemade ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial, la ley 26.854 instauróun régimen de medidas cautelares en las causas en la que es parte o intervieneel Estado, la ley 26.855 tuvo por objeto modificar la integración y selecciónde los miembros del Consejo de la Magistratura, como así también el régimende mayorías para la adopción de las resoluciones pertinentes en el ámbito desu competencia. La información surge del libro >Derechos, racionalidad yúltima palabra, del constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, Ediar, 2014.

356. Radio Nacional Rock, entrevista que Eugenio Zaffaroni otorgó alprograma Territorio Comanche el 14 de abril de 2013.

357. “… Entré al portal del Centro de Información Judicial y cliqueé ellink que decía: Nota de la Junta de Presidentes de Cámaras. Encontré entoncesque, en lugar de la nota que nosotros habíamos firmado el lunes 15, había otra,fechada supuestamente el día 18 y firmada exclusivamente por el Dr. GustavoHornos, de cuya existencia no tenía conocimiento”. Pero su sorpresa noterminó allí. “Al leer la nota veo que el contenido era muy distinto al quehabíamos suscripto los presidentes. Asimismo, pude advertir que en el primer

párrafo el Dr. Hornos invocaba su calidad de presidente de la Cámara deCasación Penal y de presidente de la Junta de Presidentes de Cámaras demanera singular. Pero en los demás párrafos empleaba el modo plural (leagradecemos, vemos, queremos —tres veces—, consideramos —dos veces—y no podemos), con lo que se sugería estaría hablando en representación detodos nosotros. Pero yo, al menos, no fui consultado ni informado acerca deesta nueva nota. Cordialmente Héctor Guisado”. Surge textual del mail que elpresidente de la Cámara Laboral, Héctor Guisado les envió a sus colegas elmartes 23 de abril de 2013, sumado a documentación adquirida para estelibro. Desde ese antecedente la Junta de Presidentes de Cámaras, mantuvo almargen de sus decisiones a la Cámara de Casación, máximo tribunal penal delpaís, e incluso no sería considerado para presidir el ente que agrupa a lascámaras de todo el país.

358. Centro de Información Judicial, 24 de abril de 2013:http://www.cij.gov.ar/nota-11238-Comunicado-de-la-Corte-Suprema-de-Justicia-de-la-Nacion.html.

359. La Nación, 25 de abril de 2013:http://www.lanacion.com.ar/1576122-carrio- llevo-a-la-justicia-sus-pruebas-sobre-un-pacto-entre-cristina-kirchner-y-lorenzetti . Clarín, 25 de abril de2013: http://www.clarin.com/politica/Carrio-denuncia-Cristina- Lorenzetti-Justicia_0_907709397.html.

360. Surge de entrevista realizada a funcionarios judiciales y camaristasde esa instancia para este libro.

361. Surge de entrevista que el camarista Ricardo Guarinoni otorgó aldiario Perfil el 20 de abril de 2013, tal como surge del portal Diarios sobrediarios, sitio web:http://www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/hemeroteca.php?p_fecha=2013-04-20.

362. Entrevistas realizadas a secretarios letrados de la Corte Supremaque participaron de la causa en la que se disputaba la constitucionalidad o node la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

363. Surge de diversas entrevistas a secretarios letrados de la Corte

Suprema y funcionarios del alto tribunal.

364. Al cubrir la causa de la Ley de Medios durante el 2012 y 2013 tuvela oportunidad de realizar entrevistas a los ministros respecto la Ley deMedios entre otros temas que se dirimían en la Corte Suprema, en estricto offthe record.

365. Surge de entrevistas realizadas a referentes tanto del Grupo Claríncomo del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner queparticiparon en la puja por la Ley de Medios.

366. La Nación, Mariano Obarrio, 4 de noviembre de 2013:http://www.lanacion.com.ar/1635221-detras-de-la-sentencia-contra-clarin-una-larga- trama-de-negociaciones-reservadas. En adelante lo relacionado alas internas de la Ley de Medios en los acuerdos de ministros se refieren aesta fuente.

367. Entrevistas realizadas en estricto off the record a ministros de laCorte Suprema.

368. Entrevista realizada para este libro a Pablo Hirschmann, exsecretario letrado del ex juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt, el 19 de juliode 2016.

369. Entrevistas realizadas a funcionarios judiciales, abogados ysecretarios letrados en estricto off the record.

370. Laborda estaba relacionado con su colega, Germán GonzálezCampaña, un joven profesional que trabajaba en el estudio del ex ministro deJusticia y Seguridad, León Arslanián y estaba contratado en el MinisterioPúblico, según confirmaron altas fuentes judiciales.

371. Entrevistas realizadas a tres ministros de la Corte durante laresolución de la Ley de Medios, en estricto off the record.

372. Surge de entrevista realizada a secretarios letrados de la Corte y exministros del máximo tribunal que participaron de las circunstancias relatadas.

373. Revista >Noticias, “Los dos monstruos”, 24 de agosto de 2013.

374. Entrevistas realizadas el 11 de Julio de 2016 a los abogados delGrupo Clarín y a sus directivos para este libro.

375. Consultas realizadas a allegados al ministro de la Corte, JuanCarlos Maqueda, para este libro en estricto off the record.

376. Revista >Noticias, Francisco Zoroza, 19 de noviembre de 2013:ttp://noticias.perfil.com/2013/11/19/maria-bourdin-la-guerrera-de-la-corte/

377. Perfil, entrevista a Carmen Argibay, 26 de diciembre de 2009.(http://www.mdzol.com/nota/180480-la-jueza-carmen-argibaycomparo-a-anibal- fernandez-con-unelefante-en-un-bazar/).

378. El presidente Mauricio Macri emitió el dec. Nº 267 del 29 dediciembre de 2015 por el que se modificó la Ley de Servicios deComunicación Audiovisual y se creó el Ente Nacional de Comunicaciones(ENACOM).

Capítulo 8El relato LEl discurso del rey Ricardo (sin vacilar). La oratoria

perfecta. El cuidado de cada palabra para contentar a cada sector de laaudiencia. Libertad de expresión versus censura. Sentencias, medios decomunicación e intercambio de favores. La dudosa lucha contra la corrupcióny el narcotráfico. El Código Civil de Lorenzetti o cómo hacer historia ynegocio en la misma jugada. ¿El fin de su relato?

La apertura del año judicial se convirtió, a partir de Lorenzetti, en elacontecimiento de la temporada. El Poder Judicial aguardaba ese día con lamisma expectación con que el Congreso espera la apertura de sesiones.

Aunque estas inauguraciones del calendario judicial remiten a unatradición con especial raigambre en tribunales europeos y la Corteestadounidense, Lorenzetti logró darle en Argentina una dimensióndesconocida a partir de 2007, el año del debut en la presidencia del máximotribunal. La ceremonia lo tenía como único protagonista. Las miradas, gestosde admiración y aplausos no eran para compartir. “La vanidad es algo íntimo,personal y a ser posible, digna de enmascarar, pero alimentarla lo hace al serhumano sentir que es grande y a Lorenzetti gigante”, deslizó un juez habitué deestos actos.

Por lo general, sus discursos se extendían algo más de cuarenta minutosante un público repleto de magistrados, funcionarios judiciales, representantesdel Poder Ejecutivo, empresarios y directivos de medios de comunicación. Enel caso particular de los jueces, recibían un llamado previo de personal delCentro de Información Judicial a través del cual los “invitaban” a confirmar laasistencia para garantizarse una convocatoria masiva. La misma operación serepetía con la prensa, imprescindible para darle publicidad a un acto tansolemne.

Ese Lorenzetti no era el mismo que conocieron sus colegas cuando llegóa la Corte en 2004. Entonces, los ministros percibieron a un hombre tímido, debajo perfil, con un lenguaje campechano y alejado de tecnicismos jurídicos.

Hasta podía dar la impresión —nada más lejos de la realidad— de tenercierta inseguridad personal.

Lorenzetti pasó a liderar la Corte y a partir de allí fue otro. Richard —aldecir de su vocera María Bourdin—, cambió hasta el modo de mirar. Lapostura corporal, con los hombros para atrás, era la de un hombre firme, conpisada segura. Sacaba pecho en sentido real y figurado. No dejaba nada alazar, ni el movimiento —escaso— de las manos ni los gestos y miradas deatención a cada rincón del auditorio. El tono, factor determinante sobre elresto, era pausado y con mesura. Didáctico, lejos estaba de poder ser acusadode pedantería, soberbia o, como le sucedió a Cristina Fernández, de “maestrociruela”. Lorenzetti era y es, sin lugar a duda, el rey de la oratoria. Escribíasus discursos con la misma maestría con la que los pronunciaba (sin mirar alpapel). Por naturaleza —o aprendizaje posterior— los embellecía conpinceladas de experto en liderazgo y marketing. En el centro de ese desplieguede habilidades estaba lo más importante, el contenido, la selección de lostemas. No leía y no vacilaba. Sus ojos peinaban la platea, la recorrían de unextremo a otro. Nadie podía quedar fuera de su ángulo de visión. Buscabahalagar a todos y principalmente, reconfortar a los jueces, convencerlos deque la independencia judicial existe (a su modo), que la autarquíapresupuestaria estaba garantizada y que la división de poderes —eternamenteen la cuerda floja— era un hecho a su medida.379

El presidente de la Corte Suprema ejercía y se asumía como tal.Dedicaba frases a la familia judicial, a la ciudadanía y a la dirigenciapolítica.380 A lo largo de estos años, los rasgos y ejes de sus discursosrondaron siempre por esos terrenos en los que se mueve con soltura yflexibilidad de contorsionista. Democracia, seguridad, independencia yceleridad judicial son algunos de los términos y conceptos favoritos. “Porquela justicia lenta no reconforta”, decía como, por cierto, demandó el presidenteMauricio Macri al llegar a la Presidencia.

Lorenzetti siempre tuvo los pies en la tierra. Sabía de la desconfianza delos argentinos en la justicia y consideraba que había que cambiar esapercepción. “Tenemos que acercar la Justicia a la población”, solía repetir encasi todos sus discursos de apertura de año judicial. Buscaba que los jueces sepreocuparan por las problemáticas ciudadanas y mostrasen sensibilidad

social. “El juez debe mirar a la sociedad, el juez pasivo debe dejar paso aljuez activo”, insistía.

El tema del dinero no brillaba en sus discursos sino, para alegría de losmagistrados, entre las paredes del Palacio, salvo los insistentes pedidos de“autarquía financiera” al Poder Ejecutivo. Durante el decanato al mando de laCorte evitó que los magistrados pagaran impuesto a las ganancias. Paradojasde la vida, antes de ocupar ese puesto —parecido a acariciar el cielo con lasmanos para él y para cualquier juez —, pensaba que los jueces debían tributarigual que cualquier ciudadano. Entre sus logros figura uno que no era fácil:mostrar un Poder Judicial unido, por lo menos en las formas. Atento a lasdemandas sociales, posteriormente incorporó la inseguridad y el narcotráfico,entre otros temas, a su agenda pública.

La puesta en escena de sus discursos, pese a recordar las de CristinaFernández — con quien compartió los doce años del kirchnerismo y a quien ledebe su nombramiento—, no tenían nada que ver. Lo único que ambos teníanen común en sus intervenciones públicas era que los dos eran las figurascentrales, hablaban y actuaban —como los directores de orquesta— desde unatril. Quizás, también, las menciones de los excluidos y marginados, deaquellos sin las mismas posibilidades que el resto. Zigzagueaba entre el rol dejuez y justiciero.381 “A los ciudadanos les decimos que no tengan temores,que la Corte está para proteger. Tenemos que brindar protección, seguridadjurídica y previsibilidad. Necesitamos un poco de docencia constitucionalentre todos. Esto no impide la acción del gobierno”,382 proclamaba. En claraalusión a la Casa Rosada, se animaba a advertir: “nunca hemos dicho al poderpolítico lo que tiene que hacer, sino lo que es contrario a la Constitución. En elfútbol, nadie cambia el reglamento o el árbitro para ganar el partido”,383lanzó cuando el ambiente y los zarpazos del Ejecutivo a la Justicia rasgabanlas relaciones entre ellos. Lorenzetti se había colocado en el pedestal degarante de la democracia.

Los tópicos le encantaban. La razón era simple y la conoce cualquierpolítico con nociones básicas de seducción: si se saben explotar, siempre sonrentables. El del derecho a la libertad, en todos sus sentidos y significados, fueotro de los que ensayó. “Desde su fundación, este tribunal defendió la libertadde expresión (…) la posibilidad de ejercer la crítica y también el control de la

publicidad oficial, en tanto pudiera funcionar como censura encubierta”. Consus palabras se sumaba a la platea y apostaba a la unidad. “La Corte debeproteger la libertad. Los argentinos tenemos el derecho a vivir conforme anuestras decisiones personales sin que exista nadie con el poder de dirigirnos.No hay que tener miedo a la libertad, ni miedo a quienes quieranrestringirla”.384

Otra de las banderas que le entusiasmaba enarbolar era la de la luchacontra la corrupción y la impunidad. “Si el dinero público va a otro lado,indigna. Terminar con la impunidad tiene que ser una política de Estado.Debemos dar tranquilidad a todos de que esto no es un proceso político sinojudicial” (sic). El éxtasis debió ser total cuando se le ocurrió la gran frase delguión escrito y dirigido por su puño y letra: “Digámosle Nunca Más a laCorrupción. Nunca más y nunca menos”.385 “Causa indignación que hayaactos de corrupción cuando hay pobreza”, reiteró en abril de 2016 en elhomenaje a Julio César Strassera, el fiscal que en su famoso alegato final en eljuicio a las juntas militares dijo que había que decirle “Nunca más” a lasviolaciones a los derechos humanos. “Nunca más para la impunidad y lacorrupción”,386 parafraseó Lorenzetti.

El mensajero, un enviado especial

Con el objetivo de avanzar en acciones para transparentar lainformación, el 30 de mayo de 2006, la Corte Suprema creó el Centro deInformación Judicial (CIJ), la agencia de noticias del Poder Judicial de laNación Argentina.387 Se trata de un portal que concentra toda la actividadrelevante de la justicia. Surgió con la idea de actuar como puente con lasociedad. Además, buscó interactuar con los medios de comunicación. La ideano era nueva. Tenía como antecedente el sitio web que había sido impulsadopor el ex ministro Enrique Petracchi. Lo cierto fue que el CIJ se puso enmarcha recién en 2008, bajo la presidencia de Lorenzetti, quien lo mantuvobajo su órbita. Le dio un perfil más ágil y moderno, con alcance nacional yparámetros federales.

La nueva estructura anhelaba unir las diferentes instancias judiciales delpaís, garantizar el acceso a fallos completos y al derecho comparado yreplicar el CIJ en los principales centros judiciales de la Argentina. Muchosde estos fines no se cumplieron.

El presidente de la Corte designó sin concurso público, es decir demanera directa, como directora del CIJ a María Bourdin, una formoseñanacida en enero de 1974, abogada por la UCA de Santa Fe y con variasespecializaciones en medios. Ambos se habían conocido cuando ella loentrevistó para Infobae, un portal de noticias de Daniel Hadad. La designaciónsignificó el apartamiento y posterior jubilación del hasta entonces históricovocero de la Corte, Ricardo Arcucci.

Lorenzetti confió en Bourdin para que asumiera el doble comando delCIJ y de la Oficina de Prensa, con la función de dialogar con periodistas,informar, confeccionar resúmenes de prensa, organizar presentaciones del añojudicial y ante un eventual problema, comunicarse con los directivos de losmedios para amortiguar el tono de la información.

Rubia, ojos celestes, hija única de padres docentes de Formosa, Bourdinfue muchas veces el hombro en el que apoyarse para Lorenzetti, en especial entiempos de adversidad política. Además, fue la encargada de cambiarle laimagen. Un nuevo corte de pelo y el despojo del bigote, le dieron a “Richard”el estilo de yuppie neoyorquino que ella tenía en mente (de ahí el Richard),como la misma Bourdin lo reconoció. Trajes oscuros de diseño, camisasblancas con gemelos, y relojes de colección acompañaron la nueva estampadel magistrado. Dietas, gimnasio y running fueron parte de la rutina diaria.

Motivado por las sugerencias de Bourdin, el presidente de la Corteempezó a prestarle más atención al aspecto personal. Quería lucir bien, comoun galán. Así fue como comenzó un tratamiento estético con la mismadermatóloga que atendía al ex juez federal Norberto Oyarbide, quien dejó deconcurrir ante el repudio de los pacientes.

Cada visita de Lorenzetti al consultorio —ubicado a menos detrescientos metros del Palacio de Justicia, en Uruguay y Córdoba— implicabala puesta en marcha de un operativo a cargo de los hombres de seguridad y delsecretario privado. Bastaba una llamada para que la médica desalojara ellugar y recibiera, única y exclusivamente, al juez. No quería testigos. Uno delos hombres de seguridad revisaba antes el consultorio y recién entonces elministro subía para ser atendido por la profesional que integraba el padrón dela obra social de los judiciales.

Entre los jueces lo consideran un fashionista o metrosexual, y saben desu gusto por la estética; como también entre los que lo conocen en su ciudadnatal Rafaela, aunque allí comenten risueños “aunque al mono lo vistan deseda…”, en alusión al apodo juvenil que se granjeó por inquieto y ambicioso.

El vínculo que Lorenzetti entabló con Bourdin fue de estrecha confianza.A punto tal que algunos periodistas y empleados se asombraban cuando ella lointimidaba o ponía en evidencia con miradas y comentarios, como lorecuerdan funcionarios judiciales. “Hasta gritos se escucharon desde eldespacho de Lorenzetti, porque ella le arrojó una silla por la cabeza y muchasveces se la vio a la señora Bourdin llorando”, recuerda un mayordomo de laCorte. En la práctica, Bourdin se convirtió en la vocera personal de Richard,pese a que eran siete los ministros de la Corte a los que presuntamente debíaatender. Así, por ejemplo, si un periodista quería entrevistar a los otrosmagistrados, debía hablar con sus secretarios privados.

Bourdin se había convertido en la voz —y los oídos— de Lorenzetti. Elministro veía en el CIJ una herramienta perfecta para resaltar la gestión en laCorte. Esto le valió la crítica de muchos de sus pares que entendieron en esaactitud, como reconocían en privado, una forma de “afianzar su jefatura depoder personalista”. Para estos, el sitio web le sirvió no solo para montar unsistema de publicidad y autopropaganda para cultivar su figura, sino tambiénpara mantener “una política de elogios y exaltación de su personalidad”. Lascontinuas “alusiones al ministro en el CIJ fueron un intento de destacarlo porencima de la institución. Esto perjudicó el sentido de justicia durante los diezaños de la presidencia de Lorenzetti, que sobre todas las cosas debió serdespersonalizada”, según el jurista Abel Cornejo. “La Corte es un órganocolegiado y por lo tanto no debe tener nombre y apellido o estar identificadocon una sola persona, porque no solo desdibuja al resto de los jueces, sino queademás la concentración de poder que logró Lorenzetti durante estos años hasido mayúscula al límite de rozar el autoritarismo”, continuó.

En el kirchnerismo van más lejos: “Lorenzetti ha construido un futuropolítico desde la Corte y muy destacadamente desde que aceptó presidir laredacción del Código Civil y Comercial de la Nación”, opinó elconstitucionalista y ex asesor del Gobierno de Cristina Fernández de KirchnerEduardo Barcesat:388 “Dijo cosas erróneas como que los jueces no

gobiernan. Eso es un disparate jurídico porque el Estado se compone de lostres poderes, pero además estamos ante un descontrol de los jueces, un poderaristocrático, vitalicio, no consensuado con el pueblo que se atribuye serlegislador en última instancia. Este desborde se lo adjudico a la segunda etapadel gobierno de la Corte de Lorenzetti”, concluyó Barcesat.

El presidente de la Corte Suprema diseñó una estrategia decomunicación particular. Cada martes, día previsto para los acuerdos deministros, solía reunirse con un reducido grupo de periodistas judiciales a losque les explicaba en detalle los fallos resonantes del día. Respondíapreguntas, en estricto off the record, e intercambiaba impresiones con losinvitados. Los encuentros los organizaba Bourdin, quien los convocaba aprimera hora de la mañana y esperaba a los periodistas a las 12:30 en elcuarto piso del Palacio de Tribunales. Lorenzetti los recibía en el despacho.Era una manera de abrir las puertas a la intimidad del trabajo. Con músicaclásica de fondo, saludaba con afecto, uno por uno, a cada profesional. Sabíanombres, historias y lo que cada uno escribía. Entre humoradas e ironías, cadatanto, el juez deslizaba el malestar por alguna nota u opinión publicada.

Los encuentros, en un principio, fueron novedosos para la dinámica de laCorte. Un modo de mantener un vínculo directo entre los medios y tribunal. Encada reunión se repetía la misma rutina: los periodistas se ubicaban en unamesa redonda; Bourdin repartía copias de los fallos del día que luego seríananalizados por el ministro y, una vez leídos y estudiados punto por punto, loscronistas formulaban preguntas que serían respondidas de inmediato. Lareunión terminaba con el saludo de Lorenzetti.

Parte del hábito era que Bourdin monitoreaba de reojo lo que lospresentes hacían con los teléfonos celulares. Buscaba evitar que se filtraranlas novedades por las redes sociales y de este modo reservar las primiciaspara el CIJ. El control llegó a su máxima expresión la mañana del 29 deoctubre de 2013, cuando se comunicó el fallo sobre la Ley de Medios. Enaquella ocasión, Bourdin, a pedido de Lorenzetti, obligó a los periodistas adejar los celulares afuera de la habitación por la “sensibilidad” del tema. La“paranoia” sobre la información había tomado rumbos impensados.

Fue la misma vocera quien implementó una política de premios ycastigos con los comunicadores. A algunos les facilitaba información interna.

A otros, los más díscolos, se las retaceaba y los llamaba, sin importar día nihorario, para increparlos si algo de lo publicado había disgustado a su jefe.Solía escuchársele decir, con cierto tono amenazante: “No escribas eso quesalgo a desmentirte”. Que fuera verdad parecía no tener importancia, destacanvarios de los periodistas que cubren temas judiciales.

En su origen, tanto jueces como periodistas vieron con visto bueno lacreación del CIJ. Sin embargo, aproximadamente cuatro años después, algunosmedios de comunicación entendieron que el sitio web competía por laprimicia judicial de manera “desleal”, ya que contaba con toda la estructurajudicial y un acceso irrestricto a la información. Eso motivó que en uno de losencuentros de los martes algunos periodistas, muy molestos, le plantearan laexistencia de dicha competencia, a lo que el ministro no supo qué contestar.

En el portal el lugar que ocupaba una noticia era decidido en personapor Lorenzetti y Bourdin. El dato no era irrelevante, porque todo lo que allísalía era reproducido en otros medios. Por eso muchos jueces le temían a lopublicado.389 Más allá de las críticas, Lorenzetti creyó que el CIJ era unamanera de dejar atrás la “vieja idea de que el juez hablaba solo por sussentencias”.390 Con ese criterio, también apostó al lanzamiento del CIJ TVcon múltiples plataformas para todo el país.391

Lorenzetti adoptó el modelo de la Corte de Brasil. De hecho, viajó ainteriorizarse sobre el funcionamiento y luego lo hizo Bourdin. Chile es otrode los países latinoamericanos que tiene un modelo similar, pero no compitecon los medios de comunicación tradicionales, como en un principio pretendíaLorenzetti.

Era una cuestión de tiempo que Bourdin quedara en el ojo de latormenta. Sucedió el jueves 17 de marzo de 2011 que el CIJ publicó la noticiatitulada “Lavado de dinero: piden información sobre causas abiertas en el paíscontra Hugo Moyano”. Allí el CIJ difundió un cable informativo392 querelacionaba, de manera directa, a Hugo Moyano y su hijo Pablo con lainvestigación que la justicia suiza realizaba. Se desató una controversia, nosolo por el posible entorpecimiento a la justicia que podría haber significadoesa divulgación, sino en especial por el funcionamiento del CIJ. El portalhabía sido el primero en dar a conocer una información que luego fuedesmentida por la fiscalía general de Suiza. Desde Ginebra aclararon que la

investigación no apuntaba a Moyano, sino a Covelia (empresa que prestabaservicios a diversas comunas del conurbano).393

El escándalo que se desató fue mayúsculo. La todopoderosa vocera,protegida de Lorenzetti, se vio en la obligación de presentar la renuncia a losministros. Pese al enojo, y sin olvidar el vínculo que mantenía con elpresidente de la Corte, se la rechazaron los primeros días de abril de 2011.Ella misma lo reconocería en una entrevista otorgada al diario Perfil. Eseepisodio evidenció lo que ya se sospechaba en algunas redacciones denoticias: el CIJ tenía la misma voracidad por la primicia que el resto de lasempresas periodísticas de capital privado.

No fue el único: el 29 de diciembre de 2014 se publicó —nunca se dijopor decisión de quién— en el sitio web del CIJ una Carta Abierta del juezClaudio Bonadio a la presidenta del Consejo de la Magistratura (GabrielaVázquez), donde le respondía los fundamentos de la resolución por la quehabía sido sancionado. La publicación fue muy criticada por el kirchnerismo.En especial por la diputada del Frente para la Victoria, Diana Conti, quiencuestionó al CIJ por considerar que la carta de descargo del juez (de índolepersonal) representaba información relevante del Poder Judicial. La diputadaseñaló que el accionar del CIJ constituía “un verdadero escándalo y undescrédito para el Poder Judicial”.394

La información judicial que se ponía a disposición del CIJ fue enaumento con la Acordada 15 del 21 de mayo de 2013. A través de esta, laCorte resolvió que todos los tribunales federales, nacionales y orales del paístenían la obligación de publicar todos los fallos en el sitio web judicial. Sibien en la acordada se hablaba de “exclusividad”, fuentes del alto tribunalsalieron del paso con la siguiente explicación: “los jueces podían informarsobre el fallo a quienes quisieran, pero no podrían dejar de publicarlo en elCIJ”.395

La decisión de la Corte recolectó críticas por la supuesta restricción alacceso a la información y por ende a la libertad de expresión. Estaba mal vistoque obligara a los jueces a informar sus sentencias con prioridad al CIJ y no aotros medios, como hasta ese momento era tradición. El portal supremo unavez más se garantizaba la primicia. Para caldear más el ambiente, la medida seconoció antes de que entrara en vigencia la ley que estableció como

obligatoria la publicación de todos los fallos judiciales (en el marco delproyecto de “democratización de la Justicia”). En paralelo también se produjoel lanzamiento de la agencia de noticias del Ministerio de Justicia: INFOJUS.Esta impronta levantó polémica porque ahora el CIJ —que representa a losjueces— tendría una competencia directa, la voz de los fiscales.

A Lorenzetti le obsesionaba la relación con los medios. Le irritaba ymalhumoraba que lo criticaran o publicaran alguna presunta irregularidadsuya. La sola idea de que lo investigaran o le pasaran el escáner delperiodismo lo sacaba de quicio. El contacto con los periodistas, las supuestasfacilidades para entregarles información y sus esfuerzos en ser cordialapuntaban a tenerlos de su lado. Hace unos diez años comenzó a organizar enel salón de té del cuarto piso del Palacio de Justicia un brindis con losacreditados en el tribunal, o como se dice en la jerga, los periodistas detrinchera. Los primeros encuentros fueron más austeros, con pocos invitados ycatering modesto. Sin embargo, de manera llamativa, durante 2013 cuando eltribunal dirimía la Ley de Medios, amplió las invitaciones a empresarios delrubro, secretarios de redacción, directores de diarios y revistas, columnistas yconductores de televisión. Los ágapes de la Corte eran todo un acontecimiento.Las imágenes se reproducían en el CIJ como un evento social de relevanciasimilar a lo que hacen las revistas europeas cuando muestran a personajes dela alta sociedad. Algo así como una versión criollo judicial de la revista Hola.Desde entonces, la conmemoración por el día del periodista y los brindis defin de año se convirtieron en cita obligada para quien quisiera ser alguien enese mundo. El aluvión de invitados, en creciente aumento, obligó a trasladar elfestejo al hall central del cuarto piso.

Perfil, La Nación y otros guiños a las finanzas de la libertad deexpresión

La Corte presidida por Lorenzetti tuvo un desempeño destacado en ladefensa de la libertad de expresión. De hecho, le valió en marzo de 2008 unpremio de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)396 donde se reconocesu desempeño en el caso “Diario Río Negro contra la provincia deNeuquén”.397 Allí los ministros pusieron límites al manejo discrecional de lapublicidad del Estado como herramienta de presión a la prensa. Para la Corte“no es lícito privar de avisos a un diario que difunde noticia contraria algobierno”.

El máximo tribunal resaltó en diversas oportunidades el lugarpredominante que la libertad de expresión ha tenido en un régimenrepublicano. Así, por ejemplo, en el caso “Patitó”398 en el que integrantes delCuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación, promovierondemanda contra el diario La Nación y contra el periodista Jorge Urien Berri,por considerar que la información que proporcionaron en varias notas —entre1998 y 1999— era equivocada, la Corte aplicó la doctrina de la real malicia.Esta postura jurídica protege a periodistas ante informaciones que sonerróneas o inexactas si se demuestra que el profesional o el medio no tuvieronmala intención. Plantea un estándar de tolerancia cuando en su opinión oinformación el periodista desconoce la veracidad, pero lo publica de buena fe(sin maldad o intención de daño). En el fallo “Di Salvo”399 (2010) “se da undiálogo entre la libertad de expresión y la doctrina de la real malicia muyinteresante”, explica Lorenzetti.400 En el caso un ex senador de la provinciade Buenos Aires demandó al Diario La Mañana por una información erróneaque había publicado sobre la extensión de unos terrenos de su propiedad, laopinión de los magistrados fue clara: “Tratándose de informaciones sobrefiguras públicas, cuando la noticia tuviera expresiones falsas o inexactas, losque se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión oimputación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de queeran falsas o con notoria despreocupación acerca de tal circunstancia”.

Una sentencia se destaca entre las demás que afectan a empresas

periodísticas. La de “Editorial Perfil c/ Estado Nacional”, que en mayo de2006, y por sugerencia de la SIP, inició la editorial ante la discriminación delgobierno a sus publicaciones y las excluía de la pauta publicitaria oficial. Elpleito perduró casi por seis años. Cuando la causa llegó a la Corte,401 estafalló a favor de la libertad de expresión. En la sentencia, del 3 de marzo de2011, el máximo tribunal se pronunció, de forma unánime, sobre la existenciay alcance de la obligación que tenía el Estado en materia de distribución de lapublicidad oficial y del derecho que asistía a los medios de participar de ella.Se condenó al Estado nacional a otorgar publicidad oficial a la editorialPerfil,402 que había quedado expresamente fuera de la distribución de lapauta desde la llegada de Néstor Kirchner al poder, en 2003. Recordaron loscriterios abordados en la causa “Río Negro”.403 Lo cierto fue que el Estadonacional nunca cumplió la decisión de la Corte, y eso motivó que Perfilcontinuase con el reclamo en la arena judicial.404

La resolución de la Corte, favorable a Perfil, tenía trascendenciainstitucional ya que estableció que el Estado no podía hacer diferenciasarbitrarias a la hora de distribuir publicidad, porque eso violaba el principiode igualdad. Era relevante para la libertad de prensa debido a queconvalidaba el derecho a la información y el pluralismo. La medida serviríade antecedente para otros medios críticos del oficialismo, discriminados através de la pauta publicitaria. La Asociación de Entidades PeriodísticasArgentinas (ADEPA) calificó a la decisión de “excelente” y lo consideró “unnuevo y positivo paso”.405

Casi cuatro años después, el 22 de octubre de 2014, la Editorial Perfil leotorgó el premio a la Libertad de Expresión a Ricardo Lorenzetti, en laFacultad de Derecho.406

Jorge Fontevecchia, CEO de la editorial, en una entrevista que le realizóInfobae, elogió a la Corte por su accionar en los fallos vinculados a losmedios de comunicación: “Es la mejor que hemos tenido a lo largo de toda lademocracia”. Además, explicó las razones del premio a Lorenzetti: “Lalibertad de expresión sigue complicada (…) y es necesario un apoyo de laJusticia al periodismo independiente porque solos no pueden. (…) Elperiodismo es un auxiliar de la justicia, así que nos parece lógico unir justiciay periodismo en el tema de libertad de expresión”.

Los halagos eran mutuos. “Recibo este premio en nombre de la Corte, nolo hago personalmente. Quiero decirles que, pase lo que pase, cualquiera seasu composición, siempre el tribunal va a defender la libertad deexpresión”,407 dijo Lorenzetti al recibir el galardón.

Sin embargo, las sonrisas por el premio recibido se transformaron engestos de desagrado cuando el sitio web Perfil.com publicó, un año después,el lunes 23 de noviembre de 2015, una nota titulada: “Los desafíos de Macrien la Justicia, cambios entre los kirchneristas y acuerdos con la Corte”. Elartículo tocó la fibra sensible —o el punto débil— de Lorenzetti. La notainformaba sobre los supuestos “retornos” en la cartelización de la obrapública del Poder Judicial, entre otras presuntas irregularidades graves. A lospocos minutos de haberse publicado la noticia en el portal sonó el teléfono enla redacción de Perfil. La vocera Bourdin exigió explicaciones y ellevantamiento inmediato de la nota. Sorprendentemente, los deseos fueronórdenes cumplidas.

La periodista que había escrito la nota —la misma que firma este libro— llamó esa misma tarde a la redacción para averiguar las razones por lasque su trabajo, una primicia, había sido eliminado del portal. La respuesta laencontró al día siguiente. Uno de los editores le comentó que habían llamadode la Presidencia de la Corte y que era preferible que pasara el tiempo, que secalmaran las cosas que, por el momento, no iban a publicar nada más del tema.“La orden vino de Fontevecchia”, terminaron reconociendo. El llamadotambién lo había recibido el CEO de la editorial.

No era la primera vez que llamaban de la Corte por una nota firmada porla cronista. En una oportunidad, y a pedido de Bourdin, se llevó a cabo unareunión en la sede del diario cuando este aún estaba sobre Chacabuco. En elencuentro estaban presentes los directores de los diferentes medios de laeditorial y la vocera de Lorenzetti. En la charla, Bourdin manifestó que no legustaba, para nada, lo que la periodista publicaba. Acto seguido les hizo verlo conveniente que sería su despido porque “esa periodista es indomable”,adujo Bourdin vestida de rojo fuego. La respuesta del secretario de redacciónde Perfil, Javier Calvo y del director de la revista Noticias, Edi Zunino, fuecontundente: “¡No!”. Defendieron la libertad de expresión y avalaron a lacolega. “La información no puede ser una copia de lo que publica el CIJ”,

argumentó Calvo a Bourdin. “Eso no es periodismo”, le dijo mirándola a losojos.

El triunfo de la libertad de expresión, frente al poder de la toga, tendríacorta vida. Aquella nota publicada en Perfil.com cambiaría el destino de lacronista. Antes, pese a la intermediación del director periodístico de Perfil,Gustavo González, y de Zunino, los editores del portal web decidieron —porsu cuenta o por orden de alguien— asegurar que había un “error” en lainformación y le solicitaron a la autora una serie de descargos de maneraverbal —como si se tratara de un examen— y vía mail. Pero la cronista nosolo contestó cada pregunta, sino que además presentó un informe detallado dela información respaldatoria con las pruebas y documentación que sostenían lanota levantada. La prueba aportada hacía imposible desdecirse. Hacerlohabría sido una falacia. A partir de entonces, esta periodista, especializada enjudiciales y acreditada por la empresa en la Corte, no volvió a publicar enninguno de los medios de la editorial en los que solía hacerlo. Atrás quedaronocho años ininterrumpidos de trabajo. En Perfil se impuso la ley del silencio.En la Corte, pletóricos, la hicieron desaparecer de los emails que solía recibircon información judicial. Nunca más volvió a la reunión de los martes conLorenzetti ni a ningún otro acto de la Corte Suprema de la Nación.

Seis meses más tarde, de manera inesperada (en relación a los fallosanteriores y tras el largo proceso judicial iniciado en el 2006), la Corterechazó, el 20 de mayo de 2016, un reclamo de Perfil contra el EstadoNacional. La editorial denunciaba la forma en que el gobierno acató —osimuló acatar— el cumplimiento del fallo que le ordenaba distribuir pautapublicitaria oficial a las publicaciones periodísticas de esa empresa. Algunoscolegas recordaron la frase de Escipión: “Roma no paga traidores”.

Tiempo después, Perfil volvió a publicar sobre el mismo tema “tabú”.Fue cuando el abogado Ricardo Monner Sans realizó la denuncia en la justiciafederal y el juez Rodolfo Canicoba Corral impulsó la causa por el presuntodelito de cartelización de la obra pública a través de funcionarios afines aLorenzetti, como ya se vio en el capítulo 5. En esta ocasión, la Corte volvió aintervenir, pero esta vez a través del CIJ que Perfil replicó en la web. “Enrelación con una noticia publicada en el diario Perfil del 31 de enero de 2016titulada Denuncian a ex funcionarios que dependían de la Corte Suprema,

desmentimos totalmente la misma en el sentido de que dichos funcionarios nodependen de la Corte Suprema”.408

Perfil continuaba la batalla judicial. La empresa peleaba por algo que lecorrespondía: la pauta publicitaria millonaria que le adeudaban. Desde el altotribunal, con la sartén de los tiempos de la resolución por el mango y el mangotambién, se hacían los distraídos con el fallo. Dicho por varios abogadoslitigantes ante la Corte y cuatro secretarios letrados consultados para estelibro, lo retrasaban deliberadamente, “estaban condicionándolo” ya sabemos aqué, decían la mayoría de ellos en clara referencia a la línea editorial delmedio. Para el medio gráfico significaba, quizás, la subsistencia.

Mass media

Desde que Lorenzetti llegó a la presidencia del máximo tribunal, semostró hábil en el manejo de los tiempos de causas sensibles. Un buenejemplo es la de “Asociación Editores de Diarios de Bs. As. (AEDBA) yotros contra el Estado Nacional-Afip”.

El pleito, tan interesante como complejo, se remitía a 2003 cuandoalgunos diarios y revistas, representados por diversas asociaciones,presentaron una medida cautelar por un decreto que modificó una disposicióndel 2001409 que les permitía utilizar o computar contribuciones patronales yaportes previsionales como crédito fiscal. Es decir, descontar estos (losaportes) de lo que se abonaba por el IVA. Durante más de diez años y mientrasestuvo vigente la cautelar, muchos medios —apelando a esa lógica— nopagaron la deuda con la Afip. Desde entonces, exigieron la creación de unrégimen diferencial de impuestos al Valor Agregado para sus empresas. Eseera el fondo de la cuestión.

La causa arribó a la Corte recién en 2009, luego de que la sentencia dela Cámara Contencioso Administrativo ordenara el levantamiento de lacautelar (contraria a los intereses de los medios). Casi al mismo tiempo, elgobierno de Kirchner tomó medidas alternativas para que las empresassaldaran deudas como la ley 26.476 mediante la cual podían lograr exencionesy multas. Aunque no muchas fueron por ese camino. Posteriormente, el decreto1145 (del 31 de agosto de 2009) permitió el canje de deuda por publicidadoficial y planes de pagos en cuotas. La mayoría de los medios aprovecharonesos instrumentos y renegociaron su deuda.410

Luego de esos acuerdos solo quedaron en litigio La Nación (280millones de pesos), El Litoral de Santa Fe (26 millones de pesos), la EditorialPerfil y Radiodifusora del Centro-Cadena 3 (23 millones de pesos cada uno),y el Cronista Comercial (15 millones de pesos).411 Otra medida del 2014modificó el IVA412 con una alícuota diferencial aplicable a las ventas,locaciones y las importaciones de diarios, revistas, publicaciones y espaciosde publicidad.

Tiempo después, el 28 de octubre del 2014, el máximo tribunal revocó

esa sentencia y repuso la cautelar a favor de los medios. De ese modo, lasempresas periodísticas litigantes continuaron eximidas del pago del tributo eintereses, además de no haber sido consideradas en falta o mora.

Lo particular del fallo fue que la Corte, que preside Lorenzetti, alresolver la medida cautelar y al permitir su continuidad por tantos años, secontradijo a sí misma. El criterio tradicional había sido que una cautelar nopodía mantenerse in eternum, dado que esto la asemejaba a una sentenciaanticipada. De hecho, ese criterio fue aplicado en la Ley de Medios, porejemplo, para agilizar la resolución del pleito.

Sin embargo, en esta sentencia, los jueces se fundaron en la “gravedadinstitucional” para sostener la medida. Para ellos “se encontraba amenazada lalibertad de expresión”. De esta manera si la Afip cobraba la deuda, se ponía“en serio riesgo de quiebra o desaparición a las empresas del sector”.Además, sostuvieron que las políticas fiscales del gobierno “no podían serutilizadas como instrumento para excluir a un grupo de los beneficios que seotorgan a todos los demás sectores de la economía y de ese modo indirectoafectar la libertad de expresión”.413

Con los votos de Fayt —a días de su partida del tribunal— y Maqueda,Lorenzetti logró la mayoría (de cinco integrantes se requerían tres votos) pararespaldar a los medios que acumularon deudas impositivas siderales durantelos últimos años. Zaffaroni no firmó la sentencia. Solo él sabrá si esa era unamanera de congraciarse con el gobierno. En tanto, Highton de Nolasco decidióplasmar su opinión y votó en disidencia, porque no estaba de acuerdo con elotorgamiento de un régimen de impuestos diferenciados.

Tras esta sentencia, la Afip hizo algo más que patalear y recordar a losantepasados de Lorenzetti y los jueces que lo secundaron. Presentó un recursoextraordinario para insistir en la postura. En esta etapa del pleito se registróun episodio donde los reflejos del máximo tribunal merecían salir en el libroGuinness de los récords. El Tribunal, con los mismos fundamentos de laresolución anterior y en solo tres párrafos, rechazó el 3 de diciembre de 2015la protesta de la Afip. Se basó en el artículo 280 del Código Procesal Civil yComercial (que permitía rechazar planteos sin fundamentos).

La Corte volvió a respaldar la medida cautelar a favor de los medios.

Además, avaló a la Cámara que ordenó crear un régimen diferencial del IVA,aunque aclaró que, mientras tanto, iba a continuar vigente el sistema(implementado en 2001) que permitía usar contribuciones patronales comocrédito fiscal.

Entre los argumentos se señalaba que los sistemas impositivos que sehabían utilizado durante el gobierno de Cristina Fernández podrían afectar “larentabilidad” de los medios de mayor envergadura así como la “continuidad”de los mismos.

La sentencia era clave para las empresas periodísticas porque evitaríaque se les cobrara la deuda que mantenían con la Afip. Sin esta “ayudita” a susfinanzas, algunos podrían haber quebrado. Para el kirchnerismo, se trató de ungran espaldarazo de Lorenzetti, en especial, al diario La Nación, con quienmantenía —sin tanto exhibicionismo como con Clarín pero con similarintensidad—, un duro embate. Tampoco faltaron los desconfiados que vieroncon malos ojos la visita que Fernán Saguier, subdirector de La Nación y unode los propietarios del diario, habría hecho a Ricardo Lorenzetti.414 Desde laCorte admitieron intermediaciones con Julio Saguier, presidente del directoriode la empresa y accionista, ante la consulta por esta causa.

Sospechas e internas entre los ministros rodearon esta última decisión.El trámite fue exprés. Bastaron solo once días para resolverlo. Los motivosdel extraordinario ritmo lo sabrían los únicos que accedieron al expediente:Lorenzetti y Highton de Nolasco.

En esos once días hubo tensiones y un escenario sin precedente. Unamago de divorcio judicial entre Lorenzetti y Highton de Nolasco.

Para el hombre, la rebeldía de la señora, con la que tan bien se entendíaen general, era un problema. La postura dilataba el trámite de la resolución yél tenía prisa. Las discrepancias terminaron en un duro cruce de palabras queresquebrajó la relación. Cortaron el diálogo y evitaron cruzar miradas.

Unos días después, el caballero, galante y respetuoso, fue a visitar a sucompañera de Corte a su despacho. Bastó un saludo cordial y un breve diálogopara retomar las buenas costumbres y volver a hablar el mismo idioma. Laconversación derivó en un viejo proyecto de Highton sobre los derechos del

consumidor. Hacía tiempo que la ministra pretendía crear una estructura que seabocara a la temática, similar a la que Lorenzetti había impulsado en materiade medio ambiente en la Secretaría de Justicia Ambiental. El proyecto no eranuevo, aunque estaba demorado. Quizás, Lorenzetti vio el momento justo paradarle un empujoncito y congraciarse con la ministra. Y aunque no consiguió suvoto para rechazar el recurso extraordinario de la Afip —detonante de todo loque sucedió— logró que no votara en disidencia. Favor por favor, habríaacordado la creación de la Secretaría Judicial de Relaciones de Consumo dela Corte, que estaría a cargo de Elenita Nolasco (hija de la ministra), quien,por cierto, ya trabajaba como secretaria letrado de Lorenzetti.

El 3 de diciembre se firmaron dos acordadas. La 36/15 creó laSecretaría Judicial de Relaciones de Consumo de la Corte, firmada porHighton de Nolasco, Fayt, Maqueda, Lorenzetti y el contador del alto tribunal,Héctor Marchi. La segunda por la que se designa a Elenita Nolasco a cargo dela nueva estructura fue la 37/15. En los hechos, se habría formalizado elmismo día (3 de diciembre) pero los documentos tenían fecha posterior (9 dediciembre)415. Tal vez para evitar susceptibilidades. Lorenzetti, Maqueda,Fayt y Marchi no objetaron la designación pese a la supuesta incompatibilidadde designar familiares bajo dependencia directa de aquellos. El nombramientofue cuestionado en la justicia federal por el abogado Patricio Kingston. El juezClaudio Bonadío y el fiscal Carlos Rívolo416 tienen la causa en sus manos.Pero había más.

De eso sí se habla

Los últimos años Lorenzetti al mando de su presidencia en el altotribunal se mostró más sensible a escuchar las demandas sociales. Incluyó ensu discurso un tema con el que supo deleitar a sus oyentes: la corrupción. Encada oportunidad que pudo reiteró su compromiso para combatirla. Tambiénremarcó la importancia de que las investigaciones por ese tipo de delitollegasen a buen puerto. Estaba convencido de que iba a generar confianza enlas instituciones. En especial, si se consideraba el hartazgo de la sociedad antelos casos de funcionarios y de sus allegados que amasaron fortunas de un díapara el otro.

Ante la demanda generalizada de justicia, el discurso del presidente dela Corte logró mayor cantidad de adeptos entre los jueces. Aunque no corrió la

misma suerte en el Ejecutivo. De hecho, Lorenzetti siempre tuvo una relación“turbulenta” con CFK, siglas que para el magistrado significaban peligro a lavista. Ella lo desafió públicamente cada vez que quiso, en especial, entiempos de reforma judicial. La ex presidenta no se privó de enviarle críticassolapadas por las demoras en las investigaciones de los jueces en las que ellatenía interés.

En honor a la justicia, también buscaba que los procesos judicialesfueran ágiles. Con ese objetivo, entre muchos otros, la ex presidenta anuncióen cadena nacional, el 8 de octubre de 2014, su intención de reformar elCódigo Procesal Penal. La redacción de la nueva norma iba a estar a cargo deuna comisión de juristas liderada por el ex ministro Zaffaroni. El proyectopretendía implementar un sistema acusatorio penal en el que los fiscalesmantendrían bajo su órbita las investigaciones criminales. Esto les otorgaríamayores facultades y poder. Como era de esperar, el anuncio no había caídobien entre los jueces, en especial entre los del fuero federal (los más sensiblespara el poder). Estaban reticentes, desconfiaban de los intereses políticos queencubría la iniciativa.417

Sin embargo, y en medio de la interna que se había despertado, entrejueces y fiscales, por la propuesta del kirchnerismo, la Corte se adelantó ytomó una decisión: crear el cuerpo de peritos anticorrupción.418 El anuncio sedio a conocer, el 21 de octubre de 2014, justo un día antes que el proyecto dereforma del Código Procesal Penal ingresara al Congreso. La idea del tribunalera que los peritos actuaran como auxiliares en delitos de corrupción y contrala administración pública419. Para los ministros era “tarea de todos lospoderes del Estado y, en particular, de los jueces agilizar los procesos en losque se combatía la corrupción”.

A buen entendedor pocas palabras. El oficialismo comprendió a dóndeapuntaba un anuncio de la Corte que consideraba, además de inoportuno, undesafío al gobierno. Justo cuando faltaba poco para que Cristina Fernández yse especulaba que una derrota de Daniel Scioli reactivara o generara causasde corrupción que involucrasen a funcionarios K. De hecho, más tarde esto severía plasmado en las decisiones de los jueces federales que tras doce años de“estancamiento, corrieron a la velocidad de la luz”, según recordó el juristaCornejo. Los ministros de la Corte, y en especial Lorenzetti, optaron por

mantenerse al margen de las interpretaciones políticas y justificaron lacreación del cuerpo pericial en los pedidos que los jueces de primerainstancia le habían transmitido.

Paradojas de la vida, mientras la Corte impulsaba la puesta en prácticadel nuevo organismo que iba a colaborar en la lucha contra la corrupción, enla justicia federal se analizaba la denuncia que la legisladora porteña OlivetoLago le había iniciado a Lorenzetti y a funcionarios afines. Lo señalaba comoel ideólogo de una estructura financiera para desviar fondos del Poder Judicialy desarticular los mecanismos de control internos en contra de la letraconstitucional.

Al mes de la presentación de Oliveto Lago el fiscal federal FedericoDelgado presentó, el 19 de diciembre de 2014, un dictamen en el queconsideró que las pruebas ofrecidas eran suficientes para investigar aLorenzetti y funcionarios judiciales. “A través de todos estos procedimientosdenunciados, el sistema de control interno y externo de la gestión de recursospresupuestarios del Poder Judicial de la Nación, se habría desactivado ypasado a manos de personas de suma confianza del presidente de la CorteSuprema de Justicia de la Nación y Consejeros con los que mantiene unamisma sintonía política”, dejó por escrito.

En base a esos argumentos, Delgado solicitó al juez Rodríguez, que sereconstruyera la “Memoria Institucional”, es decir a los que apuntaba OlivetoLago entre ellos: “Ricardo Lorenzetti, Luis María Cabral, Luis María BungeCampos, Miguel Gálvez, Alejandro Sánchez Freytes y Ricardo Recondo conlas siguientes personas: Hernán Ordiales, Carlos A. Sena, Alejandro C.Falcone, Marcelo Gallo Tagle, Gabriel Melhman, Carlos Tate, Pedro JorgeFernando Meydac, Luis Alberto Devoto, Hugo Edgardo Borgert, GermánErnesto Krieger, Héctor Daniel Marchi, Carmen María Odasso y WalterMauricio Eusebio”.

Además, Delgado pidió la unificación de las causas diseminadas en lajusticia federal, solicitó la intervención de la Sindicatura General de laNación (SIGEN) y la Procuración del Tesoro para que analizaran la“verosimilitud de la genealogía” que alojaba la dinámica mediante la cual elSr. Lorenzetti habría orquestado la desarticulación del sistema de controlexterno e interno de la gestión de los recursos presupuestarios del Poder

Judicial de la Nación”.

Lo llamativo fue que, pese a los argumentos del fiscal, y como si setratara de una bomba, la denuncia fue desactivada por el juez Rodríguez, el 3de marzo de 2015, por “ausencia de delito”. Delgado apeló y calificó eseaccionar como “prematuro” ya que no se habían llevado a cabo la totalidad delas pruebas. “Lógicamente, como ya adelantamos, este proceso estuvo guiadopor normas de diferentes niveles, aunque todas ellas habrían permitido llevara cabo la ingeniería ilícita denunciada”, escribió el fiscal en el escrito deapelación, fiel al estilo “provocador” que le adjudican algunos juristas.Aquello significaba que para Delgado había indicios delictuales que debíaninvestigarse, pero nada de eso ocurrió. Tampoco hubo oportunidad de darleintervención al flamante cuerpo de peritos anticorrupción. Lorenzetti y lossuyos respiraban, de momento, tranquilos.

De nuevo las casualidades asomaron por la puerta de las contratacionesy ascensos. Luego de ese desenlace judicial, el 6 de marzo de ese año laministra Highton de Nolasco firmaría una resolución420 mediante la cual setrasladaba a la esposa del juez Rodríguez, la abogada Silvia Elisa ArcosValcarcel, de la Magistratura a la Corte “con una categoría presupuestariaequivalente al cargo de prosecretario letrado, para desempeñarse en laOficina de Subastas Judiciales del Tribunal, hasta el mes de mayo”. Elcontrato era —por entonces— temporal.

Pese al impulso de Delgado, los camaristas federales Jorge PatiBallestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, por unanimidad, acompañaron asu colega de primera instancia al considerar que la denuncia de Oliveto Lagoresultaba “incapaz de servir de fundamento a una investigación criminal”, talcomo lo describieron en el fallo del 9 de junio de 2015. La causa quedóarchivada.

Una vez que Rodríguez desestimó por completo la denuncia contraLorenzetti y los funcionarios de su círculo estrecho, la fortuna —¿qué otracosa si no?— sonrió a Arcos Valcarcel: fue ascendida definitivamente asecretaria letrada de la Corte.421 El ascenso significó más del 50% de suanterior sueldo, le garantizaba seguridad laboral y una promisoria jubilación.Dicho esto, también es cierto que la funcionaria llevaba varios años en elPoder Judicial y había iniciado su carrera en la Corte, en el área de Subastas,

de la mano del ex ministro Petracchi. Inevitables las suspicacias que despertóel ascenso de la abogada, los íntimos, entre ellos el marido, se ocuparon dedefender el nombramiento que justificaban “por méritos estrictamenteprofesionales”.

La frontera caliente

El narcotráfico fue otro de los grandes temas recurrentes de RicardoLorenzetti. Desde 2006, en representación de la Corte, pidió en cada aperturadel año judicial, por el diseño de políticas públicas para erradicar elnarcotráfico, la inseguridad y corrupción. Aunque en 2009 su discurso se tornómás confrontativo. Puso al narcotráfico como tema prioritario de la agendajudicial. Se refirió a él como una “amenaza al estado de derecho” y enconsecuencia exhortó a los jueces, en especial los que estaban en zonas dondeel tema era apremiante, a que colaboraran para encontrar soluciones. Para éleste tipo de delitos estaban relacionados a la utilidad económica. Por ellorecalcó la necesidad de un mayor control aéreo y en las fronteras.422 Sinembargo, tiempo después, el 25 de mayo de 2009 el tribunal distinguió entrenarcotráfico y consumo personal de estupefacientes. Fue en el fallo Arriola enel que declaró inconstitucional el castigo al consumidor siempre que noinvolucre ni afecte a otros.

En mayo de 2014, jueces federales de todo el país, con competencia enla materia, se reunieron en la ciudad de Orán, provincia de Salta, paraintercambiar experiencias y lograr consensos ante el avance del delito. Estefue el antecedente para conformar un equipo de trabajo o comisión que traeríaconsecuencias difíciles de imaginar para un guionista de cine.

El martes 27 de octubre de 2015 (dos días después de la primera vueltaentre Scioli y Macri) Lorenzetti logró consensuar con sus pares la creación deuna comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico. Por delante tendríanuna política de estado para combatir la problemática y coordinar entre lasdistintas instancias judiciales de todo el país la forma de implementarlo. “Elpresidente de la Corte había instalado la cuestión del comercio ilegal dedrogas como si fuera el principal problema de la democracia argentina”.423Para algunos, “con la nueva comisión, la Corte avanzaba en forma temerariasobre la división de poderes”, analizó Verbitsky.

Para Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda, el problema se habíaagravado en los últimos tiempos: sostuvieron que estaba en juego la seguridadde la población y que era necesaria una política de Estado urgente, efectiva ycoordinada.424 Por aquel entonces, el presidente de la Corte había escuchadola preocupación de varios jueces federales. Entre ellos, Raúl Reynoso, titulardel juzgado federal de Orán, que junto a Aguas Blancas, Tartagal y SalvadorMazza, formaban parte de la frontera caliente del contrabando. En la zonalímite con Bolivia, no solo se traficaba cocaína y mercaderías, que iban aparar a las “saladitas” de todo el país; sino también divisas (pesos, dólares yeuros) y personas.425

El juez salteño era uno de los preferidos del presidente de la Corte porser un referente en la lucha antinarcotráfico. De hecho, lo “apadrinó” endiferentes congresos judiciales y empresariales.426 Lorenzetti confiaba enReynoso. Era el asesor del tribunal para el establecimiento de aquellacomisión.427 Pero mientras la iniciativa tomaba forma, sucedió lo imprevisto.Varios camiones con cargamento de éter, acetona y más de 500 kilos decocaína, que cruzaban desde Orán a Chile, por el Paso de Jama, con elsupuesto aval de Reynoso, habrían alertado a las fuerzas de seguridad del paístrasandino. Fue mediante la embajada que Chile habría notificado a laArgentina. Este hecho habría sido el verdadero desencadenante de la suertedel magistrado norteño. Así lo confirmaron, en estricto off de record, fuentesde la justicia federal salteña. Para evitar el escándalo internacional, se habríaimpulsado la denuncia contra el magistrado en Orán, por su modus operandique ya habían trascendido en la zona. En un abrir y cerrar de ojos el juez quese suponía que era el azote del narcotráfico, el hombre en el que confiabaLorenzetti, pasó a ser uno más en la red de narcotráfico que parece extendersus tentáculos en todos los estamentos de Argentina.

Mientras la Corte tenía firmada la resolución en la que designaba a losintegrantes de la Comisión, de la que Reynoso era parte, el juez Cabral leadvirtió a Lorenzetti sobre el allanamiento que se llevaría a cabo en el juzgadode Orán.428 La designación fue frenada. Horas después, la Policía deSeguridad Aeroportuaria secuestraba expedientes y documentación quecomprobarían la supuesta asociación ilícita que lideraba el magistrado al“tarifar la protección de narcotraficantes”.429 Tras la denuncia de un abogadode Orán, la investigación quedó a cargo del juez Julio Leonardo Bavio, y el

fiscal salteño Eduardo Villalba y el titular de la Procuraduría deNarcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias.430

La denuncia apuntaba a las “dádivas” que Reynoso cobraba a losimputados. “Una tarifa de $500.000” se consideraba estándar, aunque “enotros casos las sumas habrían sido sideralmente mayores”, detalló Bavio. Seanalizó que, para beneficiarlo y permitirle evitar quedar preso en Salta, lehabría cobrado US$350.000 al transportista boliviano José Luis SejasRosales, jefe de la logística del transporte de cocaína desde Bolivia hacia laArgentina.431 Otro sospechoso le habría entregado un campo de unas 700hectáreas conocida como finca “Mollinedo”, según la acusación. Los terrenosbajo la lupa judicial estaban a nombre del ordenanza del juzgado César JulioAparicio, su hermana Rosalía y un prestanombre -José Eduardo Benítez-reconocido por el empleado que le habría cobrado los sobornos al juez en lacamioneta del mismísimo Reynoso432. Además, se investigaba a otronarcotraficante que se encontraba prófugo, Miguel Farfán, quien habría pagadocoima al ex juez federal de Salta, José Antonio Solá Torino.433 Para losinvestigadores Farfán sería el nexo con las fuerzas de seguridad.

El caso conmocionó a la opinión pública nacional. Aunque las críticasmás severas provinieron del seno de la justicia. “Resultaba imposible queLorenzetti desconociera lo que sucedía en el juzgado de Reynoso, y esto lohacía responsable de la circunstancia, por una vieja acordada de la década del90, por la cual los ministros de la Corte se repartieron el país, por zonas y elárea norte, —¿otra coincidencia?— le correspondía al presidente de laCorte”,434 consideró Cornejo.

No menos llamativo resultó, entre los judiciales, que quien defendió aReynoso ante el Consejo de la Magistratura, por supuesto mal desempeño,fuera el abogado Oscar Luis Vignale,435 quien se ganó la fama de defenderjueces ante este tipo de acusaciones. Entre sus pares, lo vinculaban aLorenzetti a través de Claudia Levín y Cabral, ex presidente de la Asociaciónde Magistrados y luego representante de magistrados en el Consejo. Por otrolado, en la frontera caliente, entre gendarmes, vecinos e incluso miembros dela Iglesia, el nombre de Lorenzetti y el de Reynoso solían pronunciarse almismo tiempo.

El 15 de abril de 2016, ya procesado, Reynoso renunció al juzgado

federal de Orán. Estuvo once años al mando del juzgado multifuncional dondese investigaban los delitos cometidos en esa frontera, más que caliente enpermanente estado de ebullición. El magistrado perdió los fueros y quedódetenido en la justicia federal salteña. “Desde 2005, apenas asumió el cargo,hubo problemas serios en varios casos resonantes que hubieran ameritado laintervención del cuerpo de auditores de la Corte que fue, casualmente,desarticulado desde la llegada de Lorenzetti”, recordó el juez Cornejo. Para elmagistrado esto hubiera significado un órgano de control extraordinario paraanalizar los procederes éticos y legales de algunos de los jueces cuestionados.“Por acción u omisión, Lorenzetti fue el responsable de lo que sucedía en eljuzgado de Reynoso”, resaltó Cornejo. Tampoco dudó en profundizar lacrítica. “No quedó muy claro el cometido de la creación de la comisiónantinarcotráfico, ya que ese tipo de organizaciones no fueron buenas en lajusticia. Lo único que podían hacer los jueces era informarle al presidente dela Corte lo que acontecía. Pero no serían las comisiones las respuestas paraomitir responsabilidades propias”, concluyó.

El Código Civil, el suyo, el mío y el de todos

Casi un año antes de que entrara en vigencia el nuevo Código Civil,fecha prevista para el 1 de enero de 2016, abogados, escribanos, funcionariosdel Poder Judicial y contadores recibieron por correo electrónico y porteléfono las publicidades y promociones de la editorial Rubinzal Culzoni. Noera otro que el cuerpo normativo comentado por Lorenzetti, uno de losredactores del proyecto.

Se trataba de un compendio de 11 tomos cuyo valor en las libreríasjurídicas ascendía a $31.310 en formato de lujo, es decir tapa dura y $26.800en encuadernado rústico. Los tomos no se vendían por separado, pero laeditorial ofrecía promociones en 18 cuotas con tarjetas de crédito. Lasganancias para la empresa y para el autor y director del proyecto, Lorenzetti,en el que además participaba su hijo Pablo como coordinador, seríanmillonarias. El negocio cerraba por donde se lo analizara.

La editorial había destinado un edificio entero en la ciudad de Santa Fe,donde tenía la casa central, para resguardar los compendios. Sin embargo, elcontexto político no era el mejor para el presidente de la Corte. La relacióncon quien había impulsado la iniciativa, la ex presidenta Cristina Fernández de

Kirchner, pasaba por un mal momento, aunque se habían incorporado al textolos cambios realizados por el Ejecutivo. Estaban ya los once tomos impresosen grandes cantidades y guardados en cajas. Pero la ley empezaría a aplicarserecién en 2016, en pleno traspaso hacia un nuevo gobierno o ante lacontinuidad del kirchnerismo por medio de Scioli. Existía un riesgo: que secambiara la letra de la ley si, por esas jugadas imprevistas del destino, ganabaMacri. El presidente de la Corte estaba preocupado. “El Ruso está nervioso.Tiene todos los libros y piensa que si cambian el texto debería imprimirsetodo de nuevo”, se oyó decir al ministro en una conversación telefónica, segúnrevelaron varios autores de la editorial. El Ruso no era otro que el dueño de laempresa, Isaac Rubinzal. El editor estaba horrorizado ante la idea de tener quetragarse semejante cantidad de libros si las cosas se torcían.

Atento a todas las hipótesis, Lorenzetti recurrió a su operador, NicolásTito Fernández para adelantar la entrada en vigencia de la reforma. Elkirchnerismo parecía aceptar, pero el obstáculo ahora era otro: el radicalismo.Al aprobarse la reforma en el Senado, el bloque radical no acompañó lainiciativa. Los senadores se habían opuesto a una serie de modificaciones queel Ejecutivo le había hecho al texto. Entre ellas, la exclusión de laresponsabilidad civil de los funcionarios públicos. En este escenario, habíaque recurrir a Ernesto Sanz. La intervención del por entonces presidente de laUnión Cívica Radical, fue decisiva. Lorenzetti logró el apoyo de la UniónCívica radical para adelantar la puesta en marcha del Código. En una sesiónmaratónica, el 16 de diciembre de 2014, se logró a través de una ley,apresurar la implementación del Código al 1 de agosto de 2015, en vez del 1de enero de 2016, como estaba previsto desde un inicio. El proyecto seaprobó por 130 votos positivos, contra 93 negativos. Las especulaciones porla urgencia repentina fueron de todo tipo.

El proyecto del nuevo Código Civil resultaba trascendental paraLorenzetti. Era la oportunidad para pasar a la historia más allá decontratiempos, reproches, acusaciones o denuncias futuras que pudiera tenerpor otros motivos. Era un civilista que sería recordado por décadas como lofue Dalmacio Vélez Sarsfield, autor del Código Civil de Argentina de 1869que estuvo vigente hasta ese 1 de agosto de 2015. Aunque “Richard” no era elúnico redactor, los laureles serían suyos. Se convirtió en el vértice de untriángulo de juristas formado por la ministra Highton de Nolasco y Aída

Kemelmajer de Carlucci. Pero la ex presidenta Fernández de Kirchner quisoque la geometría tuviera más ángulos y firmó el decreto 191/11 el 23 defebrero de 2011 por el cual al equipo de trabajo se sumaron otrosespecialistas. Tras una ardua tarea entre el 2 y el 27 de marzo, se entregó elanteproyecto del Código Civil al Poder Ejecutivo, que le hizo algunasmodificaciones muy cuestionadas y el 7 de octubre de 2014, la mandatariapromulgó la norma.436 Se alzaron voces críticas en un contexto de cepocambiario en el que la letra del Código estipula que las deudas asumidas enmoneda extranjera deben pagarse en esa moneda, tal como lo establecía elCódigo de Vélez Sarsfield, salvo otro pacto entre las partes.437 Para otrosjuristas la norma quedo desbaratada en el contrato de arbitraje, del que sedesvincula al Estado Nacional en contraposición con norma de derechointernacional privado. En tanto advirtieron que se define a la posesión comouna relación directa del dueño sobre la cosa, que permite repeler a terceros yes perpetua. “La división del mundo entre derechos reales y derechospersonales hace pensar que tenemos relaciones con las cosas y esto es unatraso de 2500 años”, sentenció Barcesat.

Otros de los derechos no establecidos fue el de la propiedad de lastierras a los pueblos indígenas. En tanto, el acceso al agua potable, como underecho humano esencial para la supervivencia humana, tampoco quedóplasmado. En cuanto al derecho a la vida se reconoce, en concordancia con laIglesia, que surge desde la concepción. Esta postura abrió un abanico dediscusiones respecto a los tratamientos de fertilización asistida. El debateapuntó a los embriones congelados ¿Son personas o no lo son? La ciencia, laley y la Iglesia disienten.

Pero, quizás, lo más polémico fue la exclusión de la responsabilidadcivil de los funcionarios. La oposición protestó y denunció la medida comouna vulgar convalidación de la impunidad. Lorenzetti salió a poner pañosfríos. “Los funcionarios públicos no deben dejar de responder ni desde locivil ni desde lo penal”, aseguró en contra de la letra impresa. “En el códigoanterior de Vélez Sarsfield —continuó—, no había muchas normas al respectoy siempre hubo una discusión, y bueno el Congreso optó por hacer una leyespecial. Nosotros habíamos dicho lo contrario. Los funcionarios públicossomos responsables de nuestro accionar porque estamos transitoriamente, nose trata de un cargo monárquico, uno está para servir a la población”.

En torno al negocio que significaba el Código Civil, se relacionó a laempresa Lan & Research,438 creada por Lorenzetti el 20 de octubre de 1998junto a su amigo y socio, Miguel Piedecasas, presidente del Consejo de laMagistratura durante 2016. Estaba instalado que esta empresa había trabajadode manera conjunta con Rubinzal Culzoni, entre otros proyectos, el del CódigoCivil. Piedecasas había sido abogado de la firma durante más de 20 años,como aseguraron varios autores de la editorial. Pero además, la Corte contratócon Rubinzal Culzoni SA para realizar publicaciones.439

Para algunos juristas Lorenzetti sería accionista de la editorial, desdedonde niegan esta versión.

Un imprevisto hirió el negocio del Código. En paralelo a la obra deLorenzetti, Infojus, la página del Ministerio Público, alineada con elkirchnerismo, lanzó una edición gratuita del Código (en papel y en formatoeBook). Causalidad o consecuencia Lorenzetti rescindió el contrato de VanesaRisetti, la esposa del juez Gustavo Caramelo, uno de los directores de lapublicación gratuita, identificado con la agrupación K Justicia Legítima. Laabogada, que trabajaba en el área de informatización del Poder Judicial,perdió su trabajo, según Verbitsky, solo porque su marido había osado desafiaral “supremo”.440

Entre los constitucionalistas las críticas apuntaban al corazón delCódigo. Ante cualquier planteo de inconstitucionalidad los “cortesanos” quelo habían redactado estarían obligados a excusarse de intervenir. Al margen deesto, cualquier abogado podría recusarlos ya, en este instante, por haberintervenido en la elaboración de la norma. ¿Deberían excusarse de intervenir ono? ¿Se habían arrogado facultades legislativas? Esas preguntas se hacían enlas facultades de derecho y entre los más eruditos juristas. Las respuestas eranimaginables.

Online

El CIJ debía proveer jurisprudencia y doctrina a todos los agentesjudiciales a lo largo y ancho del país. Ese era uno de los objetivos por el quefue creado: “Facilitar el derecho comparado”. Sin embargo, una cosa son lasintenciones y otras los hechos. Lo que parece concreto es la formación de uncircuito cerrado de presuntos negocios en torno a los fallos producidos por la

justicia, según las reflexiones de jueces y funcionarios judiciales. El asunto noera nuevo, se remontaba a una vieja discusión entre magistrados. Desde queLorenzetti asumió la presidencia del tribunal y el CIJ se colocó bajo sudependencia, nada habría cambiado. ¿En qué consistía el negocio denunciadopor jueces? El Consejo de la Magistratura le compraba a la firma La Ley441SAE e I o Thomson y Reuters, el servicio que les posibilitaba a losfuncionarios judiciales consultar online las publicaciones tanto de doctrinacomo de jurisprudencia. El conflicto se centraba en que los fallos que engeneral publicaba la firma los producían los jueces. Es decir, la empresaobtenía la jurisprudencia de las cámaras de los distintos fueros, instancias yCorte. Luego las publicaba y se las vendía al proveedor de la materia primaintelectual, es decir al Poder Judicial.

El rédito estaba en la posibilidad de que un usuario en cualquier juzgadodel país, pudiera acceder a la última jurisprudencia. Pero no solo allí quedabala trama. El servicio de la suscripción on line a través de la plataformaintranet-con acceso restringido-era vendido por la firma a todos los tribunalesdel país. El costo en 2016 ascendía a $738.910,46 mensuales, es decir $8.866.925,52 anuales. Su conversión a dólares sería de U$S 46.181,91 pormes y U$S 554.182,845 (conversor de moneda a$

16 el valor de 1 U$S) en doce meses. Pero había otras cuestiones. Laspublicaciones de los magistrados les daban, a su vez, puntaje para concursaren la Magistratura y prestigio académico para escalar en los escalafones delas diferentes universidades del país. Había un capítulo más: se pagaron altosmontos para prestar este servicio online a juzgados que aún no funcionabancomo los de las ciudades de Victoria (Entre Ríos) y Tartagal (Salta).442 Lapregunta que se hacen los judiciales es: ¿quién se quedaba con la plata?

Cuando el Papa dijo NO

“Los males de América Latina están relacionados a la alianza entre laIglesia con el derecho”, era la frase que Ricardo Lorenzetti lanzaba paraempezar los debates sobre el tema. Se definía ateo y cuando lo hacía los suyoslo miraban con gesto burlón.

El Mono fue el primero en consensuar con su amigo y por entoncesintendente de su ciudad, Ricardo Peirone, para inaugurar una sede de la

Universidad Católica de Santiago del Estero en Rafaela.443 Fue importanteese proyecto y qué mejor momento que aquel, en el que Peirone, estaba almando de la ciudad. En 1997, la delegación de la universidad en Rafaela fueun hecho y logró contar con diez carreras de grado. El director de la sedeuniversitaria o extensión de la institución académica es Edgardo Allochis, exempleado en el estudio jurídico que lideraba la dupla Lorenzetti-Trivelli.

Desde entonces, pese a sus más profundas no creencias, no desconocióel poderío planetario de la Iglesia Católica. En marzo de 2013, acompañó a laex presidenta Fernández de Kirchner en la comitiva oficial para asistir a laentronización del Pontífice en el Vaticano.

Sin embargo, en mayo de 2015, cuando la relación con el kirchnerismono era la misma, Lorenzetti le solicitó una entrevista al Papa. Tenía previstodar una charla en Italia sobre el nuevo Código Civil y la ocasión era laoportuna para visitar a Su Santidad y retratarse con él en una foto que todoslos políticos quieren. La respuesta de la Santa Sede fue negativa.

El presidente de la Corte esperaba un gesto de Francisco ya que el nuevoCódigo consideraba el derecho a la vida, como deseaba también la presidenta,desde el momento de la concepción. El supremo juez estaba desconcertado ytriste. Había cumplido con su palabra pero le daban con la puerta en lasnarices.444

Incansable al desaliento, no bajaría los brazos. A principios de junio de2016, por fin, Lorenzetti se reunió a solas con el Papa. Francisco lo recibiódurante una hora en la residencia de Santa Marta. El encuentro se dio pocoantes de que el ex arzobispo de Buenos Aires pronunciara un fuerte discursode respaldo a la independencia del Poder Judicial en la Cumbre de Juecessobre el crimen organizado y la trata de personas, que se llevaba a cabo enesos días en la sede de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales delVaticano.445

Lorenzetti viajó con una comitiva de magistrados argentinos. Entre ellos,Sebastián Casanello, Ariel Lijo, Romilda Servini, Sergio Torres, JuliánErcolini y el titular del gremio de judiciales, Julio Piumato. Francisco tambiénlos recibió en la sede de Santa Marta, encuentro del que participó, no se sabebien por qué razón, el legislador porteño y referente de la ONG La Alameda,

Gustavo Vera. Amigo de Bergoglio desde tiempo atrás, Vera, al que seconsidera el vocero extraoficial del Papa, intercedió para que Lorenzettituviera ahora línea directa con el Vaticano. De hecho, habría sido el mismoVera en persona quien llamó a los jueces para organizar la travesía, como se leescapó a más de uno.

Lorenzetti no pararía hasta lograr la foto con el Sumo Pontífice. Sería elnuevo amuleto de su suerte política. En ese encuentro se produjo una escenaimportante. El juez que investigaba a la ex presidenta Cristina Fernández deKirchner, por presunto lavado de activos entre otros supuestos delitos,mantuvo una reunión a solas con el Papa Francisco.

La segunda vez que el ateo presidente de la Corte Suprema fue recibidopor Su Santidad Francisco fue el 5 de septiembre de 2016.446 Entoncestuvieron su vis à vis. El motivo que habría logrado acercarlos fue la mutuapreocupación por el cuidado del medio ambiente. Macri llevaba ocho mesesde gestión y el encuentro se daba en plena discusión judicial por las tarifas deluz y gas que amenazaba con reactivarse. Mientras el enojo de la diputadaElisa Carrió era mayúsculo contra Lorenzetti quien se había negado aentregarle las declaraciones juradas.447 “Hoy el Papa influye mucho por susideales. Tiene un liderazgo global que los argentinos tenemos que valorar”,declaró Lorenzetti, al elogiar al pontífice argentino.

379. Coberturas realizadas en la Corte Suprema de la Nación por laautora desde 2007 a 2015.

380. Página 12, Irina Hauser, 3 de marzo de 2015:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-267270-2015-03-03.html y secompletó con varios trabajos de la profesional, como la nota publicada en elmismo medio el viernes 3 de octubre de 2014 en el sitio web:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-256728-2014-10-03.html. Enadelante cualquier referencia al análisis del discurso del presidente de laCorte se remiten a la labor de Hauser.

381. Página 12, Horacio Verbitsky, 8 de mayo de 2016:https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-298830-2016-05-08.html.

382. La Nación, Adrián Ventura, 3 de marzo de 2015:http://www.lanacion.com.ar/1773227-el-poder-judicial-debe-poner-limites-respondio-lorenzetti. El texto se completó con notas de El Cronista, 3 demarzo de 2015: http://www.cronista.com/economiapolitica/El-discurso-de-Lorenzetti-en-12- frases-20150303-0098.html y La Nación, Adrián Ventura, 4de marzo 2015: http://www.lanacion.com.ar/1773227-el-poder-judicial-debe-poner-limites- respondio-lorenzetti.

383. Clarín, 26 de febrero de 2013:http://www.clarin.com/politica/frases- principales-discurso-lorenzetti_0_ryPWwo5owQe.html.

384. Clarín, 26 de marzo de 2013:http://www.clarin.com/politica/frases-principales- discurso-lorenzetti_0_ryPWwo5owQe.html.

385. Ídem.

386. La Nación, Adrián Ventura, 8 de abril 2016:http://www.lanacion.com.ar/1887304-lorenzetti-reclamo-un-nunca-mas-para-la- impunidad-y-la-corrupcioara-la-impunidad-y-la-corrupcion.

387. Por Acordada 17/06 de la Corte se creó el Centro de Información

Judicial con la firma de los ministros Enrique Petracchi, Elena Highton deNolasco, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti yEugenio Zaffaroni. El CIJ surgió como materialización de las conclusiones dela Primera Conferencia Nacional de Jueces, que se realizó en la provincia deSanta Fe. Así, fue como la Corte dispuso la creación del portal web del CIJ yde un área de prensa destinada a coordinar políticas comunicacionales yasistir a los tribunales que así lo requieran en el ámbito del Poder Judicial detodo el país.

388. Entrevista realizada para este libro al constitucionalista yespecialista en derechos humanos, el jurista Eduardo Barcesat, el 21 denoviembre de 2016.

389. Revista Veintitrés, 13 de diciembre de 2012.

390. La Nación, agosto de 2011.

391. Agencias de Medios, 30 de agosto de 2011:http://www.agenciasdemedios.com.ar/novedades/actualidad/la-corte-suprema- lanzara-su-canal-de-tv-por-internet/

392. CIJ, 17 de marzo de 2011: http://www.cij.gov.ar/nota-6434-Lavado-de-dinero-- piden-informacion-sobre-causas-abiertas-en-el- pais-contra-Hugo-Moyano.html.

393. Página 12, 20 de marzo de 2011:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-52612-2011-03-20.html, LPO, 5 de abril de 2011: http://www.lapoliticaonline.com/nota/51384/

394. Página 12, 4 de enero de 2015:http://www.pagina12.com.ar/diario/el pais/1-

263214-2015-01-04.html.

395. La Nación, 22 de mayo de 2013:http://www.lanacion.com.ar/1584425-la-corte- suprema-ordeno-publicar-todos-los-fallos-judiciales-en-internet.

396. La Nación, 29 de marzo de 2008:http://www.lanacion.com.ar/999608-la-sip- premio-a-la-corte-suprema-por-un-fallo-ejemplar.

397. “Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción deamparo”. Río Negro Online, 5 de septiembre de 2007:http://www1.rionegro.com.ar/diario/2007/09/05/1189021635.php.

398. Patitó, José Ángel y otros contra diario La Nación del 24 de juniode 2008. Integrantes del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial iniciaronuna demanda contra el diario La Nación y contra el periodista Jorge UrienBerri, con el objeto de que se los condenara a resarcir los daños que leshabrían provocado una serie de notas entre 1998 y 1999.

399. Di Salvo, Miguel Ángel contra Diario La Mañana sobre daños yperjuicios. Año 2010.

400. Lorenzetti, Ricardo. >El arte de hacer Justicia, Sudamericana, 2014(p. 112).

401. Cabe recordar que la causa llegó al Alto Tribunal luego del recursoextraordinario que presentó el Estado nacional contra la sentencia de laCámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federalque había admitido, tiempo atrás, el amparo promovido por PERFIL y que, enconsecuencia, había ordenado al Estado nacional “que en el término de quincedías disponga la distribución de publicidad oficial en las distintaspublicaciones de la editorial amparista, respetando un equilibrio razonablecon aquellas de análogas características”.

402. Los argumentos de la sentencia, en defensa de la libertad deexpresión, merecían ser recapitulados. Allí, los jueces (Lorenzetti, Highton deNolasco, Zaffaroni y Fayt), señalaron que en el caso bajo análisis estaba enjuego el alcance de las cláusulas contenidas en los artículos 14 (derechosciviles), 16 (igualdad ante la ley) y 32 (libertad de expresión) de laConstitución Nacional, y en los artículos 13 (libertad de pensamiento y deexpresión) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además delos artículos 19 (libertad de expresión) y 26 (igualdad ante la ley) del PactoInternacional de Derechos Civiles y Políticos.

403. En la causa “Editorial Río Negro S.A c/Neuquén, Provincia del s/acción de amparo, la Corte Suprema se había manifestado sobre el alcance dela protección constitucional que asistía a las empresas periodísticas. Allí,sostuvo que, si bien no existía un derecho a recibir una determinada cantidadde publicidad oficial, para los casos que el Estado decidiese otorgarla síexistía una protección contra la asignación arbitraria por parte del Estado. Enla resolución los ministros habían establecido pautas de interpretación paraeste tipo de casos. Cabe recordar que en aquella oportunidad el máximotribunal manifestó que los gobiernos “debían evitar las acciones que,intencional o exclusivamente, estuviesen orientadas a limitar el ejercicio de lalibertad de prensa y también aquellas que llegasen indirectamente a eseresultado” y que, para acreditar ese hecho, no era necesario probar “la asfixiaeconómica o el quiebre del diario”.

404. La editorial Perfil, contaba con el fallo favorable (de fecha 29 defebrero de 2012) del juez contencioso federal Ernesto Luis Marinelli. Además,la Cámara Nacional había ordenado, el 14 de agosto de 2012, que se acatarael fallo del máximo tribunal. En ese sentido, la resolución exhortaba al Estadoa que, en caso de quedar firme la sentencia, tenía un plazo de 15 días parapresentar un plan de pauta oficial que incluyese a tres publicaciones deEditorial Perfil: Noticias, Fortuna y el diario Perfil. Asimismo, los ministrosestablecieron una sanción (multa de 1000 pesos) en caso de no acatar el fallo.

405. La Nación 15 de febrero de 2009:http://www.lanacion.com.ar/1099965-destaca- adepa-un-fallo-a-favor-de-perfil.

406. CIJ, 21 de octubre de 2014: http://www.cij.gov.ar/nota-14275-Lorenzetti-recibi- el-premio-a-la-Libertad-de-Expresi-n-de-la-Editorial-Perfil.html.

407. Infobae, 21 de octubre de 2014: http://www.infobae.com/2014/10/21/1603354- lorenzetti-estamos-viviendo-un-primitivismo-cultural/

408. Perfil.com, 1 de febrero de 2016:http://www.perfil.com/politica/la-corte- suprema-hizo-una-aclaracion-sobre-una-nota-del-diario-perfil-0201-0050.phtml.

409. Los antecedentes se remontaban a los acuerdos de competitividadde 2001 que buscaron paliar los efectos de la crisis económica. En junio deese año, el decreto 730 benefició a los medios de comunicación con laexención del impuesto a la ganancia mínima presunta, a condición de que estoscompensaran las contribuciones patronales sobre la nómina salarial comocrédito fiscal al liquidar el IVA. En otras palabras, se trataba de una medidaexcepcional que buscaba preservar el empleo y el congelamiento del precio delos diarios. Muchos de los medios no cumplieron y adujeron el aumento decostos. La persistencia de la emergencia económica provocó que el expresidente Fernando de la Rúa, extendiera los beneficios a todos loscontribuyentes hasta abril de 2003. Su sucesor, Eduardo Duhalde, en marzo delmismo año, restringió el beneficio solo a los medios de comunicación y altransporte de carga. La medida, implementada por el decreto 746/03, era decarácter excepcional por un “plazo mínimo y acotado” de cuatro meses hastaque el nuevo gobierno encontrara una solución alternativa. Al asumir NéstorKirchner se comprometió a crear un régimen sustitutivo de aquel decreto, perono lo hizo. A partir de ese momento comenzó la batalla legal.

410. Entre las empresas que optaron por estas modalidades estaban LaGaceta, Telefe, América TV, Canal 10 de Mar del Plata, La Nueva Provincia,el Grupo Clarín, Canal 9 y Telecentro, el Gr upo Vila-Manzano, entre otras.

411. Página 12, 6 de enero de 2013:http://www.pagina12.com.ar/diario/el pais/1-

211307-2013-01-06.html.

412. A través de la ley 26.982.

413. Nación, 29 de octubre de 2014: una-cautelar-para-los-diarios”http://www.lanacion.com.ar/1739566-repuso-la-corte-una-cautelar-para-los-diarios. Surge de resolución del 28 de octubre de 2014, caratulada AsociaciónEditores de Diarios de Buenos Aires (AEDBA) y otros contra EstadoNacional decreto 746/03

Afip sobre medida cautelar (autónoma).

414. Página 12, 13 de diciembre de 2015: pais/1-288159-2015-12-

13.html» http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-288159-2015-12-13.html. Consulta a secretarios letrados de la Corte y a funcionarios delalto tribunal.

415. Pero había más. El mismo 9 de diciembre por la Acordada 38/15los cuatros ministros reales y el “sexto”, Daniel Marchi, autorizaron lacontratación privados a diversos puntos del país, donde no llegan las líneascomerciales o no resultan adecuadas las frecuencias.

416. La denuncia se registró en el expediente se registró comoExpediente CFP Numero 5698/2016 caratulado “Lorenzetti Ricardo Luis,Maqueda Juan Carlos, Fayt Carlos Santiago, Nolasco Highton Elena Cristinasobre nombramientos ilegales”. Delito previsto en el artículo 253 del CódigoPenal.

417. Página 12, Irina Hauser, 22 de octubre del 2014:http://www.pagina12.com.ar/diario/e lpais/1-258050-2014-10-22.html.

418. Fue a través de la acordada 34/2014, firmada por los ministrosRicardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan CarlosMaqueda.

419. CIJ, 21 de octubre de 2014: http://www.cij.gov.ar/nota-14268-La-Corte-cre--un- cuerpo-de-peritos-especializados-en-casos-de-corrupci-n.html.El nuevo organismo se creó a través de la acordada 34/2014, firmada por losministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y JuanCarlos Maqueda.

420. Resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación N°294/2015, de fecha 6 de marzo de 2015, suscripta por la ministra ElenaHighton de Nolasco.

421. A Silvia Arcos Valcarcel se le otorgó el cargo de secretaria letradade la Corte, con rango presupuestario similar al de un juez de primerainstancia.

422. La Nación, 10 de junio de 2016:http://www.lanacion.com.ar/1907436-lorenzetti- afirmo-que-el-narcotrafico-

aumento-en-los-ultimos-diez-anos. Además notas publicadas los días 3 demarzo de 2015 y 16 de marzo de 2016 por el diario Página 12:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-294682-2016-03- yhttp://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-267 270-2015-03-03.html16.html.

423. Página 12, Horacio Verbitsky, 8 de noviembre de 2015:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-285682-2015-11-08.html.

424. CIJ, 27 de octubre de 2015: http://www.cij.gov.ar/nota-19131-La-Corte-cre-- una-Comisi-n-judicial-para-la-lucha-contra-el-narcotr-fico.html.La comisión se creó a través de la Acordada 28 del año 2015.

425. La Nación, 2 de noviembre de 2015:http://www.lanacion.com.ar/1841854-en-la- caliente-frontera-norte-la-droga-se-cruza-por-mil-dolares.

426. Entrevista realizada para este libro al jurista, historiador y juez dela Corte de la provincia de Salta, Abel Cornejo, el 21 de julio de 2016. Enadelante todas las opiniones en relación a Ricardo Luis Lorenzetti y susupuesta responsabilidad en el narcotráfico se adjudican a esta fuente.

427. Página 12, 8 de mayo de 2016:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-298830-2016-05-08.html 428.Página 12, Horacio Verbitsky, 8 de noviembre, cit.

429. Ídem.

430. Reynoso tenía un aceitado mecanismo para negociar con losnarcotraficantes y las coimas, a través de empleados de su juzgado y abogadosy operadores externos que investiga la justicia salteña con el respaldo delfiscal Iglesias. Las presuntas dádivas las cobraba la ordenanza del juzgado,César Julio Aparicio, en una de las camionetas del juez. Además, la hermanasoltera del empleado, Rosalía Candelaria Aparicio, poseía varios inmueblesrurales que resultaron llamativos para la justicia. Entre ellos, la FincaMollinedo de 690 hectáreas, en una de las zonas sojeras más importantes de laprovincia, que le habría comprado a Pablo Raúl Vera en 2014, investigado porsupuestos delitos vinculados al narcotráfico por el juez Reynoso. Todo ello

surge de fuentes con acceso al expediente en el que se investigó al juez federalRaúl Reynoso. Asimismo, de la declaración indagatoria de César JulioAparicio, de fecha 11 de noviembre de 2015 en la ciudad de Salta y de losregistros de la Dirección General de Inmuebles de la provincia de Salta.

431. La Nación, Gabriel Di Nicola, 2 de mayo de 2016:http://www.lanacion.com.ar/1894584-el-ex-juez-reynoso-fue-detenido-por-cobrar- coimas-a-los-narcos.

432. Surge de la causa a cargo del Juez salteño Julio Leonardo Bavio, yel fiscal salteño Eduardo Villalba y el titular de la Procuraduría deNarcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias Procunar y de lasdeclaraciones testimoniales de César Julio Aparicio.

433. Página 12, 9 de marzo de 2016:http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-

294135-2016-03-09.html.

434. Ídem nota 418.

435. Según surge del expediente 133/15 del Consejo de la Magistraturaque tramitó ante la Comisión de Disciplina y Acusación.

436. Sitio oficial de la Casa Rosada, 7 de octubre de 2014:http://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/27983-la-presidenta-promulgo-el- nuevo-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion.

437. El problema por entonces radicaba en la imposibilidad de accedera la compra de moneda extranjera ante el cepo cambiario impuesto por elkirchnerismo lo que obstaculizaba que se pagara no con moneda de curso legalargentina, sino con su equivalente en dólares u otra moneda considerada comocantidad de cosas. En uno de los tantos acuerdos, el trabajo editorial estabadestinado a la Biblioteca Central “Dr. Roberto Repetto” para el año 2016,pero hubo varias contrataciones anteriores.

438. La empresa fijó sede en el ex estudio jurídico del juez que pasó adirigir su hijo Pablo, en la calle Sarmiento 439 de la ciudad de Rafaela. se

constituyó el 20 de octubre de 1998 bajo la escritura pública 243, Folio: 681,Registro 1415, ante la escribana Clara Glagovsky. El objeto social se centróen difundir las ciencias jurídicas y sociales, promocionar obras, realizarcursos, seminarios, servicios y asesoramiento. Se constituyó por 99 años conel inicio de ejercicio el 31 de 2012 con un capital de $10.000. Ese monto esrepresentado por cien cuotas de $100 como valor nominal con derecho a unvoto cada una. Boletín Oficial No 29017, Secc: 2da a través del estudiojurídico Chouhy (LP - 21/12/98 - 342598 BRE), según reza el actaconstitutiva. Por otra parte, Rubinzal Culzoni SRL de la ciudad de BuenosAires, fue absorbida en 1999 por la empresa Rubinzal Culzoni S.A de laprovincia de Santa Fe, ligada a la Universidad Nacional del Litoral dondeestudiaron Lorenzetti y Piedecasas.

439. En uno de los tantos acuerdos, el trabajo editorial estaba destinadoa la Biblioteca Central “Dr. Roberto Repetto” para el año 2016, pero hubovarias contrataciones anteriores Surge de la Resolución de la Corte SupremaSGA 643/16, Expediente 7199/2015, de fecha 4 de abril de 2016. El monto dela contratación era por la suma de $24.326,64 con pago anticipado de acuerdoa lo presupuestado. De la resolución mediante la cual se imputó el gasto, sedesprendía que ese monto sería mensual al señalar solo la cuenta de la que sepagaría, del ejercicio financiero 2016. El documento fue suscripto por elcontador Daniel Marchi.

440. Página 12, Horacio Verbitsky, 2 de agosto de 2015:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-73769-2015-08-02.html.

441. LA LEY SAE e I es el nombre jurídico con el que se registró lafirma.

442. Surge de facturas B y C, a nombre de la empresa Thomson Reuters,La Ley SAE e I con domicilio en la calle Tucumán 1471 (CP 1050), y AbeledoPerrot SA con sede en Avenida Callao 410, piso 3 (C1022 ACW) BuenosAires que emitió el Consejo de la Magistratura en el marco del ExpedienteNúmero 13-20503/2014, Ordenes de Compra Número 62/2016 y 61/2016Resolución de la Administración General 812/2016.

443. Los que impulsaron la idea fueron Carmelo Greco, presbítero

italiano representante del Obispado de la ciudad desde 1996 y responsable delárea pastoral del Colegio de los Hermanos Maristas, San José donde cursó lasecundaria Lorenzetti, como Alejandro Bonet, su representante legal.

444. La política online, 6 de mayo de 2015: http://www.lapoliticaonline.com/nota/88875/

445. La Nación, Elisabetta Piqué, 3 de junio de 2016: ces-y-fiscales-en-el-vaticano” http://www.lanacion.com.ar/1905342-el-papa-francisco-recibe-hoy-a-jueces-y- fiscales-en-el-vaticano. Se complementa con nota del mismodiario de fecha viernes 9 de septiembre de 2016:http://www.lanacion.com.ar/1936072-lorenzetti-saludo-al- papa-francisco-y-elogio-su-liderazgo.

446. Télam, 8 de septiembre de 2016:http://www.telam.com.ar/notas/2016

09/162149-lorenzetti-papa-francisco-dialogo-interreligioso.html.

447. Ámbito Financiero, 8 de septiembre de 2016:http://www.ambito.com/854150- lorenzetti-visita-al-papa-y-desata-furia-de-carrio.

Capítulo 9La causa Nisman: una amenaza en laredLorenzetti y esa extraña sombra sobre la causa Nisman. Cómo aprovechary convertir la debilidad del gobierno en virtud de juez supremo. El expedientede la muerte del fiscal, otro botín de guerra. Juez, arte y parte. El Lex 100 y elsorteo trucho de la causa. Que casi todo cambie para que nada cambie.¿Gatopardismo?

La imagen de los fiscales que marcharon bajo la lluvia aquel 18 defebrero de 2015 (18F) quedará en la retina de los argentinos. Las miradas, losgestos, el respeto en un marco de reclamo de justicia se transformaron en unsilencio ensordecedor. No importaba el clima, ni las gotas de aguas sobre lascaras: miles de personas y funcionarios judiciales marcharon entre elCongreso de la Nación y la Plaza de Mayo, dos símbolos de la historia delpaís. Ese día se escribiría otro capítulo. Quizás de esperanza. Seguro detristeza, de infinita tristeza.

Se cumplía un mes de la muerte del fiscal federal, Natalio AlbertoNisman, a cargo de la unidad especial para investigar el atentado a AMIAocurrido el 18 de julio de 1994. Unos días antes de que apareciera muerto ensu departamento, Nisman había denunciado a la ex presidenta CristinaFernández por supuesto encubrimiento a los iraníes acusados por el ataqueterrorista. “Solo Dios sabrá si fue un accidente, homicidio o suicidio”, seescuchaba en la marcha. El descreimiento había tomado las calles.

Ese mismo 18F, bien temprano, Lorenzetti hizo su aporte. Previo a lamanifestación se reunió en su despacho con la ex esposa de Nisman, la juezafederal Sandra Arroyo Salgado. Intercambiaron impresiones. Ella le planteólas dudas sobre la investigación judicial,448 por entonces a cargo de la juezacriminal del fuero ordinario Fabiana Palmaghini y la fiscal Viviana Fein.Lorenzetti, como titular del cuerpo, le dijo que “la Corte estaba a disposiciónpara ayudar a que se esclarezca un hecho que ha trascendido a todos losargentinos”. Demostraba estar decidido a colaborar para reforzar ciertosequipos de trabajo vinculados al caso caratulado como “muerte dudosa”.

Arroyo Salgado buscaba demostrar el presunto asesinato del padre desus hijas. Lorenzetti y ella habían intercambiado opiniones sobre dónde

debería tramitarse la causa. El presidente de la Corte, según allegados a lamagistrada, se habría manifestado a favor del fuero federal. María Bourdin,“la vocera experta en desmentidos” —como se la conoce entre periodistas dejudiciales—, recurrió a Twitter para negar la conversación que, menos en suoficina, confirmaban en todas partes.

Esa reunión no se vio con buenos ojos en el gobierno ni entremagistrados, al considerar que Lorenzetti anticipaba posición cuando todohacía pensar que, en algún momento, debería intervenir el máximo tribunal.Para ellos, en ese caso, el presidente de la Corte debería excusarse deintervenir en las resoluciones del caso Nisman.

Lorenzetti hizo caso omiso tanto a las advertencias como a las críticas yrespaldó a Arroyo Salgado desde el primer momento. La reunión negada porBourdin no había sido la primera. El martes 27 de enero se habrían encontradoen la Corte, donde la jueza le transmitió el pedido de la familia para poderdespedir al fiscal en el cementerio judío de La Tablada. Hasta entonces,Arroyo Salgado no había definido si solicitaría o no repetir la autopsia yestaba en desacuerdo con la decisión de la fiscal Fein de no esperar ladesignación de los peritos de parte, como ella había pedido — con el tiempoen contra— para realizar el procedimiento. En ese preciso momento Lorenzettiintervino ante el Cuerpo Médico Forense, bajo dependencia de la Corte, paraque entregara el cuerpo de Nisman a la familia. Allí, su amigo HugoBorgert,449 director general pericial de la Corte Suprema de la Nación,intercedió de inmediato, como lo confirmaron profesionales del cuerpo.

Lorenzetti estuvo interesado en colaborar desde que se descubrió elcuerpo de Nisman con la cabeza perforada de un balazo. El máximoresponsable del Poder Judicial tomó conciencia de la dimensión del caso quehabía conmocionado a la Argentina y al mundo. Recibió a la jueza Palmaghini,y le brindó colaboración.450

El Ministerio Público, alineado al kirchnerismo, también prestó soporte.De inmediato, Arroyo Salgado, contó con la defensa técnica conformada porun equipo de defensores públicos liderados por Germán Carlevaro. Ese seríael abogado de la Defensoría Pública que llevaría adelante la representaciónde la querella o damnificados. Se habían traspasado algunos límites legales.Este tipo de defensorías está previsto en la Constitución Nacional solo para

personas de escasos recursos. Y este no era el caso. Ya fuera como unaespecie de privilegio o colaboración desinteresada le habían prestado aArroyo Salgado todas las herramientas que había a su alcance y las que no,también. “Solo encuentro garantías en el Programa de Asistencia y Patrociniojurídico de ese Ministerio Público de la Defensa al que tuve el honor depertenecer”, dijo la ex mujer de Nisman en una conferencia de prensa, ante eldescontento con el curso de la investigación.451

Los soportes legales empezaron a tambalear. Existían diferencias entrela postura de Arroyo Salgado (querella) y los 12 peritos oficiales del CuerpoMédico Forense de la Corte. Estos situaron la data de la muerte el domingo 18de enero, en una franja horaria que va del mediodía a la primera tarde. Porotro lado, concluyeron que los golpes que tenía Nisman en el cuerpo no habíansido en el fragor de un acto de defensa propia sino producto de la caída tras eldisparo. Eso demostraría —a su juicio— que Nisman sufrió una caída a plomoo con el peso de su propio cuerpo, sin nada que lo amortiguara. Se golpeó lacabeza y una pierna, y quedo agonizando. Todas esas conclusionescorrespondían a los peritos oficiales de la Corte.452 Trabajaron bajo ladirección del decano del Cuerpo Forense, Roberto Godoy, aunque quienrealizó la autopsia de Nisman fue el perito ad hoc Héctor Di Salvo y elmédico legista Fernando Trezza. Los profesionales fueron reconocidos por suspares como competentes, aunque en el caso de Godoy las opiniones no fueronunánimes por su calidad de médico psiquiatra con pocas autopsias en su haber.“Otro colega destacó los vínculos con el presidente de la Corte, RicardoLorenzetti, y afirmó que fue quien pidió su intervención en el caso. El ataquede Arroyo Salgado contra Godoy y su equipo abrió una grieta entre la jueza yel presidente de la Corte, que hasta ahora habían mostrado coincidencias decriterio”.453

Así, dos equipos de profesionales se enfrentaban: el del alto tribunalversus el equipo de Arroyo Salgado. La jueza tenía un batallón de técnicos. Lasecundaban el forense Osvaldo Raffo, el médico legista Julio Ravioli y elcriminalista Daniel Salcedo. Por su parte Diego Lagomarsino, el técnicoinformático, único imputado en la causa por prestarle la pistola calibre 22 aNisman con la que terminó o terminaron con su vida, presentó al perito departe Mariano Castex. En la Junta Médica realizada el20 de mayo de 2015,Castex coincidió con los diez especialistas del Cuerpo Médico Forense y los

dos de la Policía Federal en que “no se encontraron indicios que permitansostener con rigor médico que la muerte de Alberto Nisman fue unhomicidio”.454 Los trece forenses firmaron el informe final de la JuntaMédica. En cambio, los peritos designados por la familia de Nismanabandonaron la junta antes de la redacción final del informe y presentaron porseparado —en sobre cerrado— sus propias conclusiones. Había solo un puntoen común entre todos ellos: la escena del crimen “estaba contaminada, lo queimpediría saber a ciencia cierta lo que realmente había sucedido”. Algunos lodecían a viva voz y otros por lo bajo.

Había otras discrepancias. Mientras para Fein y los forenses de la Corte,no “hubo una tercera persona” en la escena del crimen, la querella disentía.Para la jueza Arroyo Salgado y sus peritos el cuerpo fue “arrastrado y Nismanagonizó durante varios minutos”.

El Cuerpo Pericial de la Corte ha estado bajo la mira desde hace tiempotanto por las designaciones “con criterios políticos” como por la asignaciónirregular de causas a determinados profesionales en detrimento de otros, quedebería ser investigado en detalle por la Justicia, explicó la legisladoraporteña Paula Oliveto Lago.455 “Hay irregularidades que se encuentran bajoestudio”, concluyó.

Pero desde el órgano procuraron rebatir estos argumentos, al destacarque las “designaciones son por concurso y en base a criterios profesionales”.Sin embargo, muchos se preguntan cómo hubiera sido el resultado de laautopsia oficial si no hubiera estado la viuda de Kirchner en la presidencia.¿Podría haber sido otra?

¿Puede direccionarse un tema de tamaña gravedad? Silencio de losperitos oficiales.

La jueza Sandra Arroyo Salgado seguía firme en su postura. Para ella sehabía tratado de un “magnicidio”. De hecho, ese argumento la mantuvoenfrentada a la fiscal Fein durante toda la pesquisa hasta que se esta sejubiló456 cuando la causa aún se tironeaba entre el fuero federal y elordinario.

Un tropezón no es caída

Pero hubo más avatares políticos en la causa por la muerte de Nisman.En la apertura del año judicial de marzo de 2015, Arroyo Salgado presenciópor primera vez el discurso de Lorenzetti. Un mensaje —o no— al gobiernoestuvo allí. La imagen del presidente de la Corte con la ex mujer del fiscalresultó fuerte. Tal vez, porque la escena se daba en medio de las duras críticasque la administración kirchnerista había realizado a la Corte al acusarla deliderar un “Partido Judicial”. El presidente del cuerpo redobló la apuesta en lainauguración del año judicial y en su discurso criticó a la mandataria.457

En el arranque de su disertación, el titular de la Corte Suprema habló delas víctimas de distintas tragedias que sucedieron en el país: “Tenemos queverlas con rostro humano, no son expedientes, ni objeto de disputas políticas”,exclamó. Defendió la atribución de los jueces de declarar inconstitucionaleslas leyes: “El Poder Judicial debe poner límites. Eso no significa ni puedesignificar que sustituyan la acción de gobierno. Simplemente significa que nohay poderes ilimitados”,458 expresó. El mensaje tenía un emisor ydestinatario: se refería a las declaraciones que el domingo anterior habíahecho la entonces presidenta Cristina Fernández al criticar al Poder Judicial.Habló nuevamente sobre la existencia de un “Partido Judicial” y señaló a laCorte Suprema como responsable de que no haya avances en la causa por elatentado a la Embajada de Israel en Argentina, sucedido en 1992 y cuyainstrucción quedó en manos del máximo tribunal”. Lorenzetti redoblaba laapuesta y le contestaba: “No hagamos disputas de poderes. Las víctimas noesperan que nos echemos la culpa los unos a los otros. Esperan una actitudmás madura (…) Cuando hay personas clamando justicia, ¿qué tipo dediferencias son las que nos separan? Pidió “ser más adultos, dejar lascuestiones menores y ponernos a trabajar”. “Es tiempo de terminar con laimpunidad, con investigaciones oscuras que se traban y no se sabe dóndeterminan”,459 exaltó.

“De nada sirve que digamos esto es un problema de uno o de otro”,manifestó el juez. “La Corte no tolerará ninguna acción extrema que ponga enriesgo el estado de derecho”,460 continuó.Y sumó: “No está mal que hablenlos poderes. Debe ser uno de los pocos países del mundo donde se censura eldiálogo entre poderes”.461 Luego habló de la independencia judicial y afirmóque “los jueces no deben ceder a las presiones. Debemos respetar tanto alámbito judicial como al Congreso y a la institución presidencial como ocurre

en todos los países estables, que es lo que pretendemos ser”, insistió.“Preservar la democracia es algo demasiado importante como para dejarla enmanos del odio, de la división, del egoísmo, y del miedo”, señaló el ministro.

No era una apertura más. El ritual comenzó con un video elaborado porel CIJ en la que se mostraban los rostros de víctimas y tragedias con el himnonacional de fondo y un análisis sobre la impunidad. Se entrecruzaron imágenesde víctimas de casos resonantes como Ángeles Rawson, Marita Verón,Mariano Ferreyra, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, con las de centrosclandestinos, la voladura de la AMIA y el cierre con un primerísimo plano deNisman. Tan impactante como inesperado fue el video que ninguno de losjueces federales, fiscales, autoridades del gobierno nacional, abogados,invitados, familiares de víctimas del atentado a la mutual judía AMIA yperiodistas aplaudió. El silencio colmó la sala de audiencias, Lorenzettitironeaba entre el rol de “héroe y juez”,462 decían por lo bajo algunos de losasistentes. “Había sido tan audaz como desafortunado. Tal vez, unaprovocación”, coincidieron varios de los jueces asistentes en off the record.Lo cierto era que muchas de esas causas aún se encontraban bajo investigaciónjudicial y sin sentencia firme. La justicia había dejado de ser “imparcial”. ¿Sehabía politizado?

Pero el reto continuaba. Aunque la memoria le jugaría una mala pasada:Lorenzetti se equivocó al empezar la alocución y al rebatir un cuestionamientode la ex presidenta, expresó que el atentado a la Embajada de Israel era “cosajuzgada”. El titubeo fue definido por los presentes como “un error mayúsculo”tratándose de una de las principales causas para la historia de Argentina.Evidenció que no estaba al tanto del expediente.

La reacción del supremo fue inmediata. Le solicitó a Esteban Canevari,secretario penal a cargo de la investigación, que le armara un informe sobre elestado de la causa. La cara de Lorenzetti se transformaba mientras leía que lainvestigación aún se encontraba en trámite. Es decir, en pleno proceso. Luegoel CIJ publicó ese texto en su página web,463 para retractar las palabras delministro que habían levantado polvareda.

Más tarde, en marzo de 2015, mientras Cristina Fernández seguía alfrente del Ejecutivo, la causa Nisman arribó a la Corte entre recusaciones yplanteos. Los ministros debían resolver sobre la continuidad o no de la fiscal

Fein y decidieron desestimar el recurso de queja que había planteado ArroyoSalgado. Fein continuó a cargo de la causa.464

Tic, tac… La explosión final

En el primer cuatrimestre del gobierno de Macri, en abril de 2016, pordecisión de la Cámara del Crimen, la causa Nisman pasó al fuero federal.Pese a los esfuerzos de Lorenzetti por colaborar con la investigación, allí sedesataría algo inesperado. Como si se hubiera tratado de un maleficio, elsoftware del Poder Judicial “Lex 100” explotó como una bomba —justocuando no debía hacerlo— en la causa de la muerte del fiscal Nisman. Fue el11 de abril del 2016, a las 11.40, cuando se presentó ante la Cámara Federal,en los tribunales de Comodoro Py, Sebastián Marasco, secretario letrado de lajueza Palmaghini, acompañado de los prosecretarios Ignacio Perzán yFederico Simonetto, para cumplir con el sorteo del juzgado que recepcionaríala investigación en el fuero federal.

Los funcionarios entregaron a la Cámara los 61 cuerpos de lainvestigación.465

Quizás no pasó un minuto cuando ocurrió lo que, de ninguna manera,podía suceder. Justo a las 11:57 cuando se inició el sorteo de la causa Nisman,el sistema eclosionó. Reventó. Por más de tres horas se paralizó. Entró encoma. El sistema arrojaba de forma permanente “error”, repetían una y otravez los empleados. A las 12.23 se canceló el sorteo por “fallos detransacción” según la expresión insólita que señalaba el sistema en la pantallade la computadora. El sorteo parecía maldecido. “El diablo había metido lacola”, se reían los judiciales. La secretaria general de la Cámara Federal,Susana Echeverría, transpiraba y su temperatura corporal oscilaba entre el fríogélido y el calor tropical. Le temblaban las piernas y su cara empalideció, lebajó el azúcar. Era la responsable de lo que pasaba ante sus ojos, pero aun asíno podía creer que sucediera con la causa Nisman mientras funcionarios yperiodistas esperaban, del otro lado del mostrador, conocer quién sería el juezque asumiría la investigación.

Hasta ese momento, Marasco desconocía lo que acontecía. Nadie ledaba explicaciones. Lo único claro era que aún no se había sorteado la causa.Fue entonces cuando Marasco cuestionó la excesiva demora ante los

empleados, quienes le informaron que “era un error recurrente, pero quellegado el caso el sorteo sería manual”. A Marasco se lo notaba ofuscado.Desconfiaba de alguna “maniobra” en el sorteo.

Pero, ¿qué era lo que sucedía? He aquí la sorpresa. Se había sorteado elexpediente por la muerte de Nisman registrado bajo el N° 3559/2015 y el juezasignado había sido Sebastián Casanello. El CIJ —ni lerdo ni perezoso—publicó la información. Esa sería la prueba letal que demostraba que todo eraun fraude porque, en verdad, el sistema había fallado y en rigor, el sorteonunca se había producido.

Las dificultades prosiguieron. Echeverría seguía pálida, al borde delcolapso. Para evitar futuras responsabilidades, el presidente de la Cámara,Martín Irurzun, ordenó que se volviera a sortear la causa. Recién a las 14.39,“Trapito” Mehlman, director general de Tecnología de la Magistratura, secomunicó con Echeverría para informarle que el sistema se había restablecido.Mientras todo esto ocurría, Marasco, encolerizado, esperaba buenas nuevas debrazos cruzados.

Tras ese largo peregrinar y después de borrar todos los registros, laCámara hizo un nuevo sorteo recién a las 14.50 ante la presencia de Marasco,quien luego labró un acta detallada de todo lo ocurrido. Julián Ercolini, deaceitado vínculo con Lorenzetti, asumiría la causa.

En paralelo, Irurzun —máximo responsable de los sorteos del fuerofederal— impulsó una denuncia al igual que lo hizo el abogado RicardoMonner Sans. La causa quedó primero en manos del juez Claudio Bonadio y elfiscal Carlos Rívolo,466 aunque luego pasó a manos de la jueza MaríaRomilda Servini de Cubría y el fiscal Patricio Evers.467 No era la primera,Monner Sans ya había cuestionado la implementación del Lex 100 ante el juezAriel Lijo.468

Con posterioridad, el presidente de la Magistratura, Miguel Piedecasas,ordenó un sumario administrativo ante lo acaecido. Esto motivó que JuanCarlos Cubría, administrador general del Poder Judicial, apartara a Mehlmande su cargo. Lo reemplazó el subadministrador del Consejo y ex directorcontable de la Unidad Informática, Jorge Nasisi, aunque al poco tiempo,Mehlman fue reincorporado a sus funciones.469

El sistema hacía agua y el último naufragio había sido ese caso, deextrema sensibilidad. El efecto colateral impactaba en la línea de flotación delresto de los juzgados federales donde el reparto de causas recordaba a lafigura en espejo de un croupier arrojando las cartas sobre la mesa del casino.Entre los técnicos de la Magistratura no hubo unidad de criterio para explicarlas razones del caos. Lo cierto fue que las irregularidades que rodearon alsorteo informático de la causa Nisman generaron cambios. Obligó al máximotribunal a tomar las riendas de la administración de la base de datos del PoderJudicial que ya había asumido el 2 de marzo de 2016 a través de la Acordada6/16. Pero fue el expediente Nisman el que aceleró los pasos paraimplementar un protocolo de actuación desde el 5 de mayo de 2016. En suma,la Corte pasó a ser la máxima responsable del sistema informático del PoderJudicial de la Nación.

Entre idas y vueltas de un sorteo teñido de desconfianza, la causaNisman continuaba en medio de un debate. Era un botín de guerra. El 16 dejunio de 2016, la Cámara de Casación porteña ordenó que la causa volviera ala órbita ordinaria de la jueza Palmaghini.470 Así fue que, mediante unrecurso de queja, el fiscal Ricardo Sáenz cuestionó la medida y el 20 deseptiembre de 2016, con la firma de todos los integrantes, la Corte decidió quela causa volviese a manos del juez Ercolini.471

Los tres mosqueteros

El sistema Lex 100 estallaba por los aires y las esquirlas de la explosiónsobrevolaban en la Justicia. Era momento de dar respuestas. Fue entonces queel 27 de septiembre de 2016 el presidente de la Magistratura, MiguelPiedecasas —amigo y socio de Lorenzetti— habría seguido las directivas delsupremo juez: reestructurar las áreas de tecnología y de seguridad informática.Así lo informó a los consejeros en la reunión ese mismo día. El anunciodetonó una riña entre Piedecasas y Luis María Cabral, dos actores de unmismo bando. El primero se inclinaba por apartar a Mehlman, y el segundopor mantenerlo. El presidente del cuerpo le recordó a “Bachicha” Cabral queya habían nombrado a su “pollo” Mariano Pérez Roller en el cargo desecretario general de la Magistratura, para certificar —en el rol de escribano— cada disposición del órgano colegiado. La pulseada la ganóPiedecasas.472

El sistema Lex 100 estaba bajo la lupa por su presunta permeabilidad ala manipulación de datos sensibles y despertó fuertes cuestionamientos delkirchnerismo en el Consejo. Casi como si facciones de los servicios deinteligencia hubieran desatado una guerra. Es tan así que en ese plenario eldiputado nacional del FpV Rodolfo Tailhade, más conocido como el“dipuespía”473 pidió la palabra e incriminó: “la verdad que escucharproyectos especiales y Melhman me da miedo, así nomás se los digo. Ya meestoy imaginando allanamientos reiterados en donde coloquen a Melhman.Estas modificaciones son para disfrazar las responsabilidades”, expresó elcamporista Tailhade. No había forma de frenar su alocución y remató: “losoperadores judiciales como los medios solo se ponen a correr cuando Carriódenuncia”.

Melhman fue apartado de su cargo, pero no sancionado sino nombradodirector de la nueva Unidad de Modernización, Innovaciones Tecnológicas yProyectos Especiales. Por otro lado, se creó la Dirección General deSeguridad Informática, a cargo del ingeniero Sebastián Gómez del Junco.Mientras que la Dirección General de Tecnología que comandaba Mehlman,quedó al mando de la ingeniera civil Adriana Marisa Waintal. Estas dosúltimas direcciones bajo la superintendencia del contador, Jorge Nasisi,subadministrador general del Consejo,474 hombre del riñón del radicalErnesto Sanz y de Lorenzetti, como él mismo solía presentarse.

Waintal fue la misma que en 2012 se encargó de realizar loscronogramas de las implementaciones del polémico Lex 100. En tanto AlbertoChareca, quien hace años ejerce el cargo de subdirector de Tecnología sesumó a ella en un frente común. Lo propio hizo José Masdeu, alias “elChaqueño clonador”, jefe del Departamento de Ingeniería y Comunicaciones.El apodo se lo ganó entre sus compañeros por la habilidad de clonar teléfonoscelulares y hackear aquello que se propusiera, como aseguraron losinformáticos. Señalados como “alfiles” de Melhman, en la Justicia los llaman“los tres mosqueteros”. Ganaron fama por duplicar sus sueldos a través delcobro de horas electorales, un porcentaje adicional extra que se justifica tansolo con ingresar a las computadoras desde sus domicilios con una contraseña,fuera del horario laboral y sobre todo los fines de semana,475 como lodenunció ante la justicia federal el abogado Ricardo Monner Sans. La causaquedó bajo la órbita del juez Julián Ercolini.

Tras la reforma implementada por Piedecasas, Juan Carlos Cubríasuspendió las horas electorales a estos funcionarios. Había fuego cruzado. Alos “tres mosqueteros” los secundaban los históricos informáticos Juan CarlosCavo, Alejandro Falcone, Jorge Nasisi, Gabriel Mehlman y Alfredo Catoira.

También se creó una Unidad de Auditoría Informática dependiente de lapresidencia de la Corte, es decir de Lorenzetti.476 ¿Gatopardismo?

Todos estos cambios generaron la ira de la jefa de Departamento deOrganización y Sistemas, Patricia Borrás, quien trabajó durante veintiochoaños en la Dirección General de Tecnología. La situación era insostenible paraella, coinciden los técnicos. Su negativa a la implementación del Lex 100 ya lehabía costado ser separada de sus funciones durante la puesta en marcha delprograma. Ella advirtió sobre las irregularidades del software y ahí empezó eltormento. Pese a ser una experta en la temática y reconocida por su trayectoria,fue trasladada a un escritorio arrinconado donde le negaban tareas pero laobligaban a cumplir el horario, tal como recuerdan allegados a la funcionaria.“Estaba prisionera, era jefa pero no la dejaban actuar”, recapitulan mientras lacomparan con el hostigamiento que vivió durante el kirchnerismo GracielaBevacqua, ex directora del Indec.

De inmediato Borrás gestionó el pase y en veinticuatro horas estuvosolucionado. Mientras la funcionara informaba su decisión a Waintal, susuperiora, lloraba frente a sus narices porque no podía creer que la únicapersona con el oficio y técnicas requeridas decidiera dar un paso al costado.Para Borrás eran claras las irregularidades que implementaban, como señaló asus íntimos. Waintal no podía contener las lágrimas, ya se sentía a la deriva.

Los informáticos estaban preocupados ante los cambios mientras “lostres mosqueteros” se abroquelaron “uno para todos y todos para uno”, en unfrente común de resistencia ante los ataques externos hacia la DGT.

El 21 de octubre de 2016 ocurrió el mayor ataque cibernético mundial enlos últimos diez años. El Poder Judicial argentino no estuvo exento, seis díasdespués fue hackeado.477 Durante cuatro días los servidores estuvieroninactivos. A tal punto que la Corte debió declarar días inhábiles para que nose contabilizaran los plazos procesales en las causas.478 Al día siguiente lajueza federal Servini —que ya no firma con el apellido Cubría— sorprendió

al data center (sede donde se resguardan las computadoras maestras y lasbases de datos del Lex 100) con un segundo allanamiento.

¿El hackeo habrá surgido desde el mismo Poder Judicial? Todas lasopiniones por lo bajo eran afirmativas. ¿Querían librarse de información?¿Qué escondía ese ciberataque al sistema informático judicial? Hasta lasinternas de los servicios de inteligencia cayeron en la búsqueda de respuestas.

El Lex 100 solo desataba internas. Pero la cruzada que ya daba quéhablar era la que impulsaba la jueza federal Servini contra Lorenzetti sobre lasupuesta responsabilidad en la implementación y funcionamiento del software.La magistrada promovía la denuncia de la diputada Carrió que habíacuestionado la presunta manipulación de los sorteos judiciales como de datos.Así también, quería averiguar si era factible direccionar los casos adeterminados jueces y peritos.479

En tanto, el hijo de la Chuchi y administrador general del Poder Judicialde la Nación se negó480 a dar luz verde a la reingeniería del sistema electoralargentino a mediados de 2016. El proyecto pretendía “monopolizar bajo el alade Lorenzetti el sistema electoral argentino y descabezar a los veinticuatrojueces electorales”, entre ellos su madre, como el mismo Cubría lo definió enel capítulo 1.

Del otro lado del round judicial y preparada para defender a su hijo,Servini mantiene bajo su órbita no solo la denuncia por las supuestasirregularidades del Lex 100 que lo tiene a Lorenzetti con los pies sobre brasas—como trascendió desde la Corte—, sino también la investigación por elmanejo de los fondos de Fútbol para Todos. En esta última, en junio de 2016,procesó a los ex jefes de Gabinete del kirchnerismo, Aníbal Fernández, JorgeCapitanich, Juan Manuel Abal Medina y al presidente de la AFA, Luis Segura,entre otros.481 Aunque dos nombres barajaba la jueza en ambas causas:Andrés Meiszner y Aníbal Fernández (ver capítulo 6). La Chuchi dispuesta adar batalla.

Pero una decisión judicial repercutiría en el escenario político losúltimos días de diciembre del 2016, seis meses antes de eleccioneslegislativas. La justicia penal resolvió reabrir la denuncia de Nisman contraCristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la

AMIA, mediante la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.482Tras la intermediación de Lorenzetti —en palabras de camaristas federales—la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió reabrir lainvestigación. El fallo se dio después de dos meses de una intensa suerte deguerra en Casación entre los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky —ambos alineados al presidente de la Corte y la jueza Ana María Figueroa, ultrakirchnerista de aceitado vínculo con el ex secretario de la Legal y Técnica,Carlos Zannini— decidió reabrir la investigación. El escrito de Nisman, quetras su muerte pasó diferentes estadios judiciales sin avance alguno —comoconsta en el expediente— acusa al dirigente iraní Jorge Alejandro “Yussuf”Khalil, al ex juez Héctor Luis Yrimia y a Ramón Allan Bogado, supuesto espíade la ex Side. La denuncia activada por los camaristas también apunta contrael ex canciller Héctor Timerman, el diputado de La Cámpora, AndrésLarroque, y los piqueteros Luis D’Elía y Fernando Esteche.

El máximo tribunal penal del país daba un gran paso con esta decisión,como lo analizaron en el seno de la comunidad judía. Los camaristas apartarondel caso al juez federal Daniel Rafecas (que rechazó dos veces investigar laacusación) y tras ser sorteada de nuevo, Ariel Lijo, amigo personal deLorenzetti quedó a cargo de la causa.

El 14 de enero de 2017, el fiscal federal Federico Delgado solicitó aljuez Rodolfo Canicoba Corral que investigara el robo de una llave de acceso ala declaración cifrada del ex espía Stiuso y del sistema informático del PoderJudicial.483 La denuncia que realizó el ex subdirector de SeguridadInformática del Poder Judicial, Luis David Conte, apuntó contra uno de losinformáticos del equipo que lideran “los tres mosqueteros”: Sebastián Gómezdel Junco.

Tras volver de sus vacaciones el 2 de enero, Conte no solo notó que lehabían cambiado el cerrojo de su despacho sino que le faltaban de su cajafuerte —guardada en su oficina de la calle Lavalle 1240 que compartía conGómez del Junco— un pendrive que contenía una de las dos claves de accesoal testimonio cifrado, por tener información de inteligencia. Era el del ex espíaStiuso en la causa por la muerte del ex fiscal Nisman y que la jueza FabianaPalmaghini había solicitado resguardar allí. Gómez del Junco le explicó aConte que durante su licencia, junto al subadministrador Jorge Nasisi, le

habían asignado una nueva oficina y que, por lo tanto, le cambiaron lacerradura. También advirtió la sustracción de un CD que contenía el códigofuente o contraseña del Lex 100, el polémico software del Poder Judicial. Así,Conte lo dejó sentado en su denuncia como también la manipulación de sucomputadora laboral. Para algunos judiciales se trataba de una interna deinformáticos, para otros, entre los supuestos robos, ciberdelitos, hackers ypiratas en la red no salían de su asombro. Parecía una película de cienciaficción, pero no era Matrix —decían—, era Justrix.

448. Clarín, 20 de febrero 2015, María Eugenia Duffard:http://www.clarin.com/politica/Nisman-llevo-dudas-Corte-Suprema_0_1307269465.html.

449. Borgert fue el contador que suplió a Cristina Akmentis en el manejopresupuestario del Consejo de la Magistratura, en diciembre de 2009, aunqueonce meses después fue trasladado como cabeza del organismo, como seanalizó en el capítulo 4.

450. Clarín, 20 de febrero de 2015:http://www.clarin.com/politica/Nisman-llevo- dudas-Corte-Suprema_0_1307269465.html.

451. Según surge de nota publicada en el diario Página 12, el miércoles11 de febrero de 2015 en el sitio Web:http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-265931-

2015-02-11.html. El sitio web Infojus, informó que la DefensoríaGeneral de la Nación nombró al defensor público Germán Carlevaro comorepresentante de la familia de Alberto Nisman y el abogado particular JorgeBreiman, que había sido nombrado para tal fin, quedó desplazado delexpediente. Así, en la resolución 109/15 del Ministerio Público de la Defensase resuelve el patrocinio tanto de Arroyo Salgado como de Sara Garfunkel,madre de Nisman. La exmujer del fallecido fiscal especial de la causa AMIAargumentó el pedido diciendo que “la trascendencia e intereses de magnitudaún desconocidos que subyacen a la instrucción a cargo de la fiscal VivianaFein, convencen a la suscripta de que el valor ‘justicia’ y el anhelo por eldescubrimiento de la verdad solo habrán de alcanzarse a partir deldesenvolvimiento profesional, idóneo y ético de las partes que intervienen en

el proceso”.

452. Infonews, Néstor Espósito, 20 de mayo de 2015:http://www.infonews.com/nota/201028/para-13-peritos-nisman-se-suicido-el-domingo 453. Perfil de 2016: Francisco Jueguen, 15 de febrero trasirregularidades del software del Poder Judicial Lex 100 el 15 de julio de 2016y la causa Aurelio Tomás, de marzo de 2015:http://www.perfil.com/politica/dos-equipos-forenses-se-enfrentan- en-la-investigacion-del-caso-nisman-0307-0006.phtml.

454. La Nación, Paz Rodríguez Neill,21 de mayo 2015:http://www.lanacion.com.ar/1794590-nisman-la-junta-medica-concluyo-que-no-hay- pruebas-de-un-homicidio.

455. Entrevista para este libro a la legisladora porteña del Frente Unen,Paula Oliveto Lago.

456. La fiscal Viviana Fein presentó su jubilación el viernes 15 de abrilde 2016, según surge de nota publicada tres días después en el diario LaNación: http://www.lanacion.com.ar/1890494-la-fiscal-viviana-fein-presento-su-renuncia.

457. Clarín, 3 de marzo de 2015:http://www.clarin.com/politica/Arroyo-Salgado- Nisman-Lorenzetti-apertura_0_1313868792.html.

458. Clarín, 3 de marzo de 2015: http://www.clarin.com/politica/luego-cristina- lorenzetti-apertura-judicial_0_rJEGYX5P7g.html.

459. El Cronista, 3 de marzo de 2015:http://www.cronista.com/economiapolitica/El- discurso-de-Lorenzetti-en-12-frases-20150303-0098.

460. La Nación, Adrián Ventura, 4 de marzo 2015:http://www.lanacion.com.ar/1773227-el-poder-judicial-debe-poner-limites-respondio-lorenzetti.

461. Clarín, 3 de marzo de 2015: http://www.clarin.com/politica/Luego-

Cristina- Lorenzetti-apertura-judicial_0_1313868802.html.

462. Página 12, Horacio Verbitsky, 8 de mayo de 2016:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-298830-2016-05-08.html.

463. CIJ, 4 de marzo de 2015: http://www.cij.gov.ar/nota-15040-Informe-sobre-el- estado-de-la-causa-relativa-al-atentado-a-la-Embajada-de-Israel.-Informe-de-la- Secretar-a-Judicial-N--3.-Dr-Canevari.html.

464. La Nación 4 de marzo de 2015:http://www.lanacion.com.ar/1828135-la-corte- rechazo-un-recurso-de-arroyo-salgado-y-viviana-fein-seguira-al-frente-del-caso- nisman.

465. Surge de acta labrada por Sebastián Marasco el 11 de abril de2016, a fojas 6 y 7 del Expediente S.G.N N° 2434/2016.

466. Tiempo Judicial, 19 de mayo de 2016:http://www.tiempojudicial.com/la- denuncia-por-el-forum-shopping-en-la-causa-nisman/

467. El 15 de julio de 2016 la diputada Elisa Carrió denunció lassupuestas irregularidades del software de gestión judicial Lex 100 (sorteos decausas, peritos, etc.). La investigación quedó a cargo de la jueza MaríaRomilda Servini y el fiscal Patricio Evers. A partir de entonces porconexidad, es decir el mismo objeto de investigación el juez Bonadío delególa causa por el sorteo de la muerte del fiscal Alberto Nisman a la magistrada.El juez Ariel Lijo mantiene bajo su órbita la denuncia (causa 1960/16) por lassupuestas irregularidades en la adquisición del Lex 100 en una licitaciónsospechada de haber estado “direccionada” (ver capítulo 6).

468. Tiempo Judicial, 19 de mayo de 2016:http://www.tiempojudicial.com/la- denuncia-por-el-forum-shopping-en-la-causa-nisman/ y el 10 de mayo de 2016 en el link:http://www.tiempojudicial.com/forum-shopping-en-el-pase-a-federal-de-la-causa-nisman/

469. Expediente del Consejo de la Magistratura SGN 2434/2016 y actalabrada por Sebastián Marasco a fojas 6 y 7 del expediente mencionado. Se

complementa con Acta de Reunión de Evaluación de Incidente en la CausaCCC N° 3559/2015 sobre el sorteo de la causa “Nisman”. Por la Resolucióndel Consejo de la Magistratura, N° 59/16 del 25 de febrero de 2016, sedesignó al contador Jorge Nasisi como subadministrador General dentro de laestructura de la Oficina de Administración y Financiera, con la suscripción deMiguel Piedecasas y Susana Berterreix. Por la Resolución CM N° 144/16 del7 de abril de 2016 ratificó en sus cargos a Nasisi y Juan Carlos Cubría. Por laResolución N° 1058/2016 de fecha 26 de abril de 2016 Nasisi asumió lasfunciones de superintendencia de Gabriel Mehlman y este mantuvo ladirección técnica.

470. Dyn y Télam, 16 de junio de 2016.

471. Télam, 20 de septiembre de 2016: http://www.telam.com.ar/notas

/201609/163818-corte-suprema-de-justicia-fallo-justicia-federal-causa-alberto- nisman.html. La causa se abrió el 18 de enero del 2015 tras elhallazgo del cuerpo sin vida del fiscal de la causa Amia y se tramitó desde unprimer momento en ese fuero criminal ordinario como “NN y otross/averiguación de delito. Damnificado: Nisman, Alberto y otros”.

472. Sitio web del Consejo de la Magistratura el día 12 de septiembre de2016: http://www.consejomagistratura.gov.ar/index.php/44-autoridades/autor/3476-dr- mariano-perez-roller-secretario-general. Ladesignación fue impugnada el 8 de septiembre de 2016 por la Asociación civilUsina de Justicia ante el nombramiento de Pérez Roller, el nuevo secretariogeneral del órgano político del Poder Judicial sin llamado a “concursopúblico de antecedentes y oposición”.:o premios.os, sirregularidades a los quepremiregularidades, los mismo que lo habrntes lugares del parmita modificarel sistema

473. Noticias, Rodis Recalt, 13 de noviembre de 2015:http://noticias.perfil.com/2015/11/13/rodolfo-tailhade-el-dipuespia/

474. Sitio web del Consejo de la Magistratura el martes 27 de septiembre de2016: http://www.consejomagistratura.gov.ar/index.php/45-informacion-general/3500- sesionoplenario27-09-16.

475. Los funcionarios del Consejo de la Magistratura que cobran horaselectorales entre otros son: Adriana Marisa Waintal, según surge de susrecibos de sueldos y legajo N° 16.766, Alberto Oscar Chareca (legajo N°40.318), Juan Carlos Gagliano (legajo N° 40.987), Carlos Alberto Sena(legajo N° 36.885), Claudio Martín Alcalde (legajo N° 28.867), SebastiánCoya (legajo N° 11.413). El abogado Ricardo Monner Sans ratificó sudenuncia, ante el juzgado federal 10 secretaría 20 a cargo del juez JuliánErcolini, el 10 de noviembre de 2016.

476. El plenario de la Magistratura resolvió además que la Auditoría Generalde la Nación, la Sindicatura General de la Nación y las universidadesnacionales de Buenos Aires, La Plata y Córdoba realizaran auditorías en todaslas oficinas y tribunales de la Nación.

477. Todo Noticias, 27 de octubre de 2016:http://tn.com.ar/politica/hackearon-la-red- del-poder-judicial-de-la-nacion_749312.

478. Por Resolución N° 3019/16, la Corte Suprema declaró inhábiles los días24 y 25 de octubre de 2016 ante el supuesto hackeo informático del que habríasido victima el Poder Judicial. al de la Coalición Cívica.

479. La diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió denunció antela justicia federal las supuestas irregularidades del software del PoderJudicial Lex 100 el 15 de julio de 2016 y la causa se asignó a la juezaRomilda María Servini.

480. Por Resolución N° 1176/16 del 3 de mayo de 2016 (Expediente N° 10-6934/10) el Administrador General del Poder Judicial suspendió la migraciónde datos de los padrones electorales.

481. La Nación, 23 de junio de 2016: http://www.lanacion.com.ar/ 1911697-anibal- fernandez-jorge-capitanich-y-juan-abal-medina-procesados-por-la-causa-del-futbol- para-todos. Se complementa con nota del diario Clarín, 4 deseptiembre de 2016: http://www.clarin.com/politica/Avanza-investigacion-argentina-escandalo- FIFA_0_1644435546.html.

482. Clarín, 29 de diciembre 2016: http://www.clarin.com/politica/amia-

ordenaran- investigar-denuncia-nisman-cristina-kirchner_0_rJHXtsfre.html.

483. Noticias Argentinas, Sergio Farella, 14 de enero de 2017.

Capítulo 10La tierra prometidaLorenzetti y la versión del vamos por todo:

tierras, gas, petróleo, ganadería, agricultura, minería, químicos y otrasinversiones. Las avionetas de Salta. La fachada ecologista y el negocio deldesmonte a costa de los pueblos originarios. El triángulo Cristina Fernández,Juan Manuel Urtubey y el juez supremo. Las dos caras de Lorenzetti. Sutesoro: la Fundación Expoterra. Mecenas, millones y transferenciasmillonarias al extranjero.

(…) No te burles de un colla, que si vas pa l cerro, te abrirá laspuertas de su triste casa.

Tomarás su chicha, te dará su poncho, y junto a sus guaguas, comerásun tulpo… y a cambio de nada.

No te rías de un colla que busca el silencio, que en medio de lajas,cultiva sus habas, y allá en las alturas, en donde no hay nada…

¡así sobrevive con su Pachamama!

Fortunato Ramos

Los montes del norte salteño están en peligro. La paleta de colores delos bosques nativos se transforma. Los verdes y marrones se han tornado ocresy amarillos ceniza. La furia de inmensas topadoras arrasa en caravana con loque se atraviesa a su paso. No hay salida para la fauna. Tampoco para familiasenteras de comunidades indígenas y criollas. Nada queda en pie. Ni la imagende sus recuerdos. El paisaje se lo tragó la tierra a golpe de máquinas,atropello, corrupción y falta de respeto. Vivir sin vida, desde hace más deveinte años.

En una hora se desmontan cinco hectáreas y en un día 120, porquetrabajan día y noche sin parar. El “Chaco salteño” agoniza en un lentoexterminio. Hay nuevos colonizadores en el norte del país. La tierra con sus

bosques es el terreno de batalla. La conquista cruza provincias y se hacenacional. El 28 de noviembre de 2007 el Congreso aprobó la Ley deProtección Ambiental de Bosques Nativos 26.331.484 El objetivo eraproteger los bosques y reconocer los derechos ancestrales de las comunidadesindígenas de la región. La norma exigió a las provincias distinguir las zonas delos nativos485 en un mapa de acuerdo al cual podrían autorizarse o no losdesmontes, luego de un estudio de impacto ambiental. La disposición obligaba,además, a que la cartografía fuera aprobada por una ley provincial.

Ya por entonces, Cristina Fernández de Kirchner tenía en mente extenderla zona agropecuaria a más de seis millones de hectáreas. Lo lograría tresaños más tarde mediante el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial2010-2020 (PEA). El proceso no sería un camino de rosas. Los bosquesnativos de las regiones que integran los departamentos de San Martín, Orán,Rivadavia y Santa Victoria, de la provincia de Salta, estaban incluidos en elexterminio. Los habitantes lo advirtieron y tratarían de evitarlo. Seguíancreyendo y queriendo conservar sus raíces y sus árboles. La presidenta notendría el apoyo de ellos.

A quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija

El Gran Chaco contiene el bosque nativo más grande de Sudaméricadespués del Amazonas. Más de un 60% del Gran Chaco se ubica en laArgentina aunque cubre parte de Brasil, Bolivia y Paraguay”,486 describe elespecialista Andrew Leake, referente de Global Forest Watch487 (el sitio quebrinda datos de superficies deforestadas alrededor del mundo).

El PEA “pese al discurso oficial de defensa del medio ambiente y losderechos humanos de las comunidades, no podía concretarse sin desmontar lazona del Chaco salteño”, señaló Lucas Seghezzo, investigador del Conicet yreferente de Land Matrix (Observatorio Global sobre adquisiciones de tierra agran escala).488 “Para seguir con el proyecto se requerían tratativas entre laprovincia de Salta y el gobierno nacional”, continuó el científico.489

En Salta, el gobernador Juan Manuel Urtubey asumió el mando el 10 dediciembre de 2007. Sucesor de Juan Carlos Romero, había prometido en lacampaña electoral terminar con la política de desmontes del gobierno anterior.“En una jugada calculada, Romero, pocos días antes de abandonar el cargo

autorizó desmontar 435.000 hectáreas de montes. La cifra era exorbitante,triplicaba lo autorizado entre 2004 y 2006 y duplicaba lo desmontado hastaentonces”,490 apuntó un especialista consultado.

Para Urtubey, el escenario no era fácil. Se encontraba en plenaencrucijada. Por un lado, debía cumplir con Cristina Fernández de Kirchner ypor otro, con los votantes. Ambos compromisos eran excluyentes. Tenía queelegir entre ser fiel a la promesa electoral o a la mujer más poderosa deArgentina. En ese contexto, además, estaba obligado a desarrollar un nuevoordenamiento territorial de bosques nativos. Era imperativo y de obligadocumplimiento por la ley 26.331. Para ello, creó el Ministerio de Ambiente yDesarrollo Sustentable (MADS) y una Unidad Ejecutiva491 que sería laresponsable de confeccionar los mapas de zonificación requeridos por la leynacional.

Los funcionarios del gobierno de Salta los realizaron con sumo detalle.Urtubey los miró de arriba abajo, al derecho y al revés. No tuvo dudas, losdesechó: restringían las zonas de desmonte y eso no era lo que él quería. Elperonista, que sueña con ocupar un día el sillón de Rivadavia, puso en marchael plan B. Recurrió a la fundación y consultora ProYungas492 para queconfeccionara una cartografía que ampliara la zona de desmontes y fuerapermeable a los intereses económicos en juego. Los de la presidenta, los suyosy, posiblemente de Lorenzetti.493

Urtubey y el presidente de la Corte Suprema se reunieron en BuenosAires a mediados de noviembre de 2008. Ambos eran conscientes de que seríainevitable que la causa se judicializara. Indígenas y ecologistas iban a darbatalla con denuncias y apelaciones. Más tarde o más temprano, la Cortetendría que intervenir de manera directa ya que en cuestiones de medioambiente es el tribunal originario. Dicho de otro modo, el único competente o,al menos así había sido hasta entonces. En aquella reunión, gobernador ysupremo juez habrían acordado que la provincia elaboraría un estudio deimpacto ambiental acumulativo (EIAAc)494 o, lo que es lo mismo, un análisispormenorizado para determinar los efectos sociales y ambientales de losdesmontes pasados, como medida previa indispensable para la autorización denuevos barridos. Novedoso para el país, Urtubey se comprometió a hacerlo yentregárselo en mano. Lorenzetti, por su parte, le dio su palabra de que cuando

la causa llegase a la Corte cumpliría con colaborar con los intereses de laprovincia. “En Buenos Aires se haría un circo”, explicó el ingeniero en MedioAmbiente, Luis Caro. “Como en una obra de teatro, se montaría una puesta enescena para quedar bien con las comunidades, pero finalmente se torcería laletra de la ley para favorecer a Urtubey. De esta manera podría lograr susnegocios inmobiliarios y terratenientes: desmontar las zonas prohibidas acosta de la vida de la gente”, puntualizó Caro.

La reunión potenció las suspicacias. La idea de que existía un supuesto“acuerdo conjunto” entre Nación y provincia para pasar la topadora en losmontes parecía instalarse. Más aún cuando Néstor Cafferatta, por entoncesdirector de Normativa Ambiental de la Secretaria de Ambiente y DesarrolloSustentable de la Nación, aterrizó en Salta. La misión que llevaba consistía encolaborar en la redacción de la norma que el gobernador presentaría ante lalegislatura provincial. En el documento estaba previsto incluir un mapa dezonificación flexible —a la medida de lo que quería el gobernador— quedesvirtuaba la finalidad con la que Ley Nacional de Bosques había sidocreada.495 Con ese mapa en el bolsillo, Urtubey podía —y así lo hizo—desechar el trabajo realizado, con todo rigor, por los funcionariosprovinciales. El gobernador presentó la cartografía elaborada y encargada, adedo, a la Fundación ProYungas. Los legisladores provinciales aprobarontodo, incluido el mapa de zonificación, el 16 de diciembre de 2008 mediantela ley 7.543. La presión tanto de los grandes productores sojeros (ganaríanenormes extensiones de cultivo para el “oro verde”) y madereros (podríantalar sin miramientos para vender madera y producir muebles), como la de losempresarios inmobiliarios (comprarían grandes extensiones de tierrasprósperas para cultivo y ganado a precio vil), había surtido efecto.496

Los funcionarios locales del Ministerio de Ambiente estabandesconcertados, pero reaccionaron enseguida. Cuestionaron la medida ypusieron el foco en el mapa forestal y de ubicación de los enclaves de lospueblos originarios, elaborado por la consultora privada. No se dejaronengañar por la hojarasca y supieron ver lo que había detrás. Descalificaron elinforme porque “no garantizaba el piso de sustentabilidad exigido eincrementaba el porcentaje de 5 al 15% susceptible de ser desmontado”.

Detrás de esa jugada de simulación y artimañas el mayor beneficiado era

el propio Urtubey cuyas tierras, en el departamento San Martín y RivadaviaBanda Norte, quedaban en condición de ser desmontadas y explotadascomercialmente. Es decir, el mismo funcionario que debía velar por laintegridad de los indígenas y criollos que habitan la zona, corregía losproyectos en los que estaba implicado su patrimonio.

Ante “tamaña adversidad”, según expresión de Seghezzo, losrepresentantes de los pueblos originarios y pequeños productores criollos deSalta, Orán, San Martín, Rivadavia y Tartagal, pasando por el Chaco salteño,se organizaron en una “Mesa de Tierra”497 y denunciaron las maniobras deUrtubey con su ley y el programa de desmonte masivo. Sin pelos en la lengua,lo acusaron de “genocida”:498 Yo te digo patria mía, que el Chaco tambiénestá, con tu mano y con mi mano, velando su sueño por la identidad. Chacotambién quiere ser una canción de algodón, toda la provincianía, esperando lavida, la vida, y no inundación,499 cantaban los indígenas.

El mismo día que se aprobó la ley salteña, la “Mesa de Tierra”, presentóun amparo ante la Corte Suprema de la Nación. La denuncia planteaba la“arbitrariedad e ilegalidad de los desmontes indiscriminados en losdepartamentos salteños de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria asícomo la inconstitucionalidad de la ley”.500 El pleito ya estaba en la Corte y elgobernador Urtubey —pese a lo que habría acordado con Lorenzetti— nopodía disimular la preocupación.

Frente a aquel escenario, los pueblos originarios y los nativos de laszonas afectadas temían lo peor. No confiaban en que la Justicia fallara a sufavor. Sin embargo, la Corte había sorprendió a los pueblos originarios con unfallo considerado ejemplar por los ambientalistas, al coincidir con losparámetros de los tribunales internacionales en defensa del medio ambiente.Así, el 28 de diciembre de 2008, el alto tribunal resolvió en contra delgobierno provincial y ordenó el cese provisional de las actividades de tala ydesmonte en los cuatro departamentos involucrados. Pese a las apariencias, elpacto Lorenzetti-Urtubey, no había fracasado. Estaba en pleno proceso deejecución. Por lo pronto se cumplía con la ley y se buscaba, con estaresolución, estirar los tiempos judiciales hasta tanto llegara el momentooportuno para dar el batacazo final. “Era solo un show para la popular”, diceenojado el ingeniero Luis Caro.

“Esto no avanza para ningún lado”, le dijo el gobernador a su hermanoRodolfo, una cálida tarde de 2009, mientras conversaban en su despacho en laCasa de Gobierno de la capital norteña. Estaba irritado por las críticas querecibía en relación a los desmontes ilegales que su administración permitía entierras de pueblos originarios. Buscaba darle un cierre al conflicto judicialque había puesto a Salta en primera plana.

—Bueno, Juan Manuel, paciencia… Hay que esperar y darle tiempo a laJusticia. Tampoco pueden hacer magia —respondió Rodolfo Urtubey, exsenador nacional y ex juez criminal.

—Esto se arregla de general a general. Fijate las agendas de ambos ycoordiname una reunión —propuso el mandatario, según relataron losfuncionarios provinciales que recibieron órdenes.

Los teléfonos sonaban sin parar. Por esos días, finalmente, se habríanconcretado nuevas conversaciones y reuniones entre Lorenzetti, Urtubey yCristina Fernández de Kirchner.501 El tema central habría sido analizar lapolémica de los desmontes en Argentina desde un ángulo técnico y judicial.

Aunque el gobernador pretendía respuestas inmediatas de la Corte a sufavor, Lorenzetti lo habría convencido de dilatar el proceso en el máximotribunal. En otras palabras, le propuso estirar los tiempos de la Justicia paradejar conformes a las comunidades indígenas —denunciantes— solo por untiempo prudente hasta calmar los ánimos. El presidente de la Corte no podíaser emocional, debía poner paños fríos a la ansiedad de Urtubey. Aunque“solo sería por un tiempo”, insistía el juez ante el nerviosismo del gobernador,como lo describieron secretarios letrados. Lorenzetti le habría hecho unapropuesta técnica: diferenciar en la letra de la ley provincial los desmontesilegales (sin autorización o aquellos destinados a zonas prohibidas por lagrave afectación al medio ambiente que acarreaban) de los legales (permitidospara aprovechamiento maderero). En la práctica, el Ministerio de MedioAmbiente de Salta debía dar el primer impulso inicial, es decir tomar lasmedidas necesarias para elaborar la cartografía de las zonas de bosquesnativos y su correspondiente clasificación —de acuerdo a los intereses delgobierno provincial—, y presentarlo en el expediente ante la Corte. A partirde allí, el máximo tribunal aceptaría declarar sustentable la tala de árbolespara la actividad maderera en las ciudades salteñas de Orán y San Martín.502

Así, separaban la paja del trigo.

Pactos y secretos del supremo juez

En el caso de los desmontes, el operador ante la Corte, el hombreencargado de ablandar el corazón de los ministros para que la ley aprobada enSalta se quedara como estaba, no era otro: Rodolfo, el primogénito de nuevehijos. Los intentos de los hermanos para que el asunto pasara desapercibido, ode forma discreta, fracasaron. La causa y la polémica estallaron a nivelnacional. Una investigación del periodista Jorge Lanata, del 15 de febrero de2009, describía el escenario con ironía: “En Salta muchos políticos jugaban enel bosque:503 los hermanos Urtubey, líderes del desmonte”. Los protagonistasprincipales eran Facundo Norberto (por entonces, en forma simultánea,director de la Agencia de Promoción de Salta y titular del Consejo Federal dePlanificación y Ordenamiento Territorial —Cofeplan— encargada de velarpor la ley de bosques)504 y José Antonio. Ambos crearon la firma JOFA SA,(una sigla con las primeras letras de los nombres de ambos) para “explotar oadministrar bosques, forestación y reforestación de tierras”. Facundo, apenasasumió su hermano en la gobernación, se inventó la firma agropecuariaUnapala SRL con otros socios.

Pese a las tratativas tras bambalinas y los acuerdos secretos, lanaturaleza, en combinación con los desmontes, le jugó una mala pasada aUrtubey. Nueve días antes de aquella audiencia ocurrió algo inesperado.

El 9 de febrero de 2009, un alud de barro sin precedentes arrasó con untercio de las casas de la ciudad salteña de Tartagal. El río que lleva el mismonombre de la ciudad se había desbordado. Los pobladores debieron serevacuados, aunque a tres les costó la vida. Ante la mirada atónita de losvecinos pasaban toneladas de troncos, barro y miles de metros cúbicos deagua. La corriente se llevó casas, máquinas, autos y negocios linderos al río.El nivel fluvial llegó hasta los dos metros de altura. Los desmontes influyeronen la dimensión de la tragedia. La noticia invadía los portales y tapas de losdiarios nacionales.505 La presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajó ala zona semidevastada.506 La situación era terrible.

El gobernador tenía que lidiar con el drama y, al mismo tiempo, con suimpaciencia. La ley debía esperar aún más. Mientras, ante sus ojos, que

parecían mirar sin querer ver, se hacían evidentes las consecuencias de losdesmontes indiscriminados.

Posteriormente, el 18 de febrero de 2009,507 los supremos juecesconvocaron a una audiencia pública. Allí, las partes tuvieron la oportunidadde expresar sus posturas.

En ese contexto, el 26 de marzo de 2009 la Corte Suprema —en unasegunda oportunidad— falló en contra del gobierno de la provincia de Salta yuna vez más frenó los desmontes ilegales y la tala indiscriminada a través deuna medida cautelar. Fueron considerados fallos “históricos” para losespecialistas. El máximo tribunal solicitó al gobierno provincial y nacional larealización de un estudio del impacto ambiental acumulativo (EIAAc) quedeterminara las consecuencias ambientales y sociales de los desmontes acorto, medio y largo plazo. En Argentina no había antecedentes de ese tipo depericias, pero sí en países europeos. La iniciativa se ajustaba a lo conversadoen el supuesto pacto Lorenzetti-Urtubey.

El pedido del informe por parte del tribunal molestó sobremanera alfuncionario nacional Néstor Cafferatta, confiaron quienes lo acompañaron enla gestión. No lo habían consultado ni antes, ni durante, ni ahora. Para ellosera como si no existiera. El hombre se sentía engañado, era el especialista enmedio ambiente, con voz autorizada en representación del gobierno nacional yse lo saltaban como si fuera un charco en plena lluvia. De inmediato dedujoque “estaría todo arreglado” para confeccionar una versión del mapa declasificación de bosques contraria a la ley nacional. Se resignó. Más tarde,Lorenzetti lo recompensaría por su silencio pese al mal trago de la ley y delinforme.

Las intenciones de Urtubey eran claras. Buscaba, con esta cartografía debosques nativos “improvisada y relativamente ambientalista”, anular elrecurso de amparo planteado por las comunidades afectadas. Con ese objetivoen mente, el gobernador, una vez más, se reunió con Lorenzetti el 20 de juliode 2009, como lo anticipó el entonces ministro salteño de DesarrolloEconómico, Julio César Loutaif, quien además detalló que el mandatario teníacomo objetivo destrabar la situación que tanto afecta al sector forestal.508

Urtubey tenía un desafío inmediato por delante: revertir el freno que

había ordenado la Corte a los desmontes ilegales. Aunque lo había acordadocon Lorenzetti, se rehusaba a realizar el informe de impacto ambiental. Estabaansioso. “Su autoritarismo, su modelo de gobierno feudal y la impotencia deno poder solucionarlo todo con un llamado telefónico, como suele hacerlo ensus tierras, lo ponía de mal humor. No podía ver más allá. Estaba enceguecido.Parecía encaprichado, no entraba en razones”, deslizaron funcionarios de sugestión ante la consulta para este libro.

El sentido común y la reflexión lo hicieron cambiar de opinión y cedióante los jueces. Ordenó, por segunda vez, que la Fundación ProYungaselaborara el dichoso informe medio ambiental. Ese modus operandi ponía aUrtubey bajo la lupa de la sospecha porque el gobierno salteño, de nuevo,marginaba a sus técnicos. De hecho, ni siquiera la Secretaría de Ambiente yDesarrollo Sustentable de la Nación (SADS), máxima autoridad en la materia,participó del estudio, lo que implicó que el gobernador desaprovechara losnueve meses de trabajo que le había llevado la elaboración del mapeo a losespecialistas oficiales.

Dicho y hecho, ProYungas elaboró el segundo EIAAc que nunca se dio aconocer de manera oficial. El documento se terminó, contra reloj, por elescaso tiempo de que disponían. Eso sí, se incluyeron 1,6 millón de hectáreasen la categoría “aptas para deforestación inmediata”.509 Sincuestionamientos, la legislatura provincial aprobó el nuevo mapa dezonificación presentado por el gobernador. Era el paso necesario paracontinuar el proceso. Así fue que un mes después que Urtubey se reuniera conLorenzetti y hablaran “de general a general”, cómo lo expresó el gobernadoren referencia al presidente de la Corte; elevó el estudio ambiental a la Corte,confirmaron funcionarios provinciales.

Ante un cúmulo de irregularidades y a pedido de las comunidadesindígenas, un equipo independiente de científicos y docentes universitarios deSalta y Buenos Aires cuestionó ante la Corte en duros términos el EIAAcelaborado por ProYungas. Resultaba increíble que los fundamentos del mismono se hicieran públicos pero muchos de ellos trascendieron una vez presentadoel informe en el expediente.510

Consideraban que el mapa era incompleto, tenía errores y —aún mássorprendente— estaba desconectado de los datos y los análisis conceptuales

suministrados en el cuerpo del documento. También observaron la falta deconsideración de las costumbres e idiosincrasia de las comunidades indígenas.En igual sentido lo hicieron los funcionarios provinciales de la Secretaría deMedio Ambiente.

Ante los reproches técnicos recibidos, la Corte ordenó a Urtubey querevisara el EIAAc. A pesar de la indicación de los ministros, la versiónreconsiderada por el gobernador fue idéntica a la primera, pero esta vez losjueces la admitieron. Para descifrar el enigma que los llevó a hacerlo haríafalta algo más que una varita de madera mágica salteña. La comunidadcientífica no lo podía creer.

En los momentos más tormentosos de esta causa, el presidente de laCorte, atento a la ola de concientización del cambio climático y a laimportancia global del medio ambiente, concretó un nuevo sueño personal en2010: la Fundación Expoterra. Para algunos, en ese contexto de puja judicial,el proyecto de Lorenzetti era casi una ironía.

Las dos caras de Lorenzetti y su frente opositor con Michetti

Lorenzetti estaba alineado en la cuestión de los desmontes con CristinaFernández de Kirchner y con Urtubey en el proyecto nacional de extender lafrontera agropecuaria que redundaría en millonarias ganancias. Pero el juezsupremo jugaba a dos puntas. Mientras en materia forestal se alineaba con lapresidenta, en lo político participaba de un opositor “grupo confidencial”,según develó la referente del Pro y luego vicepresidenta de Macri, GabrielaMichetti, a la entonces embajadora estadounidense Vilma Socorro Martínez.Ámbito Financiero divulgó un cable de WikiLeaks que reportaba no solo elencuentro sino la confesión de Michetti sobre la integración de un frenteopositor que integraba junto al entonces diputado de la Coalición Cívica,Alfonso Prat Gay; el “rebelde” gobernador Urtubey —en palabras deambientalistas—; el presidente de la UCR, Ernesto Sanz; empresarios yejecutivos de bancos y Lorenzetti”.511

Sin lugar a dudas, a Urtubey y a Lorenzetti los unía mucho más que laproblemática de los desmontes. Después de tantas idas y vueltas, informes,audiencia pública, y alegatos de las partes en la Corte, una decisión dejaría aindígenas y criollos “desamparados”. El 13 de diciembre de 2011, y luego de

haber tenido durante tres años una activa intervención, el máximo tribunal sedeclaró incompetente para resolver el conflicto de los desmontes e informóque la causa debía ser tratada por la justicia salteña. La decisión implicaba unretroceso o, lo que es lo mismo, volver a fojas cero. “Los jueces de la Cortegiraron el timón en contra de su propia jurisprudencia y la mismísimaConstitución”, renegó Seghezzo. Lo cierto fue que, sin resolver la cuestión defondo, desconocieron la competencia originaria que habían admitido al iniciodel pleito cuando frenaron los desmontes. De este modo dieron un paso alcostado y derivaron la causa a la Corte salteña. “Más grave aún, levantaron lamedida cautelar que frenaba los desmontes”, recuerda el especialista. Solo losministros sabrán a conciencia las razones de tan abrupto viraje.

Como respuesta a lo sucedido y motivada por un sentimiento deimpotencia, la comunidad científica, de manera inédita, estalló en ira y en unaCarta Abierta del 20 de diciembre de 2011, responsabilizó directa oindirectamente a la Corte … de las consecuencias que este fallo pueda tenersobre el ambiente de la provincia de Salta y las provincias vecinas, y sobre lavida o la seguridad de las poblaciones indígenas y las familias criollas quehabitan en la región.512 Desde entonces, la causa está “planchada” enpalabras de un juez.

No es oro todo lo que reluce

A mediados de agosto de 2013, Lorenzetti encabezó en Salta unCongreso sobre cuidado del medio ambiente. “Ante los desastres naturales lacivilización está ante una fragilidad impotente”, aseguró. Aunque evitóresponder sobre temas claves ambientales que afectaban a la provincia: laproblemática de los desmontes y la instalación de la planta Nitratos Austin queese mismo año se estableció en la localidad de El Galpón, Salta.513

La multinacional Austin Powder con sede en Cleveland (EE.UU.) es laempresa matriz dedicada a la elaboración de material explosivo de seguridadpara la industria minera. Hace más de 20 años desembarcó en Rafaela, desdeentonces la compañía tuvo un progresivo crecimiento.514 Tanto es así que losmismos accionistas en 1997 crearon Nitratos Austin SA, ambas con sede en laciudad rafaelina, más conocida como la perla del oeste,515 y presididas porPablo Eduardo Manfredi. En tanto, el director titular de las mismas es JuanIgnacio Rigou. “Este último tiene línea directa con el gobierno salteño”,

explica el ingeniero y ambientalista Fernando San Román.516

Es el tío político de José Urtubey, el otro hermano del gobernador deSalta y dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA).517

Quizás el parentesco explicaría dos cuestiones: por un lado, las razones“por las que el gobierno salteño, que en junio de 2008 se jactó de echar a laminera Alexander Gold de Metán, luego defendió a capa y espada lainstalación de la empresa Nitratos Austin que las poblaciones piden detener”,desliza San Román. Por otro lado, ayudaría a comprender por qué la provinciafirmó un contrato con cláusulas confidenciales entre la empresa públicaRecursos Mineros y Energéticos de Salta (Remsa) y Nitratos Austin SA enagosto de 2010, justo cuando Rigou —el tío de Urtubey— quedó al frente dela firma. El acuerdo implicaba que el gobierno le garantizaría materia prima(gas natural) suficiente para producir amoníaco, ácido nítrico y nitrato deamonio con exorbitantes márgenes de ganancias que se calculaban serían cercade $1700 millones en gas subsidiado durante los diez años que contempla elacuerdo.518 “Algo a lo que el presidente de Bolivia, Evo Morales, se habíanegado, razón por la que la multinacional Austin —bajo el nombre dePetroquímica Boliviana SA en el país vecino— desembarcó en Argentina”,explicó el contador Hugo Solorza.519

Nitratos Austin SA se instaló en Salta pese a un amparo deambientalistas que los jueces de la Corte provincial rechazaron en agosto de2015 por estar mal presentado.520 Ellos reclaman que es ecológicamenteriesgosa la extracción de nitrato de amonio, utilizado en mega minería yfertilizantes, “altamente peligroso y con antecedentes de explosiones endiferentes lugares del mundo,521 explicó el ambientalista Fernando SanRomán. El dirigente informó que él y otros defensores del medio ambiente —avalados por un informe del Cuerpo de Investigadores Fiscales de Salta (CIF)— presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación parafrenar la iniciativa. “La firma Nitratos Austin se constituyó con un capital desolo $12.000 pesos sin exponer ningún plan financiero que permita sustentar lafactibilidad de la explotación y la capacidad de mitigación en caso deaccidentes o contaminaciones como lo exige la ley”, resaltó Solorza.522 “Seda una serie de irregularidades mayúsculas que afectan a la gente de maneradirecta no solo porque se le regala el gas —materia prima esencial para la

elaboración de nitrato amonio—, pero además, la empresa MEGA SRL —subcontratista de Nitratos Austin— a cargo de la construcción de la planta denitratos está vinculada al gobernador Juan Manuel Urtubey y la explotación defertilizantes se delegó a su hermano, Facundo; son socios y hay negociosocultos, sin lugar a dudas”, reniega San Román. “La situación es muy grave yla Corte Suprema de la Nación nos desestimó los dos recursos presentadosdurante el 2016”, concluyó el ambientalista. “El negocio es vender losexplosivos a las empresas mineras de Argentina y alrededor del mundo a costade la salud de los pueblerinos, pero el impacto ambiental extenderá fronteras”,se indigna Solorza. “Nuestra lucha es desigual”, se emociona y recuerda a losluchadores incansables sin recursos ni poder que caminan más de cincokilómetros para reunirse con ellos.

Pero la empresa Nitratos Austin salió al cruce. “El proyecto demandauna inversión de 170 millones de dólares, la contratación de 500 personas ycuenta con las autorizaciones ambientales a nivel nacional, provincial ymunicipal correspondientes para iniciar sus actividades”, explicó Rigou endeclaraciones a la prensa.523

En 2015 el crecimiento del capital social de Nitratos Austin SA —através de instrumentos privados— puso en alerta al periodista y diputadoprovincial Carlos Del Frade. Tras indagar en la cuestión aumentaron sussospechas de que, de modo solapado, Lorenzetti intervendría en esteemprendimiento junto a su ya socio consolidado Carlos Tita. La conformaciónde sociedades no es novedosa ni para el presidente de la Corte ni para Tita.Ambos tenían experiencia en el armado societario en el sistema de salud,(como se explica en los capítulos 2 y 11). “Las operaciones se realizarían através de adquisiciones de acciones por documentación privada anteescribanos públicos, mediante representantes o compra en comisión con laintermediación de terceros, es decir que otra persona o sociedad adquiere porellos (en relación a Lorenzetti y Tita) y luego de unos años, contra documentomediante, se transfieren a una segunda sociedad”, según pudo investigar DelFrade. Consultado Lorenzetti y allegados a él lo niegan de manera rotunda.

No obstante, el ingeniero salteño en medio ambiente Luis Caro, semanifestó en la misma sintonía que Del Frade. Desconfiado de laintermediación de Lorenzetti no solo en la empresa sino en la justicia nacional,

aventuró: “la garantía de seguridad jurídica cuando el caso llegue a la Cortepodría estar tarifada”.524

Iba por todo

Lorenzetti no gana para disgustos. Como si fuera poco, funcionarios dela provincia de Salta no solo lo relacionaron con la petroquímica NitratosAustin SA sino que también destacaron —y no precisamente en términoselogiosos— la relación política y personal que mantiene con Urtubey. Desdela polémica causa de los desmontes, en noviembre de 2008, ambos supieroncultivar una estrecha y provechosa relación. A tal punto se consolidaron losvínculos que el señalado operador del presidente de la Corte, HernánOrdiales, mantiene línea directa con el gobernador y su hermano José Urtubey,quien ya trabaja para la candidatura presidencial del actual mandatarioprovincial.525 En tanto, Pablo Lorenzetti (hijo del ministro) es viajerofrecuente a Salta. Una vez por mes suele llegar en aviones privados “paracontrolar cómo marchan los negocios”,526 confirmaron empresariosconsultados que se contactan con él.

Es sabido que para que las amistades se solidifiquen, esto es que pasende líquido a sólido, muchas veces es necesario atravesar situaciones en lasque se ponen a prueba la lealtad y la confianza. La camaradería entreLorenzetti y Urtubey debía sortear el escollo legal que ponía en juego lasaspiraciones políticas del gobernador. Un mes antes de las eleccionesprovinciales, la Corte Suprema de la Nación le dio un “espaldarazo” aUrtubey, al permitirle la re reelección. Gracias a esa decisión, logróimponerse por tercera vez consecutiva como gobernador de Salta el 17 demayo de 2015.527 Diego Saravia, titular del Frente Grande, había planteadola inconstitucionalidad de la re reelección del mandatario ante la Corte, perono prosperó.528 Los ministros Highton de Nolasco, Fayt y Maqueda, sinresolver la cuestión de fondo del planteo, consideraron que la temática de lacausa era ajena a la Corte.529 Lorenzetti no firmó la resolución, pero habríasido el intermediario y artífice de la misma, como advirtieron fuentes del senodel Palacio de Justicia.

Distinta fue la reacción de Lorenzetti un par de años antes, en 2013.Categórico impidió junto a sus pares la re reelección del entonces gobernadorde Santiago del Estero Gerardo Zamora.530 La re reelección de Urtubey tenía

una lectura jurídica y otra política. Salta marcaba el comienzo del añoelectoral en todo el país.531

La sombra de Lorenzetti comenzó a proyectarse en los rincones donde seacumula poder y dinero. La figura asomaba en actividades de todo tipo,incluidas aquellas de las que la provincia no está precisamente orgullosa.Entre las confesables —y no todos— figuran los negocios inmobiliarios. Losprimeros los emprendió el rafaelino cuando aún se dedicaba al ejercicio de laabogacía pero no serían, ni mucho menos, los últimos.

Referentes de la Iglesia y la Justicia salteña aseguraron —en estricto offthe record — que el presidente de la Corte Suprema tendría interés personalen las zonas de desmontes ilegales. Otros consultados aseguran que ya tendríatierras en la provincia. Difícil de comprobar, el ingeniero Caro dijo que losfuncionarios del Gobierno salteño explicaban el supuesto acuerdo Lorenzetti-Urtubey con un enroque: la entrega de tierras a cambio de que se solucionarala causa “Dino Salas” (a favor del gobernador) en la que se cuestionaban losdesmontes ilegales. “El presidente de la Corte puede tener fincas y tierrasdonde quiera, lo grave sería que las hubiera adquirido en el marco de unatransacción política después de su intervención en la causa de lascomunidades indígenas”, concluyó Caro.

Sin tregua mediante, al juez supremo también lo asocian al FrigoríficoBermejo cuyo dueño mayoritario sería el banquero Jorge Brito, a través de suabogado Máximo Lanusse, investigado en la causa por la ex imprenta CicconeCalcográfica en la que fue procesado el ex vicepresidente Amado Boudou,entre otros.532 La firma habría contado con varios trámites de deforestación alos que el gobierno provincial habría accedido. Allí los operadores ante elgobierno provincial, habrían sido Facundo Urtubey y Horacio Brito,533 segúnconfirmaron fuentes gubernamentales y judiciales.

El frigorífico Bermejo merece un párrafo aparte. Se dedica a la cría deganado y comercialización de carne nacional e internacional. La firma figuróentre aquellas que transfirieron $6.606.000 al exterior entre 2008 y 2009,según los datos del Banco Central. La empresa tendría su matriz en Orán534(Salta) pero sus vacunos pastarían en tierras de la localidad salteña de Antadesde donde son trasladados a Pichanal. Acá el frigorífico tiene otra sede. Losambientalistas que estudian la zona advirtieron que la empresa contamina la

costa del Río San Francisco, donde arroja los desechos en un basural abierto.

El frigorífico Bermejo tendría una firma satélite, la Compañía AgrícolaIndustrial Salteña, con más de 51 inmuebles urbanos y tres catastros rurales delos cuales uno de ellos es la finca Urundel.535 Pese a la gran cantidad deinmuebles a su nombre, resulta llamativo que la sociedad no se encuentreregistrada en la Inspección General de Personas Jurídicas de la ciudad. Estoimplicaría que podría evitar dar explicaciones ante la justicia local llegado elcaso, como señalaron especialistas. La empresa —en diciembre de 2016—tiene cheques rechazados y aportes de seguridad social impagos desde hacemás de un año. Además, la Compañía Agrícola Industrial Salteña tramita ladeforestación sobre la finca Urundel de algo menos de 1000 hectáreas,asociado a un proyecto con fines de agricultura y ganadería ante la Secretaríade Ambiente de Salta.536

Los supuestos negocios inmobiliarios que le atribuyen a Lorenzetti yempresarios afines a él continúan. La finca Mollinedo,537 ubicada en eldepartamento salteño de Rivadavia, está rodeada de mitos que corren de bocaen boca entre los lugareños y baqueanos. Aunque también entre fuenteseclesiásticas y judiciales que la vinculan a Lorenzetti. Ironías de la historia, elpuesto Mollinedo, como le dicen los campesino al lugar, está registrada anombre de Rosalía Aparicio, hermana de César Julio, el ordenanza deljuzgado de Raúl Reynoso, ex juez federal de Orán (procesado por suvinculación al narcotráfico)538 y uno de los magistrados predilectos deLorenzetti. Reynoso habría adquirido esa finca a cambio de un presuntosoborno para excarcelar a Pablo Raúl Vera, investigado en una causa detráfico de drogas, según surge de la pesquisa que lleva adelante el fiscalDiego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad(PROCUNAR) como se desarrolló en el capítulo 8.

Pero la preocupación principal entre los clérigos del lugar gira en tornoa la cantidad de avionetas que sobrevuelan los campos y fincas de la zona.

Consultado Lorenzetti sobre este tema lo negó categóricamente y rematóque hace mucho tiempo que no visita la ciudad de Salta. La misma respuesta serecibió de las empresas y personas consultadas. Lo atribuyen a rumores.

Expoterra, de Pablo Echarri a Alberto Lisdero

Lorenzetti, al margen de presuntos negocios de desmontes al borde de laley, quería ser identificado como el gran defensor del Medio Ambiente. Con latenacidad que lo caracteriza puso manos a la obra. Está al frente de laespecialización de Derecho Ambiental en la Universidad de Buenos Aires,donde lo acompaña su hijo mayor, Pablo, al igual que Néstor Cafferatta, quienestuvo a cargo de la Dirección Nacional de Gestión Ambiental de la Naciónde 2012 a 2013.539 Los tres lideran el comité académico de la FundaciónExpoterra, su proyecto más mimado. La institución surgió con la excusa decrear un espacio libre y democrático para debatir la cuestión ambiental.

Para poner en marcha la fundación, Lorenzetti convocó a diversossectores sociales, entre los que incluyó a pensadores, empresarios, políticos,jueces y docentes universitarios para que lo acompañaran. Tampoco se privóde invitar a actores y deportistas, como Pablo Echarri, Martín Palermo, NachaGuevara y Dalma Maradona. Los medios tenían material de sobra paradifundir.

El dream team técnico tenía otro perfil. Lorenzetti convocó a sus amigos,entre ellos Antonio Benjamín, Aída Kemelmajer de Carlucci y a Enrique “eltronquito” Peretti (juez del Tribunal Superior de Santa Cruz que lo acercó aTito Fernández, nexo para que conociera a Cristina Fernández deKirchner).540 Lo secundaron en la iniciativa la radical Claudia “la colorada”Levín; Mariana Catalano, camarista federal de Salta y señalada como una desus “pupilas” en materia ambiental; y Claudia Sbdar, jueza de la Corte deTucumán, tan cercana al juez supremo como al ex gobernador kirchnerista JoséAlperovich. La tucumana era una de las candidatas de Lorenzetti para asumirla Corte Suprema de la Nación durante la última etapa del kirchnerismo.541

A la hora de lanzarse a la aventura de Expoterra, Lorenzetti habíapreferido gente de su confianza. Por eso incorporó del gobierno a Cafferattaquien fue designado secretario letrado de la Corte en 2014. Lorenzetti seguía,firme y seguro, su camino como abanderado en la defensa del planeta. Con eseanhelo dio otro paso importante. El 8 de abril de 2015 junto a sus colegas dela Corte creó la Oficina de Justicia Ambiental. No había nada que adivinar, eldirector no sería otro que Cafferatta. Así la Corte se aggiornaba a lostribunales más avanzados del mundo. Allí, el juez supremo nombró a MagaliVanina Mazzuca como prosecretaria letrada, la esposa de uno de los jueces de

su confianza, Ariel Lijo 542 (ver capítulo 3).

En torno al financiamiento y la dirección de Expoterra, destacan dosaspectos sugerentes o polémicos, según se mire. El primero es que muchas delas empresas patrocinantes están vinculadas a Lorenzetti. Tal es el caso de LaLey-Thomson Reuters y la editorial Rubinzal Culzoni Editores que mantienencontratos con la Corte. Ésta última es la que publicó la obra maestra, elCódigo Civil comentado por él mismo como ya se comentó en el capítulo 8.

Entre las otras empresas que patrocinaban a Expoterra destacaban:Fundaciones Grupo Petersen, DPI Cuántico, IDEA, Arcillex SA, Capiaba,Ledesma, Oficina de Justicia Ambiental, ProPymes-Grupo Techint, Evasa-Ingeniería vial y ambiental, Foro de Abogados de San Juan, y el InstitutoDerecho por un Planeta Verde.

Dos de las que actúan como “mecenas” de la fundación estaban en elcentro de la polémica. Bertolaccini —Gerenciamiento de Riesgos— estáseñalada por el diputado y periodista santafesino Del Frade como una de lasintermediarias a través de la cual Lorenzetti transferiría dinero al exterior. Eltitular de la firma, Mario Bertolaccini, figuró entre los empresarios argentinosque giraron dinero al exterior por un monto de $1.677.450 entre 2008 y 2009,según los datos del Banco Central de la República Argentina.

La otra empresa auspiciante que despertaba suspicacias en relación a lahistoria laboral de Lorenzetti es la Cámara Industrial de LaboratoriosFarmacéuticos Argentinos. El negocio de la salud fue uno de los nichosexitosos en lo económico que encontró el abogado rafaelino junto al médico yempresario Carlos Tita. “El presidente de la Corte continuaría en el sector dela salud a través de su socio encubierto, Carlos Tita”, tal como lo sostiene DelFrade y se analizará en el próximo capítulo.

Otro de los mecenas de Expoterra es la Unión de Industriales parasaneamiento cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista que también puso enalerta a los ambientalistas. Estos, no descartan la intervención directa deLorenzetti en las aseguradoras contratadas por las empresas relacionadas en lalimpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo. El mecanismo sería a través de unsistema de seguros al medio ambiente que la Autoridad de Cuenca MatanzaRiachuelo-Acumar exige a las firmas involucradas en esa tarea. El hilo

conductor de la operación sería un personaje conocido para el juez supremo:Alfredo “Freddy” Lijo, titular de la firma Fernando Dapero y Alfredo Lijo,Servicios de Asociaciones,543 creada en septiembre de 2015 con sede enPuerto Madero donde, casualmente, vive el presidente de la Corte y tiene sedela empresa RATIO SA que maneja su hijo Pablo, quien también estaría ensintonía con Freddy.

El nexo con la aseguradora sería Fernando Dapero, presidente deCaledonia Argentina Compañía de Seguros SA.

Lorenzetti eligió como presidente de Expoterra a uno de los fundadores,Alberto Lisdero. La decisión también sorprendió al tratarse de un abogado sinexperticia en materia ambiental. La especialidad apunta hacia otro lado:asesoramiento integral y planificación de inversiones nacionales yextranjeras.544 Las empresas de Lisdero resultaron un éxito asombroso enrubros, prácticamente, incompatibles entre sí. Tiene firmas financieras,inmobiliarias, de exportación e importación, consultorías, transporte marítimo,telecomunicaciones, griferías, electrodomésticos, equipos de calefacción,agropecuarias, rurales y ganaderas, frigorífico e industria cárnica, bebidasalcohólicas, comercio exterior, gas y del petróleo. Quizás lo correcto seríapreguntarse en qué sector no está. Una vez lograda la respuesta lo siguientesería descifrar por qué los empresarios Alberto Lisdero y Carlos Tita (másque amigos de Lorenzetti) comparten el rubro al que se dedican sus empresas(sector metalúrgico, farmacéutico, producción de químicos y mobiliarioquirúrgico).

Lisdero —en palabras de sus colegas— está siempre atento a las buenasoportunidades, hasta se animó a apostar a nuevos mercados. Así fue como sedio el gusto de montar una juguetería y una santería con velas aromáticas yexóticos sahumerios. Con 70 años, el abogado Lisdero no solo peina canas,sino que acapara contactos con banqueros y empresarios en el exterior.

En varias de las firmas que constituyó el presidente de Expoterra, figuracomo socia una empleada de su estudio jurídico, la abogada María AgustinaPezzi y su hermano Alfredo Ricardo Lisdero. La mayoría de las firmassentaron domicilio en avenida Corrientes 545, 8vo piso, sede de la firma deabogados la que constituyó como sociedad anónima en 2012.

Lisdero es un hombre de estrecha confianza de Lorenzetti, según lodefinen abogados y empresarios. Su red de contactos le habría facilitado elrumbo para que el supremo juez se vinculara con el mundo de los negocios. Entanto, para los funcionarios judiciales que rodean a Lorenzetti y para eldiputado Del Frade, el presidente de Expoterra sería otro “socio oculto otestaferro” del presidente de la Corte Suprema.

Las firmas de Lisdero serían alrededor de 54,545 algunas de ellas fueroncreadas en Italia, Suiza, Portugal y Panamá, con socios extranjeros y otraspocas trasladadas a la Argentina donde inauguraron sucursales. Sobre variasvale la pena detenerse.

En 2013 la metalmecánica, consultora de empresas y financiera AragArgentina SA, cuyos accionistas mayoritarios sería Arag SRL (firma italianacon sede en Rubiera) se trasladó de Buenos Aires a Rosario, Santa Fe. Laempresa en 2014 puso en marcha la consultoría integral de empresas SolvingArgentina SA, la que también organiza seminarios nacionales e internacionalesen muchos de los cuales disertó Lorenzetti. Desde el mismo año, Lisderoejerció la vicepresidencia de Fratelli Branca Destilerías SA, una empresadedicada a la exportación de fernet y licores. También se volcó al negocio delpetróleo a través de la petrolera peruana Petrex SA cuyos socios son SaipemInternational BV y Snamprogetti Netherland BV, ambas firmas holandesas consede en Ámsterdam. Petrex SA inauguró una sucursal en Argentina en avenidaAlem 1110, piso 13, de la ciudad de Buenos Aires. En tanto, SaipemInternational BV mantiene su domicilio en Avenida Corrientes 545, piso 8frente, sede del Estudio Lisdero SA.

En los pasillos de tribunales asocian a Lisdero con el puente que uniría aLorenzetti con la actividad petrolera, de hidrocarburos y biodiesel a través delex senador kirchnerista Nicolás Tito Fernández. El mismo que en agosto de2016 fue detenido en la Aduana de Ezeiza con 28 mil dólares, cuando seapostaba a viajar a Miami junto a su esposa Sandra Miguel.

Una fuente que apostó al proyecto kirchnerista desde un primer momentoe insiste en que se mantendrá junto a Cristina Fernández “pase lo que pase”,ratifica esa información y alza la voz: “en 2011, cuando se armaban las listasen La Pampa, Cristina le solicitó a Tito Fernández que incluyera referentes deLa Cámpora, pero él no cumplió con su parte y jugó con Carlos Verna”, actual

gobernador de La Pampa. Por entonces, Verna se bajó de la candidatura y TitoFernández fue eyectado del kirchnerismo. Para esta fuente, que sueña queCristina recupere el poder, desde aquel episodio, “Verna y Tito estánvinculados a los negocios petroleros con Lorenzetti”. La historia parece darlela razón. Los primeros meses del 2012, cuando Tito fue expulsado del FpV secobijó en Lorenzetti y el empresario petrolero de Caleta Olivia, MarioCifuentes, vinculado al kirchnerismo por los negocios y amigo de la infanciade Osvaldo “Bochi” Sanfelice, administrador de la fortuna de losKirchner.546

Lo cierto es que el rubro energético ha sido importante para Lisderodesde siempre. De hecho, habría sido el vehículo para incorporar alpresidente de la Corte en estos negocios a través de sociedades y de terceros,confirman una y otra vez desde el kirchnerismo y ratifican los judicialesconsultados. En 2015, Lisdero dejó el cargo de director titular de las empresasInversora Gas Cuyana SA y Distribuidora de Gas del Centro SA, después de23 años, aunque continuó como accionista según los registros societarios. Enesas dos firmas resalta la figura del ingeniero mendocino Gerardo Frigerioquien en 2002 fue designado director suplente de la firma Inversora de GasCuyana y cuya carrera empresaria podría definirse como meteórica. Frigerio,de 63 años, es actualmente presidente de Gasnor SA, Gasmarket SA, Empresajujeña de Sistemas Energéticos Dispersos SA (EJDESA), Líneas detransmisión del Litoral SA, director titular de Gascart SA y Norolec SA,accionista de Empresa Jujeña de Energía SA (EJE SA), director titular de JoséCartellone Construcciones Civiles SA, y director suplente de CEMPPSAvinculado a Compañía Eléctrica de Inversiones SA (CEISA) y al Fideicomisode Garantía CEMPPSA Banco de la Ciudad, una de las entidades con la queopera en Poder Judicial de la Nación (Corte y Consejo de la Magistratura).Pese a todos esos cargos directivos, no olvida que inició su carrera comotrabajador de la Distribuidora de Gas Cuyana SA desde noviembre de 1993 aoctubre del 2006. Y aunque es accionista de Cartellone Energía y ConcesionesSA, también figura en la nómina de sus empleados.

484. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-13999

9/136125/norma.htm.

485. Categoría I (alto valor de conservación), intangibilidad de los

bosques. Categoría II (valor medio de conservación), aptas para actividadesturísticas y sustentables. Categoría III (bajo valor de conservación) disponiblepara la extracción de madera, la agricultura y la ganadería bajo laslimitaciones impuestas por las leyes ambientales vigentes. Además, la normaobligaba a que la cartografía o mapa de zonificación indicara con colores lasdiferentes categorías: la categoría I en rojo, la II en amarillo y la III en verde.A su vez exigía la intervención de las legislaturas provinciales.

486. Entrevista realizada para este libro a Andrew Leake, referente deGlobal Forest Watch: http://www.globalforestwatch.org/. el 12 de julio de2016. Se completa con el trabajo de investigación La deforestación del Chacosalteño 2004-2015, realizado por Andrew Leake, Omar Enrique López, MaríaCecilia Leake.

487. Ídem.

488. Land Matrix es la base de datos pública online que tiene lafinalidad de monitorear y transparentar la rendición de cuentas en lasdecisiones sobre la tierra y la inversión en todo el mundo:http://www.landmatrix.org/en/ y en el sitio web: http://us9.campaign-archive2.com/?u=dadb27b63c6014c75dc940333&id=208953ef0c&e=84d0fc0e8b#mctoc2.

489. Entrevista realizada para este libro al científico y especialista enmedio ambiente Lucas Seghezzo el 14 de julio de 2016. En adelante todas lasopiniones respecto los desmontes en la provincia de Salta desde el aspectotécnico se adjudican a esta fuente.

490. Entrevista realizada para este libro a Cristian Venencia, referentede Land Matrix e investigador de la Universidad Nacional de Salta (UNAS),el 14 de julio de 2016.

491. El gobernador Juan Manuel Urtubey nombró a Julio Nasser comotitular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y la UnidadEjecutiva estaba integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo, de laAdministración de Parques Nacionales y del Instituto Nacional de TecnologíaAgropecuaria (INTA).

492. ProYungas es una fundación sin fines de lucro dedicada a laconservación y desarrollo sustentable en la ecorregión de las Yungas o selvassubtropicales, de montaña y otras áreas del subtrópico argentino.www.proyungas.org.ar.

493. >Visiones, discursos y prácticas durante el proceso deordenamiento territorial de los bosques nativos en Salta. Autores: LucasSeghezzo, José N. Volante, José Paruelo, Daniel J. Somma, E. CatalinaBuliubasich, Héctor Rodríguez, Sandra Gagnon y Marc Hufty. Año 2011. Enadelante toda la información referida al tema de los desmontes en la provinciade Salta como cualquier opinión técnica y política al respecto se adjudica aesta fuente.

494. El estudio de impacto ambiental acumulativo solicitado era inéditoen Argentina pero no en Europa. A través de él se buscaba analizar la relaciónentre las acciones que se proyectan y el efecto o las consecuencias que losdesmontes pueden tener sobre el ecosistema y el medio ambiente regional,nacional y global, así como también sobre la proyección de vida de lascomunidades originarias. Muchas de las cuales aún viven de la caza, pesca yagricultura.

495. Entrevista realizada para este libro al ingeniero en medio ambiente,Luis Caro, el 3 de noviembre de 2016.

496. Ídem 492.

497. La organización Mesa de Tierra se fundó el 3 de agosto de 2008, enla ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, poco antes de la aprobación de laley 7543, con el objeto expreso de “hacer posible la materialización a nuestroderecho sobre la tierra en áreas fiscales y privadas.

498. Clarín, 2008, 25 de noviembre e Informe >Visiones, discursos yprácticas durante el proceso de ordenamiento territorial de los bosquesnativos en Salta.

499. Canción “Chaco también”. Letra y música: Zitto Segovia.

500. La causa se registró como: S. 1144. XLIV. ORIGINARIO. Salas,

Dino y otros c/ Salta, Provincia de y Estado Nacional s/ amparo.

501. Entrevistas realizadas para este libro entre el 13 y 16 de julio de2016 a funcionarios del gobierno de Salta, a jueces federales y a referentes dela agrupación kirchnerista La Cámpora, en estricto off the record.

502. Ídem 494.

503. Crítica de la Argentina, Jorge Lanata, 15 de febrero de 2009.

504. Cba24n, 26 de mayo de 2016:http://www.cba24n.com.ar/content/la-denuncia- martino-por-desmontes-que-salpica-urtubey.

505. La Nación, Carlos Pastrana, 10 de febrero de 2009:http://www.lanacion.com.ar/1098346-desastre-en-tartagal-por-un-alud-de-lodo.

506. El Tribuno, 9 de febrero de 2012:http://www.eltribuno.info/tartagal-tres-anos- del-terrible-alud-n126478.

507. CIJ, 18 de febrero de 2009://cij.gov.ar/nota-562-Se-realiz--audiencia-p-blica-en- caso-por-bosques-salte-os.html.

508. El Intransigente, 20 de julio de2009:http://web.elintransigente.com/salta/2009/7/20/regionales-23267.html.

509. Este mapa fue aprobado por la Legislatura provincial e incorporadocomo soporte cartográfico oficial de la Ley Provincial 7543 mediante elDecreto Reglamentario 2785.

510. El Informe elaborado por la consultora se puede descargar del sitiode Greenpeace <http://www.greenpeace.org.ar/blogbosques/> o del sitio de laasociación de productores ProGrano<http://www.prograno.org/docs/Decreto%202785%20-%20Reglamenta%20ley%207543.pdf>.

511. Ámbito Financiero, Sebastián Lacunza, 5 de septiembre de 2011:http://www.ambito.com/600625-wikileaks-i--un-grupo-confidencial-entre-

michetti- sanz-urtubey-prat-gay-y-lorenzetti.

512. Ídem 492 y “Tierra sin mal”. Aspectos jurídicos e institucionalesdel acceso a la tierra en Salta. Autores: Mioni, Walter; Godoy Garraza,Gastón; Alcoba, Laura. Ediciones INTA. Marzo 2013. Entrevista realizadapara este libro a la ambientalista Ana Laura Álvarez de la FundaciónAsociana.

513. El Tribuno, Antonio Gaspar, 16 de agosto de 2013:http://www.eltribuno.info/ricardo-lorenzetti-diserto-salta-hablar-desmontes-locales- n313284.

514. La Opinión, 13 de agosto de 2015:http://diariolaopinion.com.ar/noticia/3478/austin-powder-realiza-una-millonaria- inversion.

515. Austin Powder Nitratos Austin SA tienen su domicilio en LuisMaggi 770, de la ciudad de Rafaela y un domicilio alternativo en Maipú 1210,piso 5, Capital Federal. El 27 de junio de 2016 Juan Ignacio Rigou porAsamblea General Ordinaria 46, del 20 de mayo de 2006 fue designadodirector titular de Nitratos Austin y como presidente Pablo Eduardo Manfredi.

516. Entrevista realizada para este libro al ambientalista e ingeniero,presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Metán,Fernando San Román, el 27 de diciembre de 2016.

517. El Tribuno, 22 de julio de 2013: http://www.eltribuno.info/detras-nitratos-austin- asoma-un-negocio-familia-n305069.

518. El Tribuno, 27 de julio de 2013: http://www.eltribuno.info/los-autoconvocados- repudian-al-gobierno-y-el-subsidio-austin-n306553. Laempresa aparece asociada a empresarios a los que les aseguró la provisión dehasta 250 mil metros cúbicos diarios de gas salteño, a valor subsidiado,durante diez años prorrogables por tiempo indefinido. Todo estofundamentaría las cláusulas de confidencialidad en ese contrato que laempresa pública Recursos Mineros y Energéticos de Salta (Remsa) selló conRigou en agosto de 2010 para la provisión de gas a 2,60 dólares el millón deBTU, mientras que las industrias del NOA pagan 13,29 dólares u 11 dólares si

importan el recurso desde Bolivia. Con un precio más bajo, la provincia leregalará a Nitratos Austin cerca de $1700 millones en gas subsidiado durantelos 10 años que contempla el acuerdo.

519. Entrevista realizada para este libro al ingeniero Hugo Solorzaintegrante de Vecinos Autoconvocados de la Cuenca Río Juramento-El Galpón,Salta, V.A.P.U.M.A.S el 27 de diciembre de 2016.

520. La Gaceta, 15 de agosto de 2015:http://www.lagacetasalta.com.ar/nota/28886/medio-ambiente/ante-nuevo-reves- judicial-nitratos-austin-ambientalistas-apuntaron-contra-cortehtml.

521. El nitrato de amonio (sustancia utilizada para fabricar explosivosque se usan en mega minería y de fertilizantes) es altamente riesgoso. Elambientalista se refiere a accidentes ocurridos en Texas (Estados Unidos),Toulouse (Francia) y China de fábricas muy similares a la que hay en lalocalidad salteña de El Galpón.

522. Entrevista realizada para este libro al contador Hugo Solorza, cit.

523. El Tribuno, 27 de junio de 2013: http://www.eltribuno.info/no-vamos- contaminar-apostamos-al-progreso-n296499. La compañíainternacional emplea a 270 personas en Santa Cruz, Tandil, Olavarría, SantaFe, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta. El nitrato que se utiliza en Argentina esimportado. Ingresan 155 mil toneladas de Chile, Rusia y Brasil.

524. Ídem 494 y entrevista realizada al periodista y diputado provincialpor el Frente Social y Popular (FSP), Carlos Del Frade, el 14 de agosto de2016.

525. La Gaceta, Salta, 6 de septiembre de 2016:http://www.elintransigente.com/salta/politica/2016/9/6/jose-urtubey-juan-manuel- puede-candidato-presidente-2019-400853.html.

526. Ídem 494.

527. El Tribuno, 17 de mayo de 2015 en el sitio web:http://www.eltribuno.info/urtubey-se-impuso-y-gobernara-salta-2019-

n549796.

528. El Tribuno, 6 de enero de 2015: http://www.eltribuno.info/un-atropello-la- constitucion-n490959 y entrevista realizada para este libro altitular del partido Frente Grande de la provincia de Salta, Diego Saravia paraeste libro el día lunes 24 de octubre de 2015.

529. Resolución de la Corte de fecha 8 de abril de 2015 suscripta porlos tres ministros Highton de Nolasco, Maqueda y Fayt aunque Lorenzetti seabstuvo de suscribirla. Expediente N°1433/2015, Originario, caratulado“Voss, Amadeo Gerardo y otro contra Provincia< de Salta sobre accióndeclarativa de inconstitucionalidad”.

530. Gerardo Zamora debió renunciar a su candidatura, aunqueencontraron una salida para mantenerse en el poder, su mujer Claudia LedesmaAbdala ocupó el cargo y ganó las elecciones.

531. El Tribuno, Daniel Chocobar, 4 de enero de 2015:http://www.eltribuno.info/otra-incertidumbre-los-planes-del-gobernador-urtubey- n490185.

532. Máximo Lanusse fue apoderado desde 2006 y habría continuadocomo accionista según datos del Boletín Oficial de la Nación. El presidentedel directorio del Frigorífico Bermejo SA es Francisco Müller Nieto, elvicepresidente Raúl Gustavo Racioppi, los directores Luis Alberto Troglieroy Flavia Gabriela Royón, como director suplente se encuentra Rosana BeatrizTorres Verdún según surge de la Inspección General de Personas Jurídicas delMinisterio de Gobierno de la Provincia de Salta.

533. Ídem 494.

534. La empresa tiene un predio registrado bajo la matrícula número21.370 de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Salta.

535. Los datos surgen de la Dirección General de Inmuebles de laprovincia de Salta. La firma fijó su domicilio en la ciudad de Orán, en la calleUrundel N°4542, del barrio del mismo nombre.

536. La finca Urundel de la firma Compañía Agrícola Industrial Salteñafigura registrada con la matrícula 20061 del Registro de la PropiedadInmueble de Salta. A través del expediente 119-9253/04 se tramitan losdesmontes en la Secretaría de Ambiente de la Provincia. El responsable deltrámite es Fernando Nocetti.

537. La finca Mollinedo está registrada bajo la matrícula 296, se trata deun lote de 690 hectáreas en Rivadavia que habría adquirido la hermana delordenanza César Julio Aparicio, quien trabajaba con el ex juez Raúl Reynosode la ciudad de Orán en Salta.

538. La Gaceta, 3 de septiembre de 2016:http://www.lagacetasalta.com.ar/nota/62349/policiales/lagacetasalta.com.ar.Elevaron a juicio oral la causa contra el ex juez federal Raúl Reynoso,procesado por su vinculación con el narcotráfico.

539. Néstor Cafferatta antes fue director de Normativa Ambiental de laSecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

540. Otros de los integrantes de la Fundación Expoterra son: SheilaAbed, Andrea Brusco, Aníbal Falbo, Jorge Galdós, Nancy Tognola, EnriqueMuller, Lorena González Rodríguez, Edgardo Saux, Federico Zonis, GuillermoMarchesi, Silvana Terzi, Ana Salerno, Facundo Barria, Andrea González,Gustavo Rinaldi, Martín Romano, Gonzalo Sozzo, Valeria Berros, EladioLecey, Aidee Vázquez Villar y Silvia Capelli.

541. Surge de consulta a fuentes judiciales de la provincia de Tucumán.

542. La Corte Suprema de la Nación a través de la Acordada 8/2015creó bajo su dependencia, la Oficina de Justicia Ambiental, el 8 de abril de2015.

543. La empresa de servicios de asociaciones, Fernando Dapero yAlfredo Lijo fijó su sede en el Boulevard Azucena Villaflor 489, piso 15,dpto. 2 del Barrio de Puerto Madero.

544. De reconocida trayectoria académica, Alberto Lisdero, es miembrodel Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina (desde 1981 a

la fecha), abogado de las Embajadas de Italia y Suiza en la RepúblicaArgentina , Fundador y presidente de AssoArgentina-AssociazionesImprenditori Italiani in Argentina-Gruppo Italia (1991 a la fecha). Es miembrodel directorio de la Cámara de Comercio Italiana de la República Argentina,miembro del Club de Abogados del Seguro, presidente de Efesol S.A,miembro del Comité de Asuntos Europeos del CARI, miembro del Directoriode la Cámara de Comercio Suizo-Argentina, Vicepresidente de Saladero LaCapital S.A, Director Titular de Argencard S.A. Fuente:Estudio Lisdero:http://www.lisdero.com.ar/alberto-lisdero/

545. En 2003 Albero Lisdero lanzó, Arag SRL, GiacominiLatinoamericana SA, En el 2004 incursionó Med Reefer Sudamerica SA yCostamar Agencia Marítima, Industrias Diversas SA. En 2005 formó OmargeS.A, Raf L Sudamérica SRL, Stinbex SA que tenía sede en Coreglia, Lugano,Suiza, la inscribió en Morón, provincia de Buenos Aires, bombas criogénicasalternativas y centrífugas como de vaporizadores atmosféricos. Es decir queincursionó en el área de gases medicinales e industriales con miras a exportare importar a través de Vanzetti America SRL. El 2006 Orsola SRL SemartecSA, y trasladó Conzorzio CTM Atro mercato de Italia a provincia de BuenosAires. Lo mismo hizo con Nuova Azienda Bresciana Alimentari Carni LaFirenze SA, Sidermes SA, Andromeda Shipping SA., Artsana Argentina SA(ex Chicco SA), Arve Barnices Italianos SA. En 2011 conformó Valtellina SudAmerica SA y Fuente Aretusa SA.

546. Revista Noticias, Rodis Recalt, 2 de agosto 2016:http://noticias.perfil.com/2016/08/02/de-ex-mano-derecha-de-cristina-a-contrabandista-de-dolares/

Capítulo 11Salud, dinero y desamorEl gran negocio de la salud de

Lorenzetti y Carlos Tita. Enrique Coti Nosiglia, el hombre entre bambalinas.Carrió, la mujer que le quita el sueño. El terror a un juicio político. Cómoenriquecerse sin que te descubran. Negocios ocultos, testaferros, socios yPablo, el hijo del presidente (de la Corte). El proyecto nacional y popularpara ser presidente (de la Argentina).

Solo una mujer logra desvelar a Lorenzetti. Cuando habla, lodesestabiliza, pierde el eje y el sueño. Ella no es otra que Elisa Lilita Carrió,diputada nacional del Frente Unen, líder de la Coalición Cívica y artíficeimprescindible de Cambiemos. Lo enfrentó durante todo el kirchnerismo a suestilo, sin miedo y de frente. Fiel a sí misma, no iba a cambiar con Macri en laCasa Rosada.

Lilita sabía que en el gobierno de Mauricio —ella y el presidente setutean— la consideran un huracán porque decide por sí sola. Ella era y es unapesadilla para el presidente de la Corte.

—Si ustedes siguen con estas denuncias no nos dejarán gobernar el país(en alusión a las aspiraciones presidenciales de Lorenzetti) —le dijo eladministrador de la Corte, Daniel Marchi, a uno de los abogados del equipode Carrió por teléfono. El contador había intentado por varios medios hablarcon la diputada, pero ella en ninguna de las iniciativas accedió. El abogadoescuchaba.

Marchi, el “sexto ministro”, no daba tregua.

—Ustedes no saben cómo administro yo la Corte. Tiene superávit.Disponemos de un sistema de gestión que es la envidia de todos… Me preparépara administrar este país mucho mejor de los que vienen gobernando —repetía a los gritos, una y otra vez, la mano derecha de Lorenzetti, DanielMarchi.

—La diputada está muy ocupada, no creo que pueda verlo —le contestóel interlocutor.

—Nos arruinan el plan de gobierno nacional si continúan con estasdenuncias.

¿Ustedes saben lo que esto significa? Están violando el secreto tributario—continuaba Marchi exaltado y muy nervioso, sin dejar de hablar del “plan degobierno nacional”, que habían pergeñado con Lorenzetti.

—¿En qué puedo ayudarlo? —le decía con parsimonia el asesor deCarrió, pero Marchi no lo escuchaba y continuaba el relato ensordecedor.

—Tuve grandes responsabilidades a mi cargo, fui administrador de lamunicipalidad de Rafaela y de la provincia de Santa Fe, y me llamaron parallevar adelante la Corte por mi capacidad.

—¿Pero todos esos cargos no fueron políticos? —le preguntó, con elmismo tono de voz, el letrado.

—Ustedes me acusan de ser testaferro de Lorenzetti pero soy un técnicono un político. Él me llamó por ser buen administrador. ¡Ustedes van a tenerque hablar con mi abogado, Pablo Jacoby! —(el mismo que representó aMemoria Activa, una de las cuatro agrupaciones de familiares de víctimas delatentado a la mutual judía AMIA).

—Mire, contador, usted no sabe la cantidad de información que ladoctora Carrió recibe todos los días y en su rol de diputada nacional estáobligada a denunciar. Ni ella, ni su equipo reciben nada de manera ilegal. Nose violó ninguna ley.

—¡Los vamos a denunciar en la Justicia! —contestó Marchi a los gritos.

—La doctora estaría muy contenta si usted la denunciara en la Justiciaporque podría reabrir la causa que se cerró, en un abrir y cerrar de ojos,contra usted y Lorenzetti, por presunto enriquecimiento ilícito.

—Ustedes serán los responsables de que no podamos administrar el

país, nosotros tenemos un plan de gobierno, continuaba Marchi. ¡Me sientoagraviado por todo lo que ustedes dicen en la justicia y en los medios!

La conversación —que no había sido la primera ni tampoco sería laúltima—547 se produjo a renglón seguido del sobreseimiento y cierre de lainvestigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra Lorenzetti y Marchi,ordenada por el juez Sebastián Ramos y acompañado en esa decisión por elfiscal Gerardo Pollicita, el 11 de marzo de 2016.

La denuncia había sido presentada por Carrió el miércoles 13 de enerode 2016, en plena feria judicial de verano. Macri llevaba solo treinta y cuatrodías de gestión. La acusación de Carrió apuntaba tanto a Lorenzetti como aMarchi y, aunque los tomó por sorpresa, de inmediato la causa sucumbió. Elexpediente, una bomba, quedó desactivado. Tanto el juez como el fiscalentendieron que no había irregularidades en la compra de un departamentorealizada por el presidente de la Corte Suprema ni en una cuenta que le habíandescubierto en el exterior.548

Para Carrió, su denuncia iba más lejos y era mucho más amplia de lo queahondó la justicia federal. La diputada apuntó, disparó y dio en el blanco deLorenzetti, al destacar un “sospechoso ocultamiento de activos financieros enel exterior del país por parte del presidente de la Corte Suprema”. Aquellosignificaba que el juez supremo había ocultado rentas provenientes de un plazofijo depositado en la filial estadounidense de un banco suizo, el Credit Suisse.La información surgió del entrecruzamiento de datos de la Afip acontribuyentes con bienes en el exterior.

Lorenzetti —según Carrió— estaba obligado a regularizar y denunciaresos ingresos de acuerdo a la ley 26.476 de exteriorización de capitales. Ladiputada, azote de la corrupción desde la etapa de Carlos Saúl Menem, sabíadónde hurgar. Se centró en la firma Ratio SA, de la que eran titulares los hijosdel magistrado. Registrada como una inmobiliaria, la sede está fijada enSarmiento 439 de la ciudad de Rafaela, donde también funcionaba el estudiode Ricardo Lorenzetti y donde, ahora, el hijo Pablo está al frente de la firma.

Ratio SA tenía también como sede alternativa un lujoso departamento enOlga Cossettini 1190, piso 5°, departamento 505, Puerto Madero, uno de losbarrios más exclusivos donde no solo viven empresarios y ex funcionarios

kirchneristas, sino que también firmas y financieras sentaron sede allí. En esemismo inmueble residía Lorenzetti durante la semana. La firma lo adquirió auna sociedad inglesa offshore registrada en el estado de Delaware de EstadosUnidos, como Delaware Business Incorporators Inc.549 La vendedora era lafilial americana de una sociedad inscripta en Londres. Delaware es uno de loslugares considerado paraíso fiscal, junto al reinado de Mónaco, Panamá o lasIslas Vírgenes, entre otros. Para Carrió no se había especificado el origen delos fondos destinados a la compra del departamento. De hecho, la Direcciónde Informatización Estratégica para Fiscalización había solicitado informacióna la empresa de los Lorenzetti, en plena campaña de la ley de blanqueo decapitales.550

El latigazo que había dado Carrió involucraba al contador Marchi, el“sexto ministro”, una pieza indispensable para la gestión de Lorenzetti en laCorte. La documentación presentada por Carrió reflejaba presuntasirregularidades, que resultaban pasibles de ser consideradas “delitosagravados” por haber sido efectuadas por dos funcionarios públicos de la másalta jerarquía judicial, Lorenzetti y Marchi. Algo “muy comprometido” segúnla diputada. El contador “olvidadizo”, como se refiere Carrió a Marchi, habríaomitido declarar, nada más y nada menos, que 3502 inmuebles rurales comoestancias, campos y chacras. La Afip lo detectó el 5 de abril de 2013 en elllamado “Operativo Granos 2013”, donde aplicó los parámetros de trabajo dela Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior. Pero habríamás: Marchi tampoco presentó las declaraciones juradas de bienes personalesentre 2005 y 2011. La del 2012 tuvo más suerte. Aunque tarde, la presentó el27 de junio de 2013, cuando el plazo ya estaba vencido.

A Lorenzetti, en esta ocasión, la fortuna no le había sonreído. Enrealidad, lo suyo se destapó de casualidad, porque la Afip, lo que buscaba, anivel nacional y entre todos los contribuyentes sin distinción de ninguna clase,era realizar un relevamiento de empleadores de personal doméstico, perodespués saltó lo que saltó y Carrió lo atrapó al vuelo. El momento no pudo sermás inoportuno, cuando el juez recibió la correspondiente notificación, labatalla por la Ley de Medios estaba al rojo vivo, como se analizó en elcapítulo 7.

Desde que Lorenzetti recibió la notificación sobre regularización de

personal doméstico, corrió frío por sus venas con sangre piamontesa y dio unaserie de órdenes a Daniel Marchi para que frenara lo que para él era una“embestida del gobierno kirchnerista”. Marchi se puso a tono de inmediato yfue el encargado de iniciar una serie de llamadas telefónicas al directorgeneral de la Dirección General Impositiva (DGI), el contador Ángel RubénToninelli, a quien luego, casi “desesperado” lo hostigaba con que se “evaluabadenunciar penalmente al Administrador Federal”. El “sexto ministro” lo intimóa cesar en lo que consideraba una “persecución abusiva”, según detallóToninelli en un memorándum interno del ente recaudador donde plasmó cadadetalle de lo sucedido, que suscribió el 25 de junio de 2013. Allí dejóconstancia de la experiencia, y no precisamente grata, vivida con Marchi. Elprimer contacto que tuvo con este fue un llamado telefónico de 30 minutos através del cual le hizo saber el desagrado que a él y a Lorenzetti les producíala supuesta investigación que la Afip llevaba a cabo sobre ellos y los hijos delmagistrado. En otra llamada posterior, por espacio de 15 minutos, el contadorde la Corte le advirtió al director de la DGI que detrás de esa operación habíauna “clara intencionalidad política”. Toninelli le contestó que no era ciertoque Lorenzetti y sus hijos estuvieran bajo fiscalización o verificación. Leaclaró que el mecanismo que detectó la ausencia de las declaraciones debienes y finanzas de Lorenzetti era automático. Trató de convencerlo de que nohabía ninguna mano negra detrás, como tampoco con el caso Ratio SA. Leadvirtió que la información había saltado a la luz como consecuencia de otrocruce de datos donde se detectó que esa sociedad había comprado un inmuebleque estaba a nombre de una compañía del exterior, circunstancias que eranindicios suficientes para tratar de averiguar más. La confirmación de susdichos quedó por escrito, en varias ocasiones, con el sello de la Afip, comoobservó Carrió en su denuncia.

Entre Marchi y Toninelli hubo varias reuniones. Como resultado deestas, el último dejó por escrito que había recibido una serie de “amenazas”del contador del Poder Judicial. Marchi llegó a advertirle que los ministros dela Corte analizaban en un acuerdo, la posibilidad de denunciar al titular de laAfip Ricardo Echegaray por “extorsión y abuso de autoridad” si continuabacon esa presunta campaña de “hostigamiento y persecución política”. Toninellidejó constancia de todo lo sucedido.

Ese mismo 25 de junio, alrededor de las 13, Marchi volvió a llamar a

Toninelli. Le informó que Lorenzetti se reuniría con la entonces presidentaCristina Fernández y le propuso tomar un café en su oficina para que leconfirmara los argumentos que le daba vía telefónica. El directivo de la Afiple dijo que no tenía ninguna novedad para transmitirle y que tomara en cuentaque solo habían pasado algunas horas. Ante la insistencia, y al intuir quealguien más quería tener la corroboración de lo dicho, aceptó la invitación yse reunieron a las 16. Al encuentro, Marchi fue con una contadora deconfianza, Carmen Odasso, a cargo de la Dirección de Administración de laCorte. Toninelli ratificó todo, pero les anticipó que no podía asegurarles queen el curso de las actuaciones no pudiera surgir otro tipo de información querevistiera interés fiscal y habilitara la ampliación del objeto de lainvestigación. Marchi exigía certezas.

Todos los caminos de las sospechas apuntaban a la ciudad de Rafaela,donde comenzó la historia.

Carrió y el diputado Fernando Sánchez presentaron un segundo anexo enel que Silvana Patricia Quinteros, titular de la Subdirección GeneralImpositivas del interior del país, adjuntaba el origen de los casos. Losantecedentes de los contribuyentes Lorenzetti y Marchi, como la descripciónde las tareas llevadas a cabo por la Dirección. Es decir, del trabajo cotidianode entrecruzamiento de datos a la que el órgano fiscal está obligado a realizarcon todos los contribuyentes, sin excepción.

Seis meses más tarde, la ciudad de Rafaela se conmocionó ante elanuncio del traslado del jefe de Afip de la ciudad Omar Pedro Fenoglio aSantiago del Estero, en febrero de 2015. Lo relacionaron al supuesto pedidode Lorenzetti al ente, aunque se trató de una resolución del organismo pararotar a los directores de agencias en todo el país. En su lugar asumió JorgeCenteno.551 También hizo ruido la desvinculación de la Afip del hijo deRoberto “Robertito” Actis, el director del diario La Opinión, competencia deldiario Castellanos, de Guillermo Remonda, hombre de confianza delpresidente de la Corte.

En la Afip creen que Lorenzetti fue advertido por el titular de la regionalSanta Fe del organismo, Carlos Vaudagna, con jurisdicción sobre la ciudad deRafaela.552

Desde entonces, Lorenzetti y Vaudagna armaron un frente común en laregión, junto a otros funcionarios claves, designaron en la sucursal de Afip deRafaela, Rosario y Santa Fe gente leal y se blindaron de posibles injerenciasexternas, como coincidieron varios de los profesionales desvinculados. Noquerían dejar nada librado al azar. Había que evitar sorpresas inesperadascomo la vivida, según confirmaron funcionarios de la Afip a nivel nacional yregional.

En paralelo, el juez federal Sergio Torres asumió una de las tantasinvestigaciones por presunto abuso de autoridad contra el titular de la AfipEchegaray. En este caso, en relación a la investigación contra Lorenzetti yMarchi. El magistrado que se hizo famoso en la prensa internacional por lareapertura de la denominada mega causa de la ESMA (el diario ABC deEspaña le dedicó un reportaje de dos páginas completa) esperaba informes deoficios girados a diversos registros de la propiedad de la provincia de BuenosAires y de otros puntos del país, para realizar pericias contables. Losresultados serían contundentes y como un boomerang podrían repercutir sobrela situación patrimonial de Lorenzetti ya que en la investigación se registraroninmuebles urbanos y rurales en diferentes lugares del país, aseguraron desde lajusticia federal.553 Hay una circunstancia no menor. Torres sabe de lostiempos judiciales y espera la bendición de Lorenzetti, como trasciende en lostribunales de Comodoro Py. Echegaray acompañó toda la documentación, parademostrar que no se trataba de una acción “abusiva” sino, parte del procesonormal del organismo y en el marco de un programa impulsado para registrarempleadores y trabajadoras del servicio doméstico.

Cómo barrer para el doctor Lorenzetti

Con estos antecedentes, los argumentos de los sobreseimientos deLorenzetti y Marchi merecen ser recapitulados. El fiscal Gerardo Pollicita,tras la denuncia de Carrió, analizó tres documentos. El expediente original dela Afip (realizado tras entrecruzar datos de contribuyentes); la causa que setramitó en el juzgado federal de Torres y las declaraciones juradas de bienespersonales y ganancias desde 2004 a la fecha, tanto del supremo juez como deRatio SA. Con estos elementos de juicio determinó que Lorenzetti habíadeclarado la cuenta corriente en el exterior y los fondos antes de asumir, yaque la declaración de los intereses que dio esa cuenta no había sido en el

marco de blanqueo de capitales —prohibido en ese momento para losfuncionarios— sino en uno similar de regularización. Para Pollicita, lasociedad Ratio SA no se formó para comprar el departamento de PuertoMadero, sino que existía desde 1997 y en un 90% era propiedad de Lorenzetti.La mencionó en la declaración jurada de 2004 pero al asumir como ministro,la donó a sus hijos. Asimismo, consideró que los fondos para adquirir elinmueble podrían provenir de la cuenta en el exterior que al momento de laoperación tenía un saldo de 600.000 dólares.

La dupla del juez Ramos y el fiscal Pollicita coincidió en que no habíarazones para abrir una investigación patrimonial y desestimaron ladenuncia.554 “No se molestaron en investigar el origen de los más de 3502inmuebles rurales a nombre de Marchi ni el circuito financiero que podíahaber detrás de la cuenta en el exterior de Lorenzetti”, analizan desde el senoíntimo de Lilita. Los funcionarios judiciales tampoco rastrearon lassociedades del extranjero ni solicitaron informes a los bancos de Suiza yEstados Unidos. De cualquier manera, Pollicita estaba inquieto, quizáspreocupado porque sus argumentos resultaban “poco sólidos al habersebasado en el informe de la Afip que, paradójicamente, explicaba lo contrario,que Lorenzetti se había abocado al blanqueo de capitales”, detallaronallegados a Carrió y lo ratificó el mismísimo Lorenzetti. “A Carrió se leexplicó las razones del sobreseimiento ante la ausencia de delitos”, le dijo ala autora de este libro.555

En busca de comprensión, Pollicita se comunicó con el equipo técnicode Carrió y le explicó que se había visto impedido de bucear en la pesquisaporque hubiera hecho lo que en la jerga judicial se conoce como “salir apescar”, tal como confirmaron abogados de la diputada a la que no soloLorenzetti parece temerle.

El informe de la Afip irritó a Lorenzetti. El juez con diez años en lapresidencia de la Corte, el de mayor poder en décadas de democracia,difícilmente podía disimular su malestar. En otros ámbitos se lo atribuían alcontexto político y al caso Clarín. En ese momento la Corte dirimía la Ley deMedios y resultaba natural encontrar explicación a su mal humor a una internaentre él y el gobierno, que a problemas de transparencia fiscal.

Pero, bien pensado, parecía desmesurado que el juez estuviera tan

enojado por una notificación que le solicitaba información sobre el personaldoméstico a su cargo. Quizás, su inquietud estaba justificada porque, comobien sabe el supremo juez, los médicos y el fisco, si buscan, encuentran. Y elhallazgo, como sucedería después, no suele ser bueno.

La denuncia de Carrió fue, sin lugar a dudas, un momento tormentosopara Lorenzetti. En Rafaela lo resumieron con otro nombre de mujer: Angelita.Se trataba de una empleada doméstica que vivió con la familia durante muchosaños, cuando los hijos del ministro aún eran pequeños. El matrimonio y loschicos la querían mucho. La escena hogareña no era muy diferente a la de otrascasas. Por eso, nadie hubiera imaginado que ella era el secreto mejorguardado, la elegida para figurar como socia fundadora, junto a CarlosFernández, el novio, en la primera sociedad que Lorenzetti conformó el 1 deseptiembre de 1997 cuyo presidente era Gabriel Ángel Lorenzetti,556 primode Ricardo Luis. Desde entonces no se registraron movimientos, ni renovacióno cambios de autoridades, ni la firma presentó balances en la sede de PersonasJurídicas de Santa Fe. La bautizó Ratio SA, se trataba de una empresavinculada a negocios inmobiliarios, inversiones y operaciones del mercado,como coincidieron varias fuentes consultadas de la ciudad de Rafaela. Con losaños, una vez consolidada y por razones fáciles de entender, las acciones deAngelita y de su pareja, fueron transferidas a la nueva empresa que seconsolidaba,557 pero en Buenos Aires. Nadie se fijaría en Angelita.

Un divorcio a la argentina

Lorenzetti nunca dejó su ciudad natal. Volvía y, salvo contadasexcepciones, vuelve cada fin de semana. Los vecinos suelen verlo en las filasde los bancos ya desde el viernes por la mañana. Es normal encontrarlo en elsupermercado mientras selecciona los mejores productos o caprichos —pastas, quesos, frutas secas, dátiles, naranjas, vinos orgánicos y yerba mate(que no le falte)—, siempre sin custodia. Cada sábado almuerza con los hijosPablo, Lucía y Franco en el bar Tres56, sobre el boulevard Santa Fe, en plenocentro de la ciudad.

Por la tarde hace running y visita a la madre Porota, a quien cuida demanera personal. El lazo es tan cercano que, como saben en el entorno, Porotalo llama hasta quince veces por día. Los miércoles la señora ya estápreocupada por el horario en el que llegará su hijo al día siguiente. ALorenzetti es frecuente verlo los domingos a la mañana acudir de visita a laantigua casona de la calle Chacabuco donde pasó la niñez y vivió varios años,incluso después de haberse divorciado de su primera esposa, Analía Cortassaa quien conoció en 1980. Aquel año se descubrieron el uno al otro, él era unjoven abogado y ella una devota profesora de literatura. La pareja se terminócuatro años después de que él ascendiera a la Presidencia de la Corte. Ahoramantienen una relación difícil de definir.

La cuestión patrimonial para el presidente de la Corte parece haber sidoconflictiva incluso desde antes de ingresar a la función pública. El divorcio sedesplegó en medio de una fuerte disputa por el patrimonio que habíaconsolidado mientras duró la pareja Lorenzetti-Cortassa. El juez habíacosechado merecida fama por no perder —salvo alguna excepción— ningúnjuicio. Por lo tanto, las ganancias económicas como litigante debían servoluminosas. A esto había que sumar la asesoría a los empresarios de la saludlocal un rubro donde lo conocen bien. Si las fuentes consultadas están en locierto, Lorenzetti sería no solo accionista sino ideólogo de las sociedades quese conformaron alrededor del sistema de salud de Rafaela, y losdepartamentos aledaños.

Al suma y sigue de su patrimonio habría que añadir los negociosfinancieros que acometió con el padre y, al parecer, le reportaron una jugosa

suma de bonos en dólares. Por entonces, el sagaz rafaelino habría tenido unacuenta bancaria en Estados Unidos. Se sumaban a ello los negociosinmobiliarios en la región.

Por todo ello, la jueza a cargo del divorcio, Liliana Maina deBeldoménico, estaba asombrada de lo que se analizaba en el expediente através de una serie de incidentes. Cortassa pedía lo que le correspondía en lasociedad conyugal y parte del conflicto se centraba en el dinero que Lorenzettitenía en el exterior desde mucho antes de asumir en la Corte. La cuestión eramonetaria.

El resto del trámite se tramitó en muy malos términos. El supremo juezno debía querer convertirse en la comidilla de la ciudad de Rafaela. En pueblochico todos se conocen, el trato es muy familiar, pero nadie olvida quiénmanda y quién tiene el poder. Lorenzetti pertenece, en cierto modo, a ambosgrupos.

Divorciados desde septiembre de 2008,558 la relación entre Cortassa y“Ricardito”, como lo llaman los pocos amigos o socios que tiene el titular dela Corte, volvió a cauces civilizados y de cordialidad. El amor por los treshijos era una buena razón para mantener las formas y evitar escándalos. Pablo,el mayor, aunque tiene una hermosa casa propia detrás de la de su padre, vivela mayor cantidad de los días de la semana con la madre, sobre EstanislaoZeballos.

A pesar de la ruptura, Lorenzetti aún conserva y hace buen uso de lallave, para revisar ocasionalmente lo que sucede en el interior de lo que pormás de treinta años fue su hogar. Entre esas paredes que tanto tiempo pasópermanece impoluta parte de su importante biblioteca. Con frecuencia consultaa su ex mujer sobre las nuevas tendencias literarias. Ambos compartían —ycomparten— largas horas de lectura y tertulia literaria. Cortassa conoce alministro como nadie, su origen, historia, amigos o conocidos (según se mire),fortalezas, debilidades y también sus finanzas.

Sangre de mi sangre

Más de diez años de presidente de la Corte dan para mucho. De ser unabogado más, Lorenzetti pasó a ocupar un pedestal desde el que acaricia el

cielo del poder absoluto. La sombra de su figura se alargaba hasta la ciudadde Rafaela donde “el mito y el miedo a Lorenzetti”559 coexistieron como unmatrimonio mal avenido.

Hay un contraste profundo entre el Lorenzetti como un vecino más y eljuez supremo de poder “omnímodo que logró construir desde la Justicia”,resumía el diputado Del Frade en el libro Salud, valores y esperanza. Aunqueintente pasar inadvertido no es un rafaelino más, “supo usar su poder paranombrar jueces, funcionarios, apartar a otros de sus cargos, hostigarlos y hacernegocios a través del tráfico de influencias”, describe Del Frade. Hombre“temido en su ciudad, cercano a la política, al poder, a la Iglesia y a laJusticia, Lorenzetti levanta un teléfono y designa en un puesto a un familiar, aun amigo y, a su manera, pulía causas judiciales”, remata.

El nepotismo es innegable. En septiembre del 2013 logró que nombraranal hijo Pablo en el Banco Nación de Rafaela y en la Asociación CivilUniversidad Católica Santiago del Estero. La leyenda pueblerina cuenta quellamaba a los directivos de las empresas más importantes de la zona para, endefinitiva, comunicarles que todo seguiría igual. Les decía que Pablo sería surepresentante legal en el estudio jurídico que le legó. De este modo, laclientela de siempre tenía “garantía de resultados” además, detalla el autor dellibro mencionado, “ningún empresario se animaría a contrariar al presidentedel alto tribunal”.

Con 32 años, Pablo Lorenzetti podía decir sin temor a equivocarse quehabía empezado a escribir su propia historia. Otro asunto es que al hacerlo losrenglones estuvieran más torcidos que derechos. Su modus operandi era elsiguiente: cuando necesitaba que un juez de su ciudad resolviera de acuerdo asus intereses, solía pasar a visitarlo. Sobre el escritorio, para que entendieracon quién estaba hablando, le dejaba un fallo del máximo tribunal sobrecualquier otro caso del mismo asunto. “Esto es lo que piensa la Corte”, solíadecirles —y aún lo hace— a los magistrados. Con esa soltura maneja losnegocios de la familia el mayor de los Lorenzetti. Especializado en derechoambiental, dicta clases en la UBA y en la Universidad Católica de Santa Fecon sede en Posadas, Misiones y en la facultad de abogacía dependiente de laUniversidad Nacional de Rosario. Fue profesor de la Universidad de laMancha y Toledo, de España e integrante de la Fundación Expoterra impulsada

por su padre,560 como se detalló en el capítulo anterior.

Desde pequeños, los tres hermanos están muy unidos, comparten amigos,se acompañan y suelen divertirse juntos. Los otros dos hijos de “Richard” sonsencillos, tímidos y de perfil más bajo que el hermano mayor. Lucía se recibióde licenciada en Psicología en 2013 en la Universidad de CienciasEmpresariales y Sociales (privada) y empezó a atender pacientes por sucuenta y riesgo. En tanto, Franco estudia la licenciatura en administración deempresas. Colaboró con su hermano Pablo y desde 2013 561 trabaja en laAsociación Mutual Pyme, cuya titularidad es de su padre, Ricardo Lorenzetti,como lo aseguró un socio del juez. La relación con su padre es muy cercana yafectuosa. De la misma manera que cuando eran niños, el juez los protege ycuida. Son su debilidad.

Varios empleados del estudio Lorenzetti, ingresaron a través de lasupuesta intermediación del juez supremo a trabajar en el Banco Nación,sucursal Rafaela. No solo su hijo Pablo, sino también Belén, la hija deMarchi, como confirmaron desde la entidad y familiares de ambos.

El ministro Lorenzetti, considerado y comprometido con los suyos,ayudó a toda la familia. En octubre del 2005 Romina María Chianalino,abogada y escribana, hija de su hermana Susana (Bioquímica), recibió lamitad del paquete accionario de la firma Paideia SRL, y pasó a ser propietariade la librería que hasta ese momento era suya. La sobrina favorita, con famade sagaz, es la que goza por parte del tío de una confianza incondicional. Ellaconoce y forma parte de los secretos mejor guardados del supremo juez. Lalibrería está ubicada sobre la calle San Martín y la había fundado junto a suamigo de la adolescencia José Luis “Bachi” Inwinkelried.562 Chianalinotambién fue premiada con un registro automotor, gestionado por ReynaldoCasabella como lo confirmaron socios de Lorenzetti ante la consulta para estelibro. La adjudicación provocó conmoción en la ciudad así que, para evitarmás alborotos, la sobrina cedió la gestión a miembros de su círculo máscercano. Ella sí se ocupa, desde septiembre de 2016, de ejercer el cargo dedefensora general del juzgado federal de Rafaela. Ese puesto, que obtuvo porconcurso, también levantó polvareda en la ciudad. Pocos dudan qué tuvo máspeso en los exámenes, el conocimiento de la joven o su apellido. En estecontexto, resulta menor el favor que Lorenzetti le hizo a su sobrino Martín

Chianalino, para que entrase a trabajar en el ANSES de Rafaela. Aunque aJuan lo ayudó para que ingresara a la Empresa Provincial de Energía (EPE) ya Ignacio Miguel Chianalino, el ingeniero de la familia, lo designó en laDirección de Sistemas del máximo tribunal con el cargo de prosecretario jefe,un lugar clave para el manejo de información judicial.563 Aunque este trabajaen la ciudad de Rafaela y no en Buenos Aires, según confirmaron compañerosde trabajo.

Todos contentos. La familia es la familia, como en todo seno de raízitaliana piamontesa, fiel a los genes. Otro de los beneficiados por la relacióncon Lorenzetti fue Lucas Marín, ex socio suyo que logró ascender a juezlaboral.

El núcleo personal de Lorenzetti es muy pequeño y está compuesto en sumayoría por conocidos y amigos de la adolescencia. Todos de Rafaela.Ricardo Peirone, dos veces intendente de la ciudad que ama con locura, esfuncionario municipal y legislador provincial.564 Además de su amigo es elcontador personal de Lorenzetti y de su familia. Su otro compinche de lainfancia, Orlando Mario “el Indio” Long disfruta del cargo de delegado zonalde la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), donde eljuez supremo tiene buena mano, o influencia como dicen en Rafaela. Cómodoen el puesto, atrás dejó la Dirección de Control Público de la municipalidad yreemplazó a Roberto Teso. Las razones del apartamiento de este siguen siendoun misterio. La nueva actividad de Long le proporciona jugosos beneficiosdada la cantidad de festejos que se realizan en la zona bajo sudependencia565. “Siempre que haya un 30% mediante”, en palabras de DelFrade.

El pasado y futuro de Lorenzetti remite una y otra vez a Rafaela, el puntode partida, su cable a tierra, el eje sobre el que gira su existencia. Endefinitiva, sus raíces. Los pocos amigos que tiene (la mayoría se consideransocios) son de la infancia y la adolescencia. Hay excepciones que tienen quever con sus primeros pasos como abogado y empresario.

Ellos gozan de buena salud

El vínculo más importante lo entabló con el médico Carlos Tita como seanalizó en el capítulo 2. Lo buscó para que lo asesorara en el sistema de salud

y desde entonces, parecería que no pueden vivir el uno sin el otro.

El médico empezó como accionista de la clínica familiar Tita HermanosSA, fundada por el padre y el tío, Plácido y Rosario Tita. Más tarde, esemismo grupo societario conformó el sanatorio Nosti SA, que luego se agrupó—junto a otras tres clínicas— a la gerenciadora Apreme SRL de la queLorenzetti fue socio fundador y asesor legal. Buscaban monopolizar el sistemade salud de Rafaela y licitar de manera conjunta ante las obras sociales. Elnegocio se centraba en tener gran cantidad de socios para prestarles serviciosunipersonales. “Bajo precio en la cuota mensual y calidad media”, como elmismo Lorenzetti solía definirlo.

En 2001, cuando el abogado renunció a Apreme tras su enfrentamientocon la Asociación Médica del Departamento de Castellanos,566 en paralelose desataba una interna en el seno familiar de los herederos de la firma TitaSA. El enfrentamiento adquirió mayor virulencia cuando Carlos compró, en2004, las acciones de dos de sus primos. A partir de entonces, pasó a tomarlas decisiones de la empresa. Si bien Lorenzetti se apartó —al menos en loformal— de Apreme, habría continuado como asesor legal de Carlos Tita demanera solapada. Tita y Lorenzetti son carne y uña. Tanto, que habríanrealizado otros negocios conjuntos.567 No es casual que el crecimientopatrimonial de Tita se desarrolle en paralelo al desempeño de Lorenzetti en laCorte. En Rafaela, donde dejaron de utilizar eufemismos y ahora no dudan enproclamar a micrófono abierto lo que piensan y lo que saben, se refieren a élcomo “el testaferro” del presidente de la Corte.

Del Frade añade que, posteriormente a que Lorenzetti fuera nombradoministro de la Corte, su hijo Pablo “fue designado representante legal deCarlos Tita. Aunque también lo sería de la firma Tita SA, como del resto delas empresas que desde entonces emprendió el médico”.568 En la mismasintonía lo definió también uno de los socios de Apreme y de Tita SA; elcirujano plástico Gustavo Tita, primo de Carlos Tita. La acusación apuntabacontra Lorenzetti, ya que el cirujano considera que perdió sus acciones porculpa de la intervención del abogado. Lo denunció innumerables veces en losdiarios de la región y a nivel nacional pero los lamentos no fueron atendidos.“Hace veinte años que conozco a Lorenzetti y hace años que lucra con elnegocio de la salud. Lo hace por medio de su hijo, Pablo Lorenzetti”, explicó

Gustavo Tita en una entrevista con el periodista Jorge Lanata.569 “Llegaba elPAMI a Rafaela y ellos se quedaban con los afiliados porque manejaban lossanatorios. Se quedaron con el monopolio de la salud. Lorenzetti, en los 90,fue asesor legal de una de las prestadoras. Él tenía conexión con VíctorAlderete (último titular del PAMI de la presidencia de Carlos Menem, deenero de 1997 a diciembre de 1999). Lorenzetti armaba una sociedad y trasmis denuncias armaba otra. Ellos se quedaban con el dinero de las obrassindicales. Lorenzetti fue el asesor legal y diseñador de estas gerenciadorasque convenían con Alderete. Cuando descubro este tipo de maniobras renuncioy hago las denuncias pertinentes”, detalló Tita en radio Mitre.

La respuesta del ministro de la Corte no tardó en llegar: “Anteexpresiones públicas en medios de comunicación del Sr. Gustavo Tita, queimplican agravios e imputaciones de hechos falsos, me veo en la obligación dedesmentirlas totalmente.

Asimismo, y luego de años de tolerancia, hago saber que promoveré lasacciones legales que correspondan”, enfatizó en declaraciones al diarioCastellanos de Rafaela.570 Según Gustavo Tita todavía espera que lenotifiquen de alguna demanda.

La controversia tuvo otro capítulo. “Tengo una disputa y una batallamoral contra él. El único enemigo que tengo en la vida se llama RicardoLorenzetti, me hizo daño moral, económico y familiar”, retrucó GustavoTita.571

El crecimiento patrimonial del empresario de la salud y médico, CarlosTita, en paralelo al desempeño de Lorenzetti en la Justicia resultaba llamativoen Rafaela. También sorprendía la figura de Guillermo Remonda, un hombreque no pasa inadvertido. El periodista rafaelino, Francisco Marzioni, loconsidera muy útil para Lorenzetti por “su red de contactos. Se conocen desdemucho antes de su nominación a la Corte en 2004, y como, “presuntopropietario del diario Castellanos —observa—, le ha hecho más de un favor”al juez supremo. Marzioni se refiere a que en el registro de la propiedad nofigura Remonda, sino Pablo Exequiel Ranzani y Marcelo Fabián, comoaccionistas de Editora Del Centro SA (capítulo 2), aunque el rafaelinoGuillermo Remonda se reconoce propietario del diario.

También apuntaba Marzioni a las “operaciones mediáticas que el propioRemonda reconoce encabezar, a favor de Lorenzetti, a sus amigos yperiodistas del diario”.572

Un episodio no demasiado lejano en el tiempo ilustra lo relatado. Era yael ocaso de una tarde de noviembre de 2009, cuando Remonda, un hombrecampechano y de palabra fácil, llegó a la redacción del Castellanos y sedirigió al subdirector, Fernando Garello.

“Fijate qué podemos hacer con esto”. Remonda le entregó las copias deun expediente en contra de la Asociación Médica de Castellanos(ASMEDICA), con la que estaba enfrentado Lorenzetti, donde se acusaba a laentidad de supuestas irregularidades financieras.

—Me fijo. ¿Pero, esto qué es? —le respondió el subdirector del diario.

—Me lo dio un amigo que no sabe lo que es publicable y lo que no —respondió el dueño de Castellanos.

“Al otro día —detalla el periodista Marzioni— el diario publicó en tapauna nota sobre la presunta deuda de aportes previsionales que la AsociaciónMédica de Castellanos, habría mantenido con los trabajadores del Policlínico.A cuadro seguido, publicaba la noticia de una condecoración recibida porLorenzetti desde Italia. Los que tenían que recibir el mensaje —observa— locaptaron de inmediato”.

Al día siguiente ASMEDICA envió siete cartas documento de protesta.Años más tarde Marzioni habló con Fernando Garello y Guillermo Remonda,“ambos —asegura Marzioni— coincidieron en que el proveedor de esainformación había sido Lorenzetti, la más alta fuente judicial, como solíamosbromear”.573 Dicho esto, añade, “cinco años después, los denunciantes eranlos denunciados y el abogado cuestionado, incuestionable”.574

Aquel episodio significó un duro golpe para la Asociación que, mástarde, sería cooptada por Lorenzetti a través de una nueva comisión directivaque habría aceptado hacer lo que los médicos privatistas y el ministro de laCorte les ordenaban. Entre las instrucciones figuraba retener los libros quehabía escrito el periodista Del Frade sobre la “estafa” (ver capítulo 2) que

había ideado Lorenzetti al sistema de salud de la ciudad de Rafaela y laslocalidades aledañas.

Con Remonda al frente, “el diario Castellanos cambió su línea editorialde manera rotunda y pasó a ser un vocero de Lorenzetti en la zona, la voz de loque el presidente de la Corte quiere decir a la ciudad, de donde nunca, enverdad, se fue”, asegura Marzioni.

Gracias por todo

Las reflexiones y conclusiones a las que llegó Del Frade tras suinvestigación inquietaban a Lorenzetti. Llevó a cabo un relevamientoexhaustivo y consultas a diversas fuentes de la zona —que conoce como lapalma de su mano— en estricto off de record. El comunicador y luegodiputado provincial de Santa Fe llegó a la conclusión de que estaba encondiciones de elaborar una lista de los “socios encubiertos”, —oabiertamente declarados, como Guillermo Remonda— y los “testaferros” deLorenzetti. Aunque los escenarios fueron distintos, los personajes eran losmismos. Según él, “los socios en los negocios y prestanombres de Lorenzetti,serían el médico Carlos Tita, el contador Reynaldo “Nall” Casabella; Marchi;Lisdero (ver capítulo 10); “la Chocha” Armando, entre otros tantos nombresque se repetían en las sociedades y serían parte de este círculofinanciero”,575 insiste el diputado. A través de ellos habría armado unamegaestructura de empresas relacionadas a los negocios de la salud,financieras, inmobiliarias, constructoras, metalúrgicas, fábricas de máquinaspara el tratamiento del agua, hotelería, ganadería, aeronáutica y muchas más.Además, se vinculó con escribanos como Guillermo Eguiazu con quiencompartiría una serie de emprendimientos inmobiliarios.

Para los vecinos de la ciudad, Rafaela es el “centro de operaciones” deLorenzetti, su feudo privado. Como Néstor Kirchner hizo, al trasladar elmodelo de Santa Cruz a la Nación, el juez supremo se llevó el mismo modusoperandi, a gran escala, de la ciudad santafesina a la Corte Suprema.576 “EnRafaela nadie se animaba a desafiar a Lorenzetti o a su familia. La búsquedade información en oficinas públicas —detalla el diputado— se convertía en undesafío para cualquiera que quisiera emprender la tarea”.

Del Frade fue el periodista que en 2010 denunció que Lorenzetti intentó

taparle la boca a cambio de dinero. Ya como presidente de la Corte, lo citó asu despacho en febrero de ese año y, de acuerdo a su testimonio, insinuó que lepagaría 40 mil dólares para que no publicara Salud, valores y esperanza.Crónicas de lucha de la Asociación Médica del Departamento de Castellanosque vería la luz ese mismo año. El trabajo se centraba en la manera en la queel entonces abogado Lorenzetti y sus socios habían “cooptado” el sistema desalud en base a un accionar que rozaba lo antiético e ilegal. Lorenzetti se habíamolestado. La reunión duró 45 minutos y al periodista le llamó la atención queal ministro le preocupara lo que él mismo definió, durante todo el encuentro,como una cuestión de “pago chico”.577

Lo cierto es que “los dos mil ejemplares de su libro quedaron retenidosen un depósito por disposición de la nueva comisión de médicos que pasó aadministrar ASMEDICA tras ganar las elecciones con el presunto aval deLorenzetti. “Desde entonces están ahí sin poder ser leídos”, lamenta el actualdiputado por el Frente Social y Popular (FSP).

Ayer, hoy y mañana. Los de siempre

Los nexos entre justicia, salud y negocios no serían tan disparatados.“Los empresarios —detalla Del Frade— explican que el sistema de salud enla Argentina está manejado por tres grupos capitalistas: el que dirige elempresario radical Enrique Coti Nosiglia; Luis Barrionuevo y el GrupoOlmos”.578

En el área de salud, Lorenzetti y Tita, tendrían de padrino, nada más ninada menos, que a Nosiglia.579 Al Coti, como se lo conoce en todo el país, yalo habían identificado, durante el gobierno del ex presidente Fernando de laRúa, como dueño de gerenciadoras que trabajaban con el Pami junto aBarrionuevo. Fue la por entonces interventora del PAMI en representación delFrepaso, Graciela Rosso, la primera en seguir la liebre.

El grupo de socios que hasta hoy acompañan a Lorenzetti empezó aconformarse, café mediante, entre el entonces abogado rafaelino y Carlos Tita(ver capítulo 2) en su pueblito. Desde entonces Lorenzetti, asesor de Tita, pasóa ser fundador y socio de la gerenciadora de salud Apreme SRL. Ese fue sudesembarco en el sistema de salud allá por 1994, explica Del Frade. Una vezque Lorenzetti se apartó en 2001, al menos en lo formal de Apreme SRL,

desde entonces y hasta el 2004 —escudado en Carlos Tita— encontró en elsistema de salud un mercado rentable del que nunca más se alejaría.

Lorenzetti y Tita encabezaban la cuadrilla integrada por Rafael Barreiro,Reynaldo Casabella, Leonardo Parra y Norberto Pairola, entre otros. Todosellos, de la mano, impulsaron la prepaga médica Preinsa SRL en octubre de1996.

Aunque en paralelo Tita, con olfato para los negocios y sin dejar nada alazar, junto a su familia fundó ese mismo año dos financieras e inmobiliarias:Establecimiento Los Hermanos SA y Alicar SA.

Carlos Tita tenía tradición familiar en el negocio de la salud. Conscientede que su mayor rédito económico provenía de ese ámbito, en enero de 1999apostó a tres nuevas firmas médicas Siglo XXI, Emergencias Sunchales SA yClínica Sunchales SA.

Hasta aquí Carlos Tita era un exitoso empresario santafecino. Tanto enRafaela, como en Sunchales y Rosario había demostrado capacidad paradirigir y controlar empresas. El liderazgo no estaba en duda, aunque detrás delsecreto de sus logros estuviese Lorenzetti.

Lo cierto es que los negocios de la salud para Tita y el supuesto socioencubierto Lorenzetti iban in crescendo. Cinco años antes, Lorenzetti, Kraut yMosset Iturraspe ya habían hecho base en Buenos Aires con un estudiojurídico especialista en la materia. Esto le dio impulso a Tita para que, en2002, junto a Claudio “la Chocha” Armando, constituyeran la empresa UnidadMédica Laboral SRL en la Capital no solo para brindar atención médicoasistencial, sino también para administrar otras entidades. Habrá quereconocerle a Tita que la llegada a Buenos Aires lo incluía en las grandesligas. Por supuesto que Tita nunca se marchó de Santa Fe. De hecho, esemismo año lanzó el Centro Logístico de Medicina Integral SA en Sunchalesque monitoreaba desde Rafaela. Al mismo tiempo las inversiones del exitosoempresario aumentaban al igual que sus responsabilidades. Es sabido que loscambios son frecuentes y saludables para un triunfador. Esos empresarios,incluso, se anticipan y logran convertir una amenaza en una oportunidad. Porello resultan habituales las modificaciones en las sociedades o el capitalsocial y la constitución de nuevas firmas, para evadir riesgos y

responsabilidades. El grupo de amigos no se quedó fuera de esa tendencia yoptó por esa modalidad, no solo de cambiar los nombres de las sociedadessino de sus accionistas. Cada tanto modificaban los tipos societarios, quizáspara sumar accionistas o incrementar el capital.

En marzo de 2003, la firma Preinsa SRL cambió por Preinsa SA.580 Enla práctica el cambio implicaba pasar de una empresa donde laresponsabilidad ya era limitada a una aún más restringida al desconocerse susverdaderos accionistas. En tanto ese mismo año, Carlos Tita optó pormodificar las autoridades de GM SA y asumió la vicepresidencia.

El 2004 sería un año de buenas nuevas para el empresario. En marzoconformó ASS Administradora de servicios de Salud SA en Santa Fe y enagosto impulsó Rosario Sistemas de Salud SA. Fue en este periodo cuandoadquirió el 70% de las acciones de la empresa familiar TITA SA, hecho que loenfrentaría con su primo Gustavo Tita, para quien Lorenzetti fue el ideólogo yasesor legal de las “maniobras” societarias.

Para Lorenzetti, el 2004 tampoco pasó inadvertido. Festejó las primerasnavidades como juez supremo, momento a partir del cual su crecimientopatrimonial y el de Carlos Tita resultaría por lo menos llamativo.

Tita y Oscar Alberto Ruffinengo conformaron el 10 de agosto de 2005 ladroguería Alfarma SRL. La empresa tenía dos sedes: una en Sunchales y laotra en Rosario, ambas de Santa Fe.581 Esta sociedad fue habilitada ante laAdministración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médicapara licitar y comercializar remedios (en especial oncológicos) en lasdiferentes provincias del país582 donde ya habría ganado varias licitaciones ycontratado en otras bajo razones de urgencia.

Dentro del equipo de socios cada integrante sabía en qué lugar de lacancha debía jugar. El contador Reynaldo Nall Casabella representaría aLorenzetti. En tanto, la Chocha Armando recorrería el país para diligenciar ymonitorear el estado de las licitaciones hasta lograr ganarlas. “La Chocharesponde no solo a Lorenzetti sino a Remonda”, asegura Del Frade. Ante laconsulta Armando negó ese tipo de vinculación y advirtió que se dedica alrubro de los lácteos.

Aceitado el mecanismo del negocio de la salud, las ambiciones delgrupo crecían. Ya no se conformarían con el mercado interno, apostaban ahoraal plano internacional. Revelar SA sería la empresa con la que importarían yexportarían medicamentos desde 2007. Dos años más tarde e impulsados porel éxito de la primera iniciativa tentaron suerte con Salusan SA.

Una vez más y gozoso de la adrenalina que genera el riesgo empresario,Tita y el contador Leandro Enrique Abatidaga formalizaron el 15 de abril de2009 la financiera e inmobiliaria Tiaba SA en la ciudad de Buenos Aires.583Aunque en el ámbito de la salud se asocia a Tita y Lorenzetti con operacionesrealizadas mediante la financiera Prestaciones Integrales de Salud Presal SAsurgida en 2010, de la cual Juan Francisco Nosiglia, hijo del Coti, era uno delos socios mayoritarios.

Carlos Tita, con probada capacidad para conducir empresas e inspirar asus colaboradores y socios a sumarse a ellas, mostró un lado más osado. En2011 su financiera Tiaba SA se unió al ingeniero electromecánico santafesinoRubén González en la firma Sky Blue Air SA. La finalidad era exportar,importar, alquilar, comprar, vender y administrar aeronaves. Tambiéninspeccionar y vigilar oleoductos y gasoductos, entre otras actividadesagrícolas y ganaderas.

Pese a las innovaciones societarias Tita y compañía continuaron a pasofirme con los proyectos en salud. Se mantuvieron con un pie en Santa Fe y elotro en Buenos Aires. De hecho, en 2012, establecieron la cobertura en saludpara obras sociales Medicina Integral Laboral SA en Santa Fe584 cuya sedeen Buenos Aires compartía el mismo domicilio con la firma del mismo grupo,Centro Logístico de Medicina Integral SA,585 compartían el mismo domiciliosobre Reconquista 1071, segundo piso, departamento “C” de la CapitalFederal.

El 2015 fue también próspero para Tita y sus socios. Con NallCasabella, señalado como el intermediario de Lorenzetti en variosemprendimientos, constituyeron Acciones de Salud Santa Fe SA con la idea deconcretar operaciones a gran escala dentro y fuera del país. Una coincidenciaconcurrente y de manera alternada con los negocios de salud, era que Tita y sumujer Alicia Raquel González insistían en conformar financieras einmobiliarias. Fue el caso de CT Inversiones SA y Carali SA durante 2013.

En el ámbito jurídico y contable las financieras e inmobiliarias enalgunos casos — sobre todo cuando los montos que comercializan sonexcesivos o llamativos— son señaladas por los profesionales del sector comosospechosas y vinculadas al supuesto blanqueo de capitales. A esta altura, Titaera tan exitoso como envidiado por sus colegas, ya que había edificado unimperio alrededor de la salud. Además de las sociedades ya detalladas eratitular del Centro Médico Los Alerces, ubicado en Sarmiento 1825 y delSanatorios Los Alerces, con sede en San Juan 3034, ambos en Rosario.Aunque estos serían nombres de fantasía pese a que las instituciones estánregistradas como propiedad de Tita y administradas a través de sussociedades.

Además de la gran cantidad de sociedades, Tita adquirió los sanatoriosJulio Corzo y El Italiano en Rosario. Esto le valió acaparar el 20 % delnegocio en la ciudad y además ser considerado el tercer jugador de peso en elámbito de la salud en Rosario. Allí compite con el Grupo Oroño(perteneciente a la familia Villavicencio) que lidera el podio y con el GrupoGamma, del médico Mari Tourn (quien se asoció en 2015 a Swiss Medicalgrupo Belocopitt) que ocupa el segundo lugar. Otro de sus socios en esteemprendimiento es su coterráneo Leandro Abatidaga.

Antes de avanzar y para comprender “el esquema societario del grupeteque lidera Tita respaldado por Ricardo Luis Lorenzetti”, como insiste DelFrade, resulta oportuno resaltar los personajes relacionados directa oindirectamente al dúo Tita- Lorenzetti en las diferentes sociedades. Entreestos, se destacan los contadores Abatidaga y Nall Casabella. Claudio laChocha Armando, comerciante de lácteos — viajante y señalado comointermediario en los negocios, en muchos de los cuales sería socio—, elabogado Gómez Galissier, el médico Víctor Hugo Zunino y el ingenieroelectromecánico Rubén González, entre otros.

Lo que resulta sorpresivo de las personas —cuyos nombres se repetíanuna y otra vez en las sociedades— era que admitieran como socios de lasempresas Alfarma SRL y de Sistema de Salud SA a dos comerciantes sinningún tipo de experiencia en el rubro. Este es el caso de Oscar AlbertoRuffinengo y Esteban Daniel Pérez. Aunque no era la primera vez que acudíana personas inexpertas y con capital insuficiente como para iniciar un

emprendimiento de tal magnitud. El mecanismo u operatoria se repetía.

Lo que no levantó desconfianza en la perla del oeste fue la participacióndel contador Abatidaga como accionista en los negocios vinculados a Tita yLorenzetti. Era nada más ni nada menos que el hijo de Néstor Abatidaga (exgerente general de Sancor Seguros desde hace más de 15 años y ahoradirectivo de la empresa pero a nivel internacional). El “Gordo” Abatidaga,como le dicen sus amigos, era el mismo que estuvo presente y aplaudió de piecuando su amigo Lorenzetti asumió en la Corte Suprema. Sancor Cooperativade Seguros Ltda. fue otra de las firmas que transfirió dinero afuera por lassumas de $51.316.500 en 2008 y $60.249.200 en 2009, según datos del BancoCentral. Los directivos de esta compañía mantienen una estrecha relación conRicardo Lorenzetti (ex abogado de la firma) y con su hijo Pablo (actual asesorlegal).586 Es más, en junio de 2010 la empresa Sancor Cooperativas UnidasLimitadas cuestionó ante el Tribunal Fiscal de Aduanas, la normativa mediantela cual le reclamaban el pago de ciertos impuestos de exportación, por unosembarques de leche en polvo a Brasil y Paraguay. Con un fallo favorable aSancor en la Cámara Contencioso (segunda instancia), la Aduana pataleó y porrecurso extraordinario llegó a la Corte. Los ministros, antes de tomar postura,consideraron —con la disidencia de Highton de Nolasco— por primera vez laintervención del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Antes de quese evacuara la consulta internacional, Sancor desistió de continuar con la puja.Entonces, sucedió algo inédito para los parámetros de la Corte. A través de unescrito, tanto Sancor como la Aduana consentían la distribución de los gastos(costas) de la tercera instancia por su orden, como lo explica enconstitucionalista Alberto Garay en un artículo de Abeledo Perrot587 yconsideró además, que la causa tiene “aristas atractivas”. La Corte resolvió elcaso como “inoficioso”. Fin de la actuación, aunque Lorenzetti, ex abogado dela firma y con su hijo como asesor actual de la misma, “no se excusó y habríaintermediado entre ambas partes. “Algo inaceptable”, critican variosconstitucionalistas.

Abatidaga (padre) es tan exitoso como Tita, aunque de perfil másextrovertido. Quizás eso motivó el giro que dio a su vida laboral y personal.Se mudó de Rafaela a Buenos Aires y adquirió un departamento en PuertoMadero. Su vecino es Lorenzetti, a quien visita con frecuencia.

El dueto Tita–Abatidaga, estaba dispuesto a arriesgar en una nuevaempresa. Bajo esa motivación compraron el Hotel Toscano SRL ubicado sobreel Boulevard Santa Fe 442, de la ciudad de Rafaela. Lo peculiar de estaoperación fue que la transferencia del fondo de comercio en 2010 se hizo aIndosan SA, surgida el mismo año con la finalidad de dedicarse a la actividadhotelera, con varios socios vinculados a Tita y Abatidaga. Entre ellos JuanCarlos Yost (presidente), Alfredo Buffa (vice) y Eduardo Pedro José Grosso(director suplente). Tita suele citar a personajes de la política y del mundoempresario al Hotel Toscano y lo presenta como suyo.

El espíritu aventurero de Tita y compañía buscaba nuevos desafíos.Adquirieron varios restaurantes según confirmaron empresarios afines. Y hastase animaron a incursionar en el área metalúrgica y automotriz medianteClorindo Appo SRL. Había varios rubros disímiles en el croquis societario.El nexo para esta última adquisición fue el ingeniero Rubén González y laempresa Tracker SRL,588 una financiera con sede en Buenos Aires surgida enfebrero del 2000 y que se asoció a Clorindo Appo SRL en 2003.

El ingeniero Rubén González y gente allegada a él habrían sidoesenciales para asumir la dirección de la metalúrgica Clorindo Appo SRL,Sky Blue Air SA y un megaemprendimiento relacionado a las obras públicas.Se trata de Aguas y Procesos SRL, la empresa más grande de América Latina yuna de las cuatro firmas proveedoras de máquinas de ósmosis inversa para eltratamiento del agua. González es señalado como un hombre tan cercano a Titacomo a Lorenzetti.589 El ingeniero y accionista asumió el gerenciamiento dela firma y en junio de 2005, los directivos de la empresa transformaron el tiposocietario y pasó a denominarse Aguas & Procesos SA.590

Nuevamente los socios optaron por una firma donde tendrían menosresponsabilidad ante un eventual pleito legal. La compañía tiene su sede enSunchales, pero tanto la adquisición de acciones como el cambio de tiposocietario se hicieron ante escribanías del departamento de Castellanos, dondese ubica Rafaela, provincia de Santa Fe. La firma ganó en febrero de 2011 lalicitación para ampliar la planta de osmosis inversa de la ciudad deRafaela.591 En enero de 2012 los responsables de la firma abrieron unasucursal en Santiago del Estero por los supuestos nexos con el ex gobernadorGerardo Zamora. Allí ganaron varias licitaciones para obras públicas, tanto

Aguas & Procesos SA sola como asociada a otra empresa en UnionesTransitorias de Empresas en 2013, 2015 y 2016.

La última de las inmobiliarias vinculadas a Lorenzetti es Renik SAcreada en junio de 2015 con sede en Santa Fe 2142 de Rafaela. A través deesa firma Lorenzetti llevaría a cabo una serie de operaciones vinculadas alrubro de la construcción. Aunque como accionistas de la misma figuranMónica Leonor Alberto, (54 años, empleada dedicada a gestionesempresariales) y Gabriel Solaro (36 años, docente y administrativo enasesoramiento de empresas).

La plataforma que logró Tita en la salud, lo llevó a apostar a la ciudadde Buenos Aires, donde con el respaldo de su socio encubierto Lorenzetti,representado en sus intereses por el contador Nall Casabella y el padrinazgodel Coti Nosiglia se prepara para pelear en el mercado nacional einternacional con la exportación e importación de medicamentos e insumos,pero sobre todo medicamentos oncológicos. Los tres caudillos, Tita, Lorenzettiy Nosiglia parecen no tener descanso y desde hace más de un año, estaríanpreparándose para lanzar negocios vinculados a la Salud a niveles enormesdel mercado en busca de trascender las fronteras. En este tiempo, NallCasabella ha sido el encargado de agilizar la puesta en marcha del proyectopor el que viaja, de lunes a jueves, a Buenos Aires y luego vuelve a Rafaela.Todo va sobre ruedas. De hecho, adquirieron un edificio donde tienen previstomontar las oficinas administrativas, sobre la calle Sarmiento a metros deavenida 9 de Julio, como aseguraron desde el seno empresario.

Ordeñar la vaca

En Rafaela todos se conocen, tienen amigos y hasta familiares en común.Es una ciudad tan pujante como pequeña. Alrededor de ella se tejen historias,dichos y mitos. Como dicen en los bares y piringundines a los queacostumbran visitar los rafaelinos: “pueblo chico, infierno grande”.

Uno de los personajes más conocidos de la perla del oeste es GuillermoRemonda, un hombre simpático, aunque no para todos.

Remonda tenía y tiene buen pasar económico. Se casó con una señora dela alta sociedad de Rafaela, Magdalena María Williener, una de las herederas

del Grupo Williner dedicado a la actividad láctea a través de la marca Ilolay.El matrimonio tuvo tres hijos, Laura, Gina y Guillermo Ricardo. Lorenzettitiene una excelente relación con los dos. En Rafaela van más lejos y aseguranque está en deuda con ellos. “Sin Remonda —garantizan— Lorenzetti nuncahabría podido subir la escalinata del Palacio de Justicia” y estar hoy sentado,a sus anchas, en el magnífico despacho que ocupó Fayt.

“Era muy amigo del cuñado de Lorenzetti, Miguel Chianalino (esposo deSusana, la hermana de Lorenzetti). Esto devino en una relación casi familiarque con el tiempo se fortaleció. Guillermo es de las poquísimas personas queconforman el círculo íntimo de Ricardo y el único que se atreve a decirle, caraa cara, las verdades más crueles.

Él lo escucha”, confía alguien que lo valora. El diputado Del Fraderecuerda que, “Remonda llegó a definirse como socio de Lorenzetti”.

Empresario exitoso, y amigo de sus amigos, Remonda administró la fincaLa Laura del Grupo Williner. También fue presidente del Jockey Club deRafaela, donde supo cultivar lazos con colegas y terratenientes de la zona.Estando en Rafaela puso el ojo de los negocios en Salta. El 24 de octubre de2008 —según consta en el registro de la propiedad— adquirió 42 hectáreas detierras en Cafayate, una de las zonas más codiciadas de la provincia y elpaís.592 En paralelo a esas tierras de Remonda, la inmobiliaria y financieraRoma Inversiones SA. También compró (en comisión, es decir para un tercerou otra persona o sociedad) 136 hectáreas en Cafayate.593 Los accionistas dela empresa Roma Inversiones SA, desde noviembre de 2008, no eran otros queel contador Reynaldo Casabella, ex socio de Lorenzetti en Apreme SRL y suhermano, el médico, Fernando Casabella. Ambos de Rafaela, dondeconstituyeron la sociedad en la calle Las Rosas 147 y desde donde compraronlas tierras con escribanos rafaelinos en dos etapas. La adquisición se completóante una profesional de Salta donde se aceptó la adquisición y se dividieronlas tierras.

En el círculo íntimo de Remonda aseguran que las compró a “JorgeNanni, un amigo de la infancia”. Los Nanni son una reconocida familia deSalta dedicada a la actividad vitivinícola de generaciones. Entre ese terreno yel de Roma Inversiones SA, está ubicada la empresa Bodegas y Viñedos FincaChimpa SA, que se dedica a la hotelería y producción vitivinícola. También

allí se encuentra la Bodega Tierra Colorada que aunque es ligada porempresarios también a Lorenzetti, desde hace poco tiempo se encuentra anombre solo de Jorge Nanni, como explicó un socio del bodeguero. El lugar esparadisíaco. Se encuentra rodeado de montañas anaranjadas y rojizas,viñedos, lagunas y médanos en un paisaje de una belleza inigualable. Disponede caballos que disfrutan, en su mayoría, turistas extranjeros. Está consideradouno de los mejores hoteles de Salta por calidad, atención y estéticacolonial.594 Dicho esto, el emprendimiento, desde el 16 de diciembre de2009595 está conformado por dos socias: La primera, que vive en la zona, esMaría Teresita Nanni, ex empleada de comercios del mismo rubro e hija deJorge Nanni, el amigo de la infancia de Remonda. La otra socia es la esposade Remonda, Magdalena María Williner, que vive en Rafaela. Ambas ocupanla presidencia y vicepresidencia del directorio que administra la firma.

Como directores suplentes se encuentran Enrique Pedro Colombo y laabogada María Susana Nanni que ejerce la vicepresidenta suplente. Colomboes un jubilado de 66 años que solía dedicarse a la actividad inmobiliaria y queafronta dos graves problemas: uno de salud en relación a su visión y el otro deíndole habitacional. De hecho, la casa donde vive no se encuentra en lasmejores condiciones edilicias. Sus vecinos, preocupados, aseguran que “secae a pedazos”.

Sin embargo, el 13 de mayo de 2016 Colombo —a quien nadie le conoceactividad actual— impulsó la firma Agencia de Publicidad SA junto a PaolaAlejandra Pasquero, empleada de comercio. Pero, ironías del destino, fijaronsede de la agencia en Sarmiento 439 de Rafaela, el mismo domicilio dondefunciona el estudio jurídico de Pablo Lorenzetti.

Difícil creer en las casualidades, parecería que el juez supremo podríatener aficiones hoteleras similares a las de la ex presidenta Fernández deKirchner, pero en la punta contraria de la Argentina. En este caso en Calafate,provincia de Santa Cruz donde se construyeron Los Sauces, La Aldea, AltoCalafate y la Hostería Las Dunas, todos ellos investigados en la justiciafederal.

Salta parecería haberse convertido en una debilidad para Lorenzetti.Además de la finca Chimpa y el hotel boutique emplazado allí, lo vinculan aotro emprendimiento. Se trata del Hotel Boutique Altalaluna, también ubicado

en el incomparable paisaje de la ciudad de Cafayate, en la localidad deTolombón, entre los valles Calchaquíes. “No es Calafate, es Ca-fa-ya-te”, seenojan los baqueanos ante la reiterada confusión de turistas europeos quecirculan por la zona de enero a enero.

Altalaluna es un mega emprendimiento hotelero rodeado de tantosmisterios como buen gusto y confort. Una antigua casona colonial, coloramarillo oro, es el centro de atracción. Rodeada de cerros verdes y frondosavegetación está ubicado sobre la ruta 40 en el kilómetro 4326. Los visitantesson recibidos con asado a la criolla, empanadas al horno de barro y losmejores vinos de altura de la zona. Los dueños son los socios —la mayoríadesconocidos— que conforman la empresa Futuro Zona Franca GeneralGüemes SA. Esta firma adquirió las tierras en comisión. Es decir, a través delgestor de negocios Héctor Herrero. La empresa asumió en 2004 un créditohipotecario del Banco Macro Bansud SA para financiar el proyecto HotelTolombón (el que luego sería Altalaluna SA) por la suma de $800.000. Unavez más el banquero Jorge Brito se cruzaba en los negocios en los que señalana Lorenzetti.

En 2009, la firma inversora Futuro Zona Franca General Güemes SAsuscribió con el gobierno de Salta un contrato por el que se otorga a esaempresa exenciones impositivas como medidas de estímulo y fomento. Elobjetivo de las mismas giraba en torno a la ampliación del proyecto deinversión turístico denominado Altalauna Hotel, que se ubicó sobre 12.100metros cuadrados en la localidad de Tolombón. El asunto es complicado deexplicar pero el hotel, a su vez, está administrado por Altalaluna SA596 unaempresa publicitaria con sede en Buenos Aires que registró la marca hoteleray la explota comercialmente.

La empresa Futuro Zona Franca General Güemes SA registró,únicamente en 1998, el directorio de su contrato de constitución (el 23 dediciembre de 1998). No hubo más actualizaciones desde entonces, al menoshasta la consulta realizada para este libro en la Dirección General de PersonasJurídicas de Provincia de Salta.597 Las especulaciones en torno a estosnegocios en los que supuestamente intervendría Lorenzetti, a través deintermediarios, gestores de negocios o sociedades, resultan inevitables. En sumayoría apuntan a que la empresa publicitaria Agencia de Publicidad SA, a

nombre de Enrique Pedro Colombo, con sede en el estudio jurídico de PabloLorenzetti, se creó para asociarse con Altalaluna SA entre otras. “Estoyconvencido de ello”, insiste el diputado Del Frade tras un exhaustivo estudio yconsultas de fuentes.

La provincia de Salta —sobre todo la ciudad de Güemes— tiene otrovalor difícil de calcular a futuro. Será uno de los lugares claves del proyectode Corredor Bioceánico que impulsan Argentina, Brasil, Chile y Paraguaypara unir las salidas al mar, entre puertos del norte de Chile y sur deBrasil.598 “Un lugar clave para las exenciones impositivas y el tráfico demercadería de toda índole, que será importante para la economía local einternacional”, señalan economistas, jueces y fiscales federales consultados.

¿Dónde está el dinero?

En el marco de la investigación que realizó Del Frade pudo entrecruzardatos y realizar entrevistas que lo llevaron a analizar que Lorenzetti habríasacado parte de su dinero al exterior a través de Uruguay. Es muy común quelos rafaelinos viajen a Punta del Este, ya que muchos de ellos tienen casas enesa lujosa zona balnearia. Desde allí, el segundo destino del dinero deLorenzetti habría sido Estados Unidos. Sin embargo, fuentes empresariales, seinclinaron por otras opciones. Habría estado vinculado en este tipo detransacciones con los financistas de la región, Mario Bertolaccini, titular de lafirma Bertolaccini, Gerenciamiento de Riesgos. La firma, con sede en Rafaela,tiene sucursales en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Brasil y Paraguay. Sudueño, Mario Bertolaccini figuró entre los empresarios argentinos que girarondinero al exterior por un monto de $1.677.450, entre 2008 y 2009, según datosdel Banco Central de la República Argentina como se analizó en el capítuloanterior. El otro de los financistas a los que habría acudido Lorenzetti seríaAlberto Valsagna. Ambos habrían intermediado para que el presidente de laCorte Suprema comprara acciones en Argentina y las vendiera en EstadosUnidos. A través de ellos, habría logrado un paquete de acciones que le habríapermitido tener gran parte de su dinero afuera del país. De hecho, antes deingresar a la Corte, Lorenzetti presentó en su declaración jurada una cuenta enEstados Unidos.

“A través de un esquema societario podrían ocultarse activos y losverdaderos titulares de ellos”, coincidieron varios hombres de negocios

consultados. Explicaron también que es común que algunos empresarios ofuncionarios públicos tengan una sociedad para asociarse a otra y lograr hacernegocios sin exponerse. En las sociedades se puede participar individualmenteo a través de una firma. En la jerga judicial se llama “escalonar paraesconder”. También se consideran “sociedades cabalgadas”, en la que una delas firmas controla a la otra. Dicho de otra manera, una sociedad deriva enotra, en una cadena casi interminable. “El recorrido fue fructífero y apuesta amás. Siempre más. La inconmensurable vocación de poder de Lorenzetti esilimitada”, concluye Del Frade.599

547. Reconstruida a partir de fuentes directas que pidieronconfidencialidad.

548. Diario La Nación, 12 de marzo de 2016:http://www.lanacion.com.ar/1879143- archivan-una-causa-contra-lorenzetti.

549. Delaware Business Incorporators Inc 3422 Old Capitol Trail Suite700, Wilmington, DE 19808, Qualifying State: Delaware.

550. Se trata de la Ley 26.860 de Blanqueo de Capitales, que entraba envigencia el 27 de junio de 2013.

551. La Opinión, 9 de febrero de 2015:http://diariolaopinion.com.ar/noticia/65749/fenoglio-dejara-de-ser-el-jefe-de-la-afip- rafaela.

552. Clarín, 3 de julio de 2013:http://www.clarin.com/politica/Gobierno-investiga- filtro-titular-Corte_0_949105101.html.

553. Información que surgió de fuentes de la justicia federal con accesoal expediente Número 6109/13 de trámite ante el juzgado federal 12,Secretaría 24.

554. La Nación, Hernán Cappiello, 13 de marzo de 2016:http://www.lanacion.com.ar/1879143-archivan-una-causa-contra-lorenzetti.

555. Entrevista realizada al presidente de la Corte, Ricardo LuisLorenzetti el 8 de noviembre de 2016, publicada como el último capítulo deeste libro.

556. Datos del Registro de Personas Jurídicas de Santa Fe, respecto lafirma Ratio SA.

557. Entrevistas que se hicieron para este libro a vecinos de la ciudadde Rafaela el 3 de octubre de 2016. Los nombres y apellidos verdaderos delos socios originarios se mantendrán en reserva para preservarlos, ya quetambién fueron entrevistados en estricto off the record.

558. Según surge del expediente 978/208 del divorcio cuya fecha deresolución judicial fue el 22 de septiembre de 2008, a cargo de la jueza en loCivil, Comercial y Laboral de la Segunda Nominación de Rafaela, LilianaMaina de Baldoménico.

559. Entrevista realizada para este libro al periodista y diputadoprovincial Carlos Del Frade por el Frente Social y Popular, el 14 de agosto de2016, autor del libro >Salud, valores y esperanza. Año 2010. En adelante todaopinión en relación al supuesto accionar de Lorenzetti, como las personasseñaladas como sus socios y/o prestanombres en sociedades corresponden aesta fuente.

560. Clarín, 27 de junio de 2013 en el sitio web:http://www.clarin.com/politica/hijos-Lorenzetti-Rafaela-perfil_0_945505454.html.

561. Pablo Lorenzetti nació en noviembre de 1983, Franco Lorenzettinació en noviembre de 1986 y Lucía Lorenzetti nació en febrero de 1989.

562. Fuente: Boletín Oficial Pcia. Santa Fe - N°: 22992 del 3 de octubrede 2005.

563. Ignacio Miguel Chianalino fue nombrado en la Corte Suprema, conel cargo de prosecretario jefe en la Dirección de Sistemas, según consta en ellistado de personal del máximo tribunal, aunque presta servicios en el juzgadofederal de Rafaela. Juan, Miguel, Romina y Martín son hijos de la hermana delpresidente de la Corte, Susana Lorenzetti y Miguel Chianalino.

564. La Opinión, 25 de junio de 2016:http://diariolaopinion.com.ar/noticia/152899/habilitaron-muestra-de-ricardo-peirone.

565. La Opinión, 13 de abril 2009: http://www.laopinion-rafaela.com.ar/opinion/2009/04/13/c941310.php. Se completa con opinión deCarlos Del Frade, tras entrevistarlo para este libro el 14 de julio de 2016.

566. Ver capítulo 2.

567. Ídem 562.

568. Entrevista realizada para este libro al periodista y diputadoprovincial Carlos Del Frade por el Frente Social y Popular, el 14 de agosto de2016, autor del libro >Salud, valores y esperanza. Año 2010.

569. Radio Mitre, Jorge Lanata, 2 de diciembre de 2013:http://www.clarin.com/politica/Lorenzetti-Lanata-PAMI_0_1040296257.html.

570. Castellanos, 4 de diciembre del 2013:http://www.diariocastellanos.net/noticia/el-dr-lorenzetti-rechaza-falsas-acusaciones.

571. Entrevista realizada para este libro al médico y cirujano plásticoGustavo Tita para este libro el día 2 de agosto de 2016.

572. Entrevista realizada para este libro al periodista rafaelinoFrancisco Marzioni, el 2 de agosto de 2016. En adelante todas las referenciasal diario >Castellanos y a su presunto titular, Guillermo Remondacorresponden a esta fuente.

573. Ídem 568.

574. Ídem 564.

575. Entrevista realizada para este libro a Del Frade.

576. Entrevista realizada para este libro al periodista Sergio Zenklusen,director de la revista >Palpitar el 2 de agosto de 2016.

577. Ídem 571.

578. Página 12, Paula Vales: http://www.pagina12.com.ar/2000/00-09/00-09-06/pag08.htm. Luis Barrionuevo, líder sindical de la Unión deTrabajadores del Turismo, Hotelería y Gastronómicos (Uthgra). Mientras queel Grupo empresario Olmos, de la ciudad de Mendoza, gerenciaba la obrasocial de la poderosa Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y poseía también laprepaga BASA Salud e incursionó en el rubro mediático. (Adquirió el diarioÁmbito Financiero, administran el canal Crónica TV, los diarios Crónica,

BAE, El Atlántico de Mar del Plata, la revista Democracia y son accionistasde un tercio de la productora de televisión Underground).

579. Enrique Coti Nosiglia nació en Misiones. Estudió abogacía en laFacultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En 1968 fue uno delos fundadores de la Junta Coordinadora Nacional de la Unión Cívica Radicaly luego . Nosiglia se convirtió en uno de los principales operadores políticosde Raúl Alfonsín, quien resultara electo presidente en 1983. Fue ministro delInterior en 1987.Tiene en sociedad familiar una empresa constructora (CarlosNosiglia), producción de yerba mate y té, acciones en el Hotel Elevage de laCapital y acciones en sanatorios y una empresa de salud.

580. Preinsa SA fue presidida por Rafael Barreiro y Gustavo Tita era suvicepresidente. Mientras Miguel Ángel Eiriz era tesorero. Como directorestitulares estaban José Abdullatif, Miguel Oscar Lisi y Leonardo Parra.

581. La primera sede estaba en la calle Primero de Mayo N°. 32(Sunchales) y la segunda en la calle Garay 538 (Rosario).

582. La droguería Alfarma SRL se encuentra ubicada en el puesto 396del listado de firmas habilitadas para comercializar medicamentos de manerainterjurisdiccional. Fue habilitada a través de las Disposiciones 5201/14 y0318/16 de ANMAT y registrada bajo la matrícula 3759 y el legajo 277. Sufecha de caducidad está fijada en el 15 de enero del año 2021. Según surge dela página web de ANMAT: http://www.anmat.gov.ar/

583. Tiaba SA fijó su sede social en la calle Palestina 1163, piso 8vo,dpto. A de la Ciudad de Buenos Aires.

584. Medicina Integral Laboral SA fijó su sede en la calle Urquiza 361de Sunchales, provincia de Santa Fe.

585. Medicina Integral Laboral SA con sede en Santa Fe tenía unasucursal en Buenos Aires cuyo domicilio en la calle Reconquista 1071segundo piso, departamento C de la Capital Federal compartía con la firma,también de Carlos Tita, Centro Logístico de Medicina Integral SA.

586. Ídem 571.

587. Garay, Alberto. “Recurso extraordinario, resolución contraria,desistimiento de la acción y gravamen”, Abeledo Perrot, 2010:http://www.carriogarayabogados.com.ar/wp-content/uploads/2016/pdf/alberto_garay/Rec-Extraord-Resol-Contraria-Desist-de-la- Acc.pdf.

588. A mediados de mayo de 2013 Tracker SRL transfirió su fondo decomercio a la empresa médica Tracker Medical SRL con sede en la provinciade Buenos Aires partido de San Martín, aunque también mantuvo el mismodomicilio que Tracker SRL en Alem 822, 1 piso.

589. González, junto a otros inversores, intervinieron en la compra deacciones en abril del año 2000. Aunque la empresa surgió en 1983 peroGonzález intervino cuando adquirió grandes porcentajes de la misma.

590. La sociedad Aguas y Procesos SA se dedica a la fabricación yelaboración de productos químicos, fabricación de maquinaria y equipo de usoespecial. También a la construcción, reforma y reparación de redesdistribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otrosservicios públicos. Además, concedía créditos y financiaba la compra o ventade los bienes que la sociedad comercializaba.

591. Ingeniería Química.com, 10 de febrero de 2011:http://www.iquimica.com/nota.asp?Id=998.

592. Según surge de cédula parcelaria del Registro de la PropiedadInmueble de la provincia de Salta, plano 762, catastro 5555, cuyo 100% seencuentra a nombre de Guillermo Remonda. El trámite se realizó mediante dosescrituras. La primera fue la de la compra de terrenos mediante escriturapública 284 del 24 de octubre de 2008 adquirió 21, 07 hectáreas. Más tarde el27 de agosto de 2012 adquirió 21 hectáreas más, en el marco de una divisiónde condominios, a través de la Escritura Pública 91. En ambos casos ante unaprofesional de la ciudad de Salta. Las tierras corresponden a la Finca Chimpa.

593. Surge de Cédula Parcelaria del Registro de la Propiedad Inmueblede la provincia de Salta, plano 762, catastro 5554, cuya titularidadcorresponde en un 100% a Roma Inversiones SA. El trámite, se realizó através de varias escrituras públicas. La primera registrada como 44 de fecha

23 de Julio de 2009. La segunda por la escritura No. 54 de fecha 7 deseptiembre de 2009. Estas dos primeras ante escribanos de la ciudad deRafaela, Santa Fe. La tercera registrada bajo el número 190 del 16 denoviembre de 2011, ante una escribanía de la provincia de Salta. Luego através de la escritura pública registrada con el número 90, el 27 de agosto de2012, ante la misma profesional salteña, la firma acepta la compra venta. Lacuarta escritura pública número 91 del 27 de agosto de 2012, se suscribiótambién en la provincia de Salta. En total, la firma adquirió 136 hectáreas dela Finca Chimpa. Las tierras no serían fiscales.

594. El domicilio de la empresa está en la calle Colón 397 de Cafayate,pero los viñedos y el hotel están ubicados en el Kilómetro 10 de la rutanacional 68, Cafayate. http://www.rumbofamiliar.com/articulos/estancia-chimpa/

595. Según surge de la publicación del Boletín Oficial de la provinciade Salta No.

18.077 del 27 de marzo de 2009. La fecha de constitución de la empresaBodegas y Viñedos Finca Chimpa SA se oficializó a través de la Escritura Nº247 del 16 de diciembre de 2009 en la ciudad de Salta.

596. Altalaluna SA se constituyó el 19 de febrero de 2013. Escritura deconstitución Nº 92 del 19/02/13, pasada al folio 224, Registro 13 CABA. 2)Accionistas: Raúl María Noceti, Fernando Wenceslao Maurette y Luis MaríaMaurtte. La empresa fijó domicilio social en Tucumán 2067. Fuente: BoletínOficial de la República Argentina- No. 32.593 del 05/03/13.

597. El 27 de octubre de 2016 a través del Informe 4110 la autora deeste libro solicitó el último directorio registrado de la sociedad y se informóque fue registrada en la Escritura Número 19 del escribano Marcelo RobertoPerotti el 23 de marzo de 1999 en la cual hace mención a los señores MiguelSegura López y Salvador Hugo Aguirre como presidente y vicepresidenterespectivamente de la sociedad.

598. Americaeconomia, 6 de mayo de 2016:http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/argentina-brasil-chile-y- paraguay-buscan-consolidar-corredor-bioceanico-0.

599. Ídem 571.

Capítulo 12El FaraónLos últimos en la Corte quieren ser los primeros. Rosatti y

Rosenkrantz, el poder de los leones. Arte y parte, enseñar a leer la ley para nopublicar las declaraciones juradas. Una nueva historia de amor. Nepotismojudicial. Cuando perder la Presidencia significa explicar el origen y destino de11 mil millones “extraviados” de la Corte. Toc, toc, el juicio político golpeasu puerta.

Lorenzetti nunca olvidará 2016. Ese año llegó con sorpresa en elcalendario. El corazón recuperó un palpitar juvenil que creyó olvidado.Apareció una mujer en su vida y dos hombres en el Palacio de Justicia.

El arribo a la Corte Suprema de dos “leones”, como definen en el senodel macrismo a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz, lo sintió el presidentede la Corte como una dentellada en la yugular. El indiscutible jefe de lamanada de la Justicia, antes de ver desangrar su poder, renovó la estrategia dedefensa de un liderazgo en declive. Sabía que los nuevos ejemplares, puraraza de la judicatura, tenían cuerpo y dinastía en las espaldas. Precisamente loque a él le faltaba cuando ingresó al Poder Judicial. Para complicar más suposición, eran los elegidos del presidente Mauricio Macri.

Apenas asumió la presidencia, Macri delegó en Fabián “Pepín”Rodríguez Simón, la selección de los dos ministros que faltaban paracompletar la Corte. Pepín, amigo y abogado del presidente, lo acompañódurante las dos gestiones como jefe de Gobierno de la ciudad de BuenosAires. “Pepín es Macri”600 es la expresión recurrente en los círculosjudiciales. No son pocos los jueces que intentan arrimarse a él y lobombardean a llamadas de teléfono pidiendo instrucciones. La respuestasiempre es la misma: “No tengo nada que decir”.

Rodríguez Simón, incondicional del presidente, primero llamó porteléfono a Rosatti y a Rosenkrantz. Luego se reunió con ellos y les hizo lapropuesta. Para el abogado e ideólogo del decreto que los nombró porcomisión y generó polémica,601 eran los mejores candidatos del planeta

judicial argentino. Ambos poseían la combinación adecuada de trayectoria yformación. El flamante oficialismo buscaba oxigenar una Corte donde, pese alas apariencias, no era aire puro todo lo que se respiraba.

Los postulantes reaccionaron tan alagados como conscientes de laresponsabilidad que la propuesta acarreaba. Antes de continuar con el procesode designación, Pepín consultó a Lilita Carrió. La socia de Cambiemos nopuso objeciones. Conocía a Rosatti y estaba dispuesta a ser la madrinapolítica. De Rosenkrantz tenía las mejores referencias por su lucha contra lacorrupción.602

El siguiente filtro le correspondía a la vicepresidenta Gabriela Michetti.La número dos del gobierno, después de una entrevista a fondo, dio luz verdea sus postulaciones. El decreto haría ruido, pero la sangre no llegaría al río.Los elegidos se terminarían sentando en la Corte, aseguraban en la Rosada.

El gobierno no quería a cualquiera, necesitaba candidatos sólidos, sinfisuras y con personalidad. “Rosatti es un peronista católico de derecha, de ladoctrina social de la Iglesia y del interior del país. Es honesto, fue ministro deJusticia de Néstor Kirchner y no dudó en dejar el gobierno anterior ante loshechos de corrupción que saltaban a la vista. De los peronistas, es el máscercano al estado de derecho”, describen en el oficialismo. El macrismoquería evitar a toda costa que la oposición le impusiera un candidatojusticialista bajo sospecha.

En tanto Rosenkrantz603 “es un judío cosmopolita formado en elexterior. De origen radical, incluso asesoró al ex presidente Ricardo Alfonsínhasta que en el 85 se ganó la beca Fullbright, de la cual fue miembro entre2013 y 2015. Hizo un magíster en Derecho en la Universidad de Yale (EstadosUnidos). Dos años después se doctoró en la misma universidad con la tesis Eligualitarianismo liberal: un ensayo en ética social, comentaban, conadmiración, los macristas.

Para Rodríguez Simón, “eran complementos perfectos”. El objetivo eradespolitizar la Corte. Sin tiempo que perder, Pepín comenzó a diseñar eltablero de herramientas legales para designar a Rosatti y Rosenkrantz encomisión (sistema de nombramiento habilitado al presidente por laConstitución hasta tanto los pliegos de los postulantes son aprobados por el

senado) e instalar los nombres, caso contrario “aún estaríamos analizandopostulantes”, señalan a su alrededor. Querían evitar lo que le ocurrió a la expresidenta Fernández de Kirchner, quien durante los dos últimos años degobierno no pudo completar el máximo tribunal pese a disponer de mayoría enel Senado, uno de los mayores obstáculos del macrismo.

En ese contexto volvió a aparecer en escena, Tito Fernández, operadorde Lorenzetti. Analizó el terreno que amenazaba el feudo de Ricardito y buscóel modo de impedir que las intenciones del presidente Macri se hicieranrealidad. Trabajó, con especial intensidad, para que el nombramiento deRosatti fuera descartado. Ese “león” no debía poner una pata en el Palacio deJusticia. Presionó hasta donde pudo e incluso ofreció algún intercambio peroel macrismo —firme en su postura— cerró las puertas a cualquiernegociación.

El caso de Rosenkrantz fue distinto. No hubo operaciones de Lorenzetticontra la postulación. El rafaelino le debía muchos favores al ex becario deYale. Este lo contactó en varias oportunidades para que fuera a dar charlas enla universidad estadounidense. El titular de la Corte estaba interesado eningresar al círculo de la elite de juristas conocidos como los Nino’s boys, enalusión a los discípulos del filósofo argentino Carlos Nino y Rosenkrantzpodía ser una buena puerta de entrada. Dicho esto, las malas lenguasjudiciales, que las hay y muy filosas, recuerdan que hubo alguna exigencia oexhibicionismo de Lorenzetti que molestó a Rosenkrantz y la relación seresquebrajó.

El gobierno lo tenía decidido, los nuevos ministros debían asumir cuantoantes. Puso toda la carne en la parrilla de sus nombramientos y se preparópara aguantar las reacciones. Los chispazos no tardarían en llegar.

Aquel 29 de junio de 2016, fecha de la asunción del primer “león”(Rosatti), estuvo opacado el contratiempo. La responsable de ese posibleamago de boicot fue Bourdin. Minutos antes de que se iniciara la jura, lavocera de Lorenzetti le negó la entrada al acto a Silvio Robles, el hombre deconfianza de Rosatti, el mismo que tiempo después se convertiría en secretarioletrado suyo. La cuenta atrás para la ceremonia estaba en marcha. El Salón deAudiencias, colmado de jueces, funcionarios, invitados, periodistas de todoslos medios que encandilaban con los flashes y familiares del ministro que

debía jurar ante el presidente de la Corte para completar el ritual dedesignación. Rosatti no tuvo necesidad de ponerse como una fiera. Le bastócon enseñar los dientes: “Si no ingresa Robles, yo no juro”, le dijodirectamente a Lorenzetti. En el salón se hizo un silencio sepulcral. Larelación entre el ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner y Lorenzetti habíacomenzado mal.

El presidente de la Corte, con Robles de testigo, le tomó juramento aRosatti. El flamante supremo no ocultaba la satisfacción mientras Lorenzetti,como de piedra, no movía un músculo. Posiblemente pensaba que frente a élestaba el único magistrado dispuesto a pelear por la presidencia de la Corte.

Otro asunto preocupaba sobremanera esos días al gobierno: las trabasque jueces provinciales le habían puesto al Ejecutivo por impulsar el aumentode las tarifas de gas y luz. Se había desatado una crisis y los funcionariosbuscaban una salida.

El 12 de julio por la tarde, Lorenzetti visitó a Macri en la Casa deGobierno.604

Cada uno tenía su prioridad. Macri, el tarifazo pendiente en la Corte yLorenzetti, al huracán Carrió soplándole en la nuca, como se refieren a ella suscolaboradores.605

La diputada lo amenazaba con iniciarle juicio político. Temas deconversación sobraban, por lo menos para romper el hielo.

A las 16.55, el presidente de la Corte entró al despacho de Macri en laRosada. Horas antes había firmado en la Corte, junto a sus pares, unaacordada en la que solicitaba al Poder Ejecutivo información sobre loscuadros tarifarios para poder resolver si habilitaba o no las subas de losservicios.

El gobierno estaba contra las cuerdas. El presidente y sus hombresanalizaban todos los escenarios posibles ante la inminente resolución delmáximo tribunal. El ministro de Justicia Garavano se mostraba confiado enque el fallo sería favorable al Gobierno o por lo menos eso le habían hechocreer. Entre los desconfiados, figuraba Pepín Rodríguez Simón, que estudiaba

las posturas de cada ministro en particular. La visión de cuatro de ellos legeneraba incertidumbre y preocupación.

Rosatti había sido convencional constituyente de la última reformaconstitucional, en 1994, por Santa Fe; Juan Carlos Maqueda, tambiénconstituyente del 94, fue uno de los redactores del artículo 42 de defensa delconsumidor y Lorenzetti, además de especialista en el tema, era autor del libroDefensa del consumidor.606 El voto desfavorable de estos tres más el deRosenkrantz estaba cantado para Rodríguez Simón.

Blanco y radiante, la boda india y la de Rafaela

En un abrir y cerrar de ojos Lorenzetti pasó de estar presente en lasnoticias de actualidad política a ser protagonista de las revistas del corazón.Tres días después de reunirse con Macri por el tema tarifario, se casó, ensegundas nupcias,607 con Mara Perren, 26 años menor que él. En unaceremonia íntima y con muy pocos invitados, el segundo sábado de julioLorenzetti dio el: “Sí, quiero”. A los 60 años se lanzaba a una nueva aventuradel amor junto a la atractiva y voluptuosa mujer.

A la fiesta —organizada por el wedding planner local Oscar Lamagni—asistieron los familiares más cercanos. La madre de Lorenzetti, doña PorotaBaldoménico, estaba de punta en blanco; su hermana Susana, extrovertida yllamativa, fue la que más bailó aquella noche y no se privó de sacarse selfiescon todos los invitados. También lo acompañaron, en ese día que cambió sudestino, sus sobrinos Juan, Romina, Martín y Miguel y el médico y empresarioCarlos Tita y Guillermo Remonda.

Pero este era el segundo casamiento de la pareja. El primero había sidoen 2014 en la India. Ambos recuerdan aquel como el verdadero lazo de unión.Estaban solos bajo la mística exótica de las ceremonias ancestrales hindúes.Cumplieron con los tres rituales requeridos. Cantaron himnos, mantras yofrecieron ghee o mantequilla en el homa, el primero. Luego fue el turno delpanigrahena, ambos de rodillas frente al altar tomados de las manos secomprometieron y el tercero, el satapadi, completó la ceremonia con las sietevueltas alrededor del fuego sagrado. Ella vistió un sari rojo- fucsia yenriqueció el vestido con múltiples adornos y bordados en hilos de oro. Lasmanos de Perren estaban cubiertas por un tatuaje de henna, cuya imagen subió

como foto de perfil en Facebook. El presidente de la Corte Suprema prefiriólucir algo más discreto, una túnica blanca de algodón con bordados. Al finalde la ceremonia los novios se intercambiaron amuletos y collares de florescomo símbolo de fidelidad y felicidad. Lorenzetti roció sobre la cabeza de lanovia un polvo rojo, símbolo de que la mujer ya estaba casada.Comprometidos, recibieron la lluvia de arroz como alegoría de prosperidad.

Fue como vivir un cuento de hadas, comentó Perren a las amigas. Estabaenamorada de aquel hombre mayor y él de ella. Más allá de Argentina y de loschismes, los sentimientos cruzaban fronteras y se expresaban en la India. Quémás se puede pedir, les decía.

La segunda celebración, la de Rafaela, tenía otra dimensión. Significabadar un paso más ante la familia, la sociedad y la ley. La novia se lo habíapedido insistentemente, como detallan los que conocen la intimidad de lapareja. Algunos atribuyen el deseo cumplido de la esposa a una visióncalculada de tener seguridad a futuro. “Mara es mucho más joven que Ricardo,pero la tiene clara”, comenta una persona de su círculo. “Mara no quiso firmarun contrato prenupcial como pretendía Ricardo”, añade la misma fuente,camarada de la juventud. Al supremo juez todo lo que hace o dice su esposa,aseguran sus allegados, le provoca una sonrisa. Ella lo rejuvenece y el temadel dinero, al ser el secreto mejor guardado, tampoco parece que le importemucho, insisten.

La relación con Perren empezó en 2010: se conocieron en la ciclovía dela ciudad de Rafaela donde el juez corre todos los sábados por la mañana. Elamorío se desató como un torbellino entre ellos. “Se lo ve feliz, muy feliz,estoy muy contento por Ricardo. Ella es una buena mujer”, asegura HoracioCalciati, el mismo que lo salvó de los militares en sus años de “montonero” yel que en 1980 le presentara a la primera esposa, Analía Cortassa.608

Mientras la pareja se convertía en inseparable, los rumores volaban porlas calles de Rafaela. El cuchicheo se transformó en hecho cuando unconocido empresario de la construcción rafaelino los vio juntos, como dostortolitos, en el hotel Llao Llao de Bariloche. Había sido una de las primerasescapadas. Ya no podrían silenciar su amor. Además, Perren, muy coqueta,compartía manicura, peluquera y esteticistas con varias mujeres de la ciudad.Era inevitable que la noticia corriera como reguero de pólvora.

Los que conocen a Perren la definen como una mujer simple, con lospies sobre la tierra, sin grandes aspiraciones, pueblerina y abocada a la vidafamiliar. Otros la miran con recelo porque su belleza, desde siempre, produjoun efecto imán en hombres adinerados y mucho mayores que ella. Al salir delsecundario, se casó con Oscar “Cachi” Canela, 27 años mayor que ella.Piloto, ex corredor de turismo carretera y empresario, juntos tuvieron doshijos varones. Algunas voces observan que Perren atravesaba una crisis con suex marido cuando conoció a Lorenzetti. Fue un flechazo, insisten.

La ahora esposa de Lorenzetti nació en Ambrosetti, a 200 kilómetros deRafaela. Helio Perren, su padre, es el gomero del pueblo y su madre, JuanaGoyenechea, se dedicó casi toda su vida a la costura. Además de belleza yjuventud, la naturalidad de la joven parece haber cautivado al presidente de laCorte, al que candidatas no le faltaban, como recordaron sus colegas.

Desde que Lorenzetti se separó de su ex esposa, se refugió en la casa desu madre, doña Porota (pese a tener una casa quinta en el barrio los Álamos).Ahí se sentía cómodo y contenido. Necesitaba volver a los orígenes de su cunapara retomar una nueva etapa en su vida. Sin embargo, fue Perren la mujer quelogró dar un giro de 180 grados a su vida. Ella le cambió el día a día de suexistencia. Los jueves y viernes, apenas llegaba a Rafaela, se los dedicaba asu madre, pero los fines de semana los compartía con su enamorada.

El estilo de Perren no se corresponde con el que se puede esperar de unaprimera dama de la justicia. Osada, extremadamente sexy y hasta provocadora,toda ella es un desafío a la seriedad y rigidez de la Corte. Consciente delterremoto que provocaba en el fuero y en el Palacio de Justicia la mujer delsupremo juez, un compinche de la juventud —testigo de su primer matrimonio—, le aconsejó a Lorenzetti que pusiera a la señora a tomar cursos deceremonial y protocolo en la ciudad de Buenos Aires. El comedido socio seocupó de todo. Mara, buena alumna, aprendió los modales de las damas mássofisticadas. El bautismo de fuego fue la gala de la fiesta patria del 25 demayo de 2016 —antes de la boda— en el Teatro Colón. La pareja acudió ycompartió palco junto al presidente Macri y la primera dama Juliana Awada.Lorenzetti supo en ese momento que su mujer no había desentonado. “Hicimosun buen trabajo”, le remató a su amigo cuando el supremo juez le dio la noticiacasi emocionado.

Los esfuerzos por llevar a buen puerto las diferentes versiones dePigmalion, Educando a Rita o My fair lady surtirían efecto, pero antes pasó loque suele pasar en tiempos de selfies, redes sociales y smartphones. En mayode 2016 se filtraron fotos del ministro con la mujer y sus cuñadas vestidas conropas transparentes, muy sexys, en poses insinuantes y sensuales en un bolichede Rafaela. Las imágenes, más propias de “un calendario de gomería” que deabogados y jueces —como lo analizaron en la Corte—, se convirtieron en unescándalo. Para colmo de males, aunque aquellas se habían tomado en laciudad y no en las playas de México, se las comparó con las que trascendierondel fiscal Alberto Nisman rodeado de jóvenes, bellas y sugerentes señoritas.Lorenzetti, un obsesivo del cuidado de su imagen, no lo podía asimilar.Richard se quedó de piedra cuando sus colegas de la Corte, los otrossupremos jueces le hicieron saber el descontento que habían generado lasfotografías en el Poder Judicial. Las críticas fueron duras y sin compasión,sobre todo de sus colegas del alto tribunal que se lo hicieron saber sin filtros.

Para algunos esta fue la razón por la que el juez supremo dio un pasomás en el amor, pero ahora ante la ley. Perren sería su escudo emocional, laque le permitiría enfrentar los desafíos judiciales y políticos con la templanzade un buda. “Ella lo energiza, lo rejuveneció”, observan funcionarios delgobierno. Lorenzetti, a su lado, dejó de ser un hombre solo que se resiste alpaso del tiempo. Un rostro fresco y una compañía joven suelen ser buenoscompañeros para alguien que imaginó un viaje al futuro superlativo en lapolítica. Quizás se acordó del ex presidente Carlos Menem, cuando se casócon la periodista y ex miss mundo chilena Cecilia Bolocco, con la que despuéstuvo un hijo. Entonces aspiró, una vez más, a la presidencia de la Nación.Quizás también, la memoria de Lorenzetti, le recortó la imagen del históricoballotage y la asunción del 25 de mayo del 2003 de Néstor Kirchner.

Entre los amigos políticos de Lorenzetti, uno de los primeros enenterarse de que el amorío tomaba seriedad, fue el radical Ernesto Sanz, aquien se la presentó un fin de semana en Mendoza.609 En julio de 2011, lapareja eligió Miami como destino para compartir las vacaciones de julio610 ydesde allí no pararon de viajar.

En agosto del mismo año visitaron Italia. Luego Uruguay, viaje querepitieron en enero. Punta del Este es uno de los destinos preferidos del

presidente de la Corte, donde tendría varias propiedades como aseguraronempresarios y supuestos socios del ministro.

A fines de 2012 el destino escogido fueron las calles de Madrid y dosmeses después Brasil. Pero Perren lo que adora es Miami y hacer compras enlos megashoppings de la gran ciudad. Lorenzetti, como hombre enamorado, noduda en darle los gustos. Especialmente si incluye subirse a un avión. Enagosto de ese mismo año la pareja se escapó una semana al sureste de laFlorida, Estados Unidos. En 2013 viajaron a Dubái e India. En julio de eseaño volvieron a Madrid y en octubre regresaron a Uruguay, el segundo hogardel ministro como aseguran quienes lo conocen de cerca. Sumaban millas deviajeros sin cesar. Así fue que, en noviembre, como los dos años anteriores, seacomodaron en Brasil y organizaron lo que un mes después serían las primerasvacaciones de la pareja en el exterior con los dos hijos de ella. En Argentinaya habían visitado playas, sobre todo en Cariló, en una propiedad que leadjudican al juez. Las vacaciones salieron mejor de lo planeado y el love toursiguió en 2014, primero en Qatar e India donde se casaron por primera vez,aunque no tenía validez en Argentina. Y luego disfrutaron del Mundial deFútbol en Brasil.

Puestos para todas

Deslumbrado por su pareja, como lo describían sus históricosconfidentes, Lorenzetti tomó los recaudos del caso y puso a prueba a la mujerque había elegido. Parecería haber medido cada paso que dio para no caer enfalso.

Pese a que el juez se esmera en negar cualquier tipo de relacióncomercial o empresarial con el médico Carlos Tita y los negociosrelacionados a la salud, Mara Perren, gracias a su intermediación, consiguió elprimer trabajo formal en la Asociación de Clínicas y Sanatorios delDepartamento Castellano desde agosto de 2013 a julio de 2014. Como lapareja se consolidaba cada vez más, Perren logró que su hermana AnaMarcela fuera la primera en ingresar a la Justicia, más precisamente a laCámara de Apelaciones de Rosario. El 12 de marzo de 2013 fue contratadacon el cargo de escribiente auxiliar. Otra hermana, María, ingresó a lainmobiliaria que en Rafaela los políticos adjudican a Lorenzetti. Se trata deODN+ Oficina de Negocios Inmobiliarios611 la que trabajaría en conjunto

con Ratio SA y Renik SA.

Más tarde, oficializado el noviazgo entre amigos y familiares máscercanos, Perren se animaba a pisar fuerte. Tras la inauguración del juzgadofederal de Rafaela, en marzo de 2014, a cargo del juez Miguel Abasolo,ingresó a trabajar allí el 4 de agosto de 2014. Ese mismo día fue ascendida, almayor cargo que puede acceder una persona sin título universitario en laJusticia (prosecretaria administrativa), como empleado de planta permanentedel Poder Judicial. Tendrá por tanto una futura jubilación de privilegio.612Era un logro para Perren gozar de estabilidad laboral, tener buen sueldo,aguinaldo, vacaciones, y un retiro sin problemas económicos.

La primera vez que Lorenzetti llevó al Palacio de Justicia a Perren, aúncomo novia, fue en el funeral de la “reina de los hoyuelos”, como solía decirleCarlos Fayt a la ex ministra Carmen Argibay. Lorenzetti se mostró muyafectado. Perren no se despegó de él ni un instante. A lo lejos, Bourdinmonitoreaba cada detalle.

A finales de 2014 un indiscreto fotógrafo que viajaba en el mismo aviónque la pareja, los sorprendió con una foto “casual” por las calles de NuevaYork. Allí, el presidente de la Corte creyó que se trataba de una operación dela ex Side o del Gobierno, pero no.

Entre la nómina de pasajeros viajaba un político de quien el ministrodesconfía. Sospecha que él distribuyó las imágenes. Se armó tal revuelo queLorenzetti utilizó el Centro de Información Judicial para aclarar que se tratabade su “señora esposa”. Ya estaban casados.613 El texto debió ser elaboradopor María Bourdin. Tener que hacer ese trabajo debió ser un trago difícil dedigerir para ella. Al comienzo de su gestión, cuando lo llamaba Richard, leadjudicaron un romance con el presidente de la Corte y hasta una hija. Ella lodesmintió en una entrevista a la revista Noticias en 2013, en la que realizó unaproducción de fotos en las que aparecía posando en el suelo entre diarios y enun caño de pole dance. “María Bourdin: polémica cortesana”,614 era el títulode la nota .

Al poco tiempo del casamiento de Lorenzetti en la India, el 10 denoviembre de 2014, Bourdin presentó el libro Justicia y medios: Larevolución comunicacional de la Corte Suprema Argentina,615 en la

Biblioteca Nacional. El presidente de la Corte la acompañó junto a LauroLaíño, vicepresidente de la Academia Nacional de Periodismo, un puñado dejueces federales entre los que se encontraban Ariel Lijo, María RomildaServini, Martín Irurzún, Julián Ercolini, Luis Rodríguez y Sebastián Casanello,entre otros y periodistas,616 pero entre ellos no hubo un cruce de miradas ymucho menos gestos cómplices como en otra época. La tensión en el aire secortaba con un hilo.

El casamiento con Perren no le cayó bien, pese a que el tiempo pareceríatodo lo sana, y para Bourdin —que había sido mamá por segunda vez—Richard pasó a ser “Papi”. Ante cualquier juez o funcionario que estépresente, se dirige a él con esa naturalidad que roza lo folclórico. Lo curiosoes que no es ella la que se ruboriza, son los otros los que pasan vergüenzaajena. El personal privado de seguridad del ministro recurre al tono burlón enel cuarto piso del Palacio de Justicia los viernes cuando los dos estánausentes: “Si papi no está, mami tampoco”, comentan jocosos. Pase lo quepase, “la sociedad Bourdin-Lorenzetti es indestructible”, reconocen desde elminúsculo círculo del presidente de la Corte.

El zarpazo de los leones

Cuando Lorenzetti le tomó la jura al flamante ministro Rosenkrantz, el 22de agosto de 2016, Macri había logrado lo que Cristina Fernández —conmayoría legislativa— no había podido: coronar la Corte con cinco integrantes,la cantidad ideada por el ex presidente Néstor Kirchner en 2006, cuandomodificó la ley y la redujo de nueve a cinco.617

Macri apuesta a que los dos leones hagan frente común. Poco importa sise llevan bien o mal con Lorenzetti. En el gobierno entienden que competirán,cabeza a cabeza, con el presidente de la Corte hasta dejarlo relegado a untriste y discreto segundo plano. Eso si antes no hay novedades que auspicienun futuro más oscuro para Lorenzetti ya que Carrió le pisa los talones con eljuicio político.

Al ágape privado que realizó el ministro Rosenkrantz tras jurar, la únicaque fue a saludarlo fue Highton de Nolasco. Lorenzetti, Maqueda y Rosattifueron los grandes ausentes. Para algunos un desaire, para otros una anécdota.Más tarde la visita de Rosenkrantz a todas las secretarias de la Corte para

saludar al personal, acompañado de su secretario Sebastián Elías, seríainterpretada por Lorenzetti como una puñalada por la espalda. El nuevomagistrado conquistó a los empleados con sencillez y cercanía. Se interesópersonalmente y uno por uno, por su estado. Les preguntó cómo se sentían, lascondiciones en las que estaban trabajando y advirtió, con desagrado, que nohubiera un comedor comunitario en la Corte para compartir el día a día de lacasa de la Justicia.

Lo que más asombró a Rosenkrantz fue el comentario recurrente de losempleados, en diferentes áreas, que coincidían en que trabajaban bajo“extrema observación y con temor por el autoritarismo de Lorenzetti”, como lodejó trascender a sus íntimos el flamante ministro. El presidente de la Cortemantiene una gran distancia con los empleados y secretarios del máximotribunal, intenta tener la menor relación posible con ellos y se ocupa de que noolviden que son subordinados suyos, coinciden varios de ellos.

“A Lorenzetti lo desequilibra emocionalmente pensar que su poder estáen riesgo. Sabe que la amenaza está ahí, en su propia casa y eso, lo saca deeje”, confió un colaborador cercano del juez.

En la mesa chica de Macri apostaron. Un grupo se inclinaba a queLorenzetti y Rosatti harían frente común contra Rosenkrantz. Sostenían eldesafío en que ambos se conocían de la Universidad del Litoral y habíantrabajado junto a Kirchner. El otro grupo argumentaba: “dos astillas del mismopalo es imposible que se lleven bien”. Para ser justos, se llevaron peor de loprevisible y mucho antes de lo que se esperaba, tal como confirmaron desde elseno del macrismo.

La relación entre Lorenzetti y Rosatti es a todo o nada. Está en juego lapresidencia de la Corte y detrás de ello, la administración de los millonariosfondos de la más alta institución judicial.

Lorenzetti estaba dispuesto a sacrificar al contador y titular de laSecretaría General de Administración de la Corte, Héctor Marchi, paracontentar a Macri y seguir tranquilo en la presidencia. El nombre que sonabaera el de Reynaldo Casabella, pero el “sexto ministro” sabe mucho como parairse por la puerta de atrás.

Lorenzetti defendería su territorio y era el momento de que quedaraclaro. Apenas llegaron los “dos leones” los trató como si fueran gatitos de lacalle. Les retaceó los contratos de los secretarios letrados e intentóimponerles el personal a designar.

Rosenkrantz le puso límites y le aclaró que no aceptaría que leimpusieran sus secretarios y que traería su propia gente de confianza. Así fue.

Lorenzetti les dijo que podría darles cuatro contratos a cada uno adiferencia del resto de los ministros que tienen siete secretarios letrados cadauno y entre cuatro y cinco colaboradores más. Parecía una provocación que,además, a los flamantes ministros les entregara una única computadora paracada vocalía entre los secretarios. Debían turnarse para trabajar.

Tuvo que intervenir Mariano Riviello, director general de GestiónInterna y Habilitación de la Corte, para calmar a las fieras antes de que elenfrentamiento fuera demasiado lejos. Antiguo funcionario del áreaadministrativa, se adelantó por su cuenta, y se puso a disposición de losnuevos ministros para facilitarles las herramientas de trabajo que precisaran.

Lorenzetti debía pensar que sus gestos de poder lo iban a ayudar acimentar su posición, pero estaba equivocado. Un nuevo frente lo sorprendió:la vieja guardia de la Corte, Highton de Nolasco y Maqueda le mostraron quetambién ellos, todavía, tenían colmillos, explican voces cercanas a losministros. Marcaron distancia con él y apostaron a los nuevos compañeros,confiaron en la Corte y en Casa Rosada. ¡El rey ha muerto! ¡Viva el rey!

“Lorenzetti está perdiendo poder”, aseguraban desde la Justicia a finesde 2016. La actitud de los ministros, según fuentes del Palacio, tendría comoobjetivo deslindarse de responsabilidades en los supuestos actos ilícitos quemantienen a Lorenzetti bajo la lupa judicial.

El gobierno sigue atento la evolución de Highton de Nolasco y Maqueda.Ambos intuyen que, ante esta nueva etapa de la Corte, Lorenzetti debería darun paso al costado de la presidencia. Y hacerlo antes de que lo obliguen.

Los juristas colocan el foco en Rosatti y Rosenkrantz. Consideran queles corresponde la tarea de “democratizar” la Corte, haciendo uso de la jerga

kirchnerista. Pero, de momento, prima la desilusión entre los académicos. “Novemos que Rosatti y Rosenkrantz le hayan puesto límites”, se despachan enprivado. Sin embargo, los nuevos ministros ya lograron bajar el nivel deexposición de la Corte y consensuaron que Lorenzetti deje de explicar a losperiodistas acreditados cada fallo que salga en los acuerdos. Tambiénadvirtieron que deben evitarse los ostentosos festejos con empresarios,directivos de medios y conductores como había impulsado Lorenzetti. Losnuevos jueces apuestan a un perfil bajo, más “neutral” para unos y “hermético”para otros.

Memoria y justicia. Macri no olvida

El gobierno de Macri tiene buena memoria y no olvida el fallo de lacoparticipación, justo antes de asumir, ni otras jugadas de Lorenzetti. Elministro Garavano —o “Garabato” como le dicen con desprecio los juecesfederales— y el Procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, son losinterlocutores oficiales del gobierno con Lorenzetti. Los macristas de laprimera hora se lamentan de que Sanz, amigo del juez y en principiointerlocutor de Cambiemos, diera señales confusas al gobierno al intentardemostrar influencia y garantizar resultados por su llegada a Lorenzetti encausas de implicancia financiera para el Ejecutivo. Macri parece no tenerlo encuenta, pero lo sigue escuchando. “Es buen político, pero mal operador”,sonríe un asesor con mesa en la Casa Rosada.

“El cambio de reglas dentro de la Corte es bueno y hasta lo beneficia aLorenzetti, que deberá salir de su zona de confort, concentrarse y elevar elnivel. Tiene dos leones que le muerden los talones”, explica un amigo delpresidente Macri. “La competencia será terrible, antes era monopólico ahoradeberá empezar a correr si quiere mantener su liderazgo y que no lo devoren”,continúa.

Lorenzetti “pasa de la seducción a la extorsión y eso Macri no lo tolera”,advierte un guardaespaldas político del presidente al cumplirse un año de sugestión. Durante este periodo el presidente de la Corte revalidó con actos elapodo de “Faraón”,618 tal como lo llaman en el macrismo. Lo explicanporque no son pocas las ocasiones en la que se comportó como un ser supremoe intentó acorralar al gobierno de Macri. Sobran ejemplos como lacoparticipación (capítulo 1), las decisiones que frenaron los aumentos de las

tarifas eléctricas y de gas y hasta el envío de mensajes confusos a través de losinterlocutores oficiales y extraoficiales.

Para Lorenzetti era el momento de cumplir con un lema que lo acompañadesde su juventud, como recordaron en su Rafaela natal: “El primer paso de laguerra es la paz”, frase del líder del cartel de Medellín, Pablo EscobarGaviria que hizo propia.

La resolución de la Corte que puso freno al tarifazo del gas del gobiernode Macri desató la furia del equipo económico —una vez más— contraLorenzetti. Todos los integrantes del máximo tribunal, por unanimidad,dispusieron retrotraer las tarifas al esquema que estaba vigente antes de losaumentos establecidos por el Ministerio de Energía, hasta que se realizaran lasaudiencias públicas obligatorias establecidas por ley.

Macri se molestó con el fallo adverso sobre el tarifazo, tanto como conel de la coparticipación. La sentencia que puso límite al aumento de gasgeneró un cortocircuito entre Macri y Lorenzetti. “Al gobierno le preocupabaque prosperaran los reclamos (en especial de las pymes y comercios excluidosdel beneficio que tuvieron los usuarios residenciales) y sobre todo que ladiscusión de las tarifas eléctricas siguiera el mismo camino. Ese es era elmensaje de la Corte a la Casa Rosada. La decisión representó un recorte de20.000 de los 80.000 millones de pesos que pretendía el gobierno queingresaran por subas de gas”, como explicó el periodista FernandoGonzález.619 Revisado con lupa el fallo, sus ministros se preocuparon enaclarar que, finalmente, no ha sido tan doloroso como podría haberlo sidopara las arcas estatales.

¿Un error de cálculos, incredulidad o cambio de opinión en la Corte? Elequipo que lidera el ministro de Energía Juan José Aranguren esperaba otroresultado. Para empezar, nunca pensaron que la cuestión llegaría a la Corte.Primero, porque a los funcionarios de Energía, les parecía razonable no llamara audiencias públicas para lo que se denomina energía de boca de pozo, (quees el componente más importante de las facturas (casi 60% de las boletas).

En el gobierno refunfuñaban. El argumento oficial se basó en que eltarifazo actual no es consecuencia de una Revisión Tarifaria Integral sino deuna “adecuación transitoria” que continúa con una negociación contractual

iniciada en 2003 y que aún no concluyó porque el gobierno de Néstor Kirchnerla dejó inconclusa (…) por lo que para la cartera de Energía, no tenía ningúnsustento lógico pretender la celebración de una nueva audiencia pública”.620

Los funcionarios no niegan que en el gobierno se generaron turbulenciaspero todos apuntaron en la misma dirección del revés sufrido: contraLorenzetti.

En un primer momento, Marcos Peña y los especialistas de Energíaentendieron que el fallo le puso un corsé al gobierno. Cuando las aguas secalmaron, otros funcionarios más pragmáticos se mostraron relativamentesatisfechos. Creen que tuvo algunos efectos institucionales que fueronbeneficiosos y reconocieron que este tipo de escenarios se da tanto en elCongreso como en la Corte. Algo que veían con buenos ojos los que defiendenla interrelación y control entre poderes. Hasta Carrió estaba conforme con elfallo. Si bien la medida implicaba la pérdida del 30 % del aumento tarifario yel gobierno hubiera preferido un 100%, lograron un 70% de aumentosgraduales. Pero la lectura de Mauricio Macri era otra: se trataba de unamuestra más del poder de Lorenzetti. Otro desafío.

Flojitos de papeles

Casi al mediodía del 24 de junio de 2016 Fernando Sánchez, diputadopor la Coalición Cívica-Cambiemos, y Juan Manuel López, abogado de ladiputada Elisa Carrió, se presentaron en el cuarto piso del Palacio de Justicia.Iban dispuestos a retirar las declaraciones juradas de los ministros de la Corteque habían solicitado el 13 de mayo de 2016. Poco tuvieron que esperar hastaque los recibió el director de recursos humanos, Juan Francisco Ramos, y unsecretario letrado. Les entregaron un sobre finito con las declaraciones juradasy les aclararon que estaban en formato Afip. Es decir, que solo contenían datosgenerales. No se mencionaban cuentas, ni montos ni mucho menos bienes defamiliares. Más aún solo detallaban el valor fiscal de los inmuebles de losjueces, lo que implica un 10 % del valor total —sin detalles de metroscuadrados, barrio o provincia y demás— con lo cual era imposible determinarel valor real de mercado de esos inmuebles y por ende el patrimonio real delos ministros.

Acto seguido, el director —con cara de pocos amigos— le dijo a

Sánchez que la Corte le entregaba esa información de modo excepcional, yaque el procedimiento habitual era vía formulario de la página web del máximotribunal. Le recordó que ante el supuesto mal uso de las declaraciones juradaso incumplimiento de la ley de ética pública existían sanciones que le podríanser aplicadas y le solicitó al diputado que firmara un acta. ¿Una amenazaencubierta? Solo Ramos lo sabrá.

—Pero, espere un momentito… El acta no especifica lo que me estánentregando — expresó Sánchez—. ¿Acá están las declaraciones de los diezaños de cada uno de los ministros como lo solicitamos? —preguntó.

—No, es la última de cada uno —le contestó el director de recursoshumanos sin vacilar en la respuesta mientras le entregaba solo las de 2014.

—Mire, cuando uno pide las declaraciones juradas es para hacer controlde la evolución patrimonial, no para divertirse. La idea es saber si losmagistrados tienen más o menos plata que cuando ingresaron. Esa es la razónpor la cual necesito las últimas diez declaraciones de los ministros. Con unasola no se hace nada.

—Es lo que los jueces ordenaron entregar —le respondió el responsabledel personal, sin ningún tipo de expresión en su cara.

—¿Se imagina que vamos a insistir en el pedido, no?

—Usted sabrá lo que debe hacer —interrumpió Ramos como si hubieraestado adoctrinado.

—¿Ustedes saben que el sistema de pedido de declaraciones juradas(vía web) que implementaron no funciona como debería? Nunca le respondena nadie por eso nos vimos obligados a hacer el pedido por escrito. De hecho,después de cumplir con todos los requisitos exigidos es necesario presentarsepersonalmente para completar el trámite. Si eso no es denegación deinformación pública se le parece bastante. Me pregunto: ¿cómo tiene que hacerun ciudadano, un diputado o un periodista que vive en Jujuy o en Tierra delFuego para obtener la documentación si debe venir personalmente?

—Usted puede pedir las últimas declaraciones juradas —le respondió

con tono casi desafiante.

—Sí, pero si yo quisiera la declaración jurada de Ricardo Lorenzetti de2008, tengo que llenar otro formulario, y así, uno por cada año que pida —atinó a reprocharle Sánchez. A lo que agregó—: ¿Ustedes tienen registro de lacantidad de gente que pide las declaraciones juradas?

—No —respondió el director con tono monocorde.

—Y si lo tuvieran, tampoco la entregarían así que bueno… No lomolesto más. Las voy a pedir por escrito —remató Sánchez, antes de irse.621

La Corte que preside Lorenzetti redactó sus propias leyes e interpretólas existentes a piacere, coinciden el diputado Sánchez y el referente de laAsociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), FernandoBracaccini.622 Cuando se hizo pública la declaración jurada que Rosattihabía presentado en el proceso de selección, ante el Senado que lo llevaría ala Corte, Lorenzetti enfureció. Quedaba en evidencia la fisura al blindaje delacceso a las declaraciones juradas que había logrado consolidar. La nota deldiario La Nación fue considerada por el juez supremo como una operaciónpolítica. Rosatti había dado el primer golpe y había pegado fuerte.

La respuesta de Lorenzetti, que estaba descolocado por no haber podidocontrolar la situación, fue abroquelarse nuevamente. Logró que todos losministros, tanto la tríada que conformaba él con Highton de Nolasco yMaqueda, como los recién incorporados Rosatti y Rosenkrantz, rechazaran elpedido solicitado por los diputados Carrió y Sánchez, mediante la Resolución2449/16 del 6 de septiembre de 2016.623

Además, emitieron un comunicado en el que explicaron las razones delas medidas sustentadas en preservar la seguridad de los cinco miembros de laCorte ante el temor de que al darse a conocer información personal(domicilio, números de cuentas bancarias, entre otros) pudiera ser víctimas deun hecho de inseguridad.

En 2013, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el contextode la iniciativa que llamó “Democratización de Justicia”, modificó la Ley deÉtica Pública 26.857, sancionó la regulación sobre el carácter público de las

declaraciones juradas y estableció como órgano de control la OficinaAnticorrupción (OA). Es decir, que todos los funcionarios públicos sinexcepción deben presentar sus declaraciones juradas, tanto en formatoreservado (donde se brinda un informe detallado de los bienes y patrimonio)como el formato público (de información restringida, pero con datos quepermitan identificar el valor real de los inmuebles como ocurre con loslegisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo, no así con los jueces de laCorte).

A partir de esa modificación, la Corte, a través de la Acordada 25/13del 21 de agosto de ese año, estableció que no le era aplicable el artículo 6 dela ley 26.857 que designaba a la OA como autoridad de aplicación de lanorma y obligaba a publicar dicha documentación vía online.624 No cuestionóla ley, pero consideró que por tratarse de un Poder independiente del Estadono podía presentar sus declaraciones al Ejecutivo, del que dependía la OA. Enconsecuencia, estableció como medio de publicidad la página web de la Cortey como autoridad responsable a la Secretaría General de Administración de laCorte, a cargo de Marchi, el eterno ladero de Lorenzetti.

Al año siguiente, el 29 de abril, el máximo tribunal emitió la Acordada9/14. Allí reafirmó a la Secretaría General de Administración como órgano decontrol. Determinó además su propio reglamento para la presentación yconsulta de las declaraciones juradas de los magistrados de la Corte. En otraspalabras, estableció cuál debía ser el contenido de la información tanto delanexo público (con una copia de la documentación presentada ante la Afipsobre bienes personales y ganancias) como del anexo reservado (con undetalle de los bienes del juez, cónyuge, origen de los fondos, sociedades ycuentas bancarias nacionales y extranjeras). Ese pronunciamiento de la Cortelo que buscaba era mostrar una imagen de unidad puertas afuera.

Los cuestionamientos y pedidos de acceso a la información de Carrió ySánchez trastornaban a Lorenzetti. “Con esta decisión la Corte se arrogafacultades legislativas que no le corresponden, e incumple la Ley Nacional deÉtica Pública. No las publicitan, aunque se las entregan a Marchi, manoderecha de Lorenzetti en todas las cuestiones ilegales. Que es lo mismo quemeter al lobo en el gallinero”, remató el diputado.

Para Sánchez, la Corte niega el acceso a la información pública de

manera caprichosa con la coartada de proteger la seguridad de losmagistrados. “Que el doctor Lorenzetti se quede tranquilo que nadie losecuestrará”, comentó con media sonrisa. Para Bracaccini, “más grave todavíaes que la Corte tiene fallos ejemplares en materia de acceso a la información yen los últimos seis años le ha marcado la cancha al Ejecutivo, pero cuando lestoca a ellos, hacen oídos sordos”.

“Lorenzetti —añadió Sánchez— es indigno de ser presidente de laCorte. Las leyes del Congreso deben cumplirse por todos los ciudadanos sinexcepción. No hay privilegios para nadie”.

“Las declaraciones juradas son importantes para poder hacer un controlde la evolución patrimonial de los jueces y analizar si cometen o noprevaricato (es decir si a cambio de dictar fallos o resoluciones quegaranticen resultados a una de las partes- incluso a sabiendas de que soninjustas o contrarias a le ley- los jueces reciben sobornos), pero para elloresulta indispensable contar con las diez últimas”, coinciden los entrevistados.“Ahora, si el control depende de Marchi —bajo el ala de Lorenzetti — ningúnfuncionario se animará a cuestionar a su jefe. Esto afecta la legitimidad de laCorte”, continuó el referente de ACIJ Bracaccini. “Que la Corte vulnera la ley,no tengo dudas”, concluyó.

El revuelo mediático era inevitable. Por fin ACIJ junto al diario LaNación (LN Data) y los periodistas Romina Colman e Iván Ruiz accedieron alas declaraciones juradas de los ministros. Entre los jueces supremos el podiode adinerados lo ocupa Rosenkrantz que tiene un patrimonio de $11,3 millonesde pesos dentro y fuera del país. El segundo puesto lo ocupa Lorenzetti aldeclarar $9,3 millones. El presidente de la Corte Suprema, aunque resultesorprendente, no declara ningún título, ni bienes inmuebles. Solo dinero por elmonto de 5 millones en Argentina y 4 millones en el exterior. Por su parte,Highton de Nolasco declaró $3 millones. En tanto el cordobés Maqueda,parece haberse quedado lejos del resto y asumió $1,9 millones de pesos. Elúltimo de la fila, es Rosatti con un patrimonio de $ 1.1 millones.625

El 25 de agosto de 2016 los diputados Carrió y Sánchez le pidieron alpresidente de la Corte las diez últimas declaraciones juradas de los ministros,e información adicional detallada si no estuvieran considerados esos ítems enla reglamentación de la Corte y cuestionaron, una vez más, la postura y

normativa adoptada por los cinco ministros del alto tribunal que “obstaculizael acceso a la información pública y viola la ley como la letra constitucional”.Primó el silencio judicial.

A los frentes abiertos se le sumó a Lorenzetti el de la vanidad. Tan soloseis meses más tarde de su designación, Rosenkrantz y Rosatti fueron incluidosentre las 100 figuras más destacadas de la década (2006-2015). Pasarán a lahistoria, entre otras razones, por esta distinción al ser galardonados con elpremio Konex. Para mayor dolor narcisista del presidente de la Corte, elperiodo premiado coincidía con su etapa al frente de la máxima instituciónjudicial.

Rosenkrantz fue reconocido en el área de la Teoría y Filosofía delDerecho y Horacio Rosatti en derecho constitucional.626 “La autoestima deLorenzetti estaba por el piso”, recordó un secretario letrado que se animó aaconsejarlo que debía acercarse más a la gente y dar un giro en su imagen.“Ellos —le explicó— están conquistando al personal puertas adentro y a lagente puertas afuera”.

Sería cuestión de tiempo que Lorenzetti pasara ese mal trago y elgobierno digiriera el fallo del tarifazo. Macri ahora pensaba en su granapuesta: el mini Davos. Lorenzetti se sumó a la mega conferencia, organizadapor el gobierno, con empresarios de multinacionales de medio mundo ygarantizó “seguridad jurídica”627 a los inversionistas extranjeros. El foro serealizó el 14 de septiembre de 2016. Al gobierno le venía bien la intervencióndel presidente de la Corte, no era imprescindible pero podía sumar paragenerar confianza en el exterior. Él no se podía negar y, además, tomar lapalabra frente a un auditorio tan calificado era una inyección de ánimo enmomentos de infinita tristeza. Algunos empresarios argentinos, al verlo yescucharlo, murmuraron: “Si aclaras, oscurece”. Otros, acotaron: “Cumpliócon su parte”.

Mantén cerca a los amigos, pero mucho más a los enemigos

Los excedentes presupuestarios —o superávit— de la Corte no eran undato nuevo, pero Lorenzetti decidió difundirlo como un estreno de película deHollywood. Organizó una ceremonia, el 22 de septiembre de 2016, dondepretendía mostrar a la Corte como un modelo ejemplar de economía bien

administrada. El héroe de la historia, naturalmente, era él. El plan erademostrar cómo su Corte se había convertido en un caso testigo deresponsabilidad fiscal al ahorrar más de $11.000 millones de pesos.

El mensaje de Lorenzetti, vía Marchi, era directo a las autoridades degobierno. Entre los que estuvieron presentes se destacan Alfonso Prat-Gay,entonces ministro de Hacienda y Finanzas; Garavano, de Justicia y DerechosHumanos; Alberto Abad, titular de la Afip; Oscar Lamberto, de la AuditoríaGeneral de la Nación; Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación;Javier Ortiz Batalla, presidente del Banco Ciudad y la senadora MaríaGraciela de la Rosa, integrante de la comisión de Presupuesto y Hacienda dela Cámara alta.

Era la gran celebración de Lorenzetti. No era un Konex pero sí una fiestaexclusiva para él. El único de los jueces supremos que lo acompañó fueMaqueda.628

Marchi, el mismo que cobra “extraordinarios viáticos por desarraigo almantener aún su domicilio en Rafaela”,629 fue el principal orador. Elcontador, entusiasta, explicó que durante 104 meses el balance financiero de laCorte mostró un creciente excedente, que ascendían a $10.500 millones depesos. Los fondos, según él, estaban depositados en bancos públicos oficiales.Aunque no aclaró cuáles eran se infiere que se trataría del Ciudad y el Nación.Asimismo declaró la existencia de créditos pendientes de cobro, es decir ladeuda que el Consejo de la Magistratura mantiene con la Corte por casi $3500millones.630 “La CSJN ocupa solo el personal que necesita, representa el63% autorizado por el presupuesto”, resaltó Daniel Marchi a la audiencia. Yen un mensaje bien claro explicó que “la acumulación de caja es clave paraasegurar la autarquía financiera, es decir la independencia del PoderEjecutivo”. Es que los ahorros de la Corte le permitirían mantener al PoderJudicial durante varios gobiernos y prescindir del aval del Ejecutivo para lahabilitación de las partidas presupuestarias. A buen entendedor, pocaspalabras.

Si se hace repaso a la historia, lo cierto es que, tras la decisión deNéstor Kirchner de ceder los excedentes presupuestarios del Consejo de laMagistratura a la Corte en el 2005 —a través del decreto 557— los ministroslograron ahorrar ese dinero. O lo que es lo mismo, tener un colchón de

respaldo económico, como dicen las abuelas. El administrador de ese capitalno es otro que Ricardo Lorenzetti en calidad de presidente de la Corte y delComité de Inversiones.

Con el espaldarazo de Kirchner, desde 2005 al 2008, el máximo tribunallogró acaparar $1.420.000.000 que fueron distribuidos en tres fondosanticíclicos, es decir una herramienta financiera de respaldo económico paralas situaciones de crisis (ver el capítulo 4).631 De esta manera, el 11 de abrilde 2013, la Corte amplió sus ahorros a $300.000.000, mientras que paraestímulo del personal destinó $10.000.000.632 El 26 de mayo del mismo añoamplió los fondos para infraestructura, equipamiento y gestión de la Corte a$200.000.000 y destinó $1.300.000.000633 al fondo anticíclico del PoderJudicial de la Nación. Pero además, el mismo año con una base de$1.335.225.288,50 los ministros crearon el fondo anticíclico para garantizar elfuncionamiento de la Obra Social del Poder Judicial. La administración ycustodia de este fondo quedó a cargo del contador Marchi, secretario generalde Administración de la Corte.634

Pero la historia, en verdad, no sería como la contaban. Lo que paraLorenzetti era un logro, para Juan Carlos Cubría, el administrador general delPoder Judicial desde el 3 de diciembre de 2015, era un “agujero negro en lasfinanzas de la Corte porque ese dinero —que por la letra constitucional lecorresponde al Consejo de la Magistratura— en realidad no se encuentradisponible”,635 explica el funcionario. Esto implicaría que “están invertidos,en plazos fijos, ya sea en pesos, en dólares u otra moneda extranjera —comolo establecieron los ministros en una de las Acordadas de creación de losfondos anticíclicos— o están trabajando en el circuito bancario o ensociedades offshore. Lo cierto es, insiste una y otra vez, que esos fondos no seencuentran disponibles”, relató. No se sabe dónde están. La historia empezabaa recordar a la de los fondos de Santa Cruz y Néstor Kirchner, un misteriojamás esclarecido en su totalidad.

Si bien la Corte trabaja con dos bancos oficiales que son el Ciudad y elNación, fuentes del circuito financiero sospechan que ese dinero podría estaren el banco Macro, cuyo dueño es Jorge Brito y en el Galicia, aunque desdelas entidades, negaron la versión. Lorenzetti, pese a presumir de los ahorrosde la Corte, tampoco informó sobre el estado y destino de esos fondos.

Las hipótesis que barajan algunas fuentes es que Lorenzetti le habríaentregado al ex presidente Kirchner el 30 % o más del total de esos activos.Es decir, el “peaje” (soborno) para la transacción que llevaban adelante demanera supuestamente conjunta.636 Dicho en criollo: había un faltante que sehabía filtrado por las rendijas de la corrupción, y era necesario recuperarlo.Esas —aseguran— habrían sido las razones que habrían impulsado a la Cortea redituar ganancias con los plazos fijos bancarios en dólares, o a invertir enbonos y acciones. Había que cubrir ese “agujero negro”.

La Corte tiene como cifra oficial de los excedentes $10.500 millones depesos a los que deberían sumarse los $3500 que la Magistratura le adeuda.Pero el mismísimo Marchi —según socios de Lorenzetti— presume entre lossuyos que el monto de excedentes real, alcanzaría los 12 mil millones dedólares. “El máximo responsable de esos fondos no es otro que Ricardo LuisLorenzetti”, insiste Cubría.

Las críticas a la gestión le valieron al hijo de la jueza Servini que elpresidente de la Corte le solicitara —mediante intermediarios— que seapartara de su cargo — como el mismo Cubría lo explicó— entrevistado paraeste libro.637

“Desde principio de año que Lorenzetti me cita a su despacho, me mandaoperadores de todo tipo y color político y me ofrece cargos más altos…Incluso me hizo llegar el mensaje de que pida lo que quiera”, se desahogaCubría. “A lo que contesté, no tengo nada para pedirle, yo estoy muy bienaquí”. Pero el juez supremo insiste. “Quiere mi cargo”.

Ahora bien. Cubría se esmeró en explicar las razones por las queLorenzetti quiere su puesto pese a que, en teoría, el Consejo de la Magistraturaes un órgano independiente de la Corte que, para su infortunio, tiene déficitfiscal y no excedentes.

“Lorenzetti necesita un administrador dispuesto a blanquear parte deesos fondos que no están disponibles. Si están colocados en bonos, enacciones, afuera o dentro del país, no lo sé, pero de lo que estoy seguro es deque no pueden utilizarse, son indisponibles”, explica sereno el ingeniero yabogado. “Lorenzetti —continuó— necesita un administrador en el Consejoque simule que la Corte le manda dinero y ellos a su vez presenten gastos

excesivos como lo fueron las obras públicas”, arremetió.

“La operatoria en las obras públicas consistía en proyectarconstrucciones grandilocuentes que nunca se harían, pero el objeto era primeroinflar los costos y luego pagar un monto alto conocido como adelantofinanciero para empezar la construcción. Con eso licuaban 200, 300, 500millones que es muchísimo dinero para una persona o sociedad ya sea enArgentina o en el exterior”, explicó Cubría.

“Lorenzetti no puede dejar la presidencia de la Corte porque si fuesesucedido por otro juez, debería dar explicaciones de esos fondos y cederle laadministración de millones cuyo destino es desconocido. Esa es la razón de lapersecución hacia mi persona”, detalló el funcionario.

Con buena memoria, agregó: “Cada vez que me hace llamar Lorenzettirecuerdo cuál fue el destino del anterior administrador de la Corte, NicolásReyes, sustituido por Marchi. Lorenzetti lo citó a su despacho, llamó alfotógrafo oficial, se sacó una foto y mandó a Bourdin a informar en el Centrode Información Judicial que Reyes había renunciado. Pero nunca lo habíahecho. Al poco tiempo, ya muy enfermo, Reyes falleció”.

El huracán Lilita

Durante el primer año de gestión de Macri, la Justicia fue un temacentral y eje de tensiones incluso en el seno de Cambiemos donde la diputadaCarrió —por fin— ya no se siente sola en la lucha contra la supuesta“corrupción” de Lorenzetti.

El “huracán Lilita” no le da un segundo de respiro al presidente de laCorte. “Hay dos cuestiones innegociables: Ricardo Lorenzetti y DanielAngelici (presidente del club de fútbol Boca Juniors). Son innegociables paramí y… son innegociables para él (Macri)”, advirtió la diputada en elaniversario de los 15 años de la fundación de su partido ARI. Lo hizo elsábado 19 de noviembre de 2016 al cerrar el cónclave celebrado en la ciudadsantafesina de Villa Constitución donde la acompañó, entre otros, lagobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Aunque Angelici es amigo delpresidente de los argentinos, Carrió se ocupó de aclararle que su postura estajante. “No sé cómo va a terminar”,638 expresó la diputada. Unos días antes

circuló por las redes sociales un video en el que Pepín Rodríguez Simón,Mariana Zuvic, ambos diputados del Parlasur, y Carrió le solicitaban aLorenzetti que presentara las declaraciones juradas. Brindaron por ello. Elánimo del gobierno con Lorenzetti había cambiado.

El presidente Macri estaría convencido de que el mismísimo Lorenzetti,a sus espaldas, fogonea las denuncias contra sus funcionarios en la justiciafederal.

Uno de esos casos sería el de la vicepresidenta Michetti, pese a que enreiteradas oportunidades el mismo juez supremo admitió juntarse a “tomarmate” en la casa de la referente del Pro.

Michetti es investigada por el juez Ariel Lijo en torno al dinero robadode la casa de la funcionaria que pertenecería a la fundación SUMA. La justiciainvestiga por qué no presentó balances ante la Inspección General de Justicia,ni registró empleados, ni sueldos, ni movimientos económicos hasta el día quefue denunciada, a mediados de julio de 2016. En ese momento lavicepresidenta intentó ordenar los papeles, se anotó como empleadora yempezó a presentar balances. Lijo investiga el origen del dinero sustraído. Alpedir conocer los legajos de otras tres fundaciones ligadas a funcionarios delPro se encontró con la misma situación: ninguna presentó balances de suactividad. Se trata de “Fundar Seguridad y Justicia”, del secretario deSeguridad, Eugenio Burzaco, “Creer y crecer”, del intendente de Lanús,Néstor Grindetti, y “Formar”, del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

La sospecha es que esas organizaciones podrían ser pantallas definanciamiento ilegal de la política.639 El juez teme lo peor: que no hayórgano del Estado que haya controlado el manejo de sus fondos ni de dóndeproviene ese dinero que sustentan las finanzas de las fundaciones. Lijo esamigo de Lorenzetti y junto a su hermano Freddy tendrían negocios conjuntosrelacionados a financieras y al rubro de seguros, sobre todo aquellosdestinados a la preservación del medio ambiente (ver capítulo 10).

Otro investigado del gobierno es el ministro Aranguren. En este caso eljuez federal Luis Rodríguez —el mismo que no encontró indicios delictualesen el andamiaje financiero impulsado por Lorenzetti (ver capítulo 4)— indagaa Aranguren por el supuesto delito de “negociaciones incompatibles con la

función pública”. La denuncia de los diputados Martín Doñate y RodolfoTailhade, del Frente para la Victoria640 apuntó contra la declaración juradapatrimonial de Aranguren, quien manifestó poseer “más de 13 millones depesos en acciones ‘clase A’ de la empresa Royal Dutch Shell”. Las mismasfueron parte de las bonificaciones que el ahora funcionario recibió de ShellCompañía Argentina de Petróleos SA, firma en la que se desempeñó a partirde 1979 y como presidente local entre 2003 y junio del año pasado. Arangurense desempeñó como CEO de Shell Argentina entre 2003 y 2015, y la causa selleva adelante por su doble calidad de accionista en esa empresa y funcionariodel Gobierno nacional. La noticia la dio a conocer el CIJ.

Doñate y Tailhade también alertaron en marzo de 2016 sobre la presunta“incompatibilidad de intereses para ejercer el cargo” a la OficinaAnticorrupción que dirige Laura Alonso, pero el silencio fue de radio.

Quien mantiene línea directa con Alonso es el propio Lorenzetti quecada vez que la situación de las declaraciones juradas sale a la luz, se encargade explicarle personalmente cuál es la normativa que ellos plantearon para laCorte, tal como el mismo presidente lo asegura a los suyos. Dicho de otromodo, le dice a Alonso que por mucho que pida no le piensa enseñar ni unahoja de su declaración.

El segundo semestre de 2016 no fue fácil para Lorenzetti. El 13 denoviembre, en Rafaela, protagonizó un accidente de tránsito en el que dosjóvenes resultaron con heridas de gravedad. A Marcelo Sanabria —el jovenque manejaba la moto— los médicos lograron salvarle la pierna que estabamuy comprometida y pareció salir adelante; mientras que el acompañante,Alejandro Buffet, perdió gran parte de su masa encefálica sobre el asfalto,como advirtieron familiares y fuentes con acceso a la investigación judicial.La versión oficial es que el auto del juez supremo fue embestido por los dosmuchachos que transitaban en moto, sin casco y a gran velocidad. Aunque sehizo trascender que las víctimas tenían antecedentes penales y ciertos arreglosextrajudiciales, la historia no cerraría ahí. Para mayor desgracia, la racha deaccidentes para la familia Lorenzetti seguiría el 4 de diciembre, cuando su hijoPablo perdió el control del vehículo que conducía y volcó, pero resultó sinheridas.

En cuanto a la Corte, se cerró el ciclo de aquella que tuvo entre sus

miembros a Fayt. El juez de jueces falleció en su casa y fue enterrado, con elaplauso general, en el cementerio de la Recoleta. “El mismo juez queLorenzetti entregó al gobierno kirchnerista a finales de 2015”, advirtióentonces la diputada Carrió en alusión a que Lorenzetti lo habría “obligado afirmar su renuncia”, como sostiene también la familia del magistrado que hizohistoria.

En el entierro de Fayt, el encuentro entre Lorenzetti y Carrió fue desde ladistancia. El malestar y enojo de la familia con el presidente de la Corte eranotorio. Todos lo sabían o lo percibían, incluido el ministro que tuvo quepedir permiso a la viuda, Margarita Escribano, para poder pronunciar unaspalabras.

Antes de despedir al 2016, como anticipo de regalo navideño, Macrirecibió un presente del fiscal Guillermo Marijuán: lo imputó junto al jefe deGabinete, Marcos Peña, y al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas,Alfonso Prat Gay, por incluir a familiares en la Ley del Blanqueo de Capitales(una virtual amnistía fiscal). La mala noticia le llegó el 14 de diciembre, unahora antes de tomar la jura a la nueva camada de diplomáticos junto a laministra de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Malcorra. Se lo veíaapesumbrado, casi sin voz. El presidente reconoció que más de un tercio delos argentinos se encuentra en situación de exclusión y pobreza.641 Laeconomía era su gran preocupación mientras la Justicia le daba un revés porsorpresa.

La denuncia de la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, apuntócontra Macri por el supuesto delito de abuso de autoridad y violación de losdeberes de funcionario público. El nudo judicial se centraba en el decreto delgobierno 1206 que habilitó a cónyuges, padres e hijos menores emancipadosde funcionarios a entrar al blanqueo.642

El juez a quien Marijuán le entregó el pedido no era otro que el amigo deLorenzetti, Ariel Lijo.

Como si faltara algo más en sus preocupaciones, el martes 20 dediciembre de 2016, el presidente de la Nación fue sometido a unamicrocirugía láser por una afección a la cuerda vocal izquierda de la que conéxito le extrajeron un pólipo.643 Su cuerpo parecía gritar lo que su boca

callaba a poco más de un año de gestión.

La despedida del año de Mauricio Macri era agridulce pero la quetendría Lorenzetti fue directamente amarga. La relación entre ellos, “atraviesauna crisis insalvable. Mauricio está enojado y… agarrate cuando eso pasa”,susurran los asesores del presidente. Esta vez, con todo lo que sabía de él,había llegado al límite de su paciencia. Macri, sin perder más tiempo, ordenóal ministro de Justicia Garavano recolectar toda la documentación einformación que exista respecto el supuesto accionar ilegal de Lorenzettidurante sus diez años al mando de la Corte. “Macri no tolera la extorsión y selo va a hacer pagar”, insiste un amigo personal del presidente.

Pero una nueva denuncia penal de Lilita patearía el tablero político adías de festejar Año Nuevo y “desestabilizaría” al presidente de la Corte. Esque tocaba lo que más quería, a sus hijos y familia, como lo reconocierondesde el entorno de Lorenzetti. El 27 de diciembre de 2016, Carrió mostró loque hasta ahora era un lado oculto del presidente de la Corte, el tráfico de“dinero negro con cheques de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA)”644 através de Pyme Rural. La operatoria, presuntamente “ilegal”, consistía en quelas entidades cobraban cheques diferidos y los cambiaban anticipadamente enmutuales “amigas” dejando porcentajes altísimos en el camino y sentenciandoa los clubes a la situación en la que están ahora, la gran mayoría conrespirador artificial.645 En Pyme Rural además de su tercer hijo, FrancoLorenzetti, estaría involucrada su hermana Susana Graciela Lorenzetti; susegunda hija, Lucía y Cortassa, su ex esposa, según Carrió. Aunque no faltabanlos nombres de siempre asociados al presidente de la Corte desde su Rafae anatal: Parra, “el Flaco” Operto, Nall Casabella y Zenklusen. “La mutual operócon los clubes Sportivo Ben Hur, Atlético 9 de Julio, y Sportivo Belgrano; ycon la mutual Asociación Mutual Club SP Ben Hur. Según he podido saber, el54% del padrón de asociados de la mutual Pyme Rural se asoció el mismodía: 15 de mayo del 2015, algo inusual”, explicó en su escrito la diputadanacional.

Desde el seno íntimo y familiar de Lorenzetti admitieron los hechos antela consulta para este libro y aseguraron que el juez lo veía como, “un negocioal que aporta grandes sumas de dinero”. También advirtieron que, pese a queun aliado incondicional ya le había aconsejado sobre la supuesta irregularidad

—y el peligro de tener a sus hijos vinculados a este negocio— el ministro sesentía amparado entre las calles de Rafaela. Pyme Rural fue un éxito en laciudad, ya que facilita tarjetas de crédito, préstamos o créditos, y facilidadespara los socios. Casi como si se tratara de una entidad bancaria pero“paralela”, una financiera, algo que Lorenzetti conoce al dedillo desde añosantes de ingresar a la Corte, como se detalla en estas páginas.

Al día siguiente de la denuncia de Carrió, “Cabezón” Marchi anuncióque le iniciaba una denuncia penal en la justicia federal de Rafaela. Marchi yahabía amenazado con medidas similares en otras oportunidades, pero ahora notenía más remedio que llegar hasta las últimas consecuencias en el fuerojudicial. El presidente de la Corte estaba preocupado por la actitud de Carrióy sus colegas ya se lo habían hecho saber. Había que callar al huracán Lilita.Mientras en Buenos Aires el ambiente para los Lorenzetti y compañía erasofocante, en Rafaela se veían circular ambulancias de Aprisa-Emas Salud SAploteadas con la firma Pyme Rural y el slogan ¡Siempre junto a vos!

Para colmo de sus males, ese día murió el joven Sanabria, el herido demayor gravedad en el choque que protagonizó Lorenzetti. “Es deber de lajusticia investigar en qué estado conducía (Lorenzetti). Lo sabe todo Rafaelapero le tienen terror”, expresó al otro día Carrió por Twitter.646

La guerra, a esta altura, será a todo o nada. Lorenzetti dio la orden dedesempolvar todas las causas que se encuentren en la Corte Supremavinculadas a las empresas de Macri y su familia. “Detrás de esos papelitos,está el poder de Lorenzetti, él decide qué causa sale y cuál se archiva odesactiva”, murmura un socio del ministro que reconoce la preocupación delpresidente de la Corte. “Tiene armas para pelear”, rezonga y apuesta aayudarlo a cómo de lugar. El objetivo de Lorenzetti si, como parece, no estádispuesto a resignarse, será Macri. ¿Habrá un nuevo mapa de poder?

El presidente de Argentina optó, durante sus vacaciones de verano, porVilla La Angostura, en el sur del país. Desde allí dio un giro de 180 grados enla política económica del país y le enseñó a Prat Gay la puerta de salida delMinisterio de Hacienda.

El juez supremo —con templanza de un buda— optó por la brasileñaPraia do Forte para meditar. Gimnasia, playa, spa, all inclusive y reflexión

junto a sus afectos más cercanos. El futuro es imposible de predecir. Para losmás negativos, el de Lorenzetti, salvo sorpresa planetaria, podría leerse en loque algunos llaman, la tumba del Faraón, un sarcófago entre los escombros dela pirámide de poder que él mismo construyó. Por el contrario, quienes loconocen, aseguran que el Mono, una vez más, renacerá de las cenizas. Eltiempo y la justicia decidirán el lugar en la historia.

600. Fabián Rodríguez Simón es parlamentario del Mercosur por elFrente Cambiemos, Director de YPF en representación de accionistas (claseD). Entre 2008 y 2009 fue Jefe de Gabinete del Ministerio de Ambiente yEspacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

601. Ver capítulo 1.

602. Fundó el observatorio anticorrupción en la Universidad de SanAndrés.

603. Carlos Rosenkrantz se recibió de abogado en 1983 de laUniversidad de Buenos Aires. En 1990 fundó junto a Gabriel Bouzat el estudioBouzat, Rosenkrantz & Zbar, que reconoce entre sus clientes a corporacionestales como Cablevisión, Grupo Clarín, La Nación, La Rural SA, McDonald’s eYPF, además de la Entidad Binacional Yacyretá, la provincia de Santa Fe y laprovincia de Corrientes, entre otros. El estudio en 2001 pasó a llamarse//es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bouzat,_Rosenkrantz_%26_Asociados&action=edit&redlink=1">Bouzat,Rosenkrantz & Asociados. En 2011 se asoció junto a Bouzat en la fundaciónde, el 21 de noviembre de 2000, él como presidente y su socio como tesorero.Desde la ONG Asociación para la Defensa de la Competencia (ADC)presentó un amparo en protección de Cablevisión SA y Fibertel, firma que fueabsorbida por Cablevisión sin haberse liquidado. También defendió aErnestina Herrera de Noble y fue abogado del grupo Clarín y Cablevisión. En1994, Rosenkrantz fue asesor de Raúl Alfonsín en la ConvenciónConstituyente.

604. Clarín, Santiago Fioriti, 12 de julio de 2016:http://www.clarin.com/politica/Lorenzetti-reunio-secreto-Rosada-Macri_0_1612038960.html.

605. Clarín, Santiago Fioriti, 29 de octubre de 2016:http://www.clarin.com/politica/Carrio-demonio-desafio-Macri-Gabinete_0_1677432358.html.

606. Lorenzetti Ricardo, “La economía del derecho: la culpa y elriesgo”, en >Derecho de daños, en Homenaje a Jorge Bustamante Alsina,Abeledo Perrot, 1990, “Responsabilidad objetiva en materia de contratación”,en Daños, Depalma, 1991, “La ley monetaria y la doctrina: el precipitado dela interpretación”, en Convertibilidad del Austral-Tercera serie, Zavalía, 1991y “Defensa del consumidor” —LEY 24.240—, Santa Fe, Editorial Rubinzal yCulzoni, 1993, 535 p. En colaboración con Jorge Mosset Iturraspe.

607. El sábado 15 de julio de 2016, Ricardo Lorenzetti se casó conMara Perren en la ciudad de Rafaela junto a unos pocos invitados. Noticias,Rodis Recalt, 15 de julio de 2016:http://noticias.perfil.com/2016/07/15/quien-es-la-nueva-esposa-de-lorenzetti/

608. Ver capítulo 2.

609. Clarín, Santiago Fioriti, 4 de septiembre 2016:http://www.clarin.com/politica/pases-factura-amenazas-retoques-gobierno_0_H1Uq8Jtj.html.

610. Noticias, Rodis Recalt, 15 de julio de 2016:http://noticias.perfil.com/2016/07/15/quien-es-la-nueva-esposa-de-lorenzetti/

611. ODN+ Oficina de Negocios Inmobiliarios, ubicada en VíctorManuel III 279, Rafaela. http://www.findrealestatebroker.com/broker/48427

9538416151/ODN%2B%20Oficina%20de%20Negocios%20Inmobiliarios;https://www.facebook.com/odnpositivo/

612. Según surge de recibo de sueldo de la señora Mara Beatriz Perren,emitido por el Consejo de la Magistratura de la Nación. Su sueldo en elmomento de la consulta ascendía a $ 36.772,26 y el de su pariente era de$23.683,23.

613. Comunicado del CIJ sobre el viaje de la señora de Lorenzetti, ambos en

New York.

614. >Noticias, Francisco Zoroza,19 de noviembre de 2013:http://noticias.perfil.com/2013/11/19/maria-bourdin-la-guerrera-de-la-corte/

615. Bourdin, María, >Justicia y medios, la revolución comunicacional de laCorte Suprema Argentina, Sudamericana 2014.

616. Infobae, 10 de noviembre de 2014: http://www.infobae.com/2014

/11/10/1607928-con-la-presencia-jueces-abogados-y-periodistas-presentaron-el- libro-justicia-y-medios/

617. El ex presidente Néstor Kirchner impulsó la ley 26.183 sancionada el 29de noviembre de 2006 y promulgada el 15 de diciembre de 2006 por la que seredujo el número de integrantes de la Corte Suprema de 9 a 5 miembros.Infoleg: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-

124999/123154/norma.htm.

618. Clarín, Fernando González, 22 de agosto de 2016:http://www.clarin.com/politica/Faraon-Lorenzetti-temor-Macri-inversiones_0_1636036543.html.

619. Clarín, Fernando González, 22 de agosto de 2016,:http://www.clarin.com/politica/Faraon-Lorenzetti-temor-Macri-inversiones_0_1636036543.html.

620. Página 12, Fernando Krakowiak, 16 de julio 2016:https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-304423-2016-07-16.html.

621. Diálogo reproducido por uno de los testigos en estricto off the record.

622. Entrevistas realizadas para este libro al diputado nacional de laCoalición Cívica-Cambiemos, Fernando Sánchez, el 26 de septiembre de 2016y al Coordinador de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de laAsociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fernando Bracaccini, el29 de noviembre de 2016.

623. La Resolución N 2449/2016 del 6 de septiembre de 2016 fue suscriptapor los cinco ministros y se tramitó por el Expediente N 2953/16.

624. La ley 26.857, que obliga a publicar online las declaraciones juradas delos funcionarios públicos y establece a la Oficina Anticorrupción como órganode contralor es posterior y complementa a la Ley de Ética Pública 25.188.

625. La Nación, Iván Ruiz y Romina Colman, 11 de septiembre de 2016:http://www.lanacion.com.ar/1936711-disparidad-patrimonial-entre-los-jueces-de-la- corte-suprema.

626. Fundación Konex: http://www.fundacionkonex.org/n1186-premios-konex-2016- humanidades--ya-se-conocen-los-100-premiados; >La Nación, 11 demayo de 2016: http://www.lanacion.com.ar/1896830-premio-konex-para-las-100-personalidades-en- humanidades.

627. Big Bang News, 14 de septiembre de 2016:http://www.bigbangnews.com/politica/Lorenzetti-prometio-seguridad-juridica-en-el- Mini-Davos-de-Macri-20160914-0024.html.

628. R24N Noticias, 24 de septiembre de 2016:http://r24n.com.ar/noticia/127776/la- millonaria-corte-de-lorenzetti-y-hector-daniel-marchi. Clarín, Jorge Velázquez, 22 de septiembre de 2016:http://www.clarin.com/politica/Corte-Suprema-millones-reservas_0_1654634649.html. Infobae, Daniel Sticco, 22 de septiembre de2016: http://www.infobae.com/economia/2016/09/22/la-corte-suprema-un-caso-testigo-de- responsabilidad-fiscal/.

629. Los viáticos que cobra el contador Héctor Daniel Marchi constan en losregistros de personal de la Corte Suprema y abarcarían toda la etapa de sugestión.

630. El informe de gestión de administración de la Corte señala que el máximotribunal no registra deudas vencidas ni tampoco solicitó aportes al TesoroNacional durante el periodo que presidio Ricardo Luis Lorenzetti la Corte.Además, se registró en el mismo periodo una política de generación derecursos a través de los rendimientos de las reservas y de recuperación de losrecursos principalmente a través del spread bancario. También se hizo

hincapié en que desde el 2008 hasta hoy, la estructura básica de planta depersonal disminuyó. En la actualidad, la Corte ocupa el 63% de los cargosdisponibles, mientras que en el 2008 lo hacía en un 77%. Por último, seincluyó todas las obras de infraestructura realizadas en ese período por laCorte, con imágenes comparativas.

631. La Corte creó el primer fondo anticíclico a través de la Acordada N34/2008, de fecha 5 de noviembre de 2008. El fondo de Infraestructura,Equipamiento y Gestión del Poder Judicial de la Nación se creó el día 5 denoviembre de 2008 a través de la Acordada N 32/2008. Mientras que lacreación del Fondo Estímulo para el Personal del Poder Judicial de la Naciónse hizo a través de la Acordada N 33/200 el día 5 de noviembre de 2008.Todos ellos se tramitaron por el Expediente N 4408/2008.

632. Por Acordada N4/13 del 26 de mayo de 2013 se incrementaron losmontos del Fondo Anticíclico de la Corte Suprema.

633. Por Acordada N 6/ 13 del día 11 de abril de 2013, Expediente N 1689-13 se incrementó el monto del fondo anticíclico.

634. Con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton deNolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, RaúlZaffaroni, Carmen Argibay y el Secretario General de Administración, DanielMarchi se creó el 24 de septiembre de 2013 el Fondo Anticíclico de la ObraSocial del Poder Judicial de la Nación. Se efectivizó a través de la AcordadaN 34/13, Expediente N 5611/2013.

635. Entrevista realizada para este libro al administrador general del PoderJudicial, Juan Carlos Cubría, el 6 de diciembre de 2016.

636. Entrevistas realizadas para este libro a referentes de la oposición, delradicalismo, del kirchnerismo y del Gobierno de Mauricio Macri, e inclusosocios y amigos del presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, muchas de lascuales figuran en las páginas de este trabajo editorial.

637. Entrevista a Juan Carlos Cubría, cit.

638. Dyn, La Nación, 19 de septiembre de 2016:

http://www.lanacion.com.ar/1957793-elisa-carrio-hay-dos-cuestiones-innegociables- lorenzetti-y-angelici-.

639. Página 12, Irina Hauser, 31 de agosto de 2016:https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-308180-2016-08-31.html.

640. Télam, 29 de agosto de 2016: http://www.telam.com.ar/notas/201608/160935- shell-aranguren-citacion-justicia-federal.html.

641. SudAmericaHoy, 13 de diciembre de 2016:http://sudamericahoy.com/pais- argentina/todos-sabemos-mas-tercio-los-argentinos-se-encuentra-situacion-exclusion/

642. La Nación, Hernán Cappiello, 14 de diciembre de 2016:http://www.lanacion.com.ar/1966682-macri-imputado-por-la-ampliacion-del-blanqueo.

643. El médico otorrinolaringólogo que operó al presidente Mauricio Macrifue Rafael Perrone, según confirmó a la agencia oficial Télam, el jefe de laUnidad Médica Presidencial, Simón Salzberg y el vocero presidencial IvánPavlovsky. La Nación, 20 de diciembre de 2016:http://www.lanacion.com.ar/1968805-operan-a- mauricio-macri-por-una-afeccion-en-las-cuerdas-vocales.

644. La Nación, Carlos Pagni, 2 de enero de 2016:http://www.lanacion.com.ar/1972206-un-conflicto-que-puede-alterar-el-mapa-del- poder.

645. Clarín, Eduardo Paladini, 28 de diciembre de 2016:http://www.clarin.com/politica/nueva-embestida-elisa-carrio-lorenzetti-ahora- vincula-maniobras-cheques-futbol_0_Bk1b5mZrg.html.

646. @elisacarrio, 28 de diciembre de 2016.

Capítulo 13La voz del hombre más poderoso y mástemidoTodo llega. Incluso la palabra del presidente de la Corte,protagonista de este libro que él no quería que se escribiera. Las biografías noautorizadas, en ocasiones, se encuentran con ese tipo de obstáculo. Sucede conmás frecuencia cuando el personaje es poderoso, y Ricardo Luis Lorenzetti loes.

El pedido formal de entrevista se realizó el 20 de octubre de 2016 por dosvías y formatos: ante el despacho del titular del máximo tribunal y ante lavocera María Bourdin; en papel y por correo electrónico. Antes de lapresentación de la solicitud, por mesa de entradas de la Corte, se dieron unaserie de hechos, en torno a la producción de este libro, que me tuvieron enprimera línea de fuego. Recibí mensajes amables —y no tanto— para desistirde este proyecto hoy terminado. Nunca por boca del juez supremo escuché unamala palabra ni vi un mal gesto. Otros se ocuparon de hacer el trabajo sucio enforma de amenazas anónimas. Presiones o intervenciones, de diferente tono,también tuvieron nombre y apellido. El secretario letrado de la Corte MiguelNathan Licht,647 que me llamaba y escribía en nombre del presidente de laCorte, sabe lo que digo. Los “operadores” fueron varios y diversos, en susformas y en los contenidos de los mensajes que, a su manera, me hacían llegar.Los intentos de hackeos a mi computadora y a mi celular personal fueronincesantes. Dejé constancia de algunos de estos episodios en sede judicial.

Cuando acordé con Ediciones B escribir este libro me comprometí, como esnatural, a intentar ofrecer la versión de Lorenzetti. Dediqué grandes esfuerzospara lograrlo.

Durante meses —después de cubrir judiciales por más de una década—, meencontré con las puertas del Palacio de Justicia cerradas y el NO porrespuesta. Desanimada, confieso, había renunciado a lograrlo pero, ironías deldestino —o casualidades forzadas—, permitieron que, por fin, el martes 8 denoviembre, cuando el libro estaba prácticamente terminado, el magistrado merecibiera en su despacho.

Antes tuve que cruzar diferentes controles de seguridad. En el cuarto piso delPalacio de Justicia aguardé en un salón donde grandes e imponentes pinturas

de ex ministros de la Corte, decoran las paredes. Minutos más tarde meinvitaron a ingresar a otro cuarto. Era una sala muy iluminada, decorada consillones de cuero y un antiguo perchero con espejo de bordes biselados. Allíse exhibían premios y honores recibidos, exclusivamente, por Lorenzetti. Nopasaría mucho tiempo hasta que me condujeron, a través de la oficina de lossecretarios del magistrado, a su despacho, aquel que fuera del difunto CarlosFayt. Allí fue Lorenzetti el encargado de recibirme. Vestido de traje grisoscuro me esperaba de pie en la flamante oficina. Me saludó afectuoso yofreció un café. Únicamente estaba presente el personal de seguridad, dossecretarios administrativos y un mozo muy amable que se presentó apenasingresé al despacho. La gran ausente fue su vocera, María Bourdin. Quizásfaltó a la cita porque estaba fijada a las 18, fuera del horario laboral. O, comoseñalan quienes conocen al juez, su ausencia se explicaba porque “el hombre”,como algunos se refieren a “Richard”, como solía llamarlo Bourdin, habíaelegido deliberadamente ese espacio en su agenda para estar a solas conmigo.El ocaso del atardecer era el preferido de Lorenzetti para recibir a personajesque lo incomodan o con quien debe hablar en privadísimo, según latrascendencia que tenga para él, para su futuro o para su inmediato presente.

Al acercarme a su mesa, redonda, escuché una exigencia recurrente. La mismaque me hicieron a lo largo de mi recorrida por el Palacio de Justicia: “Debeentregar su celular”. Me negué hasta que estuve sentada frente a frente con él.“Es por un acuerdo con el resto de los magistrados”, me explicó. Accedí ygrabé la conversación únicamente con mi grabador.

Mientras me servían el café observaba el escritorio. Sobre él había un termorecubierto en cuero y un mate a tono que, hasta hacía unos instantes habíaestado en uso. Yo ojeaba todo y él echaba un vistazo a un libro que estaba bajola tenue luz de una lámpara de estilo. Al fondo, detrás de los sillones de cuero,sobresalía una biblioteca repleta de libros que me intrigaban, pero no eramomento de acercarme a ella.

Lorenzetti solo empezó la conversación que nos convocaba cuando losempleados abandonaron su despacho privado y el café estaba servido.

La máxima autoridad de la Corte, inicialmente, no deseaba hablar a micrófonoabierto. Se lo notaba intranquilo. Fue él quien comenzó a interrogarme. Mepreguntó las razones del proyecto, quería conocer todos los detalles, lo que

sabía y lo que no. Manifestó que un operador del presidente Mauricio Macri lehabía anticipado que el libro era demoledor. Llegó a pronunciar la palabra“injurioso” y me advirtió que, “ante cualquier acusación en su contra tomaríalas medidas necesarias”. Como para romper el hielo, en tono pausado —es suestilo— ya me advertía sus intenciones. “No me molesta que escriban un libroporque las críticas forman parte de la vida pública, pero sí las falsasimputaciones”, dijo el juez sin haber leído una sola palabra de estas páginas.A renglón seguido, visiblemente nervioso, advirtió: “Te haré juicio”. Firme enmi postura, le manifesté que no veía motivos por los que yo debiera, como élpretendía, claudicar a publicar esta historia de su vida y de sus obras.

El primer intercambio de impresiones —aparte de sus comentarios sobre eljuicio que me anticipaba— lo mantuvimos en estricto off the record. No voy areproducir por tanto detalles de esa conversación, pero sí puedo contar que leexpliqué que se trataba de un trabajo periodístico de investigación. Le dije queél es un personaje que, tras diez años al frente del Poder Judicial y doce comoministro de la Corte, es imposible que no resulte atractivo para un periodista.Lorenzetti se negó, una y otra vez, a comenzar la entrevista hasta que, al final,aceptó responder las preguntas que siguen. No he intervenido el texto salvocuando alguna frase, al trasladarla por escrito, necesitaba de aclaración.Tampoco voy a comentar sus reflexiones o alguna de sus respuestas. Las míasestán en las páginas precedentes del libro y en los capítulos que identificaré apie de página.

La entrevista comenzó a desplegarse tras un comentario del ministro acerca desu relación con la prensa. Solo él sabrá a conciencia si ese tema lepreocupaba, en los términos que se manifestaba, tanto como aparentaba.“Desde que llegué a la Corte mi política ha sido abrir las puertas delperiodismo, no censurar. Todo lo contrario… Pero, cuando estoy en Rafaela,me junto a tomar un café con alguien y ya soy socio de esa persona, lo mismosi me ven caminando con alguien, ya es mi socio”, se lamentó Lorenzetti.

En diferentes círculos [legislativos, empresariales y judiciales] señalan almédico Gustavo Tita, a los contadores Reynaldo Casabella y LeonardoAbatidaga, [hijo del CEO Néstor Abatidaga, director de Sancor SegurosInternacional], al abogado Alberto Lisdero, [presidente de la fundaciónExpoterra] y a Daniel Marchi [secretario general de la Administración de la

Corte], como algunos de sus supuestos testaferros, entre tantos otros. A ustedlo ligan [es incompatible con el cargo] a negocios de la salud, inmobiliarios,financieras, construcción, agropecuario, ganadero, metalúrgicas ypetroquímicas, entre otros rubros de los que participaría.

Esa es la misma historia de siempre. Si hubiera sido cierto hubiera tenidoconsecuencias legales, pero no las hubo. Tita y Casabella son parte de unavieja época en la que yo fui abogado de ellos. Todo eso motivó la únicaimpugnación que tuve en el proceso de nombramiento ante el Senado de laNación. [En referencia a la Asociación Médica del DepartamentoCastellanos]. Al poco tiempo asumí en la Corte. Todas esas personas[mencionadas] tienen empresas familiares chicas. Obviamente voy a Rafaela ylos sigo viendo, son amigos… Pero siguen siempre con la misma historia una yotra vez.

¿Pero mantuvo negocios con ellos? ¿Son sus testaferros?

Una cosa son los chismes y otra es la realidad. Yo he sido investigado portodo el mundo. Por ejemplo, Apreme, y demás son sociedades familiares. Tita[en referencia a Gustavo Tita] desde la época que yo era abogado ya estabapeleado con su primo [por Carlos Tita]. Son empresas familiares de médicos.Un médico hace una empresa, y es lógico. Siempre dijeron éste es socio, elotro es socio y bueh….648 [Mirando fijo] Yo te haré juicio porque no puedenescribir barbaridades y si las publicás como injuriosas, te haré juicio, como alque denuncie o diga algo sin pruebas lo demandaré. Si ponen algo que meacuse de un hecho delictivo lo demandaré”.

¿Hubo causas judiciales en su contra en Rafaela por la supuesta cooptacióndel sistema sanitario a través de las gerenciadoras intermediarias con elPAMI?

Apreme649 era una sociedad que se tramitó en el Congreso y en el Senado. Seaprobó porque no había nada raro. Todavía siguen con lo mismo y ya pasaron15 años.

¿No tiene ningún tipo de vínculo empresarial con ellos?

Yo voy a Rafaela y los veo. Con Casabella, vamos a tomar un café y dicen:

son socios. No puedo salir a desmentir todo el tiempo, son chismes. Ellos yatienen hijos, nietos y siguen con lo mismo. Mis hijos trabajan en Rafaela.

¿Por qué cree que los identifican como sus testaferros?

Son chismes sin sustento. Fui investigado por la Afip, por Ricardo Echegaray,la Side y el kirchnerismo durante los doce años de gobierno y no encontraronnada ilegal en mi patrimonio. Toda una estructura estatal investigándome y noencontraron nada. Cuando denuncié a Echegaray…. [Frena e inmediatamentese retracta al darse cuenta del equívoco… como si se hubiera tratado de unacto fallido]. Cuando Federico Pinedo denunció a Echegaray por supuestoabuso de autoridad al perseguirme, me presenté en la causa con toda ladocumentación y se aclaró todo. No hay nada fuera de la ley.

¿Tiene vinculación con algunas de estas empresas: Alfarma SRL [Autorizadapor ANMAT para licitar y comercializar de manera inter jurisdiccional en lasdiferentes provincias del país, remedios de todo tipo y especialidadesmedicinales]; metalúrgica Clorindo Appo SRL; Aguas y Procesos SRL [lacompañía más grande de América Latina, proveedora de máquinas de ósmosisinversas y tratamiento del agua]? ¿Posee inversiones en constructoras, hoteleso en otros rubros?

No, nada que ver. Yo no estoy vinculado a esas empresas. El que lo sostengaque presente las pruebas.

¿Tiene hoteles de su propiedad? ¿Algunos en Salta?

¿Quién dice eso? [Se ríe y se levanta de la silla para volver a acomodarse,visiblemente nervioso. con la cabeza agachada… sin mirarme a los ojos…].Hace mil años que no voy a Salta…650

¿Es dueño de tierras en zonas de desmontes ilegales en la provincia de Salta?

¿Qué tierras de desmontes? [se mostró descolocado con la pregunta].

Científicos, ONG, organizaciones internacionales, entre otros, aseguran quehubo reuniones y acuerdos entre usted y Urtubey por la causa Dino Salas,litigio que se tramitó en la Corte por los desmontes ilegales avalados por el

gobernador Juan Manuel Urtubey.

Pero nosotros fallamos en contra de Urtubey en esa causa.

Sí, la primera vez, pero no la segunda. En esta —casi tres años más tarde—,se declaran incompetentes y la devolvieron a la Corte de Salta donde estádurmiendo el sueño de los justos…, olvidada.

Pero tomamos esa medida porque nosotros no somos competentes, y lefallamos en contra a Urtubey. Es absurdo lo que me dice. Le devolvimos lacausa porque son asuntos de jurisdicción provincial.

ONG, grupos ambientalistas y organizaciones de pueblos originariosdenunciaron un supuesto acuerdo con Urtubey para favorecerlo.

Cada sentencia pasa por todos los ministros. Yo no soy el único que firmó.Aquí había que haber hablado con todos los ministros. Es absurdo lo que estándiciendo. Yo no soy el dueño de la Corte completa. ¿Cómo van a decir que laCorte completa hizo un acuerdo con Urtubey? Estaban todos los ministros,Fayt, Petracchi… ¿Van a hacer un acuerdo con Urtubey? Es absurdo. Quefirmen lo que digan.

¿Tiene algo que ver con la empresa petroquímica, Nitratos Austin? Tiene sedeen Rafaela desde 1993 y se instaló en la ciudad de El Galpón, en la provinciade Salta en 2013. Es una petroquímica que fabrica pólvora y que losambientalistas denunciaron por contaminación ambiental.

No tengo ni idea de lo que es Nitratos Austin. Me imagino que el que denunciatendrá pruebas. ¿Por qué no harán la denuncia?

¿Tiene propiedades y cuentas en el exterior no declaradas? En su primeradeclaración jurada usted detalló que antes de asumir en la Corte, cuando aúnera abogado litigante, tenía cuentas en Estados Unidos y empresas enArgentina.

Sí.

¿Respecto del nombramiento de su esposa, Mara Perren, en el juzgado federal

de Rafaela [prosecretario administrativa],651 qué puede decir?

Sí [rostro inmóvil, pero evidenciando sorpresa].

¿También nombró a una cuñada suya, Ana Marcela Perren?

Sí… [Titubeó].

¿Su hijo Pablo trabaja en el Banco Nación sucursal Rafaela?

Sí. No saldré a desmentir nada de esto, porque siempre escriben lo mismo.Mis hijos trabajan en Rafaela. Pablo es abogado de los sanatorios. Tampocohay tantos clientes en Rafaela, es una ciudad muy chica. ¿De quién seríaabogado? Es absurdo eso.

Se refiere —según su relato— a la Asociación de Clínicas y Sanatorios delDepartamento Castellanos, ACE, en alusión al empresario Carlos Tita y a lossocios de las gerenciadoras que asesoró, entre ellas Apreme SRL. Lorenzettiestaba exaltado. Se lo notaba molesto ante las preguntas, pero continuó en elmismo tono fastidioso.

Hasta ese momento no le había preguntado sobre la vinculación de su hijoPablo como asesor letrado de los médicos, sobre todo Carlos Tita y laAsociación de Clínicas y Sanatorios del departamento Castellanos. Pero él seadelantó a la pregunta y respondió solo, como si adivinara lo que pensaba.

Hay preocupación y malestar en diversos sectores políticos porque la Corte nopresenta las declaraciones juradas…

Están presentadas. [La contestación fue rotunda y se lo notaba disgustado antela entrevista].

Los críticos y la Coalición Cívica dicen que el sistema implementado por laCorte para acceder a las declaraciones juradas no solo no funciona, sino quees contrario a la Ley de Ética Pública y omite la obligación de publicarlasonline. En otras palabras, ustedes obstaculizarían el acceso a la información.

Mire, a mí me denunciaron por enriquecimiento ilícito este año (en referenciaa la denuncia que impulsó la diputada Carrió a principios de 2016). Yo pedí

todas las pruebas. Presenté las mías al juez, el fiscal hizo toda la investigacióny me sobreseyó. Lo mismo el juez. La citaron a Carrió y le explicaron que nohabía razones para imputarme. La sentencia de sobreseimiento está firme. Nohubo delito. Cómo van a salir a decir otra cosa… Hay que tener un poco deseriedad... Hay que respetar a la gente. No se puede decir cualquier cosa.

No queda claro por qué los ministros de la Corte evitan presentar lasdeclaraciones juradas como hace el resto de los funcionarios públicos.

Hoy que vengan a decir que hay cosas ocultas cuando me investigó el aparatomás grande que hubo en la Argentina, me persiguieron, y encima se fueronellos [en referencia a los ex presidentes Néstor Kirchner y CristinaFernández]. Vino Carrió e hizo de todo. Fue a Estados Unidos a buscar sitengo departamentos y demás. La verdad, que vuelvan ahora a decir que tengoalgo ilegal, me parece una barbaridad. No es bueno, no puede ser fundado encosas irreales. No puede ser que cualquiera diga cualquier cosa.

¿Está todo su patrimonio justificado?

Si, está la sentencia de enriquecimiento ilícito. La Justicia determinó queestaba justificado el dinero. No hay nada ilegal allí… Yo lo que no entiendo esesto de querer embarrar la imagen cuando no hay nada. No es serio. No puedeser que se digan barbaridades de mí. Me hicieron de todo, agraviaron a mishijos, a mi padre, a mi madre. Me hicieron denuncias de todo tipo.

¿Por qué cree que lo denuncian?

Lo que quisiera es que, si hay una imputación respecto a un hecho delictivo,tiene que tener una base. Me ha denunciado todo el mundo. Y es por laspresiones. Este [en alusión a la Corte] es un lugar de presiones. Las presionesque recibimos acá fueron tremendas. Hicieron de todo. Que venga alguno adecir sin fundamento. Yo tengo que hacer respetar a mi familia porque laverdad estoy cansado ya. Hace doce años que todos los años es lo mismo.

Hay denuncias por supuestas irregularidades que apuntan contra usted en estosdoce años en la Corte y sobre todo, durante sus cuatro presidenciasconsecutivas.

Si hubo una denuncia de enriquecimiento ilícito yo me presentévoluntariamente, facilité todas las declaraciones juradas desde que ingresé ala Corte. Desde el Senado hasta ahora. Las revisaron todas, pidieroninformes… ¡Qué sé yo! Hicieron el dictamen y resulta que ahora no sirve paranada y cualquiera que se cruce por ahí dice cualquier cosa.

Políticos de diferentes partidos coinciden en que tendría que ser la OficinaAnticorrupción la que fiscalizara a los jueces de la Corte. Sin embargo,ustedes se habrían arrogado facultades legislativas y determinaron ser elórgano de control de sus propias declaraciones juradas.

Eso es política. Cuando Cristina Kirchner hizo esa ley, y determinó quepasemos todo a la Oficina Anticorrupción, lo hizo porque la manejaban ellos yquerían presionarnos con eso. La Corte lo enfrentó y dijo no. Nosotrosrespetamos la independencia del Poder Judicial. En ese momento LauraAlonso [ahora titular de la Oficina Anticorrupción del gobierno de MauricioMacri] dijo que sí y ahora dice lo contrario.

¿Qué opina el resto de sus colegas?

Cuando Carrió presentó la nota en la que pedía las declaraciones juradas detodos los ministros, lo discutimos entre los ministros y contestaron todos ellos,menos yo. El tema es que todos hablan de mí y aquí somos varios, firmarontodos. Los nuevos jueces, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, también lohicieron y dijeron: miren, legalmente no es así.

Pareciera que firmaron para avalarlo a usted. O sea, que firmaron, pero que noestán de acuerdo. La versión es que están todos cubriéndolo a usted que es elúnico que no quiere presentar la declaración jurada.

Yo soy el más investigado de todos, mis declaraciones juradas las tienen,desde hace años, Carrió y compañía. Y están en el expediente. ¿Cómo van adecir eso?

¿Además usted cree que Rosenkrantz o Rosatti me van a cubrir a mí? No sonchicos, es absurdo. No puede ser todo versión y escribir cualquier cosa.Tenemos que vivir en una sociedad más civilizada, con códigos de conducta yvalores. Esto de que todos los ministros de la Corte me obedecen a mí o me

cubren a mí es absurdo.

Pero usted preside la Corte desde hace diez años. ¿No es parte de susfunciones dar explicaciones y aguantar presiones?

Sí, claro.

¿Por qué cree que Rosatti presentó su declaración jurada y el resto no lo hizo?

¿Qué quisieron plantear en esa Resolución 2449 del 6 de septiembre de 2016?652

No, es que no es cierto. Él mismo lo desmintió, porque no presentó una nuevadeclaración jurada, se trataba de la que había presentado para la postulación.

En mayo tienen que presentar otra.

Sí, como todos.

¿Qué le contestaron a Carrió?

No es cierto lo de Rosatti, que quede claro. Incluso la redacción de la nota enrespuesta a Carrió no la hice yo. Mis declaraciones juradas están, las tienetodo el mundo. Mis declaraciones juradas son las más conocidas del país. ¡Siacabamos de cerrar un juicio de enriquecimiento ilícito hace cuatro meses!

Ellos dicen que ustedes las presentan, pero al secretario general deAdministración de la Corte, Daniel Marchi, que sería su ladero… No, no esmi ladero. [Interrumpe]. Es secretario de la Corte.

Me refiero al administrador Marchi.

En mi caso, todas mis declaraciones juradas están presentadas en el tribunal yCarrió, y toda su gente, tuvo acceso a todas. Están allí, en el expediente.

Insisto, ellos sostienen que ustedes no cumplen con la ley, no las publicitanonline y que la Corte se convirtió en el órgano de control de sí mismo cuandodebería haber sido la Oficina Anticorrupción.

Bueno, ese es un tema de discusión. No es una opinión mía, es una opinión detodo el Poder Judicial, que no puede depender del Ejecutivo. Y lo mismopiensa el Ministerio de Justicia, y lo mismo piensa el presidente Macri[Mauricio].

¿Pero no deberían ser controlados por un órgano externo, como lo dice la ley?

Esto de Carrió es una cosa más de política, pero nosotros, y todo el mundoconoce mis declaraciones, cómo me va a decir que no las conocen. Noconocerán la de Rosenkrantz. La mía sí. El mismo Echegaray me hizo unadenuncia pública, después la tuvo que desmentir. Yo debo ser el tipo másinvestigado del país. Cómo van a decir que tengo cosas ocultas. Es absurdo.Los hechos deben ser objetivos. No puede ser que se guíen por chismes. Hesido el hombre más investigado del país.

Entre los cuestionamientos figura el de su intermediación ante medios decomunicación como el diario La Nación, Perfil,653 Clarín654 y otros quetuvieron o tienen causas en la Corte. ¿Usted condicionó la línea editorial delos medios, los censuró? ¿Es decir, usted influyó directa o indirectamente paraque no se publicara alguna nota, o bien pidió que “resguarden su figura” comolo hizo saber su vocera en varias oportunidades, a cambio de resultados en eltribunal e incluso de información?

En cuanto a la libertad de expresión tuve siempre una política abierta a laprensa.

Me han criticado muchísimos periodistas y nunca hablé o intermedié pornadie, al contrario. Hay una conducta de diez o doce años que no se puedeignorar.

¿Respecto del Comité Federal de Inversiones, estructura financiera por la quese lo cuestiona por contradecir la letra constitucional, incluso hubo unadenuncia de la diputada Paula Oliveto Lago?

Sí, pero nosotros no tenemos nada que ver, no lo entienden. Nosotros no somosel Comité de Inversiones. El Comité de Inversiones lo integran los consejerosdel Consejo de la Magistratura. No tenemos nada que ver en eso.655 Dicencosas que no son, y qué vamos a hacer, ¿Vamos a salir a desmentir? Hasta el

Consejo de la Magistratura, fíjese que está publicado, contestó que el Consejode Inversión no es la Corte. Es una administración separada de ellos. No tengonada que ver. Ni una sola licitación hacemos nosotros que no sean de acá.¿Cómo puede ser que sigan con operaciones de desgaste, como si quisierandeteriorar una institución? Porque además dicen “la Corte de Lorenzetti”. ¿Austed se le ocurre que yo lo iba a convencer de algo a Fayt, por ejemplo?

El señalamiento es en su condición de presidente de la Corte, el encargado debuscar consenso entre los ministros, entre otras facultades y prerrogativascomo cabeza del Poder Judicial.

El otro día me preguntaron si yo lo había hecho renunciar a Fayt. ¿A usted leparece que yo podría haberlo hecho renunciar a Fayt con la personalidad quetiene? [al momento de la entrevista estaba vivo].

Eso sostiene la familia de él.656

La decisión de Fayt la tomó su médico.

¿Entonces fue el médico el que dijo basta?

Nosotros lo protegimos y respaldamos lo más que pudimos y presentó surenuncia.

Lo que quería es que terminara el mandato Kirchner. Y la presentó al díasiguiente.

¿Cómo le vamos a decir a Fayt una cosa así? ¿Cómo íbamos a convencerlo denada, un tipo de una personalidad fuerte? No se lo puede convencer de nada.Me parece todo tan poco serio.

¿Usted fue militante peronista, desde la época universitaria, de la JP ligada aMontoneros? ¿En noviembre del 76 los militares lo buscaron en su casa enSanta Fe, donde vivía con otros amigos y lo salvó su amigo Horacio Calciati?

Me hace preguntas de hace tantos años atrás… [Se toma la cabeza, la inclinahacia atrás, se acomoda en el sillón y puedo percibir que se emociona… hayunos minutos de silencio y continúa]. Fueron tantos, tantos años atrás…, pero

sí, así fue. Siempre fui perseguido.

Respecto de la causa de la coparticipación, Macri ganó las eleccionespresidenciales el domingo 22 de noviembre de 2015 y dos días después, laCorte resolvió el caso de coparticipación que llevaba diez años bajo estudio.¿Fue su intención y/o la de la Corte marcarle el terreno a Macri y mandarle elmensaje al Ejecutivo: mire el poder lo tiene la Corte?

No fue así. No, no. Bueno… yo me tengo que ir, seguimos otro día, pero meparece injusto que se haga un libro con chismes cuando en realidad está tododocumentado.

Instantáneamente Lorenzetti se levantó como un resorte de su silla y empezó ladespedida.

Al salir de su despacho recuperé mi celular de manos de Sofía, su secretaria ycuando creí que ya no volvería a verlo al juez, abrió la puerta de su despachoy me preguntó dónde estaba viviendo… si en Buenos Aires o en otro lugar.

“Aquí en Buenos Aires, le contesté… luchándola…”. Se quedó absorto con lacontestación, pero me sonrió y quedamos en volver a vernos y mantener líneadirecta. Quedé a su disposición por si quería ampliar o contestar otraspreguntas.

647. Miguel Nathan Licht, secretario letrado de máximo tribunal en laSecretaría 7, se presentaba como representante de la Dirección de RelacionesInstitucionales. Su intervención fue para desanimarme del proyecto. En uno delos llamados me preguntó cuánto dinero cobraría por el libro. En otrosmensajes vía WhatsApp me dijo “el número uno quiere verte”. “Lorenzetti esun hombre poderoso, tené cuidado …”. “Deberías comerte el sapo. A veces enla vida hay que comerse los sapos. Además, sos un simple peón”. Prueba detodo ello en mi poder como de la intervención de otros operadores.

648. Capítulo 2 y Capítulo 11.

649. Capítulo 2.

650. Capítulo 10.

651. Mara Beatriz Perren, prosecretario administrativo, Legajo Número27.120.

652. Resolución 2449/16 de fecha 6 de septiembre de 2016 – Expediente2953/16 por la que los ministros de la Corte, Elena Highton de Nolasco, JuanCarlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo LuisLorenzetti ratifican el reglamento “constitucionalmente apropiada del régimennormativo vigente” y que, por ende, toda petición deberá adecuarse alprocedimiento aprobado por el tribunal en relación a la Acordada 9/ 2014.

653. Capítulo 8.

654. Capítulo 7.

655. Capítulo 4.

656. Capítulo 1. La esposa del ex ministro de la Corte Carlos Fayt aclaró que“Carlos Fayt nunca presentó su renuncia”, en alusión a que habría sidoobligado a suscribirla por el presidente de la Corte, Ricardo Luis Lorenzetti.En la misma línea informó el ex secretario letrado del doctor Fayt, PabloHirschman.

AgradecimientosA la valentía y confianza de Silvia Itkin; al profesionalismo y contención

del editor Diego Igal, quien me acompañó en este proyecto. A todos losfuncionarios judiciales que colaboraron con documentación y sus testimonios.A Carmen De Carlos, por su infinita generosidad y cariño. A la amistad yafecto que me brindó el doctor Carlos Fayt y su esposa Margarita Escribano.A la memoria de Carmen Argibay y su familia. A Mariano Confalonieri, aAdrián Yoris por el “siga, siga” y a Julián Miraglia Lago. A Milton Merlo, porsu respaldo y amistad, A Hernán Giardini, a Lucas Seghezzo, a Andrew Leake,a Ana Laura Álvarez. Al doctor Armando Policella y la licenciada NoelinaAbad quienes fueron indispensables para concretar éste propósito. A los queme abrieron las puertas de sus casas y se animaron a hablar en la ciudad deRafaela: médicos, periodistas, vecinos, maestras, y a aquellas personas a lasque vi llorar ante la impunidad. Al periodista Carlos Del Frade. A misentrañables amigas, que entre “bombones y bombones” hacen y trabajan poruna justicia mejor y un país sin desigualdades sociales. A todos ellos, mieterno agradecimiento.

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