EL ORDEN CONSERVADORLa política argentina entre 1880 y 1916

Natalio Botana

III - La oligarquía política

La república restrictiva1 (mediatizar y circunscribir el sufragio a unos pocos) tal como proponía Alberdi, no presentaba ningún medio práctico para llevarla a cabo. Era como si Alberdi hubiese apostado a favor de la prudencia de los notables habilitados, en función de su educación, prestigio, poder, etc. para ejercer la libertad política. Sin embargo, Alberdi no se hacía ilusiones con una república armoniosa: confiaba en el valor ordenador de las nuevas instituciones pero al mismo tiempo tenía un razonable pesimismo acerca de la implementación de un orden constitucional.

De todos modos, el acto de seleccionar los medios prácticos para regular las acciones políticas dentro de los límites de la república restrictiva, ya no correspondía al legislador sino el hombre político o de los acuerdos de los individuos y clases que detentaban posiciones de poder y de los que querían ascender a ellas.

Ante una propuesta restrictiva, había que legitimar “con hechos” una estructura de papeles políticos dominantes y una regla de sucesión (quién gobernaría después). Para ello, había que construir una base de dominación efectiva. Esta fórmula operativa cobró verdadera relevancia a partir de los 80 y perduró hasta la reforma política de Roque Sáenz Peña (sufragio secreto, universal, para varones mayores de 18), en 1912. No es fácil entender el principio básico que gobierna esta fórmula pero se puede hipotetizar que Alberdi entabla un diálogo interior en el que su parte de legislador define mediante normas una fórmula prescriptiva y, por otro, su dimensión de sociólogo, observador de la realidad que descubre una fórmula operativa subyacente.

El control de la sucesión

Las observaciones de Alberdi como sociólogo son fruto de una crisis y una experiencia política fallida. En 1879, Alberdi llega a Buenos Aires después de 40 años de ausencia para asumir una banca como diputado nacional, por Tucumán. En el país impera un clima de violencia, teme las consecuencias irreparables que podría acarrear un enfrentamiento armado y adopta una actitud conciliadora entre Roca y Tejedor. Cuando Avellaneda traslada el Congreso a Belgrano, las amarguras de Alberdi como intelectual lo condicionan tanto en lo político, que vota en contra de esta ley de federalización de Buenos Aires que él había alentado como indispensable desde 1859.

En el verano que sigue a los sucesos del 80, Alberdi siente necesidad, como intelectual, de explicar los acontecimientos. Con la adhesión pública de Roca, Alberdi escribe su última obra: La República Argentina consolidada en 1880 con la ciudad de Buenos Aires por Capital. Allí anotó algunas observaciones:

“La causa de todas las crisis de disolución con motivo de las elecciones presidenciales reside en la Constitución actual que estable dos gobiernos nacionales, los únicos dos grandes electores, y los dos únicos candidatos serios, por el poder electoral del que disponen. Por un lado, el gobernador-presidente (se refiere al gobernador de la provincia de Bs. As.) cuya candidatura forzosa es una verdadera reelección; y por otro lado, el presidente cesante, que para asegurar su reelección promueve para sucederle a él, a un subalterno, bajo el pacto de devolverle la presidencia, en el período siguiente”.

1 El régimen de gobierno que se consolidó a partir de 1880 estaba inspirado en las ideas de Juan Bautista Alberdi

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Esto implica que el presidente y el gobernador de Bs. As. son los dos únicos electores y que éste último está subordinado al primero. “No hay más que elecciones oficiales en el país, es decir, nombramientos y promociones que hacen los

gobiernos, de los funcionarios que van continuar en sus funciones. Si los gobiernos fueran uno solo, no cesaría de existir por eso la elección oficial. Ese gobierno único sería su elector y reelector, pero la Argentina no estaría expuesta a dividirse en dos países, en que lo tiene permanentemente la Constitución que le da dos gobiernos nacionales o le divide en dos departamentos los elementos del gobierno nacional que necesita.

En este último texto, se observa un cambio radical para referirse a la república electiva. La combinación de la forma republicana con el principio electivo de gobierno, puede adoptar múltiples traducciones institucionales pero ambos principios imponen una distinción tajante: la república distingue entre la esfera pública y la esfera privada y ambos órdenes de actividad son protegidos por derechos y garantías explícitos. Si la república rechaza la designación burocrática, como medios de elección de sus magistrados más importantes y opta por la elección del pueblo, una segunda distinción se sumará a la primera: la entidad donde reside el poder de designar a los gobernantes, es causa y no efecto de la elección de los magistrados. (ej.: si el pueblo vota a los gobernantes, estos son causa de la elección y no efecto de la misma como cuando se ponen a los sucesores “a dedo”).

El elector tiene una naturaleza política diferente de la del representante; éste último depende del elector, el cual por una delegación que va de abajo hacia arriba, controla al gobernante que él mismo ha elegido. Estos son los argumentos teóricos.

La realidad que se había gestado durante las presidencias anteriores al 80 demuestra lo contrario y convoca al observador a expresar un lenguaje inédito que mantiene las palabras tradicionales con significados opuestos. Habrá siempre electores, poder electoral, elecciones y control pero los electores serán los gobernantes y no los gobernados, el poder electoral estará en los recursos represivos o económicos de los gobiernos y no en el pueblo, las elecciones consistirán en la designación del sucesor por el funcionario saliente y el control lo ejercerá el gobernante sobre el gobernado, antes que el ciudadano sobre su magistrado. Lo que se advierte es una unificación de poderes y de concentración del control nacional, previo a la cuestión de limitar y democratizar el gobierno.

Alberdi establece prioridades: le preocupa alcanzar un gobierno efectivo que centralice la capacidad electoral en toda la nación y no un régimen normal de delegación del poder.

A partir del 80, se ejercerá el control gubernamental que se ejercerá sobre todos los habitantes y a escala nacional. Se trataba de acumular poder.

Si la capacidad electoral se concentra en los cargos gubernamentales, entonces nunca podrán otros que no sean los designados por el funcionario saliente para mantener la estructura de papeles dominantes que no arriesgara a enfrentarse con ningún candidato.

Por lo tanto, según Alberdi, la fórmula operativa del régimen del 80 era una sistema de hegemonía gubernamental que se mantenía gracias al control de la sucesión que es la que mantiene el sistema hegemónico. Por la sucesión se mantiene la estructura institucional de un régimen sin tener en cuenta la trayectoria personal de un gobernante.

Primaron la fuerza y la elección. La elección a cargo del gobernante saliente y la fuerza se concentró en los titulares de los papeles dominantes, que fueron los “grandes electores”.

La hegemonía gubernamental

Los únicos que podían participar en el gobierno eran aquellos habilitados por la riqueza, la educación y el prestigio. A partir del 80, el extraordinario incremento de la riqueza consolidó el poder económico de un grupo social cuyos miembros eran “naturalmente” aptos para gobernar. El poder económico se confundía con el poder político; esta coincidencia originó una

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palabra: oligarquía que desde Platón y Aristóteles significa “corrupción de un principio de gobierno”, la decadencia de los ciudadanos que no servían bien a la polis sino al interés de un solo grupo social.

Para los historiadores, oligarquía puede describir a una categoría social dominante o bien calificar una dimensión económica, como la clase terrateniente empleada por Halperín. Oligarquía puede también derivar su significado de la corrupción histórica de un grupo dirigente que deja de ser representativo durante la crisis de los 90, como señala Grondona. También el término oligarquía puede representar a la clase dominante, unida por un propósito nacional o reflejar el carácter de un grupo de notables cuyo ambiente natural es el club y su método de acción, el acuerdo (Floria).

En la Argentina, el fenómeno oligárquico se componía de tres puntos de vista: era una clase social determinada por su control económico, era un grupo político, en su origen representativo, que se corrompe por diversos motivos; era una clase gobernante con espíritu de cuerpo y con conciencia de pertenecer a un estrato político superior integrada por “notables”.

Los opositores usaban la palabra oligarquía en sentido crítico, para manifestar el rechazo al régimen del 80 y que valoraba los gobiernos anteriores a Roca. La consolidación del régimen político no sólo coincidió con un desarrollo espectacular de los medios productivos sino también con el “consumo ostensible”, es decir, con el consumo notorio, sobre todo en Buenos Aires. Para los que reaccionaban contra este estado de cosas, los gobiernos anteriores a Roca habían tenido moral política, conciencia cívica y estilo sencillo. Los dirigentes parecían representar esos valores. Estos tiempos de vida cívica vigorosa y de partidismo de buena fe, se oponían a lo que pasó después: silencio, clausura y corrupción: en una palabra, oligarquía.

Para desentrañar la dimensión política del fenómeno oligárquico hay que acordar en dos cosas: a) que hay oligarquía cuando un pequeño grupo se apropia de los resortes fundamentales del poder. B) que ese grupo tiene una posición privilegiada en la escala social.

Pero además, la oligarquía puede entenderse como un sistema de hegemonía gubernamental que Alberdi observaba desde antes y después de 1880. Este sistema hegemónico se organizaría sobre las bases de una unificación del poder electoral de los cargos gubernamentales que deberían tener un origen distinto. Esto se manifestó a través de los nombramientos de sucesores por parte del gobierno nacional y por el control de éste sobre el nombramiento de los gobernadores de provincia, los cuales, a su vez, designarían diputados y senadores e integrantes de las legislaturas provinciales. (ver cuadros página 76 de Botana).

En las elecciones y el control, hay un tercer elemento: el por qué y el para qué del control: porque el control permite perdurar a través del tiempo. Las instituciones pueden tener un propósito de control pero también son el punto de arranque de una empresa histórica más complicad y persiste más allá de los cambios. Este doble movimiento de cambio y persistencia está presente en todo proceso de desarrollo institucional.

Pero es preciso tomar conciencia de algunos riesgos teóricos: la hipótesis alberdiana de la sucesión presidencial llevada hasta sus últimas consecuencias podría crear imágenes simplificadoras, según las cuales todos los presidentes fueron designados por su antecesor. Generalizar así sería ingenuo y también sería violentar la historia. Los regímenes políticos oligárquicos se caracterizan por tener actores o tendencias que se enfrentan o se ponen de acuerdo. Resulta bastante claro que los mecanismos de control intraoligárquicos poco tienen que ver con una imagen de designación burocrática, trasladada sin sentido crítico, desde otros contextos históricos, según la cual el de arriba nombra al que le sucede. El camino interpretativo es otro: la oligarquía logró dos cosas: excluir a la oposición considerada peligrosa para el mantenimiento del régimen y cooptar (atraer) a través del acuerdo, a la

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oposición moderada con la que se transaban cargos y candidaturas. Así la oligarquía se sirvió de las instituciones: evitando conflictos y tejiendo alianzas.

Botana defiende la coexistencia de dos fórmulas: la prescriptiva y la operativa, entrelazando Constitución y realidad. La Constitución establecía la modalidad de elección de presidentes y miembros del Senado, consagraba el voto directo en la cámara baja, reforzaba los rasgos unitarios del sistema federativo mediante la intervención federal (sacar al gobernador opositor y poner un interventor en las provincias).

IV - RASGOS INSTITUCIONALES DE UN RÉGIMEN

Electores, gobernadores y senadores

Origen y propósito de las Juntas de Electores:

Entre 1880 y 1910, las sucesiones presidenciales se procesaron a través de Juntas de Electores. Así, Alberdi y los constituyentes de 53, se mantuvieron fieles a las Constitución de los EEUU. El artículo 81 de la Constitución señalaba que para elegir presidente y vice, la Capital y cada una de las provincias nombraban por votación directa, una junta de electores igual al duplo del total de diputados y senadores que enviaban al Congreso, con los mismos requisitos que para la elección de diputados. Estos electores no podían ser ni diputados ni senadores ni empleados del Gobierno Nacional. Cuatro meses antes de que el presidente terminara su mandato, elegían presidente y vice a través de cédulas firmadas (una para decir a quién votaban como presidente y otra, para el vice).

En presencia de las dos Cámaras, los candidatos que obtuvieran la mayor cantidad de votos, serían nombrados inmediatamente presidente y vicepresidente. Y si no hubiera habido mayoría absoluta, el Congreso elegiría entre los dos candidatos. (art. 82 y 83)

La institución de las Juntas Electorales tenía un doble propósito: Por un lado, “mediatizar” el ejercicio de la soberanía popular dándole a un grupo de ciudadanos únicamente, el derecho a elegir. Por el otro, mantener el equilibrio entre Nación y provincias pues si bien los electores serían elegidos del mismo modo que los diputados, debían deliberar y elegir aisladamente en pequeñas juntas que se instalarían en la Capital Federal y en la de cada provincia.

Los constituyentes americanos habían ideado esta institución para dar la menor oportunidad posible al “desorden y al tumulto” donde el aislamiento que tendrían los electores los alejarían de la influencia de aquellos que estuvieran demasiado apegados al presidente en funciones. La característica de esta institución era la autonomía y el elitismo porque se suponía que la libertad para decidir era más fructífera alejada de la demagogia popular. La lógica central de esta idea era que los electores eran “libres de elegir”, no dependían de un mandato imperativo del pueblo para designar a uno u otro candidato y se suponía que los ciudadanos le habían otorgado ese derecho y esa libertad.

Un propósito así está mejor adaptado al ejercicio electoral de una república restrictiva donde son pocos los que participan de la vida política.

En una república restrictiva cobra importancia el sistema de negociaciones, recompensas y sanciones que se establece entre el puñado de “notables” para ejercer la libertad política y una institución como las Juntas era lo que iba mejor. En 30 años, las juntas argentinas perdieron la autonomía que los norteamericanos habían querido asignarle.

Entre 1880 y 1910, el Colegio Electoral estuvo compuesto por entre 200 y 300 electores designados mediante el sistema de lista completa, sin representación de las minorías. En cada distrito, los ciudadanos votaban por una lista de electores y las que obtenían el mayor número

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de votos (no la mayoría) se le asignaba la totalidad de los electores correspondientes. Así, los distritos más grandes, tenían más electores. (Ver cuadro comparativo Botana, pág. 88)

La federalización de la capital, partió el número de electores de Buenos Aires que de 54 pasaron a 36. Los restantes votaban por la Capital Federal. Así Bs. As. no tuvo un peso tan abrumador sobre el resto de las provincias.

En las elecciones de 1898, 1904 y 1910, los bloques de electores comenzaron a distribuirse con otras pautas que se mantendrían. Así Bs. As. duplicó el número de sus electores y marcó una diferencia de 52 electores con provincias como Jujuy y la Rioja.

Algunas pautas de predominio son que Bs. As. detentó un grupo de electores predominante, al que sumó a partir de 1898, la Capital Federal. A partir de 1880, los distritos grandes tuvieron un peso mayor a partir de 1880. Los distritos medianos crecieron en importancia durante las elecciones de 1886 y 1892 pero luego fueron descendiendo, a medida de que creció la participación de los distritos grandes. El conjunto más numeroso de los distritos chicos no superó el 50 %.

La federalización del 80 produjo una redistribución en los bloques de electores que trajo como resultado la composición más equilibrada de las juntas. Esto se prolongó durante dos elecciones. A partir de 1898, Bs. As. retomó y acentuó su predominio. Se podría pensar entonces que quien controlara Bs As y la capital en votos y en electores y adquiriera peso político en Córdoba y Santa Fe tendría la victoria presidencia, sin embargo, el juego de alianzas introduce matices que contradecirán tal afirmación.

El comportamiento de las Juntas Electorales

Desde 1880, se observa cada vez mayor unanimidad de los bloques electorales que se suponía, tendrían que discutir y estar divididos. De allí que Roca obtenga el 69 % de los electores en 1880 y 85 %, en 1898 (segunda presidencia). Se nota una ausencia de oposiciones efectivas ya que una coalición de provincias, invariablemente, dieron su apoyo a la fórmula que ganó. Esta coalición estaba integrada por: Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero. (La pregunta es si habían hecho acuerdos anteriormente). El comportamiento de la coalición conformó un núcleo oficialista que pudieron controlar a las provincias rebeldes que manifestaron su voluntad opositora: Mendoza, Entre Ríos, Corrientes (se opusieron en alguna que otra votación) Tucumán, Capital Federal y Buenos Aires (se opusieron permanentemente).

A diferencia de lo ocurrido con las provincias de apoyo permanente en la que todos los electores votaban igual, las provincias de oposición no siempre se opusieron con la totalidad de sus electores. Ya que las provincias de la coalición no llegaban a la mayoría de votos, se hacía necesario atraer algunos votos de los electores de las provincias rebeldes.

Las juntas electorales tenían un propósito de control que se relacionaba con negociaciones que tenían lugar fuera de su recinto. Pero la particularidad del método electoral otorgaba a las provincias y a los gobernadores, un peso político que no se puede desconocer ya que protagonizaban el momento decisivo en el que se jugaba el papel presidencial.

El Senado Nacional

Era un lugar de encuentro entre el poder nacional y el provincial. En un primer punto de vista, constituía un recinto adecuado para preservar la igualdad de los estados intervinientes en el pacto federal, cualquiera fuera su dimensión de territorio o población, para evitar una república unitaria.

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Pero si se analiza profundamente, en un segundo punto de vista, se observa que el Senado estaba pensado como un medio de comunicación para nacionalizar a los gobernantes locales ya que si los estados colaboraban en la formación del gobierno federal, éste tendría autoridad respetada sobre ellos.

Un tercer punto de vista plantea que el Senado era visto como un original sistema de control, al servicio de una élite, amparada por la edad y la distancia electoral sobre tumultuosas multitud. Se creía que era un cuerpo tranquilo y respetable de ciudadanos que evitaba el “golpe” que el propio pueblo podía tramar contra sí mismo. Éste último punto sería el que tuviera mayor importancia porque el Senado también daba respuesta a dos cuestiones decisivas que estaban presentes en un régimen republicano con división de poderes. A) Había que establecer un cuerpo que controlara a funcionarios del gobierno y al presidente. B) Esta cuestión tenía que ver con la dificultad de la naturaleza misma del régimen presidencial. Una de las diferencias más notables entre este régimen y el parlamentario era la confusión que existe entre el Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno, problema que podía observarse en las monarquías europeas del siglo XIX. En estas, el jefe del Estado era el rey y el Parlamento votaba al Jefe de Gobierno, a través de un acuerdo con la corona. La lógica del régimen parlamentario hacía que el gobierno dependiera del Parlamento que podía derrocarlo cuando cesaba la confianza de la mayoría, pero también la corono podía disolver al Parlamento si lo consideraba necesario o estratégico, haciendo un nuevo llamado a elecciones. El Jefe de Estado no estaba solo en esto, lo acompañaban el Jefe de Gobierno y sus ministros, como representantes del pueblo. ¿Pero qué se hacía si el jefe de Estado concluía en su cargo y se ubicaba en el gobierno a un jefe electo? Aquí había dos caminos: o se hacía como en Francia, donde el papel de primer magistrado desaparecía ya que presidía pero no gobernaba y quienes gobernaban era un gabinete responsable ante el Parlamento o se elegía el régimen presidencial, aunque había que ver cómo lograr la representación popular.

En el régimen presidencial, la fragmentación de la soberanía que proponía el sistema federal se combinaba con una rígida separación de poderes en la que el presidente no podía disolver el Congreso ni éste podía derrocar al presidente y a su gabinete.

Cuando el predominio presidencial era fuerte, como en el caso argentino, ¿era más seguro un presidente solo que no tenía primer ministro ni gabinete responsable? La fórmula alberdiana salvaba esta dificultad: el presidente era elegido por una junta; los senadores, también y el origen de ambos (edad y elección indirecta) los hacía aptos para integrar una corporación conservadora.

De ahí, que el Senado era un verdadero Consejo Ejecutivo dotado de atribuciones para ejercer control sobre el nivel judicial, el religioso, y los niveles más altos del sistema burocrático. El presidente necesitaba el acuerdo del Senado para nombrar a los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores, para designar o remover ministros, para elegir las cabezas del ejército, para proponer obispos, etc. Las relaciones entre los gobernadores y el Senado

La elección de sucesores en el gobierno, por parte del presidente saliente o de una corporación muestra el estilo propio de ésta, amparada por el secreto.

Algunos historiadores sostienen que en la oligarquización existía una dependencia absoluta de los gobernadores (Rivarola), que había pactos secretos en los que el presidente, junto a otros actores, nombraba a los gobernadores de provincia y se ponía de acuerdo en la sucesión del mandato presidencial. Rivarola era unitario y decía en una República Unitaria, así debía ser y que el Presidente nombraría a los gobernadores públicamente y no en secreto, como se había hecho hasta el momento, en la oligarquización.

Matienzo, el otro historiador, era más federalista y hablaba de autonomía provincial. Explicaba que los gobernadores hacían y deshacían cargos locales en sus provincias. Como

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remedio a la oligarquización, recomendaba volver a la Constitución del 53 que otorgaba al Senado el poder de juzgar políticamente a los gobernadores.

Después de la federalización del 80, se entablan nuevas relaciones entre presidentes y gobernadores. El gobernador ejercía el control electoral sobre el personal político de su provincia: designaba legisladores provinciales y nacionales, se reservaba para sí mismo una banca en el Senado, confeccionaba con empeño la lista de electores para Presidente y vice. Pero esta influencia se hacía bajo el amparo presidencial, es decir, el Presidente apoyaba al gobernador. Esto explica el intercambio de protecciones entre Nación y Provincias ya que sin el apoyo de los gobernadores, el presidente perdía autoridad pero sin el resguardo del poder presidencial, los gobernadores no podían mandar en sus respectivas provincias.

A partir de la reforma constitucional de 1860, los gobernadores tenían poder de veto en la elección presidencial. A partir de los 80, el gobernador perdió estatura política y empezó a actuar como “agente del presidente”. Para muchos gobernadores, la gobernación era el primer paso para llegar luego, a los ámbitos de poder nacionales: la presidencia de la Nación, el Gabinete nacional o ambas cámaras legislativas, aunque sólo dos llegaron a la presidencia (Juárez Celman y Figueroa Alcorta que llegó por el atajo de la vicepresidencia).

El Senado fue pensado como una institución conservadora y su composición entre 1880 y 1916, confirmó este propósito por dos razones: a) porque acogía a un número importante de expresidentes B) porque acogía a los gobernadores salientes quien desde este ámbito, velaba por los intereses de su provincia.

El Senado era una institución que agrupaba a los que habían concentrado el poder en la provincia y que, luego, volcaban esa capacidad de control y experiencia en el ámbito nacional.

El Senado comunicaba oligarquías, las hacía partícipes en el manejo de los asuntos nacionales y las cobijaba con la garantía de un mandato extenso y renovable. Allí convivía un grupo de notables. El mandato duraba nueve años y una reelección los llevaba a 18. Una tercera, a 24 años en ejercicio del poder senatorial. Así quedaba garantizada la duración y la permanencia. (“Guárdame esa banca, yo te reservo esta gobernación, después cambiamos”).

Este cuadro de estabilidad en los puestos, se trastocó por una serie de conflictos que se dieron en el poder político nacional y las provincias. Regresó entonces un instrumento de control que duró con bastante fuerza: la intervención federal.

CAPÍTULO VEl sistema federal

Alberdi proponía una solución federativa para insertar a las provincias en un sistema nacional de decisiones políticas. Sabía que el federalismo tenía una concepción política que intentaba llevar a la práctica una división pluralista de la soberanía entre un poder central y un conjunto de unidades geográficas locales. Esta intención presenta al federalismo como un compromiso entre dos grupos de valores y de intereses que podían entrar en conflicto, en cooperación, en autonomía o en subordinación.

Los federalistas querían saber qué medida de centralización de las decisiones residiría en un órgano central supremo. Existían varias precisiones:

El federalismo expresaba los vínculos más o menos estables entre unidades políticas independientes o bien mostraba una organización interna que se desarrollaba dentro de las fronteras del Estado. La Confederación de Estados merecía una atención particular puesto que este embrión de

federalismo estaba marcado por la precariedad: o la Confederación evolucionaba hacia formas más centradas de la organización federal interna (como ocurría en EEUU) o afrontaba el riesgo de su disolución.

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El contraste entre Confederación y Estado Federal pone en discusión una segunda precisión: el uso abusivo de la palabra “federal” creaba confusión y empantanaba al observador en un lenguaje que no distinguía entre un procedimiento diplomático (con decisiones en el mediano plazo de un órgano federativo) y un método derivado del poder político en un estado soberano (con decisiones inmediatas sobre un territorio que obligaban a los habitantes que allí vivían).

El límite trazado por la Confederación y el Estado Federal provenía de un principio de legitimidad más profundo que el portaba cada unidad federada: debía preexistir o emerger de un vínculo nacional, un pueblo y un territorio común a todas ellas que fuera objeto y sujeto de las decisiones. Cuando este proceso constitutivo se ponía en marcha, la capacidad para adoptar decisiones se reforzaba con medios coercitivos para hacerlas efectivas.

Estas situaciones planteaban el viejo interrogante alberdiano: ¿Cómo resolver la coexistencia efectiva de dos poderes (dualismo): el nacional y el local?

La intervención federal

¿Cómo se fracturó el dualismo federal a partir de 1880? Alberdi otorgaba a la Confederación, el deber de garantizar a las provincias de un régimen republicano, la integridad de su territorio, su soberanía y su paz interior. Después introducía el concepto de Intervención federal, donde planteaba que la Confederación podía intervenir sin requisición un territorio, sólo para restablecer el orden perturbado por la sedición (rebelión, alzamiento).

Hay que tener en cuenta dos términos: requisición y sedición. En la Constitución estas palabras dieron lugar a confusión ya que plantea que la Confederación puede intervenir una provincia con requisición o sin ella, para restablecer el orden público perturbado por la sedición o para atender a la seguridad nacional amenazada por ataque o peligro exterior. Esto añade otra causa de intervención: el ataque exterior y dos formas: con o sin requisición.

Buenos Aires se opuso a esta reforma, en 1860, en particular, porque Sarmiento quería que la Constitución fuera fiel a la de EEUU, de la que se estaba apartando con esos añadidos. Sarmiento no entendía la intervención si no era requerida por el gobernador o la legislatura provincial. La Convención de Bs As propuso una redacción que finalmente fue aceptada: “El gobierno federal interviene la provincia para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores y a requisición de sus autoridades, para sostenerlas o restablecerlas, si hubieran sido depuestas por la sedición o por la invasión de otra provincia.” (Art. 6)

La nueva redacción dejaba a salvo el peligro que atormentaba a Sarmiento: sólo debía intervenirse una provincia, previa requisición de las autoridades constituidas. Pero la primera parte del artículo, dejaba abierta una interpretación que podría utilizar el poder político nacional que era quien podría decidir en qué circunstancias correspondería “garantir” y, por otra parte, el gobierno federal era ese garante, aunque también el poder legislativo podría tomar parte en esa decisión. Así, tanto el Congreso por ley o el Ejecutivo por decreto, podrían intervenir una provincia. El poder dominante lo tenía el poder central y había que prepararse para la discreción como para la arbitrariedad del poder de turno.

Varios observadores escribieron sobre la realidad argentina. Uno de ellos, Posada, español, comparó a la Argentina con el sistema federal antidualista de Alemania, que se centraba en torno de un poder unificador y hegemónico. “Un Estado Federal requiere cierto equilibrio de fuerzas que si se rompe ha de ser como lo hace Prusia con Alemania y no en el grado en lo hace la Capital Buenos Aires”. Esto demostraba que Buenos Aires, que había sido prenda de conquista para el interior, ahora era quien tenía el control sobre el resto del país.

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Joaquín V. González hacía una implacable crítica sobre la intervención federal. “No se recurre a ella, con un fin constitucional (…) En la actualidad, se ha convertido en un recurso de unificación electoral de los grandes resortes efectivos, localizados en los gobiernos.” Gobernantes y observadores veían en la intervención federal acciones y decisiones que desnaturalizaban un régimen que sólo podía recurrir a ella, en casos excepcionales. Hay que ver en qué medida, la excepción se transformó, con el tiempo, en un hábito ordinario al servicio del poder central.

La práctica de la intervención

1854-1880: período de guerra interna entre Buenos Aires y la Confederación y por tres presidencias que marcaron una provincia hegemónica: Bs. As. La aplicación de la intervención corrió paralela a los conflictos armados ya que cubría con un manto jurídico la marcha de los ejércitos que buscaban imponer su concepción del orden y la integridad nacional. En 26 años, el Poder Ejecutivo decretó 35 intervenciones y el Congreso Nacional sancionó por ley, la misma medida sólo en 5 oportunidades. Todos los presidentes tuvieron que enfrentar el fantasma de la guerra sobre sus gobiernos por eso, la intervención fue la justificación del deseo de constituir la unidad política.

A partir de 1880, la intervención federal representará un papel diferente, seguirá como instrumento de control pero, a la vez, obrará con más parsimonia y servirá para que los gobiernos controlaran las oposiciones emergentes dentro y fuera del régimen institucional. Por un lado, la lucha para fundar una unidad política; por otro, para conservar un régimen. Aquí el Congreso tuvo más participación: 25 intervenciones. El ejecutivo, 15. Desde Roca hasta V. de la Plaza, todos los presidentes, sin excepción, hicieron uso de la intervención federal aunque con variaciones. La intensidad de las intervenciones subió con Carlos Pellegrini y Luis Sáenz Peña, que fue quien más intervenciones realizó. Es que en estos años se dio la crisis de 1890 que finalizó entre el 94-95. (ver cuadro pág. 128, Botana).

Trece de las 14 provincias fueron intervenidas, por lo menos, en alguna oportunidad. Salta fue la única que no lo fue ni una vez. Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, La Rioja y Tucumán fueron intervenidas dos o tres veces. Entre cuatro y seis veces: Buenos Aires, Santiago del Estero, Corrientes, Catamarca y San Luis. El origen de las intervenciones es claro: sobrevinieron cuando hubo alguna situación de conflicto ante la cual el Gobierno Federal mostró su influencia y poder para apoyar a las autoridades constituidas, o bien a las oposiciones emergentes.

La iniciativa de la intervención surge de dos ámbitos precisos: por una parte, la provincia que reclama la intervención y por la otra, el gobierno federal que interviene de oficio, es decir, sin que lo requieran. En ocasiones, una provincia fue intervenida con pretextos o se alentó movimientos opositores para intervenirla (presidencia de Figueroa Alcorta).

Las intervenciones a partir de 1880 tuvieron tres tipos de consecuencias: apoyaron a las autoridades constituidas, favorecieron a los grupos opositores comprometidos en el conflicto e instalaron nuevas autoridades a propósito de un conflicto en donde la intervención no satisfizo al gobierno provincial ni a los adversarios que lo combatían. En el primer caso, el gobierno actuó inspirado por un criterio conservador: apoyó o repuso a los gobernantes en ejercicio; en el segundo, tomó parte de un conflicto a favor de quienes se opusieron a las autoridades provinciales; en el tercero, buscó la distancia de un arbitraje.

Cuando hubo requerimiento, la mayoría de las intervenciones apoyaron a las autoridades constituidas; cuando, en cambio, el gobierno federal intervino de oficio se invirtió la relación con una diferencia mucho más acentuada: 14 intervenciones sin requerimiento que prestaron apoyo, directo o indirecto, a los grupos opositores contra 4 que apoyaron a las autoridades constituidas.

Muchas veces, los gobernadores enfrentaron a la oposición y ésta podía alcanzar la victoria con el apoyo del Gobierno Federal y a través de la intervención de la provincia. Era una acción del

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poder político para lograr el control, sancionar a los gobernadores díscolos y promover nuevas alianzas y, además, para asegurar la circulación de los notables de provincias en el gobierno local.

Las experiencias intervencionistas mostraban un centro que emitía decisiones imperativas hacia una pluralidad de puntos localizados en la periferia. Ese centro representaba el poder nacional y estaba en Buenos Aires. Por lo general, los presidentes evitaron la intervención por decreto y no obraron solos. Cinco ministros-secretarios tendrían a su cargo el despacho de negocios de la nación y la reforma de 1898, elevó esa cantidad a 8. Estos legalizaban los actos del presidente.

Buenos Aires en el Gabinete Nacional

El carácter del mundo republicano de este período suponía centralización y predominio del ejecutivo sobre un espacio federativo y el orden global quebraba, a través de la intervención, el equilibrio que recomendaba la teoría del dualismo federal. Así se ponía en marcha un sistema de control que transformaba la ciudad donde residía el ejecutivo, poniéndola por sobre las demás. Esta ciudad hegemónica (Buenos Aires, a partir de 1880, y la provincia donde estaba instalada) se contraponía contra el orden federal y creaba un desequilibrio. La Capital y la provincia compartían intereses políticos, económicos y sociales.

El núcleo decisivo del poder político era el presidente y su gabinete. De los 9 presidentes que hubo entre 1880 y 1916, cuatro fueron bonaerenses (nacidos en capital o provincia): Pellegrini, Luis Sáenz Peña, Quintana y Roque Sáenz Peña. 5 del interior: Roca, Suárez Celman, Uriburu, Figueroa Alcorta y Victorino de la Plaza. Esto indica un predominio del interior, si además sumamos los 12 años de Roca (recordar que los mandatos duraban 6 años).

De los 105 miembros de gabinete que hubo en el período, 52 fueron bonaerenses, el resto del interior. A primera vista pareciera haber un equilibrio pero hay que hacer precisiones:

Todas las provincias estuvieron representadas en los gabinetes nacionales, con excepción de Jujuy y Santiago del Estero. Salta fue la que tuvo más ministros. Esto es importante si recordamos que Salta fue la única provincia no intervenida. ¿Estabilidad oligárquica del sistema político salteño que siempre apoyó al gobierno nacional y que además acarreó recursos para él, en las figuras de 2 presidentes y once ministros?

Algunos datos sugieren la participación porcentual de los ministros por rama de ministerio, de acuerdo con su origen. Su porcentaje más alto de participación fue en el ministerio del Interior, luego, en el de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Buenos Aires se destacó en el de Relaciones exteriores y en Obras públicas. El interior para el interior y Buenos Aires, para el extranjero. Y justamente, el Interior, fue el que tuvo mayor injerencia en las intervenciones federales. La región hegemónica producía la clase gobernante; la provincia sufría los efectos del dominio capitalino. Buenos Aires fue intervenida en varias oportunidades y vista como distrito de oposición repetida frente a las candidaturas presidenciales (que ella originaba); de la misma manera, el Interior se plegaba al imperio intervencionista que gestaba un ministerio con hombres del interior. A partir de los 90, cuando Pellegrini llegó a la presidencia, Buenos Aires trepó vigorosamente y alcanzó su pico más alto con Luis Sáenz Peña. Ambos presidentes fue los que más intervenciones propiciaron. Con Uriburu, repuntó el interior. En resumen, a mayor preponderancia de Buenos Aires, más intervenciones y viceversa.

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El voto en Buenos Aires antes de 1912- Paula Alonso.

HIPOTESIS: el desarrollo político de la ciudad fue mas gradual de lo que generalmente se había asumido con respecto a la ley electoral de 1912. Esta no generó cambios tan drásticos como los dichos por varios historiadores.

La reforma electoral de 1912: Convirtió el ya existente voto universal en secreto y obligatorio para todos los varones argentinos mayores de 18años. Marcó la entrada de la Argentina a un sistema de democracia moderna.

El texto viene a cuestionar las interpretaciones mas corrientes de la vida electoral de Buenos Aires y de su desarrollo político a través de la indagación sobre algunos aspectos de las elecciones de la pre- reforma y de quienes participaron en ellas.

Es necesario remarcar que dadas las profundas diferencias existentes entre Buenos Aires y el resto del país, las conclusiones que pueden obtenerse sobre las elecciones en la Capital Federal no pueden extenderse mas allá de sus limites geográficos.

Un comienzo precoz

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires de 1821 estableció el voto universal masculino a aquellos hombres mayores de 20 años. Al menos tres otras también lo establecieron en los años veinte pero para pronto abandonarlo y sustituirlo por el sufragio calificado (la practica mas corriente por entonces).

Cuando llego el momento de organización institucional del país, en la Constitución Nacional de 1853 nada se hizo con respecto al sufragio. No se especifico quienes estaban habilitados para votar. La regulación del voto y del sistema electoral le fue delegada al Congreso de la Nación.

Para ese entonces, el principio de sufragio universal gozaba ya de una larga historia en la Provincia de Buenos Aires, por lo que se acordó que el resto del país se acogería a este principio para las elecciones nacionales. Por lo tanto, para uniformar los criterios bajo el principio de sufragio, las provincias debieron adaptar sus constituciones y su legislación eliminando toda restricción al voto para las elecciones nacionales independientes que por lo general mantenían barreras de alfabetización, profesión y/o renta para ejercer el voto en las elecciones provinciales.

Entre 1862 y 1930 las elecciones nacionales se llevaron a cabo cumpliendo el calendario electoral establecido por la Constitución nacional, de acuerdo con las regulaciones establecidas en sucesivas leyes electorales nacionales y bajo un sistema de sufragio universal masculino.

El sufragio universal fue adoptado en la Argentina en un periodo comparativamente temprano a su organización institucional. Es por ello que el voto nunca se convirtió en una fuente de conflicto entre las fuerzas políticas en pugna ni de debate dentro del Congreso, es decir, nunca se cuestiono sobre la universalidad del voto masculino. Las discusiones se concentraron en otros aspectos como: la lista completa o el voto por circunscripción, la obligatoriedad del voto o si este debería ser secreto.

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Esto no significaba, sin embargo, que hubiera una aceptación unánime sobre los beneficios del sufragio universal. Algunas voces aisladas se juntaban para protestar contra el libre acceso a las urnas en una nación nueva y poco desarrollada. Por lo tanto, nunca recibieron mayor apoyo político y nunca fueron introducidas.

Si bien el sufragio fue adoptado en una etapa temprana en la Argentina, el electorado no mostró mucho entusiasmo por ir a las urnas. En las primeras elecciones que tuvieron lugar en Buenos Aires en 1821 solo votaron 328 hombres de un total de 60.000 habitantes.

Explicaciones de historiadores sobre el alto nivel de abstención: La indiferencia política de la población La corrupción en las practicas electorales La hegemonía entre 1880 y 1916 del PAN.

Estas fueron una de las principales preocupación a resolver con la reforma electoral de 1912. Convertir el voto en obligatorio y secreto y adoptar el sistema de lista incompleta tenia como objetivo aumentar el numero de votantes incrementando al mismo tiempo el interés de la población en la vida política, poner fin a la corrupción electoral y promover la representación en el Congreso de los partidos políticos de oposición.

Hasta 1912 las elecciones eran simplemente un ejercicio de represión y manipulación de la elite. Las elecciones de la pre- reforma, han sido generalmente consideradas como uno de los muchos mecanismos empleados por la oligarquía para mantener las riendas del poder en sus manos por mas de tres (3) décadas.

Es por eso, que la reforma de 1912 es vista como una analogía a la adopción del sufragio universal en otros países con larga tradición de voto restringido, como el arribo de la Argentina a un sistema democrático.

En 1912 las cifras de votantes se triplicaron de la noche a la mañana y, por primera vez, los partidos políticos se vieron ante la necesidad de implementar estrategias de seducción de los votantes en reemplazo de los viejos trucos de corrupción y manipulación.

Los votantes porteños

Las elecciones anteriores a 1912 no consistían en la competencia entre partidos políticos por el voto de los ciudadanos.

Diferentes interpretaciones sobre quien se cree que votaban durante la pre- reforma:

Las interpretaciones mas tradicionales han argumentado que hasta 1912 el derecho al voto era ejercido exclusivamente por los miembros de la elite quienes lograron a través de la represión y el fraude mantener a las emergentes fuerzas sociales (clase media) alejadas de las urnas. Para ellas, la reforma de 1912 significo la expansión del voto desde arriba hacia abajo de la pirámide social.

En análisis mas recientes para la ciudad de Buenos Aires entre 1850 y 1880, en cambio, se ha argumentado que los votantes estaban compuestos por los segmentos

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menos calificados de la población (peones, jornaleros, trabajadores del ferrocarril, etc.) quienes durante la jornada electoral eran conducidos a las urnas por las facciones políticas. Es por eso que para estos análisis, la reforma de 1912 no significo la expansión del electorado de arriba hacia abajo, sino la creación misma del ciudadano ya que anteriormente los sectores mas privilegiados se habían mantenido alejados de las urnas.

Sin embargo, si bien entre 1850 y 1860 el electorado estaba compuesto por los sectores marginales de la población, para 1890 la situación mostraba fuertes cambios. En los años noventa, el electorado no estaba restringido a los miembros de la elite ni tampoco estaba pura o mayormente conformado por los trabajadores menos calificados de la sociedad. Por contrario, los análisis muestran que todos los sectores de la población se inscribían para votar. Mientras que los sectores medios representaban el 45 y el 42 % del electorado, los sectores altos componían un 13%. Mas aun, el 92,5% del electorado sabia leer y escribir, un porcentaje alto teniendo en cuenta los niveles de alfabetización de la época.

Otro argumento para descalificar las elecciones pre-democráticas, además de las características de los votantes, era la de sus números.

o Figura 1: votantes porteños desde 1890 a 1910.

Si bien los votantes porteños comprendían una minoría, la tendencia hacia el crecimiento registrada desde 1895 es sostenida. El numero de votantes creía aceleradamente en una ciudad cuya población crecía a un fuerte ritmo.

Sin embargo, al analizar las elecciones nacionales de la ciudad de Buenos Aires, hay que excluir a su grupo mayoritario de habitantes: LOS INMIGRANTES. Durante las seis décadas posteriores a 1869, los inmigrantes comprendían entre dos y tres tercios del total de la población adulta y solo podían participar en elecciones nacionales luego de adoptar la ciudadanía argentina, una opción elegida por muy pocos. Es por eso que entre el 50 y 70% de la población adulta estaba inhabilitada para votar. Hay que tener en cuenta que de la población de habitantes, solo podían votar hombres argentinos entre 17 y 18 años. Por lo tanto, al ver esta relación entre el numero de votantes y el electorado, se puede ver que lo dicho anteriormente sobre la poca cantidad de gente que votaba era en cierta medida debido al alto nivel de inmigrantes.

En estas circunstancias, aunque los ritmos de crecimiento del electorado aumentaron desde una base pequeña, el electorado porteño desplegó altos niveles de crecimiento durante 1887 y 1895. El electorado porteño componía un segmento en fuerte crecimiento dentro de una población total también en crecimiento acelerado.

Por lo tanto es indudable que el impacto de 1912 en la movilización de votantes, si bien es importante ha sido exagerado. En contrariedad con lo argumentado por Darío Cantón (el numero de votantes en 1912 supero la triplicación), las cifras se duplicaron pero no ciertamente sobrepasaron la triplicación. En otras palabras, el impacto de 1912 fue menos dramático de lo que se había supuesto.

Rasgos de la cultura política de la ciudad de Buenos Aires de la pre-reforma.

Falencia se han tomado anécdotas de fraude y violencia de los años de 1860 y 1870 para representar debilidades que tenia la ciudad de Buenos Aires entre los periodos de organización nacional y la reforma de 1912. Además cifras aisladas de números de

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votantes han sido presentadas como representativas de la participación electoral de todo el periodo.

Al ignorar los cambios que tuvieron lugar durante las décadas precedentes a la reforma de 1912 se ha exagerado el impacto de reforma, no solo en la expansión en el numero de votantes, sino también en el desarrollo político del país.

En los periodos entre la organización nacional y 1912 hubieron ciertos cambios a nivel político, social y económico que no se toman en cuenta:1. Las practicas electorales cambiaron gradualmente a lo largo de los años. 2. Su población también experimento un rápido desarrollo en su nivel de vida (menos analfabetizacion, ploriferación de periódicos y diarios, etc.)3. Rápido crecimiento de la población y el desarrollo económico estimulo la expansión de un mercado interno y de los servicios públicos. 4. Los sectores medios aumentaron

Por lo tanto, se puede decir que, mientras entre 1860 y 1870 los votantes de Buenos Aires pertenecían a los sectores menos calificados de la sociedad, para los años 1890 casi el total del electorado era alfabeto y estaba compuesto por todos los sectores socio-económicos de la población.

Así mismo, tres aspectos interrelacionados tuvieron efectos significativos en la vida electoral: 1. El crecimiento de nuevos partidos políticos2. Los cambios en la organización partidaria3. Las transformaciones en el ejercicio del voto.

1860- 1870

Durante los años 1860 y 1870 dos partidos políticos competían en las elecciones. Eran conocidos por sus jefes quienes ejercían completo control en las decisiones sobre la estrategia partidaria, sobre la nomina de candidatos del partido y sobre la campaña electoral misma.

La campaña tenia 3 instancias:1. Banquete donde el jefe lanzaba su propia candidatura2. Formación de clubs partidarios. Eran de naturaleza transitoria y se formaban unos días antes de cada elección. También cada partido político tenia su propio periódico el cual se encargaba de infligir los ataques hacia la oposición y de difundir el programa partidario el cual era marcadamente similar al de los otros partidos3. El jefe partidario enunciaba un fervoroso discurso y la lista de candidatos era leída ante una audiencia.

Durante los años 1860 y 1870 las elecciones fueron generalmente un asunto violento. Los comercios y teatros mantenían sus puertas cerradas varios días antes de la fecha a la elección. Ese mismo día, los votantes estaban armados de puñal o revolver y eran custodiados hacia las urnas por los miembros de los clubs partidarios. Generalmente todo terminaba en tiros y muertes.

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Como dijimos antes, la población electoral activa entre estos años era la compuesto por los sectores socioeconómicos mas bajos y la mayoría de la población era extranjera.

1890

Surgieron cambios significativos:1. Los partidos se modernizaron y adoptaron el sistema de comités y convenciones. Los comités eran diferentes que los viejos clubs. Había tantos comités como distritos, sus autoridades eran elegidas y su organización era permanente. Sus reuniones eran publicitadas. 2. Los miembros tenían que promover la causa partidaria para aumentar la lista de afiliados en cada distrito3. Los lideres partidarios ofrecían discursos, la organización de bailes o la invitación a asados gratuitos. 4. Los preparativos para las campañas electorales tenían lugar generalmente 2 o 3 meses antes del día electoral. (el Partido Socialista incluso se tomaba 6 meses)5. Los presidentes de los comités tenían control sobre los distritos electorales. Esto invistió a estos jefes partidarios locales con un alto grado de poder sobre su distrito electoral, un poder cada vez mas difícil de controlar para las autoridades del partido y que estas intentaron limitar cuando se percibió fuera de control. 6. El día electoral había dejado de despertar temores de antaño

Dado este análisis podemos ver que: El acceso al voto no estaba restringido a la elite, como había insistido la historiogafia tradicional ni a los marginados sociales, como apuntan los estudios para el periodo de organización nacional. Para los años noventa, los registros electorales reflejan una variada composición social de un electorado casi completamente alfabeto Las características de la década de 1890 no difieren marcadamente de las del electorado de 1918. El impacto inmigratorio de la cuidad de Buenos Aires había hecho sombra sobre el rápido crecimiento de la población nativa y la de su electorado. Sin embargo, una de las características mas notables es que el electorado experimento un alto ritmo de crecimiento. El aumento de participación electoral no solo fue por cambios sociales y económicos sino también a transformaciones en la cultura política. Surgieron nuevos partidos políticos, nuevas formas de organización y la pacificación de las practicas electorales proveyó a la población una serie de incentivos para acudir a elecciones.

Entre 1898 y 1910 el Partido Radical se abstuvo a las elecciones. Una vez aprobada la ley de 1912 el partido retorno a la competencia electoral ganando las primeras elecciones que se disputaron en Buenos Aires luego de la reforma y repitiendo el triunfo en las elecciones de 1916. A pesar de que el partido político se abstuvo a las elecciones durante la primer década del siglo XX, el numero de votantes creció aceleradamente en estos años.

EN LA PRIMAVERA DE LA HISTORIA

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EL DISCURSO POLÍTICO DEL ROQUISMO DE LA DÉCADA DEL 80 A TRAVÉS DE SU PRENSA.

Paula Alonso

En 1880, Julio A. Roca asumió la presidencia luego de haber vencido (tanto en elecciones como en la guerra) a Carlos Tejedor, el gobernador de Bs. As. Roca iniciaría su organización a través del Partido Autonomista Nacional que predominaría durante 30 años, en la Argentina. Esta etapa arranca con el gobierno de Roca (1880-1886) y termina con la victoria electoral de la Unión Cívica Radical, en 1916. En este período hay grandes cambios en las ideas, la economía, las transformaciones sociales y la política. Roquismo inició su campaña pública para diseñar una imagen de cambio, progreso y grandes destinos. Su principal arma fue su propio periódico: La Tribuna Nacional (LTN), en la década del 80, y rebautizado Tribuna, en el 91. Era el encargado de “instruir” al público y donde se explicaba qué valores debían defenderse.Su objetivo era la reconstrucción ideológica, entendiéndose por ideología una vaga asociación de ideas destinadas a generar apoyo y, en algunos casos, a generar acción.

La prensa política y la prensa roquista

Los diarios políticos eran el medio principal a través del cual cada partido lanzaba sus ideas, combatía al adversario y se defendía de los ataques de la oposición.

La prensa política estaba compuesta por un pequeño número de la enorme cantidad de periódicos que había en Buenos Aires. La prensa política se concentraba en Capital Federal por varias razones: Buenos Aires (ahora Capital) tenía una larga tradición de liderazgo político y, además, tenía la mayor concentración de población alfabeta. Por otra parte, allí se asentaban los partidos políticos porteños y las autoridades nacionales. De todas maneras, la prensa impresa allí se distribuía por las provincias.

Los requisitos para formar parte de la minoritaria prensa porteña eran: Ser actor importante en el mundo político nacional.El diario estaba atado al partido que le había

dado origen. Durante las décadas del 80 y del 90, aparecieron las revistas científicas y les había robado lectores a

los grandes diarios. Mientras el diario de antes apuntaba a satisfacer la inteligencia, el diario moderno apuntaba a satisfacer la curiosidad.

Las grandes personalidades del país seguían escribiendo algunas columnas y el autor podía mantener el anonimato. Contribuir en las columnas de los diarios daba prestigio para la vida pública.

Los diarios más prestigiosos eran: La Prensa (fundada en 1869 por José C. Paz) y La Nación (de Bartolomé Mitre. Creado en 1862)

Los ejemplares de la más pura prensa política eran: La Tribuna Nacional, Sud-América, la Unión, El Nacional, El Argentino, El tiempo, la Nación. Estos diarios eran portavoces de una causa estaban destinadas a difundir las opiniones de la organización a la que representaban. Excepto la Prensa y La Nación, ninguno tenía corresponsales en el exterior o tenía un buen servicio telegráfico internacional. Después de todo, estos eran órganos de difusión de argumentos y no de eventos.

El contenido de los periódicos estaba destinado a la opinión de los hombres públicos (seguidores y opositores) y no al público en general. (Exceptuando las épocas de elecciones, en las que trataban de los apoyaran los indecisos.)

El PAN usaba el periódico para la difusión de sus ideas, ya que ni a Roca ni a Juárez Celman les gustaban los discursos públicos o los actos partidarios. El diario reemplazó, en su totalidad, el dircurso oral. La UCR, en cambio, alternaba ambos discursos: oral y escrito.

El diario político forjaba la identidad del partido y unía las distintas perspectivas de sus componentes en una sola voz, además, ofrecía a los partidarios un lugar de reunión en el que socializar, debatir ideas, escribir y estar al día con los chimentos y rumores. Pero cumplía también funciones más significativas: a) los periódicos creaban sus propias versiones de la historia, del presente y del futuro, adaptándolas a los objetivos partidarios. B) La escritura, el chimento, el

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anuncio de reuniones en el diario, “republicanizaba” a la política, convirtiéndola en una cosa más pública y menos privada.

El estilo irónico, discutidor y agudo que se usaba dificultaba retractarse cuando se hacían cambios y esto requería una transformación del discurso.

El papel de LTN (La Tribuna Nacional) dentro del espectro de la vida política: Era un periódico nuevo lanzado en octubre de 1880, unos días después de la asunción presidencial de Roca.

Estaba destinado al séquito roquista. Si bien, el periódico era la voz del gobierno oficial, argumentaba que no lo era y que era un diario

independiente. Sin embargo, era Roca quien daba las directivas generales al periódico y lo apoyaba económicamente. Tanto él como sus ministros escribían en sus columnas, a veces en forma anónima y otras veces pública.

Esta imagen que el diario había creado de sí mismo (como periódico autónomo, igual a los demás) le daba ciertas ventajas al gobierno nacional: a) éste no se hacía responsable del contenido del diario ni del tono de su lenguaje. B) LTN ofrecía a los miembros del gobierno un espacio donde defender sus políticas y un arma con que salvar al gobierno del desprestigio.

El periódico, era el arma de batalla del gobierno. La función del diario era lograr que un pueblo ágil para la movilización revolucionaria aceptase

mansamente al gobierno roquista. Esto era fundamental porque se trataba de terminar con viejos hábitos del pasado.

EL PAN, EL PROGRESO Y LA POLÍTICA

El mensaje más inmediato que la LTN quería difundir era que Argentina había entrado en una nueva era.

Lo que marcaba la novedad, según LTN, era la llegada del progreso que había arribado junto a Roca, en 1880, y que era para toda la Argentina. Se trataba de un progreso nunca antes visto pero que no era fruto de la casualidad: la federalización de Bs. As., la extensión de las vías de los ferrocarriles, la construcción de fuentes y caminos, el crédito, los inmigrantes, etc. lo habían hecho posible. Y todo esto, llevaba al progreso moral del pueblo.

El diario difundía que la paz había reemplazado a las viejas costumbres y que gobernadores, senadores y diputados, eran elegidos sin violencia ni coacción.

El discurso del PAN era el del pensamiento liberal: para el liberalismo, el desarrollo material se basa en la iniciativa privada, florece con la libre empresa y fomenta en los hombres las cualidades del orden, el cálculo del riesgo, la constancia y fuerza de voluntad que se requieren para llevar adelante una empresa. El progreso material se funde así con el progreso moral y el desarrollo económico se transforma en sinónimo de desarrollo social, que también resulta en otros efectos políticos positivos.

El progreso material es el que lleva al progreso moral y no a la inversa; es a través del desarrollo económico que se construye la civilización. Facilitar las comunicaciones y el transporte, no era para Roca una forma más rápida y barata de transportar productos. Para él era más importante, unir a los pueblos y a los hombres y estrechar la solidaridad, según LTN.

Por lo tanto, el bienestar físico de las poblaciones estimulaba el sentido moral y traía sus beneficios a las instituciones políticas. Por ello, explicaba LTN, los odios habían dado paso a la tolerancia; la violencia, a la paz y la rebeldía, al respeto por la autoridad.

La paz era definida por LTN como el bien más preciado del progreso económico. El desarrollo económico no sólo había traído paz sino también la libertad civil y la libertad política que son fruto de la civilización. La libertad era, para LTN, el orden público basado en la ley.

El periódico explicaba que el progreso perfeccionaba la democracia. Para 1885, la mitad de la población no tenía instrucción elemental. Esta ignorancia, según LTN, explicaba el prestigio del caudillo y la transmisión del poder, por las guerras. “El voto inconsciente de la mayoría ignorante es una amenaza suspendida sobre el destino de los pueblos”. Pero el diario se apresuraba a explicar que no era que el gobierno quisiese reprimir el voto de los iletrados sino que el creía en que el ejercicio hace a la perfección. Pero lo que era indudable, según el diario, era que el gobierno de Roca había comprendido que el mayor

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problema de la democracia argentina era social y económico y que esos obstáculos serían salvados con la inmigración, la extensión de los ferrocarriles y telégrafos y la promoción de la educación.

En el lenguaje del PAN, el orden, la paz y la libertad definen el buen gobierno; el bueno gobierno, la paz y el orden constituyen la libertad; la paz es orden, libertad y buen gobierno, etc. Estos conceptos, como se ve, eran intercambiables porque la raíz común era el desarrollo económico. Las implicaciones de este discurso son significativas:

a) establece una jerarquía entre valores sobre los que el gobierno roquista va a basar su acción.b) Este lenguaje construye la identidad del gobierno y del partido, así como la de la oposición.

LTN insistía en los logros del gobierno se verían mejor si se los comparaba con la situación que se había vivido desde la independencia hasta 1880. El periódico construía una historia nacional tortuosa pero con final feliz: la llegada de Roca. Las guerras de la independencia, los intentos de construcción nacional entre el 53 y el 80 eran el prólogo de la historia argentina que empezaba, justamente, con Roca.

Su objetivo más obvio era resaltar diariamente los logros del gobierno. Pero, además, quería construir un discurso de grandeza y triunfo para la administración roquista y, contrastarlo con el pasado, demuestra la necesidad de basar el gobierno en la legitimidad.

Al narrar su propia historia nacional, LTN manifestaba cumplir con una misión patriótica: enseñarles a todos que debían recordar cómo habían sido las cosas antes y fomentar un sentimiento de pertenencia a la nación que, se sabía, era todavía frágil. Además, este relato roquista de la historia nacional cumplía además la doble función de garantizar la paternidad del PAN como gestador de la nueva era y de crear la identidad del nuevo gobierno, la del partido oficial y la de la oposición. Era Roca quien había conquistado el desierto, había hecho triunfar el sentimiento nacional sobre el localismo porteño, había organizado un partido nacional y había traído el progreso. La Argentina moderna comenzaba en 1880 y el roquismo era el equivalente a los padres fundadores norteamericanos. Todo lo anterior a 1880 era atraso. Gracias al nuevo gobierno se había entrado en la modernidad donde la Constitución no era letra muerta. Esta división abrupta entre pasado y presente daba identidad al gobierno. Se presentaban como una organización nueva y moderna, sin contacto alguno con el pasado.

La narración histórica tenía también un sentido pedagógico: educar a la nueva nación en los valores de la nueva era. Las viejas prácticas políticas eran incompatibles con estas y LTN empezó una campaña para enseñarles a los partidos políticos en qué lugar debían colocarse. Por culpa de los partidos, según LTN, habían surgido las pasiones que frenaron el progreso y llevaron al país a los odios y a las guerras civiles. Para que existiera el progreso, era necesario restringir las pasiones que se originaban en los partidos políticos. De lo contrario, se volvería a la anarquía y al atraso.

LTN decía que los partidos de oposición se equivocaban al acusar al gobierno de abusar el poder y al decir que las agitaciones políticas eran sinónimo de libertad.

El diario también manifestaba que los partidos políticos no podían ser asociaciones permanentes, debían unirse para las elecciones y disolverse después para no convertirse en obstaculizadores del progreso, las buenas ideas y el orden. El sistema de partidos pertenecía al ayer, con sus caudillos y sus dictaduras personales.

El discurso de LTN mantuvo un tono celebratorio en toda la década del 90. Sin embargo, explicaba que aún quedaban tres vicios del pasado:

Los partidos de oposición: constituidos por políticos de otra época que obstaculizaban al PAN. La prensa opositora: un subproducto de los partidos. Las prácticas electorales: llenas de corrupción. La oposición le echaba la culpa al gobierno como si

la corrupción electoral fuese un invento de los 80.

REFLEXIONES E IMPLICANCIAS

Las ideas sostenidas por LTN y el gobierno se mantuvieron durante toda una era. LTN fue el defensor y portavoz de estos principios. Puede afirmarse que el periódico roquista contribuyó enormemente a su propia causa partidaria. El principal objetivo de cada gobierno que quiere disfrutar sin problemas del poder, es lograr la aceptación rutinaria de su pueblo. En este sentido, la contribución de LTN fue exitosa.

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Sin embargo, las constantes alusiones del diario a las “fuerzas subversivas” que querían socavar la nueva era son bastante enigmáticas, en un momento donde la oposición estaba en declive y desorganizada. Las fuerzas subversivas a las que se refiere el roquismo son las prácticas políticas porteñas como las movilizaciones, cosa que el gobierno quería dejar en el pasado.

En la década de los 90, el discurso del roquismo será muy diferente. La UCR sí constituirá la verdadera oposición y se organizará para defender una concepción muy distinta de la política y de los partidos. Argumentarán que el futuro de la república sólo será salvado con la revolución. El PAN dirá que quieren volver a los viejos tiempos, al estado de perpetua agitación política.

Roca y LTN marcaron una división tajante entre quienes querían el progreso (ellos) y lo que querían volver al atraso (oposición), incluso, dentro del propio partido. Los casos más claros fueron los que tuvieron lugar con Juárez Celman, en 1889, y en 1903, con Carlos Pellegrini. Juárez Celman intentó eliminar la maquinaria electoral de Roca. Éste y el diario aguantaron los golpes, en silencio. Por detrás, Roca criticaba a J. Celman en furiosas cartas. LTN siguió apoyando al presidente, hasta que en 1889, se une abiertamente a la oposición cuando J. Celman hace caer indecorosamente al gobernador de Mendoza. Que la oposición promoviera desórdenes era justificable pero que lo hiciera alguien del partido que promovía la paz era, para Roca, imperdonable.

La construcción de una ideología del progreso en la década del 80 en la prensa roquista, delineaba una línea que no podía quebrantarse entre amigos y enemigos del progreso que se aplicó tanto a las filas de la oposición como a las del propio partido, en los 20 años siguientes.

Terratenientes, empresarios industriales y crecimiento industrial en la argentina: los estancieros y el debate sobre el proteccionismo (1890-1914)- Roy Hora

Hay dos grandes vertientes de interpretación sobre la relación entre empresarios rurales e industriales durante el período de expansión agropecuaria de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Una enfatiza el antagonismo entre terratenientes e industriales y otra que subraya la armonía entre estos segmentos.

Los que apoyan la primera dicen que los grandes terratenientes pampeanos demostraron escaso interés, sino hostilidad, hacia el desarrollo de la industria. Los defensores de esta hipótesis encontraron en la falta de raíces del empresariado industrial en la vida argentina un argumento para entender las debilidades del proceso de industrialización. La política económica anterior a la década de 1930 era hostil al desarrollo manufacturero, salvo en aquellos casos que se vinculaban a la exportación de bienes de origen rural. El estado era controlado por los grandes propietarios territoriales que favorecían políticas librecambistas. Las políticas arancelarias tenían por objeto principal el financiamiento del estado y no la protección del sector industrial.

Pero en los 70, se empezó a desafiar esta visión pesimista, ya que se empezó a decir que no habrían existido mayores contradicciones entre expansión agraria y crecimiento industrial. Dentro de esta visión hay dos vertientes: una inspirada por la teoría del bien primario exportable y los desarrollos de la teoría neoclásica (correlación entre el crecimiento de las exportaciones y el desarrollo industrial) y otra tributaria del pensamiento marxista.

Este artículo quiere mostrar la reacción de los propietarios territoriales de la pampa a la emergencia de un clima favorable al desarrollo industrial en las décadas del cambio de siglo. Desde 1880, el sector manufacturero argentino experimentó un crecimiento sostenido, aparecieron las primeras fábricas. La década de 1990 dio lugar a la aparición de un clima pro industrialista. Como dijo Dorfman, estas décadas dieron lugar a luchas entre defensores y detractores del proteccionismo. El artículo toma distancias de las visiones previamente dichas y estudia el debate desde la perspectiva que ofrecen los propietarios rurales. Para los terratenientes, el principal conflicto giraba en torno a las represalias comerciales contra la producción exportable pampeana, incitada por las barreras aduaneras argentinas. Pero los industriales del cambio de siglo no carecían de poder político. Sino que el Partido Autonomista Nacional, la principal fuerza política del país, se

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manifestó a favor del desarrollo manufacturero. Los productores rurales carecieron de la oportunidad y de los estímulos necesarios para desafiar fuerzas políticas de gran poder. Como consecuencia, el conflicto en torno al proteccionismo y el librecambio encontró si principal expresión dentro del partido gobernante. Hacia mediados de la década de 1900 se hizo evidente que la política económica favorecía posiciones intermedias en el conflicto.

La crisis del Noventa: crecimiento industrial y avance del proteccionismo: Desde la década de 1880, el capitalismo argentino experimentó un marcado proceso expansivo. Se consolidó el orden político, ingresaron flujos de capital, inmigrantes, se construyeron puertos, telégrafos y ferrocarriles. La economía argentina crecía a un ritmo febril. Pero la crisis del noventa comenzó en el mercado financiero pero luego afectó a todos los sectores de la economía. No ingresó más capital extranjero. El presidente Pellegrini, con la intención de incrementar el ingreso fiscal y el saldo positivo de la balanza de pagos, elevó las tarifas aduaneras. También se quería diversificar la actividad económica y ampliar el campo de la acción estatal. Él fue un conocido defensor de la industria nacional. La depreciación del peso contribuyó al crecimiento industrial ya que importar valía más caro. A comienzos de la década del 90, la producción industrial creció y contribuyó a modificar el paisaje. Los grandes propietarios rurales mostraron escaso entusiasmo por las transformaciones asociadas al crecimiento industrial. Algunas industrias elaboraban productos primarios destinados a la exportación y otras producían para el mercado doméstico. Dentro de estas estaban las que manufacturaban bienes no transables y las que producían bienes transables. Estas últimas competían con la producción importada y su falta de competitividad hizo que se refugien detrás de las barreras arancelarias. Este sector concitaba los mayores rechazos de los voceros rurales. A los estancieros les preocupaba que las tarifas aduaneras que protegían a estas industrias concitaran represalias contra las exportaciones rurales. Los países extranjeros reaccionarían reduciendo sus compras de bienes pampeanos. El principal mercado para las exportaciones argentinas era Europa Continental. Con la crisis del 90 se produjo una caída en el valor de las compras externas y en este contexto los estancieros comenzaron a protestar contra el proteccionismo. En 1894, Francia elevó los derechos aduaneros sobre el trigo importado y España amenazó con cerrar las fronteras al ingreso de carne salada argentina en caso de que nosotros elevemos los derechos sobre el vino peninsular para proteger nuestra industria vitivinícola. En brasil la producción argentina también era hostilizada. La argentina se encontraba al borde de una guerra de tarifas. Estas inquietudes encontraron ecos en el Congreso Nacional. Los radicales tenían argumentos antiproteccionistas. Decían que la política proteccionista iba a producir perturbación en la ganadería y la agricultura argentina. Se dio impulso a una campaña librecambista que encontró eco en diversos medios de prensa.

Estancieros, políticas y proteccionismo durante el régimen Oligárquico: la Sociedad Rural miro con simpatía la agitación contra el proteccionismo pero permaneció renuente a liderarla. La renuncia de esta a encabezar una fuerza librecambista se dio porque los intereses industrialistas habían alcanzado una gran influencia en el Congreso Nacional y lamentaba que la asociación careciera de los medios necesarios como para imponer su punto de vista. En la década del 90, un clima proteccionista predominaba en el Congreso. Los radicales y mitristas encontraban sus apoyos en el litoral. La movilización popular frente a la protección aduanera siempre resultó extremadamente débil. Esto se explica por el papel desempeñado por el sector industrial en la creación de empleo. La población trabajadora se vio sometida a una marcada tensión entre su papel como consumidora y como productora y este último fue un polo determinante. Las posturas librecambistas tenían escaso apoyo urbano. Las provincias del interior estaban dominadas por el PAN. Los reclamos para proteger industrias locales se escuchaban con más fuerza. Las oligarquías querían asociarse a la prosperidad de la economía de exportación. La mayor parte de las manufactureras modernas estaban en Buenos Aires. Los industriales del litoral explotaban el temor a la desocupación en caso de que la protección aduanera fuese reducida o eliminada. En 1897 Roca había acallado a toda oposición dentro o fuera del autonomismo. El PAN controlaba la totalidad del país político, con excepción

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parcial de BS AS. Roca fue ungido candidato presidencial por el PAN, con un fuerte sabor proteccionista. A fines de 1897, USA aumentó los derechos que afectaban las lanas y los cueros argentinos. En Brasil había nuevos impuestos a la carne argentina. Entonces la sociedad rural dio a conocer un manifiesto que denunciaba el proteccionismo. Provocó gran atención pero los órganos periodísticos se mostraron escépticos sobre las consecuencias prácticas de este pronunciamiento. Los estancieros decían que el proteccionismo estaba lejos de plantearles problemas de una hondura tal que los incitara a la acción.

La tarifa Arancelaria: un espacio de compromiso antes que de conflicto: Hay varias razones que explican por qué los temores que los terratenientes manifestaron hasta fines de los 90 dieron lugar a una evaluación menos hostil. El primero y más importante, se vincula a la gradual atenuación de las amenazas de una guerra de tarifas. Hubo un boom exportador durante los últimos años del siglo XIX. Los nuevos bienes exportados (la carne en especial) se orientaban crecientemente no hacia los mercados protegidos en Europa continental sino hacia la librecambista Gran Bretaña. Las exportaciones argentinas se convirtieron en las más diversificadas de A. Latina. La amenaza de represalias se volvió menos peligrosa. Desaparecido esta amenaza, la protección actuaba como un impuesto al consumo y su peso recaía sobre los miembros más pobres. El sector rural recibía un tratamiento preferencial ya que sus principales insumos importados estaban eximidos o pagaban derechos muy bajos. También sabían que cualquier alternativa para recaudar recursos era más peligrosa. Frers, un estanciero respetado, decía que los impuestos aduaneros eran un mal necesario para financiar los gastos del estado. Por lo que los estancieros eran partidarios de un intercambio más liberal, no del librecambio. Para fines de la década se advirtió con claridad que no existían amenazas a un PAN que estaba fortalecido. Roca se mostró dispuesto a ganarse el apoyo de los propietarios rurales. El otorgó al Dep. de Agricultura rango ministerial. Roca en 1899 se comprometío a no impulsar la política proteccionista. La deferencia de Roca a los grupos terratenientes culminó en la Ley de Convertibilidad de 1899. La moneda argentina fue fijada al oro a un nivel que sobrevaluaba el metalico y estimulaba las exportaciones y las actividades que competian con la producción importada. Esto beneficiaba a los rurales y a los industriales. Los terratenientes se dieron cuenta que el desarrollo industrial no perjudicaba sus intereses y que resultaba inofensivo para la expansión agraria. Los terratenientes tuvieron un cambio de posición. Veían a la industria como un complemento del sector agrario. En la década que precedió la WW1, la industria experimentaba una expansión sin precedentes y el sector rural recobró el dinamismo de la década del 80. La aprobación de una Nueva Ley de Aduana a mediados de 1900 es un claro testimonio del consenso al que se había llegado entre los rurales y los industriales.

Conclusiones: El problema de la falta de un partido industrial se puede replantear. Gran parte de las demandas de la industria encontraban ecos favorables en el PAN. Si una fuerza hubiese resultado necesaria, LA fortaleza del PAN sugiere que no hubiese sido sencillo. La pregunta por la ausencia de un partido económico parece más relevante. Si algo falto eso fue el partido librecambista. Diversos actores reclamaron esto pero hubo dos trabas: los grandes terratenientes siempre fueron consciente de la existencia de partidos políticos de gran fortaleza y de la debilidad de la que llamaban las clases productoras frente a ellos. La vigencia de la nueva ley de aduanas de 1905 solo fue cuestionada cuando Gran Bretaña declinó su sistema de libre intercambio a fines de la década de 1920 y los industriales fueron los que someterían a crítica el papel de los terratenientes en la vida nacional. Ello ofrece un testimonio revelador sobre el fin de la hegemonía de los grandes productores rurales y el cierre de una época de la vida argentina.

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