El informe secreto de Pinochet sobre los crímenes

Mónica González (Ciper)

Una investigación ordenada por el general Augusto Pinochet y realizada entre marzo y abril de 1976 por su ministro de Defensa, general Herman Brady, sobre los “juicios instruidos contra personal del Ejército por abuso de sus funciones” revela episodios desconocidos de la violencia indiscriminada después del Golpe, agrega numerosas víctimas que no aparecen consignadas en el Informe Rettig y demuestra que las autoridades del régimen conocieron los crímenes y sepultaron sus huellas.

En marzo de 1976, Augusto Pinochet ordenó investigar las violaciones a los derechos

humanos cometidas por sus tropas. Así, como suena. El anuncio de la visita de una

delegación de parlamentarios demócratas norteamericanos, la inminente reunión de la

OEA (en junio) en Santiago además de las crecientes condenas a Chile por la violación a

los derechos humanos provocaron la insólita decisión. Ordenó informar y sus

subordinados lo hicieron. En un extenso documento se detallan 93 casos de asesinatos,

violaciones a mujeres y torturas. Lo que devolvieron las fiscalías militares no fue del

agrado del entonces presidente de la Junta Militar. No era presentable. El informe

ordenado por Pinochet desapareció. Nadie más supo de su existencia.

El general lo pidió en cuanto se enteró de la visita a Chile de los congresales

estadounidenses Toby Moffett, George Miller y Tom Harkin. Y peor: los extranjeros pedían

una audiencia con Pinochet para plantearle las graves violaciones a los derechos

humanos que se cometían en Chile. Pinochet estaba frenético. Todavía repercutían los

ecos del reportaje publicado sólo días antes por The New York Times revelando, por

primera vez, las discrepancias en la Junta Militar en torno al poder de Pinochet y de la

DINA, y también frente el conflicto mayor: los plazos para la llamada “normalización” del

país.

General Gustavo Leigh

El influyente diario norteamericano no inventó la crónica. Sus reporteros obtuvieron una

detallada información de lo que ocurrió en la sesión de la Junta Militar del 5 de enero de

1976. Fue el general Gustavo Leigh quien abrió el fuego. Con un tono más agudo que el

habitual en esos días de soterrado conflicto con el presidente de la Junta, le pidió que

levantara el Estado de Sitio y dictara un Acta Constitucional resguardando los derechos

ciudadanos. Pero no se quedó ahí. Hizo una pausa y con voz más alta y enérgica pidió

que el coronel Manuel Contreras fuera sacado de la dirección de la DINA. Mendoza, como

era su costumbre, calló y agachó la vista. Y Pinochet, rojo de ira, optó por la salida más

conveniente: dio por terminada la sesión. La prensa nacional nada informó.

En esos precisos días la batalla entre la DINA y la DIFA (Dirección de Inteligencia de la

Fuerza Aérea) se había agudizado. Con despliegue de armas los hombres de ambas

reparticiones se disputaban en las calles su botín de guerra: los prisioneros que más tarde

figurarían en la nómina de detenidos desaparecidos. Y en ese preciso mes de marzo,

Contreras iniciaba su plan más ambicioso.

En la tranquila calle Doctor Charlin (N° 1475) de Providencia, la DINA instalaba un cuartel

tan secreto como sus cárceles. Desde allí se estructuraría el sistema de financiamiento de

los batallones de la “Operación Cóndor”, el plan de coordinación con los servicios de

Seguridad de las otras dictaduras del Cono Sur. En ese mismo mes de marzo, el general

Jorge Rafael Videla asumía como jefe de la dictadura en Argentina. Días más tarde,

Contreras se haría ungir en escritura pública –con la firma del Ministro de Economía y del

director ejecutivo de la Corfo– como presidente de la Pesquera Chile. Más de 30

empresas y millones de dólares del presupuesto nacional –que salían en partidas

secretas– alimentarían el terrorismo internacional.

Pinochet no estaba dispuesto a ceder poder ni a licenciar a Manuel Contreras. Tampoco

podía desafiar a los parlamentarios estadounidenses y menos a los delegados a la crucial

reunión de la OEA que se desarrollaría en Santiago. Ambas cosas más la delación interna

de los crímenes podían hacerle perder los 25 millones de dólares que el FMI acababa de

otorgarle y los 150 millones más que le anunciaba el BID.

Por eso uno de sus más estrechos aliados, el general Raúl Benavides, ministro del

Interior, organizó un inusual y sorprendente “acto de desagravio” a su jefe. El 27 de enero

de 1976 ocho mil soldados desfilaron desafiando la “afrenta del enemigo”. Toda una

parafernalia destinada a demostrar a los “dubitativos” del régimen la férrea unidad en

torno a su único conductor: Pinochet.

Pero la única guerra que libraba los hombres de Pinochet era contra chilenos. Mientras

algunos se envolvían en una burbuja disfrutando con la Unión Española como único líder

del fútbol local y repletaban los cines para conmoverse con los sufrimientos de Papillón,

en esas precisas horas, decenas de ciudadanos yacían torturados y moribundos en las

cárceles secretas de la DINA. Lo que se vivía en muchos sectores del país eran los

efectos de un Ejército de ocupación.

9 de marzo de 1976. Ese día Pinochet le envió un oficio “secreto” –ver facsímil– a su

ministro de Defensa, general Herman Brady, pidiéndole con extrema premura “una

información completa de las Fiscalías, Consejos de Guerra y/o Juzgados Institucionales”

con los procesos instruidos contra militares “frente a denuncias hechas por particulares

por posibles infracciones a los artículos 150 del Código Penal o 330 del de Justicia Militar,

según corresponda; o con arreglo a lo prevenido en la legislación general del país y en

especial en el artículo 1° del Decreto Ley N°1.009 del 8 de mayo de 1975”.

Bajo el enunciado “numerosas personalidades han solicitado audiencia al Presidente de la

República para plantearle entre otras materias, sus inquietudes sobre la aplicación

práctica en la protección a los derechos humanos”, se pidió un resumen con ítems

precisos de causas cuyo desglose pudiera ser usado por Pinochet para mostrar frente a

los demócratas de Estados Unidos los castigos ejemplarizadores que el Ejército había

llevado a cabo en todo el país para controlar todo abuso de poder.

De su puño y letra, Pinochet tarjó –en otro documento, un borrador– que la información

era requerida frente a la “próxima visita de tres congresales de la Cámara de

Representantes de los Estados Unidos”. Lo cambió por “necesidad de conocer estado de

procesos e investigaciones a funcionarios que se han propasado en sus atribuciones”.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Gustavo Álvarez, debió transmitir la urgencia

de Pinochet a Brady.

Brady le respondió a Pinochet el 30 de abril. El enunciado del escrito –rotulado también

como “SECRETO”– señalaba los verdaderos objetivos del informe: “Remite antecedentes

solicitados por el Presidente de la República y otros solicitados por la Delegación de Chile

ante la Conferencia de la O.E.A.”

La comisión chilena ante la OEA había pedido información acerca de cinco casos,

además de estadísticas. Entre ellos figuraban el baleo de la doctora Sheila Cassidy y la

muerte de Dagoberto Pérez.

El contenido de la investigación desarrollada por el Ejército –que entrega información y

detalla el contenido de 93 procesos en la Justicia Militar– llegó a las manos del general

Pinochet. Leerlo es casi como leer los informes de un Ejército de ocupación que comete

todo tipo de tropelías sin límite: asesinatos, torturas, robos, desaparecidos y violaciones a

niñas de sólo 12 ó 14 años.

La mayoría de las víctimas del informe no se encuentran incluidas en el documento oficial

de la Comisión Rettig. También, en las nóminas de Brady aparecen ciudadanos “N.N.”

que fueron ejecutados y cuya desaparición nunca fue denunciada.

La lista de Brady contiene el detalle de 93 juicios que la Justicia Militar tuvo en sus manos

por crímenes cometidos por uniformados y que en su amplia mayoría terminaron sin

condena. Un informe que fue sepultado en el escritorio de Pinochet un día de abril de

1976.

Muerto por abrir la puerta. De entre las causas por “homicidio” que informa el

Juzgado Militar de Santiago a Brady, varias merecen ser transcritas.

General Herman Brady durante su juramento

Bajo el ROL N °502-73 se encuentra el proceso iniciado el 24 de octubre de 1973: “El 23

de octubre de 1973, alrededor de las 23.15 horas, Miguel Estol Mery fue muerto en el

interior de su domicilio ubicado en Avenida Manquehue Sur N° 600, por una ráfaga de

fusil SIG que lo alcanzó en la región mamaria superior externa derecha y en el flanco

derecho del abdomen. El autor de los disparos fue el cabo Víctor Muñoz, integrante de

una patrulla compuesta por personal de la Academia Politécnica Militar, la que, en

cumplimiento de órdenes superiores, ubicaba en ese domicilio a Miguel Estol hijo, quien

días antes había tenido un altercado con un subteniente de esa unidad. El señor Estol, al

sentir ruidos en el exterior, salió afuera y al ver a los militares se paralogizó y regresó

corriendo al interior de su casa siendo impactado por el citado cabo en los momentos en

que trataba de cerrar la puerta de su morada”.

La denuncia fue presentada por el abogado Álvaro Larraín. El dictamen de la justicia:

condena a 5 años y un día por el delito de violencia innecesaria causando la muerte. Pero

la sentencia definitiva fue otra: “Absuelve por no haber convicción de haberse cometido un

hecho delictivo”. Dictamen aprobado por el comandante en jefe de la II División de

Ejército.

Miguel Estol no figura en el Informe Rettig.

La marihuana mata. Tampoco figura en el Informe Rettig el caso de Orlando

Zambrano Sepúlveda, muerto de un disparo el 28 de abril de 1974 a manos de una

patrulla del Regimiento Buin, cuando –según la misma investigación que registra el

parte–, se encontraba en calle Muñoz Gamero esquina de Andrés Olivar, a las 15:30

horas, en compañía de otros nueve jóvenes.

El parte que consigna el juicio ROL N°474-74 dice: “A esa hora una llamada telefónica al

Regimiento Buin, denunció que un grupo de más de 10 personas se hallaba fumando

marihuana” en la mencionada esquina. El joven Zambrano falleció en la persecución.

El caso fue sobreseído. La justicia militar dictaminó que el hecho no era constitutivo de

delito.

Arrancando el cuero cabelludo. Hay escenas de salvajismo. El 3 de abril de 1974,

se inició una investigación (ROL N°514-74) a partir de un parte enviado por la 5ª

Comisaría de Carabineros el 25 de marzo de ese año. Los policías habían encontrado en

un sitio eriazo de Américo Vespucio Norte esquina Recoleta los cuerpos sin vida de Jorge

Sandoval Astorga y Carlos Estay Miranda.

El parte policial es conciso pero aterrador: “El día anterior, los sujetos habían sido

interceptados en General Gamboa esquina Cardenal Caro por una patrulla de soldados

que viajaban en un bus E.T.C. quienes les cortaron el pelo y arrancaron el cuero

cabelludo al fallecido Estay”.

La denuncia se centró –formalmente– contra una patrulla de la Fuerza Aérea y fue

sobreseída temporalmente “por no haber indicios para acusar de autor a determinada

persona”. El sobreseimiento fue confirmado más tarde. Ninguno de los dos asesinados

figura en el Informe Rettig como víctimas de violencia.

Cantar era delito. Otra de las

víctimas que no figura en el Informe Rettig es Manuel Segundo Palma Henríquez. Su

juicio por homicidio lleva el ROL N°756-74 y fue iniciado el 8 de agosto de 1974.

El parte enviado por la Tenencia Roosevelt el 30 de diciembre de 1973, señala que ese

día a las 09.30 horas, a raíz de una llamada telefónica, el cabo José S.S. junto al

carabinero Luis J.O. se constituyeron en la ribera norte del río Mapocho, frente al

Campamento Tania. En el lugar, se encontraba el cadáver de Palma Henríquez, con

heridas a bala en distintas partes del cuerpo. El parte policial consigna: “La madre del

difunto señala que el día anterior, Segundo Palma fue sacado desde el interior de su casa

por militares debido a que se encontraba cantando a viva voz y diciendo garabatos. Los

militares no fueron identificados”.

El caso también fue sobreseído.

EL SUBTENIENTE LOCO. La locura como causal de ineptitud para ser juzgado no es

monopolio de Pinochet. También lo era un año después del Golpe militar. Así lo estableció

la justicia militar en el proceso caratulado con el ROL N°890-74, iniciado el 12 de

noviembre de 1974, a partir de la detención de Agustín Contreras Santander y Manuel

Jesús Valencia Cáceres “por presuntas injurias proferidas contra las FF.AA. y la H. Junta

de Gobierno”.

Ambos detenidos fueron llevados hasta el Cuartel de la Sub-Agrupación “Yungay”, donde

quedaron detenidos. Al día siguiente, dice el informe, “asumió servicio como Oficial de

Guardia el subteniente de reserva Juan Martínez Oyaneder, quien impuesto de la

existencia de los dos detenidos mandó traerlos a su presencia y sin motivo racional

aparente les causó lesiones que en definitiva les causaron la muerte. Acto seguido,

procedió a enterrarlos en una fosa que él mismo había cavado. Se encuentra establecido

que el oficial se hizo asesorar por el sargento 2° de reserva Gustavo Marambio Olmos y

los soldados conscriptos Arcadio Lobos Cisterna y Luis Castro Guajardo, quienes

violentaron físicamente a los detenidos produciéndoles -–en opinión del Fiscal Instructor–

lesiones de carácter leves”. El Consejo de Guerra condenó a 15 años y un día a Martínez

por homicidio calificado. Sus subalternos se llevaron 60 días de arresto militar como

cómplices.

La sentencia, sin embargo, terminó ordenando nuevas diligencias “relativas al estado

psíquico del acusado Martínez” y terminó sin condenas.

MILITARES QUE DENUNCIAN. Las aberraciones no son exclusivas de Santiago. En

el Juzgado Militar de Concepción, la muerte de José Tiznado Aguayo, el 16 de junio de

1974 y denunciada por un cabo 2° del Ejército, también fue sobreseída. El juicio lleva el

ROL N°858-74, no tiene mayores precisiones, salvo la identificación del “autor”. Tiznado

tampoco aparece en el Informe Rettig.

Y existe otro proceso, más extraño. Iniciado por el jefe de la 2ª comisaría de Carabineros

de Chanco en funciones el 21 de noviembre de 1973. El policía denunció el homicidio de

Juan Villaseñor Jara (juicio ROL N°11-73) e identificó a los soldados José Sepúlveda

Vergara y Raúl Aguilar Oyarce como los autores. El fiscal del caso, a juzgar por la

sentencia que propuso, estaba por sancionar aunque fuera tibiamente los hechos:

“Solicita se condene a los soldados a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su

grado mínimo, como autores de la muerte de Juan Villaseñor Jara, en circunstancias que

los soldados lo sorprendieron conduciendo un vehículo con luces apagadas y lanzarlo

encima de los soldados”. Pero el Consejo de Guerra absolvió a los militares.

Tuvieron que pasar los años para que el Informe Rettig le hiciera justicia a Villaseñor:

“Tenía 37 años, era casado y tenía dos hijos. Era buzo submarino, pequeño industrial de

la zona y militante de la Democracia Cristiana. El 21 de noviembre de 1973 transitaba en

su vehículo en mal estado, había tenido un altercado. Estas personas dispararon a la

cabina, resultando el conductor con un impacto en la cabeza sin salida de proyectil que le

provocó su muerte instantánea, constituyendo este hecho un abuso de poder”.

SANCION EN ESCUDOS. En Talca se desarrolló un juicio que llama la atención. Bajo

el ROL N° 024-74, se registra el proceso seguido por la Fiscalía de Ejército de esa ciudad

y que tuvo como denunciante al Comisario Subrogante de la 3° Comisaría de Talca. El

fiscal pidió condenar a Jaime Puebla, a la época capitán de Ejército, como autor del delito

de lesiones graves a Jaime Achurra García; y a la pena de tres años de presidio menor en

su grado medio como autor del delito de homicidio de Francisco Silva Parot”.

El Consejo de Guerra condenó a Puebla a “una multa de E° 600 (escudos) por lesiones y

a 3 años de presidio por homicidio. No se remite la pena. Resolución del comandante en

jefe de la III División del Ejército”.

Silva Parot tampoco aparece en la nómina de víctimas de violencia política en el Informe

Rettig.

EXTRAÑO CUMPLIMIENTO DEL DEBER. El comandante en jefe de la III División,

no actuó de la misma manera en otro juicio cuya víctima no está incluida en el Informe

Rettig. Se trata del proceso que aparece bajo el ROL N° 232/74, iniciado el 20 de marzo

de 1974, en el que aparece como denunciante el subteniente del Grupo de Artillería N°3

Silva Renard, Marcelo Palma Fontana.

El fiscal pidió sobreseer definitivamente la causa “respecto de la muerte a bala

ocasionada a Hugo Gómez H., por el cabo 2° del Ejército José Romero Fuentes, por

haber actuado en actos propios del servicio en cumplimiento del deber”. La resolución del

comandante en jefe de la III División del Ejército fue sobreseer temporalmente la causa.

FALSEANDO LA HISTORIA. Uno de los juicios que grafica cómo actuaba la justicia militar de la época, es

el que da cuenta del homicidio de Oscar Arros Yáñez, de Concepción. Bajo el ROL N°

797/75, y con fecha 30 de noviembre de 1975, el resumen del fiscal indica: “Da cuenta del

accidente ocurrido en operativo practicado por personal del CIRE de Concepción (el que

dirigía en calidad de subrogante  el capitán de fragata Hugo González D’Arcangeli),

causando la muerte de Oscar Arros Yánez al tratar éste último de arrebatarle el arma que

portaba Arturo Calderón Passalacqua. En el forcejeo se disparó un tiro impactando a

Arros. Se solicita sobreseer total y definitivamente la causa a favor del funcionario Arturo

Calderón en razón de hallarse el autor exento de responsabilidad criminal”.

Y así lo hizo el comandante en jefe de la III División del Ejército. Pero el Informe Rettig

cuenta otra historia: “Arros, de 27 años, casado, una hija, era estudiante de la Universidad

Técnica del Estado y trabajaba como tornero en la Empresa Nacional del Carbón

(ENACAR). Militante del MIR, fue detenido en su lugar de trabajo el 26 de septiembre de

1975 por agentes de la DINA y llevado al Estadio El Morro de Talcahuano. El 28 de

septiembre su cuerpo fue encontrado en la morgue del Hospital de Lota Bajo con

evidencias de haber sido torturado y con impactos de bala”.

MUERTO EN LA OSCURIDAD EN VALDIVIA. En Valdivia, la situación no fue

distinta. En la causa ROL N° 1.601/73, iniciada el 30 de noviembre de 1973, se dice en el

resumen de la vista del fiscal:

“El día 28 de noviembre de 1973, el subteniente Marcos Aguirre, condujo la patrulla a su

mando, compuesta por un SG. y un SLC., hacia el domicilio de Domingo Pérez San

Martín, a quien sacaron de su casa, siendo golpeado y falleciendo al día siguiente a

consecuencia de las lesiones descritas en los informes médicos. La Fiscalía pide que se

le aplique al inculpado 541 días de presidio menor en su grado medio”.

El Consejo de Guerra sobreseyó a Aguirre “en consideración a que éste (el civil) adoptó

una actitud rebelde y agresiva contra el personal militar, y como huyó hacia la oscuridad,

el personal de la patrulla se abalanzó sobre él y lo redujo golpeándolo con las culatas de

los fusiles”.

Pérez San Martín tampoco aparece en el Informe Rettig.

DESAPARECIDO. Ya en febrero de 1975 el Juzgado Militar de Valdivia ocupó la

palabra “desaparecido” para iniciar un proceso por la “presunta muerte de Cardenio

Ancura Manquean y otros desaparecidos durante los Operativos Militares efectuados

durante el mes de octubre de 1973 en Lago Ranco”.

El juicio lleva el ROL N° 27-75 y tiene como denunciante a María Marian. El resumen del

fiscal concluyó que, agotada la investigación “no ha sido posible establecer la comisión de

delito alguno ni de responsabilizar a persona determinada”. El comandante de la IV

División refrendó el fallo.

En el Informe Rettig, Cardenio Ancura Manquean tuvo su espacio. “Casado y con 4 hijos,

era agricultor y también trabajaba como lanchero. Militante del PS, participó activamente

del proceso de Reforma Agraria. Fue detenido por Carabineros de Lago Ranco y

trasladado a la Tenencia de la localidad. De allí fue sacado el 16 de octubre junto a otras

tres personas por efectivos de la Gobernación Marítima de Valdivia, dependiente de la

Armada. Lo subieron a bordo del vapor Laja y lo ejecutaron, lanzando su cuerpo al lago

con dos de sus compañeros. Los cadáveres nunca fueron encontrados”.

SINTESIS MORTAL. Una de las referencias más pequeñas del informe “secreto” -sólo

8 líneas- tiene relación con el juicio ROL N° 27-74. Textual:

“Fecha inicio: 23 de enero de 1974. Tribunal Instructor: Fiscalía Letrada de Valdivia.

Tribunal Sentenciador: IV Juzgado Militar Valdivia. Individualización denunciante: Jefe

Estado Mayor IV División. Individualización del denunciado: N.N. Resumen (vista) de los

hechos: En operativo dispuesto por la superioridad fueron dados de baja los extremistas:

Victoriano Matus Hermosilla, N.N., Manuel Paillán y N.N.”

Ni Paillán ni Matus aparecen en el Informe Rettig. Los otros dos “extremistas” N.N.

tampoco.

LA HUELLA DE CHENA. En 1974, Rosa Silva Veliz denunció ante el II Juzgado Militar

la detención de su marido, Franklin Antonio Valdés Valdés, contador administrador del

Sanitario El Pino. La denuncia formó la causa ROL N°274-74. Valdés fue detenido en el

hospital por una patrulla militar de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandada

por el teniente Pedro Pablo Montobane y conducido al Campamento Chena donde habría

sido muerto días después, según relata la denunciante basada en el testimonio de otros

detenidos.

El cadáver fue conducido al Instituto Médico Legal, donde se le practicó la autopsia, la

que concluye como causa de la muerte “estado asfíctico”. Los hechos habrían ocurrido

entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 1973”.

El dictamen de la justicia militar decretó el sobreseimiento temporal de la causa por no

haber convicción de haber cometido el delito. En el Informe Rettig, Franklin Valdés sí

aparece: “Murió de un estado asfíctico provocado por agentes del Estado”.

UN CAPITAN SIN JUICIO. El capitán de Ejército Sergio Valenzuela González se fue a

retiro en junio de 1988 sin que jamás tuviera que responder por la muerte de Eliseo

Segundo Jara Ríos y Pedro Muñoz Apablaza. Así lo dispuso la Fiscalía de Ejército de

Valdivia.

El fiscal del caso estableció que Jara Ríos y Muñoz Apablaza murieron “a consecuencia

de los proyectiles disparados por personal militar, en circunstancia que eran interrogados

por el capitán Valenzuela y se dieron a la fuga”. Pidió el sobreseimiento definitivo. Y así se

hizo. Pero la investigación de la Comisión Rettig estableció otra cosa: ambos fueron

ejecutados el 27 de octubre en el fundo California.

EL TROZO QUE FALTA EN EL INFORME RETTIG. La muerte de Víctor Hugo Carreño Zúñiga no ocupa más de diez

líneas en este informe oficial. Pero entrega la información que falta a lo que consigna el

Informe Rettig para este joven de 21 años, soltero y presidente regional de la Juventud

Socialista de Valdivia. En la Comisión de Verdad y Justicia se concluyó que Carreño “fue

detenido el 4 de octubre de 1973, en su domicilio por personal del Ejército. Fue ejecutado

el 5 de octubre durante horas de toque de queda”.

En el juicio que se abrió en Valdivia, y que lleva el ROL N°1.480/73 y tiene como fecha de

inicio el 5 de octubre de 1973, el resumen del fiscal concluye: “El fallecimiento de Víctor

Hugo Carreño se debió a que trató de huir del vehículo militar que mandaba el

subteniente Alejandro Kraemer Pinochet, por lo que la patrulla le disparó. Se pide su

sobreseimiento”.

El jefe militar de la zona aprobó su sobreseimiento.

SIN SENTENCIAS NI HUELLAS. El primer juicio del catastro con mención al delito de

homicidio está registrado en la Fiscalía Militar de Calama. La víctima es Raimundo Bello

S., y el acusado el cabo 2° del Ejército Martín Salamanca, del Regimiento N°15 de

Calama. No hay sentencia y Bello no aparece en el Informe Rettig.

LOS NOMBRES QUE SE AGREGAN. El 17 de noviembre de 1975, la fiscalía letrada

de Antofagasta inició juicio por el homicidio de Óscar Armando Leiva Jiménez. La

denuncia la interpuso el CIRE de Antofagasta en contra del capitán de Ejército Luis

Besamat Morales. Pero en 1976 no hubo resolución. En el Informe Rettig se estableció

que Leiva, de 27 años, fotógrafo, era militante del MIR y fue ejecutado en casa de

familiares por “un funcionario de Carabineros”.

Entre las víctimas por otros casos de homicidio que aparecen consignadas en estos

juicios y que no aparecen en el Informe Rettig, figuran Luis Humberto Ferrada Piña,

muerto el 4 de diciembre de 1973, en calle Buenaventura esquina Azteca, en Punta

Arenas.

Los juicios dan cuenta de nuevas víctimas y atropellos, pero también revela que en esos días de terror hubo militares y carabineros que se atrevieron a denunciar la violencia y a sus autores y que pidieron justicia. Todo ello fue sepultado un día de abril de 1976.