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EL ESTADO NEODESARROLISTA/SOCIAL 2003/2014

Introducción

Este capítulo aborda un momento de la historia reciente de nuestro país: el proceso que se deriva de la crisis del 2001 y que se continúa en las presidencias de Néstor Kirchner (2003/2007) y Cristina Fernández de Kirchner, (2007/2011- 2011/2015). La cercanía del objeto de estudio presenta seguramente las ventajas de lo que está cerca y puede asirse con mayor facilidad y las desventajas de la falta de distancia con el proceso histórico, fundamental en el análisis crítico.

El contenido, al formar parte de nuestro presente, describe e interpreta un nivel de detalle en el tratamiento de algunas temáticas deliberadamente más puntual y ofrece a nuestro joven alumnado una profusa variedad de autores que expresan diversas perspectivas sobre los temas abordados.

En su gran mayoría es producto de los trabajos de investigación y producción científica de proyectos de investigación acreditados en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA, (UBACyT) a cargo de la Dra. Elina Mecle (Titular de la Cátedra ICSE) y su equipo de colaboradores, cuyos resultados se han plasmado en libros, publicaciones y ponencias en Congresos Nacionales e Internacionales.

Presidencia Provisoria de Eduardo Luis Duhalde (2002-2003)

Luego de las convulsionadas jornadas del 19 y 20 de diciembre, Duhalde (ex gobernador la provincia de Buenos Aires entre 1991-1999) fue elegido Presidente de la Nación por la Asamblea Legislativa, luego de la sucesión de seis presidentes provisionales en poco más de una semana y en medio de un clima de caos y desconcierto. Su gobierno, de carácter “transicional” (Mecle, 2010), estuvo enfocado, política y económicamente a la reconstrucción (urgente) del ordenamiento institucional, social y económico.

Características principales de las iniciativas económicas

El gobierno de transición que encabezó Eduardo Duhalde sancionó la ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, declarando al país “en emergencia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria”. A través de esta Ley, el Poder Legislativo delegó en el Poder Ejecutivo las facultades para proceder al “reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios, reactivar el funcionamiento de la economía, crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la restructuración de la deuda pública” (Mecle, 2010). “Con la cesación de pagos declarada y la devaluación como condición central para la reapertura del sistema bancario después de casi quince días sin funcionar, Duhalde ya se encontraba en condiciones de devaluar y de reiniciar las negociaciones con los acreedores internacionales” (Iñigo Carrera, 2004). Ante la violenta contracción económica, la declaración del default y la

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caída del salario real en un 40% (Castillo, 2013), en Enero del año 2002 se anunciaron una serie de medidas que terminaron formalmente con el programa de convertibilidad que regía desde 1991, aplicándose una devaluación del 214%, una de las más drásticas de la historia argentina luego de la efectuada en 1975, con el “rodrigazo”, que había sido del 719% (Kicillof, 2013) Si bien la convertibilidad había dejado de existir a principios de Diciembre de 2001 bajo el gobierno del ex Presidente Fernando De La Rúa, desde el momento en que se impuso el corralito, la salida implementada por el nuevo gobierno fue caótica y agregó distorsiones y confusión. Según Villar (2005), “en ese momento la mayoría de los pronósticos predecían para el año una alta inflación, una importante alza del dólar y la posibilidad de terminar en una dolarización de facto. El plan económico implementado por el Ministro Lavagna estuvo basado en devaluar la moneda para obtener competitividad, retomar el crecimiento y bajar el desempleo. Las medidas complementarias se orientaron a la pesificación de la economía, continuar con el congelamiento de los depósitos e implementar políticas sociales” Durante la gestión de Duhalde en 2002, desde el punto de vista económico se tuvo que evitar la estatización de la deuda externa privada y enfrentar a los acreedores externos y organismos internacionales esgrimiendo posiciones nacionalistas. “El presidente Eduardo Duhalde, apenas asumió el mando, decidió ratificar el default soberano, anunciado por su antecesor, Adolfo Rodríguez Saa, suspendiendo los pagos por el servicio de la deuda a los acreedores externos y prometió futuras negociaciones, con el propósito de lograr un acuerdo razonable (Basualdo, 2009). Paralelamente, se aprobó una nueva ley de quiebras, que beneficiaba a los deudores, mientras algunos jueces presionaban a los bancos para que liberasen los depósitos congelados. A su vez, el gobierno nacional se hizo cargo de las deudas provinciales, a cambio de una disminución temporaria de las transferencias de los recursos a las provincias” (Sconza, Perotti y Mengoni, 2007) También es importante destacar que ya durante la presidencia de Duhalde se desarrollaban dos procesos económicos simultáneos a nivel mundial: 1) La mayor “autonomía relativa” de las fracciones del capital interno respecto al poder financiero establecido a nivel mundial y 2) La consolidación de China como un fuerte demandante de materias primas.

Dentro de esta necesidad de “reconstruir el orden”, era vital atender las raíces que daban origen al movimiento piquetero y de desocupados en general. Es por ello que Duhalde lanzó el Plan Jefes y Jefas de Hogar, el cual, según Svampa (2003) fue una actualización del Plan Trabajar, del año 1996. Lo que igualaba a ambos planes era, según la autora, “una marcada ambigüedad pues no constituían ni un seguro de desempleo, ni una política asistencial

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Planes Jefas y Jefes de Hogar

ni una política de reinserción laboral, sino todas a la vez. Los "planes" (subsidios) fueron el núcleo que estructuró la política de contención del gobierno, convirtiéndose, con el correr de los años, en el centro de la negociación con las organizaciones para poner fin a los cortes de ruta. Así, de un volumen inicial de aproximadamente 140.000 subsidios vigentes promedio en 1997 (con un máximo de más de 200.000 beneficiarios en octubre de ese año), esa cifra había aumentado a 1.300.000 en octubre de 2002. Las estimaciones indican que el Plan Jefas y Jefes de Hogar alcanzaba (para el año 2003) a más de 1.700.000 personas. Sólo una pequeña proporción de estos planes sociales –aproximadamente un 10%­ son directamente controlados por las organizaciones piqueteras” (Svampa, 2003)

Movimiento piquetero

Para entender la vital importancia del movimiento piquetero en el 2001 y luego, durante la presidencia de Duhalde, debemos remontarnos hacia atrás. Siguiendo a Svampa (2003), “en Argentina, desde mediados de los '90 comenzaron a producirse multitudinarios cortes en las rutas del interior del país. De esos cortes, que tuvieron como protagonistas a los pobladores de comunidades enteras, surgió el nombre "piquetero" ­aquél que organiza los piquetes, los cortes en las rutas­; nombre que, además de atraer la atención de los medios y del sistema político por su fuerza expresiva, representó una alternativa para todos aquellos para los cuales una definición, como la de desocupados, les resultaba no adecuada (…)” (ver anexo, 1) Si nos aproximamos al año 2003, observaremos, según Svampa que “los datos de diciembre de ese año indican para todo el país que el 10% más rico se quedaba con el 38% de la riqueza producida y ganaba 31 veces más que el 10% más pobre”. En segundo lugar, el nuevo modelo neoliberal generaba, por primera vez, una situación novedosa que era la coexistencia de crecimiento económico y aumento de la desocupación. Esta perspectiva que parte de la premisa de un supuesto “crecimiento económico”, desestima, según Iñigo Carrera (2004) la tendencia hacia la desindustrialización, la excesiva importación de productos industriales, la venta de empresas públicas y la malversación de esos fondos.

La masacre de Avellaneda

Para Juan Pablo Cremonte (2007), a pesar de que Duhalde pudo contener la crisis (que él mismo ayudó a generar en esa coyuntura con los saqueos a escala nacional), los otros elementos que habían tumbado a De la Rúa, de raigambre más estructural (pobreza, desigualdad, etc.) seguían estando presentes.

Por aquellos días, luego de una protesta callejera dos manifestantes del movimiento piquetero fueron asesinados por la policía en el Puente Pueyrredón: Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Tras estos hechos, Duhalde decidió adelantar las elecciones aproximadamente seis meses. Sin lugar a dudas, la masacre de Avellaneda puede considerarse la expresión mas concreta (y fatal) de la conflictividad latente del periodo en general, y de la dura política represiva que adoptó la presidencia, en particular. Sin embargo, cuando

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anunciaba su decisión de adelantar los comicios, el ex Presidente haría esta lectura de su gobierno:

“Me jacto de que me tocó el momento más difícil de la historia. No hubo siquiera un herido en la Argentina; yo tengo claro cómo se pacifica y cómo se ordena” (Eduardo Duhalde, 2002)

El Estado neo-desarrollista

--Definición-- Luego de la crisis del 2001, se desarrolló bajo las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2008-en adelante) un Estado capitalista neo desarrollista (Mariano Féliz, 2011), con medidas de corte intervencionista en la economía (a partir de incentivos a la reindustrialización, generación de empleo y estatización de algunas empresas privadas), la política (con la reapertura de los juicios a los militares y la repolitización de la sociedad) y la esfera social (con una progresiva redistribución del ingreso mediante aumento de los salarios reales, diversos tipos de planes sociales, desde el Ministerio de Desarrollo Social y en el Gobierno de Cristina Fernández la implementación de la Asignación Universal por Hijo). Se trata de un Estado que exhibe novedades (en lo que se refiere puntualmente a la justicia, los derechos sociales, la comunicación, la ciudadanía y la política industrial) pero también continuidades (sobre todo en el mantenimiento de ciertas condiciones estructurales heredadas de los años ’90 como ser el trabajo informal, la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, la fuerte dependencia de las divisas que genera el sector agrario, etc.) y que está atravesado por una correlación de fuerzas civiles, corporativas, políticas, etc. en permanente conflicto.

¿Qué es el neodesarrollismo? Respecto de la noción de desarrollo, Ornelas Delgado (2009) sostiene que “las teorizaciones de los pensadores latinoamericanos han respondido siempre a la necesidad de encontrar los caminos de la transformación social. De ahí que el desarrollo -entendido a veces como progreso, otras como modernización, unas más como cambio social y otras como mero crecimiento económico-, pueda ser considerado como el concepto articulador del pensamiento en América Latina”.1

1 “Con el propósito de ofrecer a Latinoamérica alternativas de desarrollo que estuvieran acordes con su potencial y realidad, al concluir la Segunda Guerra Mundial la Organización de las Naciones Unidas (ONU) impulsó la fundación, en 1948, de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que, así, se constituyó en la primera institución de la región en procurar interpretar el funcionamiento de la actividad económica en América Latina y derivar de ello políticas y estrategias públicas capaces de orientar el proceso económico con el objetivo explícito de lograr el desarrollo económico (…) Economistas como el brasileño Celso Furtado, el mexicano Juan F. Loyola, los chilenos Aníbal Pinto, Jorge Ahumada, y Osvaldo Sunkel, entre otros, se unieron a la CEPAL y a Raúl Prebisch, para: “Conformar lo que Celso Furtado denominaría después la orden cepalina del desarrollo” (Ornelas Delgado, 2009) Para Celso Furtado (2007), “el desarrollo no es sólo un proceso de acumulación y aumento de la productividad macroeconómica, sino principalmente el camino de acceso a formas sociales más altas para estimular la creatividad humana y responder a las aspiraciones de la colectividad”.

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Los programas neoliberales consolidados en los ´90 significaron la desaparición de la inquietud por el desarrollo y el progreso de las agendas públicas. El mercado ocupó la centralidad que tenía el Estado con su correlato de desinterés por las consecuencias sociales de los programas de ajuste. (ver anexo, -2-)

El Neo-desarrollismo del Siglo XXI Ornelas Delgado sostiene que con el resurgimiento y renovación del desarrollismo “se ha puesto en la agenda política de los pueblos de la región la búsqueda de una opción, que recogiendo la tradición del pensamiento latinoamericano permita superar la modalidad neoliberal del capitalismo (…) La necesidad de solventar esta situación y mirar al futuro, hace necesario considerar al desarrollo no únicamente como concepto, sino también como un proceso social viable que considere la nueva realidad de América Latina, caracterizada por la creciente participación de distintos sectores de la sociedad en procesos frente a los cuales hasta hace poco tiempo permanecían ajenos o expectantes. La re-conceptualización del desarrollo, ahora, tiene que ajustarse a los tiempos de la globalización, asumida como la fase actual bajo la que se desenvuelve el capitalismo financiero mundial, y definir la senda de la transformación económica que permita mejorar el bienestar de la población. El desarrollo, en consecuencia, deberá sustentarse en el impulso popular a una política económica-social cuya prioridad sea sostener el crecimiento económico y elevar de manera sostenida el bienestar de la población; sin perder de vista la posibilidad de que este proceso social pueda ser el inicio de la construcción de una sociedad distinta, aquella que puede surgir de la transformación del modo de producción capitalista y que empiece por reivindicar la propiedad nacional de los recursos naturales”. 2

El neodesarrollismo argentino El gobierno de Kirchner, al cabo de cuatro años, ya se perfilaba como un “un nuevo modelo de sesgo neo-desarrollista”, “Este patrón de acumulación combina el énfasis industrialista que tuvo la sustitución de importaciones (1930-75), con la estrecha asociación con el capital extranjero que presentó el breve experimento desarrollista (1958-62). Pero el esquema en gestación presenta, además, puntos de contacto con el régimen agro-exportador (1930-75) en la centralidad de la actividad agraria” (Katz, 2012) (ver anexo, 3)

Para la CEPAL, en palabras Raúl Prebisch, la posible solución al desequilibrio crónico en América Latina tenía como sustento dos cuestiones básicas, a partir de las cuales se desarrollarían el resto de sus concepciones teóricas: 1) Demostrar que era un mito la idea de que la tendencia del capitalismo a expandirse mundialmente traería como consecuencia, de manera espontánea, el desarrollo de la periferia capitalista; y 2) Enfatizar que el proceso de industrialización era una exigencia ineludible del desarrollo y que el instrumento más adecuado para impulsarla, dada la superioridad económica y financiera de los centros del capitalismo desarrollado, era la aplicación de una política proteccionista sustentada en la intervención del Estado. (Rodríguez, 1980: VII)

2 Para Eduardo Lucita (2012), “el neodesarrollismo surge de las entrañas mismas del neoliberalismo y allí encuentra sus propios límites”.

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Desde la óptica de Svampa (2009), “en Argentina el retorno de la idea de desarrollo poco tiene que ver con la inclusión, con la equidad social, mucho menos con el cuidado del medio-ambiente y la biodiversidad, ni tampoco con una supuesta “responsabilidad social” o el respeto de los estilos de vida, asociados a los sectores subalternos del interior del país. En rigor, el retorno de la idea de desarrollo en el lenguaje político argentino tiene como correlato la expansión vertiginosa de los agronegocios y la generalización del modelo extractivo-exportador (hidrocarburos, minería a cielo abierto); en menor medida, la reactivación de la industria”

Contexto internacional Kirchner asumió menos de dos años después del atentado a las Torres Gemelas cuando Estados Unidos ya había invadido Afganistán e Irak y cuando las críticas hacia la política exterior de George Bush estaban en su punto más alto. El período 2002-2007 fue un ciclo de alto crecimiento económico mundial, con una importante disponibilidad de recursos financieros que estimularon un boom de consumo en los países desarrollados y de inversión en países como India y China. No obstante, simultáneamente a este proceso, como explica Aronskind (2012) “en los Estados Unidos, la tendencia al déficit del sector externo fue constante, en tanto se estancaba el salario real y las notables ganancias de productividad de la economía eran capturadas por el sector empresario. El incremento de la oferta de bienes en las recientes décadas fue absorbido por una demanda sostenida en parte por la abundancia del crédito. Esto permite explicar por qué entre los años ochenta y fines del 2000, la tasa de endeudamiento personal en relación con los ingresos pasó, en ese país, del 65% al 95%. Y luego, desde la caída bursátil ocurrida en 2000 hasta la crisis de 2008, ese coeficiente volvió a incrementarse hasta el 130%”, todo lo cual terminó derrumbándose cuando la recesión alcanzó a la economía de los Estados Unidos en 2008. Según Aronskind (2012), la crisis suele fecharse en septiembre de 2008 cuando quebró la gran empresa financiera Lehman Brothers, pero es evidente que tenía su origen en causas previas.

Contexto regional

Según Brieger (2009), “en los últimos años se ha generalizado la visión de que América Latina no está en los planes de la Casa Blanca porque Medio Oriente y el mundo islámico se habrían convertido en el eje central de su política exterior. Algunos incluso sostienen que no está entre sus prioridades y que esto se puede comprobar porque ya no organiza golpes de Estado, como si fuera la única forma de intervención política. Es inobjetable que en las campañas electorales hay muy pocas referencias de republicanos y demócratas sobre Latinoamérica (salvo Cuba) y sólo se escuchan algunas frases generales de compromiso. Sin embargo, suena ingenuo (o interesado) afirmar que Estados Unidos “se olvida” de América Latina. La región sigue siendo fundamental y todavía es considerada su “patio trasero” (backyard).3 Los datos demuestran que esta visión contrasta con la realidad. Un informe de la CEPAL de 2004 señalaba que entre las 50 principales empresas transnacionales no financieras del mundo, según ventas consolidadas, que tenían presencia en América Latina, 22 eran estadounidenses. De hecho, en 1994 la Casa Blanca lanzó uno de sus proyectos más ambiciosos para todo el continente: el Área de Libre Comercio de las Ameritas (ALCA). Su abandono no fue por falta de voluntad sino por el rechazo que provocó en

3 Palabras textuales utilizadas por el director de la CIA en 2005, Porter Goss, en una audiencia del senado estadounidense.

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varios países de la región, y en particular el MERCOSUR”. En efecto, en la primera década del siglo XXI, en el cono sur se constata la presencia de gobiernos que asumieron el control del Estado con intenciones de recuperar algunos espacios de soberanía conculcados durante el predominio neoliberal. Al momento de escribir estas líneas se ha producido un hecho relevante: el Presidente norteamericano Barack Obama decidió, con la intermediación al respecto del Papa Francisco, el levantamiento del bloqueo a la isla de Cuba.

El resurgimiento de la

<democracia social> en América Latina En 1999 Chávez llegaba al gobierno, Lula asumía el 1º de enero de 2003 y Kirchner, el 25 de mayo de 2003. A esta unión tripartita, que habría de sellarse en el rechazo al ALCA, en el marco de la Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata en noviembre de 2005, se le sumó luego la adhesión de los gobiernos de Evo Morales en Bolivia y de Rafael Correa en Ecuador, ambos electos en 2006 y fuertemente respaldados por Hugo Chávez. A grandes rasgos podemos decir que Venezuela ha sido desde principios del siglo XXI el país con mayor liderazgo político en la región mientras Brasil ocupa el liderazgo económico. Más allá de estos dos países líderes, podemos dividir la América Latina del Siglo XXI en los siguientes 4 bloques:

1) Cuba: Es el único país con una revolución consolidada. La Constitución nacional

cubana de 1976, reformada en 1992, define a Cuba como un “Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos”.

2) Venezuela, Ecuador y Bolivia, tres países en los que se viven procesos de honda reforma y transformación social. Desde la óptica de Ansaldi (2007), “Chávez tiene una legitimidad de origen incuestionable, en primer lugar, en términos y procedimientos de la propia democracia representativa capitalista. Y su gobierno se sostiene, con fuerte apoyo popular, en un marco de elevado respeto de las libertades políticas, incluso para con una oposición nada leal. La propuesta chavista es la de una <democracia revolucionaria>, todavía no bien definida, pero de aspiraciones transformadoras. ..”. En segundo lugar, nos encontramos con una <revolución democrática>en Ecuador, con ampliación de derechos democráticos formales y políticas sociales de inclusión. Y por último, con una democracia plurinacional para el caso de Bolivia, con fuerte componente indígena y movimientos sociales activos.

3) Argentina, Brasil y Uruguay. “El propósito de los gobiernos de Dilma Rousseff en Brasil; Néstor (y luego Cristina Fernández de Kirchner) en Argentina; y José Mujica en Uruguay es, en opinión de Borón, fundar un capitalismo serio en América Latina, un capitalismo con “rostro humano. Si bien estos gobiernos catalogados de centroizquierda conservan retazos del modelo neoliberal, como el hecho de que las empresas estratégicas del Estado mantienen una lógica capitalista (como por ejemplo, Petrobras, que es mixta y cotiza en bolsa), se han implementado políticas sociales que han mitigado la pobreza. El rol de

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estos gobiernos ha sido fundamental para apoyar el rol protagónico de Venezuela en la región” (Entrevista a Borón por parte del Colectivo Contrainjerencia, Buenos Aires, 2013)

4) Chile, Colombia, México y Perú. “Finalmente y dentro del espectro de gobiernos latinoamericanos están los gobiernos de la derecha neoliberal, cuyos baluartes para Washington son México, Colombia, Chile y Perú, países éstos que han concretado la Alianza del Pacífico para debilitar proyectos de integración como UNASUR, el Consejo Suramericano de Defensa y la CELAC. Su propósito, señala Borón, es el de convertirse en “caballo de Troya” para debilitar la fuerza no solo de estos procesos de unidad latinoamericana sino también los gobiernos progresistas del hemisferio. El rasgo principal de estos países es el uso de la represión para reprimir y criminalizar la protesta social y la violación permanente de derechos humanos. (Entrevista a Borón, 2013)

La victoria –y reelección- de Michelle Bachellet en Chile como expresión de una alianza entre fuerzas de izquierda para el período 2014–2018 significa la posibilidad de revisión de estos alineamientos.

Nuevos tratados

SI al ALBA (2004) La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, creada en 2004, es una organización internacional de ámbito regional, enfocada para los países de América Latina y el Caribe que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social con base en doctrinas de izquierda. 4

NO al ALCA (2005) . El primer acto se realiza en Mar del Plata contra la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que expresaba la pretensión de dominación continental de los EEUU sobre nuestros países. Lo decisivo fue la determinación de la Argentina, Brasil y Venezuela –en la voz de sus presidentes: Kirchner, Lula Da Silva y Chávez respectivamente- de no aceptar que el ALCA quedara constituida, en esa cumbre de Mar del Plata a la que asistió el presidente norteamericano George Bush acompañado por su colega mexicano Vicente Fox. Los presidentes de los países más grandes de Sudamérica no plantearon esa determinación como predominantemente ideológica, aunque tenía un componente de ese tipo, sino práctica: un ALCA

4 “El rasgo distintivo de estos gobiernos que hacen parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA) es la permanente confrontación con las clases dominantes en los respectivos países que defienden y/o representan los intereses de Estados Unidos. Por ello estos regímenes deben soportar y hacerle frente a los sistemáticos intentos de desestabilización política de los grupos fácticos de poder que, en la mayoría de los casos, son propietarios de los monopolios de medios de comunicación, desde los cuales atizan la oposición y el desprestigio de los gobiernos progresistas. Con el apoyo irrestricto de Washington en lo financiero, logístico, militar y político, buscan por todos los medios deshacer el camino andado por los gobernantes de izquierda que han consolidado un apoyo popular abrumador en las urnas.” (Blog Contrainjerencia, 2013)

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sería contradictorio con el objetivo de reindustrialización que buscaban ya en 2005 tanto Brasil, Argentina como Venezuela.

EL MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR)

Desde la perspectiva de Serbin (2009), “si bien el Mercosur se basa en un enfoque comercialista y productivo, el bloque aspira a convertirse en el «núcleo duro» de la gobernabilidad regional, la estabilidad democrática y la paz en el espacio sudamericano, sobre todo en base a la relación especial construida entre Argentina y Brasil”. Según Toer (2012), “El generalizado rechazo en toda Latinoamérica al golpe de Estado para desplazar en junio de 2012 a Fernando Lugo de la presidencia del Paraguay fue la ocasión de reafirmar, una vez más, la vigencia de las iniciativas políticas regionales a partir de la pronta intervención del Mercosur que culminó con la suspensión del Paraguay, en función de la preservación de la democracia y de la legitimidad de los procesos políticos democráticos en curso, como ya se había observado durante las crisis en Bolivia (2008) y en Ecuador (2010). Como contrapartida al desplazamiento de Lugo, cuya fuerza propia en el escenario político paraguayo era limitada, el Mercosur “contragolpeó” con la incorporación plena de Venezuela, bloqueada durante años por el Senado paraguayo dominado por el discurso de las derechas del continente, cuyo rasgo más sobresaliente, no casualmente, es su cerril antichavismo.

Presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007)

Elecciones 2003

Después de la crisis de diciembre de 2001, la Unión Cívica Radical se encontraba muy debilitada en apoyo popular. Además, dos miembros importantes se separaron del partido y lanzaron sus candidaturas a la cabeza de sus propios movimientos: Elisa Carrió y Ricardo López Murphy. Por otro lado, el Partido Justicialista tomó la decisión inédita de suspender la elección interna y permitir a todos los precandidatos el uso de los símbolos partidarios comunes para presentarse a la elección general. De esta manera, Carlos Menem, Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá se presentaron a las elecciones bajo el manto del peronismo. “Estas elecciones se realizaron y arrojaron como resultado una escasa diferencia entre los cinco candidatos más votados, entre los que no había más que un 10% de distancia. De acuerdo con lo establecido por la Constitución Argentina, si un candidato no alcanza, al menos, el 45% de los sufragios, debe realizarse una segunda vuelta entre el primero y el segundo para dirimir la decisión. Pues bien, esta segunda vuelta debía enfrentar al candidato más votado, Carlos Menem, y su seguidor, Néstor Kirchner. Sin embargo, la segunda vuelta no se realizó, debido a que Menem se retiró de la misma previendo una derrota estrepitosa. Así, Néstor Kirchner accedió a la presidencia con un 22% de los sufragios, hecho que sin lugar a dudas condicionaba su mandato. En verdad, el resultado electoral fue expresión de una sociedad que no podía reconocerse políticamente: la fragmentación del resultado electoral, sumada a un mapa político/social atomizado que se expresaba en múltiples formas de protesta callejera

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presentaba un escenario complejo en el cual Kirchner necesitaba construir poder si pretendía sobrevivir en la Casa Rosada” (Cremonte, 2007) Al respecto, para Cherny, Feierherd y Novaro (2010), “los cuatro años de la Presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) estuvieron marcados por el contraste entre la debilidad político-institucional inicial (que surgía del exiguo 22% de votos con los que accedió al cargo y de la fragmentación del PJ) y la posterior fortaleza de la autoridad y las capacidades presidenciales conquistadas a lo largo de su ejercicio, gracias a la consolidación del crecimiento de la economía, el mejoramiento de las capacidades fiscales, la conquista de una mayoría legislativa y el rápido alineamiento del PJ. La posición de Kirchner fue en principio débil en términos electorales y partidarios, pero logró superar la crisis de representación del sistema político, poniendo en marcha una amplia gama de reivindicaciones populares que, en los hechos, generaron un fuerte consenso social y legitimación política”

Asunción de Kirchner

Con la asunción de Néstor Kirchner en 2003 comenzaría un nuevo capítulo en la historia argentina. Se tendieron nuevas relaciones entre la Sociedad y el Estado a través de la mayor participación ciudadana en los asuntos de gobierno. De acuerdo a Svampa (2011), “el declive de las nuevas movilizaciones, así como la fragmentación de las organizaciones de desocupados, fueron diluyendo la expectativa de una recomposición política «desde abajo», para dar paso a una fuerte demanda de orden y normalidad. En este sentido, Kirchner se hizo eco de este mensaje social, como aparecía ilustrado en su consigna «Por un país en serio, por un país normal».” Lo cierto es que su mandato resignificó la <política> a través de acciones con una fuerte carga simbólica como lo fueron la derogación de los indultos, la reapertura de los juicios a los militares y la reestructuración de la Corte Suprema, entre otras iniciativas. Asimismo, a partir de mayo de 2003 el gobierno electo se encontró con una coyuntura internacional favorable a partir de las cotizaciones de los productos exportables y contó con la ayuda inestimable de la nueva paridad cambiaria que comenzó a flotar en torno a los tres pesos por dólar. En estos cuatro años la economía argentina creció a un ritmo inédito del 9% anual, y aunque no alcanzó para recomponer en su totalidad a los indicadores sociales desastrosos que le dieron materialidad a la crisis de 2001, es innegable que esa reactivación ha repercutido positivamente en la recuperación de puestos de trabajo y en el reacomodamiento relativo de los salarios. Podemos decir que nos encontramos frente a un modelo que “se basa en la sustitución [moderada] de las importaciones y en el [vigoroso] impulso a las exportaciones”. (Mecle, 2010) (ver anexo, -4-)

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Sistema político

Actores políticos

El peronismo

¿Kirchnerismo = peronismo? Siguiendo a Sidicaro (2011), “las vinculaciones entre el partido peronista y los gobiernos kirchneristas presentan la suficiente complejidad como para desconcertar a no pocos observadores de la realidad argentina. Jefe del pequeño Partido Justicialista de la provincia patagónica de Santa Cruz, Kirchner no tenía un rol relevante en la política nacional ni en la fragmentada estructura organizativa del peronismo. Sus juicios críticos sobre el Partido Justicialista no dejaban lugar a malentendidos. En un libro de conversaciones con el sociólogo Torcuato Di Tella, editado a comienzos de 2003, definía el peronismo como «un partido vaciado de contenido, sin ideas» De acuerdo a Barbosa y Barrios (2012), “La lógica de construcción de poder del kirchnerismo reside, en un principio, en la conformación de un arco amplio de identidades que trasciende la propia identidad peronista y que opera bajo la lógica de construcción de significantes vacíos y flotantes que encuentran límites precisos, no en los rasgos de una identidad particular.

Las heterogéneas bases de apoyo

Como bien señala Sidicaro (2011), “los cercanos días de caos institucional, social y económico fueron el fondo de recuerdos que favoreció la aceptación del nuevo gobierno por diversos actores colectivos que tenían reclamos específicos. Se formó así una suma de apoyos que en términos metafóricos cabe caracterizar como una «suspensión coloidal», expresión que en química se utiliza para designar la combinación en la que en un medio fluido flotan partículas sólidas sin establecer contactos orgánicos entre sí. En este caso, esa «suspensión» estaba integrada por: - Los organismos de defensa de derechos humanos que reclamaban el castigo a los militares responsables de los crímenes de la dictadura; - Las organizaciones sociales de protesta contra la desocupación y la exclusión social; - Los sectores del sindicalismo que pedían la preservación de la estructura de empleo y la recomposición de los niveles salariales; (ver anexo, -5-) - Las representaciones de empresarios favorecidos por las medidas económicas

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adoptadas; - Dirigentes de los partidos en crisis; - Los partidos peronistas provinciales, con la excepción del de la provincia de San Luis, que bajo la conducción de Adolfo Rodríguez Saá mantuvo la actitud opositora. En cuanto a los aportes de cada uno de los integrantes de esa convergencia sui géneris a la construcción de la legitimidad social de la gestión kirchnerista, digamos que las entidades de defensa de derechos humanos dieron un respaldo simbólico que trascendía la política inmediata; las organizaciones sociales de excluidos expresaron sus apoyos mediante movilizaciones populares; los empresarios formaron opinión favorable en medios sociales reacios a los reclamos de los sectores populares; los dirigentes de los partidos en crisis avalaron el pluralismo; los jefes sindicales garantizaron la armonía social; los partidos justicialistas provinciales aportaron apoyos legislativos y electores. Una vez alcanzados los apoyos de la confederación de partidos peronistas provinciales, el gobierno se consideró lo suficientemente fuerte como para romper su relación con Duhalde”

Su posición contra el FMI, el menemismo, la dictadura del ’76, etc. le permitió “afianzar un frente interno tan diverso como la familia peronista (…). El Frente para la Victoria se constituyó en una fuerza de respaldo político en el que cabían peronistas radicales, sectores del peronismo más de izquierda, algún sector de los intelectuales, desprendidos de la UCR y gente del mundo de la cultura y del espectáculo” (Ponce, 2013)

Medidas Institucionales

Derechos Humanos

Anulación de los indultos y reapertura de

los juicios (2004)

La des-impunidad de la Justicia La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia argentina formulada entre 2004 y 2007 marca una evolución cuyos fundamentos jurídicos han permitido a los tribunales de grado investigar, instruir y eventualmente sancionar graves violaciones de derechos humanos cometidos en forma sistemática o masiva durante la última dictadura militar, y susceptibles de ser calificados como crímenes de lesa humanidad (…) Es cierto que el contexto político de la época facilitó el camino. Por un lado, en 2003 se otorgó rango constitucional a la adhesión a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Por otro, se derogaron y con posterioridad se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. A su vez, la evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (OEA) especificaba el deber de los Estados de investigar, sancionar a los responsables y reparar a todas las víctimas por el injusto daño causado por los hechos cometidos durante la década del ’70. Finalmente, el 19 de marzo de 2004, el juez Rodolfo Canicoba Corral dispuso:

1) La aplicación del principio de imprescriptibilidad en los delitos de lesa humanidad, sin importar la fecha en que se cometieron.

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2) La inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. 3) La inconstitucionalidad de los indultos: ningún tipo de medida de perdón

puede oponerse para dejar sin efecto la persecución y condena de crímenes de lesa humanidad. 5

Desde la óptica de Svampa (2007) “El gobierno de Kirchner asumió como política de Estado la condena de las violaciones de los derechos humanos realizadas durante la última dictadura militar (1976-1983), lo cual contribuyó a dar por tierra “la teoría de los dos demonios” que habían avalado los Gobiernos anteriores, sin excepción, así como a impulsar una política de la memoria; dos cuestiones intrínsecamente ligadas a la larga lucha desarrollada por las organizaciones de derechos humanos en la Argentina. En este aspecto, el actual gobierno sentó una gran diferencia respecto de administraciones anteriores, llegando al punto de solicitar perdón a la sociedad en nombre del Estado Argentino por la situación de impunidad registrada a lo largo de dos décadas de gobierno democrático respecto de las violaciones de derechos humanos durante aquella trágica época”:

"Como presidente de la nación vengo a pedir perdón del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades" (Néstor Kirchner, 24 de marzo de 2004)

La imprescriptibi

lidad

De acuerdo a Bernazza (2013) la anulación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida tuvo consecuencias jurídicas. En primer lugar, habilitó a los jueces a reanudar, en algunos casos, e iniciar, en otros, investigaciones sobre hechos que habían quedado sin sanción. Algunos jueces, además, comenzaron a abordar la inconstitucionalidad de los indultos de Menem. Se produjo la reactivación de dos megacausas, la causa ESMA y la causa Primer Cuerpo del Ejército, que se sumaron a la megacausa sobre el “Plan Cóndor”, orientado a coordinar las dictaduras de los países de Latinoamérica. En agosto de 2004, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, permitiendo avanzar en las investigaciones por violaciones a los derechos humanos. Más adelante, declaró que las leyes de impunidad son inválidas e inconstitucionales y consideró válida la nueva ley sancionada en el Congreso, lo que profundizó el efecto de reapertura de causas. Finalmente, en abril de 2007, la Corte Suprema terminó con las últimas amnistías, al fallar contra los indultos que beneficiaron a los ex jefes de la dictadura militar Videla, Massera,

5“Un dato curioso es que el mismo día del fallo de Canicoba Corral, Kirchner encabezaba una recorrida por la ESMA junto a un grupo de ex-detenidos y familiares de las víctimas que por primera vez ingresaban al campo de concentración donde miles de personas fueron privadas de su libertad y torturadas. En las afueras del predio, un grupo de padres de alumnos de los diferentes establecimientos educativos de la Armada protestaron contra la decisión presidencial de desalojar el predio para instalar allí un Museo de la Memoria. Apenas se inició la recorrida, otro grupo increpó a la comitiva con insultos y agresiones (Guarnaccia, 2013)

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Agosti, Viola y Lambruschini. Muchos represores debieron cumplir efectivamente sus condenas. Jorge R. Videla fue uno de ellos.

Reapertura de los juicios

En 2005 comenzaron a formularse los pedidos de elevación a juicio de las diferentes causas. Los diferentes juicios, que se llevan a cabo desde el año 2007, se realizaron a través de todo el país. Los juicios reavivaron diversos mecanismos de reconstrucción de la memoria en la sociedad y siguen siendo un ejemplo en todo el mundo. Al respecto, el CELS sostiene que “el proceso de justicia no es producto de una coyuntura o de la voluntad política de un gobierno sino el fruto de una sociedad en férrea lucha contra la impunidad, como base para el fortalecimiento de las instituciones democráticas”. Asimismo, el CELS afirma que la reapertura de los juicios no ha empezado de cero y “rescata el valor del trabajo iniciado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)” al tiempo que “subraya la importancia del juicio a las Juntas realizado en 1985” A partir del 2005, varios militares volvieron a ser juzgados aunque muchos de ellos murieron por causas naturales debido al tiempo en que la Justicia se demoró en llegar.6 (ver anexo -6-)

La ESMA: Espacio para la memoria

La Ex Escuela de Mecánica de la Armada donde funcionó el centro clandestino de detención en el que fueron desaparecidas alrededor de 5.000 personas durante la última dictadura militar es, desde su recuperación en marzo del año 2004, un Espacio de Memoria y Derechos Humanos en el que más de 400 jóvenes trabajan diariamente. El predio fue recuperado el 24 de marzo de 2004, al cumplirse 28 años del golpe, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner anunció la creación del Espacio; y luego de efectivizada la desocupación por parte de las Fuerzas Armadas, en 2007, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron el convenio de creación del Ente Público Interjurisdiccional Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos que tiene a su cargo la administración del predio. Esta medida tiene una importancia vertebral para resignificar los espacios de tortura y mantener activa la memoria.

Según Soledad Guarnaccia (2013), “cuando Néstor Kirchner ordenó descolgar los cuadros de Videla y Bignone en el Colegio Militar no solo se inauguraba una nueva etapa en las políticas de memoria sino también en el ciclo de estos treinta años de democracia argentina. Sin ese acto de restitución de la autoridad política de un presidente democrático en nombre de una necesaria reparación histórica, difícilmente hubiera sido posible avanzar en el terreno de otras reparaciones sociales igualmente necesarias. Así llegó, finalmente, el día en que Kirchner

6 La primera condena dictada por la justicia argentina luego de la reapertura de los juicios fue la de Julio Simón, alias Turco Julián, y se produjo luego de un juicio oral y público celebrado en agosto de 2006. Simón fue condenado a veinticinco años de prisión por la desaparición y los tormentos infligidos a José Poblete y Gertrudis Haclzik. (Informe Cels, 2007)

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El presidente que bajó los

cuadros

ordenó descolgar los cuadros de Videla y Bignone del Colegio Militar. Cabe destacar que este acto ya había sido propuesto por el CELS a los Ministros de Defensa tanto de la Alianza (Ricardo López Murphy) como al de Duhalde (Horacio Jaunarena), sin ningún éxito. Una vez más, Kirchner colocaba en el centro de la escena política una iniciativa de los organismos de derechos humanos, con escasa aceptación del sistema político”

Mensaje al Ejército

Asimismo, es igualmente importante la advertencia de Kirchner a los militares sobre el rol que debían ocupar en la sociedad, en una tensa ceremonia en el Colegio Militar de la Nación por el Día del Ejército, en mayo de 2006:

“Quiero que quede claro, que como Presidente de la Nación Argentina, no tengo miedo, ni les tengo miedo. Queremos el Ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron Videla, Galtieri, Viola y Bignone. Hay un nuevo país, necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria y como presidente de la Nación Argentina, vengo a reivindicar un ejército nacional, comprometido con el país, y alejado definitivamente del terrorismo de Estado. Señores oficiales y suboficiales, les pido, fuertemente ese concepto y esa filosofía para que los incorporen al ejército que los argentinos necesitamos”

La muerte de Videla

En mayo de 2013 el personaje más emblemático y artífice de la dictadura más sangrienta del Cono Sur, Jorge Rafael Videla, murió juzgado, condenado, preso en una cárcel común y repudiado por la inmensa mayoría de la sociedad argentina.

Restructuración de la Suprema Corte de Justicia

Uno de los primeros frentes que decidió abordar Néstor Kirchner fue el de la Corte Suprema de Justicia, institución desprestigiada que durante los `90 se había ganado el calificativo de Corte "adicta" al poder, por ser funcional por más de diez años al menemismo y a los grandes intereses económicos. Porque, respecto de la valoración del sistema jurídico, “¿cómo los jueces pueden anular una ley que ha sido aprobada por los representantes de la mayoría del pueblo?, ¿cómo los jueces pueden interpretar una norma contraria al espíritu del legislador? ¿Cómo unos funcionarios, los jueces, son los únicos que, no habiendo sido elegidos por voluntad popular, tienen la facultad de anular, malinterpretar, dirimir o dirimir diferente a lo legislado por la voluntad popular?” (Mecle, 1998) Esta lectura ubica en el centro del debate, -fines de los ’90- la necesidad de democratizar la justicia, tema que hoy está teniendo una enorme trascendencia por la reforma que se quiere implementar:

“Cuando me refiero a la dependencia relativa de la justicia en general, estoy claramente

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reconociendo la existencia, en menor medida, de lo que la democracia necesita, de jueces probos, éticos e independientes. [Por eso] los defensores de la democracia y de la Constitución sostenemos que las decisiones judiciales de la Corte, no solo se corresponden con las presiones ejercidas por el poder político, sino que, éstas se fundamentaron en principios doctrinarios conservadores y autoritarios destinados a priorizar las decisiones de una elite en contra de los intereses mayoritarios (…) y aunque cambiara la orientación política del ejecutivo, por supuesto con la elección de otro gobernante, el autoritarismo incólume de los jueces de la Corte enraizados en el menemismo sobreviviría. Porque no solo se corresponde con una ideología cuasi unánime de los miembros de la Corte ampliada, sino que además éstos permanecen mientras dure su buena conducta. Como lo establece la constitución. Estamos entonces en presencia de otra contradicción lógica entre los principios democráticos y la forma de elección, funcionamiento y durabilidad de los jueces del poder judicial” (Mecle, 1998)

Fue en un discurso transmitido la noche del 4 de junio de 2003 por Cadena Nacional, cuando el presidente Néstor Kirchner pidió enérgicamente al Congreso Nacional que pusiera en marcha la herramienta del juicio político contra algunos miembros del máximo tribunal, integrantes de la “triste y célebre mayoría automática".

"Pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores, que el Congreso de la Nación, marquen un hito hacia la nueva Argentina preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias", aseveró en esa oportunidad el entonces mandatario”

En ese marco, aseveró que no quería "nada fuera de la ley" sino utilizar los "remedios de la Constitución" para "cuidar a la Corte Suprema como institución de la Nación, de alguno o algunos de sus miembros, la tristemente célebre `mayoría automática`".7 Más allá del histórico cambio que significó esta decisión de terminar con una Justicia funcional a los intereses políticos y económicos, Kirchner impulsó además un innovador sistema para la selección de nuevos jueces, signado por la transparencia y la participación de la ciudadanía.

7 Así fue que el Congreso avanzó con el juicio político contra Julio Nazareno, ex titular del Máximo Tribunal, quien decidió renunciar a su cargo cuando vio el inexorable camino que tomaba el proceso iniciado en su contra frente a la inminente aprobación de su acusación en el recinto de la Cámara de Diputados. Un mes y medio más tarde, la Cámara baja aprobaba en el recinto la acusación por "mal desempeño de sus funciones" contra otro de los integrantes de la denominada "mayoría automática", Eduardo Moliné O`Connor, quien aseguró que no renunciaría a su cargo y que enfrentaría el proceso. De hecho, el 3 de diciembre de 2003 se convirtió en el primer juez de la Corte Suprema de Justicia en ser destituido por el Senado de la Nación. Una suerte similar corrió el también ministro Antonio Boggiano, quien fue destituido en el 2005 por el Congreso, mientras que Adolfo Vázquez y Guillermo López optaron por seguir el camino de Nazareno y renunciaron a sus cargos cuando vieron que los procesos en su contra tenían un final inevitable.

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Nueva Corte Bajo esta nueva normativa, fueron designados ministros Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti, quien fue elegido luego por sus pares para encabezar el nuevo Máximo Tribunal. En tanto, en noviembre del 2006, Diputados convirtió en ley un proyecto que había sido impulsado en el Senado por Cristina Fernández de Kirchner para reducir de nueve a cinco los miembros de la Corte y volver así a la composición que había tenido el cuerpo hasta 1990, cuando el ex presidente Carlos Menem amplió su integración y conformó lo que luego sería la "mayoría automática".

La autonomía de los poderes Según Mecle (2010), “con la renovación de la justicia a través de nuevos miembros de la Corte Suprema, ésta ha demostrado no solo la pluralidad al interior de la misma sino también la independencia con relación al Ejecutivo, lo cual marca una clara diferencia con periodos políticos anteriores”. Pero al mismo tiempo que Mecle (2010) reconoce los avances en materia del sistema judicial en general y de la Corte Suprema en particular, señala también un retroceso en la “consolidación del fortalecimiento institucional de la autonomía de los poderes”, cuando fue modificada la composición del Consejo de Magistratura en 2006. Por iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner, por aquel entonces senadora”

Nuevos derechos ciudadanos

En el primer mandato de Néstor Kirchner se promulgaron más de veinte leyes que buscaban ampliar la calidad de vida de la población en materia social, cultural, económica, laboral, educación, de género. De todas ellas, hemos decidido ahondar en las más relevantes.

Nueva Ley de Migraciones

2004

La Ley de Migraciones del año 2004 parte, según De Pascal y Río León (2013) “de la consagración del derecho a migrar y de la obligación del Estado de garantizarlo. Esta ley no solo abandona el enfoque expulsivo, sino que evita la indiferencia frente al fenómeno. Los prejuicios se reemplazan por una política activa de enfoque plural, que promueve el acceso a la salud y a la educación de los hijos de extranjeros. Se establece además el derecho a la defensa y el control judicial de las deportaciones, que se perfecciona a partir de una disposición de la Dirección Nacional de Migraciones que suspende las expulsiones de extranjeros ilegales provenientes de países limítrofes. En materia de procedimientos, y para el caso de migrantes provenientes del Mercosur y países asociados, se bajó de doce a tres la cantidad de trámites migratorios a completar para obtener la residencia temporaria.

El nuevo modelo migratorio no está exento de críticas y oportunidades de perfeccionamiento. Algunos expresan que se produce una concentración de migrantes en los lugares estructuralmente más preparados. Las posiciones más extremas llegan a denunciar que el nuevo modelo fomenta una inmigración vinculada a actividades ilegales. Desde el punto de vista socioeconómico, se expresan prevenciones respecto de la “importación” de desempleo desde los países limítrofes, lo que engrosaría las capas precarizadas de la sociedad y disminuiría los niveles salariales por mayor oferta. A estas preocupaciones, se suma el clásico argumento de que la atención sanitaria, educativa o habitacional

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al migrante va en detrimento de la correcta atención al nacional.

Leyes por la Educación

Pública 2005/2006

Siguiendo nuevamente a Bernazza (2013) “La configuración del sistema educativo tras la sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional , la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Nacional (LEN), se inscribe en los esfuerzos por reordenar el sistema educativo heredado, el que, tarde o temprano, desembocaría en la desjerarquización de los establecimientos públicos y la irrupción de los institutos y universidades privadas como ámbitos garantes de excelencia y “calidad” académica. Si bien “la derogación de la LFE y la sanción de una nueva Ley Nacional de Educación constituyó un punto de quiebre relevante respecto de lo que fue la ley emblemática de los 90” debe señalarse que el síntoma más palpable de que algo había cambiado fue previo: la Ley de Financiamiento Educativo, al establecer un 6 % del PBI destinado a la educación, alineó discursos con prácticas, saldando la contradicción que caracterizó la etapa anterior”

“Entre las principales modificaciones vale resaltar el cambio en la estructura del sistema educativo, que comprende cuatro niveles –Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Superior. Asimismo, el gobierno del sistema educativo previsto por la LEN reúne al Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como responsables de la planificación, organización, supervisión y financiación del Sistema Educativo Nacional. Los acuerdos entre estas jurisdicciones respecto de la política educativa se viabilizan a través del Consejo Federal de Educación (CFE).

“Uno de los desafíos de la actual reforma es lograr que la inclusión educativa pueda romper la reproducción de brechas sociales como brechas educativas. Para que el derecho a la educación sea ejercido por las mayorías y no sólo por quienes pueden sostener este proceso, las leyes deben abandonar viejas tradiciones “declarativas” para consumarse en planes y programas públicos. Un ejemplo lo constituye el Programa Conectar-Igualdad, que acercó las herramientas de acceso a la era digital”

Recomposición del Salario, Mínimo, Vital y Móvil Una serie de decretos fueron elevando el ingreso de los trabajadores. “El deterioro de las remuneraciones reales de los sectores más débiles de la sociedad asociado al congelamiento del SMVM por más de 10 años comienza a ser revertido en julio de 2003, a partir del Decreto 388 del Poder Ejecutivo Nacional, el cual elevaba la remuneración mínima de los trabajadores en un 50%.” (Panigo, Chena y Makari, 2010: 56).La investigación y análisis crítico de los Decretos de Necesidad y Urgencia del período, evidencian que el 52% de los

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Leyes de inclusión laboral 2007

DNU tratan la recomposición salarial. (MECLE, 2010) Recuperación y fortalecimiento de la actividad sindical A partir de la sanción de la Ley 25.877 de Ordenamiento Laboral “las diversas medidas adoptadas en esta materia han coadyuvado a la reconstrucción del poder de negociación de los trabajadores y la reinstauración y ampliación del proceso de negociación colectiva periódica, que ha dado como resultado el ejercicio de la participación de los sindicatos en la determinación de los salarios y beneficios sociales, y el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo de los asalariados.” (Panigo, Chena y Makari, 2010: 52). Combate del trabajo no registrado La nueva normativa puso en valor el trabajo formalizado. Este cambio de enfoque es acompañado por una serie de medidas que redujeron el trabajo no registrado del 52,4% en el 2004 al 34,6% en el 2010. En la misma línea, se fortalecen las acciones de fiscalización del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a la vez que distintas resoluciones conjuntas con la AFIP permitieron simplificar la inscripción laboral así como llevar un mejor control de los aportes y contribuciones de los empleadores. Aseguramiento de la estabilidad laboral La Ley 25.877 establece un plazo máximo de tres meses como período de prueba para todos los casos. También establece que el empleador debe realizar los aportes y contribuciones desde el primer día del período de prueba y prohíbe contratar bajo esta forma a empleados que ya hubiesen estado contratados en el pasado. El trabajador que se encuentra en el período de prueba accede a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo. Asimismo, modifica el régimen de preaviso, en donde se obliga al empleador a dar aviso en un período no menor a 15 días a los empleados en período de prueba. Otro aspecto importante que regula la ley es la unificación del sistema indemnizatorio y el aumento de las indemnizaciones por antigüedad.

El Estado en la economía

(2003-2007)

Los mitos y simplificaciones De acuerdo a Kicillof (2009) existen algunas pre-nociones a la hora de analizar el periodo económico que se inicia en el 2003: 1) “El despegue era inevitable” (Mito) “Al inicio de la nueva etapa, los principales exponentes de la ortodoxia y otrora defensores del régimen de Convertibilidad trataron de explicar la rápida reactivación de la economía utilizando una ilustrativa metáfora: el crecimiento experimentado podía asimilarse al “rebote del gato muerto” (“the dead cat bounce”). Esta alegoría se refiere a la

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recuperación que suelen mostrar los índices macroeconómicos después de experimentar una fuerte caída. Para el caso de la economía argentina, la expresión fue popularizada por la entonces directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne Krueger. Según este punto de vista, la profunda crisis de 2001-2002 debía provocar necesariamente una mejora posterior, como si fuese posible aplicarle a la economía una automática ley física según la cual todo lo que baja debe luego subir”.

2) “Todo se explica por el favorable contexto internacional” (Simplificación) “Ya a fines del 2002, algunos factores del contexto internacional se tornaron extremadamente favorables para la economía argentina, lo que sin duda sirvió para la rápida reactivación doméstica. El intenso crecimiento de la economía mundial y regional y los ventajosos términos de intercambio sobresalen como los aspectos centrales del nuevo escenario. Más allá de que el contexto internacional es sumamente decisivo, algunos adjudican este periodo de bonanza exclusivamente a la favorable situación externa del país” (Kicillof, 2009) Según el autor, “para la ortodoxia, lo ocurrido en Argentina nada tiene de particular y, sobre todo, está exento de toda influencia de la política económica interna. Peor aún, mientras que los avances se atribuyen al empuje mundial, las políticas implementadas durante el período no habrían conseguido otra cosa que empeorar las cosas y desperdiciar una excelente oportunidad. Dicho de otro modo, las condiciones mundiales favorables podrían haberse aprovechado al máximo si se aplicaba un programa económico de raigambre librecambista similar al que se implementó en la década de 1990. Desde este ángulo, las medidas tomadas después de la devaluación mediante la redoblada intervención del Estado lo único que lograron fue “distorsionar” los valores de equilibrio “naturales” de las variables económicas, con efectos desastrosos para la economía y la sociedad. Tal sería el caso de la política cambiaria, de los impuestos a las exportaciones, de los subsidios y de los intentos de control de las tarifas de los servicios públicos y de algunos de los precios internos”

La economía argentina: mas allá de los mitos Lejos de poder reducirse a un necesario despegue o a una coyuntura internacional favorable, Kicillof (2009) entiende el primer gobierno de Néstor Kirchner, desde el punto de vista económico , como la etapa rosa (2003-2007) del modelo, la cual estuvo marcada por lo que podríamos caracterizar como una “triple alianza” de intereses: “mientras los exportadores (predominantemente primarios) gozaron de la suba de los precios mundiales y el favorable nivel del tipo de cambio (aunque moderado por las retenciones), la industria mercado-internista creció como no lo había hecho en décadas. Por su parte, los trabajadores se fortalecieron al calor del crecimiento de la ocupación y la recuperación del salario, cuyo poder adquisitivo se había pulverizado con la crisis de 2001-2002”. Esta alianza, cabe señalar, se desarrolló en un contexto atravesado, en palabras de Mecle (2010) “por un discurso con fuerte crítica al neoliberalismo, el cual a su vez resignificó nuevamente el rol del Estado. La intervención de éste en la economía dejo de ser la causa de las afecciones tanto económicas como sociales, al mismo tiempo que recuperó su financiación a partir del reordenamiento de las cuentas públicas”

Intervención estatal

Durante este período se asumió el paradigma de la “intervención estatal” como condición

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necesaria para alcanzar y mantener el desarrollo de una economía. En tanto, como asegura Kestelboim (2011), la condición suficiente para promover el progreso económico fue que dicha intervención se articuló con una estrategia planificada de desarrollo de una matriz productiva anclada en actividades intensivas. Lamentablemente, la fragilidad y el escepticismo respecto de la capacidad del Estado para intervenir en la economía nacional, tras las agudas crisis de las últimas tres décadas provocaron que la legitimidad de la intervención, en los últimos años, tenga que estar sujeta a superávit fiscales y comerciales. No obstante, a partir de 2003, se apreció un cambio de tendencia, donde la administración pública empezó a ganar autonomía y participación (…) y cuyo efecto más importante fue el mayor poder adquisitivo de los estratos más vulnerables de la sociedad”. La decidida intervención del Estado ha resultado visible en los siguientes aspectos:

1. Políticas de reindustrialización 2. Reestructuración de la deuda externa 3. Empleo 4. Redistribución del ingreso 5. Planes Sociales

Industrialización

¿Estamos ante un nuevo modelo de <Industrialización por sustitución de importaciones?>. Según Burgos (2011), “esta vieja noción del ISI remite cronológicamente al modelo de desarrollo latinoamericano que empezó en los años ‘30 y ‘40 y terminó con las dictaduras militares de los años ’70 (…) Pero evidentemente el contexto actual es muy distinto del que existía cuando el modelo de sustitución por importaciones nació: el de las guerras mundiales, de la crisis del 29 y del pasaje de la hegemonía británica a la estadounidense”. Y aunque no puede hablarse del resurgimiento de la ISI, para Burgos (2011) “es importante destacar que el proceso actual quebró la tendencia histórica a la desindustrialización, tanto en términos de producción nacional como de empleo industrial. Pero tampoco se trata de una revolución industrial”. “En la primera etapa del actual modelo (2002-2004), el crecimiento industrial fue vigoroso y se sustentó sobre el incremento de la capacidad instalada, llegando a utilizar el 73% de la misma en 2005. Cabe recordar que la larga agonía de la Convertibilidad incluyó una caída de la producción industrial que empieza en 1999 y llega al punto más bajo en 2002, cuando cae la producción industrial a1%”, sin embargo, puede registrarse a contracorriente de esa tendencia en caída, un aumento de producción industrial del 65 % entre 2003-2010 (Kestelboim (2011) Siguiendo a Svampa (2011), “pese a que en el periodo de posconvertibilidad la reactivación industrial fue notable, en términos comparativos, ésta ha sido más bien acotada. Ciertamente, el desempeño del sector industrial, con relación a la creación de puestos de trabajo, fue positivo: en el año 2007 la industria llegó a ocupar a 36% de los trabajadores, 7% más que en 2002. Pero este proceso de

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reindustrialización fue favorecido por el esquema macroeconómico de «tipo de cambio alto y competitivo» –sostenido por intervenciones del Banco Central–. Más allá de esto, las políticas activas hacia la industria fueron escasas y no se formuló una estrategia de industrialización inclusiva y sustentable”, “Por ende, la reactivación económica y manufacturera que tuvo lugar a partir de 2003 no logró revertir los alcances de los años de desindustrialización neoliberal. Por otro lado, la dinámica salarial de los últimos años se centró en la recuperación de la participación en las ganancias que los trabajadores habían perdido en 2001, y no ha superado este techo; lo cual explica que, pese a que el índice de desocupación es bajo, existe una proporción importante de la población asalariada que se encuentra bajo la línea de la pobreza. Por último, la supuesta «vía industrial» debe ser relativizada, en la medida en que el crecimiento de la economía aparece ligado a la exportación de commodities (principalmente, la soja y sus derivados), favorecida por los altos precios internacionales”

Desde otra mirada, también crítica, Claudio Katz (2012), afirma que “e l esquema en curso comparte con la sustitución de importaciones un origen semejante, ya que ambos brotaron de una crisis de envergadura histórica (1930 y 2001). En los dos casos la clase dominante comandó un giro hacia la industrialización que derivó en fases de alto crecimiento. Pero el viraje manufacturero actual ya no cubre las simples carencias industriales que predominaban en los años 30. Irrumpe luego de un dramático proceso de regresión fabril que desarticuló la estructura productiva. La reversión de esta demolición ha comenzado con una recuperación industrial, luego del mayor dinamismo que tuvieron los servicios durante los ´90. Este resurgimiento manufacturero es un resultado directo de la devaluación, el abaratamiento de la fuerza de trabajo y la capacidad ociosa precedente y no conduce a reconstruir el viejo tejido industrial centrado en el mercado interno. El efecto más visible del giro industrialista es la modificación del ciclo económico. Si la recuperación en curso no se detiene, la periodicidad de una crisis cada 6 o 7 años (1975-76, 1982, 1989-90, 1995, 2001-02) quedaría sustituida por otra secuencia de la acumulación. La revitalización industrial es auspiciada por el gobierno a través de subsidios a los industriales. Para financiar promociones, desgravaciones y rebajas de cargas patronales, el fisco autorizará este año exenciones por 14.892 millones de pesos, es decir el 10% de la recaudación. Esta subvención incrementa en un 12% el auxilio ya concedido en el presupuesto anterior. El sostén a los industriales es una prioridad para los recursos obtenidos por el Ejecutivo por encima del superávit fiscal. Como resultado de los superpoderes que delegó el Congreso, varios ministros disponen de 20 fondos fiduciarios para solventar los negocios empresarios” (Katz, 2012)

“Algunos partidarios del gobierno argumentan que el engrosamiento del superávit fiscal y la acumulación de reservas permiten al gobierno confrontar con el establishment. Señalan que la solidez de la caja es indispensable para neutralizar el poder de fuego de los grupos dominantes, que precipitaron la hiperinflación de los ´80 y la corrida bancaria en los ´90. Pero si el Presidente

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estuviera enfrentado con los grandes grupos no les giraría auxilios tan millonarios. Estas empresas son los destinatarias del incremento de la inversión pública, que ya se ubica en un 50% por encima del inicio de la crisis en 1998. Es cierto que el estado atesora más fondos que en el pasado, pero la finalidad es afrontar eventuales tormentas financieras. Este mismo resguardo adoptan todas las economías capitalistas para socorrer al sistema en las grandes crisis. El propósito de esta protección es salvaguardar al régimen y no confrontar con sus beneficiarios” (Katz, 2012)

Reestructuración de la deuda

2005

El colapso de la convertibilidad derivó en el 2002 en la declaración formal de cesación de pagos del Gobierno argentino. Según los datos oficiales que Jaime Héctor Saiegh nos aporta: “en ese entonces, la deuda pública (tanto en pesos como en dólares) se ubicaba en el equivalente de 144.000 millones de dólares. A esta cifra cabría sumarle el costo de la salida de la convertibilidad que sumó una deuda por 47.000 millones de dólares adicionales”. Desde la perspectiva de Saiegh, “el altísimo grado de recesión y desempleo de entonces generaron un importante superávit comercial externo. El Gobierno nacional no podía acceder al crédito externo, pero tampoco tenía que pagar capital ni servicio por la deuda en default. A partir de ese momento, la economía argentina comenzó a funcionar “al contado” mientras que el Banco Central de la República Argentina comenzó a recuperar y acumular reservas internacionales”. Y los resultados –señala Saiegh- fueron singulares: “de una deuda pública equivalente al 164,4% del PIB en 2002 se llegó a otra menor al 10 % del PIB a fines de 2011. Esta reducción se logró mediante quitas y refinanciación de la deuda vieja, pagos de deuda, nacionalización de las AFJP y, por último, la inconvertibilidad de la moneda argentina”

¿Cómo se renegoció la deuda? Así lo explica Saiegh: “Ya en el año 2005, “el Gobierno Nacional ofreció a los acreedores por la deuda en cesación de pagos declarada a principios de 2002, un Canje de bonos. El ofrecimiento fue canjear los títulos vencidos e impagos desde fines de 2001, por otros cuyos vencimientos llegaban hasta el 2033. Además, incluía una quita o rebaja de la deuda nominal del orden del 65%. Es decir, la oferta del Gobierno, para salir de la cesación de pagos heredada, consistía en pagar sólo el 35% y a muy largo plazo. Tradicionalmente este tipo de canjes se suponían viables o aceptables para el conjunto de acreedores locales e internacionales si contaba con el apoyo del FMI. Este acordaba con el gobierno deudor un “conjunto de políticas” del tipo “frendly markets” y avalaba explícitamente la oferta del deudor. Pero el gobierno argentino no solicitó ni contó con el apoyo ni con el acuerdo del FMI. Esta definición fue una clara señal acerca de cuál era la estrategia económica que había decidido el Gobierno Nacional. No había precedentes históricos modernos sobre un canje de deuda sin el acuerdo con el FMI. Más aun, la mayoría de los economistas ortodoxos suponían que el canje debería fracasar,

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es decir, no iba a ser aceptado por la mayoría de los acreedores. Por el contrario entre el canje del 2005, junto al complementario de 2010, prácticamente se liquidó la deuda vieja. Así, se cumplió la primera etapa del desendeudamiento y la Deuda Pública pasó en 2006 a un 64,0% del PIB”

Desde una mirada similar, comenta Bernal (2011), que la política de instrumentar el Fondo de Desendeudamiento mediante el uso de reservas: “Se pagaron deudas, mejoraron los indicadores financieros, se redujo el riesgo país y las reservas continuaron creciendo” Se trató de una decisión nueva, potente, que apuntaba a que la Argentina tuviera mayor solidez, sin ajuste fiscal, cerrando un programa de vencimientos muy duros como fue el del 2010”. En esta misma línea, Mecle (2010) sostiene que “el pago de la deuda al FMI simbolizó no solo la ruptura con los cánones del modelo anterior, sino también la recuperación de cierta soberanía política, la cual había sufrido importantes embates frente al disciplinamiento neoliberal”. 8 Según Blejer (2007), en la reunión de septiembre de 2003 entre Bush y Kirchner el mensaje de los EE.UU fue claro: “siga negociando con firmeza con los acreedores”. Para este autor, a diferencia de la perspectiva de Saiegh, “la sintonía con la posición estadounidense (Frenkel et al., 2005) de respetar a rajatabla la deuda con los organismos financieros internacionales y, en consecuencia, descargar el peso de la reducción de la deuda sobre los bonistas privados constituyó el eje de la estrategia argentina”. “La dureza en la negociación con los acreedores privados recibió, por ello, el aval del gobierno estadounidense. Este “cambio de paradigma” (Ministerio de Economía y Producción, 2004) originado en la cumbre del poder político internacional abrió el camino para una experiencia inédita en los procesos de reestructuración de deudas” “Desde el inicio de la crisis hasta fines de 2005, Argentina canceló 14.500 millones de dólares de deuda con los organismos financieros internacionales, reduciendo significativamente la exposición de estas instituciones con el país. Esta fenomenal transferencia de recursos al exterior, realizada durante una crisis económica y social de extrema gravedad, ha recibido –con razón– severas críticas por parte de muchos sectores” “Para dimensionar la magnitud de la transferencia, valga decir que estos recursos equivalen al 40% del déficit habitacional del país (1.200 millones de viviendas). Alternativamente, habrían permitido construir tantos

8 Otros autores como Sconza, Perotti y Mengoni (2007) hacen hincapié en el hecho de que la deuda pasó de ser externa a interna: “El 3 de enero de 2006, el gobierno argentino giró US $ 9.530 millones al FMI para cancelar la deuda con el organismo. Las reservas descendieron a US $ 18.579 millones, pero el BCRA adquirió US $ 51 millones en el mercado. La ministra Felisa Miceli -que había remplazado a Lavagna- aseguró que las reservas respaldaban en su totalidad la base monetaria (todos los pesos que circulan en la economía). Igualmente, el cambio de los acreedores no es menor: en lugar de deberle al FMI ahora le debe al BCRA, pero a plazos, tasas y diferencia mucho más razonables.

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establecimientos escolares u hospitalarios como los que ya existen en la actualidad. El reiterado discurso de fuerte confrontación con el FMI en los foros internacionales y las tribunas del país contrastaba con los voluminosos pagos realizados. Dicho de otro modo, la calificación al FMI de corresponsable de la crisis argentina (así lo dijo Kirchner en su mensaje a la Asamblea Legislativa de 2004) entraba en flagrante contradicción con su reconocimiento como acreedor privilegiado” “El gobierno de Kirchner diseñó, entonces, una estrategia comunicacional tendiente a limitar las repercusiones negativas de los pagos en una opinión pública contraria a los organismos financieros internacionales y sus políticas. Comenzó a hablarse de un desendeudamiento que permitiría reducir el peso de la deuda y, al mismo tiempo, ganar autonomía para la política económica (ya que los pagos posibilitaban la postergación de nuevos préstamos con la consiguiente condicionalidad)”

FMI Aunque Blejer se distancia de la mirada de Saiegh, por cuanto afirma que la Argentina tuvo el “aval” de los EE.UU para renegociar la deuda, si concuerda con la política de confrontación hacia los organismos internaciones, concretamente: “El directorio del FMI prefirió no participar de la reestructuración de la deuda argentina, a diferencia de lo que había hecho en otras situaciones recientes, tales como Rusia, Ucrania y Ecuador. En esos casos, la negociación con los acreedores se efectuaba bajo el paraguas de un acuerdo previo con el FMI, quien garantizaba la sostenibilidad de la deuda a partir de la reestructuración y otorgaba préstamos para aliviar el esfuerzo fiscal y externo. La reestructuración argentina revistió, entonces, un carácter inédito, dado que no se llevó a cabo bajo el paraguas de un acuerdo de facilidades crediticias con el FMI. Los tenedores de bonos se vieron enfrentados directamente con el gobierno argentino, que formulaba por su cuenta los ejercicios de sostenibilidad (…) [Además] los representantes argentinos intentaron impulsar ciertos principios, tales como otorgar un trato preferencial a los acreedores pequeños y menos sofisticados, a los compradores originales y a aquellos en etapas de pre-crisis”.

Las políticas

Trabajadores. De acuerdo a Madera (2010), “a lo largo de este período, la política laboral fue estructurada según tres ejes principales:

1) Una política de salarios y protección del trabajador, instrumentalizada mediante decretos presidenciales y arreglos corporativos. Aquí, la CGT moyanista se transformó en un actor central que, vis a vis con el gobierno, protagonizó las negociaciones corporativas que sostenían los arreglos salariales.

2) Una reestructuración del marco regulatorio de las relaciones laborales llevadas a cabo en la arena legislativa

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laborales 3) Los planes elaborados por el Ministerio de Trabajo en relación al empleo en negro y el desempleo. La estrategia oficial con respecto al trabajo no registrado de trabajo estuvo en el fomento de las tareas de fiscalización y control del empleo informal por parte del Estado mediante la implementación del Plan de Regularización del Empleo. Este instrumento de política pública, principal respuesta del gobierno frete a uno de los mayores problemas del mercado laboral argentino, fue concebido, sin embargo, como subsidiario de las políticas en relación al sector formal de la economía.

De acuerdo a los números que expone el ensayo de Bernal (2011), “entre 2003 y 2009 se crearon 5 millones de puestos de trabajo de los cuales el 66% corresponde al sector privado, el 12% al sector público y el resto está repartido entre autónomos y monotributistas. Desde la perspectiva de Castillo Marín (2007), “Si bien un aspecto destacado de la actual política nacional son los resultados obtenidos en términos de empleo (con una reducción de la desocupación del 20% a menos del 9%), sobreviven algunas cuestiones que es necesario resolver, o por lo menos, reconocer su existencia conflictiva. La existencia de cuestiones pendientes en materia de empleo se vincula con las características de las actuales políticas de empleo. Por lo que conviene, aunque sea en forma muy sintética hacer referencia a las mismas. Existe una gran persistencia de situaciones de desigualdad entre grupos de trabajadores. El mejoramiento del nivel de empleo y de los ingresos de los trabajadores, que muestran los indicadores de carácter general, han tenido un bajo impacto en términos de reducir las diferencias que existen, entre distintos grupos de trabajadores. La continuidad de altos índices de trabajo no registrado, de precariedad en las condiciones laborales y de menores salarios afectan especialmente a trabajadores de la construcción, comercio, hoteles, restaurantes, que se desempeñan principalmente en unidades productivas pequeñas” Empresarios. Pero los indicadores no solo muestran números del lado de los trabajadores. Los empresarios también se vieron favorecidos por el modelo: en el periodo comprendido entre 2002 y 2009, el producto por trabajador se incrementó un 17%. La evolución de la productividad muestra un incremento del 10% entre 1998 y 2009. Además, creció un 36% la cantidad de empresas privadas formales entre 2002 y 2009

Desde la óptica de Tenewicky (2010) “suele haber consenso en cuanto a que la mayor asignatura pendiente del Gobierno de Néstor Kirchner fue la distribución del ingreso. Si bien consideramos que la recuperación no fue suficiente para sostener mejoras sustanciales en la calidad del empleo y la distribución del

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Redistribución del ingreso

ingreso siguió siendo muy inequitativa, tenemos ciertos reparos sobre las conclusiones de quienes afirman que en el tema distributivo estuvimos peor que en la década del noventa” Para la autora, la distribución del ingreso es resultado de, fundamentalmente: 1) La estructura productiva de la economía; 2) El poder relativo de cada clase social 3) La institucionalidad generadora de derechos; 4) La forma de financiación de las políticas públicas (en relación al empleo, desempleo, planes sociales, etc.)

Observemos el cuadro

Participación de los salarios en el PBI

Años Porcentajes Referencias

1993 44,7 Primer gobierno de Menem

1997 37,1 Seis años de Convertibilidad

2001 42,1 Comienzo de la crisis

2003 34,3 Fin de la crisis

2004 36,1 Gobierno de Néstor Kirchner

2005 38,6 Gobierno de Néstor Kirchner

2006 41,3 Gobierno de Néstor Kirchner

De acuerdo a Tenewicky (2007), “se observa un marcado descenso de la participación de los salarios en el PBI entre 1993 y 2003, pasando del 44,7% al 34,3% respectivamente. A partir de 2004, los salarios vuelven a ganar terreno, pasando al 41,3 % en 2006. Esto indica un quiebre en la tendencia anterior, aun cuando no se hayan alcanzado los niveles de 2001. Esta recuperación parcial de la participación de los salarios en el PBI a partir de 2004 se debió a una nueva estructura productiva, en la cual los sectores más dinámicos son los bienes, fundamentalmente los industriales lo que permitió un aumento sostenido del empleo, y al aumento del salario real que creció más que la productividad. Para que continúe este proceso de recuperación del salario en la apropiación de la riqueza generada resulta fundamental que el sector productor de bienes siga siendo el motor de la economía y de la generación de empleo. En síntesis, los índices demuestran a la autora que las políticas públicas han mejorado la distribución del ingreso. “Sin embargo, los niveles de pobreza e inequidad distributiva siguen siendo elevados”

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se sostiene que las políticas sociales pueden ser:

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Planes Sociales

1.- Mitigadoras. 2.- Reparadoras. 3.- Constructoras. “La mitigadora, es básicamente compensatoria. Su objetivo es disminuir los riesgos de una persona o familia. Es la propuesta del modelo neoliberal, con programas focalizados, con elección de beneficiarios, padrones de pobres y naturalización de la pobreza. Es reduccionista en su aplicación. La misma de la que hacen gala algunas instituciones y partidos políticos en nuestra sociedad. Es una práctica política que discrimina por su discrecionalidad. Es el concepto utilitarista de la caridad, muchas veces usado para negocios publicitarios o para evadir de manera “seudo comprometida” impuestos, o en el caso de algunos políticos, para sacarse una foto más y hacer marketing político. Este tipo de medidas no transforman la realidad; necesitan individuos beneficiarios o clientes como objeto de sus acciones. La reparadora, afirma que “donde hay una necesidad hay un derecho”. Comprende políticas sociales concretas de protección y reconstrucción” “La constructora, construye inclusión social (…) Es preventiva, promotora y de construcción de ciudadanía. Tanto en la política reparadora como en la constructora, se reconocen a las personas como titulares de derecho. En cambio para la mitigadora, o la de beneficencia, los individuos son beneficiarios o clientes.9

Planes Sociales En el año 2005 se conformó “la Red Federal de Políticas Sociales” con el objetivo de integrar los programas ya existentes a través de tres grandes planes nacionales: “El hambre más urgente”, que atiende la emergencia alimentaria, el “Manos a la obra”, que promueve y fortalece el desarrollo local y la economía social y el Plan “Familias” cuyo objetivo tiene a vigorizar el desarrollo humano en el marco familiar” (Mecle, Fernández y Borenholtz, 2010) Dentro de los planes sociales más concretos se destacan: -Programa de Ingreso Social con Trabajo, que busca reincorporar al trabajo, los valores de la solidaridad, la democracia y la justa redistribución de los ingresos entre los trabajadores que forman parte de las cooperativas de trabajo.

9 La “Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón” (1948), fue creada para dar estructura a las actividades que ésta venía realizando en el campo social y en 1950 tomó el nombre por la cual fue popularmente conocida. Con el surgimiento de la fundación culminó la amplia reorganización de la asistencia social que había comenzado en 1944 y proseguido en 1946. Esta Fundación tuvo un gran enfrentamiento con la Sociedad de Beneficencia por la concepción estatal sobre la ayuda social, orientada según principios de justicia social. Inició un nuevo camino en la protección de la niñez. La frase “allí donde hay una necesidad hay un derecho” fue un principio rector del trabajo en la fundación y marcó un principio de quiebre histórico”

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Con este plan, se intenta desterrar ideas muy marcadas dentro del imaginario social como “pobres siempre hubo”, “la pobreza es algo natural”, “si son vagos y no trabajan van a ser siempre pobres” o “lo único que hacen es tener muchos hijos” lamentablemente formaron parte de la explicación colectiva de muchos sectores de la sociedad que también enmarcan a las personas pobres dentro del ámbito delictivo: “Los pobres roban; “los jóvenes vagos se drogan, y además de robar, matan”. -Las Asignaciones Familiares Contributivas (AFC), que corresponden a los asalariados formales hasta un determinado tope y con montos diferenciados por zonas geográficas, y comprenden las asignaciones por hijo, por hijo con discapacidad, por escolaridad y por maternidad. Por otra parte están las Asignaciones Familiares (AAFF), componente no contributivo de las AFC, destinadas a los jubilados y pensionados y a los titulares del seguro de desempleo que tienen niños o adolescentes a cargo” (Informe CELS, 2011) -El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, promulgado a través de la Ley N° 25.724 de 2003, está dirigido a familias que viven en situaciones socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional. Una vez pasada la emergencia, se constituyó como una política de Estado en materia alimentaria, para elevar el nivel de vida de toda la población, abarcando el mejoramiento de la salud, y la nutrición a mediano y largo plazo. Este plan busca dar asistencia alimentaria de acuerdo a las particularidades y costumbres de cada región del país, facilitar la autoproducción de alimentos por parte de las familias, fortalecer la gestión descentralizando fondos, impulsar la integración de recursos nacionales, provinciales y municipales, realizar acciones en materia de educación alimentaria y nutricional y desarrollar acciones dirigidas a grupos de riesgo focalizados. Desde el inicio del PNSA se han firmado convenios con las veinticuatro jurisdicciones provinciales, 1.730.489 familias reciben atención, 1.559.743 familias reciben tarjetas magnéticas o vales y las otras reciben módulos alimentarios. A través de las huertas familiares comunitarias y escolares, llegamos a 3.500.000 de personas

La política extractiva

De acuerdo a Giarraca (2011), “las empresas mineras se ubican en el período dentro de las diez primeras en la lista de las grandes exportadoras del país, junto a las agrarias y las petroleras. Es decir, la Argentina no escapa a la tendencia de reprimarización de toda la región y una importante base del modelo económico son producciones primarias extractivas y exportadoras de commodities. El modelo de índole extractivo reúne entonces el agronegocio, la minería, la actividad petrolera y la forestación para pasta celulósica, entre otras. Estas actividades, junto a las infraestructuras básicas y consumos que

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requieren para su funcionamiento (agua de glaciares, represas hidroeléctricas, carreteras), han colocado en la agenda de discusión pública la cuestión de los recursos naturales, así como el modelo de desarrollo. (ver anexo, -7-) Estas actividades tienen: • alto consumo de recursos no reproducibles, como por ejemplo el agua; • remiten a escalas de producción mucho mayores que las tradicionales, por lo cual desplazan una multiplicidad de actividades preexistentes; • utilizan “tecnologías de punta” (cuestionadas por la ecología); • se localizan territorialmente porque dependen de la existencia y la persistencia de determinados recursos naturales; • fueron impulsadas en el marco del neoliberalismo económico difundido a escala mundial; • generan mucho valor de cambio, grandes rentabilidades para algunos agentes económicos, pero muy poco valor de uso para la comunidad; • se vinculan con el interés de grandes corporaciones que las impulsan, y controlan sectores clave del espacio económico en el que operan; • desplazan masivamente tanto a trabajadores rurales, al campesinado y la agroindustria en general, como a pobladores circundantes; • se orientan fundamentalmente hacia las exportaciones, con lo cual no contribuyen a resolver necesidades internas; • son altamente conflictivas respecto de las tradicionales actividades existentes en las distintas regiones: agricultura “de proceso” o alimentaria, ganadería, turismo, cultivos industriales; • la mayoría no son esenciales para la vida de las comunidades o del mundo en general. Se puede vivir sin oro y también sin soja, pero no se puede vivir sin agua ni alimentos. (Giarraca,2011)

El sector agrario

La sojización del campo argentino en clave histórica

Para Norma Giarraca y Migel Teubal (2010), dos de los mejores especialistas en lo que se refiere a temáticas rurales, “a partir de la década de 1970, se ha producido un intenso proceso de sojización en el país, basado en la preeminencia de este producto agropecuario en detrimento de otros. Se trata de un modelo que adquiere un cariz muy especial a mediados de los noventa, cuando se libera al mercado la soja transgénica. A partir de entonces, Argentina se transforma en uno de los principales países del Tercer Mundo en el que se cultivan transgénicos. Todo esto involucra un nuevo paquete tecnológico basado no sólo en la utilización de la semilla transgénica, sino también, en la siembra directa y el uso masivo del glifosato y otros agroquímicos” 10(ver anexo, -8-)

10 “El valor de las exportaciones de soja en 2007 aumentó con relación a 2006 en 52.3%; este incremento se debió no sólo a mayores volúmenes exportados sino fundamentalmente al alza significativa de sus precios (…)” Para los autores, “dichos procesos operaron en el marco de arreglos institucionales que facilitaron la consolidación de un sistema de agronegocios en el país. Se trata de un sistema que propicia el control, por parte de grandes empresas transnacionales,

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Estas empresas asumen una lógica muy distinta a la agroindustrial de antaño. Argentina era un país de chacareros, de cooperativas, de industrias nacionales, de cadenas agroindustriales, tanto en los frigoríficos como en las harinas. Había una doble lógica, orientada a exportar pero también a producir alimentos para el consumo popular masivo. Todo ello comenzó a cambiar durante la dictadura militar, y se enmarca en la globalización y el predominio del capital financiero. (Giarraca.Teubal,2010) Esta significativa expansión y concentración de la tierra que nace a fines de la década del ’70, se acentuó en los ’90 y continuó su curso durante la primera década del siglo XXI, generando una serie de consecuencias en la estructura social agraria, en la estructura productiva y en los mundos campesinos e indígenas, que pueden resumirse a dos: la desaparición de pequeños productores capitalistas en la región pampeana y, como ya mencionaron Teubal y Giarraca, los procesos de sustitución de tierra para ganadería, tambos, cultivos alimentarios por soja en cantidades muy importantes en casi todo el país.

La intervención económica en perspectiva ¿Continuidad y/o cambio en el patrón de acumulación?

¿Qué es el patrón de

acumulación del capital?

Para considerar si hubo o no un cambio profundo en la economía durante estos 10 años de gobierno, debemos antes preguntarnos: ¿Qué es un <patrón de acumulación del capital>?

Según Basualdo (2007), “las etapas históricas que conforman la historia económica argentina durante el siglo XX se delimitaron teniendo en cuenta una categoría del análisis económico y social sumamente relevante como es el de régimen o patrón de acumulación dominante”. Este concepto está asociado a una determinada estructura económica que si bien expresa los avances tecnológicos y de los procesos productivos, es resultado de las luchas sociales que se entablaron entre el capital y el trabajo e involucran a las diferentes fracciones del capital y los distintos estratos sociales dentro de los trabajadores. También es preciso indicar que para poder constatarse la existencia de un patrón de acumulación de capital debe cumplirse un requisito: la regularidad en su evolución, es decir el ritmo o repetición de determinado fenómeno a intervalos más o menos regulares”.

En verdad, la pregunta en torno a si hubo o no un cambio de acumulación durante estos diez años de gobierno kirchnerista forma parte de una discusión que suscita gran interés entre sectores académicos y políticos.

de sectores clave del sistema agroalimentario argentino: la provisión de semillas e insumos, la compra de tierras en algunas regiones, el control del procesamiento industrial (la industria alimenticia) y el comercio de la producción, tanto para el mercado interno (super e hipermercados) como para el externo” (Giarraca y Teubal)

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Las posiciones que existen pueden reducirse a tres: a) hay un cambio (ruptura) en relación al patrón anterior b) hay continuidad y cambio con el patrón anterior c) hay continuidad (sin cambio) con el patrón anterior11

(ver anexo, -9-)

Balance del mandato de Néstor Kirchner

De acuerdo a Sidicaro (2011), cuando finalizó la gestión de Kirchner, el gobierno reunía índices de aprobación en la opinión pública del orden del 60%, medición hecha a partir de encuestas a individuos cuyas respuestas surgían de ponderaciones de temas distintos pero que convergían en valorar positivamente aspectos de la acción oficial. Por cierto, las iniciativas relacionadas con las críticas a la pasada dictadura genocida pesaron en el vuelco favor de Kirchner de las simpatías de muchas personas que se definían como progresistas, pero al mismo tiempo no pocos integrantes de los partidos justicialistas provinciales y de los sindicatos peronistas debieron expresar su satisfacción por otros aspectos de la política oficial, aun cuando no compartían las medidas contra los militares.

Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011)

En Octubre de 2007 se realizaron elecciones presidenciales. La fórmula “Cristina Fernández- Julio Cobos salió victoriosa con un 45%: “Una indiscutida mayoría consagró presidenta a Cristina Fernández de Kirchner, la primera mujer en llegar a ese cargo a través de elecciones, en un país con arraigados resabios machistas en política. Con casi el 45% de los votos, el resultado más pobre para una elección presidencial desde la recuperación de la democracia en 1983, pero –a excepción de las elecciones irregulares de 2003– con la mayor ventaja registrada sobre la segunda fuerza política, encabezada por Elisa Carrió” (De Riz, 2008). Se puede afirmar que estas elecciones presidenciales fueron las primeras a nivel mundial en las que tanto el primer como el segundo puesto quedaron en manos de candidatas mujeres, saliendo segunda Elisa Carrió con un 23,04%.

Por otro lado, es importante señalar que el primer mandato de Cristina Fernández se desarrolló en un contexto de crisis mundial (2008) y ascendente conflicto social a nivel nacional, destacándose el conflicto con el campo y las diputas con el grupo Clarín. La muerte de Néstor Kirchner, en octubre de 2010 también marcaría un nuevo ritmo en la política y en la retórica de la presidente así como también, un progresivo recambio de aliados.

Contexto mundial

Crisis del 2008-en adelante

En una entrevista realizada al Lic. Alejandro Tozzola acerca de un abordaje didáctico sobre la crisis

actual del capitalismo, sostuvo lo siguiente: “La crisis del 2008 se sustentó sobre la expansión

financiera global, fundamentalmente desde EE.UU; y la Unión Europea y el Japón en segundo

lugar. En efecto, el alto crecimiento del crédito hipotecario en los EE.U.U. se basó en el otorgamiento

11 En el anexo se sintetizan estas tres posturas.

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de financiamiento barato de cédulas hipotecarias para la compra de inmuebles tanto a personas

físicas como a grupos inversores, apalancados sobre el excedente monetario de los bancos que – a

falta de una mayor productividad de la economía industrial y de otros sectores de servicios de alto

valor agregado (TICs, tecnologías de informática y telecomunicaciones) donde invertir, que sufrieron

el desplazamiento de la relocalización de la producción de casi todos los bienes de consumo

mundiales hacia China y el subconjunto de emergentes del sudeste asiático, por esto también el

altísimo crecimiento de la economía china – derivaron sus excedentes financieros de hacia el sector

inmobiliario. El absurdo de la “burbuja inmobiliaria”, tal como se lo denominó, llegó a un punto en

Norteamérica donde millones de personas y empresas obtenían, por ejemplo, préstamos de U$S

100.000 y, en cuotas, terminaban devolviendo U$S 95.000 a valores nominales. Peor aún, los

bancos e instituciones emisores de esos préstamos, a su vez, convertían esas deudas de la gente y

las empresas en bonos (lo que se denomina “activos subyacentes”, o “derivados”) y los vendían en

los mercados de capitales. Es decir, en palabras simples, la deuda todavía no cobrada, la convertían

en un bono y la vendían de nuevo.

Cuando la Reserva Federal (el BCRA de EE.UU.) elevó las tasas de interés de referencia, todas

esas deudas hipotecarias a tasas variables, se encarecieron. Entonces, la mayoría de los millones

de prestatarios, no tenían recursos para pagar las cuotas incrementadas y salieron a vender sus

inmuebles o directamente los perdieron por remate. Los “activos subyacentes” o “derivados” que

estaban sustentados sobre el repago de esas cuotas y estaban vendidos por todo el mundo, se

cayeron verticalmente en cuestión de días.

De ahí el quiebre de enormes bancos, de supuesto gran prestigio (que demostraron que no era tal)

y que según la ignorancia supina de los grandes decisores del mercado “eran demasiado grandes

para caer”, caso de Lehman Brothers, que habían basado toda su estrategia financiera en estos

instrumentos hipotecarios.

Esta fue la forma que adquirió la crisis económica global. El fondo se sustentó sobre lo mismo en

que se han sustentado todas las crisis del capitalismo de mercado: un incremento vertical de la

productividad de la oferta por concentración de escala y por la adopción de nuevas tecnologías que

reducen drásticamente la necesidad de trabajo humano, cuya concentración de la producción se

desplazó hacia el sudeste asiático; y, por otro lado, como contrapartida –y al no intervenir

adecuadamente los Estados y los organismos internacionales regulando fiscalmente la apropiación

de esa mayor productividad concentrada mundial-, una caída brutal de la demanda de trabajo con la

reducción consecuente de la demanda agregada mundial en contradicción con la mayor y más

barata oferta mundial. ¿Quiénes compran, entonces, esa masa de mayor cantidad de bienes y

servicios con mejores precios si no tienen recursos para comprarlos? Nadie. Cae, en consecuencia,

la inversión y el consumo agregado y sobreviene la deflación y la recesión mundiales”.12

12 Entrevista a Alejandro Tozzola, noviembre de 2014.-

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Para James Petras (2012) sería incorrecto hablar de "crisis global del Capitalismo” o bien relacionar la crisis con una amenaza al sistema capitalista tal como lo conocemos: “No hay dudas de que entre 2008-2009, el sistema capitalista en Europa y Estados Unidos sufrió un shock agudo que hizo tambalear los cimientos del sistema financiero y amenazó con la bancarrota de los sectores líderes. Sin embargo, yo sostengo que la "crisis del capitalismo" fue convertida en una "crisis laboral". El capital financiero, el detonante principal de la crisis, 'se recuperó', la clase capitalista en su totalidad se fortaleció y, lo más importante de todo, utilizó las condiciones políticas, sociales e ideológicas generadas como un resultado de "la crisis" para consolidar aún más la dominación y la explotación del resto de la sociedad. En otras palabras, la "crisis del capital" ha sido convertida en una ventaja estratégica para profundizar los '"intereses más fundamentales del capital": el aumento de las ganancias, la consolidación del control capitalista, la mayor concentración de la riqueza, el incremento de las desigualdades entre capital y trabajo y la creación de enormes reservas de trabajo para aumentar aún más las ganancias. Más aún, la noción de una "crisis global" homogénea del capitalismo deja de lado las profundas diferencias en la eficiencia y en las condiciones entre países, clases y generaciones”

“Sería una tontería argumentar a favor de "una crisis global" cuando varias de las economías principales del mundo no sufren una caída significativa y otras están vías de recuperación y en rápida expansión. China e India no sufrieron una recesión. Incluso durante los peores años de la decadencia de Europa y EE.UU., los gigantes asiáticos crecieron a un promedio del 8%. Las economías de América Latina, especialmente de los principales exportadores agrícolas mineros (Brasil, Argentina y Chile) con mercados diversificados, y particularmente las economías de Asia, experimentaron una breve pausa (en 2009) antes de emprender un crecimiento de moderado a acelerado (entre el 3 y el 7%) desde 2010-2012” (Petras, 2012)

“Al agrupar las cifras económicas de la Eurozona como un todo homogéneo, los que sostienen la tesis de la crisis global, dejan de lado las enormes disparidades de situaciones dentro de la Eurozona. Mientras que el sur de Europa está sumergido en un profunda y continua recesión, sin excepciones, desde el 2008 hasta el futuro predecible, las exportaciones alemanas alcanzaron en 2011 la cifra récord de un billón de euros; su superávit comercial fue de 158 mil millones de euros, luego de un superávit de 155 mil millones de euros en 2010” (BBC News, 8/2/12).

“Mientras que las cifras acumuladas de desempleo en la Eurozona llegan al 10,4%, las diferencias internas desafían cualquier noción de una "crisis global". El desempleo en Holanda es del 4,9%; en Austria, 4,1% y en Alemania, 5,5%, mientras que los empleadores se quejan de "falta de mano de obra" especializada en sectores clave en expansión. Por el otro lado en el explotado sur de Europa el desempleo alcanza niveles de depresión económica: Grecia, 21%; España, 22,9%; Irlanda, 14,5% y Portugal, 13,6% (Financial Times, 19/1/2012, pág. 7). En otras palabras, "la crisis" no afecta negativamente a algunas economías, que de hecho se benefician de un rol hegemónico en los mercados y por su fortaleza tecnológica-financiera sobre las economías dependientes, deudoras y atrasadas. Al hablar de una "crisis global" quedan ocultas las relaciones fundamentales de hegemonía y explotación que permiten la "recuperación y el crecimiento de las economías de élite en contraposición a las de sus rivales y de los estados-cliente. Además los teóricos de la crisis global amalgaman erróneamente las economías en crisis caracterizadas por la especulación financiera (EE.UU., Inglaterra) con las economías exportadoras de carácter dinámico (Alemania, China)”

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(Petras, 2012)

“El segundo problema con la tesis de la "crisis global" es que deja de lado las profundas diferencias internas entre generaciones. En varios países europeos el desempleo juvenil (16-25 años) va del 30 al 50%: España, 48,7%; Grecia, 47,2%; Eslovaquia, 35,6%; Italia, 31%; Portugal, 30,8% e Irlanda, 29%; mientras que el desempleo juvenil en Alemania, Austria y Holanda es del 7,8, 8,2 y 8,6% respectivamente” (Financial Times, 1/2/2012, pág. 2). Estas diferencias subrayan la razón por la cual no hay un movimiento juvenil global de "indignados" o de "ocupación". Las múltiples diferencias entre jóvenes desempleados no conduce a una solidaridad 'internacional'. La concentración de altas cifras de desempleo juvenil explica el desarrollo desigual de protestas de masa, las que se concentran especialmente en el sur de Europa” (Petras, 2012)

La actualidad de la crisis Luego de media década de crisis, Alfredo Zaiat (2012) hace un diagnóstico lúgubre de la actualidad: “Casi cinco años de la peor crisis económica internacional desde el crac del ’29 del siglo pasado, con la mitad del PBI mundial (Estados Unidos y la Eurozona) estancado en tendencia recesiva, el sistema financiero sigue sin cambios significativos. El poder de los grandes bancos no se ha alterado, pese a que es identificado como uno de los principales perturbadores de la estabilidad. Han impedido que se apliquen normas regulatorias para restringir la actividad ultra especulativa, en especial en los mercados de instrumentos financieros denominados derivados. La subordinación de liderazgos políticos al mundo financiero por temor a una crisis mayor, Estados Unidos a la recesión por el trauma de la década del ’30 y Alemania a la inflación por el trauma de la híper de la República de Weimar, ha formado cuadros técnicos, burocráticos y políticos, derivando en medidas de rescate a bancos y austeridad fiscal. Por ese camino sólo extienden la crisis con costos sociales cada vez más altos. Una forma de eludir la responsabilidad política y de evitar cuestionar los propios cimientos del sistema es culpar de la debacle a empleados infieles o banqueros inescrupulosos. La crisis no ha estallado por estafas de un ejecutivo de cuenta, o por desvíos morales de un banquero, sino que tiene raíces sistémicas. Estas se encuentran en la actual forma de funcionar del capitalismo global sometido a los dictados de las finanzas. La máxima expresión ha sido la manipulación de la tasa Libor que involucró a la mayoría de los principales bancos de Europa y Estados Unidos”

Contexto regional

En el plano regional se observaron nuevos tratados de relevancia, de carácter más político que económico:

UNION DE NACIONES SURAMERICANAS (UNASUR, 2008) Para Serbin (2009) la Unasur constituye «un poderoso instrumento de integración» que responde a una visión del multilateralismo acorde con la ONU y que apunta a crear un nuevo instrumento de coordinación política entre los países de América del Sur, incluidos Guyana y Surinam, en torno a cuestiones de infraestructura, finanzas, políticas sociales, energía y defensa (estos dos últimos temas se decantan como prioritarios). Sin embargo, aún carece de una estructura funcional instalada y vale destacar que al principio confrontaba numerosas tensiones entre sus miembros (sobre todo entre Brasil y Venezuela que aspiraban a ser la cabeza de la región). Para Aronskind (2012), tres años después, la UNASUR es un logro político destacado, si se lo

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compara con la historia diplomática de toda nuestra región en el siglo XX, pues ha obtenido en poco tiempo logros notables, sobre todo en materia de neutralizar intentos golpistas de las derechas locales, con el aliento de potencias extranjeras”. Según estadísticas de la CEPAL, “En los últimos años, los países de la UNASUR han reducido sustancialmente la pobreza. En 2009, las tasas de pobreza e indigencia llegaron a los niveles más bajos desde 1990 (promedio simple, 31,7% y 13,1% respectivamente).

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 2010

La creación de la Celac en 2010, fue una iniciativa impulsada por Brasil y México. Cristina Fernández de Kirchner la apoyó con entusiasmo lo mismo que Hugo Chávez, a quien se le había detectado cáncer seis meses atrás. Forman parte de ella 33 países, menos Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál es la novedad? De aquel paraguas hegemónico y la dispersión, se pasó a una organización en la que coinciden todos los gobiernos latinoamericanos y caribeños por primera vez en la historia, para organizarse–incorporando a Cuba, que había quedado fuera del sistema regional– y sin la tutela omnipresente de Washington. Entre sus objetivos principales se encuentran los de a) impulsar la integración regional con miras a la promoción de nuestro desarrollo sostenible y b) promover la concertación política, el impulso a la agenda latinoamericana y caribeña en foros globales y a un mejor posicionamiento de América Latina y el Caribe ante acontecimientos relevantes del ámbito internacional. Según Toer, (2013), “la CELAC es una iniciativa, pretenciosa, aunque incipiente, de una instancia aún más amplia de concertación política regional que podría recoger lo que la OEA pierde de legitimidad y operatividad. La última convocatoria a la OEA para respaldar al gobierno ecuatoriano tras las amenazas de la cancillería británica, con motivo del asilo concedido a Julián Assange, mostraron también cómo los EE.UU. no pudieron excluirse de una resolución ajena a sus intenciones políticas, no quedándole más alternativa que limitarse a intentar limar los términos de la resolución”

Sistema político

Nuevos actores políticos

La militancia kirchnerista

Dentro del amplio espectro de organizaciones políticas, para Barrau Vera et. Al,(2013) “los movimientos Evita, Frente Transversal y la FTV-MILES, son aquellas más directamente identificadas con un rol de resistencia y cuestionamiento al neoliberalismo de los años 1990. En el caso de la primera, sus cuadros y dirigentes más renombrados venían de atravesar las últimas décadas de historia argentina participando de organizaciones como Montoneros en los 70, la renovación peronista de los años 1980 y una larga resistencia al neoliberalismo menemista de los 90”

Para Martin Cortés, “en el marco de la nueva coyuntura política, éstas organizaciones leerán al kirchnerismo como un proceso de orientación popular que abre espacios para la disputa del Estado desde “adentro”. En este sentido, “el propósito será la construcción y crecimiento de la propia organización, y la lucha por orientar las políticas estatales hacia los sectores populares y sus organizaciones” (Cortés, 2010: 109).

“Por su parte, La Cámpora y Kolina se constituyen como organizaciones cuyo desarrollo es impulsado desde el Gobierno en un período de relativa estabilidad

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política (años 2006-2010), en el que el kirchnerismo ya ha construido una base relativamente firme de apoyos y necesita proveerse de la formación de cuadros políticos y funcionariado. Ambas agrupaciones orientaron su capacidad organizativa a apoyar la gestión de gobierno (interpretada como un modelo o proyecto político), así como a forzar en diversos ámbitos de construcción política (territorio, universidad, etc.) una disputa por el capital militante y de participación. El resultado fue que decenas de pequeñas agrupaciones y/u organizaciones terminaron subsumidas a alguna de estas dos fuerzas” (Barrau Vera et. Al, 2013) (ver anexo, -10-)

Respecto de la construcción de un proyecto colectivo, Merklen argumenta:

“Este aspecto es importante puesto que permite aprehender mejor la tensión en la que se encuentra la acción colectiva, en el marco de una articulación entre los términos de ‘urgencia’ y de ‘proyecto’. Escapamos así a la alternativa errónea en la que se tiende a emplazar la relación de las clases populares con lo político: ciudadanía versus clientelismo. Cuando la organización es conducida por organizaciones que perduran, estables, éstas se ven enfrentadas a la doble exigencia de construir un proyecto colectivo capaz de guiar las acciones y de organizar sus bases y de responder a la urgencia producida por el agravamiento cíclico de las condiciones de miseria y por el hecho de que la reproducción de lo cotidiano depende de los recursos controlados por el sistema político” (Merklen, 2003:65) (ver anexo, -11-)

Conflicto social e intereses en disputa

El conflicto con el campo

El 12 de marzo de 2008 se iniciaba uno de los mayores conflictos, sino el mayor, desde el 2003. “Ese día se publicó en el boletín oficial la Resolución N° 125 del Ministerio de Economía, mediante la cual se establecía una nueva escala para los impuestos a las exportaciones de granos (las denominadas “retenciones”) que fue duramente resistida y finalmente anulada. Fue en este contexto de apreciación cambiaria en términos reales que el gobierno tomó la decisión de introducir un cambio que, en rigor, no hacía más que ceñirse a los vectores principales de lo que había sido su programa económico hasta el momento. Jaqueado por la presión para introducir cambios, planteó una elevación de las tasas del impuesto a las exportaciones (en particular de la soja) dentro de un esquema variable en función directa del precio de los granos. Inicialmente, el gobierno lanzó la Resolución Nº 125 sin dar demasiadas justificaciones. De hecho, bajo la gestión de Duhalde, luego de la sideral devaluación, se habían

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2008 reimplantado retenciones del 10% en marzo de 2002, alícuotas que fueron duplicadas tan sólo un mes después. Ya en el gobierno de Néstor Kirchner, para el caso de la soja se habían elevado al 23,5%, luego al 27,5% y en noviembre de 2007 al 35%.” (CENDA, 2011) “Así, la propuesta de modificar el nivel de las retenciones desató una crisis política de magnitud, que vino acompañada -a partir de las medidas de fuerza de los productores y propietarios- de un fuerte desabastecimiento del mercado interno, lo que en lo inmediato exacerbó el problema inflacionario. Los productores agrarios se opusieron con una furia desmedida al que consideraban un atropello a sus derechos adquiridos. El gobierno no consiguió cosechar en el frente industrial el respaldo decisivo que necesitaba para contrarrestar la embestida del agro. El único apoyo fuerte que consiguió cosechar el gobierno fue el de las dos centrales sindicales de los trabajadores, que a esta altura se perfilaban como el principal (y casi único sustento) del nuevo esquema económico. El conflicto finalizó a mediados de julio de 2008 con el rechazo de la medida por parte del Parlamento y un recrudecimiento de la inflación, luego de una escalada que incluyó manifestaciones callejeras, desabastecimiento y cortes de ruta.” (CENDA) Desde la óptica de Barsky (2008), “el conflicto se prestó para la demonización de la soja, que en última instancia no es más que una planta. Y se perdió de perspectiva el hecho de que la expansión del cultivo tiene que ver con decisiones políticas. La modernización productiva de la mano del cambio tecnológico le ha permitido al sector agropecuario argentino lograr una importante competitividad a nivel internacional que ha beneficiado al conjunto de la sociedad. Por otra parte, más allá del conflicto agrario, las retenciones por sí solas, como instrumento de política agraria, son insuficientes para generar desarrollo agrario y desarrollo rural. El sector agropecuario y agroindustrial argentino tiene una trascendencia económica y social de gran magnitud debido a la población rural, los encadenamientos con la industria y los servicios, el empleo que genera, el abastecimiento interno, y la participación en las exportaciones. Estas características imprimen desafíos de gran complejidad”

Datos a tener en cuenta Ahora bien: “para entender la emergencia de este conflicto debemos señalar que tras la devaluación de la moneda de comienzos de 2002, el sector agroexportador había logrado un régimen cambiario muy favorable para la exportación de sus productos primarios. En ese contexto, favorecido además, por la fuerte demanda internacional de soja desde los países asiáticos y el incremento de los precios internacionales, el sector había logrado una renta extraordinaria durante todo el período de gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007). A comienzos del 2008 el precio de la soja se disparó a niveles inéditos. En ese marco, el 11 de marzo el por entonces Ministro de

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Economía, Martín Lousteau, decidió incrementar el arancel de retenciones que debían abonar los productos agropecuarios, especialmente los vinculados a la exportación de soja, desde el inicial 35%3, a un sistema móvil que fue fijado alrededor del 45% del total exportado, aunque dependiente de factores externos e internos que podrían modificarlos circunstancialmente” (Fair, 2008)

En ese contexto, el conflicto se fue polarizando al punto tal que los diferentes sectores -grandes, medianos y pequeños-, ligados a la exportación agropecuaria aliaron sus fuerzas en un frente común contra el Gobierno. Se produjo, entonces, una división en la que se hallaban enfrentados por un lado el Gobierno, y las distintas entidades representativas del campo (Sociedad Rural Argentina, Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Federación Agraria Argentina y Confederación Rural Argentina), por el otro”. (Fair, 2008)

Las estrategias discursivas “Cada uno de los dos sectores mayoritarios enfrentados, es decir, los sectores agroexportadores y el Gobierno, apelaron a diferentes estrategias político-discursivas para intentar legitimar sus propios enfoques. Se generó una fuerte disputa política e ideológica por representar los “verdaderos” intereses del Pueblo, al tiempo que se acusaba al adversario de defender intereses meramente particulares contrarios a los intereses de la Patria” (Fair, 2008) (ver anexo, -12-)

Protestas, movilizaciones y cacerolazos Las protestas continuaron e incluso se incrementaron con la integración de amplios contingentes sociales de las provincias más vinculadas a la producción de materias primas, a lo que se sumaron luego los sectores medios y altos de Capital Federal, todos descontentos con la actitud presidencial. Al mismo tiempo, se mantenían las movilizaciones de apoyo al Gobierno de los sectores piqueteros a cargo de Luis D´Elía en contra de la creciente crisis económica que estaba generando el desabastecimiento (“lockout”) del sector agropecuario. Se vivió un clima muy tenso y de polarización social. La Presidenta jugó su carta final: la institucionalización del conflicto. En efecto, frente a la imposibilidad de quebrar a la oposición agropecuaria, el Gobierno decidió elevar el tema en debate al Congreso para ser aprobado mediante una ley. En esas circunstancias, el sector conocido como el “campo” decidió ceder también, terminando, o al menos congelando, más de 120 días de paro y cortes de rutas. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, la votación en el Senado terminó en un empate en 36 votos, lo que obligó al vicepresidente Julio

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Cobos a desempatar, con el resultado final adverso para el Gobierno que integraba. Este desempate, más allá de favorecer los intereses concentrados del campo agrario, significó una cuestión institucional poco vista en la historia, el vicepresidente del ejecutivo contrarió la decisión de su propio gobierno.

El asesinato de Mariano Ferreyra

2010

El 20 de octubre de 2010 fue asesinado un militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, por una patota de gremialistas de la Unión Ferroviaria que buscaba frenar una protesta de empleados tercerizados del ferrocarril Roca. La Policía Federal, presente en el lugar desde el inicio de la manifestación, tuvo, por acción u omisión, una responsabilidad insoslayable en tanto no fue capaz de evitar la muerte del joven de veintitrés años, ni logró identificar a los agresores” La muerte de Ferreyra marcó para el Informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “el traspaso de una frontera que había sido fijada de manera expresa por el gobierno de Kirchner y luego por su sucesora, Cristina Fernández, en cuanto a la gestión de los conflictos sociales. Es decir, significó una regresión a la vez que mostró la cara más violenta de las luchas que tienen lugar en distintos gremios para democratizar la representación sindical, lo cual es un aspecto clave en la transición hacia formas más abarcadoras de protección de los derechos de los trabajadores”13 Es importante tener en cuenta que la política de los Kirchner se fundamenta en la no represión en los conflictos sociales, sobrando ejemplos en la realidad social argentina.

La muerte de Néstor Kirchner Octubre de 2010

Si nos remitimos a un informe publicado en 2011 por el CELS, “el año 2010 constituyó un punto de inflexión en el proceso político e institucional que comenzó a transitar la Argentina luego del estallido de diciembre de 2001 y de la elección de un nuevo gobierno constitucional en 2003. Casi una década más tarde y con la emblemática celebración del Bicentenario de por medio, la muerte del ex Presidente Néstor Kirchner, el 27 de octubre, conmocionó a la sociedad y resignificó el escenario político nacional de cara a las elecciones presidenciales de 2011” (ver anexo, -13-)

Medidas institucionales

Nuevos derechos ciudadanos En el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se sancionaron leyes muy importantes con

13 Finalmente, es preciso subrayar que en abril de 2013, la justicia condenó a 15 años de prisión al sindicalista y ex líder de la Unión Ferroviaria, Ángel Pedraza, y a Juan Carlos Fernández, por ser "penalmente responsables" del delito de homicidio en "concurso ideal con el delito de homicidio en grado de tentativa en calidad de partícipes necesarios", contra el militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra.

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relevante impacto social y político. Entre ellas, la reforma del sistema jubilatorio, la asignación universal por hijo, la ley de medios, la ley de Matrimonio Igualitario, el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina, (PROGRESAR), el Programa de Crédito Argentino (PROCREAR), el Programa de Préstamos y Beneficios para Jubilados y Pensionados (ARGENTA), etc.

Reforma Previsional de pensiones y jubilaciones 2007/2008

“El 20 de noviembre de 2008, el Senado aprobó la eliminación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) por 46 votos a favor y 18 en contra. La memoria de los argentinos prevaleció sobre las voces que demonizaban al Estado como administrador y auguraban un traspaso conflictivo. El sistema previsional argentino, fundado en el principio de solidaridad intra e inter generacional, quedaba reestablecido. La Ley 26.425 crea el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIPA), eliminando el régimen de capitalización y sus administradoras. Establece la administración a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la que tendrá autonomía económica y financiera y estará bajo la supervisión de una Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social, creada en el ámbito del Congreso e integrada por seis senadores y seis diputados. Por otra parte, y como símbolo de la nueva etapa, la ley establece que la ANSES "no percibirá por la administración de los fondos comisión alguna de los aportantes al sistema" (Bernazza, 2013)

Para Madera (2010), “el surgimiento del tema previsional en la agenda política del kirchnerismo había sido impulsado por el debate sobre la necesidad de normalizar el sistema de aportes jubilatorios. El desequilibrio entre los descuentos jubilatorios realizados por el sistema privado y el régimen de reparto había sido mantenido cada año, desde el 2011, mediante prorrogas del Poder Ejecutivo y, en diciembre de 2006, la continuidad o no de la medida disparó la negociación entre el gobierno y los actores involucrados sobre el modo de implementar la suba” “El proyecto fue asociado a la necesidad de que el Estado protegiera los derechos de los sectores más vulnerables a través de un Sistema de Reparto fortalecido, frente a la opción de las AFJP. El discurso oficialista tomó entonces la complicada combinación de lo público y lo privado en el ámbito de la Seguridad Social y la simplificó mediante una definición de lo público como sinónimo de bien común y de lo privado como negocio para bancos y fondos de pensión. Esta distribución simbólica entre ganadores y perdedores fue fundamental para que líderes sindicales, que durante la década menemista se opusieron a la reforma del sistema de previsión social, como Hugo Moyano y Hugo Yasky, en ese entonces secretario de la CTA, se refirieran a estas modificaciones parciales como medidas “históricas” y apoyaran públicamente el proyecto gubernamental”

Siguiendo a Cascallares (2011), “las políticas sociales que se habían

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Asignación Universal por Hijo

2009

implementado en décadas anteriores en la región, tenían como objetivo básico atender de manera focalizada los problemas sociales que surgían por las políticas de ajuste. De esta manera, las prestaciones y los recursos no tenían como prioridad distribuir los ingresos sino “compensar” de alguna manera la desigualdad. Este paradigma de políticas sociales fue cambiando paulatinamente en la región y en nuestro país. Un ejemplo del nuevo paradigma mencionado es la Asignación Universal por Hijo (AUH), prestación que se incorpora a las políticas desde una perspectiva de largo plazo, priorizando la inclusión. Por otro lado, a AUH, a diferencia de otros planes, se plantea como una de las políticas con mayor transparencia. Actualmente tiene más de 3,5 millones de beneficiarios”

En materia de desarrollo social, según Calero (2011), “La AUH implementada en 2009 en Argentina, es una política pública concebida con enfoque de derechos. Este enfoque considera a los ciudadanos como sujetos de derecho y no como beneficiarios pasivos de políticas de asistencia social, siendo el Estado el garante de los mismos.”

La AUH fue implementada en 2009, por Cristina Fernández de Kirchner a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, (con aprobación de la Comisión Bicameral de Control Legislativo del Congreso Nacional) en un contexto de crisis mundial y caída nacional de las principales variables macroeconómicas. Siguiendo a Calero (2011), se trata de “un sistema de transferencias condicionadas de ingreso, destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes argentinos solteros nativos menores de 18 años que no perciban ninguna otra asignación familiar y pertenezcan a hogares cuyos padres se encuentren desocupados, sean monotributistas sociales, se desempeñen en la economía informal o como servicio doméstico percibiendo ingresos no superiores al salario mínimo vital y móvil (Calabria y Calero, 2011)

El programa se financia con los recursos de ANSES, que es también el organismo que lo administra. El objetivo de la política es brindar cobertura por asignaciones familiares a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social”. Pero la AUH no se reduce a eso, ya que trae consigo una serie de contraprestaciones (beneficios) para quienes la perciben, entre ellos:

El requisito del Documento Nacional de Identidad (DNI) para acceder a la AUH promueve el ejercicio del derecho a la Documentación, esto es contar con un documento público que garantice la identidad. El no contar con un DNI propicia situaciones de explotación sexual y comercial, apropiación ilegal, tráfico de niños, niñas y adolescentes, entre otros, además que viola el derecho a la identidad y dificulta el

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acceso al sistema educativo, al sistema de salud y a planes sociales, además del ejercicio de la ciudadanía (Ministerio de Justicia y DD.HH de la Nación Argentina, s/f). El requisito de los controles sanitarios y el plan de vacunación, fomentando el ejercicio del derecho a la salud, pero por sobre todo obligando a los padres involucrados a dotar a sus hijos/as de lo que demanda la salud pública. La condicionalidad establece que los niños menores de 6 años que perciben la AUH deben estar inscriptos en el Plan Nacer, el cual tiene como objetivo reducir el componente sanitario de la mortalidad materno-infantil, fortalecer la red pública de servicios de salud, aumentar la accesibilidad y la cobertura formal de la población en materia de salud a todas las mujeres, niños y niñas y promover la participación social

El cumplimiento de la escolaridad, obligando el acceso a la educación pública y gratuita e incentivando el retorno a la escolaridad por un lado y por el otro, desincentivando la deserción escolar, al disminuir el costo de oportunidad de permanecer en el sistema educativo, sobre todo para los adolescentes que combinan estudio y trabajo o abandonan la escuela para insertarse en el mercado de trabajo generalmente en condiciones precarias. El Programa ha logrado modificar el panorama educativo del país. El Ministerio de Educación monitorea el crecimiento explosivo de la matrícula. En 2010, se realizó la primera encuesta propia, dirigida al personal de conducción de las escuelas. Se indagaron 35 jardines de infantes de los cuales, un 48 por ciento de los entrevistados observó una suba de la matrícula. El valor promedio estimado fue del 28 por ciento, con picos de 30. Todos atribuyeron la mejora a la AUH.(Mecle y Guterman, 2013)

Impacto social y económico de la Asignación Universal por Hijo

Agis (2010) utiliza cuatro indicadores relacionados con dimensiones centrales del bienestar social (pobreza, indigencia, desigualdad y vulnerabilidad relativa) concluye que todos ellos experimentaron una notable mejoría, en especial en las regiones más carenciadas del país. “Este análisis demuestra que la indigencia se redujo entre 55 y 70%, y retornó a los niveles más bajos de la historia del país. Además, el índice de desigualdad –que mide cuántas veces el ingreso de los más ricos supera el de los más pobres– ha caído un 30%, lo que significa que la Argentina es el país más igualitario de América Latina. Esto implica que los grupos poblacionales vulnerables (como niños, madres solteras o familias numerosas) tienen una menor probabilidad de indigencia. El citado estudio señala que “a excepción de quienes habitan en el norte del país y de las familias con jefes de hogar con bajo nivel educativo, el resto de los grupos otrora vulnerables han dejado de serlo” (Informe CELS, 1011)

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“En cuanto al impacto sobre la pobreza, de acuerdo con la ANSES los efectos del programa son muy importantes, pues se trata de grupos no estáticos, de modo que “los requisitos en cuanto a salud y educación extienden los impactos a largo plazo, contribuyendo a romper el ciclo intergeneracional de la pobreza”. Por ello, el organismo estatal calcula que las AUH redujeron “el 30% de la pobreza y el 55% de la indigencia”. Para el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), en cambio, la consecuencia en la reducción de los niveles de pobreza ha sido moderada. El equipo dirigido por Eduardo Basualdo sostiene que el 69,1% de los menores alcanzados por las AUH habita en el 20% de los hogares más pobres de nuestro país. En el cuarto trimestre de 2009, al momento en que se sancionó el Decreto 1602, el 24,8% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza. Con la implementación de la AUH ese porcentaje se redujo al 21,6%.

Para Mecle y Guterman(2013) “Desde el punto de vista financiero, el programa consiste en un beneficio monetario que es directamente depositado en forma mensual en una caja de ahorro, sin costo para el beneficiario, en el Banco de la Nación Argentina, con lo cual se evita el vínculo pernicioso de los “punteros políticos” que re-distribuyen determinados planes sociales…

…La autoridad de aplicación del Programa y su administración están a cargo del ANSES, y sujeta al control de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social. El costo para el Estado ronda actualmente alrededor de los $18.750 millones anuales, incluyendo a lo destinado con posterioridad al inicio, a las embarazadas…

…La AUH, junto a las asignaciones familiares que cobran los trabajadores registrados, integra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional, que es el fondo creado en el traspaso de los fondos de las ex AFJP al actual Sistema de Reparto. Este sistema cuenta con las contribuciones de los aportes de los trabajadores y los tributos de los empleadores, recursos de afectación específica, como el IVA, Ganancias, entre otros, y transferencias del Tesoro Nacional”

Ley de Medios 2009

En el 2009 se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Ley 26.522, convirtiéndose en un día histórico, tras 29 años de vigencia de una Ley sancionada en plena dictadura militar. Pero la implementación de la ley ha enfrentado sucesivos obstáculos desde entonces.

Estos obstáculos consistieron en decisiones judiciales que frenaron la implementación de la norma en general o de algunos de sus artículos. También hubo fallos destinados a impedir, a pedido de empresas privadas, la aplicación de medidas concretas tomadas por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) bajo el nuevo marco legal. El

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caso “Clarín” puede constituir un precedente clave para resistir las disposiciones de la nueva ley, en especial si se tiene en cuenta la existencia de medidas similares solicitadas por otros grupos mediáticos en distintos juzgados del país. A modo de resumen se plantean los puntos más importantes de esta Ley:

-Creación de un nuevo organismo regulador de los servicios de comunicación: la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFCSA). En el seno de este organismo se establecen dos órganos: A) el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual encargado de asesorar y colaborar con el diseño de la política pública de radiodifusión correspondiente a la autoridad. B) Un Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y de la Infancia.

- Se otorga una cuota de pantalla a los productos nacionales de como mínimo un 70% y un 30 %, en el caso de la música emitida.

- Uno de los puntos más importantes y reclamados es el planteado en el artículo 21: “Los servicios previstos por esta ley serán operados por tres tipos de prestadores: de gestión estatal, gestión privada con fines de lucro y gestión privada sin fines de lucro”. (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 2009).

- Otro punto muy importante es que el Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tendrán frecuencias asignadas. Las universidades podrán tener emisoras sin restricciones ni obligación de ser sociedades comerciales. (Mazziottí, Bueno, Fuentes y otros, 2010).

¿De qué hablamos cuando hablamos de concentración?

“La preocupación de los actuales propietarios de medios comerciales no sólo pasa por la obligación de adecuarse a los límites impuestos por la normativa, también tiene que ver con el ingreso de nuevos actores, con los cuales deberán compartir el mercado de anunciantes y consumidores de medios. El argumento de que la multiplicación de las voces impedirá concretar proyectos comerciales debido a la baja rentabilidad, si bien es falaz en el contexto concentrado del sistema de medios argentino, no puede dejarse de lado sin más y merece una respuesta clara en términos de políticas para una participación equitativa para radiodifusores privados –comerciales y no comerciales– y públicos. La economía de la comunicación ha demostrado a lo largo de los últimos años que la relación entre concentración y pluralismo no resulta sencilla ni lineal. La concentración de medios es una variable Fundamental, mas no la única para analizar los niveles de pluralismo en la circulación de bienes simbólicos dentro de una sociedad. En el abordaje de estas cuestiones es necesario tener en cuenta otros factores, como el tamaño

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del mercado, la estructura del sistema mediático, la diversidad de productos y la tendencia a la innovación. En todas las ciudades del interior del país, salvo en siete, hay sólo una señal de televisión abierta. Es indudable entonces el efecto que tendría la aplicación de la Ley 26 522 para lograr un mapa de medios más generoso que el actual.” (Informe CELS, 2011)

Alcances de la ley Desde la perspectiva de Loreti (2012), “la sanción de la ley 26.522 puso en juego la facultad del Estado para regular la actividad de los medios de comunicación audiovisuales. Desde que comenzó a debatirse el proyecto hasta hoy, pasaron más de tres años y esta potestad estatal todavía resulta cuestionada, tanto desde las empresas mediáticas con posiciones dominantes en el mercado como por parte de algunos referentes políticos. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana han señalado en más de una oportunidad que la actividad de los medios de comunicación no sólo puede, sino que debe ser regulada por el Estado a través de políticas públicas respetuosas de los estándares internacionales (…) El fomento de la diversidad de voces y el pluralismo como presupuestos básicos del ejercicio del derecho a la comunicación se ha convertido en un desafío central frente a las lógicas de globalización, integración comercial y libre comercio”

Otras voces disonantes

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), desde una perspectiva liberal y crítica hacia la ley, ha señalado por su parte algunos puntos que transcribimos a continuación:

1. Creemos que el Estado debe garantizar a toda la ciudadanía la provisión gratuita de una cantidad considerable de señales de canales y radios en todo el territorio nacional. 2. Consideramos que los medios estatales deben ser públicos y no gubernamentales. En pos de este objetivo, sus autoridades deberán ser designadas por concurso y su gestión no deberá recibir interferencias del poder político de turno. Los noticieros y otros programas periodísticos deberán reflejar el pluralismo y la diversidad de voces existentes en la sociedad. Esta obligación es mayor aun en los medios estatales, por manejar recursos de todos los ciudadanos. 3. Proponemos que la autoridad regulatoria sea un organismo técnico independiente y autárquico del Estado y autónomo de los partidos políticos, que se encuentre sometido a las garantías del debido proceso y al control judicial [es decir, no debería ser regulado por el AFSCA)

Entre los medios hegemónicos (La Nación, Clarín, Perfil, etc.) la ley fue muy criticada, lo cual no sorprende si tenemos en consideración que afecta directamente sus intereses económicos. Desde estos sectores corporativos, “el Estado es presentado sólo como amenaza y no como un

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sujeto activo con la obligación de regular e intervenir en pos de maximizar el acceso y la participación de la sociedad en el debate ciudadano. A partir del quiebre que representó la crisis por la suba de las retenciones a la exportación de granos en 2008, el Grupo Clarín y el gobierno nacional aparecen como las cabezas visibles de un enfrentamiento que va mucho más allá de la coyuntura y que pone en juego cuestiones urgentes vinculadas con las comunicaciones masivas” (Informe CELS, 2011).

Situación actual de la ley

En Abril de 2013, la Sala I de la Cámara Federal Civil y Comercial declaró inconstitucional dos artículos de la ley de medios audiovisuales, sancionada en 2009. El Gobierno apeló ante la Corte Suprema de Justicia. En octubre de 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de la Ley de medios determinando que los artículos cuestionados por el Grupo Clarín son válidos. El argumento central de los magistrados que votaron a favor fue que la norma "es constitucional, porque es una facultad del Congreso, cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de los jueces". Y que "Se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes". Para la Corte Suprema, la ley es coherente "con la libertad de expresión y el derecho de los consumidores a la información".

Ley contra la violencia de

género 2009

“La Ley 26.485 sancionada por el Congreso Nacional el 11 de marzo de 2009 es la norma rectora para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en sus relaciones interpersonales, lo que incluye el ámbito público cuando es perpetrada desde el Estado o por sus agentes. Esta ley, de orden público, pretende orientar legislaciones provinciales y locales” (Bernazza, 2013)

Hasta ahora, la legislación vigente contemplaba la violencia intrafamiliar, es decir, la cometida en el ámbito del hogar y salvo en algunas legislaciones provinciales, se limitaba a aquella ejercida por el marido contra la esposa o los hijos. La nueva norma va más allá: contempla la violencia de género en sus diversas formas - físico, sexual, simbólico – y agrega la violencia económica y patrimonial y la psicológica. Además, la reconoce no solo cuando ocurre en el ámbito doméstico: también en los organismos públicos, los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.

La ley también abarca la violencia mediática. La define como la difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promuevan la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres.

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Incluye, además, la violencia que atente contra la libertad reproductiva, que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos. 14

La ley de “Matrimonio igualitario”

2010

Por Ley 26.618, modificatoria del Código Civil, la República Argentina otorgó el derecho a personas del mismo sexo biológico o legalmente reconocido, a contraer matrimonio.

“La visibilidad del debate permitió advertir el gran apoyo que obtuvo el matrimonio igualitario entre la ciudadanía. La sociedad avanzó sobre un consenso social expresado por algunos sectores que hicieron público su apoyo. Las personalidades de la cultura, las artes, las ciencias sociales, la política, los organismos de derechos humanos y el gobierno nacional hicieron público su apoyo, instalando la necesidad de promover, además, una política de diversidad y respeto por las poblaciones gays, lesbianas, bisexuales y trans” (Informe del Cels, 2011)

“La Argentina se ubicó, así, entre la decena de países que legalizaron vínculos conyugales libres en todo el mundo. En la actualidad, el casamiento igualitario es posible en apenas nueve países más, entre los que se encuentran los Países Bajos, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal e Islandia. También en algunas jurisdicciones de Estados Unidos y el Distrito Federal en México, desde el año pasado. Lo mismo sucedió con la legalización de vínculos filiatorios de hijos e hijas de parejas de gays, lesbianas y trans. El país se vuelve pionero alineándose con otros países que permiten el reconocimiento de ambas madres sin adopción, como España, el Reino Unido y algunos estados de Australia” (Informe del Cels, 2011)

El Estado en la economía (2007-2011)

Luego del vigoroso repunte y posterior ciclo de alta expansión económica que siguió al colapso de la Convertibilidad, a partir del 2008 el nuevo esquema comenzó a mostrar claras señales de conflicto y declinación. Sin embargo, las políticas implementadas permitieron

14 · Frente a una situación de violencia, las mujeres podrán realizar una denuncia en cualquier tribunal del país. El juez que intervenga derivará luego la causa al fuero competente.

. Para evitar que las denuncias de mujeres golpeadas sean cajoneadas en las comisarías, como ocurre muchas veces, la ley establece la obligación de que sean remitidas dentro de las 24 horas a la autoridad judicial que corresponda.

· Se crea un Observatorio de la Violencia contra las Mujeres en el ámbito del Consejo Nacional de la Mujer, a fin de realizar y publicar informes anuales.

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eludir los efectos de la crisis sobre el mercado de trabajo. La tasa de desempleo se ubicó en el 7, 4 % en el último trimestre de 2010. Esta cifra se dio en momentos en que los EE.UU y la Unión Europea sufren una desocupación superior al 9%. Estas perturbaciones internas precedieron la irrupción de la violenta crisis mundial que se dio inicialmente en la esfera financiera norteamericana, y luego afectó fuertemente a la economía mundial en su conjunto.

“La comunidad rota”

Según Kicillof (2011), “A partir de 2008 la comunión de intereses comenzó a resquebrajarse. El quiebre no obedeció al hecho de que el gobierno cejara en sus esfuerzos por mantener la paridad cambiaria en términos nominales, sino debido a que comenzó a registrarse una aceleración de los precios internos que erosionó sistemáticamente el tipo de cambio real. Esta fue la causa de la finalización del virtual equilibrio de intereses que se configuró a la salida de la Convertibilidad. A medida que los precios domésticos crecían y arrastraban a los salarios nominales, la protección cambiaria perdía su efectividad. Mantener simultáneamente el tipo de cambio real y el poder adquisitivo del salario, dadas las dificultades para profundizar la devaluación, significaba contener el incremento de los precios. Es por eso que buena parte de los debates de este período giraron en torno de las causas de la inflación”

Tres focos de tensión

Para Claudio Katz (2012), durante este período sobresalen tres focos de tensión en la economía:

1) La inflación 2) La continua fuga de capitales 3) El desequilibrio fiscal

1. La inflación

Para Kicillof (2011), “el talón de Aquiles del esquema de la post-Convertibilidad ha sido, sin lugar a dudas, la inflación. Por lo dicho, no resulta raro que la inflación desatara una intensa disputa entre las clases. Tampoco es extraño que comenzara un crucial debate para comprender sus causas y que los cañones apuntaran directamente contra el gobierno para que tomara determinadas medidas encaminadas a la contención de los precios”.

Desde la mirada de Claudio Katz (2012), “la inflación es el primer problema específico de la economía nacional. El absurdo encubrimiento de la carestía que realiza el INDEC impide transparentar la gravedad de este flagelo. Los índices provinciales ubican el ascenso de los precios en torno al 23% anual y otras mediciones (encuestadoras privadas, índices barriales, cálculos del Congreso, consultoras oficialistas) estiman porcentajes semejantes”

“Muchos determinantes se conjugan para producir el resultado inflacionario, pero los precios principalmente aumentan para

a) Mantener la rentabilidad de las grandes empresas. “Los grupos capitalistas concentrados aseguran sus beneficios con remarcaciones. Desde el 2008 la

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inflación ha reflejado fuertes restricciones de la oferta, que a su vez derivan del reducido nivel de inversión. Los precios han ascendido por una baja provisión de productos frente a una demanda recompuesta. Con la misma capacidad instalada ya no se pueden satisfacer mayores pedidos de compra” (Katz, 2012)

b) “También la creciente emisión monetaria comienza a emerger como un acelerador potencial de inflación. El ritmo de creación de dinero se ha multiplicado y la cantidad de pesos en circulación puede motorizar, como en el pasado, una inercia ascendente de los precios” (Katz, 2012)

2. Fuga de capitales

Siguiendo a Bernal (2011), “entre 2003 y 2010, 60.000 millones de dólares salieron del país, limitando el crédito local y entorpeciendo el nivel de inversión. Según datos que aporta Katz (2011), “entre fines del 2007 y octubre 2011, el monto total de esos retiros alcanzó 80.000 millones de dólares. Esta sangría sólo quedó neutralizada por los 100.000 millones de dólares que generó la exportación”

La magnitud de esa salida de capitales obedece a múltiples razones para el economista argentino:

1) “Las filiales locales de las empresas extranjeras transfirieron enormes sumas de dinero a sus casas matrices, para compensar el deterioro imperante en las economías centrales. Además, muchas empresas locales continuaron diversificando inversiones en el exterior, mientras resguardan parte de su capital fuera del país”

2) “La industria volvió a enfrentar, por otra parte, el típico cuello de botella externo que irrumpe al cabo de un ciclo de prosperidad. En esos períodos se acentúa el déficit comercial de un sector que consume muchas divisas con la importación de componentes. Finalmente, la inédita avalancha de compras externas de combustible que produjo la decreciente provisión interna de petróleo, determinó otro caudal de dólares perdidos”

3) “La continuada expectativa de devaluación que genera la brecha cambiaria acentúa la emigración de capitales. El denominado “retraso del dólar” obedece en realidad a un “adelanto de la inflación”, que ha desarticulado la relación entre ambas variables. Desde el 2007 la cotización de la divisa se apreció un 43%, frente a una escala de 189% de los precios internos”

No obstante, que, asegura Bernal (2011) “la tendencia empezó a revertirse a fines del 2010. Entre las causas de la recuperación se destacan: 1) el optimismo de los operadores económicos, 2) la tasa de interés cercana a cero de muchos

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países industriales del norte, en comparación con las de las naciones emergentes que en su mayoría son altamente positivas y 3) la normalización de la relación con el mundo financiero internacional (canje de deuda y aproximación da un acuerdo con el club de país)”

3. Desequilibrio fiscal

“El tercer problema severo del contexto actual es el desequilibrio fiscal. El superávit fiscal primario se ha esfumado, cualquiera sea la interpretación técnica del cómputo del desbalance (por el financiamiento que realizan el Banco Central y el ANSES). El excedente que rodeó al debut del modelo ha desaparecido y el gobierno recurre a múltiples instrumentos para compensar esa pérdida”

“La ausencia de reformas impositivas progresivas es la principal causa del bache fiscal. Este cambio en la recaudación resulta indispensable para equilibrar con nuevos ingresos, la significativa ampliación del gasto público. La perdurabilidad del viejo sistema regresivo ha dado lugar en los últimos años un desfasaje insostenible, por la magnitud de los desembolsos oficiales en dos rubros muy deficitarios (energía y transporte)”

“El deterioro fiscal afecta duramente a las provincias, que incrementaron sustancialmente el empleo público (de 764.000 a 1,2 millones de empleados entre 2003 y 2012) y ahora no pueden financiar esa expansión. La plantilla salarial absorbe más de la mitad de esos presupuestos. El des-financiamiento provincial se acentuó, además, por la pérdida de los porcentuales recibidos en concepto de coparticipación federal. Este ingreso se redujo primero del 50,6% del total (1993), al 34 % (2009) y últimamente al 32,7% (2011)). Frente al enorme rojo que afecta a las cuentas públicas de todo el interior resulta poco creíble la explicación presidencial, que atribuye el desbalance a la ineficiencia de los gobernadores”

“Esa interpretación omite que las mismas limitaciones fiscales golpean al gobierno nacional. Estas dificultades han determinado, por ejemplo, el retraso en la adaptación del mínimo no imponible al aumento de los salarios. Por esta razón la incidencia del impuesto a las ganancias sobre los sueldos se ha transformado en un problema de envergadura. Más de 3 millones de trabajadores tributan un gravamen formalmente destinado a los beneficios empresarios. En muchos casos ese pago absorbe un aguinaldo entero.”

“Pero lo peor es la justificación oficialista de este impuesto como una penalidad a la “aristocracia obrera”. Afirman que este sector mejoró su nivel de ingresos y debe ampliar su contribución impositiva. Con ese criterio se supone que la equidad avanzará con tributos a los trabajadores calificados y eximiciones a los financistas”

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Reelección de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015)

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner obtuvo la reelección, con casi el 54% de los votos, el mayor porcentaje de votos en una elección para presidente desde el regreso de la democracia en 1983, cuando Raúl Alfonsín logró poco más del 51 %. (ver anexo, 14-)

Nuevo contexto internacional y regional

Mientras la crisis europea sigue en plena vigencia con numerosos brotes de conflicto social en Reino Unido, España, Portugal y Grecia, en América Latina, la muerte de Néstor Kirchner en 2011, el golpe institucional a Lugo en 2012, la posterior muerte de Hugo Chávez en 2013 y el reciente relanzamiento de acuerdos comerciales y políticos entre México, Colombia, Chile y Perú, configuran una región atravesada por bloques, proyectos (Mercosur y Alianza del Pacífico) y cosmovisiones (neoliberalismo, desarrollismo, socialismo del Siglo XXI) cada vez más enfrentadas. Con la llegada de Lugo al gobierno de Paraguay en 2008, gracias al apoyo de los movimientos sociales y campesinos, se intentaba desterrar al stroesnerismo del subconsciente colectivo paraguayo, pero sin acometer profundos cambios en la estructura social paraguaya. Sin embargo, en junio de 2012, a raíz de una represión campesina por parte de las fuerzas policiales, Fernando Lugo era destituido de su cargo en un juicio político. Podemos señalar que Paraguay es uno de los pocos países en donde el Poder Legislativo controla al Ejecutivo.

Muerte de Chávez

El 5 de marzo de 2013, Nicolás Maduro, con la voz quebrada, anunciaba que el líder de la revolución bolivariana había fallecido y afirmaba que: "Sus banderas serán levantadas con honor y dignidad". "Comandante, donde usted esté, mil veces gracias de parte de este pueblo al que protegió y al que nunca le falló". Para Atilio Borón (2013), “el líder bolivariano dio vuelta una página en la historia venezolana. Desde hoy se hablará de una Venezuela anterior y de otra posterior a Chávez, y no sería temerario conjeturar que los cambios que impulsó y protagonizó parecen tener el sello de la irreversibilidad. Fue Chávez quien reinstaló en el debate público latinoamericano, y en menor medida a nivel internacional, la actualidad del socialismo (…) Y fue también Chávez el mariscal de campo que permitió propinarle al imperialismo, la histórica derrota del ALCA en la Cumbre de Mar del Plata, en Noviembre del 2005. Si Fidel fue el estratega general de esta larga batalla, la concreción de esta victoria habría sido imposible sin el protagonismo del líder bolivariano, cuya arrolladora personalidad concitó la adhesión del anfitrión de la Cumbre de Presidentes de las Américas, Néstor Kirchner, de Luiz Inacio "Lula" da Silva y de la mayoría de los jefes de estado allí presentes. ¿Quién si no Chávez podría haber logrado tan inesperado resultado? Por eso su muerte deja un hueco difícil, si no imposible, de llenar.”

Sistema político

Los conflictos con el campo y los medios hegemónicos de comunicación suscitaron tanto la adhesión entusiasta como la crítica sostenida de numerosos periodistas, artistas y sectores sociales que hasta ese momento habían mantenido más bien una relación de distancia. Los nuevos debates obligaron a la ciudadanía a definirse. Como consecuencia de ello, Argentina comenzó a transitar un escenario de polarización político-social, comparable al de otros

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Polarización

social

países latinoamericanos (como es el caso de Venezuela)

De acuerdo a Mecle (2010), “algo cambió en los apoyos al proyecto nacional. Los sectores medios de las grandes ciudades como Rosario, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, si bien no encontraron una expresión política común, si se expresaron a través del voto a expresiones opositoras por motivos que iban desde la demanda de transparencia y control hacia la seguridad”

Ruptura con el sindicalismo hegemónico

Cuando Cristina Fernández resultó electa, a las pocas horas Hugo Moyano aseguraba que: "La vamos a seguir apoyando, pero no vamos a dejar de reclamar lo que nos corresponde. Nosotros tenemos dignidad y coherencia. Yo no voy a hacer nada en contra de los trabajadores".

Desde la óptica de Castillo (2012), “varios factores convergentes llevaron al enfrentamiento entre Moyano y el gobierno hasta terminar en la ruptura. En primer lugar, el hecho que al no tener Cristina posibilidad de nuevo mandato sin mediar una reforma constitucional, se ha desarrollado una “interna” por la sucesión desde los inicios de su nueva presidencia, con una disputa particular con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, con quien Moyano tiene una aceitada relación. A su vez, tenemos que señalar el fin del período de concesiones a los trabajadores que marca el segundo mandato de Cristina Fernández, expresado en sus ataques contra las huelgas y las acciones de lucha del movimiento obrero”. Estos discursos han tenido el objetivo de señalar que la etapa de la “redistribución” ha terminado y que ante las nuevas condiciones económicas mundiales y del país, había que comenzar a moderar los reclamos. Para alcanzar este reclamo, Moyano era un “símbolo” de los años de negociaciones paritarias en alza, cuando se lograron aumentos salariales luego de la enorme reducción que significó la devaluación. Por otro lado, el mismo peso conquistado por Moyano y los “servicios” que había prestado al kirchnerismo, lo empujaron a exigir mayor presencia sindical en las listas electorales y más poder político dentro de la coalición de gobierno, solicitud que nunca fue respondida positivamente por el gobierno, que marginó de manera constante al sindicalismo de las listas electorales”.

Desde entonces, el gobierno de Cristina Fernández “se jugó a dividir la CGT (como antes había hecho con la CTA). Surgió así la nueva CGT Balcarce”. Por otro lado, el gobierno adoptó un discurso contra la “aristocracia obrera”, categoría en la que incluye a los trabajadores que levemente llegan a sobrepasar la canasta familiar. Según Castillo (2012), “la principal contradicción que tiene el gobierno es que la mayoría de los dirigentes sindicales de la CGT oficialista fueron parte de la burocracia empresaria y entregadora de “los noventa” que tanto dicen condenar”.

En esta dirección, Mecle (2010) recupera un interrogante que plantea Liliana de

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Riz en torno a la cuestión: ¿cómo satisfacer las expectativas de modernización política que moviliza a los sectores medios y, a la vez, no perder el dominio sobre el peronismo [y el sindicalismo] , condición sine qua non para el ejercicio del poder?

La Oposición

Desde la óptica de Ignacio Ramírez (2013), “en el universo opositor hay una contradicción entre oferta y demanda de propuestas políticas. Hay un discurso y una convocatoria basados exclusivamente en el antikirchnerismo. Esbozan consignas de unidad y convergencia envueltas de dramatismo. Del otro lado, las bases electorales opuestas al Gobierno reclaman discursos más positivos [con propuestas] y renovación de liderazgo” rasgos que definitivamente no aparecen

en los candidatos opositores.

El estilo kirchnerista y algunas medidas que significaron una clara toma de posición o lesionaron intereses sectoriales, generaron fuertes clivajes en la sociedad y una oposición política que sólo logra coincidir en la necesidad de conclusión del ciclo kirchnerista, pero carece de propuestas alternativas.

Política Exterior

“Casi desde el comienzo de la etapa kirchnerista, la cuestión Malvinas se volvió una constante en la política exterior argentina. Al margen de los reiterados reclamos de soberanía, desde 2003 en adelante hubo varios episodios en los que el conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por los archipiélagos australes ocupó los titulares.

En 2007 se endurecieron los posicionamientos. La negativa de la Argentina a participar de los actos de conmemoración que el Reino Unido pensaba realizar al cumplirse 25 años de la guerra de 1982 fue contundente:

"Los ingleses han planteado un proceso de conmemoración que en realidad es una celebración de la victoria. Nosotros, en ese marco, no podemos aceptar una actividad conjunta", afirmaba entonces el canciller Taiana.

Los altercados entre ambos gobiernos se extienden hasta la actualidad más reciente. Sin embargo, hay un hilo conductor que atraviesa todos los reclamos por parte del gobierno argentino: se brega por la soberanía nacional de las Islas Malvinas desde un discurso pacífico, a diferencia de las actitudes bélicas que el gobierno británico ha tomado en los últimos años (enviando un submarino y amenazando de hecho con medidas de fuerza). También es interesante subrayar el apoyo regional al gobierno argentino por parte de la mayoría de los países latinoamericanos. La medida que ratificó el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y Venezuela, de "no permitir el atraque en sus puertos de barcos que enarbolen la bandera ilegal" de las Islas

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Malvinas, en diciembre de 2011, ilustra muy bien este apoyo.

Para entender mejor el conflicto, Ansaldi (2012) escribe cinco proposiciones basales “de una entidad tal que podrían considerarse teoremas”: 1. Las islas Malvinas y adyacentes (Georgias del Sur, Sándwich del Sur y Orcadas del Sur, un total de 16.932 km2) pertenecen geográfica e históricamente a la República Argentina, imposibilitada de ejercer la soberanía por un acto de apropiación colonialista perpetrado por el Reino Unido en 1833. 2. El Reino Unido carece de cualquier argumento jurídico y/o derecho a la ocupación de dicho espacio argentino. 3. Los malvinenses (kelpers) no tienen derecho ni ningún atisbo de él a la autodeterminación, porque no constituyen una población originaria de las islas sometidas por un acto de conquista y colonización por parte de una tercera potencia. Por el contrario, son justamente el resultado de dicha acción. Técnicamente, el Comité de Descolonización de la ONU califica a las islas como territorio no autónomo administrado por el Reino Unido y como tal integra la nómina de 16 países que en todo el planeta deben ser objeto de descolonización. Los malvinenses no son pueblos originarios o autóctonos que luchan por su independencia, como lo hicieron africanos y asiáticos, ni tampoco “británicos americanos” interesados en ser libres y constituir un nuevo Estado, como sí fue el caso de los “españoles americanos” (criollos) de principios del siglo XIX. 4. Salvo una situación excepcional, la Argentina nunca renunció a su derecho de soberanía sobre las islas. Tal situación se produjo en 1842, cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la laxa Confederación Argentina, Juan Manuel de Rosas, instruyó a su ministro plenipotenciario en Londres, Manuel Moreno, para que explorara la posibilidad de concertar con los británicos una transacción pecuniaria por la cual el Reino Unido recibiría las islas Malvinas a cambio de la cancelación de la deuda del empréstito que la provincia de Buenos Aires había concertado con Baring Brothers en 1822. Obviamente, los ingleses −duchos como nadie en actos de pillaje−rechazaron la propuesta, que contenía una cuestión política que no querían discutir −la titularidad de la soberanía (reconocer el canje implicaba que ella era de Buenos Aires) − y otra económica (el valor monetario asignado a las islas era considerado inferior a la deuda). 5. Salvo otra situación excepcional, la Argentina no hizo de la fuerza militar ni una ratio ni una estrategia válida para recuperar la soberanía sobre las islas

A propósito de los ex combatientes No menos importante fueron las políticas de resarcimiento económico y fundamentalmente, social, a los ex combatientes de las Malvinas, que en su conjunto habían sido marginados de la escena nacional. (ver anexo, -15-)

Nuevos derechos ciudadanos

La Ley 26.774 de Ciudadanía Argentina, sancionada el 31 de octubre de 2012 y promulgada el 1 de noviembre del mismo año, amplía el derecho político de los

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El Voto Joven 2012

jóvenes de 16 y 17 años.

De acuerdo a Bernazza (2013), “además de habilitar a los jóvenes a votar en elecciones nacionales, establece que el voto para estos nuevos electores es optativo. Esta ampliación de derechos entraña un acto voluntario: los jóvenes que quieran votar lo pueden hacer, mientras no están obligados aquellos que por diferentes motivos decidan no hacerlo. Los límites de la juventud no son naturales, sino que son socialmente construidos y culturalmente compartidos, reforzados a través de ritos que marcan la entrada al mundo adulto de acuerdo con las épocas”

“La sanción de la Ley 26.774 generó un gran debate en la sociedad. Los que opinaban en contra de su sanción argumentaban que los adolescentes son inimputables, menores de edad y manipulables. Los promotores de las políticas de mano dura que asocian juventud con delincuencia, pregonan la baja de edad de imputabilidad al mismo tiempo que rechazan el derecho a votar. Desde esta posición, la nueva ley permite a un menor votar a la vez que “matar, robar y violar” sin ir preso, justamente por su condición de menor” (Bernazza, 2013) (ver anexo, -16-)

El Estado en la economía

Los niveles de pobreza,

desempleo y trabajo

precarizado

De acuerdo a Verónica Smink (2013), “las cifras de la última década muestran el

éxito que tuvo el kirchnerismo en dos pilares fundamentales: la creación de

empleo y la reducción de la pobreza.

Pobreza

“Tras el colapso de la economía en 2001-2002, el 54% de la población vivía por

debajo de la línea de pobreza, una cifra que el gobierno logró reducir en 2013 al

6,5%, según los datos oficiales, aunque organismos privados aseguran que si

uno contempla la inflación no reconocida por las autoridades, la cifra actual de

pobres supera el 20%.” (Smink, 2013)

Desempleo

En tanto, el desempleo se redujo del 17% al 6,9%, impulsado principalmente por

el Estado, que sumó cerca de un millón de trabajadores nuevos desde

2003.Favorecido por una economía pujante gracias a los altos precios de las

materias primas, en particular la soja, el gobierno logró revertir drásticamente la

situación del país. Según el Banco Mundial, Argentina duplicó su clase media en

la última década y fue el país latinoamericano con el mayor aumento de clase

media como porcentaje de la población total. Entre 2003 y 2013 el gobierno

incrementó el salario mínimo en más del 1300%.En tanto, el Ministerio de

Desarrollo Social, dirigido por Alicia Kirchner (hermana del ex Presidente),

aumentó en casi un 1.700% su presupuesto para planes sociales y creación de

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cooperativas, llevando a los críticos a denunciar una política clientelista. Además,

el balance 2003 – 2009 atestigua que el MTE y SS brindó a más de 4,8 millones

de personas orientación laboral, capacitación para el trabajo, prestaciones

relacionadas con la inserción en el empleo, y/o asistencia directa a los grupos

más vulnerables a través de transferencias de ingresos” (Smink, 2013)

Trabajo formal

De acuerdo al informe del Ministerio de Trabajo del 2010, “desde el año 2003 se

verificó un incremento del trabajo formal (asalariados e independientes

registrados en la seguridad social) como nunca se había observado en los últimos

35 años en la Argentina. Como resultado de este proceso, en el año del

Bicentenario, el número de trabajadores registrados es un 43% superior al que

había en el mejor momento de la década pasada, durante la vigencia del régimen

de Convertibilidad, y un 67% superior a los registrados antes de la

implementación del actual patrón productivo”

Precarización laboral

“Según los datos oficiales, entre 2003 y 2012 la informalidad cayó alrededor de

17 puntos, de 49 a 32%, una cifra que sigue siendo alta. En los últimos años, la

informalidad se estancó en niveles elevados. De acuerdo con los relevamientos

de la cartera laboral, el trabajo doméstico, los cuentapropistas, el sector

agropecuario, la construcción y el comercio son los ámbitos con mayores niveles

de informalidad. También existen situaciones irregulares en el empleo público

tanto nacional, provincial y municipal” (Diario el Liberal, 4/08/2013)

Estatizaciones

YPF (2012)

El 19 de abril de 2012, Cristina de Kirchner anunciaba la expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera YPF en manos de la española Repsol. Desde la perspectiva de Matías Bianchi (2012), se trató de un hecho político más que de una decisión exclusivamente económica, que sobrepasa la discusión sobre política energética y nos plantea un debate más profundo ligado al rol del Estado en la sociedad y a la manera en cómo se gestiona”.

En 1989 YPF fue transformada en sociedad anónima y paulatinamente se fueron vendiendo las acciones del Estado argentino a la empresa española Repsol, lo que culminó en 1999 con la entrega de la Acción de Oro. En ese momento, Argentina era un ejemplo por seguir por los demás países en desarrollo, según vociferaban los organismos multilaterales” (Bianchi, 2012)

La Re-Estatización de YPF: 2012 En relación a lo que significa hoy la estatización de YPF, de acuerdo a Aldo Ferrer (2012) esta es una medida a todas luces “correcta”. “La venta de YPF fue una de las peores medidas tomadas por el Estado neoliberal. En esa etapa se enajenaron herramientas fundamentales de la política pública. Brasil, por ejemplo,

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preservó el ejercicio de su soberanía, nosotros la entregamos. Entre esas entregas está la de YPF, con las consecuencias inevitables que conocemos. Como algunos lo advertimos en aquel momento, se verificó que las cosas no iban a andar bien. No sólo desde el costado específico de los hidrocarburos, sino también desde el punto de vista científico y tecnológico. Extranjerizar ese sector fue un retroceso muy grave. Este es el epílogo de un largo camino que llegó a donde tenía que llegar”

“La decisión es importante porque es un paso más en la recuperación del Estado nacional. En el período neoliberal se maniató al Estado para someterlo a los intereses privados, a la especulación financiera, que provocó el endeudamiento, desindustrialización, aumento en el desempleo, pobreza e indigencia. Desde la salida de la crisis reaparece el Estado nacional. Del mismo modo que la recuperación de la capacidad para hacer política monetaria, el manejo del tipo de cambio, la reforma del sistema previsional y la modificación del rol del Banco Central, YPF es un paso muy importante en la reconstrucción del Estado nacional. En el escenario mundial está claro que a los países que les va bien son aquellos que tienen fuertes políticas nacionales. El Estado neoliberal busca desmantelar la política pública para que no se puedan tomar medidas de transformación en un país en desarrollo como el nuestro. Se está recuperando la gobernabilidad de la economía argentina. Pienso también que la reparación del Estado nacional requiere de sólidos equilibrios macroeconómicos, en el plano fiscal y externo”

Para Serrani (2013), “el desafío estructural para el Estado nacional es cómo disciplinar al resto de las empresas, la mayoría multinacionales, en relación con el nuevo marco jurídico. Es decir, cómo lograr que el resto de las empresas articulen su negocio petrolero con la necesidad del país de volver a ser autosuficiente en el mediano plazo (y que este fin ya no se organiza en intereses individuales a nivel empresa sino que es un bien público que la sociedad se debe para su desarrollo)” “A diferencia de otros países petroleros de América latina, YPF no es ni un monopolio de Estado (como sí lo es Pemex en México) ni la empresa dominante en toda la cadena de producción (como Pdvsa en Venezuela o Petrobras en Brasil). Al finalizar 2012, la participación de YPF en los distintos segmentos del mercado era la siguiente: un tercio del mercado primario (exploración y explotación), menos de la mitad en el sector secundario (transporte, refinación y comercialización final) y una participación marginal en el comercio exterior”

Problemáticas sociales

El Ministerio de Desarrollo Social, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y a partir del año 2004, sostiene oficialmente “políticas activas a favor de nuestros Pueblos Originarios, tendientes a hacer efectivos aquellos derechos reconocidos en el año 1994 por medio de la reforma constitucional”. Entre ellas, el Ministerio subraya

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Los pueblos originarios

Ejecución del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, a través de la Ley Nº 26.160, con el objetivo de realizar un relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de la situación dominial de las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas del país, de manera de poder generar las condiciones para la instrumentación de la posesión y propiedad comunitaria. Junto a ello se pusieron en funcionamiento programas de regularización. A tal fin se celebraron convenios con organismos provinciales y Universidades Nacionales en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Río Negro, Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz, para su correcta puesta en marcha.

Promoción del fortalecimiento de la identidad cultural de los Pueblos Indígenas y favorecimiento de la organización comunitaria, a través de la inscripción de la personería jurídica de las comunidades en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas –RENACI-.

Creación, mediante la Resolución 328/10, del Registro Nacional de Organizaciones de los Pueblos Indígenas, (RENOPI), fortaleciendo la organización de las instituciones indígenas territoriales.

Celebración de convenios con los gobiernos provinciales para homogeneizar criterios para la inscripción, el reconocimiento y la adecuación de las personerías jurídicas oportunamente otorgadas a las Comunidades Indígenas, y así poder establecer una base de datos única.

Creación del Programa Fortalecimiento Comunitario y Acceso a la Justicia (Res. 235/04), que tiene por objetivo otorgar subsidios a las comunidades indígenas para que puedan sostener un Servicio Jurídico propio para las acciones que tengan como meta la posesión y propiedad comunitaria.

A pesar de estos decretos de derecho, de acuerdo al CELS, “la clara regresión que implicó el crimen de Ferreyra se profundizó el 23 de noviembre de 2011, cuando integrantes de la comunidad toba La Primavera –o Qom Navogoh– de la provincia de Formosa fueron reprimidos mientras realizaban un corte de ruta para exigir la devolución de territorios ancestrales que les pertenecen. Efectivos de la policía provincial dispararon balas de plomo contra los indígenas y causaron la muerte de Roberto López. Como consecuencia de la represión, también murió el oficial principal Heber Falcón. El conflicto por las tierras en Formosa es de larga data y la situación se agravó a lo largo de 2010. Por esta razón, el 12 de agosto el CELS había remitido a distintas dependencias del gobierno nacional un informe sobre la situación de la comunidad La Primavera y había solicitado la intervención del Estado federal, cuya pasividad todavía constituye una clara violación de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. El 21 de mayo de 2013, otro integrante de la comunidad QOM, Florentín Díaz) fue reprimido y asesinado, lo cual demuestra que el hostigamiento a esta comunidad no es casualidad, producto de un exabrupto de fuerza o de un error de cálculo, etc. sino una política de Estado.

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La problemática habitacional

Desde la perspectiva de Cervetto, Contino y Suárez (2010), “cuando hablamos de vivienda no estamos haciendo referencia solamente a la casa donde se habita sino a todo lo que socialmente significa la vivienda, en cuanto a la satisfacción de necesidades fundamentales del hombre: protección, comodidad, relaciones sociales, identidad, privacidad. (…) el aumento del desempleo y de la pobreza e indigencia y el considerable descenso de las inversiones públicas, fueron algunas de las consecuencias del neoliberalismo. Intentar revertirlas se constituyó en uno de los más importantes desafíos de los gobiernos posteriores a dicha crisis. El rol que habría de atribuirse a las obras publicas serie de gran importancia en la generación de cambios y esto se observa en el discurso de asunción de Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003: “Uno de los principales desafíos que enfrentamos vinculados con el papel del Estado es volver a poner a la inversión en obra pública, en infraestructura, como una de las prioridades de la gestión estatal considerando su capacidad de mejorar la calidad de vida, de motorizar rápidamente el nivel de actividad y generar mejor competitividad económica y social distribuyendo la inversión con criterio federal y desarrollando nuestro perfil productivo (…). Pues bien, en el año 2003, el gobierno propuso instrumentar una política integral de vivienda orientada al mejoramiento del hábitat y a la reactivación productiva. Para lograr esos objetivos el gobierno nacional buscó fortalecer y dotar de recursos necesarios a los programas relacionados con la construcción y mejoramiento de viviendas. Los programas federales de viviendas siguieron diseñados con un modelo descentralizado de funcionamiento y gestión, estimulándose el trabajo entre distintas áreas gubernamentales y no gubernamentales del ámbito nacional, provincial y municipal buscando fortalecer el Sistema Federal de Vivienda a través de los organismos provinciales e incorporando recursos naturales a los del Fondo Nacional de la Vivienda (Cervetto, Contino y Suárez (2010).

Según datos proporcionados por Lorena Putero (2012), “en materia de acceso a la vivienda en julio de 2004 se lanza el Programa Federal de Construcción de Viviendas y el Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas ¨Mejor Vivir¨. Hasta diciembre de 2012, según datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, se llevaron adelante 900.700 soluciones habitacionales que beneficiaron a más de 4 millones de habitantes” (ver anexo, -17-)

Limitaciones generales

Si bien desde el 2003 ha tenido lugar una relativa mejora en la redistribución social del ingreso, las limitaciones son varias. Los programas políticos se orientan hacia los requisitos de la economía global. “La ciudad tiende a ser reacondicionada en función de las lógicas del consumo y de los servicios avanzados (…) hacia actividades tales como el control de la información, investigación y desarrollo, innovación tecnológica, etc.” (Ciccolella; 1999: 3). Como ejemplo de ello, recordemos sin más la Construcción del Polo Científico en

61

el barrio de Palermo, que aloja, entre otras dependencias, al CONICET.

A su vez, es llamativa la política habitacional que subyace en los distintos desalojos que ha realizado el Estado Nacional (en concreto, en el parque Indoamericano y en las Ex Bodegas Giol) luego de los cuales se entregaron materiales a los ocupantes para que puedan construir sus viviendas en otros terrenos. Estas medidas de carácter “compensatorio” nos permiten inducir las premisas sociales sobre los que se parten cuando se desarrollan políticas públicas urbanas: “Se interpreta que la demanda de la población es una vivienda nueva (sin importar su localización), lo cual supone un receptor de la vivienda “estático”, que no vive en “ninguna parte”, sin relaciones construidas, sin redes y/o reciprocidades que le facilitan la vida, sin bienes personales y lo que es fundamental, sin considerar qué zonas urbanas le son más o menos estratégicas para la inserción laboral y la generación de ingresos” (Wagner; 2006: 10). En síntesis, y en el mejor de los casos, se lleva a cabo una política de construcción de viviendas sin una política de suelos y espacio urbano.

Comentarios finales

A modo de reflexión final, luego de 10 años de gobierno kirchnerista, ¿se puede hablar de “modelo”?

y más concretamente, ¿de modelo económico? Al respecto, Mario Wainfeld (2012) sostiene que la

virtud del modelo es precisamente no ser un modelo como tal, sino un conjunto de medidas que van

mutando acorde al ritmo de las cambiantes necesidades políticas y económicas: “El “modelo”

kirchnerista (el cronista porfía en ponerle comillas para significar su relatividad y mutabilidad) se va

adecuando a cambios de escenario, se reacomoda en función de lo que se perciben como errores,

insuficiencias o cuellos de botella. En ocho años, que serán doce, el contexto doméstico y el

internacional basculan permanentemente, mantener intocados los instrumentos, sería una necedad.

Se cambia, pues, de modo permanente” (Wainfeld, 2012)

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ANEXO

A) PRESIDENCIA DE EDUARDO DUHALDE

1.- Movimiento piquetero Las transformaciones ocurridas como corolario de la aplicación de políticas neoliberales

terminaron por reconfigurar completamente las bases de la sociedad argentina. El proceso,

marcado por el empobrecimiento, la vulnerabilidad y la exclusión social, que comenzó en los

años ´70 con la última dictadura militar; tuvo su punto de inflexión en 1991, con el

lanzamiento del Plan de Convertibilidad. A partir de entonces, la

brecha entre ricos y pobres ha pasado a ser la más grande de los últimos 30 años.

“Durante este período de grandes mutaciones, la sociedad argentina no contaba con redes

de contención ni con centros de formación o reconversión laboral, al tiempo que era notable la

ausencia de políticas estatales en la materia. Por otro lado, recordemos que los grandes sindicatos

nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) no se opusieron a las reformas, que

virtualmente minaban sus bases de afiliación, sino que negociaron con el gobierno su supervivencia

material y política y optaron por readecuarse al nuevo contexto económico y social” (Svampa, 2003)

“Por otro lado, es necesario tener en cuenta que la emergencia de movimientos de desocupados

puede comprenderse también por la existencia de una tradición política organizativa, en gran parte

asociada a las vertientes más clasistas, cuyos (nuevos) representantes se decidieron a actuar y

construir por afuera –y en oposición– de las estructuras sindicales tradicionales, mayoritariamente

vinculadas con el partido justicialista. Desde este punto de vista, la emergencia de

organizaciones de desocupados tiene como telón de fondo la crisis y el debilitamiento del

peronismo en los sectores populares” (Martuccelli y Svampa, 1997).

B) ESTADO NEODESARROLLISTA

2.- El neoliberalismo (ascendente) y el desarrollismo (descendente)

El neoliberalismo de los ’90 ha significado para Ornelas Delgado (2009) “que las autoridades

encargadas de la conducción de los aparatos gubernamentales económicos, no reconozcan la

existencia de una relación directa entre la estructura económica y la pobreza, cuyas causas no se

entienden como resultado de la organización económica, sino que se atribuyen a la incapacidad de

los pobres para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado, esto significa que las causas

determinantes de la pobreza -o dicho de otra manera, la falta de bienestar, ocio y democracia-, no se

encuentran en los aspectos estructurales de la economía, sino en otros ámbitos tales como la actitud

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personal negligente ante la vida, la falta de capacitación y adiestramiento laboral, o la carencia de

salud, factores todos que, solos o unidos, impiden a las personas incorporarse al mercado laboral, o

al de bienes y servicios de consumo. Esto significa culpar a los pobres de la pobreza en que viven,

por eso las políticas enfatizan la atención individual y soslayan los aspectos sociales determinantes

de la pobreza.”

“En general, el neoliberalismo en nuestros países significó el retiro del tema del desarrollo de la

agenda de las preocupaciones nacionales e internacionales. Desde el primer momento, el desarrollo

fue sustituido por los problemas que traían consigo la inserción de la economía en la globalización y

la elevación de la competitividad para incorporarse y permanecer en los mercados internacionales.

Al mismo tiempo que se dejaban de lado las preocupaciones por el bienestar social y se impuso,

como objetivo central del accionar gubernamental el logro de los equilibrios macroeconómicos,

reduciendo la política fiscal a un mecanismo que se ajustaba pasivamente a los cambios de timón

del banco central, que desde entonces ha limitado su accionar al control de la inflación mediante la

denominada "política de metas de inflación” (Ornelas Delgado, 2009)

3. “El neo-desarrollismo es un proyecto actualmente compartido por todas las clases

dominantes. Pero su comando recae sobre las grandes empresas argentinas que han

internacionalizado su actividad. Estas compañías se han entrelazado con capitales foráneos,

adoptaron un perfil exportador y tienen muchos negocios en el exterior. No priorizan el

mercado interno, la acumulación endógena, ni la redistribución de ingresos. Propician un

rumbo industrialista que es aceptado por los sectores más poderosos del agro-negocio y

también alentado por las empresas extranjeras, que afianzaron su liderazgo en numerosas

rubros” (Katz, 2012)

C) PRESIDENCIAS DE NESTOR Y CRISTINA KIRCHNER

4.-Percepciones sobre el nuevo gobierno (2003)

Resulta interesante rastrear las distintas opiniones que este tema suscitaba al principio de su

mandato, con las certezas y dudas sobre el potencial de quien perfilaba tener un carisma y autoridad

muy particulares. A continuación, transcribimos las más sugerentes de un compilado de entrevistas

que se hizo en el año 2004 a destacados intelectuales:

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Cremonte

“Kirchner es el heredero de la lucha y movilización popular del 2001. Llegó a la

presidencia de la Nación heredando elementos provenientes de dos momentos

políticos diferentes (2001 y 2002), que condicionan su estilo de actuación

política”, “Si Duhalde produce un sentido sobre los acontecimientos del 2001 a

partir del permanente subrayado de la necesidad de reconstrucción del orden,

Kirchner produce otro sentido al ofrecer otra interpretación del pasado y del

presente, pues para superar la crisis no sería necesario (sólo) reconstruir el

orden, sino también recuperar algunas demandas sociales del 19 y 20 de

diciembre”

James Petras

“El triunfo de Kirchner fue un avance y al mismo tiempo un retroceso. Se ha

avanzado en relación a los derechos humanos, se ha abierto un paso hacia el

castigo. Al mismo tiempo se ha limpiado a sectores corruptos del poder judicial.

Sin embargo, no se han tocado los problemas de pobreza y del trabajo mal

pagado. Aumentó la subcontratación y el empleo precario”. Para Petras, Kirchner

es un “conservador moderado”. “Se lo considera de centroizquierda porque en

relación con los presidentes anteriores, como Carlos Menem y Fernando de la

Rúa, parece un iluminado. Si la referencia son los conservadores extremistas

parece progresista. Pero en su gobierno, la estructura económica permanece

intacta.”

Juan Carlos Portantiero

“El gobierno de Kirchner es un gobierno con un contenido de centroizquierda, pero a la vez un

gobierno peronista. El peronismo no es una esencia, hace 60 años que asume formas variadas: el

primer Perón, José López Rega, Carlos Menem y ahora Kirchner, que es más popular entre las

clases medias urbanas que en lo que constituye el cuerpo tradicional del peronismo. Estos sectores

no están en contra pero tienen más bien una actitud pasiva. “En realidad. Una redistribución más

justa de la riqueza va a ser el toque del éxito o fracaso del gobierno, mucho más que los

aspectos de la ética pública, el republicanismo, etc. Este es el tema que va a definir la suerte del

gobierno, y yo tengo por ahora, más allá de las coincidencias, una mirada perpleja”. En relación al

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“estilo k” Portantiero afirma lo siguiente: “Contra lo que se dice, a mí lo que menos me seduce de

este gobierno es el estilo k. Sobreactúa muchas cosas, toma apuestas que quizás no pueda

sostener (…) por ejemplo, en el caso de la deuda veo un exceso de retórica irritativa. Hay que

negociar desde una posición soberana, pero también desde la conciencia de que somos un país con

la deuda en default más grande de la historia del capitalismo, más incluso que la rusa. Eso obliga a

negociar, pero sabiendo que estamos en una posición de debilidad. Además, a diferencia de otras

épocas, no hay otro bloque donde apoyarse. Es un mundo globalizado y uniformado

alrededor del capitalismo occidental. No se puede jugar con la tercera posición. Eso no existe

más.”

Beatriz Sarlo

“Kirchner es un presidente del que puedo sentirme políticamente próxima pero no me siento

culturalmente próxima” “Kirchner va a probar si es un líder político fuerte y con futuro si puede

transformar al PJ. “Lo interesante es que construye rápido…Kirchner sin duda sintoniza con aquella

zona de la Argentina que todavía se interesa por la política en términos ideológico-políticos.”

Hugo Quiroga

“La Argentina entre 1930 y 1983 se caracterizó por sus comportamientos pretorianos. Esto significa

la aceptación por parte de la sociedad de que los militares pueden participar en política. Si un

gobierno civil es malo, en lugar de reemplazarlo con otro a través de las urnas, se lo reemplaza por

las botas. Todos los partidos políticos fueron semileales al sistema democrático. La función de un

partido es ser escudo de la democracia, pero hubo una relación amigo-adversario entre los partidos

políticos y las Fuerzas Armadas (…) Las sociedades aprenden de la experiencia y la sociedad

argentina aprendió que las Fuerzas Armadas no sirven para gobernar. Hay una maduración de la

sociedad y de las Fuerzas Armadas. Kirchner supo leer eso. Lo hizo también con algún

interés político, porque necesitaba construir consenso. Pero lo hizo.

Carlos Altamirano

“En Kirchner lo novedoso está en el papel de las clases medias. Son las que fueron ganadas en

primer término por el discurso y la acción del gobierno. Kirchner, por ejemplo, no fue a la CGT.

Menem sí. Y la agenda de temas: la Corte, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, es

el repertorio de las clases medias urbanas”

Luis Alberto Quevedo

“El personalismo de Kirchner, en esta primera etapa, puede vincularse a la necesidad de construir

territorio y un espacio político propio. Desde ese punto no es peligroso. Pero también es cierto que la

política no puede pasar por un solo hombre. La Argentina es un país demasiado complejo para que

él resuelva todos los temas. En algún momento va a necesitar aliados, y a los aliados les gusta que

los consulten en los momentos de crisis pero también en los de bonanza”

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Eduardo Rinesi

“Lo más interesante de Kirchner es que tiene un lado confrontativo, agonístico, conflictivo, a veces

con una cierta entonación épica. Sin embargo, eso no agota todo su discurso. Esa dimensión se

combina con otra. Que suele estar ausente en los discursos más conflictivistas de los últimos años,

que es una fuerte dimensión institucionalista-estatal, de recuperación de la capacidad del Estado

para dar sentido a la vida social, hacerse cargo de ciertas demandas, regenerar lazos sociales

deteriorados.”

5.- SINDICALISMO La derrota del movimiento obrero durante la dictadura del ’76 y el menemismo significó un

“debilitamiento estructural de la clase trabajadora”. Sin embargo, la actual recomposición de estos

años “se ha desarrollado en el marco de las secuelas de la etapa anterior y esto también tiene su

expresión en las superestructuras del movimiento obrero. Un estudio señala que la tasa de

sindicalización que en 1990 era de 65,6% se redujo hasta el 31,7 % en 2000. En los años del

kirchnerismo hubo una recuperación subiendo en 2008 la sindicalización hasta el 37%. Sin embargo,

no ésta no ha superado el porcentual más bajo de la década del 1990” (Castillo, 2012)

“ (…) la alianza entre el gobierno de Néstor Kirchner y el sindicalismo obrero fue estratégica para la

coalición durante los dos primeros mandatos presidenciales del kirchnerismo. Cabe recodar que en

2004 la CGT se había unificado bajo el liderazgo de Hugo Moyano, jefe del sindicato de los

camioneros, quien durante los años 90 encabezó el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA),

nucleamiento sindical peronista donde convivían las apelaciones a la tradición nacional-popular con

un sindicalismo de corte empresarial. El fuerte crecimiento que experimentaron los servicios, la

cuasi desaparición del sector ferroviario como transporte de pasajeros –luego de la privatización y el

cierre de ramales–, el desarrollo del comercio regional, los subsidios del gobierno nacional y, por

último, el transporte de soja y otras semillas hasta los puertos para el mercado externo, catapultaron

a los sectores transportistas a la cima del poder sindical

Como señala Martín Armelino, «al igual que los ferroviarios en las primeras décadas del siglo XX

bajo la economía agroexportadora o los metalúrgicos en los tiempos de la industrialización

sustitutiva de importaciones, la posición estratégica de los camioneros en la actual economía del

intercambio de commodities los ha convertido en líderes de la acción sindical” (Svampa, 2011)

6. Alcances y limitaciones de los juicios por delitos de lesa humanidad

En una entrevista efectuada a Marcelo Duhalde en la ESMA (18/06/2013), el entrevistado resume

algunos de los obstáculos que se presentaron a la hora de avanzar con los juicios:

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“La mayor dificultad fue poder reconstruir las pruebas, porque transcurrieron treinta

años de impunidad, años durante los cuales se borró información, fichas, libros.

Tampoco podemos dejar de lado la muerte de muchos de los que estuvieron

implicados. A lo que luego se le agregó otra cosa muy importante que fue la

complicidad del Poder Judicial en gran parte, que fueron los que pisaron las causas.

Hay una cantidad identificada de jueces que frenaron las causas. También está la

complicidad de los políticos y de los medios de comunicación. A nadie le interesaba

hacer nada porque sabían que de alguna manera habían sido cómplices. Muchos

habían sido cómplices por acción y otros por omisión. Hubo muchos jueces que

participaron de las sesiones de tortura y entonces, claro, no tenían ningún interés en

que avanzaran las causas. Así fue que aunque hay varios que tienen causas

actualmente. Por lo menos dos o tres”

El informe del Cels del año 2009 también es representativo de los escollos que existen en este

proceso desde la reapertura de los juicios, donde a decir verdad, coexisten realidades

contradictorias:

“Así como hubo funcionarios judiciales que impusieron de diferentes maneras trabas al

proceso, tribunales que demoraron decisiones y dificultades logísticas que en muchos

casos no fueron superadas, también se arribó en la Capital al juicio oral y público contra

algunos de los responsables de los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de

la Armada (ESMA) y en los centros de detención Atlético-Banco-Olimpo (ABO) y

Vesubio” (Informe Cels, 2009)

“Del seguimiento estadístico que el CELS realiza desde el reinicio de este proceso

surge un diagnóstico preciso de situación. Así puede saberse que del número total de

causas que se encuentran en trámite, el 71% siguen demoradas en la etapa de

instrucción y no alcanzaron aún la instancia de debate oral, lo que constituye el

principal escollo para el avance de los juicios. Por otro lado, de las 67 causas que se

encontraban a fin de año elevadas a tribunales orales, sólo 11 llegaron a debate

durante 2009. El promedio de demora de los tribunales para establecer fecha de debate

ha sido de un año y medio” (Informe Cels, 2009)

Desaparición de Julio López en democracia

En septiembre de 2006, “pocos días después del fallo dictado por el Tribunal Oral Federal n° 5 de la

Capital, el Tribunal Oral Federal n° 1 de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, condenó a Miguel

Etchecolatz a cadena perpetua. A la jornada de lectura de la sentencia no asistió Jorge Julio López,

uno de los testigos clave en ese juicio, cuya desaparición fue denunciada ese mismo día. A pesar de

las claras diferencias con las desapariciones forzadas del terrorismo de Estado, la desaparición de

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López reedita en el imaginario colectivo las miles de desapariciones ocurridas durante la dictadura;

y, el objetivo de los autores no podría ser otro que el amedrentamiento de las instituciones y de la

sociedad con el fin de afectar la continuidad de estos juicios.” (Informe Cels, 2007)

“Pasados varios meses de la desaparición de López, Luis Gerez, testigo que declaró contra Luis

Patti fue secuestrado y apareció con vida dos días después, con evidencias de haber sido torturado.

En ambos casos, dos aspectos son preocupantes: en primer lugar, que la hipótesis que señala como

autores apersonas o grupos relacionados con el aparato represivo del Estado terrorista operando

desde afuera, desde adentro o en colaboración con miembros de agencias de seguridad o fuerzas

armadas del Estado; en segundo lugar que, a pesar de la voluntad política puesta en la búsqueda y

la investigación por parte de los funcionarios, nacionales y provinciales, no existen mínimas

evidencias que permitan construir una teoría sobre lo sucedido. Por estas razones, es indispensable,

que se agoten todas las instancias para esclarecer ambos hechos” (Informe Cels, 2007)

7.- Minería. Los mitos del extractivismo

De acuerdo a Svampa “entre los mitos que buscan sostener la minería a gran escala, los

económicos son los más paradigmáticos. Por ejemplo, la asociación entre minería y puestos de

trabajo. En realidad, la minería a gran escala es una actividad económica capital-intensiva, pero no

trabajo-intensiva. Así, por cada millón de dólares invertido, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos

directos. En Argentina, la minería representa menos del 0,7% del total de los asalariados

registrados. Sin embargo, en 2011, la Secretaría de Minería, en su página web, publicaba que la

actividad ya generaba 517.500 empleos, lo cual es falso. Según los últimos datos elaborados por mi

equipo de investigación, tomando como base el Boletín Anual de Empleo y Empresas 2011,

elaborado por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, la actividad minera, para ese año,

totalizaba unos 28.743 puestos de trabajo directo. Estamos muy lejos de las cifras difundidas

oficialmente. Así, una de las estrategias es inflar las estadísticas para tratar de crear en la población

la ilusión de que la minería vendría a resolver los problemas de empleo”

“Otro de los mitos consiste en asociar minería y motor de desarrollo. Sin embargo, la megaminería

está lejos de promover el desarrollo regional. Más bien, compite por agua y recursos con la

agricultura, la ganadería y el turismo, y produce fuertes procesos de reconfiguración territorial, que

llevan a la consolidación de enclaves de exportación, que no generan encadenamientos endógenos,

dependientes del mercado internacional. Vean el caso de Bajo La Alumbrera, la principal

exportadora en Catamarca desde 1997. Pese a ello, esta provincia sigue siendo una de las más

pobres del país, con altísimos niveles de empleo público y personas asistidas con planes sociales”

8.- Sojización

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“La soja en este país creció en forma espectacular. La producción pasó de 3.7 millones de toneladas

en 1980, a 11 millones en 1996/1997 y a 47.5 millones en 2006/2007. Entre 1996/1997 y

2006/2007, del aumento de la producción de granos, 70% correspondió a la soja. El auge de esta

oleaginosa se manifiesta también en la superficie destinada al cultivo. En 1996, cuando se liberó al

mercado la semilla transgénica, se le destinaba 20% de la superficie granaria total; en la actualidad

ésta se estima en más de 53%. Además, la soja cultivada casi en su totalidad es transgénica, y más

de 90% de su producción se exporta” (Giarraca y Teubal, 2010)

9.- Continuidad o cambio en el patrón de acumulación

a) Hay un cambio en relación al patrón anterior

¿Estamos en la pos-convertibilidad? Desde la óptica de Martín Burgos (2011), “se ha

generalizado en la literatura el rótulo de “post-convertibilidad” para definir el modelo económico

social actual, haciendo alusión esencialmente a su ubicación cronológica posterior al modelo de la

Convertibilidad (…) Pero llamar “post-convertibilidad” al modelo actual pareciera vaciarlo de

contenido propio, como si no tuviese otras características diferenciadas respecto del modelo de

Convertibilidad”. En última instancia, también significaría que son mayores las continuidades

del presente modelo respecto del anterior, reduciendo los cambios a algunas herramientas de

política económica (…) Si bien cabe reconocer que son varios los rasgos de continuidad del

presente modelo comparado con el anterior (…) los cambios ocurridos desde 2003 son más

importantes de lo que comúnmente se entiende”

A partir del 2002 puede evidenciarse, según Kicillof et. al (2010) y Basualdo (2009) un nuevo

patrón de acumulación del capital, que no surge por los movimientos naturales del mercado

sino por la decidida intervención del Estado para revertir la tendencia hacia

desindustrialización. Esta tendencia encontraba sus indicios en:

a) La sistemática expulsión de trabajadores del sistema laboral b) La reducción de la participación de las manufacturas en el Producto Interno Bruto

(PIB) c) En el crónico déficit fiscal y comercial d) El crecimiento exponencial de la deuda externa e) La sistemática pérdida de reservas internacionales

Sin embargo, Kicillof destaca importantes líneas de continuidad que son posibles de revertir, y

entre las que sobresalen:

a) el nivel históricamente bajo de los salarios reales (la remuneración real al trabajo sólo ha logrado superar en un 17% el deprimido nivel que registraba a fines de la Convertibilidad)

b) la persistencia del empleo precario e informal

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c) la orientación predominantemente primaria de las exportaciones

y la recurrente tendencia a la fuga de capitales

b) Hay continuidad y cambio

Dentro de los ensayos que se refieren al “modelo económico K” como de continuidad y

ruptura, el planteo de Mariano Féliz (2011) es muy representativo. Desde su óptica, la etapa

“neodesarrollista” que se inicia a partir del 2003 ha significado una “continuidad en la ruptura

del neoliberalismo” (M.F, 2011: 84), o en otros términos, “una superación negativa del

neoliberalismo (…) que involucró permanencias, reapropiaciones y novedades” (MF, 2011: 72). En

este marco, las permanencias se expresaron “en términos de política económica” y las novedades

“en el cambio sustancial de la composición política de la clase trabajadora y de sus relaciones con el

Estado y el capital”.

Aplicadas las políticas de desvalorización del capital durante la presidencia de Duhalde, aunque

existieron transformaciones en las formas concretas de valorización del capital a partir del 2003, en

general, este proceso siguió apoyándose en condiciones estructurales consolidadas durante

la reestructuración neoliberal, en concreto:

1) la superexplotación (y precarización laboral) del trabajo, con salarios que se

encuentran muy por debajo del valor de la fuerza de trabajo y

2) el “saqueo de las riquezas naturales”.

Es decir, no solo las condiciones estructurales consolidadas durante el neoliberalismo siguieron

vigentes en este nuevo modelo (condiciones que el propio Kicillof reconocía antes de asumir su

cargo como viceministro de economía) sino que para Mariano Féliz son esas mismas condiciones

las que hicieron -y hacen- posible el neodesarrollismo. Es decir, para Mariano Féliz no se

pueden revertir pues constituyen la base del “modelo k”

c) Hay continuidad (sin cambios)

Desde la óptica de Iñigo Carrera (2004) luego de la crisis del 2001 no hubo un cambio en el

patrón de acumulación. El carácter general de esta continuidad no solo se evidenció a partir de la

enorme masa de renta diferencial que la clase terrateniente, como buen “parásito social” cont inuó

apropiándose sino fundamentalmente, en la posibilidad que tuvo el pequeño y mediano capital

industrial de valorizarse sin necesidad de desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad. ¿Quiere

decir ésto que la economía no ha atravesado cambios desde entonces? ¡De ninguna manera! La

continuidad no debe homologarse a una economía estática, sino que implica, antes bien que , a

pesar de los nuevos mecanismos de apropiación y distribución de la renta de la tierra, estos

mecanismos siguen teniendo como efecto la negación al desarrollo de las fuerzas

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productivas (negación que el autor propone como variable principal para entender toda la

historia de la económica argentina desde 1880)

A fines del 2001, la llamada “crisis de la Convertibilidad” tomaba la apariencia de ser una crisis

de endeudamiento cuando en realidad expresaba la limitación del capital para reproducirse a raíz de

la tendencia decreciente de la renta agraria desde mediados de los ’70. La crisis de

acumulación del capital se expresó a través de la forma política de una crisis de legitimidad en la

representación política. Aunque parecían avecinarse tiempos de profunda transformación social, el

histórico “que se vayan todos” no reflejaba sino la impotencia de la clase obrera y la pequeña

burguesía “para tomar el poder en las propias manos” (I.C, 2003: 12). Pero donde antes el terrorismo

de Estado había sido exitoso en neutralizar la resistencia obrera, ahora la descarnal presencia de un

18 % de desempleo y la heterogeneidad al interior de este sector, permitieron no solo conservar sino

afianzar las formas políticas “democráticas” en que se expresaba la acumulación del capital.

Afirmados en un fuerte régimen devaluatorio, los primeros beneficiarios pasaron a ser la clase

terrateniente y el capital agrario al ver altamente potenciados sus ingresos, no sólo producto de las

ganancias que dejaban las exportaciones sino también por la caída en el salario real de la población

obrera. Estas condiciones excepcionales de apropiación de la renta, sumado al posterior aumento de

los precios agrarios en el mercado mundial a partir del 2004, le permitieron al sector agropecuario

expandir la aplicación extensiva e intensiva del capital agrario sobre la tierra

Desde esta lectura, a partir de un contexto internacional favorable, el populismo, encarnado en

la figura emblemática del entonces electo presidente, Néstor Kirchner, volvía a ser “la representación

política general del proceso de acumulación del capital” (Iiñigo Carrera, 2005: 4), representación ésta

que apelaba al resurgimiento de un abstracto modelo de “sustitución de importaciones” que sin

embargo, no tuvo -no tiene- como base un sólido desarrollo nacional de las fuerzas

productivas, sino antes bien:

1) la suba exponencial de la renta de la tierra y

2) la cada vez mayor venta de la fuerza de trabajo muy por debajo de su valor.

10.- Militancia kirchnerista

“En relación a las características sociodemográficas del espacio kirchnerista construido a partir del trabajo de campo realizado, encontramos que, sobre la base de 146 casos, alrededor del 77% de los militantes encuestados tienen entre 18 y 49 años, seguido por un segundo grupo de entre 50 y 64 años que representa casi el total del porcentaje restante. Por su parte, aquellos de menos de 18 y de 65 años o más alcanzan sólo el 10% de los casos analizados. Con respecto al nivel educativo de los encuestados, más del 95% cuenta con educación primaria completa, mientras que el 75% ha completado la educación media. Asimismo, el 61% de los militantes ha cursado alguna vez estudios superiores y cerca de la mitad logró finalizarlos, es decir, que casi el 25% de los encuestados ha obtenido un título ya sea terciario, o bien de grado o posgrado. El

72

porcentaje de militantes que no se han encontrado insertos en el sistema educativo en ningún momento de sus vidas es insignificante (no alcanza el 1%)” (Barrau Vera et. Al, 2013)

“En relación a la muestra construida en base al trabajo de campo realizado, es menester señalar que alrededor del 58% de los encuestados reconoce que fue por un contacto militante que empezó a participar políticamente, en contraposición al 42% restante que encuadra los orígenes de su militancia en una motivación e intencionalidad individual. Si consideramos la distribución de los datos al interior de las organizaciones, cerca de un 60% define su contacto inicial con La Cámpora y Kolina como producto de una iniciativa y/o motivación individual. Por el contrario, alrededor de un 60% de los integrantes del ME, el FTV y Frente Transversal argumenta haber comenzado a participar en la organización por intermedio de un contacto militante” (Barrau Vera et. Al, 2013)

Desde la óptica de los autores, estas organizaciones combinan ciudadanía y clientelismo, sin ser ambos conceptos excluyentes: “la acción colectiva no puede ser observada únicamente como la acción moral que se materializa en la conquista de derechos, sino que, elementos como la lucha por el acceso a bienes materiales y simbólicos introducen necesariamente otras dimensiones y lógicas para pensar la acción. Bajo este supuesto, las clases populares se vieron obligadas a desarrollar en respuesta a las necesidades de una nueva sociabilidad durante los años 1980 y 1990” Barrau Vera, 2013).

11- Juventud. La Cámpora

El surgimiento de la Agrupación política “La Cámpora”, en el año 2006, ha despertado opiniones muy encontradas en sectores políticos, intelectuales, artistas y periodistas. Al respecto, José Natansón (2012) reflexiona de una manera muy sugerente en torno a este tema:

“¿De qué hablamos cuando hablamos de juventud? ¿Es posible ensayar un retrato colectivo de los jóvenes de nuestro país? El rasgo central de la juventud argentina, como la de otros países en desarrollo, es la fragmentación social. Así, bajo el mismo amplio concepto de juventud conviven realidades completamente diferentes: los jóvenes de clase media, que como en el primer mundo retrasan cada vez más el salto a la adultez (postergan el casamiento y la paternidad, estudian muchos años antes de insertarse en el mercado laboral), y los jóvenes de los sectores populares, con un ciclo de vida acelerado, de paternidad temprana, menos años de escolaridad e ingreso prematuro al primer empleo. Esta acumulación de desventajas demuestra que la desigualdad no es sólo estática sino también dinámica y de paso desmiente, como señala Susana Torrado, la leyenda que proclama que todos somos iguales ante la muerte: aquellos que tuvieron la desgracia de nacer en una familia pobre están condenados a vivir rápido y morir antes”

“Y como de política se trata, señalemos que la generación de la que se ocupan estas líneas, la de los jóvenes de hoy, tiene poco que ver con la “generación del ’70”, (…). Tampoco nos referimos a la “generación del ’83”, la que vivió la primavera alfonsinista (…)

“Hablamos aquí de otra cosa. Arbitrariamente, podría definirse a la juventud actual como compuesta por todos aquellos que tienen menos de 36 años, simplemente porque el autor de este libro tenía

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esa edad al momento de escribir estas líneas. Más simbólicamente, es la edad aproximada de los nietos recuperados, la mayoría de ellos nacidos alrededor del ’76, que constituyen el corazón de los reclamos de justicia y un puente, actual en su dolorosa persistencia, entre pasado y presente”

“Se trata, en todo caso, de una generación que conserva de la dictadura recuerdos directos muy vagos, o ninguno, y que comparte el hecho de haber crecido en un contexto democrático, de creciente respeto por los derechos humanos, revalorización del pluralismo y paz. Y a la que al mismo tiempo le tocó atravesar un proceso de transformación económica y social severísimo, que no sólo incluyó el quiebre de la sociedad integrada y la reforma neoliberal de los ’90 sino también la aparición de la cuestión de la inseguridad, la crisis de la ciudad, el malestar institucional. Una generación que creció en plena consolidación de la “sociedad del riesgo” (al desempleo, la pérdida de vivienda, un robo), atormentada por la hiperinflación y la precariedad laboral, saltando de crisis en crisis”

“La novedosa repolitización de la juventud argentina se produce en clave kirchnerista y tiene como actor principal a La Cámpora, cuyos líderes han sido acusados entre otras cosas de abusar de la infraestructura del poder mediante el uso por ejemplo de teléfonos BlackBerry. La crítica es puntualmente absurda (los smartphones ya son una herramienta de trabajo habitual de buena parte de la clase media, se consiguen desde los 800 pesos y pueden ser interpretados como un lujo tanto como un signo de compulsión al trabajo) y encierra todo tipo de prejuicios. La juventud kirchnerista no es un invento del Gobierno sino el resultado de un proceso de mediano plazo que comenzó en los ’90, con la formación de núcleos de resistencia al menemismo como las organizaciones piqueteras, el Movimiento 501 o HIJOS, y que explotó en diciembre del 2001, cuando el clima anti-político del “Que se vayan todos” coincidió paradójicamente con un fuerte impulso de repolitización juvenil. En sentido estricto, la juventud K es un movimiento desde abajo luego capturado –y amplificado– desde arriba.

“Pero reconocer las raíces y complejidades de este movimiento no supone, no debería suponer, caer en una idealización boba de la juventud kirchnerista, que ya exhibe límites que vale la pena revisar. Algunos son derivaciones del modo en que el gobierno administra el poder:

1. la concentración de las decisiones,

2. la escasa propensión a someter a la deliberación pública sus medidas más importantes y

3. el hermetismo como contracara de la sobrevalorada sorpresa kirchnerista

“Una salida virtuosa a esta aparente encerrona quizá pase por la construcción de una agenda propia. Hasta el momento, los esfuerzos de La Cámpora se orientaron, por un lado, al desarrollo territorial y, por otro, a la formación (o cooptación) de jóvenes capaces de desempeñar puestos de alta responsabilidad pública”

“Ambas cosas son cruciales pero insuficientes. Consolidar una organización en el territorio es importante para cualquier corriente interna, pero no muy diferente a lo que hacen otros referentes del peronismo tradicional (gobernadores, intendentes, punteros), mientras que los cuadros técnicos pueden provenir de canteras tan diversas como la academia, los estados provinciales (origen de la mayor parte de los altos mandos kirchneristas) o incluso los medios de comunicación y el espectáculo. En suma, el diferencial de La Cámpora no puede limitarse a la construcción territorial o

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la disponibilidad de buenos gestores. Su oportunidad, insisto, pasa por la elaboración de una agenda propia, que hasta el momento no ha aparecido”

12.- El conflicto con las patronales agropecuarias

a) Las estrategias discursivas

1) “Comenzando por el Gobierno, (…) las medidas aplicadas se llevaban a cabo como un

método para redistribuir los ingresos hacia los sectores populares. Para ello, la Presidenta

afirmaba que el campo había obtenido ingresos extraordinarios en los últimos años, producto del

incremento del precio mundial de los alimentos, y, por lo tanto, del incremento de la producción y la

demanda de aquellos productos. En ese contexto, prometía destinar el 10% de las retenciones

incorporadas por el proyecto oficial a un “Plan de redistribución social” basado en la

construcción de viviendas, caminos y hospitales públicos (Clarín, 11/06/08).

“En segundo lugar, la Presidenta acusaba al sector agroexportador de defender intereses

particulares. Así, mientras las medidas defendidas por el Gobierno parecían defender al “Pueblo” y a

la “Patria” en su conjunto, los sectores del campo eran presentados como grupos egoístas que só lo

buscaban satisfacer intereses particulares o sectoriales, sin tener en cuenta el “interés común”. En

ese sentido, Cristina Fernández haría mención al “compromiso que cada argentino tiene que asumir,

no con un Gobierno ni un partido, sino con su Patria: ayudar al país para que seamos un poco mejor”

(Clarín, 20/06/08).

Para Roberto Marafioti (profesor de la UBA y la UNLZ), “la consolidación del discurso del campo como una unidad se produjo a partir de un error del Gobierno en la forma de comunicar sus acciones. Si todos están contra uno, uno ha hecho algo mal, porque es obvio que no son los mismos intereses y proyectos los que representan la SRA, Carbap o la FAA. La instrumentación de las retenciones móviles no tuvo una buena comunicación y eso permitió que se polarizaran las posiciones, sobre todo a partir del primer cacerolazo. Queda claro que se debería revisar cómo se transmiten los actos de gobierno”. (Lorca, 2008)

2) “El sector agroexportador, por su parte, acusaba a las medidas tomadas por la Presidenta como una confiscación ilegítima de las ganancias obtenidas por los productores. Afirmaban, además, que el crecimiento y desarrollo del campo resultaba crucial para el crecimiento y desarrollo del país. En ese contexto, expresaban que las medidas tomadas por el Gobierno, al tiempo que perjudicaban y discriminaban injustamente a los trabajadores ligados al campo, estaban perjudicando también, al mismo tiempo, al conjunto del Pueblo argentino, que dependía de la producción y exportación de sus productos para que el país saliera adelante” (Fair, 2008).

En relación a los medios de comunicación, Marafioti afirma que “salvo excepciones, han jugado contra el Gobierno, pese a los beneficios que lograron del kirchnerismo. (Lorca, 2008)

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b) Nace Carta Abierta, (abril de 2008) Espacio de reflexión conformado por intelectuales y

hombres y mujeres de las letras, la cultura y el arte

Como en otras circunstancias de nuestra crónica contemporánea, hoy asistimos en nuestro país a

una dura confrontación entre sectores económicos, políticos e ideológicos históricamente

dominantes y un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la

renta y estrategias de intervención en la economía. La oposición a las retenciones –comprensible

objeto de litigio- dio lugar a alianzas que llegaron a enarbolar la amenaza del hambre para el resto

de la sociedad y agitaron cuestionamientos hacia el derecho y el poder político constitucional que

tiene el gobierno de Cristina Fernández para efectivizar sus programas de acción, a cuatro meses de

ser elegido por la mayoría de la sociedad. Un clima destituyente se ha instalado, que ha sido

considerado con la categoría de golpismo. No, quizás, en el sentido más clásico del aliento a alguna

forma más o menos violenta de interrupción del orden institucional. Pero no hay duda de que

muchos de los argumentos que se oyeron en estas semanas tienen parecidos ostensibles con los

que en el pasado justificaron ese tipo de intervenciones, y sobre todo un muy reconocible desprecio

por la legitimidad gubernamental.

Esta atmósfera política, que trasciende el «tema del agro», ha movilizado a integrantes de los

mundos políticos e intelectuales, preocupados por la suerte de una democracia a la que aquellos

sectores buscan limitar y domesticar. La inquietud es compartida por franjas heterogéneas de la

sociedad que más allá de acuerdos y desacuerdos con las decisiones del gobierno consideran que,

en los últimos años, se volvieron a abrir los canales de lo político. No ya entendido desde las lógicas

de la pura gestión y de saberes tecnocráticos al servicio del mercado, sino como escenario del

debate de ideas y de la confrontación entre modelos distintos de país. Y, fundamentalmente,

reabriendo la relación entre política, Estado, democracia y conflicto como núcleo de una sociedad

que desea avanzar hacia horizontes de más justicia y mayor equidad. (…)

c) Algunos comentarios sobre el lock out agrario y la dinámica de la situación

Ricardo Aronskind

“La secuencia del conflicto es importante.

¿Cuándo estalla el conflicto agrario? Con la imposición de retenciones móviles. Este es el centro

del tema. No lo es el aumento de las retenciones lo que detonó el conflicto –ya que efectivamente

unas subieron pero otras bajaron- sino el corte de las expectativas de gigantescas ganancias a

futuro recortadas por la aplicación de retenciones móviles. Ahí arranca todo. Es importante tenerlo

claro, porque los problemas que tienen los pequeños productores hasta ese momento no habían

generado ningún movimiento significativo. Los cuatro sectores de propietarios pasan a la acción

fundamentalmente por lo de las retenciones móviles: están disputando renta futura, que sería

apropiada mayormente por los grandes actores agrarios, y no por los pequeños.

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El gobierno no diferenció, al establecer las retenciones, entre pequeños y grandes productores. ¿Y

ellos, se diferenciaron? , o salieron juntos a luchar por el mismo programa ¿Y ese programa, a quien

beneficia centralmente?

La división del trabajo al interior del lock out es clara.

La función de los pequeños en todo esto no es menor: son quienes aportan la cara “genuina” del

lock-out. Son los que trabajan en serio, son los que cortan las rutas y ponen el cuerpo, son los que

arrastran a familias y vecinos, los que generan simpatía en los medios, porque realmente necesitan

ayuda y están realmente enojados. ¿Qué pone el gran capital agrario en el lock-out?: nada menos

que los principales medios de comunicación escrita, oral y televisiva, algunas estructuras partidarias

(el ARI de Carrió, el PRO), apoyos urbanos variopintos, incluido el de los rentistas que viven en la

ciudad, y el certificado de “blanquitud” de la protesta. No es lock-out sino “paro”, no son los

propietarios sino “el campo”, no son piquetes sino “cortes de ruta”, no son las retenciones

móviles contra lo que luchan sino contra “la soberbia”, no son los precios internacionales

increíblemente elevados la fuente de super-ganancias sino “el esfuerzo de los productores”.

La combinación es poderosa, y tiene capacidad para generar un cuadro potencialmente grave:

desabastecimiento y golpe inflacionario en las ciudades, con el consabido malestar de la población

(que usualmente no entiende por qué ocurren estas cosas), violencia y eventuales muertes en los

cortes de ruta (con la exacerbación de pasiones que genera el martirologio), crisis política en el

partido gobernante (donde se pondrían de manifiesto los aliados atados con alambre que supo juntar

el kirchnerismo).

¿Por qué los sectores más débiles del agro no luchan contra los otros segmentos de la cadena que

les estrujan la ganancia? ¿por qué consideran natural que la sociedad subsidie el gasoil, la

electricidad, el tipo de cambio y otras transferencias directas? ¿por qué son tan fáciles para

manipular por el gran capital y la derecha? Es una vieja historia vinculada a la configuración cultural

e ideológica de todos los sectores rurales del mundo. En los ´90, se tomaron medidas que fundieron

a 300.000 productores, y no hubo esta combatividad, esta rebeldía contra la “opresión” y la

“soberbia”. Ojo con las idealizaciones: porque produzcan efectivamente riqueza, o porque sean los

más débiles de los propietarios rurales, no se transforman automáticamente en portadores de

progreso, ni de racionalidad, ni de solidaridad: ni piensan en el efecto de sus piquetes sobre los

débiles de la ciudad. Y están luchando, puntualmente, por super ganancias. (…)

Brilla –por su inexistencia- en esta “gesta” de los propietarios rurales la nula referencia a la

dependencia tecnológica de las semillas transgénicas de las multinacionales, y de su dependencia

de un mercado comercializador oligopólico (en general, multinacionales). Toda la lucha es contra el

estado, como antes de la llegada del menemismo… no aparece ningún otro actor que los afecte o

perjudique. Si se compara el conjunto de la problemática de los pequeños productores –que es

amplia y compleja- con el objetivo específico de esta lucha, se observa que lo único que se

encuentra expresado es la demanda contra las retenciones móviles, contra el gobierno y contra el

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estado. Este lamentable recorte de la problemática se inscribe en la lógica ultraliberal que sostiene

que es el estado la fuente de los problemas, y que si se abstuviera de “meterse” con el sector

privado todo andaría estupendamente bien… No es nueva, pero no deja de sorprender, la pobreza

de miras de las dirigencias empresarias argentinas.

Un triunfo hegemónico del sector agropecuario es su insistencia, tomada acríticamente por los

medios, en torno a una palabra: productores.

Productores, en economía, son todos los que producen directa o indirectamente riqueza. O sea, un

porcentaje muy alto de la población. En una economía compleja y moderna, no es aceptable (porque

no existe en la realidad) que se recorte –para resaltar sus méritos productivos- un determinado

componente del sistema económico de todo el resto, sin el cual aquel no existiría. La única

diferencia entre los que producen alimentos, de aquellos que producen bienes industriales o

servicios necesarios (educación, salud, transporte, construcción, servicios públicos, etc., etc.) es que

quienes producen alimentos pueden privar al resto de los mismos. Esto no habla de un atributo

moral, de una particular nobleza, sino de un atributo de poder. Todo trabajador que cumple un rol

importante en el proceso de producción y distribución de la riqueza social puede privar a los otros de

algo importante. Los que poseen hoy los medios de producción en el agro privan de alimentos al

resto de los eslabones productivos.

¿Qué pasaría si ocurriera a la inversa, si se les negaran los indispensables insumos industriales,

servicios, etc.? ¿Qué pasaría si se les cortaran la energía eléctrica, las telecomunicaciones, el

abastecimiento de combustibles, y todos los bienes urbanos imprescindibles para que funcionen?

¿Hasta cuando seguirá esta impostura de que son los únicos actores estratégicos de la producción?

Hace muchos años que la sociedad argentina viene arrastrando esta rémora ideológica, y no la

termina de superar. El “campo” es una parte de Argentina, y no al revés. (…)

Regulación, para ellos, es opresión. Libertad, en cambio, es el ejercicio ilimitado de su poder, como

si no existiera sociedad. Los amenaza la regulación estatal, un gobierno que gobierne, que no sea

un mero transcriptor de demandas sectoriales como fue el menemismo y la alianza. Más allá de este

gobierno, los varios sectores de poder en Argentina no soportan un estado autónomo. Están felices

con el estado capturado e impotente. El kirchnerismo ha hecho muy poco por restaurar las

capacidades del sector público, pero tiene cierta autonomía decisional que en este caso les resulta

intolerable a algunos de los sectores dominantes. Si algo tienen en común las fracciones propietarias

(locales y extranjeras) en Argentina, es su hostilidad a un estado eficaz y autónomo. (…)

La derecha ha aprendido. Está usando en 2008 métodos de piquetes y movilización popular para

sus propios fines. Articula lucha económica, política, mediática y cultural. Hasta aparecieron las

típicas oleadas de rumores de saqueos y violencia de 1989 y 2001. Y el “que se vayan todos”, y el

“que renuncie”. Alguien comparó la movilización y caceroleo del martes con las jornadas de

diciembre de 2001, pero en diciembre de 2001 la clase media salió a reclamar por sus ahorros, para

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que se los restituyeran. Hoy sale a pedir que la despojen mediante un estallido inflacionario y el

desfinanciamiento del estado. (…)”

13.- La muerte de Néstor Kirchner

“El 27 de octubre de 2010 fue más que un feriado. Fue, literalmente, un día muerto. El motivo era muy simple, nadie, salvo los encargados del censo de población que ese día debía realizarse, podía salir de su casa. Nada de aprovechar para dar un paseo o planear un encuentro con amigos o de la familia. Había que esperar al censista (…) Fue en esas circunstancias excepcionales que llegó a los hogares una noticia también excepcional: a primera hora de la mañana había muerto Néstor Kirchner, todavía el hombre más poderoso del país. Fundador y líder del grupo que desde 2003 venía dominando la política argentina, le había dado su sello personal a la década que estaba concluyendo y trabajaba sin descanso para hacer lo mismo con la que le siguiera, volviendo a la presidencia en 2011. A contramano de su salud, días antes de una operación de carótida, había participado de un acto masivo y reasumido la conducción del PJ, de la que se alejara tras la derrota del 2009 (…) La noticia de su fallecimiento repercutiría, como no podía ser de otro modo, amplia y profundamente, Pegó de lleno, en forma sorpresiva e inesperada, en una opinión pública ya acostumbrada a latir al ritmo de sus decisiones y acciones” (Novaro y Levy Yeyati, 2013)

Percepciones en torno a su muerte

“Prometió y cumplió. Fue él quien pidió perdón en nombre del Estado por las atrocidades cometidas durante la última dictadura y así abrió las puertas a la verdad histórica: se anularon las leyes de obediencia debida y punto final; comenzaron los juicios a los genocidas y sus cómplices; y cada lugar de encierro, de tortura y de muerte se convirtió en un espacio de memoria. Afortunadamente, Néstor no hizo nada de esto solo, porque supo tejer lazos, reconstruir el vínculo social, generar puentes, dialogar, confiar, apostar, exigir, dar, en fin, edificar un proyecto colectivo y popular. Néstor llegó para hacer política, para militar, como lo hacía desde que estudiaba Derecho en La Plata junto con su compañera Cristina” (Estela de Carlotto, 2011)

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“Emanaban de Kirchner frases de las que llamaríamos “para la historia” y otras teñidas de ostentación discutidora, al ras de la coyuntura, por ejemplo, la rimbombante “¿Qué te pasa, Clarín?”. No había allí un cálculo de conveniencias, ni la aplicación de fórmulas de “posicionamiento”. Parecía mejor el procedimiento del apostador, personaje central de las actitudes de acogimiento. En la apuesta, más que una conciencia fija que ve rodar ante sí una loca bolilla, hay un apostador que tiene su conciencia en excéntrico rodaje” (Horacio Gonzalez, 2011)

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“Antes de Kirchner había una sociedad que descreía de la política y de la democracia. Kirchner recuperó los valores de la política como herramienta de cambio y apuntaló así las instituciones. Antes de Kirchner miles de jóvenes se movilizaban para expresar su desconfianza en los políticos. Ahora miles de jóvenes se movilizan convocados por la figura de Kirchner. Esa fue la lucha de Néstor Kirchner, un luchador político que nunca se la dio de San Martín, ni de Perón, un flaco con esa pinta de pingüino antihéroe que hizo todo lo opuesto al culto a la personalidad y que discutía mano a mano con cualquiera, aun siendo presidente. Cuando lo acusan de “caudillo” están diciendo pavadas. Los que odian la violencia y las injusticias, los que aman la paz y la vida en democracia, los progresistas de todos los orígenes o los nacionales y populares o esas tres cosas a la vez, y los argentinos en general, tienen que estar agradecidos a Néstor Kirchner. Quizás, alguna vez, todos se den cuenta” (Luis Bruschtein, 2011)

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“En Historia del Peronismo, Eva Perón diferencia la historia de los pueblos de la de los hombres. En el caso de Néstor Kirchner alcanza con recordar, por ejemplo, el “Procedan” previo a la bajada del cuadro de Videla, la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, la renovación de la Corte Suprema, o la intervención como secretario general de la Unasur en el conflicto Venezuela-Colombia, para tener claro que su nombre ya forma parte de la historia de los pueblos” (Damián Loretti, 2011)

14.- Reelección de Cristina F. de Kirchner

Las razones del voto:

Con el objetivo de obtener información que permita reflexionar sobre el actual proceso político, el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA realizó el día de las elecciones presidenciales un estudio en el que se desmenuzaba las razones del voto a la presidente. Los votantes evaluaron diez políticas públicas relevantes planteadas por el gobierno nacional. Si bien todas las opciones brindadas de la agenda del gobierno cosecharon más de la mitad de las adhesiones, se destacaron cuatro: 1) la reanudación de los juicios de los represores de la última dictadura, 2) la disposición en la vía pública de la Gendarmería como fuerza de seguridad urbana; 3) la Asignación Universal por Hijo (AUH) y 4) la entrega de netbooks a los estudiantes.

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15.- La cuestión Malvinas

Fernando Pablo Cangiano (2012), ex combatiente y docente de la UBA decía lo siguiente:

“Imaginemos un joven que debe convivir con la muerte durante un período prolongado

de tiempo, que ve caer a sus camaradas y que es puesto por las circunstancias en

situación de matar o morir. Ahora pensemos que una vez pasada esa dramática

situación se le dice que todo aquello fue en vano, que las muertes de sus camaradas

carecen de sentido, ¿no es lógico que desarrolle un cuadro de depresión profunda que

pueda derivar, llegado el caso, en conductas autopunitivas como el suicidio? ¿No es en

cierto modo lógico que semejante grado de banalización de su esfuerzo le provoque un

impacto psicológico devastador? Eso es lo que ha ocurrido con los Veteranos de

Malvinas como consecuencia del relato posbélico “desmalvinizador”. Su subjetividad

minusvalorada y degradada a la condición de víctima no puede ser indiferente en el

procesamiento psíquico de la experiencia traumática.” (Revista Sociales, 2012)

En coincidencia con la idea que se desprende de esta cita, la presidenta Cristina Fernández de

Kirchner afirmaba que:

“Los combatientes de Malvinas "jamás volverán a ser ocultados porque son la gloria de

la Nación. ¿Cómo no homenajear a esos jóvenes que, sin preparación ni elementos,

abandonados a la suerte de Dios y a su propia pericia o impericia, fueron enviados a

enfrentar a un enemigo profesionalizado?”

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16.- El voto joven

“Otro argumento parte de la pregunta: “¿cómo se explica que un joven pueda ejercer el derecho político a elegir el Presidente de la República mientras se vea privado de ejercer el resto de los derechos que adquiere una vez cumplida la mayoría de edad?”. Este prejuicio ignora que la Ley Sáenz Peña, sancionada en 1912, establecía la aptitud electoral a partir de los 18 años, mientras la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años”

“Desde la presidencia de Yrigoyen hasta fines de 2009 (cuando la mayoría de edad se alcanzó a los 18 años a través de la Ley 26.579), o sea, durante casi un siglo, se votó antes de ejercer los derechos civiles en plenitud. Por último, el argumento de que los jóvenes son manipulables esconde un prejuicio que está presente toda vez que se amplían derechos. La “manipulación” fue el argumento que utilizó la oposición para referirse a Perón y su relación con la clase trabajadora. La “manipulación”, al fin de cuentas, es el argumento que utilizan los defensores del voto calificado para excluir a las mayorías de las decisiones que pueden tomarse contra sus intereses” (Bernazza, 2013)

17.- Vivienda

Tenencia de la vivienda

Según los datos que arroja el Censo del 2010, “se registra una leve baja en el porcentaje de propietarios a nivel nacional: en 1980 era del 71,4%, cae al 70,64% en 2001 y al 67,70% en 2010. Es decir, el acceso a la propiedad de la vivienda se redujo en las últimas décadas. En el mismo sentido, se registra un aumento en el porcentaje de inquilinos. La reducción del porcentaje de propietarios en un período de crecimiento económico y disminución de los niveles de desempleo da cuenta de la imposibilidad de los trabajadores de acceder a la compra de una vivienda. Esta situación se debe a los altos precios del suelo y la vivienda, y a la dificultad de acceder al crédito hipotecario para los trabajadores” (Putero, 2012)

Tipo de vivienda De acuerdo a Putero, “entre 2001 y 2010 ha crecido la cantidad de hogares que habitan en viviendas en condiciones aptas, situación que da cuenta de una mejora en las condiciones de vida de más de 400 mil hogares. Sin embargo, un 17,6 %, más de 2 millones de hogares, continúan con problemas de vivienda. De este porcentaje el 13,7% (más de 1,5 millones de hogares) no requiere una casa nueva sino una inversión para reacondicionamiento (construcción del baño, el piso, etc.), lo que implicaría una inversión menor. Este es el caso de muchos asentamientos que cuentan con construcciones hechas por los sectores populares pero que se encuentran pendientes de terminación o provisión de servicios públicos”

Crédito

Asimismo, para Putero (2012), “el crédito hipotecario no ha demostrado relevancia a la hora de adquirir una vivienda en la última década. En la ciudad de Buenos Aires en 2010 se registraron 91.498 escrituras de propiedades y sólo 6072 créditos hipotecarios8, así la mayoría de las

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operaciones se realizan con financiamiento propio, es decir ahorro. Sólo los sectores sociales con dicha capacidad pueden acceder a una vivienda quedando fuera de esta posibilidad un importante sector de la población. Este problema plantea la existencia de obstáculos para acceder al crédito hipotecario. Primero, existe un alto porcentaje de trabajadores no registrados que no pueden acceder al crédito aunque cuenten con los ingresos, ya que no cumplen con las condiciones de formalidad laboral (recibo de sueldo, antigüedad comprobable, etc.) solicitadas por el sistema bancario. Segundo, aquellos que están registrados, enfrentan el problema de los altos costos financieros. Para dicho análisis haremos un simulacro bajo las siguientes condiciones: el valor del metro cuadrado donde se va a adquirir la vivienda es de 1000 dólares, lo que es sumamente barato para los precios actuales (ver aparatado 4.2) y que el préstamo es por el total del precio de la vivienda, situación peculiar ya que en la mayoría de los casos es necesario tener al menos el 20% de ese monto como ahorro previo. El objetivo es realizar el simulacro bajo las condiciones más favorables”

MATERIALES Y PROPUESTAS DIDACTICAS

Kirchnerismo y derechos humanos

*Elaboren un comentario acerca del argumento que explica la eliminación de la teoría de los

dos demonios en el prólogo del Nunca Más.

*Comparen la autocrítica del General Balza con algunos fragmentos de las declaraciones del

ex dictador Jorge R. Videla. ¿Qué comentarios les merecen ambos documentos?

a) Autocrítica del General Balza:

“(…) nadie está obligado a cumplir una orden inmoral o que se aparte de las leyes o reglamentos

militares. Quien lo hiciera incurre en una conducta viciosa, digna de la sanción que su gravedad

requiera. Sin eufemismos, digo claramente: delinque quien vulnera la Constitución Nacional.

Delinque quien imparte órdenes inmorales. Delinque, quien cumple órdenes inmorales. Delinque

quien para cumplir un fin que cree justo emplea medios injustos e inmorales. (…)

En estas horas cruciales para nuestra sociedad quiero decirles como jefe del Ejército que (…) asumo nuestra parte de la responsabilidad de los errores en esta lucha entre argentinos que nos vuelve a conmover.

Asumo toda la responsabilidad del presente y toda la responsabilidad institucional del pasado. (…)” Jefe del Estado Mayor del Ejército, General Martín Balza.* Fragmento de la Declaración leída el 25 de abril de 1995 en el Programa Tiempo Nuevo, de Bernardo Neustadt.

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*A comienzos de 2000 el General Martín Balza fue expulsado del Círculo Militar.

b) Entrevista a Jorge R. Videla

R.A.:¿Usted cree que fue necesario que el presidente Raúl Alfonsín juzgara a las Juntas Militares en su momento?

J.R.V.: Alfonsín era un político claramente comprometido, no olvidemos que había sido abogado del grupo terrorista Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. Luego estaba comprometido con la socialdemocracia europea, que fue la que le ayudó para llegar a la presidencia, tenía que tomar una medida punitiva para juzgar unos supuestos excesos que se habían cometido ante la sociedad y ante algunas críticas que se habían producido; entonces, para calmar esas críticas, toma esa medida. Pero creo que lo hizo con un poco de decoro y puntualizó que solo debían ser sancionados, detenidos, juzgados y condenados aquellos que hubieran cometido hechos aberrantes. No debían ser sancionados aquellos que se limitaron a cumplir las órdenes, en principio de lo que se llama la obediencia debida, dando lugar, más tarde, a la Ley de Obediencia Debida, que legislaba dicho concepto. Quien cumplía una orden sin rechistar ni preguntar no podía ser sancionado y la responsabilidad final debía de caer sobre el superior que daba la orden.

En definitiva, el planteamiento de Alfonsín era prudente y también consideraba la posibilidad de que fueran juzgados quienes se excedían en el cumplimiento de una orden e iban más allá. Acepto que este enfoque puede ser correcto. Alfonsín, además, cuando estalla el movimiento de los "carapintadas" (una asonada militar que tiene lugar en el año 1987), se da cuenta que las cosas pueden desbordarse y que los juicios no cesan nunca. Así establece la Ley de Punto Final, por la cual los jueces tienen un plazo de treinta días para procesar aquellos militares que consideren que tienen delitos pendientes. Entonces, hubo una carrera de muchos jueces por procesar en ese plazo a quienes consideraban culpables de algunos delitos y aquello se convirtió, todo hay que decirlo, en una caza de brujas, generando una gran inquietud en la sociedad y ello provoca que Alfonsín promulgue la Ley de Obediencia Debida. Se trataba de que las responsabilidades no se extendieran a todo el ejército y que sólo hubiera procesos para aquellos que tuvieron alguna importancia o jerarquía en la cadena de mando. Pese a todo, el juicio a las Juntas creo que fue un error y concluyo ya: nunca debió realizarse. Menem luego desenredó ese error, en cierta medida, y nuestro momento peor, hablo para los militares, es con la llegada de los Kirchner al gobierno. Ha habido una asimetría total en el tratamiento a las dos partes enfrentadas en el conflicto. Fuimos señalados como los responsables, ni más ni menos, de unos acontecimientos que no desencadenamos.

R.A.: ¿Cómo juzga al almirante Massera, tuvo diferencias con él?

J.R.V.: Hubo diferencias, claro, él era esencialmente un hombre político, algo que yo no era. Era un hombre muy político, quizá se equivocó eligiendo la profesión de militar y se dedicó a la profesión equivocada.

R.A.: ¿Por qué le juzgan en este momento?

J.R.V.: Como le había dicho al principio, Alfonsín se ciño al derecho con sus más y sus menos; la justicia funcionaba, a pesar de que se cometieron numerosos errores jurídicos durante nuestro proceso, como por ejemplo el principio de la no retroactividad, el principio del juez natural que fue

84

vulnerado y otros errores de orden penal, por citar tan solo algunas deficiencias. Todo ello para llevarnos ante ese "teatro" que tuvo difusión mundial, pero así todo Alfonsín cumplió a su manera. Menem llegó después a la presidencia y también, a su forma, cumplió a través de los indultos y los perdones. Así llegamos al matrimonio Kirchner, que vuelve a retrotraer todo este asunto a la década de los setenta, y vienen a cobrarse lo que no pudieron cobrarse en esa década y lo hacen con un espíritu de absoluta revancha, con el complejo, y esta es una opinión personal, y con el agravante de quien pudiendo hacerlo no lo hizo en su momento. Estos señores eran burócratas que repartían panfletos y no mataron ni una mosca entonces. Y eso les da vergüenza, claro, y quisieron exagerar la nota de la persecución para sacar patente de corso, de malos de una película en la que no estaban. No, no, es la vendetta para una satisfacción personal sin razones, totalmente asimétrica, fuera de medida. Aquí no hay justicia, sino venganza, que es otra cosa bien distinta.

R.A.:¿No es sorprendente también que se hayan juzgados a oficiales y suboficiales que aquellos días tenían apenas una veintena de años o algo más?

J.R.V.: Mire, yo digo que si el juzgado en este caso, independientemente de su edad, lo es en función de haberse excedido en el cumplimiento de una orden está bien juzgado. Los demás, le aseguro, son todos juicios políticos, como parte de esa venganza, de esa revancha, como parte de ese castigo colectivo con que se quiere castigar a todas las Fuerzas Armadas. Este plan sigue una política gramsciana que esta gente cumple de punta a punta, disuadiendo a unas instituciones que han tomado como rehenes, creando desaparecidos que nunca existieron y vaciando de contenidos a la Justicia. Hoy la República está desaparecida, no tiene Justicia porque la que tiene es un esqueleto sin relleno jurídico; el mismo parlamento no tiene contenidos, está compuesto por ganapanes que temen que les vayan a quitar el puesto y se venden al mejor postor. No hay nadie en la escena política con lucidez capaz de hacerles frente. El país tampoco tiene empresarios porque están vendidos al poder. Hoy las instituciones están muertas, paralizadas, mucho peor que en la época de María Estela Martínez de Perón. Lo que me permite decir que no tenemos República porque no tenemos a las grandes instituciones del Estado funcionando. La Justicia, el Congreso y las demás instituciones, por no hablar de otros aspectos, no existen; (…)

Entrevista de Ricardo Angoso a Jorge R. Videla, Revista Cambio 16, 2012. (fragmentos)

*Megajuicios

Durante 2012 se produjeron 134 condenas por delitos de lesa humanidad, lo que hizo que los represores condenados hasta ahora sumen 378. En estos momentos hay 232 acusados con juicios orales en trámite y 1013 procesados. En términos de cifras, se trata de un balance positivo. Pero más allá del crecimiento cuantitativo, 2012 fue el año en que se produjo un cambio cualitativo en el juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado: comenzaron a realizarse los llamados “megajuicios”, es decir, procesos que involucran importantes cantidades de acusados y también de casos analizados, o sea, de víctimas. Los más grandes están actualmente en trámite. Son los de la ESMA, en Buenos Aires; La Perla, en Córdoba, y Arsenales y Jefatura de Inteligencia, en Tucumán. Entre los tres reúnen delitos contra 1500 víctimas y 150 acusados.

Victoria Ginzberg, Página 12, 2 de enero de 2013.-

85

*Fragmentos del discurso del presidente N. Kirchner ante la 62 Asamblea general de las Naciones

Unidas, 2007

Identifiquen en los fragmentos siguientes las principales políticas de Estado del kirchnerismo.

Establezcan relaciones con la actualidad.

.

(…) Nuestra política exterior, se inspira en los valores de la democracia representativa con soberanía

popular, respeto a los derechos humanos fundamentales y la defensa activa de la paz y la seguridad

internacional.

Estos principios compartidos por la inmensa mayoría del pueblo argentino, orientan la acción del

Gobierno y son la base de las decisiones que la República Argentina toma del ámbito internacional.

Apoyamos con fuerte convicción la construcción de sociedades más justas, más equitativas y con una

mejor distribución de los beneficios del crecimiento económico. Sabemos que cada país debe tener el

derecho de buscar su propio modelo de desarrollo sin condicionamientos externos.

Estos años han sido años de gran intensidad y de un esfuerzo muy importante destinado a poner en pie

a una nación que hace apenas cinco años se encontraba sumida en una crisis económica y social sin

precedentes. En aquel momento, muchos pensaban que esa recuperación sería casi imposible.

Día tras días, con enorme esfuerzo, con gran humildad, despertamos las fuerzas productivas de un país

derruido por recetas económicas impuestas que plagaban nuestro futuro de condicionamientos y

limitaciones.

La Argentina, que en comparación con otros países en desarrollo, había demostrado la posibilidad cierta

del ascenso social, un país de inmigración en el que los trabajadores lograban mandar a sus hijos a la

universidad, un país en el que no había analfabetismo ni prácticamente mortalidad infantil, veía a sus

trabajadores desmoralizados por el desempleo, a los niños mendigando en la calle y fuera de la escuela,

a nuestros mayores con sus jubilaciones misérrimas convirtiéndose en sostenes de sus hijos y nietos.

Nos encontrábamos ante un Estado vaciado por la aplicación rígida de las recetas del Fondo Monetario

Internacional (…).

Nuestra capacidad de recuperación posibilitó que, aún sin recibir fondos, comenzáramos a cancelar

deuda neta con los organismos internacionales hasta llegar a pagar, aún por anticipado, toda la deuda

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con Fondo Monetario Internacional, un Fondo Monetario Internacional que apoyó y promovió los

gobiernos que se sostenían ajustando y emparchando las cuentas públicas al costo de aumentar la

pobreza de la gente provocando la desindustrialización y endeudando irresponsablemente al país.

(…) Es que no se reduce la cuestión al mero crecimiento económico, que puede ser reconocido por los

técnicos o los historiadores de la economía, se trata de un crecimiento con fuerte contenido social y

equidad en que los ciudadanos sean el centro de los resultados. Así que el desempleo ha bajado al 7,8

por ciento desde el inicio de nuestra gestión en la que casi la cuarta parte de la población activa se

encontraba presa de la humillación que significa no tener trabajo.

No hablamos de cualquier tipo de trabajo, sino del trabajo digno, en blanco, trabajo decente, como lo

hemos propiciado en la última Cumbre de las Américas realizada en nuestro país.

(…) un punto especial en la recomposición social y moral del país, aún cuando los efectos se ven con un

horizonte temporal mayor que el de otras políticas públicas, es el de la educación.

Para recomponer tan dramática situación, que además funcionaba como signo de la descomposición

social y de la huida del Estado en la protección en las más vulnerables, es que se aprobó la nueva Ley

de Educación Nacional, que vuelve a tener como objetivo la igualdad de oportunidades a través de

garantizar una calidad general de los contenidos en todo el territorio nacional, la vinculación con el

mundo del trabajo y la excelencia en la formación docente. A partir de esta ley, nos hemos dado un plazo

hasta el año 2010 para que el 6 por ciento del PBI se destine al financiamiento de la educación.

(…) En nuestra acción, la integración regional ocupa un lugar prioritario. En las últimas dos décadas, a

partir del MERCOSUR, la Argentina ha consolidado fuertes vínculos comerciales con los países de la

región.(…) El Estado argentino, en sus tres poderes viene tomando decisiones en contra de la

impunidad, preservando la memoria, la verdad, la justicia y han comenzado las condenas a los culpables

de las graves violaciones a los derechos humanos. Quienes creían ya haber logrado la impunidad,

oponen fuerte resistencia a los juicios y, en un intento de atemorizar a los testigos, han provocado la

desaparición del testigo Julio López, enviando con ello una oscura señal a la sociedad interesada en el

esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad que cometieron y que condena tal acto.

El respeto irrestricto de los derechos humanos constituye hoy un nuevo paradigma nacional. En el

pasado hemos sido referenciados en el mundo por su violación, (…)

La experiencia en Irak, cuya invasión rechazamos en su momento, es la prueba tan inocultable como

trágica y dolorosa, da sustento a lo que manifestamos.

Año tras año, incansablemente, la República Argentina ha condenado aquí la gran amenaza del

terrorismo global. Consideramos que todos los actos de terrorismo son criminales e injustificables y no

creemos que haya argumento alguno que pueda justificar tal metodología.

Así como no existe nación en la Tierra que pueda considerarse fuera del alcance del terrorismo, la

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respuesta tiene que aunar el esfuerzo mancomunado de las naciones y, especialmente, de esta

organización, para prevenir y eliminar este flagelo.

No puede tolerarse la acción de los responsables del terrorismo ni de quienes los auspicien, financien o

protejan,(…). La soberanía argentina fue víctima en dos oportunidades de ese accionar. En 1992 se

atentó contra la Embajada de Israel, en 1994 contra la sede de la AMIA. Como consecuencia perdieron

la vida 102 personas de nuestra comunidad, algunos de sus familiares nos acompañan hoy aquí. Estas

víctimas igualadas por el terror a las de esta ciudad, a las de Madrid, a las de Londres, a las de Bali, a

las de Estambul, y a las de tantos otros lugares, nos imponen el mandato moral de respetar sus

memorias, comprometiendo nuestro esfuerzo para perseguir, encontrar y condenar a los culpables.

A pesar de las dificultades que la distancia temporal importa, ya que son hechos de hace 13 y 15 años

atrás, de las maniobras de encubrimiento que les sucedieron, no cesa ni cesará nuestro interés ni el

apoyo a la Justicia para el esclarecimiento, manteniendo vivo el recuerdo del horror para que no se

repita.

La Justicia argentina, en noviembre del año pasado, requirió colaboración internacional para la captura

de nueve personas sospechadas de decidir y planificar el atentado perpetrado el 18 de julio del `94 en la

AMIA y el Comité Ejecutivo del INTERPOL, por unanimidad, recomendó la captura de seis ciudadanos

iraníes y un ciudadano libanés involucrados en esta causa. Hacemos aquí un expreso llamamiento para

que durante la sesión de la Asamblea General de INTERPOL, en noviembre de este año, se ratifique esa

medida.

En este contexto, esperamos que la República Islámica de Irán, en el marco del Derecho Internacional

aplicable, acepte y respete la jurisdicción de la justicia argentina, y colabore eficazmente con los jueces

argentinos para lograr el sometimiento a juicio de las personas imputadas en aquellos hechos.

En tal sentido, quiero dejar sentado aquí, en la sede de las Naciones Unidas y ante el resto de los países

del mundo, que hasta hoy, lamentablemente, la República Islámica de Irán no ha brindado toda la

colaboración requerida por la Justicia argentina para el esclarecimiento de los hechos.

Apelamos al señor Secretario General y a todas las naciones del mundo que intercedan ante la

República Islámica de Irán para que dé trámite a la rogatoria judicial. Ello lo hacemos para alcanzar el

único objetivo que tenemos, lograr el esclarecimiento de los hechos y el juzgamiento a quienes resulten

responsables de los mismos. (…)

(…) No deseo finalizar sin antes referirme a una cuestión de permanente vigencia para la República

Argentina: la cuestión de las Islas Malvinas, que incluye a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y

Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

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Este año se cumplen 174 años de la usurpación británica de parte del territorio nacional argentino. Desde

el acto de fuerza de 1833 mi país ha protestado siempre esta ocupación ilegal reclamando la restitución

del ejercicio pleno de su soberanía. También recordamos en el 2007 los 25 años el conflicto del Atlántico

Sur de 1982, conflicto desatado por la dictadura militar a espaldas del pueblo argentino que siempre

procuró una solución pacífica a su legítimo reclamo soberano. (…)

El objetivo permanente e irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre

esta parte de su territorio, así como la permanente disposición de mi país a reanudar las negociaciones

tendientes a la solución de la disputa, han quedado reflejadas en nuestra propia Constitución Nacional.

La Argentina considera incomprensible la pertinaz renuencia británica a abordar la cuestión de la

soberanía, renuencia que viola lo dispuesto por esta Asamblea General en la Resolución 2065 y

numerosas resoluciones concordantes. Es hora ya que el Reino Unido asuma la responsabilidad de

poner fin al anacronismo de mantener la ocupación ilegal del territorio de otro Estado con un propósito

claramente colonial. (…) En ése, mi último mensaje como Presidente de los argentinos a la Asamblea

General, deseo reafirmar nuestra profunda convicción de que solo en democracia, con libertad, justicia

social y paz, puede el hombre realizarse en plenitud.

Esta Asamblea de la Humanidad, tiene una responsabilidad indelegable en ayudar para que así sea.

(…)

Muchísimas gracias. (APLAUSOS)

*Las siguientes son algunas políticas públicas implementadas por el kirchnerismo en estos

diez años de gobierno. (2003-2014)

.Asignación universal por hijo (AUH)

.Ley de matrimonio igualitario

.Ley de Educación Nacional

.Eliminación del sistema de jubilación privada (AFJP) y recuperación por el Estado de la

seguridad social.

Ley de movilidad previsional

.Ley de medios de comunicación audiovisual

.Incremento del presupuesto educativo

.Desendeudamiento externo

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. PROGRESAR

. Voto “Joven”

. PROCREAR

Sintetiza en qué consiste cada una de ellas. Explica cómo se implementaron estas medidas, a qué

sectores beneficiaron y qué intereses afectaron.

Luego, caracteriza brevemente el rol que asume el Estado durante esta década.

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