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5/19/2018 ElEspinosoCaminodeLaPazdeColombia-slidepdf.com http://slidepdf.com/reader/full/el-espinoso-camino-de-la-paz-de-colombia 1/25  1 Estudiantes: Simón Ladino Cano; Yesid Camilo López; Ricardo Murcia; Maria Alejandra Eslava Profesor: Freddy Alexander Pineda Asignatura: Historia del conflicto armado y la negociación El espino so c amino de la Paz de Colom bia: del Caguán, de La Habana y de los retos y perspectivas de la negociación “En efecto, este es un momento de esperanza. No es una esperanza ingenua. Sabemos que ha dificultades enormes. Tenemos una dosis de optimismo moderado. Creemos que existen oportunidades reales para la paz, pero venimos dispuestos a hacer nuestro mejor esfuerzo”.  Humberto de la Calle Jefe de la delegación del Gobierno “Entonces la paz… sí. Sinceramente queremos la paz (…) Pero la paz no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca la transformación de la estructura del Estado y el cambio de las formas políticas, económicas y militares. Sí, la paz no es la simple desmovilización”. Iván Márquez Principal vocero de la Delegación de Paz de las FARC-EP 1  INTRODUCCIÓN La intempestiva ruptura de los diálogos de paz del Caguán, tras la retención por parte de las FARC-EP del senador Jorge Eduardo Gechem el 20 de febrero del 2002 (que le serviría al gobierno de Andrés Pastrana para justificar su decisión unilateral de levantar la mesa de negociación y de remilitarizar la zona de distensión), caería como un baldado de agua fría en la sociedad civil que, habiendo abrigado un intenso anhelo de paz durante el cuatrienio pasado, volvería a sumergirse en una dinámica de guerra frontal entre la insurgencia armada y el Estado colombiano. Tendría que pasar, entonces, más de una década para que, el 27 de agosto del 2012, Francisco Santos en el canal RCN y el periodista Jorge Enrique Botero de Telesur revelaran la existencia del “Acuerdo General para la terminación del con flicto y la construcción de una paz estable y duradera” y de una agenda de diálogos de paz, suscritos en La Habana (Cuba) el día inmediatamente anterior por las delegaciones respectivas del Gobierno de la República de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y los testigos de las repúblicas de Cuba, Noruega y Colombia. De esa manera, el 4 de septiembre del mismo año “el presidente Juan Manuel Santos Calderón y el 1  Discursos de las delegaciones del Gobierno y las FARC-EP en la instalación de la Mesa de Diálogos de La Habana en Oslo, Noruega, el 18 de octubre de 2012.

El Espinoso Camino de La Paz de Colombia

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El presente trabajo busca poner de presente los elementos que posibilitaron la apertura y clausura de la mesa del Caguán en cuatro momentos: primero, una contextualización sobre el desarrollo del conflicto social armado durante la década de 1990 como el escenario en el cual se configuraron las relaciones de fuerza político-militares entre la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Estado colombiano que encuadrarían el escenario de negociación abierto en el Caguán; segundo, un repaso histórico detallado – basado fundamentalmente en una revisión de archivo de prensa – sobre la trayectoria de los diálogos del Caguán desde el momento de la elección de Andrés Pastrana hasta el momento en que el presidente mismo toma la decisión de romperlos; tercero, una descripción a los alcances que tuvo la negociación y a la recomposición de los actores del conflicto y la dinámica general de la confrontación armada después de su clausura; cuarto, una aproximación al análisis comparado de los procesos de negociación del Caguán y de La Habana.

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    Estudiantes: Simn Ladino Cano; Yesid Camilo Lpez; Ricardo Murcia; Maria Alejandra Eslava Profesor: Freddy Alexander Pineda Asignatura: Historia del conflicto armado y la negociacin

    El espinoso camino de la Paz de Colombia:

    del Cagun, de La Habana y de los retos y perspectivas de la negociacin

    En efecto, este es un momento de esperanza. No es una esperanza ingenua. Sabemos que ha dificultades enormes. Tenemos una dosis de optimismo moderado. Creemos que existen oportunidades reales para la paz, pero venimos dispuestos a hacer nuestro mejor esfuerzo.

    Humberto de la Calle Jefe de la delegacin del Gobierno

    Entonces la paz s. Sinceramente queremos la paz () Pero la paz no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca la transformacin de la estructura del Estado y el cambio de las formas polticas, econmicas y militares. S, la paz no es la simple desmovilizacin.

    Ivn Mrquez Principal vocero de la

    Delegacin de Paz de las FARC-EP1

    INTRODUCCIN

    La intempestiva ruptura de los dilogos de paz del Cagun, tras la retencin por parte de las FARC-EP del senador Jorge Eduardo Gechem el 20 de febrero del 2002 (que le servira al gobierno de Andrs Pastrana para justificar su decisin unilateral de levantar la mesa de negociacin y de remilitarizar la zona de distensin), caera como un baldado de agua fra en la sociedad civil que, habiendo abrigado un intenso anhelo de paz durante el cuatrienio pasado, volvera a sumergirse en una dinmica de guerra frontal entre la insurgencia armada y el Estado colombiano. Tendra que pasar, entonces, ms de una dcada para que, el 27 de agosto del 2012, Francisco Santos en el canal RCN y el periodista Jorge Enrique Botero de Telesur revelaran la existencia del Acuerdo General para la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera y de una agenda de dilogos de paz, suscritos en La Habana (Cuba) el da inmediatamente anterior por las delegaciones respectivas del Gobierno de la Repblica de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejrcito del Pueblo (FARC-EP) y los testigos de las repblicas de Cuba, Noruega y Colombia. De esa manera, el 4 de septiembre del mismo ao el presidente Juan Manuel Santos Caldern y el

    1 Discursos de las delegaciones del Gobierno y las FARC-EP en la instalacin de la Mesa de Dilogos de La Habana en Oslo, Noruega, el 18 de octubre de 2012.

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    comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Timolen Jimnez, le anunciaron al pas y al mundo el trmino de la fase exploratoria y el comienzo de dilogos de paz, sobre la base de una agenda concreta de seis puntos, de conformidad con el comn deseo de buscarle la solucin poltica dialogada al conflicto armado colombiano de ms de medio siglo (Lozano Guilln, 2013).

    De vuelta, una sociedad mucho ms escptica que en el momento de la eleccin presidencial de 1998 asumira este anuncio con sentimientos encontrados y se debatira, entonces, entre la esperanza de las fuerzas sociales democrticas cuyo esfuerzo denodado de una dcada completa cristalizaba en la reapertura del horizonte de la solucin poltica del conflicto y la apata de los sectores polticos, econmicos y sociales comprometidos con el despliegue brutal del Estado colombiano contra la insurgencia armada tras la clausura de la mesa del Cagun y el inicio del doble perodo presidencial de lvaro Uribe Vlez y su poltica de Seguridad Democrtica. Un punto, sin embargo, constituy el consenso mnimo de los amigos y enemigos de los dilogos de paz: la necesidad de no repeticin de los errores cometidos durante la experiencia de negociacin frustrada en el 2002. Por lo tanto, ante el vuelco de la situacin poltica nacional y la urgencia de generar pautas comprensivas sobre las perspectivas presentes del dilogo para la paz de Colombia, el presente trabajo busca poner de presente los elementos que posibilitaron la apertura y clausura de la mesa del Cagun en cuatro momentos: primero, una contextualizacin sobre el desarrollo del conflicto social armado durante la dcada de 1990 como el escenario en el cual se configuraron las relaciones de fuerza poltico-militares entre la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejrcito del Pueblo (FARC-EP) y el Estado colombiano que encuadraran el escenario de negociacin abierto en el Cagun; segundo, un repaso histrico detallado basado fundamentalmente en una revisin de archivo de prensa sobre la trayectoria de los dilogos del Cagun desde el momento de la eleccin de Andrs Pastrana hasta el momento en que el presidente mismo toma la decisin de romperlos; tercero, una descripcin a los alcances que tuvo la negociacin y a la recomposicin de los actores del conflicto y la dinmica general de la confrontacin armada despus de su clausura; cuarto, una aproximacin al anlisis comparado de los procesos de negociacin del Cagun y de La Habana.

    ASPECTOS GENERALES DEL CONFLICTO DURANTE DE LA DCADA DE 1990

    En la dcada de los aos noventa, encontramos como marco de referencia para el anlisis del conflicto social armado el establecimiento de un nuevo orden internacional y nacional caracterizado por el colapso del denominado socialismo real, por el fin de la guerra fra y por el afianzamiento del capitalismo a travs del desarrollo del modelo socioeconmico neoliberal. En Colombia, nos encontramos ante la emergencia de una nueva constitucin poltica que, si bien posibilit una ampliacin de ciertos aspectos democrticos y un conjunto de reformas que llevan a la desmovilizacin de distintas estructuras guerrilleras como el M -19, el EPL, el PRT y el Quintn Lame, tambin desarrolla una reestructuracin econmica en el pas caracterizada por un modelo de apertura e internacionalizacin de la economa colombiana. Este modelo aperturista lleva a cabo un proceso de desmonte del papel regulativo del Estado sobre la actividad productiva que generara una nueva serie de problemticas y conflictos sociales como la prdida de derechos laborales, el estancamiento de sectores de la industria colombiana, la privatizacin de las empresas pblicas estatales y la mercantilizacin de derechos sociales

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    como la salud y la educacin. La descentralizacin del Estado adelantada desde finales de los aos 80 y profundizados con la Constitucin del 91, con el objetivo de democratizar el ejercicio del poder poltico en las regiones y de otorgar mayor autonoma fiscal a los entes territoriales, tendra como implicaciones un crecimiento de desigualdad entre regiones, una deficiente gestin en las diferentes unidades administrativas de gobierno (afectadas estructuralmente por fenmenos de corrupcin y clientelismo) y el mantenimiento y emergencia de nuevos y viejos cacicazgos en las distintas regiones y localidades (Maldonado, 2011)

    Sin embargo, sera el sector rural el que se vera ms afectado por la incursin neoliberal a travs del abandono de las polticas redistributivas de la tierra, la imposicin de modelo de competitividad agropecuaria y el desmonte de las barreras arancelarias para la comercializacin de productos agrcolas forneos en Colombia. En este contexto se presentara una expansin y consolidacin del narcotrfico en Colombia, el cual se apoyara sobre la precarizacin de las economas campesinas en zonas integradas y marginales a travs del aumento de los cultivos ilcitos y de la configuracin de economas cocaleras insertas en el circuito econmico de las drogas ilcitas. De este aspecto surgira el sector de movilizacin social ms representativo durante la dcada de los noventa que se manifestara a travs de las denominadas marchas cocaleras durante los aos de 1996 y 1997. Ante todas estas problemticas las FARC sealaran que la constitucin del 91 no era suficiente para desactivar las causas estructurales que dieron origen a la confrontacin armada y, por lo tanto, no bastara para avanzar en un proceso de reinsercin a la vida poltica abierta.

    De esta manera, en el ao de 1993 durante el gobierno del presidente Csar Gaviria se desarrollara la VIII Conferencia Nacional de las FARCEP en el municipio de La Uribe, Meta, en la cual se elaborara un nuevo programa cambios polticos y econmicos para el pas sobre la base de la denominada Plataforma para un Gobierno de Reconstruccin y Reconciliacin Nacional que propona la conformacin de un gobierno nacional, pluralista, patritico y democrtico. (Medina Gallego, 2010) Partiendo, entonces, de un anlisis de la situacin general de este momento, la guerrilla de las FARC establece unos ajustes y modificaciones a su rgimen interno en lo referente a los estatutos de los guerrilleros, las normas internas de comando y las responsabilidades especficas de los Estados Mayores instancias de mando de la organizacin ; igualmente, se realizara una caracterizacin de los objetivos de los distintos bloques y frentes, una mejora en los mecanismos de comunicacin y una unificacin de los criterios polticos para la elaboracin de los distintos planes poltico-militares de corto, mediano y largo plazo (Medina Gallego, 2010, pg. 592). En esta conferencia se sealara, igualmente, la necesidad de una solucin poltica al conflicto armado, la cual debera forzarse a travs del escalamiento del conflicto, de una fuerte presin militar y del auge del movimiento de masas.

    Al respecto seala Mario Aguilera que, posteriormente al desarrollo de esta Conferencia, las FARC no solamente aumentara el nmero de los miembros del Secretariado del Estado Mayor Central de cinco a siete integrantes, sino que dara un gran salto cuantitativo al pasar de contar con 48 Frentes y 5800 combatientes en el ao de 1991 a 62 frentes con 28000 combatientes para el ao 2002 y ampliando su presencia a 622 municipios (lo cual corresponde al 60 % del territorio nacional) (Aguilera, 2010). Se llevara a cabo, en ese sentido, un reajuste al Plan Estratgico de la organizacin sobre tres ejes fundamentales: el primero de ellos hara referencia a la conformacin de un ejrcito revolucionario con la capacidad de generar fuertes golpes militares de alto valor estratgico contra las Fuerzas Militares; el segundo, el objetivo de desplazar el eje central del conflicto armado a lo urbano volcando su estrategia militar hacia el

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    cercamiento de las ciudades (principalmente de Bogot) para lo que se impulsara la creacin de Milicias Bolivarianas de carcter urbano y redes de apoyo articuladas en el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. Por ltimo, se generara la formalizacin del distanciamiento respecto al Partido Comunista Colombiano y la construccin de una lnea poltico-estratgica autnoma, impulsada a travs de la creacin del Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC) (Centro de Memoria , 2013, pg. 155)

    La estrategia militar y el despliegue de FARC durante estos aos consistira en la toma y en la ocupacin de la cordillera oriental con la intencin de dividir el pas y de generar un cerco sobre Bogot, por otro lado se buscaba la consolidacin en el suroriente como zona retaguardia estratgica, lugar donde se concentrara el poder econmico de la guerrilla con base al control de las econmicas cocaleras, la presencia del bloque militar ms fuerte (bloque oriental ) y el poder social fundado sobre las bases sociales histricas y las relaciones con nuevos grupos emergentes como los ya mencionados campesinos cocaleros. (Centro de Memoria, 2013, pg. 161). Dentro de este contexto de expansin militar y territorial por parte de las FARC, hay que acotar especialmente el proceso de copamiento de los territorios dejados por otras guerrillas desmovilizadas como es el caso del EPL en el Urab, su despliegue hacia zonas econmicamente integradas pero con grandes desigualdades como el sur de los departamentos de la Costa Caribe y la diversificacin de las fuentes de financiamiento a travs de mecanismos como las retenciones con fines econmicos o la utilizacin de recursos provenientes del gramaje a la produccin cocalera. De esta forma, se lograra propinarle fuertes derrotas a las Fuerzas Militares en diferentes zonas del territorio nacional (principalmente en el Sur y Oriente del pas), con acciones destacadas como: el ataque a la base militar de Las Delicias en Putumayo, el 30 de agosto de 1996, que dejara 54 militares muertos y 60 retenidos; el ataque al Cerro de Patascoy, el 21 de diciembre de 1997, con un saldo de 10 soldados muertos y 18 retenidos; la emboscada del Billar en Cartagena del Chair, en el departamento de Caquet, el 3 de marzo de 1998, que dejara 58 militares muertos, 20 desparecidos y 26 retenidos; y, por ltimo, la toma de Mit, Vaups, la primera toma efectiva de una capital departamental en la historia del movimiento armado guerrillero, el 4 de noviembre de 1998, que dejara 35 militares muertos y decenas de retenidos (Medina Gallego, 2010, pg. 740). Tambin se desarrollaran acciones contra los grupos paramilitares, entre los que destacan el asalto al fortn de Carlos Castao en el Nudo de Paramillo, el 28 de diciembre de 1998.

    Los golpes a las fuerzas militares se combinaran con acciones de presin sobre distintas elites regionales a travs de mecanismos como el secuestro, el asalto de propiedades y las extorsiones; adems, se desarrollaran acciones de sabotaje contra la infraestructura vial y elctrica, bloqueos y restricciones a la movilidad e, incluso, expulsiones del Estado de algunas localidades, a travs de la obstaculizacin de elecciones locales y regionales (en 1997), tomas de pueblos y amenazas y asesinatos de polticos (Centro de Memoria , 2013, pg. 162). Durante el gobierno del presidente Samper, se adelantaran distintas acciones e iniciativas de paz tanto por parte de la guerrilla como por parte del Estado, los cuales no podran verse materializados en un proceso de negociacin en razn de la falta de legitimidad del gobierno de turno (empantanado en el denominado Proceso 8000), sus mltiples contradicciones y a la misma dinmica ascendente del conflicto armado. Sin embargo, durante este periodo se destaca el intercambio humanitario pactado para canjear retenidos de la guerrilla y prisioneros polticos del Estado en el ao 1996, el Mandato por la Paz en el que participaran cerca de 10 millones de colombianos en el ao de 1997 y la conformacin del Consejo Nacional de Paz con

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    representantes de la sociedad civil y del Estado (Medina Gallego, 2007). Como vemos, en el ltimo momento del gobierno Samper se empez estructurar la propuesta de paz que tendra desarrollo en el gobierno siguiente. No obstante, el sabotaje a las elecciones de 1997 contrastara con el guio de la guerrilla al candidato conservador, Andrs Pastrana, para las elecciones presidenciales del ao 1998, quien en su etapa como candidato tendra una reunin con Manuel Marulanda y se acordaran algunos compromisos con la guerrilla que terminara desembocando en la instalacin del proceso de paz para finales de la dcada en la regin de Remolinos del Cagun.

    A modo de sntesis, sobre el accionar poltico de las FARC durante la dcada de los 90 en el marco del desarrollo del conflicto social armado, Carlos Medina Gallego plantea que a pesar de las derrotas tenidas con las Brigadas Mviles en los primeros aos de la dcada del 90, de la presin sobre zonas influencia en el noroccidente del pas por parte de los grupos paramilitares y la confrontacin abierta a stos, de los repliegues tcticos y las disputas territoriales perdidas, en particular en Sucre, Crdoba, Cesar y Bolvar, las FARC-EP se convirtieron, desde 1994 y hasta comienzos del 2000, en una fuerza capaz de copar bases militares, de capturar prisioneros de guerra en nmero significativo y mantenerlos retenidos a pesar de los operativos militares en su contra y su condicin de ejrcito itinerante, lo cual permitira el alto nivel de despliegue poltico y militar durante el proceso de paz (Medina Gallego, FARC-EP y ELN Una historia poltica comparada, 2010, pg. 741).

    Por otro lado, desde el lado del establecimiento colombiano encontramos que durante la dcada de los noventa, asumiendo el discurso internacional de la guerra contra el narcotrfico liderada por Estados Unidos, se generara una especia de fusin entre la guerra contrainsurgente y la guerra antinarcticos que transformaran la dinmica interna del conflicto armado, a travs de la internacionalizacin de la guerra y del apoyo logstico militar directo de los Estados Unidos para combatir lo que se denominara como narcoguerrillas. Sobre este discurso se fundamentara posteriormente la implantacin del Plan Colombia, el cual se desarrollara paralelamente al proceso de paz en el Cagun (Rojas, 2006). En el gobierno de Pastrana se adelantara, de ese modo, un fortalecimiento y reestructuracin del aparato militar del Estado con el fin de neutralizar la ventaja militar de la insurgencia y de recuperar el territorio que haba obtenido las FARC durante dcada en mencin. Esta reorientacin estratgica se basara fundamentalmente en el fortalecimiento de la guerra area a travs del uso de helicpteros artillados y aviones (los cuales seran determinantes en el posterior desarrollo del conflicto armado). El Plan Colombia, que se empezara a implementar desde finales del ao de 1998 basado en la cooperacin y ayuda militar norteamericana, servira para ayudar a menguar la presin de la cpula militar ante el desarrollo de los procesos de negociacin y como estrategia de reestructuracin militar para hacer frente al constante avance de la insurgencia y para pasar a un etapa de ofensiva frontal contra los grupos guerrilleros.

    Por otro lado, durante este momento histrico, encontramos como actor fundamental en el desarrollo del conflicto armado la recomposicin y expansin del paramilitarismo. Despus de la derrota de diferentes capos del narcotrfico como Pablo Escobar y Gonzalo Rodrguez Gacha, muchos de los principales actores implicados en el impulso de formas, organizaciones y personajes del antiguo y nuevo paramilitarismo en Colombia, pasaran a liderar desde la ilegalidad aunque con el apoyo de sectores militares y de elites econmicas y polticas locales y regionales una guerra contrainsurgente que se caracterizara por la guerra sucia contra la poblacin civil sealada de ser parte o de colaborar con la guerrilla o simplemente por

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    representar distintas formas de oposicin poltica (Centro de Memoria , 2013, pg. 155). Los paramilitares de los aos noventa presentan una articulacin, como ya se mencion anteriormente, con los grupos antisubversivos de los aos ochenta y con nuevas formas del paramilitarismo (como en el caso de las Convivir y de ejrcitos privados estrechamente relacionados con carteles del narcotrfico). Durante esta etapa, se presenta un proceso de reconversin organizativa a travs de la adopcin de un modelo confederativo que les servira para ampliar su alcance al nivel nacional, a travs del proyecto que se denominara como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). A mitad de 1997, se presentaran los primeros avances hacia la unificacin nacional desde donde se emprendera una serie de acciones orientadas al reconocimiento poltico y su despliegue a distintas reas del territorio nacional donde no tenan presencia (Medina Gallego, 2010, pg. 735).

    Si bien se podra pensar al paramilitarismo como una muestra para el periodo de la creciente dislocacin entre la poltica nacional y los poderes locales y regionales existentes, las FARC consideraba que no se poda concebir la existencia de una separacin entre el despliegue general del Estado contra los grupos guerrilleros y los distintos movimientos sociales y el accionar de los grupos paramilitares. La guerrilla de las FARC llamara la atencin en reiteradas ocasiones, tanto al gobierno de Samper como de Pastrana sobre el crecimiento y legalizacin de los grupos paramilitares, los cuales no reconoca como actores polticos y consideraba como un impedimento para el desarrollo de un real proceso de paz (como lo haran saber en una carta enviada directamente al presidente en el ao de 1997). Sobre este punto, hay que sealar que desde el ao de 1996 se producira un escalamiento y recrudecimiento de la guerra, debido al cual el conflicto armado se configurara como una gran disputa geopoltica a escala nacional entre los distintos actores en base a la conformacin de corredores estratgicos, de zonas de retaguardia y de disputa territorial a gran escala, dejando atrs a la guerra de disputas locales y regionales. Bajo este marco se configurara lo que se denominara como la guerra del Urab y toda la serie de conflicto en la zona norte y noroccidental del pas entre la guerrilla de las FARC y el paramilitarismo. Por otro lado, en la zona sur, con el auge de la movilizacin campesina (ms precisamente del movimiento cocalero en los departamentos de Caquet y Putumayo, durante los aos de 1995 y 1996) la guerrilla encontrara un espacio de fortalecimiento poltico y de retaguardia (Centro de Memoria, 2013, pg. 161). A grandes rasgos, este cuadro sociopoltico, econmico y militar sellara la complejidad con que se desarrollaran los dilogos del Cagun.

    ESBOZO HISTRICO DE LOS DILOGOS DE PAZ DEL CAGUN (1998-2002)

    El proceso de negociacin de paz del Cagun fue un intento de concertar la solucin poltica dialogada del conflicto armado colombiano, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejrcito del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Andrs Pastrana Arango, entre 1998 y 2002. Los primeros acercamientos empiezan antes de las elecciones presidenciales de 1998, cuando Luis Carlos Villegas (actual embajador colombiano ante Estados Unidos) viaja a Mxico para reunirse con Olga Marn y Marcos Calarc (miembros de la delegacin internacional de las FARC-EP); posteriormente, Juan Manuel Santos (actual presidente de Colombia) se encontrara en Costa Rica con algunos dirigentes de la insurgencia para darle paso al diseo de una zona desmilitarizada en la cual se pudiesen llevar a cabo los dilogos (Coronell, 2010). Posteriormente, el presidente Andrs Pastrana se

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    reunira con el mximo lder de esta guerrilla, Pedro Antonio Marn (alias Manuel Marulanda o Tirofijo), el 9 de junio de 1998, tras una mediacin de lvaro Leyva, tras lo cual las FARC-EP le hicieron un llamado a Pastrana, el 14 de junio de 1998 (siendo candidato presidencial), para demostrar disposicin al dilogo con su eventual administracin, ante lo que Pastrana anunciara su voluntad de despejar varios municipios para iniciar un proceso de paz.

    Tras ser electo presidente, Pastrana, el 14 de octubre de 1998, constituy la zona de distensin en los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Cagun, en las cuales se acabara el despeje el 7 de febrero de 1999, debido a lo cual debe reconocerle el status poltico a la insurgencia y exigir la suspensin de rdenes de captura contra 'Ral Reyes', 'Joaqun Gmez' y Fabin Ramrez, los jefes guerrilleros que seran voceros en el escenario de negociacin. Posteriormente, el 7 de noviembre de 1998, la insurgencia anuncia la decisin de no iniciar negociaciones con el gobierno de Pastrana hasta que 130 soldados desarmados del Batalln Cazadores abandonen la zona. Los soldados son retirados, entonces, por orden del gobierno sin consultar con los altos mandos de las Fuerzas militares y el 13 de noviembre los militares se retiran completamente de la zona del Cagun por rdenes presidenciales. El 25 de noviembre el presidente pide a las FARC-EP un alto al fuego para la poca de Navidad, a lo que esta insurgencia responde dos das despus con propuestas para canjear guerrilleros presos por militares secuestrados por las FARC y el 14 de diciembre de 1998, Manuel Marulanda y el Comisionado de Paz acuerdan mantener negociaciones, empezando el 7 de enero de 1999. Posteriormente, el 15 de diciembre de 1998, se renen en Costa Rica el alto comisionado para la paz Vctor G. Ricardo, un vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el responsable internacional de las FARC, Ral Reyes, para tratar el tema del narcotrfico y la posibilidad de inspeccionar los cultivos ilcitos en compaa de representantes de las FARC en las zonas de influencia de la guerrilla. Para culminar el ao, el 26 de diciembre de 1998, la insurgencia comienza a ejercer control sobre la zona de distensin.

    Iniciado el ao de 1999, el 7 de enero, con la asistencia del presidente Andrs Pastrana, se instala la mesa de negociacin, tras una ceremonia en el municipio de San Vicente del Cagun, a la que asiste el presidente pero no acude el comandante de las FARC, Manuel Marulanda Vlez. Este episodio fue denominado La silla vaca, ante el cual la insurgencia posteriormente argumentara las razones de la inasistencia de Tirofijo basndose en los problemas de seguridad para su presencia fsica. Posteriormente, el 19 de enero de 1999, las FARC-EP anuncian la primera congelacin de las conversaciones a la espera de informes oficiales sobre la lucha contra los paramilitares, tras una serie de masacres perpetuadas por las AUC. El 25 de febrero las FARC expulsaron a un fiscal que atenda denuncias contra las FARC en San Vicente del Cagun, dentro de la zona de distensin y, mientras esto ocurra, retienen a los tres indigenistas norteamericanos Ingrid Washinawatok, Laheenae Gae y Terence Freitas. Posteriormente, el 8 de abril de 1999, los voceros de las FARC y el comisionado de paz, Vctor G. Ricardo, se reunieron para tratar la crisis de los dilogos. Para el 18 de abril, los dilogos continuaron estancados, por lo que el presidente Pastrana condicion la prrroga de la zona al "reinicio del proceso de negociacin". El 20 de abril, el gobierno Pastrana y la insurgencia reanudan las conversaciones de paz.

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    El 2 de mayo, el presidente Pastrana viaja a la zona de distensin sin previo anuncio oficial para reunirse con Marulanda y firmar un acuerdo escrito, en un intento por reactivar el proceso de negociacin de paz, denominado el Acuerdo de Caquetania. En ste, los dilogos son retomados y cuatro das despus se reanud el proceso de negociacin. La insurgencia incrementa, sin embargo, su accionar militar a travs de las llamadas "pescas milagrosas", la destruccin de oleoductos petroleros y torres de energa as como con las emboscadas a militares y policas. El 6 de mayo de 1999, el gobierno y las FARC-EP dieron a conocer la Agenda Comn por el Cambio para una Nueva Colombia, por lo cual el presidente Pastrana otorg una prrroga a la zona de distensin y anuncia una veedura internacional para los dilogos de paz.

    El 26 de mayo, el Gobierno y las FARC dieron a conocer la agenda de doce puntos con la que comenzaron los anlisis en la mesa de negociacin, los cuales eran:

    1. Solucin poltica al conflicto

    2. Derechos humanos

    3. Poltica agraria integral

    4. Explotacin y conservacin de recursos naturales

    5. Estructura econmica y social

    6. Reformas a la justicia, la lucha contra la corrupcin y el narcotrfico

    7. Reformas polticas para la ampliacin de la democracia

    8. Reformas del estado

    9. Acuerdos sobre DIH

    10. Fuerzas Militares

    11. Relaciones internacionales

    12. Formalizacin de acuerdos

    Durante el mes de junio, las FARC-EP incrementan sus ataques armados en toda Colombia, en especial con tomas guerrilleras a 13 municipios del pas, con el objetivo de mostrarse fortalecidas frente al gobierno Pastrana antes de las negociaciones de paz. El 18 de junio, sin embargo, el dilogo es congelado por estar en desacuerdo con el gobierno sobre la creacin de una comisin de verificacin que reciba denuncias de la comunidad sobre violaciones de derechos humanos en la zona de distensin. El 22 de junio, la Fiscala General de la Nacin suspendera temporalmente las rdenes de captura contra los voceros de las FARC, Ral Reyes, Fabin Ramrez y Joaqun Gmez.

    Posteriormente, el 29 y 30 de junio, los representantes de gobiernos de 27 pases del mundo se reunieron para debatir con el gobierno y las FARC-EP en la Mesa Temtica ubicada en la poblacin de Los Pozos, San Vicente del Cagun. En este escenario se discutieron las polticas y estrategias para la sustitucin de cultivos ilcitos, la eliminacin del narcotrfico y el 'Plan Colombia', en donde los asistentes se comprometen a apoyar poltica y econmicamente el eventual acuerdo de paz. De igual manera, el 18 de julio se lleva a cabo una reunin entre los dirigentes del fondo ganadero del departamento de Huila y Ral Reyes, Joaqun Gmez y Fabin Ramrez tras lo cual se acuerda trasladar la sede del fondo ganadero de la ciudad de Florencia a de San Vicente del Cagun para la comercializacin de ganado vacuno. Las ganancias se invertiran en el municipio con la condicin de que el Gobierno aportara parte de

    http://es.wikipedia.org/wiki/DIH

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    los dineros a las FARC para que la organizacin respetara y no secuestrara a los ganaderos o sus propiedades.

    El 16 de octubre, los representantes de la insurgencia y el Alto Comisionado para la paz se reunieron de nuevo en la Macarena (Meta) donde se formaliza un acuerdo para instalar la mesa de negociacin a partir del 25 de octubre siguiente en el municipio de La Uribe. En el acuerdo, el gobierno Pastrana cede ante el tema de la verificacin internacional y deja a los alcaldes locales como representacin de la "autoridad constitucional", reiterada posteriormente el 19 de octubre. El 24 de octubre, entonces, los representantes del gobierno y los voceros de las FARC instalan en La Uribe la mesa de negociacin. Aparte de los dos actores en disputa asisten los encargados de los Comits Temticos que iniciaran el seguimiento y discusin de la Agenda Comn. Posteriormente, el 18 de noviembre, las FARC reiteran la no aceptacin de una comisin internacional supervisora del proceso de dilogo. El 3 de diciembre, seis negociadores del Gobierno y tres de las FARC se renen para definir el primer tema "Derechos humanos" de los 12 captulos de la agenda, que fue sometido a debate pblico.

    Despus de meses de intensos ataques armados, la insurgencia emite un comunicado a la opinin pblica anunciando una tregua unilateral que comenzara el 15 de diciembre y con una duracin de un mes. De esa manera, el 20 de diciembre, desde la localidad de Los Pozos, alias Ral Reyes declara el cese unilateral de acciones contra el estado colombiano anunciado previamente hasta enero de 2000. Luego de pasado el cese al fuego, el 29 de enero de 2000, el gobierno y las FARC reinauguran las negociaciones de paz. El 3 de marzo varios ejecutivos de multinacionales se reunieron con Manuel Marulanda en la zona de distensin; entre ellos, el director ejecutivo de la empresa de internet America On Line (AOL), Jim Kinsey. Posteriormente, el 26 de abril de 2000, el presidente Pastrana acepta la renuncia al comisionado de paz Vctor G. Ricardo, que es sustituido por Camilo Gmez, secretario privado del presidente. Siendo el 29 de abril, las FARC anuncian el lanzamiento de su brazo poltico, en un acto multitudinario, al que llamaron el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (MB), brazo que posterior al derrumbe de los dilogos de paz seguira funcionando de forma clandestina.

    Sin embargo, el 22 de mayo el gobierno suspendi las negociaciones de paz con las FARC hasta que se esclareciera la autora del crimen del "collar bomba" perpetuado a Maria Elvia Ramrez. Das despus el gobierno reconoce que no fue una accin de las FARC, motivo por el cual extiende el plazo de la zona de distensin hasta el 7 de diciembre. El 25 de mayo del 2000, Ivn Mrquez anuncia que el jefe mximo de las FARC sancionara leyes para, segn las FARC, establecer orden y justicia en Colombia. Entre ellas se encuentra la Ley 001, que consisti en una reforma agraria operada con la expropiacin a grandes terratenientes para entregrselas a los campesinos ms pobres; la famosa Ley 002, de carcter tributario, que pretenda generar un impuesto del 10% a todas aquellas empresas o personas, nacionales o extranjeras, que tuviesen en Colombia ms de un milln de dlares de patrimonio; la Ley 003 anticorrupcin, la cual sancionara y castigara a los polticos y funcionarios que las FARC consideren vinculados a la corrupcin que afectaba a las instituciones pblicas. El 20 de junio, los negociadores del gobierno y de las FARC anunciaron el intercambio de propuestas para lograr un cese de hostilidades como uno de los avances del dilogo de paz, emprendido en Caracas. Actuando como delegado del gobierno, Luis Guillermo Giraldo se rene con Ral Reyes en la capital venezolana. En relacin al canje humanitario, las partes aclararon que dicho

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    tema era solo tratado por el Presidente y Tirofijo y valoraron el papel de facilitador del gobierno del presidente venezolano Hugo Chvez, el gobierno espaol de Jos Mara Aznar, Fidel Castro de Cuba e Hiplito Meja de la Repblica Dominicana.

    El 17 de julio las Fuerzas Militares de Colombia revelaron un informe en el que destacan que, desde que se haba iniciado la zona de distensin, las FARC haban realizado 45 acciones armadas, contra 24 municipios perifricos a la zona con lo que haban obligado al retiro de la Polica Nacional de Colombia de 10 poblaciones. El 7 de septiembre, se discutira de nuevo en la mesa de dilogo sobre el canje de militares secuestrados por guerrilleros presos y del cese al fuego y hostilidades; al da siguiente, el 8 de septiembre, Arnubio Ramos (guerrillero de las FARC-EP), que era trasladado desde una prisin de Bogot, secuestra el avin en el que era transportado hacia la ciudad de Neiva para ser enjuiciado. El guerrillero hace desviar el avin a San Vicente del Cagun en la zona de distensin, donde vuelve a refugiarse con las FARC, por lo que el gobierno del presidente Pastrana suspende las negociaciones y exige la entrega del secuestrador, pero las FARC se niegan a entregarlo. Posteriormente la insurgencia realiza un paro armado en el departamento de Putumayo, zona en la cual los gobiernos de Estados Unidos y Colombia acordaron llevar a cabo planes anti-drogas. Las FARC llamaron a eliminar el componente militar del Plan Colombia y prohibieron todo tipo de trfico terrestre y fluvial en el Putumayo. El 24 de octubre del 2000, funcionarios del gobierno Pastrana y los negociadores de las FARC lograran reanudar el proceso de paz mes y medio despus del secuestro del avin de Satena.

    Pasado el caso del avin, el 14 de noviembre, las FARC anuncian la congelacin indefinida de las negociaciones hasta que el gobierno no mostrara resultados en la lucha contra las paramilitares. El 18 de noviembre, empresarios colombianos le piden al gobierno no seguir negociando con las FARC sin pactar un cese al fuego por parte de la organizacin guerrillera. Mientras tanto, el 28 de noviembre, la hija del empresario Luis Carlos Villegas y presidente de la Asociacin Nacional de Industriales (ANDI), Juliana Villegas Restrepo, es secuestrada por las FARC cuando sala de clases en la Universidad Javeriana de Bogot. El presidente Pastrana intercedera tiempo despus por su liberacin directamente con Tirofijo. El 4 de diciembre, el dirigente conservador y exministro de desarrollo, Fernando Araujo fue secuestrado por las FARC en la ciudad de Cartagena de Indias. El 6 de diciembre, no obstante lo anterior, el presidente Pastrana extendi el plazo para el trmino de la zona de distensin por 55 das.

    El Frente Comn por la Paz, que integraba a representantes de varios partidos polticos, le pidi paralelamente al presidente que introdujera cambios en el proceso de negociacin con las FARC tras el asesinato de Turbay, quien era presidente de la comisin de paz de la Cmara de Representantes. El 14 de enero de 2001, Ral Reyes anunci que las FARC liberaran unilateralmente a policas y militares que dicha organizacin mantena retenidos como gesto unilateral para fortalecer los dilogos, por lo que, el 17 de enero del nuevo ao, Manuel Marulanda pidi a travs de una carta de once puntos al presidente la prrroga indefinida para la zona de distensin. Despus de anlisis y consultas con el Frente Comn por la Paz, con distintos sectores del pas y con otros gobiernos, el 31 de enero el presidente anuncia que le otorgaba una prrroga por cuatro das ms a la zona de distensin, hasta el 4 de febrero, con el fin de reunirse con el jefe de las FARC.

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    El 8 y 9 de febrero Pastrana y Tirofijo se renen en la localidad de Los Pozos en la zona de distensin, dialogan sobre el intercambio de prisioneros por secuestrados, la lucha contra los paramilitares, los resultados el proceso de paz y el Plan Colombia. Gracias a esta reunin, se acuerda crear el Comit de Vigilancia, un comit con portavoces de ambas partes en la mesa de dilogo para que estudie los hechos que afectaban la sustentabilidad de los dilogos y para asegurar la no interrupcin de los mismos. Tambin se acord invitar a un grupo de pases amigos y organismos internacionales para que visitaran Colombia y apoyaran los dilogos. El 16 de junio las FARC liberan, de ese modo, a 29 miembros del Ejrcito y la Polica Nacional. Los miembros de la fuerza pblica fueron entregados en algn lugar de la zona de distensin a los negociadores del gobierno Camilo Gmez, Jorge Mario Eastman y Fernando Criales en cumplimiento de un acuerdo humanitario suscrito por las partes para liberar a combatientes enfermos; otros 34 fueron liberados tambin eventualmente para totalizar 55, lo que constituy la primera fase de liberaciones dentro del acuerdo humanitario. El gobierno, por su parte, excarcel a once guerrilleros. Los miembros de las FARC fueron liberados y entregados por las autoridades al Comit Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la ciudad de Valledupar, dado que presentaban sntomas de enfermedad. El 27 de junio las partes anunciaron una liberacin masiva de secuestrados como segunda fase del acuerdo de liberaciones. Las FARC liberaran como gesto de paz a 242 policas y militares que haban empezado a retener a partir del ao 1997.

    El 29 de septiembre del 2001, guerrilleros de las FARC asesinaron a la ex ministra de Cultura, Consuelo Araujo Noguera en zona rural de la ciudad de Valledupar, tras ser secuestrada y a causa de un fallido intento de rescate por parte del Ejrcito colombiano, por lo que el Presidente orden imponer mayores controles militares a las fronteras terrestre y fluviales de la zona de distensin, adems de aumentar los sobrevuelos de aviones militares de reconocimiento. El 5 de octubre de 2001 el gobierno y las FARC firman el Acuerdo de San Francisco de la Sombra, basado principalmente en el compromiso de estudiar cuanto antes un alto al fuego y cese de hostilidades. De esa manera, el 7 de octubre se anuncia una prrroga por 100 das ms de la zona de distensin, hasta el 20 de enero de 2002. El 17 de octubre, sin embargo, las FARC dijeron que no regresaban a los dilogos en protesta contra los controles militares sobre la zona de distensin que Pastrana haba orden el 7 de octubre de 2001 por lo que se levantaron temporalmente de la Mesa de Dilogo.

    El 24 de diciembre, el comisionado de paz viaja a la zona de distensin para reunirse con los negociadores de las FARC y acordar la reanudacin inmediata de los dilogos. El 3 de enero de 2002, los negociadores y las FARC se reencuentran en la mesa de negociacin en El Cagun, despus de casi 3 meses de suspensin de los dilogos por las diferencias sobre los controles militares en esa regin desmilitarizada y por la falta de acuerdos para un cese al fuego, las conversaciones, sin embargo, no avanzaban ya que ambos lados insistan en discutir el mismo punto en el que no se ponan de acuerdo. Dejaron pasar un fin de semana, pero al regresar a la mesa de dilogo, ambos bandos mantenan sus posiciones. El 8 de enero del 2002, los delegados del gobierno y las FARC no lograron avances en las negociaciones, tras pasar 10 horas deliberando, a lo que la insurgencia enva nueve cartas abiertas al presidente Pastrana, al secretario de la ONU Kofi Annan, al Congreso de Colombia y a la jerarcas de la Iglesia Catlica, responsabilizando al gobierno del presidente Pastrana del fracaso de los dilogos:

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    8 de enero de 2002

    El Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejrcito del Pueblo FARC-EP, manifiesta:

    Los cambios unilaterales frente a las garantas que le dan sustento a la Zona Desmilitarizada anunciados en la alocucin presidencial el pasado 7 de octubre, son el principal obstculo del proceso, y mientras no se revisen ser imposible avanzar, como es el deseo de la mayora de los colombianos.

    En el transcurso de los tres meses de parlisis del proceso las FARC-EP han presentado diversas propuestas que no han sido tenidas en cuenta por parte del Gobierno Nacional. Por el contrario ha extremado las medidas anunciadas, que lo nico que generan es incomodidad y alteracin de la vida normal de los pobladores como consecuencia del control exagerado al ingreso de remesas, medicinas, mercancas y la libre movilizacin. Asimismo, hemos escuchado por boca de los representantes del Gobierno y los Altos Mandos militares la afirmacin de que no estn dispuestos a negociar ninguna de las medidas anunciadas por el Presidente en su alocucin.

    Cabe deducir que lo que se busca con el cambio unilateral de las medidas sobre el funcionamiento de la Zona es enredar el proceso en el debate de los mecanismos y procedimientos, para impedir que se aborde en la Mesa la discusin de los temas polticos, econmicos y sociales que preocupan al comn de los colombianos, tales como la reforma del rgimen poltico, el desempleo, la salud, la vivienda, la educacin, la redistribucin del ingreso, las reformas pensional y laboral, entre otros.

    Mientras el Rgimen persista en la idea de unos dilogos limitados a pactar nicamente las condiciones de rendicin de la insurgencia, va a ser muy difcil adelantar el proceso. La solucin poltica del conflicto social y armado en nuestro pas pasa por la realizacin de cambios profundos en el sistema econmico, y en el rgimen poltico y social que eviten que Colombia caiga por el despeadero como ocurri en Argentina.

    Manifestamos nuestra disposicin de continuar buscando salidas a la actual situacin. Dentro del espritu que nos anima, el Comandante Manuel Marulanda el da de hoy ha enviado una carta al seor Presidente, con una propuesta dirigida a buscar salidas al actual estancamiento.

    Estamos seguros que el seor Presidente sabr tomar la decisin ms conveniente para el pas el prximo 20 de enero.

    Estado mayor Central de las FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA. FARC-EP

    Sin embargo, el 13 de enero de 2002 las FARC presentan un proyecto para continuar con el proceso de paz a lo que Pastrana rechaza la propuesta, pues ya el plazo dado haba vencido; al da siguiente, la Comisin de Pases Facilitadores llegaron al Cagun con la propuesta negociada con el gobierno Pastrana para evitar que se terminara el proceso de paz con las FARC. La Comisin d se reuni con los voceros de las FARC, el alto Comisionado para la Paz y el Asesor Especial, Juan Gabriel Uribe. El 15 de enero, despus de vencidos los dos plazos de 48 horas otorgados por el presidente, los negociadores anunciaron que tenan hasta el 20 de enero. El 17 de enero, el presidente le enva a las FARC una propuesta de cronograma para la desintensificacin del conflicto y tregua; al da siguiente, se renen con la Comisin de Pases Facilitadores y ambas partes definieron las funciones del acompaamiento internacional en la reunin planeada para el 19 de enero, cuando se tratara el cronograma. Ese da, el gobierno y las FARC se renen y logran un acuerdo para buscar una tregua antes del 7 de abril. Al da siguiente crean un acuerdo sobre la conformacin de una 'Comisin Internacional de

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    Acompaamiento' para verificar los acuerdos y superar cualquier inconveniente dentro del Acuerdo de cronograma de consenso para el futuro del proceso de paz. El 7 de febrero el gobierno Pastrana y las FARC firmaron el Acuerdo sobre Acompaamiento Nacional e Internacional a la Mesa de Dilogo y Negociacin.

    El 20 de febrero, un frente de las FARC secuestra un avin de la aerolnea Aires (con matrcula HK 3951) procedente de la ciudad de Neiva y fuerza a los pilotos a aterrizar en medio de una carretera, en el municipio de El Hobo, liberando a casi todos los pasajeros pero llevndose retenido al senador Jorge Eduardo Gechem. Despus de lo sucedido, el presidente Pastrana pone fin a los dilogos de paz, emitiendo resoluciones que terminaron oficialmente el proceso de dilogo con las FARC, al retirarle el status poltico a las FARC, reactivar las rdenes de captura contra todos los miembros de la guerrilla y acabar con la 'Polica Cvica' que funcion en la zona desmilitarizada.

    EL FIN DEL CAGUN Y LA REINVENCIN DE LA GUERRA CONTRAINSURGENTE

    Para Eduardo Pizarro Leongmez hay fundamentalmente dos lecturas respecto a la transformacin que gener los dilogos del Cagun para el conflicto armado en Colombia, en trminos del balance estratgico FARC-EP, de un lado, y Gobierno y fuerzas militares, del otro. En primera instancia se encuentra la lectura triunfalista de parte del Ministerio de Defensa segn la cual las FARC se encuentran en un serio e irreversible debilitamiento estratgico y en un futuro muy prximo (2006) se van a ver obligadas a sentarse en la mesa de negociacin bajo condiciones dictadas por el Estado. Y la segunda la lectura escptica que dice que las FARC se hallan intactas y bajo un repliegue estratgico organizado, en que se esperan agazapadas en la selva profunda el desgaste de la poltica de Seguridad Democrtica, para retomar iniciativa militar (Pizarro Leongmez, 2006). Por otro lado, se identifica que las guerrillas colombianas, despus de los dilogos del Cagun, dieron un punto de inflexin de manera que, debido a la poltica de guerra total que empieza desde el genocidio de la Unin Patritica y encuentra sus puntos ms lgidos en la poltica de seguridad democrtica en el periodo presidencial de lvaro Uribe Vlez, ha llevado a que las insurgencias prioricen la proteccin militar de sus acumulados polticos, generando una militarizacin de su poltica en la que el vnculo con los sectores sociales se ha debilitado, dndole una bienvenida a la poltica reducida en gran medida a los efectos de los actos de la guerra. (Aguilera Pea). Del lado del Estado, la poltica militarista en el periodo de lvaro Uribe muestra una insostenibilidad financiera, social y poltica, lo que le obligar a entrar en un proceso de solucin negociada al conflicto.

    Esta perspectiva de anlisis, sin embargo, no tienen en cuenta las continuidades y discontinuidades entre el acumulado poltico-militar de la insurgencia, la capacidad de maniobra institucional de los sectores militaristas incrustados en el Estado, la injerencia directa de las agencias de seguridad norteamericanas en el conflicto colombiano y el despliegue del movimiento social y los sectores polticos alternativos en torno a la bsqueda de la solucin poltica, que constituye el eje de anlisis central de la perspectiva para la apertura de un proceso de negociacin y la concrecin de un acuerdo de paz. Es necesario comprender el balance de la dcada pasada del conflicto en su movimiento, a la luz de las transformaciones en las

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    relaciones de fuerza dadas por la apuesta poltica de los actores en disputa, adems de la relacin que sostienen con las transformaciones del modelo econmico y poltico en Colombia.

    De vuelta a la experiencia de negociacin del Cagun, es preciso mencionar igualmente que tras su clausura, la capacidad militar que demostr la insurgencia durante el perodo que dur la Zona de Distencin (como el secuestro de varias figuras polticas importantes; Fernando Araujo (secuestro 4 de Diciembre del 2000) , Consuelo Araujo (muerte en operacin de rescate, 29 de Septiembre de 2001), Jorge Gechem Turbay (secuestrado 20 de Febrero del 2001)) no se emparej con una ampliacin de su legitimidad social y de su acumulado poltico de masas (Aguilera Pea), en tanto fueron acciones capitalizadas por el Estado para menguar la imagen de la insurgencia y aprovechadas como un argumento para afirmar que no haba voluntad de paz durante la negociacin. Por otro lado, las FARC argumentan en los mismos trminos, que la disposicin del gobierno para plantear una solucin negociada al conflicto, fue el obstculo mayor para llevarlos a cabo, en tanto el Estado no acceda a buscar el desmonte del paramilitarismo y la desmilitarizacin de la zona de distensin, y que las agresiones cometidas por la fuerza pblica hacia la poblacin civil como desplazamiento forzado, el robo de recursos, hostigamientos, etc. demostraban una condicin estructural del ejercicio del monopolio del uso de la fuerza en Colombia ajena al propsito de alcanzar la solucin poltica del conflicto, en la medida en que resultaba funcional a la etapa de profundizacin de un modelo de mayor privatizacin de los recursos, inversin extranjera y ampliacin de la economa extractivista. (Medina Gallego) La complejidad de situacin marca la pauta para comprender unos dilogos que se ejecutaron infructuosamente en medio de la guerra, pero que resultaban de la urgencia de ambos actores de darle una pausa a la dinmica de la confrontacin para reposicionarse en el desarrollo general del conflicto armado. Tanto las FARC como el gobierno dieron cuenta, entonces, de un desinters silencioso por sacar adelante el proceso de negociacin, dado que desde tiempo atrs venan trabajando en cambios en su estructura poltica y acciones militares. Los replanteamientos estratgicos de ambos actores, entendidos a la luz del eje analtico definido con anterioridad, deben entenderse, no obstante, de forma asimtrica y contrapuesta: del lado del Estado colombiano, como una repotenciacin de la doctrina de seguridad nacional y de reestructuracin de su aparato militar para desplegarse con mayor contundencia hacia la solucin militar del conflicto por la va de la derrota de la insurgencia; del lado de las FARC, como un replanteamiento tctico de sus nuevos modos de operar en clave de la reconstruccin de su acumulado poltico-social sintonizado con su acumulado poltico-militar a travs del relanzamiento de su proyecto poltico con perspectiva y alcance nacional (cuyo eje principal haba de ser la bsqueda de la solucin poltica del conflicto).

    Del lado del Estado colombiano, el gobierno de Andrs Pastrana aprovech las pausas en la confrontacin, dadas por el ambiente nacional de dilogo para la paz, para consolidar el Plan Colombia como la apuesta efectiva con la cual, anteponiendo el pretexto de la lucha antinarcticos y la guerra contra el narcotrfico, se pudiese avanzar en el rediseo de su accionar contrainsurgente con el apoyo tcnico-militar y econmico de Estados Unidos. Con este acuerdo se abri una nueva fase de la guerra contrainsurgente a travs de la modernizacin de las fuerzas militares, la profesionalizacin de su pie de fuerza, la adquisicin de mejor armamento, el aumento en la moral de los soldados, etc. De esta manera, Colombia llegara a ser el tercer pas con mayor apoyo militar norteamericano en el mundo, permitindole al Estado retomar las riendas de la dinmica de guerra. (Aguilera Pea) El Plan Colombia sera la antesala de los golpes a la guerrilla que, tras la reinvencin de la doctrina de seguridad

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    nacional con el discurso de la lucha antiterrorista arriada por los Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre del 2011 en Nueva York, seran definitivos en el punto de inflexin en las relaciones de fuerza poltico-militares que significara el ascenso de lvaro Uribe Vlez y su poltica de Seguridad Democrtica. El asesinato o captura de varios comandantes de las FARC (Simn Trinidad, Rodrigo Granda, Sonia, Negro Acacio, Martn Caballero, Ral Reyes, Ivn Ros, Jorge Briceo, Alfonso Cano, entre otros), la fuga de prisioneros, desarticulacin de las comunicaciones y de las redes de provisin de recursos bsicos, la desmovilizacin de una parte importante de los guerrilleros rasos, el debilitamiento poltico de la insurgencia ante la opinin pblica, etc., son algunas de las pautas que permiten considerar efectivamente la lectura triunfalista generalizada por la hegemona cultural durante la segunda mitad de la dcada del 2000 acerca del debilitamiento estructural y la derrota estratgica de las FARC por parte del establecimiento colombiano.

    En ese sentido, hubo varios factores que cruzaron las negociaciones del Cagun, habiendo empezado a gestarse desde antes, y que se configuraron a favor del gobierno para acumular fuerzas en perspectiva de su posterior replanteamiento estratgico y en detrimento de campo de accin de las insurgencias y su respaldo poltico (Gonzlez Posso). Es preciso, no obstante, mencionar que el elemento nodal que intervino decisivamente en la nueva etapa del conflicto social armado fue la reinvencin de la Doctrina de Seguridad Nacional (DNS), el pretexto anticomunista y la reconfiguracin de la lgica contrainsurgente del Estado colombiano a partir de la promulgacin de la doctrina de Seguridad Democrtica soportada por el desarrollo de la lucha contra el terrorismo en la escala de la geopoltica mundial. Al respecto, Carolina Galindo Hernndez menciona lo siguiente: En efecto, la guerra contra el terrorismo ha fortalecido al gobierno incluso ms de lo que hizo la Guerra Fra, en tanto el contraterrorismo se desplaza nuevamente al mbito de la seguridad nacional. Sin embargo, como bien se ha insistido sobre este punto el retorno a la seguridad nacional implica serios riesgos en materia de promocin y defensa de los derechos humanos, en la medida en que la seguridad nacional intenta anticiparse a los hechos antes de que se produzcan y emplea cualquier tipo de medios, pblicos y encubiertos, pacficos y violentos. Es su propia polica, juez, jurado y verdugo. El regreso de la seguridad nacional es el regreso del Estado, es el regreso de la realpolitik. El caso de la Poltica de Seguridad Democrtica en Colombia no es ajeno a esta tendencia y se ilustra tanto en las disposiciones y acciones contempladas en la misma (en el marco internacional de la lucha contra el terrorismo) as como en los discursos oficiales que pretenden brindar un respaldo poltico a este tipo de iniciativas. () Sin embargo, el retorno a la Seguridad Nacional no representa, por lo menos hasta ahora, una solucin contundente a las nuevas amenazas para los Estados y una estrategia efectiva en el esquema de desarrollo de nuevas formas de hacer la guerra, aunque se presente como una alternativa ante la inminencia de una amenaza terrorista y el fracaso de las nuevas tendencias en materia de seguridad (desde un paradigma de interdependencia y cooperacin) que no lograron, en su debido momento, tener en cuenta algunas particularidades importantes para casos como el latinoamericano y el colombiano (Galindo Hernndez). La seguridad democrtica se consolid como una poltica funcional a las transformaciones del modelo poltico y econmico, en razn de los intereses geoestratgicos de Estados Unidos en la regin latinoamericana y, a su vez, en torno a la salida autoritaria a la crisis de hegemona de la oligarqua colombiana con la frmula carismtica del Estado comunitario de seguridad. Sin embargo, ante la pretensin de ubicar a las guerrillas como actores unvocamente armados, la dinmica misma de la guerra en Colombia ha demostrado su desgaste progresivo en trminos del consenso social con el cual se blinda su esencia

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    autoritaria y la limitacin estructural de darle un viraje definitivo al conflicto en la perspectiva de la solucin militar entendida como derrota, rendicin y entrega de la insurgencia ante el Estado como nica fuente de autoridad legtima. Esta condicin relieva la necesidad de darle apertura a un nuevo horizonte de negociacin hacia finales del segundo gobierno de lvaro Uribe Vlez.

    Innegablemente, esta nueva dinmica contribuy a propinarle golpes demoledores a la insurgencia que le obligaron a asumir el repliegue tctico y la acumulacin y consolidacin centrpeta de sus fuerzas como mecanismo de evasin de la posibilidad de una derrota estratgica poltico-militar. Sin embargo, desde principios de los aos 1990, esta tendencia se haca previsible desde la perspectiva estratgica de la insurgencia y, por lo tanto, el desenlace fatal de los dilogos del Cagun constitua un escenario probable al cual deba hacrsele frente con nuevos instrumentos poltico-organizativos e ideolgicos. En ese orden de ideas, hay varias tareas que se empea por realizar las FARC, orientada desde su VII Conferencia Nacional: la transformacin de la guerra de guerrillas hacia la guerra de movimientos, lo cual era necesario para avanzar militarmente en el objetivo de la toma del poder y por tanto lograr posicionarse como una opcin real de poder; para ello se necesitaba de una cualificacin poltica de la guerrilla, en tanto se dieran a conocer sus propuestas y se lograra posicin de control territorial y militar, para lo cual se impuls la creacin del Movimiento Bolivariano y el Partido Comunista Clandestino. Desde los dilogos con Gaviria, dar a conocer su proyecto poltico y plataforma se haba vuelto una prioridad, que finalmente recay en los dilogos del Cagun. En el terreno militar, el dominio en varios municipios y el cerco a varias ciudades principales equiparaba su fuerza como actor en armas al del ejrcito. En consecuencia, el objetivo que tena en el Cagun era una cualificacin de la guerra para ser reconocido no slo como un sujeto armado sino tambin eminentemente poltico.

    Los dilogos de paz seran el escenario para el relanzamiento poltico de las FARC-EP tras el repliegue generado por el genocidio contra la Unin Patritica. Mario Aguilera lo sintetiza de la siguiente manera: la consolidacin de un imaginario Bolivariano, desarrollos programticos e intentos por construir un movimiento poltico clandestino. (Aguilera Pea). Hacia finales de la dcada de 1990, la insurgencia aprovecha la tribuna nacional de discusin sobre la paz para presentar definitivamente el MB, el 29 de abril del 2000, su propuesta poltica amplia e inspirada en el ideario bolivariano que sintetizaron durante alrededor de dos dcadas. En su saludo ante el evento de presentacin del Movimiento, el comandante histrico de las FARC, Manuel Marulanda Vlez, expres lo siguiente: Este encuentro va a ser histrico en Colombia por el surgimiento de un nuevo movimiento, en donde todos, sin distingos polticos, raza o credo, puedan agruparse para defender sus intereses econmicos y sociales, con la certeza que estamos abriendo caminos a una nueva democracia, sin el temor de ser asesinados por el Estado y, a la vez, luchando contra la intervencin de los Estados Unidos en nuestros asuntos internos, con el sofisma de combatir el narcotrfico (Marulanda Vlez, 2000). En adelante, las FARC habran de desarrollar su lnea de masas a travs del MB, el cual, hasta la actualidad, se ha proyectado como un espacio de encuentro que, pese a su carcter organizativo de movimiento clandestino, pretende aglutinar a hombres y mujeres que, sin distincin de sus creencias religiosas, su identidad tnica, cultural o sexual, y sus opiniones polticas, (pueden) contribuir con su participacin en la construccin de la Nueva Colombia (Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, n.d.). Ante la ofensiva poltico-militar e ideolgica impulsada por el Estado colombiano, en cooperacin directa con las agencias de seguridad norteamericanas a travs del Plan Colombia, Plan Patriota, Plan Consolidacin, Plan Espada

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    de Honor, etc., las FARC insistirn en levantar las banderas emanadas del pensamiento bolivariano y que sintetizan la reivindicacin soberanista y democrtica de los pueblos latinoamericanos (integracin latinoamericana, independencia nacional y justicia social).

    El ideario bolivariano de las FARC, entonces, sera sintetizado por Alfonso Cano de la siguiente manera:

    rescata la esencia del pensamiento, la vida y la obra de El Libertador. Porque asimila y hace propio su profundo sentido latinoamericanista que convoca a nuestros pueblos, no a las oligarquas a unir esfuerzos por construir esa gran nacin que pueda enfrentar los grandes retos del futuro en igualdad de condiciones a las potencias contemporneas. Por su hondo amor a la independencia de nuestros pueblos frente a las potencias imperiales. Por su enorme visin de futuro. Por su compresin de que solo un poder que surja del pueblo garantiza el futuro de nuestras naciones. Por su grandeza y genialidad en los campos de batalla, por su entrega a la causa de todos y por su total desprendimiento personal que le llev a sacrificar salud, comodidades y lujos en aras del bien comn. Porque la epopeya sintetizada en su vida, resume todas las tradiciones de nuestros ancestros y se proyecta, vigorosa, vigente y luminosa como un faro, en estos tormentoso tiempos que debemos superar (Cano, 2000).

    Este ideario ser desarrollado sistemticamente durante la dcada del 2000 tanto en el despliegue del Movimiento Bolivariano como a travs de las diferentes publicaciones de las FARC (revistas como Resistencia, Dignidad, Identidad, Nueva Colombia; obras como el Esbozo histrico de las FARC-EP; cartillas de formacin interna; y artculos publicados por la dirigencia de la insurgencia fariana). Uno de ellos, Jess Santrich, publicara un texto especialmente claro en su exposicin sobre la orientacin ideolgica de las FARC y su asimilacin del pensamiento bolivariano, en relacin con la ideologa fundacional marxista-leninista. El texto, llamado Bolivarismo y marxismo, un compromiso con lo imposible, rescata la dimensin utpica del pensamiento bolivariano para ajustarle a la perspectiva revolucionaria, de lucha por el socialismo, que contiene el marxismo. Pero esta dimensin utpica no es concebida como mera imposibilidad de realizacin prctica, sino proyeccin de la praxis sobre la base real de las circunstancias. Por eso, el compromiso con lo imposible es un compromiso con la concrecin histrica de la revolucin socialista. Algunos creen, asemejando el concepto a intil fantasa, que soar con cosas imposibles se llama utopa, y pueden tener razn; pero como bolivarianos-marxistas, precisamente eso es lo que nos corresponde, la lucha por lo imposible y no por lo que se nos muestre como evidentemente imprescindible para la supervivencia de la especie y alcanzable dentro de un horizonte temporal de la vida; o sea, lo que llaman realismo. Nuestro realismo puede ser eso, pero es sobre todo hacer lo imposible, adems (Santrich, n.d.), menciona Santrich hacia el final de su texto. En sntesis, entonces, las FARC al apelar desde sus inicios al marxismo-leninismo, ante la clausura de las experiencias del socialismo real como faro ideolgico, propendern por el intenso desarrollo de un marxismo bolivariano como el modo de afirmar ideolgicamente la elaboracin autnoma de su proyecto poltico. Los alcances de este replanteamiento tctico en lo poltico-ideolgico se convirtieron en la apuesta central de la lnea poltica de las FARC-EP, en su intento por rearticular efectivamente su dinmica de operacin militar con las dinmicas de movilizacin poltico-social. Sin embargo, esta apuesta se vera entrabada por los desarrollos de la guerra en Colombia durante la dcada del 2000, agudizando la crisis de representatividad poltica de la insurgencia hasta su nuevo viraje tctico con la asuncin de Alfonso Cano a la comandancia del Estado Mayor Central de las FARC en 2008, tras la muerte natural del jefe histrico, Manuel Marulanda Vlez.

  • 18

    No obstante lo anterior, los dilogos del Cagun, pese a no ser considerados por ninguna de las partes como el escenario propicio para la solucin poltica del conflicto, dej unos puntos residuales es importante rescatar. En primera instancia, se logr un intercambio humanitario de 42 militares retenidos a cambio de 15 guerrilleros presos, y posteriormente se dio la liberacin unilateral de 242 soldados. Segundo, se logr la creacin de la Comisin de Notables que tena la intencin de realizar recomendaciones a la mesa de negociacin sobre temas como cese al fuego y hostilidades. Adicionalmente, hubo una fuerte participacin de la comunidad internacional (Aguilera Pea). El compendio de los logros principales del dilogo puede sintetizarse de la siguiente manera: la suscripcin de los 12 puntos de la Agenda Comn para el cambio, firmados en la Machaca, que sin lugar a dudas constituye el logro ms importante de las conversaciones, porque en tanto es la carta de navegacin hacia la solucin poltica negociada contiene los temas polticos, sociales y econmicos de cuya solucin concreta podr sobrevenir la paz con democracia y justicia social; la realizacin de las audiencias pblicas, multitudinario escenario de la participacin ciudadana en los dilogos de paz; el intercambio humanitario de prisioneros de guerra enfermos; el acuerdo de Los Pozos, suscrito por el Presidente Pastrana y el Marulanda en febrero de 2001, relanz el proceso de paz en un momento de dificultades; el informe de la Comisin de Notables, bien recibido por las partes y por amplios sectores del pas, donde se establecan recomendaciones concretas para disminuir la intensidad del conflicto y acabar el fenmeno del paramilitarismo, entre otros aspectos; el acuerdo de San Francisco de la Sombra, que introdujo importantes elementos humanitarios para dinamizar el proceso de paz en su conjunto; el cronograma aprobado el 20 de enero de 2002 y la decisin del acompaamiento internacional de las Naciones Unidas, del grupo de pases amigos y facilitadores y de la Iglesia Catlica colombiana, adoptadas posteriormente. Los anteriores aspectos, por si solos, justifican el valor y la importancia histrica de las negociaciones adelantadas durante el gobierno Pastrana, y a su vez sirven de puente para dimensionar las posibilidades y potencialidades de los futuros dilogos y negociaciones entre el Estado y las guerrillas.

    CONCLUSIONES

    HACIA UN ANLISIS COMPARADO DEL CAGUN Y LA HABANA

    Finalmente, teniendo como punto de referencia ineludible los avances, retrocesos, logros y

    dificultades que caracterizaron los dilogos de paz del Cagun, es pertinente diferenciar los

    elementos contextuales que marcan la especificidad del proceso de La Habana como primer

    paso para la aproximacin a un anlisis comparado. A diferencia de hace una dcada, los

    actores de la negociacin (las FARC-EP y el Estado colombiano, en cabeza del Gobierno

    nacional) llegan con perspectivas radicalmente diferentes sobre la necesidad del dilogo a las

    que tenan al inicio de los dilogos del Cagun; estas diferencias son un eje transversal de la

    mesa de La Habana: a diferencia de 1998, al 2012 el Estado y las FARC cuentan con la

    necesidad poltico-estratgica, militar y econmica de llevar a buen puerto el dilogo para

    concretar efectivamente la solucin poltica dialogada. De esta situacin da cuenta: por un lado,

    la creciente urgencia del Gobierno por adelantar la negociacin a marcha rpida (en la lgica

    de concretar una paz exprs con concesiones y reformas mnimas) con el objetivo de destrabar

    el proceso de reprimarizacin financiarizada de la economa colombiana, que encuentra serias

  • 19

    cortapisas en la accin insurgente, para consolidar un modelo econmico basado

    esencialmente en el extractivismo minero-energtico; por el otro, el inters de la insurgencia por

    relegitimar y reposicionar su proyecto poltico a travs de los mecanismos de participacin

    poltica abierta y democrtica, sin necesidad de recurrir a las armas, en consonancia con el

    horizonte trazado por el Plan Renacer Revolucionario de las Masas elaborado durante la

    comandancia de Alfonso Cano. La onerosa carga fiscal de la guerra, la disminucin de los

    golpes de alto valor estratgico, la imposibilidad de acorralar definitivamente a la insurgencia y

    la incapacidad de transformar el campo de acuerdo a un concepto de espacialidad capitalista

    articulado al circuito econmico del capital transnacional, as como el repliegue tctico militar a

    las zonas de retaguardia estratgica, el viraje hacia la guerra de guerrillas mviles (la tctica de

    guerrilla rodada de la que hablaba Marulanda) y el nfasis de su operacin puesto en la

    reconstruccin de las organizaciones de masas influenciadas en cada sector social para

    consolidar un escenario de despliegue en el campo de la lucha de masas, son algunas de las

    razones por las cuales Estado y FARC-EP dan cuenta de un inters indito en los procesos de

    negociacin en Colombia de llegar, por la va del dilogo y la concertacin, a la concrecin

    efectiva de la solucin poltica del conflicto. Negociar para arreciar la guerra no parece ser,

    entonces, la motivacin de ninguno de los actores del dilogo.

    Muestra de lo anterior fue la discrecin con que se iniciaron los acercamientos, a finales del

    segundo gobierno de lvaro Uribe, entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, con la mediacin

    de un empresario vallecaucano, amigo de Pablo Catatumbo. De la misma manera, a diferencia

    de la Agenda Comn, la gua rectora de los dilogos de La Habana, si bien cuenta con el mismo

    espritu reformista (necesario para avanzar en el camino de la solucin poltica), abarca un

    conjunto de puntos especficamente dispuestos para el pronto arribo a buen puerto de los

    dilogos. El denominado Acuerdo General para la terminacin del conflicto y la construccin

    de una paz estable y duradera, elaborado durante el Encuentro Exploratorio que tuvo lugar en

    la capital cubana entre el 23 de febrero y el 26 de agosto del 2012. Basado en la premisa de la

    decisin mutua de poner fin al conflicto como condicin esencial para la construccin de la paz

    estable y duradera, el Acuerdo contiene los siguientes ejes temticos:

    1. Poltica de desarrollo agrario integral

    2. Participacin poltica

    3. Fin del conflicto

    4. Solucin al problema de las drogas ilcitas

    5. Vctimas

    6. Implementacin, verificacin y refrendacin

    El Acuerdo de La Habana, a diferencia de su contraparte del Cagun, contiene igualmente unas

    reglas de funcionamiento que determinan desde la composicin de las delegaciones y voceras

    de ambas partes hasta la financiacin de la mesa y los principios bajo los cuales se regir su

    desarrollo metodolgico.

    Lo anterior, sin embargo, no est exento de dificultades. Desde el prembulo del acuerdo, se

    advierte una fuerte contradiccin en la comprensin de los alcances y la dimensin real de la

    mesa y sus eventuales acuerdos finales en la redefinicin de las estructuras polticas,

    econmicas y sociales del pas. Los lineamientos del prembulo son los siguientes:

  • 20

    La construccin de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participacin de

    todos, sin distincin, incluidas otras organizaciones guerrilleras a las que invitamos a unirse a este

    propsito;

    El respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional, es un fin del Estado que

    debe promoverse;

    El desarrollo econmico con justicia social y en armona con el medio ambiente, es garanta de paz y

    progreso;

    El desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las grandes mayoras, permite crecer como pas;

    Una Colombia en paz jugar un papel activo y soberano en la paz y el desarrollo regional y mundial;

    Es importante ampliar la democracia como condicin para lograr las bases slidas de la paz.

    El avance irregular de los dos aos corridos de negociacin que lleva el proceso de paz de La

    Habana permite, en ese sentido, trazar lneas de continuidad con los dilogos del Cagun, que,

    en ltimas, afectan la dinmica interna de la mesa y limitan su potencialidad transformadora.

    De un lado, la amplitud de los lineamientos del prembulo se ha prestado para la interpretacin

    contradictoria de las partes. De un lado, las FARC-EP han trabajado bajo la premisa de que las

    reformas democrticas de avanzada, la apertura poltica, la reforma agraria integral, etc., deben

    ser condiciones de necesidad para propiciar, no slo la elaboracin de un texto de acuerdo final,

    sino la concrecin efectiva de la terminacin del conflicto por la va de la solucin poltica

    dialogada. De otro lado, el Gobierno ha reiterado incesantemente que trabaja sobre la base de

    que nada est acordado hasta que todo est acordado y que los cambios en el modelo

    econmico, la doctrina militar y el rgimen poltico no hacen parte de la agenda de negociacin.

    Estas contradicciones de fondo, adems de las contradicciones de forma sobre la participacin

    de la sociedad colombiana en la construccin de los acuerdos y sobre su implementacin,

    verificacin y refrendacin, marcan la pauta sobre las dificultades de avance del proceso en

    clave de armonizarlos con el eje analtico mencionado con anterioridad. En esa medida, la

    negativa gubernamental a pactar un tratado de regularizacin de la guerra, a acordar las

    condiciones de una tregua y cese al fuego bilateral, etc.; es decir, la obcecacin en torno a la

    premisa de negociar en medio de la guerra, constituye el principal reto a afrontar por parte de

    ambos actores, por cuanto el fragor de la confrontacin tiene una resonancia adicional por darse

    durante un perodo de negociacin. La dinmica reciente del conflicto ha venido profundizando,

    entonces, la dislocacin entre el ambiente y la dinmica interna de los dilogos que han

    producido varias cuartillas de acuerdos parciales sobre los temas 1, 2, 4 y 5 de la agenda y el

    frgil consenso social en Colombia sobre la necesidad de los dilogos de paz. La actitud

    dubitativa del Gobierno frente al desmantelamiento definitivo del paramilitarismo, a la

    desarticulacin de los vasos comunicantes entre la cpula militar y la ultraderecha enemiga de

    los dilogos, a la importancia de ampliar el debate nacional con participacin de todos los

    sectores sociales y polticos sobre cada punto de la agenda de La Habana, as como la

    imposicin reiterativa de tiempos fatales para la negociacin, obstaculiza la ampliacin del

    respaldo social a los dilogos y, por lo tanto, le resta legitimidad y capacidad de maniobra a la

    mesa en su propsito de mancomunar esfuerzos para la terminacin del conflicto.

    No obstante lo anterior, la posibilidad de la solucin poltica nunca haba estado tan cercana: la

    granularidad de los acuerdos parciales alcanzados en los temas de Desarrollo Agrario Integral,

    Participacin Poltica y Drogas Ilcitas dan cuenta de esta realidad. Este aspecto contrasta

  • 21

    diametralmente con el paquidrmico ritmo de la negociacin en El Cagun, que nunca alcanz

    a llegar al momento de difusin de acuerdos sobre algn punto de la Agenda Comn. Hasta el

    momento, los avances son significativos aunque profundamente limitados y el reto reside en

    establecer un mecanismo consensuado para dirimir los disensos que perduran con la

    participacin abierta, amplia, plural y democrtica de los sectores sociales y polticos

    directamente involucrados en la espiral de violencia poltica que caracteriza al conflicto armado

    colombiano. La bsqueda de puntos de medios entre las posturas de la insurgencia y el Estado,

    sobre la base del mutuo reconocimiento y la disposicin a concederle al adversario los mritos

    que le corresponden, debe ser la gua para acelerar la marcha de los dilogos sin forzar los

    tiempos y ritmos de la negociacin. Como seala Vicenc Fisas, iniciar y desarrollar un proceso

    de paz es, pues, una autntica aventura, un reto maysculo lleno de incertidumbres, obstculos

    y posibilidades. Hay quien lo ha comparado con la primera escalada a una montaa, pero sin

    mapas de relieve, con lo que ello supone de misterio y de riesgo, al tener que enfrentar cuestas

    no previstas, desniveles frecuentes y cimas aparentemente inalcanzables. Si en el proceso de

    paz hay una mediacin y un buen acompaamiento social, en el smil significara que contamos

    con un gua que nos ayuda a organizar la estrategia de escalada y con personas que nos

    acompaan en la ascensin, lo que nos har ms llevadera la cuesta y nos posibilitar llegar a

    la cumbre en compaa, para disfrutar del logro, y lo que es tambin de vital importancia,

    regresar al punto de partida con seguridad (Fisas, 2010).

    Los dilogos de La Habana cuentan, en ese sentido, con una disposicin subjetiva de los

    actores que no cuenta con parangn alguno, en tanto se trata de una negociacin entre una

    insurgencia debilitada militarmente, pero lejana a ser derrotada estratgicamente, y un Estado

    fortalecido en el campo de la guerra, pero sin margen de maniobra para introducir los cambios

    sociales necesarios en la implementacin del modelo econmico actual. Ni el asesinato de los

    comandantes Jorge Briceo y Alfonso Cano de las FARC-EP durante la fase exploratoria de los

    dilogos, ni la captura por primera vez en la historia de un general de las FFMM por parte

    de la insurgencia, han bastado para quebrantar definitivamente la frgil confianza entre las

    partes. Bien deca Pablo Catatumbo recientemente, esta vez s vamos a firmar la paz. Sin

    lugar a dudas, como nunca antes, es mucho lo avanzado; pero es mucho ms lo que falta por

    avanzar en el camino espinoso de la construccin de la paz. El punto de inflexin definitivo hacia

    el fin de la guerra, el trnsito a travs del umbral de la solucin poltica, an dista de ser

    inminente. Es momento de pasar de la voluntad de paz llana y abstracta a la concreta voluntad

    de cambio para una paz realmente estable y duradera, la paz con democracia y justicia social.

  • 22

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