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DEBIDO PROCESO
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PONENCIA PRESENTADA ANTE EL XIX ENCUENTRO PANAMERICANO DE DERECHO PROCESAL - ASUNCIÓN -
PARAGUAY 15 al 17 de noviembre de 2.006
EL CONCEPTO DEL DEBIDO PROCESO
Cora Farias Altuve Profesora de la Cátedra de Procedimientos Inquilinarios en la Universidad Central de Venezuela. Miembro del Instituto Venezolano de Derecho Procesal. Miembro de la Fundación del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Sección Venezuela. 1. Introducción El 30 de diciembre de 1.999 se publica en la Gaceta Oficial No. 36.860 el texto
oficial de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reimpreso
posteriormente con correcciones en la Gaceta Oficial No. 5.453 de fecha 24 de
marzo de 2.000. Fue elaborada por la Asamblea Constituyente convocada por
el Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, electa en fecha 25
de julio de 1.999 en medio de un proceso de cambio político radical dentro del
cual se aprueba en fecha 15 de diciembre de 1.999 mediante referéndum
aprobatorio.
Los principios allí consagrados pretenden garantizar la seguridad de continuar
avanzando conforme lo requiera la realidad nacional hacia estadios superiores
de organización social y cultural. Representan aquellas líneas básicas de la
vida política nacional en las cuales puede haber y exista convergencia de
pensamientos y opiniones en la inmensa mayoría de los venezolanos.
No obstante lo anotado, es menester destacar el punto relativo a la
determinación del texto material de la Constitución, esto es, ¿cuál es la versión
de la Constitución a la que hemos de atender, si a la aparecida en la Gaceta
Oficial del 30 de diciembre de 1.999 o a la edición posterior del 24 de marzo de
2.000?...Es decir, que la Constitución inicialmente publicada en diciembre de
2
1.999, fue reeditada en marzo de 2.000 para enmendar los errores materiales
que la afectaban. Aparecía la Gaceta Oficial en el mes de marzo; todos en una
forma u otra, comenzamos a comparar los textos, de cuyo proceso se supo de
relieve que existían diferencias entre ambos, no constitutivas simplemente de la
corrección de errores materiales, al punto tal que, quien analice la Constitución
tiene que hacer una escogencia previa, sobre cuál de los dos textos será el
objeto de su estudio.1
La constitucionalización de las normas sobre derechos y garantías procesales
en la Constitución no es una simple formalización de reglas, conceptos y
principios elaborados dogmáticamente por el Derecho Procesal, sino la
consagración de normas que han adquirido un significado distinto desde el
momento de su incorporación en el Texto Constitucional, por ser normas de
garantía que configuran la tutela del ciudadano frente a los Poderes Públicos y
los particulares entre sí.
De tal carácter deviene que deben ser interpretadas teniendo en consideración
a todas las demás reglas constitucionales con las que guarda relación e
inevitablemente tal interpretación estará influenciada por los valores, normas y
principios que inspiran el orden constitucional en el cual se consagran y por el
necesario balance del contenido esencial de los derechos presentes en el
proceso. Es por ello que resultaría inadecuado pretender interpretar la norma
constitucional desde la norma misma; ya que por el contrario, es la norma legal
la que debe ser examinada bajo el prisma constitucional.
La Carta Fundamental se recibió como la mejor expresión de las aspiraciones a
una vida de libertad, de bienestar general y justicia social porque a través de
sus normas y principios se concretan propósitos definidos: ser exponente de un
orden democrático ajustado a las fundamentales aspiraciones de los
venezolanos y de la Nación venezolana, producto de normas que ya tienen un
valor universal y la consecuencia directa de una revolución nacional en marcha
que no quiere quedarse atrás en la inquieta lucha de un destino mejor.
1 RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard. “Ad imis fundamentis” Análisis de la Constitución Venezolana de 1999”. Editorial Ex Libris, 2da. Edición. Caracas, 2.001, págs. 28, 29 y 32.
3
Conforme al ajustado análisis planteado en la obra de la administrativista
Hildegard Rondón de Sansó como fuere indicado, el artículo 49 enuncia el
debido proceso y presenta diferencias de puntuación en su encabezamiento.
Así en el texto de 1999 dice: “...el debido proceso se aplicará a todas las
actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia...”; en cuanto que
en el texto del año 2.000 se lee”...judiciales y administrativas y; en
consecuencia...” No obstante la diferencia, la regulación de la norma en estos
términos, no es significativa a objeto de conformar un nuevo texto ni el cambio
es relevante respecto a la versión originaria de la Constitución así como las
críticas que su inclusión plantea, lo cual permitirá su análisis sin hacer
valoraciones sobre ello.
Afirma René Molina Galicia que “la concepción misma de la fuerza normativa
de la Constitución, exige a su vez la existencia de “garantías” que aseguren
eficazmente su cumplimiento. La fuerza normativa de la Constitución, su
eficacia, dependen de las propias garantías. Así, dentro de una concepción
restringida tendríamos como mecanismos de protección, esto es, de garantía
de los derechos, entre otros, la acción de amparo (artículo 27), Habeas Corpus
(artículo 44), Habeas Data (arts. 28 y 143), El debido proceso (art. 49). En
cambio, en una concepción amplia, la Constitución es, en sí misma un límite o
freno al poder del Estado, conformando en consecuencia una garantía de
carácter genérico a favor del ciudadano.”2
Se ha establecido de manera detallada en el artículo 49 de nuestra Carta
Magna que “el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y
administrativas” englobando el derecho a la defensa, la presunción de
inocencia, el derecho a ser oído, el derecho a ser juzgado por su juez natural
que debe ser competente, independiente e imparcial, la garantía de la
confesión, el principio nullum crimen nulla poena sine lege, el principio non bis
in idem y la garantía de la responsabilidad del Estado por errores o retardos
judiciales.
2 MOLINA GALICIA, René. “Reflexiones sobre una visión constitucional del proceso y su tendencia jurisprudencial”. Ediciones Paredes, Caracas, 2.002, pág. 30.
4
A partir del año 2.000, en Venezuela el derecho al debido proceso aparece
configurado con sustantividad propia a través de sentencias emanadas del
Tribunal Supremo de Justicia especialmente de la Sala Constitucional,
considerado con las debidas garantías y afirmando la necesidad de interpretar
el artículo 49 en sentido integrador con el derecho a la tutela judicial efectiva,
derecho matriz que lo engloba coexistiendo pacífica y complementariamente
sin que ello signifique la subordinación de uno a otro derecho.
En este aspecto, el administrativista Jesús González Pérez al referirse al
artículo 24 de la Constitución Española en lo que atañe al derecho al debido
proceso expresa que “el derecho a la tutela judicial efectiva no es otro que el
derecho de acceso al proceso, sea a un proceso no desnaturalizado que pueda
cumplir su misión de satisfacer las pretensiones que se formulen mientras que
el debido proceso es aquel proceso que reúne las garantías ineludibles para
que la tutela jurisdiccional sea efectiva, empezando por la garantía del juez
natural.3
Por sentencia N° 926 de fecha 01 de junio de 2.001 la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia determinó que “la garantía del debido proceso
persigue que los derechos que poseen las partes dentro del mismo
permanezcan incólumes sin que se vean limitados o restringidos de manera tal
que impida el ejercicio pleno y efectivo de otros derechos relevantes dentro del
proceso que menoscaben las garantías que debe ofrecer. Es decir, que lo
determinante de la realización de esta garantía es que no exista una limitación
insoportable en una de las partes que restrinja el libre y seguro ejercicio de los
derechos del justiciable dentro del proceso por una actuación antijurídica dentro
de sus componentes”.
El proceso no es más que un medio para asegurar la solución justa de una
controversia, a la cual contribuyen el conjunto de actos de diversas
características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso
legal. En este sentido, el artículo 8° de la Convención Americana sobre
3 BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, José Manuel. “El Derecho Fundamental al Proceso Debido y el Tribunal Constitucional”. Editorial Aranzadi, Pamplona, 1.992, pág. 99.
5
Derechos Humanos consagra los lineamientos generales del denominado
debido proceso legal o derecho de defensa procesal, el cual abarca las
condiciones que deben cumplirse fatalmente para asegurar la adecuada
defensa de los sujetos cuyos derechos u obligaciones está bajo consideración
judicial.4
El presente trabajo tiene como finalidad destacar el tratamiento especial y
actual que en materia del régimen general de las garantías constitucionales de
los derechos humanos caracteriza al Debido Proceso, la más importante de
las garantías constitucionales además del acceso a la justicia y el derecho a la
tutela judicial efectiva, esto es, que la justicia se imparta de acuerdo con la
normativa establecida en la Constitución y las leyes en el curso de un debido
proceso, cuyos principios se aplican no sólo a las actuaciones judiciales sino
administrativas5.
2. El concepto del debido proceso
El debido proceso es un derecho fundamental, parte esencial de los derechos
humanos elevado al rango de norma constitucional con el fin de preservar su
integridad: tiene protección internacional a través de los sistemas de
salvaguarda de los derechos humanos, tanto a nivel mundial como a nivel
regional: es el límite entre el derecho y la arbitrariedad en el campo de la
administración de justicia.
Nace cuando el Parlamento inglés integrado por los lores y los comunes logra
imponerle al rey en la Carta Magna, límites a su autoritarismo. Los colonos
ingleses que perseguidos por sus convicciones políticas y religiosas se refugian
en América, incorporan a la Constitución de los Estados Unidos de América el
debido proceso legal como uno de los derechos y libertades fundamentales,
según el ideario de la revolución francesa de 1.789.
4 ZAMBRANO, Freddy. “La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1.999 Comentada. Tomo I” Editorial Atenea. 2da. Edición. Caracas, 2.006, pág. 303. 5 BREWER CARÍAS, Allan R. “La Constitución de 1.999”. Editorial Arte, Caracas, 2.000, pág. 164.
6
A partir de entonces, todas las Constituciones del mundo incorporan esta
garantía dentro del catálogo de sus derechos y libertades fundamentales, como
límite al poder omnímodo del Estado, reforzada por la garantía del juicio justo y
equitativo. Pero como la protección del derecho interno no es suficiente, tal
como ocurrió con las tiranías totalitarias del siglo XX, el debido proceso quedó
incorporado en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que lo
protegen frente a violaciones internas en los Estados. Es, sin duda, el medio
judicial más importante para amparar el derecho a la vida, a la libertad y a la
propiedad.
A partir de la quinta y sexta enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos
de América de 1.787, prácticamente todas las Constituciones de los Estados
Democráticos incorporaron las garantías del debido proceso y el juicio público,
equitativo e imparcial y les confirieron rango de derecho fundamental. Reciben
el nombre de garantías judiciales a partir de su incorporación en el artículo 8°
de la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1.969 o “Pacto de
San José”. Al comenzar el siglo XXI, todas las Constituciones de América
Latina consagran la garantía universal del debido proceso que durante muchos
años estuvo en códigos poco respetados. Es un avance importante porque el
debido proceso y el juicio justo, aparte de ser un derecho fundamental y
sustancial, es también el instrumento procesal más importante para la
protección de los derechos y libertades fundamentales.
En la Constitución de la República Argentina de 1.853 con sus reformas
posteriores, contiene este derecho en el artículo 18 en términos sencillos y de
valiosa interpretación; la Constitución de Bolivia de 1.967 destina el artículo 16
al debido proceso y al juicio justo; la Constitución de la República Federativa
del Brasil de 1.988 incluye en el artículo 5 varias disposiciones que integran el
debido proceso y el juicio justo; la Constitución de Costa Rica de 1.949
revisada y actualizada en 1.996 destina los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42 y 48 a la garantía del debido proceso y el juicio justo; la Constitución
Cubana de 1.976 lo regula en el artículo 58; la Constitución Chilena de 1.980
establece en el artículo 58 al debido proceso; la Constitución del Ecuador
7
promulgada en 1.983 consagra el juicio justo y el debido proceso bajo el
derecho a la libertad y seguridad personales en el artículo 19, numeral 17; La
Constitución de El Salvador de 1.983 en los artículos 11, 12, 14, 15, 16 y 17
regula -asimismo- este derecho; La Constitución de Guatemala de 1.985
determina en los artículos 12, 13 y 14 el debido proceso y el juicio justo; La
Constitución de Honduras de 1.982 contiene preceptos relacionados con esta
garantía en los artículos 88 al 98; La Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos de 1.917 con modificaciones posteriores destina los artículos 13, 14,
16, 17, 20 y 21 al debido proceso legal y al juicio justo; La Constitución de
Nicaragua de 1.986 se refiere al debido proceso y juicio justo en los artículos
33, 234, 35, 37 y 38; La Constitución de Panamá enmendada por los actos
reformatorios de 1.978 y el Acto Constitucional de 1.983, destina los artículos
21, 25 y 32 al debido proceso; La Constitución de Paraguay de 1.992 lo
contempla en los artículos 13, 14, 16, 17, 18, 21 y 22; La Constitución de 1.993
del Perú involucra el debido proceso dentro del derecho a la libertad y
seguridad personal en los artículos 24 y 139; La Constitución de 1.966 de la
República Dominicana en el numeral 2° del artículo 8 contempla el debido
proceso dentro del derecho a la seguridad individual; La Constitución de 1.967
de la República Oriental del Uruguay regula en los artículos 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 254 y 255 el debido proceso y el juicio justo y finalmente,
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José”
en vigor a partir del 18 de julio de 1.978 consagra en el artículo 8° el debido
proceso o garantías judiciales, siendo ésta la que más número de casos ha
generado ante la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos en
relación a los demás derechos humanos protegidos por esta Convención.6
Por su parte, la inserción del derecho al debido proceso en el artículo 49 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela integrado en el Título III
“De los Deberes, Derechos Humanos y Garantías” denominado Capítulo III “De
los Derechos Civiles”, revela el carácter fundamental que el Constituyente ha
6 CAMARGO, Pedro Pablo. “El Debido Proceso”. Editorial Leyer, 2da. Edición, Bogotá, 2.002. Págs. 17, 20, 27, 37, 40-61.
8
optado para albergar no un mero derecho a la jurisdicción ni un agotado
derecho de acción, sino el reconocimiento del derecho de todas las personas a
obtener la tutela efectiva de sus derechos por parte de los jueces y Tribunales y
describir una serie de garantías procesales esenciales expresadas en los
párrafos de la norma constitucional:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo
estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene
derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de
acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios
adecuados para ejercer su defensa. (Derecho a la defensa)
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
(Presunción de inocencia)
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso,
con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado
legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial
establecido con anterioridad. (Derecho a ser oído)
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en
las jurisdicciones ordinarias o especiales con las garantías establecidas
en esta Constitución y en la ley. (Derecho al juez natural)
5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar
contra sí misma. (Derecho a no confesión contra sí mismo)
6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no
fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes
preexistentes. (Sanciones en leyes preexistentes)
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en
virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. (Principio Non
bis in idem)
8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación
de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión
injustificados.(Responsabilidad del Estado por errores judiciales)
9
El derecho al debido proceso constituye una garantía inherente a la persona
humana y aplicable a cualquier clase de procedimiento, siendo entendido como
el trámite que permite oír a las partes de la manera prevista en la Ley y que
ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para
imponer sus defensas.
Es -entonces- el conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a
cualquier proceso que le aseguran a lo largo del mismo una recta y cumplida
administración de justicia; que le aseguran la libertad y la seguridad jurídica, la
racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a
Derecho. Desde este punto de vista, es el principio madre o generatriz del cual
dimanan todos y cada uno de los principios del Derecho Procesal.
En relación a esta garantía constitucional, por sentencia N° 02742 de fecha 20
de noviembre de 2.001 la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia precisó que “se trata de un derecho complejo que encierra dentro de sí,
un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para
el procesado, entre los que figuran, el derecho de acceder a la justicia, el
derecho a ser oído, el derecho a la articulación de un proceso debido, derecho
de acceso a los recursos legalmente establecidos, derecho a un tribunal
competente, independiente e imparcial, derecho a obtener una resolución de
fondo fundada en derecho, derecho a un proceso sin dilaciones indebidas,
derecho a la ejecución de las sentencias, entre otros, que se vienen
configurando a través de la jurisprudencia. Todos estos derechos se
desprenden de los ocho ordinales que consagra el artículo 49 de la Carta
Fundamental. El artículo in comento establece que el debido proceso es un
derecho aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas,
disposición que tiene su fundamento en el principio de igualdad ante la ley,
dado que el debido proceso significa que ambas partes en el procedimiento
administrativo como en el proceso judicial, deben tener igualdad de
oportunidades tanto en la defensa de sus respectivos derechos como en la
producción de las pruebas destinadas a acreditarlos. En este mismo orden de
ideas, el derecho a la defensa previsto con carácter general como principio en
10
el citado artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, adoptado y aceptado en la jurisprudencia en materia administrativa,
tiene también una consagración múltiple en la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos la cual en diversas normas, precisa su sentido y
manifestaciones. Se regulan así los otros derechos conexos como son el
derecho a ser oído, el derecho a hacerse parte, el derecho a ser notificado, a
tener acceso al expediente, a presentar pruebas y a ser informado de los
recursos para ejercer la defensa.”
El artículo 49 proclama en su encabezamiento un derecho que para el
sostenimiento de los legítimos intereses se abra y sustancie un proceso en el
que se cumplan y observen las garantías que el propio precepto enumera,
exponiéndose de esta manera la función garantista del reconocimiento del
derecho a la tutela judicial efectiva en la Constitución, como medio con
sustantividad propia de servir de protección de los derechos y libertades
alcanzando relieve en nuestro sistema jurídico las palabras de Calamandrei
sobre la necesidad de un proceso equitativo, respetuoso de la persona humana
como cauce de defensa de las libertades.7
Las garantías al debido proceso detalladas en la norma citada han sido
analizadas extensamente por el Tribunal Supremo de Justicia como una
“garantía suprema dentro de un Estado de Derecho” es por ello que en
sentencia N° 97 del día 15 de marzo de 2.000, la Sala Constitucional señaló
que “se denomina debido proceso a aquel proceso que reúne las garantías
indispensables para que exista una tutela judicial efectiva” no siendo una clase
determinada de proceso, “sino la necesidad de que cualquiera sea la vía
escogida para la defensa de los derechos e intereses legítimos, las leyes
procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el
derecho de defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva”.
La norma bajo estudio regula el derecho a la defensa en su ordinal 1°
reconocido constitucionalmente como aquél que se extiende a todas las
relaciones de naturaleza jurídica que ocurren en la vida cotidiana y en aquellas 7 CALAMANDREI, Piero. “Processo e Giustizia”. Rivista di Diritto Processuale, 1.950, pág. 273.
11
situaciones en las cuales los derechos de los particulares son afectados por
una autoridad pública o privada integrando la asistencia jurídica como derechos
inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Precisa
además que toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los
cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y de los
medios adecuados para ejercer su defensa. Contempla como garantía en
materia probatoria un tipo de nulidad constitucional en forma expresa al
considerar como nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido
proceso resaltando el carácter capital que la actividad probatoria tiene en la
impartición de la justicia, debido a que no se trata de un derecho fundamental
restringido al ámbito penal sino aplicable en todos los órdenes jurisdiccionales.
Cabe decir, que el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes es el
derecho que ostenta todo justiciable en todo tipo de proceso. Regula asimismo,
el derecho a la doble instancia o efectiva posibilidad de revisión de los fallos
dictados con las excepciones establecidas en la Constitución y la ley; el ordinal
2° determina la presunción de inocencia más como principio constitucional que
como derecho, con una proyección tanto extraprocesal como procesal
mediante la cual se atiende al derecho a no ser condenado sin una precisa
decisión que así lo declare por una parte y por la otra, a la existencia de una
actividad probatoria suficiente con la participación del acusado y un adecuado
razonamiento del nexo causal entre la norma y la situación concreta. La
consagración de este derecho comporta que un buen número de reglas
probatorias en el proceso penal deriven directamente de la Constitución; el
ordinal 3° regula el derecho a ser oído en cualquier clase de proceso con las
debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un
tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad:
comprende el derecho de formular alegatos y presentar pruebas. Esta
expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa
o judicial que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones
de las partes, por lo cual se considera que cualquier órgano del Estado que
ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de
12
adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso en los
términos del artículo 8° de la Convención Americana.8 Del mismo modo,
concreta que quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera
verbal, tiene derecho a un intérprete; el ordinal 4° se refiere al derecho a ser
juzgado por el juez natural que debe ser competente, independiente e imparcial
el cual debe existir como órgano jurisdiccional con anterioridad a los hechos
litigiosos sin que pueda crearse un órgano jurisdiccional para conocer
únicamente dichos hechos después de ocurridos, lo cual radica en la necesidad
de que el proceso sea decidido por el juez ordinario: el que resulte más idóneo
o adecuado para emitir el pronunciamiento. Al respecto, la Corte
Interamericana ha señalado que la jurisdicción militar no es la naturalmente
aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que, por ello, no pueden
incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter.
Además, cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que
debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y a
fortiori, al debido proceso.9 Prevé que ninguna persona podrá ser sometida a
juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por
tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto; el ordinal 5°
contempla el derecho a la no confesión contra sí mismo en cuanto ninguna
persona puede ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma,
su cónyuge, concubina o concubino o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad y solamente será válida, si fuere hecha
sin coacción de ninguna naturaleza. Ambos enunciados proclaman un único
derecho fundamental cuyo contenido básico consiste en no realizar
declaraciones perjudiciales y no son ejercitables fuera del ámbito sancionador
pero dentro de éste se proyecta tanto en el proceso penal como en el
procedimiento administrativo sancionador. Tienen un carácter instrumental en
el sentido que se trata de derechos que constituyen una manifestación del
derecho de defensa porque participan de la misma ratio que el derecho de
8 ZAMBRANO, Freddy. Ob. cit., Pág. 304. 9 ZAMBRANO, Freddy. Ob. cit., Págs. 306 y 307.
13
defensa en el ámbito sancionador; el ordinal 6° recoge el principio nullum
crimen nulla poena sine lege de que ninguna persona puede ser sancionada
por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o
infracciones en leyes preexistentes. Este principio de reserva legal impide la
interpretación analógica de las normas de Derecho Penal y encabeza el
articulado de nuestro Código Penal con idéntica formulación. Se halla
establecido en algunas Constituciones con el siguiente enunciado “todos tienen
derecho de hacer lo que no perjudique al otro y nadie estará obligado a hacer
lo que no estuviere legalmente ordenado, ni impedido de ejecutar lo que la ley
no prohíbe”;10 el ordinal 7° establece el principio non bis in idem cuando prevé
que ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en
virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. El artículo 8.4. la
Convención Americana de los Derechos Humanos recoge este principio,
constituyendo el caso Loayza Tamayo la primera oportunidad en que la Corte
Interamericana se pronuncia al respecto cuando señala que este derecho se ve
afectado cuando las normas penales no establecen claramente cuál es el
contenido de un tipo penal y por ende, puede ser confundido o equiparado a
otro y finalmente, el ordinal 8° determina la responsabilidad del Estado por
errores judiciales, retardo u omisión injustificados quedando siempre a salvo, el
derecho del particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o
juez y del Estado y de actuar contra éstos.11 Es la opción a la persona que ha
sido víctima de un error judicial o retardo procesal u omisión injustificados de
solicitar del Estado el restablecimiento de la situación jurídica lesionada por la
actuación judicial así como exigir subsidiariamente al Estado y al magistrado o
juez causante del agravio, la reparación de los daños y perjuicios causados. Se
trata de una responsabilidad por hecho ajeno, a la cual se le aplican los
principios generales del derecho común, en concordancia con la parte in fine
del artículo 255 de la Constitución.12
10ZAMBRANO, Freddy. Ob. cit., Pág 317. 11 BREWER CARÍAS, Allan R. “La Constitución de 1.999. Derecho Constitucional Venezolano”. Tomo II. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2.004, págs. 697-706. 12 ZAMBRANO, Freddy. Ob. cit., Pág. 318.
14
3. Conclusiones
El Estado es quien administra la justicia y detenta el monopolio de la
jurisdicción, razón por la cual los mandatos utilizados por él para dirimir los
conflictos se realizan a través de la jurisdicción. El monopolio de la jurisdicción
es el resultado natural de la formación del Estado que trae consigo
consecuencias tanto para los individuos como para el propio Estado. Para los
primeros, alejó definitivamente la posibilidad de reacciones inmediatas por
parte de cualquier titular, consecuentemente ellos se encuentran impedidos de
actuar privadamente para la realización de sus intereses y para el segundo,
creó el deber de prestar la tutela jurisdiccional efectiva a cualquier persona que
lo solicite. La suma de estas dos consecuencias genera indistintamente para
todas las personas una promesa de protección a todos aquellos que necesiten
de justicia, es decir, desde el momento que el Estado monopoliza la
distribución de la justicia se comprometió a garantizar y asegurar la protección
de aquellos individuos que necesiten de ella.13
El derecho al debido proceso se aplica a toda actuación sea judicial o
administrativa siendo fundamental para toda persona afectada en sus derechos
e intereses e impone que el Estado le asegure justicia imparcial, pronta,
expedita con arreglo a las garantías basadas en la dignidad humana
contenidas en nuestra Constitución como en los Pactos Internacionales de
Derechos Humanos.
En los momentos actuales ante la falta de credibilidad en el Poder Judicial
básicamente por la presencia del factor político que influye notablemente en
muchas decisiones, es cuando debe tenerse presente la necesidad de la
aplicación del debido proceso acorde con la realidad social y compatible con
los postulados constitucionales.
13 GUIMARAES RIBEIRO, Darci. “La Pretensión Procesal y la Tutela Judicial Efectiva: Hacia una Teoría Procesal del Derecho.” J.M. Bosch Editor, Barcelona, 2.004, Págs. 76 y 77.
15
Como acertadamente acota el maestro Carlos Parodi Remón, “Prevaleciendo el
sentimiento de la solidaridad sobre el egoísmo yermo e infértil, es claro que a
todos nos debe interesar un Poder Judicial eficaz, probo, honesto y
especialmente confiable. El drama judicial, ha de apreciarse en función no del
juez sino del justiciable. Y tanto uno como otro, forman parte una comunidad,
de un grupo social.... En otras palabras, el éxito o el fracaso, no es sólo del juez
sino de todos. Pero es una responsabilidad sugerente, diáfana, digna.14
Es menester que el Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala
Constitucional mantenga posiciones firmes y no vacilantes en el manejo e
interpretación del debido proceso en consonancia con las garantías que de él
se derivan y constituir el auténtico escudo protector de los ciudadanos.
La interpretación meridiana de este derecho fundamental no puede ser
restrictiva en un Estado de Derecho democrático porque los derechos humanos
no pueden estar al capricho de las razones del Estado o del pretendido “interés
general” sino acorde con los postulados de la Constitución.
El contenido del derecho al debido proceso recogido en el artículo 49 de
nuestra Constitución es de aplicación imperativa, en tanto se erige en
mecanismos destinados a salvaguardar el derecho a la defensa de los
justiciables. No todo error de procedimiento que cometan los jueces, ni todos
los errores cometidos en la escogencia de la ley aplicable o en su
interpretación, constituye infracción a este derecho. Sólo cuando la violación de
reglas legales resulte impeditiva del goce o ejercicio de los derechos y
facultades garantizados por la norma citada, se verificará la infracción
constitucional.
Debemos respetar los fines superiores como la libertad, la justicia, la dignidad
humana, la igualdad, la seguridad jurídica: así debe entenderse este derecho
fundamental en nuestra Carta Magna.
Lo contrario es atentar contra los postulados que imperan en un verdadero
Estado de Derecho.
14 PARODI REMÓN, Carlos. “Ensayos de Derecho Procesal: Hacia una Teoria Humanista del Derecho Procesal”. Editorial Huallaga, Lima, 2.002, Pág. 329.
16
CORA FARIAS ALTUVE
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