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EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A. C.
CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS
DOCTORADO EN HISTORIA
El centralismo desde las regiones: Juntas y Asambleas de los departamentos de Jalisco y México, 1835-1846
Tesis que para obtener el grado de doctor en historia
Presenta
PEDRO JAVIER CUETO MICHEL
Dr. JOSÉ ANTONIO SERRANO ORTEGA Director
Zamora, Michoacán
Junio, 2020
El centralismo desde las regiones: Juntas y Asambleas de los departamentos de
Jalisco y México, 1835-1846
Resumen
El Estado mexicano adoptó la forma unitaria entre 1835 y 1846 con el propósito de resarcir
los problemas de gobernabilidad producidos durante los años previos a su establecimiento.
Como parte del programa de las repúblicas centralistas de 1835 y 1843, en los
departamentos se instauraron Juntas y Asambleas departamentales respectivamente. Estos
cuerpos colegiados fueron confeccionados por los congresos constituyentes para reservar
el gobierno político en los poderes supremos de la nación, pero conservar el gobierno
económico descentralizado en las instancias intermedias e inferiores. Más que meras
entelequias fuera de la historia constitucional mexicana, su formulación estuvo ceñida por
la discusión acerca de la centralización del Estado acaecida desde los debates
constitucionales de la Monarquía española en 1812 y de la república federal mexicana de
1824 así como por contextos específicos de su época en los que privaba la desilusión del
modelo federal, la debilidad del gobierno nacional, la lucha entre facciones políticas, la
ambición de jefes del ejército y los intereses particulares de las regiones. El diseño de las
departamentales fue un reflejo de las condiciones experimentadas por los propios
constituyentes dentro y fuera del salón parlamentario.
Las respuestas de los grupos políticos de los departamentos de México y Jalisco hacia
las instituciones intermedias centralista no fueron réplicas de la experiencia nacional sino
que variaron de acuerdo al desarrollo regional de su propia vida política. El primero resintió
el traslado de su sede hacia la Ciudad de México en donde tuvo que convivir con los poderes
nacionales y el ayuntamiento de México. El segundo, fuera de la influencia del sector
federalista que lo identificó durante los primeros años nacionales, aceptó los esquemas
centralistas. Ambos arrogaron las medidas de electorales centralistas para evitar pugnas
internas y negociar los cargos de elección popular. Más que oponerse tajantemente, los
políticos regionales optaron por emplear y flexionar los parámetros centralistas en torno a
los departamentos para administrar sus territorios bajo la sombra del gobierno nacional.
Palabras claves: Formas de Estado, república centralista, sistema político, regiones, Jalisco,
Estado de México, 1835-1846.
Abstract
The Mexican State took the unitary form between 1835 and 1846 with the purpose of
compensating the problems of governance produced during the years prior to its
establishment. As part of the program of the centralist republics of 1835 and 1843, Juntas
and Asambleas departamentales were established in the departaments. These corporations
were created by the Constituent Congresses to reserve the gobierno político in the supreme
powers of the nation, but to maintain decentralized the gobierno económico in the
intermediate and lower levels of government. More than ideas outside in the Mexican
constitutional history, their formulation was constrained by the discussion about the
centralization of the State since the constitutional debates of the Spanish Monarchy in 1812
and the Mexican Federal Republic of 1824, as well as by specific contexts in which the
disillusionment with the federal model, the weakness of the national government, the
struggle between political factions, the ambition of army chiefs and the particular interests
of the regions prevailed. The design of the departamentales were a reflection of the
conditions experienced by the Constituent Congresses inside and outside the parliamentary
hall.
The responses of political groups in the departments of Mexico and Jalisco to the
centralist intermediate institutions were not replicas of the national experience and varied
according to the regional development of their own political life. The first resented the
transfer of its headquarters to Mexico City where it had to coexist with the national powers
and the Mexico City municipality council. The second, without the influence of the federalist
sector that identified it during the first years, accepted the centralist schemes. Both of them
accepted the centralist electoral measures to evade internal struggles and to negotiate the
of populary elected positions. Rather than strongly opposing them, regional politicians
chose to employ and bend the centralist parameters around the departments to administer
their territories under the shadow of the national government.
Key words: Forms of States, centralist republics, political system, regions, Jalisco, Estado de
México, 1835-1846.
¿A quién acusar? A nadie y a todo el mundo.
A los tiempos incompletos en los que vivimos.
Los Miserables, t. I, Víctor Hugo, p. 583.
AGRADECIMIENTOS
La elaboración de una tesis requiere de un gran esfuerzo personal. Invertir tiempo para
redactar un manuscrito que avanza lentamente. La fatiga, el ansia, las pequeñas victorias.
Todo es un sentimiento difícilmente compartible. Sin embargo, vanagloriarme de un trabajo
individual es una mentira. La tesis es un momento, un requerimiento incluso, del programa
de doctorado. Este trayecto no fue un recorrido en solitario. Al contrario, me han
acompañado instituciones y personas a lo largo de los más de cinco años. Sin su apoyo
económico, intelectual y moral me hubiera sido imposible concretar esta tarea. Agradecer
al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por otorgarme la beca de estudios
que me permitió avanzar en mi formación profesional. Con mucho cariño al Colegio de
Michoacán, particularmente al Centro de Estudios Históricos, por aceptarme en su
programa de doctorado en Historia y brindarme una experiencia que dimensionó mi forma
de entender la Historia. Reconocer el recurso adicional, las facilidades académicas y la
oportunidad de estudiar un objeto de investigación acorde a mis intereses y preocupaciones
intelectuales. Al Fideicomiso Felipe Teixidor y Monserrat Alfau de Teixidor por concederme
una beca para cerrar el trabajo de archivo y bibliotecas en la ciudad de México. A todos los
empleados de archivos y bibliotecas que consulté. Sin su trabajo sería quimérico el nuestro.
A la familia colmichiana. A los doce profesores del CEH por un primer voto de
confianza en la selección de la promoción a la que pertenecí y, posteriormente, por su
tiempo y conocimientos invertidos en clases. De manera especial al Dr. Thomas Calvo que
en dos cursos nos mostró la profundidad del oficio del historiador. Al personal
administrativo que va más allá de cumplir su función de una manera loable y dedica un
momento, unas palabras o un saludo que revierte el ritmo que impone el doctorado.
Agradecer ampliamente el trabajo de los lectores que con sus comentarios,
observaciones y críticas hicieron de ésta una mejor investigación. La integración de la Dra.
Nely García Corona y la Dra. María Pilar Gutiérrez Lorenzo aportó nuevas perspectivas que
fortalecieron lo hasta entonces avanzado. Durante todo el proceso, más de dos años, estuve
acompañado por dos grandes historiadores, el Dr. Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell y la Dra.
María del Carmen Salinas Sandoval. Desde enfoques diferentes, ambos me impulsaron a no
detenerme en la superficialidad de mis primeras impresiones y que discerniera tanto en la
estructura de mis argumentos como en la especificidad de mi objeto de estudio. Toda mi
admiración para ellos.
El mayor reconocimiento es para el Dr. José Antonio Serrano Ortega -m i maestro,
mi socio, mi mentor. En él encontré un interlocutor óptimo en el que proyectar mis premisas
e inquietudes. Cada asesoría era un aprendizaje sobre mi propio objeto de estudio. Llegar
con dos respuestas y salir con cinco preguntas. Esta tesis pudo llegar a puerto por su
magnífica dirección. Le estoy agradecido por su compromiso con la historiografía política
de la primera mitad del siglo XIX. Quedo con una deuda que me es imposible saldar, pero
que siempre abonaré para que mis futuros trabajos sean de su agrado.
A los compañeros de generación del CEH y de otros centros que me ofrecieron sus
conocimientos en temas ajenos a mis realidades tanto académicos como personales. Mi
experiencia del doctorado fue tan positiva debido a Casa Jalisco. Jose por su gran actitud
ante la vida. Buen karma para Isabel y Laura, amigas entrañables con las que compartí
pláticas interminables sobre historia a la mitad de un café o una papa zamorana. Gracias a
las dos sobrellevé obstáculos ridículos del doctorado y de Zamora.
A mis padres por recoger los retazos de hijo que llegaba a pernoctar a su casa
durante las vacaciones. Por aceptar sin condiciones una profesión tan extraña como lo es la
Historia. A mi hermana por todo su cariño y apoyo material, por el espacio que necesitaba
para finalizar con mi investigación. A mi hermano -C arn a l- por su particular manera de
hacerme ver la vida, con la seriedad y mofa a partes iguales. María, Francisco, Lina, Miguel,
Ivy, Matías, Valentina, Inés y Nicolás... mi familia. Por último y al final, porque así tiene que
ser, a Tania García por todos los buenos momentos compartidos en los últimos tres años.
Estoy convencido que coincidimos en el momento adecuado de nuestras vidas.
Tlajomulco, Junio 3 de junio de 2020.
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN_____________________________________________________________ 10
I. LOS PROGRAMAS CENTRALIZADORES PARA LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL, 1812
1832_______________________________________________________________________ 38
Dos momentos de centralización efectiva: Diputaciones provinciales y estados federales 41
El g o b ie r n o ec o n ó m ic o d e la s d ip u t a c io n e s p r o v in c ia les, 1812-1823 41
La c e n t r a liz a c ió n d e lo s e s t a d o s Ja l is c o y d e Méxic o , 1824-1827 55
T RES PROYECTOS PARA CENTRALIZAR LA PRIMERA REPÚBLICA FEDERAL 73
El c e n t r a lis m o en lo s d e b a t e s c o n s t it u y e n t e s d e 1824 73
El c e n t r a lis m o d e Yu ca tá n , 1829-1831 82
La fe d e r a liz a c ió n a la m a n is t a , 1830-1832 93
Conclusiones 103
II. REFORMAR O SUSTITUIR. LA CAÍDA DE LOS PRIMEROS FEDERALISMOS, 1832-1835 106
Entre la estabilidad y la oscilación: los estados de Jalisco y México en los Convenios de
Zavaleta 108
La radicalización de los federalismos 117
Lagos y Cuernavaca. Reacciones antirreformistas en Jalisco y el estado de México 133
Reformar o sustituir. Las últimas administraciones federalistas 147
Conclusiones 159
III. - LA CENTRALIZACIÓN d e s d e LOS DEPARTAMENTOS: LAS ju n t a s
DEPARTAMENTALES, 1835-1841______________________________________________ 163
La arquitectura institucional de las Juntas departamentales, 1835-1837 167
La conformación de las Juntas departamentales de México y Jalisco 190
Ele c c io n e s y v o c a les d e p a r t a m e n t a le s 192
6
Los reglamentos internos 211
La vid a in te r n a d e la s s e s io n e s 220
Los proyectos de reforma constitucional, 1840 229
Conclusiones 238
iv . el p u n t o m e d io d e la a d m in is t r c ió n t e r r it o r ia l : m il it a r e s y c e n t r a l is m o ,
1841-1843_________________________________________________________________ 243
La caída de las Siete Leyes: militares y comerciantes 246
Dictadura y representación departamental 261
El conflicto electoral en 1842: militares y federalistas 273
Conclusiones 284
V. d e s c e n t r a l iz a c ió n UNITARIA. la s ASAMBLEAS d e p a r t a m e n t a l e s , 1843-1846 287
Las propuestas para la administración territorial de los proyectos del Congreso
constituyente de 1842 289
La arquitectura institucional de las Asambleas departamentales, 1843 297
La conformación de las Asambleas departamentales de Jalisco y México 315
Ele c c io n e s y v o c a les d e p a r t a m e n t a le s 316
La vid a in te r n a d e la s s e s io n e s 329
Las reformas descentralizadoras de las Bases Orgánicas, 1845 336
Conclusiones 344
CONCLUSIONES g e n e r a l e s . el m o d e lo DEPARTAMENTAL m e x ic a n o , 1835-1846 348
ANEXOS___________________________________________________________________361
BIBLIOGRAFÍA Y f u e n t e s ___________________________________________________ 379
7
ÍNDICE DE CUADROS Y FIGURAS
Cu a d r o 1. Sesio n es de las Ju n ta s y As a m b le a s d e p a r t a m e n t a le s de Ja lisc o y Méx ic o , 1835-1846
37
Cu a d r o 2. Jer a r q u ía de lo s a y u n t a m ie n t o s de lo s esta d o s de Méx ic o y Ja lisc o 71
Cu a d r o 3. Ju n ta s d e p a r t a m e n t a le s de Ja lisc o y México , 1835-1841 192
Cu a d r o 4. Re q u e r im ie n t o s de ed ad e in g r eso s p a r a c iu d a d a n ía y c a r g o s p ú b lic o s en la r e p ú b lic a de
1836 193
Cu a d r o 5. Vo c a lía s de las Ju n ta s d e p a r t a m e n t a le s de Méx ic o y Ja lisc o , 1835-1843 199
Cu a d r o 6. Es t r u c t u r a o c u p a c io n a l de lo s v o c a le s de las Ju n ta s d e p a r t a m e n t a le s de Ja lisc o y
Méx ic o , 1835-1843 202
Cu a d r o 7. Ra n g o de ed a d es de lo s v o c a le s de las J u n ta s d e p a r t a m e n t a le s de Ja lisc o y Méx ic o ,
1835-1843 203
Cu a d r o 8. As ist e n c ia de lo s v o c a le s de las Ju n ta s d e p a r t a m e n t a le s de Ja lisc o y Méx ic o , 1835
1843 206
Cu a d r o 9. Vo c a les de las Ju n ta s d ep a r t a m e n t a le s q u e c u b r ier o n al g o b er n a d o r en Ja lisc o y
Méx ic o , 1835-1843 209
Cu a d r o 10. Se sio n es o r d in a r ia s de las JUNTAS d e p a r t a m e n t a le s de Ja lisc o y de Méx ic o , 1835
1843 221
Cu a d r o 11. Asa m b le a s d e p a r t a m e n t a le s de Ja lisc o y Mé x ic o , 1844-1846 316
Cu a d r o 12. Re q u e r im ie n t o s de ed ad e in g r eso s p ar a c iu d a d a n ía y c a r g o s p ú b lic o s en la r ep ú b lic a
de 1843 318
Cu a d r o 13. Vo c a lía s de las Asa m b le a s d e p a r t a m e n t a le s de Méx ic o y Ja lisc o , 1844-1846 323
Cu a d r o 14. Est r u c t u r a o c u p a c io n a l de lo s v o c a le s de las Ju n ta s d e p a r t a m e n t a le s de Ja lisc o y
Méx ic o , 1844-1846 324
Cu a d r o 15. Ra n g o de ed a d es de lo s v o c a le s de las Asa m b le a s d e p a r t a m e n t a le s de Ja lisc o y Méx ic o ,
1844-1846 325
Cu a d r o 16. As ist e n c ia de lo s v o c a le s de las As a m b le a s d e p a r t a m e n t a le s de Ja lisc o y Méx ic o ,
1844-1846 328
8
Cuadro 17. Sesiones ordinarias de las Asambleas departamentales de Jalisco y de México, 1844-
1846 331
Fig u r a 1. T em a s tr a t a d o s por lo s r eg la m e n t o s de las Ju n ta s de lo s d e p a r t a m e n t o s de Ja lisc o y
Méx ic o 215
Fig u r a 2. Esq u e m a s de lo s p r o c eso s de se s io n e s de las Ju n ta s d e p a r t a m e n t a le s de Ja lisc o y México
228
Fig u r a 3. Esq u e m a s de lo s p r o c eso s de se s io n e s de las Asa m b le a s d e p a r t a m e n t a le s de Ja lisc o y
Méx ic o 334
9
INTRODUCCIÓN
Una forma de gobierno que se componga de centralización gubernativa y descentralización administrativa, no es más que una algarabía de palabras; pues qué tal forma de gobierno será siempre un centralismo más o menos extenso, según las atribuciones que se den a los Departamentos, pero nunca una federación.
El Siglo XIX, núm. 352, septiembre 28 de 1842.
En medio de la labor constituyente del Congreso de 1842, los editores de El Siglo XIX
publicaron una serie de artículos (agosto-octubre) centrados en los temas prioritarios del
debate parlamentario -form a de gobierno, división de poderes, bien público, impartición
de justicia e incluso un bosquejo de una constitución completa.1 Entre estos, El Siglo XIX
dedicó una columna para advertir el peligro de la indefinición de las autoridades en materia
de forma de Estado. La intención del periódico no era informar o ilustrar al público, su
objetivo era incitar a los diputados para que se decantaran por una forma federal y no
dejarse "alucinar" por la aparente "neutralización", pregonada por el gobierno, resultante
de la combinación de federalismo y centralismo. El contenido del epígrafe presenta una
claridad conceptual notable respecto a las formas estatales y, particularmente, de las
centralistas. Más que un análisis del empleo de los discursos políticos, fecundo por sí
mismo, esta solidez argumentativa impulsa a realizar un examen de las repúblicas
centralistas de 1836 y 1843 -años en que se publicaron sus concernientes constituciones-
con base en el eje centralización gubernativa/descentralización administrativa depositado
en las atribuciones de los departamentos.2
1 El Siglo XIX, núm. 311-379, agosto 17-octubre 25 de 1842.2 La ciencia política y el derecho constitucional han diferenciado entre forma de Estado y forma de Gobierno. Con el primer término se refieren a la relación entre pueblo, territorio y órganos del Estado de acuerdo a la concentración de la soberanía en un orden estatal único -estado unitario- o varias dependencias -estados complejos- mientras que con el segundo alude a la conformación de los órganos del Estado así como su interrelación y potestades. José Barragán Barragán, et al. (2003), Teoría de la Constitución, Ciudad de México,
10
En el sentido anterior, las repúblicas centralistas se cimentaron en la relación
asimétrica entre la nación y los departamentos. No obstante, los estudios especializados en
este período, que abarca de 1835 a 1846, han preponderado el ámbito nacional sin
profundizar en los departamentales. La presente investigación comenzó como un
cuestionamiento personal acerca de la experiencia de las regiones durante esta etapa, la
década centralista, marcada como eminentemente nacional.3 De manera orgánica, esta
inquietud se direccionó a las instituciones intermedias de las repúblicas de 1836 y 1843:
Juntas departamentales y Asambleas departamentales respectivamente. Grosso modo,
estas instituciones suplirían a los Congresos estatales y serían cuerpos colegiados con
facultades concejiles y de promoción del bienestar del territorio bajo su jurisdicción. El
establecimiento de las departamentales, como se verá, fue más complejo que una simple
sustitución o disminución, se debe enmarcar como formulaciones dentro de las propuestas
Editorial Porrúa, 2016, pp. 273-287. El uso de ambas expresiones como categorías de análisis permite una aproximación más nítida respecto a la construcción del Estado-Nación debido a la distinción entre procesos que, aunque imbricados, no deben mezclarse. La relación del andamiaje de gobierno con el territorio y la población no puede equipararse con la selección-separación/contención de poderes públicos. La historiografía de la primera mitad del siglo XIX no ha insistido en la distinción entre ambos por el escaso uso de la palabra Estado en el período. Por un lado, algunos investigadores optan por un empleo histórico de forma de Gobierno como forma de Estado. Israel Arroyo, por ejemplo, comenta que "los tratadistas del siglo decimonónico solían no referirse a la entidad a constituir como Estado" pero adelanta "que la noción de forma de gobierno [en el siglo XIX] alude a la formación del Estado-Nación". Israel Arroyo en La arquitectura del Estado mexicano, Ciudad de México, Instituto Mora, BUAP, 2011, pp. 9 y 35. Por otro, hay quien retoma el uso textual de forma de Gobierno que aparece en las constituciones mexicanas pero empleando el significado actual sin presentar una crítica histórica acerca de los cambios del concepto. José Barragán Barragán, "El federalismo como forma de gobierno y no de Estado. El caso mexicano", Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, núm. 38/39, 2002, pp. 35-68. No obstante, las dos posturas poseen una serie de embarazos. La primera homologa las formas de Estado y de Gobierno al sostener que en México dominaron cinco formas de Gobierno: "el monarquismo constitucional, el republicanismo, el confederalismo, el centralismo y el federalismo" pero no repara en que las dos primeras apuntan a la conformación y división de los órganos del poder público mientras que las últimas tres a la relación de éstos con el territorio. El segundo, no advierte la diferencia entre federación, como partícipe de los poderes públicos, y una forma federal que engloba a la propia federación, las entidades federales y los ciudadanos.3 José Antonio Serrano plantea la importancia de las regiones en el desarrollo del Estado durante la primera república federal. Después de un primer momento en que se pactó la formación de un gobierno general debilitado, éstas cambiaron de parecer y procuraron fortalecer a éste como un medio para asegurar el orden y la estabilidad nacional. En palabras del autor: "el Estado mexicano fue construido desde y por las regiones". José Antonio Serrano, "Epílogo. La república federal desde los estados, 1824-1835" en Josefina Zoraida Vázquez y José Antonio Serrano, Práctica y fracaso del primer federalismo mexicano (1824-1835), México, D.F., El Colegio de México, 2012, pp. 595-609.
11
centralistas encaminadas a solventar los problemas de gobernabilidad que aquejaron a la
nación durante estos años.
En un comienzo me interesó estudiar cómo las Juntas y Asambleas departamentales
fueron empleadas por sus propios integrantes (los vocales) para respaldar o rechazar los
proyectos centralistas de acuerdo a sus posibilidades conceptuales e intereses personales.
La complejidad del tema y el desarrollo del mismo me condujeron a escollos referentes a la
dimensión institucional de las departamentales como componente de una arquitectura
nacional de la cuál éstas emanaban, pero que su establecimiento y renovación atendieron
a circunstancias locales. Las expectativas depositadas en estas corporaciones, como
producto constitucional, por quienes las confeccionaron y el personal que operó en ellas se
convirtieron en la médula de la investigación.
La nueva orientación conllevó una reformulación del proyecto en general. Así, el
objetivo de esta tesis se transformó en analizar a las Juntas y Asambleas departamentales
como respuestas para la administración territorial, llamado gobierno interior, planteadas
por los centralistas de 1836 y 1843. Este abordaje disminuyó la aproximación desde la
perspectiva de los departamentos, pero contrajo un mejor aquilatamiento de los
lineamientos institucionales de las propias departamentales sin sucumbir a prejuicios
acerca de su cariz centralizador político-administrativo y, mucho menos, basar un resultado
a priori de su éxito o fracaso conforme a la supresión de las repúblicas centralistas y el mal
funcionamiento que la historiografía ha ponderado.
El viraje, entonces, me permitió ahondar en una problemática más profunda que la
perseguida en un inició. El fondo de la discusión al que me aproximé fue el aparente estado
de ingobernabilidad durante el siglo XIX mexicano y, por contrapartida, las proposiciones
que los políticos realizaron para superarla. El término se convirtió en el epicentro de la
discusión. La gobernabilidad revela la estabilidad del propio gobierno al conjugar la
capacidad de éste para implementar disposiciones de manera eficaz a los gobernados y, por
contraparte, la legitimidad que éstos últimos brindan a las autoridades al acatar
conscientemente tales disposiciones. La relación de los tres aspectos es compleja y, ante
12
todo, dinámica dado que coexisten en una continua retasación. De la pérdida o incremento
desproporcionado de alguno de estos polos surgen grietas o perturbaciones en la
gobernabilidad como lo son las sobrecargas de demandas a los mandatarios, la falta de
apoyo de los ciudadanos, la pérdida de autonomía de los actores civiles o la expansión de
servicios y costos del Estado. Lo que, en última instancia, conducen a un estado de
ingobernabilidad en el que las autoridades no tienen la energía para imponer sus
providencias y los gobernados carecen de la aptitud para someterse voluntariamente al
gobierno. No obstante, estos problemas no deben entenderse como una simple dicotomía
-gobernabilidad versus ingobernabilidad-, al contrario, se presentan en una escala con
múltiples variables en torno a su intensidad, naturaleza y localización.4
Como es aceptado, la vida política del México decimonónico no fue un período de
completa anarquía sino que osciló entre frágiles estados de orden y reiterados momentos
de crisis. Descontando las ocasiones de cooperación entre los ámbitos gubernamentales
que, como veremos, son más de los que se han ponderado. La historiografía se ha
concentrado mayormente en las causas que originaron esta vacilación.5 Destaco tres
4 El término gobernabilidad, y su contraparte ingobernabilidad, no posee una definición precisa dentro de la ciencia política sino que oscila de acuerdo a los parámetros de las propias investigaciones. No obstante, se percibe la aceptación de tres elementos constitutivos: la capacidad o recursos de los gobiernos y gobernantes para implementar medidas eficazmente, la legitimidad o aceptación de los ciudadanos y grupos sociales para acatar tales disposiciones y la estabilidad o balance de las otras dos. Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, Diccionario de política, 7a ed., 2 vols., México, D. F., Siglo XXI, 2005, s. v. "gobernabilidad". Véase también Antonio Camou, Gobernabilidad y democracia, Ciudad de México, INE, 2016, pp. 19-29.5 La falta de estabilidad del silgo XIX mexicano es explicada desde diferentes perspectivas. Los conflictos entre facciones y grupos políticos como causas del desorden fueron establecidos por los estudios de Michael P. Costeloe: La primera república federal de México (1824-1835): un estudio de los partidos políticos en el México independiente, México, D.F., FCE, 2012 y La república central en México, 1835-1846. "Hombres de bien" en la época de Santa Anna, México D.F., FCE, 2000, así como Josefina Zoraida Vázquez, Dos décadas de desilusiones. En busca de una fórmula adecuada de gobierno (1832-1854), México, D.F., El Colegio de México, Instituto Mora, 2009. Bosquejos compactos e ilustradores de las carencias económicas y fiscales del período fueron presentados por Carlos Marichal, "La economía mexicana, de la época borbónica al México independiente, 1760-1855" en Sandra Kuntz, Historia mínima de la economía mexicana, 1519-2010, México, D. F., El Colegio de México, 2012, pp. 80-147 y Luis Jáuregui, "Los orígenes de un malestar crónico. Los ingresos y los gastos públicos de México, 1821-1855" en Luis Aboites y Luis Jáuregui (coords.), Penuria sin fin: historia de los impuestos en México siglos XVIII y XX, México, D. F., Instituto Mora, 2005, pp. 37-78. La falta de correspondencia de los postulados liberales impresos en la constitución escrita con una sociedad todavía tradicional fue lo que provocó la catarsis mexicana para Françoise-Xavier Guerra, Del Antiguo Régimen a la Revolución, México, D. F., FCE, 1988 y Fernando Escalante Gonzalbo (1992), Ciudadanos imaginarios, México, D.F., El Colegio de México, 2014. Por último, otras investigaciones se enfocan en los desajustes institucionales-
13
elementos, estrechamente vinculados con esta investigación, que provocaron múltiples
problemas en los diferentes niveles de gobierno. En primer lugar, la separación de poderes
fue una de las principales preocupaciones de los constituyentes mexicanos. El miedo
sobrevino desde la crisis de la Monarquía española en 1808 y perduró durante el resto del
siglo XIX. El principal temor era provocar y caer en el despotismo de uno o de muchos. Las
fórmulas aplicadas para contener los poderes públicos, como se sabe, fueron insuficientes
para cumplir su cometido. Los constituyentes decantaron la balanza hacia el legislativo en
perjuicio del ejecutivo que quedó virtualmente anulado y, para afrontar las crisis, tuvo que
recurrir a medidas fuera de sus atribuciones como los difamados poderes extraordinarios.
Lo que a su vez alimentó la desconfianza hacia el primer mandatario. El deficiente diseño
para asegurar el equilibrio entre las ramas del poder público afectó negativamente la
confianza y aceptación por parte de las autoridades intermedias e inferiores, así como de
los ciudadanos.6
Durante las repúblicas centralistas, por una parte, las autoridades departamentales,
en particular las Juntas, participaron en la moderación de los poderes nacionales mediante
su intervención en las elecciones de éstos y en las apelaciones de las providencias
legislativas que consideraron excesivas. Esta mediación no fue equivalente en las dos
repúblicas. En la primera estuvo mucho más constreñida. Por otra, entre gobernadores y
departamentales existió una tensión similar que germinó discrepancias y disputas. Sin
embargo, la interrogante que se abre con esta observación es acerca de la naturaleza de las
funcionaros departamentales como parte esquemas centralistas. Esto es, discurrir sobre la
posición de los gobernadores y departamentales como "poderes", pese a sus limitantes o
en oposición como dependientes de los supremos poderes nacionales. De ser de esta última
doctrinales que impidieron el funcionamiento óptimo de la arquitectura gubernamental. Luis Medina Peña (2004), Invención del sistema político mexicano. Forma de gobierno y gobernabilidad en México en el siglo XIX, Ciudad de México, FCE, 2007 y José Antonio Aguilar Rivera, En pos de la quimera. Reflexiones sobre el experimento constitucional atlántico, México, D. F., CIDE, FCE, 2000.6 Véase Aguilar, En pos, pp. 95-128 y, aunque para un período anterior, María Victoria Crespo, Del rey al presidente. Poder Ejecutivo, formación del Estado y soberanía en la Hispanoamérica revolucionaria, 18101826, México, D. F., El Colegio de México, 2013.
14
forma, la contención de lo departamental se formularía desde el ámbito nacional y no sólo
del departamental.
En segundo lugar, las elecciones para designar a las autoridades fueron cruciales
para mantener la gobernabilidad. La distribución/contención de los poderes representó la
capacidad de los agentes gubernamentales mientras que las elecciones proporcionaron la
legitimidad como garante del pacto entre gobernados y gobernantes. Los primeros
delegaban a los segundos su participación en las actividades de gobierno por medio del
sufragio. Las facciones políticas intentaron que los electores les favorecieran con su voto
para robustecer su mediación en las instituciones gubernamentales tanto en número de
individuos como, ante todo, en una mayor aceptación. La lucha de facciones en los comicios
era encarnizada dado que, dicho de otra manera, los resultados de la contienda electoral
delineaban el rumbo del propio gobierno. Las vicisitudes en los comicios reflejaron la
confianza de los ciudadanos para con aquellos que elegían. Esta lógica incluso sustentó la
relación pronunciamiento-elecciones. El desconocimiento de las autoridades por falta de
legitimidad -consecuencia de abusos de sus capacidades gubernativas o de la falta de éstas
para contrarrestar las emergencias- no impidió que en los levantamientos se prometerían
la celebración de elecciones como el camino para reencauzar la senda constitucional de la
nación. Las elecciones eran capitales para respaldar al gobierno.
En tercer lugar, una constante en las explicaciones de la in-gobernabilidad
decimonónica fue la falta de integración y concordancia de la nación con las partes que la
constituían (provincias, estados o departamentos).7 Estas disyuntivas deben entenderse en
dos extensiones. Por un lado, aunque estrechamente vinculada, la gobernabilidad fue
autónoma en las tres esferas. El orden de uno de los ámbitos afectaba a los otros dos pero
no necesariamente los condicionaba a padecer los mismos problemas. La desarticulación
fue en los dos sentidos. El nivel supremo o el intermedio podrían mantener cierta
7 Marcello Carmagnani considera que la territorialidad de los ciudadanos-vecinos en sus áreas políticas inmediatas produjo estabilidad institucional en los niveles de gobierno inferiores mientras que el desapego de los individuos con el orden nacional propició las continuas crisis del nacional. Marcello Carmagnani, Economía y política. México y América Latina en la contemporaneidad/antología de textos de..., México, D.F., El Colegio de México, 2011, pp. 31-80
15
gobernabilidad incluso cuando alguna de sus partes constitutivas era afectada por una alta
cuota de desorden político y, viceversa, los intermedios e inferiores resistieron con
cabalidad la fragilidad del nacional. De hecho, en las primeras décadas después de la
independencia, la relación entre los diferentes mandos afectó mayormente al supremo e
intermedio. Éstos plantearon proyectos para cooperar y subordinar a los inferiores mientras
que éstas podían operar eficientemente de manera autónoma.
La disparidad de la relación, por otro lado, de cada una de las estructuras medias
con la suprema. Si bien, existieron aspectos nacionales, principalmente institucionales, que
afectaron a todas las regiones. La forma en que lo hicieron fue diferente de acuerdo con la
naturaleza e intensidad de los conflictos particulares entre ellas. Las interacciones de estos
ámbitos fueron determinadas por la capacidad y legitimidad de sus autoridades. La
estabilidad de un sólo polo resultó en el acaparamiento y usurpación de potestades. La
confrontación de mandos nacionales y regionales repercutió negativamente en la
gobernabilidad de ambos y se reflejó en gobiernos endebles, desconfiables e irrespetados
con pocas o nulas posibilidades de desplegar agendas políticas a mediano y largo plazo.
Comprender la jerarquización y regionalización de los problemas de gobernabilidad matiza
la debilidad/fortaleza de los gobiernos nacionales y regionales al desvelar un inexiste hálito
de uniformidad de las dos esferas.
La historiografía al centrarse en aquellos acontecimientos o procesos que
trastocaron la gobernabilidad e imposibilitaron la consolidación del Estado han minimizado
las tentativas realizadas por los actores políticos para superar sus problemas.
Independientemente de su consolidación o brevedad, los proyectos constitucionales deben
considerarse como parte de estos ejercicios.8 Es cierto, al adentrarse en la centuria, los
8, Carmagnani y Serrano consideran a las reformas y cambios constitucionales como negociaciones de los actores políticos para remediar los problemas de la Nación. Carmagnani, Economía, pp. 31-42 y Serrano, "Epílogo" pp. 595-609. Will Fowler, realizó una revaloración del pronunciamiento como mecanismo de transacción entre los diferentes grupos políticos más que simples intentos por obtener el poder. La adhesión a las proclamas estaba condicionada con la incorporación de reclamos locales o regionales y fue utilizada como un producto para negociar con las facciones políticas y jefes militares. Will Fowler "El pronunciamiento mexicano del siglo XIX. Hacia una nueva tipología", Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, núm. 38, julio-diciembre, 2009, pp. 5-34 y "Entre la legalidad y la legitimidad: elecciones, pronunciamientos y
16
políticos perdieron la fe en la Constitución como garante de la felicidad y mejoramiento de
la sociedad, pero no dejaron de bregar por encontrar la combinación adecuada que
permitiera a la Nación sobreponerse de las diferentes crisis que la aquejaban.9 Para logarlo,
los distintos grupos políticos, que compusieron los Congresos constituyentes, depositaron
sus expectativas en los entramados constitucionales que forjaron.
El supuesto que guía esta investigación se inserta en las reflexiones anteriores: los
Congresos constituyentes de 1835 y 1843 confeccionaron a las Juntas y Asambleas para
mitigar los problemas de gobernabilidad, emanados de las relaciones entre supremas
autoridades e intermedias, mediante la búsqueda de corporaciones que facultaran
administrar eficazmente al territorio. La cuestión que abordo, por tanto, no es qué provocó
la carencia de gobernabilidad, y de sus tres ejes, sino cómo las repúblicas centralistas
plantearon combatirla. Ambas departamentales siguieron un modelo similar (cuerpo
concejil de facultades mayoritariamente administrativas) pero mantuvieron distancias
importantes en sus principios y articulaciones conforme a los proyectos constitucionales del
que procedían. El primero lo efectuó a través de mecanismos y artificios que restringieran
o subordinaran la actividad política de las Juntas y el segundo dio preferencia a un
encadenamiento conceptual y optó por una descentralización de las Asambleas respecto a
las primeras departamentales.
La práctica administrativa imaginada por las Juntas y Asambleas debe entenderse
como parte del gobierno económico en contraposición del gobierno político. Está distinción
se planteó en la Constitución de Cádiz para diferenciar las diligencias de la diputación
la voluntad general de la nación, 1821-1857" en José Antonio Aguilar Rivera (coord.), Las elecciones y el gobierno representativo en México (1810-1910), México, D. F., FCE, IFE, 2010, pp. 95-1209 Una de las conclusiones del estudio clásico de Charles A. Hale, sobre el pensamiento político de José María Luis Mora fue precisamente que, para 1830, la "fe [de Mora] en los efectos milagrosos de las buenas leyes había desaparecido [...] estaba llegando a la conclusión de que el progreso liberal en México tenía que alcanzarse de otra manera" diferente a sus primeros planteamientos sobre "constitucionalismo liberal". Charles A. Hale, (1968), El liberalismo mexicano en la época de Mora (1821-1853), México, D. F., Siglo XXI, 2009, pp. 74-110. José María Portillo identificó una devaluación en el entendimiento de la constitución para la década de 1830, "el constitucionalismo había conformado más una dinámica que una práctica política [...] Fue, además, un instrumento de acción política que numerosos cuerpos [...] entendieron a su disposición". José María Portillo, Historia mínima del constitucionalismo en América Latina, Ciudad de México, El Colegio de México, 2016, pp. 14-15,
17
provincial y del jefe político en su participación en el "gobierno interior de las provincias"
por medio de una tensión entre libertad y autoridad. Las diputaciones gestionarían
libremente la promoción de los intereses locales y el bienestar material-educativo de las
provincias y los jefes políticos se encargarían de ejecutar las disposiciones convenidas en
los ámbitos supremos y velar por el orden público. Las departamentales fueron concebidas
bajo este mismo modelo de gobierno económico-administrativo, pero la distancia con el
político fue elástica al grado de intervenir en materias importantes como el proceso
legislativo o el nombramiento de los poderes generales.10
Los proyectos constitucionales, mencionados en los párrafos anteriores, los
considero de manera amplia, no reducidos a las leyes fundamentales escritas, como ciclos
que comienzan con un pronunciamiento que cuestiona y derriba el régimen político
existente al que culpa de ilegitimo e incapaz de responder ante los males y trastornos de la
nación; seguidos por la conformación de un Congreso constituyente que discute y negocia
la nueva constitución; continúa con la aprobación e implementación del propio texto;
sobreviene una decepción de los grupos políticos por la constitución a la que se pretende
reformar, y finalizando con un nuevo pronunciamiento. Las dos repúblicas centralistas,
como veremos, cumplen de manera cabal con este guion.
Esta perspectiva matiza la periodización comúnmente aceptada que se basa en la
vigencia efectiva de los regímenes políticos y se ajusta a las expectativas de quienes
promovieron los cambios institucionales. Así, el lapso de la primera república centralista no
fue de 1835 a 1841. Los impulsos para mudar las formas constitucionales comenzaron
desde 1833 con la gestación y rechazo de las últimas administraciones federalistas,
nacionales y estatales, hasta mediados de 1841 con la eclosión militarista que derribó a los
10 Carlos Garriga observa que el "lenguaje constitucional español [de 1812] conoció hasta tres acepciones de la voz gobierno" que convivieron durante el siglo XIX. El primero con referencia a la "organización política en su conjunto, a la sazón identificable con el Estado" que se reconoció como forma de gobierno. El segundo, abarca la diferencia entre actos de gobierno (político y económico) confrontados con los actos de justicia- contenciosos que la corona española utilizó para resolver los asuntos públicos sin someterlos a una "revisión jurisdiccional". El último, equiparando exclusivamente el término gobierno con el poder supremo ejecutivo, primero con el rey y sus ministros. Javier Fernández Sebastián y Juan Francisco Fuentes (dirs.), Diccionario político y social del siglo XIX español, Madrid, Alianza Editorial, 2002, pp. 319-322 s. v. "gobierno".
18
poderes nacionales y abrió el ciclo de la segunda centralista la cual duró hasta 1846
momento de su supresión y el regreso a las formas federalistas del Estado.
Los proyectos constitucionales no fueron sólidos internamente. Por el contrario, la
dirección política y los objetivos se modificaron constantemente. Por ejemplo, las
intenciones de los Congresos constituyentes no correspondieron del todo a aquellos que en
un principio se levantaron en contra de las autoridades. De igual forma, las reformas
constitucionales no guardaron el mismo tono que las constituciones mismas. Los giros en la
trayectoria de estos proyectos fueron resultado de los desencuentros y transacciones entre
los diferentes grupos políticos quiénes por medio del pronunciamiento o la palestra pública
defendieron su propuesta; la participación de los políticos fue un condicionante para el
desarrollo de los proyectos constitucionales.
Las facciones no fueron entidades cohesionadas e inmóviles. Todo lo contrario, la
recomposición de las facciones políticas fue permanente tanto en el ámbito nacional como
en el regional. Los choques entre los grupos políticos provocaron cambios importantes en
su composición interna y externa. Alianzas, aislamiento, movilización, proscripción, exilio,
desencanto y cambio generacional fueron algunos de las causas de la recomposición de los
partidos. Además, la integración de los grupos políticos de las primeras décadas del México
decimonónico no fue la del partido actual que confiere una prioridad a la estructura y
reglamentación interna con una finalidad expresa de la conquista del poder público. Sin
embargo, esto no implica, como se ha extremado, que no fueran una forma de organización
colectiva con fines políticos. La insistencia de los políticos para autodenominarse como
partidos, o para denunciarlos, indica la importancia del término para la política de la época.
Alfredo Ávila y María Eugenia Vázquez proponen varios elementos para explicar a los
primeros partidos según "los principios y proyectos que sostenían sus miembros -o algunos
de ellos, pues los grupos no eran homogéneos-, pero también mediante las imágenes que
les crearon sus contrincantes políticos [y ellos mismos] en los papeles públicos".11 Cabe
11 Alfredo Ávila y María Eugenia Vázquez Semadeni, "El orden republicano y el debate por los partidos, 18251828" en Alfredo Ávila y Alicia Salmerón (coords.), Partidos políticos, facciones y otras calamidades. Debates y propuestas acerca de los partidos políticos en México, México, D.F., FCE, CONACULTA, UNAM, 2012, pp. 2150.
19
agregar la importancia de individuos que fungieron como epicentro y líderes de sus
respectivos partidos.
A lo largo de esta investigación hay una insistencia para distinguir de manera precisa
una forma estatal centralista de las inercias centralizadoras de los gobiernos. Para ello
regreso al epígrafe, el cuál soporta varias observaciones acerca de las formas centralistas y
centralizadas del Estado mexicano de mediados del siglo XIX. En primer lugar, la fórmula
utilizada por el diario para definir al centralismo no fue azarosa sino que advierte que la
centralización gubernativa era el aspecto determinante de la naturaleza misma de los
Estados centralistas así como la independencia del gobierno interior lo era para los
federalistas y, se puede agregar, la existencia anterior al pacto general de las provincias
para el confederal. Los proyectos de 1836 y 1843 se fincaron en este supuesto.
La distinción rígida entre los principios de las formas de Estado me impulsó a debatir
con varias líneas interpretativas especializadas en la vida política de la primera mitad del
siglo XIX. La primera presenta a la forma centralista diferenciada de manera estricta del
federalista pero inherentemente ligada al conservadurismo y al monarquismo. Como es
ampliamente conocido, la historiografía clásica liberal fincó su discurso victorioso en la
existencia de un perene grupo liberal-progresista -a l que pertenecían o se suscribían los
autores- frente a otro conservador-retrogrado -integrado por sus oscuros opositores. Los
centralistas, de esta manera, constituyeron parte de la genealogía que perdió la contienda
política en cada uno de los encuentros desde la independencia hasta nuestros días. Los
proyectos de 1836 y 1843 eran simples preludios del conservadurismo de la década de
1850, del monarquismo de la de 1860, y de la dictadura porfirista de finales del siglo XIX.12
La segunda línea interpretativa cuestionó la premisa de la anterior como parte de
una revisión historiográfica más amplia en torno al liberalismo y los partidos políticos en la
12 Jesús Reyes Heroles (1958), El liberalismo mexicano, vol. II, México, D. F., FCE, 1974; Alfonso Noriega (1993), El pensamiento conservador y el conservadurismo mexicano, t. I, México, D. F., UNAM, 1972, pp. 39-44 y Cecilia Noriega, El Constituyente de 1842, México, UNAM, 1986, pp. 216. Para una crítica al uso simplista de la categoría de conservadores véase Erika Pani, "'Las fuerzas oscuras'. El problema del conservadurismo en la historia de México" en Erika Pani (coord.), Conservadurismo y derechas en la historia de México, t. I, México, D. F., FCE, CONACULTA, 2009, pp. 11-42.
20
temprana construcción del Estado mexicano. Los centralistas de la década de 1830 no
estarían ligados al ulterior conservadurismo; al contrario, eran tan republicanos y liberales
como sus rivales federalistas. No obstante, esta deconstrucción resaltó las permanencias
descentralizadas que adoptaron las repúblicas de 1836 y 1843 como formas remodeladas o
restringidas del federalismo previo de 1824. El núcleo se concentró menos en las formas de
Estado propiamente dichas y más en qué tanto continuó la descentralización impuesta por
la primera república federal. Además, la inclusión del confederalismo como propuesta
estatal, paradójicamente, situó a los centralistas dentro de un matizado grupo liberal-
republicano-federalista que propugnaba por la creación de un gobierno nacional fuerte
pero no necesariamente de tintura centralista.13 La negación de la existencia de un genuino
programa unitario convertía a los políticos reconocidos como centralistas en una suerte de
federalistas ultra-moderados por lo que sus tesis constitucionales debían incluirse dentro
de "la historia del federalismo" mexicano.14
La tercera línea retoma la diferencia entre federalismo/centralismo pero
incorporando los aportes de la segunda: los centralistas fueron liberales y no
conservadores; la república confederal fue una opción estatal opuesta a la federal y la
unitaria, y las dos repúblicas centralistas tuvieron importantes elementos
descentralizados.15 Las propuestas, sin embargo, no se atreven a plantear una distinción
13 Josefina Zoraida Vázquez realiza una estupenda síntesis de esta línea interpretativa en la que retoma a los juristas Ignacio Burgoa -federalismo restringido- y Manuel Herrera y Lasso -centralismo con molde federal- con la intención de despejar algunas interrogantes en torno a los principios del federalismo y del centralismo. Josefina Zoraida Vázquez, "Continuidades en el debate federalismo y centralismo" en Raymond Buve y Romana Falcón (comps.), Don Porfirio presidente... nunca omnipotente. Hallazgos, reflexiones y debates, 1876-1911, México, D. F., Universidad Iberoamericana, 1998, pp. 313-334.14 En los últimos años, Catherine Andrews ha retomado y extremado la hipótesis del centralismo de 1836 como una variante del federalismo de 1824. Ella considera que el esquema establecido por las Siete Leyes "no significaba que la distribución de facultades entre el gobierno general y los gobiernos departamentales crearía un sistema centralista en que los departamentos se redujeran a meros cuerpos administrativos dependientes del gobierno general". Catherine Andresw, "El legado de las Siete Leyes: Una reevaluación de las aportaciones del constitucionalismo centralista a la historia constitucional mexicana", Historia mexicana, núm. 68, 4, 2019, p. 1550. Además, para esta autora el "federalismo moderado de Otero, entonces, parece tener mucho en común con el 'centralismo' de la Constitución de 1836" y concluye terminantemente al asegurar que "es más provechoso analizar las Siete Leyes como un texto reformado de la Constitución de 1824 en lugar de un proyecto independiente". Catherine Andrews, De Cádiz a Querétaro: Historiografía y bibliografía del constitucionalismo mexicano, Ciudad de México, FCE, CIDE, 2017, pp. 127-128.15 Reynaldo Sordo Cedeño, El Congreso en la primera república centralista, México D.F. El Colegio de México, ITAM, 1993; David Pantoja, El Supremo Poder Conservador. El diseño institucional en las primeras
21
tajante entre las diferentes formas de Estado sino que entrevén en la república de 1836 un
"sistema mixto" a medio camino entre el unitarismo y el federalismo,16 "un régimen unitario
edulcorado con fuertes dosis de federalismo",17 o la presencia de "persistencias
confederalistas [que] no cejaron aun en el republicanismo unitario".18 Para estas
explicaciones, los centralistas de mediados de 1830 tuvieron que forjar un régimen de
compromiso con los otros grupos políticos partícipes en el Congreso de la Unión y de los
grupos territoriales para lograr imponer su programa político.19
En segundo lugar, estrechamente vinculado a lo anterior, la presente investigación
se adscribe a la tercera línea interpretativa pero enfatizando la autenticidad de las
repúblicas de 1836 y 1843 como estados unitarios conforme al principio de la
"centralización gubernativa". De acuerdo a las definiciones de manual, esta forma estatal
estriba en una única entidad que dirige y ejerce, a través de agentes subordinados, la vida
política y cuyas disposiciones tienen un valor uniforme para el conjunto del territorio
nacional y para todos los ciudadanos.20 Más que marcar una definición axiomática o
encuadrar un tipo-modelo ideal, partir del Estado unitario como categoría de análisis
posibilita el estudio de estas dos repúblicas dentro de sus propios contextos, lógicas y
expectativas contraponiendo sus supuestos más doctrinarios con las formulaciones
institucionales que sus propios fundadores les fueron concediendo. Además, ante todo,
constituciones mexicanas, México, D. F., El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, 2005; y Arroyo, La arquitectura.16 Reynaldo Sordo Cedeño, "El constitucionalismo centralista en la crisis del sistema federal" en Cecilia Noriega y Alicia Salmerón (coords.), México: un siglo de historia constitucional (1808-1917), México, D. F., Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto Mora, 2009, pp. 135-162.17 Medina, Invención, pp. 152-153.18 Arroyo, La arquitectura, pp. 170-171.19 Sordo, El Congreso, p. 228.20 Un Estado unitario "implica la existencia de un órgano que canaliza de manera exclusiva el poder y lo ejerce de manera directa a través de decisiones respecto de sus subalternos que son los denominados Departamentos, quienes se encuentran constreñidos a acatar las decisiones que emanan del Departamento Central [...] las funciones estatales tienen una sola organización nacional aunque se admite que en ciertos casos por razones de eficiencia administrativa, se permita la desconcentración de las funciones administrativa y jurídica". Barragán, Teoría, p. 282.
22
permite desligarlas de un quimérico determinismo federalista del Estado mexicano que
condena al fracaso a cualquier desviación o lo inserta dentro de su esquema.21
La "centralización gubernativa", como principio rector de los Estados unitarios, debe
entenderse con una acepción conforme a los parámetros de la época. Esto es, era una
negación de la independencia del gobierno interno de las partes constitutivas de la nación.
No obstante, el viraje de estos dos proyectos no fue en dirección diametralmente opuesta
al de su predecesor, tampoco buscaron implementar providencias que centralizaran
completamente la vida política del Estado-nación. Por el contrario, los planteamientos
unitarios de las repúblicas centralistas de 1836 y 1843 más que un programa axiomático
fueron respuestas para moderar o ceñir los elementos más estridentes de la primera
república con-federal de 1824.
El más determinante de estos aspectos fue la formulación de la nación como único
depositario de la soberanía y, por ende, la negación de que ésta radicara o se originara en
los pueblos (en plural) dígase departamentos o ayuntamientos.22 Es válido recordar que la
cosoberanía fue uno de los debates más álgidos del segundo Congreso constituyente (1823
1824) y cuya práctica desembocó en una década de los más agrios desencuentros entra la
federación y entidades federativas. Además, los problemas de gobernabilidad de la primera
república federal le fueron imputados a esta doble naturaleza soberana. Los centralistas,
21 José Elías Palti, realiza un repaso crítico de los principales postulados de la historia de las ideas en Latinoamérica. En sus comentarios, este autor advierte un yerro común de los historiadores de esta corriente al utilizar esquemas de tipo-ideal como punto de partida de sus investigaciones dado que terminan efectuando un deslinde de las desviaciones de dichos modelos y, por tanto, una negación de cualquier aporte intelectual significativo más allá de plasmar lo pintoresco del ejemplo latinoamericano y su incapacidad cultural para apegarse al modelo. José Elías Palti, El tiempo de política. El siglo XIX reconsiderado, Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentinos, 2007, pp. 21-5622 La soberanía fue el principal eje problemático del debate político en la primera mitad del siglo XIX. Palti elabora un magnifico recuento de las transformaciones multidireccionales que sufrió el concepto desde su formulación neoescolástica hasta la romántica. Me interesa resaltar la vinculación entre soberanía y poder constituyente que realiza este autor. Aquellos que se adjudicaron el asiento de la soberanía tuvieron por consiguiente la potestad para re-formular el pacto político. En este entendido, los centralistas mexicanos de 1835-1836 negaron el poder constituyente a los pueblos adjudicándoselo únicamente a la nación incluso cuando el mismo Congreso se justificó en el pronunciamiento de los pueblos para sostener la legitimidad del cambio en la forma estatal. El argumento resulta torcido pero fue el esgrimido por los diputados para anular tanto la soberanía estatal como la atribución de los pueblos para sustraerse del pacto social. Palti, El tiempo, pp. 103-159.
23
como se sabe, se esforzaron en elaborar una arquitectura institucional departamental que
cortara en la práctica despliegues alusivos a la soberanía. Por un lado, aunque con matices,
confinaron y supeditaron la capacidad para legislar e intervenir en la designación de los
supremos poderes. Más que fisuras que imposibilitan discurrir a las repúblicas de 1836 y
1843 como formas unitarias, estas atribuciones fueron parte de las expectativas de los
centralistas para limitar y sujetar la toma de decisiones y situarla en los supremos poderes
nacionales. Por otro, uniformaron a la plantilla burocrática de todos los departamentos
tanto en número como en potestades, en especial las departamentales, y subordinaron a
las autoridades superiores, en particular a los gobernadores, a las supremas. La distinción
en la nomenclatura parece ingenua pero denota una graduación vertical entre los dos
niveles de gobierno a diferencia de la existente en el primer federalismo que titulaba como
autoridades supremas a federales y estatales.23
La preponderancia de lo nacional como respuesta a los dilemas de gobernabilidad
fue implementada en otros campos de los esquemas unitarios: los derechos y obligaciones
de los mexicanos, el ejército regular y la Hacienda pública. La explicación de los
fundamentos y desarrollos durante las dos repúblicas centralistas excede sobremanera los
márgenes de esta investigación, pero me es imposible no mencionarlos como parte de los
proyectos constitucionales unitarios. Primero, desde hace algún tiempo se ha atribuido, con
justicia, que las Siete Leyes de 1836, primera constitución centralista, estableció y uniformó
los derechos del mexicano por primera vez para todo el territorio con lo que se superó la
fragmentación en esta materia consagrada por el federalismo de 1824. En esta república,
los responsables de su garantía eran los gobiernos estatales y no el nacional. Existían, por
ejemplo, ciudadanos jaliscienses, mexiquenses, michoacanos pero no ciudadanos
23 El Diccionario de autoridades realizó una importante diferencia entre los dos términos. Por lo supremo consignó "lo más alto, elevado, o último" mientras que para lo superior refirió "lo que está más alto, y en lugar preeminente a otra cosa". El contraste es notorio, el primero describe una instancia definitiva dentro de una jerarquía mientras que el segundo sólo lo es en relación con una cosa inferior pero deja abierta la posibilidad para que por arriba de él esté situado otro nivel. Diccionario de autoridades, t. IV, Madrid, Real Academia Española, Madrid, 1739. Consultado en marzo 8 de 2020, http://web.frl.es/DA.html. Durante la república de 1824 tanto la federación como los estados se adjudicaron el término supremo para sus respectivas autoridades; en ambas repúblicas centralistas se designó exclusivamente a las autoridades nacionales como supremas mientras que las de los departamentos fueron tildadas como superiores.
24
mexicanos. Las Siete Leyes revirtieron esta situación al colocar, en su primera ley, un listado
de los derechos civiles y políticos.24
Segundo, los centralistas y militares capitalizaron el naufragio de la primera
república federal para dirigir su oposición a las milicias cívicas en aras de construir un
ejército nacional vigoroso capaz de contrarrestar amenazas externas e internas. Por
consecuencia, las milicias fueron catalogadas despectivamente como el garante del pacto
federal de 1824 al mismo tiempo que las denunciaban como presa y botín de estados,
grupos políticos y generales que ambicionaban alterar el orden con pronunciamientos. La
depreciación de las cívicas y el fortalecimiento ejército se convirtieron en estandartes para
los centralistas de 1836 y aún más para los de 1843.25
Tercero, los gobiernos centralistas aplicaron diferentes providencias para
modernizar y centralizar la Hacienda pública nacional. A partir de la presidencia de
Anastasio Bustamante (1837-1841), se trabajó para controlar las recaudaciones de todo el
territorio, ejercer una mayor presión sobre los individuos y dirigir el sistema fiscal desde el
poder ejecutivo-ministerio de Hacienda. Las leyes y reformas en este ramo fueron
constantes pero no unidireccionales. Los continuos cambios de personal impidieron
formular una propuesta sólida y compacta lo que, entre otros factores, minó la eficacia y
eficiencia del cobro y disposición de los recursos.26 En ambas esferas, ejército y erario,
independientemente de su resultado, destacó las expectativas en los proyectos para
centralizar la fuerza armada y fiscal en perjuicio de las estructuras intermedias.
24 Noriega y Andrews consideran que más importante que la incorporación del catálogo de derechos fue la concepción acerca de éstos de manera derivada de la propia constitución y no cómo una cuestión natural de los individuos. Noriega, El pensamiento, pp. 115-153. Arroyo, La arquitectura, p. 162 y Andrews, "El legado", pp. 1566-1570,25 Para José Antonio Serrano la república centralista de 1836 no fue una quimera irrealizable, al contrario, contó con posibilidad para concretar sus propósitos. El fracaso del plan centralizador de la fuerzas armadas se debió, primero, a una serie de levantamientos que obligó la permanencia de contingentes castrenses para reprimirlos y, segundo, por el cambio de estrategia de las élites regionales que usaron a los cuerpos militares del departamento para resistir ante el incremento de la presión fiscal. José Antonio Serrano, "Sobre la centralización de la república: estructura militar y política en Guanajuato, 1835-1847" en Secuencia, núm. 83, mayo-agosto, 2012, pp. 15-42.26 Javier Torres Medina, Centralismo y reorganización. La Hacienda pública y la administración durante la primera república central de México, 1835-1842, México, D. F., Instituto Mora, 2013, pp. 378.
25
En suma, considero ambas repúblicas centralistas como formas unitarias del Estado
mexicano. Los constituyentes establecieron o, mejor dicho, esperaron establecer una
relación de dependencia de los departamentos con el gobierno nacional al centralizar o
condicionar las potestades del gobierno político y dejarles un catálogo relacionado con el
gobierno económico -adm inistrativo- para que estimularan la prosperidad de su
jurisdicción. No obstante, cabe apuntar desde un inicio que estas repúblicas no fueron
cuadros institucionales acabados o sin contradicciones internas, todo lo contrario,
poseyeron elementos que cuarteaban sus fundamentos teóricos y prácticas. La elección por
sufragio popular de los vocales departamentales, la posibilidad de elevar iniciativas de ley
o la participación de las Juntas y Asambleas en el nombramiento de las supremas
autoridades remiten al potencial de éstas para intermediar en la toma de decisiones dentro
del espacio bajo su cuidado e incluso en el ámbito nacional. En este sentido, centralismo y
centralización no deben confundirse dado que se circunscriben en discusiones diferentes.
El primero, como he expuesto hasta el momento, refiere a las formas de Estado, en
particular a la unitaria, y las relaciones asimétricas entre autoridades nacionales y
regionales. El segundo son un programa político desplegado desde un ámbito superior para
supeditar a otro inferior. Así, la centralización no es un proceso exclusivo de los regímenes
unitarios al extenderse a otras formas de Estado como la federación y aun a la
confederación.
La historiografía ha calificado a estos vericuetos de las repúblicas centralistas como
sesgos federalistas que desdibujan su cariz unitario. Repito, la oposición de los unitarismos
mexicanos no fue con el federalismo moderado presente en el segundo Congreso
constituyente de 1823-1824 o con la federalización de 1830. Con los dos se pueden entablar
puentes precisos entre los tres proyectos. Las discontinuidades se deben observar en
relación con los posicionamientos confederalistas privativos de la primera república federal.
Estos sesgos, como se verá, los explico como elementos descentralizados dentro de los
esquemas unitarios forjados al calor de las tensiones entre las facciones políticas.
En último lugar, una tercera observación procedente del epígrafe refiere a la
extensión del centralismo, que no su naturaleza unitaria, dependiente de las atribuciones
26
dadas a los departamentos. En otras palabras, la centralización, como proceso de
monopolización de la toma de decisiones, variará entre un régimen unitario y otro. No
obstante, esta idea no se ha implementado del todo para las repúblicas de 1836 y 1843. La
historiografía se ha enfocado en explicar la primera república desde diferentes perspectivas
-lucha de facciones políticas, arquitectura institucional-fisca-militar e incluso de sus
supuestos doctrinarios- pero no ha puesto el mismo interés en la segunda. Tal inclinación
se debe a la originalidad de la centralista de 1836 con la integración de los derechos de los
mexicanos, un cuarto poder para contener los desvaríos de los otros y la importante
reducción del número de ayuntamientos. En contraste, la de 1843 tuvo pautas
institucionales menos innovadoras y un origen más nebulosos por la designación directa
de los integrantes del constituyente.
La comparación de las Juntas de 1836 y las Asambleas de 1843, por tanto, debe partir
del supuesto que pertenecieron a esquemas centralistas como forma de Estado y que
poseyeron diseños institucionales con grados diferenciados de centralización. De igual
manera, el cotejo debe atender las condiciones de los proyectos constitucionales de los
cuales surgieron las departamentales. Esto es, las reconfiguraciones de los grupos políticos,
la participación de las regiones en calidad actores-plataformas políticas, la negociación
parlamentaria que confeccionó las constituciones y las expectativas impuestas en ellas.
Todo como una búsqueda para solventar los problemas de gobernabilidad.
La elección de las Juntas y Asambleas de los departamentos de Jalisco y de México
atañe a una serie de consideraciones de diferente índole. En un principio tuve previsto
integrar otras departamentales pero pronto descarté la idea ante la ingente cantidad de
documentación existente tan sólo de las dos primeras. No obstante, insistir en una
comparación entre dos departamentales se debe a la propia problemática analizada. La
exposición de una única experiencia no soporta ponderar adecuadamente la distancia entre
departamentos y nación, tampoco sobre regionalización y jerarquización de los problemas
de gobernabilidad o la respuesta de los departamentos ante las expectativas de los
Congresos constituyentes. La falta de una historiografía específica sobre las
departamentales, aun para las regiones durante las repúblicas centralistas, reforzó esta
27
decisión.27 La comparación, en cambio, ofrece una aproximación a dos objetos
aparentemente análogos -las departamentales de Jalisco y de M éxico- pero que tras
confrontarlos con una problemática en particular -la gobernabilidad- se constatan las
semejanzas y diferencias de éstos así como los propios alcances de la hipótesis -la
centralización política como medida de arrostrar la in-gobernabilidad.
Los departamentos de Jalisco y de México, como espacios geográficos, comparten
aspectos importantes a señalar. Por un lado, la extensión territorial de ambos era
relativamente similares: el departamento de Jalisco contó con aproximadamente 105 000
km2 mientras que el de México con 125 000 km2.28 Por otro, la población del primero era
de 679 111 habitantes, la del segundo de 1 389 520. Aunque la diferencia es significativa,
eran la segunda y primera entidades con mayor población del país.29 Uno de los factores
nucleares para el cotejo entre las departamentales de Jalisco y de México es la distancia
física respecto al gobierno general. Las implicaciones que resalto son políticas. La
separación del epicentro de la nación, la ciudad de México, significó una menor presión para
las autoridades jaliscienses al no tropezar su funcionamiento con las nacionales. En cambio,
las mexiquenses sufrieron un acoso constante tanto de las supremas como de las inferiores
por problemas de límites de potestades. La frase a la sombra de la república cobra un
27 Los estudios relativos a las Juntas o Asambleas departamentales son escasos. El único que se centra en estas corporaciones es el de Lucio Ernesto Maldonado Ojeda, La Asamblea Departamental de México, 1836-1846, México, D.F., Editorial Espejo de Obsidiana, 2001. Otros trabajos sobre las regiones durante la década centralista son: Lorena Ojeda Dávila, El establecimiento del Centralismo en Michoacán, 1833-1846, Morelia, UMSNH/ Universidad Pablo de Olavide, 2011; María del Carmen Salinas Sandoval, Los municipios en la formación del estado de México, 1824-1846, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, 2001, pp. 85-237; Mariana Terán Fuentes, Bosquejo de un inmenso cuadro. Liberalismo constitucional y formas de gobierno en Zacatecas, 1823-1846, Zacatecas, UAZ, Taberna Libraria Editores, 2015, pp. 243-413; Justo Miguel Flores Escalante, Soberanía y excepcionalidad. La integración de Yucatán al estado mexicano, 1821-1848, Ciudad de México, El Colegio de México, 2017, pp. 143-261; Ignacio Almada Bay y José Marcos Medina Bustos, Historia panorámica del Congreso del Estado de Sonora, 1825-2000, México, D. F., H. Congreso del estado de Sonora, Cal y Arena, 2001, pp. 166-181, y Mariana Terán Fuentes, "Por un beso a Santa Anna. La separación de Aguascalientes del estado de Zacatecas, 1835-1846" en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, núm. 56, julio-diciembre 2018, p. 77-112.28 María del Carmen Salinas Sandoval, El primer federalismo en el Estado de México, 1824-1835, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, 2014, p. 55.29 Ley para las elecciones de 1842 incluyó una relación de los departamentos, su población y el número de diputados a elegir. Colección Lafragua-Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional (CL-FRBN), misc., 305, Manifiesto y convocatoria del Poder Ejecutivo Provisional de la República Mexicana en 10 de diciembre de 1841, México, Imprenta del águila, 1841.
28
sentido exponencial durante la década centralista. Téngase en cuenta que las autoridades
nacionales, las departamentales mexiquenses y las municipales cohabitaron el mismo
espacio en la ciudad de México. Si bien es cierto que la expulsión de los poderes estatales
mexiquenses durante la primera república federal fue un golpe duro a la legitimidad y
fortaleza de éstos, su regreso no fue más cómodo al tener que competir con el poderoso
ayuntamiento capitalino y, aunque débiles, los siempre imponentes nacionales. Sin
embargo, la distancia física no se debe de entender de manera directa y proporcional del
dominio e influencia del gobierno. Al contrario, la cercanía agotó la relación entre las
autoridades.
Los dos espacios participaron del arraigo y proliferación de instituciones durante las
últimas décadas de la época colonial: audiencia, obispado, universidad, consulado de
comerciantes, entre otras. Más que una simple y falsa equiparación, dado la distancia
temporal de más de dos siglos entre el asiento de las de Nueva Galicia y Nueva España, me
interesa resaltar que esta batería de corporaciones fungió como polos de atracción para las
provincias allende sus jurisdicciones y afianzaron una suerte de territorialización de las
instituciones. Otros aspectos, más económicos, fueron la existencia en estos
departamentos de un puerto pujante, San Blas y Acapulco respectivamente, en las costas
del Océano Pacífico lo que les impondría una entrada comercial de peso; la presencia de
redes comerciales importantes así como un mercado regional dinámico.30 En suma, los
departamentos de Jalisco y de México, como espacios, tuvieron más afinidades que
disparidades.
Por último, la breve historia republicana de Jalisco y el departamento de México
divergen en la etapa federal. Luego de la caída del Imperio mexicano, Guadalajara se
convirtió en uno de los promotores del con-federalismo al proclamar la federación y
defender el derecho de los estados para ejercer la soberanía en lo concerniente a su
30 Para Jalisco véase Eric Van Young, La ciudad y el campo en el México del siglo XVIII: La economía rural de la región de Guadalajara, 1675-1820, México, D.F., FCE, 1990 y Jaime Olveda, La oligarquía de Guadalajara, México, D.F., CONACULTA, 1991, pp. 93-203. En el caso de lo que será el estado de México véase el estudio clásico de John E. Kicza, Empresarios coloniales: familias y negocios en la ciudad de México durante los Borbones, México, D. F., FCE, 1986.
29
gobierno interior.31 Por su parte, la provincia de Nueva España se posicionó a favor de un
régimen centralizado, cuanto no centralista, debido a su situación propicia en términos
geográficos, económicos e institucionales.32 El establecimiento y fracaso del primer
federalismo trajo consigo una recomposición en ambos espacios. El primero, Jalisco,
mantuvo discursivamente activa su posición con-federal, al punto de negar al poder
ejecutivo nacional, pero en la práctica se fue desdibujando al no contar con los medios para
defenderse. El segundo, el de México, luego de la donación del perímetro circundante a la
ciudad de México para formar el Distrito Federal, se volcó sobre sí mismo y receló muchas
de las medidas tomadas por la federación tras considerarlas como agresiones a su soberanía
interna. La política mexiquense se fue alejando del fervor centralizador que lo caracterizó
al comienzo de la era republicana.
Para aproximarme a estos múltiples y conflictivos horizontes, el capítulo I se centra
en los programas que, con anterioridad a la república de 1836, prefiguraron maneras para
centralizar y limitar la actividad política de los territorios que los conformaban. El texto está
dividido en dos grandes apartados de acuerdo a la aplicación o no de estos programas. El
primero refiere a diputaciones provinciales de 1812 y entidades federales de 1824 como
experiencias que ante una pulverización de su territorio tuvieron que confeccionar
arquitecturas que les permitiera retomar el control político-territorial. En el segundo
apartado retomo la participación de los políticos centralistas en el Congreso constituyente
de 1823-1824, el pronunciamiento centralista de Yucatán de 1829 y la primera
administración de Anastasio Bustamante en 1830 como centralizaciones sin una aplicación
consumada. Estas cinco formulaciones no fueron meros antecedentes de las ulteriores
formas centralistas; opto por explicarlas dentro de sus propias lógicas y problemáticas para
evitar caer en la búsqueda falaz de los supuestos orígenes del centralismo mexicano.
El valor de exponer estos programas, no obstante, es capital. Por un lado, la crisis de
la Monarquía española reveló los problemas de gobernabilidad que anegaron todo el siglo
31 Jaime Olveda, Autonomía, soberanía y federalismo: Nueva Galicia y Jalisco, Zapopán, El Colegio de Jalisco, 2014, pp. 85-141.32 Charles Macune Jr., Charles (1970), El estado de México y la federación mexicana, México, D. F., FCE, 1978, pp. 7-23.
30
XIX. Las autoridades gaditanas tuvieron que afrontar una provincialización y politización del
territorio. Las provincias se resistieron constantemente a aceptar un gobierno con escasa
legitimidad y con muy poca estabilidad. La tensión gobierno-autoridad surgió en los
cruciales años de 1808-1812, las nuevas autoridades en suplencia del Rey -la Junta Central,
la Regencia y las Cortes- afrontaron la crisis con la enunciación de corporaciones que
encapsularan los conflictos por la toma de decisiones políticas con las instancias
intermedias dentro de los parámetros institucionales que ellos mismos confeccionaban. El
resultado fue la creación de una segunda tensión, ahora de cariz institucional, entre
autoridades nacionales y regionales que se reflejó en la relación rispida de agentes
designados y enviados por el gobierno y de cuerpos seleccionados por sufragio popular:
autoridad/libertad. Las dos tensiones permanecieron vigentes a lo largo del periodo
estudiado y, en buena medida, fueron retomadas para afrontar los graves problemas de
gobernabilidad que acaecieron tras el naufragio del primer Imperio mexicano en 1823. Por
otro lado, es indudable que los de 1836 y 1843 retomaron procedimientos que con
anterioridad fueron discutidos y, en algunos casos, puestos en práctica. Esto es, las
repúblicas centralitas no propusieron esquemas para la administración de los
departamentos del todo novedosos. Las similitudes con las diputaciones provinciales o con
los diseños de las entidades federativas de 1824 refieren a una suerte de joven tradición
centralizadora que los constituyentes centralistas retomaron para confeccionar sus
propuestas. No hablo de influencia, al contrario, los centralistas buscaron dentro de sus
posibilidades para conformar sus obras constitucionales.
Los capítulos II y III incursionan en el proyecto constitucional de 1836. El segundo
retoma el hilo desde el final de la primera república federal. El repaso de las últimas
administraciones de 1833 brinda un acercamiento a los problemas de coordinación entre
los órdenes de gobierno federal y estatal en los momentos más agónicos de la crisis y
también en los de estabilidad. El hincapié en los pronunciamientos no sólo es por su
importancia como detonadores de la búsqueda para solventar las fracturas en el régimen
político, incluso si eso significó romper con el orden constitucional, sino que las asonadas
determinaron los derroteros de los grupos políticos como parte, o no, de los nuevos
31
gobiernos. Además, los pronunciamientos y las elecciones operaron como condicionantes
para la composición del Congreso constituyente lo que junto con lo expuesto sobre los
anteriores proyectos centralizadores fue una doble limitante para los diputados. El tercero
traslada la atención a la arquitectura institucional de las Juntas departamentales. El análisis
se enfoca en los lineamientos establecidos para estas corporaciones como formas de
combatir los inconvenientes en la gobernabilidad acaecida por las dos tensiones
mencionadas en el párrafo anterior. La respuesta de los centralistas fue tajante: la
restricción y reducción de la actividad política de los ahora departamentos. Las Juntas era
el mecanismo para lograrlo.
Por último, los capítulos IV y V retoman las líneas del III y IV para desentrañar el
proyecto constitucional de 1843. Las diferencias entre ambos proyectos son notables. Cabe
adelantar que el segundo ponderó la capacidad del gobierno sobre la legitimidad lo que,
como se sabe, repercutió en la estabilidad de los supremos poderes. La participación abierta
y sistematizada de un sector de los generales del ejército, la intervención indirecta del gran
comercio internacional y la renovación generacional de los políticos configuraron la crisis
con una tintura propia respecto a la anterior de 1836. La articulación de los inicios del
proyecto con dos grandes pronunciamientos y dos constituyentes abrieron el abanico de
posibilidades de las formas estatales y gubernamentales como no había ocurrido
anteriormente. Las Asambleas, aún más que sus predecesoras, fueron construidas de
manera más reflexiva sin tantas trabas en el uso de sus atribuciones y, de alguna manera,
respetando las jerarquías territoriales de los departamentos.
Las fuentes utilizadas en esta investigación provienen en su mayoría de las
diferentes estancias gubernamentales. En primer lugar, documentación derivada de los
supremos poderes nacionales y, particularmente, aquellas relacionadas con la
reglamentación de las Juntas y Asambleas departamentales: constituciones,
reglamentación secundaria, actas de debates y de sesiones y proyectos de leyes. Este tipo
de documentos son recursos de primer orden. En este sentido, la revisión de estos textos
no se limita al recuento de facultades y formas para designar a los integrantes, en cambio,
se denota como los diferentes Congresos plasmaron sus expectativas para superar los
32
problemas de gobernabilidad e instaurar el buen funcionamiento del Estado. Es preciso
resaltar que los diputados en verdad creían que mediante la aplicación de sus diseños la
situación de la nación mejoraría. Sobra mencionar por medio de estos documentos se
establecieron los límites institucionales en donde los agentes desarrollaron sus relaciones y
las emplearon de acuerdo a su lenguaje político. Los proyectos constitucionales y las
constituciones concluidas de diciembre de 1836 y junio de 1843 junto con el Reglamento
provisional para el gobierno de los Departamentos de marco de 1837 y las propuestas de
reformas de 1840 y 1845 conforman el entramado institucional de las departamentales.
Estos documentos no pueden ser vistos como un bloque homogéneo que avanzó en la
misma dirección, sino que resaltan las diferencias y contradicciones existentes entre ellos.
Estas discrepancias fueron las que facultaron a los agentes a realizar interpretaciones y
utilizarlas de acuerdo a sus intereses. No obstante, la legislación nacional fue producto de
una negociación, es imposible no indicar este aspecto, entre los diferentes grupos políticos
que compusieron los Congresos constituyentes e incluso también participaron aquellos
excluidos de las asambleas. La moderación de los elementos más extremistas de los
proyectos de constitución y la concesión de otros alejados de la propuestas originales
formaron parte medular en la fabricación de los textos constitucionales centralistas al grado
que cambiaron el talante del propio proyecto.
La pesquisa realizada en el ramo de gobernación del AGN evidenció que los poderes
nacionales no se comunicaban directamente con las departamentales, dado la cantidad de
los documentos existentes en dicho acervo, sino que se valían del gobernador o de la
secretaría del gobierno de cada Departamento para notificarles sus pareceres. Esta
situación esboza que las departamentales, dentro de la jerarquía del Estado, se
encontraban en una posición por debajo del gobernador al ser éste el vínculo directo con
los poderes nacionales, mientras que aquellas operaban, desde esta perspectiva, como
auténticos consejos supeditados al primero. La falta de datos directos, más que un
impedimento, posibilita la formulación de interrogantes acerca de las relaciones entre las
diferentes instancias gubernamentales. El rastreo del acervo del Estado de México y del de
Jalisco así como la revisión de la correspondencia de las Juntas y Asambleas completó el
33
cuadro sobre el distanciamiento entre éstas últimas y los poderes nacionales. Esta
circunstancia me obliga a tener presente al gobernador, y a la secretaría a su cargo, como
un agente fundamental para las relaciones nación-departamento y su función a manera de
puente entre ambos niveles. Bajo este supuesto, las departamentales se proyectan como
espacios con un fuerte semblante administrativo que se deben sujetar a las instancias
nacionales pero también al gobernador. No obstante, la revisión meticulosa de la
documentación matiza esta premisa. El gobernador continuamente pidió el consejo de la
departamental, a través de oficios, la cual resolvía la duda y regresaba su resolución para
que el brazo ejecutivo del departamento la hiciera efectiva. Esto es, aquellas concertaron
muchas de las políticas que el gobernador implementó. Los documentos de los prefectos,
ayuntamientos y demás agentes gubernamentales completaría el cuadro de información
oficial derivada de los departamentos.
En segundo lugar, lo anterior es únicamente relativo a las fuentes provenientes del
Estado, fuera de éste hay un caudal de información que es preciso tener en cuenta para
esta propuesta de investigación. Entre las más valoradas se encuentran las publicaciones
relacionadas con el debate público acaecido en medios impresos tanto periodísticos como
pronunciamientos y representaciones. El carácter polémico de los periódicos indica la
aceptación que, al menos el sector que representa esa prensa, el gobierno mantenía. Los
vericuetos son más profundos, la prensa opositora fue realizada para desequilibrar la
opinión más que para construir un debate de las soluciones de los problemas. La
aproximación no fue tan directa. Los pronunciamientos y representaciones de los diferentes
actores políticos poseen un valor relevante para esta investigación dado que recogen las
inquietudes, decepciones y propuestas contra el gobierno en turno.
En tercer lugar, las producidas por las Juntas y Asambleas de los departamentos de
Jalisco y de México: actas de sesiones, correspondencia y decretos. La cantidad de
expedientes en este rubro es ingente. Esta tesis no agota, de ninguna manera, las
posibilidades para realizar investigaciones de gran calado sobre estas corporaciones. Al
contrario, el uso de estas fuentes puntualizaría y ampliaría los comentarios expuestos en
esta exposición. Las actas de las sesiones de las Juntas y Asambleas departamentales fueron
34
una de las principales fuentes que utilicé para realizar esta investigación. Dado la naturaleza
descriptiva y minimalista de este tipo de documentos no han recibido la suficiente atención
por parte de los investigadores pese a las enormes posibilidades, por su cantidad y abanico
de temas, como documento. Cecilia Noriega, por ejemplo, refiere que las actas, de la
Diputación provincial de México, "evitarán mostrar las intensas discusiones políticas [...] [en
cambio] reflejan sesiones tranquilas y ponderadas, en las que los asuntos no se someten a
debate, simplemente se ponen a consideración de la corporación, se acuerdan, se asignan
a la autoridad competente o se pasan a la comisión en turno".33 Noriega intenta percibir las
coyunturas políticas generales en la textualidad de las actas pero, según ella, los vocales las
camuflaron con una escritura escueta. De ahí el tono esquivo de Noriega. En lo personal
considero que existen otros elementos, incluidos muchos extratextuales, que potencian la
lectura de este tipo de documento como el contexto político, los integrantes de la
corporación, la secretaría, la reglamentación interna, la extensión del acta, los temas
persistentes en el largo, mediano y corto plazo, entre muchos otros. En conjunto, la lectura
del acta no sólo se ve enriquecida sino también la propia acta se ve explicada al reparar en
más elementos que sólo la lucha de facciones políticas.
Las actas de sesiones, los decretos y la correspondencia de las departamentales
deben ser estimados como parte de un sistema documental más que tres fuentes
separadas. Al no existir, o estar desaparecidos, los debates y discusiones de las
departamentales, se necesita echar mano de estos tres tipos de fuentes para poder llevar a
cabo una idea más nítida de las departamentales. Los decretos, por un lado, son el resultado
más destilado del quehacer de las departamentales. Estos se encuentran compilados en las
concernientes colecciones que ambos estados realizaron. No todas las resoluciones
plasmadas en las actas se convirtieron en decretos. Al contrario, en comparación con la
producción de los anteriores Congresos estatales, las Juntas y Asambleas elaboraron una
cantidad pequeña de acuerdo a las atribuciones de ambas corporaciones. De los tres tipos
de fuentes alrededor de las departamentales, los decretos son los más públicos y aquellos
33 Cecilia Noriega, "Estudio introductorio" en La diputación provincial de México, Actas de sesiones, 18211823, t. II, México, Instituto Mora, El Colegio Mexiquense, El Colegio de Michoacán, 2007, p. 15.
35
con una fuerza intrínseca de mandato. Bajo el término de correspondencia englobo a todos
los papeles enviados por los agentes del gobierno y los particulares a las departamentales
para que ésta determinara en algún asunto en específico. Las actas de sesiones permiten
reparar sobre la vida interna de las Juntas y Asambleas (integrantes, formas de conducirse,
facciones, polémicas, internas, etcétera), pero es la correspondencia con otros actores
donde se reflejaron las relaciones que las departamentales tuvieron más allá de su salón.
Esta fuente es rica para conocer los problemas más cercanos a la población y, cómo, quienes
los padecían aspiraban encontrar alguna respuesta a través de las departamentales.
El acta es más que un transvase de lo expresado en las sesiones, contiene elementos
que difícilmente se manifestaron por lo que se acercan más a una descripción de la práctica
que de la oralidad de los vocales. En este sentido, la secretaría de las departamentales tuvo
un papel importante al encargarse de transformar la sesión como práctica a la sesión como
texto. Es cierto, su función burocrática lo despoja de muchos vértices como los que pudo
tener y fomentar un publicista. Sin embargo, no es una figura enteramente desvinculada de
su contexto. No me queda claro hasta qué punto las actas fueron producto de la secretaría
y no de la departamental. ¿Lo inscrito en los libros fue por acuerdo de los vocales, del
presidente y el secretario o fue un ejercicio de síntesis del propio redactor? Este sesgo
afecta en diferentes grados a toda la producción textual con la que contamos y, pese a ello,
no invalida su veracidad como fuente histórica.
Las actas son un registro parcial de lo acontecido y dicho durante las sesiones. Aún
en las más exhaustivas persiste una brecha enorme entre lo escrito y lo sucedido. Por
ejemplo, no se consignaron los debates ni tampoco la mayoría de las votaciones. Estas
ausencias dieron por resultado textos puntuales, incluso parcos, pero que facultan la
observación de lo acontecido y producido al interior de las paredes. Las actas de las sesiones
de las Juntas y Asambleas departamentales constan de cuatro volúmenes para Jalisco y
cinco para el de México entre 1835-1846 existentes en las Bibliotecas legislativas de ambos
estados.34 Es preciso indicar que existen grandes vacíos en la continuidad de las actas que
34 Para las actas del Departamento de México me base en la versión digital. Véase Mario Téllez, Merizanda Ramírez y Arturo Argente (comps.), Actas de debates de las legislaturas del Estado de México, 1820-1910,
36
impide efectuar un análisis sostenido y detallado al grado de que sólo para un par de
departamentales existen las actas para todas sus reuniones. (Cuadro 1). Algunos
expedientes del ramo de gobernación de las dos Bibliotecas y de los Archivos de los estados
suministraron información complementaria para allanar los huecos mencionados.
Cuadro 1. Sesiones de las Juntas y Asambleas departamentales de Jalisco y México,1835-1846
DepartamentalJalisco México
PeríodoPeríodo
documentadoTomo Período
Períododocumentado
1835Octubre 20 de
1835 a marzo 25 de 1837
Octubre 20 de 1835 a Marzo
25 de 1837X
Octubre 20 de 1835 a Marzo
25 de 1837N/A
1837Marzo 26 de 1837 a diciembre 31 de
1838
Marzo 26 a agosto 19 de
1837/Agosto 13 a diciembre 31
de 1838
X
Marzo 26 de 1837 a
Diciembre 31 de 1841
Enero 1 de 1838 a diciembre 31 de
1840
1839Enero 1 de 1839 a
agosto 16 de 1841-
Enero 1 a diciembre 30 de
1839XI
1841Agosto 16 de 1841 a diciembre 31 de
1843N/A
Enero 1 de 1841 a Diciembre de
1843
Enero 3 de 1842 a febrero 27 de
1843/Octubre 1 a noviembre 8 de
1843
1844Enero 1 de 1844 a diciembre 31 de
1845
Enero 1 de 1844 a diciembre 31
de 1845XII
Enero 1 de 1844 a Diciembre 31
de 1845
Enero 1 de 1844 a octubre 17 de
1845
1846Enero 1 a mayo 20
de 1846 -Enero 1 a mayo
18 de 1846-XIII
Enero 1 de 1846 a Agosto de
1846 -N/A
Fuente: Elaboración propia con base en Archivo Histórico del Congreso del Estado de Jalisco (AHCEJ), Libros de actas de sesiones, t. X-XIII y Mario Téllez, Merizanda Ramírez y Arturo Argente (comps.), Actas de debates de las legislaturas del Estado de México, 1820-1910, Toluca, LV Legislatura del Estado de México, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Instituto de Estudios Legislativos, 2005.- El período fue finalizado por un pronunciamiento.
Toluca, LV Legislatura del Estado de México, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Instituto de Estudios Legislativos, 2005, DVD.
37
I. LOS PROGRAMAS CENTRALIZADORES PARA LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL, 1812
1832
El establecimiento de la primera república centralista fue incitado por centenares de
pueblos que, durante el primer semestre de 1835, elevaron peticiones al sexto Congreso de
la Unión para que éste reformara o variara la constitución federal de 1824. La facción
centralista dentro del legislativo aprovechó tales demandas para anteponerse a sus rivales
parlamentarios y consolidar su propuesta.35 Más que describir los acontecimientos, por el
momento, me interesa señalar la tensión inherente entre el gobierno nacional,
representado por las últimas administraciones federalistas de evidentes tintes
centralizadores, y los locales, expresados por las actas de las poblaciones e inconformes con
los manejos de las administraciones de 1833. Esto es, quienes validaron y legitimaron el
cambio de forma de Estado fueron las localidades que, al abstraerse de la federación,
argumentaron reasumir la soberanía y volver a un estado de naturaleza para, desde este
punto, exigir un nuevo pacto constitutivo. El episodio, como se verá, fue mucho más
complejo y soporta un análisis más puntual, me basta con indicar la ironía: la primera
república centralista surgió, o se justificó, mediante el reclamo particular de los pueblos.
La gobernabilidad, o la falta de ésta, fue el problema sustancial en las relaciones de
los tres niveles de gobierno durante la primera república federal. La carencia de gobiernos
estables, capaces y legítimos afectó a toda la arquitectura. No obstante, este tipo de
conflictos no fueron monolíticos sino que variaron de acuerdo a la región y el nivel de
gobierno. El más afectado, como se sabe, fue el federal que vivió una etapa de lucha entre
facciones políticas, amenazado de pronunciamientos y con frecuentes cambios de personal
de primera categoría así como ser inerme para aplicar sus providencias y carente de toda
confianza de los gobernados.36 Los de las entidades federativas, aunque graduados,
también sufrieron de fuertes desconciertos a raíz de reformas o cambios constitucionales,
35 El tránsito entre el régimen federal al central es detallado en Sordo, El Congreso, pp. 61-197 y Costeloe, La república central, pp. 52-126.36 Véase los estudios Josefina Zoraida Vázquez (coord.), El Establecimiento del federalismo en México (18211827), México, D.F., El Colegio de México, 2010, pp. 19-38 y Vázquez y Serrano, Práctica, pp. 13-39.
38
levantamientos, debilidad e ilegitimidad institucional.37 Por último, los gobiernos
municipales, imposibles de globalizar o generalizar, padecieron embarazos generados por
su articulación a esquemas de corte liberal y su capacidad de negociación con los otros dos
niveles de gobierno.38
El objetivo de los proyectos centralistas de 1836 y 1843 fue afrontar los problemas
de gobernabilidad dejados por la previa república federal a través de la creación de un
gobierno nacional sólido, rector de la política y que supeditara las partes que lo
conformaban. La acotación del ámbito intermedio -provincial/estatal/departamental- y la
limitación del municipal fue una necesidad para alcanzar tal propósito. Para ello, las dos
repúblicas centralistas formularon estructuras territoriales medias basadas en
departamentos, distritos, partidos y municipalidades. En la primera quedaron a cargo de
gobernadores-Juntas departamentales, prefectos, subprefectos, ayuntamientos-jueces de
paz mientras que en la segunda fueron comisionados a gobernadores-Asambleas
departamentales, prefectos, subprefectos y ayuntamientos. La nomenclatura no otorga un
enfoque suficiente para atender la cercanía y la distancia entre uno y otro diseño; los dos
poseyeron semejanzas sustanciales, pero también marcaron pautas diferentes para
abordar la administración territorial.
En 1835, la in-gobernabilidad del gobierno general y de los intermedios no fue
originada de la ruptura del pacto federal, tampoco de la crisis de la primera república
acaecida desde 1829 o de su ingeniería institucional plasmada en 1824. Los cimientos de la
falta de resolución, credibilidad y estabilidad fueron legados de la crisis de 1808 de la
Monarquía española y sus desdoblamientos bélico y constitucional. No se me malentienda,
37 Los dos estados que conciernen a esta investigación cuentan con una reducida pero sustancial historiografía que dan cuenta de sus oscilaciones políticas. Véase para Jalisco los trabajos de Jaime Olveda: La política de Jalisco durante la primera época federal, Guadalajara, Gobierno de Jalisco, 1976 y Autonomía, pp. 85-194. Para el estado de México véase a Macune, El estado y Salinas, El primer.38 Los estudios sobre el municipalismo durante el siglo XIX son prolíficos. Para el estado de México son claves los de Salinas: Los municipios y Política y sociedad en los municipios del Estado de México, 1825-1880, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, 1996. Véase también José Antonio Serrano y Juan Ortiz Escamilla (eds.), Ayuntamientos y liberalismo gaditano en México, Zamora, El Colegio de Michoacán, UV, 2009 y María del Carmen Salinas Sandoval, Diana Birrichaga Gardida y Antonio Escobar Ohmstede (coords.), Poder y gobierno local en México, 1808-1857, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, El Colegio de Michoacán, UAEM, 2011.
39
la materia era añeja y atravesó toda la época colonial. Empero, la apoplejía de la corona
ante la invasión francesa fue el catalizador que evidenció muchas de las presiones
existentes entre los territorios. La singularidad de esta crisis estribó en la materialización de
los malestares en términos de lucha por la soberanía. José María Portillo, para referirse a
esta situación, expone que "potencialmente cada pueblo podía proceder por sí mismo o
junto a otros a procurarse su emancipación [...] un derecho imprescindible que podía
ejercerse una y otra vez [...] lo que, a su vez, podía reabrir repetidamente también el
momento constituyente".39 La cuestión, por lo tanto, no consistió en la capacidad o interés
para convertirse en nación. En realidad, la médula problemática fue la insumisión posible y
relativamente fácil de los pueblos respecto a sus antiguas cabeceras o capitales de provincia
y de éstas para con la metrópoli. El Estado mexicano heredó estas carencias de
gobernabilidad provocados por la actividad política de las estructuras medias e inferiores
por lo que se vio obligado a negociar con éstos para ejecutar sus propósitos con un viso de
legitimidad pero, al mismo tiempo, resguardarse ante la emergencia de que las poblaciones
se abstrajeran del arreglo constitucional.
Los subsecuentes proyectos nacionales, después de Cádiz, utilizaron la
centralización como parte de sus programas y como una herramienta para combatir la
dispersión política de las regiones y localidades. El objetivo del presente capítulo es abordar
las propuestas centralistas y centralizadoras anteriores a las repúblicas de 1836 y 1843 para
dimensionar a éstas últimas. Me interesa exponer las mociones concretas y no hilvanarlas
afanosamente como meros antecedentes o preludios de los centralismos y particularmente
de las Juntas y Asambleas departamentales. El texto se divide, primero, en aquellos
impulsos centralizadores que tuvieron una aplicación efectiva en los territorios sin
detenerme en su éxito o implementación y, segundo, en otros que únicamente fueron
proyectadas en el debate, público o parlamentario, o en fugaces experiencias que no se
concretaron cabalmente. En este sentido, ambas categorías pertenecen al campo de las
39 Portillo, Historia mínima, p. 60.
40
expectativas de los individuos que pretendieron combatir con ellas la falta de
gobernabilidad.
Dos momentos de centralización efectiva: Diputaciones provinciales y estados federales
Las crisis de la Monarquía española de 1808 y la del Imperio mexicano de 1822 provocaron
el retraimiento y expansión de la política que desembocó en el ensanchamiento de lo local
y lo regional en contraste con lo nacional. Los Congresos constituyentes de 1810 y 1823
confeccionaron planes e instituciones para mitigar y restringir la actividad política de los
gobiernos intermedios e inferiores -identificada como un problema de gobernabilidad- y,
a la vez, transferirla a las manos de los supremos poderes. En este sentido, tanto la
ingeniería gaditana de 1812 como las de los estados de Jalisco y México de la década de
1820 fueron programas centralizadores que se aplicaron en sus correspondientes
jurisdicciones. Las tres experiencias constitucionales concurren en la utilización de
esquemas unitarios en lo referente al depósito y ejercicio de la soberanía por un único ente
supremo. Sin embargo, presentaron diferencias abisales en su estructura y ejecución. Las
diputaciones provinciales intentaron frenar y revertir la fragmentación de la Monarquía
detonado en 1808 al plantear un esquema descentralizado administrativamente para
ofrecer atractivos a los inconformes con el gobierno regio. Los estados mexicanos, en
cambio, trazaron divisiones espaciales y burocracias con el objetivo expreso de someter a
la población y a los ayuntamientos dentro de sus designios. La cruzada de los segundos
incide en la diferencia fundamental entre la situación que éstos experimentaron y el
escabroso escenario al que se enfrentaron las diputaciones gaditanas.
El gobierno económico de las diputaciones provinciales, 1812-1823
Las Cortes de Cádiz afrontaron la encrucijada de la gobernabilidad de los territorios,
derivada de la crisis de la Monarquía española de 1808, con la formulación de dos
corporaciones que se extenderían por toda la geografía imperial: diputaciones provinciales
y ayuntamientos constitucionales.40 Me centro en las primeras por la similitud con las Juntas
40 El decreto de mayo 23 de 1812 estableció diputaciones provinciales en Aragón, Asturias, Ávila, Burgos, Cataluña, Córdoba, Cuenca, Extremadura, Galicia, Granada, Guadalajara con Molina, Jean, León, Madrid, Mancha, Murcia, Navarra, Palencia, en cada una de las provincias Vascongadas, en Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora, Islas Baleares e Islas Canarias; en ultramar en Nueva España,
41
y Asambleas departamentales como aquellas corporaciones encargadas del ámbito
intermedio. El carácter de las diputaciones arremetía contra las difíciles relaciones que la
corona entabló con sus territorios de manera particular entre el Rey y cada reino, ciudad y
pueblo. Relaciones que en algunos casos se modificaron determinantemente durante la
crisis de 1808. En la historiografía especializada persiste una disonancia entre una
concepción unitaria del proyecto doceañista que otorga a las diputaciones una participación
notable para impedir la dispersión metropolitana cuyo origen es situado dentro de la
tradición institucional hispana-peninsular y otra federalizante que permitió el
fortalecimiento de las regiones, con base en la aplicación en Nueva España, y que fueron
ideadas por Miguel Ramos Arizpe, diputado novohispano a las Cortes constituyentes.41 El
encuentro de ambas perspectivas permite reflexionar sobre las expectativas perfiladas en
estas corporaciones y la experiencia ulterior que arrojó su empleo.
Las diputaciones provinciales, como parte de una propuesta constitucional, debían
resolver la transformación del territorio acaecida por la ascensión política de las provincias
y el temor a la federalización desarrollado por la Junta Central. Los dos problemas
gravitaron alrededor de una misma lógica de atomización del territorio en múltiples
corporaciones que reclamaron el depósito de la soberanía regía. Estos desencuentros
desarticularon la cadena de mando de la Monarquía mediante la descentralización de la
Nueva Galicia, Yucatán, Guatemala, León de Nicaragua, Provincias internas de Oriente, Provincias internas de Occidente, San Luis Potosí, Isla de Cuba, Santiago de Cuba, Isla de Santo Domingo, Nueva Granada, Quito, Venezuela, Perú, Cuzco, Chile, Río de la Plata, Charcas, Filipinas. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (BVMC), Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de septiembre de 1811 hasta 24 de mayo de 1812, t. II, Cádiz, Imp. Nacional. Consultado en octubre 25 de 2019, http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc736n6.41 Un ejemplo de la primera vertiente de interpretación es Manuel Santana Molina cuyo trabajo profundiza en diversas corporaciones de la historia institucional moderna de España y Francia con el afán de "averiguar cuál es el verdadero antecedente de las diputaciones constitucionales", presenta a Ramos Arizpe como otro de los perdedores en la votación parlamentaria y, por lo tanto, con poco influjo en el proyecto. Manuel Santana Molina, La diputación provincial en la España decimonónica, Tesis de doctorado, Alicante, Universidad de Alicante, 1986, pp. 118-140. Por su parte, la historiografía mexicanista ha cimentado su postura en la poderosa interpretación de Nettie Lee Benson inserta en su libro clásico sobre las diputaciones. De acuerdo con esta autora "es muy dudoso que Ramos Arizpe [...] haya propuesto y abogado por la 'diputación provincial' como la base del sistema que habría de cobrar vida en la Constitución mexicana de 1824, pero es indudable que tal institución fue un factor de extrema significancia en el origen de dicho sistema". Nettie Lee Benson (1955), La diputación provincial y el federalismo mexicano, México, D. F., El Colegio de México, UNAM, Museo de las Constituciones, 2012, p. 47.
42
toma de decisiones lo que a su vez creó una falta de gobernabilidad en la escala suprema
del entramado institucional y serios conflictos en la media por las luchas entre poblaciones
para imponerse. El reto, entonces, para los gobiernos generales fue revertir este proceso y
efectuar una centralización que limitara a los sujetos regionales y locales. Ambas cuestiones
emanaron de la crisis estallada en 1808 y, más puntualmente, con la formación de juntas,
tanto en la península como en América, que enarbolaron la resistencia, material o
discursiva, frente al ejército invasor francés y asumieron la tutela de la soberanía ante la
prisión del Rey y el desafecto de las corporaciones de gobierno de primer orden. En este
sentido, no pretendo realizar una inagotable búsqueda de los antecedentes de las
diputaciones ni tampoco recontar su complicado engranaje institucional.42 Me enfocaré en
resaltar la forma en que estas corporaciones fueron esbozadas para contrarrestar una lógica
que se presentó como perentoria al mismo tiempo que irreversible: la fragmentación del
sujeto soberano. Los avatares de esta disyuntiva prefiguraron en buena parte los conflictos
de la in-gobernabilidad de las autoridades medias e inferiores que los futuros proyectos
constitucionales mexicanos afrontaron con la tensión entre centralización y
descentralización de las regiones y los pueblos.
La eclosión de las juntas se determinó con el ejercicio de varias prácticas de las
autoridades locales para sustentar la lucha contra el gobierno de José Bonaparte y expandir
el perímetro bajo su control. Administrar la justicia, declarar la guerra, fijar y recaudar
contribuciones, nombrar autoridades subalternas, enviar embajadores y establecer
acuerdos diplomáticos fueron algunas de las atribuciones que cada junta asumió como
parte de su reclamo por la soberanía. Más que la apropiación de tales facultades,
extraordinaria en todo sentido, la libertad con la que las emplearon convirtió a estas
corporaciones en las únicas autoridades legítimas para conducir los asuntos de gobierno de
la Monarquía en el espacio que representaban. En otras palabras, las juntas se tornaron en
42 Carmen Muñoz de Bustillo realizó una brillante deconstrucción de las diputaciones para refutar las diferentes lecturas que sitúan su origen en antecedentes "plurinstitucionales" de raigambre hispana o francesa. Para la autora "las diputaciones provinciales de Cádiz fueron tan originales como lo podían ser las Cortes mismas o la Constitución [...] fueron producto de un texto constitucional y sólo subsistieron en tanto éste estuvo vigente". Carmen Muñoz de Bustillos, "Los antecedentes de las diputaciones provinciales o la perpleja lectura de un pertinaz lector", Anuario de historia del derecho español, núm. 67, 1997, p. 1191,
43
cuerpos autónomos unos de otros pero también en lo que respecta a cualquier instancia
superior. No necesitaron aprobación para dictar providencias desde el inicio de la crisis en
mayo de 1808 hasta septiembre de ese mismo año cuando emergió la Junta Central y aún
después mantuvieron el control en sus áreas de influencia.43
Las juntas no se limitaron a utilizar tales potestades en el espacio inmediato a ellas
sino que ensancharon notablemente su marco de acción. Esta expansión transformó las
jerarquías territoriales al propiciar la actividad política de las regiones. Portillo ha insistido
en varios escritos la importancia de esta conversión. Para él, las juntas, transfiguradas en
provinciales, conformaron gobiernos para la "representación de un pueblo que aparecía
ahora referido a un radio territorial [más amplio] y no estrictamente local". El pueblo
aludido no fue el relacionado con la Nación, como se sustentará en Cádiz, sino solamente
limitado a aquel que encarnaba la provincia. Éstas nacieron con una vocación política sobre
su territorio "que estableció un primer mapa provincial de España".44 La Junta de Sevilla,
por ejemplo, se autodenominó Suprema y se adjudicó un margen mucho más dilatado de
aquel regentado por el ayuntamiento de la ciudad. Su pretensión creció hasta oponerse a
otras juntas como la de Huelva y Granada por considerar su territorio dentro de su zona de
acción y alcanzó deformaciones tan drásticas como proclamarse tutora de las Indias. La
última enunciación es dramática al negar cualquier intento de los americanos por participar
en política de manera individual, colectiva o corporativamente.45
La potencia de las juntas provinciales no disminuyó con la integración de la Junta
Central. Pese a las tentativas para someterlas no fue posible desmontarlas políticamente y,
43 Antonio Moliner Prada, "El movimiento juntero en la España de 1808" en Manuel Chust (coord.), La eclosión juntera en el mundo hispano, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, 2007, pp. 5183; Richard Hocquellet, "Los reinos en orfandad: la formación de la Juntas Supremas en España en 1808" en José Antonio Serrano y Marta Terán (ed.), Las guerras de independencia en la América española, Zamora, El Colegio de Michoacán, INAH, UMSNH, 2010, pp. 23-32.44 José María Portillo Valdés, "Cuerpo de nación, pueblo soberano. La representación política en la crisis de la monarquía hispana", Ayer, núm. 61, 1, 2006, p. 57 y José María Portillo Valdés, "'La libre e independiente'. La nación como soberana" en Alfredo Ávila y Pedro Pérez Herrero (comps.), Las experiencias de 1808 en Iberoamérica, México, D.F., UNAM, Universidad de Alcalá, 2008, pp. 29-48.45 Manuel Moreno Alonso, "La política americana de la Junta Suprema de Sevilla (la crítica a las instituciones de Blanco White)" en Bibiano Torres Ramírez (coord.), La influencia andaluza en los núcleos urbanos americanos: Actas de las VII Jornadas de Andalucía y América, vol. II, Sevilla, Diputación de Huelva, 1990, pp. 71-92.
44
en cambio, su existencia se propagó a los tiempos de la Regencia y aun durante los de las
Cortes. Como dice Carmen Muñoz de Bustillos, las juntas provinciales se convirtieron en
"incómodos compañeros de viaje" que no podían ser ignorados y tenían que ser incluidos
en cualquier proyecto para la Monarquía.46 La importancia y vigencia de las juntas quedó
manifiesta en la instrucción para las elecciones de los diputados a Cortes de enero de 1810.
Los representantes se designarían de tres formas: como parte de aquellas ciudades que
contaban con derecho a voto en las Cortes en 1789, como delegados de las juntas
provinciales y por proporción poblacional. Lo remarcable es que las juntas, ahora tituladas
superiores de observación y defensa, obtuvieron representación directa, aunque
corporativa, dentro del constituyente pero también que la poblacional fuera dividida con
base en las provincias -3 1 continentales más 4 insulares.47 Así, la composición de las Cortes
reflejó cierta naturalización de las jerarquías territoriales modificadas con la crisis de 1808.
Las autoridades generales -Junta Central, Regencia y Cortes- encubaron un
verdadero terror a la federalización de la arquitectura institucional. El miedo no era
infundado dado que se originó con la activación política de las juntas provinciales y con la
institución de la Central mediante la reunión de dos delegados por cada junta. Esta especie
de representación corporativa-territorial le confirió una sazón federalista. Lo que la Central
congregó no fue la soberanía del monarca sino el conglomerado de juntas provinciales que
reclamaron en lo particular la custodia de ésta. Esta macula federal fue negada rápida y
reiteradamente por la propia Central que argumentó defender la unidad de la Monarquía.
El temor y el rechazo a lo federal fue lo que permeó dentro del pensamiento de la Central
y, por ende, se debía controlar la desarticulación de las provincias.48 Los esfuerzos para ello
marcaron la pauta de la formulación de las diputaciones gaditanas. La Central, en enero de
1809, envió a las juntas una circular para, según Antonio Moliner Prada, reducir sus
46 Carmen Muñoz de Bustillo, "Constitución y territorio en los primeros procesos constituyentes españoles" en Carlos Garriga (coord.), Historia y constitución: trayectos del constitucionalismo hispano, México, CIDE, Instituto Mora, El Colegio de Michoacán, Escuela Libre de Derecho, Historia Constitucional de España, El Colegio de México, 2010, p. 213.47 BVMC, Convocatoria para las Juntas Superiores (1810), Madrid, Imp. de los Hijos de J.A. García, 1885.Consultado en octubre 25 de 2019, http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcrf5p548 Portillo, "'La libre", pp. 41-42; José Antonio Piqueras, El federalismo. La libertad protegida, la convivencia pactada, Madrid, Cátedra, 2014, pp. 175-222.
45
"competencias y facultades al introducir un plan uniforme en el gobierno y administración
de las provincias". Más que su éxito, la impronta de esta disposición fue el diseño que
homologaba y jerarquizaba a las juntas tanto en número de integrantes como en la cadena
de mando que debían acatar.49
Como comenté párrafos atrás, la Instrucción, para las elecciones de enero de 1810,
reconoció la existencia de las provincias como espacios institucionalizados pero también,
con esta misma credencial, la Central declaró los territorios que consideraría como
provincias con la finalidad de evitar una mayor fragmentación. Las Cortes continuaron esta
pugna para imponer sus políticas. Para Francisco Carantoña Álvarez, el Reglamento
provisional para el gobierno de las juntas de provincia (marzo 18 de 1811) tuvo un peso
contundente en la confección de las diputaciones provinciales doceañistas. Este
ordenamiento poseyó un carácter marcadamente militar que, en términos generales,
permitía y fijaba la forma para que las juntas organizaran la milicia y dieran contribuciones
para el sustento de ésta. Lo reseñable, por su semejanza con las diputaciones, fue la
conformación con base en una planta de nueve integrantes electos mediante sufragio
popular para todas las juntas -con excepción de la de Cataluña que contaría con sólo 7 -, la
participación de autoridades como el intendente y el capitán general así como facultades
referentes a la instrucción pública y el fomento material de la provincia.50
Las diputaciones provinciales, conformadas según el capítulo VI de la Constitución de
la Monarquía española de 1812, fueron equipadas para confrontar la actividad política de
las provincias. En el discurso preliminar se perfiló y explicó tajantemente la manera correcta
de entender estas corporaciones. El proyecto gaditano para el gobierno de las provincias
fue englobado de la siguiente manera:
establecer el justo equilibrio que deba tener entre la autoridad del gobierno, como
responsable del orden público y de la seguridad del Estado, y la libertad de que no
49 Molinar, "El movimiento", pp. 73-74.50 Francisco Carantoña Álvarez, "Ni tan recientes ni tan prescindibles: la Constitución de 1812, las diputaciones y el (re)nacimiento de las provincias", Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, núm. 15, 2016, pp. 157-158.
46
pueda privarse a los súbditos de una nación de provocar por sí mismos el aumento y
mejora de sus bienes y propiedades [...] este sistema reposa en dos principios.
Conservar expedita la acción del Gobierno para que pueda desempeñar todas sus
obligaciones, y dejar en libertad a los individuos de la Nación, para que el interés
personal sea en todos y cada uno el agente que dirija sus esfuerzos hacia su bienestar
y adelantamientos.51
Estas líneas engloban el quid de la respuesta gaditana para solventar los problemas
de gobernabilidad que acarreó la provincialización de 1808. Los constituyentes perfilaron
un frente que reconociera la capacidad del gobierno central para implementar sus
disposiciones y otro que proveyera de legitimidad por parte de los gobernados. Esto es, una
tensión palpable entre autoridad/libertad. La comisión que elaboró el discurso preliminar
reemplazó veladamente los conceptos claves del debate iniciado en 1808 por aquellos en
los que fincó su propuesta. Los problemas continuaron presentes, pero no fueron
enunciados. En ningún lado del discurso se habló del poder político de las provincias, en
cambio se propugnó por la libertad de los individuos para fomentar su bienestar personal.
Tampoco se evocó el temor al federalismo y si de la obligatoriedad de la existencia y función
del gobierno monárquico para asegurar el orden y la seguridad pública. En el párrafo citado
se advierten dos lógicas opuestas aunque complementarias: una centralizadora a cargo del
ejercicio del gobierno y otra descentralizadora a manos de los naturales de cada provincia.52
51 BVMC, Discurso preliminar leído en las cortes al presentar la comisión de constitución el proyecto de ella (1811), Madrid, Imprenta que fue de García, 1820, pp. 99-100. Las cursivas son mías. Consultado en octubre 28 de 2019, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/constitucion-politica-de-la-monarquia-espanola- promulgada-en-cadiz-a-19-de-marzo-de-1812-precedida-de-un-discurso-preliminar-leido-en-las-cortes-al- presentar-la-comision-de-constitucion-el-proyecto-de-ella--0/html/52 La historiografía no ha dejado desapercibido el diseño descentralizada de las diputaciones provinciales. Para Lorente la concepción del orden gaditano como un estado centralista le parece inverosímil por la carencia de personal que ejecutara órdenes y ciñera a las diputaciones y ayuntamientos. Al contrario, propone la constitucionalización del antiguo gobierno económico y político de los pueblos, es decir, para ella "la nación gaditana [era] una pirámide de nuevos cuerpos representativos". Marta Lorente, "Esencia y valor del constitucionalismo gaditano (Nueva España: 1808-1821)" en Antonio Annino (coord.), La revolución novohispana, 1808-1821, México, CIDE, FCE, CONACULTA, INEHRM, Fundación Cultural de la Ciudad de México, 2010, pp. 338-342. Muñoz de Bustillo elaboró un pulcro armazón argumentativo basado en los acercamientos legislativos y el cariz gubernativo de las diputaciones para esbozar una lectura "descentralizadora", incluso federalizante, de estos cuerpos al margen del "Estado unitario y centralizado". Muñoz de Bustillo, "Constitución", pp. 221-230. No obstante, ambas propuestas ensalzan los escollos políticos/gubernativos de las diputaciones pero no señalan las mayores atribuciones del gobierno económico
47
La manufactura de instituciones para contener los principios de libertad y autoridad
recayeron en las diputaciones provinciales y los jefes políticos respectivamente. Las
primeras "compuesta[s] de personas elegidas libremente por los pueblos de su distrito [...]
[mientras que los segundos] como individuos natos de la diputación [garantes del] ejercicio
[de] la autoridad del Rey para que no pueda ser desconocida o poco respetada en todo lo
que pertenece a sus facultades". Las lógicas de la centralización-descentralización se
reflejaron en las facultades de las diputaciones "conformes en todo a la naturaleza de
cuerpos puramente económicos [administrativos]. Su acción queda subordinada a las leyes,
sin que en nada puedan entorpecer, y menos oponerse a las órdenes y providencias del
Gobierno, estando éste autorizado para suspender a los vocales en casos de abuso o
desobediencia".53 En las diputaciones se recogieron los impulsos previos de circulares y
reglamentos para diluir la actividad política de las provincias pero no para suprimirla; la
autonomía derivó en descentralización y la política en gobierno económico.
El freno de lo provincial fue un aspecto más de la conquista de la Nación como centro
del debate en el constituyente doceañista. La soberanía, tema primordial de la crisis desde
1808, fue empatada y supeditada a la Nación. El artículo 3 de la Constitución fue
contundente: "la soberanía reside esencialmente en la Nación". Al margen de la discusión
sobre esencialidad y radicalidad, me interesa asentar el sentido unitario que se le dio a la
premisa. El entramado gaditano discurrió en torno a la idea de la nación soberana como
punto de convergencia del cual emanaría el resto de las instituciones. Este carácter fue
recalcado con la uniformidad otorgada a las provincias. De acuerdo con el artículo 325 "en
de éstas como respuesta a la transformación del territorio acaecida por la formación de juntas. Otros autores mantienen su planteamiento en los mismos ejes que mi exposición. Alfredo Gallego Anabitarte lo resume magistralmente al considerar al proyecto gaditano como "Estado unitario, descentralizado en las Provincias y con fuerte desconcentración en los Ayuntamientos". Alfredo Gallego Anabitarte, "España 1812: Cádiz, Estado unitario, en perspectiva histórica", Ayer, núm. 1, 1991, pp. 162-163, Piqueras estima que "la descentralización administrativa no solo era compatible con el gobierno único y uniforme, con el Estado unitario, sino que lo hacía posible", Piqueras, El federalismo, p. 187. Por último, Carantoña repara que "uniformidad -iguales instituciones y competencias, tamaño similar de las provincias- y descentralización definirán también las reformas gaditana.". Independiente de su postura y validez, estos autores convergen, y yo con ellos, en cuestionar la interpretación de Cádiz como un estado centralizador que aglutinaba la toma de decisiones administrativas. Carantoña, "Ni tan", p. 160 53 BVMC, Discurso preliminar, pp. 100-102. Las cursivas son mías.
48
cada provincia habr[ía] una diputación llamada provincial, para promover su prosperidad,
presidida por el jefe superior". Es cierto, las dimensiones espaciales no fueron polemizadas
en el texto constitucional, la huella ocurrió en la homologación de la planta burocrática y el
entramado facultativo de las diputaciones. Los constituyentes rasaron a las provincias sin
detenerse en sus diferencias económicas, sociales, demográficas o políticas. En otras
palabras, la descentralización del gobierno económico no imposibilitó la uniformidad en las
provincias.
De igual manera, la estructura de todas las diputaciones provinciales fue análoga:
jefe político como presidente, intendente y siete vocales propietarios más tres suplentes
(Constitución, art. 326). Esta forma coincidía con lo planteado en el discurso preliminar para
el gobierno del territorio, pero con sus propios dilemas sobre de las fronteras entre ambos
componentes. El jefe político y el intendente eran agentes directos del gobierno con
atribuciones específicas y aisladas de las de la diputación. Los vocales provinciales, en
cambio, no componían por sí solos a la corporación sino que lo hacían únicamente con la
concurrencia de alguno de aquellos. La in-dependencia de los vocales de su presidente, y
del gobierno en última instancia, remite a una cuestión de interpretación acerca de discurrir
a los jefes políticos y diputaciones como un gobierno provincial con dos ramas separadas o
una en conjunto.
La designación de ambas partes de la diputación estuvo basada en los principios de
autoridad y libertad figurados en el discurso citado. Por un lado, los jefes políticos y los
intendentes eran nombrados directamente por el Rey como integrantes del gobierno
político. Los requerimientos para el primer cargo eran la naturalidad española y la edad de
25 años además de una batería de cualidades morales apegadas a la reputación pública y la
adhesión al orden constitucional. La más relevante, sin duda, fue la exención para que el
jefe político pudiera no ser originario de la provincia que se le encomendaba. Esta medida
fortalecía la presencia del gobierno supremo.54 Por otro, el formato electivo de los vocales
descansó en el principio de libertad. Las demandas para estos cargos no variaron mucho
54 BVMC, Colección de los decretos y órdenes, t. IV, p. 120. Consultado en octubre 25 de 2019, http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmczk594.
49
con las del jefe al exigírseles ser ciudadano en ejercicio de sus derechos políticos, edad de
25 años, ser oriundo o vecino de la provincia y tener modo honesto de vivir (Constitución,
art. 330). Así, para ser vocal provincial se reclamó las mismas recuestas que aquellas
solicitadas para obtener el encargo de diputado a Cortes (Constitución, arts. 91-92). De igual
forma, vocales y diputados serían elegidos por los mismos electores durante una jornada
de dos días (Constitución, art. 328). Estos dos últimos puntos fueron retomados por los
diversos bosquejos constitucionales mexicanos tanto federalistas y centralistas.
La electividad de los vocales por sufragio popular merece comentario aparte.
Ciertamente fue una decisión conflictiva que operaría como garante de la libertad y
descentralización de las provincias, pero que podía descolocarse en una suerte de
representación provincial que resistiera a la nacional. Alfredo Ávila sostiene que las
diputaciones fueron desprovistas de cualquier viso de representatividad política al poseer
facultades estrictamente administrativas que las incapacitaron para desplegar cualquier
tipo de autonomía política.55 No obstante, persiste una difícil lectura del límite del principio
legitimador de las elecciones como fuente de la representación política en lo nacional pero
negado en lo provincial. Aunado a lo anterior, la descentralización de las facultades de las
diputaciones provocaría un entendimiento distorsionado de estas corporaciones desde las
mismas provincias.
Las diputaciones, en efecto, tuvieron una vasta injerencia en la vida regional. Los
constituyentes ibéricos, como señala Ávila, las contuvieron con la delegación de tareas
como la promoción del bienestar público y la vigilancia de las rentas y fondos públicos
(Constitución, art. 335, fracciones I, II, V, VI, VII, VIII y X). La naturaleza económica-
administrativa de estas facultades fue acompañada por la descentralización inserta en ellas.
Sus atribuciones más comprometidas en materia política fueron tocantes a la instalación de
ayuntamientos, la formación de arbitrios para emprender obras públicas y fungir como
mensajeros en la custodia de la constitución (Constitución, art. 335, fracciones III, IV y IX).
Sin embargo, para contrarrestar, e incluso anular, estas prerrogativas, se constriñó a las
55 Alfredo Ávila, En nombre de la nación. La formación del gobierno representativo en México, México, D.F., Taurus, CIDE, 2002, pp. 315-319.
50
diputaciones a partir de la subordinación de éstas a los agentes del poder ejecutivo. En
consecuencia, es entendible que el jefe político, o el intendente en las ausencias de aquel,
fuera el presidente nato de las diputaciones (Constitución, arts. 325, 326 y 332). También el
jefe era la vía exclusiva de comunicación entre la provincial, los ayuntamientos y los
supremos poderes (Instrucción, título III, art. 17) y, quizá la más determinante, que el
monarca pudiera suspender a los vocales provinciales (Constitución, art. 336). Por último,
otra medida encaminada a la contención de los cuerpos provinciales fue el apretado
calendario de sesiones, noventa días al año (Constitución, art. 334), con el que contaron
para dar solución a los negocios públicos en los que se requería su participación.
La arquitectura institucional de las diputaciones correspondió a la provincialización
política del territorio comenzada con la eclosión juntera pero limitada a aquella acaecida en
la geografía europea de la Monarquía. Me explico, la historiografía ha apuntado la
"identidad de reacciones tanto en España como en América", en palabras de Françoise-
Xavier Guerra, con que los pueblos se opusieron y organizaron frente a las abdicaciones de
Bayona.56 Sin embargo, los derroteros divergieron en cada orilla del Atlántico hispano. Las
juntas europeas se encargaron del gobierno en el espacio que representaban mientras que
a las americanas se les negó, por parte de las primeras, cualquier posibilidad de
reconocimiento. Lo relevante es que, desde la perspectiva de las primeras, el territorio
peninsular fue el único que se politizó tras la prisión del monarca; el americano permaneció
estático a pesar del establecimiento de sus propias juntas y los múltiples pronunciamientos
a favor, primero, y en contra, después, del monarca.57
Hasta ahora he reservado el desarrollo de la crisis en tierras americanas para
destacar la coherencia entre la actividad política de las provincias en la península y su
acotamiento por medio de las estructuras intermedias gaditanas. América abre otros
frentes suscitados de los efectos de la aplicación de un proyecto constitucional en espacios
56 Françoise-Xavier Guerra (1992), Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispanas, México, D.F., FCE, MAPFRE, 2010, p. 119.57 Portillo, "'La libre", pp. 40-48; Roberto Breña, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808-1824: una revisión historiográfica del liberalismo hispano, México, D.F., El Colegio de México, 2006, p. 103.
51
para los que no fue concebido del todo. Los contactos entre territorio americano y
constitución doceañista exigen volver atrás para enmarcar los vericuetos del primero. En
América se formaron bloques que reaccionaron de diferente manera a la noticia de las
abdicaciones. En algunos, como en el Río de la Plata o Nueva Granada, comenzó un proceso
de provincialización similar al de la península. En contraste, la parte septentrional tuvo un
desarrollo particular en la crisis de 1808 y, especialmente, tras los fracasos para formar una
junta de gobierno propia y su subordinación a los designios peninsulares.58 La participación
de las provincias ocurrió en diferido respecto al de la península y presentó variables en las
dinámicas que a produjeron.
Beatriz Rojas, en varios textos, ha insistido en la importancia de las provincias y
ciudades en las últimas décadas coloniales de la Nueva España. Esta autora sitúa el
nacimiento del espacio provincial en la instauración del régimen de intendencias y su
reconocimiento tras 1808. Indistintamente del alba de las provincias, la reflexión de Rojas
acentúa la participación de ciudades-cabecera como núcleos de la articulación territorial de
cada intendencia.59 Durante el proceso constitucional gaditano, el reclamo de las capitales
de intendencia para convertirse en sede de diputaciones activó políticamente a las
provincias novohispanas. Antonio Annino lo expresa con extraordinaria claridad al
considerar que "la Nueva España, en cambio [del Cono Sur americano], quedó integra
aunque sus divisiones sociales y territoriales se profundizaron [y politizaron] como efecto
conjunto de dos procesos: la guerra entre insurgentes y realistas y la difusión de la
Constitución de Cádiz".60
Gracias a las investigaciones de Juan Ortiz Escamilla, por un lado, comprendemos el
poderoso influjo que la guerra tuvo en la sociedad al desarticular las relaciones socio-
territoriales para reconstruirlas alrededor de "nuevas formas de gobierno y legitimidad" las
58 Virginia Guedea, "La Nueva España" en Chust (coord.), La eclosión, pp. 84-104.59 Beatriz Rojas, "Las ciudades como sustrato constitucional" en Roberto Breña (ed.), Cádiz a debate: actualidad, contexto y legado, México, D.F., El Colegio de México, 2014, pp. 175-197; Beatriz Rojas, "La trama gaditana: gobierno y representación" en Jaime Olveda (coord.), Los rostros de la constitución de Cádiz, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2013, pp. 57-73.60 Antonio Annino, "La ruralización de lo político" en Antonio Annino (coord.), La revolución, p. 386.
52
cuales fueron interpretadas y empleadas por la "población civil" para encarar a la
devastación propia del conflicto armado.61 Por otro, las ciudades-cabeceras alegaron,
primero, ser meritorias para elegir sus propios representantes a la Junta Central y a Cortes
y, segundo, en los legajos enviados para solicitar instituciones, arbitrios y privilegios. Es
conocido el revuelo que causó la formación de diputaciones provinciales y ayuntamientos
constitucionales en 1813-1814 así como de las protestas por el corto número de
diputaciones concedidas para toda la América septentrional. Es decir, las provincias, desde
sus capitales, entendieron a las instituciones gaditanas como un privilegio a tramitar; la
actividad de las provincias fue pródiga en estos dos años "transformando un virreinato
céntrico (que no quiere decir centralizado) en un virreinato 'policéntrico'".62
El dinamismo político de las provincias por vía institucional en la Nueva España se
truncó momentáneamente con la abjuración de Fernando VII, liberado de su prisión, al
orden gaditano en 1814, pero se retomó e intensificó con el retorno de la constitución en
1820. Las ciudades-cabeceras retomaron sus exigencias para un mayor número de
diputaciones. La consumación de la independencia novohispana, bajo la promesa de un
Imperio mexicano, y la ruptura de este primer pacto completaron el cuadro de un complejo
proceso de provincialización entre 1820 y 1823 cuyo resultado fue la pulverización de las
estructuras gubernamentales supremas e intermedias. La distorsión del planteamiento de
Nettie Lee Benson ha creado un lugar común en la historiografía para achacar a las
diputaciones el surgimiento del federalismo como una repercusión natural de esta
provincialización. Contra esta falacia, Rafael Diego-Fernández amonesta con agudeza
61 Juan Ortiz Escamilla (1997), Guerra y gobierno. Los pueblos y la independencia de México, 1808-1825, México, D.F., El Colegio de México, Instituto Mora, 2014, p. 302-303.62 Para Annino "las ciudades [...] perdieron el domino sobre sus antiguos territorios" provocando "un desplazamiento del eje jurisdiccional del espacio novohispano de la ciudad al campo", Annino, "La ruralización", pp. 390-459. No obstante, su premisa no alcanza a responder porqué las provincias, identificadas por Rojas, se mantuvieron firmes frente a la disolución territorial incluso en aquellas provincias- estados en donde se multiplicaron los ayuntamientos constitucionales como el estado de México y Oaxaca. José Antonio Serrano presentó una crítica a dichas tesis sobre la conceptualización de "pueblos" como una herramienta analítica aplicable uniformemente a todos los pequeños asentamientos y el matiz con que debe ser tratado "la revolución de los pueblos" como sinónimo de mayor autonomía para las autoridades locales. José Antonio Serrano, "Sobre la revolución territorial de los pueblos. Diputación provincial y ayuntamientos en Guanajuato, 1822-1824", Relaciones, núm. 147, verano 2016, pp. 157-160.
53
acerca del foco de la discusión que él sitúa, como Rojas, en las intendencias en vez de las
diputaciones.63 Por su parte, José Antonio Serrano, en una serie de artículos, señala que es
necesario matizar la tesis de Benson debido a que no en todas las provincias fueron las
diputaciones las que encabezaron las transformaciones políticas sino que algunas fueron
supeditadas por los ayuntamientos capitulares e incluso en aquellas en las que figuraron
como protagonistas tuvieron que sostener disputas para fincar su preeminencia frente a los
munícipes y contra instituciones de prosapia como las audiencias.64
La primera lectura novohispana de las diputaciones provinciales fue similar a la
enunciación de los constituyentes gaditanos, pero los escollos dejados por éstos
permitieron una relectura diferente. En Cádiz se formuló una corporación descentralizada
en su conformación y atribuciones con un marcado cariz administrativo. El supuesto
inherente era contener la fragmentación territorial y la actividad política que las provincias
enarbolaron tras los sucesos de mayo de 1808 y dejarlas con la libertad suficiente para que
aceptaran la propuesta constitucional. En Nueva España, la guerra y la insistencia de las
ciudades-cabeceras impulsaron la demanda para crear diputaciones debido a que éstas
fueron consideradas como el reconocimiento de sus privilegios ante la metrópoli y el resto
de provincias. En otras palabras, los novohispanos aprovecharon la libertad-
descentralización contenida en las diputaciones para afianzar, institucionalizar y politizar a
las provincias. El conflicto entre el emperador Iturbide y las regiones en 1822-1823 culminó
este proceso de desintegración y recrudeció los conflictos de gobernabilidad entre
autoridades e intermedias. De este modo, la primera república mexicana comenzó con
provincias, convertidas en estados, con una vasta carga política que, sin importar su postura
sobre la forma de Estado, recelaron la articulación de un gobierno general y, durante el
63 Rafael Diego-Fernández, "El federalismo en México planteado desde la perspectiva de la Nueva Galicia" en Alejandro Agüero, Andréa Slemian y Rafael Diego-Fernández (coords), Jurisdicciones, Soberanías, Administraciones. Configuración de los espacios políticos en la construcción de los Estados nacionales en Iberoamérica, Córdoba, Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2018, pp. 61-83.64 Los estudios de Serrano: "Sobre"; "Instituciones artificiales, Instituciones naturales. Diputaciones provinciales, Ayuntamientos capitales y audiencias. Nueva España y México, 1820-1822", Historia Mexicana, núm. 57, 1, 2017, pp. 169-231, y "Los subordinados gaditanos. Diputaciones y ayuntamientos en las provincias de Michoacán y Occidente, 1820-1823" en Breña, Cádiz, pp. 199-216.
54
segundo Congreso constituyente, reclamaron autonomía en lo concerniente a su gobierno
interior.
La centralización de los estados Jalisco y de México, 1824-1827
La pugna de las provincias con el gobierno general durante 1823 se zanjó
momentáneamente con la instauración de una república con-federal. Los artículos III y VI
del Acta constitutiva de la federación, publicada en enero 31 de 1824, fijaron el principio
nuclear de la nueva forma de Estado: la cosoberanía entre nación y estados. El VI dejó en
manos de las entidades federativas "lo que exclusivamente toque a su administración y
gobierno interior".65 Ante tan determinante sentencia parece impropio discurrir sobre
enfoque centralizadores en la primera república federal. No obstante, atendiendo a este
mismo juicio, como ha instado Hira de Gortari, el debate sobre la administración del
territorio no debe situarse en la escala federal sino en la de los estados.66
Una vez ganada la contienda para implantar una república federal, las provincias-
estados afrontaron los costos de la pulverización territorial acaecida durante la década
anterior. Sin embargo, la confrontación no fue franca entre gobiernos estatales y pueblos.
Por el contrario, cada entidad lidió con desigual intensidad y magnitud problemas derivados
de cuestiones geográficas, económicas, sociales y étnicas así como de la cohesión de sus
élites y grupos políticos. Las autoridades estatales sufrieron oposiciones y desobediencias
de sus poblaciones, pero también contaron con el apoyo de éstas. En Jalisco, por ejemplo,
ciudades de importancia para la región como Colima, Zapotlán el Grande o Lagos buscaron
la secesión de este estado durante el constituyente nacional de 1823-1824.67 En contraste,
65 En el artículo III se estableció que "la soberanía reside radical y esencialmente en la nación, y por lo mismo pertenece exclusivamente a ésta el derecho de adoptar y establecer por medio de sus representantes de la forma de gobierno más conveniente para su conservación y mayor prosperidad, modificándolas o variándolas, según crea convenirle más"; en el VI se fijó que "sus partes integrantes [de la nación] son estados independientes, libres y soberanos en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior, según se detalle en esta acta y en la constitución general". Acta constitutiva de la federación mexicana en Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México, 1808-1982, t. I, México, D.F., Editorial Porrúa, 1997, p. 693.66 Hira de Gortari, "La organización política territorial de los estados de la federación: una huella perenne: 1824-1835" en Vázquez y Serrano (coords.), Práctica, pp. 41-75.67 Hira de Gortari, "La organización política territorial. De la Nueva España a la primera república federal, 17861827" en Vázquez (coord.), El Establecimiento, p. 63. El conflicto entre el gobierno general y las autoridades
55
en mayo y junio de 1823, los mandos provinciales de la aún Nueva Galicia hicieron gala de
la consistencia regional al sustentar su apuesta por el federalismo con el respaldo de más
de cien actas de pueblos e instituciones de su demarcación que incluían las de Colima,
Zapotlán y Lagos.68
La relación entre provincias y sus localidades fue mucho más compleja que una
simple polarización entre dos bandos. La historiografía se ha percatado de cierta
ambivalencia de los estados que proclamaron el federalismo para defender su soberanía
frente al poder general pero que confeccionaron entramados institucionales con tendencias
centralizadoras al interior de su circunscripción. Esta tendencia incluyó a algunos de los más
fieros defensores de la autonomía estatal como Jalisco, Oaxaca y Yucatán. Detrás de esta
aparente contrariedad se encuentra la reivindicación de las autoridades estatales para
afianzar su preeminencia; la centralización fue una herramienta para tales objetivos.69
La definición del espacio estatal fue una de las principales tareas de los
constituyentes locales para organizar la división interna con la finalidad de imponer criterios
que les permitieran facilitar una mejor gobernabilidad y, en menor e inacabada medida,
acordar límites con los estados vecinos. En primer lugar, la clasificación y jerarquización de
la geografía doméstica se instrumentó como una demostración de la fuerza y alcance del
legislativo frente a los pueblos, pero también, más relevante, como parte esencial de su
plan de gobierno. La asamblea del estado de México expuso, en el texto preliminar de su
constitución, que con anterioridad "la división del territorio era tan heterogénea [...] que
para cada ramo había una particular", su trabajo logró que "no se advirt[iera] aquella
monstruosa heterogeneidad que hacía tan difícil y complicada la administración de los
de Jalisco le ofreció la coyuntura oportuna para que Colima lograra desprenderse a diferencia de Lagos y Zapotlán que permanecieron como parte de la entidad. Olveda, Autonomía, pp. 124-125.68 Voto General de los pueblos de Xalisco denominada hasta ahora de Guadalajara sobre constituir su forma de gobierno en república federada (1823), Guadalajara, Poderes del Estado, 1973, pp. 5-8, 69 y 75-76.69 Gortari, "La organización", pp. 66-68. Silke Hensel, observó procesos similares de aglutinación y dispersión de la toma de decisiones en Oaxaca desde la época de las reformas de intendentes. Silke Hensel (1997), El desarrollo del federalismo en México. La elite política de Oaxaca entre ciudad, región y estado nacional, 17861835, Oaxaca, UABJO, El Colegio de Michoacán, El Colegio de San Luis, 2012, pp. 314-323. Justo Miguel Flores Escalante detectó el mismo patrón para Yucatán cuya "soberanía estatal era exclusiva y unitaria" pese a las fuertes demandas del cabildo de Campeche. Justo Miguel Flores Escalante, Soberanía, pp. 87-88.
56
diversos ramos, puestos o cargos del gobierno. La [nueva] división política ha sido la base
de todas las demás" al coordinar las dependencias conforme a los diferentes escalones
territoriales. Lo notable, más que los deseos de los diputados, es la tentativa para reajustar
las existentes divisiones a partir de la política-administrativa de reciente manufactura.70
Los Congresos constituyentes de ambas entidades abrazaron con celeridad la
facultad para dividir su concerniente territorio incluso antes de que la república tomara su
aspecto definitivo. De acuerdo con Gortari, "la característica común [de todos los estados]
fue la organización del conjunto territorial como una unidad, enumerando, sistematizando
y jerarquizando sus componentes".71 La asamblea mexiquense expuso con precaución, en
la Ley orgánica provisional de agosto 7 de 1824, que su espacio se integraba "de los partidos
que comprendía la Provincia de su nombre al tiempo de sancionarse la Federación" (Ley,
art. 3). Además estaría segmentada para estas fechas en 8 distritos y 44 partidos (Ley, art.
36).72 Jalisco aprobó su extensión, en la constitución de noviembre 18 de 1824, bajo
términos provisionales al determinar que su territorio "por ahora es el mismo que antes
correspondía a la Intendencia conocida con el nombre de Guadalajara, con exclusión del
territorio de Colima" y estaría compuesta por 8 cantones y 27 departamentos (Constitución,
art. 4, 5 y 6).73
70 "Las autoridades, tribunales y oficinas superiores tienen su asiento en el lugar de la residencia de los supremos poderes del estado: en cada cabecera del distrito existe un jefe político con la denominación de prefecto un administrador de rentas y un tribunal de apelación que ejercen sus funciones precisamente en el mismo territorio: otro tanto sucede en los partidos con los sub-prefectos, jueces de primera instancia y administradores subalternos, y en las municipalidades con los ayuntamientos y receptorías". Constitución política del Estado de México, Texcoco, Imprenta y librería a cargo de Martín Rivera, 1827, p. VII. Las cursivas son mías. Consultado en febrero 12 de 2020 http://www.modern-constitutions.de71 Gortari, "La organización", p. 55.72 Colección de decretos de los Congresos Constitucionales del Estado Libre y Soberano de México, t. I, Toluca, Imprenta de J. Quijano, 1850, pp. 20. La división territorial del estado de México varió durante la primera república federal, el número de distritos terminó en 11 fraccionados y el de partidos en 33 para 1835. Manuel Miño Grijalva y Marta Vera Bolaños, Estadística para la historia de la población del Estado de México 18261910, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, Consejo Estatal de la Población, 1998. La información de Miño y Vera consigna un total de 36 partidos, pero no advierten en la supresión de tres partidos en abril de 1834. Colección de decretos, t. II, p. 329.73 Colección de los decretos, circulares y órdenes de los poderes legislativo y ejecutivo del estado de Jalisco (1874), t. I, Guadalajara, Tipografía de Manuel Pérez Lete, 1981. La Constitución de Jalisco, el Plan de división provisional y el Reglamento para el gobierno político-económico están extraídos de esta fuente.
57
Los estados de México y Jalisco basaron su graduación en dos niveles, tres al incluir
el municipal, pero con una nomenclatura distinta. La primera escala incluyó a los partidos-
departamentos respectivamente. Existe una equivalencia notable entre éstos y las
subdelegaciones existentes durante el régimen de intendencias y los partidos de las
provincias gaditanas. En ambas entidades apenas se varió en uno o dos del número de
partidos existentes. Esta apropiación por los nuevos gobiernos demuestra la funcionalidad
y territorialización alcanzada para 1824 de este peldaño administrativo. La provincia de
México transitó de 42 subdelegaciones a 44 partidos mismos que se establecieron en la Ley
orgánica de agosto de 1824; en la de Guadalajara se acotaron levemente las 29
subdelegaciones a 28 partidos gaditanos y un poco más a 27 departamentos según el Plan
de división provisional del territorio de marzo 27 de 1824.74
Los Congresos de los estados, por regla general, se distanciaron de las divisiones
precursoras -intendencias y provincias- al implementar un espacio totalmente nuevo: la
prefectura. El estado de México lo denominó distrito y el de Jalisco cantón. El principio para
su formación fue, para Gortari, que "las élites políticas consideraron imperioso ejercer un
dominio más efectivo [del territorio], y no les bastaba la estructura de partidos".75 Esto es,
con las prefecturas se estrechó la correa de mandó estatal al incrementar la cantidad y
relevancia de la burocracia ejecutiva y erigir una doble custodia para los pueblos. En el
discurso, contrariamente, la Constitución mexiquense de 1827 previno que los distritos se
configuraron para evitar "a los pueblos y particulares con tan saludable medida la
imponderable molestia de ocurrir a la capital con pérdida de sus intereses y abandono de
sus familias".76 Sin duda, el comentario tiene un tono descentralizador que es difícil dejar
de apreciar. No obstante, tres años antes, en 1824, la comisión de constitución, al presentar
el Proyecto de decreto orgánico provisorio, argumentó categóricamente que "era imposible
que sin esta división [distrital] pudiese el gobierno hacer ejecutar las leyes, ni proceder por
74 Véase los cuadros 1 y 2 sobre el número de subdelegados y partidos. Gortari, "La organización", pp. 49 y 50. María del Carmen Salinas Sandoval indica que los partidos de la Intendencia de México eran 46. Salinas, El primer, p. 75.75 Gortari, "La organización", p. 55.76 Constitución política del estado de México, p. VII.
58
un orden regular en la administración de la cosa pública".77 Durante los debates del mismo
Proyecto, los miembros de la comisión refrendaron esta postura. José María Luis Mora, por
ejemplo, expuso en términos muy similares la conveniencia de "la división del territorio
porque sin manos subalternas no pueden llevarse a efecto las providencias del gobierno".78
Bajo la lente de los fundamentos de 1824, la "saludable medida" a favor de los "pueblos y
particulares" se puede invertir para entender que tanto en 1824 como en 1827 se buscaba
acercar a éstos con las autoridades; extender la vigilancia sobre ellos.
Los cantones jaliscienses tuvieron un recorrido fugaz en los debates constituyentes.
Desconozco la fecha exacta en que fueron presentados al pleno. Pero no figuraron en el
mencionado Plan de división de marzo de 1824 en el que se asentó únicamente a los
departamentos. En la sesión de septiembre 23 se admitió la nueva clasificación espacial que
incluía a los cantones. En ese día, la comisión de constitución "presentó un dictamen
comprensivo de varios artículos y adiciones consiguientes a la propuesta que tiene hecha
de darle nueva división al territorio del estado" en el que apareció el denominativo. En lo
general fue aprobada mientras que en lo particular provocó un pequeño debate. La
controversia fue enmarañada y confusa en lo tocante a la introducción de los cantones. El
diputado Diego Aranda planteó que se omitirá "la designación que se hace de los
departamentos que han de componer los cantones". El diputado Prisciliano Sánchez, a
nombre de la comisión de constitución, expuso que el deber del constituyente era "todo
aquello que evite el poner en convulsiones al estado debe fijarse constitucionalmente" y,
por lo tanto, impedir que los Congresos posteriores varíen a su antojo la integración de los
cantones. La inquietud de Aranda parece indicar la existencia de un acuerdo previo,
convenido dentro o fuera del salón parlamentario, sobre el acogimiento del cantón incluso
por encima del ya establecido departamento. En seguida, el mismo Aranda "interpeló a la
comisión para que manifestase los fundamentos que había tenido para dividir el territorio
77 Proyecto de decreto orgánico provisorio para el arreglo del gobierno interior del estado libre, independiente y soberano de México, México, Imprenta a cargo de Rivera, 1824, p. 13. Consultado en febrero 12 de 2020 http://www.modern-constitutions.de78 Hathi Trust Digital Library (HTDL), Actas del Congreso constituyente del estado libre de México, t. I, México, Imprenta a cargo de Martín Rivera, 1824, p. 461. Consultado en enero 18 de 2020, https://catalog.hathitrust.org/Record/008649646 (58)
59
del estado en cantones". Esta segunda cuestión fue en sentido opuesto a la primera al
enunciar que apenas en esa sesión se asomaba la iniciativa cantonal. Al margen de cuando
se incluyó, los integrantes de la comisión ofrecieron respuestas sumamente interesantes.
Sánchez alegó que se impulsaron por la falta de recursos para solventar un jefe de policía
en cada departamento y recalcó que el tamaño de los cantones sería "moderado, pues si se
les aumentase la demarcación no se conseguía el intento de que [los jefes de policía] no
estuviesen al cuidado inmediato, en la parte que sea de sus atribuciones; y si se les
minorasen sus límites, repite que no habría con que gratificarlos". El diputado José María
Castillos Portugal manifestó que "la razón [para proponer a los jefes políticos fue de acuerdo
a la] que tuvo la nación toda para pronunciarse por el voto federal, y es el bien de los
pueblos por la influencia inmediata que tiene el gobierno hacia ellos, y sin perder un punto
de vista la economía y la administración pública".79 Al igual que para el estado de México,
los diputados jaliscienses ocultaron la prerrogativa de la dirección del gobierno dentro de
una retórica descentralizada que proclamó la felicidad particular como aspiración cardinal.
El corolario de las leyes y decretos para la división del territorio fue la preparación
de estadísticas geográficas y representaciones cartográficas. Trabajos recientes han
insistido en la magnitud de esta clase de herramientas como suministro de los Estados así
como sus múltiples aplicaciones que abarcan desde "registrar los recursos -sociales y
materiales- que existían en el territorio, instrumentar proyectos y protocolos económicos,
justificar reformas políticas [hasta] construir un perfil del Estado nacional".80 Cabe añadir
que la publicación de estadísticas y mapas también fue un dispositivo para difundir la nueva
organización espacial. La Estadística del Estado Libre de Jalisco, por ejemplo, fue elaborada
de acuerdo a lo dispuesto por la diputación provincial en el año de 1822 pero se publicó
hasta 1824. Las noticias fueron recabadas y enviadas por los ayuntamientos a la capital
provincial pero tuvieron que volverse a sistematizar por el cambio de circunstancias
79 "Diarios de las sesiones del honorable Congreso de Jalisco", t. III, Guadalajara, Imprenta del C. Sanromán, 1824, pp. 97-99 en Enrique Ibarra Pedroza, El Congreso constituyente de Jalisco de 1824, Guadalajara, Congreso del Estado de Jalisco, 2007. [Ed. facsimilar]80 Luis Albero Arrioja Díaz Viruell, "Introducción: un recuento de la estadística en México" en Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell (ed.), Registrar e imaginar la nación. La estadística durante la primera mitad del siglo XIX, vol. I, Zamora, El Colegio de Michoacán, Universidad Veracruzana, El Colegio de Sonora, 2016, p. 13.
60
políticas-institucionales. Más que la información contenida, la manera de divulgarla denota
una evidente intención del gobierno de Jalisco para anclar en la población la nueva
parcelación. La Estadística se ordenó en ocho apartados correspondientes a los cantones
recién decretados a la vez que cada una de estas secciones se subdividió en cuantos
departamentos tuviese el cantón. De igual forma, la intención política se exteriorizó más
fervientemente con la manera en que se publicó la Estadística; ocho números de la Gaceta
del Gobierno de Guadalajara.81
En segundo lugar, el territorio se estructuró de forma centralizada con la definición
de un punto -capital estatal- desde el que se tejió una red jerárquica de asentamientos de
los agentes del gobierno -cabeceras de prefecturas, cabeceras de subprefecturas,
ayuntamientos- que configuraron el espacio estatal. Para Gortari, el modelo de la
ordenación del primer federalismo giró alrededor de los conceptos de centralidad y
capitalidad retomados del régimen de intendencias. El primero refiere a la "localización [de
las ciudades], aunque no necesariamente coincidiera con un centro, pues su importancia
demográfica, redes de intercambio o categoría jurisdiccional les otorgaban la centralidad"
y el segundo en el reconocimiento de la urbe como "eje articulador de los territorios de las
intendencias, respondiendo a la importancia que esas ciudades desempañaban, casi sin
excepción, en diferentes lugares y ámbitos de la organización económica y social de la
Nueva España".82 La elección de los sitios nucleares no fue azarosa ni tampoco se determinó
como una herencia ingenua. El fallo por la ciudad de México y Guadalajara, capitales
estatales durante el primer ordenamiento territorial de ambas entidades en 1824, recayó
en su potencialidad para concentrar la vida económica, social, cultural, religiosa y política
de sus regiones.
En este sentido, la toma de decisiones políticas pretendió se sedimentara en las
capitales por medio de prácticas centralizadoras y el hospedaje de los titulares de los
poderes públicos. Leyes, disposiciones, ejecuciones y resoluciones emanaron de sus
81 Victoriano Roa (1825), Estadística del estado libre de Jalisco, Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco, 1981. Véase Jaime Olveda, "Las estadísticas del estado de Jalisco, siglo XIX" en Arrioja, Registrar, p. 166.82 Gortari, "La organización", p. 45-46.
61
recintos para propagarse al resto del estado; asimismo aglutinaron las solicitudes y
reclamos de particulares y corporaciones para zanjar las disputas y peticiones. El estado de
México, a diferencia de Jalisco, se enfrentó con un importante reto al perder su capital a
finales de 1824. La hemorragia no sólo fue fiscal o demográfica sino también simbólica al
obligarlo a construir una nueva sede del poder estatal. La elección de poblaciones situadas
a cierta proximidad de la ciudad de México -Texcoco, Tlalpan y, la más alejada, Toluca-
reveló el empeño de los mexiquenses para no alejarse del radio de influencia de la ahora
capital federal. La providencia también recayó en estos asentamientos por sus
antecedentes como cabeceras de partidos lo que manifiesta la necesidad de los diputados
para que éstas contaran con un mínimo de infraestructura y logística para el asiento y
ejercicio de los poderes estatales.83
La capitalidad y centralidad se extendieron en la elección de los nodos inferiores del
entramado territorial: cabeceras de distrito/cantón y de partido/departamento. Los
segundos, como mencioné, fueron designados siguiendo el patrón ya operativo de los
partidos gaditanos, pero sometidos a inspección de los constituyentes de acuerdo a su juicio
o a las peticiones de los mismos pueblos.84 Los primeros, por el contrario, fueron
seleccionados completamente por los diputados. Es difícil saber con plenitud las razones
detrás de la selección debido a que los proyectos, debates y decretos no las mencionan con
exactitud para cada caso. Para Gerald L. McGowan, la elección obedeció "a la atracción
natural de sus mercados, a la ubicación de mayores concentraciones de la población y al
establecimiento de centros religiosos [...] de esta manera los mercados medianos [dieron
origen] a las cabeceras de prefecturas o distritos y subprefecturas o partidos".85 Sin
embargo, la definición de los distritos/cantones fue una medida política tomada por los
constituyentes estatales que rebasó un simple reconocimiento de liderazgos prexistentes;
por el contrario se discutió y cabildeó la conveniencia de las locaciones de las cabeceras.
83 Véase Gerald L. Mcgowan (1991), El distrito federal de dos leguas o cómo el estado de México perdió su capital, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, Gobierno del Estado de México, 2013.84 "Artículos adicionales al Plan de división provisional del territorio del estado de 27 de marzo de este año" en Colección de los decretos, t. I, pp. 303-306.85 Mcgowan, El distrito, p. 17.
62
El acuerdo quedó, entonces, en manos de los diputados locales. La comisión de
constitución mexiquense discernió en torno a la materia "que qued[aran] juntos en los
sucesivo, formando un solo distrito aquellos pueblos, en cuyas costumbres, intereses e
industria se ha advertido alguna mayor semejanza".86 Por su parte, los congresistas
jaliscienses adoptaron un tono más directo al manifestar que "no pudiendo el gobernador
del estado hallarse en todas partes, es necesario que su persona se multiplique por medio
de los jefes políticos [de los cantones], para que los funcionarios públicos existentes en los
departamentos, tengan el celador más inmediato, para cuyo efecto harán dichos jefes
visitas a sus departamentos, serán jefes de hacienda, de la milicia cívica de su
comprensión".87 Esto es, el espacio intermedio fue creado por los diputados al reunir sitios
con intereses semejantes que cumplieran ciertos requisitos, pero también para proveer a
los jefes políticos de los recursos indispensables y del asiento medular para intervenir más
eficientemente en su jurisdicción. Por ejemplo, la comisión del estado de México durante
la discusión del Proyecto de decreto modificó la cabecera del distrito de Ixmiquilpan,
propuesta en el pueblo del mismo nombre, para situarla en Tula debido a "la centralidad en
que se halla [ésta...] y [a] su concurrencia para el tráfico" aun cuando el primero contaba
con una población mucho mayor.88 En Jalisco, de igual forma la comisión constituyente
argumentó que "en su concepto el lugar donde residan dichos jefes [políticos] debe ser el
más céntrico de la demarcación del cantón, y que tenga suficiente población y otros auxilios
que son necesarios".89 En las cabeceras distritales/cantonales se depositó la cadena de
mando en todas las áreas del Estado. La idea dominante fue la supervisión y comunicación
de la burocracia inferior con el gobernador a través de los jefes políticos. Ambas comisiones
optaron por imponer los criterios de centralidad y capitalidad como dimensiones para
estrechar el control político que emanaría desde la capital hacia el resto del espacio estatal
mediante una red jerárquica de represas territoriales y diques burocráticos.
86 Proyecto de decreto orgánico, p. 13.87 Diarios de las sesiones, t. III, p. 99.88 HTDL, Actas, t. I, p. 464. En 1835, la población de Tula era 7,498 en contraste con la Ixmiquilpan que ascendía a 13,171. Miño y Vera, Estadística, pp. 48-53.89 Diarios de las sesiones, t. III, p. 99.
63
Como se aprecia en los proyectos y debates constituyentes, los Congresos de los dos
estados acompañaron la división territorial con agentes gubernamentales.
Prefectos/subprefectos de acuerdo con la normatividad mexiquense y jefes de
policía/directores en la jalisciense. Éstos residirían en los distritos/partidos y
cantones/departamentos respectivamente. La organización espacial y la burocracia bajo
mando del gobernador fueron dos facetas imbricadas de un mismo proyecto centralizador.
Como mencioné, la ubicación de los funcionarios fue cardinal para alcanzar la funcionalidad
del gobierno. De igual forma que el territorio, la estructura del personal de los estados fue
escalonada. El titular del ejecutivo se desdoblaba en unos cuantos delegados y éstos, a su
vez, en otros tantos. El número era inversamente proporcional a sus facultades. Entre más
empleados con igual rango menos alcance tenía el cargo. Bajo esta idea, Gortari subrayó la
trascendencia de los jefes políticos dentro de "las maquinarias estatales de gobierno
[debido a que] esos funcionarios fueron el núcleo de poder más importante después del
gobernador, por el estrecho contacto con él y por la información que le proveían sobre la
situación de su jurisdicción del conjunto del estado".90
De acuerdo a su distribución, la burocracia desplegada por los estados fue una
ampliación de aquella instalada con las intendencias y provincias gaditanas. El supuesto fue
el mismo: operarios bajo tutela del gobierno. La jerarquía decreciente y la subordinación a
su superior inmediato determinaron a los empleados ejecutivos. Me inclino hacia los jefes
políticos, al igual que en las prefecturas, porque fueron las innovaciones principales del
sistema territorial-administrativo y concentraron algunos de los debates más acalorados
para definir sus atribuciones y posiciones dentro de éste.
Cabe observar que la figura del subprefecto mexiquense se presentó durante la
discusión del Proyecto de decreto orgánico en junio-julio de 1824. En la sesión de julio 7, el
diputado Piedras rechazó a los subprefectos debido a que, según él, contraerían los mismos
defectos que los subdelegados quienes "todo lo embrollaban, se mezclaban en todo y
ocasionaban mil prejuicios a los pueblos". El diputado Mora replicó "que no eran los lugares
90 Gortari, "La organización", p. 56-58.
64
[equivalentes para subdelegaciones y partidos] que ocupa[rían] sino las atribuciones que
ejerce[rían] las que diversificarían] a los subdelegados y subprefectos, pues los primeros
reunían el poder judicial y el gubernativo, y de ahí era que fomentaban las discordias de los
pueblos".91 La notabilidad del comentario traspasa a los subprefectos y define la concepción
misma de la burocracia ejecutiva impulsada en el estado de México y definida como
funcionarios encaminados únicamente al gobierno político sin ninguna autoridad para
tratar asuntos judiciales.
El estado de México es quizá el dechado más concreto en la instalación de sus jefes
políticos. El texto preliminar del Proyecto de decreto orgánico los definió como el "jefe
inmediato que la administrase [a su sección correspondiente] como dependiente del
gobernador: estos son los magistrados a quienes la comisión [de constitución] ha dado el
nombre de prefectos". Les confirieron "casi todas las facultades [...] siguiendo el modelo de
los jefes políticos" de la constitución española. Por una parte, los prefectos eran "los jefes
supremos de cada distrito [en] todos aquellos puntos de policía" además de que eran la
única vía legal para transmitir las órdenes y decretos entre el gobernador y los subprefectos
a quienes se les constriñó al grado de que "no podr[ían] dar cumplimiento a orden alguna,
si no se les comunica por este medio". Por otra, debían "sobrevigilar en los actos todos de
los ayuntamientos del distrito" incluso con la "facultad de suspender a los individuos de los
ayuntamientos que abusaren de sus facultades dando cuenta inmediatamente al
gobernador del estado". La referencia a Cádiz no podría ser más exacta, los diputados
mexiquenses establecieron que "en el gobierno interior de cada pueblo interviniere a un
tiempo la autoridad local elegida popularmente, y el prefecto, que obra con la que le emana
del poder ejecutivo".92 Sin embargo, la distancia fue dilatada entre Cádiz y el estado de
México por la falta de un órgano colegiado que asistiese a los prefectos como lo hacían las
diputaciones provinciales con los jefes políticos. Los mexiquenses imaginaron un régimen
acotado y basado en la capacidad de intervención del gobierno a través de sus agentes
sobre los ayuntamientos y pueblos.
91 HTDL, Actas, t. II, p. 35.92 Proyecto de decreto orgánico, pp. 13-14.
65
El aspecto territorial-burocrático de los estados de México y de Jalisco fue semejante
en el ámbito distrital/cantonal, pero tuvieron dos discrepancias considerables en cuanto a
su conformación y, por ende, a la centralización presupuestada por ambas entidades.
Primero, como ya expuse, el distrito mexiquense estaría regido únicamente por el prefecto
únicamente sujeto al gobernador. Por el contrario, en Jalisco, el cantón quedó bajo la
dirección de un jefe de policía asociado con una junta cantonal de policía. Esta última
corporación se integraría por un número fijo y homogéneo de vocales para todos los
cantones (cinco propietarios y dos suplentes); su elección la efectuaría un comité electoral
compuesto por un delegado de cada ayuntamiento de la demarcación y presidido por el
jefe de policía; los requisitos para ser integrante eran ser ciudadano en uso de sus derechos,
contar con veinticinco años de edad y ser vecino en alguno de los departamentos del
cantón; sus atribuciones abarcaron desde la observancia de la constitución, el cuidado de
los fondos municipales, la exigencia de las cuentas anuales y la concesión de gastos
extraordinarios a los ayuntamientos así como del fomento de la prosperidad de su cantón
y servir de concejo del jefe de policía (Constitución, art. 162-170).
Estas juntas evocan fuertemente a las diputaciones provinciales por su plantilla
uniforme y sus atribuciones económicas. No obstante, entre las jaliscienses y las gaditanas
hubo una diferencia significativa en el fundamento de libertad-descentralización por su
método de elección; en las primeras se atenuó tal principio por la mediación de las
corporaciones municipales. Las juntas de policía fueron ramas del ejecutivo,
particularmente del gobernador, sin intermediación o acercamiento con el poder legislativo
como lo tuvieron las diputaciones gaditanas. Por otra parte, al ampliar el número de agentes
en los cantones y matizar su nombramiento con un cariz popular, las juntas de policía
desdibujaron la centralización encarnada en los niveles territorio-administrativos a
diferencia del monolítico prefecto mexiquense. Pese a ello, de ninguna manera en Jalisco
se revirtió la toma de decisiones a favor de los pueblos.
Una segunda diferencia fue el método para destinar a las autoridades en los distritos
y cantones. El gobernador del estado de México designaba directamente a los hombres bajo
su tutela como parte de sus potestades para "nombrar, de acuerdo con el Consejo, [...]
66
empleados civiles y de Hacienda propios del Estado" (Constitución, art. 13, fracción IV). Esto
es, el mandatario era capaz de colocar como prefectos a cualquier ciudadano mexiquense
de origen mexicano y mayor a treinta años, con el único filtro de la conformidad de su
Consejo de gobierno (Constitución, art. 38). Corroboración más no proposición o decisión.
Los jefes de policía jaliscienses eran nombrados bajo una complicada reglamentación al ser
escogidos por el gobernador a propuesta del senado que formaba una terna con los
candidatos que recomendaba a su vez la junta de policía (Constitución, art. 157). Los
requisitos eran ligeramente más laxos que los mexiquenses ya que sólo se exigía ser
ciudadano jalisciense vecino del estado y mayor a veinticinco años (Constitución, art. 156).
Aunado a éstos, también se debía acreditar "instrucción en la Constitución estatal, y en el
reglamento para el gobierno político de los cantones, por medio de un examen"
(Constitución, art. 158). Como ya comenté, los vocales de las juntas de policía eran votados
por un comisionado de cada ayuntamiento reunidos en la capital del cantón "en la misma
forma en que se hace la elección de los Diputados del Congreso del Estado" (Constitución,
art. 164).
El tipo de nombramiento de los funcionarios ejecutivos ensanchó la distancia entre
los dos proyectos. Para los mexiquenses, como expreso el diputado Nájera refiriéndose a
los subprefectos, "ningún agente de esta clase [de gobierno] deb[ía] ser electo
popularmente; y además, de esta elección democrática resultaría solamente un alcalde más
en cada partido". Tal afirmación puede extenderse al resto de la burocracia ejecutiva.93 En
cambio, la veta "democrática" que insertaron los jaliscienses turbó la cadena de mando,
pero no la eliminó. Los filtros para nombrar jefes de policía diluyeron tanto el principio
popular transmitido por las juntas, encargadas de proponerlos, como el gubernamental
exclusivo del primer mandatario local, facultado para designarlos. Llegado a este punto es
evidente que los del centro del país forjaron una plantilla más apretada y ligada al titular
del ejecutivo que sus pares de occidente quienes depositaron su fe en el acompañamiento
de un cuerpo concejil y el principio popular como fundamento de su personal.
93 HTDL, Actas, t. II, p. 43.
67
Las facultades de ambas burocracias ejecutivas, aunque con un mismo principio, se
diferenciaron según la planta de empleados. La del estado de México fue compacta, la de
Jalisco compartida. Por ejemplo, el prefecto nombraba directamente a los subprefectos de
los partidos de su jurisdicción con la aprobación del gobernador como única reserva
(Constitución, art. 156). Al contrario, para designar a los directores de departamento, el jefe
de policía en adición de esperar la confirmación del gobernador, quien expedía el título,
tenía que elegirlo de la terna presentada por la junta de policía (Reglamento, art. 70). El
oficial mexiquense poseyó un margen más amplio para conformar el personal bajo su
cuidado que su contraparte jalisciense que se sometía a un doble cerco.
Las potestades de los agentes gubernamentales se especificaron en las
constituciones particulares. En adición, en Jalisco fueron detalladas en el Reglamento
instructivo para el gobierno económico político de enero de 1825. La naturaleza minuciosa
de éste último les otorgó mayor alcance a los empleados del estado occidental. Los
mexiquenses sólo estaban encargados del "gobierno político" (art. 153) mientras que los
jaliscienses, al menos los jefes de policía, "tenían tres clases de atribuciones: políticas,
militares y de hacienda" (Reglamento, art. 69). No obstante, el citado ordenamiento sólo
enumeró aquellas de corte político y dejó el desglose de las otras dos en sus propios
reglamentos. De acuerdo con tal premisa se puede cuestionar acerca de los cargos
cantonales como simples extensiones ejecutivas del gobernador, como lo era el
mexiquense, o de una impronta mayor dentro de la ingeniaría constitucional jalisciense a
causa de su injerencia en otras ramas del gobierno como la Hacienda pública y la milicia
cívica. Lo importante no es tanto dicha intervención ni las potencialidades otorgadas, sino
la comparación directa de las facultades políticas de los funcionarios distritales/cantonales.
En términos generales se pueden clasificar las atribuciones bajo la concepción
gaditana, que heredaron los mexicanos, de gobierno político y gobierno económico. Dentro
de las primeras el prefecto y el jefe de policía estaban encargados del cuidado de la
tranquilidad y orden público; del cumplimiento de las leyes emitidas por el gobierno y de
que las autoridades bajo su cargo efectuasen sus tareas (Constitución, art. 155 y
Reglamento, arts. 71-72). Los de Jalisco disfrutaron otras prerrogativas que el mexiquense
68
desconoció. El jefe de policía podría imponer multas, de 50 y 100 pesos, o suspender a los
subalternos que cometieran faltas o morosidades en el desempeño de su deber
(Reglamento, art. 74). Asimismo, era "el conducto de comunicación" entre particulares -
gobierno estatal y ayuntamientos-junta de policía (Reglamento, arts. 76-77). En el campo
económico, el prefecto y las juntas de policía velaban sobre la adecuada inversión de los
caudales públicos y del fomento de la instrucción pública (Constitución, arts. 155 y
Constitución, art. 169). Las segundas, en adición, debían promover todos los ramos de
prosperidad. El prefecto y el jefe debían formar, o mandar formar, las estadísticas y censos
de sus jurisdicciones, así como conceder a los menores de edad las licencias para contraer
matrimonio (Constitución, art. 155 y Reglamento, arts. 7-80-84). La junta jalisciense asistía
mediante dictámenes los asuntos que el jefe de policía le consultase. Esta facultad, más que
cualquier otra, alejaba las dos mociones burocráticas. La mexiquense optó por acciones
expeditas que pasaron por pocas manos para que las disposiciones encomendadas se
resolvieran con celeridad; la jalisciense se condujo por terrenos más extensos y
parsimoniosos enfocándose a la reflexión, y un tanto a la proposición, en los negocios
públicos.
El colofón de los proyectos centralizadores de los estados fue la confección del
régimen municipal. Los ayuntamientos han despertado un cuantioso interés desde su
formulación gaditana por lo que me limitaré a exponer algunas notas. El acercamiento
inmediato de estas instituciones con la población los ha vuelto un lente esplendido para
catar la injerencia de las nuevas estructuras políticas en la sociedad. Para Serrano y
Escamilla, los ayuntamientos "eran las instancias que articulaban el nivel básico de gobierno
con los órganos superiores administrativos y políticos".94 En este sentido, los cuerpos
municipales eran agentes del gobierno, en particular del ejecutivo, que ocupaban el rango
más llano dentro del escalafón institucional, pero también, en contrapartida, eran una
extensión del tejido social como crisol de la vida política en los poblados. Me interesa
destacar su papel dentro del proyecto centralizador de los estados federados para contener
94 José Antonio Serrano y Juan Ortiz Escamilla, "Introducción" en Serrano y Ortiz, Ayuntamientos, p. 10.
69
la pulverización territorial al limitar el número de localidades que podrían aspirar a poseer
un ayuntamiento propio.
La insubordinación de los pueblos fue identificada como fuente, real o ficticia, de in-
gobernabilidad por lo que determinar su número y sus alcances políticos fue una estrategia
para asentar el poder provincial. Para Mora existían "muchos ayuntamientos, los que están
bajo el pie más deplorable [...] lejos de aumentarse debe disminuirse el número". La táctica
empleada por los estados de México y Jalisco fue exigir un número mínimo de habitantes
para que no todas las localidades pudieran alzarse con la corporación. El modelo que se
siguió fue el gaditano cuyo fundamento fue el límite poblacional uniforme, Cádiz requería
de 1,000 almas para establecer cabildos civiles. La primera entidad federal aumentó
considerablemente la cuota a 4,000. La segunda se mantuvo fiel a las 1,000 almas
requeridas desde 1812. Aunado a lo anterior, ambos estados discurrieron que sus
Congresos estaban facultados para disponer la instauración de ayuntamientos en aquellos
lugares juzgados como necesarios. Sin embargo, el mexiquense rechazó el modelo, o al
menos lo matizó, al ordenar que las cabeceras de partido tuviesen cabildos sin importar sus
parroquianos (Constitución, arts. 159-160; Constitución, art. 172). Jalisco, en cambio, estimó
que en los lugares que no reunieran las precisiones se nombraría un comisario de policía y
un síndico procurador con funciones político-económicas (Constitución, art. 173).
Es evidente que la centralización conforme a la restricción de municipalidades fue
mucho más constreñida en el estado de México que en el de Jalisco. Sin embargo, el número
de corporaciones locales no equivale a la población total de cada entidad. La del
mexiquense era de alrededor de 1'300,000 habitantes distribuidos en 182 ayuntamientos
mientras que la del jalisciense era de 656,830 en 133 corporaciones.95 El estado de México
contó con tan sólo 49 ayuntamientos más que Jalisco pese a que lo duplicaba en moradores.
El cálculo hipotético basado en la densidad poblacional y los requerimientos de almas
resulta precario y poco adecuado para determinar una posible subrepresentación municipal
por la simple razón de que varias de las ciudades importantes rebasaban la tasa solicitada.
95 Véase María del Carmen Salinas Sandoval, "La estadísticas públicas del Estado de México, 1824-1854" en Arrioja, Registrar, vol. I, pp. 119-162; Roa, Estadística, pp. 154-166.
70
Por ejemplo, Guadalajara poseía un total de 40,272 residentes en 1823.96 El ayuntamiento
tapatío hipotéticamente abarcaría lo de 40 pero es inimaginable pensar la división de la
urbe para cuadrar el total de coterráneos con las leyes municipales. En este sentido, se
mantuvo una lógica corporativa-territorial en lugar de aplicar puntualmente la ley.
Al margen de esta digresión, es perceptible observar un verdadero influjo de ambas
disposiciones centralizadoras. La delimitación en la entidad mexiquense fue impresionante
al reducir a 14.6% los pueblos con cabildo de los 1,245 existentes, en la jalisciense el rigor
fue mucho más laxo con 40.6% de los 327.97 Este cálculo es sólo aproximativo dado que no
considera la dispersión de la población. Tengo la impresión que este factor afectó
especialmente al estado de México lo que explicaría su sorprendente número de pueblos.
Indistintamente, entre los dos estados existió una diferencia abisal en la proporción de
pueblos-ayuntamientos.
Cuadro 2. Jerarquía de los ayuntamientos de los estados de México y Jalisco
Estado de México JaliscoHabitantes Integrantes Habitantes Integrantes
Menos de 5,000 7 Entre 1,000 y 3,000 6Entre 5,000 y 10,000 11 Entre 3,000 y 6,000 8
Más de 10,000 15 Más de 6,000 12La capital 25 La capital 18
Fuente: Elaboración propia con base en María del Carmen Salinas Sandoval, Los municipios en la formación del estado de México, 1824-1846, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, 2001, p. 70; Colección de los decretos, circulares y órdenes de los poderes legislativo y ejecutivo del estado de Jalisco (1874), t. I, Guadalajara, Tipografía de Manuel Pérez Lete, 1981, p. 424.
Las dos entidades crearon una jerarquía en los cuerpos municipales acorde a los
habitantes y el personal designado (Cuadro 2). Un acercamiento inicial indica que los
ayuntamientos del centro del país gozaron una planta levemente más abultada que los
occidentales. Sin embargo, al detenerse en la relación entre residentes y munícipes la
situación se invierte en los primeros escaños. Una corporación compuesta hasta por 5,000
almas en el estado de México equivalía a 7 integrantes pero en el de Jalisco eran 8. En
96 Celina Guadalupe Becerra y Alejandro Solís Macías, La multiplicación de los tapatíos, 1821-1921, Guadalajara, El Colegio de Jalisco, Ayuntamiento de Guadalajara, 1994, p. 39.97 Salinas, Los municipios, p. 61. Roa, Estadística, pp. 157-166.
71
contraste, los ayuntamientos mexiquenses tuvieron más oficiales que los jaliscienses cuanta
más población comprendieran. Uno de 10,001 correspondían 15 y 12 individuos
respectivamente.
Las atribuciones de los ayuntamientos fueron similares en los dos estados, incluido
los comisarios de policía, pero con desarrollo más puntual en el Reglamento instructivo
jalisciense de 1825. Los alcaldes cuidarían el buen gobierno, la seguridad de las personas y
de sus bienes por medio de órdenes generales; la policía de salubridad y el tratamiento de
epidemias; el auxilio y dirección de la educación de primeras letras; el ornato y comodidad
de las obras públicas así como de administrar los fondos municipales celosamente dando
noticia a las autoridades supremas estatales de ello (Constitución, arts. 170, Reglamento,
arts. 133-146). Los alcaldes y comisionados, a diferencia de las burocracias ejecutivas,
poseían facultades judiciales de conciliación para atender los conatos entre los vecinos por
cantidades pequeñas o faltas leves por vía del juicio verbal o asociándose con hombres
buenos (Constitución, art. 169 y Reglamento para la administración de justicia del estado de
Jalisco, arts. 1-11).
Los proyectos centralizadores de los dos estados comprendieron un cariz territorial-
burocrático basado en los mismos principios -dividir y jerarquizar para controlar a las
poblaciones por medio del brazo ejecutivo y la restricción de las corporaciones
municipales- pero discreparon en la plantilla y facultades de agentes. Este perfil fue sólo
uno de los múltiples frenos impuestos a los pueblos a lo largo de los once años del primer
federalismo. La revisión somera de las propuestas permite entrever las características de
ambas. Por un lado, el estado de México formuló una visión acotada de sus empleados al
limitar a un individuo por cada distrito y partido cuyas funciones fueron pensadas para
efectuarse de manera expedita. Por otro, Jalisco apostó por una mayor amplitud en su
nómina con la instalación de las juntas de cantón, mismas que matizaron la acción ejecutiva
de los jefes de policía con su papel de consejeras y con su elección "democrática" que
rompía la subordinación directa con el oficial superior inmediato. El número y naturaleza
de potestades en los cantones permite cuestionar hasta qué punto no se formó una
hipertrofia en este ámbito al grado de romper con el mando ejecutivo que debían
72
representar. Por último, las cuotas para establecer ayuntamientos fueron con la finalidad
de estrechar la cantidad de poblaciones con cabildos. El elevado requisito impuesto por los
mexiquenses remacha la visión más centralizadora que este estado conservó en
comparación con Jalisco sobre su conformación territorial y burocrática.
Tres proyectos para centralizar la primera república federal
En el segundo Congreso constituyente de 1823-1824, desde el debate del Acta constitutiva
de la federación, se malogró cualquier pretensión centralista para contrarrestar la
provincialización de los años previos y dotar a la nación de una administración y división
territorial uniformes. No obstante, corrientes centralizadoras franquearon la agenda de la
república federal durante los 11 años de su existencia como reclamos a la laxitud del pacto
de 1824. Estos reclamos estuvieron presentes en el segundo Constituyente y perduraron
hasta el triunfo del partido centralista a finales de 1835. He seleccionado tres momentos de
crítica centralizadora que, con premisas y objetivos diversos, permiten ilustrar como la
inconformidad con el federalismo fue asidua y provista por los estados y aun por el mismo
gobierno. Primero, el Constituyente de 1824, pese a que se decantó por una forma de
Estado federada incluso antes de su instalación, abrigó dentro de su seno diferentes
corrientes de pensamiento político, entre ellas la centralista, que se opusieron a las
propuestas de los grupos partidarios del con-federalismo. Segundo, el intento por
establecer una república centralista durante los años de 1829-1831 por parte de un
pronunciamiento militar en Yucatán que aspiró a propagar su plan al resto de la república.
Tercero, la administración del vicepresidente Anastasio Bustamante, en 1830, buscó
fortalecer al gobierno federal y ceñir a los estados por medio de una serie de reformas del
pacto federal.
El centralismo en los debates constituyentes de 1824
El primer momento centralizador se inserta en la discusión del segundo Congreso
constituyente para definir al depositario de la soberanía y adoptar una forma de Estado.98
98 David Pantoja efectúa un estudio muy completo sobre los principales debates de los diputados constituyentes en torno al Acta constitutiva de la federación y la Constitución federal. David Pantoja, Bases del constitucionalismo mexicano. La Constitución de 1824 y la teoría constitucional, Ciudad de México, FCE, Senado de la República, 2017.
73
El constituyente abrió sus sesiones, noviembre 7 de 1823, ungido por el federalismo
auspiciado por las provincias durante el verano de ese año y proclamado por la mayoría de
los diputados que lo conformaban. Para esta fecha, el establecimiento de una república
federal fue prácticamente inapelable.99 De esta forma, los principales desencuentros entre
los grupos políticos no se efectuaron entre federalistas y centralistas, como se interpreta
con regularidad, sino entre confederalistas y federalistas. Las batallas parlamentarias
fueron para determinar el grado de descentralización de la república. Bajo esta premisa
surge la interrogante sobre la aportación colectiva de la corriente centralista dentro un
ambiente anegado por pensamientos descentralizadores. De acuerdo con Reynaldo Sordo,
este "pequeño número de [diputados] centralistas, que si bien no lograron evitar la
instauración de una república federal, sí lograron detener las posiciones más radicales a
favor del confederalismo".100 Entre los integrantes figuraron personalidades como Carlos
María de Bustamante, Miguel Guridi y Alcocer, José Luciano Becerra, Cayetano Ibarra, José
Ignacio Espinosa, Agustín Paz, Rafael Barruecos, Florentino Martínez, Manuel Carpio y José
María de Cabrera. En otro de sus escritos, Sordo asevera que fue la unión, entre este
"pequeño grupo" y el de los federalistas lo que posibilitó frenar el proyecto confederal.101
Por lo tanto, la importancia en 1824 de los centralistas residiría, según Sordo, en su
capacidad para tranzar con el resto de grupos y mitigar las disposiciones más exacerbadas.
La relevancia de los centralistas dentro del segundo constituyente, de acuerdo con el
argumento de Sordo, estuvo íntimamente ligada al proyecto de los federalistas así como
99 Alfredo Ávila realiza un llamado de atención sobre un deterninismo de lo federal. Para él nada de lo acaecido con anterioridad a la segunda mitad de 1823 fue un indicador del establecimiento inminente del federalismo y asevera que la descentralización ansiada por las provincias, cabía perfectamente en formas unitarias. Alfredo Ávila, "La constitución de la república federal" en Noriega y Salmerón (coord.), México, pp. 43-61.100 Reynaldo Sordo Cedeño, "El constitucionalismo centralista en la crisis del sistema federal" en Noriega y Salmerón, México, p. 138.101 Sordo, convivieron tres facciones -federalistas, centralistas y confederalistas- dentro del pleno. Reynaldo Sordo, "El constitucionalismo", en Noriega y Salmerón (coords.), México, p. 138 y "El Congreso Nacional: de la autonomía de las provincias al compromiso federal" en Vázquez (coord.), Establecimiento, p. 133. David M. Quinlan sostiene la existencia de cuatro posturas: federalistas unificacionistas centralistas, antifederalistas y confederalistas. David M. Quinlan, "Issues and Factions in the Constituent Congress, 1823-1824" en Jaime E. Rodríguez O. (ed.), Mexico in the Age of Democratic Revolutions, 1750-1850, London, L. Rienner Publisher, 1994, pp. 177-207. La mayoría de los individuos pertenecientes al grupo centralista coinciden en ambas propuestas.
74
con la oposición de éstos hacía con los confederalistas. La comisión de constitución
presentó el Acta constitutiva de nación mexicana (noviembre 20 de 1823) que definía el
proyecto de la facción federalista encabezado por Miguel Ramos Arizpe. Como se sabe, los
grupos parlamentarios comenzaron a discutir y negociar desde este esbozo para construir
sus propias mociones. El agudo fray Servando Teresa de Mier así lo indicó por medio de una
misiva a Bernardino Cantú en noviembre 12. El padre Mier informó que Arizpe "ya ha hecho
correr un plan de Acta Constitucional [...] muy rebajado en sus opiniones después que le ha
visto las astas al toro".102 La exposición como nacional y no federal implicaría un temor a la
disolución desarrollado por Arizpe ante la provincialización vivida durante el verano de
1823. Sin embargo, no envolvería un tránsito hacia posturas unitarias sino sólo su
moderación de la federación.
El proyecto del Acta se dividió en un texto preliminar y el articulado constitucional. En
el primero se estableció que ésta, el Acta, serviría de "garantía firme [para las provincias,
los pueblos y los hombres que las habitan] del goce de sus derechos naturales y civiles por
la adopción definitiva de una forma determinada de Gobierno [...] más uniforme a la
voluntad nacional". El objetivo era manifiesto a todos los diputados: "salvar de una vez [a]
la Nación cuasi disuelta". El texto exhibe una coherencia conceptual nota ble, a contrapelo
de la aparente confusión campante de la época sobre las diferentes formas de Estado, al
delimitar a la Nación mexicana, a la Federación y a los estados de ésta sin elementos
confederales o unitarios. El lenguaje de la comisión fue sutil pero incisivo. Por una parte, el
Acta delineó a los estados como los encargados de establecer sus "gobiernos y poderes",
aunque limitados por la forma federal ya adoptada previamente, dejándoles el movimiento
"en su territorio para su bien interior en todo aquello que no puedan perturbar el orden
general, ni impedir la marcha rápida y majestuosa de los poderes supremos de la
federación". Por otra, el Acta, reafirmaba la comisión, era "un punto de unión general y un
apoyo firme" para sentar las bases de la nación. Ésta se mostraba
102 Manuel Calvillo (1974), La República Federal mexicana: gestación y nacimiento. La consumación de la independencia y la instauración de la República federal, 1820-1824, Ciudad de México, El Colegio de México, El Colegio de San Luis, 2003, p. 540.
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al universo revestida del candor y buena fe tan necesaria para alternar con las
Naciones independientes [...] [mientras que se revelaba] a los estados de la Federación
con toda franqueza que debe ser propia de quien dirige su voz a seis millones de
hombres, que hablan un mismo idioma, que profesan una misma religión, que con
pequeñas diferencias tienen costumbre semejantes, y a quienes por el interés de todos
sólo se exige, que de la suma de sus derechos depositados en el actual Congreso, cedan
a los poderes supremos los necesarios para hacer el bien general, conservando los
demás para procurarse su felicidad interior.
El párrafo anterior dibuja un sujeto nacional cristalizado y dispuesto a concertar en
el ámbito exterior y en el interior. Una sentencia de lo más interesante pues difumina
vagamente a las provincias-estados como los integradores de la nación. Por último, no
queda del todo claro si al exigir la cesión de derechos a los poderes de la federación se habla
de los "seis millones de hombres" o de los estados. La oración comienza dirigiéndose a estos
últimos para después orientarse a los individuos y rematar con el estribillo "felicidad
interior" esgrimido por las provincias. En cualquier caso, el Acta declara que los derechos
de estados y habitantes estaban delegados en el segundo constituyente, es decir, a inicios
de 1824 ni unos ni otros estaban en un estado de naturaleza para autogobernarse y, mucho
menos, para retirarse del pacto alegando algún tipo de soberanía.103 Como puede
observarse, la comisión respetó los reclamos de las provincias para instaurar sus propios
gobiernos, pero con la aceptación implícita de que la federación era superior. Proporción
que, como se sabe, cambió radicalmente a favor de los estados.
El primero de diciembre de 1823 se leyó el Acta constitutiva para abrir la discusión
en lo general de la misma. Terminada la lectura, el diputado José Luciano Becerra presentó
un elocuente voto particular que disentía con el proyecto. El texto exhibió una erudición
considerable con referencias a las obras de Jean-Jacques Rousseau, Jeremy Bentham,
Willian Paley y Blanco White. Esta diatriba arremetió contra la identificación que el Acta, a
juicio de la comisión de constitución, realizó entre la forma federal y la voluntad general.
Becerra exteriorizó varias dudas acerca de la existencia de ésta última, la decantación por
103 Acta Constitutiva de la nación mexicana en Calvillo, La República, pp. 833-842.
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el federalismo y la obligatoriedad para seguirla. Apoyándose principalmente en citas de El
Contrato social, Becerra aseguró que la voluntad general no existía cuando en una sociedad
hay varios partidos y que de predominar alguno de éstos no habría, por tanto, una integral
sino una particular. Ésta era la situación de México. Los federalistas habían usurpado el voto
general y soslayaban la existencia de centralistas, iturbidistas y borbonistas por no estar
convenidos con el proyecto de aquellos. La voluntad general, verdadera o falsa, podría no
representar necesariamente la felicidad de la nación pues "las deliberaciones del pueblo no
siempre tienen rectitud, y que muy a menudo se les engaña" por lo que no se debe "seguir
siempre su opinión, respetarla sí". Era necesario oponerse a una ambición mal dirigida o
desinformada ya que "los pueblos no tienen instrucción en materias políticas, y por lo
mismo su opinión en ellas no debe servir de guía". Para Becerra, con sus argumentos,
quedaba "demostrada la falsedad o fabilidad [sic] de los principios en que parece que se
funda lo principal de la acta constitutiva".104
Después de la denuncia contra el Acta, el voto continuó con un alegato tajante
contra el federalismo acusado de sólo "amenaza[r] ruina, y que no promete ninguna
felicidad a la nación". El autor acudía a una metáfora mecanicista para explicar la excesiva
complejidad del sistema. Una república federal era una máquina complicada en la que la
falla de una sola rueda (Congreso provincial) -p o r rivalidades, enconos o ambiciones-
interrumpía el movimiento general y "aun causa[ría] su destrucción". En contraposición
mencionó a Francia, una república central, que al "aplica[r] toda su atención y toda su
energía a sostener sus intereses [...] no hay lugar para intrigas y maniobras que son tan
frecuentes cuando se reúnen varias". En un último punto, Becerra retomó a Rousseau para
desplegar su noción de la soberanía unitaria formada de la cesión de la totalidad de los
derechos que los sujetos realizaron al momento de formar el contrato social. El reclamo de
prebendas particulares implicaría la insubordinación y trasgresión de dicho contrato. El voto
104 El voto de Becerra se leyó durante la sesión en que se presentó el Acta, pero no fue atendido de inmediato, sino que se mandó a imprimir para su examen. Becerra reclamó, pero no formó parte de la discusión Crónicas. Acta constitutiva de la federación, México, Secretaría de Gobernación, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 1974, pp. 155-162.
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concluye con un vaticinio en el que su autor asegura que la adopción de la forma federal
desembocaría en la ruina del país.105
El debate del Acta constitutiva estalló en diciembre 3 luego de varias solicitudes de
Ramos Arizpe para comenzarla. La contienda orbitó exclusivamente en torno a la forma
federal prefigurada en la propuesta. Durante las sesiones de los siguientes días, los
diputados contrarios al proyecto expusieron sus reconvenciones, pero, cabe adelantar, con
magros resultados. Al inicio, los centralistas enfocaron sus argumentos en negar que la
opinión/voluntad general había fallado por la república federal. El diputado Espinosa, por
ejemplo, además de la negativa, pedía que se informara a los pueblos de los inconvenientes
del federalismo. El diputado Paz opinó que las solicitudes de los ayuntamientos no eran
fiables para sustentar el Acta debido a la facilidad con que en otras ocasiones se les había
engañado para apoyar diversos movimientos. Un segundo argumento fue la escasez de
recursos que sufría la nación al ser incapaz, según los constituyentes centralistas, de
sostener la doble burocracia nacional y estatal. El diputado Castorena aludió directamente
a que se buscaba establecer dos clases de soberanía -una parcial de cada estado y otra
general de la unión de todos-, pretensión que calificaba de un terrible equivoco dado que
"la soberanía no puede ser más que una, porque ella consiste en el supremo poder para
todo lo respectivo a la sociedad". Una vez que se accedió que el proyecto estaba
suficientemente discutido, el siete de diciembre se consumó la votación. Ésta no fue
cerrada, pero tampoco fue un triunfo abrumador. Por la afirmativa sufragaron 44 diputados
(61.97%), pero se desplegó una considerable oposición de 27 (38.03%) que coaligó a
centralistas con los federalistas más moderados.106
De acuerdo con el artículo V del proyecto del Acta, "la nación mexicana adopta[ba]
para su gobierno la forma de República representativa popular federal". Como era de
esperarse, la discusión fue intensa e intrincada en el último adjetivo El debate duró del 11
al 16 de diciembre. Entre las réplicas de los opositores del proyecto se repitieron las
mencionadas como la negación de una voluntad univoca, la ignorancia de los pueblos por
105 Crónicas, pp. 164-170.106 Crónicas, pp. 197-238.
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el federalismo y la carencia económica sumada al aumento de los empleados. Aunadas a
éstas, los diputados Carpio y Becerra fundamentaron su oposición con la crítica al
federalismo estadounidense, modelo del mexicano según los centralistas, y exponían que
aquellos habían "centralizado su gobierno" para que fuera practicable. Otros, como
Bustamante y Espinoza, apelaron a los acontecimientos del verano pasado para denostar al
federalismo y a las provincias que lo impulsaron, como la de Guadalajara, por su
desobediencia ante las autoridades generales. Por su parte, Carpio, identificado como
centralista, reveló que él "no opina[ba] por el centralismo pero, más tampoco por la forma
federal en los términos que se propon[ía]". Argumento que, desde el federalismo
moderado, el Mier también desplegó al impugnar el artículo, pero, como él mismo explica,
"en el sentido del art. VI que propone [a la república federal] compuesta de estados
soberanos e independientes". Estos planteamientos, sumamente similares, quizá fueron los
que atrajeron la atención de Sordo para sopesar la unión entre federalistas moderados y
centralistas. Sin embargo, durante la votación se aprecia que la redacción del artículo fue
aprobada exactamente como se presentó en el proyecto del Acta sin que los argumentos
de los inconformes hicieran mella. Los dos primeros adjetivos de la república -popular y
representativa- fueron aprobados en el pleno por unanimidad con un total de 80 votos. El
último -federa l- tuvo una leve oposición de diez diputados. Todos pertenecientes al
"pequeño grupo" centralista (12.5%).107 Esto es, los federalistas moderados, como Mier,
pese a su discrepancia en los debates, durante la votación apoyaron al proyecto. En cambio,
los centralistas se mantuvieron firmes en su antagonismo pero sin lograr disminuir la
radicalidad del Acta.
La resolución del artículo V determinó el cauce del VI. Éste deambuló en el
constituyente tan sólo por tres días -del 17 al 19- pese a que era el núcleo de la pugna
entre facciones al declarar la soberanía de los estados.108 El artículo sufrió un ataque
focalizado de los centralistas. El argumento fue sólido: la soberanía era única e indivisible y
107 Crónicas, pp. 280-325.108 El artículo VI menciona que de la nación mexicana "sus partes integrantes son estados libres, soberanos e independientes, en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior, según se detalle en esta acta y en la constitución federal". "Acta Constitutiva" en Calvillo, La República, pp. 836.
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por sí mismos los estados, al formar parte de la nación, no podían ser soberanos. Los
centralistas fincaron sus alegatos a partir de este supuesto. Martínez increpó el artículo
porque, en su concepto, al aceptarlo permitiría "dar aquel nombre a los partidos, a los
pueblos y a los individuos porque todos tienen cosas cuyo dominio les pertenece
exclusivamente" creando con ello un bucle indeterminado para reclamos en nombre de su
soberanía. Carpio cuestionó que con la soberanía parcial se armaba constitucionalmente a
las provincias para "resistir en todo los casos en que juzguen atacadas sus poderes
relativos". Los constituyentes González Caralmuro, Castillero, Paz y Becerra expresaron que
"servirá de ejemplo para abusos muy perjudiciales".109 110
El diputado Cabrera pronunció un discurso en el que manifestaba estar conforme
con las facultades de libertad que los estados reclamaban para su administración y gobierno
interior pero no con el término de soberanos que se presentaba en el Acta. Cabrera resumió
las tesis centralistas al expresar que
si [la soberanía] deja de ser una, se destruye la unidad de la nación, pues hablando
políticamente serán tantas naciones, cuentas sean las soberanías [...] si se limita, si
deja de ser universal, se pierde la integridad de la nación [...] y por último, si se divide,
perece por el mismo hecho la soberanía que no puede existir en fragmentos y deja de
existir políticamente la nación, pues sin soberanía no se tiene lugar en la lista de las■ 110 naciones.
Por consecuencia, la nación estaba un peldaño por encima de las provincias al
poseer la potestad de dictarles leyes. Los estados eran súbditos de la nación. La crítica fue
feroz al tildar irónicamente a las entidades como "soberanos subalternos a la nación, y está
por consecuencia vendrá a ser soberana de soberanos". El discurso de Cabrera osciló entre
tres bandas al asegurar que, por un lado, estaba de acuerdo con que las provincias "tengan
ellas toda la libertad necesaria para promover su prosperidad y hacerse felices, vean
satisfechos sus justos deseos de gobernarse por sí mismas en todo lo interior". Por otro,
satirizaba la pesadez de las provincias por atribuirse una soberanía para obtener "títulos
109 Crónicas, pp. 342-343.110 Crónicas, pp. 357-364.
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colorados y nombres pomposos que por su vaciedad solo pueden servir para lisonjear una
vanidad pueril". Por último, con cierto tono temeroso, preveía que el constituyente sólo
estaba reuniendo "materiales para encender una grande hoguera [y profetizaba que] [...]
quizá, quizá, preparamos el rompimiento de este mismo pacto federal". Cabrera, cerró su
discurso con una nueva redacción para el artículo en el que dejó intacto el gobierno interior
de los estados según se detallase en el acta y la constitución general pero en absoluto sin
referirse a los vocablos de libertad, independencia y, mucho menos, soberanía.111
En una sesión con alto grado de ausentismo con apenas 69 asistentes, el 19 de
diciembre se realizó la votación del artículo VI. Dividido en dos partes, la primera -estados
libres e independientes- fue aprobada con apenas oposición de 7 diputados contra la
conformidad de 62 (10.14%). La segunda -soberanos- tuvo una importante resistencia de
centralistas y de federalistas moderados con 28 votos en contra (40.57%).112 La única
victoria, parca, que tuvieron los opositores del artículo fue limar la redacción para que el
término soberanos apareciera al final de la oración -lo s estados independientes, libres y
soberanos- con la idea de restar importancia acorde al orden de precedencia de las
palabras. La unión entre federalistas moderados y centralistas ocurrió en el debate del
artículo V contra el término federal y en la votación del VI por el de soberanos pero
perdieron en las dos ocasiones perdieron.
La revisión de las actas de debates referentes al Acta constitutiva expone una
situación diferente a la presentada por Sordo. El núcleo de los centralistas votó en contra
de los dos artículos más punzantes que definían la forma de Estado: el adjetivo de república
federal y la cosoberanía. Esto es, los centralistas no reconocieron ni pactaron con otros
grupos; al contrario, mantuvieron su desafecto. En este sentido, este grupo logró templar
el debate parlamentario, junto con los federalistas moderados, pero no las votaciones y
111 Crónicas, pp. 357-364. Sordo, "El constitucionalismo", p. 141.112 Los diputados que votaron en contra de la primera parte del artículo fueron Paz, Lombardo, Becerra, Bustamante, Ibarra, Mora y Mangino. Contra la segunda sufragaron negativamente Martínez, Guerra, Vea, Gama, González Caralmuro, Espinosa, Rayón, Paz, Osores, Castorena, Patiño, Moreno, Lombardo, Castillero, Zaldívar, Tirado, Mier, Gómez Anaya, Becerra, Robles, Cabrera, Berruecos, Bustamante, Escalante, Ibarra, Jiménez, Mora y Mangino. Crónicas, pp. 366-367.
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tampoco la redacción del Acta. Las tentativas centralistas en el segundo Congreso
constituyente no formaron una alternativa real frente a los proyectos descentralizados. La
participación parlamentaria del grupo centralista fue prolija en los dos aspectos
presentados, de los más acalorados durante la elaboración del Acta y la Constitución, pero
su aporte al entramado institucional tuvo poco peso, las decisiones sobre la formación de
los textos fundamentales se fraguaron con manos federalistas y confederalistas. Los
primeros defendiendo el proyecto del Acta y los segundos a través del andamiaje
institucional plasmado en la Constitución.113
Los diputados del segundo constituyente que tuvieron una posición más enconada
para evitar la dispersión de la política pueden tildarse como centralistas. La cohesión o la
existencia mismas de un grupo con principios unívocos es más escurridizo de asir no así los
puntos que en lo personal defendieron durante las sesiones y votaciones. El grupo
centralista se definió más por los lugares comunes dentro de las votaciones que por un plan
compacto sobre una república centralista. De ahí que no presentaran un voto particular o
un proyecto alterno que planteara los lineamientos de un régimen de esta naturaleza. De
esta forma se entiende su intransigencia sobre el apelativo de soberanos, imputado a los
estados por el artículo VI del Acta constitutiva, en la que se anclaron sin claudicar aun
cuando se sabían derrotados en las votaciones. Pero también aquellas posturas flexibles
respecto al mismo federalismo del artículo V, como la de Barruecos, que recomendaba al
centralismo como una meseta de transición hasta una madurez federal.
El centralismo de Yucatán, 1829-1831
El segundo intento por centralizar el gobierno de México se encuentra en un punto
intermedio entre la aplicación y el esbozo. En noviembre de 1829, el destacamento del
ejército acantonado en la ciudad de Campeche se pronunció para establecer una república
centralista en toda la nación. El proyecto triunfó dentro de la península por un par de años
hasta mediados de 1831, pero fracasó en su intento por expandirse al resto de los estados
113 Las interpretaciones sobre el carácter de la federación de 1824 se dividen en dos. La que considera que el grupo federalista impuso su proyecto de una federación; véase Sordo, "El Congreso nacional", pp. 115-152. Otra que, al contrario, discurre el establecimiento de una confederación; véase Arroyo, La arquitectura, pp. 122-134.
82
y, por supuesto, para que el gobierno general lo aceptara. Los objetivos de los peninsulares
fueron imponer condiciones al gobierno general al tiempo de dirigir la administración
interior con total independencia.
La propuesta surgió dentro de una larga rivalidad entre las autoridades estatales
afincadas en Mérida y las municipales de Campeche. El encono entre las dos ciudades se
recrudeció cuando la legislatura local optó por el con-federalismo en 1823-1824. Elección
que, por ende, involucró a los poderes nacionales. Justo Miguel Flores Escalante ha
observado con agudeza como el meollo de esta disputa trilateral fue la idea-práctica dual
de las autoridades yucatecas sobre la soberanía: confederal frente al gobierno nacional y
unitaria frente a los pueblos de su jurisdicción. El gobierno yucateco disintió en dos asuntos
de máxima gravedad con el mexicano. Rechazó la declaración de guerra a la Monarquía
española realizada por el gobierno general en octubre 8 de 1823 debido al comercio
existente entre Mérida y la Isla de Cuba y suspendió la publicación del Acta constitutiva de
la federación bajo la pretensión de revisarla antes de someterse a ella. Independientemente
de las intenciones, ambas negativas plasmaron la preferencia de los intereses provinciales
sobre los nacionales. Es decir, una premisa confederal. Ante tales medidas, el ayuntamiento
de Campeche se plantó en una noción unitaria de la soberanía que identificó con el ámbito
nacional para oponerse a los designios yucatecos. En los meses de febrero y marzo de 1824,
la situación se crispó al grado de que el cabildo campechano convocó a una junta para
representar de manera particular a su población y manifestar su adhesión al gobierno
nacional sin importar la opinión de las autoridades estatales. La respuesta desde Mérida fue
con la misma intensidad declarando que Campeche no estaba facultado para reasumir
ningún tipo de soberanía al formar parte de Yucatán y mandando una avanzada militar para
someter a los alzados por la fuerza si fuere necesario. La querella se serenó cuando las
autoridades estatales reconocieron la superioridad de las nacionales luego de acatar las
medidas de éstas.114
114 Flores, Soberanía, pp. 33-89. Véase también Justo Miguel Flores Escalante, Entre el centralismo y el federalismo. Proyectos de gobierno en la península de Yucatán, Campeche, Gobierno del Estado de Campeche, 2010.
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En el estado de Yucatán persistió una tensión velada hasta 1829. En este año las
pugnas internas se reavivaron y ampararon dentro de varios factores del ámbito nacional:
la quiebra del orden constitucional tras la fallida sucesión presidencial a finales de 1828; el
apócrifo mandato de Vicente Guerrero; el intento de reconquista por parte de la Monarquía
española en julio-septiembre y los rumores sobre un pronunciamiento en contra de
Guerrero que circularon durante los meses de septiembre y noviembre.115 Durante el año
de 1829, los militares acantonados en el estado entraron en una serie de disputas con el
gobierno civil por la seguridad y la falta de pagos de la tropa. Los catalizadores para que la
guarnición de Campeche se amotinara contra el federalismo fueron la remoción de militares
por la federación, incluido el comandante general Felipe Codallos, a petición del gobierno
estatal y la suposición que el general de Veracruz y vicepresidente, Anastasio Bustamante,
se sublevaría.116
El Acta del pronunciamiento de la guarnición de Campeche (noviembre 6 de 1829)
expuso en una decena de artículos sus propuestas iniciales. La principal fue establecer una
república central, pero aseverando que la independencia nacional se sostendría a toda
costa (art. 1). Se reconocer únicamente la autoridad del presidente Guerrero mientras sus
disposiciones no se opusieran al levantamiento (art. 2). En contraste, el Congreso de la
Unión se le aceptaría con el carácter de convocante para un constituyente que trabajaría
con la premisa unitaria (art. 3). Los poderes estatales quedarían derogados (art. 5), salvo los
tribunales que juraran el nuevo sistema (art. 7). En su lugar el comandante general reuniría
el mando político y militar "en lo que actualmente se denominan estados" (art. 3) y sus
facultades incluirían el ramo de Hacienda y el arreglo provisional del gobierno interior de
los pueblos.117 En el plan se perciben dos líneas de acción. Una provisoria para que los
poderes nacionales se encarguen de la confección de la forma centralista, pero sin
proporcionarles lineamientos específicos y otra concluyente en lo provincial al eliminar dos
115 Véase Costeloe, La primera, pp. 189-247.116 Flores, Soberanía, pp. 99-101.117 "Acta del pronunciamiento de la guarnición de Campeche", noviembre 6 de 1829 en Guadalupe Jiménez Codinach (ed.), Planes en la nación mexicana, vol. I, México, D.F., Cámara de Senadores, El Colegio de México, 1987, pp. 225-226.
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de los ramos de gobierno y reconfigurar unipersonalmente la administración alrededor de
la figura del comandante militar con facultades definidas. Esta fue la tónica del
pronunciamiento yucateco: el ámbito nacional difuminado y el provincial concreto.
La asonada tuvo un éxito relativo durante los primeros meses. El movimiento
pareció cobrar fuerza al propagarse con rapidez en el territorio del estado. La capital Mérida
lo secundó el 9 del mismo mes; diversos pueblos se sumaron en los siguientes días; José
Segundo Carvajal, comandante general, asumió el encargo encomendado en el Acta y las
autoridades estatales no desplegaron una resistencia fuerte.118 Al exterior, en el vecino
Tabasco se escuchó algún eco del pronunciamiento centralista. Varios militares depusieron
al comandante general, al gobernador, tomaron la capital y pusieron en fuga al Congreso
local a finales de 1829. Pese al apoyo de un pequeño destacamento militar yucateco, las
autoridades tabasqueñas retomaron el control del estado con apoyo interno de
ayuntamientos, parte de la tropa, la federación así como los gobiernos y comandancias de
Veracruz y Chiapas. Aunado a ello, tras el triunfo del Plan deXalapa en enero de 1830, los
periódicos oficiales acusaron a los yucatecos de separatistas y los condenaron al ostracismo
político nacional.119
La reforma del gobierno interno, según el Acta de los pronunciados, quedó en manos
de Carvajal. El recién nombrado jefe superior no tardó en publicar un Reglamento
provisional para el interior gobierno de los pueblos de Yucatán en noviembre 21 de 1829.
La Circular que precedía el decreto marcó las pautas de la administración territorial:
disminución de ayuntamientos y vigilancia desde la jefatura superior por medio de agentes
ejecutores. Ambas tácticas no descuadran con los planteamientos centralizadores de otros
estados, como los que se siguieron en Jalisco y, en especial, en el de México. La constitución
yucateca de 1825 fijó que los ayuntamientos se establecerían en las capitales de partido, en
118 Flores, Soberanía, pp. 102-108. Véase también Shara Ali, "The Pronunciamiento in Yucatán: From Independence to Independence (1821-1840)", Tesis de doctorado, University of St. Andrews, 2011, pp. 129157.119 Josefina Zoraida Vázquez, "Two Reactions to the Illegitimate Succession of 1828: Campeche and Jalapa" en Will Fowler (ed.), Forceful Negotiations. The Origins of the Pronunciamiento in Nineteenth-Century Mexico, Nebraska, University of Nebraska, 2010, pp. 64-65.
85
los pueblos cuya población fuera de 3,000 habitantes y en donde los vecinos contaran con
la suficiente capacidad para desempeñar los cargos concejiles.120 Los centralistas, en
cambio, consideraron a los cabildos civiles una fuente de dilapidación de fondos. En su
esquema, los ayuntamientos residirían sólo en las cabeceras de partido mientras en el resto
de los pueblos habría jueces de paz y procuradores (art. 1). La ruptura con el modelo
gaditano, basado en almas, es evidente.
La misma Acta convocaba a elecciones para renovar la totalidad de miembros de los
ayuntamientos (art. 4) y no por mitad como marcaba la constitución local. Las elecciones se
abrieron para que los militares en servicio pudieran participar como sufragistas y los
retirados o fuera de servicio como posibles electos para los cargos (arts. 8 y 10).121 Además
de los ya existentes requisitos constitucionales, se introdujeron otras de índole económica
para electores y munícipes (arts. 11, 12 y 14).122 Por último, los jueces de paz sustituirían a
las juntas municipales emplazadas en los pueblos sin ayuntamiento. Estos jueces serían
designados por el gobierno provincial a través de ternas formadas por el jefe político
subalterno y sus funciones recaerían en la órbita de la justicia conciliadora (arts. 3, 13 y 15).
Es preciso advertir que el bosquejo presentado no mantenía una lógica de
uniformidad como lo tendrán las repúblicas centralistas de las siguientes décadas. En su
lugar, la estratificación de los partidos formó tres clases de división territorial con base en
el capital demandado durante el proceso electoral. La primera, integrada por Mérida y
Campeche, fue la más cerrada con las cuotas más elevadas para elector ($1,000 pesos) y
cargo municipal ($2,000). La segunda incluyó sólo a la ciudad de Valladolid y rebajó a la
mitad las cantidades anteriores ($500 y $1,000 respectivamente). La última división fue para
el resto de ayuntamientos ($200 pesos y $300). Esta clasificación reflejó la importancia,
distinción y temor que las principales ciudades provocaban en los pronunciados. Los cargos
120 "Constitución política del estado libre de Yucatán" en Colección de Constituciones de los Estados Unidos Mexicanos, México, D. F., Miguel Ángel Porrúa, 2004. [Edición facsimilar]. El capítulo 20, artículos 191-212, refiere al gobierno interior de los pueblos.121 Justo Miguel Flores Escalante, "El primer experimento centralista en Yucatán: el proyecto de gobierno de José Segundo Carvajal (1829-1831)", Secuencia, núm. 62, mayo-agosto, 2005, pp. 51-54.122 El artículo 197 de la Constitución yucateca exigía la calidad de ciudadano, vecindad de tres años en el pueblo y cinco en el estado, tener forma de vivir conocido, contar con 25 años de edad y ser alfabeto.
86
parecieron importar poco para formar alguna jerarquía dentro de los cabildos. Más que una
homologación de la planta concejil se refleja una cierta desafección hacia lo municipal. Las
medidas tomadas por el grupo pronunciado perfilan un cariz alejado de una reorganización
espacial y más cargado a la consolidación de su estancia en el poder al renovar y restringir
los integrantes de los ayuntamientos. No obstante, existe un fundamento centralizador
importante al recortar lo local.
Los centralistas incorporaron al jefe político subalterno dentro de la administración
peninsular.123 El objetivo fue el mismo que el de los prefectos mexiquenses o los jefes de
policía jaliscienses: "facilita[r] la circulación y exacto cumplimiento de las órdenes
superiores". La formación de esta burocracia refleja la intención para empoderar al poder
provincial del jefe superior desde el cual emanarían las disposiciones y los subalternos las
harían llegar a los ayuntamientos y jueces de paz para que las aplicaran. La distribución de
los jefes subalternos concordaría con el de los partidos y cabildos municipales. Su
nombramiento recayó en los comandantes de armas de Mérida, Campeche, Bacalar y Sisal
así como los subdelegados y jueces de paz en los otros partidos. Los subalternos estarían
encargados de formar la terna para jueces de paz. Sin embargo, se detallan poco otras
facultades, la relación con los ayuntamientos o, en caso de baja, la forma de designar
suplentes.124
El gobierno provincial fue desempeñado unipersonalmente, en la figura del jefe
superior, durante los primeros meses del pronunciamiento. En febrero 25 de 1830, Carvajal
convocó a elecciones para formar una Asamblea general que se emplazaría en el pueblo de
Bécal. Flores menciona que el trasfondo fue "aparentar ser un gobierno democrático y
conforme a la división de poderes" así como "la necesidad de crear un órgano legislativo"
123 La figura del jefe político fue derogada durante el restablecimiento federal en 1831. Laura Brondino profundiza en el surgimiento del jefe político yucateco como parte de un proceso de construcción del gobierno ejecutivo frente al gobierno de la justicia desplegado por los subdelegados. Laura Brondino, "De subdelegado a jefe político: la conformación de la autoridad gubernativa 1812-1841. Planteamiento a partir del caso de Yucatán", Historia Mexicana, núm. 68, 4, 2019, pp. 1463-1538.124 Noticia extraordinaria, México, Imprenta del Correo, 1829 en Diario histórico de México 1822-1848 del Lic. Carlos María de Bustamante en Josefina Zoraida Vázquez y Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva (eds.), México, D.F., El Colegio de México, CIESAS, 2001, disco compacto 1.
87
para formar un proyecto de gobierno.125 Por el contrario, estimo que el rechazo del
gobierno federal para secundar el pronunciamiento centralista fue lo que obligó a éste a
recapacitar sus primeros planteamientos alrededor de la figura del jefe superior para
dirigirlos a una estructura de gobierno más pulida para la provincia. El gobierno de Carvajal
justificó la Asamblea como la reunión de "una representación popular para saber el voto
explícito de los yucatecos", pero negó que tuviera un carácter de "congresito" pues eso
sería "incurrir en una contradicción ridicula".126
Las elecciones, como era de suponerse, fueron arrasadas por los partidarios del
levantamiento. El proceso fue indirecto en dos grados. En el primero se formarían juntas
parroquiales basadas en la población -un elector por cada 1,000 habitantes o dos por
1,500- y en el segundo escaño se designó un número fijo de 43 electores distribuidos en los
quince partidos. Éstos se sumarían a treinta militares para que en conjunto deliberaran
acerca del derrotero del pronunciamiento.127 La coyuntura de la reconfiguración del plan
centralista se solventó magistralmente mediante los comicios. Las juntas parroquiales
estarían vigiladas por los ayuntamientos. Corporaciones que, como ya mencioné, fueron
renovadas en su totalidad en las semanas previas por lo que su composición era afín al
pronunciamiento.
La junta de Bécal operó brevemente entre marzo 28 y abril 6 de 1830, día en que
formó un Acta instituyente. En ésta se refrendó las providencias para el gobierno central
acordadas en el Acta de noviembre del año anterior y se delinearon los del provincial. El
jefe superior y los tribunales de justicia mantendrían sus cargos. La innovación más
importante fue la creación de un concejo provincial. La junta elegiría a sus integrantes como
último acto de sus funciones. Este concejo estaría conformado por un número fijo de siete
individuos propietarios y siete suplentes que se renovarían anualmente. Para ser vocal se
requería de "ilustración" y poseer un "capital o industria que les produzca 700 pesos
125 Flores, "El primer", p. 54.126 La Concordia yucateca citado en Flores, "El primer", p. 63.127 Flores, "El primer", pp. 54-59.
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anuales".128 Esta nueva corporación tendría como obligaciones "la observancia de las leyes
y el cumplimiento de esta acta [instituyente]"; acordar con el jefe superior las variaciones
de todos los ramos de la administración pública y "dar su dictamen en todos los casos y
negocios en que sea consultado por el jefe superior".129 Flores considera que "era una forma
adaptada del Consejo de Estado gaditano" pero de talante legislativo.130 En realidad se
asemeja más a las diputaciones provinciales por su número invariable de vocales, su destino
de asesoría con el gobierno político provincial y su conformación mediante sufragio
popular.
Uno de los aspectos más interesantes del pronunciamiento centralista yucateco fue
su propuesta, o la falta de ésta, para conformar al gobierno general. En los documentos
examinados hasta el momento, el Acta del pronunciamiento y el Acta instituyente, los
peninsulares no emitieron bases que especificaran cómo se configurarían los poderes
nacionales y, mucho menos, la manera de administrar el territorio. El reconocimiento de la
figura presidencial, de los tribunales y del carácter exclusivamente convocante del actual
Congreso no eran promesas de una nueva estructura sino de la vigente en esos momentos.
Se sobrentiende que, al interior, el modelo para los estados-provincias era el adoptado en
Yucatán hincado en un jefe superior, concejo provincial y tribunales, pero no se explicó
cabalmente si una vez aceptado el pronunciamiento centralista, el Congreso constituyente
confeccionaría las nuevas instituciones conforme a estas premisas o se adoptarían otras
emanadas desde el centro.
La renovación de la cámara de diputados nacionales para principios de 1831 ofreció
una oportunidad legal para que los yucatecos negociaran su plan con los poderes generales.
El gobierno de Carvajal convocó a elecciones para conformar otra junta, en el pueblo de
128 "Acta Instituyente de la asamblea general de la provincia de Yucatán" en El Sol, año 2, núm. 302, Abril 28 de 1830.129 Acta Instituyente.130 Flores, "El primer", pp. 63-64 intenta cuadrar el pronunciamiento yucateco con los planteamientos liberales acerca de la división de poderes clásica -ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, considero que, por el contrario, los centralistas peninsulares fueron bastante consecuentes con su propuesta por lo que evitaron que el consejo poseyera atribuciones legislativas plenas, las que fueron depositadas en el jefe superior de la provincia.
89
Calkiní, a través del decreto de octubre 22 de 1830. Los comicios fueron conquistados
nuevamente por los adictos al pronunciamiento. El método para elegir fue similar a los
utilizados para la junta de Becal. Un primer grado parroquial con base en la población de
cada localidad -p o r cada 1,000 habitantes se nombraría a 1 vocal, por 1,500 a 2, por 2,500
a 3 y así sucesivamente- y un segundo grado de partido con una cantidad fija de electores
-35, ocho menos que para Becal. Para ser elector, de parroquia o partido, se requirió ser
ciudadano en el ejercicio de sus derechos, contar con 25 años, saber leer y escribir y tener
un año de vecindad en el pueblo por el que se era sufragado. Para ser diputado se dispensó
la alfabetización, pero se exigió "haber dado de un modo inequívoco pruebas de adhesión
al actual sistema de gobierno de república central". Criterio subjetivo a juicio de la junta
electoral. Como en las votaciones anteriores se demandó disfrutar de una "propiedad
territorial, o renta permanente, o un ejercicio, profesión o industria productiva" para
acceder a los cargos -$200 pesos para parroquial, $1,000 de propiedad o $300 en las demás
ocupaciones para partido y $3,000 o $400 para diputado general.131
La junta congregada en Calkiní, reunida en diciembre, seleccionó a ocho
representantes para que acudieran al Congreso nacional.132 La junta transmitió a los
diputados electos una serie de instrucciones para guiar su participación.133 Lo relevante de
estas disposiciones fue el bosquejo, aunque precario, del gobierno general y de los
territorios en un esquema centralista. Estas órdenes incluyeron una parte expositiva y un
articulado dividido en una sección general y otra particular. En el texto preliminar, la junta
manifestó que una república federal, pese a sus beneficios, no era la adecuada para la
nación mexicana "por la falta de la necesaria ilustración, sea un terrible vacío de virtudes
precisas en la masa general del pueblo, o sean las costumbres y preocupaciones que no han
podido desterrarse". En México no existían los elementos para consolidar una federación.
131 Flores, "El primer", pp. 67-71.132 Los diputados fueron Wenceslao Alpuche, José Rafael Trava y O'Horan, Sebastián Peón, Manuel José Pardío, Pedro Marcial Guerra, Juan Pio Pérez, Joaquín Gutiérrez Estrada y Néstor Escudero. Flores, "El primer", p. 70.133 Colección de Panfletos Mexicanos de Sutro-Instituto de Investigaciones Históricas (CPMS-IIH), rollo 16, PM 62, Impugnación a las observaciones hechas por varios yucatecos al dictamen presentado a la Cámara de Senadores por sus comisiones unidas de puntos constitucionales y guerra, sobre la proposición del Sr. Vargas relativa a la pacificación de Yucatán, México, Imprenta de Galván, 1831.
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La nación demandaba de instituciones menos complicadas, así como de un gobierno fuerte.
La última parte, en franca contradicción, demandó un trato preferencial para el comercio
de harinas y cigarrillos de puros para la península, la rescisión del pago de tonelada de los
barcos yucatecos y la subvención del gobierno general para las tropas acantonadas y la
burocracia. Estas exigencias revelan que el pronunciamiento centralista yucateco, más que
una elaboración sofisticada de las formas de Estado, encubrió los intereses puntuales de la
provincia y los reclamos entre ésta y la federación.134
Los primeros artículos de la sección general sustentaron lo expuesto en las actas
pasadas en torno a la pertenencia de Yucatán a México y el carácter centralista del
movimiento. Los representantes abogarían para que se "equilibraran] lo mejor posible los
poderes legislativos, judicial y ejecutivo", pero asegurando que el último fuera lo "bastante
vigoroso para que en cualquier circunstancia en que pueda hallarse la república, se conserve
el orden público, de modo que no tengan lugar fácil, ni las convulsiones populares, ni las
ominosas facultades extraordinarias" (art. 4). Además, dado el desconcierto causado por
las anteriores elecciones presidenciales, los yucatecos solicitaban que el nombramiento del
primer magistrado fuera inmediatamente después de su elección y que el período se
extendiera a 6 e incluso 8 años (art. 5). Los centralistas yucatecos, como ha observado
Flores, se apegaron al canon liberal para asegurar la propiedad, el ejercicio de los derechos
de ciudadano, la educación, las elecciones populares y la libertad de imprenta (arts. 6 y 7).
Recomendaban, aunque sin dar una propuesta en concreto, una estrecha y rigurosa
economía para poder financiar la arquitectura institucional (art. 8).135
Los dos últimos artículos de la sección de intereses generales (arts. 9 y 10)
presentaron un esquema para la organización de las provincias y las autoridades
intermedias. La división espacial de nación estaría constituida "bajo la forma de república
central para el régimen interior, se divida el territorio en departamentos" y en cada uno de
éstos habría "una junta departamental de elección popular" renovada acorde al calendario
134 CPMS-IIH, Impugnación, pp. 4-9. Justo observa que ésta era una actitud paradójica de los centralistas que al solicitar prebendas particulares retomaban los planteamientos confederales de los primeros constituyentes yucatecos. Flores, Soberanía, pp. 119-126.135 CPMS-IIH, Impugnación, pp. 6-8. Flores, Soberanía, p. 107.
91
del nombramiento de los diputados nacionales.136 El paralelismo institucional con aquellas
instauradas un lustro más adelante es pasmoso. La simetría nominal y estructural apremia
a encadenar los proyectos centralistas y enunciar una especie de linaje entre los yucatecos
de 1829 y los centralistas de 1835. Desafortunadamente la Junta de Calkiní no ahondó ni
desarrolló estas prevenciones más allá de estos dos artículos por lo que es difícil realizar un
análisis sin caer en especulaciones. Además, la fuente que los difundió lo hizo con el
propósito de descreditar la propuesta más que para analizarla. No obstante, la duplicidad
entre los apelativos es innegable pero me decanto por el uso de los lugares comunes dentro
del pensamiento constituyente de corte centralista e incluso de las políticas centralizadoras
cuyos fundamentos se prefiguraron mayoritariamente por lo establecido en la constitución
gaditana respecto a la soberanía nacional, la formación de provincias desprovistas de
participación política y, en su lugar, instituciones de talante administrativo y ejecutor.
Los centralistas yucatecos, pese a las flamantes instrucciones enviadas, no
proveyeron la negativa del Congreso de la Unión para aceptar sus comisionados. Este último
revés dividió las opiniones en la península y fortaleció a los opositores del pronunciamiento.
Durante el primer semestre del año surgieron inconformes que hicieron tambalear la
posición de Carvajal. En julio 8 de 1831, el concejo provincial se promulgó por el regreso de
Yucatán como estado federado, después de una intentona del cabildo de Mérida con los
mismos fines, y reconoció el fracaso para expandir el centralismo al resto de la república.
Los ayuntamientos y las guarniciones militares aceptaron la propuesta con suma rapidez en
las siguientes semanas. El concejo justificó el retorno a la federación apelando al Acta
instituyente que reconocía la soberanía nacional, la partencia de Yucatán a la nación y la
excepcionalidad del pronunciamiento de noviembre 5 de 1829 como una reacción al
gobierno ilegítimo de Guerrero.137
El fracaso del levantamiento de Yucatán por la forma unitaria revela dos aspectos a
considerar. Por un lado, los límites de los estados, en esta primera república federal, para
imponer sus medias mediante una asonada armada que desconociera las autoridades
136 CPMS-IIH, Impugnación, p. 8.137 Flores, Soberanía, pp. 117-118.
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centrales. Es cierto, las circunstancias, la distancia y la singularidad de la península fueron
favorables para que actuara con relativa autonomía, pero también su falta de éxito revela
la necesidad que los pronunciamientos tuvieron para forjar alianzas entre los mismos
estados o con otros actores que sustentaran su propósitos. La falta de un programa
institucional definido coartó los alcances y propagación del plan al resto de la república que
no alcanzaron a entrever una propuesta sólida. Por otro, esta carencia propositiva de los
pronunciados, a mi parecer, fue el resultado de aceptar coherentemente su propio
programa unitario que desproveía a las provincias de aptitudes políticas y depositaba en el
gobierno nacional la toma de decisiones políticas para elaborar la arquitectura institucional
que considerase óptima sólo apegándose a los términos unitarios.138
La federalización alamanista, 1830-1832
El último momento, que bien podría calificarse como administrativo, en el que se intentó
centralizar la república federal de 1824 fue durante la administración encabezada por el
vicepresidente Anastasio Bustamante durante los años de 1830-1832. El método
implementado fue la reforma de varios aspectos medulares del pacto federal en aras de
fortalecer la autoridad del gobierno nacional en menoscabo de la de los estados. Esta suerte
de federalización, como el centralismo de Yucatán, fue una consecuencia directa de los
problemas originados por la falta de acuerdos entre las facciones políticas, pero
direccionada para atacar la in-gobernabilidad suscitada por la falta de legitimidad de los
supremos poderes para actuar determinantemente ante la desconfianza de las cada vez
más recelosas entidades federativas.
La implosión del modelo federal ocurrió con el fracaso de la primera sucesión
presidencial a finales de 1828. De acuerdo con José Antonio Aguilar, "el trasfondo de la
desintegración constitucional era el mal estado de la economía, la agitación xenofóbica
138 El discurso centralista peninsular, como se observa en la investigación, fue modificándose de manera acelerada acorde a las cambiantes circunstancias del pronunciamiento. Al inicio, los alzados acudieron a la soberanía como entidad federativa para abstraerse del pacto federal y proponer uno central. Posteriormente mitigaron su propia actividad política como provincia y depositaron la facultad constituyente en el ámbito nacional. Por último, retomaron los argumentos con-federales sobre la soberanía de los estados para volver al pacto federal. Flores, Soberanía, pp. 91-142.
93
contra los españoles y el malestar entre los mineros".139 La contienda electoral, polarizada
por las facciones políticas, favoreció al candidato imparcial-escoses, Manuel Gómez
Pedraza, con 11 de los 19 votos sobre el yorkino, Vicente Guerrero.140 Sin embargo,
incapaces de aceptar su derrota, los perdedores se rebelaron antes de que su oponente
asumirá la presidencia. Los yorkinos utilizaron tres estrategias para desacreditar a Gómez
Pedraza: motines populares -com o el del Parían- y pronunciamientos militares; una intensa
campaña publicitaria para señalar una supuesta represión contra ellos, y la búsqueda para
anular los votos de las legislaturas. Ante el panorama, Gómez Pedraza reculó al cargo y huyó
del país.141
Al verse triunfador por hecho, Guerrero inquirió las vías de derecho para sostener
su estadía en el palacio de gobierno. Para conseguirlo, el Congreso de la Unión estipuló que
los votos de aquellos estados que apoyaron a Gómez Pedraza eran inválidos por no
representar la voluntad general. La controversia constitucional no sólo evidenció la
incapacidad del régimen político para asegurar una transición presidencial por conductos
legales sino que implicó una fractura irreparable para la arquitectura del primer
federalismo. La primera consecuencia del doble atropello -la imposición de Guerrero y la
validación de éste por el Congreso- fue la perdida de legitimidad de las autoridades
nacionales como garantes del pacto federal, los estados que votaron por Gómez Pedraza
observaron el poco respeto por el entramado institucional. La segunda fue la apertura del
pronunciamiento como vía para hacerse con el gobierno nacional. Más que una situación
inédita fue la magnitud y el momento preciso en que se efectuó lo que ocasionó que se
abriera esta opción. Por último, los yorkinos tuvieron que defender su posición mediante el
ataque y la descalificación personal de sus opositores a quienes marginaron de la vida
139 José Antonio Aguilar, "El veredicto del pueblo: el gobierno representativo y las elecciones en México, 18091846" en José Antonio Aguilar (coord.), Las elecciones y el gobierno representativo en México (1810-1910), México, D. F., FCE, IFE, 2010, pp. 140-142.140 Durante la república federal de 1824, el presidente era electo mediante el voto de los Congresos estatales quienes sufragaban por dos individuos. La Cámara de diputados era la encargada de revisar, dar cuenta del resultado, calificar y enumerar los votos de las legislaturas. El presidente, por consecuencia, era quien reuniera la mayoría absoluta mientras que el segundo lugar ocuparía la vicepresidencia.141 Ana Romero Valderrama, "Una controversia en la elección presidencial de 1828: los atributos de los legisladores: ¿seleccionar o designar?" en Aguilar, Las elecciones, pp. 165-195. Véase también Costeloe, La primera, pp. 167-213.
94
política. Esto es, se cerraron a la posibilidad para establecer un verdadero sistema político
basado en partidos que compitieran por el gobierno. La oposición, como eventualmente
sucedió, tuvo que prepararse desde fuera del marco legal.142 El resultado general de estas
consecuencias fue un incremento en la inestabilidad en las relaciones del gobierno federal
con las entidades intermedias; lo que produjo un mayor grado de in-gobernabilidad.
El gobierno de Guerrero fue suplantado por una nueva revuelta encabezada por el
vicepresidente Anastasio Bustamante a finales de 1829. El ejército de reserva de Jalapa
emitió un acta, conocido posteriormente como Plan de Jalapa, en la que pedía la anulación
de las facultades extraordinarias, la reunión del Congreso para que se ocupase de los
grandes males de la nación, la remoción de los empleados señalados por la opinión pública
y que los generales Bustamante y Santa Anna fueran sus líderes. Las provincias, entre ellas
Jalisco, secundaron el movimiento bajo el concepto de la restitución del orden
constitucional.
Los avatares que permitieron el momento administrativo de la administración
Bustamante-Alamán, a mí parecer, tuvieron diferentes matrices. Uno azaroso primero. La
constitución federal de 1824 previó que hasta pasado el año de 1830 podrían realizarse
reformas sobre su armazón, pero sin modificar "la libertad e independencia de la nación
mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta y división de los poderes
supremos de la federación, y de los estados" (art. 171). El inicio del gobierno del
vicepresidente Bustamante coincidió con este plazo por lo que los cambios estructurales
podrían ser efectuados por la vía legal. Otro intencional segundo, como José Antonio
Serrano ha manifestado, consistió en que algunos grupos regionales rompieron con el
acuerdo establecido en 1824 para mantener a los poderes federales debilitados y, por el
contrario, optaron por apoyar medidas centralizadoras que los fortalecieran. La intención
de esta disidencia era combatir los desórdenes militares, la desobediencia de los estados y
la penuria hacendaria, en resumidas cuentas, las causas de la inestabilidad.143 Un último, la
nada fortuita configuración del ministerio -Rafael Mangino (Hacienda), José Ignacio
142 Ávila y Vázquez, "El orden", pp. 21-50.143 Serrano, "Epílogo", pp. 595-609.
95
Espinosa (Justicia y Negocios Eclesiásticos), Lucas Alamán (Relaciones) y José Antonio Facio
(Guerra)- propició que la administración trabajara como bloque en reformas consistentes
que tocarían ejes cardinales del federalismo de 1824.144
Bustamante y sus ministros, desde su llegada, intentaron legalizar y legitimar su
posición. Para lo primero, Bustamante no asumió formalmente la titularidad del poder
ejecutivo, sino que se mantuvo bajo el perfil de vicepresidente. También procuraron, con
base en decretos, asentar como "justo el pronunciamiento del ejército" y la imposibilidad
de Guerrero para gobernar.145 Para lo segundo, según Michael P. Costeloe, Alamán aplicó
un mecanismo para que algunos actores locales iniciaran pronunciamientos contra los
poderes estatales y, ante estos desconciertos, solicitaran la intervención del Congreso de la
Unión. Éste emitiría un voto a favor de la destitución de las autoridades y la restitución de
las anteriores o la celebración de nuevas elecciones. Con este sistema, "simple y directo",
recuenta Costeloe, el gobierno logró sustituir a su favor a once de las diecinueve
legislaturas.146 La manipulación no sólo se limitaba a suplantar por la senda de las asonadas
a funcionaros poco afines al régimen sino que, de mayor trascendencia, convertía al
Congreso, con injerencia amplia del ejecutivo, en el baluarte y árbitro de los problemas
domésticos de los estados. El afianzamiento de Bustamante también se propagó a través
de los periódicos de El Sol y el Registro Oficial del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.
Por medio de estos órganos, el gobierno descalificó a los partidos, principalmente la logia
masónica yorkina, y a los movimientos disidentes como los yucatecos centralistas al
tildarlos como sediciosos por contraponer sus intereses particulares por encima del
bienestar de la federación.147
144 Para Costeloe tres de los ministros tuvieron un pasado como opositores al federalismo. Mangino y Espinosa fueron parte del grupo centralista en el segundo constituyente; Lucas Alamán fue ministro de Relaciones que combatió a las provincias federalistas en 1823 y Facio fue un "ferviente miembro de los escoceses". Costeloe, La primera, p. 252.145 Tena, Leyes, t. II, pp. 214 y 223.146 Costeloe, La primera, p. 257.147 Catherine Andrews, "La actitud de la administración de Anastasio Bustamante hacia los partidos y la oposición política (1830-1832)" en Ávila y Salmerón (coords.), Partidos, pp. 51-75.
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La administración bustamantista, a la par que apuntalaba sus orígenes espurios,
impulsó reformas que moderaban aspectos esenciales de la tintura confederal del Estado:
milicias cívicas, cupo fiscal y la propia constitución. Los fundamentos de la milicia local se
modificaron con el reglamento de 1827. En este ordenamiento se procedió con un
ambivalente planteamiento. Por un lado, se federalizó el sustrato de las milicias al estipular
a "todo mexicano" el compromiso de tomar las armas y extender la obligación para
"sostener la independencia nacional y la Constitución de la República". Ambas medidas
ensancharon los márgenes de acción de los milicianos fuera de lo local al acercarlos al
ámbito federal. Además, la cívica fue equiparada con el ejército regular tanto en
armamento, distinciones como en la división en tres secciones -infantería, artillería y
caballería- todo "conforme [a] los reglamentos de la milicia permanente". Por otro, las
milicias se provincializaron debido a que los poderes estatales, legislatura y gobernador,
quedaron facultados para expedir reglamentos y códigos penales para arreglar la cívica. En
estos estatutos especificarían todo tipo de cuestiones como el número de efectivos, los
uniformes y el personal. Esta postura fue la que predominó desde los estados. En palabras
de José Antonio Serrano y Manuel Chust, "la cívica se planeaba desde la posición de
reforzamiento del federalismo" como un instrumento de negociación frente al gobierno
nacional.148
El "binomio milicias cívica-[con]federalismo" fue una de las dianas de la
federalización alamanista para disminuir la gravedad de los estados, pero también para
reivindicar al ejército permanente. De acuerdo con Catherine Andrews, los secretarios de
Relaciones y Guerra, Alamán y Facio, protestaron abiertamente contra las milicias por los
gastos que originaban a los erarios estatales. Sin embargo, las intenciones veladas de los
secretarios eran evitar el uso político y militar de estos cuerpos contra la federación, así
como el temor que la composición popular ejercía sobre las clases acomodadas. Para ello
utilizaron una doble maniobra que, en buena medida, revocaría lo dispuesto por el
148 Manuel Chust y José Antonio Serrano, "Milicia y revolución liberal en España y en México" en Manuel Chust y Juan Marchena (eds.), Las armas de la Nación. Independencia y ciudadanía en Hispanoamérica (1750-1850), Madrid, Iberoamericana, 2007, pp. 81-110.
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Reglamento de 1827: encomendar a la cívica la seguridad de las poblaciones y caminos para
recuperar la noción de policía y restringir la base de reclutamiento para que sólo los
propietarios, como individuos interesados en el orden público, la conformaran.149
La secretaría de Guerra, explica Serrano, implementó una triple estrategia para
subordinar los milicianos a las tropas nacionales. Primero pretendió reformar el reglamento
de reclutamiento con el fin de sumar a los cívicos directamente como soldados regulares.
Posteriormente, buscó movilizar las milicias más allá de las fronteras estatales para apoyar
al ejército en los puntos más conflictivos lo que encubría una tentativa para desvincular las
milicias de sus entidades de origen. Por último, los portavoces del gobierno en el estado de
México, bajo el pretexto de la insubordinación, exigieron que los milicianos fueran
organizados de acuerdo con las ordenanzas castrenses y que se ciñeran a la secretaría de
Guerra. La visión era clara, las milicias cívicas serían desactivadas para reducir la capacidad
de negociación de los estados lo que, al tiempo, fortalecería a la federación.150
Lo interesante, continúo con Serrano, es que los estados, con cierta injerencia del
gobierno general, promovieron esta permuta en su perspectiva. La mayoría de los
Congresos locales, salvo excepciones como Zacatecas, abrazaron las propuestas e incluso
legislaron para reformar las ordenanzas y limitar a sus milicianos.151 No obstante, los
estados de México y Jalisco no implementaron reformas sustanciales en sus cívicos a partir
del gobierno de Bustamante. En el primero suprimieron la inspección de la milicia nacional
de la entidad, cuyas funciones eran las de supervisar el equipamiento y el reclutamiento
además de comunicar las órdenes gubernamentales, y sus funciones fueron transferidas al
gobernador.152 En el segundo, el Congreso dispuso que los jefes y oficiales de la milicia
tendrían que rendir cuentas de los caudales que manejaron de acuerdo a lo previsto por las
ordenanzas del ejército.153
149 Catherine Andrews, Entre la espada y la constitución. El general Anastasio Bustamante, 1780- 1853jTamaulipas, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Congreso del Estado de Tamaulipas, 2008, pp. 154159.150 Serrano, "Epílogo", p. 602.151 Serrano, "Epílogo", pp. 602-603.152 Colección de decretos, t. II, p. 147.153 Colección de los decretos (1875), t. IV, p. 358.
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El segundo objetivo de la federalización alamanista fue una reforma fiscal focalizada
en la transformación del contingente o cupo fiscal que los estados debían de proveer a las
arcas federales.154 El deterioro general de la Hacienda federal, el incumplimiento en la
cobertura total de cuotas y los reclamos de los estados para concertar su participación
fueron las principales razones para que se buscara optimizar las recaudaciones por esta
vía.155 La iniciativa fue presentada ante el Congreso de la Unión en las primeras semanas de
la administración y fue respaldada por los periódicos militantes, El Sol y el Registro oficial.156
El proyecto se cimentó en el cambio de la base para determinar el contingente al pasarse
de una cantidad fija, aunque negociable, para cada entidad a un porcentaje uniforme para
todas las entidades de 45% del total de los ingresos de sus erarios cuya suma, según los
cálculos presentados, debía ser alrededor de los $2'000,000 de pesos anuales. También
preveía otras mediadas que reforzaban el papel de la federación como la facultad del
secretario de Hacienda, por medio de comisarios, para intervenir en las arcas estatales en
caso de morosidad y la posibilidad para fincar responsabilidades a funcionarios estatales,
incluso a los gobernadores, ante el Congreso de la Unión por la falta de cumplimiento en el
pago.157
La ley tuvo un tortuoso derrotero debido a las refutaciones de los estados y la prensa
opositora. Serrano y Hernández Jaimes han reparado en que las reticencias en las entidades
no fueron homogéneas, sino que variaron considerablemente. San Luis Potosí, por ejemplo,
154 La ley de clasificación de rentas de 1824 estableció el contingente como un recurso temporal que, de acuerdo a su potencialidad tributaria, cada estado aportaría un monto fijo para subsanar el déficit presupuestario de la Hacienda federal. Jorge Castañeda Zavala, "El contingente fiscal en la nueva nación mexicana, 1824-1861" en Carlos Marichal y Daniela Marino (ed.), De colonia a nación. Impuestos y política en México, 1750-1860, México, D.F., El Colegio de México, 2001, pp. 135-188.155 En realidad, como ha expuesto Castañeda, los estados realizaron la mayoría de los pagos a los que estaban obligados. Castañeda, "El contingente", pp. 155-156. No obstante, el gobierno de Bustamante culpó a los adeudos de los estados en el pago del contingente como los responsables de la crisis fiscal de la federación. Jesús Hernández Jaimes, La formación de la Hacienda pública mexicana y las tensiones centro-periferia, 18211835, México, D.F., El Colegio de México, Instituto Mora, UNAM, 2013, pp. 328-329.156 El periódico El Sol aseguraba que "ninguna nota [de] desigualdad puede tachar a este proyecto, porque una misma regla nivela al estado grande con el pequeño, y al pobre con el rico". El Sol, año 2, núm. 233, febrero 2 de 1830.157 Serrano, "Epílogo", p. 604. También véase Hernández, La formación, pp. 331-344; José Antonio Serrano, "Tabaco y contingente, el gozne fiscal entre federación y estados, 1824-1835" en Vázquez y Serrano (coord.), Práctica y fracaso, p. 150.
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se negó rotundamente a la iniciativa por considerarla como un atentado contra su
soberanía; asimismo manifestó que restar un porcentaje tan alto -según sus cifras-
equivaldría a un golpe mortal a su Hacienda pública e inculpó al despilfarro de la federación
como el verdadero fondo de los problemas fiscales. Sin embargo, la mayoría de los estados
se enfocaron sólo en objetar la cuota del porcentaje, que consideraban excesiva, pero no el
cambio a un sistema proporcional y, mucho menos, en rechazar su obligación de aportar a
las arcas federales.158 Después de dos años de discusiones y rebotes en las cámaras
legislativas, en febrero de 1832, la ley fue promulgada con significativas, pero no medulares,
variaciones, entre ellas, la reducción del porcentaje a 30%. Como se observa, la reforma no
sólo fue de materia hacendaria, sino que replanteaba el pacto fiscal federal convirtiendo,
de alguna forma, las arcas de las entidades en ámbitos federales con la anuencia de los
propios estados.159
La tercera federalización propuesta fue la misma reforma de la constitución en
aquellos aspectos que se le consideró deficiente. La administración Bustamante-Alamán
utilizó el conducto legal asentado por la carta de 1824. Las legislaturas de seis estados
atendieron la iniciativa -estado de México, Puebla, Nuevo León, Querétaro, Michoacán y
San Luis Potosí- para elevar sus representaciones donde expresaron sus inconformidades.
Para el gobierno federal era esencial que esto ocurriera dado que las entidades eran el único
acceso para comenzar con el proceso de enmienda. Cabe resaltar que cuatro de estos seis
Congresos locales fueron intervenidos por el "sistema Alamán" por lo que no es
descabellado estimar que el secretario haya instigado a los Congresos locales para que
realizaran impugnaciones a la Constitución. Sin embargo, la diversidad de las proposiciones
matiza la suposición de que Alamán haya organizado o condicionado la participación de los
estados. De manera extraconstitucional, la prensa oficial, el Registro y El Sol, e incluso otras
como El Observador de la República Mexicana, editado por José María Luis Mora, suscitaron
158 Hernández, La formación, pp. 339-340.159 Lo cierto es que la federación nunca tuvo la fuerza para intervenir en la Hacienda pública de los estados. Lo importante, en realidad, fue el consentimiento de los estados para variar y aceptar la propuesta del gobierno federal en lo tocante en el pago del contingente. Hernández, La formación, pp. 331-344.
100
acaloradas emisiones en las que expusieron las cuestiones que creían ser las más urgentes
y necesarias de modificar.
La discusión reformista fue abierta entre las legislaturas y los periódicos. Tuvo
tópicos comunes como la solicitud para que se impusieran restricciones censitarias en los
cargos públicos de primer orden, diputados y senadores, con base en la propiedad y la
renta. Albergó discrepancias significativas en torno a la figura presidencial. Demasiado
fuerte para algunas de las asambleas, extremadamente débil para la prensa. Pero también
contuvo silencios elocuentes dado que ni unas ni otros emitieron juicio alguno en lo
concerniente a la viabilidad del federalismo. En otras palabras, la federación, como forma
de Estado, no fue tildada como fundamento de los males de la nación, como sucederá un
lustro más adelante, sólo se señaló partes específicas de su arquitectura como las
productoras de los problemas de gobernabilidad.160
Las observaciones de los Congresos locales fueron discutidas por el Congreso
general a lo largo del año de 1830 mientras que las de los periódicos sirvieron de
termómetro para sopesar las pretensiones del gobierno federal. En la ley de diciembre 27
de 1830, el Congreso calificó como "dignas de sujetarse a la deliberación" a 26
amonestaciones de los dictámenes estatales. Me interesa resaltar una noción rechazada y
otra aceptada. La primera fue la propuesta de instituir ciudadanos de la federación. Como
se sabe, los requerimientos para poseer derechos políticos fueron establecidos de manera
particular por cada estado. Éstos impusieron la "vecindad" como raíz de la ciudadanía. Un
ciudadano de un estado podría no serlo en otro al carecer de la antigüedad necesaria;
existían ciudadanos de los estados pero no de la federación. La legislatura poblana realizó
la sugerencia para que "se fijaran constitucionalmente las calidades necesarias para ser
ciudadano de la república";161 de igual manera el Observador recomendó que para gozar de
la ciudadanía en toda la república se demandara la posesión de mil pesos anuales o una
160 Véase Catherine Andrews, "Discusiones en torno a la reforma de la Constitución Federal de 1824 durante el primer gobierno de Anastasio Bustamante (1830-1832)", Historia Mexicana, núm. 57, 3, 2006, pp. 71-116.161 "Observaciones de la legislatura de Puebla que quedan sujetas a la deliberación del Congreso de la Unión" en Tena, Leyes, t. II, pp. 302-303.
101
propiedad con valor de 6 mil o superior.162 Ambas ideas se enmarcaron dentro del debate
más general sobre medidas censitarias en respuesta a los acontecimientos populares de
1829 -la revuelta de encabezada por Guerrero en lo general y el motín del Parián en lo
particular. La iniciativa no fue estimada por el Congreso como parte de las consideraciones
a reformar. Sin embargo, sus implicaciones atraviesan todo el edificio con-federal al
sustraer a los ciudadanos, como receptores de los derechos políticos, del acotamiento de
los estados plasmado en 1824 para trasladarlos a una esfera supra provincial; se apeló por
federalizar a la ciudadanía.
La segunda noción alude a la séptima observación de la ley de diciembre 27 para
dotar al Congreso de la Unión de la facultad para fijar gastos generales, así como que se le
permitiera establecer, arreglar y fijar las contribuciones necesarias para cubrir dichos
gastos generales, pero sin que fuera de manera personal a los ciudadanos. En
contraposición con la noción de ciudadanía federal, en ésta se respetó a los individuos como
parte de la jurisdicción de los estados. La modificación residió en el resquicio de la
federación para gravar ordinariamente a las entidades con nuevos cargos para cubrir el
déficit de los otros ramos. Los verbos fijar, establecer, arreglar y determinar concuerdan
con la política hacendaria del gobierno de corte centralizador acerca de la transformación
por porcentaje en el contingente y la capacidad para intervenir en los erarios estatales.163
En términos generales, las reformas a la constitución basadas en las observaciones
retomadas por el Congreso fueron bastante moderadas en comparación con el turbio
debate impulsado por los periódicos oficiales e incluso con aquellas presentadas por las
asambleas locales. No se establecieron restricciones a la ciudadanía o a los cargos públicos
tampoco se reajusto la separación entre los poderes nacionales ni se reformuló el pacto
federal.
La historiografía clásica de cuño liberal calificó duramente a la administración
bustamantista como un "federalismo de jure, pero [en la] práctica un centralismo de facto".
162 Observador de la República Mexicana, t. I, Imprenta de Galván, 1830, pp. 213-231.163 "Ley de diciembre 27 de 1830 en la que se califican dignas de sujetarse a la deliberación del Congreso general, en la legislatura siguiente, las observaciones que se insertan sobre reformas de constitución" en Tena, Leyes, t. II, pp. 299-301.
102
El objetivo de este supuesto centralismo era debilitar a "las provincias, suprimiendo la
soberanía de los Estados y manteniendo cierta descentralización puramente
administrativa".164 Para esta corriente la centralización eran parte de una forma de Estado
en pugna franca con el federalismo. Además, de manera retrospectiva, el gobierno de
Bustamante no fue más que una antesala de las repúblicas centralistas de los años
siguientes que continuaron y constitucionalizaron muchas de las políticas orquestadas en
1830. En contraste con estos postulados, una corriente más crítica ha advertido, con mayor
acierto, que las miras de este gobierno, y en particular la actuación de Lucas Alamán en el
Ministerio de Relaciones, no fueron para suscitar un cambio en la forma de Estado, aunque
la prensa opositora así los acusara, sino que sus pautas se inclinaron al fortalecimiento del
ámbito federal con la finalidad de garantizar su capacidad y legitimidad ante los estados.165
Bajo el lente de esta última historiografía, se puede concluir que la primera
administración de Anastasio Bustamante es imposible adjudicarle un carácter de preámbulo
de 1836 o 1843. La modificación de la desequilibrada balanza de competencias entre la
federación y los estados fue el principal objetivo del gobierno del vicepresidente. Su
procedimiento fue la formulación de proyectos castrenses, fiscales y, aprovechándose de la
coyuntura, reformas constitucionales. Iniciativas que preveían disminuir la participación de
las instancias intermedias en el ámbito federal y, sobre todo, buscaban que los poderes
federales pudieran inmiscuirse en el gobierno interno de aquellas. Es decir, estas medidas
fueron una búsqueda para centralizar mediante una lectura federalizante de la Constitución
de 1824 que se añejaba de sus aspectos más confederales y acercarse a un auténtico
federalismo.
Conclusiones
Los graves problemas de obediencia y confianza entre el gobierno general y los intermedios
fueron herencias de las décadas previas y fueron agudizándose con el resquebrajamiento
de la república federal de 1824. Las de 1836 y 1843 pretendieron combatirla mediante la
centralización de la actividad política de las regiones, particularmente con las Juntas y
164 Heroles, El liberalismo, t. II, pp. 156-158.165 Véase Vázquez, "Introducción", pp. 13-39; Andrews, "Discusiones"; Serrano "Epilogo".
103
Asambleas departamentales. No obstante, como se ha expuesto a lo largo de este capítulo,
esta propuesta no fue del todo novedosa. Diversos proyectos, aquí solo se consignaron seis,
diseñaron e implementaron esquemas que partían de la misma premisa: restringir y anular
la participación de los territorios (provincias-municipalidades) en el ámbito nacional.
La centralización, en este sentido, fue una herramienta empleada con regularidad
para evitar la dispersión territorial y fortalecer al gobierno supremo -nacional, provincial o
estatal. Es preciso deslindar la diferencia entre centralización y centralismo. Repito, la
primera es una postura política que procura ensanchar el margen de decisión y acción de
las autoridades supremas en menoscabo de las intermedias e inferiores. Esta inclinación no
es particular de un modelo o forma estatal, al contrario, es un ejercicio político. Por su parte,
el segundo, el centralismo, lo referencio de manera puntual como una forma de Estado
unitaria en donde la toma de decisiones políticas acontece desde una única instancia para
desplegarlas y ejecutarlas por el resto de la arquitectura institucional. El esquema de las dos
repúblicas centralistas fue unitario por configurar la soberanía, la división de poderes
públicos, la capacidad legislativa y la ciudadanía como elementos inherentes de la nación.
Sin embargo, estas repúblicas presentaron, tanto en la teoría como en la práctica,
importantes fisuras que dinamitaron los puntos débiles de su estructura unitaria.
Las experiencias comentadas en este capítulo deben entenderse bajo este
entendido. No todas fueron o buscaron el centralismo; algunas fueron intentos por
centralizar o moderar aspectos puntuales del régimen del que eran parte. La administración
del vicepresidente Bustamante, los diseños institucionales de los estados -Jalisco y de
M éxico- y la participación de los diputados centralistas favorecieron la concentración de la
actividad política, pero no de imponer un modelo unitario. Los estados, como parte de una
federación, jugaron con los límites para gobernar soberanamente su territorio. Ambos
dividieron el territorio y crearon burocracias ejecutivas para gobernar de manera férrea a
los pueblos con un cariz indiscutiblemente centralista. Los diputados, en los debates del
segundo Congreso constituyente, no presentaron una opción articulada unitaria sino que
se limitaron a atacar aquellas propuestas descentralizadoras que consideraron dañinas para
la nación. En cambio, el pronunciamiento centralista yucateco y las diputaciones
104
provinciales recaen en la búsqueda de un modelo unitario. Aunque sólo el primero fue un
ensayo cabal por el centralismo, la experiencia gaditana tiene que ser matizada. Si bien, los
objetivos de quienes la confeccionaron fue limitar la actividad de las provincias; su
aplicación en la Nueva España, al compás con el contexto bélico, produjo lo contrario.
Algunas de las provincias novohispanas encontraron en las diputaciones la manera de
fortalecerse frente a sus antiguos centros.
Los vericuetos de la crisis de la Monarquía, entonces, tornan un capital interés. La
desarticulación de las instituciones regias sacudió la península y se replicó en América.
Como acabo de mencionar, en Nueva España hubo en desfase en el proceso, los
componentes de la provincialización alcanzaron sus cuotas más amplias hasta la caída del
Imperio mexicano. No obstante, el resultado fue el mismo proceso que el acaecido en 1808:
los problemas de gobernabilidad entre la nación -o la idea de la nación- y el ámbito medio.
La importancia de señalar las experiencias anteriores a las repúblicas centralistas en
lo general y a las departamentales en lo particular es la justa ubicación de éstas dentro de
una discusión más amplia en torno al centralismo y la centralización del Estado. Las de 1836
y 1843 no fueron experiencias únicas o espontaneas que surgieron de la mente de un único
grupo y menos de un solo individuo. Todo lo contrario, los supuestos que defendieron, la
arquitectura que confeccionaron y hasta las denominaciones que utilizaron eran parte del
pensamiento político mexicano de la época. Las formas de las diputaciones provinciales
gaditanas, los argumentos de los centralistas de 1824 y las propuestas de la federalización
de 1830 encontraron eco en las centralistas posteriores. Es imposible hablar de una simple
continuidad de un centralismo inmodificable o de una descendencia institucional. Antes
bien, considero las circunstancias de los actores que participaron como lo que orientó la
forma en que se confeccionaron las repúblicas centralistas.
105
II. REFORMAR O SUSTITUIR. LA CAÍDA DE LOS PRIMEROS FEDERALISMOS, 1832-1835
Se halla, pues, la Nación en un estado de incertidumbre, precario y que podemos llamar anarquía moderada.
Dictamen de la comisión especial de la Cámara de diputados, nombrada para darlo sobre las manifestaciones relativas al cambio del sistema de gobierno, julio 29 de 1835.
En el verano de 1835, la comisión, encargada de dictaminar sobre los poderes del Congreso,
definió la situación por la que atravesaba la república mexicana como "anarquía
moderada". La figura retórica es potente, casi un oxímoron. Por un lado, dibujó un escenario
que resalta los enfrentamientos entre la nación y los estados experimentados el año
anterior como una muestra del desorden político causado por el federalismo y, por otro,
matizó el primer trazo para indicar que no se había roto el vínculo político entre nación y
estados. La exposición de los diputados apeló a los problemas de gobernabilidad para
justificar el cambio de la forma de Estado. No obstante, la expresión es justa pues bosqueja
los años entre 1832 y 1835; un período convulso rebosante en pronunciamientos y rupturas
entre los órdenes de gobierno, pero que mantiene instantes de estabilidad en el gobierno
federal y en el de los estados.
El objetivo de este capítulo es observar la participación de los estados de Jalisco y
de México durante estos años. Ambos estados, como su historiografía ha dado cuenta,
fueron actores de primer orden durante la "revolución olvidada" de 1832, como la llamaría
Josefina Zoraida Vázquez, y el movimiento de Cuernavaca en 1834. Su actividad, cabe
adelantar, fue discrepante, revela dos ángulos de la relación con las autoridades federales,
así como su dinamismo y retroalimentación al cambiar constantemente conforme al calor
de las transformaciones de los grupos políticos.
La reflexión de los pronunciamientos de 1832 y 1834 como parte del proyecto
constitucional de 1836 permite esbozar una visión más integral de éstos y de sus
106
implicaciones en el establecimiento del primer centralismo. Recordar que la propuesta para
entender el entresijo de los proyectos constitucionales y los pronunciamientos alude a éstos
como formas de acción política que conllevaron una manifestación violenta que perturbaba
el orden, pero también como propuestas para superar los problemas de gobernabilidad con
el establecimiento de un régimen más acorde, según sus impulsores, con la nación. Bajo
esta lógica, los levantamientos aglutinaron expectativas infundadas por sus promotores con
reclamos precisos, pero que velaron un objetivo más profundo en torno a la salud pública.
Vistos de esta forma, las sublevaciones condicionaron y limitaron la confección posterior de
las arquitecturas institucionales mediante la confrontación y exclusión de las facciones
políticas. No obstante, de ninguna manera determinaron o fijaron los ejes que se
retomarían en las constituciones. Las pugnas políticas variaron los objetivos de los
inconformes y ello repercutió en las convocatorias para Congresos constituyentes y por
ende en la misma discusión parlamentaria. Esto es, para entender los proyectos
constitucionales más que los objetivos de los pronunciamientos, la mira se debe situar en
la reconfiguración de los grupos políticos qué estos provocaron.1
El capítulo está dividido en cuatro apartados. En el primero reseño los movimientos
a través de las posturas encontradas de los dos estados y cómo la ilegitimidad del gobierno
del vicepresidente Anastasio Bustamante fue escalando desde un reclamo puntual contra
su gabinete hasta la destitución del propio Bustamante. En el segundo comparo las
administraciones radicales de 1833 y sus proyectos reformistas con el fin de desenredar las
lógicas de la exclusión de los federalistas puros como parte de las repúblicas centralistas.
En el tercero retomo los levantamientos de corte antirreformista cuyas metas fueron la
deposición de los gobiernos que atentaran contra la religión católica. Por último, reparo en
las últimas administraciones del período federalista, las cuales tuvieron que afrontar la
espinosa tarea de reformar o sustituir la constitución general.
1 Fowler, "Entre la legalidad", pp. 95-120.
107
Entre la estabilidad y la oscilación: los estados de Jalisco y México en los Convenios de
Zavaleta
En diciembre 23 de 1832, la hacienda de Zavaleta sirvió como escenario para que los
comisionados de los bandos militares en pugna (por un lado Santa Anna y, por otro,
Bustamante) se reunieran para acordar los convenios más oportunos para finiquitar la larga
guerra y establecer una nueva administración. Las metas manifiestas de la facción
santanista se fincaron en la defensa y el regreso del orden constitucional, garantizado por
el ejército (art. 1), a través del reconocimiento de Manuel Gómez Pedraza como presidente
legítimo de la república hasta abril 1 de 1833 (art. 6) y el llamado a elecciones para renovar
a los Congresos, nacional y estatales, así como al ejecutivo nacional (arts. 3, 4 y 5).2 El
amparo de la forma federal fue únicamente discursivo en las inclinaciones de Zavaleta. Por
un lado, al contrario de como exponían sus promotores, el ascenso de Gómez Pedraza a la
jefatura del ejecutivo federal no se apegó a la norma constitucional en ningún sentido.
Como es sabido, Gómez Pedraza fue electo presidente para el período de 1829-1833, pero
una rebelión encabezada por Santa Anna, el pronunciamiento de la Acordada y la
destrucción del mercado del Parían, lo orillaron a renunciar al derecho para ocupar tal
cargo.3 Por consecuencia su posesión de la primera magistratura a finales de 1832 se
efectuó fuera de las leyes al no tener potestad para asumirla. Mucho más trascendente, por
otro lado, Zavaleta fue la primera propuesta de los generales, asociados con Santa Anna,
para imponer un régimen con claros tintes militaristas. Al declararse como los tutores de
las normas federales; el ejército se situó por encima de éstas y establecieron los tiempos y
2 "Convenios de Zavaleta" en Vázquez (edit.), Planes, vol. 2, pp. 169-171. El propio Gómez Pedraza, al asumir la presidencia en diciembre 26, declaró que su participación se vio forzada porque "la revolución justa y razonable en sus motivos toma un nuevo carácter de nacionalidad, y se hace por último constitucional, proclamándome el ejército pronunciado, y los estados soberanos del interior, presidente de la República, conforme a la voluntad nacional manifestada en la mayoría absoluta de once legislaturas, que espontánea y libremente sufragaron a mi favor [en 1828]". "Discurso pronunciado..." en Laura Solares Robles, La obra política de Manuel Gómez Pedraza, México, D.F., Instituto Mora, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1999, p. 289.3 "Manifiesto que Manuel Gómez Pedraza, ciudadano de la república de México, dedica a sus compatriotas, o sea, una reseña de su vida pública" en Solares, La obra, p. 228.
108
lugares para las nuevas elecciones.4 Hasta ese momento, los militares cumplieron se
encargaron de los principales cargos públicos en el poder ejecutivo. El triunfo de Zavaleta
inauguró la viabilidad de una dictadura presidida por un general.
Zavaleta tuvo reacciones heterogéneas en los estados según el apoyo que éstos
brindaron al pronunciamiento de Santa Anna. Las entidades concernientes a esta
investigación, Jalisco y el estado de México, experimentaron un desarrollo diagonalmente
opuesto de estos acontecimientos. En el primero, Jalisco, las administraciones de José Justo
Corro (gobernador interino), José Ignacio Cañedo y Pedro Tamés mantuvieron una postura
comprometida con el pacto federal de 1824 durante el declive del federalismo. Al comienzo
de la crisis del régimen, el Congreso jalisciense votó por Gómez Pedraza para presidente en
las elecciones de septiembre de 1828 y, en los siguientes meses, el gobierno de Corro se
opuso con vigor a la envestidura presidencial de Guerrero por considerarla fuera de las
leyes.5 En 1830, el cambio de jefe del ejecutivo federal, en la persona de Bustamante, no
entusiasmó del todo al gobierno de Jalisco, el cual se mantuvo expectante.
La tensión entre las autoridades estatales y las federales fue incrementándose. En
enero 18 de 1832, el Congreso local envió una exposición al vicepresidente Bustamante,
por excitación del ayuntamiento de Guadalajara, para exigir la destitución de tres
ministros.6 Los diputados locales tacharon al ministerio de "criminal, y por excelencia
ambicioso". Este texto se fundó en que aquellos perpetraron "ataques de toda especie que
se han intentado contra la representación nacional". La lista de acusaciones era extensa e
incluyó persecuciones, exilios, y el ataque a la libertad de prensa. Todo con la "impunidad
que han gozado [los] perpetradores [de todos estos crímenes] [...] bajo el disimulo y
protección ministerial". El remate, y principal motivo de la exposición, era "la impunidad
que va a disfrutar el general D. Ignacio Inclán, según instruye el ministro de la guerra D. José
4 Reynaldo Sordo valora como "pretoriana" la naturaleza de estos Convenios, no sólo por su contenido, sino también basándose en varios de ilustres personalidades de la época como José María Luis Mora, José María Pacheco y José María Malo. Sordo, El Congreso, pp. 19-20.5 Olveda, Autonomía, pp. 170-171.6 Los señalados fueron el ministro de relaciones exteriores e interiores Lucas Alamán, ministro de guerra José Antonio Facio y el ministro de justicia y negocios eclesiásticos José Ignacio Espinosa.
109
Antonio Facio". El tono de la exposición se elevó hasta que el Congreso desveló sus
desconfianzas hacia el propio Bustamante al indicar que "es imposible que pueda
ocultársele [a éste] el que las ofensas hechas a la constitución y a la sociedad [...] y que
cuando se resuelve a tolerarlo todo, u obra de acuerdo con los agresores, o conoce su
insuficiencia para reprimirlos". Los diputados denunciaban que el Plan de Jalapa había
"prometido constitución y leyes, y en su lugar no [habían] visto más que el reinado del
crimen".7
De manera paralela, la guarnición de Veracruz proclamó el Plan de Veracruz (enero
2 de 1832) que solicitó el amparo de Santa Anna y, punto nuclear, "la remoción del
ministerio, a quien la opinión pública acusa de protector del centralismo y tolerador de los
atentados contra la libertad civil y los derechos individuales". Santa Anna respondió
favorablemente al tiempo que declaró su lealtad al vicepresidente Bustamante.8 El reclamo
de Jalisco para la destitución de los ministros no debe ser considerado como una
ramificación del pronunciamiento de Santa Anna o viceversa.9 Todo lo contrario, se deslindó
de la rebelión en el mismo texto y aclaró que "Jalisco, sr. Escmo, se ha decidido antes con
antes [sic] del movimiento de Veracruz".10 En cambio, la postura de Jalisco se enmarca
dentro de un grupo legalista que veía con desconfianza la política federalizante de Alamán,
pero que optó por la vía electoral como forma de enderezar la salud política de la
república.11 Pese a que se hizo efectiva la renuncia del ministerio, en mayo 17 de 1832, las
aspiraciones de este grupo se vieron truncadas con el suicidio de su virtual candidato a la
7 "Exposición de los representantes del Estado de Jalisco, en la que se pide al Supremo Gobierno General la remoción de los Ministros Alamán, Facio y Espinoza" en Vázquez, Planes, libro 2, pp. 78-81. La ruptura con Ignacio Inclán, comandante general de Jalisco, fue causada por las medidas arbitrarias que el militar tomó con la sociedad tapatía -requisó de armas y caballos- y el ataque a la prensa que lo criticó. Para noviembre de 1831, el conflicto escaló a tal grado que las autoridades jaliscienses salieron de Guadalajara para instalarse en Lagos a la par que Inclán proclamó la ciudad en estado de sitio. Olveda, La política, pp. 133-136.8 Costeloe, La primera, pp. 327-333.9 Costeloe sugiere la proximidad entre Jalisco, Zacatecas y Tamaulipas con el pronunciamiento de Santa Anna por las fechas tan próximas en que se proclamaron. Costeloe, La primera, pp. 332-333. De igual manera, Olveda considera la solicitud de la administración de Cañedo como un respaldo al pronunciamiento de Santa Anna. Olveda, La política de Jalisco, p. 142.10 "Exposición de los representantes" en Vázquez, Planes, Vol. 2, p. 81.11 Vázquez, Dos décadas, pp. 26-28.
110
presidencia, Manuel Mier y Terán, acaecido en julio 3 de ese mismo año.12 En los siguientes
días, por un lado, julio 5, Santa Anna proclamó un segundo Plan de Veracruz en el que
redireccionó su lucha contra Bustamante y en favor de Gómez Pedraza. Por otro, varios
estados, entre ellos Jalisco, publicaron decretos con el mismo propósito.13 Así los dos
bandos opositores al gobierno sincronizaron sus reclamos adoptando el aparente único y
último recurso que les quedó: el regreso de Gómez Pedraza a la presidencia. La comisión
permanente del Congreso de Jalisco emitió el decreto número 450 en julio 13. Los artículos
1 y 2 reafirmaban la posición del gobierno del estado que reconocía a Gómez Pedraza como
presidente constitucional "aun cuando la Cámara de diputados del Congreso general no
haga la calificación de los votos emitidos por las legislaturas de los Estados el año de 1828".
El artículo 3 concedía al gobierno local la facultad de dictar las medidas para que los dos
anteriores se cumplieran. Es importante señalar que en ninguna parte del decreto se hizo
alusión a los levantamientos de Veracruz.14
El resto del mes de julio y los primeros días de agosto, Jalisco fue un verdadero
hormiguero de proclamas en apoyo a Gómez Pedraza. El 14, el ayuntamiento de
Guadalajara manifestó sus simpatías con el decreto 450 con una exposición dirigida al
pueblo jalisciense; además, circuló al resto de ayuntamientos el decreto para que éstos se
pronunciaran en apoyo del 450. El 15, el 4° regimiento, acantonado en el Hospital de Belén,
suscribió un acta para secundar el 450.15 El 16, el gobernador Cañedo estableció que, bajo
la amenaza de ser multados por $500 pesos, los habitantes del estado no deberían auxiliar
a los infractores del 450 y que, con la misma pena, tampoco los deudores al erario federal
deberían cumplir con sus pagos.16
12 José María Luis Mora fue quien realizó la diferencia entre los dos bandos opositores a la administración de Bustamante, además presentó a Manuel Mier y Terán con Francisco García y Valentín Gómez Farías para buscar la candidatura del primero. José María Luis Mora, "Revista política" en José María Luis Mora, Obras Sueltas, t. I, París, Librería de la Rosa, 1837, pp. 49-74. Véase también de Josefina Zoraida Vázquez, Dos décadas, pp. 20-21 y "Contexto" en Vázquez y Serrano, Práctica, pp. 28-29.13 Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tabasco publicaron decretos similares. Vázquez, Dos décadas, pp. 28.14 Colección de los decretos (1875), t. V, pp. 352-353. El número de este decreto en la colección está marcado erróneamente con el 446, la misma colección en su índice lo marca con el correcto de 450.15 Olveda, Política, pp. 143-144.16 Colección de los decretos, t. V, p. 358.
111
La actividad de la comisión permanente no se frenó con el decreto 450 sino que
emitió otros tantos. El 17 expidió el 451 por el cual facultaba al gobierno del estado para
retener los dineros federales de cualquier ramo y con ello pagar a "las tropas permanentes,
activas y cívicas" a la vez que evitaba su distribución como lo pudiera ordenar el Ministerio
de Hacienda. El mismo decreto disponía que los empleados federales debían ceñirse al
cumplimiento del 450. De no ser así serían suspendidos en sus cargos.17 El 452, julio 25,
extendió el pago a todas "las tropas que el Gobierno del Estado haya puesto o pusiere en
servicio activo" de la bolsa federal retenida.18 Por último, en agosto 6, la comisión decretó
el número 454 por el cual ratificó su llamamiento a Gómez Pedraza para que ocupara la
presidencia; le ofreció asilo en territorio jalisciense y prometió "todos los recursos y poder
para que se restablezca el verdadero orden constitucional"; incitó a los estados a formar
parte de una liga, junto a Zacatecas y Durango, enviando comisionados a la ciudad de Lagos
para acordar el modo y término del regreso de Gómez Pedraza.19
En comparación con el fecundo mes de julio, los Convenios deZavaleta, el acto final
de la revolución de 1832, pasaron inadvertidos para el gobierno de Jalisco. La atención,
durante los últimos meses de ese año, se centró en las elecciones para gobernador y
Congreso estatal. Hasta febrero 25 de 1833, dos meses después de Zavaleta, fue cuando el
nuevo y recién instalado Congreso jalisciense lo reconoció, con el decreto 472, como "justo
y conveniente a la felicidad nacional" y apremió la realización de las elecciones federales
según se estipuló en aquel plan. Sin embargo, aún en este decreto se alcanza a percibir el
legalismo y recelo característico de Jalisco. Por un lado, el Congreso declaró que "el plan de
Zavaleta [fue] como una medida necesaria para terminar la guerra [...] que fue emitido
interpretando el voto de los Estados a quienes por el órgano de sus legislaturas corresponde
pronunciar sobre este convenio que terminó la guerra" (art. 1). La asamblea no admitió el
carácter militar de Zavaleta, sino que lo reivindicó como obra de la inconformidad
presentada por los estados hacia el gobierno federal a lo largo de 1832. Por otro lado, los
17 Colección de los decretos, t. V, p. 356.18 Colección de los decretos, t. V, p. 360.19 Colección de los decretos, t. V, pp. 362-363.
112
diputados allanaron el camino para realizar una reforma a la Constitución federal cuyos
defectos fueron considerados los causantes últimos de los diferentes pronunciamientos y,
por lo tanto, reconocieron en "las futuras cámaras [de la Unión] una facultad bastante para
tomar en consideración las observaciones relativas a la reforma de la Constitución que les
dirijan las legislaturas de los Estados".20
La representación de Jalisco solicitando la dimisión de los ministros es de sumo
interés por sus connotaciones en torno a la gobernabilidad. El Congreso local, utilizando los
conductos legales, elevó una petición al ejecutivo para conseguir sus propósitos, pero sin
pronunciarse en contra del gobierno de la federación. El reclamo debe entenderse como
una pérdida de legitimidad del vicepresidente. No obstante, el desencuentro no fue
causado por las medidas arbitrarias de Bustamante para mantener a sus ministros, con los
que había logrado avances en materia de eficiencia gubernamental, como argumentaron
los de Jalisco; todo lo contrario, las autoridades estatales fueron las que buscaron imponer
su postura con una áspera comunicación. Independientemente de la imparcialidad de la
demanda, el resultado fue el desgaste y, posterior, rompimiento entre los dos órdenes de
gobierno. El decreto 450 fue el culmine de estas tensiones que fracturaron la estabilidad
del gobierno de Bustamante.
El estado de México recorrió una senda completamente diferente a la de Jalisco
entre 1828-1832. A finales de la década de 1820, la administración mexiquense era un
bastión de yorquinos liderados por el gobernador Lorenzo de Zavala. En la contienda
presidencial de 1828, la legislatura otorgó su voto al representante de su logia, Vicente
Guerrero. Decepcionados por el resultado de los comicios, que favorecieron a sus
enemigos, los yorquinos realizaron diversos pronunciamientos, muchos de ellos tutelados
por Zavala, para imponer a su candidato. Sus esfuerzos fueron coronados con la renuncia
de Gómez Pedraza a la presidencia y la decisión del Congreso de la Unión que declaró nulos
los votos por éste.21 Como expone Charles Macune Jr., el nombramiento de Zavala como
Ministro de Hacienda, abril 18 de 1829, "selló la alianza entre los gobiernos del estado de
20 Colección de los decretos, t. V, pp. 425-426.21 Salinas, El primer, pp. 153-160.
113
México y nacional". Esta simbiosis no fue solo durante el mandato de Guerrero, sino que
cada asonada que logró derribar al gobierno nacional se replicó con resultados similares en
la escala estatal más allá de la facción política.22 Por ejemplo, con el triunfo del Plan de
Jalapa, encabezado por el vicepresidente Bustamante cuya finalidad fue desconocer a
Guerrero como primer magistrado, las autoridades mexiquenses, Congreso y gobernador,
fueron destituidas y se reestablecieron aquellas que gobernaban el estado en 1826. La
sustitución de funcionarios de primer nivel era una respuesta lógica de los alzados para
deshacerse de una de las bases de poder de sus contrarios. El ahora gobernador, Melchor
Múzquiz, participó en el pronunciamiento de Jalapa y gobernó, mal que bien, de acuerdo a
las directrices del gobierno federal. La estabilidad institucional en el estado de México
estaba condicionada a la de la federación.23
En los proemios del alzamiento de Veracruz, el gobierno del estado de México se
mantuvo expectante a las comunicaciones federales. Después de un mes de revuelta y con
instrucciones recibidas, enero 31 de 1832, la diputación permanente del Congreso
mexiquense, a petición del diputado Jiménez, aprobó una disposición en la que plasmó su
posición y expresó que "nunca podrá aprobar el grito de rebelión dado por la guarnición de
Veracruz [...] antes bien se opondrá con todos sus esfuerzos a todo el que tenga la osadía
de atacar en cualquiera sentido las leyes fundamentales de la nación". El mismo diputado
reconoció que la situación tenía dos aristas, por un lado, lo tocante a los pronunciados que
era lo que condenaba y, por otro, lo relativo al ministerio cuyo juicio estaba reservado al
Congreso de la Unión.24 La asamblea estatal, una vez instalada, no fue tan efusiva. En la
sesión de marzo 6, el diputado Figueroa declaró su sorpresa al observar que el legislativo
no se había resuelto por el Plan de Veracruz y propuso que éste se manifestaba "expresa y
terminantemente", conforme a lo emitido por la diputación permanente. No obstante, en
la discusión se argumentó que "no debía [...] contener semejante manifiesto esas
declaraciones tan terminantes sobre lo bueno o malo del plan" y que "una comisión se
22 Macune, El estado, pp. 165-179.23 Salinas, El primer, pp. 165-167.24 "Sesión de enero 31 de 1832" en Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas.
114
encargase de la proposición". Esta última postura, mucho más moderada, prevaleció en el
Congreso y la moción pasó a la comisión de puntos constitucionales para su examen.25
Las autoridades del estado mexiquense fueron actuando a favor de las nacionales
con mayor arrojo conforme la crisis se fue agudizando. En abril 27, el general Ignacio Inclán
emitió el Plan de Lerma, respaldado por la guarnición de Toluca, con el que exigió el retorno
de Gómez Pedraza.26 Gobernador y Congreso actuaron rápida y eficazmente. Múzquiz
entabló pláticas con los alzados y la asamblea presentó dos decretos en los que
desaprobaba el levantamiento y facultaba a Múzquiz para reunir y gastar en una fuerza
armada.27 Los insurrectos claudicaron a sus aspiraciones con premura, en apenas tres días,
disuadidos por Múzquiz e incluso se sometieron a su liderazgo.28
Entre los meses de mayo y julio, los mandatarios mexiquenses se estremecieron
ante la destitución del ministerio, las derrotas del ejército federal, el avance de Santa Anna,
la proliferación de adhesiones a éste, las elecciones y el exhorto de los estados legalistas
demandando a Gómez Pedraza. En los primeros días de junio, la diputación permanente
convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para que éste considerada la creación de
"una fuerza de seguridad en el Estado [...] los medios de auxiliar al gobierno general para
contener la actual revolución [...] [y] los negocios urgentes relativos a la tranquilidad
pública".29 El trabajo de los diputados se centró en la discusión y aprobación de un préstamo
forzoso, pese a la renuencia de algunos, y de cuyo monto total recaudado se daría al "al
gobierno general tres cuartas partes".30
Los siguientes meses, agosto-noviembre, fueron de inflexión para el estado de
México. A inicios de agosto, el Congreso de la Unión admitió la petición del vicepresidente
Bustamante para dejar la jefatura del ejecutivo y encabezar personalmente al ejército. En
25 "Sesión de marzo 6 de 1832" en Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas.26 "Plan de Lerma" en Vázquez, Planes, vol. 2, p. 120.27 Colección de decretos, t. II, p. 183.28 Archivo Histórico del Estado de México (AHEM), fondo gobernación, sección gobernación, serie gobernación, vol. 30, expo 2, Conducta del general Múzquiz en los acontecimientos de Toluca, Toluca, Imprenta del gobierno, 1832.29 Colección de decretos, t. II, p. 194.30 Colección de decretos, t. II, pp. 194-197.
115
consecuencia, en agosto 7, aquel eligió a Múzquiz para sustituirlo. La diputación
permanente del Congreso mexiquense fue la encarga de aceptar la licencia del gobernador.
En su lugar quedó el teniente gobernador Manuel Muriá.31 La salida de Múzquiz de la
gubernatura permitió, o por lo menos facilitó, la proliferación de los levantamientos en esta
entidad. La guarnición de Acapulco, bajo las órdenes del caudillo local Juan Álvarez, se
sublevó para secundar al Plan de Veracruz en agosto 12. Pero un mes más tarde, septiembre
11, Nicolás Bravo y Álvarez, quien viró su apoyo radicalmente, formularon un acta en
respaldo del presidente Múzquiz.32 El sur del estado de México, sin embargo, no fue tan
alarmante para el gobierno de Muriá como el propio centro. Entre agosto y septiembre se
tuvo noticia de que Lorenzo Zavala había regresado al país y, por lógicas razones, apoyaba
a Santa Anna y, por extrañas vueltas de la política, a la presidencia de Gómez Pedraza. En
octubre 23, una fuerza armada, bajo la dirección del general Gabriel Valencia, tomó la
ciudad de Toluca y, en consecuencia, Muriá salió de la población e instaló su gobierno bajo
la égida del federal en la ciudad de México. Zavala, tras una serie de argucias políticas, se
hizo nuevamente con la gubernatura en noviembre 1. Durante el resto del año operaron
dos gobiernos. Por un lado, el de Zavala, apoyado por Santa Anna, con base en Toluca. Por
otro, el de Muriá, sustentado por el bloque gubernamentalista, radicado en la capital
nacional. Pese a que tropas federales recuperaron Toluca, diciembre 5, los Convenios de
Zavaleta lograron decantar la balanza definitivamente a un lado; los liberales radicales.
Valencia y Zavala volvieron a ocupar Toluca en los últimos días de 1832.33
El estado de México ofrece un escenario distinto a Jalisco durante la revolución
olvidada. El contraste de las dos entidades matiza el estado de las relaciones de los
gobiernos federales y estatales. La primera representó la subordinación y simbiosis con las
autoridades generales; la segunda la disonancia y confrontación. Esto es, durante el aciago
año de 1832 no hubo una disputa que confrontó a los estados y la federación, sino entre
31"Sesión de agosto 9 y 14 de 1832" en Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas.32 "Manifiesto de Juan Álvarez por el plan de Santa Anna" y "Acta del acuerdo entre las tropas de Nicolás Bravo y Juan Álvarez" en Vázquez, Planes, vol. 2, pp. 142 y 152.33 Salinas, El primer, pp. 181-182.
116
facciones políticas: legalistas y santanistas versus bustamantistas. Para el gobierno
mexiquense, la administración de Bustamante no era legal, pero sí legitima.
El triunfo de Zavaleta, diciembre 23 de 1832, se anunció como una nueva
oportunidad para el régimen federal. No obstante, los augurios eran poco esperanzadores.
Estos tratados se presentaron con un carácter militar como una pesada sombra dictatorial.
Además, la larga revolución dejó sensibles bajas en las facciones políticas y una inconciliable
polarización entre éstas. Los perdedores fueron los allegados al gobierno de Bustamante,
pero también los políticos moderados que vieron frustradas sus ambiciones de mantener la
legalidad. Los acuerdos les parecieron una clara afrenta a la constitución. En cambio, una
extraña alianza se formó, los vencedores fueron la camarilla santanista y los liberales
radicales. El triunfo de los primeros fue virtual, pese a lo enmarcado en Zavaleta y los
ascensos de grado correspondientes; los comicios fueron arrasados por los segundos.34
La radicalización de los federalismos
Conforme a lo acordado en Zavaleta, las legislaturas estatales votaron por los cargos del
ejecutivo y senadores federales en marzo 1. Los Congresos de Jalisco y de México
designaron a los mismos candidatos por unanimidad: Antonio López de Santa Anna para
presidente y Valentín Gómez Farías para vicepresidente.35 El 30, el Congreso de la Unión
informó que éstos alcanzaron la mayoría de votos con 16 y 10. El triunfo de Zavaleta y de la
mancuerna santanistas-liberales radicales fue rotundo desde esta perspectiva. No obstante,
como se sabe, Santa Anna dilucidó retirarse temporalmente del ejecutivo nacional, al
percibir que el Congreso estaba compuesto en su mayoría por liberales radicales, y dejó que
Gómez Farías lidiara con sus correligionarios. Con la toma de posesión del vicepresidente,
abril 1, comenzó la llamada "primera reforma liberal" y con ella el desplome del con
34 Vázquez, Dos décadas, pp. 33-40.35 Los senadores nombrados por el Congreso de Jalisco fueron José Ignacio Herrera, con 17 votos de 25, y Antonio Pacheco Leal con 18. AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. VII, "Sesión de marzo 1 de 1833". En el estado de México lo fueron Antonio Mejía, con 15 votos de 19, y Juan Wenceslao Barquera por unanimidad. "Sesión de marzo 1 de 1833" en Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas.
117
federalismo de 1824.36 Reynaldo Sordo señala, con base en el análisis de las discusiones y
votaciones de ambas cámaras, que existió una importante distinción en las posturas
adoptadas por los representantes nacionales. De su análisis se identifican tres corrientes o
grupos políticos presentes en éste legislativo: los moderados que fungieron como oposición
en ambas cámaras, los radicales afiliados a Gómez Farías y otro grupo de radicales
desligados del vicepresidente.37
El dominio de los liberales radicales en las elecciones se replicó en algunos estados.
El gobierno mexiquense de inicios de 1833 fue una ramificación directa de los Convenios de
Zavaleta. El gobernador Zavala, en calidad de interino, trabajó con rapidez para organizar a
las autoridades estatales. En enero 2, Zavala publicó un decreto de convocatoria para
elecciones de diputados locales y federales. Apenas un mes más tarde, los comicios se
realizaron, febrero 9, y resultaron electos veintiocho diputados en total, incluyendo a los
suplentes.38 El nuevo Congreso estatal se reunión en junta preparatoria en febrero 15 y
abrió sus sesiones extraordinarias dos días después con la finalidad, casi exclusiva, de emitir
su voto para el ejecutivo nacional.39 Estos representantes detentaron una regular
experiencia parlamentaria, siete de los veintisiete habían participado como parte de la
asamblea local de 1829, cuatro como suplentes; y otros cuatro habían formado parte del
Congreso federal de 1829, uno como suplente. Esto es, once de los veintisiete diputados
(40.7%) eran veteranos en el quehacer legislativo. Una cifra nada despreciable. Sin
embargo, el índice de participación debe matizarse dado que sólo seis de los once fueron
propietarios (Anexo 1). Zavala, en su cargo de gobernador interino, se cercó con aquellos
que lo acompañaron en 1829. Él mismo era consciente de su postura vidriosa, pero fue
36 Costeloe no duda en destacar que para el vicepresidente "había llegado el momento de reformar [...] a las personas o corporaciones opuestas a aquellos ideales o de carácter incompatible con los [principios liberales] [...] La reforma iba a ser el lema de su administración". Costeloe, La primera, pp. 366-372.37 Sordo, El Congreso, pp. 19-59. Vázquez señala que entre Congreso y vicepresidente existió una marcada diferencia en cuanto al sentido de sus ideas. En "el Congreso electo [de 1833] dominaba el ala radical [...] [y] Gómez Farías tendría más bien un carácter moderado". Vázquez, Dos décadas, p. 39.38 Macune, El estado de México, p. 172.39 "Sesiones de febrero 15 a marzo 1" de 1833 en Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas.
118
respaldado por los diputados que lo designaron como gobernador constitucional en la
sesión de febrero 21 de 1833.40
Una vez iniciada las sesiones ordinarias en marzo 1, la nueva administración
especificó la dirección que tomaría: la reforma. Un primer intento para efectuar ésta se
presentó durante el primer período de gobierno de Zavala en 1829, pero fue truncada con
la salida de esta administración en 1830. En 1833, Zavala incitó a los diputados
preguntándoles "¿Hasta cuándo lucharemos contra los restos de la monarquía española?".
Mariano Arizcorreta, como presidente de la cámara, le respondió que "los representantes
del opulento Estado de México conoc[ían] muy bien que al entrar en la difícil y espinosa
carrera de dar leyes [...] [debían ocuparse] en promover y decretar útiles, [y] grandes
reformas [...] [para] la perfección del sistema de federación adoptado". Entre sus objetivos,
el Congreso se encargaría del "gobierno interior del Estado, depositando el poder Ejecutivo
en [las] manos puras" de Zavala; la renovación de senadores y ejecutivo nacional; la
formación de la milicia cívica que es el "apoyo y columna firme de la libertades patrias"; la
metodización de la educación pública por ser "fuente de la civilización"; la perfección de la
sociedad al nivelar "los derechos y obligaciones de los ciudadanos aboliendo esa multitud
de privilegios"; la disminución de la "inmensa desproporción de propiedades" origen de "un
riguroso feudalismo" y elevar "iniciativas al Congreso general para la derogación de varios
artículos constitucionales y de algunas leyes que [...] chocan con las instituciones". La
agenda política dispuesta fue amplísima incluso hay lugares comunes como la reforma
constitucional y la promoción educativa. No obstante, el talante radical se concentró en la
40 Lorenzo de Zavala juró el cargo de gobernador constitucional en marzo 12 con una arenga a los legisladores. En la apertura de las sesiones extraordinarias expuso ante los diputados que no había "podido ceñir todas [...] [sus] resoluciones a la constitución ni a la leyes", con la justificación de haber estado "rodeado de peligros y de bayonetas homicidas" y por tanto haber tomado "aquellas medidas que creyere necesarias para la natural defensa de la causa" y se ponía en manos del Congreso para que si hubiera "incurrido en alguna responsabilidad [...] [condenaran su] nombre al anatema y al oprobio". "Sesiones de febrero 17-21 y marzo 12" en Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas. La elección del gobernador en el estado de México era efectuada por el Congreso estatal en votación nominal. En caso de que ninguno de los candidatos obtuviese la mayoría absoluta se repetiría el proceso entre los dos individuos con mayor cantidad de votos. Colección de decretos, t. I, pp. 117-118.
119
abolición de privilegios y la nivelación en la proporción de las propiedades, ambas medidas
ligadas con el sector eclesiástico.41
En Jalisco, las elecciones marcaron su propio ritmo al margen de Zavaleta. El
nombramiento de los poderes estatales difirió en esta entidad con los tiempos nacionales.
Las elecciones municipales y departamentales fueron efectuadas en agosto de 1832 según
preveían sus leyes particulares.42 Las juntas de electores de segundo grado votaron por el
legislativo y el ejecutivo local los días de septiembre 9 y 10, respectivamente, de 1832. En
enero 28 de 1833, el Congreso se reunió para instalarse en junta preparatoria y abrió sus
sesiones ordinarias tres días después, todo según lo previsto en la constitución estatal.43
Este cuerpo poseyó una corta experiencia, de hecho tuvo menos que el mexiquense, sólo
diez de treinta y dos diputados (31.2%) habían ostentado tal cargo con anterioridad. Todos
en la escala local. Una sensible diferencia con el del estado de México fue que los veteranos
no se habían concentrado en una única legislatura, sino que habían participado entre las
cuatro inmediatas pasadas (Anexo 2). En febrero 3, el Congreso calificó los votos de los
departamentos para el nombrar al ejecutivo estatal. Ninguno de los aspirantes reunió la
mayoría absoluta requerida, por lo que la asamblea eligió a Pedro Tamés para el cargo con
24 de 26 sufragios de los diputados. La elección de gobernador revela el desacuerdo político
al interior del estado, pero la avenencia dentro del Congreso para imponer un candidato
acorde con su postura política. Tamés juró su cargo en marzo 1.44
La distancia del epicentro federal reflejó en términos políticos, dígase cambio de
administraciones o hechos bélicos, que el gobierno de Jalisco mantuvo cierta autonomía
41"Sesión de febrero 17" en Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas.42 Los expedientes de la elección de diputados no se encuentran, no obstante la fecha en que se llevaron a cabo se deduce de aquellos en que se impugnan los comicios. AHCEJ, Año 1832, Caja 1, No. 46-8, Expediente sobre las actas de computación de votos en los departamentos del estado para electores, sobre diputados y gobernador y AHCEJ, año 1832, caja 1, núm. 46-31, Expediente donde Julián Barba pide para que se declaren nulas las elecciones de gobernador, vice y diputado al departamento de San Juan.43 AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. VII, "Sesiones enero 28 y febrero 1 de 1833".44 AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. VII, "Sesiones de febrero 3 y marzo 1 de 1833". La elección del gobernador en el estado de Jalisco era efectuada por las juntas electorales de los departamentos. Éstas elegían a un candidato y enviaban su voto a la comisión permanente. El Congreso revisaba, calificaba y enumeraba las votaciones para señalar el individuo que, con la mayoría de votos, se encargaría de la gubernatura. En caso de no reunirse la mayoría absoluta de votos, los diputados eran los encargados de elegir al gobernador entre los dos que obtuvieron mayor número de votos. Colección de los decretos, t. I, pp. 339-340.
120
que le permitió pugnar por sus intereses regionales aun cuando estos fueran contrarios a
los de la federación. Por ejemplo, el reconocimiento de Gómez Pedraza como presidente
legítimo y su negativa para realizar elecciones federales según los Convenios deZavaleta. El
mexiquense, en cambio, osciló según lo hiciera el gobierno federal. Zavaleta fue la puerta
de la que se valió Zavala para hacerse con la gubernatura nuevamente.
Una vez instaladas, las tres administraciones -federal, jalisciense y mexiquense-
desplegaron sus programas políticos. Éstos consistieron en el diseño de reformas de su
arquitectura institucional. La empresa federal partió de tres ejes generales: eclesiástico-
hacendario, educativo y militar. El patronato de la Iglesia fue uno de los temas más
controversiales durante la primera mitad del siglo XIX.45 El Congreso de 1833 lo abordó
directamente. En mayo 6 de 1833, se presentó un dictamen cuyo artículo primero era
determinante: "El patronato de la iglesia mexicana reside radicalmente en la nación, y su
ejercicio se arreglará por un ley particular".46 En mayo 20, quedó aprobado en lo general
con 36 votos a favor (59%) por 25 en contra (41%). El propio Sordo advierte que el margen
por el que fue aprobado el dictamen denuncia la diversidad de opiniones en la Cámara de
diputados y la inexistencia de un consenso en los temas más punzantes. Este autor también
encontró que en la negativa figuraron los colaboradores más cercanos del vicepresidente.
La conclusión de Sordo es inequívoca; el grupo de Gómez Farías "estaba más a favor de la
separación de la Iglesia y el Estado y no del patronato".47
La gran apuesta de Gómez Farías, para Sordo, fue "el arreglo de la deuda púbica
mediante la aplicación de los bienes de manos muertas". A inicios de noviembre se formó
una comisión especial -integrada por Lorenzo de Zavala,48 Espinosa de los Monteros,
45 Marta Eugenia García Ugarte, Poder político y religioso México siglo XIX, t. I, México, D. F., Miguel Ángel Porrúa, H. Cámara de Diputados LXI Legislatura, UNAM, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, México, 2010.46 "Dictamen de la Comisión Eclesiástica de la Cámara de Senadores, sobre que el patronato de la iglesia mexicana reside radicalmente en la nación" en La Antorcha. Periódico religioso, político y literario, México, t. I, núm. 52, mayo 22 de 1833.47 Sordo, El Congreso, pp. 27-28.48 Lorenzo de Zavala, además de ser el gobernador constitucional del estado de México (enero a septiembre de 1833), fue electo como diputado federal por su natal Yucatán cargo que desempeñó de septiembre a noviembre de 1833. Además fue comisionado como ministro plenipotenciario en Francia en enero de 1833 por el presidente Manuel Gómez Pedraza, empleo que no fue aprobado sino hasta diciembre de ese mismo
121
Solana, Rosa y Ramírez- para que dictaminara acerca de las diversas proposiciones sobre
bienes eclesiásticos y amortización de la deuda pública. Esta comisión demoró cuatro meses
para entregar algún resultado. El tiempo no permitió que se concluyera. Le fue imposible
llegar a algún puerto debido a tropiezos en las discusiones parlamentarias y el
atosigamiento de la creciente oposición dentro y fuera del gobierno, incluso cuando la
comisión trabajaba en el proyecto, se expusieron en la Cámara de Diputados una
importante cantidad de proposiciones sobre el mismo tema.
El cuadro de las reformas eclesiásticas del gobierno federal fue completado con un
acuerdo sobre diezmos y otro referente a la provisión de curatos. A finales del mes de
octubre se presentó y votó el acuerdo para derogar "en toda la república la obligación civil
de pagar el Diezmo eclesiástico". La principal afectada era la Iglesia, pero también los
estados a quienes les correspondían una fracción de lo recaudado por los diezmos.
También, en octubre, el Congreso puso en la mesa de discusión la ley de provisión de
curatos. Cuestión compleja, su aprobación era reconocer que la nación era la poseedora del
patronato eclesiástico. En diciembre 13 fue aprobada y sancionada por el vicepresidente
cuatro días más tarde. No obstante, concluido el término de 60 días para su aplicación,
febrero 17, el gobierno prorrogó por otros 60 su complimiento con la finalidad de evitar que
se crearan pretextos para un levantamiento.49
Un segundo aspecto general de la reforma fue en materia de instrucción pública. En
contraposición de los aspectos eclesiásticos, los educativos no encontraron mayor objeción
entre los congresistas. Todos los liberales concordaron en que las instituciones de
enseñanza existentes no eran las adecuadas para los propósitos de ilustrar al pueblo. La
supresión de éstas o su reforma era obligatoria. En el fecundo mes de octubre, se
efectuaron todos los cambios educativos. El 7 se cerró el Colegio de Santa María de todos
los Santos. El 16 le fueron concedidas al vicepresidente facultades para arreglar la
año, momento en el cual el estado de México nombró a José María Aburto como gobernador. La situación 'pluriempleo' de Zavala no fue única. Pedro Tamés, el gobernador de Jalisco de la misma época, fue electo como diputado suplente por el departamento de Etzatlán al Congreso local en 1833 y su vicegobernador, Juan N. Cumplido, era al mismo tiempo diputado al Congreso Nacional por Jalisco.49 Sordo, El Congreso, pp. 41-49.
122
enseñanza pública. El 19, Gómez Farías decretó la supresión de la Universidad de México.
El 23 creó seis instituciones dedicadas a múltiples disciplinas. El 24 organizó la Biblioteca
Nacional y el 26 impuso una Escuela Normal.50
El último aspecto fue la reorganización de las fuerzas armadas. La derrota de los
pronunciamientos antirreformistas en noviembre de 1833, les infundió a los legisladores el
ánimo suficiente para atreverse a proponer reformas al ejército. En octubre 23, comenzaron
con licenciar a los que se habían sublevado contra el gobierno meses antes. Santa Anna,
que había regresado a la presidencia, se resistió a sancionar el acuerdo, pero la presión de
los legisladores fue mayor y el ejecutivo lo publicó en noviembre 15. Conseguida la primera
victoria, el Congreso se atrevió todavía a más y, al final del mes de noviembre, anunció una
reforma sustancial a los cuerpos del ejército, reduciendo considerablemente el número de
batallones y generales. La iniciativa tardó varias semanas en aprobarse, la Cámara baja la
pasó al senado a mediados de enero; en ésta se perdieron documentos necesarios para su
sanción, por lo que el dictamen quedó congelado y no se volvió a tratar.51
La administración federal no mantuvo un guion sobre sus objetivos, sino que fueron
confeccionados al calor de los debates parlamentarios. Las leyes nacionales fueron
discutidas, aprobadas y, en pocos casos, sancionadas durante el último tercio del año de
1833 e inicios de 1834. Algunas, las más expeditas, como la educativa, no atañían a las
entidades. Las que sí lo hacían, como la provisión de curatos, fueron interrumpidas por el
levantamiento que derribó a las tres administraciones: el Plan de Cuernavaca. Otras más,
como la "Ley del caso", no fueron estrictamente aplicadas por los estados, éstos retomaron
su esencia, la expulsión de enemigos, y no la ley como tal, pues promulgaron sus propias
providencias de proscripción. La ejecución de las disposiciones federales fue simplemente
imposible en las entidades federativas.
50 Sordo, El Congreso, pp. 40-41.51 Sordo, El Congreso, pp. 49-52
123
El examen del tortuoso camino de la reforma federal conlleva a cuestionar su
implementación homogénea en los estados.52 En este sentido, las prevenciones elaboradas
por los estados no pueden ser estimadas como una prolongación de los postulados
federales. Los Congresos estatales, desde los primeros meses de su período, comenzaron a
trabajar y promulgar sus propias tentativas reformistas; Jalisco en abril y el estado de
México en marzo. En otras palabras, la reforma en las entidades se adelantó a una
inconcebida reforma federal. Los estados no fueron precursores de la reforma federal, nada
más alejado, en las entidades se efectuaron providencias propias acordes con su contexto
inmediato e intereses regionales. Tampoco es mi finalidad postular que los estados, al
menos Jalisco y el de México, ejecutaron providencias más moderadas. Las leyes que
formularon fueron igual o más radicales que las del gobierno federal.
La revisión de las medidas abrazadas en los estados de Jalisco y de México permite
entender que, al igual que en la escala federal, la reforma a la propiedad con miras a lo
hacendario fue el núcleo de sus propuestas. Sin embargo, el procedimiento fue diferente
en ambas entidades. En el primero se optó por desamortizar las propiedades; en el segundo
por expropiar las pertenecientes a las órdenes religiosas. El Congreso de Jalisco, durante
52 Luis Pérez Verdía asentó que las medidas de la administración estatal de 1833 fueron una aplicación de las federales o, por lo menos, una ramificación de sus presupuestos ideológicos. Así, "las leyes generales expedidas por Gómez Farías [...] complementaron la reforma de la legislación religiosa" decretada en Jalisco. Luis Pérez Verdía (1910), Historia particular del estado de Jalisco, t. II, UdeG, 1988, pp. 270-272. Olveda retoma esta postura al asegurar que el gobernador de Jalisco, Pedro Tamés "estuvo acompañado por un Congreso muy radical" y que "después de la expedición del decreto federal del 17 de diciembre, el cual declaraba el Patronato inherente a la nación, la Legislatura [jalisciense] emitió [la] ley" de prohibición a las manos muertas, pp. 185-186. Olveda, Autonomía, pp. 185-186. Además, denota que la conocida "Ley del caso" "fue aplicada en Jalisco, [y] se llegaron a expulsar alrededor de medio centenar de personas entre militares, clérigos y españoles", Olveda, La política de Jalisco, p. 166. Por su parte, la historiografía sobre el estado de México ha tratado el tema con mayor ahínco. Macune y Salinas han observado que la administración de 1833, gobernador y Congreso, era sumamente radical respecto a los bienes de la Iglesia, particularmente a las de las órdenes religiosas, aún más que la federal. No obstante, ambos autores coinciden que, para el caso del estado de México, no eran nuevas las reformas. El gobernador Zavala, y varios de sus partidarios en el Congreso, intentaron implementarlas en su gobierno anterior de 1829. Aunado a esto, algunas de las propuestas federales y mexiquenses tuvieron los mismos bienes inmuebles como objetivos por lo que entraron en conflicto sobre a cuál gobierno le correspondía las rentas que éstas produjesen. Esto es, ambas administraciones compartían un semejante pensamiento radical y operaron sus designios reformistas en el mismo sentido, de ahí que tuvieran los mismos blancos, pero no actuaron en coordinación por lo que se crearon conflictos de potestades entre los dos gobiernos. Macune, El estado de México, pp. 129-151 y Salinas, El primer, pp. 183-186.
124
todo el año de 1833, fue despachando una serie de leyes que alteraban la propiedad
corporativa colonial. Las primeras en recibir el embate fueron las "extinguidas comunidades
indígenas" al decretar que los ayuntamientos sucedían a aquellas en la posesión de tierras
comunales (marzo 26) y exigir que los indígenas dueños de terrenos particulares verificaran
su propiedad ante el ayuntamiento correspondiente (abril 13). A los españoles, otro de los
grupos afectados, progresivamente se les fueron suprimiendo derechos: se les prohibió la
posesión de bienes raíces a aquellos que residían en el extranjero (abril 17); se les impidió
administrar y adquirir fincas rústicas y establecimientos (octubre 30); y se les vedó arrendar
establecimientos y fincas rústicas (noviembre 14). Los legisladores jaliscienses se
empeñaron en evitar que las propiedades cayeran en las denominadas manos muertas. Por
ejemplo, a los curas se les excluyó para servir como albaceas, tutores o curadores, además
se decretó que los hijos, sin importar si eran ilegítimos, fueran los herederos forzosos de
sus padres sin que éstos pudieran legar sus bienes a corporaciones u obras pías (abril 30).53
Con las anteriores providencias, la administración de 1833 allanó el camino para
impulsar su gran proyecto. En diciembre 16, se expidió el decreto 525 por el que "las manos
muertas no podían poseer en el Estado bienes raíces". Mientras el Congreso de la Unión
estaba empantanado con la discusión de su propuesta sobre el arreglo de la deuda pública,
Jalisco intentó desbordar su mercado con las propiedades desamortizadas. Se abarcó tanto
fincas urbanas como rurales. A lo largo de sus 56 artículos se expusieron los pormenores de
la venta, subasta, remate, denuncia, avalúo, y compra de las propiedades. Las manos
muertas sólo conservarían aquellos edificios públicos para su uso o ejercicio. El 525 era
inequívoco sobre a quienes comprendía. Los "bienes de manos muertas, [eran] todos
aquellos cuyo dominio pertenece a una corporación, o persona moral e indeterminada. Son
también de esta clase los bienes concursados después de cedidos, voluntaria o
necesariamente por los deudores a sus acreedores; y los mayorazgos". Clero secular,
órdenes religiosas, pueblos de indios, cofradías, capellanías e incluso bienes vinculados
fueron las dianas del 525. En otras palabras, los diputados jaliscienses no centraron, como
53 Colección de los decretos, t. V, pp. 459-460, 471-474 y 477 y Colección de los decretos (1875), t. VI, pp. 1820, 144-145 y 149-151.
125
los federales y mexiquenses, sus esfuerzos en las propiedades eclesiásticas, sino que
incluyeron las de todas las corporaciones. Los sueños radicales se realizaron en Jalisco.54
En el estado de México, las iniciativas fueron retomadas y su aprobación fue
expedita. Entre marzo y junio de 1833, meses antes de las federales, se verificaron la gran
mayoría de las concernientes a la propiedad. A diferencia de la potente reforma de Jalisco,
las mociones mexiquenses se limitaron a confiscar y arrogarse propiedades, para repartirlas
entre particulares, de órdenes religiosas: misioneros filipinos (marzo 29), venta de dos casas
que reportaban ingresos al convento de Santa Clara de México (mayo 30), y orden de los
camilos (julio 1). Además se adjudicaron, de nueva cuenta, los bienes de los "censos
enfitéuticos, hacienda de Atlacomulco, palacio de Cuernavaca y casas de Coyoacán" que
poseía el duque de Monteleone y Terranova (abril 30).55 No me queda claro porqué
confiscaron sólo estas propiedades. Me tienta la idea de que las rebeliones a favor de la
Iglesia, iniciadas en junio en territorio mexiquense, y la salida de Zavala de la gubernatura,
en septiembre, fueron los motivantes de este freno. En todo caso, la reforma sobre
propiedad eclesial se paralizó a inicios de julio y no fue retomada por la administración.
En cambio, los legisladores mexiquenses, a lo largo de 1833, fueron confeccionando
una amplia medida para regular los diezmos del obispado de México que ingresaban a las
arcas ubicadas en el Distrito Federal. Las discusiones se presentaron desde marzo, pero fue
hasta octubre 7 cuando el Congreso la aprobó definitivamente. Su destino fue aciago. El
teniente gobernador Domingo Borica, fungiendo como titular tras la salida de Zavala, no
publicó la ley. Al parecer estaba enterado de que el Congreso de la Unión estaba cocinando
su propia ley sobre diezmos. La naturaleza de la disposición federal era contraria a la
legislación estatal al fundarse en la abolición de la obligación civil del pago de diezmos, la
cual era la piedra angular de la mexiquense.56 Aun siendo inefectiva es importante señalar
sus puntos cardinales. El alma del proyecto eran los tres primeros artículos. El primero
trasladaba unilateralmente los ingresos de la parte decimal de los diezmos que iban a las
54 Colección de los decretos, t. VI, pp. 164-178.55 Colección de decretos, t. II., pp. 218-219, 252-253, 261-262 y 223.56 Macune, El estado de México, p. 143.
126
arcas del cabildo eclesiástico de la ciudad de México y pretendía destinarlo a la
manutención de los ministros del culto residentes únicamente en el estado de México y no
en todo el obispado. El segundo ratificaba que continuaría la parte de esta décima que
entraba al erario mexiquense. El tercero creaba una Junta directiva de diezmos separada de
la existente en la ciudad de México.57 La propuesta sobre diezmos no deja duda alguna. Los
congresistas mexiquenses se atribuyeron el patronato de la Iglesia y, por ende, la
manipulación de los caudales eclesiásticos.
Los dos ejes restantes de la reforma federal, instrucción pública y militar, no tuvieron
parangón en los estados. En estas entidades no existieron instituciones comparables con
las nacionales. En materia educativa, Jalisco ya había abolido la Universidad de Guadalajara
años antes y creado en su lugar el Instituto de Ciencias. En el estado de México se
restableció el Instituto literario. En uno y otro estado se formaron nuevos planes y leyes
para la educación en su jurisdicción, el Jalisciense en abril 30 de 1834 y el mexiquense en
febrero 13 del mismo año. La tónica de los dos reglamentos fue liberal, pues consideraba a
la enseñanza del estado como pública y gratuita. Ésta, en ambos planes, era dividida en
escuelas municipales, sostenidas por los ayuntamientos, y una escuela general donde los
estudiantes se adiestrarían en materias como la jurisprudencia, la medicina, la química y la
economía política.58
Los estados, incapacitados para reformar el ejército federal en sus territorios,
concentraron sus esfuerzos en la milicia cívica. Jalisco tomó la medida más radical. A la par
que el legislativo denunció los planes subversivos de Escalada y Durán de mediados de 1833,
instigó para que el gobernador pusiera "en servicio activo hasta cuatro mil hombres de las
tres armas. Asimismo [que] organizará y disciplinara hasta veinte mil hombres".59 Esta
proposición no pasó de ser una bravata, el gobernador no realizó tal prevención. El estado
de México fue quién reformó con mayor profundidad a estos cuerpos. En mayo 2 de 1833,
público la Ley reglamentaria para la milicia cívica del Estado con la cual se sistematizaba a
57 "Sesión de septiembre 10 de 1833" en Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas.58 Colección de los decretos, t. VI, pp. 277-289 y Colección de decretos, t. II, pp. 285-305.59 Colección de los decretos, t. VI, pp. 99-101
127
estos cuerpos, pero no los fortalecía directamente.60 En este aspecto, las prescripciones
fueron cortas. Jalisco y el estado de México no eran Zacatecas, no contaban con el arrastre
económico y político que les permitiría el incremento o reforzamiento de sus milicias como
la entidad minera.61
Los grupos antagonistas de las administraciones de 1833 se apresuraron para
organizar movimientos desestabilizadores en los meses de mayo-junio. El capitán Ignacio
Escalda, en Morelia, y el general Gabriel Durán, en Tlalpan, anunciaron que las tropas bajo
su mando protestaban sostener la "religión [...] y los fueros y privilegios del clero y del
ejército, amenazados por las autoridades intrusas" y ambos excitaban a Santa Anna para
que se convirtiera en protector de su causa. La influencia del militarismo de Zavaleta es
innegable, no sólo por la invocación a Santa Anna; sino porque los militares se encumbraban
así mismos como los defensores de las causas justas.62 Escalada y Durán acusaron como
"autoridades intrusas" a los gobiernos estatales de Michoacán y de México. Para el último,
eran "nulos todos los actos emanados del gobernador intruso Lorenzo de Zavala, así como
las últimas elecciones hechas en el estado", pero no negaba a las federales emanadas de
éstos mismos comicios. Al gobernador lo tachaba de "criminal famoso y aborrecido".63
Desde una perspectiva nacional estos pronunciamientos fueron prematuros y
contraproducentes para sus objetivos. Sordo explica con agudeza que, con la derrota de
estos movimientos, el Congreso de la Unión pasó de ser un grupo de "hombres temerosos"
bajo la manutención militar de Santa Anna a "osados panegiristas" que creían poder
prescindir de los servicios del militar veracruzano y efectuar reformas en los eclesiástico y
lo castrense.64
60 Colección de decretos, t. II. Pp. 223-241.61 Para la consolidación de Zacatecas como "primer estado" véase Josefina Zoraida Vázquez, "Del federalismo moderado al fracaso radical: Zacatecas" en Vázquez y Serrano, Práctica, pp. 259-290.62 Vázquez, Planes, vol. 2, pp. 178, 182 y 183.63 Vázquez, Planes, vol. 2, p. 182. La misma autora advierte que el movimiento de Escalada no debe entenderse en la escala federal debido a que las reformas en este ámbito todavía no se efectuaban. La reacción de Escalada fue contra el gobierno estatal de Michoacán. Vázquez, Dos décadas, p. 40.64 Sordo, El Congreso, pp. 31-43.
128
El efecto inmediato de estos levantamientos fue la radicalización de las legislaturas
en torno a la seguridad pública. El Congreso de Jalisco reaccionó con similitud al federal.
Toda la energía fue encauzada al combate de los pronunciados entre junio y noviembre de
1833. En junio 8 se convocó al Congreso a sesiones extraordinarias con el fin de que
impusiera "medidas para afianzar las instituciones federales y la seguridad y tranquilidad
del Estado", pero prácticamente lo citó para a tratar cualquier otro asunto. El 11 d eclaró
como "subversivos del actual sistema de Gobierno" a los planes de Escalada y Durán, así
como sentenciar como traidores de la nación a aquellos que los secundaran. Al día
siguiente, el 12, decretó que "el Ejecutivo del Estado queda[ba] omnímodamente, y sin
restricción alguna facultado en todos los ramos de la administración".65 No obstante, Tamés
actuó con sobriedad pese a sus relampagueantes atribuciones. Se limitó a requisar armas y
especificar aspectos menores de las milicias cívicas -penas para desertores, tarifas de
sueldos y quienes debían integrarlas.66 Su acción más determinante fue establecer un toque
de queda en Guadalajara. Se prohibió, dada la señal, la reunión de más de tres personas
con la amenaza de poder dispararles sin mayor aviso.67 Todas las propuestas fueron
cautelares, incluso la última. Ninguna implicó avances militares contra los sublevados. La
distancia de éstos del territorio jalisciense explica la actitud moderada del gobernador que
se mostró más interesado en Jalisco que en la federación.
La respuesta de la comisión permanente fue más virulenta y enfocada a la búsqueda
de recursos monetarios. En julio 13, ordenó que todos aquellos deudores del erario público
liquidaran sus cuentas y, además, estableció un préstamo forzoso por $200,000 pesos
repartidos entre diversos individuos.68 En septiembre volvió a la carga. El 25 impuso una
rebaja a los sueldos de los funcionarios de 12%. El mismo día declaró que aquel que apoyara
a los movimientos insurrectos sería "responsable con sus intereses a indemnizar los daños
y prejuicios que sufran el erario en sus rentas, y los particulares en sus caudales". El 26, ante
la renuencia de los prestamistas, la comisión trató de nueva cuenta el préstamo e instó al
65 Colección de los decretos, t. VI, pp. 98-102.66 Colección de los decretos, t. VI, pp. 103-118.67 Colección de los decretos, t. VI, pp. 131-132.68 Colección de los decretos, t. VI, pp. 121-124.
129
gobierno a tomar "sus más enérgicas providencias [...] sin distinción de fueros y sin oír
recurso".69
El esfuerzo más radical fueron los decretos referentes a expulsiones. Después de
emitida la "Ley del caso" (junio 23), en julio 11, la comisión del Congreso de Jalisco previno
a los expulsos de otros territorios que su introducción al estado estaba negada "por
habérseles considerado como enemigos de las libertades patrias", su ingreso sería motivo
de presidio por ocho años.70 Meses después de la ley federal, Jalisco emitió su propia lista
de exiliados en noviembre 16. Un primer grupo fueron los españoles que llegaron a Jalisco
después de las leyes de 1827 y 1829; un segundo, los que debían salir del territorio o no
regresar a él.71 Es difícil saber a ciencia cierta cuál fue la motivación detrás de una medida
tan escabrosa. La proposición, firmada por los diputados Quintanar, Ramírez, Semeria,
Camarena, Portillo y Sabre, fue presentada el mismo día que se aprobó sin quedar registro
de discusión.72 Al igual que la "Ley del caso" este movimiento fue, a mediano plazo,
contraproducente. Algunos de los afectados no olvidarían esta afrenta y se incorporaron
activamente a la oposición. El caso más interesante es el de José Antonio Romero, no por
su protagonismo en los siguientes años, sino porque un mes antes aún era diputado de esa
misma legislatura. En octubre 5 fue "exonerado" de su cargo como legislador y se inst ó al
gobierno para proceder contra él exdiputado "en la inteligencia [de] que no goza fuero
alguno".73
Las autoridades del estado de México no tuvieron opción respecto a los
pronunciamientos. En su jurisdicción se fraguaron dos de los tres planes contrarreformistas.
69 Colección de los decretos, t. VI, pp. 133-13870 Colección de los decretos, t. VI, pp. 99-101.71 La lista completa de expulsados: Manuel Luna, Manuel Moreno de Tejada, Vicente Landázarri, Vicente Granados, Luis Gordoa, Francisco Valle, Crisanto Sánchez, Antonio Cambero, Bartolo Quintero, Félix Barajas, Lorenzo Valle, Mateo Plowes, Francisco Cortázar, Salvador Batres, José Miguel Pacheco Calderón, Antonio Navarrete, Miguel Ramírez, José María Nieto, Pedro Barajas, Francisco Inguanzo, Luis Correa, Francisco Cerro, Francisco Rey, José González Balfagón, José María Gómez Alcázar, Joaquín Medina, Miguel Guerra, José María Castaños, Francisco Vejar. Imposibilitados para regresar: Juan de la Peña y del Río, Manuel Fraile, Nicolás España, Fortino España, Miguel España, Antonio Patiño, Vicente Pumarejo, José Antonio Romero, Eusebio Ruíz, Evaristo Gaona, Juan Herrán, Guillermo Valle. Colección de los decretos, t. VI, pp. 153-155.72 AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. VIII, "Sesiones de noviembre 16 de 1833".73 Colección de los decretos, t. VI, pp. 138-139.
130
A petición del gobernador Zavala, en junio 14, la diputación permanente convocó a sesiones
extraordinarias para que se ocupara de "dictar todas las providencias que [tendieran] a
conservar la tranquilidad pública y sostener la actual forma de gobierno". Una vez instalado,
en julio 3, el Congreso concedió al gobierno facultades extraordinarias en diversos asuntos:
un préstamo forzoso por $200,000, gasto necesario para sofocar a los pronunciados,
expulsión de individuos, separación de funcionarios aun aquellos cuyo nombramiento fuera
del Congreso "y para que dicte todas las providencias que sean a su juicio necesarias para
sostener la forma de gobierno y acallar la presente revolución".74 Las autoridades se vieron
obligadas a abandonar Toluca y asentarse en Lerma ante el embate de Escalada quien se
apoderó de la capital mexiquense.75 No obstante, el pronunciamiento de Mariano Arista fue
el que crispó al gobierno. La reacción fue declararlo como "destructor del sistema federal"
por proclamar dictador a Santa Anna. Asimismo estipuló que los individuos que se
añadieron a los rebeldes eran "indignos de la confianza pública, e inhábiles perpetuamente
para obtener empleo alguno y desempeñar cargo o comisión en el Estado" y el gobierno
podría tomar "de sus bienes las cantidades que estime suficientes a resarcir al erario de los
gastos que haya impendido en la actual revolución".76
La salida de Zavala de la gubernatura paralizó este aspecto. Durante el mandato del
teniente gobernador Borica, entre septiembre y octubre, sólo se prescribieron resoluciones
secundarias como la privación de pagos de los pensionistas que se sumaron a Arista y Durán,
así como la rebaja en una tercera parte de los sueldos de funcionarios españoles.77 La
llegada de Félix María Aburto a la gubernatura, en diciembre 2, infundió nuevos bríos. A los
pocos días aprobó una ley de destierro por seis años. La medida afectó a decenas de
individuos considerados como perjudiciales al gobierno estatal.78 Sin embargo, el Congreso
74 Colección de decretos, t. II, pp. 261-262.75 El Congreso aprobó el traslado a Lerma hasta septiembre de 1833. Colección de decretos, t. II, p. 266.76 Colección de decretos, t. II, p. 263.77 Colección de decretos, t. II, p. 268 y 271-272.78 La lista completa de expulsados: Luis Gonzaga Vieyra, Manuel Rivera, Matías Carrance, Mariano Ortiz de la Peña, Ángel Pérez Palacios, Luis Pérez Palacios, Francisco Pérez Palacios, Manuel Muria, Nicolás Salazar, José Zárate, Francisco Zárate, José María Pérez, José María Careaga, Ángel Carmona, Manuel Carmona, José Antonio Sánchez Barquera, Mariano Reyes, Nicolás Aragón, Felipe Pérez, Francisco Pérez, Manuel Moreno, Ignacio Moreno, Epigmenio de la Piedra, Pedro Mendizaval, Gregorio Laspita, Manuel Villaverde, Ignacio González Pliego, José Ignacio Montero, Juan Antonio Arce, Juan José Garduño, José Ramón Pérez Palacios,
131
del estado de México fue perdiendo su dinamismo radical a lo largo del año de 1833, a
diferencia del de Jalisco que se fue extremando. En diciembre 17, fueron cesadas las
facultades extraordinarias. El 28, las autoridades consideraron que la expulsión de
individuos fue una medida desmedida y la "ley de ostracismo" fue limitada a la calificación
que el gobierno haría de los individuos.79
Las similitudes entre las administraciones de Jalisco y del estado de México con la
federal, así como de sus respuestas semejantes ante las rebeliones en su contra, incitan a
equipararlas e incluso postular la existencia de una facción política que buscó implementar
un proyecto a escala nacional que fue puesto a prueba en 1833 cuyo blanco principal fue el
mejoramiento del erario público mediante la reforma e intervención de la propiedad
amortizada. Sin embargo, los tiempos y los procedimientos no concuerdan entre los tres
gobiernos para sostener una hipótesis de tal envergadura. El gobierno federal y el
mexiquense emanaron de los Convenios de Zavaleta. El primero fue renovado
completamente a través de las urnas con lo que consiguió un velo de legitimidad, el
segundo, pese a realizar elección, existió una continuidad evidente entre el gobierno
revolucionario de Zavala y su período constitucional. En Jalisco, en cambio, los liberales
obtuvieron sus cargos mediante los comicios estatales de octubre de 1832 meses antes del
triunfo de Zavaleta.
Los gobiernos liberales de 1833 fueron el punto más álgido de la desafección entre
los órdenes de gobierno. El tiempo que duraron carecieron de legitimidad entre distintos
sectores de la sociedad e incluso de la capacidad para implementar las reformas que
diseñaron al grado que prácticamente todas fueron apeladas y aunque otras fueron
sancionadas se retrasó su aplicación. Pese a la consonancia en sus propósitos, el gobierno
supremo y los intermedios no formaron un bloque compacto; al contrario, entre los dos
Antonio Silva, José María Silva, Manuel Peña, José María Figueroa, José María Jiménez, Pedro Domínguez Esquivel, Juan Domínguez Esquivel, Luis Domínguez Esquivel, José Cuadros, Ignacio Díaz Leal, Crespín Urquijo, Lorenzo Ávila, Tomás Ávila, Francisco Muñoz, José María Fabián, Francisco Uribe, Ignacio Uribe, Tomás Díaz, Anastasio Román, Alejandro Román, Mariano Velázquez, Ignacio Peña, Antonio Peña, Francisco Ontiveros, Marías Guadarrama, Mauricio Aponte, Ignacio Ortega, Felipe Pineda, Juan Nepomuceno Soto, Rafael Durán, José María Boucet. Colección de decretos, t. II, pp. 276-277.79 Colección de decretos, t. II, 278-279.
132
ámbitos hubo choques y contradicciones. Las propuestas reformistas presentaron grandes
desigualdades en cuanto a tiempo y procedimiento. La división en el Congreso de la Unión
no permitió que éste trabajara eficientemente. Sus reformas, lentas por las discusiones,
fueron dirigiéndose hacia el reconocimiento del patronato en favor de la nación. Hasta
octubre de 1833, los diputados comenzaron a tomar las disposiciones más radicales: cierre
de los centros educativos coloniales, desamortización de propiedades de algunas órdenes
religiosas, supresión de la obligación civil para pagar diezmos, provisión de curatos así como
la discusión del dictamen sobre bienes eclesiales y deuda pública. Las dos entidades
emplearon de facto al patronato, sin discusión de por medio, para realizar cambios
significativos en cuanto a propiedades de la Iglesia en su jurisdicción. El estado de México,
entre marzo y junio, requisó aquellas pertenecientes a los misioneros filipinos, la de la orden
de los camilos y las del duque de Monteleone. Jalisco, durante todo el año, debilitó los
derechos de ciertos grupos para adquirir y manejar propiedades y, para finales de año,
confeccionó una amplísima reforma a la propiedad corporativa negando a las manos
muertas poseer bienes raíces.
Lagos y Cuernavaca. Reacciones antirreformistas en Jalisco y el estado de México
Diciembre de 1833 fue el cénit del radicalismo de Jalisco y el estado de México. En el año
siguiente, ambos estados relajaron sus políticas. El primero, incluso, derogó el descuento
de las dotaciones de los empleados públicos (marzo 12) y cesó las facultades extraordinarias
del gobernador (marzo 29). Además dispuso su energía en la reorganización de la enseñanza
pública y la explicación y defensa del decreto 5 25.80 El segundo hizo lo propio en educación,
reglamentó la dirección de rentas del estado y formó un nuevo ordenamiento para el
interior del Congreso.81 El ímpetu reformista había concluido. Restaba asumir el costo y
afrontar la reacción.
En los dos estados, no obstante, persistió la intranquilidad pública. En Jalisco,
durante el mes de abril se presentaron pequeños brotes de descontento en Guadalajara,
Zapotlanejo, Poncitlán y Chapala. Las ubicaciones reflejan una zona focalizada del malestar
80 Colección de los decretos, t. VI, pp. 225-290.81 Colección de decretos, t. II, pp. 280-325.
133
público, en el territorio al sureste de la capital. La mayoría de los movimientos fueron
sofocados rápidamente. En el de Chapala, por ejemplo, gobernador y Congreso obraron
estrechamente para desarmar la asonada enviando al diputado Lucas Toledano, quien
gozaba de influencia en la región, como comisionado del ejecutivo. Más que la revuelta,
que fue deshecha en días, resalta la unión entre los dos poderes, pues Toledano fue enviado
a petición del ejecutivo y el legislativo le concedió licencia para ausentarse de la sesiones.82
El estado de México arrastraba una revuelta, encabezada por Nicolás Bravo, desde
diciembre de 1833 que no lograba sofocar, pero tampoco está conseguía despuntar.83 En
este mismo estado, en febrero de 1834, se fraguó un extraño pronunciamiento. Los curas
Epigmenio de la Piedra y Carlos Tepistoc Abad proclamaron el Plan de Chicontla con el cual
pretendían establecer una monarquía constitucional fundada en el linaje de Moctezuma.
Varias de sus propuestas exigían el regreso a prácticas "antes del sistema constitucional",
con las que intentaban granjearse el favor del clero y del ejército.84 Este curioso
movimiento, como era de esperarse, no prosperó. Sus principales instigadores rápidamente
fueron puestos en fuga y Tepistoc fue apresado.85
La ficticia fortaleza de las dos autoridades estatales se derrumbó en mayo. En ambos
entidades estallaron levantamientos que pusieron en jaque a sus gobiernos. En Jalisco
ocurrió en la ciudad de Lagos el día 12; en el estado de México fue en la villa de Cuernavaca
el 25.86 La relevancia de analizarlos estriba en la proyección que consiguieron y en la
participación en el derrumbe de las dos administraciones estatales y, únicamente para el
segundo, en la caída del orden federal. Me parece saludable realizar algunas
consideraciones acerca de sus propuestas que, pese a sus propósitos similares, albergaron
diferencias sustanciales.
82 AHCEJ, Año 1834, Caja 2, núm. 51-72, Expediente donde conceden al ejecutivo facultades extraordinarias para precaver los efectos de la revolución que se anuncia en el departamento de Chapala.83 Vázquez, Dos décadas, pp. 44-45.84 "Plan de la monarquía indígena" en Vázquez, Planes, vol. 2, pp. 208-209.85 Salinas, El primer, pp. 193-194.86 AHCEJ, Año 1834, Caja 2, núm. 51-12, Expediente donde el estado de Jalisco niega obediencia al general Santa Anna mientras el Congreso general no declare libertad y decrete que el actual presidente debe ser obedecido; Plan de Cuernavaca en Vázquez, Planes, vol. 2, p. 214.
134
Los dos planes rechazaron las leyes reformistas federales y estatales. El Plan de
Lagos era eminentemente religioso cuyo único propósito era salvaguardar la religión
"católica, apostólica, romana" ante medidas que, según sus instigadores, atentaban contra
ella (art. 1); el Plan de Cuernavaca desplegó más aristas al denunciar "las leyes y decretos
de proscripción de personas, las que se han dictado sobre reformas religiosas; [y] la
tolerancia de las sectas masónicas" (art. 1). La discrepancia se incrementa al discurrir q ue,
por su naturaleza, el de Lagos tuvo como objetivo la derogación de las leyes que
transgredían a la religión (art. 2); el de Cuernavaca no sólo apeló a la supresión de dichas
leyes, su artículo 4 era determinante al exponer que los diputados se separarían de su cargo
"hasta que la nación representada de nuevo, se reorganice conforme a la Constitución"
(arts. 1 y 4). El de Lagos argumentó que las reformas eran inválidas por violar la constitución
federal que estipulaba al catolicismo como única religión permitida por la nación (arts. 1 y
2); la premisa del de Cuernavaca era más general al reconocer que las legislaturas habían
excedido sus facultades; asimismo planteó un fundamento más demoledor al considerar
que los diputados "no ha[bían] correspondido a su confianza" y, por lo tanto, el pueblo
podía volverse a constituir (arts. 1, 2 y 4). De igual forma el procedimiento para alcanzar sus
metas fue diferente. Lagos animó al "gobierno del estado [para que] iniciara al Congreso
del mismo la derogación de los decretos de manos muertas [...] como también que éste lo
h[iciera] al de la Unión por los que ahí se ha[bían] dictado" y aseguró que "No ser[ían]
desobedecidas las autoridades [...] siempre que [éstas] no h[icieran] armas contra el [plan]"
(arts. 4 y 5); Cuernavaca, en cambio, explotó la figuraba del presidente Santa Anna al
proclamarlo protector del movimiento y "única autoridad" legitima del gobierno y le ofreció
"la eficaz cooperación de la fuerza" reunida por los rebeldes (arts. 3 y 5).
Expuestos ambos planes es comprensible porqué el de Lagos no rebasó el ámbito
estatal mientras que el de Cuernavaca adquirió una proyección nacional. El Plan de Lagos,
como se advierte, poseyó una naturaleza católica que pugnaba por la observancia a las leyes
federales sobre religión e intentó, por medios legales aunque coercitivos, que las
autoridades, jaliscienses y federales, derogaran sus reformas. Cuernavaca, por el contrario,
manifestó propósitos amplios contra las administraciones de 1833 -federal y de los
135
estados-, abogó por la supresión de las leyes de expulsión y eclesiásticas, y, con Santa Anna
como tutor, aspiró a derribar a los representantes naciones. Lagos tenía per se una visión
acotada y localista de su propio levantamiento tanto en objetivos, el territorio que
involucraba como por los métodos que presentaba; Cuernavaca se ideó desde un principio
para impactar la escala nacional con el llamamiento a Santa Anna y la reivindicación de
nuevos legislativos.
La primera acción de los pronunciados de Lagos, mayo 12, fue apoderarse del
armamento de la milicia cívica y de los recursos de la aduana de dicha ciudad.87 La reacción
de la comisión permanente del Congreso de Jalisco fue pronta pero no eficaz. Convocó a la
asamblea a sesiones extraordinarias y facultó "omnímodamente al gobierno para que
pueda dictar en todos los ramos de la administración pública medidas que crea conducentes
a la conservación de la Independencia nacional, del sistema federal y de la tranquilidad del
Estado".88 Después de promulgada el acta del plan en mayo 24, la revuelta se propagó con
rapidez en la zona de influencia de la ciudad de origen. En los siguientes días, mayo 25 a 29,
varias poblaciones secundaron al movimiento: San Juan de los Lagos, Encarnación, San
Miguel el Alto y la Congregación de Adobes, todos ubicados en el cantón de Lagos, así como
los colindantes Nochistlán en Zacatecas y Rincón de León en Guanajuato. El avance de los
laguenses se frenó cuando salieron de la región de los altos. En mayo 31, la cabecera del
departamento de Atotonilco, perteneciente al cantón de La Barca, no se suscribió al plan
porque los "miembros de este Ayuntamiento [permanecieron] fielmente a nuestras
instituciones y sus legítimas autoridades".89
Junio fue el mes decisivo para la administración jalisciense de 1833. Por un lado, el
2, el ayuntamiento de Lagos volvió a despachar su plan al Congreso local para que lo
considerada y comunicó que el primer mensajero no lo había entregado por temor a sufrir
algún daño. Con este nuevo envió, los quejosos se mostraron consecuentes con sus
razonamientos de buscar los conductos legales para su descontento. Por otro, el
87 Colección de los decretos, t. VI, pp. 305-306.88 Colección de los decretos, t. VI, pp. 306-305.89 Expediente donde el estado de Jalisco niega obediencia.
136
hermanamiento que los poderes habían exhibido en las anteriores crisis, tanto en los
previos levantamientos como con el decreto 525, fue puesto a prueba. Los trastornos
nacionales radicalizaron las posturas en Jalisco. El 5, una nueva comunicación de Lagos
contradecía a su inmediata predecesora. El ayuntamiento de esa ciudad informó que, en
reunión con los comisionados de los pueblos pronunciados de su cantón, se había suscrito
al Plan de Cuernavaca por ser "tan análogo" al suyo y por haberse "adoptado ya por
diferentes pueblos de la República". Sin embargo, le hicieron adiciones locales: primero,
aquellos individuos que ocuparon propiedades conforme al decreto 525 pagarían lo que las
manos muertas hubieran dejado de percibir; segundo, fundándose en el artículo 4° de
Cuernavaca, Congreso y gobernador de Jalisco se separarían de sus cargos quedando José
Justo Corro en posesión de éste último "a quien ya tanto tiempo hace que el voto de los
Pueblos ha llamado para tal objeto". Así, la proclama local se disolvió en la gran marea en
la que se había convertido Cuernavaca. El 6, ante el avance de la división de operaciones
estatales al mando de José María Mallado, los de Lagos sentenciaron que "siendo pueblos
decididos los que va a atacar correrá mucha sangre, habrá mil desgracias y se sucederá un
revolución que no será fácil apagar".90 Es de resaltar que los pronunciados de Lagos
manejaron un doble discurso al no querer ser hostilizados por tropas del gobierno estatal
al tiempo que desconocían a las autoridades.
El Plan de Cuernavaca, mayo 25, tuvo una recepción inmediata en gran parte del
estado de México. La administración mexiquense se mostró extrañamente aletargada. El
Congreso en sus sesiones públicas no hizo ninguna alusión al levantamiento y tampoco
realizó alguna acción en su contra. La única respuesta fue un tibio decreto en el que los
diputados aseguraron que "el estado de México protesta[ba] sostener a todo trance la
religión católica [...] las constituciones general y particulares [...] [y se oponía] a todo
pronunciamiento parcial, y no permitir[ía] que por ningún motivo se altere la tranquilidad
pública".91 No obstante, como se puede apreciar en las actas de sesiones, según el diputado
Solórzano, "el fundamento de la anterior proposición estriba en la necesidad que hay de
90 Expediente donde el estado de Jalisco niega obediencia.91 Colección de decretos, t. II, pp. 347-348.
137
contener la maledicencia de algunos perversos que pretenden hacer creer que el Congreso
ataca la Religión católica".92 Es decir, la declaración no estuvo dirigida hacia un movimiento
en particular sino que fue un medio preventivo ante la opinión pública.
Las autoridades apenas tuvieron tiempo para reaccionar. En mayo 31, el coronel
José Vicente González, al mando de las fuerzas armadas de Toluca, proclamó su propio Plan
en el que repudiaba al Congreso y al gobernador. Despreciaba al "ridículo cuanto falso"
llamamiento de la legislatura del 27.93 Los dos resortes del gobierno prefirieron salir de la
capital mexiquense antes que afrontar los brotes levantiscos a favor de Cuernavaca o
Toluca.94 La administración mexiquense de 1833 había caído.
Salinas y Sordo concuerdan que el Plan de Toluca, al secundar al de Cuernavaca, fue
el que prendió la revolución en el estado de México debido a que numerosos pueblos lo
siguieron.95 Por mi parte, no encuentro un sometimiento entre uno y otro. Es cierto, el
toluqueño es un duplicado de su predecesor. Los artículos medulares son una copia exacta
palabra por palabra. Reiteró el rechazo a las leyes de proscripción, a las reformas religiosas,
acudió a Santa Anna como protector y exigió la secesión de los congresistas. Empero, Toluca
no hizo alusión abierta a Cuernavaca. González pretendía ponerse a la cabeza del
movimiento y que su plan fuera al que siguieran los pueblos. En este sentido se entiende el
exhorto para que los prefectos organizaran su distrito y se avinieran con el Plan de Toluca.
El texto preliminar es clave para entender sus anhelos. Por un lado, consideró a otros
pronunciamientos "muy laudables por su objeto, [pero] careciendo de la unidad,
organización y punto de apoyo, deben producir efectos diversos" y no el que todos
buscaban. Por otro, se presentó a sí mismo ante los mexiquense como un "paisano y amigo
nuestro muy relacionado con vosotros" y prometió estar "al frente de nosotros para
sostenerlos [a los artículos del plan] a todo trance".96
92"Sesión de mayo 27 de 1834" en Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas.93 "Plan de Toluca" en Vázquez, Planes, vol. 2, pp. 224-225.94 Macune, El estado de México, p. 176.95 Salinas, El primer, p. 195 y Sordo, El Congreso, pp. 61-62.96 "Plan de Toluca" en Vázquez, Planes, vol. 2, pp. 224-225.
138
Los pueblos, en realidad y pese las pretensiones de González, indiferenciaron ambos
alzamientos. Varios incluso señalaron que "se adh[erían] al Plan de Toluca que dispone lo
mismo que el Plan de Cuernavaca". Alrededor de 80 actas se levantaron en todo el territorio
mexiquense ratificando alguno de los dos. Salinas encontró un padrón similar en dichas
actas. El ayuntamiento, junto a los vecinos principales y en ocasiones el cura y la milicia,
redactaba el texto en el que se suscribía a alguno de los dos planes. La similitud de los
documentos se debió, de acuerdo a esta autora, a que los prefectos y subprefectos fueron
quienes mandaron la iniciativa a los cuerpos municipales. Sin embargo, los militares fueron
los auténticos promotores al ser quienes presionaron a las autoridades civiles para que se
proclamaran en contra de las reformas. Para Salinas "hubo unión entre las dos cúpulas de
poder regional: la del ejército y la política administrativa; aunque la iniciativa partía de la
primera, el éxito se debió a la segunda".97
El final de las administraciones de 1833 se fundió con la del ámbito federal. Entre los
meses de abril y mayo, el presidente Santa Anna y las Cámaras mantuvieron agrias disputas
por las reformas. El Congreso cerró sus sesiones cinco días antes del término de su período
ordinario con la ingenua idea de conservar esos días para utilizarlos cuando la situación lo
requiriera. Esto no tardo en ocurrir y ambas cámaras se propusieron reunirse en mayo 31,
Santa Anna lo impidió y declaró, al día siguiente, que "uno de los primeros poderes [el
legislativo] ha[bía] desertado en momentos preciosos, dejando a la nación entregada a los
horrores de la anarquía". Lo cierto es que, como ha expuesto Sordo, Santa Anna tuvo la
razón constitucional. La argucia que intentaron los congresistas era ilegal. Aun así, la
disipación del Congreso fue apreciada por algunos estados como un atentado al pacto
federal y un golpe de Estado consumado desde el interior del mismo gobierno. El resultado,
independientemente de la perspectiva, fue la caída de la administración federal de 1833. 98
Los acontecimientos nacionales e internos fracturaron la alianza de los poderes en
Jalisco. En junio 8, el gobernador Tamés mandó aviso de su renuncia al Congreso local pues
se consideró un estorbo para la reunión de los diputados y sentenció que "no
97 Salinas, Los municipios, pp. 88-100.98 Sordo, El Congreso, pp. 57-59.
139
permanecería] en dicho empleo, aun cuando quieran obligarle o se le forme una sumaria".
El mismo día la junta legislativa rechazó la dimisión por juzgar que no eran causas suficientes
y que su separación "indudablemente causaría males irreparables".99 Al día siguiente, los
diputados incitaron al gobernador, pasando por encima de sus deseos, para que ejerciera
sus facultades extraordinarias contra los rebeldes de Lagos, a los que ya tachaba como
enemigos de la patria.100 Ese mismo día, el 9, la junta legislativa aprobó el decreto 562 por
el cual negó obediencia al presidente "mientras las cámaras de la Unión no declaren que
están en completa libertad".101
El Congreso de Jalisco se convirtió en el bastión del liberalismo radical. El
extremismo de la disposición es superlativo, los diputados rompieron unilateralmente con
el pacto federal. Es difícil ponderar la posición de ambas partes en conflicto: el presidente
al no admitir los juegos políticos del Congreso, los diputados nacionales al defender sus
reformas pese a lo impopulares o los jaliscienses al desobedecer y desconocer al poder
ejecutivo nacional por defender al Congreso de la Unión. Lo cierto es que el desafío de
Jalisco era un punto sin retorno para todos los actores, esta encrucijada revela la
precariedad de la capacidad para negociar y establecer acuerdos durante el con
federalismo de 1824.
La situación entre diputados locales y gobernador fue irreconciliable. La
radicalización del Congreso no fue bien recibida por Tamés que decidió no apoyarla en el
enfrentamiento con el presidente. En los siguientes días la fisura se acrecentó, el 13, Tamés
envió una petición para que se derogada el polémico decreto 525 alma de la administración
de 1833. El 15, los diputados desecharon tal solicitud arengando a que ninguna concesión
se hiciera a los revolucionarios. Tamés no quiso saber nada más, al día siguiente, el 16,
mandó una nota a los diputados en donde avisó que se retiraba del despacho del
gobernador. En esta ocasión la junta legislativa aceptó la renuncia. Ese mismo día publicó
99 AHCEJ, Año 1834, Caja 2, núm. 51-23, Expediente donde Pedro Tamés solicita renunciar al ejecutivo del estado a su cargo.100 Colección de los decretos, t. VI, pp. 309-310.101 AHCEJ, Año 1834, Caja 2, núm. 51-23, Expediente donde el estado de Jalisco niega obediencia y Colección de los decretos, t. VI, pp. 308-309.
140
un decreto en tono revanchista en que declaraba "impedido para desempeñar las funciones
de gobernador al C. Pedro Tamés". Para ocupar el cargo se llamó a Santiago Guzmán como
gobernador interino.102 Sordo señala que fue la derrota de Juan Tamés, hermano del
gobernador, ante los pronunciados la causa detrás de la destitución del mandatario.103 No
queda del todo claro, me inclinó por el distanciamiento entre los dos poderes; Tamés no
siguió el ritmo radical del Congreso y prefirió deslindarse del gobierno. La renuencia de los
diputados para dejar ir a su aliado fue superada cuando el gobernador tocó la fibra sensible
de éstos, el decreto 525. Para los legisladores, Tamés se convirtió en alguien incómodo e
incluso opuesto a sus propósitos.
Santiago Guzmán fue más decidido en perjuicio de los congresistas. El 20 de junio,
usando las facultades extraordinarias concedidas al ejecutivo estatal, derogó los artículos
medulares del decreto 525.104 Las manos muertas volvían a tener derecho para poseer
propiedades. Los diputados no parecen haber presentado resistencia ante tal imposición.
No hay acta de sesión del día y en las subsiguientes no se trató el tema, tampoco existe
documento que indique la oposición de los representantes. La legislatura extrañamente
aceptó en silencio la derogación de su gran obra. Es cierto que las circunstancias eran poco
halagüeñas tanto en lo local como en lo nacional. Cuernavaca para entonces era un hecho
consumado. No alcanzo a explicar qué cambió en los asambleístas que negaron la solicitud
de Tamés, pero pasados apenas cuatro días admitieron la resolución de Guzmán. Éste dejó
rápido el cargo, el 22, ante la llegada del vicegobernador Juan N. Cumplido con el cual se
refrendó el compromiso radical.
El pronunciamiento de Lagos, en apariencia olvidado, siguió su lenta marcha a la
capital del estado. En junio 28, el cura José María Zermeño, uno de los cabecillas, asaltó
Zapotlanejo con cincuenta jinetes armados de lanzas y carabinas. Exigió que se preparara el
alojamiento para 500 hombres que, según él, le seguían al igual que otros dos batallones
102 AHCEJ, Año 1834, Caja 1, núm. 50-64, Expediente donde declaran impedido para desempeñar el cargo a Pedro Tamés y nombran a Santiago Guzmán como gobernador interino y Colección de los decretos, t. VI, pp. 311-313.103 Sordo, El Congreso, p. 78.104 Colección de los decretos, t. VI, pp. 315-316.
141
de iguales proporciones que avanzaban hacia Juanacatlán y Atequiza. El 29, el inspector
general Mallado informó que había "encontrado todo tranquilo" en el puente de
Totolotlán.105 El final del alzamiento está poco esclarecido. Según Pérez Verdía, en julio 4,
Mallado dispersó a los facciosos incluido a Zermeño quien "huyó con un resto de fanáticos
y [allí] terminó aquella amenaza".106 Olveda, en cambio, expone que el recién llegado
general José Antonio Mejía fue quien derrotó a los laguenses en julio 5.107 En cualquier caso
a principios de julio la revuelta había cesado sin haber cumplido con sus objetivos. Estoy de
acuerdo con la valoración de Olveda sobre el levantamiento de Lagos como el "más
peligroso" que se propagó en territorio jalisciense durante estos años debido a que
involucró al clero y al ayuntamiento de una de las ciudades más importantes del estado.108
No obstante, la amenaza del pronunciamiento de Lagos no fue éste en sí mismo, el cual
apenas duró un poco más de dos meses, tampoco lo fue su proyección al no pasar más allá
de su área de influencia en el norte del estado y, menos aún, por sus hechos bélicos. Su
trascendencia figura en la erosión que causó dentro de los poderes jaliscienses. Sin el Plan
de Lagos las autoridades de Jalisco hubieran enfocado sus esfuerzos contra el presidente
Santa Anna o el Plan de Cuernavaca y no desperdigar su fuerza en conflictos internos.
Jalisco no cesó en su actitud disidente durante el mes de julio. Por un lado, apremió
a los estados aledaños para formar una coalición que apoyara su desobediencia expresada
en el decreto 562.109 Sólo San Luis Potosí respondió. La mayoría de los otros estados habían
caído bajo la influencia del presidente.110 Por otro, el 11, la comisión permanente del
Congreso manifestó que no reconocía "por deuda pública la que contrajere o haya
contraído el ejecutivo de la Unión desde el 31 de mayo".111 Esta actitud fue el colmo para
Santa Anna. Luis de Cortázar, comandante de Guanajuato, fue comisionado para intervenir
105 AHCEJ, Año 1834, Caja 1, núm. 50-68, Expediente donde el ejecutivo comunica al Congreso la entrada de algunos insurreccionados de Lagos a la villa de Zapotlanejo y las disposiciones que en consecuencia ha dictado.106 Pérez Verdía, Historia particular, t. II, p. 274.107 Olveda, Autonomía, p. 188.108 Olveda, Autonomía, pp. 187-188.109 Jalisco decretó desde abril de 1834 su intención para formar una coalición con "los demás estados sus hermanos". Colección de los decretos, t. VI, pp. 262-264.110 Sordo realiza una descripción de cómo el ejecutivo federal fue desarmando la oposición de los estados disidentes tras el cierre del Congreso. Sordo, El Congreso, 67-84.111 Colección de los decretos, t. VI, pp. 323-324.
142
en Jalisco, por la fuerza si fuere necesario, y atraer el orden al estado. Cortázar actuó con
diligencia. En julio 27, se encontraba en Jalostotitlán y amenazó al gobierno del estado para
que reconociera a Santa Anna de lo contrario el mandatario jalisciense "ser[ía] el único
responsable a Dios y a la Patria de la sangre que se derrame en caso de no ponerse a
disposición del Gobierno General". La respuesta de la junta legislativa no fue menos
impetuosa. Los diputados expusieron que el gobernador no atendería ninguna
comunicación si antes Cortázar no desocupaba territorio jalisciense.112
El amague del militar guanajuatense no surtió efecto, por el contrario, avivó el
radicalismo de los asambleístas tapatíos. El 31, la junta legislativa expidió el decreto 569
con el que ratificó el 562. Las expresiones de esta nueva providencia fueron las más ásperas
que pronunciaron los diputados. A Santa Anna lo tildaron de "Dictador absoluto" porque
"el Ejecutivo y Legislativo hoy con escandalo se pretenden ejercer simultáneamente por un
solo individuo". Jalisco, incluso, se deslindó del pacto federal ya que "dislocado como se
halla el Gobierno general, no hay autoridad corporación o persona que pueda legalmente
residenciar los procedimientos de los Estados confederados".113 Cortázar por fin se decidió
a atacar. Durante los primeros días de agosto, Cortázar y Mejía, nombrado como
comandante general de las milicias cívicas, entraron en pláticas para no llegar a las armas.
Los puntos medulares de estos convenios fueron la derogación de las disposiciones que
desconocían a Santa Anna y la libertad de los poderes jaliscienses para ejercer sus
funciones.114
La entrada de las tropas de Cortázar a Guadalajara permitió que los individuos
descontentos con la administración de 1833 reunieran el valor para sublevarse. En agosto,
"el pueblo y barrios" de Guadalajara se pronunciaron a favor del Plan de Cuernavaca y
convocaron a los vecinos principales para conformar una junta que a su vez nombrara
gobernador, vicegobernador y renovara el ayuntamiento de Guadalajara. El "pueblo"
desaprobó los decretos que despreciaron la autoridad de Santa Anna, pero fue mucho más
112 AHCEJ, año 1834, caja 1, núm. 50-69, Expediente donde ratifican el decreto No. 562 en que se desconoce la autoridad del presidente de la república general Antonio López de Santa Anna.113 Colección de los decretos, t. VI, pp. 408-411.114 Sordo, El Congreso, p. 79.
143
lejos al también impugnar aquellos "que dio [la legislatura], y hayan dado las anteriores en
perjuicio de las inmunidades, fueros, y derechos eclesiásticos y militares, y contra las
propiedades y personas de los particulares". En otras palabras, por esta proclama se
viabilizó la derogación de todas aquellas medidas que hayan socavado la autoridad eclesial
desde 1823. El nuevo ejecutivo "gobernarla] discrecionalmente con facultades
omnímodas" para que éste pusiera en "ejecución el art. 4 del referido Plan de Cuernavaca
removiendo a todos los empleados que han desmerecido confianza pública, y
sustituyéndolos con individuos de probidad, mérito y aptitud".115
Más de medio centenar de notables se reunieron el martes 12 de agosto en las casas
municipales para nombrar a los funcionarios mencionados en el pronunciamiento.116 Entre
los asistentes se aprecian una buena cantidad de eclesiásticos (17) -miembros del cabildo,
curas de las parroquias cercanas a la capital y profesores del Colegio seminario. También
figuraron algunos militares (4), pocos abogados (3) y una gran cantidad de vecinos (45)
entre los que destacan ilustres oligarcas regionales como José Palomar. Es de resaltar que
ocho de los participantes sufrieron el exilio dictado por el Congreso en noviembre 16 de
115 "Pronunciamiento de los barrios principales y suburbios de Guadalajara" en Vázquez, Planes, p. 304. En la recopilación de planes y pronunciamientos realizados bajo la coordinación de Josefina Zoraida Vázquez este plan fue fechado en junio 12. No obstante, considero que esta fecha es equivoca al situarse en una época tan virulenta del Congreso, a días de haber emitido el decreto que desconocía a Santa Anna, un levantamiento de tal envergadura no debió pasar desapercibido para las autoridades y, todavía así, no existen referencias de él en las actas de sesiones, los expedientes del Congreso o los decretos. Además, el propio documento, en su parte expositiva, refiere a que el pueblo "libre ahora como se ve por la ocupación que han hecho de esta capital las tropas libertadoras". En junio, Guadalajara seguía en manos del Congreso, fue hasta agosto cuando Cortázar se presentó en la capital jalisciense.116 Andrés López, Antonio Báez, Antonio del Castillo, Antonio Escoto, Carlos Espinosa de los Monteros, Casiano Espinosa, Domingo Maxemín, Eligio Velasco, Félix Barajas, Francisco de Espinosa, Francisco del Valle, Francisco Jiménez, Francisco Murillo, Francisco Romero, Francisco Santoscoy, Gabriel González, Guadalupe Altamirano, Guadalupe Ballesteros, Ignacio Agapito Torres, Ignacio García Castellanos, Ignacio Negrete, Ignacio Partearroyo, Jacobo María Vallejo, Jesús González Rubio, Joaquín Medina, José Agapito Gutiérrez, José Antonio Cambero, José Antonio López, José Antonio Romero, José Cristiano Sánchez, José de Estrada, José Ignacio, José Ignacio Calderón, José Ignacio López, José Ignacio María Guerra, José Ignacio Torres, José Joya, José Manuel Cervantes, José Manuel Covarrubias, José María Bravo, José María Castañeda, José María Garay, José María Hidalgo, José María López, José María Ramos Palomera, José María Santoscoy, José Palomar, José Vicente González, Juan José Amat, Juan Manuel Castañeda, Jesús González Rubio, Leonardo Estrada, Manuel Baeza, Manuel Moreno, Manuel Salcedo, Mariano Guerra, Miguel Hernández Rojas, Miguel Ignacio Castellanos, Miguel María de Robles, Nicolás España, Pedro Aguayo, Pedro Barajas, Pedro Espinosa, Pedro Llera, Pedro Villareal, Rafael Murguía, Refugio Ruíz Cortes, Salvador Batres, Vicente Torres. Colección de los decretos, t. VI, pp. 433-438.
144
1833.117 La composición de esta junta permite dilucidar que se trató de un levantamiento
encabezado por aquellos que la administración había hostilizado: eclesiásticos, militares y
españoles adinerados. No fue un movimiento generalizado del estado. Sus instigadores no
buscaron integrar al pueblo o a los ayuntamientos para legitimarse; sólo fue un puñado de
hombres inconformes con la administración radical que confiando en Santa Anna, a través
de Cortázar, derrocaron al gobierno.
Esta junta, facultándose apta para nombrar autoridades, pasó por encima de la
constitución y de toda ley que previera la falta de autoridades. El mismo 12, los
pronunciados, convertidos en representantes del estado, designaron de su seno al nuevo
ejecutivo. José Antonio Romero para gobernador interino y José Crisanto Sánchez para
vicegobernador.118 Hay que recordar que Romero fue el diputado eximido de su cargo por
la administración de 1833 e impedido para retornar a Jalisco según el decreto de noviembre
16. Ahora regresaba como el campeón de los antirreformistas. La propia elección sirvió de
colofón para la administración de 1833. No se expidió decreto o ley para la desaparición de
los poderes estatales. Sólo en el acta del pronunciamiento se hizo explicito la remoción de
los reformistas de 1833. Este detalle refuerza la idea de que los pronunciados se condujeron
con un sentido sumamente práctico y que las leyes les parecían más una sugerencia que
una obligación. La administración jalisciense de 1833 había caído.
Los levantamientos a favor de la religión y los fueros fueron una constante para las
administraciones de 1833. Pero las acaecidas en mayo de 1834 contra la pared a las
autoridades. Las acusaciones contra éstas y sus reformas fueron claras: ataque a la religión
y transgresión del orden constitucional. No fueron reclamos contra la forma de Estado.
Lagos y Cuernavaca no abogaban por la supresión del federalismo. Sus voces se
concentraron en los titulares del gobierno nacional y locales. La ambición fue diferente
entre los dos. Lagos comenzó como una revuelta en defensa del catolicismo, Cuernavaca
apuntó a la renovación de las legislaturas desde un inicio. En cambio, las secuelas de ambos
117 Manuel Moreno, Francisco Valle, Félix Barajas, Salvador Batres, Pedro Barajas, Joaquín Medina, Nicolás España y José Antonio Romero.118 Colección de los decretos, t. VI, pp. 433-438.
145
son parecidas. Los dos pronunciamientos desgastaron a los gobiernos locales. Los
resultados vuelven a ser dispares. El primero apenas si logró indirectamente uno de sus
objetivos -la derogación del 525- pero no alcanzó a derribar al gobierno, el segundo arrasó
al gobierno mexiquense e influenció al federal.
La subsistencia de la administración jalisciense frente al pronunciamiento de Lagos,
a diferencia de la mexiquense al de Cuernavaca, fue debido a la cohesión entre los poderes
y a la gran desigualdad en el mecanismo de propagación entre ambas asonadas.
Gobernador y Congreso de Jalisco trabajaron y sortearon los escollos presentados a lo largo
de 1833 e inicios de 1834. Las autoridades mexiquenses sufrieron una fractura con la salida
de Zavala de la gubernatura que frenó el programa reformista y, sobre todo, dejó
desprovista de líder a los políticos radicales mexiquenses. La caída de las administraciones
también fue desigual. El pronunciamiento de Cuernavaca logró extenderse y ser apoyado
por buena parte de los pueblos -autoridades civiles, eclesiásticas y militares así como los
vecinos principales. En apenas pocos días del estallido de Cuernavaca, una nueva revuelta
en la capital mexiquense puso fin a la administración de 1833. Lagos no logró sus objetivos,
pero sí carcomió las relaciones entre gobernador y diputados jaliscienses. El
desconocimiento del presidente Santa Anna fue el punto final de una rápida ruptura. El
gobernador se separó de la administración, los diputados se radicalizaron. La respuesta del
presidente fue eficaz. La ocupación de Guadalajara por tropas adictas al presidente facilitó
que los descontentos tapatíos realizaran una revuelta a favor del Plan de Cuernavaca y
poner fin a la administración jalisciense de 1833.
Los meses de mayo-agosto de 1834 fueron el punto culminé de la in-gobernabilidad
entre el ámbito nacional y el intermedio. En esta ocasión no fueron bandos políticos, la
confrontación fue entre el poder ejecutivo y el legislativo nacional y, como consecuencia de
la primera, entre el presidente y los estados. Por un lado, la defensa del Congreso de la
Unión no fue por la afinidad política, inexistente, sino por el significado de las cámaras como
vínculo de los estados. El entendimiento de Jalisco sobre el pacto de 1824 era confederal
en este aspecto, la separación de poderes era compartida por los órdenes de gobierno.
Jalisco estaba facultado para desconocer a los poderes de la federación, como lo realizó,
146
por los conflictos internos de ésta. Por otro, el poder ejecutivo demostró una cierta eficacia
para responder ante la crisis comenzada con los pronunciamientos. En meses todos los
estados fueron sometidos por pronunciamientos internos como el mexiquense o por
intervención directa como jalisciense.
Reformar o sustituir. Las últimas administraciones federalistas
La caída de la administración federal, a finales de mayo de 1834, destruyó la aparente
gobernabilidad que los Convenios de Zavaleta habían conseguido. En los estados, los
movimientos reaccionarios depusieron una buena cantidad de gobiernos estatales e
impusieron a individuos afines a la revolución, tal como sucedió en los estados de Jalisco y
de México. En la federación, el gobierno se había quedado sin un cuerpo legislativo
legítimamente constituido; el ejecutivo, Santa Anna, se hizo cargo de ambos resortes. Lo
que era una transgresión irreparable al modelo de separación de poderes. El horizonte de
la república federal era nada halagüeño. La antirreforma era una exigencia, pero se percibió
un eco en contra del federalismo como forma de Estado. Voz que hizo palidecer al propio
Santa Anna. Dos opciones se perfilaron para el federalismo de 1824: reforma o supresión.
El presidente viéndose sólo en el gobierno tuvo poco tiempo para reflexionar sobre
la dirección de su siguiente paso. La habitual huida a su hacienda de Manga de Clavo no era
opción en esta ocasión. La moderación fue la actitud con la que se condujo. No desatendió
los reclamos del Plan de Cuernavaca, al contrario, echó mano de ellos para mantener a flote
a la república. Por un lado, "suspendió" las medidas que atentaron contra la Iglesia y el
orden social. Sin Congreso que lo obstruyera y considerando su carácter voluble, la
conducta de Santa Anna es sumo interesante. El presidente tuvo especial cuidado en no
adjudicarse más facultades que aquellas requeridas por las circunstancias. No derogó las
providencias implementadas por el Congreso de 1833 sino que en las disposiciones
referentes a las leyes reformistas la palabra "suspender" era seguida con la frase "a reserva
de lo que el Congreso general resolviese".119 Santa Anna mantenía, o pretendía mantener,
un pequeño hilo de constitucionalidad para evitar tomar partido por alguno de los grupos
119 Tena, Leyes, t. III, pp. 702-722.
147
políticos o por una extraña fe republicana. Por otro, la renovación del legislativo fue la
respuesta que Santa Anna encontró para salir de la encrucijada en la que se encontraba.
Para el presidente, ésta atendía al reclamo principal de Cuernavaca y, como en Zavaleta,
volvía a dar otro respiro de constitucionalidad. En julio 9, el gobierno federal expidió una
serie de recomendaciones para que los estados celebraran los comicios para sus Congresos
y, a la vez, para el de la Unión. Santa Anna pedía que los diputados y senadores estuvieran
electos para septiembre y que se les ampliaran sus facultades.120 La extrañeza no era la
extemporaneidad en que se llevarían a cabo las elecciones, sino el aumento de poderes que
los legisladores tendrían. Las recomendaciones abrieron una ruta para la reforma pero
también para el cambio de régimen político.
Regreso a mis espacios de estudio. Tanto en Jalisco como en el estado de México se
efectuaron providencias antirreformas. Sin embargo, las nuevas autoridades de ambos
estados actuaron de muy diferente manera. El gobernador de Jalisco, José Antonio Romero,
"omnímodamente facultado", derogó cuanta medida fue adoptada por la administración
anterior; su símil Esquivel del estado de México fue más cauto y esperó que el nuevo
Congreso local fuera quien decidiera la suerte de las reformas. En agosto 14, dos días
después de su nombramiento, el gobernador tapatío anuló completamente el decreto 525.
Un mes más tarde, en septiembre, igual destino corrieron aquellas que limitaron los
derechos de los españoles para usar y poseer propiedades, así como aquellas que impedían
a los eclesiásticos fungir como albaceas. De igual manera, el gobernador mandó rendir
cuentas a todos los funcionarios del ramo de Hacienda para detectar a aquellos que
concedieron dinero extraordinariamente a la administración anterior. De no verificar los
gastos con documentación se procedería "ejecutiva y judicialmente" contra sus personas y
bienes.121 El Congreso del estado de México actuó con más sosiego. Las reformas de la
administración anterior fueron discutidas a lo largo del período ordinario de sesiones,
iniciado a finales de agosto, y abolidas al unísono hasta mediados de octubre. El artículo 2°
del decreto 432, sin duda, fue la médula de su antirreforma. En sus ocho fracciones declaró
120 Sordo, El Congreso, pp. 90-92.121 Colección de los decretos, t. VI, pp. 328-329 y 348-352.
148
que todas las medidas que atentaban contra los derechos sociales de los mexicanos eran
insubsistentes, también criticó las que atañían a las facultades extraordinarias del
gobernador, expulsados políticos, propiedades de las órdenes religiosas -misioneros
filipinos, orden de san Camilo y bienes del beaterio- y los bienes del duque de Monteleone.
Además, entre los mismos días, la asamblea también detuvo la acusación que los diputados
de 1833 habían realizado contra los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de
Justicia y revocó el decreto que organizó la instrucción pública en el estado.122
El gobernador Romero no se limitó a quebrar el radicalismo de 1833, sino que fue
contra disposiciones de administraciones anteriores. La contaduría y dirección de rentas,
establecida en abril de 1831, fue separada en contaduría general y dirección general de
rentas por considerar que las facultades de cada parte eran incompatibles entre sí. A los
ayuntamientos les quitó la atribución, concedida en marzo de 1832, para disponer a su
antojo de la infraestructura de los cementerios. El Instituto de Ciencias, obra insignia de la
administración de 1825, fue disuelto por "corromper a los jóvenes que se dedicaban a las
ciencias infundiéndoles desde la tierna edad los principios más erróneos y contrarios a los
de la santa Religión". En su lugar se restituyó a la Universidad y al colegio de San Juan
Bautista "devolviéndoseles el local, iglesia, fincas y capitales a rédito". Es evidente que la
mayoría de los arreglos asumidos favorecieron a la Iglesia.123 Romero no se satisfizo con
anular la reforma de 1833 sino que, fundado en los poderes que se le otorgaron por el
pronunciamiento de agosto 12, materializó una autentica deconstrucción del federalismo
jalisciense con un nítido y profuso cariz proclerical. Sin embargo, no tocó el núcleo del
régimen; la doble soberanía.
En los dos estados, la antirreforma fue consumada durante el año de 1834. Poco
quedó de las leyes de las administraciones radicales del año anterior. No obstante, como
puede apreciarse, sus operadores y las maneras en que las instrumentaron fueron
abisalmente distintas. En el estado de México, primero se realizaron elecciones para
diputados, éstos designaron gobernador y su teniente, para que después fueran éstos los
122 Colección de decretos, t. II, pp. 352-358.123 Colección de los decretos, t. VI, pp. 343-358.
149
que consumaran lo prometido en el Plan de Cuernavaca. La demanda de legalidad fue el
objetivo. Es decir, se buscó asegurar el régimen republicano y la división de poderes para
que las providencias estuvieran amparadas por la legitimidad de las elecciones y de un
Congreso que representara la voluntad de los ciudadanos. Éste llevaría a cabo tales
propósitos de manera ordinaria presentando iniciativas, discutiéndolas y votándolas. En
Jalisco, la practicidad y anticonstitucionalidad imperaron. El gobernador, apoyado por un
puñado de individuos que se reputaron la representación de todo el estado, arribó al poder
mediante un levantamiento que desconoció a los poderes constituidos. Romero gobernó
unipersonalmente, sin ningún cuerpo legislativo que le hiciera contrapeso violando los
presupuestos de la separación de poderes ya que, a diferencia de Santa Anna, se imputó
atribuciones legislativas. Los efectos de este último aspecto rotulan con exactitud la quiebra
del federalismo de Jalisco.
Con el llamamiento de las elecciones para el Congreso de la Unión se pretendió
impedir que lo que ocurría en Jalisco pasara en la escala nacional. Éstas fueron idealizadas
como garante del pacto federal. Santa Anna procuró que los comicios sirvieran de bálsamo
a las múltiples fracturas del régimen político. Los pueblos no eran tan positivos. El
gobernador del estado de México, José María Esquivel, se apresuró a efectuarlas incluso
adelantándose al mandato federal. Esquivel expidió dos veces las convocatorias para
elecciones de diputados federales y estatales en junio 18 y julio 5.124 La causa detrás de esta
doble citación fue por la negativa de varios pueblos a realizarlas arguyendo diversos motivos
tales como la oposición a los Congresos, la desconfianza por el federalismo, la
extemporaneidad de las elecciones y hasta la desobediencia por argumentar que
Cuernavaca no lo facultaba en esta materia.125 El gobernador instó para que en su estado
se cumplieran según las recomendaciones dadas por el ejecutivo federal. Los comicios
ocurrieron con celeridad un mes más tarde. La junta general del estado se instaló en la
124 Desafortunadamente no localicé ninguna de las dos convocatorias pero Macune menciona de la de junio 18 y Sordo de la de julio 5. El gobernador hace alusión a dos convocatorias en la apertura de sesiones del Congreso pero sólo fecha la primera en junio 18, por lo tanto, la segunda sería la de julio 5. Macune, El estado, p. 176; Sordo, El Congreso, p. 92 y "Sesión de septiembre 4 de 1835" en Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas.125 Sordo, El Congreso, pp. 94-95.
150
capital en agosto 3 y 4 para nombrar a los representantes federales y locales. A los primeros,
la junta general otorgó amplias facultades respecto a la constitución de 1824 para que el
Congreso "reforme dicho código en parte o en el todo; lo refunda, y aun establezca otro
nuevo, exceptuados los artículos 1° [sobre la independencia] y 3° [sobre la intolerancia
religiosa] que serán irrevocables perpetuamente".126 A los segundos, la junta instó para que
dieran igual capacidad a los senadores. El Congreso local se reunió en junta preparatoria en
agosto 22 y 23 y abrieron sesiones ordinarias el 25.127
El proceso electoral de Jalisco presentó mayores escollos. Según Sordo numerosos
pueblos se negaron a realizar elecciones incluso de manera violenta.128 Pero fue el
gobernador Romero quien presentó la mayor renuencia a verificarlas. En septiembre,
cuando los congresistas debían estar designados, al presidente se le acabó la paciencia por
la desobediencia de Romero y, dispuesto a defender sus propósitos de mantener el régimen
federal, presionó a éste con vehemencia para que las realizara. El gobernador jalisciense
cedió, a regañadientes, y expidió un decreto de convocatoria en septiembre 15. Romero,
cumpliendo con su deber, expuso que era "indispensable la reunión de un Congreso general
[...] que sus medidas y disposiciones cort[aran] de raíz las convulsiones que continuamente
nos han agitado" pero añadió, y trasparentó sus convicciones unitarias, que "la opinión de
los pueblos de mil maneras [había] manifestada sobre la repugnancia que tienen a la actual
forma de Gobierno" federal.129 Pese a su aversión, la primera instancia de las elecciones se
practicaron en octubre y las juntas electorales de departamento hicieron lo propio en
noviembre 2. Tocó a éstas conferir las facultades extraordinarias a los diputados y a los
electores secundarios. En 10 de las 17 actas consta que se aumentaron las atribuciones de
los legisladores con la salvedad de la religión y la independencia; sólo en una se restringió
126 Citado en Sordo, El Congreso, p. 95.127 "Sesiones de agosto 22, 23 y 25 de 1834" en Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas.128 Sordo, El Congreso, p. 98.129 Colección de los decretos, t. VI, pp. 353.
151
la división de poderes y la forma de gobierno, mientras que en las otras seis no se hizo
mención de la extensión de atribuciones.130
La experiencia legislativa de ambos Congresos era sumamente dispar (Anexos 1 y 2).
En el estado de México se presentó una tasa considerable de veteranos. Doce de veintiocho
congresistas electos (42.8%) fueron miembros de algún Congreso -cinco exclusivamente en
el escenario local, cuatro en el nacional y tres en am bos- incluso la mitad eran caras
conocidas en los recintos parlamentarios mexiquenses con tres y hasta cuatro
participaciones en las previas legislaturas. La búsqueda de conocimiento parlamentario y la
moderación fue la tónica del último Congreso federal mexiquense. En contraste, en Jalisco
se optó por nombres nuevos. Apenas cinco de cuarenta y dos diputados electos (11.9%)
tenían un currículo parlamentario. La casta política jalisciense, que se había conservado con
cierto compromiso de unidad desde 1824, se desgastó ante la división interna de 1833 y
fueron sustituidos ante su estrepitoso fracaso. Pero tampoco los pronunciados de agosto
de 1834 abarrotaron los curules con sólo tres representantes (7.1%). Desconozco con
certeza los motivos de esto, pero se puede argüir que, al saberse dueños de la política
capitalina, el levantamiento de 1834 no procuró afianzar a sus integrantes dentro del
legislativo local. En este sentido, para estos hombres el debate contra el federalismo perfiló
al Congreso local como un actor de segundo orden.
El nombramiento del poder ejecutivo local fue el asunto que absorbió las primeras
sesiones de ambos Congresos después de su instalación. El del estado de México llamó
como gobernador a Manuel Diez de Bonilla con una absoluta mayoría de dieseis votos
contra uno y al general Vicente Canalizo como su teniente con quince contra dos.131 En
Jalisco, las juntas de electores de departamento votaron con unanimidad por el gobernador
interino Romero y para vicegobernador favorecieron a Antonio Escobedo, jefe político del
130 AHCEJ, Año 1834, Caja 1, núm. 50-56, Expediente sobre la elección de diputados para el Congreso constitucional del estado y AHCEJ, Año 1834, Caja 1, núm. 50-73, Expediente sobre actas de computación de votos para electores de diputados, relativas a las poblaciones de Ameca, Acaponeta, Colotlán y Santa María de los Lagos.131"Sesión de septiembre 3 de 1834" en Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas y Colección de decretos, t. II, pp. 349-352.
152
cantón de Guadalajara, con veinticuatro votos de veintiséis. A diferencia del legislativo, es
evidente la dirección para seleccionar al ejecutivo quien de manera inédita y extraordinaria
congregó la voluntad de todas las juntas electorales repartidas por el territorio
jalisciense.132 Los dos Congresos, antes de cerrar sus sesiones de 1834, reconocieron como
nacional al pronunciamiento de Cuernavaca y a su plan le dieron el "carácter y fuerza de la
ley en el estado". Además, protestaron que las leyes generales sobre la reforma eclesiástica
eran nulas en su estado y que ésta medida fuera elevara como iniciativa al Congreso de la
Unión.133
Como sucedió con Zavaleta, esta etapa se cerró en los estados al nombrar
gobernador, reconocer el Plan de Cuernavaca como nacional y suprimir las reformas
radicales. Empero, los costos está vez fueron demasiado altos. El federalismo, que no el
liberalismo que impulsaron las reformas radicales, fue el mayor perjudicado y fue
cuestionado e incluso rechazada por los pueblos y estados a través de manifiestos,
oposición a las elecciones y el incremento de las facultades del Congreso de la Unión para
realizar severos cambios en el marco institucional de la nación. Es curioso que no se habló
de reforma al interior de la ingeniería de los estados. La polémica se concentró en el ámbito
federal. Después de Cuernavaca, la vida política osciló entre los pueblos que clamaban el
cambio de sistema y el gobierno federal que intentaba contener el movimiento centralista.
El Congreso federal se convirtió, como nunca, en el epicentro del debate público. De él
dependía cumplir con las exigencias de los pueblos o mantener al federalismo.
La composición del sexto Congreso constitucional, de acuerdo al estudio de Sordo,
fue mixta. Los centralistas apenas ocuparon 28 escaños de 117 (24.5%). El resto se dividió
entre federalistas moderados (15.9%), santanistas (17.1%), moderados del partido del
132 AHCEJ, Año 1834, Caja 2, núm. 51-54, Expediente donde declaran gobernador constitucional del estado a don José Antonio Romero y vice-gobernador el sr. don Antonio Escobedo e insaculados a los sres. Justo Corro, Miguel Flores y Lino Fregoso y AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. IX, "Sesión de noviembre 28 de 1834". Si bien no hay un documento que lo atestigüe, la manipulación de las elecciones es palmaria. El conteo de los votos de las juntas electorales de departamento en las tres anteriores elecciones para gobernador -1825, 1829 y 1833- no favoreció a ningún candidato por lo que el Congreso local determinó al ganador. La elección unánime de Romero resulta cuando menos sospechosa.133 Colección de los decretos, t. VI, pp. 416-417 y Colección de decretos, t. II, pp. 354-356.
153
orden (26.5%) y aquellos políticos sin filiación conocida (14.5%). Los diez diputados
federales designados para Jalisco se repartieron entre todas las facciones: tres centralistas,
un federalista, tres santanistas, dos del partido del orden y uno sin filiación. En contraste y
en concordancia con los pronunciamientos centralistas, las quince curules por el estado de
México fueron repartidos entre siete del partido del orden, cinco centralistas y tres sin
filiación.134
El Congreso nacional inició sus sesiones en enero 1. Santa Anna hizo gala de su
excelente sentido político y advirtió la tormenta que se fraguaba dentro y fuera de los
salones parlamentarios. El presidente mandó su renuncia en enero 22, la cual fue denegada
y sólo le concedieron licencia para ausentarse. Su figura todavía era importante para la
salud pública. Antes de hacer válida su separación destituyeron a Valentín Gómez Farías de
la vicepresidencia pues en el recaería la titularidad del ejecutivo. Para cubrir ambos vacíos
se nombró al general Miguel Barragán como presidente interino quien tomó posesión en
enero 28. La tarea más inmediata del Congreso fue la abolición definitiva de las reformas
radicales de la administración de 1833 que el presidente Santa Anna había suspendido. Sin
la velocidad que pudiera suponerse, el Congreso rescindió la "Ley del caso" y las leyes de
provisión de curatos y restituyo los oficios eclesiásticos de varios obispos concedidos en
1831 y negados en 1833. Es interesante que las reformas subsistieron parcialmente. No se
habló de la supresión de la coacción civil del pago de diezmos, del cumplimiento de los votos
monásticos o la secularización de misiones.135 El medio año transcurrido desde Cuernavaca
desinflamó los reclamos eclesiásticos. La revocación de las reformas pasó casi inadvertida
en la opinión pública. El nuevo tema que dominó la esfera pública fue la forma de Estado;
reformar o variar.
El grupo de centralistas trabajó en ambas Cámaras gradualmente para ver cumplido
su anhelo: establecer una república unitaria. Sordo ha realizado una magnifica recreación
de los acontecimientos, los debates y los cambios políticos alrededor del Congreso desde
su inicio de sesiones en enero hasta la sanción de las Bases Constitucionales, con las que se
134 Sordo, El Congreso, p. 119.135 Sordo, El Congreso, pp. 142-152.
154
estableció la nueva forma de Estado, en octubre de 1835.136 Me limito a realizar algunos
apuntes. Sordo divide en tres fases este lapso de tiempo de acuerdo con el trabajo
legislativo y los pronunciamientos a favor del centralismo. Primera, en el Congreso se
planteó los límites de las facultades de sus integrantes. Si bien Santa Anna había cortado de
tajo el movimiento centralista, en octubre 17 de 1834, al declarar que los representantes
federales tendrían como límite para realizar las reformas el artículo 171 de la Constitución
de 1824,137 los congresistas, sin el caudillo veracruzano que los vigilara, deliberaron sobre
sus propios poderes. Varios estados habían concedido potestades irrestrictas respecto al
régimen político, entre ellos Jalisco y el estado de México.138 Los asambleístas fueron
dilucidando hasta donde podían variar al federalismo de 1824 a lo largo del período
ordinario de sesiones. El artículo 1 del decreto de mayo 2 les confería "todas las facultades
extraconstitucionales necesarias para hacer [...] cuantas alteraciones crea convenientes al
bien de la misma nación, sin las trabas y moratorias que aquella prescribe". Pero los
diputados fueron cautos, pues Santa Anna seguía empeñado en apostar por el federalismo
y Zacatecas, con su temible milicia cívica, aún no había claudicado. El artículo 2 circunscribía
estos vastos poderes de manera singular debido a que a la letra decía que " El Congreso se
prefija por límites de dichas facultades las que detalla el art. 171". En la primera frase del
art. 2 recayó todo el alcance del decreto. El Congreso se impuso a sí mismo como límites los
del art. 171, pero salvaba su capacidad para tomarlos en cuenta a su propia discreción;
aplazaba su envestidura para tiempos más propicios.139
136 Sordo, El Congreso, pp. 162-197.137 El artículo 171 expresaba que "Jamás se podrán reformar los artículos de esta constitución y de la acta constitutiva que establecen la libertad é independencia de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta, y división de los poderes supremos de la federación, y de los estados". Tena, Leyes, t. I, p. 737.138 Los estados que optaron por la variación del régimen fueron Guanajuato, de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco y Nuevo México. De las 24 entidades consideradas, 10 votaban por el cambio, la mayoría concentrados en el centro del país. En total sumaban 4 488 000 (63.5%) de habitantes del país y 54 diputados (64%) del total de representantes. Sordo, El Congreso, pp. 163-164.139 CL-FRBN, misc., 100, Dictamen de la comisión revisora de los poderes conferidos a los señores diputados al Congreso general de la Unión, para reforma de la constitución federal, México, Imprenta de Galván, 1835. José Bernardo Couto detectó la argucia contenida en el dictamen. Éste, con el artículo 2°, advirtió que la comisión marcó una interpretación esquiva sobre el asiento de las facultades para reformar la constitución. El Congreso prefijaba el respeto al art. 171 por voluntad propia pero, por consecuencia, podría variar de voluntad para no tenerlo en cuenta si se decidía por la variación en la forma de Estado. Sordo, El Congreso, p. 171-172.
155
Segunda, la ebullición de las autoridades estatales y municipales a favor del cambio
de régimen en general. Después del decreto de mayo 2 sobrevino una verdadera avalancha
de manifestaciones a favor de la variación de la forma de Estado y, en muchas, la exigencia
de que dicho cambio fuera por una república centralista. Durante los meses de mayo, junio
y julio en múltiples puntos de la república, los pueblos expresaron su descontento ante el
decreto de mayo 2. Consideraban que éste no cumplió con sus exigencias ni que los
diputados utilizaron las facultades que les fueron concedidas. En otras palabras, estas
manifestaciones no eran un apoyo al Congreso sino un reclamo. El movimiento se propagó
vertiginosamente. Primero en Orizaba, mayo 19. Toluca le siguió, el 29, con un tono más
radical al recomendar un forma de Estado "popular, representativa, republicana central".
Después de su capital, el torrente de adhesiones en el estado de México fue impresionante.
Para finales de junio, la mayoría de capitales estatales se habían pronunciado. La suerte
estaba echada, los principales centros urbanos exigían al Congreso el cambio de régimen
político a favor de una forma unitaria.140
Sordo señala que en este levantamiento no se presentó el derramamiento de sangre
además de que tuvo un carácter más civil que militar y que fue espontaneo pues "el
movimiento centralista no necesitó del gobierno general para su desarrollo". No le faltan
razones para tenerlo en tan alta estima, realmente no fueron pronunciamientos armados
que desconocieran a leyes o autoridades, sino que eran solicitudes, fuera de los conductos
legales, de corporaciones e individuos. Un choque violento era imposible; ambas partes
coincidían en la misma demanda. El grado de espontaneidad es mucho más cuestionable,
Sordo considera que al ser pasiva la actitud del gobierno federal, las manifestaciones
recayeron en los ayuntamientos como representantes del pueblo.141 Esta es una visión
parcial al tocar únicamente la escala federal. La intermedia, la estatal, recrea mejor como
las representaciones fueron orquestadas por las autoridades estatales a través de sus
agentes que fungieron el papel de promotores.
140 Sordo, El Congreso, pp. 174-181.141 Sordo, El Congreso, pp. 179-183.
156
Salinas ha desmenuzado este movimiento en su principal sede, el estado de México.
El gobernador Bonilla, el comandante de Toluca, José Vicente González, y el comandante
de Cuernavaca, Ángel Pérez Palacios, fueron los principales líderes que instigaron para que
se redactaran actas de adhesión y que la tropa quedara excluida de éstas. El éxito del grupo
centralista mexiquense fue rotundo; 147 poblaciones acudieron al llamado de un total de
348 que lo hicieron en toda la federación. Además, 78% de los ayuntamientos mexiquenses
lo habían secundado.142 Estas corporaciones se suscribieron sin saber qué era realmente lo
que estaban apoyando; los resultados les cobró cara su ignorancia, la mayoría de cabildos
fueron desintegrados durante la primera república centralista. Jalisco es igual de revelador
en sentido opuesto. Tan sólo cuatro actas fueron remitidas al Congreso de la Unión incluida
la de la capital estatal. Sordo indica que "los del partido del orden tenían sobre todo el
control de Guadalajara".143 Su argumento es inequívoco, pero precisa matizarlo. Los
ayuntamientos jaliscienses del interior de la entidad, como en el resto de los estados, no
emitieron ninguna opinión sobre el cambio de régimen porque sencillamente no se
interesaron por éste. Los centralistas de Jalisco, en amplio contraste con sus pares del
estado de México, siguiendo su desafección con el resto del estado, no buscaron entablar
una red sólida en los municipios que exhortara a los ayuntamientos para seguir el ejemplo
de la capital.
Tercera, la conversión del Congreso constitucional en constituyente. La facción
centralista, de una u otra manera, consiguió lo imposible; crear un ambiente favorable para
realizar el cambio en la forma de Estado. En julio 19, ambas Cámaras se reunieron en
sesiones extraordinarias convocadas por el Consejo de Gobierno para deliberar sobre las
peticiones por el cambio de régimen. El 29, la comisión de los diputados encargada del
asunto -integrada por Francisco Manuel Sánchez de Tagle, Miguel Valentín y José Ignacio
Anzorena- presentó su dictamen. Éste fue una ventana del pensamiento unitario de 1835.
A juicio de la comisión, el término centralismo era utilizado por los pueblos, durante el
primer semestre de 1835, como mera contraposición al federalismo. Así, centralismo era
142 Salinas, Los municipios, pp. 100-108.143 Sordo, El Congreso, pp. 180-181.
157
un "gobierno más fuerte en los resortes, mas respetable en las medidas, más económico en
los recursos, y menos complicado en las relaciones". No obstante, el tono exclusivamente
funcional de la definición, los centralistas -entre ellos los tres integrantes de la com isión-
establecieron una forma de Estado que recupera estos principios pero insertándolos en una
armazón unitaria. La médula de este dictamen fue la determinación de que el Congreso
estaba facultado, tanto por las elecciones como por las recientes manifestaciones, para
variar el régimen político. El resquicio abierto en mayo 2 sirvió de solución para que el
Congreso se transfigurara en constituyente. Según estos tres diputados "la conveniencia y
el derecho, esta[ban] de acuerdo con la opinión general, sobre que el actual Congreso sea
el que constituya a la Nación".144
La discusión del dictamen se tardó varias semanas, pero no por su rechazo sino por
la forma más conveniente para aprobarlo. En septiembre 9, se sancionó el decreto 1615. Su
artículo 1 era decisivo: "El Congreso general se declara investido por la nación de amplias
facultades, aun para variar la forma de gobierno y constituirlo de nuevo".145 El paso más
crítico fue ejecutado sin mucha oposición. El 14, como prevenía este decreto, se reunieron
diputados y senadores para conformar una sola cámara. El 15 se nombró la comisión
"reorganizadora" encargada de presentar los fundamentos de la nueva forma de Estado.146
Ésta así lo hizo y a marchas forzadas, el 24, presentó su proposición sobre administración
de los territorios: subsistían los gobernadores y tribunales de los estados, cesaban los
estados, su soberanía y sus Congresos particulares en su lugar se instalarían departamentos
y juntas. La disposición fue sancionada en octubre 3. En septiembre 25 se presentaron las
Bases para la nueva constitución y sancionadas hasta octubre 23. Ambas medidas fueron el
preámbulo del establecimiento de una "república, representativa, popular" sin el apelativo
"centralista" anunciado por Orizaba y otros tantos pueblos, pero que ciertamente buscaba
144 CL-FRBN, misc., 757, Dictamen de la comisión especial de la Cámara de diputados, nombrada para darlo sobre las manifestaciones relativas al cambio del sistema de gobierno, México, reimpreso por Luis Abadiano y Valdez, 1835.145 Tena, Leyes, t. III, p. 71.146 La comisión estuvo compuesta por los más connotados centralistas: José Ignacio Anzorena, José María Cuevas, Miguel Valentín, Antonio Pacheco Leal y Francisco Manuel Sánchez de Tagle. Sordo, El Congreso, p. 192.
158
centralizar la vida política de las regiones.147 El federalismo de 1824 había caído, los estados
no protestaron su caída antes bien la celebraron.
Conclusiones
El repaso de los proemios del primer proyecto constitucional centralista revela la
importancia de reparar en cuatro consideraciones de diferente índole. En primer lugar, el
ritmo impuesto por los acontecimientos en el ámbito federal durante los últimos años de la
primera república mexicana parecen indicar que en los estados permeó una dinámica
similar a lo sucedido en la escala más elevada. El reclamo del regreso de Gómez Pedraza en
1832, las administraciones reformistas de 1833, las reacciones conservadores a favor de la
"religión y fueros" de 1834 y los pronunciamientos a favor del cambio de la forma de Estado
desbordaron los ámbitos locales y federales. Sin embargo, el estudio de estos mismos
acontecimientos en la escala intermedia refleja lo equivoco de la anterior consideración. De
hecho, fue una relación bilateral y ni siquiera recíproca. Más que imponer una agenda de lo
nacional o de lo regional o viceversa; estados y federación se retroalimentaron
constantemente.
La comparación entre los dos estados y la nación en este período descubre la
importancia de la regionalización. Las tres experiencias fueron análogas pero de ninguna
manera fueron iguales. Los tiempos, objetivos y desarrollos discreparon completamente.
Incluso se contravinieron. La oposición legalista que Jalisco, junto a Zacatecas, postuló para
el regreso de Gómez Pedraza, se contravino a la revolución armada que Santa Anna
pretendía desde el otro lado del país. Pese a lo diferentes principios que los motivaban,
ambos unieron causas. En franco contraste, el estado de México osciló, según sus
gobernantes, entre una postura a favor de Bustamante y una ferviente participación por el
movimiento de Santa Anna. Los diferentes proyectos radicales de 1833 plantearon reformas
disímbolas que se contradecían entre sí. Mientras en el Congreso de la Unión se debatía si
el patronato era parte de las potestades de la nación, los estados hacían uso de éste en sus
147 Tena, Leyes, t. III, pp. 75-78 y 89-90. El decreto de octubre 3 se aprobaron en lo general con 58 votos a favor y 23 en contra; las Bases constitucionales de octubre 23 fueron apoyadas por 68 diputados por 8 que las reprobaron. Sordo, El Congreso, pp. 193-195.
159
propias jurisdicciones sin necesidad de consultar a la asamblea federal. Los levantamientos
conservadores no fueron instigados acorde a un plan general, antes bien fueron reclamos
locales, como la revuelta de Durán y el Plan de Lagos, para que los gobiernos dieran marcha
atrás, de un modo u otro, a sus reformas eclesiásticas. El Plan de Cuernavaca tuvo que
buscar el consentimiento de los ayuntamientos mexiquenses para fincar su legitimidad. Por
último, los estados fueron quienes facultaron a sus congresistas federales para realizar
cambios en la forma de Estado, así como que fueron los ayuntamientos de las capitales
estatales los encargados de recoger y exclamar su interés por la remoción de la república
federal. Los legisladores federales, particularmente la facción centralista, recogieron los
ecos estatales para efectuar el cambio.
En segundo lugar, la secuela más importante de los pronunciamientos de 1832 -
Convenios deZavaleta- y 1834 -Plan de Cuernavaca- fue la reconfiguración de las facciones
políticas dentro de los gobiernos federales y estatales. No obstante, el cambio no fue
gradual ni orgánico sino que las disputas y acusaciones fueron escalando para terminar en
una ruptura irreparable. La generación que se hizo cargo de la nación en 1824 dejó de existir
como tal para 1835 al dividirse en bandos irreconciliables. Las elecciones consecuentes a
estos levantamientos revelan la tajante exclusión de los individuos menos afines a aquellos
que obtuvieron la mayoría. Las de 1833 fueron arrasadas por los liberales radicales y con
pocos o nulos espacios para sus opositores. Por ejemplo, en el estado de México hubo un
virtual regreso de la administración radical de 1829 encabezada por Lorenzo de Zavala. Éste
y parte de los legisladores fueron votados de nueva cuenta gracias a su participación a
finales de 1832 contra las autoridades mexiquenses pro-bustamantistas. Los comicios de
1834 fueron ganados abrumadoramente por la parte más moderada de los políticos. En
Jalisco y el estado de México para 1834, los liberales de 1833 fueron proscritos de los
salones parlamentarios. Ninguno de los casi 70 diputados nombrados en 1834 participó en
las administraciones de 1833. Sin embargo, más que el cambio de nombres, lo relevante
fue la posibilidad para elaborar y ejecutar programas políticos definidos con la firme
intención de reformar/variar la arquitectura institucional como una forma de solventar los
problemas del Estado-Nación. Los de 1833 apostaron al fortalecimiento de los erarios
160
públicos mediante la expropiación o desamortización de bienes y los de 1834, más radicales,
con el la sustitución de la forma estatal por una de corte unitario.
En tercer lugar, los años aquí examinados (1832-1835) fueron convulsos con pocos
momentos de estabilidad. Las administraciones estatales de 1833 prácticamente vivieron
acosadas por pronunciamientos dentro de sus territorios. De igual forma, los populares
pronunciamientos de Cuernavaca en 1834 y por el centralismo en 1835 son claros ejemplos
que revelan clima político del momento. Los pueblos, o las autoridades que los
representaban, se adhirieron masivamente a éstos movimientos con la expectativa de
mejorar su condición. El estado de la nación para mediados de 1834 era de anarquía sin el
apelativo de moderada con que los centralistas un años más tarde la acompañarían. Los
problemas de gobernabilidad en estos pocos años se reflejó en los levantamientos aludidos
pero también, sino es que más, en la falta de coordinación de los estados con la federación
para no tropezarse en sus providencias. La ingobernabilidad llegó a su cuota más grande
cuando Jalisco desobedeció y desconoció al presidente Santa Anna. Jalisco incluso expuso
que la ruptura con el poder ejecutivo era una defensa de la federación. Lo reseñable es la
capacidad por parte de la entidad federativa para romper con el pacto federal.
Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad para refrendar la diferencia entre
centralistas y conservadores. Durante las revueltas antirreformistas de 1834, sus
promotores emplearon la defensa de la religión católica como el principal motivo de su
descontento. No obstante, los Congresos instalados en 1835 orientaron su atención en el
cambio de la forma de Estado, no en la defensa de la Iglesia católica. En la caída del
federalismo de 1824 existió dos momentos precisos determinados por sus objetivos
inmediatos. Primero el antirreformista a favor de la Iglesia católica y segundo el centralista
enfocado al debate por la forma de Estado. Jalisco es un buen ejemplo de esta distinción. El
gobernador de Jalisco, José Antonio Romero, elegido por el movimiento que derribó a la
administración de 1833, fue quién realizó la derogación de las reformas de manera
unipersonal durante los meses de agosto y octubre de 1834. Sin duda, sus medidas bien
pueden ser consideradas como pro-clericales al realizar una deconstrucción más allá de
1833 y demoler cimientos importantes del federalismo de Jalisco. Los congresistas
161
jaliscienses, electos al final de ese mismo año, no siguieron con el mismo fervor religioso.
Su postura, cercana al centralismo nacional, se limitó a medidas administrativas o cambios
en la administración local.
162
III.- LA CENTRALIZACIÓN DESDE LOS DEPARTAMENTOS: LAS JUNTAS
DEPARTAMENTALES, 1835-1841
Artículo. 2. - Las legislaturas cesarán desde luego en el ejercicio de sus funciones legislativas; pero antes de disolverse, y reuniéndose las que estén en receso, nombrarán una junta departamental, compuesta por ahora de cinco individuos, escogidos en su seno o fuera de él, para que funjan de consejo del gobernador; en el caso de vacante de ese empleo, hagan propuesta en terna al supremo gobierno general, en personas que tengan las calidades que se han exigido hasta ahora; y mientras éste nombra, desempeñen las funciones gubernativas por medio del primer nombrado entre los seculares
Ley de octubre 3 de 1835
La segunda fase del proyecto constitucional centralista de 1836 inició con la formulación de
la ley de octubre 3 de 1835. Ésta disposición fue la vanguardia para suprimir la arquitectura
federal y fundar en su lugar otra que, sin tildarse como tal, era identificadas como
centralista. La dirección de la ley, cabe destacar, fue exclusivamente contra gobernadores,
Congresos y rentas de las entidades federales dado que no estipuló cambio alguno en los
supremos poderes de la nación, en las autoridades municipales ni tampoco en la división
territorial. Para los constituyentes de 1835, la principal fuente de problemas de
gobernabilidad era la intromisión de los estados en el ámbito federal tal como lo
demostraron en los acontecimientos de los dos años anteriores cuando algunas de las
entidades desconocieron al presidente de la república. El recurso en su contra fue el
establecimiento de una forma estatal unitaria que centralizara la actividad política de las
estructuras intermedias en las generales. El primer artículo de esta ley determinó que los
gobernadores permanecerían en sus cargos "pero sujetos para su permanencia y en el
163
ejercicio de sus atribuciones, al supremo gobierno de la nación".148 Los gobernadores
dejarían de ser las autoridades supremas de sus estados para transformarse en poco más
que burócratas dependientes del poder ejecutivo nacional quien podría disponer y
removerlos según creyese más conveniente. Además, en el segundo artículo se
establecieron Juntas departamentales para reemplazar a las legislaturas de los estados. Un
total de 20 fueron erigidas en concordancia con el número de entidades federales. Con las
directrices que marcaron la conformación y atribuciones de las departamentales: un
número fijo de integrantes así como funciones de consejo, electorales y hasta gubernativas.
Las premisas de las Juntas fueron modificándose a lo largo de su existencia. En
ocasiones reduciendo, detallando e incluso ensanchando sus márgenes de operación. No
obstante, pese a los cambios, en las departamentales subsistió una doble naturaleza como
cuerpo consultivo del gobernador y, paradójicamente, como cuerpo deliberativo capaz de
efectuar disposiciones a voluntad propia. Cada departamental poseyó un vínculo estrecho
aunque polivalente con su gobernador. Es evidente la semejanza con las diputaciones
provinciales y Jefes políticos de la Constitución de Cádiz de 1812. Durante el primer
centralismo se reprodujo la tensión iniciada en la crisis de 1808: autoridad/ libertad. Los
primeros como agentes del supremo poder ejecutivo y las segundas como voceros de los
intereses locales. No obstante, más que una sola lectura antitética, la relación entre
departamentales y gobernadores fue una búsqueda para formar "gobiernos de los
departamentos" que en conjunto administraran eficientemente a los departamentos.
La tensión autoridad/libertad del modelo departamental sostuvo la
descentralización en el gobierno económico (administrativo) para efectuar disposiciones de
fomento e incluso elevar iniciativas de ley que suscitaran la prosperidad del departamento.
Sin embargo, a diferencia del pulcro esquema de 1812, ésta tensión sufrió importantes
mudanzas. En primer lugar, la función consultiva de las Juntas departamentales redujo su
capacidad de decisión en favor del gobernador a quién se le reservó la última palabra sobre
cómo ejecutar las providencias generales y cómo resolver las dudas locales sin tener que
148 Tena, Leyes, t. III, pp. 75-78.
164
reparar obligatoriamente en lo expresado por las departamentales. En segundo lugar, su
intervención en el nombramiento de las autoridades nacionales, su injerencia en el proceso
legislativo y la forma en que eran designados los gobernadores reforzó cierta capacidad
para negociar de las departamentales. En otras palabras, dentro del proyecto del primer
centralismo persistió una ambivalencia en el ámbito departamental entre un rechazo
tajante de la descentralización política y una aceptación condicionada de ésta.
Las Juntas departamentales, entendidas como cuerpos colegiados que coadyuvaban
con los gobernadores para el gobierno de los departamentos, fueron una de las respuestas
del primer Congreso constituyente pro-centralista para contrarrestar las contrariedades
acaecidas por los desencuentros entre las autoridades nacionales e intermedias durante la
primera república federal. Estos problemas fueron achacados directa y enérgicamente a la
participación política de las entidades federativas en asuntos de índole federal, a la
anteposición de sus intereses sobre los de la generalidad y, en última instancia, al
federalismo como opción constitutiva. Bajo este entendido, un primer objetivo del presente
capítulo es analizar el armazón institucional con el que las Juntas departamentales fueron
confeccionadas a partir de los ordenamientos legislativos.149 La arquitectura de estas
corporaciones, no obstante, no fue una obra desvinculada de su contexto. Todo lo
contrario, las departamentales estuvieron condicionadas por dos circunstancias
particulares anteriores a su producción. Primero, las propuestas expuestas en el capítulo I
figuraron una suerte de debate centralizador que precedió a esta primera república
centralista. Los constituyentes de 1835 retomaron diseños y bosquejos previos para
atender las tensiones entre la nación y los ahora departamentos. Mucha de la ingeniería
institucional de la primera centralista estuvo vigente en décadas anteriores. Segundo, el
Plan de Cuernavaca y las elecciones para el sexto Congreso federal ciñeron el debate
parlamentario del mismo constituyente. Más que los objetivos expresos del
pronunciamiento o las solicitudes de los pueblos por el centralismo, la configuración de las
149 Las dispersiones fueron: el decreto de octubre 3 de 1835, las Bases constitucionales de octubre 23 de 1835, el Proyecto de la Sexta ley constitucional de noviembre 8 de 1836, la Sexta ley constitucional de diciembre 29 de 1836 y el "Reglamento provisional para el gobierno interior de los departamentos" de marzo 20 de 1837. Tena, Leyes, t. III, pp. 230-338.
165
facciones dentro del Congreso fue la empalizada que limitó el abordaje de los diputados
sobre algunas problemáticas.
El Congreso constituyente de 1835 trabajó para remediar problemas relacionados
con la estabilidad, la capacidad gubernativa y la legitimidad del ámbito nacional. Las
estrategias para lograrlo incluyeron la redistribución de los poderes públicos con la inclusión
de un cuarto -e l Supremo Poder Conservador-; la formación de una ciudadanía nacional y
el establecimiento de medidas restrictivas para votar y ser votado; y una transformación
sensible de las estructuras intermedias. En este último aspecto, la respuesta de los
constituyentes para fortalecer al gobierno general fue la centralización de la actividad
política mediante mecanismos y entramados institucionales que uniformaran, limitaran y
subordinaran a las autoridades departamentales. Los legisladores depositaron expectativas
en su propia creación en las que confiaron para lograr sus propósitos.
El segundo objetivo de este capítulo es explorar la vida interna de las Juntas de los
departamentos de Jalisco y México como producto de dicho armazón institucional. Las
controversias que desarrollaron las departamentales por medio de representaciones contra
las providencias legislativas nacionales e iniciativas de leyes solicitando una ampliación de
sus facultades se han estimado como fundamentos para caracterizar la inconformidad de
las Juntas con las pautas centralistas. Sin embargo, por mi parte advierto que la elección y
participación de los vocales, la reglamentación interna y las sesiones de las departamentales
fueron elementos que contrastan con aquellos al promover la constancia de estas
corporaciones en la que se logra vislumbrar la centralización del gobierno político
pretendida por la república centralista de 1836.
La comparación entre las Juntas de los departamentos de México y Jalisco está
enfocada en torno a la vida interna de estas corporaciones mientras que el análisis de la
arquitectura institucional se limita al ámbito nacional, específicamente en el Congreso
constituyente, pero con ejemplos de las experiencias de los departamentos. Las diferencias
en la adopción y aceptación del primer centralismo a la luz de las Juntas departamentales
fueron consecuencias de la re-configuración de las facciones políticas durante la caída de la
166
primera república federal y de las primeras aproximaciones entre autoridades
departamentales y nacionales.
El capítulo está dividido en tres apartados. El primero detalla la configuración
institucional de las Juntas departamentales como expectativas de los diputados
constituyentes para imponer un orden a la fracturada gobernabilidad de la república. El
segundo puntualiza aspectos de la vida al interior de las departamentales como una
aproximación de la correlación entre ordenamientos nacionales y práctica regional. Por
último, aunque de manera somera, examinó las mociones y consultas para reformar la
constitución de las Siete Leyes como las últimas enunciaciones de replantear este proyecto
constitucional. De esta intentona me centro en las aportaciones tocantes al gobierno
económico de los departamentos.
La arquitectura institucional de las Juntas departamentales, 1835-1837
El sexto Congreso de la Unión encontró un escenario propicio a finales de 1835 para
emprender las disposiciones que creía convenientes para combatir la crisis de
gobernabilidad existente en el Estado mexicano desde la consumación de la independencia
y reforzada por el con-federalismo de 1824. La desaparición política de los elementos más
radicales de la facción federalista después de la caída de las administraciones de 1833; la
preferencia de Antonio López de Santa Anna por la campaña militar contra Texas y su
posterior derrota ante los rebeldes; así como un clima favorable para la centralización
política orquestado desde los pueblos fueron los cimientos que le proveyeron a esta
asamblea de los arrestos suficientes para plantear más que una mera reforma a la
constitución federal e imaginar una nueva forma de Estado de corte unitario. No obstante,
los diputados, que bregaron por la sustitución, se enfrentaron a una Cámara divida en
diversas facciones -santanistas, federalistas y centralistas moderados- que no estaban del
todo conformes con esta determinación.150
El grupo centralista en el Congreso de la Unión de 1835 ganó la primera batalla al
lograr la transformación de éste en constituyente, con el decreto sancionado en septiembre
150 Sordo, Congreso, pp. 12-13.
167
9 de 1835, y con ello encaminar los pasos de los diputados al cambio de forma del Estado.
Como lo expuse en el apartado anterior, los asambleístas no eran un grupo homogéneo ni
tenían una agenda compartida, existían en su seno múltiples particiones. Es cierto,
mantenían preocupaciones y respuestas comunes pero distanciadas en la ejecución. El
interés inicial de la facción centralista fue convencer al resto de diputados de que un cambio
en la forma de Estado era legal y necesario.151 Una vez efectuado este primer paso e
iniciadas las sesiones del constituyente, los centralistas aventajaron también a sus
compañeros en el segundo con la composición de la Comisión de reorganización, encargada
de los principales proyectos constitucionales, que pese ser elegida mediante la suerte fue
integrada en su mayoría por individuos abiertamente centralistas.152 Sin embargo, el tercer
paso fue incierto con la aprobación de los decretos de octubre 3 y 23 que establecieron los
lineamientos básicos del nuevo entramado institucional centralista. ¿Qué tanto cedió el
grupo centralista? ¿Qué tanto conservó de su proyecto inicial? Son dos cuestiones difíciles
de dilucidar con certidumbre, pero hay elementos que me permiten apuntalar conjeturas
al respecto.
Los diputados constituyentes todavía no terminaban de acomodarse en sus asientos
cuando José Mariano de Michelena, a título personal, presentó ante el pleno un Proyecto
de Constitución, septiembre 17, apenas un par de días después de iniciadas las sesiones y
una semana antes de que la Comisión de reorganización realizara sus proposiciones.153 La
iniciativa tuvo un final gélido en el momento que pasó a dicha Comisión quien no la
consideró abiertamente al momento de formular las leyes constitucionales.154 El texto
amerita una revisión tanto por sus postulados para la administración del territorio como
por el momento preciso de su aparición. En este último sentido, el texto de Michelena debe
entenderse como parte del debate constituyente que dio origen a las Siete Leyes
151 "El paso del sistema federal al central sería la obra de una audaz minoría de centralistas en el Congreso, quienes supieron manipular a las otras fuerzas políticas y capitalizar las circunstancias a su favor [e] imponer su proyecto por medio de transacciones con los moderados del partido del orden y los santanistas", Sordo, El Congreso, p. 130.152 Arroyo, La arquitectura, p. 155.153 CL-FRBN, misc., 792, Proyecto de constitución presentado al Congreso general por el Diputado del mismo José Mariano Michelena, México, Imprenta del Águila, 1835.154 Arroyo, La arquitectura, p. 160.
168
constitucionales de 1836 y no como una especie de antecedente inmediato al margen de
los decretos de octubre de 1835.
El Proyecto de Michelena planteó un sistema republicano y centralizado, pese a no
pronunciarse federal o unitario. El primer aspecto sobresaliente es la omisión de
disposiciones generales acerca del depósito de la soberanía, la independencia nacional, la
definición del territorio y la ratificación de la religión católica como única permitida. Estas
desatenciones concuerdan con las Siete Leyes de un año más adelante, las que tampoco se
pronunciaron directamente sobre estas materias. El primer esquema centralista las asentó
por medio de las Bases constitucionales de octubre de 1835. En otras palabras, es plausible
estimar que Michelena conociera de antemano el trabajo que la Comisión de reorganización
realizaba en esos momentos y, por ello, evitó duplicar las prevenciones generales que estás
tomarían.
Tres propuestas articularon, como ha observado Israel Arroyo, el plan de Michelena.
En primer lugar, la sección inicial reconoció la ciudadanía para toda la república a contrapelo
de las estatales de 1824 (art. 1). Esta ciudadanía fue confeccionada de manera ambigua al
no especificar restricciones de corte moral, ocupacional, alfabético, económico, de género
e incluso de edad. Todos los nacidos en el territorio de la república tenían una serie de
derechos políticos y garantías individuales (arts. 2 y 5). Los primeros incluían la facultad
elegir y ser elegido para los cargos públicos, así como la libertad de opinión; mientras que
las segundas salvaguardaban su integridad contra arrestos, juicios, tormentos y privación
de sus propiedades. No obstante, como bien apunta el mismo Arroyo, poseyó un defecto
capital al no diferenciar entre ciudadanía y nacionalidad; todos los mexicanos tenían
derechos políticos.
En segundo lugar, Michelena estableció una división de poderes tripartita
desfavorable para el poder ejecutivo. Éste estaría conformado por un presidente y dos
consejeros en una suerte de triunvirato (art. 43). El recuento de las atribuciones del
presidente advierte los momentos precisos en que el primer mandatario actuaría a título
169
personal y aquellas en las que se uniría con par de consejeros (art. 47-48).155 Después de
cuatro años en funciones, el presidente cesaría su encargo y lo sucedería el primer
consejero, el segundo asumiría el primer asiento y se elegiría un nuevo segundo consejero
(art. 45). Esto es, el interés y entusiasmo por la inserción de un individuo como parte de la
máxima magistratura era marchitada por la tardanza de ocho años para que ocupara la
presidencia. El ejecutivo, tanto en facultades como en elección, era un resorte templado,
obstaculizado y de acción lenta. La elección de los legisladores no era diferente para las
Cámaras. En la baja, el número de diputados era mixto pues conjugaba un principio
territorial al indicar que cada departamento tendría un diputado y otro proporcional a la
población dado que un departamento con más de 120,000 habitantes nombraría uno por
cada 80,000 más. La Cámara alta era elegida por las juntas departamentales de una lista
elaborada por una comisión especial integrada por tres senadores, tres sujetos nombrados
por el poder ejecutivo y tres por el poder judicial (art. 16 y 19). Los senadores no
representaban a los departamentos al no contar con una composición territorial sino que
encarnaban a la nación en su totalidad, puesto que las Juntas nombraban a los 39 que la
formaban. La Cámara alta, además, era únicamente revisora sin la posibilidad de iniciar
leyes (art. 36-37). Las tres plazas del consejo del poder judicial eran renovables cada cuatro
años con un proceso rotativo similar al de ejecutivo (art. 52). Arroyo califica al Proyecto de
Michelena como prolongación del parlamentarismo de 1824 con base en el "diseño de
poderes asambleísta" a beneficio del poder legislativo. Sin embargo, al margen de esta
perspectiva, los elementos expuestos desplegaban opciones para los problemas
institucionales de la primera república federal: la vicepresidencia se eliminó, se formó una
ciudadanía nacional y se redujo la representación provincial tanto por la
desterritorialización de los senadores como por la instauración de departamentos y juntas
departamentales.
155 Las atribuciones del presidente se dividirían entre las ejercidas por sí mismo -ejecución de leyes; formación de órdenes y reglamentos; recaudación e inversión de las rentas públicas; llamamiento y suspensión de la burocracia; disposición de la fuerza armada- y aquellas en las que debería estar unido con sus dos consejeros -publicación de leyes, relaciones diplomáticas, nombramiento de la alta burocracia, iniciativa de leyes, suspensión las sesiones del Congreso. Michelena, CL-FRBN, misc., 792, Proyecto, pp. 20-22.
170
En tercer lugar, la segunda sección estuvo dedicada a la "organización general de la
república", pero enfocada a la división y gobierno de los departamentos. Michelena formuló
una organización poblacional del territorio cuyas secciones estarían determinadas
mediante el número de habitantes (100,000 o 250,000), con "los resortes necesarios para
su administración y fomento interior" (art. 12). El boceto concebía entre 28 y 70 unidades
administrativas con cierta uniformidad de acuerdo a la población aproximada de 7, 000 000
millones en toda la república. El cambio, más que el número, fue la ruptura con la tradición
histórica regional con la que se fundamentaron las provincias-estados durante el comienzo
de la década de 1820. La lógica de Michelena era innovadora, pero también poco elaborada
debido a que no puntualizó como conciliar las realidades locales.
Los departamentos de Michelena estarían bajo la custodia de Juntas
departamentales y gobernadores. A su vez se dividirían en municipalidades encargadas a
prefectos. Sin detallar demasiado, Michelena planteó la creación de una burocracia
ejecutiva repartida uniformemente por todo el espacio nacional. Los gobernadores serían
nombrados directamente por el poder ejecutivo de una terna dada por la Junta
departamental. El empleo duraría un máximo de cuatro años. Los prefectos, a su vez, serían
designados por los gobernadores de una terna presentada por la misma departamental (art.
12). La transformación de este rubro fue un empoderamiento considerable del mando
nacional sobre los territorios con la propagación de "agentes del Poder ejecutivo"
principalmente en el ámbito inferior en donde se eliminaron a los ayuntamientos. El grado
de libertad y participación interna en el gobierno local de los habitantes, reconocido desde
Cádiz y prolongado por las entidades federadas, fue eliminado tajantemente con una fuerte
centralización.
Las Juntas departamentales fueron uno de los núcleos del Proyecto de constitución.
En su propuesta se perciben los parámetros generales que atravesaron al conjunto de éstas
corporaciones. Todas las departamentales estarían conformadas por nueve vocales
propietarios y cuatro suplentes (art. 13). Cabe destacar que la premisa del nuevo
ordenamiento poblacional impondría secciones relativamente similares para los
departamentos. A la uniformización y homogenización de la planta de funcionarios de las
171
Juntas se les debe sumar el de la simetría de la extensión (de habitantes) de los
departamentos. Sin embargo, todavía persistían desequilibrios por la distribución espacial
desigual del número de habitantes y la importancia política y económica de algunas
localidades. La elección de, al parecer, todos vocales sería popular cada dos años, pero no
se determinó requisitos de ningún tipo para optar por el cargo o el tipo de proceso electoral
(art. 13).
Las Juntas serían intermediarias en el nombramiento de prácticamente todas las
autoridades de la nación: presidente, consejeros, diputados, senadores, ministros además
de gobernadores y prefectos. No obstante, sólo en la de los diputados y senadores tendrían
un papel decisorio e, incluso, a los segundos los votaban acorde a las listas que les hacían
llegar; en todas las demás proponían a los individuos, por medio de ternas, para que otros
lo resolvieran (art. 13, fracción 1 y 4, arts. 19, 45 y 52).
Las atribuciones de las departamentales, delineadas en el artículo 13, se
segmentaron mayoritariamente en dos campos: fomento y supervisión. Como parte de las
primeras, las Juntas realizarían la estadística del departamento; formarían y aplicarían,
comunicándoselo al gobernador, reglamentos para promover la industria y el bien general
del territorio bajo su jurisdicción (fracción 5 y 6). También inspeccionarían y dirigirían los
fondos municipales así como las fincas pertenecientes a los pueblos (fracción 3). Dentro de
las segundas, las departamentales informarían al Gobierno "la conducta buena o mala de
cada uno de los empleados existentes en su territorio, incluso el gobernador"; de igual
modo, "al Supremo Poder Judicial también cada años sobre la conducta de los jueces"
(fracciones 7 y 8). Por último, remitirían a los supremos poderes aquellas peticiones de los
ciudadanos que ellas creyeran convenientes de atención (fracción 7).
Estas Juntas no contendrían facultades legislativas propiamente si no que eran
perfiladas para la administración, el fomento económico y la vigilancia de la burocracia -
ejecutiva y judicial- al interior de los departamentos. Sin embargo, Michelena no
profundizó en la relación entre las departamentales y otras instancias gubernativas. No
terminó de esbozar los vínculos de éstas con el gobernador y con los poderes nacionales.
172
Es patente que se situarían en la parte intermedia dentro de la arquitectura del Estado por
encima del ámbito municipal y debajo del nacional, pero no se estipuló de manera clara el
grado de control y dependencia que tendrían unas con otras. Además, el ser los conductos
entre ciudadanos y poderes nacionales, las Juntas tendrían un amplio margen de
discrecionalidad para filtrar las peticiones que bajo su propio criterio apreciaran como
convenientes. Las relaciones y atribuciones de las departamentales con las otras instancias
de gobierno quedaron difusas en el Proyecto, que no alcanzó a delinear del todo la
naturaleza de las juntas.
Michelena enunció los lineamientos para la administración y fomento interior de los
departamentos fincándose en su experiencia gaditana. Para Israel Arroyo, "no puede
entenderse de otra manera su propuesta de las juntas de departamento integradas con un
número fijo de miembros, los gobernadores electos con el concurso de las autoridades
centrales y el ejercicio de la administración local mediante la intermediación de los
prefectos". Sin importar la ausencia de declaración acerca del asiento de la soberanía o el
tipo de república que presentaba, el voto de Michelena a través de ésta configuración de
los departamentos, como bien expresa Arroyo, "denotaba su postura unitaria" como un
"antídoto al confederalismo preexistente".156
El marco normativo inaugural de la primera república centralista introdujo el
vocablo de Junta departamental en la historia constitucional mexicana con el decreto de
octubre 3 de 1835. El artículo 2 de esta ley, por medio de un único movimiento, disolvió los
Congresos estatales y fundó las departamentales para que fungieran como "consejo del
gobernador". Las Juntas estarían integradas por un número fijo de cinco individuos que
podrían ser o no de los Congresos locales recién destituidos. En situación de vacancia de la
gubernatura, las Juntas harían una "propuesta en terna al supremo gobierno general" para
designar al titular quien, como el resto de gobernadores, quedaría "sujeto para su
permanencia y en el ejercicio de sus atribuciones" al poder ejecutivo nacional.157 Pese a su
parquedad, estas departamentales provisionales implementaron los esquemas generales
156 Arroyo, La arquitectura, pp. 155-160.157 Tena, Leyes, t. III, pp. 75-78.
173
del modelo departamental mexicano: uniformidad y homogeneidad burocrática;
atribuciones de consejería; y alcances en los procesos electorales de otras ramas del
gobierno.
El nombramiento de la Junta provisional de Jalisco fue de acuerdo con lo establecido
en el decreto de octubre 3. El 10, la comisión permanente del Congreso de Jalisco convocó
a éste para sesiones extraordinariamente a fin de nombrar a los vocales. El Congreso se
reunió el 19 y designó como parte de la departamental a José Domingo Sánchez, Antonio
Escobedo, José María López, Vicente Ríos e Ignacio García.158 La Junta jalisciense abrió sus
sesiones al día siguiente, el 20. Su primera resolución fue informar de su establecimiento al
ejecutivo nacional y al gobernador interino.159 En la misma sesión nombró provisionalmente
su secretaría valiéndose de la anterior del Congreso a reserva de la aprobación superior.160
Por el contrario, la Junta del departamento de México pasó por muchas inconveniencias
para conformarse. En octubre 6, el Congreso local nombró a Manuel Díaz de Bonilla,
Santiago Barrientos, Antonio Icaza, Mariano Tamariz y Alejandro Álvarez de Güitian como
los cinco individuos que la integrarían. Sin embargo, los últimos tres rechazaron el cargo
alegando problemas de salud e incompatibilidad con sus negocios personales pese a la
insistencia y negativa del gobierno que les contestó que las vocalías no eran renunciables.
Ante la falta de miembros, la Junta no pudo ser instalada. En noviembre 19, el desconcierto
y la falta de mando en el departamento orillaron al gobernador a preguntar cómo debía de
proceder por la falta de Junta departamental. La situación se prolongó durante los
siguientes meses hasta febrero 18 de 1836 cuando se aceptaron las renuncias de Álvarez e
Icaza -Tam ariz murió en el entretanto. En marzo 14, el ayuntamiento fue el encargado de
158 AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. X, "Sesión del 19 de octubre de 1835".159 La Junta departamental acordó comunicar de su establecimiento al presidente Antonio López de Santa Anna, presidente interino Miguel Barragán, ministro de Relaciones Manuel Díaz de Bonilla, ministro de Justicia Justo Corro, así como al general Joaquín Parres y al gobernador José Antonio Romero. En la sesión de noviembre 7, se leyó la nota del ministro de justicia y negocios eclesiásticos en que manifestaba el aprecio con que el presidente interino vio la "acertada elección [...] de su junta departamental". AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. X, "Sesiones del 20 de octubre y 7 de noviembre de 1835".160 La secretaria estaría compuesta por Marcial Tagle como oficial mayor con un sueldo de $1,000 pesos anuales; Mariano Valencia, primer escribiente con el de $500; Lino Romero, segundo escribiente con el de $400 y Francisco Jiménez como portero con el de $125. AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. X, "Sesión del 20 de octubre de 1835".
174
nombrar a Luis Madrid, Esteban Mongan e Ignacio Sicilia como reemplazos. Los problemas
de asistencia regresaron cuando Barrientos renunció y sus sucesores no acudieron al
llamado. La estabilidad de la Junta provisional de México se concretó hasta la jura de Ignacio
Mallón como vocal, en agosto de 1836.161 La instalación de las Juntas provisionales en estos
departamentos bosquejaría la actitud de sus autoridades durante el resto de la república
centralista. Acatamiento en Jalisco y desapego en el de México. No fueron posturas
intransigentes a toda medida sino una tónica recurrente. La distancia y la ausencia de
competencia política entre facciones e instituciones fueron los motores que determinaron
estas posturas.
Los vericuetos de la instalación y trabajo de la Junta provisional de México me son
desconocidos ante la inexistencia de documentación más detallada. En cambio, las actas de
sesiones de la de Jalisco permiten ahondar en su desarrollo. No me queda claro bajo cuáles
presupuestos normativos operó ésta departamental y, menos aún, en cuáles se basó para
tomar acuerdos. Sin embargo, no hay procedimientos extraños en las actas de sesiones. Por
el contrario, se percibe una lógica constante en su forma de conducirse muy propia de los
cuerpos deliberativos de la época.162
La Ley de Bases para la nueva constitución, decretada en octubre 23, fue el texto
primordial que esculpió la forma de Estado unitaria y sirvió de guion en las materias más
puntuales para el Constituyente en los meses siguientes.163 Los elementos más
característicos de la primera propuesta centralista fueron expuestos en esta disposición. La
historiografía ha relacionado la condición de las Bases con la del Acta de la federación de
enero de 1824. No obstante, la diferencia entre ambos estatutos es profunda. A diferencia
161 Archivo Histórico del Estado de México (AHEM), fondo gobernación, serie gobernación, 1835, vol. 36, expediente 27, Decreto expedido por el Congreso general estableciendo algunas reformas a la constitución federal.162 Como se sabe las leyes federales y estatales no fueron derogadas en su totalidad sino sólo aquellas relacionadas directamente con la forma de gobierno. Los miembros de la Junta operaron únicamente con algunas disposiciones generales, pero sin elaborar ningún tipo de reglamento interno durante el período regido por las Bases de 1835 y fincándose únicamente en su experiencia como legisladores y en el reglamento del Congreso estatal.163 Las autoridades civiles jaliscienses, incluida la departamental, juraron las Bases en noviembre 8 de acuerdo a lo previsto en el decreto sobre la materia. AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. X, "Sesión del 8 de noviembre de 1835".
175
del Acta, las Bases de 1835 no registraron una discusión intrincada para su aprobación.
Tampoco poseyeron la solemnidad y tratamiento de aquella. Su articulado no ostentó un
rango constitucional sino que se fueron relegando con la aprobación de las leyes
centralistas.164 En otras palabras, las Bases fueron un ordenamiento transitorio traslapado
por la constitución. En ésta se mencionaron las Bases una única vez en la Sexta ley referente
a la división territorial en departamentos.
En el artículo 1 de las Bases se plasmó el carácter unitario del Estado de 1835: "la
Nación mexicana, [es] una, soberana e independiente". Esta declaración fue aislada dentro
del proyecto del primer centralismo al no repetirse expresamente en las leyes
constitucionales. Su importancia está fuera de toda duda porque permitió establecer, como
anota aun con su incomodidad Catherine Andrews, "una forma de gobierno en el cual el
gobierno general sería el único representante de la soberanía". Para esta autora,
consecuente con la apropiación de la soberanía, la Nación declaró los derechos del
mexicano, garantizó el cumplimiento de la constitución en todo el territorio de la república
y estableció "una clara jerarquía entre el gobierno general y los estados, ahora llamados
departamentos".165
Las Bases de 1835 no se pronunciaron acerca de dos materias capitales para el
constitucionalismo de 1824: las partes integrantes de la nación y el rasgo centralista de la
forma de Estado. La "Nación mexicana" fue concebida como anterior a las Bases. No sé hizo
alusión a individuos o territorios que pactaron para conformarla sino que se presentó como
una única entidad. Tampoco se insinuaron términos como delegación o emanación de la
soberanía: la Nación era la soberana. La ausencia del apelativo centralista en el artículo 3,
que especifica al sistema como republicano, representativo, popular, fue por la creencia de
la Comisión de reorganización "de que todos los sistemas de gobierno tienen sus
inconvenientes particulares y sus peculiares ventajas [...] el proyecto [de las Bases es] un
sistema medio". Sordo ha interpretado estos comentarios como la implementación de un
164 David Pantoja observa como en el Congreso constituyente de 1824 se debatió para definir la relación entre el Acta y la Constitución de 1824, así como la naturaleza de la primera como parte del pacto fundador de la primera república federal. Pantoja, Bases, pp. 168-170.165 Andrews, "El legado", p. 1550.
176
"centralismo moderado" o "sistema mixto" en 1836.166 No obstante, como los propios
centralistas expresaron, en el dictamen de julio 29, el centralismo de 1835 era más una
contraposición del con-federalismo de 1824 que una formulación teriaca de ahí que no se
despegaran de los elementos que funcionaron durante la primera república. La abrogación
de la soberanía en la nación, pese a la falta de especificación de la forma de Estado, excluye
por consecuencia la capacidad de los departamentos para mantener un gobierno interior
independiente; las Bases de octubre de 1835 se fincaron en el principio unitario de la
centralización gubernativa.
Los artículos del 8 al 12 esbozaron lo referente a la administración del "territorio
nacional" del primer esbozo centralista. El peso de la centralización, más que asentarse
explícitamente en la forma de gobierno o la residencia de la soberanía, radicó en la sujeción
de los ámbitos regionales a los nacionales. En otras palabras, en la limitación de la actividad
política de las estructuras intermedias. Por el artículo 8 el territorio se dividió en
departamentos con base en la "población, la localidad y demás circunstancias conducentes"
sin especificar, como lo hizo Michelena, cuál sería el parámetro para la posterior división -
cantidad de habitantes, dimensión territorial, centralidad o capitalidad de las poblaciones.
Es de resaltar el tratamiento de "nacional" del espacio y, sobre todo, la manera en que los
departamentos derivarían de las Bases y luego de una "ley constitucional". En otras
palabras, en 1835, la vieja disputa entre la preminencia de la nación o las regiones fue
desechada indirectamente, pero sin miramientos al establecer que los departamentos eran
resultado de la división territorial acordada en el orden constitucional de las Bases.
El artículo 9 asentó que el "gobierno de los departamentos" estuviera en manos de
un gobernador y una Junta departamental. El primero, como en el proyecto de Michelena,
sería asignado por el poder ejecutivo nacional de una terna propuesta por las
departamentales y éstas serían "elegidas popularmente, del modo y en el número que
establecerá la ley". Al igual que las diputaciones provinciales de 1812, las departamentales
mantendrían una relación compleja con la representación política. Pero a diferencia de las
166 Sordo, El Congreso, p. 196.
177
gaditanas y de las Juntas departamentales provisionales, las de Michelena y las del decreto
de octubre 3, las Juntas de las Bases no fijaron un número exacto de vocales. Esta
indefinición dejó abierta la posibilidad para establecer la disparidad en la cantidad de
integrantes y quebrar la uniformidad de la planta burocrática. La conjugación gobernador-
departamental remite al viejo debate gaditano entre autoridad-centralización y libertad-
descentralización. Los gobernadores, desde el decreto de octubre 3, fueron introducidos
como parte de la burocracia bajo el mando del presidente cuya finalidad era la ejecución de
las leyes y disposiciones, así como la salvaguarda de las leyes. Por su parte, las Juntas fueron
establecidas mediante el principio de la elección popular para atraer a individuos
interesados en promover el bienestar y mejoramiento de su departamento. La tensión
autoridad/libertad propuesta en 1812 fue retomada como una forma de gobernar a los
departamentos al permitir la acción de los supremos poderes y el mejoramiento material
de las regiones.
El artículo 10 fue el más relevante para la definición de la administración territorial
e incluso, me atrevo a expresar, para toda la forma unitaria de 1836. En éste se dispuso que
"el poder ejecutivo de los departamentos" recaería en un gobernador "con sujeción al
Ejecutivo Supremo de la Nación". Por su parte, las departamentales tendrían el carácter de
"consejo del gobierno" con facultades de promoción del bienestar así como "económico-
municipales, electorales y legislativas [...]; siendo en cuanto al ejercicio de las de la última
clase, sujetas y responsables al Congreso general de la Nación". La importancia que rindo a
este artículo se debe a que no sólo puntualizó la naturaleza de los "poderes" intermedios,
sino que al establecer el sometimiento de éstos a los supremos poderes nacionales explica
el tipo de Estado que fue el de 1835: una forma unitaria en la que el "gobierno de los
departamentos", más allá de la amplitud de sus capacidades, quedaron bajo la tutela del
nacional. La relevancia, en caso de las departamentales, se debió a la dicotomía de sus
funciones entre lo consultivo y lo propositivo; con lo primero recayó una cierta sumisión al
gobernador mientras que con lo segundo se les concedió la posibilidad de forjar sus propias
providencias. Las Bases aumentaron considerablemente la actividad política de las
departamentales en contraste con la muy estrecha impuesta en el decreto de octubre 3 y
178
aun con las proyectadas por Michelena. Un punto particular de las Bases es que fueron el
único ordenamiento que les imputó facultades relativamente amplias a las
departamentales en materia legislativa al permitirles promover por sí mismas todo tipo de
disposiciones únicamente bajo la supervisión del Congreso de la Unión.
El artículo 11 reguló los requisitos que debían poseer los "funcionarios de dichos dos
poderes en los departamentos". Éstos fueron señalados de manera sumamente laxa al
demandar tan sólo que fueran "ciudadanos mexicanos, naturales o vecinos de los mismos
departamentos" sin restricción censitaria alguna. Por último, el artículo 12 definía lo
tocante al "Poder judicial" en su ejercicio y en la continuidad que los existentes magistrados
tendrían quedando el nombramiento de las vacantes o confirmaciones en un complicado
sistema en el que participarían la "alta Corte de Justicia, con intervención del Supremo
Poder Ejecutivo, de las juntas departamentales y de los tribunales superiores".
Las Bases deben ser entendidas como un preámbulo transitorio y general de una
forma unitaria que apenas se estaba materializándose. De ahí que muchas de sus
imprecisiones y vaguedades fueran intencionales para permitir el forcejeo parlamentario.
No obstante, una idea persistente que rompe con el esquema unitario clásico es la
definición explicita de las instancias departamentales como "poderes". Denominación que
alude invariablemente a la teoría de la separación. Esta desfiguración de lo unitario, me
parece, fue más una inexactitud que una declaración para conservar "poderes" en
entidades perfiladas como administrativas y dependientes de los poderes nacionales.
Las Bases tuvieron una larga vida hasta la promulgación de la primera constitución
centralista, conocida como las Siete leyes, en diciembre 29 de 1836. Sin embargo, a lo largo
de todo ese año fueron debatiéndose y aprobándose cada una de las leyes.167 Repito, los
constituyentes en ninguna de las Siete volvieron a tocar la cuestión de la soberanía. Todo
se redujo al artículo primero de las Bases de octubre de 1835. En este sentido, más que un
disertación sobre la soberanía o una fórmula que la preponderara, la centralización del
167 Las fechas de aprobación de cada una de las Siete Leyes respectivamente fueron diciembre 2 y 16 de 1835; octubre 30, mayo 7, noviembre 8 y 23 y diciembre 12 de 1837. Sordo, Congreso, pp. 200-226.
179
gobierno interior de los departamentos durante la primera república centralista recayó en
el andamiaje institucional, principalmente en la limitación de los departamentos, de ahí su
importancia para comprenderla, y las autoridades encargados de éstos -gobernador y junta
departamental. La estrecha vigilancia fraguada para el ámbito departamental buscó anular
la inestabilidad política producida por la competencia política al interior de los territorios.
En noviembre 8 de 1836, la de reorganización dio a conocer el Proyecto de la Sexta
ley constitucional sobre división del territorio de la república y gobierno interior de sus
pueblos.168 Esta maqueta correspondió, amplió y especificó los artículos referentes de las
Bases. El texto preliminar, escrito en un tono derrotista, contiene dechados que exteriorizan
las verdaderas intenciones de sus redactores y del grupo centralista. Desde la primera línea
se afirmó que "la discusión de las precedentes leyes constitucionales [...] imposibilitó] a la
comisión a seguir en el presente proyecto exactamente con el sistema que desde el
principio se había propuesto". El forcejeo dentro y, muy probablemente, fuera del recinto
parlamentario surtió efecto en contra del grupo centralista que tuvo que templar sus
planteamientos originales. ¿Cuáles eran éstos? Es difícil descifrarlos, el texto es escueto y
contiene ideas inconexas. Asevera, por un lado, que los departamentos tendrían que haber
sido más que los antiguos estados con un número que no bajara de cincuenta "por ser
indudable que toda administración municipal mientras más reducida, es más expedita, más
fácil y menos dispendiosa". La idea de una nueva organización se asemejó a la ofrecida en
el Proyecto de Michelena. Más que una concesión, la prolongación de la división territorial
federalista fue una frustración para los integrantes de la Comisión que por falta de
instrumentos materiales y estadísticos se conformaron con realizar pequeñas
adecuaciones. Pero, por otro lado, afirma que la aprobación de cuerpos colegiados en los
juzgados departamentales y la dotación aprobada para los vocales de las Juntas y sus
subalternos volvieron materialmente "imposible tal división". El argumento no fue
novedoso. Ante la falta de recursos humanos y financieros, los constituyentes de Jalisco de 168
168 CL-FRBN, misc., 772, Proyecto de Sexta Ley constitucional, sobre división del territorio de la república y gobierno interior de sus pueblos presentado al Congreso general en la sesión de 11 de noviembre de este año por la comisión respectiva, México, Impreso por José M. F. de Lara, 1836.
180
1824, como expuse en el capítulo uno, tuvieron que reformular la primera división
territorial basada en 26 departamentos con sus correspondientes Jefes de policía por otra
compuesta de sólo ocho cantones y ocho jefes de policía. La carencia fue un importante
limitante para echar a andar las reformas territoriales-burocráticas de todos los proyectos
constitucionales.
El comentario más sugestivo, desde mi perspectiva, es que para la reorganizadora
"dicha discusión [hizo] ver que se desea[ba] en las juntas departamentales una amplitud de
facultades que la comisión no había pensado". La frase es inequívoca. Los centralistas
aspiraban a construir corporaciones con un reducido catálogo de atribuciones o con una
inclinación a un rubro en particular que estuvieran más cercanas a las provisiones de
octubre de 1835. Sin embargo, sus expectativas fueron truncadas, incluso antes que las
formularan, por el debate y la concatenación del andamiaje institucional que privó la
posibilidad de impulsar un proyecto más centralizado. No obstante, se debe apuntar que
este ordenamiento fue una promesa de las potencialidades facultativas de las Juntas.
Después de estas dos líneas no se ahondó más en el diseño original esbozado para las
departamentales. Este texto preliminar permite realizar una conclusión general sobre la
forma unitaria de las Siete Leyes: el proyecto para la administración y división territorial no
fue el imaginado por el grupo centralista, sino que fue producido durante el calor de la
discusión parlamentaria que incluía a los grupos contrarios o, al menos, renuentes a la
centralización política. Para noviembre de 1836, los centralistas no contaban, y ellos lo
sabían, con los pertrechos, políticos y materiales, para avanzar en una dirección tan radical
como hubieran querido, vacilaron y perdieron este paso fundamental dentro de la
definición del primer centralismo.
La comisión de reorganización presentó el Proyecto ante el pleno en noviembre 11.
Fue discutido y aprobado, el 16, con una votación en lo general de 44 votos por 22 en contra
(66%). Según Sordo, esta ley encontró mayor oposición que las anteriores que se fue
aminorando durante el transcurso de la discusión al grado de disolverse para dar votaciones
181
aprobadas por unanimidad al final del Proyecto.169 Con la Sexta ley quedaron sentadas las
generalidades acerca de la división de los departamentos, las atribuciones de los
gobernadores, empleados subalternos y Juntas. Las particularidades fueron expuestas en el
Reglamento provisional para el gobierno interior de los Departamentos publicado el 20 de
marzo de 1837. El cual detalló la Sexta ley en lo relativo a las secretarias, así como las
potestades de los prefectos, subprefectos, ayuntamientos, alcaldes y jueces de paz.169 170
Una de las principales características de las Juntas departamentales fue la
uniformidad burocrática y facultativa que poseyeron. Esta consonancia institucional fue
trazada para desactivar la relevancia política de algunas regiones que durante la primera
república federal fungieron como focos de inestabilidad nacional y regional. La
conformación interna de las Juntas se mantuvo de acuerdo con la idea de un número fijo
de vocales. En los tres documentos normativos de las departamentales -Proyecto, Sexta Ley
y Reglamento- se prescribió que éstas se integraran por siete vocales propietarios y siete
suplente en lugar de los cinco planteados por el decreto de octubre 3 sin mencionar la
omisión de las fiases.171 El aumento en la cantidad es irrelevante, la importancia recayó en
el mensaje enviado por los constituyentes: ningún departamento tendría preminencia o
privilegios respecto a otros. La uniformidad fue más trascendente para el edificio estatal
unitario que las particularidades de los departamentos. La normatividad centralista de 1836
optó por una arquitectura burocrática homogénea para todas las divisiones territoriales
aunque éstas tuvieran grandes disparidades en su extensión territorial, densidad de la
población, cantidad de poblaciones, importancia económica o política, entre otras. El cruce
entre la uniformidad de la plantilla de funcionarios y la falta de una auténtica organización
territorial impondría enormes incongruencias y desavenencias entre los departamentos. En
comparación, el Proyecto de Constitución de Michelena disfrutó de un avance más
elaborado en lo referente a la proporcionalidad entre departamentos y burocracia al
equiparar el tamaño de la población de los departamentos.
169 Sordo, El Congreso, pp. 223-225.170 Tena, Leyes fundamentales, t. III, pp. 323-338.171 Véase el artículo 9 del Proyecto, el 9 de la Sexta ley y 39 del Reglamento.
182
La uniformidad burocrática se desplegó a toda la plantilla de las Juntas. El
Reglamento de marzo de 1837 determinó que las secretarias de las departamentales se
integrarían sólo por un secretario y dos subalternos designados por la misma Junta, estos
nombramientos serían ratificados provisionalmente por el consejo de gobierno y el
presidente de la república y sus dotaciones no deberían pasar de $1,200. La lógica detrás
de esta decisión fue la misma que para los vocales: ninguna Junta era superior o poseía
preminencia sobre sus pares. La departamental de Jalisco acató parcialmente la disposición
y presentó un presupuesto para un oficial con $1,000 pesos, un escribiente con $500 y otro
con $400 pesos. Sin embargo, esta secretaría sufrió penurias en el pago de sus sueldos,
incrementadas con la ley hacendaria de abril 17 de 1837, al grado que los secretarios
optaron por retirarse de las oficinas y algunos vocales se encargaron de las tareas de
oficina.172 En abril de 1837, la Junta del departamento de México, por el contrario, no se
conformó con la disposición al considerar que sólo tres individuos pudieran servir
adecuadamente los trabajos de la secretaría y propuso que ésta, "como lo exigen los
géneros de labores", fuera compuesta por un Secretario con $1,200 de suelo, oficial primero
con $900, un archivero con $600, primer escribiente $600, segundo escribiente $50 y
portero con $400 pesos además de $500 gastos de oficina. El poder ejecutivo respondió
hasta junio y reconvino la solicitud por no apegarse a lo mandado por el Reglamento en el
número de empleados y por agregar gastos que no él estaba autorizado aprobarlos y,
mucho menos, la Junta solicitarlos. La Junta presionó a los supremos poderes para que
aceptaran la planta de su secretaría argumentando la sobrecarga de trabajo por el tamaño
e importancia del departamento. Además, como estrategia circuló la designación de su
secretario al resto de las departamentales en un afán de que las demás se avinieran con
ella. El ahora presidente Anastasio Bustamante, un año más tarde, terminó por ceder a la
presión y admitió la propuesta de la Junta de México.173
172 AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. XI, "Sesión de octubre 24 de 1835".173 Biblioteca del Poder Legislativo del Estado de México (BPLEM), Junta departamental, t. 85, exp. 57, Sobre planta de secretaría de esta Junta y nombramientos de sus empleados.
183
El método para elegir a los vocales se trazó en el Proyecto y se detalló en la Ley sobre
elecciones de noviembre 30 de 1836.174 Los miembros de las departamentales serían
seleccionados por los electores de partido un día después de que éstos hubieren votado por
los diputados al Congreso general de la Nación.175 Además, en la codificación centralista se
estableció los mismos requisitos para ser vocal y diputado.176 La equiparación entre estos
dos cargos es evidente. Esta situación reforzó el cariz representativo de las
departamentales. Es difícil señalar que los constituyentes centralistas no hayan reparado
en los alcances de la analogía entre diputados nacionales y vocales departamentales. La
elección popular fue instrumentada, como en las diputaciones provinciales gaditanas, para
asegurar la participación de las élites regionales en la administración departamental. El
esquema autoridad/libertad es el mismo que el doceañista, pero implementado como una
decisión y no como una concesión a regañadientes. De ahí que sea necesario reparar en el
tipo de representación instrumentada desde las Juntas de las Siete Leyes.
Para entender la representación política de las Juntas departamentales es
conveniente delinear el perfil buscado para vocal. En primer lugar, los constituyentes de
1835 pretendieron que la vocalía fuera ocupada por un sujeto en concreto: ciudadano
mexicano, vecino del departamento que lo elegía, con 30 años de edad y un capital, físico o
moral, de al menos $1,500 pesos anuales. Sordo denominó a este mecanismo como
"elección dirigida".177 Los requerimientos funcionarían como filtros para evitar lo más
posible la entrada de sansculottes a las departamentales y que éstas se compusieran de
miembros con solvencia económica que comulgaran con la idea de que sólo ellos eran los
únicos con verdadero provecho para los negocios públicos. En segundo, los congresistas
consideraron que los vocales, a diferencia de los diputados nacionales, fueran personajes
con intereses dentro de su localidad, por ello, con el objetivo de aumentar sus ganancias
174 Tena, Leyes fundamentales, t. III, pp. 215-222.175 Véase el artículo 10 del Proyecto, el 10 de la Sexta ley y 40 del Reglamento. La ley de diciembre 24 de 1836 estipuló que los electores de partidos se reunirían en marzo 12 de 1837 y votarían por los diputados el 14 y por los vocales el 15 del mismo mes. Tena, Leyes fundamentales, t. III, pp. 226-227.176 Véase el artículo 11 del Proyecto, el 13 de la Sexta ley y 44 del Reglamento.177 Sordo utiliza también el término de "democracia dirigida" pero me parece más correcto el de "elección" dado a la matriz indirecta y censitaria del sistema electoral de 1836. Sordo, El Congreso, p. 210.
184
personales beneficiarían al departamento. El formato de asignación por elección popular,
aunque indirecta, convertía a los vocales en representantes de todo el territorio
departamental al que pertenecían. Sin embargo, la "elección dirigida" canalizaba al vocal
como parte de un sector de la población favorecida económicamente y los distanciaba de
sectores populares. Además, al no incluir cláusulas territoriales, todos los vocales podrían
ser vecinos de la capital departamental y, por ende, dar preferencia al desarrollo de ésta.
La representación desde las departamentales estuvo condicionada por la dirección en los
comicios y la conformación de la planta burocrática.
La Sexta Ley y el Reglamento impusieron un período de cuatro años de duración para
la vocalía tras los cuales las departamentales se renovarían en su totalidad, tanto
propietarios como suplentes.178 Las primeras Juntas fueron electas en los comicios de
principios de 1837 para instalarse en marzo del mismo año. Por desgracia para las
departamentales de México de 1837 y 1841 no encontré documentación sobre su elección
o instalación. En Jalisco, el 20 de marzo de 1837, la Junta provisional calificó como válida la
elección de los vocales propietarios y suplentes, elegidos el 15. El 26 de marzo de 1837, esta
misma Junta sesionó con el propósito de verificar las credenciales y tomar juramento a los
nuevos vocales. Una vez consumados estos actos, los antiguos vocales se retiraron del
recinto dejando a los nuevos abrir su sesión y declarar que la Junta departamental estaba
"legalmente instalada" conforme a la constitución.179 Contraviniendo la anterior
disposición, la ley de 30 de junio de 1838, sobre elecciones de diputados nacionales,
puntualizó que la departamental de Jalisco, entre otras, tendría que renovarse en enero 1
de 1839 con la finalidad de encuadrar las dos elecciones. Bajo el mismo ritual efectuado en
la ocasión anterior, la primera Junta departamental cedió su lugar.180
Las Juntas departamentales, como se profundizará más adelante, no tuvieron un
calendario de trabajo sino que durante todo el año debían sesionar. En realidad, en las tres
instrucciones centralistas no mencionaron este aspecto por lo que las propias
178 Véase el artículo 11 de la Sexta ley y 42 del Reglamento.179 AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. X, "Sesiones del 20 y 26 de marzo de 1837".180 AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. XI, "Sesión del 1 de enero de 1839".
185
corporaciones lo dieron por descontado. Esta perennidad trastocó el modelo gaditano de
las diputaciones provinciales que poseían únicamente un período de 90 días al año para
sesionar. Las departamentales, por el contrario, estarían activas durante los cuatro años de
su existencia.
Las facultades de las Juntas de las Bases constitucionales de 1835 se pueden
catalogar como de fomento, electorales y legislativas. Las tres se reprodujeron en los
documentos normativos de las Juntas de 1836. En términos generales existió una
continuidad en torno a las competencias de las departamentales durante la primera
república centralista. No obstante, mientras que las de fomento y electorales sólo fueron
precisadas; las legislativas sufrieron una importante mengua. Pese a ello, las tres indican
cierto tono descentralizador. Esta aseveración requiere matiz. La centralización, puesta en
marcha desde el decreto de octubre 3 de 1835, fue asimétrica en los diferentes ramos de
gobierno y fue transformándose durante la república. De igual forma, las facultades de las
Juntas no contuvieron un mismo grado de centralización siendo, por razones evidentes, las
de fomento las más vastas y las legislativas las más sobrias.
El Proyecto continuó con lo establecido en el artículo 10 de las Bases de 1835 en lo
tocante a las atribuciones de fomento. La fracción 6 del artículo 14 del Proyecto y de la Sexta
Ley, 45 del Reglamento, estipuló que las departamentales eran las encargadas de
"promover, por medio del gobernador, cuanto convenga a la prosperidad del
Departamento en todos sus ramos, y al bienestar de sus pueblos". En otras palabras, las
Juntas disfrutaron de amplias facultades en cuestión del gobierno económico al interior de
su departamento. Esta descentralización administrativa no interfiere con el principio
unitario de la república de1836. Los otros artículos detallaron los ramos que abarcarían las
departamentales: instrucción pública, en particular la de primeras letras; caminos;
beneficencia; agricultura; industria; comercio y estadística del departamento. Para formular
estas actividades, las Juntas no fueron subordinadas a otra autoridad ni nacional ni
departamental salvo para su ejecución que le correspondía a los gobernadores. La
constricción se fraguó en términos fiscales. Con la excepción de las atribuciones que
admitían imponer contribuciones para el sostenimiento de las escuelas de primeras letras
186
en donde no hubiera fondos y peajes para la reparación y apertura de caminos; las juntas
no podían gravar a los pueblos bajo su jurisdicción sin la previa aprobación del Congreso
nacional.181 Además de los cortos alcances fiscales, se establecieron los Jefes Superiores de
Hacienda en abril de 1837. Estos nuevos funcionarios eran delegados de los supremos
poderes y se encargarían del ramo de Hacienda en los departamentos, empleados incluidos.
Se excluyó a las autoridades departamentales del manejo de los dineros públicos. Es decir,
la centralización fiscal fue un proyecto más severo que la política al restringir fuertemente
la intervención de las regiones en el empleo de sus propios recursos.182
La centralización de la actividad política de las Juntas departamentales recayó en la
constricción y sobrevigilancia de las participaciones en materias electorales y legislativas de
estas corporaciones en contraste con el dilatado margen que poseyeron las anteriores
entidades federativas. En primer lugar, las facultades electorales fueron muy poco
esbozadas en las Bases de 1835. Fue hasta el Proyecto cuando se delinearon con mayor
precisión y se modificaron levemente en la Sexta Ley y el Reglamento. Las atribuciones 11
13 del mencionado artículo 14 estipularon que las departamentales intervendrían en "las
elecciones del Presidente de la República, miembros del Supremo Poder Conservador,
Senadores e individuos de la Suprema Corte de Justicia y Marcial[;] proponer al Gobierno
general terna para nombramiento de gobernador [además] de ejercer, en unión de éste, la
exclusiva en el nombramiento de los magistrados y jueces [del departamento]". En otras
palabras, las Juntas mediarían en casi todos los comicios de los funcionarios nacionales y
departamentales. Los constituyentes fueron extremadanamente meticulosos en los
mecanismos de elección creando un sistema complejo y enmarañado. El motivo de ello era,
en palabras de Sordo, "una obsesión por la estabilidad y el equilibrio de poderes".183 Las
181 Véase el artículo 12 del Proyecto, el 14 de la Sexta ley y 45 del Reglamento.182 La Junta departamental de Jalisco envió una amarga representación en contra de la ley de Hacienda de abril 17. La queja principal era que los empleados del departamento sufrían de constantes faltas y retrasos en el pago de sus dotaciones a raíz del establecimiento de las Jefaturas Superiores de Hacienda. AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. X, "Sesiones extraordinaria de junio 19 de 1837".183 Sordo, El Congreso, p. 228.
187
departamentales terciarían en el sistema de checks and balances propuesto en la primera
república centralista.
La historiografía ha interpretado la intervención de las departamentales en el
sistema electoral como una de los atisbos más importantes del con-federalismo. Arroyo ve
en ellas la compensación por la "reducción de los departamentos a entidades
administrativas".184 Andrews va más lejos al insistir que las Juntas "conservaron muchas de
las facultades de las legislaturas estatales para el nombramiento de los supremos poderes"
y las equipara con éstas quienes "elegían al presidente, a los senadores y a los miembros
del Poder Judicial".185 Ambos posturas reflejan un escrutinio superficial y nominal del
sistema electoral del primer centralismo. Una visión más amplia la presenta Sordo. Para él,
"los congresistas estructuraron su proyecto bajo tres principios: a) restringir la participación
política, por medio de la propiedad o su equivalente en un ingreso por un trabajo o
profesión; b) elegir por medio de mecanismos selectivos a funcionarios de alto nivel; y, c)
definir con precisión las responsabilidades en los procesos político-administrativos".186 La
injerencia de las Juntas en el establecimiento de otras autoridades estaba condicionada por
su propio procedimiento de selección. La "elección dirigida" operó en dos sentidos. Por un
lado, los requerimientos para votar y ser votado restringieron la base del electorado y el
número de posibles aspirantes. Por otro, la mediación de las Juntas departamentales era
puntual y depurada en la elección de los supremos poderes. Por ejemplo, para presidente
seleccionarían a un individuo de entre una terna de candidatos escogidos por la Cámara de
diputados que a su vez los habían seleccionado de tres ternas enviadas por la Cámara de
senadores, la alta Corte de Justicia y el propio poder ejecutivo. La decisión de las Juntas
estaría limitada a tres opciones y un doble cerco. Además, su voto sería calificado,
computado y dictaminado por el Congreso general de la Nación.
Las facultades conferidas a las Juntas en materia electoral fueron vastas en el
entendido del elevado número de intervenciones. Lo que implicó a priori un alto grado de
184 Arroyo, La arquitectura, p. 171.185 Andrews, "El debate", p. 128.186 Reynaldo Sordo Cedeño, "Los procesos electorales del centralismo: 1836-1845" en Aguilar (coord.), Las elecciones, p. 225.
188
descentralización en este rubro. No obstante, las Juntas cumplirían con un papel muy
preciso en cada una de los comicios. En ningún procedimiento las Juntas poseyeron la
prerrogativa exclusiva o prioritaria para investir a otros funcionarios más allá de su
secretaria y aun en ésta los supremos poderes se reservaron la aprobación. La primera
república centralista descentralizó por medio de las atribuciones electorales, pero también
las restringió a través de complicados engranajes y listas que limitarían la actividad política
de las departamentales. Las Juntas, aún con su inclusión en el proceso electoral de los
supremos poderes, tuvieron una pequeña y acotada colaboración en este rubro que les
impedía desarrollar una contienda abierta por los cargos. El check and balance no fue sólo
para limitar a los supremos poderes, sino también a las autoridades departamentales.
La atribución legislativa de las Juntas de 1835 fue el punto más polémico expuesto
en las Bases porque implicó una extensa descentralización que rayó en los límites del
unitarismo. Los ordenamientos del gobierno para los departamentos diluyeron las
facultades legislativas de sus Juntas. El primer párrafo del artículo 14 del Proyecto detalló
que su participación se reduciría únicamente a "iniciar leyes relativas a impuestos,
educación pública, industria, comercio, administración municipal y variaciones
constitucionales".187 La diferencia entre las Bases y el Proyecto es abismal. Las Juntas
provisionales de 1835 podían iniciar, discutir, votar y aprobar las leyes que ellas mismas
confeccionara según consideraran como necesarias quedando únicamente sujetas y
responsables ante el Congreso nacional. En éstas se podía reproducir prácticamente todo
el proceso de creación de leyes. Por el contrario, el marco institucional de las Juntas de 1836
truncaba este proceso en el primer escaño, la iniciativa de ley, los posteriores se efectuarían
invariablemente en el Congreso de la Unión. La diferencia es de escalas, las
departamentales de las Siete Leyes tuvieron una más ceñida que las de las Bases; la
restricción de las facultades legislativas fue uno de los principales fundamentos del
unitarismo de 1836.
187 Véase el artículo 12 del Proyecto, el 14 de la Sexta ley y 44 del Reglamento.
189
Los textos normativos de la primera república centralista no despejaron
directamente las dudas sobre el lugar que ocuparía el territorio. Las Siete Leyes enmudecen
al respecto. Las Bases de 1835 fueron en donde se señaló la existencia de una nación
mexicana soberana con un territorio que, aunque impreciso, le era propio y no le antecedía.
La soberanía nacional era un planteamiento que centralizaba la actividad política y excluía
la idea del gobierno interno a cargo de las instancias intermedias. Como presento a lo largo
de la investigación, el armazón de los "poderes" departamentales fue capital en la
enunciación de la forma de Estado de 1836. La conformación uniforme, limitada y
subordinada de los departamentos, esto es, su arquitectura institucional era el garante del
unitarismo de 1836.
Los constituyentes de las Siete Leyes, por su parte, acordé a su sistema, pretendieron
forjar instituciones descentralizadas administrativamente, pero centralizadas en todos los
demás ámbitos -fiscal, burocrática y gubernativo. Una centralización delimitada por su
andamiaje institucional. No podían hacer más. Al definir la forma del Estado unitario desde
la restricción de los departamentos tenían que estrechar a éstos lo más que les era posible.
Pero como se esboza en el preliminar del Proyecto de la sexta ley, el grupo centralista tuvo
que declinar sus pretensiones más radicales ante una oposición mayoritaria en el Congreso.
El cariz centralista de 1836 es amorfo e intenta atraer a las regiones con importantes
concesiones descentralizadoras; las Juntas departamentales fueron parte de estas licencias.
La conformación de las Juntas departamentales de México y Jalisco
La arquitectura institucional confeccionada en 1836 para las instancias intermedias poseyó
un cariz mayormente administrativo. Las expectativas depositadas en ellas, por un lado,
fueron destensar la relación entre la Nación y las regiones al dotar a la primera del control
y dirección de la toma de decisiones políticas para todo el territorio nacional. Pero esto no
fue concebido como una suerte de monopolio de los supremos poderes de la nación. Al
contrario, se fincó mediante la participación de las autoridades departamentales. Estas, por
tanto, tuvieron un margen de negociación considerable frente a lo nacional. El propósito de
los constituyentes de 1835 no era eliminar la actividad política de las regiones sino
subordinar y dirigirla en la misma dirección qua la nacional. Por otro lado, de las autoridades
190
departamentales se esperaba que solventaran los problemas de gobernabilidad internos
que aquejaron a las anteriores entidades federativas. Este apartado retoma la confección y
operatividad interna de las Juntas para exponerlas más allá del golpeteo político entre los
diferentes niveles de gobierno. La reflexión fue conducida por la revisión de las actas de
sesiones hacia elementos que resaltan la estabilidad -número de sesiones, asistencia de los
vocales, apego a la legislación- de las departamentales durante la primera república
centralista.
Cuadro 3. Juntas departamentales de Jalisco y México, 1835-1841
Departamental Año ElecciónPeríodo
proyectadoPeríodo
J. provisional de Jalisco
1835Octubre 19 de
1835Octubre 20 de
1835-
Octubre 20 de 1835-Marzo 26 de
1837J. provisional de
México1835 Octubre 3 de 1835
Octubre 4 de 1835-
Marzo 14 de 1836- Marzo 25 de 1837
1- J. de Jalisco 1837 Marzo 15 de 1837Marzo 26 de 1837-
Diciembre 31 de 1838
Marzo 26 de 1837- Diciembre 31 de
1838
1- J. de México 1837 Marzo 15 de 1837Marzo 26 de 1837-
Diciembre 31 de 1840
Marzo 26 de 1837- Diciembre 31 de
1840
2- J. de Jalisco 1839 Octubre 7 de 1838Enero 1 de 1839- Diciembre 31 de
1842-
Enero 1 de 1839- Agosto 12 de
1842-
2- J. de México 1841 Octubre 5 de 1840Enero 1 de 1841- Diciembre 31 de
1844-
Enero 1 de 1841- Diciembre 31 de
1843-
3- J. de Jalisco 1841Agosto 12 de
1841-Agosto 12 de
1841-
Agosto 12 de 1841- Enero 1 de
1844Fuente: Elaboración propia con base en AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. X-XI; AHEM, fondo gobernación, serie gobernación, 1835, vol. 36, expediente 27, Decreto expedido por el Congreso general estableciendo algunas reformas a la constitución federal; Diario del Gobierno de la República Mexicana, núm. 686 y 1973, t. VII y XVIII, marzo 16 de 1837 y octubre 10 de 1840; Colección de los decretos (1876), t. VIII, pp. 237-240.- Período interrumpido
El primer proyecto constitucional unitario duró aproximadamente unos siete años
hasta su caída a mediados de 1841. No obstante, las instituciones departamentales y la
191
legislación en torno a ellas subsistieron unos cuantos años más hasta la entrada en vigor de
las corporaciones intermedias de la segunda constitución centralista en enero de 1844. Las
Juntas departamentales deben ser estudiadas hasta esta fecha. Un guiño más entre la
diferencia del ámbito nacional y los regionales. En los departamentos de México y Jalisco
existieron un total de siete Juntas departamentales durante el período de la primera
república centralista incluidas las dos provisionales de 1835 (Cuadro 3). El número impar,
favorable a Jalisco, se debe a la supresión de la Junta de 1839 por un pronunciamiento,
encabezado por Mariano Paredes y Arrillaga, mismo que estableció otra departamental en
agosto de 1841.
Elecciones y vocales departamentales
El estudio de la normatividad con la que se realizaron las elecciones permite adentrarse en
los complejos sistemas electorales utilizados en el siglo XIX.188 Las leyes y decretos
electorales, entendidas como el campo de acción de electores y vocales, fueron la base para
la conformación de las Juntas departamentales. Es decir, los principios inscritos en ellas,
positivos y negativos, se transfirieron de manera patente a la elección de los vocales. De las
siete Juntas que se establecieron en los departamentos de Jalisco y México, cuatro fueron
integradas por vocales elegidos según lo previsto por la ley de noviembre 15 de 1836, los
artículos referentes de la constitución (Tercera Ley, art. 4 y Sexta Ley, arts. 10-13), además
de su corolario de junio 30 de 1838, y las otras tres por procedimientos extraordinarios.189
Las leyes centralistas para la materia, según Reynaldo Sordo, tuvieron como premisa acotar
el universo de participantes y dotarlos de orden al momento de su realización. Sin embargo,
el establecimiento de medidas restrictivas, a forma de murallas contra el uso de las
multitudes, no fue el principal elemento disruptivo de las elecciones centralistas en relación
con las efectuadas durante la época federal.190 Más bien, la innovación se debe ponderar
188 "Un sistema electoral se compone de normas y procedimientos destinados a regular la vida comicial. El sistema define el quién vota, el por quién se puede votar y el cómo se organiza la elección; fija también la geografía electoral, los tiempos de los comicios, los mecanismos para su calificación y el cómo se dirimen los conflictos que de ellos pudieran derivar". Fausta Gantús y Alicia Salmerón, "Introducción" en Fausta Gantús (coord.), Elecciones en el México del siglo XIX. Las prácticas, t. I, México, Instituto Mora, 2016, p. 22.189 Para una revisión en conjunto de todas la legislación electoral véase Sordo, "Los procesos", pp. 224-254.190 Miriam Galante, El temor a las multitudes. La formación del pensamiento conservador en México, 18081834, México, UNAM, 2010.
192
en la aplicación uniforme para todo el territorio de dichas medidas restrictivas. Ser elector
primario o vocal costaba lo mismo en departamentos tan dispares económicamente como
California, Guanajuato o Chiapas. Como se observa en el Cuadro 4, en 1836 sólo una fracción
pequeña de la población podía aspirar a la ciudadanía y menos aún a ocupar cargos
públicos. En el caso de las Juntas departamentales, el espacio entre el ciudadano votante y
el vocal votado era enorme. Al primero sólo se le exigía un total de $100 pesos por año
mientras que al segundo $1,500. El cerco se estrechó al agregar la restricción de edad -2 1
para ciudadano y 30 para vocal. No es el dato preciso lo que me interesa conocer del
universo de votantes, imposible de conocer, sino enunciar que la primera república
centralista intentó direccionar los votos hacia determinados sectores de la sociedad y filtrar
a aquellos individuos sin un caudal suficiente, cierta edad y, sobre todo, sin el
reconocimiento de aquellos con ingresos semejantes.191
Cuadro 4. Requerimientos de edad e ingresos para ciudadanía y cargos públicos en larepública de 1836
Edad Renta AnualCiudadano 21 años soltero, 18 casado $100
Elector 21 años soltero, 18 casado $100Magistrado de la Suprema Corte 40 años $100
Vocal departamental 30 años $1,500Diputado 30 años $1,500
Consejero 30 años $1,500Gobernador 30 años $2,000
Senador 35 años $2,500Poder Conservador 40 años $3,000
Presidente de la república 40 años $4,000Fuente: Reynaldo Sordo Cedeño, "Los procesos", pp. 226.
Los centralistas, aunado al supuesto restrictivo, establecieron mecanismos precisos
para moderar los comicios. Anteriormente, según la ley de junio 17 de 1823, una autoridad
191 Sordo considera al sistema electoral de los centralistas como una "democracia dirigida". Sordo, en "Los procesos", p. 225. No me parece acertada tal aseveración. Los filtros restrictivos eran un debate en ciernes, tanto en América como en Europa, fundado en designar a las clases productivas, entre ellos los propietarios, como los únicos interesados para que funcionaran las instituciones estatales como una forma de asegurar sus propios intereses económicos. Por otra parte, el sino de la democracia es la uniformidad de oportunidades para elegir y ser elegido sin importar los mecanismos para ello. Lo contrario a un sistema representativo cerrado como el 1836.
193
civil presidía la junta electoral por lo que se encargaba de revisar las credenciales de los
comitentes, escuchar las quejas e impugnaciones, así como de registrar y computar los
sufragios, los cuales eran emitidos en voz alta o por escrito de manera pública frente a la
junta. En amplio contraste, la disposición centralista limitó la participación de las
autoridades locales a los primeros momentos del proceso. Los ayuntamientos se
encargaban de dividir su territorio en secciones con base a la población (1,000 o 2,000
habitantes), formar listas de aquellos certificados para votar, repartirles boletas en las que
emitieran su opinión y, por último, elegir a un comisionado que continuara con el resto de
la elección. Éste individuo nombraría a otros cuatro con el único propósito de conformar
una comisión provisional que organizará el nombramiento de presiente y cuatro
secretarios. Esto es, la ley de 1836 contempló un doble distanciamiento entre autoridad y
ciudadanos en el primer escaño. La intervención del gobierno no era menor pero el acto de
la votación no les concernía. Eran los propios vecinos los encargados de regularlo y
calificarlo. La desvinculación entre elecciones y autoridades, según Sordo, "fue un gran
avance el haber establecido la autonomía del acto electoral [...] fuera del control del
gobierno".192
La frase peca de optimismo pero la argumentación detrás de ella es interesante.
Como el propio Sordo arguye, el grupo político en el poder tuvo menos oportunidades de
afianzarse por la vía electoral debido a la competencia formal entre las diferentes facciones
políticas. Pero el "estar fuera" no implicó que el gobierno se abstuviera de participar o
influenciar. Tampoco, de modo alguno, que se trataran de sufragio libre. En otras palabras,
las mecánicas para restringir la base de comitentes y asegurar el orden posibilitaron la
competencia en contra de los siempre desacreditados gobiernos. Como los trabajos de
Sordo sobre el Congreso nacional demuestran, la apertura política se acentuó con mayor
encono en las posteriores votaciones. Aunado a lo anterior, José Antonio Aguilar da otra
explicación que se contrapone. Los federalistas radicales eran "propietarios que calificaban
para votar y ser votados" de acuerdo con las propias reglas centralistas por lo que éstas no
192 Sordo, "Los procesos", p. 231.
194
les llegaron a afectar.193 Ambos autores resaltan la ineficacia de las premisas centralistas
para controlar y conducir las elecciones a su favor. Sin embargo, la ley de 1836 no poseyó
expectativas para acaparar los escaños del Congreso y las departamentales. De acuerdo con
el entramado institucional, los centralistas aceptaron, mal que bien, el juego político entre
facciones con una pretensión de fincar en ello la legitimidad del régimen. La separación de
las autoridades civiles de la organización electoral fue un aliciente para que aquellos grupos
políticos que aspiraran a formar parte del gobierno lo efectuaran desde los comicios. De
igual manera, con la restricción censitaria no se esperaba que los políticos opositores al
centralismo dejaran de concurrir sino que fue para desmotivar el uso de la muchedumbre.
Cabe cuestionar porqué los federalistas radicales optaron por no presentarse en las juntas
electorales aunque, como afirma Aguilar, pudieron hacerlo. Tengo la impresión que este
grupo, pese a los brotes levantiscos a lo largo de toda la república, no logró reponerse de la
desarticulación sucedida tras las desastrosas administraciones de 1833 y, por lo tanto,
presentar una opción constitucional atrayente.
Las tres elecciones organizadas con base en la ley electoral de noviembre de 1836
-1837, 1838 y 1840-, según Sordo, ocurrieron en un "clima de mayor orden" como
consecuencia de descolocarlas de la tutela de las autoridades y de la participación de
federalistas moderados y santanistas. Estos dos grupos hicieron un progresivo escarnio de
los centralistas quienes fueron perdiendo el control de las autoridades hasta que, para
1840, su proyecto se tambaleaba estrepitosamente con el llamado a reformar la
constitución.194 La renovación adversa de la Cámara de diputados fue más una
consecuencia de la descomposición política que padeció la primera república central que
una de las causas.
El ámbito intermedio, no obstante, no se sujetó al derrotero del supremo. La
aplicación de las fórmulas para dirigir y conducir los comicios fincado en la restricción
censitaria y el orden del primer grado divergió en las regiones. En las elecciones para vocales
de las Juntas departamentales no he encontrado mayores indicios para corroborar que
193 Aguilar, "El veredicto", p. 159.194 Sordo, "Los procesos", p. 231.
195
hayan acontecido con afrentas a la tranquilidad pública. No hay documentación en la que
se impugne el resultado, de hecho no encontré los expedientes o las actas de las juntas
electorales. Únicamente en las elecciones para diputados-vocales del departamento de
México, en octubre de 1840, el debate se dinamizó en torno a las listas de los candidatos
pero marginado a las páginas de los periódicos y, ante todo, enfocado a los diputados
nacionales.195 Esta ausencia podría traducirse como síntoma de sosiego durante el proceso
electoral y no sólo como un vacío documental. En la conformación de las Juntas
departamentales reseñadas no hay atisbos de una lucha entre facciones como réplica de lo
acaecido para la Cámara de diputados. En otras palabras, en los departamentos se dejó de
lado la competencia política y se optó por la negociación de las vocalías.
Como mencioné poco antes, existieron tres departamentales que no se ciñeron a las
normativas electorales centralistas. Las dos primeras fueron las Juntas provisionales de
1835. Estas Juntas contaron con el velo de la legitimidad según lo dispuesto en el decreto
de octubre 3 de 1835 que prologó el principio de la elección popular tras ser designadas por
los últimos Congresos estatales o, en su defecto, por el ayuntamiento capitalino. Las
restricciones para ocupar el cargo, las prácticas para conservar el orden durante los
comicios o la apertura política que caracterizaron a los comicios centralistas aún no se
habían establecido. La razón detrás de la selección de los individuos en Jalisco fue su vínculo
con el gobierno: tres eran parte del Congreso de 1835, otro era el vicegobernador y uno
más deambuló las oficinas gubernamentales durante todo el período federalista. Los
primeros vocales departamentales de Jalisco fueron aquellos que la administración de 1833
había excluido u hostigado. Al contrario, en el departamento de México es mucho más
difusa la selección. Uno sólo era parte del Congreso local de 1835, pero dimitió a la vocalía,
tampoco la ocupación fue el factor preponderante: dos eran militares, dos licenciados y uno
195 La oposición al gobierno exigía que los nuevos representantes debían ser "no de las facciones, sino de los pueblos: no de intereses determinados, sino públicos". El Cosmopolita, núm. 116, t. IV, septiembre 23 de 1840. El Diario del Gobierno de la República Mexicana realizó un llamamiento para que se verificaran las elecciones en los mejores términos. Además, en respuesta al periódico El Mosquito mexicano, presentó su lista de candidatos y la de El precursor para las plazas de diputados y vocales. Diario del Gobierno de la República Mexicana, t. XVIII núm. 1965, octubre 2 de 1840. El resultado sólo se anunció pero no fue discutido o debatido. El Diario de Gobierno de la República Mexicana, t. XVIII, núm. 1973, octubre 10 de 1840 y El Cosmopolita, t. IV, núm. 120, octubre 7 de 1840.
196
bachiller Barrientos. No hay mayores indicios de su desafección que una posible
incertidumbre frente al bosquejo centralista196
La otra excepción fue la Junta jalisciense de 1841. El caso amerita una digresión ya
que fue la única de las siete que se originó directamente de un pronunciamiento. Al
sublevarse, el comandante de Jalisco, Mariano Paredes y Arrillaga, invitó a las autoridades
departamentales a sumársele y, con ello, ganar legitimidad de su movimiento al tiempo
que, considero, buscaba no provocar mayor desorden. En una muestra de coherencia
política, el gobernador Escobedo y la Junta se negaron a tranzar con los alzados y dimitieron
a sus cargos.197 Una junta de vecinos notables nombró nuevas autoridades: gobernador,
siete vocales departamentales propietarios y siete suplentes. La irregularidad de esta Junta
departamental es manifiesta. Primero, transgredió la legalidad en la que hasta entonces las
Juntas habían navegado. Desconozco si en otro departamento se había suscitado un
acontecimiento parecido, pero la deposición de la Junta de Jalisco convirtió a estas
corporaciones en materia prima para que posteriores pronunciamientos buscaran en ellas
algún tipo de apoyo. Segundo, los pronunciados demolieron el principio de legitimidad que
las departamentales fueron construyendo en los años previos. La disolución e imposición
de las autoridades era un acto endémico dentro de la vida política del país, pero que
mantenía vigente su impacto negativo en las instituciones estatales. Tercero, rompió el
calendario establecido para la renovación de la departamental de Jalisco y, con ello, planteó
la duda sobre si cubriría el tiempo restante de la recién derogada hasta diciembre de 1842
o, como ocurrió, se prolongaría indefinidamente hasta que se resolviera el conflicto en el
ámbito nacional. En otras palabras, el ataque contra la Junta departamental de Jalisco de
196 AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. X, "Sesión de octubre 25 de 1835". AHEM, fondo gobernación, serie gobernación, 1835, vol. 36, exp. 27, Decreto expedido por el Congreso general estableciendo algunas reformas a la constitución federal.197 Es factible que esta reacción haya sido un error de cálculo por parte de los pronunciados. La junta de vecinos nombró como gobernador al mismo Escobedo al que mandaron llamar, pero se negó por segunda vez y los vecinos realizaron otra votación en la que eligieron a Paredes y Arrillaga. Otra explicación, más aciaga cabe mencionar, es que el accionar de las autoridades fuera un montaje ideado por ambas partes para dejar a los dos bandos bien posesionados ante la opinión; los pronunciados cordialmente invitan, las autoridades dignamente resisten los ofrecimientos. Colección de los decretos, t. VIII, pp. 233-240.
197
1839 desvirtuó a las departamentales ya no con su relación al Estado unitario de 1835, sino
al interior de los departamentos.
La conformación de las departamentales como resultado de las transacciones de los
grupos políticos no refleja la integración real que estas corporaciones tuvieron después de
su instalación. Me explico mejor. El nombramiento de vocales era un engranaje más del
sistema electoral. La construcción de propuestas de los grupos políticos -alianzas políticas,
repartición de listas de candidatos, manipulación y coacción de votos- fue mucho más
trascendente que los nombres de aquellos que proponían. No es que éstos no lo fueron,
sino que eran una parte más de los proyectos. Sin embargo, para entender el
funcionamiento interno de las departamentales, y de todo resultado electivo, no basta con
conocer la lista de los sufragados. Hay una distancia importante entre los comicios y la
actividad de los votados. Son dos momentos indisolubles pero diferenciados. El primero es
el punto culmen del sistema electoral y el segundo es el origen de la corporación. Escudriñar
la lista de los nominados permite entender el clima político al momento de los comicios y,
por ende, por qué se eligió a aquella planta; pero abordar al grupo de asistió
recurrentemente a la sesiones otorga un conocimiento más próximo a la vida cotidiana de
las Juntas.
El Cuadro 5 presenta un resumen de la cantidad de vocalías proyectadas así como
de los vocales asistentes y ausentes de las siete departamentales que analizo. Estas
corporaciones estuvieron compuestas de 80 plazas de vocal (45 propietarios y 35 suplentes)
según lo previsto por la normatividad respectiva. Los 10 titulares adicionales se debe a que
el decreto de octubre 3 de 1835, que estableció las Juntas provisionales de 5 miembros, no
contempló la necesidad de nombrar suplentes. Los primeros centralistas fueron demasiado
positivos con tal medida. En la Junta de México, por ejemplo, tres elementos de los
propuestos por el Congreso local rechazaron el "honor y distinción" de pertenecer a la
departamental por lo que está no pudo ser instalada en tiempo y forma. Esto provocó una
serie de vacíos y dudas legales sobre si el cargo de vocal era renunciable y quién estaba
autorizado para designar a los sustitutos. La cuestión se extendió hasta marzo de 1836,
cinco meses después de la supresión de los Congresos estatales, cuando el gobierno
198
nacional ordenó que fuera el ayuntamiento de la Ciudad de México el indicado para elegir
a los vocales faltantes.198
Cuadro 5. Vocalías de las Juntas departamentales de México y Jalisco, 1835-1843
DepartamentalTotal de vocalías
(propietarios y suplentes)
Vocales
Asistentes AusentesSin
documentaciónTotal
J. Provisional de Jalisco, 1835
5 5 5
J. Provisional de México, 1835
5 5 6 11
J. de Jalisco, 1837
14 9 5 14
J. de México, 1837
14 6 2 3 11
J. de Jalisco, 1839
14 7 7 14
J. de México, 1841
14 7 4 3 14
J. de Jalisco, 1841
14 11 4 15
80 45 27 12 84Fuente: Elaboración propia con base en AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. X-XI; AHCEJ, 1838, caja 3, núm. 21, El Supremo Gobierno comunica a la Junta Departamental los individuos que resultaron electos para ser integrantes de la misma; Colección de los decretos, t. VIII, pp. 241-242; AHCEJ, 1843, caja 2, núm. 2, Comunicación de los vocales Suprema [sic] Junta departamental de Jalisco que asistieron a las sesiones y de los que no asistieron; AHCEJ, 1843, caja 1, núm. 13, Sobre el juramento del Sr. Manuel López Cotilla; AHEM, fondo gobernación, serie gobernación, 1835, vol. 36, exp. 27, Decreto expedido por el Congreso general estableciendo algunas reformas a la constitución federal; Diario del Gobierno de la República Mexicana, núm. 686 y 1973, t. VII y XVIII, marzo 16 y octubre 10 de 1840; Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas.
Conozco el nombre de 84 individuos incluyendo aquellos que no asumieron el cargo.
Existió una sobrerrepresentación entre las vocalías proyectadas (80) y los vocales que
asumieron el empleo (84). La causa de este excedente se debe a que la negativa de cinco
individuos para tomar posesión del cargo y la sustitución de otro que murió. El séptimo fue
designado directamente en la Junta irregular de Jalisco en 1843 a causa de la baja
198 AHEM, fondo gobernación, serie gobernación, 1835, vol. 36, exp. 27, Decreto expedido por el Congreso general estableciendo algunas reformas a la constitución federal.
199
concurrencia del resto a las sesiones. Por el contrario, no encontré los nombres de tres
suplentes que no se sumaron en la departamental de México.199
De los 84 vocales reconocidos sólo 45 tuvieron una participación efectiva en alguna
de las departamentales (53.6%), 27 no lo hicieron y de 12 no poseo documentación para
saberlo. Es decir, repito, el perfil delineado en las elecciones sólo fue un indicador de la
lucha entre facciones para designar a los vocales, pero no de aquellos que realmente
intervinieron durante las sesiones de las Juntas. Continuaré con los 84 vocales electos. Los
Cuadros 6 y 7 retoman indicadores que permiten esbozar el cariz de los vocales: la
estructura ocupacional y la distribución por edad. Además el Anexo 3 agrega aquellos
vocales que colaboraron previamente en algún cuerpo parlamentario. Logré recuperar
información de un alrededor de la mitad -3 9 para la ocupación (46.4%), 33 para la edad
(39.3%) y 38 para la experiencia (45.2%)- por lo que los porcentajes exponen sólo
tendencias.
La estructura ocupacional no revela el dominio de algún sector en particular en la
conformación de las departamentales. El peso de la composición de las Juntas recayó en
abogados y propietarios que acapararon entre los dos la mitad de las curules. La situación
de los primeros (25%) no varió mucho a la encarnada en el constituyente de 1835 en donde
fueron el principal grupo ocupación (21.1%). Los segundos tuvieron una mejor posición
(23.1%) que lo alcanzado en el mismo Congreso (14%). Los eclesiásticos y militares fueron
grupos con mediana importancia con (17.9 y 15.4%) al igual que en el citado Congreso (14.9
y 16.6%).200 En contraste, los comerciantes, pese a contar con individuos destacados en sus
campos, tuvieron poca afluencia (7.7%). En otras palabras, los votantes y facciones políticas
fincaron sus esperanzas en la gente de letras, abogados y eclesiásticos, y propietarios, cuya
suma equivale a más de la mitad de los escaños (66.6%), para que fueran los pilares de los
proyectos centralistas en los departamentos.
199 AHCEJ, 1843, caja 1, Sobre el juramento del Sr. Manuel López Cotilla.200 Sordo, El Congreso, p. 110.
200
En términos regionales hay una amplia diferencia del grupo medular en ambas
departamentales. En Jalisco, indiscutiblemente, los actores principales fueron los abogados
con más de la mitad de los empleos seguidos por los eclesiásticos. Es decir, casi 70% del
total de vocales pertenecieron a estas dos ocupaciones. El abarrotamiento de los cargos
públicos por parte de éstos se entiende por el triunfo del pronunciamiento de agosto de
1834 en que, apoyados por militares foráneos y comerciantes locales, se hicieron con el
poder. En el departamento de México, las elecciones para vocales presentaron una mayor
variedad de las ocupaciones. En la composición efectiva, el grupo con mayor inclinación
fueron los propietarios (46.7%). Cabe resaltar que cuatro militares electos no tomaron
posesión del cargo y uno más tuvo una paupérrima presencia. A diferencia de Jalisco, en el
de México los abogados no tuvieron un lugar preponderante dentro de las Juntas con
apenas 2 votados de un total de 24.
La importancia del grupo dentro de las departamentales no fue determinada sólo
por el número de sus integrantes, sino también por la relevancia de éstos. El dechado más
evidente fueron los vocales pertenecientes al clero dado que de los 7 individuos 4
pertenecieron al cabildo del obispado de Guadalajara y los mexiquenses aunque curas uno
lo era del sagrario de la ciudad de México. Esto es, la gran mayoría pertenecía a la alta
jerarquía eclesial. Los militares no se quedaron atrás en lo tocante a las plazas notables con
un general y varios coroneles. En el resto de los grupos es complicado medir la preeminencia
por la falta de una estratificación formal. No obstante, algunos nombres ilustran el prestigio
de los vocales: comerciantes como José Palomar en Jalisco y Ángel González Echevarría en
el departamento de México;201 propietarios como José Ramón Pérez Palacios, José Miguel
de Arias, Vicente Agustín de Eguía en el de México;202 o políticos destacados como el
expresidente José Justo Corro, el constituyente mexiquense Ignacio González Caralmuro o
el exgobernador del Distrito Federal Francisco Molinos del Campo.
201 Olveda, La oligarquía, pp. 266-269. Lucio Ernesto Maldonado Ojeda, "La elite y las instituciones del gobierno de la Ciudad de México en la república centralista, 1836-1846", Tesis de Maestría, UNAM, 2004, pp. 77-81.202 Olveda, La oligarquía, pp. 408-409. Maldonado, "La elite", pp. 93-98.
201
Cuadro 6. Estructura ocupacional de los vocales de las Juntas departamentales de Jaliscoy México, 1835-1843203
Departamental Comerciante Eclesiástico Abogado Médico Militar Propietario Otro TotalJ. Provisional
de Jalisco, 1835
1 1 1 3
J. Provisional de México,
18352 2 2 6
J. de Jalisco, 1837
1 1 1 3
J. de México, 1837
1 3 4 1 9
J. de Jalisco, 1839
1 1 2 4
J. de México, 1841
1 2 3 1 7
J. de Jalisco, 1841
4 2 1 7
3(7.7%)
7(17.9%)
10(25.6%)
2(5.1%)
6(15.4%)
9(23.1%)
2(5.1%)
39
Fuente: Elaboración propia, véase Anexo 3.
La edad manifiesta una tendencia más absoluta. Para integrar a las Juntas se buscó
a sujetos maduros posiblemente con un sentido de moderación a la hora de afrontar los
negocios públicos. Los vocales estuvieron por encima del límite para optar por el cargo, las
Juntas requerían de 30 años. Más de 60% de los vocales rondaban entre los 40 y 60 años al
momento de ser electos. El promedio de edad fue de 43.3 años al momento de tomar
posesión. La tendencia sobrepasó a la del Congreso constituyente de 1835 con más de diez
puntos y mantuvo la casi nula participación de los jóvenes de menos de 30 años.204 En lo
general, en todas las departamentales no hubo un desequilibrio que decante las tendencias
marcadamente a una determinada edad sino que se distribuyó entre los 30 y 60 años casi a
partes iguales con un descenso en los últimos años y con un ligero acento en los que se
encontraban en los 40 y 49 años. La gran mayoría nacieron en el siglo XVIII por lo que
203 La propuesta para la estructura ocupacional la retomé de Noriega, El Constituyente, p. 125. Para esta autora "el término ocupación está entendido como la actividad que principalmente se desarrollaba". No utilizo la clasificación empleada por Maldonado dado a su carácter arbitrario en cuanto a sus categorías así como la duplicidad de los individuos en varias clases. Maldonado, La Asamblea, pp. 174-175.204 Sordo, El Congreso, p. 116.
202
crecieron o maduraron con la devastadora guerra de la década de 1810. Dicho de otra
manera, los vocales departamentales pertenecieron a la primera generación que gobernó
el país de manera independiente. Realizando un ejercicio contrafactual, sólo cinco
individuos nacieron después de 1805, por lo que su elección a las Juntas pudo estar
condicionada por la edad. La única anomalía fue un vocal de la departamental de Jalisco de
1839 electo con menos edad de la exigida, 29 años, pero que no participó en las sesiones.
Cuadro 7. Rango de edades de los vocales de las Juntas departamentales de Jalisco yMéxico, 1835-1843
Departamental 20-29 30-39 40-49 50-59 TotalJ. Provisional de Jalisco, 1835 1 1 1 3J. Provisional de México, 1835 1 1 2
J. de Jalisco, 1837 1 3 4J. de México, 1837 2 4 3 9J. de Jalisco, 1839 1 2 3 6J. de México, 1841 1 2 2 5J. de Jalisco, 1841 2 1 1 4
1(3%)
10(30.3%)
15(45.5%)
7(21.2%)
33
Fuente: Elaboración propia, véase Anexo 3.
Los vocales departamentales contaron con una experiencia regular, tanto en
Congresos locales y nacionales como en las anteriores departamentales, de 38 veteranos
de 84 nombrados (45.2%). No obstante, entre ambos departamentos existió una enorme
diferencia. En el de México, los vocales habituados en trabajos de corte legislativo
ascendieron a 14, mientras que en el de Jalisco fueron 24. En el primer departamento, 13
vocales participaron en algún Congreso, 9 en los locales y 4 en lo nacional, y sólo uno fue
producto de las departamentales. La circulación de las vocalías fue de 92.9%. En el de
Jalisco, la cuestión de la experiencia fue un poco más compleja. De los 24 vocales ejercitados
en tareas parlamentarias, 21 comenzaron en algún Congreso, local o nacional, y únicamente
3 lo hicieron en una departamental. De los primeros, 13 participaron en una ocasión en las
Juntas y 4 fueron refrendados en su cargo para un segundo período. De los segundos, uno
intervino en tres ocasiones y otro en dos. En comparación con los del departamentos de
México, los vocales de Jalisco tuvieron cierta permanencia en los cargos debido a que un
203
total de 6 individuos de 41 (14.6%) fueron electos para dos o más departamentales -un
total de 13 de 47 (27.7%). Este número, aunque pequeño, es un indicador de la confianza
de quienes los nombraron para que formaran parte de los proyectos centralistas o al menos
de las instituciones departamentales.
El perfil de los vocales electo puede resumirse como el de un hombre maduro, con
relativa experiencia dentro de los ejercicios parlamentarios, con una ocupación inclinada al
mundo del derecho (civil o eclesiástico) en Jalisco o al de los inmuebles en el departamento
de México y alejado del castrense, las actividades comerciales y del resto de profesiones
liberales como la medicina y la enseñanza.
Al sustraer del Anexo 3 los vocales que no tomaron posesión, éste arroja pautas más
cercanas a las configuraciones operativas de las Juntas departamentales. Lo primero a
destacar es la diferencia entre los 84 individuos nombrados y los 45 que asistieron a las
sesiones. El contraste entre los dos permite matizar el resultado de los comicios con la
integración real de las Juntas. En Jalisco tengo documentados a 32 junteros que asistieron
a las sesiones, mientras que en el departamento de México tengo datos de 13
colaboradores. El desequilibrio se debe a que en el segundo no cuento con los datos de la
Junta provisional y en el primero existió una corporación más con la Junta irregular de 1841.
Los índices aumentan ligeramente en relación a la ocupación, edad y experiencia: 22
(48.9%), 21 (46.7%) y 22 (48.9%) correspondientemente. No obstante, examinados con más
detalle sólo hubo dos variaciones considerables. En la primera categoría, como comenté,
tres militares electos en el departamento de México no se dignaron a acudir al salón de
sesiones por lo que el porcentaje bajo a la mitad. En la segunda, el rango de 30-39 aumentó
sensiblemente en casi nueve puntos. Este último punto es interesante al indicar que los más
jóvenes eran los entusiastas para conformar a las departamentales.
En la conformación efectiva de las departamentales distingo entre los vocales
asistentes (45) y los ausentes (27) más otros que no logré recabar acerca de su asistencia
(12). El criterio para diferenciarlos es básico: su concurrencia a las sesiones sin importar la
precariedad o discontinuidad que ciertos vocales presentaron. Dejaré por un momento a
204
los asistentes. Los ausentes se pueden dividir a su vez entre los que por su calidad de
suplentes nunca fueron convocados (17) y aquellos que simplemente no acudieron a las
sesiones por uno u otro motivo (10). A los suplentes se les podría sumar los tres
desconocidos de la departamental de México de 1837.
En contraste con los individuos que aceptaron el reto, la tasa de rechazo para ser
vocal departamental fue relativamente baja: 11.9%. De los que se negaron, cinco dimitieron
al cargo, en la Junta provisional de México, desde el momento en que se enteraron.205 Las
dimisiones fueron justificadas, en su mayoría, con argumentos relacionados con
enfermedades que les impedían realizar esfuerzos mentales -dolores de cabeza o ataques
apopléticos- y la necesidad de trasladarse a espacios más benéficos para recuperar la salud
así como la urgencia de atender los negocios personales o domésticos. De los cinco
restantes, dos presentaron su renuncia a los pocos días de aceptar el cargo y los otros tres
nunca se aparecieron por el salón de sesiones pese a que fueron considerados como parte
de las departamentales al registrarlos día tras día y sólo a uno se le cesó. De los 10 vocales
ausentes, 2 pertenecieron a las Juntas de Jalisco y 8 a la de México. Nuevamente, en Jalisco
se observa una mayor aceptación por formar parte del entramado centralista.
Regreso con los 45 vocales asistentes. El Cuadro 8 se basa en la pesquisa recabada
para las cinco Juntas documentadas y refleja la concurrencia de sus integrantes a las
sesiones.206 De 34, que se pueden constatar su intervención en el salón, sobresale el total
de los que se presentaron a desempeñar su comisión: 24 vocales propietarios (70.6%) y 10
suplentes (29.4%). La tasa aumenta ligeramente considerando a los vocales que por la
normatividad debían ser electos. Es decir, de los 33 cargos de vocal propietario que fueron
205 AHEM, fondo gobernación, serie gobernación, 1835, vol. 36, exp. 27, Decreto. Tres apelando a su estado de salud y el resto porque sus responsabilidades y empleos eran incompatibles con el de vocal206 Omito a los integrantes de la Junta irregular de Jalisco de 1841. Pese a la información sobre su participación en las sesiones, me fue imposible determinar su asiduidad o número de asistencias. AHCEJ, 1841, caja 1, exp. 50, Se envía al Jefe Superior de Hacienda del Departamento de Jalisco la nota de los vocales que asistieron a sesiones en el mes de octubre; AHCEJ, 1843, caja 2, exp. 4, La Junta Departamental de Jalisco da cuenta de lo vocales que acudieron y los que no se presentaron a sesiones en el año de 1843. De igual forma, constate la renuncia de tres de los vocales de la Junta mexiquense de 1841 pero sin posibilidad de conocer su presencia en las sesiones. BPLEM, 1841, t. 114, exp. 546, Sobre licencia concedida a un diputado de esta Junta. BPLEM, 1841, t. 114, exp. 547, Renuncia de un miembro de esta Junta, BPLEM, 1841, t. 115, exp. 582, Sobre juramento de los seres. Vocales.
205
electos en las cinco departamentales 24 aceptaron la encomienda (72.7%). Los suplentes
de éstas corporaciones entraron a delegar a algunos de los que nunca se asomaron y a los
que a mitad del período dejaron de asistir bien porque dimitieron (6) o porque fallecieron
(3). La enorme cantidad de vocales propietarios sugiere que el cargo no fue entendido como
una losa de la que habría que librarse o sufrirla. Todo lo contrario, muchos se entregaron
como integrantes de las departamentales. Un total de 16 vocales concurrieron a 90% o más
de las sesiones en sus Juntas. Destacan los casos de Antonio Pérez Irías quien fue a todas
las sesiones de la Junta de Jalisco de 1837 hasta que se ausentó por sus enfermedades que,
posteriormente, lo condujeron a la muerte. Casos más extremos fueron los de Miguel Ruíz
de Tejada y Miguel Calderón, ambos de la Junta de México de 1837, que perseveraron en
su tarea durante 349 sesiones efectuadas a lo largo de 3 años y el de Manuel Carpio que
acudió a las 95 de la Junta de México de 1841. En contraposición, sólo 2 individuos
desdeñaron su mandato al ausentarse la gran mayoría de las sesiones sin presentar su
renuncia ni tampoco las departamentales los obligaron a ello y otros 4 faltando
esporádicamente con menos de 50% de asistencias.
Cuadro 8. Asistencia en las Juntas departamentales de Jalisco y México, 1835-1843
Departamental Sesiones - Asistentes Categoría Porcentaje bPropietario Suplente Regular Irregular Precaria Total Regular
J. Provisional de Jalisco 130 5 5 86.1 86.1
J. Provisional de México N/A
J. de Jalisco de 1837 99 7 2 7 1 1 70.8 78.9
J. de México de 1837 349 2 4 4 1 1 68.9 79.8
J. de Jalisco de 1839 110 7 6 1 80 80
J. de México de 1841 95 3 4 5 2 69 69
J. de Jalisco de 1841 N/A
24 10 27 5 2 75.3 79.1Fuente: Elaboración propia con base en AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. X-XI; AHCEJ, 1838, caja 3, núm. 21, El Supremo Gobierno comunica a la Junta Departamental los individuos que resultaron electos para ser integrantes de la misma; Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas.- El número sólo abarca en aquellas donde se especificó o infirió los vocales asistentes. b En el porcentaje total incluía a todos los integrantes de la departamental; en el porcentaje regular excluí a
los de asistencia precaria.
206
Los porcentajes total y regular de las cinco departamentales fueron elevados con un
promedio de 75.3% y 79.1% respectivamente. Esto es, existió un alto interés por acudir a
los trabajos de las Juntas. Lo que refuerza la idea de la aceptación de los integrantes para
gobernar/administrar los territorios a partir de las instituciones centralistas intermedias.
No fue una sola una corporación o una región, sino una constante en las cinco. Es quimérico
determinar con precisión cuáles fueron las motivaciones que cada vocal abrigó para ocupar
su asiento. Sin importar si fueron por la remuneración económica -algo que considero
sumamente dudoso dada la carencia de la Hacienda pública-, la proximidad con la toma de
decisiones, el impulso de sus negocios personales o familiares, la adhesión a un grupo
político o la adicción a un personaje, el compromiso con los comitentes o llanamente por el
"honor y distinción" que otorgaba el empleo; lo cierto fue que la gran mayoría de aquellos
en los que recayó la vocalía cumplió con, al menos, asistir a las sesiones. La comparación
regional del promedio advierte una diferencia importante de casi diez puntos a favor de las
departamentales de Jalisco que se estrecha a siete si únicamente se toma el porcentaje
regular. Sin embargo, lo destacable es que en las Juntas tres de Jalisco y las dos de México
hubo empeño de sus integrantes para sesionar.
Desafortunadamente no poseo las actas de las dos departamentales durante la
ruptura de la primera república centralista en el año de 1841. La información existente de
las Juntas que sobrellevaron las secuelas de las Bases de Tacubaya indica una pérdida de
interés por parte de los vocales. El porcentaje total y regular de la de México durante el año
de 1842 fue uno de los más bajos con 69% e incluso se registraron varias sesiones ordinarias
que no se realizaron por falta de quórum.207 Por su parte, la Junta irregular de Jalisco de
1841 padeció también la indolencia de sus vocales ya que dos propietarios renunciaron a
los pocos días de iniciadas las labores, otros dos nunca asistieron y un último se hizo cargo
temporalmente de la gubernatura sin regresar a las sesiones.208 El clima marcado por la
207 La Junta departamental intentó sesionar los días 14, 15, 17, 21 y 22 pero a falta de cuórum sólo registro en las actas el nombre de los vocales que asistieron y la hora hasta que habían esperado. Téllez, Ramírez y Argente, Actas.208 Colección, t. VIII, pp. 246 y 280, AHCEJ, 1843, caja 2, núm. 4, Comunicación de los vocales Suprema [sic] Junta departamental de Jalisco que asistieron a las sesiones y de los que no asistieron.
207
incertidumbre institucional, emanada de un pronunciamiento, permeó el ánimo de los
vocales que faltaron y rechazaron el cargo de vocal.
La inasistencia tiene sus propias pautas. Entre los 45 vocales concurrentes, las
justificaciones más socorridas para no cumplir con su encomienda fueron faltar con licencia,
sin ella o reportarse enfermos. Es difícil comprobar las dos primeras dado que la licencia o
la falta de ésta se consideraba más un permiso que una causa para ausentarse. Las licencias,
por lo regular, se prolongaban uno o dos meses más de lo establecido lo que condicionaba
a la departamental a verse estrechadas para resolver los asuntos pendientes. Todo parece
indicar que el único filtro para concederlas era no dejar desprovista a la departamental del
número justo necesario para sesionar por lo que podían concederse una o dos licencias
paralelamente. El caso extremo fue el de Ignacio González Pliego, propietario en la Junta de
México de 1837, quien acudió sólo a 11 sesiones de 345 sin solicitar permiso para faltar.209
Un móvil frecuente que manifestaron los vocales para faltar fue reportarse enfermo.
La gran mayoría de éstos apeló a problemas de salud en determinado momento para
justificar su ausencia. Algunos indudablemente lo estuvieron como Rafael Pérez, José María
Valiente, Antonio Pérez Irías y Julio Vallarta que tras continuamente reportarse postrados
se avisó de su fallecimiento.210 Por último, un motivo poco frecuente pero de envergadura
fue fundamentar la separación por haberse encargado del gobierno del departamento.
Como se sabe, el vocal más antiguo de las departamentales tenía la obligación de remplazar
al gobernador en las ausencias de éste. Seis vocales se ausentaron por tal razón. En la
mayoría de las ocasiones sólo le sustituyeron durante un período breve de uno o dos meses
(Cuadro 9). El único caso que un vocal dejó definitivamente sus deberes fue el de Antonio
Escobedo, de la Junta provisional de Jalisco de 1835, que se responsabilizó de la
gubernatura tras la salida de José Antonio Romero.211
209 Téllez, Ramírez y Argente, Actas.210 El anuncio de la muerte de José María Valiente fue dado en la sesión de marzo 24 de 1840; el de Rafael Pérez en la de mayo 9 de 1842; y el de Antonio Pérez Iría en la agosto 13. Téllez, Ramírez y Argente, Actas; AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. X, "Sesión de agosto 13 de 1838"; y AHCEJ, 1843, caja 2, núm. 4, Comunicación.211 Antonio Escobedo suplió en múltiples ocasiones a José Antonio Romero cuando este salía para restablecer su salud. Escobedo se plantó en la gubernatura de manera definitiva después de la salida de Romero en
208
Cuadro 9. Vocales de las Juntas departamentales que cubrieron al gobernador en Jaliscoy México, 1835-1843
Vocal Departamental Período GobernadorAntonio Escobedo J. Provisional de Jalisco Junio 17 de 1836 José Antonio Romero
Agustín Vicente de Eguía J. de México de 1837
Enero 3 a febrero 27 de 1838/ Junio 11 a junio 15
de 1838Luis Gonzaga Vieyra
José Justo Corro J. de Jalisco de 1839 Noviembre 18 a diciembre 9 de 1839 Antonio Escobedo
Joaquín Castañeda J. de Jalisco de 1841 Agosto a noviembre de 1841
Mariano Paredes y Arrillaga
Ignacio Vergara J. de Jalisco de 1841 Marzo de 1842 Mariano Paredes y Arrillaga
Fuente: Elaboración propia con base en AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. X-XI; Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas.
La salida de un vocal departamental que asumió su cargo fue un acto poco frecuente
aunque no desconocido. Un total de 6 de los 34 asistentes se podrían calificar en tal
circunstancia. El mencionado Escobedo para la Junta provisional de 1835 de Jalisco; Rafael
Flores dimitió al cargo en la Junta de Jalisco de 1837 para pasar a la administración del
distrito de Lagos en Jalisco y José Cirilo Gómez Anaya de la Junta de México de 1837 que
únicamente fue reportado por sus compañeros como "cesado" pero sin ahondar en detalles
más precisos del porqué dejó de formar parte de la departamental. La cifra aumenta con
tres vocales de la Junta de México de 1839, quienes mandaron su declaración para cesar
sus funciones por inconvenientes médicos.
Las altas tasas de asistencia que en general presentaron las Juntas departamentales
no reflejan con exactitud la observancia de los vocales para con las corporaciones a las que
pertenecieron. En otras palabras, los porcentajes revelados tienden a crear una idea
favorable sobre la participación y adhesión de los vocales. José Justo Corro, vocal de la Junta
de Jalisco de 1839, es el arquetipo de esta duda. En tres ocasiones intentó dimitir a su cargo
bajo diferentes argumentos. La primera vez fue en diciembre de 1838, días antes de la
instalación de la Junta a la que perteneció. Corro se excusó por ser antiguo miembro del
septiembre de 1836 y que no regresó por haber sido electo como Consejero de Gobierno. AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. X, "Sesión de agosto 22 de 1836 y febrero 8 de 1837".
209
Supremo Poder Conservador y fincó su argumento en el artículo 16 de la Segunda ley
Constitucional que impedía a los integrantes del Conservador ser elegido para varios cargos
durante su gestión y dos años después. La Junta respondió vehementemente al interpretar
la ley constitucional y asegurar que dicho artículo no comprendía a los cargos de elección
popular como lo era el de vocal departamental y que, en todo caso, Corro no tomó posesión
del cargo por lo que no podría ser entendido dentro de las excepciones.212 El primer asalto
lo ganó la Junta, Corro juró como vocal departamental el primero de enero de 1839 e incluso
fue su presidente. La segunda vez ocurrió de manera ambigua. La muerte de un magistrado
de la Suprema Corte de Justicia puso a Corro dentro de la terna para reemplazarlo en
septiembre de 1839. La Junta, extrañamente, votó por unanimidad a favor de Corro por lo
que pareciera que ahora era ésta la que se quería deshacer de él y que éste no se oponía a
ello. Todo parece indicar que la votación general no favoreció a Corro que siguió como parte
de la departamental.213 La última vez que Corro buscó salir de la Junta fue en 1840 cuando
fue designado ministro propietario del Superior Tribunal del departamento de Jalisco. La
Junta regresó a su actitud inicial de intransigencia al no aceptar la renuncia de Corro. En
esta ocasión, cuestionó el razonamiento acerca de cómo el nombramiento de Corro
"invalida[ba] de alguna manera la elección que se hizo en su persona con mucha
anterioridad para miembro de esta Junta" y preguntaba retóricamente "¿Por qué principio
o por qué ley debe preferir el segundo nombramiento al primero cuando este empleo no
es de menor importancia ni de menor categoría que aquel?".214 La insistencia de Corro por
dejar de ser parte de la Junta de Jalisco invita a pensar sobre la conformidad que los vocales,
aún los más asiduos asistentes pues Corro tuvo un índice de participación de 86.4%,
tuvieron para su destino en las departamentales. No es fácil saberlo, de hecho el caso Corro
es extraordinario, pese a ello la gran mayoría de los vocales no se dejaron amedrentar ante
los contextos tan adversos en los que se suscitaron las dos repúblicas centralistas.
212 AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. XI, "Sesión de diciembre 31 de 1838".213 AHCEJ, 1839, caja 3, núm. 12, Documentos en los que se procedió a la elección del individuo que debe cubrir la vacante de ministerio que resulto en la Suprema Corte debido al fallecimiento de D. Juan Ras y resultado nombrado el Sr. Justo C.214 AHCEJ, 1840, caja 1, núm. 3, El S. D. José Justo Corro renuncia el empleo de Diputado de la E. Junta departamental por haber sido nombrado Ministro del Superior Tribunal de Justicia.
210
Los reglamentos internos
La formación de los ordenamientos fue uno de los aspectos de mayor importancia dentro
de las facultades que las Juntas tuvieron a su disposición. De ser más severos en la
uniformización y centralización burocrática, el constituyente de 1835 pudo haber fijado una
disposición invariable para todas las departamentales en lo tocante a su operatividad como
lo hicieron con la integración de la planta de las Juntas departamentales y con la de las
secretarías de éstas. Pero más que sus potencialidades, que en términos prácticos no eran
muchas por su carácter intrínsecamente doméstico, la práctica misma de elaborar un
proyecto, leerlo, discutirlo, aprobarlo y aplicarlo fue donde recayó el principal valor de éstos
documentos como experiencia parlamentaria y por el acatamiento de un marco normativo
autoimpuesto. Hira de Gortari lo expresa con suma claridad para las diputaciones
provinciales de 1812 al afirmar que conocer la "reglamentación [interna] permite entender
cómo funcionaban" este tipo de corporaciones. Pero no sólo ello, para Gortari fueron
"formalidades a cumplir. Espacios políticos diseñados. Actos simbólicos impregnados de
creencias y nuevas formas" cuya puesta en práctica, dice en otro texto, "contribuyó a darle
forma a un conjunto de ciudadanos electos como representantes territoriales, los cuales
eran interlocutores tanto con las autoridades y las diferentes instancias del poder como con
el resto de la sociedad".215 Desde esta perspectiva, la normatividad doméstica fue un
resabio de las prácticas parlamentarias iniciadas en las diputaciones provinciales,
magnificadas por los estados federados y retomadas por las departamentales.
De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento provisional para el gobierno interior
de los departamentos de marzo 20 de 1837, las Juntas departamentales concebirían su
propio reglamento.216 Años antes, la Junta provisional de Jalisco en su primera sesión,
octubre 20 de 1835, estipuló un par de medidas para su funcionamiento inmediato. Las
215 Hira de Gortari Rabiela, "Las diputaciones provinciales de la Nueva España y México, 1820-1823. Entre el Antiguo Régimen y la Modernidad. Posibilidades de Estudio" en Serrano y Terán (ed.), Las guerras, pp. 525 y 532 y "Los inicios del parlamentarismo. La Diputación Provincial de Nueva España y México, 1820-1824" en Virginia Guedea (coord.), La Independencia de México y el proceso autonomista novohispano 1808-1824, México, D.F., UNAM, Instituto Mora, 2001, pp. 282-283.216 Reglamento provisional para el gobierno interior de los departamentos en Tena, Leyes, t. III, p. 328.
211
sesiones ordinarias se realizarían los lunes, miércoles y sábados a las diez de la mañana.217
Estas pequeñas providencias se efectuaron con la llana intención de organizar y normalizar
los quehaceres de la departamental. La duración de estas medidas se dilató hasta que la
primera Junta departamental formó su ordenamiento en abril 7 de 1837. El vocal Antonio
Pérez Irías fue el comisionado para preparar el proyecto. Mismo que presentó ante sus
compañeros, quienes "después de un detenido examen" lo aprobaron en su totalidad. Este
estatuto tuvo una longeva aplicación dado que fue el único que reguló a las posteriores
departamentales jaliscienses incluidas la Junta irregular de 1841 y las Asambleas de la
segunda república centralista.218 En el departamento de México no fue tan claro la
formación de un reglamento dado el desconocimiento de las actas de sesiones de la
departamental durante los primeros años de su existencia. La primera Junta expidió el suyo
hasta marzo 26 de 1840 y la segunda Junta expidió uno más en julio 29 de 1841.219
Las referencias mediatas de los reglamentos de las departamentales fueron aquellos
realizados en tiempos gaditanos así como los del México independiente tanto imperiales
como republicanos. Gortari señala que fueron las Cortes españolas las que impusieron un
"modelo" a los de las diputaciones.220 Éstos, es factible admitir, lo fueron a su vez de los
realizados por las entidades federales en la década de 1820. No pretendo realizar una
genealogía puntual de los reglamentos; me interesa advertir que las departamentales no
emprendieron una labor original sino que se apropiaron de los sedimentos existentes
dentro de la cultura política del momento para efectuar sus propios trabajos. Diputaciones
provinciales, Congresos estatales y departamentales habitaron elementos comunes pero
reelaborados por cada una. En Jalisco, diputaciones y departamentales fabricaron
instrucciones compactas de apenas más de 30 disposiciones, mientras que el del Congreso
superó los 130 artículos.221 Los de México fueron más extensos, el del estado rebasó los 160
217 AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. X, "Sesión de octubre 20 de 1835".218 AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. X, "Sesión de abril 7 de 1837".219 "Sesión de marzo 26 de 1840l" en Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas; BPLEM, 1841, t. 111, exp. 272, Reglamento interior de la Junta departamental.220 Gortari, "Las diputaciones", p. 525.221 AHCEJ, 1823, caja 1, exp. 2, Reglamento provisional para el gobierno de la Diputación Provincial de este Reyno de Nueva Galicia y "Reglamento para el gobierno interior del Congreso del estado libre de Jalisco" en Colección de los decretos, t. I, p. 471-493.
212
puntos y los de las departamentales alrededor de los 60.222 La corpulencia de los
ordenamientos de las legislaturas locales fue una consecuencia natural del régimen federal
y de la potestad de los Congresos sobre todos los asuntos de gobierno y administración
interna y de igual forma manifiesta el ahínco que los diputados tuvieron para regular la vida
al interior de sus salones.
Las aproximaciones en materia reglamentaria entre las diferentes instituciones
intermedias -diputación provincial de Nueva Galicia, Congreso de Jalisco, Congreso del
estado de México y las dos Juntas departamentales- se pueden apreciar como parte de una
misma cultura parlamentaria en construcción. Por ejemplo, la manera de realizar
proposiciones mantuvo dos elementos persistentes: la facultad de todos los integrantes
para formularlas, una tendencia para que se dirigieran por escrito y la manera de
solventarlas. La igualdad de posibilidades más que fomentar un hálito democrático debe
entenderse como una apuesta para que los vocales tuvieran aportaciones activas e incluso
con el riesgo de que apelaran por aquellos negocios que les fueran más benéficos en lo
personal que en lo colectivo. La reiteración, obligación en algunos casos, para que las
propuestas fueran por escrito atiende a una lógica práctica; "evitar toda discusión vaga". La
resolución de los negocios públicos, por su parte, comparte una estructura semejante en
todos los códigos. En un primer momento, los negocios debían ser admitidos como lo
suficientemente discutidos para proceder a votación De ser así, se pasaba a un segundo
momento en el que los miembros presentes emitían su parecer conforme con el tipo de
votación -nominal o secreta. En algunos reglamentos, como el de la diputación de Nueva
Galicia y la Junta de Jalisco, no fueron tan precisos en lo tocante a las diferencias de un
método u otro. No importa, lo relevante fue la contundencia del voto como medida de
aprobación de los negocios públicos. Como se puede observar, dada las semejanzas es
viable sugerir que tanto diputaciones como Congresos y departamentales abrevaron de las
mismas fuentes para desarrollar sus lineamientos interiores además de presentar una
continuidad palmaria dentro de las prácticas. Sin embargo, los de los estados y
222 "Reglamento interior para el Congreso del Estado de México" en Colección de decretos, t. I, pp. 175-193.
213
departamentales no fueron meros trasvases o calcos de sus predecesores sino que más bien
reinterpretaron las problemáticas.
Los tres reglamentos que poseo fueron elaborados siguiendo las pautas de la
uniformidad institucional propuesta por el proyecto constitucional de 1836 para convertir a
los departamentos en unidades administrativas homólogas. Estos estatutos fueron
planteados de manera vertical y descendente comenzando con las Siete Leyes -
especialmente la sexta-, el Reglamento provisional y desembocando en los ordenamientos
que cada Junta preparó para su gobierno interno. El programa centralista fijó límites
explícitos a través de esta jerarquía legislativa que los vocales no podían traspasar. Aunado
a ello, la cultura política iniciada en Cádiz sobre prácticas parlamentarias que compartían
los vocales, tanto por el pasado legislativo de algunos como por su instrucción informal
dentro de las departamentales mismas, les constriñó en determinados abordajes. Estas dos
coacciones terminaron por imponer la existencia de tópicos comunes en los tres
reglamentos como el ceremonial de las sesiones; los diferentes clases de éstas; el horario a
cubrir; el tratamiento y naturaleza de los asuntos públicos; las votaciones así como la
participación y ausencia de los vocales. La importancia inmediata de la sistematización de
estos aspectos se situó dentro del campo de la práctica y la obligatoriedad de los vocales
para determinar fórmulas y comportamientos ordenados que les permitieran conducirse
dentro de la departamental.
La comparación de los reglamentos resalta la manera en que cada Junta planteó y
resaltó algunos temas para operar. El reglamento manufacturado por la Junta
departamental de Jalisco de abril de 1837 estuvo redactado en un cuerpo único de corta
longitud con apenas 26 disposiciones. Los de las departamentales de México, formados
tardíamente en marzo de 1840 y julio de 1841, fueron más prolongados con 57 y 89 artículos
y divididos en 7 y 8 capítulos respectivamente. La estructura varió en la prelación de una u
otra sección, pero el contenido es similar en los tres. Entre los mexiquenses hay una
similitud manifiesta resultado de que los vocales que confeccionaron el segundo copiaron
textualmente la mayoría de los artículos del primero con pequeñas correcciones o
añadiduras en lo que creyeron conveniente. El capítulo tercero, sobre las sesiones, fue el
214
único que presentó notables cambios tanto en el número de artículos, once más que el del
original, como en la redacción de éstos. Además se incorporó un título exclusivamente de
la secretaría que hasta ese momento operaba con su propio reglamento.
Al esquematizar las secciones que tratan los reglamentos (Figura 1) es notable que
el de la Junta de Jalisco mantuvo una articulación lógica en sus primeros temas. Comenzó
por aspectos generales de las sesiones -com o el lugar donde se sesionaría y los días para
ello- para continuar con los particulares de la vida cotidiana de la departamental como el
ceremonial y la forma de resolver los asuntos. En contraste, los de la Junta de México
tuvieron una configuración temática. Cada capítulo giró en torno a una cuestión específica
sin depender del anterior. Los de Jalisco fincaron su propuesta en el funcionamiento interno
de las sesiones, mientras que los de México optaron por abarcar más aspectos de la vida
alrededor de las Juntas como el papel del presidente, el secretario y la secretaría.
Figura 1. Temas tratados por los reglamentos de las Juntas de los departamentos de
Jalisco, 1837
Sesiones Ceremonial
W_________ 1
Asuntos > Discusión
v l
Votación > Orden
Licencia
Jalisco y México
México, 1840
Presidente » Vocales
v l
Sesiones Negocios
v l
Votaciones Secretario
V-
Ceremonial
México, 1841
Presidente > Vocales
w ________ i
Sesiones Negocios
v l
Votaciones » Secretario
v 1
Ceremonial » Secretaría
Fuente: Elaboración propia con base en AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. X, "Sesión de abril 7 de 1837"; Junta departamental de México, "Sesión de marzo 26 de 1840" en Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas; BLCEM, 1841, t. 111, exp. 272, Reglamento interior de la Junta departamental.
El contenido, independientemente de su estructura o extensión, no difiere entre los
tres reglamentos. Los vocales tuvieron un evidente interés por regular la vida interna de las
departamentales por necesidades prácticas para atender las consultas y resoluciones
provenientes de los gobernados. Los reglamentos incidirían en éstas encauzándolas de
215
acuerdo a su urgencia, notoriedad y gravedad. La forma de llevar las sesiones fue uno de
los temas fundamentales de las departamentales. Ésta eran el soporte y marco para todos
los demás. Me limito a lo acordado en los estatutos. En los tres se indicó que había tres
clases de sesiones: ordinaria, extraordinaria o secreta. La primera fue definida en
contraposición con las otras dos. Las extraordinarias, por su parte, tendrían lugar para
"tratar algún asunto de interés común y urgente" ya sea porque "lo exija la necesidad" o
por "la gravedad del asunto". Las secretas, en cambio, sólo se efectuarían cuando hubiere
negocios de "naturaleza reservada" como "elecciones, exclusión de personas propuestas [a
cargos públicos], o informes sobre licencia para casamientos, [y] sobre abusos en la
administración de rentas". De esta manera, las sesiones ordinarias fueron la reunión
cotidiana en la que se trataron la gran mayoría de los asuntos de talante más
administrativos y que no pudieran conmocionar al público; las extraordinarias eran
emergentes, acordadas sin conocimiento de los mismos vocales a quienes se les manda
llamar a sus hogares, para solventar negocios ríspidos que se hayan presentado
inesperadamente; y las secretas no tuvieron ese cariz de urgencia pero dimensionaban el
de la prudencia.
Las Juntas de ambos departamentos, según lo previsto, sesionarían seis horas a la
semana. En Jalisco se estipuló que fueran sólo dos días -miércoles y sábado- durante tres
horas por la mañana de 10 a.m. a 1 p.m. Los de México lo harían en tres -lunes, martes y
jueves- por dos horas a medio día de 12 p.m. a 2 p.m. Es difícil aquilatar el razonamiento
que brindara mejores condiciones para los trabajos. Jornadas más largas o en mayor
cantidad. El número y la duración de las sesiones podría parecer anecdótico pero formó
parte de las estrategias que los vocales utilizaron en los momentos de tensión. Por ejemplo,
la Junta de México de 1837 sesionó alrededor de una hora durante los últimos meses de
1840 pese a los acuciosos asuntos que debían atender. Entre éstos destacan las
observaciones al proyecto de reformas constitucionales requeridas por el Congreso
nacional. Los vocales recibieron el mandato a mediados de septiembre y fueron alargando
su lectura y discusión por varios meses con pretextos infantiles. Tal fue el caso de la sesión
de diciembre 3 en el que los vocales iniciaron su labor a las dos de la tarde y trataron
216
exclusivamente la lectura del proyecto pero "se suspendió por haberse dado las tres de la
tarde, en cuya hora se levantó la sesión".223
Las sesiones eran actos fuertemente institucionalizados tanto por la normatividad
como por la costumbre. Cualquier sesión comprendía la concurrencia de los vocales, no
menos de cuatro y, aunque no tenían uniforme oficial, se les pedía asistir vestidos "con
trajes decentes". Estos ingresaban "guardando silencio y compostura" al salón y tomaban
asiento sin preferencia con excepción del presidente cuyo lugar estaba indicado. La reunión
iniciaba con la fórmula "se abre la sesión". El ceremonial era claro para los de Jalisco. "Todas
las sesiones darán principio leyéndose por el Secretario las minutas de la acta de la sesión
anterior" para proseguir con los asuntos de mayor gravedad y posteriormente los menos
acuciantes. El reglamento de la Junta de México de 1841 era más minucioso al fijar los
horarios para los trabajos. Después de leída el acta de la sesión anterior "se ocupará la
primera media hora a lo más en la lectura de oficios y comunicaciones [...] en la siguiente
media hora se dará lectura a las proposiciones de los vocales [...] el restante tiempo se
ocupará de la discusión de los dictámenes y negocios pendientes". En términos generales,
todas las sesiones poseyeron rutinas regidas por el mismo protocolo. En los ordenamientos
de Jalisco y los de México existieron pocas diferencias en la forma de realizar las sesiones.
El sustrato primordial del trabajo de las departamentales fueron los asuntos
públicos, también llamados negocios, a los que éstas debían dar solución. Éstos eran las
solicitudes, peticiones o reclamos de los gobernantes o comunicaciones de otras instancias
estatales que las Juntas debían responder. Los tres reglamentos no especificaron la
jerarquía de estos según su procedencia ni tampoco determinaron puntualmente, como lo
estableció el Reglamento provisional de 1837, que el único conducto para recibirlos fuera
el Gobernador.224 Sin embargo, a lo largo del articulado es evidente que la gravedad y la
generalidad fueron los cimientos que priorizaban el tratamiento de los asuntos públicos.
223 "Sesiones de 14, 15, 18, 19 y 23 de septiembre; 7, 23, 28 y 29 de octubre; 30 de noviembre; y 1, 2, 3 y 19 de diciembre de 1845" en Téllez, Ramírez y Argente (comps.), A ctas..224 "Reglamento provisional" en Tena, Leyes, t. III, p. 328.
217
Los creadores de los reglamentos pusieron más encono en el cómo serían
satisfechos los negocios públicos. En Jalisco consideraron que para aquellos que "fueren de
muy fácil resolución y ninguna trascendencia podrán discutirse inmediatamente y
resolverse". Para los asuntos de "gravedad y trascendencia", en las tres Juntas se otorgó al
presidente la facultad para nombrar comisiones que agilizaran su conclusión. Éstas
examinarían los expedientes, fuera del tiempo de las sesiones, presentarían un dictamen
ante el resto de vocales para discutirlo, replantearlo si fuera necesario y votarlo. Los
estatutos de la Juntas de Jalisco de 1837 y de México de 1840 concuerdan en este punto.
Las comisiones, en ambos, son poco delineadas pero se intuye que refieren a encomiendas
unipersonales y circunstanciales. El adjetivo "especial" dado en el de 1840 da una idea de
ello. El de Jalisco fue más claro pues prevenía al presidente que al nombrarlas "procurara la
igualdad en el trabajo, de modo que unos individuos no sean más recargados que otros".
En amplio contraste, en el de México de 1841 se prevenía al presidente para que formara
16 comisiones permanentes que atendieran materias específicas.225 Éstas se
comprenderían de un solo vocal con la excepción de la de ayuntamientos y la de glosa que
lo serían con dos. Es decir, la mayoría de los vocales se responsabilizaría de tres comisiones
al mismo tiempo. De las 16, la denominación de 15 atiende a lógicas administrativas, sólo
la de puntos constitucionales contiene un perfil más político. El modelo de Jalisco de 1837
y México de 1840 para las comisiones permitiría mayor flexibilidad al nombrar según las
eventualidades y personal disponible además concentraría los trabajos en aquellos más
enérgicos o avezados en la materia; el de México de 1841 sería más rígido y tendería al
retraso de materias por la ociosidad de algún vocal pero organizaría mejor las tareas
procurando que todas fueran observadas, comprometiendo a los vocales con el
cumplimiento de su comisión e introduciendo los perfiles más cualificados según cada una.
Más que la operatividad de uno u otro modelo, me interesa reseñar que el último, de
225 Las comisiones fueron las siguientes: de Hacienda; educación pública; caminos; puentes y calzadas; beneficencia; industria; agricultura y comercio; ayuntamientos y policía de orden; ornato y seguridad; salubridad; hospitales; cárceles y policía de comodidad; glosa de cuentas; estadística; gobierno, y puntos constitucionales. BPLEM, 1841, t. 111, exp. 272, Reglamento.
218
comisiones fijas, recrea prácticas más esmeradas de organización retomadas por
ayuntamientos y Congresos legislativos para desarrollar sus actividades.
En las discusiones se vuelven a equiparar los tres reglamentos. Los vocales tendrían
que guardar "moderación [sin] interrumpir al que habla". La forma para expresar sus
argumentos en el debate era solicitar la palabra en voz baja al presidente y esperar su turno.
El número de intervenciones de cada integrante era limitado por cada discusión -3 en la
Junta de Jalisco y 2 en las de M éxico- y pudiendo ser reconvenidos por el presidente
aquellos no aportaban nada con su exposición.
La votación era el último peldaño tocante a los asuntos, convertidos en dictámenes,
antes de aprobarse o desecharse. Para considerarlos, los negocios debían estar
"suficientemente discutidos", situación a la que se llegaba ante la falta de participaciones o
porque se sufragaba para ello. El reglamento de la Junta de Jalisco no especificó la forma
de realizar las votaciones. En los de las departamentales de México se detalló el proceso.
Ambos concuerdan en un método público y otro secreto. El primero era público
literalmente y comprendían por exclusión a "todos los negocios que no deban hacerse en
secreto". El auditorio observaba la decisión en las votaciones debido a que los vocales lo
expresarían en voz alta o poniéndose en pie. El segundo se efectuaba de manera anónima
mediante cédulas. En el estatuto de 1841 advierte que se colocaría en una "ánfora [...] en
una mesa en medio de la sala a donde irán de uno en uno los vocales comenzando por el
menos antiguo, echando la letra sobrante en la ánfora de la izquierda, y el Secretario que
deberá hallarse sentado al lado de dicha mesa concluida la votación llevará la ánfora ante
el Presidente [que] contará los votos y echa en voz alta la regulación publicará el resultado".
El último tópico tratado fue el del orden dentro de las sesiones. El cual podía ser
alterado por los propios vocales "por el calor de la discusión" o por concurrir "un gran
número de espectadores". El presidente era el encargado de restituir la t ranquilidad. Sin
embargo, el de la Junta de México sólo podía invitar a salir a los perturbadores, vocal o
muchedumbre, y formar causa ante el juez competente en caso de cometerse "falta grave";
el de la Junta de Jalisco podía ser más terminante con la suspensión de la sesión.
219
En los reglamentos internos de las departamentales hay dos lecturas
complementarías. En primer lugar, en ellos es posible entrever un atisbo del proyecto
centralista de 1836. Más allá de la extensión o la hondura en algunas materias; los tres
reglamentos partieron de un mismo marco institucional que reflejó la similitud en el
desarrollo de los aspectos cardinales. La más importante diferencia, y con ello espero se me
entienda, fue la forma de organizar las comisiones. Dos estatutos establecieron un modelo
de comisiones especiales y el otro de comisiones fijas. No es una cuestión menor porque de
éstas dependía la resolución de las consultas, la savia misma de las departamentales, al
estar encargadas del estudio y la proposición de dictámenes. No obstante, en términos
cuantitativos no se puede apreciar un cambio substancial. Bajo el modelo de comisiones
especial, las departamentales de Jalisco de 1837 y 1839 así como la de México de 1837
atendieron prácticamente el mismo número de negocios, alrededor de 500 en un año, que
la de México de 1841 que trabajaba con comisiones fijas. La diferencia entre los modelos
de comisiones fue una cuestión de operatividad interna más que un cambio radical de su
eficacia. Sólo un estudio puntual de los negocios de alguna de las dos juntas podría brindar
mayores luces. Los otros desencuentros fueron las omisiones o puntualizaciones de algún
punto, pero no expresan visiones diferenciadas y contrapuestas del funcionar interno de las
departamentales. En segundo lugar, vistos como reguladores de la vida cotidiana de las
Juntas. Las reglas formales e informales desplegadas en los ordenamientos permitieron
establecer un ceremonial rutinario que marcó el ritmo del trabajo de las departamentales
desplegado en las sesiones. En otras palabras, el reglamento hizo posible la operatividad de
las Juntas y Asambleas departamentales.
La vida interna de las sesiones
La historia de las Juntas departamentales se fraguó mediante el transcurrir de sus sesiones.
Éstas eran, a groso modo, la reunión institucionalizada de los vocales para deliberar y
despachar los negocios públicos concernientes al departamento que encabezaban.
Reguladas en sus pormenores cotidianos por la normatividad al respecto; las sesiones
fueron el espacio inherente de las departamentales. En ellas se consumaron las tareas que
le daban sentido a estas corporaciones. Una departamental sin sesiones sería un
220
formalismo vacío. Por lo tanto, un análisis sobre esta práctica resulta poco menos que
obligatorio.
El Cuadro 10 exhibe un resumen de las ocasiones en que cada departamental
sesionó. La comparación regional del total de sesiones es inadmisible. Como señale en el
apartado anterior, las de México celebraban una más por semana que las de Jalisco por lo
que los números de las primeras invariablemente serán superiores creando el espejismo de
una asiduidad mayor por parte de los mexiquenses. Más apropiado es cotejar el porcentaje
entre las sesiones ordinarias proyectadas y las que se efectuaron. Excluyo a las sesiones
extraordinarias por su irregularidad y la imposibilidad para determinar su cantidad. Los
reglamentos no limitaron ni previeron el número de extraordinarias que las
departamentales pudieran tener. Éstas variaron según las urgencias de cada corporación.
Cuadro 10. Sesiones ordinarias de las Juntas departamentales de Jalisco y de México,1835-1843
DepartamentalSesión -
PeríodoProyectada Ordinaria Extraordinaria Total Porcentaje
J. Provisional de Jalisco 150 118 12 130 78.7Octubre 20 de 1835 a
Marzo 25 de 1837J. Provisional de
MéxicoN/A
J. de Jalisco de 1837 86 94 13 107 109.3Marzo 26 a agosto 19 de
1837/Agosto 13 a diciembre 31 de 1838 b
J. de México de 1837 468 345 6 351 73.7Enero 3 de 1838 a
Diciembre 31 de 1840
J. de Jalisco de 1839 104 102 8 110 98.1Enero 1 de 1839 a
Diciembre 31 de 1839
J. de México de 1841 156 94 2 96 60.2Enero 3 de 1842 a febrero
27 de 1843/Octubre 1 a noviembre 8 de 1843-
J. de Jalisco de 1841 N/A
Fuente: Elaboración propia con base en AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. X-XI y Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas.- Las sesiones proyectas fueron calculadas multiplicando el número de reuniones estipuladas en los reglamentos por las semanas transcurridas durante el período de cada departamental. b Período discontinuo.
221
De las siete Juntas analizadas sólo de cinco se puede fijar el porcentaje de sesiones
ordinarias aunque la serie de dos presenta carencias importantes pero que no impiden un
cómputo adecuado. Las cinco tuvieron un desfase entre lo proyectado y lo efectuado menor
a 40%. Entre éstas, las Juntas de Jalisco de 1837 y 1839 descuellan por la alta frecuencia de
sus sesiones incluso superando el de las proyectadas. La relación entre lo reglamentado y
lo realizado, más que una escueta confrontación entre la norma y la práctica, reafirma la
hipótesis delineada a partir de las asistencias de los vocales departamentales sobre el
interés que éstos tuvieron para que las Juntas departamentales operaran sistemáticamente
con un calendario regular. La comparación entre los porcentajes de sesiones y asistencias
matiza la idea anterior. La mencionada Junta de 1839, por ejemplo, sesionó sin falla durante
los dos años de su gestión con 98.1% de las previstas por el reglamento pero tuvo un
promedio de asistencia de apenas 80%. Por su parte, la de provisional de Jalisco ocurrió lo
opuesto, el porcentaje de sesiones (78.6) fue menor que el de asistencias (86.1) además de
que la mayoría de los vocales fueron constantes en su participación. Me interesa resaltar
que, pese a apuntalar una misma idea, la equiparación entre sesiones y asistencias es un
acercamiento ingenuo. La relación entre ambos no fue simétrico ni proporcional sino que
siguieron sus propias lógicas.
En este sentido, en el Anexo 4 se manifiesta los gráficos de las sesiones mes a mes
de las cinco departamentales de las que tengo información. La primera generalidad que se
advierte es la regularidad con que todas las corporaciones se congregaron. Pocos son los
meses en los que no hubo sesión. De hecho, los huecos se deben más a un problema de
fuentes -com o en la Junta de Jalisco de 1837 y la de México de 1841- que a un desinterés
por parte de los vocales. La segunda es la volatilidad en el número de sesiones por meses
fijado en los reglamentos. El número fluctuó tremendamente. Meses en los que apenas
hubo una o dos sesiones y otros en los que se efectuaban casi el doble de lo marcado. La
Junta de México de 1837, entre los meses de agosto de 1839 y diciembre de 1840, llegó a
sesionar cinco días por semana. La tercera observación es que la mayoría de las
departamentales sufrió una disminución de sus sesiones al final de período que he
registrado. Los casos más dramáticos fueron el de la Junta provisional de Jalisco cuyas
222
sesiones en los primeros meses oscilaron entre las cinco y once y descendieron hasta dos
en el mes diciembre de 1836 cuando ya se había aprobado la Sexta ley constitucional; de
igual forma la Junta de México de 1841 pasó de reunirse de seis a trece ocasiones a un
mínimo de dos en diciembre de 1842 y febrero de 1843 en medio del conflicto de las
facciones políticas.
Las causas de la disminución de sesiones es materia particular de cada
departamental. Al final de su período, la Junta provisional de Jalisco sufrió de escasez de
vocales. Uno dejó definitivamente la Junta para asumir la gubernatura y otro simplemente
dejó de asistir sin dar aviso de sus faltas. Esta situación se sumó a la fatiga de la encomienda.
Pese a ser una corporación transitoria, estas departamentales se prolongaron durante año
y medio con exiguas bases institucionales, burocráticas y fiscales. La prolongación sinuosa
de los trabajos del primer Congreso constituyente centralista permeó en el ánimo de las
departamentales.226
En contraste, las Juntas de México de 1837 y 1841 experimentaron en sus espacios
los momentos más álgidos de las pugnas políticas nacionales. La primera tuvo dos
momentos de agotamiento en su prolongada existencia -febrero-marzo de 1839 y
diciembre de 1839-marzo de 1840- correspondientes a lo más ríspido de los
pronunciamientos armados que los federalistas radicales organizaron.227 En la segunda
ocurrió al momento del conflicto entre el Congreso constituyente de 1842 y el poder
ejecutivo provisional que culminó con la disolución del primero en diciembre, el mismo mes,
repito, con la menor cantidad de sesiones de esta Junta.228 En otras palabras, existió un
estrecho vínculo entre las encrucijadas políticas nacionales y la merma en la cantidad de
sesiones de las departamentales. Pese a su talante administrativo, las Juntas flaquearon sus
tareas por disturbios políticos.
226 La primera constitución centralista fue recibida con "grandes muestras de esperanza y celebración", pero "apenas puestas en vigor las Siete Leyes se esfumó el apoyo 'popular'". Vázquez en Dos décadas, pp. 62-66.227 Véase Vázquez, Dos décadas, pp. 65-88 y Costeloe, La república, pp. 161-237.228 Véase Noriega, El constituyente, pp. 77-114.
223
La Junta departamental de Jalisco de 1839 fue la excepción a la segunda y tercera
generalidad vistas acorde al Anexo 4. Su cantidad de sesiones por mes varió poco entre las
siete y once incluso en algunos se efectuaron las ocho reuniones establecidas en el
reglamento. Esta departamental, como delineé atrás, fue la que presentó un
funcionamiento más regular: todos sus vocales propietarios asumieron el cargo, se mantuvo
una asistencia de 80%; sesionó constantemente y con poca variabilidad en el número de
reuniones por mes.
Una característica privativa de las Juntas fue su estado de sesión permanente. Es
decir, las diputaciones gaditanas de 1812 y los Congresos estatales de la primera república
centralista, a semejanza de las Cortes generales y los Congresos nacionales, tuvieron
períodos concretos por año para reunirse mientras que el resto del tiempo sólo operaba
una comisión permanente encargada de los asuntos más urgentes y, dado el caso, convocar
al resto de los diputados para celebrar sesiones extraordinarias.229 No es una cuestión
menor. En primer lugar, en términos prácticos, los vocales debían realizar un esfuerzo
titánico al tener que presentarse dos o tres veces por semana para sesionar los cuatro años
que duraba el empleo. Por ello, estaban obligados a morar en la capital en menoscabo de
sus negocios particulares. Es cierto, buena parte de los vocales residían en las mismas
capitales, pero el tiempo invertido en los asuntos de las departamentales reducía su
atención en otros aspectos de sus vidas ya que, se debe recordar, no sólo debían acudir al
salón durante el horario determinado sino que también realizaban dictámenes, como parte
de las comisiones especiales o fijas, por fuera del tiempo de las sesiones. En segundo lugar,
la perennidad de las reuniones de las departamentales las desligó de las prácticas
parlamentarias de la época que establecía períodos cortos para el trabajo y, en contraste,
229 Las diputaciones disponían únicamente de 90 días al año, "distribuidas en las épocas que más convenga". "Constitución de la Monarquía española", título VI, cap. II, art. 334 en Tena, Legislación, p. 315. El Congreso de Jalisco disfrutaba de dos períodos ordinarios: el primero, los meses de febrero-abril con posibilidad a extenderse durante el mes de mayo y el segundo todo el mes de septiembre sin posibilidad de prórroga. "Constitución política del Estado de Jalisco", título I, cap. III, art 79. Colección, t. I, p. 327. El Congreso del Estado de México también contaba con dos períodos anuales: de marzo 2 a junio 2 y de agosto 15 a octubre 16. "Constitución política del Estado libre de México", título II, cap. IV, art. 50. Colección, t. I, p. 110.
224
las vinculó con corporaciones como concejos del gobierno y ayuntamientos que de igual
manera estaban reunidos permanentemente.
La revisión de las actas de sesiones refleja con claridad patrones que cada
departamental adoptó como parte de su ceremonial cotidiano. Éste, en su mayoría,
derivaba de la normatividad tanto legislativa como doméstica mientras que algunas
recayeron en lo consuetudinario. De igual forma existieron acciones que sólo se realizaban
en determinadas circunstancias. Al comienzo del período de cada corporación, dos actos
puntuales aquilataban su legitimidad: el juramento de los vocales y la instalación
constitucional de las departamentales.
El primero se ancló en tradiciones hispanas fuertemente arraigadas con una carga
simbólica católica, asimismo contó con un carácter polivalente como mecanismo
perteneciente al sistema de legitimación de las instituciones estatales republicanas.230 El
semblante religioso se perpetró mediante la ritualidad e inclusión de elementos
considerados sagrados. Así, los individuos debían poner "la mano derecha sobre los Santos
evangelios" al momento de pronunciar el juramento en el que Dios era el garante. También
era un protocolo indispensable para que los vocales electos desempeñaran este puesto
público. Quien no lo pronunciaba no era considerado como parte de la corporación. La Junta
de Jalisco de 1837 le recordó a José Justo Corro, cuando se excusó de la vocalía
departamental por su calidad de exmiembro del Supremo Poder Conservador, que para
pertenecer a una corporación primero se tenía que realizar el juramento y él no lo había
realizado. De igual forma, luego de presentar el juramento, los vocales recién investidos
"toma[ban] asiento entre los demás" como reconocimiento de su posicionamiento como
cofrade. Por último, era un dispositivo de sujeción que los funcionarios públicos efectuaban
como garantía de un buen desempeño y, de no serlo, la posibilidad de fincar
responsabilidades en su contra. El juramento se estableció para generar un vínculo de
confianza con los gobernados. Así lo estableció el Reglamento provisional de 1837. El
artículo 51 precisó que los vocales se comprometían por el juramento a "guardar y hacer
230 Marta Lorente, "El juramento constitucional", Anuario de historia del derecho español, núm. 65, pp. 585632.
225
guardar las leyes constitucionales, y de cumplir fielmente las obligaciones de su encargo,
siendo responsables de las infracciones que comentan o no impidan".
Los vocales debían jurar su comisión desde el primer día que se presentaban al salón
de sesiones. Esto durante la instalación de la departamental o porque se integraban
posteriormente. Una vez que el miembro electo ingresaba y con la mano en los evangelios,
el secretario de la departamental leía la formula siguiente: "¿Juráis a Dios guardar y hacer
guardar las leyes constitucionales decretadas y sancionados por el Congreso nacional en el
año de 1836?" a lo que éste respondía "sí juro" y el vocal presidente o el gobernador
respondía ceremoniosamente con "si así lo hiciere Dios os lo premie, y si no, os lo
demande".231
La instalación de las departamentales era otro de los momentos claves dentro del
ceremonial de estas corporaciones. Contenían un estricto sentido funcional: el colofón de
la departamental cesante y el inicio de los trabajos de la nueva. Además, en la sesión de
instalación se recibían las credenciales y juramento de los vocales entrantes. Como parte
de este sentido funcional se le mandaba una nota al gobernador para informarle del
acontecimiento si no había asistido pero también para que circulara la noticia a las
autoridades nacionales e intermedias. Esta última operación dio un cariz publicitario. La
instalación, visto en este sentido, tenía un sentido político como apertura de ductos de
comunicación para recibir y ofrecer apoyo principalmente entre las otras autoridades
departamentales.
La documentación revisada indica que las Juntas departamentales no fueron motivo
de celebración. Las primeras, las provisionales, tuvieron una instalación bastante discreta.
En la de Jalisco, el Congreso cesante solamente acordó comunicar a una serie de
autoridades nacionales y departamentales. Las Juntas jaliscienses de las Siete Leyes
siguieron el mismo camino con instalaciones deslucidas incluso en la primera, los vocales
electos acudieron al salón para presentar el juramento sin el mayor sobresalto. Para las
231 "Ley en que se fija el día en que deben de leerse y firmarse en sesión pública las leyes constitucionales, formalidades sobre su publicación y juramento, y prevenciones del gobierno para este objeto" en Tena, Legislación, t. III, p. 228.
226
Juntas de México no poseo la información sobre su sesión de instauración pero tampoco
emitieron alguna comunicación o, mucho menos, decreto mencionando alguna gala.
Los reglamentos internos, aun los más minuciosos, no detallaron punto a punto el
transcurrir de las sesiones. Muchos aspectos recayeron en prácticas fincadas en la tradición
parlamentaria heredada de las Cortes de Cádiz y los Congresos mexicanos. Las sesiones de
cada Junta siguieron unos mismos patrones perceptibles en los libros de actas, pero
también se observan disparidades al no comprender los mismos procesos en todas e incluso
diferencias cuantitativas como la cantidad de oficios, dictámenes o resoluciones.
Advertencias aparte, la revisión de las actas me permitió realizar la Figuera 2 que
ofrece un panorama esquemático de los procesos que las departamentales desarrollaron
sesión tras sesión. En estos términos, un proceso lo considero como un evento que las actas
registran periódicamente con un mismo orden y con la misma fórmula de inicio -"reunidos
el Señores Presidente y Vocales"; "leída y aprobada la acta de la sesión anterior"; "se
levantó la sesión a la que no asistieron". La diferencia entre el número de procesos de las
Juntas de Jalisco con las del departamento de México es sólo una primera impresión. Una
lectura más detenida arroja que dicho desbalance fue porque las Juntas de México no
organizaron con detalle la prelación de los negocios que atendieron. En las más de 400 actas
de sesiones revisadas no logré identificar un patrón que explicara por qué en algunas se
trató primero los oficios remitidos por el gobernador y en otras se dio preferencia a los de
particulares e incluso a los dictámenes elaborados por los vocales. En cambio, en las Juntas
de Jalisco es evidente el orden que utilizaron: primero los asuntos domésticos, los del
gobernador y al final los dictámenes y proposición.
Las Juntas de los dos departamentos apostaron por un tratamiento expedito de los
negocios públicos acorde con su proyección administrativa. Para ello utilizaron muletillas al
momento de mandar su resolución al gobernador. Las de Jalisco, por ejemplo, utilizaron en
sus respuestas la frase "se acordó consultar al gobierno que" y a continuación se
pormenorizaba lo convenido. Las de México emplearon una línea "acordó sé diga" al
gobernador. Por un lado, es sugestivo que las Juntas de ambos departamentos consideraran
227
sus contestaciones como "acuerdos" y no como otra figura normativa de más peso como
circulares, bandos, decretos y, mucho menos, leyes. Por otro, las Juntas de Jalisco se
limitaron a remitir consultas, es decir, enfatizaron que el gobernador no estaba obligado a
aplicarlas e incluso podía actuar de manera contraria a ellas. Las de México eran más
contundente al eliminar el verbo consultar y en su lugar asentar el de decir con lo que sólo
perfilaron un margen de réplica más estrecho pero no lo eliminaban. Las Juntas se
apegaron, en especial las de Jalisco, a sus posibilidades como concejos del gobernador sin
poder resolutivo ni mucho menos ejecutivo.
Figura 2. Esquemas de los procesos de sesiones de las Juntas departamentales de Jaliscoy México
Fecha - > Asistentes
1V
Lectura y aprobación del
acta de la sesión anterior
- >Oficios/
Dictamenes/ Asuntos internos
1V
Proposiciones/Iniciativas - > CIerre de sesión
Fuente: Elaboración propia con base en AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. X-XI y Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas.
Los oficios dirigidos por el gobernador fueron una constante en todas las
departamentales. De acuerdo con el art. 17 del Reglamento Interior de 1837, los
gobernadores eran "el conducto ordinario de comunicación entre los supremos poderes de
la nación y las juntas departamentales, y entre éstas y las autoridades del departamentos".
La intención de los centralistas de 1835 era manifiesta: aislar y subordinar a la estructura
228
burocrática de los departamentos, entre ellos a las departamentales, al mando único del
gobernador, entendido como un agente del supremo poder ejecutivo. Con estas
disposiciones éstos funcionarios se convertirían en el eje principal de la vida institucional de
los departamentos como punto de unión entre lo nacional y lo local. Esta sujeción creaba
una pequeña pero notoria jerarquía entre gobernador y departamental dejando a la última
a disposición de lo convenido por el primero como una especie de filtro de los asuntos que
podía conocer. No obstante, la revisión de las actas descubre que particulares y autoridades
subalternas mantuvieron una considerable comunicación con las Juntas sin la mediación de
los gobernadores. La práctica no fue tan rígida como los congresistas centralistas hubieran
deseado; las departamentales no sólo se comunicaron con el resto del departamento sino
que en menor cantidad dieron a conocer su fallo sin el arbitraje de la gubernatura. Cabe la
posibilidad que en las actas, la secretaría no sentara la cadena por la que llegaba un
expediente y sólo registrara el remitente original. Únicamente un titánico esfuerzo para
triangular todos los expedientes con las actas podría depurar esta cuestión.
La vida cotidiana de las Juntas trascurrió durante sus sesiones. Con el análisis del
nivel más operativo, o de su reflejo transmitido por las actas, se asienta con firmeza la
disposición y adhesión de estas corporaciones y, sobre todo, de quienes las integraban para
con el régimen del que emanaban y al que servían. Una prolija asistencia de los vocales y
sesiones continúas representan el interés y aceptación para que funcionaran las
departamentales.
Los proyectos de reforma constitucional, 1840
La arquitectura de las Siete Leyes fue demasiada parsimoniosa y pesada para los años
rápidos y convulsos que enfrentó. Puesta en vigor durante 1837, la maquinaria centralista
pareció no moverse o solucionar los problemas de gobernabilidad que continuaron
aquejando a la nación. Las expectativas de los grupos políticos, incluido el centralista, no
fueron cumplidas y algunos que habían coadyuvado en su confección se convirtieron en
críticos acérrimos. La acelerada descomposición del régimen fue producida por problemas
intrínsecos de la arquitectura pero también por externos. Entre estos últimos resalta la
cuestión texana que acompañó la existencia del primer proyecto centralista e incluso la
229
superó. Más que la separación de ese territorio, el fracaso de Santa Anna en 1835 y los
intentos obsesivos de políticos y militares por recuperarlo fue lo que permeó la reputación
de las Siete Leyes. En el mismo tenor, la guerra con Francia dinamitó cualquier ápice de
prestigio. Asimismo, los políticos centralistas cometieron varias medidas desatinadas
causadas por una pésima lectura política del momento. Por ejemplo, la elección de
Anastasio Bustamante como presidente no fue por su afiliación al centralismo, sino por su
primera administración en 1830-1832. Bustamante pronto demostró su inconformidad con
la constitución de 1836 y sus inercias a favor del grupo federalista moderado. De igual
forma, las políticas fiscales centralistas aunque concordantes fueron desfavorables. El
establecimiento de las Jefaturas Superiores de Hacienda resultó contraproducente al
distanciar las autoridades departamentales de los supremos poderes nacionales.232
Además, el constituyente terminó por forjar instituciones unitarias contrarias a lo
que en 1835 se plantearon. No creó un gobierno más fuerte, respetable, económico o
menos complicado. Todo lo contrario, el centralismo de 1836 formó un ejecutivo debilitado
por los otros poderes y aun por el mismo Consejo de gobierno; las instituciones fueron
vilipendiadas por la opinión pública; los gastos crecieron y las relaciones entre los niveles
de gobierno fueron demasiado complejas para ser operativas. Lo anterior fue capitalizado
y dirigido contra las Siete Leyes en general y particularmente contra la división cuatripartita
de los poderes públicos. El imperfecto balance de las potestades entre éstos supuso más
conflictos de los que resolvió. Apenas dos años después de su promulgación, los grupos
políticos enfocaron sus miras en la reforma de la constitución.
La constitución de 1836 preveía un tiempo de invariabilidad de seis años, hasta 1842,
antes de plantearse modificar su contenido. Esta carta implementó un mecanismo más
abierto para realizarlas en comparación con el de 1824. La Cámara de diputados, el
ejecutivo, la Suprema Corte y las Juntas departamentales podían iniciar el proceso para
alterar la constitución, pero como cualquier ley, éste era efectuado por el legislativo bajo la
posible sanción del Supremo Poder Conservador.
232 Sordo, El Congreso, pp. 263-328.
230
A mediados de junio de 1839, la presidencia, encargada interinamente a Santa Anna,
promovió el debate para que se procediera a enmendar la constitución a la que achacaba
como responsable de los males de la república. Los federalistas aplaudieron y apoyaron la
medida. Pese a la oposición del consejo de gobierno, el presidente Bustamante, al regresar
a la primera magistratura, turnó la solicitud al legislativo para que esta se encargara de
excitar al Conservador. Los diputados así lo aprobaron en agosto 24. El cuarto poder se
tomó su tiempo para estudiar la situación y fue hasta noviembre 9 cuando dieron su
dictamen favorable para que se emprendieran las reformas aunque con restricciones
importantes. Es probable que el Conservador haya retardo su resolución con el fin de que
el asunto perdiera intereses en la opinión pública, pero no fue así, las reformas se
convirtieron en la bandera tanto del grupo centralista para defender su obra, como del
opositor para realizar cambios en el régimen. El segundo artículo del dictamen del
Conservador era clave para entender la dirección de las reformas pues fijó el límite en las
"bases cardinales de la actual constitución: el sistema de gobierno republicano,
representativo, popular [y central]; la división de los poderes [...] sin perjuicio de ampliar o
restringir sus facultades [...] y la libertad de imprenta".233 Lo esencial que se debía mantener
era el ámbito nacional: soberanía única y los cuatro poderes. En cambio, la forma en que
estaban distribuidos los poderes públicos y la arquitectura de los departamentos no implicó
mayor recelo.
Los diputados se demoraron hasta febrero de 1840 para designar una comisión que
se encargará del Proyecto de reforma. Los integrantes fueron Pedro Barajas, Alonso
Fernández, Demetrio Castillo, José María Jiménez y Pedro Ramírez. Los dos primeros eran
centralistas exacerbados, los siguientes dos moderados el último federalista.234 La
composición, aunque favorable, no aseguró un resultado propicio para las instituciones
centralistas. El trabajo fue parsimonioso y presentado hasta junio 3. Un año y cuatro
instancias -ejecutivo, cámara baja, conservador y, de nuevo, cámara baja- más tarde.
233 Citado en Sordo, El Congreso, pp. 337-338.234 Sordo, El Congreso, p. 342.
231
Ramírez se deslindó del resto y ofreció un voto a título personal.235 Los legisladores
justificaron su demora porque esperaron las iniciativas de las Juntas departamentales para
armar una maqueta más acorde con la situación de la república. El retraso fue fútil, sólo tres
corporaciones las enviaron antes de la publicación del Proyecto.236
El Proyecto, como era costumbre, estuvo dividido en dos partes: discurso preliminar
y articulado. En el primero, los diputados fincaron los argumentos detrás de su colosal
propuesta para reformar las Siete Leyes. En el segundo, los párrafos rectificados o añadidos.
En realidad, como ellos mismos exponen, prácticamente era una nueva constitución dado
que se abandonó la estructura de las leyes de 1836 y se desplegó un acomodo tradicional
de un sólo texto dividido en títulos y secciones. La finalidad de este cambio, según ellos, fue
evitar embrollos y confusiones al momento del debate. No obstante, la reordenación fue
para formar un corpus lógico sin necesidad de reparar en aquellas partes que fueron
excluidas.
En el preámbulo, la comisión fijó que su asiento eran las Siete Leyes. Es preciso
puntualizar ante el surgimiento de ecos a favor del federalismo y la carta de 1824. La tarea
de los diputados, decían, era investigar la constitución vigente, su aplicación, ventajas,
nulidades y eficacia para cumplir las necesidades de los pueblos. El panorama no era
halagüeño. Tres bases fungieron como ejes para el examen: "asegurar las garantías
individuales, [...] expeditar y robustecer la acción del Gobierno supremo, [...] dejar en cada
uno de los Departamentos el poder suficiente, para que su régimen interior y el desarrollo
de su prosperidad no encuentren embarazo".237 Antes de continuar, en términos generales,
el principal cambio fue la supresión del Supremo Poder Conservador que aunque se declaró
"en estado de vacilación" y se dejó la decisión a las Juntas departamentales. Sin embargo,
el simple hecho de no incluirlo en el diseño y no dejar cabida para su incorporación refuerza
la idea de la pretensión para eliminarlo. También se reajustó las facultades entre los tres
supremos poderes y los mecanismos para designarlas. La Cámara de diputados reasumía la
235 CL-FRBN, misc., 285, Proyecto de reforma de las leyes constitucionales de la república mexicana, Ciudad de México, Imprenta del Águila, 1840.236 CL-FRBN, misc., 285, Proyecto de reforma, p. 4.237 CL-FRBN, misc., 285, Proyecto de reforma, p. 6.
232
concesión de indultos y la dispensa de facultades extraordinarias; el Senado regresaba
como colegisladora y no sólo revisora; se limitaba al Consejo de gobierno como órgano
consultivo y se fortalecía al presidente; a la Corte de Justicia se prohibía la participación en
asuntos políticos y se reducían sus atribuciones.238 Por último, las elecciones se
mantuvieron pero se ensanchó la base de votantes. Los requisitos económicos se
mantuvieron para la ciudadanía ($60 pesos) y para los cargos públicos (diputado $1,500;
senador $2,500; y presidente $4,000).
El artículo primero denota la continuidad del principio unitario de al fijar que "la
Nación Mexicana, [era] una, soberana e independiente". La misma oración introducida por
las Bases constitucionales de octubre de 1835. Esto es, independientemente de la
descentralización proyectada, el principio unitario del depósito de la soberanía en una única
entidad se mantuvo inmóvil. La innovación se presentó en la precisión del territorio
elucidado según la división en departamentos. Los centralistas, recuérdese, optaron por no
nombrar las secciones como una manera de preponderar el ámbito nacional como el único
responsable de los destinos de la república.
La propuesta para mudar el gobierno de los departamentos fue predilecta para la
comisión, según ellos mismos, quien no dudo en congratularse por el resultado obtenido.
En el texto preliminar fue expuesta como una especie de cuestionario referente a los
avances que se lograron en materia de descentralización.239 No obstante, el articulado
matiza esta renovación del ámbito intermedio. La uniformidad y homogeneidad entre las
Juntas departamentales se mantuvo como principio rector de la conformación de las Juntas
departamentales (siete vocales, elegidos popularmente con iguales requisitos que los
diputados). La renovación varió sustancialmente. El cambio de personal se efectuaría
parcialmente, dos o tres vocales cada dos años, y no todos de una sola vez cada cuatro (arts.
129-131). Pese al aparente dinamismo con mudanzas más frecuentes, el período del cargo
fue aumentado a seis años. Los inconvenientes eran el desfase con el calendario de los
comicios para diputados -sufragados por mitad cada dos años. En un departamento, las
238 Sordo, El Congreso, p. 343.239 CL-FRBN, misc., 285, Proyecto de reforma, p. 40.
233
elecciones para sus representantes nacionales serían luego de cuatro años, las de los
vocales cada dos parcialmente. Tampoco se establecieron restricciones acerca de votos
territoriales. Los miembros de la departamental podían ser electos únicamente de los
vecinos afincados en la capital departamental.
Las Juntas recibieron el impulso descentralizador con el incremento de sus
facultades (art. 133). Las únicas que le fueron retiradas fueron las relacionadas con el
Conservador -participación en el nombramiento de integrantes y excitación para remoción
del ministerio-, el resto continuaron a la letra o fueron potenciadas. El Proyecto de reformas
contemplaba que estas corporaciones pudieran "iniciar leyes y decretos en todas materias"
y no de manera restringida como lo habían formulado los constituyentes de 1835;
dispondrían de "la construcción y mejora de las cárceles y presidios", y la designación de "la
fuerza de policía que deba haber en el departamento". La actividad política de las regiones
fue vigorizada con estas medidas, en especial con la primera, y le otorgaron un cariz más
proactivo tanto dentro de su jurisdicción como en el ámbito nacional. Lo concerniente a
cárceles y policía más que una proposición acertada de la comisión, fue una consecuencia
de las solicitudes que las departamentales recibieron en los años previos y elevaron al
Congreso nacional.240 El otro gran adelanto fue la vuelta a la asimilación de gobernadores y
Jefes de Hacienda departamentales. Un reclamo hecho por las autoridades
departamentales como medida de cuidar su autonomía fiscal.
Las facultades electorales de las Juntas continuaron incluso se extendieron de
acuerdo a la depuración apuntalada por los diputados (art. 133, fracciones 12-15). Las
departamentales nombrarían directamente a los dos senadores que representarían sus
departamentos en la Cámara Alta, así como propondrían a seis candidatos para presidente
y seis para las magistraturas de la Suprema Corte ante el Congreso general al momento de
240 Los expedientes acerca de estas dos materias son constantes. La Junta de Jalisco entre 1835 y 1841 atendió un total de siete casos referente a problemas de policía y veintisiete de cárceles; la de México se ocupó de cuatro y treinta y seis respectivamente. La mayoría solicitando permiso para reparar o para dotar de salario al personal.
234
la correspondiente elección.241 Además, elevarían ternas al presidente para escoger
gobernadores y ministros de los tribunales superiores. Por último, brindarían al gobernador
la lista de los individuos calificados para ocupar las plazas en los juzgados de primera
instancia. Los empleos intermedios no conllevaron mayor alteración, las transformaciones
importantes, como se atiende, ocurrieron en lo nacional. El mecanismo para el titular del
ejecutivo fue invertido dado que ahora las Juntas eran las encargadas de proponer pero no
de resolver. Las restricciones del sistema de las Siete Leyes permanecieron. Aún más, dentro
del cuestionario de vanagloria sobre la descentralización no fue destacada como tal. La
intervención de las Juntas era para desembarazar el método de elección del presidente y
no para fortalecer a aquellas.
El estandarte descentralizador del Proyecto de reformas de 1840 no implicó un
cambio del principio unitario que rigió el constitucional centralista. Hay que marcar una
diferencia clara entre las alteraciones estructurales que la comisión propuso en el ámbito
nacional -desaparición del Supremo Poder Conservador y redistribución de las facultades
del poder público- y las mudas menores, aunque expansivas, del intermedio -ampliación
de su capacidad legisladora, mayor participación electoral y dominio de la policía. Las Juntas
departamentales no dejarían de tener el carácter de concejo con el que fueron imbuidas
desde 1835. La forma unitaria, el centralismo, se estaba descentralizando pero no
suprimiendo.
El Voto particular de Ramírez marcó otros rumbos y enfatizó el cambio fundamental
de la relación entre gobierno y territorio "a favor del sistema federal". El texto se difundió
como una serie de recomendaciones o indicaciones generales de todo lo que se debía
modificar. El énfasis, a comparación con la mayoría, estuvo en la concesión de cuatro
objetos al nivel intermedio: organización de su gobierno interior, de sus tribunales y
juzgados, de su Hacienda y de la inversión de su tesoro. Esto es, los aun denominados
departamentos serían autónomos en lo que refiere a su gobierno interior. Para Ramírez, "la
241 El mecanismo para elegir presidente comenzaba con la elección de seis miembros por cada Junta departamental; estas listas se reunían y calificaban por el Congreso general; la Cámara de senadores computaba los votos y formaba una terna que mandaba a la de diputados para que ésta eligiera uno. CL-FRBN, misc., 285, Proyecto de reforma, pp. 77-78.
235
Nación adquirió en once años hábitos conformes a esos objetos [...] una entera sumisión al
Gobierno central, o una influencia de éste en su gobierno interior" sólo causarían conatos
por parte de los departamentos para zafarse de tal dominio.242
En lo relacionado con el ámbito intermedio continuarían como estaban hasta el
momento (gobernador y Juntas departamentales), pero se les dejaba "todo cuanto
necesiten para proporcionar a los pueblos su prosperidad" y para que paguen con
"preferencia sus gastos ordinarios de las contribuciones y rentas generales". Dos cambios
en lo referente a los gobernadores. Primero, en la elección de estos funcionarios se incluyó
a los ayuntamientos, los cuales postularían tres individuos a las Juntas; éstas formarían una
terna sacada de todos los candidatos y la elevarían al supremo gobierno. Más conatos de
descentralización, pero desde el nivel inferior. Segundo, el sustituto de las faltas cortas del
presidente sería el "gobernador del departamento de la capital" nacional. La medida fue
pensada para evitar que la vacancia recayera en algún miembro del Consejo de gobierno,
pero el diputado Ramírez no reparó en que creaba una jerarquía entre éste gobernador y
el resto por la posibilidad de ocupar la primera magistratura de la nación. Además, más
importante, acaecería una contienda entre las facciones para hacerse con el cargo de
gobernador mexiquense y con ello los problemas de gobernabilidad en torno a su
designación.
En los departamentos, el Proyecto de reformas fue recibido con críticas mixtas,
mayormente negativas, por la cortedad en la descentralización que manejó la comisión.243
Dicho de una vez, la generalidad de las departamentales replicó para que se les dotara con
mayor libertad en el manejo de los negocios internos y se disminuyera la vigilancia y
preponderancia de las autoridades supremas. No obstante, ninguna proclamó la variación
de la forma de Estado, el rompimiento del principio unitario o la defensa de la soberanía
regional aun en aquellas cuyas peticiones rayaban en la total separación de las esferas de
gobierno. En este sentido, el Voto de Ramírez fue completamente ignorado. El problema de
242 Pedro Ramírez, "Voto Particular" en CL-FRBN, misc., 285, Proyecto de reforma, pp. 109-138.243 Las Juntas departamentales que localicé sus observaciones fueron las de Jalisco, diciembre de 1840; Chihuahua, enero de 1841; Oaxaca, enero; Aguascalientes, febrero; México, marzo de 1841; Zacatecas, abril de 1841.
236
la constitución de 1836, como lo expusieron los vocales de la departamental de México fue
las tantas "trabas puestas a todas las autoridades, y éstas se halla n tan ligadas unas con
otras, que para que alguna se mueva es preciso que arrastre consigo pesadamente a las
demás".244 La solución, pues, era destrincar los mecanismos de las Siete Leyes y no modificar
completamente los supuestos en que estaban fincadas.
La segunda Junta de México, instalada en enero de 1841, fue una de las que
defendieron las prerrogativas de los departamentos en general y de las departamentales
en particular. Cabe acotar, sus observaciones fueron publicadas hasta marzo de 1841
cuando el furor y la tardanza de las reformas entraron en un punto álgido. La anterior Junta
de 1837 postergó su realización durante los últimos cuatro meses de su período sin mayores
avances. En otras palabras, los vocales de la segunda estaban más desvinculados con el
proyecto y las autoridades centralistas que sus predecesoras. Además, las juntas
mexiquenses chocaron constantemente, al momento de implementar o hacer efectivas sus
disposiciones, con el gobierno nacional y el municipal. La solicitud para ampliar sus
atribuciones era una consecuencia lógica.
La exposición de esta departamental detalló que "no le ha[bía]n parecido muchas, y
aun ve[ía] con sentimiento que algunas son desmejoras". La elección de los senadores; la
ampliación en las materias para iniciativas; la equiparación entre gobernadores y jefes de
Hacienda; y la preferencia en el uso de los caudales departamentales eran puntos positivos
del Proyecto. Sin embargo, era "preciso que se les d[ieran] algunas atribuciones serias y
algunas más consideraciones de las que tienen hoy, y aun de las que les asigna el proyecto
de la comisión de la cámara". Había otras que lo demeritaban por contradecirse o proponer
medidas entorpecedoras. La elección en terceras partes cada dos años era impracticable
por oponerse al calendario de los diputados; debía quitarse la palabra moderadas en el
párrafo sobre la capacidad para imponer contribuciones para que éstas no pudieran ser
consideradas como excesivas; y las elecciones de las vocalías tenían que ser calificadas por
las juntas salientes y no por el senado. Una alteración de suma importancia era el
244 CL-FRBN, misc., 329, Observaciones sobre reformas a las Leyes constitucionales, Ciudad de México, Impreso por J. M. Lara, 1841, p. 6.
237
señalamiento de que sus providencias fueran puestas en ejecución sin la necesidad de
aguardar la decisión de las autoridades supremas aun cuando éstas las invalidaran. Por
último, esta departamental externó su propuesta para que al menos la de México fuera
compuesta por un total de once integrantes por la longitud del departamento, cantidad de
población y número ingente de expedientes.245
En un sentido opuesto, la Junta departamental de Jalisco de 1839 felicitó a la
comisión encargada del Proyecto de reformas por el buen trabajo al implementar el
"remedio de los males que ocasionaban algunas de sus disposiciones [de las Siete Leyes],
por no cubrir suficientemente las exigencias de la Nación". La postura es sorprendente, la
Junta no se pronunció en lo referente a las modificaciones en el articulado departamental,
un silencio que es más una aceptación tácita de lo dispuesto por los diputados. Las únicas
recomendaciones comentadas fueron las concernientes para que se mantuviera el monto
de $100 pesos como requisito para obtener la ciudadanía y se agregara el de la
alfabetización. Una vez más, la polaridad entre México y Jalisco fue evidente, los primeros
deslindándose del centralismo de 1836 y los segundos adhiriéndose.246
Conclusiones
Las reformas de 1840 cerraron el ciclo del proyecto constitucional centralista. Para este año,
las Siete Leyes aún no habían cumplido con las expectativas de santanistas, moderados y,
muy probablemente, tampoco las de los propios centralistas; para subsistir debían ajustarse
a las exigencias de éstos grupos políticos, pero también a la de los grupos regionales. El
Proyecto de reforma y las observaciones realizadas por las Juntas departamentales, en
general, pueden ser considerados como una radiografía de la operatividad y popularidad
del entramado institucional de 1836. La república no había alcanzado de un estado de
gobernabilidad. Por el contrario, los problemas en el ámbito nacional se habían agudizado
como consecuencia de la falta de coordinación entre los poderes. El Conservador, pese a
las bondades teóricas que ofrecía, no pudo asentarse y el ejecutivo sufrió las mismas
245 CL-FRBN, misc., 329, Observaciones, pp. 5-28.246 BPLEM, t. 101, exp., 124, Dictamen de la Exma. Junta departamental de Jalisco, sobre proyecto de reformas de la constitución de 1836, Guadalajara, Imprenta del Gobierno. 1841.
238
debilidades que en el tiempo federal. Sin duda, la obsesión de los constituyentes
centralistas para mantener el orden y equilibrio fue perjudicial para el entramado que
fabricaron. Los poderes se obstruían entre sí en demasía. Aunada a esta parálisis
gubernamental, las condiciones adversas, externas a la arquitectura institucional,
produjeron un efecto negativo sobre la constitución que fue desprestigiada más allá de sus
potencialidades normativas. La comisión encargada de examinar y proponer un plan de
reformas estuvo conformada por una mezcla de las facciones políticas. El árbitro decisorio
para determinar las partes que se remendarían no fue centralista.
En lo tocante a los departamentos el reclamo era evidente: mayores potestades para
las autoridades intermedias. Descentralizar la administración y, un tanto, el gobierno. La
forma unitaria del Estado no fue considerada como un impedimento, sino el mecanismo
particular de las instituciones centralistas que ataban y limitaban a los departamentos. Visto
desde el otro lado, las regiones se convencieron que la excesiva centralización
administrativa dificultó su crecimiento. No buscaron vías para la autodeterminación o
reclamos por su soberanía. El problema no fue la sujeción al gobierno nacional sino las
formas en que fueron efectuadas. El armazón de los departamentos, no obstante, era el
garante del unitarismo de 1836. Su conformación uniforme, el nombramiento de los
vocales, sus atribuciones administrativas era lo que lo definía. De concretarse, las reformas
de 1840 hubieran modificado los puntos característicos de la centralización administrativa,
pero sin cuestionar la política.
Las Juntas departamentales no fueron el desenlace de un debate centralizador
iniciado en 1830. La forma unitaria acaeció por los resultados del forcejeo político entre las
facciones y las solicitudes de los pueblos, espontáneas o no, pidiendo el centralismo. La
desaparición momentánea de federalistas radicales y de Santa Anna a finales de 1835 fue
lo que permitió formar el programa centralista.
Las Juntas departamentales fueron confeccionadas para responder a problemas
concretos: reducir la ingobernabilidad causada por la competencia política y mejorar las
relaciones con el ámbito nacional. Para conseguirlo, las departamentales uniformaron la
239
planta burocrática al establecer un número igual de vocales y de subalternos para todas.
Las Juntas eran un órgano principalmente administrativo con miras a la promoción en todos
los ámbitos de fomento del departamento. Las Siete Leyes buscaron centralizar la política y
dejar la administración a las Juntas, pero en su afán de despolitizar a los departamentos
minaron la eficacia de las instituciones intermedias, crearon una maquinaria pesada con
pocas posibilidades de marchar correctamente en un período tan álgido. La eliminación de
las elecciones de los gobernadores fue una manera de aplacar la competencia infructuosa
y levantisca entre las facciones políticas regionales y conciliar los intereses económicos
dentro de las instituciones gubernativas departamentales.
El colofón reformista cuestiona la efectividad de la centralización de los
departamentos durante el centralismo de 1836 en relación con lo nacional y al interior de
los departamentos. No obstante, a lo largo del capítulo, especialmente en el apartado dos,
he delineado que los vocales de las Juntas aceptaron desempeñar su encomienda al
reunirse regularmente, acatar la normatividad y asistir a las sesiones. La conformación de
las departamentales como resultado de comicios invita a diferenciar entre vocales electos
y los que participaron. Para entender el funcionamiento de las Juntas es necesario centrarse
en aquellos que efectivamente las integraron. Un total de 45 individuos se dieron lugar en
los salones de sesiones para ocupar una vocalía, propietaria o suplente, en las
departamentales que analizo. Más revelador son las altas tasas de asistencia con un
promedio general de 77.2%. Destaca que la mayoría de los concurrentes fueron los vocales
elegidos como propietarios. Repito, la aceptación para participar en el cargo y la asistencia
regular a las sesiones no implica imperiosamente una adhesión al proyecto constitucional
o a una facción política en concreto sino refiere al interés de los vocales para que el
andamiaje centralista operara eficientemente en los departamentos. Sólo el estudio de
otras departamentales ensancharía o refutaría esta proposición.
El perfil del vocal departamental fue un individuo con una preparación en derecho
con una edad madura y con poca experiencia legislativa. Las élites comerciales y los
militares no estuvieron directamente implicados. La idea de dirigir las elecciones, tanto de
240
manera directa con las restricciones como por el propio sistema representativo indirecto,
funcionó según la muestra que presentó de los integrantes de las departamentales.
Concordante a las tasas de concurrencia de los vocales, la cantidad de sesiones y la
regularidad con que se celebraron fue elevada con un promedio de 84% en perspectiva con
las marcadas por los reglamentos y con los pocos meses en donde no se perpetraron.
Asistencia y sesiones están estrechamente ligados, pero no son equivalentes. Existieron
períodos donde se sesionaba constantemente pero con una baja o mínima recurrencia por
parte de los vocales e inversamente lapsos con pocas sesiones pero donde sus integrantes
acudieron asiduamente. La transgresión del orden público nacional resonó en la actividad
de las departamentales. En los momentos de mayor crisis política como pronunciamientos
o conflictos entre los poderes ejecutivo y legislativo, las Juntas departamentales
disminuyeron sensiblemente sus sesiones.
En la práctica, las departamentales no transgredieron las facultades que se les
instituyeron. La revisión de las actas de las Juntas manifiesta un funcionamiento sistemático
por las que transcurrían sus sesiones. Éstas fueron reuniones rutinarias e institucionalizadas
con procesos específicos que marcaron los tempos para cada elemento que las constituían.
No como una actuación, como sugiere Cecilia Noriega para la diputación provincial de
México, que reflejara orden y solidez institucional. La mesura no fue el resultado de
acuerdos de corporaciones moderadas sino de marcos institucionales a los que los vocales
se ciñeron El ceremonial adoptado por las Juntas, provisionales y constitucionales, las
perfilaron como instituciones administrativas con una finalidad consultiva para que el
gobernador dispusiera de los negocios departamentales según su criterio todo acorde al
proyecto centralizador y uniformador de los constituyentes de 1835. Incluso cuando
desafiaron a la autoridad suprema fue a mediante conductos legales como la inconformidad
de la departamental de México por el número de empleados en su secretaría. Las Juntas no
se extralimitaron con sus atribuciones antes bien acataron aquellas que les parecían
gravosas, como el establecimiento de las jefaturas de Hacienda.
241
El deplorable funcionamiento de los poderes nacionales no fue extensivo a todo el
edificio institucional. Las dinámicas centralistas en los departamentos tuvieron sus lógicas
propias de manera diferencia según cada región. En Jalisco, por ejemplo, las autoridades
departamentales se apegaron a los mandatos de las centrales. Las Juntas de México, en
cambio, presentaron mayor oposición relacionada con los problemas que padeció por el
exceso de trabajo y la proximidad de los supremos poderes que no dudaron en invadir las
potestades de las departamentales. La Junta provisional y las dos constituciones del primer
departamento respetaron los límites institucionales que les fueron impuestos, asimismo
contaron con una mayor participación de sus vocales propietarios y un promedio de
sesiones más elevado. La respuesta de ambos espacios en sus observaciones reafirma esta
idea. Las Juntas jaliscienses fueron más centralistas que sus contrapartes mexiquenses.
242
IV. EL PUNTO MEDIO DE LA ADMINISTRCIÓN TERRITORIAL: MILITARES Y CENTRALISMO,1841-1843
Las necesidades locales podrán ser atendidas y satisfechas por un consejo departamental o provincial, compuesto precisamente de personas que pertenezcan a las clases [acomodadas] mencionadas.
Carta de Mariano Paredes y Arrillaga a José María Tornel, mayo 10 de 1842.
En la primavera de 1842, el comandante-gobernador de Jalisco, Mariano Paredes y Arrillaga,
mantuvo una pródiga comunicación con el presidente provisional Antonio López de Santa
Anna y el ministro de Guerra José María Tornel.247 Paredes les informó de sus acciones en
Jalisco con las que, a su ver, evitó el triunfo de los liberales durante la jornada electoral de
marzo de ese año, asimismo les externó sus preocupaciones sobre el próximo Congreso
constituyente por el que se estaba sufragando. Santa Anna y Tornel, con más temple
político, buscaron apaciguar al comandante-gobernador indicándole que se mantuviera al
margen para que se desarrollaran las elecciones y no arruinar de antemano un posible
resultado favorable. Paredes, en cambio, les propuso todo un bosquejo para la nación con
apoyo, que debían buscar, de las clases acomodadas y propietarias alejándose de las
privilegiadas y, aún más, del "proletariado". En su exposición las capas medias eran las
idóneas para conformar el grueso de la burocracia local. En este sentido, la administración
del territorio, como se expresa en el epígrafe, se depositaría en consejos. La idea de Paredes
no era novedosa; eso eran las existentes Juntas departamentales. En cambio, lo reseñable
de las misivas entre los generales, en especial las redactadas por Paredes, son sus
planteamientos políticos acerca de un régimen político que se alejara de los esquemas
federalistas y centralistas pasados, pero que fuera más centralizado -en torno al ejecutivo-
que la depuesta república de 1836 en lo concerniente al territorio. Para Paredes, el objetivo
247 Carta a Paredes, agosto 14 de 1841, en Genaro García, Documentos inéditos o muy raros para la historia de México, t. XXXII, México, D.F., Librería de la viuda de Ch. Bouret, 1910, p. 53.
243
era evitar las "caricaturas de soberanía" y continuar con el modelo de órganos
administrativos mayormente desprovistos de actividad y representación política.
La segunda república centralista, forjada un año más tarde, fue el producto final de
una crisis política prolongada que inició con el pronunciamiento militar de agosto de 1841
y culminó hasta junio de 1843 con la promulgación de la segunda constitución centralista.
Durante este lapso, el país se rigió por unos estatutos transitorios que confirieron un amplio
margen de discrecionalidad al poder ejecutivo provisional y disminuyeron la representación
política de los territorios: las Bases de Tacubaya. El objetivo general de este capítulo es, al
igual que el segundo, analizar cómo los momentos pre-constituyentes transfirieron
expectativas y condicionaron a los Congresos encargados de redactar la nueva constitución.
Abordar problemáticas desde determinada postura afín a los reclamos acogidos en el
levantamiento, pero con el inevitable filtro de los constituyentes; una tensión irreductible
entre la efervescencia del momento y el freno del pensamiento de los diputados.
El proyecto constitucional de Tacubaya, a diferencia del anterior centralista, estuvo
marcado por cuatro pautas que ciñeron la hechura de la ulterior constitución. En primer
lugar, la frustración del primer centralismo colocó al nuevo gobierno en un terreno ríspido
al tener que desacreditar al centralismo de 1836 por su incapacidad para solventar los
problemas de gobernabilidad, pero sin aproximarse al federalismo de 1824 que aún poseía
una sombra fatídica. En segundo, los reveses multidireccionales, producto del choque entre
ejecutivo y constituyente, complejizó su desarrollo y aumentó el grado de contingencia de
las propuestas constitutivas. En tercer, los ecos por la descentralización, anunciados desde
las malogradas reformas de las Siete Leyes de 1840, fueron un impulso importante para
activar reclamos en favor del gobierno interior de las regiones que la Junta Nacional
Legislativo tuvo que atender al momento de fabricar el estatuto supremo. En último lugar,
la corta experiencia, de dos años, de las Bases Orgánicas y las Asambleas departamentales.
Este capítulo parte del supuesto de que las pautas anteriores fueron producto de la
nacionalización del conflicto. Los santanistas y federalistas, además de otras facciones
satélites, se disputaron la supremacía de las instituciones estatales desde una doble
244
polarización. Por un lado, pronunciamientos-elecciones y, por otro, ejecutivo-legislativo. En
el ámbito regional, las autoridades de los departamentos, muy especialmente las Juntas
departamentales, afrontaron esta encrucijada con un retraimiento de su actividad política
a lo delineado por el gobierno nacional o a la coacción de los comandantes generales. Un
contraste amplio en comparación con la actitud de los estados durante los años de 1834
1835. La crisis de 1841-1843 poseyó una perspectiva nacional.
El texto está dividido en tres apartados de acuerdo a circunstancias precisas que
definieron la dirección del momento de Tacubaya. El primero detalla el derrumbe de la
primera república centralista como resultado de un pronunciamiento instigado por los
grandes comerciantes-industriales y ejecutado por una alianza entre varios líderes militares
acantonados en regiones neurálgicas del país. El segundo se centra en la aceptación tácita
acaecida en las autoridades de los departamentos, gobernadores y Juntas, del Consejo de
representantes como el órgano de vinculación departamental con el poder ejecutivo
nacional, pese a su carencia de legitimidad y la merma de sus facultades en materia
legislativa. El tercero perfila el conflicto entre el partido gubernamental, encabezado por
los militares, y los jóvenes federalistas externos a las instituciones departamentales durante
el proceso electoral durante la primera mitad de 1842.
Desde un inicio cabe acotar que el ámbito departamental quedó relegado en algunos
momentos del capítulo. Esto debido a una cuestión de fuentes al no tener documentación
sobre algunos periodos pero, sobre todo, porque las autoridades departamentales
mantuvieron un silencio oficial respecto a los acontecimientos e incluso se aprecia un cierto
desinterés por los cambios y frustraciones ocurridos en el gobierno nacional. Es decir,
gobernadores y Juntas departamentales no fueron consideradas en la discusión
constituyente salvo en materias puntuales que no alcanzan a reflejar una actividad política
propia. Tampoco éstas, como los estados en su momento, manifestaron o presionaron para
encauzar las formas políticas en su beneficio.
245
La caída de las Siete Leyes: militares y comerciantes
El tiempo que duraron las Siete Leyes fue una crónica de una muerte anunciada. Cuatro
años y medio estuvieron vigentes hasta su demolición parcial en agosto de 1841 y otros dos
de prorroga hasta que fueron derogadas con el inicio de las Bases Orgánicas en 1843. La
primera república centralista nació con serios problemas extra-institucionales cuyo punto
más álgido fue la secesión de Texas en 1835, la separación temporal de Yucatán en 1840,
las múltiples asonadas federalistas durante toda su existencia, la corta pero dañina guerra
contra Francia, así como la cada vez más tensa relación con los Estados Unidos. Pese a todo,
los centralistas intentaron remediar la crítica situación del país con la implementación de
propuestas que les permitieran un mayor control sobre los departamentos y sus erarios.
Por ejemplo, independientemente de su éxito, los intentos para reformar el régimen fiscal
en favor de la Hacienda pública general así como la protección y fomento de la industria del
país. Los esfuerzos y buenos deseos no fueron recompensados debido a que estos dos
proyectos catalizaron las maquinaciones de los grupos opositores del régimen centralista.
La supresión de la primera centralista conjugó los intereses de dos grupos
particulares: comerciantes y jefes del ejército. La historiografía ha expuesto las tramas de
esta alianza que se germinó con la visita del inglés Francisco Morphy, comisionado de los
comerciantes, a los generales que se sublevaron durante el verano de 1841.248 La
justificación del levantamiento, explican los especialistas, fue las excesivas gabelas contra
los bienes extranjeros, entre ellas, la ley de noviembre 26 de 1839 que aumentó el cargo de
internación a 15%. En general prevalece el consenso de que entre el gobierno y los
comerciantes acaeció un distanciamiento paulatino, pero no se explica cuál fue el
detonante que propició la ruptura. La distancia entre la promulgación de la ley y el
pronunciamiento, más de año y medio, dificulta la aprehensión de las motivaciones de los
comerciantes como promotores de la asonada y aún de los militares como ejecutores. Para
Ernest Sánchez Santiró fue "la acción combinada de las contribuciones indirectas, en
especial el aumento de 10% en el derecho de consumo y la pauta de comisos, y directas,
248 Véase Sordo, El Congreso, pp. 404-405, Josefina, Dos décadas, pp. 84-85, Costeloe, La república, pp. 224225.
246
sobre todo la contribución personal" lo que motivaron los brotes levantiscos contra
Bustamante.249 Robert A. Potash, en cambio, insinúa que "probablemente el resultado final
de la violación de los generales a las leyes aduanales [con la concesión para introducir hilos
de algodón] fue [lo] que contribuyó a la caída del gobierno".250 Consideró complementarias
ambas interpretaciones. La primera asienta los componentes necesarios para el hartazgo
de los comerciantes, la segunda subraya el rasgado definitivo de las relaciones de éstos con
las autoridades nacionales.
La ley de noviembre de 1839 apartó a los comerciantes del gobierno. El núcleo de la
disposición fue el aumento de 10%, al ya establecido 5%, sobre los efectos extranjeros.
Expedida como una medida temporal que se dilató perenemente, la ley buscó capturar
ingresos mientras se arreglaban las contribuciones directas. El mandato fue impugnado por
comerciantes -regionales, nacionales y extranjeros-, instituciones gubernamentales e
incluso delegaciones diplomáticas. A los pocos días de su publicación, por ejemplo, el
comercio de la ciudad de México presentó una representación contra la medida ante el
Congreso general. Sánchez Santiró destaca dos elementos de ésta exposición: el aumento
del precio de los productos afectados, en perjuicio del consumidor, que disminuiría el
consumo, en menoscabo de los comerciantes, y el incremento del contrabando de los
productos afectado. Los comerciantes no cejaron en sus reclamos para que la ley fuera
socavada. La aplicación fue aplazada por un mes; debatida para su remoción y reformada
para reducir el aumento a 7% para un total de 12.251 Por su parte, los comerciantes de
Guadalajara también enviaron su propia representación con fecha de diciembre 25 de 1839.
La petición del grupo mercantil tapatío fue la derogación del decreto bajo los fundamentos
de que esta disposición era en realidad "un veneno mortal" que causaría la disolución del
cuerpo político por contrariar la búsqueda de la felicidad social, principio fundamental de
249 Ernest Sánchez Santiró, Las alcabalas mexicanas (1821-1857). Los dilemas en la construcción de la Hacienda nacional, México, D.F., Instituto Mora, 2009, p. 204.250 Robert A. Potash (1983), El Banco del Avío de México. El fomento de la industria 1821-1846, México D.F., FCE, 1986, pp. 198-199.251 La resistencia de los comerciantes a la ley de 15% estribó en el aumento del precio de los bienes extranjeros. No porque el incremento recayera en los consumidores, sino porque disminuía sus beneficios por la reducción del consumo y por tener que asumir parte del pago del gravamen. Sánchez, Las alcabalas, pp. 194-202.
247
las sociedades. Con algunos matices a los comerciantes capitalinos, los jaliscienses
reconocieron en esta mediada un "golpe fatal [a]l comercio". Ellos serían los más afectados,
no el público general, bajo la idea de que "elevado el precio de un artículo, disminuye en
proporción el número de consumidores". Como sus pares de la ciudad de México, las
repercusiones, auguraban los de Guadalajara, serían revueltas de las poblaciones, quiebras
comerciales y un incremento del contrabando. Un último argumento fue calificar de
insuficiente a la industria nacional condenada a la "esfera de la posibilidad" por lo que
"artículos de comodidad y de lujo, y aun algunos de los necesarios" debían ser
importados.252
La segunda prevención que trocó la actitud de los comerciantes fue la resolución de
la polémica introducción de hilaza en febrero de 1841. Con el pretexto de socorrer al
ejército del Norte, en septiembre 30 de 1840, el general Juan Nepomuceno Almonte,
ministro de Guerra, otorgó licencia al comandante del ejército del norte, general Mariano
Arista, a petición de éste, para que internara una importante cantidad de hilados
extranjeros.253 La medida era ilegal al infringir varias normas que prohibían la entrada al
territorio nacional de algodón despepitado y de toda clase de hilaza. La situación se hizo
más caótica cuando Almonte fue absuelto por el Senado, constituido en gran jurado, de los
cargos expuestos en su contra. El ministro, no obstante, se demoró intencionalmente en
ordenar que se rescindiera el contrato parar permitir a Arista culminar con las
negociaciones a inicios de 1841. El conflicto, por lo tanto, se abocó a la indemnización por
incumplimiento de contrato. Con la ley de febrero 20, el Congreso general determinó que
el gobierno, con acuerdo del consejo, estaba facultado para terminar las diferencias, pero
sin consentir la introducción de las hilazas y sin reconocer derecho alguno de los
interesados. Reynaldo Sordo califica este resultado como de un "triunfo indudable de
Almonte", porque éste quedó absuelto y con la atribución para finiquitar la turbación que
252 CL-FRBN, misc., 371, Representación dirigida por el comercio de Guadalajara al Congreso Nacional para que se digne derogar la ley que fija el quince por ciento de consumo, Guadalajara, Imprenta de Rodríguez, 1840.253 Los contratos fueron por más de dos millones de libras de hilados sin blanquear. Potash, El Banco, pp. 196197.
248
él mismo creó.254 Lo cierto es que la victoria fue efímera dado que el fallo no benefició al
resto de partes implicadas. No se insertaron los productos en el mercado mexicano ni
tampoco se concedió la indemnización. La caída de las Siete Leyes impidió que Almonte
conociera la conclusión y la polémica se legó al interludio de las Bases de Tacubaya.
La oposición, se puede afirmar, congeló los propósitos del ministro. Destaco la de
las Juntas departamentales de México y Jalisco.255 En febrero 13 de 1841, la mexiquense
dirigió una iniciativa al Congreso solicitando que no se aprobaran los contratos de Arista. La
exposición, según sus redactores, fue guiada sólo por el interés público. Con tono
apocalíptico, aseguraban que los convenios aniquilarían la industria mexicana, inundada
por las hilazas extranjeras, con lo que "la ruina de mil familias, y la pérdida de la paz, de la
tranquilidad, y de la felicidad pública, serán el funesto fruto de la aprobación de los
contratos".256 La Junta de Jalisco, por su parte, calificó positivamente a la industria como un
"prodigioso talismán que va a establecer para siempre la unión y armonía entre todos los
mexicanos", pues con ella se conquistaría "la verdadera independencia". También, como la
mexiquense, amonestó a los involucrados como infractores de las leyes y propuso, entre
otras cosas, la reembarcación de todos los efectos a costa de quién los haya autorizado así
como la destrucción de aquellos sin ella.257 El incidente de la hilaza demostró el cinismo del
gobierno de Bustamante que incumplió sus propias disposiciones proteccionistas, ofendió
a los intereses de los grupos económicos industriales y comerciales e incumplió sus tratos
con los poderosos grupos del comercio exterior.
La última medida que afectó las relaciones entre gobierno y grupos económicos fue
el paquete fiscal inducido entre marzo y junio de 1841. Éste se formó de tres gravámenes
254 El argumento expone el fallo de absolución del ministro Almonte, pese a su culpabilidad evidente, como una muestra de la buena disposición entre el gobierno de Bustamante y buena parte del Congreso de la Unión. Sordo, El Congreso, p. 388.255 Otras Juntas departamentales que enviaron sus disposiciones, a título personal o representando a grupos industriales, fueron la de Durango, Puebla, Querétaro y Veracruz. Los comerciantes de México, Guadalajara, Valladolid y Tepic enviaron sus propias solicitudes. Sordo, El Congreso, p. 349 y Potash, El Banco, p. 197.256 CL-FRBN, misc., 923, Iniciativa que la Excma. Junta Departamental de México eleva al Soberano Congreso, pidiendo no se aprueben los contratos celebrados por el general Arista para importar a la República la hilaza extranjera, México, Imprenta del Águila, dirigida por José Ximeno, 1841.257 CL-FRBN, misc., 452, Iniciativa que para la protección manufacturera hace al Congreso nacional la excelentísima Junta departamental de Jalisco, Guadalajara, Imprenta del Gobierno, 1841.
249
directos: la contribución de tres al millar sobre propiedades rústicas y urbanas; la pensión
personal para todos los hombres mayores de 18 años que tuvieran bienes o fueran capaces
de trabajar y, al final, una carga sobre sueldos, pensiones y beneficios eclesiásticos.258 Para
Javier Torres Medina "este paquete fiscal era el más completo y acabado de cuantos hasta
entonces se habían echado a andar".259 No obstante, José Antonio Serrano expone como
múltiples instituciones departamentales y municipales dirigieron representaciones contra
la pensión personal por considerarla un retroceso y un retorno al tributo colonial además
de "injusta, inequitativa, y para añadir leña al fuego, inoportuna".260 Serrano también
observa diferentes movimientos rurales surgidos contra la personal en los departamentos
de Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán.261
Las tres medidas anteriores afectaron en desigual escala, y en contraposición, a los
diversos grupos económicos. La ley de noviembre de 1839 impactó al comercio exterior por
gravar productos especializados, principalmente urbanos y mineros, y disminuir su tasa de
ganancia. El sabotaje del proyecto proteccionista por parte del ejecutivo defraudó a los
industriales porque, al anegar el mercado nacional con productos extranjeros, destruiría sus
esfuerzos por construir una industria nacional.262 Ante los oídos sordos del gobierno para
atender sus representaciones, los grandes comerciantes optaron por estimular un
pronunciamiento.263 Francisco Morphy fue comisionado a fin de emprender una serie de
intrigas y convenios con algunos de los generales más populares, emplazados en las
principales ciudades, para que encabezaran el pronunciamiento. Como se sabe, en julio de
258 La ley sobre propiedades rusticas y urbanas fue promulgada en marzo 11; la de pensión personal o capitación fue publicada en abril 26 y el proyecto sobre sueldos fue aprobado por ambas cámaras a inicios de marzo, pero no fue sancionado, publicado o rechazado por el gobierno por lo que nunca llegó a aplicarse. Sordo, El Congreso, pp. 389-393.259 Torres, p. 327.260 José Antonio Serrano, Igualdad, uniformidad, proporcionalidad. Contribuciones directas y reformas fiscales en México, 1840-1846, México, D.F., Instituto Mora, El Colegio de Michoacán, 2007, p. 146.261 Serrano, Igualdad, pp. 160-161.262 El gobierno centralista publicó una serie de leyes en las confeccionó un proyecto para proteger a la incipiente industria textil: la ley de agosto de 1836 prohibió la entrada de algodón en rama, la de marzo de 1837 hizo lo propio con las importaciones de tejidos del mismo material y en octubre de 1838 se cerraron legalmente los puertos a tales productos. Potash, El Banco, pp. 192-195.263 No hubo descanso para la ley, en abril de 1841, los comerciantes del puerto de Veracruz y los de Guadalajara acudieron a Santa Anna para que éste intercediera por ellos ante el gobierno y el Congreso. Sordo, El Congreso, p. 403; Costeloe, La república, p. 225.
250
1841, Morphy visitó a Santa Anna en su hacienda de Manga de Clavo, Veracruz, y
posteriormente, en el mismo mes, se citó con Paredes y Arrillaga en Guadalajara. Los
pormenores de las entrevistas se desconocen pero en las dos asonadas se anunció la
remoción de las disposiciones restrictivas del comercio.264
En apariencia hay una disociación entre los promotores del pronunciamiento y el
catalizador que los motivó. ¿Por qué el convenio de hilaza de Arista, que afectaba
principalmente a industriales, incitó a los comerciantes para buscar soluciones insurrectas?
Por un lado, si bien es cierto que existió una disputa entre una política proteccionista y otra
librecambista, varias apreciaciones sobre los grupos económicos la matizan debido a la
mediación de ciertos individuos en ambas esferas. De acuerdo con Potash, la gran mayoría
del capital invertido para establecer las fábricas textiles fue del sector privado y provenía
de las grandes casas mercantiles nacionales y extranjeras.265 Esto es, con una verdadera
visión empresarial, los comerciantes diversificaron sus negocios dirigiéndolos al sector
industrial. En Jalisco, por ejemplo, connotados mayoristas como José Palomar, Juan Manuel
Olasagarre y Francisco Martínez Negrete colaboraron como accionistas y directivos de las
fábricas tapatías en los primeros años de 1840.266 El caso del primero es sumo interesante
por su participación en ambos sectores, así como ser vocal en la Junta departamental
durante esos años. Como comerciante fue el primero que rubricó, y posiblemente también
fue su autor, la representación que el grupo mercantil tapatío dirigió al gobierno en
diciembre de 1839 contra la ley que aumentó a 15% el gravamen de los efectos extranjeros.
Como industrial fue uno de los principales impulsores de la instalación de fábricas en Jalisco.
Es verosímil indicar que mayoristas, como Palomar, hayan invertido en el giro fabril como
264 Mariano Paredes y Arrillaga se pronunció en Guadalajara, agosto 12; Gabriel Valencia en la ciudad de México, agosto 31, y Antonio López de Santa Anna en Perote hasta septiembre 9. Como observa atinadamente Sordo, el general Valencia descubrió "todos los hilos de la trama cuando todavía no eran del dominio público: Santa Anna estaba sobre Puebla (todavía no se había pronunciado), Cortázar y Juvera se habían unido a Paredes (lo cual tampoco sucedía aún)". Para un seguimiento de los pormenores de las acciones bélicas y de las reacciones del gobierno véase Sordo, El Congreso, pp. 404-417; Costeloe, La república, pp. 224-237; Noriega, El Constituyente, pp. 25-38.265 Potash, El Banco, pp. 221-227.266 Olveda, La oligarquía, pp. 285-301.
251
prevención a las potencialidades de la industria como fuente de ganancia y la tendencia
proteccionista del gobierno nacional.
El "triunfo" del ministro Almonte, por otro lado, fue pírrico. Al rescindir el contrato
e indeterminar el fallo para la indemnización, el gobierno demostró su incapacidad para
suministrar y respetar un marco legal del proyecto económico, pero también, aquí la
magnitud del daño, para imponer su autoridad frente a la polémica surgida aún si esto
significaba atropellar el orden legal. Los tratos de Arista con los comerciantes extranjeros
afectaron directamente la confianza del sector industrial, asimismo los comerciantes vieron
truncada la posibilidad para negociar lícita o ilícitamente con las autoridades. Además,
como manifestó el mismo Morphy a inicios de 1842, el interés primordial de los
comerciantes extranjeros más que la compensación ofrecida por el gobierno era la
inyección de la hilaza en el mercado mexicano.267 En pocas palabras, la administración de
Bustamante quedó totalmente desprestigiada y, en buena parte, innecesaria para los
grupos económicos.
El comercio fungió como instigador del pronunciamiento del verano de 1841, pero
el desarrollo del levantamiento quedó a cargo de los generales Santa Anna en Veracruz,
Paredes y Arrillaga en Jalisco y Valencia en la ciudad de México. Las implicaciones regionales
de cada militar ejercieron una importante influencia para el comienzo y desarrollo del
alzamiento en las comandancias bajo su tutela. Las circunstancias y acciones de Santa Anna
están bien documentadas por la historiografía. Su reputación se había recuperado, tras su
debacle texana en 1835, gracias a su participación contra los franceses en 1838 y su corto
interinato presidencial en 1839. Nuevamente era el hombre imprescindible para mediar en
los conflictos políticos. Una vez iniciado la sublevación de Paredes, a mediados de agosto
de 1841, Santa Anna se mantuvo expectante, incluso se ofreció como árbitro entre los
267 Francisco Morphy, como representante de la Junta de fomento de la industria, manifestó esta posición al enviar una propuesta al supremo gobierno, publicada en el Diario del Gobierno de la República Mexicana, para que se permitiera la introducción de hilaza con un valor aproximado de $700,000 pesos bajo una reglamentación que no perjudicara a la industria del país. En la misma se descartó la opción de la indemnización ofrecida por el gobierno. Diario del Gobierno de la República Mexicana, t. XXII, núm. 2407, enero 25 de 1842.
252
alzados y el gobierno, hasta que en septiembre 9 enarboló el estandarte de la rebelión con
la consigna de derrocar a Bustamante de la presidencia debido a "una serie de providencias
impolíticas, arbitrarias e ilegales, [que lo] ha[n] hecho indigno de la confianza pública, desde
el año de 1838".268
En Jalisco durante los primeros días de agosto, después de la reunión entre Paredes
y Morphy, la situación estaba en ebullición por los numerosos rumores sobre el estallido de
un pronunciamiento financiado por el comercio. La realidad no estaba alejada. De hecho, la
alianza entre mercantiles y militares estaba concretada para esos momentos. En agosto 6,
el gobernador, Antonio Escobedo, informó al gobierno nacional que de "tiemp o hacia que
observaba con el más profundo sentimiento un descontento general entre los habitantes
del departamento, y muy especialmente en los que ejercen la industria mercantil,
proviniendo de los incalculables perjuicios, perdidas y aun ruina de fortunas que se les ha
hecho sufrir a virtud de la ley del 15 por 100".269 Días antes, en agosto 3, se difundieron
noticias falsas en la capital tapatía sobre que Santa Anna había cesado el cobro de la
contribución en Veracruz. Los comerciantes tapatíos pidieron a Paredes que secundara la
disposición, pero éste optó por interceder en su nombre frente a las autoridades civiles a
quienes informó que "la guarnición entera, fogueada por los comerciantes, iba a
pronunciarse indefectiblemente".270 Escobedo calificó la actitud de Paredes como "un
escándalo intolerable para la república" que tenía que contemplar impotente al "ver [a] un
general [...] figurar a la cabeza de sus tropas sosteniendo un movimiento tumultuario, bajo
todos aspectos injusto e ilegal". Y contrario a sus designios le instó para que "hiciera por su
parte los últimos esfuerzos empleando su influjo y ascendencia para con sus subordinados
a fin de que esperasen un poco y diesen campo a las autoridades superiores
[departamentales] para deliberar en aquel conflicto, pues las mismas nunca podrían
268 Véase Will Fowler, Santa Anna. ¿Héroe o villano?, Ciudad de México, editorial Crítica, 2018, pp. 323-326. Costeloe, La República, pp. 224-234. La cita es del "Plan de Perote" en Vázquez, Planes, vol. IV, pp. 64-67.269 El Cosmopolita, t. V, núm. 67, agosto 21 de 1841.270 El Cosmopolita, t. V, núm. 65, agosto 14 de 1841.
253
atreverse a romper los vínculos de la obediencia y faltar al pacto fundamental a que deben
su existencia".271
La reunión entre Paredes, Escobedo y José Justo Corro, presidente de la Junta
departamental, ocurrió un día después, el 4, en palacio de gobierno rodeada por un "gentío
numeroso". Las autoridades departamentales, retirado Paredes, concluyeron un acuerdo
celebrado con cohetes y salvas por el comercio.272 Desafortunadamente las actas de
sesiones de la departamental de ese año se encuentran extraviadas por lo que es imposible
determinar las discusiones o disposiciones detrás del decreto. Éste, en términos generales,
rebajó a 7% el derecho de consumo de los efectos extranjeros y eliminó el cobro a la quinta,
y más baja, clase de la contribución personal.273 Pero Escobedo, aun cuando consideró "que
la asonada tuvo ya su término", no confió en el sometimiento de los militares pues preveía
un "porvenir funesto" a causa de una nueva revuelta militar "para explicarse por una
dictadura".274 El comandante de Jalisco respondió, en misiva a Santa Anna, que su maniobra
fue por el lamentable estado del erario departamental, en particular de la "benemérita
guarnición", por "las vejaciones que sufría el comercio, la consiguiente miseria de los
artesanos y jornaleros, la falta de consumo de los productos de la agricultura" entre otras
causas. Paredes, con cierta saña, elogió la "prudente medida" del gobierno departamental,
pero recordó que "aún quedan otras [exigencias] que no se pueden desatender sin que
nuestra inacción [la del ejército] consume la ruina de la república".275
El pronunciamiento de Jalisco fue organizado con ojo experto. En agosto 14, un
remitente anónimo de la ciudad de México, en respuesta a misivas de Paredes del 3 y 6 del
mismo mes, elogió la actuación del comandante por los acontecimientos del 3 y 4 pasados
y no dudó en expresar que "el correo próximo nos traerá ya la noticia del pronunciamiento
271 El Cosmopolita, t. V, núm. 67, agosto 21 de 1841.272 El Cosmopolita, t. V, núm. 65, agosto 14 de 1841. Escobedo mencionó que el decreto "fue celebrado con las mayores demostraciones de júbilo, quedando con esta disposición muy contentos y satisfechos todos los comerciantes a quienes se apuntaba como primeros fautores y promovedores de la asonada". El Cosmopolita, t. V, núm. 67, agosto 21 de 1841.273 Colección de los decretos, t. VIII, pp. 229-231.274 El Cosmopolita, t. V, núm. 67, agosto 21 de 1841.275 El Cosmopolita, t. V, núm. 68, agosto 25 de 1841.
254
de la guarnición”. Además, la carta detalló la situación de los principales comandantes
alrededor de Jalisco así como sus posibles reacciones y despliegues de tropas ante el
informe del alzamiento de Paredes. Para finalizar, aconsejó a éste que tomara sus
precauciones frente a Escobedo "porque está de mala fe con Vm., y donde Vm. se descuide
tantito, puede intentar alguna diablura [...] y los amigos aquí creen que lo mejor sería
quitarlo del mando por medio de un movimiento popular y reasumir Vm. los dos
mandos” .276 Esto es, la misiva capitalina conjeturó con certeza sobre sucesos, el estallido
del pronunciamiento y la deposición del gobernador jalisciense, que efectivamente
ocurrieron entre agosto 8 y 12 pero que el remitente todavía no conocía el 14.
El pronunciamiento explotó en agosto 8, la guarnición de Jalisco, reunida en la
capital tapatía, lanzó un manifiesto en el que denunció al gobierno de Bustamante por su
"indecisión, [y] debilidad incapaz de vigorizarse” ante los acontecimientos internacionales
con Francia, la debilidad y carestía del ejército así como las políticas fiscales desatinadas
contra el comercio, la industria y los propietarios. Las propuestas estaban dirigidas contra
Congreso y presidente pero se respetaría al poder judicial y al Supremo Poder Conservador.
El proyecto era directo: convocar un Congreso extraordinario que reformara la constitución
y un ejecutivo, designado por el Conservador, facultado extraordinariamente para el
gobierno.277 En este primer momento, las miras del motín fueron enteramente nacionales
y reformistas. A lo largo del documento, Paredes no se expresa en contra del gobierno
departamental pese a los intentos de éste por apagar la sublevación. Al contrario, tanto el
gobernador como la Junta departamental fueron invitados, a sabiendas de su negativa, para
sumarse a la asonada. Tampoco el comandante le dio una tintura -federal o centralista- a
su manifiesto; incluso se sobreentiende la continuidad de las Siete Leyes, aunque
reformadas, así como del aparato institucional centralista.
La respuesta oficial de las autoridades departamentales fue inflexible. No aceptaron
las proposiciones de los alzados y se ofrecieron "como autoridades constitucionales, ellas
276 Carta a Paredes, agosto 14 de 1841, en García, Documentos, p. 24.277 En agosto 8, los jefes militares ofrecieron una gran comida a la tropa y citó a los oficiales a su casa para determinar el curso del pronunciamiento. Paredes emitió un discurso frente a los presentes y concluyó con la lectura del manifiesto. El Cosmopolita, t. V, núm. 65, agosto 18 de 1841.
255
se dirigirán oportunamente [...] a los supremos poderes de la nación, y por el órgano que
las leyes establecen" las pretensiones de los militares.278 Escobedo escribió, en
comunicación personal con el gobierno nacional, que los rebeldes se jactaban que sus
acciones se encontraban "por el respeto y miramiento [...] sin exigirles nada por la fuerza o
la violencia" a la administración departamental, pero que en lo privado Paredes intentaba
comprometer a Escobedo, quien no cedió a las suplicas, las exhortaciones, los llamados al
patriotismo o a las amenazas de anarquía.279
En una segunda instancia, en agoto 12, ante el rechazo de las autoridades por
secundarlo y con la necesidad de salir a campaña fuera de Jalisco, Paredes optó por
sustituirlas. Es importante recalcar que sus objetivos eran eminentemente nacionales al no
presentar reclamos o reivindicaciones para el departamento. La separación de la
administración jalisciense debe entenderse bajo esa lógica, casi una acción colateral. Lo
cierto es que el comandante requería de un gobierno que respaldara sus acciones, adicto a
su persona y que no intentara alguna "diablura" en su ausencia. Frente a unos cincuenta
vecinos tapatíos, Paredes informó la disolución de la Junta departamental y la insistencia
de Escobedo para no cooperar con el pronunciamiento.280 Según el militar "quedaba de
hecho acéfalo el Departamento" por lo que era necesario y urgente elegir un nuevo
gobernador y otra departamental. Los vecinos congregados se constituyeron en junta
electoral con la única facultad de nombrar a las nuevas autoridades. Las elecciones no
tuvieron un ápice de legalidad ni legitimidad al emanar de un pronunciamiento y, sobre
todo, al no representar al departamento en su conjunto sino sólo a un puñado de individuos
de la capital. Además, la elección de gobernador rompió con todo el marco legal centralista
que depositaba la decisión final en el presidente de la república y, en cambio, fue designado
mediante sufragios de la junta de manera muy similar a lo estipulado por la normatividad
jalisciense de la primera república federal. Por si fuera poco, las elecciones estuvieron
278 Colección de los decretos, t. VIII, p. 232.279 El Cosmopolita, t. V, núm. 67, agosto 21 de 1841.280 La reacción fue tan adversa que renunció hasta el secretario de la Junta departamental, Dionisio Rodríguez, un joven Mariano Otero sería su remplazo. AHCEJ, 1841, caja 1, exp. 73, Dionisio Rodríguez renuncia al empleo de secretario de la Junta Departamental y en su lugar se nombra a Mariano Otero.
256
amañadas para beneficiar un resultado propicio de Paredes. La votación para la
gubernatura favoreció al depuesto Antonio Escobedo en dos ocasiones, pero el
exgobernador declinó al cargo por lo que se realizó una tercera vuelta en la que triunfó
Paredes.281 Por su parte, la gran mayoría de los vocales departamentales fueron sufragados
de entre los integrantes de la junta vecinal.282 La separación de las autoridades, las
elecciones, la insistencia por obtener la gubernatura -que abandonaría a los pocos días para
comandar las tropas- fueron perpetradas como una demostración de fuerza por parte de
Paredes frente a aquellos individuos que se negaron a seguirlo.
Es preciso realizar un comentario acerca de esta junta de vecinos con relación a la
acontecida en agosto de 1834 durante la coyuntura del Plan de Cuernavaca. La composición
de las dos juntas divergió pese a que ambos pronunciamientos fueron instigados por clases
privilegiadas locales. Los hombres que impulsaron la rebelión contra los federalistas
radicales no refrendaron la hazaña siete años después contra los primeros centralistas. No
hay nombres repetidos. La junta pronunciada de 1841 presentó una composición diferente.
La ocupación de la mitad de los miembros de la junta de 1841 se perfiló en los grupos
productivos (comerciantes, labradores y propietarios), la otra mitad a licenciados (agentes
de Hacienda y de la rama judicial del departamento), militares (comandantes y tenientes),
algunos eclesiásticos (canónigos y presbíteros) y otros pocos a título personal.283 No
281 La elección de gobernador fue sumamente enmarañada. La primera votación fue invalidada porque ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta de los 48 sufragios: Antonio Escobedo obtuvo veintidós, Joaquín Castañeda trece y el comandante Paredes nueve. El ardid ocurrió al realizar una ronda entre Castañeda y Paredes para determinar al competidor de Escobedo cuando, por no haber empate, la segunda vuelta debió efectuarse entre los dos primeros. La balanza se inclinó a Paredes con veintisiete votos. No obstante, el triunfo fue efímero, el militar fue derrotado por Escobedo en la segunda votación por veintitrés contra veinticinco. Pero el exgobernador no admitió el nombramiento. Paredes resultó victorioso en una tercera ronda con veintisiete, seguido de Castañeda con dieciocho, uno para Juan Gutiérrez Mallen y otro para Crispiniano del Castillo. La insistencia para sufragar a favor de Escobedo me parece que no fue por un tema de simpatías o reconocimiento de su labor sino como una pretensión de Paredes para evitar lo más posible que la tranquilidad pública del departamento fuera perturbada bajo pretexto de la deposición de las autoridades. Colección de los decretos, t. VIII, pp. 235-237.282 Los vocales propietarios fueron Juan Gutiérrez Mallen, Joaquín Castañeda, Ignacio Vergara, Vicente Ríos, Ignacio Villanueva, Sabas Sánchez Hidalgo y Fernando Serrano; los vocales suplentes fueron Nicolás de la Peña, Julio Vallarta, Marcelino Olivares, Nicolás Remus, Francisco Pacheco Muguiro, Jesús Ascencio e Ignacio Quevedo. Colección de los decretos, t. VIII, pp. 237-240.283 Los nombres de los junta de vecinos fueron Eusebio Anaya, Narciso Arango, Jesús Asencio, Rafael Basauri, Salvador Batres, Juan Nepomuceno Camacho, Joaquín Castañeda, Crispiniano del Castillo, Francisco Cortázar, Fernando Espinosa, Diego Plutarco García, Refugio Gordoa, Antonio Güemes, Juan José Herrán, Faustino
257
obstante, no todos los comerciantes se mostraron abiertamente a favor del
pronunciamiento de Paredes. Los firmantes de la representación contra el aumento a 15%
del pasado diciembre de 1839 fueron sólo cinco de casi cincuenta individuos y, aún más,
con la ausencia importante de José Palomar que era miembro de la Junta departamental.284
Conforme a lo anterior, la mano férrea de Paredes impidió la incursión de partidarios del
federalismo radical y de los centralistas de 1835 o vocales departamentales. La participación
del comercio local, aderezada con propietarios y labradores, corrobora la unión con los
militares pero también la renuencia para dejar todo en manos de Paredes al intervenir
directamente en la Junta departamental.
La situación en el departamento de México, en comparación con la de Jalisco, fue
menos estridente a nivel institucional. La historiografía ha señalado que, aun con lo
aparentemente bien orquestado, el pronunciamiento de la guarnición de Jalisco no se
propagó inmediatamente entre las demás comandancias y departamentos ni tampoco
disparó el temor del gobierno general. La inflexión sobrevino cuando el jefe de la plana
mayor, el general Gabriel Valencia, se atrincheró con algunas tropas manifestándose contra
Bustamante en plena ciudad de México en agosto 31 de 1841. Valencia publicó su propio
plan, en vez de secundar al de Paredes, en septiembre 4. Los alicientes fueron las
"facultades extraordinarias, y aun omnímodas, [concedidas] al ejecutivo" y "la funesta
alternativa con que los partidos han destrozado a su vez las entrañas de la patria,
enconando los odios políticos, desuniendo a los mexicanos, inutilizando a tantos hombres
útiles, y estableciendo perniciosas exclusivas". Este nuevo plan era más radical que el de
Jalisco debido a que desacreditaba a las Siete Leyes, proponía un Congreso constituyente y
un ejecutivo interino elegido exclusivamente por la capital reunida en "una junta del pueblo
Leñero, Juan de D. Leñero, Domingo Llamas, Luis Mena, Prisciliano Mercado, Ignacio Negrete, Manuel Ocampo, Manuel Olasagarre, Marcelino Olivares, Mariano Otero, Francisco Pacheco Muguiro, Manuel Paredes y Arrillaga, Pedro Parga, Nicolás de la Peña, Rafael de la Peña, Cirilo Pérez, Agustín Portillo, Antonio Portillo, Mariano Portillo, Ignacio Quevedo, Nicolás Remus, Manuel Rioseco, Lorenzo Rodríguez, Hidalgo Sábas Sánchez, Francisco Santiago, Fernando Serrano, Zenón Sucilla, Pedro Tamés, Urbano Tobar, José Vallarta, Luis Verdía, Ignacio Vergara, Ignacio Villanueva y Juan Zepeda. Colección de los decretos, t. VIII, pp. 233-234.284 Los nombres fueron Juan de Dios Leñero, Prisciliano Mercado, Jesús Asencio, Francisco Pacheco Muguiro y Nicolás de la Peña. Los tres últimos fungieron como vocales suplentes de la Junta departamental nombrada por los pronunciados.
258
como en los antiguos comicios de Roma".285 Nuevamente fue un proyecto nacional con
escasas implicaciones regionales. El llamamiento de Valencia tampoco fue viral en el resto
de la república. El detonante en este ámbito fue el Plan de Perote, de septiembre 9,
expedido por Santa Anna.286
Valencia, sin embargo, no era Paredes en Guadalajara ni Santa Anna en Veracruz en
el sentido de que no contaba con vínculos tan arraigados como éstos dentro de las élites de
sus respectivos departamentos. Su renombre provenía casi exclusivamente del triunfo ante
el motín federalista de José Urrea y Valentín Gómez Farías un año antes en la misma
capital.287 Más allá de su potencialidad militar, el peligro que simbolizaba Valencia fue su
ubicación que le proveyó de la publicidad necesaria y lo libró de la accidentada senda a la
ciudad de México que cualquier pronunciamiento provincial tenía que recorrer para
derrotar a su opositor. Tengo la impresión de que Valencia se adhirió al pronunciamiento,
cuando éste ya estaba fraguado, para reimpulsar su carrera política sin la avenencia total
de Santa Anna o Paredes. La carta anónima a Paredes ya referida, emitida en la ciudad de
México, así lo notificó al asegurar que "Valencia ha opinado tan bien de lo que Vm.
[Paredes] ha hecho, que se ha unido a la causa y lo ha escrito así al amigo de Veracruz [Santa
Anna], Esto, aunque no era necesario, siempre es bueno".288 La última frase es terminante
en cuanto a la influencia y posición del jefe de la plana mayor dentro de los conspiradores.
La actitud de las autoridades departamentales de México fue demasiado
expectante, incluso distante, de los sucesos nacionales. Tanto en la documentación revisada
de la oficina del gobernador como de la Junta departamental no encontré comunicaciones
285 "Plan del general Valencia proclamado en la Ciudadela" en Vázquez, Planes, vol. IV, pp. 60-61.286 Sordo considera que "la revolución tomó grandes proporciones" cuando Valencia se atrincheró en la Ciudadela. Si bien es cierto que el gobierno de Bustamante reaccionó más vehementemente que con la noticia de Paredes; el pronunciamiento no surtió un efecto inmediato ni se propagó por el territorio. Al contrario, el Plan de Perote de Santa Anna fue el que consiguió mayor reacción y, sobre todo, fue el que movilizó a Bustamante. Sordo, El Congreso, p. 407.287 José Urrea, a mediados de julio, logró retener al presidente Bustamante con la intención de convocar una junta de vecinos notables de todas las facciones. Las tropas fieles al gobierno, junto con el ministro de guerra, nombraron a Valencia como general en jefe de las tropas. Después de doce días de conflicto en pleno corazón de la ciudad de México, los federalistas capitularon muchos beneficios para su seguridad personal. El auténtico triunfador fue Valencia que quedó como la salvaguarda del gobierno. Costeloe, La república, pp. 209-212. Sordo, El Congreso, pp. 365-375.288 Carta a Paredes, agosto 14 de 1841, en García, Documentos, p. 27.
259
de los eventos. El talante flemático a mi parecer se debió a tres factores. Primero, el
conflicto por las ordenanzas municipales librado entre los supremos poderes, los
departamentales y el municipal de la ciudad de México durante la segunda mitad del año
de 1840 y la primera de 1841. Si bien comenzó por una cuestión de dinero y, en particular,
por el control de las contratas del propio ayuntamiento, el conflicto rápidamente escaló a
reclamos por límites e intromisiones de potestades de los tres niveles de gobierno.
Segundo, la departamental se renovó en enero de 1841, electa en el último trimestre de
1840, por lo que su afinidad con el gobierno de Bustamante y con los centralistas no debió
ser sólida.289 Tercero, a mediados de septiembre, el gobernador Luis Gonzaga Vieyra se
retiró, con el pretexto de restablecer su salud. En su lugar fue asignado como interino, en
segunda terna, Francisco Ortiz de Zarate, ayudante general de la plana mayor. No obstante,
pasada la borrasca, Gonzaga Vieyra regresó a la gubernatura en octubre.290
El desenlace del pronunciamiento es ampliamente conocido. Las partes beligerantes
entraron en negociaciones, luego que Paredes y Santa Anna se acercaron al altiplano central
a finales de septiembre, para poner fin a las hostilidades. El resultado fueron las Bases de
Tacubaya, firmadas en septiembre 28, con las cuales se abolieron los supremos poderes,
con excepción del judicial, establecidos por la constitución de 1836; se nombraría una junta
compuesta por comisionados de los departamentos para designar un ejecutivo provisional
facultado en todo lo necesario "para la organización de todos los ramos de la administración
pública"; además, este individuo estaría acompañado por cuatro ministros y un concejo
nominado por los departamentos. En lo que concierne a esta investigación, lo interesante
289 El vocal departamental Juan Manuel Elizalde se separó por cuestiones de salud en marzo y en octubre de 1841 mandó su renuncia. BPLEM, t. 115, exp. 546, Sobre licencia concedida a un diputado de esta e. Junta. José Miguel de Arias mandó su dimisión en octubre de 1841. BPLEM, t. 115, exp. 547, Renuncia de un miembro de esta e. Junta.290 Este episodio revela la aplicación del marco institucional así como el seguimiento y apego de la normatividad para designar a los gobernadores incluso en el momento tan convulso en que se realizó. En septiembre 9, al gobernador Vieyra se le concedió licencia ilimitada para retirarse del cargo con el objetivo de que restableciera su salud. El presidente Bustamante solicitó a la Junta departamental una terna de tres candidatos para nombrar un gobernador interino. El individuo asignado no aceptó el cargo por lo que Bustamante requirió una nueva terna y quedó investido Francisco Ortiz de Zarate en septiembre 12. BLCEM, t. 114, exp. 531, Sobre la licencia concedida al E.S.D. Luis G. Vieyra para separarse del Gobierno y elección del S.D. Francisco Ortiz de Zarate para Gobierno interino.
260
de Tacubaya es que, "entretanto se da[ba] la organización conveniente en la República",
mantuvo a "las autoridades de los departamentos que no hayan contrariado o contrariaren
la opinión nacional". Bajo esta lógica recae todo el peso del levantamiento de agosto contra
Escobedo y la Junta de Jalisco. Al mismo tiempo, los militares se blindaron para suplantar
cualquier cuerpo departamental disidente no sólo durante el lapso que duró el
pronunciamiento sino indefinidamente hasta concretar el nuevo pacto constitucional. Este
artículo, el undécimo, reitera lo que los planes de Paredes y Valencia perfilaron: la revuelta
tuvo propósitos nacionales y político-económicos. La estructura intermedia y local no
fueron objetivos para derribar. En el departamento de México se conservaron las
autoridades departamentales sin mayor problema para no propagar la intranquilidad
pública más allá del ámbito nacional.
Las repercusiones políticas que trajo consigo la caída de la primera república
centralista, proemio y primera fase del proyecto constitucional de Tacubaya, fueron,
primero, la desbandada del sector centralista de los cargos públicos del ejecutivo y
legislativo. Esta salida cerró un ciclo para muchos de los políticos de la década de 1820 que
dejaron de inmiscuirse en la palestra política. Segundo, la endeble alianza entre buena parte
de los generales del ejército en torno a las figuras de Santa Anna, Paredes y Valencia.
Tercero, la inacción de las Juntas departamentales que demostraron cierto desgano o
incapacidad para inmiscuirse en los acontecimientos nacionales así como afianzarse como
las portavoces de los reclamos locales frente a los comandantes-gobernadores más
inclinados hacia la coalición militar. Por último, la apertura de un régimen con tintes
dictatoriales que auguraba un decaimiento en lo tocante a la participación política de las
departamentales.
Dictadura y representación departamental
Las Bases de Tacubaya, al contrario del Acta constitutiva de 1824 y las Bases constitutivas
de 1835, fueron un documento ambiguo que no desplegó un basamento definido,
federalista o centralista, ni tampoco anunció un lineamiento para que el Congreso
constituyente trabajara bajo esa premisa, sino que entrevía un proyecto provisional
enérgico de corte dictatorial dirigido por lo militares pero también, paradójicamente,
261
permitió una lectura polifacética. Las Bases de Tacubaya no sustituyeron completamente a
las Siete Leyes. Si bien los supremos poderes de la nación eran reorganizados y, por lo tanto,
se trocaban la segunda, tercera y cuarta ley constitucional; las restantes quedaron vigentes
por defecto. Las Juntas departamentales no fueron remendadas, renovadas o derogadas.
Los ordenamientos generales con los que continuaron operando fueron los promulgados
durante la primera central. De igual forma, en las departamentales de México y Jalisco, las
plantillas de su personal se mantuvieron hasta el establecimiento de las Asambleas
departamentales en enero de 1844. Las Juntas adoptaron la temporalidad de las Bases que
se extendieron debido a los tropiezos y caídas que sufrió el proceso constituyente.291 En
resumen, las Bases de 1841 no fueron un preámbulo constitucional ni una ferviente
declaratoria sobre alguna forma de Estado. En cambio fueron promesas cifradas para que
los diferentes sectores asociados al pronunciamiento las entendieran de acuerdo a sus
propias expectativas.
Los días transcurridos entre las Bases de Tacubaya, septiembre 28, y la firma del
Convenio de la Presa de la Estanzuela, octubre 6, fueron de extremada inquietud para
aquellos reacios con la inacción de Santa Anna que aplazaba la integración de la Junta de
representantes estipulada en el artículo segundo de las Bases.292 Mariano Paredes y
Arrillaga, comandante-gobernador de Jalisco, incitó a los departamentos bajo su influjo -
Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro- para que se
reunieran en la ciudad de Querétaro. Constituida en Octubre 6, el objetivo palmario de esta
junta de comisionados fue "protestar [...] que ninguno de ellos esta[ba] conforme con el
Plan [de Tacubaya] proclamado por [Santa Anna]" pues temían "que el movimiento dado
en Guadalajara por el general Paredes tenga por resultado el volver a colocar a los pueblos
291 Las últimas Juntas departamentales no acataron sus calendarios de renovación, sino que se ajustaron al de las Bases de Tacubaya. La de Jalisco de 1839 originalmente tendría un período hasta diciembre de 1842, pero fue sustituida durante el levantamiento de agosto 1841. La Junta pronunciada no cumplió con el calendario al dilatarse hasta diciembre de 1843. La de México, relevada legalmente en enero de 1841 cuyo lapso se prolongaría hasta diciembre de 1844, acotó su duración con el establecimiento de la Asamblea departamental en enero de 1844.292 La situación se alargó principalmente porque el presidente depuesto Bustamante se pronunció por el federalismo después de que firmó el armisticio de septiembre. La nueva revuelta reinició las hostilidades entre los militares hasta la firma de un nuevo convenio en la presa de la Estanzuela en octubre 6 de 1841. Costeloe, La república, pp. 233-234.
262
en el punto de un retroceso todavía más humillante y más peligroso del que han creído
salir". La junta de Querétaro exigió que se rectificaran las Bases de acuerdo con sus
conveniencias. El reclamo incorporó premisas con una importante tónica descentralizados:
sedes de la junta y el Congreso extraordinario fuera de la ciudad de México -Querétaro o
Guanajuato-, delimitación de las facultades del ejecutivo provisional por la Junta y
representación territorial igualitaria para todos los departamentos en la junta y el
Congreso.293
La participación de Paredes en estos reclamos es incierta. Su influencia es notoria en
la creación de la junta así como en las alusiones de ésta del ensalzamiento del general en
Guadalajara como el verdadero autor de todo el desarrollo posterior dirigido por Valencia
y Santa Anna. Pero, las impugnaciones descentralizadoras hechas por los comisionados a
las Bases de Tacubaya descuadran con las pretensiones militaristas que el comandante-
gobernador demostró durante los meses siguientes. Es muy probable que Paredes haya
instado a las Juntas departamentales para que nombraran comisionados con el único
propósito de presionar y así fortalecer su posición frente a los otros generales; demostrar
que el occidente estaba bajo su egida para asistirlo. En cambio, los cortos trabajos de esta
junta, en la que demostraron un ferviente afán descentralizador, fueron producto neto de
los comisionados sin la intervención directa del general Paredes. 294
La facción santanista en el gobierno respondió con maestría al reto de la Junta de
Querétaro. Por un lado, el 9, Santa Anna organizó la junta de representantes prometida en
las Bases de Tacubaya con asiento en la ciudad de México. Para componer a esta junta, el
general en jefe del pronunciamiento nombró a los sujetos por todos los departamentos y,
con ello, anuló los reparos de los comisionados de Paredes e incluso puso en duda su validez
293 "Protesta de la Junta de comisionados de seis departamentos reunida en la ciudad de Querétaro" en El SigloXIX, año 1, núm. 5, octubre 12 de 1841. Los representantes por el departamento de Jalisco fueron Ignacio Vergara, presidente de la junta, y Sabas Sánchez Hidalgo. Actas de la Junta de comisionados por los departamentos, reunida en la Ciudad de Querétaro, 1841.294 Noriega asume la actitud de los comisionados de la Junta de Querétaro como "una oposición de estos departamentos hacia las Bases de Tacubaya". Noriega, El constituyente, pp. 48-49. No obstante, la reivindicación constante de Paredes como el verdadero autor de la caída de Bustamante sugiere que fue éste el verdadero instigador de la Junta más que las autoridades de los departamentos con la finalidad de promocionarse y no tanto de oponerse.
263
al formar una doble delegación. Por otro, el 11, comunicó varios ascensos para los militares
que participaron contra Bustamante y que incitaron el movimiento de Querétaro -Paredes
de la comandancia de Jalisco, Pedro Cortázar de la Guanajuato y Julián Juvera de la de
Querétaro- para atarlos moralmente por los favores recibidos del nuevo gobierno nacional.
Cecilia Noriega ha observado con claridad que estas "decisiones precipitadas tenían un
propósito fundamental: dejar aislados a los de Querétaro y exponerlos a un desaire por
parte de los mismos a quienes apoyaban", además de demostrar "la fuerza que iba
adquiriendo el ejército como regulador del pode r central en la nueva administración".295
Sin embargo, la pronta respuesta del gobierno con la promoción de la junta de
comisionados advierte la fragilidad dentro de la alianza de los generales y, contrariamente,
cierta debilidad del gobierno quién fincó el apoyo de los comandantes-gobernadores de los
departamentos con el otorgamiento de galardones y el cumplimiento de promesas
contraídas durante el pronunciamiento de los comerciantes-industriales.296
La Junta de representantes de los departamentos fue un órgano extraordinario cuya
función era principalmente de consejo del ejecutivo provisional en materia de gobierno,
pero que, al mismo tiempo, operaría como receptáculo de las demandas y peticiones de los
departamentos. Además, por si fuera poco, era una suerte de poder legislativo, aunque
menguado, que realizaría iniciativas a reserva de la venía presidencial. La integración
primaria de esta Junta fue propuesta por Santa Anna, en calidad de jefe del ejército, de
acuerdo con lo provisto por el artículo segundo de las Bases de Tacubaya. Los nombrados,
como era de esperarse, eran en su mayoría adictos al pronunciamiento y contó con
personalidades importantes de los sectores políticos y militares -José María Tornel, Manuel
Gómez Pedraza, Pedro Cortázar y Valentín Canalizo- que devolvieron la protección a Santa
Anna invistiéndolo como presidente provisional.297
295 Noriega, El Constituyente, pp. 48-50.296 Costeloe, La república, pp. 238-251 y "Los generales Santa Anna y Paredes y Arrillaga en México, 18411843: rivales por el poder o una copa más", Historia Mexicana, núm. 39, 2, 1989, pp. 417-440.297 El general Santa Anna nombró a José de Garay y Luis Cayetano Ibarra por el departamento de México como representantes propietarios y a Manuel Zozaya Bermúdez como suplente; por el de Jalisco designó a Crispiniano del Castillo, al general Francisco Duque y José Ramón Pacheco respectivamente. Lucina Moreno
264
En las semanas siguientes, las Juntas departamentales designaron delegados para
que se sumaran a la de representantes. Una vez incorporados, esta nueva Junta se intituló
como Consejo de los departamentos.298 La llegada de estos individuos reforzaría la delgada
capa de legitimidad, fincada en el principio de representación territorial, de la Junta. La
actitud de los departamentos estudiados se asemejó. La departamental de México actuó
con rapidez para nombrar a sus apoderados en octubre 14. La deliberación recayó en
Agustín Vicente de Eguía, presidente de la departamental de 1837, y José Bernardo Couto,
diputado en varios Congresos centralistas. No obstante, la adhesión de ambos presentó
importantes dificultades. Eguía aceptó el cargo el 18 pero solicitó que, por ser esta una
misión nueva y no tener reglas a las que ceñirse, le indicaran instrucciones para desempeñar
su compromiso con exactitud. En noviembre 8, el mismo Eguía notificó que aún no había
asistido al Consejo por la falta de pautas de la convocatoria de elecciones del Congreso
constituyente. Couto, en cambio, rechazó el destino desde un inicio con el argumento de
falta de salud y la necesidad de atender circunstancias personales. La departamental no
consintió esta dimisión argumentando carecer de "facultad para calificar su excusa y
admitirle su renuncia". La inepcia de la Junta prolongó el estancamiento de la asignación
hasta febrero del siguiente año cuando la misma Junta acordó se concediera la renuncia y
llamó a Cayetano Ibarra como representante.299
En Jalisco, la situación fue menos sinuosa. Luego de la salida de los dos integrantes
propietarios nombrados directamente por Santa Anna entró el suplente, José Ramón
Valle, "La Junta de representantes o Consejo de los departamentos (1841-1843)", Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, vol. 4, 1972, pp. 105-122.298 Como expone Lucina Moreno, la Junta de representantes incluía el adjetivo "suplentes" en alusión a su designación expresa por Santa Anna. Con la llegada de los representantes enviados desde los departamentos la Junta omitió tal calificativo y, a inicios de diciembre, adoptó de manera definitiva el de "Consejo de los departamentos". Moreno, "La Junta", pp. 110-111.299 BPLEM, t. 114, exp. 537, Sobre el juramento de las Bases adoptadas por el ejército en Tacubaya, y nombramiento de los consejeros nombrados por esta corporación, para consecuencia de ellas van agregadas a este expediente las instrucciones dadas por la Junta en virtud de las cuales han de obrar y BPLEM, t. 124, exp. 504, Nombramiento y renuncia del Lic. Bernardo Couto de consejero y nombramiento del Lic. D. Cayetano Ibarra. Datos sobre Eguía ver capítulo III de esta tesis; Couto perteneció a la facción federalista moderada en el Congreso constituyente de 1835-1837. En el que emitió un voto particular contra el cambio de gobierno y en favor únicamente de reformar a la constitución de 1824. Sordo, El Congreso, pp. 189-191.
265
Pacheco, como único representante de la entidad en octubre 12.300 Los individuos enviados
a la Junta de Querétaro, Sabas Sánchez Hidalgo e Ignacio Vergara, fueron ratificados como
comisionados para tomar parte en el Consejo de los departamentos. Pese a su renuencia
inicial, el primero se refrendó en la plaza y el segundo dimitió definitivamente ante la Junta
de representantes quién lo mandó informar a la departamental.301 En lugar de Vergara se
encomendó al joven secretario de la Junta, Mariano Otero, como su reemplazo en
noviembre 22. 302 Es de apreciar que los tres hombres -Sánchez Hidalgo, Vergara y O tero-
participaron en el motín de agosto 12 en Guadalajara contra las autoridades del
departamento. Además, los tres estaban vinculados con la Junta departamental emanada
del pronunciamiento como vocales y secretario. Pese a esta filiación, su actuación no fue
conforme a sus cargos sino que procedieron a título personal y mucho más ligados a su
orientación política en favor del establecimiento del federalismo y la descentralización
política-administrativa.
La formación de estos cuerpos -Junta de Querétaro, Junta de representantes y
Consejo de los departamentos- advierte la presencia de un interés nítido para dotar de
representación, aunque limitada, a los departamentos y alejarse de la larga sombra de una
dictadura unipersonal. En un sentido contrario, Noriega considera que la creación de la
Junta de representantes-Consejo de los departamentos "se debía a una mera formula
política" para simular la inclusión de la estructura institucional territorial dentro de la toma
de decisiones.303 Sin embargo, calificar a la Junta-Consejo como una simple entelequia
implica tanto minimizar su actuación como auténticos portavoces de los intereses locales,
como sobredimensionar las pretensiones de Santa Anna para proclamarse dictador. Por un
300 Los dos propietarios de Jalisco renunciaron al cargo, Castillo lo dejó para encargarse del Ministerio de Justicia e instrucción pública en octubre 10 y Duque se exoneró en octubre 9. Moreno, "La Junta", pp. 118122.301 Los integrantes de la Junta de Querétaro se excusaron de la invitación para integrarse a la de representantes "por no estar nombrados por sus respectivos Departamentos para aceptar esta distinción". Actas de la Junta de comisionados, p. 13. En la sesión de noviembre 5, los dos representantes de Jalisco remitieron su renuncia al cargo. Siglo XIX, núm. 33, Año 1, noviembre 9 de 1841.302 AHCEJ, 1841, caja 1, exp. 42, Mariano Otero solicita licencia para separarse de su cargo como secretario por el tiempo que dure su comisión como representante del Departamento de Jalisco en el Consejo del Supremo Gobierno.303 Noriega, El Constituyente, p. 63.
266
lado, Moreno detalla cómo durante los primeros ocho meses de su existencia esta
corporación mantuvo un ritmo intenso de trabajo que reflejó su inclinación para
desempeñarse como un auténtico cuerpo de representación para las regiones al presentar
y discutir varios proyectos trascendentales como el presupuesto del año de 1842, la
propuesta para desvincular la propiedad raíz de las manos muertas, la apertura para abrir
un canal de México a Chalco y medidas contra la falsificación y propagación de la moneda
de cobre. La apertura de sesiones del Congreso constituyente en junio de 1842 desactivó el
ímpetu de la Junta. Sus integrantes dejaron de asistir paulatinamente, algunos nombrados
diputados, y sus tareas fueron reducidas a los asuntos de poca importancia como
legitimación de hijos naturales o indultos.304 Por otro lado, como bien señala Costeloe, pese
a las múltiples oportunidades en las décadas de 1830 y 1840, Santa Anna no buscó
establecer un régimen permanente centrado en su figura, sino tuvo presente que, como
dijera en junio de 1843, sólo era una "dictadura condicional" apremiado por las
circunstancias extraordinarias y, por el contrario, en todos los pronunciamientos que
encabezó culminaron con la convocatoria de un Congreso que constituyera a la nación.305
La vocación del Consejo como apoderados de los departamentos reveló y posibilitó
el resurgimiento de tendencias que pretendían descentralizar la vida institucional-política
de la república sin aspirar necesariamente a un establecimiento de una república federal.
La creación del dictamen para convocar a elecciones del Congreso fue uno de los elementos
claves del proyecto constitucional de Tacubaya porque determinaría el rumbo para re
constituir a la nación. De acuerdo con el artículo 2 de las Bases de Tacubaya, el ejecutivo
provisional sería el encargado de ésta medida. No obstante, Santa Anna la delegó
parcialmente en el Consejo de representantes, pero se reservó el derecho para modificarla.
El Consejo aceptó la diligencia al considerarla como su principal tarea. Aun así optó por
postergarla hasta que los representantes de los departamentos concurrieran con sus
debidas instrucciones. El retardo de éstas provocó que a finales de octubre, el ministro de
304 Moreno, "La Junta", pp. 111.305 Costeloe, La república, p. 275.
267
relaciones apremiara a las Juntas departamentales para que realizaran elecciones de sus
representantes y efectuaran "sus deberes con las instrucciones correspondientes".306
Las departamentales de Jalisco y México las enviaron en noviembre 11 y 13
respectivamente. Las demandas de la Junta de Jalisco fueron muy puntuales, cinco. Las de
la Junta del departamento de México fueron más numerosas, doce, y con diversos tópicos.
Por un lado, en ambos documentos hay consonancias como la estipulación de elecciones
indirectas y restricciones al derecho de voto por capital, vecindad y pertenecía al estado
seglar -en Jalisco se buscó que fueran sólo los padres de familia los encargados de sufragar.
De igual manera en los dos departamentos recomendaron establecer otro tipo de
requisitos. En el de Jalisco se solicitó la reducción de los votantes a aquellos individuos
alfabetizados y en el de México se acentuaron las exigencias de naturaleza, por nacimiento
o adopción, mexicana. La forma propuesta para emitir el voto fue diferente, la primera
consideró voto público -e l comitente escribiría su elección en presencia de la junta
electoral- y la segunda el secreto -e l comitente recibía una boleta, con sus datos
personales, que debía firmar y entregar a la junta. Por otro lado, entre las instrucciones
existieron rupturas. La de México agregó disposiciones menores acerca del voto de la tropa,
la ubicación de la reunión de las elecciones secundarias y, de ser el caso, el nombramiento
de senadores. Las desavenencias importantes recayeron en términos de la centralización-
descentralización del nuevo Congreso y no en la forma de Estado. Un mandamiento de la
departamental de Jalisco, siguiendo las propuestas de la Junta de Querétaro, fue que la
residencia del Congreso constituyente no estuviera en la ciudad de México, sino en alguna
parte del departamento de Guanajuato. En otro orden de ideas, la departamental de
México proponía que la base para determinar el número de diputados fuera la población -
un diputado por cada 150,000, otro por fracción de 100,000 y dos por los departamentos
que no alcancen la primera cifra. Estas últimas instrucciones permiten entrever la dirección
política de éstas Juntas departamentales. En Jalisco se buscó alejar al Congreso
306 AHCEJ, 1841, caja 1, exp. 47, El Ministerio de Relaciones y Gobernación pide al Sr. Gobernador active la elección de los representantes por el Departamento en el Consejo del Supremo Gobierno para que se presenten cuanto antes y con las instrucciones para dictaminar sobre la convocatoria al Congreso Constituyente.
268
constituyente de las intrigas capitalinas y posiblemente de los generales atrincherados ahí
mientras que la de México propugnó por una continuación en el reparto de los diputados
según una representación proporcional lo que, siendo el departamento más habitado, le
era favorable.307
Los santanistas transfirieron cierta actividad política al Consejo y a las propias Juntas
departamentales. Al primero le encomendaron la hechura del dictamen y a las segundas
que externaran sus opiniones por medio de las instrucciones. Estas concesiones por parte
del ejecutivo provisional fueron un método de reconciliación con los reclamos
descentralizadores-reformistas que coadyuvaron en la implosión de la primera república
centralista. Las departamentales se entregaron a la tarea, con algo de morosidad, pero
vertieron sus convicciones sobre los próximos comicios: Jalisco con una propuesta cerrada
para la ciudadanía y desenfocada de la ciudad de México; el departamento de México un
poco más laxa en cuestiones de derechos políticos y con una representación política clásica
-dem ográfica- que le favorecía en la distribución de los curules; descentralización versus
centralización. Este fue probablemente el último resquicio de los vocales departamentales
para influir determinantemente dentro de la toma de decisiones en el ámbito nacional.
El Consejo presentó un proyecto de dictamen en noviembre 13 -nótese la
proximidad con las recomendaciones enviadas para los comisionados de los
departamentos. A propuesta de su presidente, el dictamen fue remitido al gobierno
supremo y mandado imprimir para su difusión y fácil estudio.308 La moción fue discutida
durante las siguientes semanas hasta su aprobación final en diciembre 6. Las instrucciones
de los departamentales no fueron letra muerta, todo lo contrario, fueron discutidas como
parte del debate aunque no necesariamente se reflejaron en la versión final de la
307 Las instrucciones de la Junta de Jalisco se encuentran publicadas en "Junta departamental de Jalisco" en Cosmopolita, núm. 89, t. V, diciembre 4 de 1841. Las de México en manuscrito en BPLEM, t. 114, exp. 537, Sobre el juramento de las Bases.308 Noriega confundió la presentación del Proyecto en noviembre 13 con la aprobación de éste en diciembre 6. Esta imprecisión la llevó a afirmar que las instrucciones de las Juntas departamentales, dadas durante noviembre, eran comentarios en reacción a la convocatoria cuando en realidad antecedieron al propio dictamen e incluso aquellas fueron utilizadas por los representantes durante la discusión de las reglas electorales. Noriega, El Constituyente, p. 65.
269
convocatoria a causa de la heterogeneidad de las propuestas. Por ejemplo, el representante
por Jalisco, Sabas Sánchez Hidalgo, reportó a la Junta de ese departamento los magros
resultados de su intervención. De las cinco iniciativas con que fue instruido dos fueron
desechadas por completo -alfabetización de los ciudadanos y restricciones censitarias-,
otra fue aprobada -elecciones indirectas- y las otras dos parcialmente incluidas -
paternidad de los electores y ubicación del Congreso fuera la ciudad de México.309
El Dictamen del Consejo de Gobierno sobre convocatoria, diciembre 6 de 1841,
marcó tres pautas descentralizadoras que anunciaron el retorno del federalismo como
opción constitucional. Desde un inicio, el Consejo consideró que sus circunstancias se
asemejaban a la coyuntura federalista de inicios de la década de 1820. El texto preliminar
del Dictamen apuntó que su "guía o modelo" fue el decreto de junio 17 de 1823 por su
"aceptación y simpatías [...] exento de toda nota de parcialidad e influjo de las facciones [...]
y por ser el más respetable en razón de su antigüedad y del alto objeto a que fue aplicado".
Detrás de está cortina en contra de los grupos políticos, el Consejo recalcó que la base
amplia de votantes, que la ley de 1823 establecía, era el camino más próximo para hacer
patente la voluntad de la Nación y no sólo de uno o cierto número de particulares. Bajo esta
consigna, la comisión encargada del Dictamen desacreditó las leyes electorales de julio 12
de 1830 y noviembre 30 de 1836 por imponer requisitos censitarios y considerarlas como
"sospechosas de no haber sido más que pretextos cómodos y sagaces de decepción" en
amparo de cierta facción política. La apuesta del Consejo por la ley de 1823 fue menos una
discusión del número y calidad de los electores y más una proclamación de su
posicionamiento a favor del federalismo.310
La primera medida descentralizadora enmarcada en el Dictamen de convocatoria
fue la adopción de un modelo de representación territorial uniforme como base de la
composición del próximo Congreso constituyente. Cada uno de los veinticuatro
309 AHCEJ, 1841, caja 1, exp. 46, El Sr. Sánchez Hidalgo, representante del Departamento en el Consejo Supremo de Gobierno informa del resultado que tuvieron sus exposiciones relativas a la convocatoria según las instrucciones que el Gobierno departamental le dio.310 CL-FRBN, misc., 100, Dictamen del Consejo de gobierno sobre convocatoria, México, Imprenta del Águila, 1841.
270
departamentos nombraría a cuatro diputados propietarios y cuatro suplentes (arts. 2 y 4).
La disposición no era novedosa pues aplicaba los fundamentos senatoriales-territoriales de
la época. Lo extraordinario no fueron sus alcances doctrinales sino las distorsiones que en
la práctica política conllevaría. Al implementar bancadas análogas, el Consejo de los
departamentos buscó mitigar las desigualdades e influjos de aquellos espacios con más
habitantes que imponían a los pequeños. Las entidades del centro-occidente, con mayor
concentración de la población, dejarían de ostentar la toma de decisiones tácita; el mapa
político se alteraría considerablemente en defensa de las provincias menos pobladas.311
La segunda pauta fue la amplia participación de la ciudadanía prevista en el
Dictamen en las diferentes etapas del proceso electoral. El Consejo no previó ninguna clase
de restricción censitaria o de alfabetización para los votantes, electores e incluso para los
diputados. El único requerimiento que progresaba según la fase del proceso era la edad que
iniciaba en 18 años para contar con el derecho de sufragar y que escalaba hasta los 30 para
poder optar como diputado. Otros requisitos fueron el modo honesto de vivir que implicaba
cierta cantidad de ingreso aunque indeterminada tanto el monto como el origen, así como
la naturaleza o vecindad en el departamento que se era electo, pero que era más una
consecuencia lógica de acuerdo a la representación territorial (arts. 9, 10, 11, 27, 46 y 55).
Esto es, los consejeros establecieron restricciones laxas para votar y ser votados con el
objetivo de minimizar el impacto del principio de distinción enmarcado por los filtros de las
elecciones indirectas.
Por último, una victoria de los representantes provinciales, entre ellos los de Jalisco,
fue separar al Congreso constituyente de la ciudad de México. En cambio, su sede se
ubicaría en la ciudad de Querétaro (art. 66). Las intenciones del Consejo se empataron con
aquellas expresadas por la extinta Junta de comisionados de los departamentos de
311 Es importante distinguir entre esta propuesta de representación territorial para igualar el número de diputados de los departamentos con la uniformidad existente en la plantilla de funcionarios de las Juntas departamentales. Los principios fueron similares. Equiparar la importancia de todas las regiones sin reparar en las disparidades demográficas. No obstante, las diferencias son categóricas pues las vocalías corresponden a un nombramiento administrativo con sujeción y responsabilidad ante un órgano superior mientras que los diputados constituyentes representaban la soberanía nacional y desplegaban, en teoría, una inviolabilidad por sus opiniones y propuestas.
271
occidente meses antes. La capital nacional fue señalada como foco de facciones e intrigas
políticas, sacar al Congreso le devolvía cierta neutralidad a la confección del nuevo
ordenamiento constitucional.
Las medidas anteriores poseyeron un indudable sentido descentralizador y, aunque
implícito, federal. El ejecutivo provisional, encabezado por el presidente Santa Anna, no
obstante, no se quedó impávido. Tras recibir el Dictamen no lo sancionó inmediatamente
sino que le realizó modificaciones sustanciales y lo publicó cuatro días más tarde en
diciembre 10. Las tres pautas anteriores sufrieron alteraciones importantes, justificadas en
el texto que antecede al articulado, para revertir las previsiones descentralizadas. Sin
embargo, el gobierno no adoptó un discurso opuesto, al contrario, la convocatoria continuó
poseyendo un claro cariz benéfico para los departamentos y la participación amplia de la
población.
La primera pauta fue cambiada completamente debido a que la base de la
composición del Congreso fue planteada de acuerdo al modelo poblacional y no territorial
-un diputado por cada 70,000 habitantes y otro por cada fracción que supere los 35,000-
(arts. 1, 3, 4 y 5). La convocatoria del ejecutivo sostenía la desigualdad entre los
departamentos en soporte de los mayormente poblados. La razón detrás fue, según el
ejecutivo, que "donde existe un número mayor de estos socios [habitantes], es mayor
también el número de sus derechos [...] un departamento que por su población superior
elige más representantes, también contribuye con un número más crecido de brazos para
la defensa nacional, y con una suma mayor para los gastos del tesoro público [...] se
reconoce esa reciprocidad de derechos y obligaciones entre los miembros de la sociedad".
La segunda pauta fue matizada en lo tocante a los diputados con la disminución de la tasa
de edad a 25 años en vez de 30 así como la incorporación de un requisito de posesión de
"capital fijo (físico o moral), giro o industria honesta que le produzca al individuo, lo menos
1,500 ps. anuales". Esta cláusula no anuló la enorme base de votantes, pero estrechó
contundentemente la posibilidad para ser electo como representante (art. 55). Por último,
el asiento del Congreso sería la ciudad de México para evitar "lanzar un nuevo elemento de
discordia en el seno del país, crear rivalidades, ni privar a la Augusta Asamblea de las
272
facilidades que encontrará para el ejercicio de sus funciones en la antigua Capital". El
gobierno aseguraba con "solemne promesa" que el constituyente "contará con tanta
libertad como puede apetecer".312
Esta fase del proyecto constitucional de Tacubaya englobó la apertura de una
"dictadura condicional" encabezada por Santa Anna en coalición con algunos de los jefes
militares más importantes, la formación de cuerpos semi-representativos -Junta de
Querétaro y Consejo de los departamentos- y la confección de la convocatoria para
elecciones del Congreso constituyente. La trama de estos acontecimientos fue el
surgimiento de voces elevadas, y no de ecos, que reivindicaban una política con una mayor
apertura e incidencia en la toma de decisiones desde los departamentos, pero que se fueron
apartando de las Juntas departamentales como autoridades territoriales representativas. El
Dictamen sobre convocatoria es una prueba fehaciente de estas demandas. Esta vuelta de
tuerca estuvo liderada por los federalistas moderados. El gobierno nacional, al reservarse
la última palabra, desactivó los elementos descentralizadores más enconados.
El conflicto electoral en 1842: militares y federalistas
Las elecciones para determinar a los diputados del Congreso constituyente fueron el campo
en donde los federalistas y santanistas finalmente se enfrentaron. Los primeros, muchos de
ellos jóvenes e inexpertos, obtuvieron una victoria indiscutible sobre el partido del
gobierno. A la luz de este desenlace, la historiografía considera como un error político de
Santa Anna y su equipo el no haber modificado o restringido la base de votantes y considera
que la amplitud de los votantes jugó en contra de su partido y en favor del de los
federalistas. Es cierto, la forma en que se gestó este resultado estuvo involucrado
directamente con el Dictamen de convocatoria pero también, de igual o mayor manera, con
los movimientos y alianzas políticas previas a las elecciones que las facciones realizaron para
312 La convocatoria realizada por el ejecutivo provisional incluyó un censo de población de los departamentos para determinar el número de diputados. Los departamentos de México, Jalisco y Veracruz, sede de los pronunciamientos de 1841, acaparaban una tercera parte de los diputados. Según el propio censo: el departamento de México contaba con una población de 1'389,519 por lo que le correspondían 20 diputados; Jalisco poseyó 679,111 habitantes equivalentes a 10 representantes; Veracruz con 254,380 pobladores le atañían sólo 4. CL-FRBN, misc., 305, Manifiesto y convocatoria, p. 10.
273
encaminarlas a su beneficio. El Dictamen pese a templar importantes medidas
descentralizadoras no desarmó a sus opositores quienes trabajaron arduamente para
hacerse con las curules. La lección política fue que no era suficiente con imponer una
legislación restrictiva para los cargos públicos pues sus adversarios, los federalistas
moderados en esta década, contaban con los requerimientos exigidos para optar por ellos
sino que se debía realizar una campaña electoral previa para conquistar las elecciones en
los niveles más bajos y con ello asegurar el triunfo. En las dos elecciones siguientes -1842 y
1843-, los santanistas fueron derrotados por esta omisión.313
Durante los meses de marzo-mayo, las diferentes alianzas políticas se entretejieron
en los departamentos. Más que en el Dictamen de convocatoria, la parsimonia del ejecutivo
provisional acaeció en la no intervención -legal o ilegal- durante las jornadas electorales
incluso ante su derrota en las primeras fases del proceso. Los santanistas creyeron que el
momentum conseguido tras el derrocamiento de Bustamante y la instauración de las Bases
de Tacubaya serían suficientes para hacerse con la victoria electoral. Pese a ello, sus
acciones fueron cortas en comparación con las de su oposición. Para entender el
enfrentamiento es necesario conocer cómo se realizaban las campañas electorales. Uno de
los mecanismos más efectivos para controlar las votaciones fue el sufragio según listas de
candidatos formuladas y negociadas con anterioridad. Las facciones discutían sus
propuestas y una vez conciliados los intereses circulaban entre los votantes y la prensa sus
listas como un medio publicitario y de presión. De acuerdo con el formato de las elecciones
en la que se votaba un elector-diputado a la vez, el orden de los individuos en las listas era
esencial dado que se enfrentaban directamente las propuestas, un acomodo equívoco
comprometía toda la elección.314
En el departamento de México, Cecilia Noriega, con base en la correspondencia de
Mariano Riva Palacio, detectó la formación de una red que dirigió los comicios desde, por
lo menos, la selección de los electores secundarios hasta el nombramiento de los diputados.
313 Sordo, "Los procesos", pp. 232-249 y Vázquez, Dos décadas, pp. 92 y 98. Costeloe difiere de la opinión de ambos autores y asegura que "pareció confirmarse que Santa Anna y sus acólitos habían obtenido los resultados que deseaban". Costeloe, La república, p. 297.314 Sordo, "Los procesos", pp. 239-240.
274
Nicolás Bravo y Juan Álvarez figuraron entre quienes integraron este frente. Álvarez,
incluso, llegó a comunicar a Riva Palacio que los electores secundarios de los distritos de
Acapulco, Taxco y Chilapa convendrían una lista en común y, además, se presentarían ante
el mismo Riva Palacio para ponerse de acuerdo.315 La distribución de las listas y la
organización de los individuos para votar conjuntamente no eran actos propiamente
ilegales ni tampoco secretos dado que eran publicados en los principales periódicos
nacionales. En marzo 23, en el departamento de México, por ejemplo, El Cosmopolita dio a
conocer tres listas para secundarios del distrito de México. Posteriormente, en abril 13,
publicó y comparó las utilizadas por las "banderas del pueblo" y "del general Valencia" que
compitieron para diputados por el departamento de México. Las maquinaciones políticas
permitieron a la facción liberal mexiquense imponerse a la presentada por el gobierno sin
dejar ni un solo escaño a sus opositores.316
En Jalisco, los liberales también aprovecharon la apertura política, derivada de la
convocatoria de diciembre 10, para ganar en las elecciones primarias y secundarias. No
obstante, a diferencia de lo acontecido en el departamento de México en el que permeó la
quietud de las autoridades departamentales; el comandante-gobernador, Mariano Paredes
y Arrillaga, interfirió directamente en las elecciones de departamento durante los días 9-11
de abril. El embarazo sobrevino cuando el colegio electoral jalisciense negó las credenciales
a los seleccionados por el distrito de Lagos y al del partido de Zapopan. Paredes, con esto
315 Noriega, El Constituyente, pp. 69-76. La extraña alianza entre los dos caudillos del Sur, Juan Álvarez y Nicolás Bravo, y los liberales moderados del departamento de México debe valorarse a la luz de los intereses segregacionistas de los primeros para formar un departamento independiente compuesto por los distritos del sur del de México -Acapulco, Chilpa y Taxco y, si así lo quisiera, Cuernavaca-, de Puebla -Tlapa y Omotepec- , y el partido de Huetamo de Michoacán. El reclamo no era novedoso, décadas atrás se había planteado una idea similar. Lo importante para el contexto de Tacubaya fue la unión de Álvarez y Bravo. Los dos generales realizaron una serie de manifiestos (octubre 10-noviembre 22 de 1841) con el fin de promocionar y justificar su empresa. Gerald L. McGowan, La separación del sur o cómo Juan Álvarez creó su Estado, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, 2004, pp. 41-43 y68-87. Más que los argumentos, me interesa resaltar la sinceridad del reclamo. Los liberales y Álvarez sostuvieron su postura. Los primeros con el pacto y la inclusión de Acapulco como uno de los departamentos que conformarían a la república en los tres proyectos presentados. Bravo pasó de su asociación con los liberales en los comicios de marzo de 1842 a decretar el cierre de sesiones del Congreso en diciembre de 1842. Tengo la impresión de que éste utilizó las insólitas alianzas como una forma de reposicionarse frente al resto de generales y presionar al grupo santanista en el poder. Lo que parece que funcionó, el veracruzano nombró a Bravo como presidente interino como una forma de recompensa o soborno para romper con sus coaliciones con los liberales.316 El Cosmopolita, t. V, núm. 120, marzo 23 de 1842 y El Cosmopolita, t. V, núm. 126, abril 13 de 1842.
275
como amparo, azuzó a los electores para que no participaran en la junta y los guareció en
su casa al tiempo de la elección. El ardid estaba fraguado. La mayoría de los electores se
retiraron de las casas municipales mientras que los menos se dispusieron a efectuar los
comicios. En comunicación oficial, Paredes explicó que, "en tales circunstancias, era un
deber del gobierno impedir que por medio de una usurpación indujera una nulidad que
serviría después de pretexto para desconocer las resoluciones del cuerpo a que está
cometida la reorganización de la república [...] el gobierno, pues, no dudó anunciar a la
minoría, que no toleraría que se arrogara las funciones de [toda] la junta".317 Las elecciones
en Jalisco se interrumpieron indefinidamente.
En carta personal a Santa Anna de abril 11, Paredes reveló sus motivos lamentando
que en su ausencia "los sansculottes [...] ganaran la elección de este Distrito [de
Guadalajara] y de los del Sur" y se "abrogaran los derechos que sólo correspondían a la
mayoría" para elegir diputados acorde a su facción. Santa y Tornel aplaudieron la medida y
elogiaron a Paredes por los bienes dispensados a Jalisco "en un gobierno que recuerda los
mejores tiempos del General D. José de la Cruz", pero lo reconvinieron a no "desalentarse
en el asunto de las elecciones de ese Departamento".318 El ejecutivo provisional concluyó
"con manifestar se repitan las elecciones, para que ese departamento no se quede sin
representantes; [...] desde las primarias, para evitar cualquier pretexto de nulidad en la
futuro". El nuevo calendario electoral, según la segunda parte del art. 64, correría a cargo
de Paredes y la Junta departamental.319
Las elecciones de departamento se realizaron hasta mayo 22, más de un mes
después de lo acordado por el calendario oficial y pocos días antes de iniciar las juntas
preparatorias del Congreso constituyente. El antiguo gobernador Pedro Tamés le notificó a
Mariano Otero, con cierta sorna, que el devenir electoral había sido diverso, le preguntaba
el nombre que le darían a "esta mezcla tan heterogénea" y le indicó que "los liberales que
317 El Cosmopolita, t. V, núm. 128, abril 20 de 1842.318 Carta de Mariano Paredes y Arrillaga a Antonio López de Santa Anna, abril 11 de 1842; carta de José María Tornel a Mariano Paredes y Arrillaga, abril 18 de 1842; carta de Antonio López de Santa Anna a Mariano Paredes y Arrillaga, mayo 7 de 1842. García, Documentos, pp. 28-31, 33-35 y 48-49.319 El Cosmopolita, t. V, núm. 128, abril 20 de 1842.
276
Usted conoce han sufrido su derrota". Además agregó que de los diez diputados electos
siete estaban resueltos para no emprender el viaje a la capital. Lo cierto es que la
apreciación de Tamés fue ambigua. Por un lado, Paredes consiguió frenar a los
"sansculottes", con la excepción del impresor Urbano Sanromán y beneficiar la elección de
centralistas (Antonio Escobedo, José Palomar y José Justo Corro) y eclesiásticos (Luis Verdía
y Nicolás de la Peña). Por otro lado, muchos de los representantes propietarios y suplentes
pertenecieron a la facción de los liberales, pero no aquellos afiliados a la administración de
1833 sino de la nueva generación cercanos al pronunciamiento de 1841. Mariano Otero,
Juan Gutiérrez Mallen, Ignacio Vergara, Crispiniano del Castillo, Plutarco García Diego,
Manuel Olasagarre e Ignacio Gil Romero fueron nombres que durante el ocaso de la primera
república centralista se posicionaron dentro de la política local e incluso nacional.320
El proceso electoral en los dos departamentos fue similar en lo que corresponde a
las primeras y segundas instancias: las confabulaciones opositoras al gobierno arrasaron. La
diferencia se situó en la intervención del comandante-gobernador de Jalisco al momento
de sufragar por diputados. Más que la ilegalidad del acto, la mediación de Paredes
corrobora la debilidad de la institucionalidad frente a una autoridad respaldada por la élite
económica. El resultado final en ambos espacios, pese a Paredes, respaldó a los moderados
con poca, o nula, participación de los recién depuestos centralistas y aun de los santanistas.
Las Juntas departamentales de Jalisco y de México, la primera emanada del
pronunciamiento de agosto de 1841 y la segunda con carácter constitucional, se
mantuvieron al margen de la reconfiguración política en los departamentos. Ésta aconteció
por la vía electoral, primero, en los comicios nacionales de 1842 y, segundo, en las
nacionales y departamentales de 1843. El ostracismo institucional no fue planteado desde
el gobierno provisional sino que el desinterés germinó desde las propias corporaciones y
vocales tanto por las renuncias e inasistencias de éstos en ambas departamentales como
320 Un autor anónimo realizó unas semblanzas, en forma de verso, para mofarse de los diputados por Jalisco al constituyente de 1842. Por su contenido es notoria la animadversión en contra del partido liberal. CL-FRBN, misc., 807, Semblanzas de diputados de Guadalajara al Congreso constituyente de México para el año de 1842, 1842.
277
por el bajo rendimiento en los asuntos resueltos.321 El abandono de las Juntas más que un
acontecimiento privativo de estas instituciones atañe a la descomposición de un régimen
político, la incertidumbre durante la formulación de uno nuevo y el desconcierto para las
instancias que de una u otra manera fincaban su autoridad en la normatividad que se estaba
derogando. Cabe recordar que un desarrollo similar acaeció en los últimos Congresos
federalistas en 1835 que se limitaron a tareas administrativas mientras el de la Unión
determinaba el derrotero de la república. Un desánimo entendible ante un navío sin rumbo
fijo y a punto del naufragio. En sentido opuesto, también debe considerarse que las Juntas
departamentales fueron plataformas limitadas para desplegar acciones políticas tanto por
su arquitectura institucional como por su sujeción tácita a los gobernadores, reforzada con
la unión de las comandancias generales. Los federalistas moderados de Jalisco lo
entendieron perfectamente cuando siendo miembros de la departamental buscaron
enfrentarse a Paredes desde otros escenarios institucionales con mayores posibilidades -
juntas de representantes y Congreso constituyente- y aun por fuera de éstas por la senda
electoral. Las departamentales no fueron conductos para externar inconformidades y
preocupaciones de los departamentos como antaño lo fueron los Congresos estatales.
Los santanistas, como era de esperarse, lamentaron profundamente su derrota. En
comunicación personal de abril 18, José María Tornel, ministro de Guerra y amigo personal
de Santa Anna, informó a Paredes que la derrota fue por el "descuido y tolerancia" que
permitieron a los "capataces de 1828 y 1833" recuperarse y ganar en todas las plazas con
excepción de Querétaro y Oaxaca. Con amargura, Tornel indicó que ellos, los militares de
Tacubaya, habían "proclamado la libertad, pero encerrada dentro de los límites de la
moderación y de la justicia; y ahora se [les] brinda[ba] con el libertinaje y el desenfreno"
propio de aquella facción.322 El objetivo del discurso del ejecutivo provisional era claro:
equiparar a los triunfadores de las jornadas electorales de 1842 con aquellos que atentaron
contra la iglesia y los hombres de bien durante las administraciones del presidente Guerrero
321 Véase capítulo III.322 Carta de José María Tornel a Mariano Paredes y Arrillaga, abril 18 de 1842. García, Documentos, pp. 33-35.
278
en 1829 y el vicepresidente Gómez Farías 1833. La flagelación del gobierno por su pasividad
fue extemporánea y los militares poco podían efectuar por el curso legal.
La respuesta del general Paredes, por su parte, fue más áspera. El descalabro
electoral se debía a "que el gobierno actual, habiéndose propuesto desde su instalación no
filiarse en ninguno de los partidos que nos habían dividido [...] quedó aislado en medio de
los grupos que forman estos mismos partidos y, por decirlo así, como bloqueado por ellos".
El error de los santanistas fue precisamente una de sus principales características; su falta
de adscripción política lo convertía en un culto personal de Santa Anna y de los militares,
pero sin un zócalo firme que les sirviera en las contiendas electorales por lo que su fortaleza
poseía un alto grado de volatilidad según la popularidad del general veracruzano. La actitud
acusativa de Paredes advierte la tensión entre los principales generales del movimiento de
Tacubaya que se conectaba con las ambiciones políticas de cada uno. El comandante-
gobernador jalisciense insistió en el yerro de la convocatoria al admitir "indistintamente al
proletario, al menestral, al ignorante y al propietario, al negociante y al sabio". La solución,
para él, estribaba en el acercamiento con las clases acomodadas alejándose de los extremos
que cayeron las revoluciones de los liberales de 1824 pero también de la de 1836 que
priorizó únicamente a los sectores privilegiados. Paredes remató con una insinuación para,
ante el fracaso electoral, promover un levantamiento dirigido desde las Juntas
departamentales -Veracruz, Oaxaca, Puebla, Jalisco o Querétaro- que les eran
manipulables.323
La réplica de Santa Anna fue magistral al indicarle a Paredes "ciertas indicaciones en
política". El gobierno aceptaría los resultados de las elecciones que aunque desfavorables
era más acertado que exponerse "a que se diga que el Ejército y su jefe faltan a sus
promesas"; si el Congreso realizaba un buen trabajo "lo habremos ganado todo, y si mal, la
nación resolverá si admite o no sus deliberaciones, sin que en este caso sean responsables
ni el Gobierno ni el Ejército de los extravíos de los diputados".324 Pese a la insistencia del
323 Carta de Mariano Paredes y Arrillaga a Antonio López de Santa Anna, abril 29 de 1842. García, Documentos, pp. 41-44.324 Carta de Antonio López de Santa Anna a Mariano Paredes y Arrillaga, abril 30 de 1842. García, Documentos, pp. 44-45.
279
comandante de Jalisco por señalar la viabilidad de un levantamiento contra los diputados,
el ejecutivo provisional se mantuvo firme y le recomendó dejar que el tiempo "justifique y
patentice la necesidad de obrar".325 La serenidad de Santa Anna refleja su experiencia
política para mantenerse calmado frente a la tormenta, dejar que los liberales se hundieran
por sí mismos y así salir avante para remediar la vida política; aceptaba la derrota electoral
pero mantenía abierta la posibilidad de un pronunciamiento contra el constituyente si éste
no acataba sus designios para formar la nueva constitución.
Existe la posibilidad que la presión de Paredes estuviera más ligada con su
enfrentamiento con los líderes santanistas que con el resultado de los comicios. Un intento
por arrancar del ejecutivo provisional una confesión de planes dictatoriales. Santa Anna,
incluso, apremió a Paredes para que negara las murmuraciones propagadas sobre un
pronunciamiento de esta índole intermediado por Francisco Morphy. Esto es, el rumor era
una realidad por lo que se necesitaba una acción tajante en su contra. Paredes, como era
de esperarse, se deslindó de la acusación y enfrentó la sospecha con la petición de retirarse
de "un mando el que ya no puedo obrar con libertad, atemorizado por la interpretación
siniestra que puede darse" para que no hubiera duda de su proceder y filiación con el
gobierno provisional.326
Antes de que el Congreso se reuniera, el gobierno provisional realizó una última
artimaña para indicar su supremacía. En mayo 24 publicó un decreto para obligar a los
diputados a jurar las Bases de Tacubaya para poder desempeñar sus funciones conducentes
como representantes de la nación. Para el gobierno, las Bases eran "el pacto provisorio de
los mexicanos [...] origen de la potestad" que ejercerían los legisladores.327 La última frase
es reveladora de las intenciones de los santanistas, más que marcar líneas para que los
diputados confeccionaran una forma de Estado en particular; el decreto pretendía
subordinarlos al reconocer su cargo como derivación de las Bases lo que, a su vez, los ponía
325 Carta de Antonio López de Santa Anna a Mariano Paredes y Arrillaga, mayo 7 de 1842. García, Documentos, pp. 48-49.326 Carta de Antonio López de Santa Anna a Mariano Paredes y Arrillaga, mayo 21 de 1842 y carta de Mariano Paredes y Arrillaga a Antonio López de Santa Anna, mayo 31 de 1842. García, Documentos, pp. 57-58 y 59-62.327 Tena, Leyes, t. IV, p. 210.
280
en la penosa situación de quedar expuestos a las facultades irrestrictas del ejecutivo
provisional. Esto es, el decreto era una manera de admitir y legalizar un posible ataque del
gobierno.
Con esta intimidación a cuestas, el Congreso constituyente abrió sus sesiones en
junio 11. El mismo día aprobó una proposición para declarar la inmunidad de sus miembros
durante el ejercicio de sus tareas.328 Entre sus primeras tareas fue nombrar comisiones para
que se encargaran de los quehaceres más inmediatos: reglamento, policía, gran jurado y
constitución. La última era la más importante dado que a su cargo quedó la elaboración del
proyecto de constitución que el Congreso utilizaría como marco de referencia en sus
debates. Los vericuetos generales de las faenas de los constituyentes y particulares de la
administración territorial los abordaré en el capítulo siguiente. Por lo pronto me limitó a
apuntar que la comisión manufacturó tres proyectos: uno de carácter templado y rubricado
por la mayoría de integrantes, otro abiertamente federalista de la minoría y, ante el rechazo
de los dos anteriores, otro más de compromiso entre ambas posturas.
El gobierno santanista, tal como lo había pronosticado en sus comunicaciones con
Paredes, no se conformó con las propuestas y comenzó a fraguar un pronunciamiento en
contra del Congreso constituyente. El hálito descentralizador de ésta maqueta
constitucional, con el corolario del retorno de las milicias cívicas, fue el detonante para que
los militares consideran suprimir al Congreso.329 Es muy probable que conociendo de
antemano el cariz federal del tercer proyecto, presentado en noviembre 3, los santanistas
comenzaran a movilizarse. El primer paso lo dio Santa Anna al dejar la presidencia
provisional, que quedó en manos de Nicolás Bravo, en octubre 26. Durante el mes de
328 Noriega, p. 87.329 Es preciso anotar que el ministro de guerra Tornel, en un arranque de optimismo, ofreció su aprobación al proyecto de la mayoría aun cuando admitía "el principio de una federación prudente y moderada". CL-FRBN, misc., 797, Discurso pronunciado por el Exmo. Sr. General ministro de guerra y marina Don José María Tornel, en la sesión del 12 de octubre de 1842 del Congreso constituyente, México, Imprenta de José M. Lara, 1842. Pero Tornel fue regañado por Santa Anna por estas exclamaciones. Noriega, además, resalta que otro de los alicientes de Santa Anna para oponerse al Congreso fue la libertad de cultos que éste tangencialmente aprobó. Noriega, El Constituyente, pp. 93, 100-105. No obstante, las relaciones de Santa Anna y la Iglesia católica no fueron tan estrechas como se ha señalado. El presidente provisional, pese a su discurso incondicional, fue mermando al clero con amagos sobre la propiedad y prestamos forzosos. Costeloe, La república, pp. 248-249.
281
noviembre, mientras el constituyente trabajaba a marchas forzadas, el ministro Tornel
envió a sus agentes para que notificaran a los comandantes-gobernadores el proceder y los
tiempos del levantamiento.330
La guarnición militar de la ciudad de San Luis Potosí fue la primera en pronunciarse
en diciembre 9 y casi simultáneamente lo efectuó la villa de Huejotzingo, Puebla, el 11 del
mismo mes. El análisis más somero de estos dos planes remite a los paralelismos en sus
reclamos: desconocer al Congreso y su trabajo; llamar a una junta de notables que
realizarían un código para la nación; y el reconocimiento del gobierno provisional, léase
Santa Anna, en sus funciones. El acta de San Luis Potosí manifestó que "se desconocía] al
Congreso constituyente por haber contrariado la voluntad de la nación" que, como los
generales opinaron en sus misivas, era separarse de las exageraciones de 1824 y de las
mezquinas restricciones de 1836.331 El acta de Huejotzingo consignó una premisa similar y
achacó el desconocimiento porque la comisión de constitución "desoyendo la voz pública,
y siguiendo las inspiraciones de un partido, ha fijado su opinión consignada en un proyecto
tumultuario y desorganizador' .332
El gobierno remitió el plan de Huejotzingo al Congreso porque fue el primero en
llegar a la ciudad de México el 13. Además de lo anterior, el apoyo de los santanistas a la
asonada poblana, a decir de Luis Jáuregui, fue por el perfil cívico de sus instigadores -
subprefecto, ayuntamiento y vecinos- mientras que la potosina fue encabezada por los
militares lo que entrevia, según este autor, una intromisión directa de los generales
santanistas. El constituyente contestó ecuánimemente a la comunicación: por ser materia
de gobierno no les competía y restaba al ejecutivo nacional deliberar sobre el proceder.
Éste, en un primer momento, no emitió un juicio directo sino que espero hasta que la capital
fuera anegada con un torrente de más de quinientas actas que llegaron en apoyo a los
pronunciamientos entre diciembre 12 de 1842 y enero 15 de 1843.333
330 Luis Jáuregui, "La mecánica de un pronunciamiento: la disolución del Constituyente de 1842", La palabra y el hombre, núm. 73, enero-marzo, 1990, p. 213-216. Costeloe, La república, p. 271.331 "Pronunciamiento de San Luis Potosí" en Vázquez, Planes, t. IV, pp. 126-129.332 "Pronunciamiento de Huejotzingo" en Vázquez, Planes, t. IV, pp. 129-130.333 Jáuregui, "La mecánica", pp. 216-219.
282
En Jalisco, la ratificación del pronunciamiento aconteció desde el 14 cuando la
guarnición se pronunció en contra del Congreso. El acta del plan repetía letra a letra los
artículos expuestos en la de San Luis pero sin mencionarla. La alineación entre los militares
es palpable. El texto preliminar era elocuente por despotricar contra los diputados y su
propuesta; ensalzar "la gloriosa revolución de 8 de agosto" que "todos los pueblos, a una,
secundaron con entusiasmo", así como por sugerir que parte de la responsabilidad era del
ejecutivo provisional que abrevió el periodo de convocatoria para las elecciones y, aun peor,
dispuso de las "bases más amplias y aun ultraliberales [que] se fijaron para las elecciones
de los representantes del pueblo" por lo que el resultado era "la anarquía reglamentada, el
desorden y la licencia sistemados [sic], y en suma, una disolución de nuestra sociedad".
Paredes sin mayor reparo se sumó a la embestida contra el Congreso aunque sin el
protagonismo que ostentó en el levantamiento contra Bustamante en el pasado agosto de
1841.334
La Junta departamental de Jalisco emitió su adhesión en diciembre 19 bajo la presión
del comandante-gobernador que envió su plan y les pedía a los vocales desconocer al
Congreso. La Junta lo efectuó con ironía al expresar que "la mayoría del Congreso profesa y
persiste en opiniones y máximas, que aunque son las del siglo, no están en consonancia con
las de las clases influyentes de la sociedad mexicana por no haber llegado ésta todavía al
estado de civilización y progreso, en que aquellas máximas son generalmente adoptadas y
tienen con éxito su aplicación". La constitución bosquejada era inoportuna porque no
concordaba con el retraso de las "clases influyentes". El problema no era del proyecto
constitucional en sí, cuanto también lo era de aquellos indoctos en las nuevas doctrinas
políticas.335 En otras palabras, en Jalisco es perceptible cierta severidad contra el
movimiento encabezado por el ejecutivo provisional pero de ninguna manera un descrédito
u oposición contra éste.
El punto de quiebre en contra del Congreso lo ejecutó el general Valencia en la
madrugada de diciembre 19. A nombre de la guarnición de la capital se sumó al
334 "Representación de la Guarnición y empleados de Jalisco" en Vázquez, Planes, t. IV, pp. 136-137.335 "Acta de la Junta departamental de Jalisco" en Vázquez, Planes, t. IV, pp. 160-161.
283
pronunciamiento de San Luis, la versión militar, por considerar que los males que aquejaban
a la nación irían en incremento por culpa del constituyente por lo que "por unanimidad
convinieron elevar su voz respetuosa al supremo magistrado de la nación [...] [para que]
haciendo que una asamblea imparcial arregle los futuros destinos de la patria". Al mismo
tiempo, muy probablemente de manera coordinada, la comandancia general de México, a
cargo de Juan José Andrade, secundó a Valencia por "estar adheridos [todos los oficiales y
empleados] al plan proclamado por la guarnición". Los militares acantonados en la capital
y Valencia jugaron nuevamente un papel fundamental para decantar la balanza en contra
del Congreso.336
El presidente Bravo aceptó con extrema facilidad el motín de la guarnición de
México. El mismo 19 por la tarde publicó un decreto para indicar que "las exposiciones [...]
desconociendo al Congreso constituyente, han producido una crisis que lo imposibilita [a la
asamblea] para continuar sus funciones" por lo que el gobierno "nombrará una junta
compuesta de ciudadanos distinguidos por su ciencia y patriotismo, para que forme las
bases". El decreto se insertó en el ejemplar del Diario del Gobierno del mismo día y fue
dirigido por el gobernador del departamento de México Luis Gonzaga Vieyra con lo que
denotó su lealtad al ejecutivo provisional sin realizar mayores manifestaciones de índole
local.337
Conclusiones
En carta de mayo 7 de 1841, Santa Anna comunicó a Paredes que dejaran "al tiempo que
justifique y patentice la necesidad de obrar [...] la Nación: en masa sabrá levantarse contra
los que pretendan hacerla retroceder a caminos que conoce y detesta".338 Siete meses
después, la profecía se había cumplido: los generales procedieron contra el Congreso con
la justificación, desgastada pero todavía efectiva, del levantamiento masivo de pueblos. Las
misivas entre los militares deben entenderse como una opción, un mal augurio, y no como
un plan a largo plazo. El apoyo de Tornel al proyecto de la mayoría pretendió evitar el trago
336 Diario del Gobierno de la República Mexicana, t. XXV, núm. 2736, diciembre 19 de 1842.337 Diario del Gobierno de la República Mexicana, t. XXV, núm. 2736, diciembre 19 de 1842.338 Carta de Antonio López de Santa Anna a Mariano Paredes y Arrillaga, mayo 7 de 1842. García, Documentos, pp. 57-58 y 59-62.
284
difícil de una nueva revuelta. El rechazó de éste y la postulación de otro con inclinaciones
opuestas a los militares fueron los detonantes de éstos para actuar. El pronunciamiento,
una vez iniciado, fue coordinado, expedito y contundente.
El segundo proyecto constitucional centralista tuvo dos vertientes: militar y
federalista moderada. La primera se incorporó a la vida política del país con los Convenios
de Zavaleta de 1833, cuando los militares bosquejaron un régimen en el que el ejército
fuera el garante del orden constitucional. Las Bases de Tacubaya de 1841 concreto este
anhelo. Los generales, afilados a Santa Anna, tomaron los principales cargos públicos
nacionales y departamentales. Al interior de la república fueron unidas, o supeditadas, las
gubernaturas a las comandancias generales. Así, los santanistas establecieron un plan que
se fincara en el poder de las armas. Éste no debe entenderse como una dictadura despótica,
sino como los propios autores lo refirieron: una medida temporal y extraordinaria que
desembocaría en la convocatoria de un Congreso que constituyera a la nación. El éxito de
esta propuesta fue la unión de varios líderes militares (Santa Anna, Tornel, Paredes,
Valencia, Juvera, Cortázar y Bravo) que, en un inicio conspiraron con los grandes
comerciantes, se hicieron con el poder ejecutivo y configuraron al Consejo de los
departamentos como una corporación que les sirviera de contrapeso sin que se les pudiera
oponer. No obstante, no existió un esprit de corps que integrara a los generales, sus propias
ambiciones los confrontaron unos con otros lo que debilitó su posición política.
La segunda vertiente fue presentada por los federalistas moderados. No fue un
grupo cohesionado o con objetivos homogéneos. Como expondré en el siguiente capítulo,
no realizaron un proyecto en conjunto sino que, desde el seno de la comisión de
constitución del Congreso de 1842, desplegaron dos propuestas. Por el momento resalto
que esta facción fue conformado en buena parte por políticos de una nueva generación así
como de aquellos que renovaron su pensamiento político. Las pautas de estos jóvenes fue
la moderación de su propuesta estatal sobre el federalismo. No era el viejo confederalismo
de 1824 lo que perseguían. Todo lo contrario, perseguían un régimen que preponderada la
Nación por encima de las entidades que la conformaban, pero manteniendo en éstas su
285
gobierno interior. La intromisión de éste grupo en el gobierno acaeció mediante el proceso
electoral para seleccionar al Congreso constituyente de 1842.
Los centralistas de 1836, en cambio, tuvieron un declive prematuro aunque natural
luego de la supresión de las Siete Leyes en agosto de 1841. En realidad, el segundo proyecto
constitucional centralista fungió como ocaso de la primera generación de políticos. Si bien,
muchos de sus miembros continuaron participando en la vida política de mexicana, dentro
y fuera de las instituciones, no tuvieron el mismo impulso para liderar los derroteros
nacionales o, al menos, la nueva generación los desplazó considerablemente. Los
centralistas 1836 participaron en los constituyentes de 1842 y 1843 sin el protagonismo que
tuvieron durante la primera república centralista.
Por último, las Juntas departamentales de México y Jalisco tuvieron una
participación exigua en los vaivenes de la vida política nacional durante los años de
Tacubaya. Estas corporaciones adoptaron un papel gris, hasta indiferente, frente a la
coyuntura política en el que estaban inmersas y lo sostuvieron hasta su desaparición en
diciembre de 1843. No obstante, esta situación no fue un retroceso de las regiones o apatía
de las élites políticas. Se debe discurrir respecto a las premisas unitarias que configuraban
institucionalmente a estas corporaciones. Esto es, las Juntas de estos departamentos
acataron su perfil como órganos encargados de la administración territorial sin mezclarse
con los muy agitados vaivenes políticos. La relegación de las departamentales fue
completada con la adopción de las gubernaturas por parte de los comandantes militares
quienes se apoderaron de la batuta política en los departamentos.
286
V. DESCENTRALIZACIÓN UNITARIA. LAS ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES, 1843-1846
La cuestión sobre el gobierno de los departamentos ha procurado resolverla atendiendo a que las localidades estén expeditas para cuidar y procurarse todo aquello que les interesa. Esta cuestión [...] se ha puesto en ella una mano tímida para no abrir llagas recientes.
Contestación del Exmo. Sr. Gabriel Valencia, presidente de la honorable Junta Nacional Legislativa, junio 12 de 1843.
El segundo proyecto constitucional centralista atravesó una fase agónica con la supresión
del Congreso de 1842 incluso para los estándares de la complicada vida política mexicana
del siglo XIX. Aun cuando las autoridades departamentales se mantuvieron distantes y no
interfirieron en los problemas nacionales, la falta de gobernabilidad como resultado del
choque entre facciones políticas y la aparente disgregación del territorio nacional era
evidente. En un movimiento arriesgado, los santanistas designaron una Junta Nacional
Legislativa para que elaborara una constitución conforme a su programa político. Se dio
preferencia a la capacidad del gobierno por encima de su legitimidad. La finalidad de esta
maniobra fue un precario intento para estabilizar al gobierno hasta que se publicará la
constitución y, con ésta, se reencausara el orden republicano.
Los integrantes de este sui generis Congreso constituyente de 1843 estuvieron entre
la espada militar y la pared de la operatividad de su creación, las llamadas Bases Orgánicas.
Es este último aspecto, el presidente de la Junta, Gabriel Valencia, fue sumamente
elocuente en su respuesta durante la sanción de su obra. Las "llagas recientes" fue una
alusión directa tanto al Congreso federalista de 1842 como a la solicitud descentralizadora
de varias regiones durante las reformas de 1840. El general comprendió que de elaborar un
código centralizado, igual o en mayor medida que las Siete Leyes, su obra tendría pocas
287
posibilidades de subsistir. La apuesta fue incrementar la descentralización administrativa-
fiscal, sin conceder el gobierno político independiente a los departamentos, para apaciguar
y atraer a los federalistas que, pese a la desbandada, se reagrupaban rápidamente. Esto es,
mantener la forma unitaria, pero destrabar el esquema institucional de la primera república
central.
Al igual que el capítulo tercero, el presente mantiene dos objetivos principales:
exponer la arquitectura y observar la vida interna de las Asambleas de los departamentos
de Jalisco y México. Por un lado, las Bases Orgánicas fueron el único ordenamiento que fijó
las pautas de las segundas departamentales en comparación con los cuatro que dieron
forma a las Juntas. En este sentido, sufrieron pocos cambios en sus estructuras durante su
breve vigencia. No obstante, sus creadores estuvieron más condicionados que sus
homónimos de 1836 tanto por los objetivos arrastrados desde las Bases de Tacubaya de
septiembre de 1841 como por la caída del Congreso de 1842 y la aparente subordinación
hacia un gobierno cada vez más dividido. Los notables acudieron al debate "centralizador"
de las décadas anteriores en lo tocante al ámbito intermedio para confeccionar su propia
oferta pero añadiendo el fracaso del primer centralismo mexicano y la frustración del
federalismo de 1842. Por otro, las elecciones para designar autoridades nacionales y
departamentales del primer gobierno constitucional de la segunda república centralista se
dilataron lo suficiente para que la oposición al presidente provisional Santa Anna formara
alianzas en su contra. El resultado de los comicios, marcados por el conflicto, fue
determinante para la aceptación y el funcionamiento cotidiano de las Asambleas.
Este capítulo se guía en el supuesto de que la república de 1843 fue menos
centralizadora en lo relacionado con lo departamental, pero fue poseyó una forma unitaria
más nítida que el centralismo de 1836. Esta fórmula, pese a lo extraña, se fincó en la
subordinación y sujeción del gobierno interno de las secciones medias al gobierno nacional
mediante un estrechamiento de la tensión autoridad/libertad entre el gobernador y la
propia Asamblea. La forma unitaria no fue dejada de lado sino que presentó contraste
importantes con su predecesora. A lo largo del texto, más que una comparación directa
entre los dos departamentales, discurro en los elementos institucionales de las Asambleas.
288
El capítulo está dividido en cuatro apartados con relativa consonancia con los del
tercero. En el primero regreso a las propuestas del Congreso de 1842 para resaltar los nodos
constitucionales que condicionaron la labor constituyente de la Junta Legislativa. La idea es
observar los atolladeros que estos ejercicios dejaron abiertos y repercutieron en los
reclamos de las facciones y las regiones. En la segunda sección resalto la arquitectura
institucional de las Asambleas como parte de un entramado fincado en la priorización de la
soberanía nacional, la efectividad del gobierno nacional, la legitimación del sistema
representativo y el incremento de la descentralización de las autoridades intermedias. En
el tercero reviso la vida interna de las departamentales como producto de la configuración
de la planta de sus funcionarios y el empleo de los vacíos normativos de la legislación
nacional. En el último retomo los intentos por reformar a las Bases Orgánicas luego de la
caída de los santanistas en diciembre de 1845. Los departamentos emplearon el momento
para buscar incrementar sus prerrogativas y márgenes de acción política dentro del
esquema constitucional.
Las propuestas para la administración territorial de los proyectos del Congreso
constituyente de 1842
El período de las Bases de Tacubaya, octubre de 1841 a diciembre de 1843, fue uno de los
más intensos en cuanto a desarrollo del pensamiento constitucional mexicano durante el
siglo XIX. Tacubaya se caracterizó por el amplio espectro de programas constitucionales de
diferente naturaleza, desde la dictadura hasta distintas variables de federalismo, en
contraste con los discutidos en 1823 y 1835 marcados por la exclusión, tanto en el debate
público como en la discusión parlamentaria, de otras formas de Estado. Como expuse en el
capítulo anterior, esta extraordinaria coyuntura se formó principalmente a partir de la
vaguedad de los principios de las Bases de Tacubaya, la avenencia de las autoridades
departamentales con el régimen santanista y la inserción en la vida política de una nueva
generación de federalistas que abarrotaron el Congreso constituyente de 1842.
El último elemento cobró mayor trascendencia en lo que respecta al desarrollo del
pensamiento constitucional por las innovaciones que introdujo. La nueva generación de
políticos se diferenció del con-federal de 1823-1825. El principal cambio fue encaminar su
289
propuesta al robustecimiento de la federación. La comisión de constitución de 1842
implementó "la república de individuos" en sus tres proyectos: derecho de petición,
garantías individuales y elección del presidente. Israel Arroyo explica estas novedades como
la "gran invención política" de estos individuos por su trascendencia y continuidad dentro
del pensamiento político mexicano pese a las regresiones y oposiciones que se presentaron
años más adelante. El énfasis en la protección del individuo y, por ende, la superación de
nociones corporativas fue lo que Arroyo retomó para explicar esta coyuntura como un
momento de ruptura.1 Cabe acotar que no fueron ideas enteramente originales sino que a
lo largo de los años previos se habían planteado o debatido en proyectos constituyentes o
de reforma constitucional. La primicia recayó en la constitucionalización del individuo y la
naturalización de las garantías y derechos como un claro distanciamiento de la lógica
constitucionalista imperante hasta entonces que achacaba el sostenimiento de todo el
edificio institucional únicamente por la constitución.2
A la par de estas importantes primicias, la comisión de constitución se enfrentó a
viejos, pero igual de importantes, dilemas para confeccionar la nueva constitución. Una vez
iniciadas las sesiones, la comisión no formuló un estatuto provisorio, como lo fue en su
momento el Acta de la federación de enero de 1824 o las Bases constitucionales de octubre
de 1835, que guiara la posterior empresa parlamentaria. Por un lado, esta omisión descubre
las discordias dentro de la misma comisión al no conseguir un primer acuerdo de
compromiso sobre el cual trabajar y con el cual apaciguar al poder ejecutivo, los generales
y la opinión pública. Por otro, en contrapunto, les permitió elaborar con mayor libertad sus
ideas al margen de coacciones de las autoridades centrales y frente al silencio ominoso de
las departamentales que no se manifestaron directamente. Esto es un elemento importante
para entender el desfase entre el pronunciamiento militarista de 1841 y el ulterior ejercicio
constituyente federalista de 1842. La falta de un Acta-Bases fue el entreacto que cerró la
1 Arroyo, La arquitectura, pp. 178-195.2 De acuerdo con Andrews, los congresistas de 1842 no innovaron al incorporar los derechos naturales y las garantías individuales en un listado debido a que las constituyentes anteriores los incluían de alguna manera. Andrews, "El legado", pp. 1568-1569. Sin embargo, la propuesta de Arroyo no sólo sugiere está idea sino que resalta la uniformización de los derechos y garantías como disposiciones privativas de la nación y no intermedias por los estados. Arroyo, La Arquitectura, pp. 189-193.
290
reconfiguración de los escenarios políticos iniciada con la fabricación de la convocatoria de
diciembre 10 de 1841. El resultado fue el deslinde entre los dos momentos.3 Es cierto, las
Bases de Tacubaya pretendían paliar la indefinición institucional, pero, como comenté más
atrás, no delinearon una forma de Estado o de Gobierno concreta para que el Congreso se
ciñera a ella; los diputados tuvieron grandes posibilidades para imaginar y discutir sus
diseños.
Los tres proyectos formados por la comisión de constitución tuvieron una naturaleza
federal -velada o manifiesta- por lo que sus desencuentros no recayeron en la forma de
Estado sino en el grado de centralización de la nonata federación.4 Como Arroyo planteó
atinadamente, "la mayoría de los representantes entendieron que el verdadero problema
residía en la definición de los ámbitos y facultades de las partes y el centro". Más que la
denominación concreta -estados o departamentos- lo que determinó la distancia entre las
mociones constitucionales fue el posicionamiento y distribución de la soberanía en los
diversos niveles; la preponderancia de la federación y la arquitectura de los departamentos
-conformación y atribuciones.5
La discordia en la comisión tuvo como fundamento, insisto, la desavenencia por la
centralización fundada en la experiencia parlamentaria de los dos grupos. La mayoría de la
comisión estuvo compuesta por José Fernando Ramírez, Pedro Ramírez, Antonio Díaz
Guzmán y Joaquín Ladrón de Guevara. Los dos Ramírez, a decir de Arroyo, fueron los
autores principales del primer proyecto. Pedro, asiduo participante en los Congresos
centralistas por Zacatecas, fue quien emitió el voto particular en el proceso de reforma de
las Siete Leyes abierto en junio de 1840. Así, la propuesta de la mayoría estuvo ligada a una
especie de transfiguración federal de la constitución centralista de 1836 con la
3 Noriega, El Constituyente, pp. 85-87.4 El primer proyecto de la comisión, presentado por la mayoría, no se refirió expresamente en su articulado a la forma de Estado federal, pero en el debate público era ampliamente conocido su filiación a este modelo. Como indiqué, el ministro Tornel publicó un tratado para respaldar esta propuesta y no dudó en tildarla como tal. El carácter del segundo fue explícito al denominarse como un "sistema republicano, representativo, popular y federal". El último proyecto retomó la omisión de la palabra, pero era palpable que su arquitectura era bajo esta forma debido a que en la estructura de los departamentos no especificaba atribuciones concretas y sólo les imponía obligaciones y restricciones como en la constitución de 1824.5 Arroyo, La arquitectura, p. 200.
291
potencialización y ampliación de las potestades de los departamentos. Por su parte, en la
minoría de la comisión se alineó con Mariano Otero, Juan José Espinosa de los Monteros y
Octaviano Muñoz Ledo. Coincido con Arroyo en que la apuesta de éstos fue un
acercamiento centralizado de las formas federales de 1824 o, dicho de otro modo, un
distanciamiento de los rasgos confederales de la primera república.6 En el texto preliminar
sus autores elogiaron "el voto ilustrado y libre" adoptado en 1824, pero recordaron que
también se "clamó por las reformas" de este código.7 Pese a las distancias que ambos
proyectos podrían parecer fue en aspectos puntuales donde divergieron. Entre ellos lo
concerniente a la definición del ámbito provincial.
La declaración de la soberanía y su depósito fue la primera escaramuza entre los dos
grupos. El voto de la mayoría la situó de manera expresa en la enunciación de la nación
como "soberana, libre e independiente" (art. 1). La oración recuerda a la fórmula usada por
los estatutos centralistas, pero sin la contundencia de éstos al no agregar la palabra "una".
También se aleja de la declaratoria de 1824 al no agregar el adjetivo "federal". En los otros
dos fue camuflada dentro de los diferentes apartados, sólo reconocible en el entramado
dual del gobierno general y los provinciales. El de la minoría fue explícito en este sentido al
establecer la cosoberanía plena entre nación y entidades intermedias al ceder "la
administración interior de los Estados, [que] será enteramente libre e independiente de los
poderes supremos" (art. 24). En cambio, de manera conjunta, los tres planes facultaron a
los departamentos-estados para formar constituciones sin definir lineamientos específicos
que debían acatar (art. 143/arts. 23-24/art. 104). 8 Las palabras empleadas por los diputados
-constitución o estatutos y no otro término como reglamento o bases- son significativas
para medir las inclinaciones federalistas de todas las maquetas de la comisión. Pese a las
discrepancias, los tres proyectos destacaron la supremacía de la nación y subordinaron lo
local a sus prerrogativas incluso en los de la minoría y de compromiso que fueron, a juicio
6 Arroyo, La Arquitectura, p. 197.7 CL-FRBN, misc., 303, Proyecto de constitución presentado al Congreso constituyente como voto particular de la minoría de la Comisión de constitución, México, Impreso por Ignacio Cumplido, 1842, p. 8.8 Sin embargo, en el artículo inmediato anterior, el 23, especificó que "los Estados organizarán su administración interior, bajo los principios del sistema de gobierno republicano representativo popular, adoptado por la nación".
292
de Catherine Andrews, "generosos con las prerrogativas otorgadas a los departamentos al
permitir el manejo autónomo de sus finanzas y de la administración de justicia".9 De modo
palpable, en los tapados, por ejemplo, el Congreso de la Unión podía "reprobar los estatutos
de los Departamentos en la parte que pugnen con esta Constitución" con la finalidad de
imponerse (art. 79, fracción 1/ art. 70, fracción 1).
En estas mismas maquetas, primero y tercero, se restringieron las vías de operación
para crear leyes sobre los intereses provinciales tanto de manera explícita con la limitación
de la totalidad del proceso legislativo a los diputados como implícita con la contención de
los senadores con atribuciones meramente de revisión (art. 65/ art. 42/ art. 55) -aunque se
mantuvo su composición por representación territorial con dos individuos por
departamento-estado (art. 53/ art. 30/ art. 38). A las asambleas departamentales
solamente se les autorizó la potestad para comenzar leyes "sobre [toda] clase de asuntos
privativos a su departamento, y aquellas en que estuviere de acuerdo la mayoría de las
asambleas" (art. 64/art. 54). En este sentido, fue un avance modesto en comparación con
las dilatadas capacidades de las antiguas entidades federativas de 1824, pero sustancial
respecto a las Juntas departamentales de 1836 cuya prerrogativa se limitaba a índoles del
fomento y promoción del bienestar dentro su jurisdicción. El primer borrador se sitúa en la
misma línea que las reformas inconclusas de 1840 al abrir la posibilidad legislativa de las
instancias intermedias a toda clase de materias aunque reduciéndola únicamente a la elevar
iniciativas.
El segundo esbozo constitucional abrió el proceso legislativo a los estados, pero con
la avenencia de remitir "sus constituciones, leyes y decretos" a los Supremos Poderes para
su cotejo con las disposiciones generales (art. 25, fracción 5). En sintonía, el Congreso en
los tres proyectos también estuvo contenido puntualmente para elaborar leyes que
intervinieran en el gobierno interior de los departamentos-estados: normar las fuerzas
militares -ejército y guardia civil-, fijar el contingente de hombres de cada departamento,
9 Andrews, "El legado", p. 1553. Arroyo dice que "ambos proyectos postularon la necesidad de que los poderes generales mantuvieran una superioridad tanto en lo referente a sus jurisdicción como en materia de controversias entre poderes y sobre los departamentos". Arroyo, La Arquitectura, p.201.
293
así como dar reglamentos y ordenanzas a los diferentes cuerpos castrenses; disponer de
reglas generales para las cartas de naturalización y ciudadanía en todo el territorio nacional;
admitir nuevos departamentos-estatales y mantener la independencia y armonía entre
éstos. En resumidas cuentas, como los mismos diputados establecieron: "todas las
atribuciones y facultades que no se otorguen específicamente al Congreso Nacional, Poder
Ejecutivo y Suprema Corte de justicia, se entenderá que quedan reservadas a los
Departamentos". Las autoridades nacionales tuvieron prerrogativas amplias pero
paradójicamente ceñidas a materias específicas; las provinciales disfrutaron de manera
residual escollos importantes para administrar su territorio (art. 79-80/art. 35/art. 70-71).
Los tres proyectos establecieron formas precisas para que los departamentos se
organizaran conforme a la división clásica tripartita: gobernador, asamblea-legislatura y
tribunales departamentales-estatales. Sin embargo, sólo el primero delineó tenuemente la
manera para elegirlos; los otros dos dejaron esta prerrogativa a las normatividades locales
(art. 15/art. 25). Los diputados que conformaban la mayoría en la comisión trasladaron la
elección de las autoridades departamentales a una nueva corporación titulada como
"Colegio electoral". Así, los gobernadores serían nombrados por los electores primarios,
convertidos en el colegio de sus departamentos, pero se indeterminó el número de estos
electores, la calidad y los tiempos (art. 46); los magistrados serían designados por las
Asambleas de los departamentos (art. 47) y los diputados de éstas por los colegios
electorales encargados de la nominación de los legisladores locales (art. 45). Como la
historiografía ha notado, uno de los rasgos más determinantes y novedosos de las
propuestas de la década de 1840 fue la implementación de Colegios electorales como una
suerte de poder autónomo de las autoridades y por cuyas atribuciones, dependiendo de la
oferta constitucional, designaban a la gran mayoría de cargos y funcionarios importantes
tanto nacionales como intermedios. Esto es, se siguió la línea marcada por la ley electoral
de 1836 para deslindar elecciones y gobierno a fin de que éstas no intervinieran en la
competencia política por los empleos públicos. Una vuelta de tuerca en la descentralización
a favor de la sociedad civil.10 Por último, se desestructuró la jerarquía vertical de la
10 Arroyo, La Arquitectura, pp. 193-194 y Andrews, "El legado", pp. 1558-1559.
294
burocracia ejecutiva -gobernadores, prefectos y subprefectos- elaborada por el
centralismo de 1836. La intermedia no estaría sujeta ni subordinada de los poderes
supremos.
Los requerimientos para autoridades departamentales, en el voto de la mayoría,
fueron exiguos, pero con matices importantes respecto a los modelos de las anteriores
repúblicas. Para los diputados de departamento se demandó los mismos requisitos que
para los nacionales -e l artículo en cuestión remite sin ninguna modificación al de los
legisladores- contar con 25 años cumplidos, ser vecino o con alguna propiedad en el
departamento y poseer una renta de $1,200 pesos anuales o ser profesor con experiencia
de diez años (art. 142 y 51). La medida censitaria, repito, es importante como un dique para
buena parte de la población sin que llegará a afectar a los miembros de los partidos
políticos. Los parlamentarios de 1842 tuvieron una excluyente fincada en la discriminación
económica y reforzada con la inclusión de una cerradura sólo accesible a los sujetos con
cierta ilustración al dejar afuera a las clases populares y analfabetas. Es decir, estos nuevos
federalistas de 1842 fueron más restrictivos que los centralistas de 1836. El caso de
gobernador es más elocuente por las cláusulas de edad (35 años) y vecindad del
departamento, además añadieron que los postulantes debían haber ejercido altos cargos
burocráticos-presidente de la república, secretario del despacho de gobierno, miembro del
consejo, senador, diputado, diplomático o gobernador- (art. 54 y 147). Este último requisito
de experiencia como funcionario público más que una institucionalización de la carrera
política debe entenderse como una actitud endogámica para filtrar a quienes obtuvieran
una gubernatura. No fue una demanda para especializar al personal debido a que no fue
una constante para el resto de cargos departamentales y, mucho menos, nacionales.
La revisión de la conformación de las Asambleas de departamento se completa con
la determinación del número de integrantes. Las proposiciones de la mayoría y la de
compromiso fijaron un número de hasta quince para cada corporación con un mínimo, sólo
indicado por la primera, de nueve sin precisar acerca de propietarios y suplentes (art.
141/art. 103). El incremento de curules en perspectiva con las vocalías de las Juntas de 1836
es palpable, más del doble, lo que implica un mayor ejercicio en términos electorales y una
295
creciente representación dentro del territorio departamental. Ambos proyectos rompieron
con uno de los elementos más característicos de la primera república centralista: la
uniformidad de la planta burocrática departamental. También se abrió la posibilidad para
la disparidad y jerarquización de los departamentos de acuerdo a su número de diputados
electos.
Con una redacción idéntica en la primera y tercera moción constitucional, con
descarte del voto de la minoría, las facultades de los agentes departamentales fueron
parcamente esbozadas. Al gobernador, por ejemplo, le asignaron las atribuciones de
publicar y hacer cumplir las leyes, decretos, órdenes y demás disposiciones dadas por el
Congreso de la Unión o la Asamblea de departamento; el carácter de conducto oficial para
las comunicaciones entre el ámbito nacional y el departamental; y ostentar un veto - por
medio de observaciones, devoluciones y suspensiones- para las providencias de la
Asamblea (art. 148/arts. 107-108). Las atribuciones de esta corporación, por su parte,
fueron peor dibujadas al indicarles solamente su obligación para dotar de constitución y
reglamento al departamento y "dar, interpretar, derogar y reformar sus estatutos" (art.
143-144/art. 104). De manera más abierta, al no estipular cuál autoridad se encargaría de
ello, los departamentos debían cumplir una serie de obligaciones como cuidar las garantías
individuales y sociales; aportar su parte del contingente; realizar e informar una estadística
anual de su tesorería; remitir copias de su constitución y estatutos, así como entregar reos
fugitivos de otros departamentos a la autoridad competente (art. 137/art. 100).
La apuesta de la comisión por la descentralización es palpable. Debe considerarse
que las facultades de los órganos departamentales no fueron precisadas con ahínco dado
el cariz provisional de los documentos presentados. La discusión y aprobación del último
fueron interrumpidas por el pronunciamiento de mediados de diciembre de 1842 antes de
que los diputados alcanzaran los artículos referentes al gobierno interno de los
departamentos. Únicamente conocemos el anteproyecto de compromiso de la comisión y
no los ajustes productos del debate parlamentario.11 La indeterminación de la
11 Arroyo, La Arquitectura, p. 196.
296
conformación y atribuciones departamentales no sólo recayó en la naturaleza provisoria de
las propuestas sino que, principalmente, fue un desahogo del federalismo, velado o
manifiesto, de la nueva generación de políticos que entraron a la palestra política en el inicio
de la coyuntura de las Bases de Tacubaya. No se establecieron parámetros inequívocos y
minuciosos sobre las Asambleas de departamento y, en cambio, las habilitaron en la
construcción de sus propios diseños constitucionales.
Esta somera revisión permite discernir el peso de la descentralización programada
por los congresistas de 1842 y específicamente de los integrantes de la comisión de
constitución. El orden departamental ideado se alejó de la con-federación de 1824 al
fortalecer y preponderar los poderes generales en demerito de los intermedios pero
también mantuvo distancia del centralismo de 1836 al debilitar y diluir la centralización. El
objetivo era encontrar el ansiado y pregonado justo medio que equilibrara la fuerza de la
federación con el gobierno expedito de los departamentos. El difuso punto de contacto fue
el primer proyecto federalista de 1842 y el centralismo de las reformas de 1840. Ambos
contenían similitudes en torno al alcance de la centralización legislativa de los
departamentos pero divergían en aspectos importantes como el nombramiento de
autoridades -nacionales e intermedias- y la posibilidad constituyente de las instancias
intermedias. Este acercamiento sería calificado desde diferentes perspectivas, José María
Tornel lo calificó como federalismo, Otero como centralismo. Independientemente de esto,
los constituyentes de 1842 fueron deudores del pensamiento dejado durante los proyectos
constituyentes anteriores pero también marcaron diferencias importantes con éstos.
Distancia que se acentuó con el federalismo de la minoría. La importancia que se debe de
ponderar fue la transmisión y mezcla de sus anhelos y recelos federalistas con las
pretensiones militarista que condujeron a las Bases Orgánicas de junio de 1843.
La arquitectura institucional de las Asambleas departamentales, 1843
La segunda república centralista tuvo fundamentos mucho más endebles que su antecesora
inmediata. Los centralistas de 1836 buscaron aquellos caminos que legitimaran los cambios
institucionales que realizaron mediante una cuidadosa utilización de artificios jurídicos, el
empleo del pronunciamiento masivo de los pueblos como canal de expresión de la opinión
297
pública y la apropiación de facultades extraordinarias constituyentes. En contraste, sus
pares de 1843 no pretendieron convencer a sus opositores o a sí mismos de su validez como
cuerpo constituyente. Su posición fue auspiciada por el quimérico discurso de la "voz
general" y la "voluntad nacional" que los militares esgrimieron durante los levantamientos
de diciembre de 1842 para condenar los trabajos parlamentarios del Congreso
profederalista de ese año. Es cierto que una avalancha de actas de adhesión llegó al
gobierno provisional. Sin embargo, la diferencia de los reclamos y la legitimidad aportada
por éstos es evidente entre las de 1835 con las de 1842. Las primeras solicitaron que su
opinión sobre el cambio de forma estatal fuera escuchada, las segundas apoyaron la
supresión de uno de los poderes. La crisis extenuante del Estado mexicano que aseguraba
la tan temida disolución social fue el único motivo que requirieron los constituyentes de
1843 para justificar su obra.12
El presidente Bravo, como expuse más atrás, expidió el decreto, en diciembre 19,
con el que dio por concluido al Congreso de 1842 bajo la acusación del desconocimiento de
los pueblos y guarniciones de los departamentos. Bravo no sólo se suscribió el
pronunciamiento, sino que inmediatamente adoptó las medidas que éste propuso. Para
remediar la crisis abierta por el propio grupo militar se nombraría a la mayor brevedad una
Junta de un número indeterminado de notables para que formaran las bases del marco
institucional. Para desempeñar su próxima labor, esta Junta tendría como límites la guarda
12 Arroyo no analizó las Bases Orgánicas de 1843 en su amplia investigación sobre las formas de gobierno bajo el argumento de que esta constitución se alejó del modelo republicano y careció de legitimidad. Esta doble falta derivó de los problemas del Congreso que la confeccionó, la Junta Nacional Legislativa, y no de la propia constitución. Esta corporación, recuérdese, fue producto de un pronunciamiento militar, sus integrantes no fueron electos sino designados directamente por el presidente y no contó con el beneplácito de los poderes territoriales regionales. Arroyo, La Arquitectura, p. 207-208. Los dos puntos son debatibles. Por un lado, las Bases mantuvieron la forma republicana, el mismo Arroyo lo señala, como la única forma viable. Los supuestos de soberanía nacional, división de poderes, principio electivo como origen del poder público estuvieron presentes en la segunda república centralista. La crisis de legitimidad fue de la conformación de la Junta Legislativa y no necesariamente de las Bases como producto parlamentario. Además, bajo la lógica de Arroyo, las constituciones de 1824 y 1836 compartieron la misma mácula de las Bases al emanar de levantamientos (Casa Mata en marzo de 1823 y Cuernavaca en mayo de 1834) que negaron el hasta entonces orden legal existente. Asimismo, en los procesos constituyentes anteriores no se integraron a cabalidad todos los poderes territoriales sino que fueron apoyados sólo por algunos de éstos. Por último, en 1842, la lógica de los santanistas fue la exclusión de estos mismos poderes para impedir que condicionaron el proyecto discutido por la Junta Legislativa.
298
de la "existencia [de la nación], su libertad, sus derechos, la división de poderes, las
garantías sociales y la prosperidad de los Departamentos". Pese a la generalidad de los
principios, son perceptibles varias ausencias de materias concretas y puntillosas como los
derechos individuales, la naturaleza federal-central o el gobierno de los departamentos. En
otras palabras, el decreto de Bravo continuó con la misma dirección planteada por las Bases
de Tacubaya para no decantarse por una forma de Estado en particular. Esto con el
supuesto santanista de buscar el justo medio y atraer individuos de diferentes partidos.13
Bravo trabajó diligentemente. Unos días más tarde, el 23, publicó otro decreto en el
que reveló los nombres de los 80 integrantes de la Junta, el apelativo de esta corporación
como Junta Nacional Legislativa, la fecha para que comenzara sus funciones, enero 6, la
inviolabilidad de los miembros por sus opiniones y el apelativo de honorable para la Junta y
señoría para los notables.14 Es posible que los individuos designados estuvieran acordados
antes del pronunciamiento. No importa, lo que debe de asentarse es la rapidez fue la tónica
de las acciones del gobierno provisional. La investidura directa y no electiva le dio un
carácter polémico a la Junta Legislativa como un producto manipulable de los militares sin
la legitimidad otorgada por el sufragio popular y la representación de las regiones. Sin
embargo, el gobierno santanista aprendió de su fracaso con lo ocurrido en la convocatoria
de diciembre de 1841 y el proceso electoral de la primavera de 1842. Los militares no
permitirían que nuevamente se le escapara el control de los acontecimientos. Para evitarlo
se alejaron del modelo representativo de los constituyentes y contrajeron los tiempos para
el inicio de los trabajos parlamentarios con la finalidad de impedir que las facciones,
derrotadas con la asonada, recuperaran los ánimos para oponérsele.15
El estudio de Noriega sobre el constituyente de 1842 incluye un panorama de la
conformación de los notables. Noriega los presenta como un grupo maduro en comparación
13 Diario del Gobierno de la República Mexicana, t. XXV, núm. 2736, diciembre 19 de 1842.14 Tena, Leyes, t. IV, pp. 354-356.15 Otras medidas para debilitar a los grupos políticos antagonistas fueron el encarcelamiento de varios de sus líderes como Manuel Gómez Pedraza, Mariano Otero, Mariano Riva Palacio y José María Lafragua, así como el ataque y clausura de periódicos opositores como El Cosmopolita, El Voto Nacional y, temporalmente, El Siglo XIX. Costeloe, La república, pp. 278 y 285.
299
con el de 1842 que se decantó por una nueva generación.16 Las ocupaciones se
concentraron en la abogacía (36.9%) y los altos mandos militares, eclesiásticos y
gubernamentales (33.5%). La nota más singular de esta corporación fue su poca
representatividad formal e informal. Como acabo de comentar, los notables no fueron
seleccionados mediante comicios lo que les negó el carácter de representes de algún
territorio en particular; pero también su nacimiento denunció un fuerte desbalance entre
las regiones. El eje México-Puebla-Veracruz aglutinó más de 60% de los escaños con 30.4%
originarios de la Ciudad de México, 15.2% del departamento de México y 8.7% tanto de
Puebla como de Veracruz.17 Un último dato fue la experiencia parlamentaria de los
notables. Pese a lo que podría imaginarse, el gobierno optó por llamar a una alta tasa de
individuos que fungieron en algún cuerpo legislativo nacional o local, 70 de los 94 individuos
que integraron en última instancia a la Junta Legislativa (73.4%), y, más significativo, fue la
nada despreciable cantidad de 27 notables (28.7%) que participaron en el constituyente de
1842 recién depuesto.18 Más que romper con la clase política-legislativa existente, el grupo
santanista filtró a los sujetos que consideró opuestos a su propuesta política y captó a
aquellos no tan alejados de sus planteamientos para componer la Junta Legislativa.19
La Junta Nacional Legislativa, una vez instalada en enero de 1843, continuó con la
inercia acelerada de los militares y culminó sus trabajos en apenas seis meses -los
constituyentes de 1824 tardaron once meses y los de 1835 quince. La Junta dio apertura a
16 De manera descendente el principal rango de edad fue el de 41-50 años con 31.7%, seguido del de 51-60 con 29.3%, el de 31-40 con 22% y, por último el de 61-70 con 17.1%. Los datos fueron retomados del trabajo de Noriega, pero presentados de manera diferente a como lo realizó esta autora para equilibrar por décadas los grupos. Los rangos de edad más elevados en los constituyentes de 1835 fueron los 30 y 39 así como los 40 y 49 con un empate de 35.1% del total de diputados. Sordo, El Congreso, p. 116. Por su parte, el sector predominante de los constituyentes de 1842 fue aquellos que tenían entre 31 y 40 años de edad con 37.8% pero con una base juvenil importante de 18.1% con menos de 30 años. Noriega, El Constituyente, p. 124.17 Noriega no distinguió entre los diputados oriundos de los departamentos del interior del país pero que estaban avecindados en la ciudad de México. El desfase entre centro-periferia debió ser mucho mayor. Noriega, El Constituyente, pp. 124-130.18 Noriega, "Los grupos parlamentarios en los Congresos mexicanos, 1810 y 1857. Notas para su estudio" en Beatriz Rojas (coord.), El poder y el dinero. Grupos y regiones mexicanos en el siglo XIX, México, D.F., Instituto Mora, 1999, pp. 152-156 y Noriega, Constituyente, pp. 212-225.19 Pedro Ramírez y José Fernando Ramírez, la parte medular del grupo que conformó la mayoría de la comisión de constitución del Congreso de 1842, fueron integrados a la Junta Nacional Legislativa. Noriega, El Constituyente, pp. 222.
300
sus sesiones preparatorias en enero 6 de 1843 según lo previsto por el decreto de diciembre
23 de 1842; el proyecto de constitución, titulado como bases de organización para la
república mexicana, fue presentado en marzo 20; la discusión inició días más tarde en abril
8, las Bases orgánicas fueron concluidas en junio 8 y sancionadas por Santa Anna, que
regresó a la presidencia, en junio 12.20 La comisión encargada de elaborar el bosquejo de
las Bases estuvo encabezada por prominentes personalidades militares y eclesiásticas, así
como individuos con fogueo parlamentario.21 El boceto presentado por la comisión y la
redacción definitiva de las Bases no presentó mayores cambios tanto en la escritura de los
artículos como en el número de éstos -197 y 202 respectivamente. En otras palabras,
existió un consenso enorme dentro de la Junta que sólo tardó dos meses en discutir y
aprobar la redacción final de las Bases.
A diferencia de la primera república centralista, la historiografía no mantiene un
acuerdo de la dirección centralizadora de las Bases Orgánicas. Para Josefina Zoraida
Vázquez, las Bases "significaban un avance sobre las Siete Leyes" en dirección hacia el
federalismo. Además, resalta la ampliación de las facultades de las Asambleas
departamentales. Sin expresarlo, esta autora se enfoca en aspectos descentralizadores del
régimen de 1843.22 En sentido opuesto, Catherine Andrews concibe a las Bases dentro de
los "proyectos claramente centralistas" por el tipo de facultades legislativas limitadas de los
departamentos.23 Bajo esta misma premisa, Cecilia Noriega no escatima en calificar como
centralista a la república de 1843 con frases desbordantes como la "exagerada
centralización [...] en esta Carta, [en donde] el gobierno central lo es todo".24 Por mi parte,
interpreto la propuesta de la Junta Legislativa como una forma de Estado unitario. Las Bases
20 Fernando Serrano Migallón, Historia mínima de las constituciones en México, México, D.F., El Colegio de México, 2013, pp. 213-217.21 Los integrantes de la comisión fueron el general Gabriel Valencia, el arzobispo de México Manuel Posada y Garduño, Sebastián Camacho, Cayetano Ibarra, Manuel Baranda, Manuel de la Peña y Peña y Simón de la Garza. CL-FRBN, misc., 330, Proyecto de Bases de Organización para la república mexicana, México, Imprenta del Águila, 1843, p. 51.22 Vázquez, Dos décadas, p. 97.23 Andrews, "El legado" p. 1552.24 Las frases de Noriega que adjetivaron a la república de 1843 como centralistas fueron en lo tocante a distintos ramos de la administración pública. Para esta autora, por ejemplo, "en las Bases orgánicas en materia de hacienda la centralización era total". Noriega, El Constituyente, pp. 155 y 164.
301
Orgánicas de 1843 no fueron una copia retocada de las Siete Leyes o una mezcla de ésta y
los proyectos federales de 1842 en la que se observe poco orden y cuidado. Por el contrario,
mantiene una coherencia en su articulado. Lo que no implicó necesariamente una dirección
progresista o positiva desde una perspectiva liberal-federalista debido a que regresó al
empleo de varios modelos cuasi-corporativos en contraste con "la república de individuos"
propuesta en 1842 que se retomó en las posteriores versiones del federalismo mexicano.
El senado de las Bases Orgánicas fue un termómetro de su centralización. Más que
la configuración por clases (agricultores, mineros, propietarios o comerciantes, y
fabricantes) o los altos requisitos para pertenecer a ésta cámara (ser mexicano, ciudadano
en uso de sus derechos, edad de 35 años y tener una renta de $2,000 pesos anuales o, para
aquellos nombrados por su clase, una propiedad raíz de más de $40,000 pesos), que la
historiografía reseña incansablemente, me interesa indicar que la clásica representación
territorial uniforme, como medida de equiparación entre las regiones, fue abandonada por
la forma de elección de los senadores. Un tercio era investido directamente por los
supremos poderes mientras que los otros dos tercios, 42 individuos, los elegirían las
Asambleas departamentales atañéndose a lo dispuesto por las Bases (las Asambleas
elaborarían listas de cada clase con cinco candidatos y el resto en personas con experiencia
en la alta burocracia nacional e intermedia). Más que un senado de corte estadounidense
se ensayó una corporación que aglutinara los intereses de las clases privilegiadas-
productivas en una suerte, salvando las enormes distancias, de cámara alta inglesa. En otras
palabras, los senadores no representarían y trabajarían por un territorio en concreto como
en las anteriores versiones de esta corporación cuya función era dotar de un mecanismo
que equilibrara la fuerza de los departamentos en la cámara baja. El Senado de las Bases
Orgánicas se invistió de un elevado grado de centralización al superar los intereses
territoriales.
Más que resaltar las continuidades y divergencias entre las Siete Leyes y el tercer
proyecto de 1842 con las Bases Orgánicas artículo por artículo, enfatizo la arquitectura
institucional de esta última. Los notables definieron su orientación unitaria desde el inicio
de las Bases. "La Nación Mexicana", nótese la mayúscula, fue definida conforme a los
302
cánones de la época como "independiente, libre y soberana". La fórmula no se ajustó a la
unitaria de 1836 al excluir el adjetivo de "una" pero tampoco veló una federal como la
primera propuesta de 1842. El enfoque en la "Nación" fue como una entidad única con la
facultad exclusiva para que "en uso de sus prerrogativas y derechos", adoptara la forma de
gobierno que creyere más conveniente a su temperamento -república, representativa,
popular. La Nación no era el cúmulo de alguna colectividad que le antecedía -individuos o
territorios-, sino que de ella emanaban éstos. El artículo cinco especificó que era la Nación
en donde residía "esencialmente" la "suma de todo poder público" aunque dividido para su
ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial; la Nación era el epicentro de toda la arquitectura
de 1843.
Las Bases Orgánicas definieron la forma unitaria desde su arranque sin apelar a
mecanismos complejos para supeditar a los departamentos y sus órganos de gobierno. Un
contemporáneo como José María Lafragua, desde la diatriba contra el proyecto, expresó
con acierto que "no existe en la Constitución ninguna distribución del poder público, sino
que todo él es uno, indivisible, sometido al centro y que las autoridades de los
departamentos, son únicamente delegados para el desempeño de ciertas atribuciones" .25
Pese al evidente tono negativo del argumento, Lafragua percibió el quid del proyecto. La
segunda república centralista poseyó una condición unitaria más despejada y mejor
estructurada que su antecesora, pero al mismo tiempo, sin contradicción alguna, optó por
una descentralización mayor. Esto es, por un lado, la de 1843 consignó una soberanía
nacional cristalizada en la constitución de la cual emanaban todas las disposiciones e
instituciones; por otro, las autoridades departamentales, en especial las Asambleas,
disfrutaron de atribuciones amplias en diferentes materias y no sólo en fomento como las
Juntas.
Los constituyentes afianzaron su iniciativa para ensalzar a la Nación con respecto al
territorio y a los departamentos. En primer lugar, el artículo 2 marcó a la letra que "el
25 Para José María Lafragua los departamentos del proyecto de la Junta Legislativa eran "satélites del centro sin luz propia". Proyecto de constitución. Artículos publicados en el Estandarte nacional, 1843, pp. 54-55. Véase también Noriega, El Constituyente, p. 170.
303
territorio de la República comprendía] lo que fue antes virreinato de Nueva España,
capitanía general de Yucatán, comandancias de las antiguas provincias internas de Oriente
y Occidente, baja y alta California, y las Chiapas, con los terrenos anexos e islas adyacentes
en ambos mares". La descripción, como se advierte, es un regreso a 1823 antes de la
conformación de las provincias-estados. Es decir, más que un intento descarado para
retroceder a la división colonial o romper con el desarrollo histórico que las regiones
sostuvieron hasta el momento, esta enunciación pretende socavar el imaginario de
asociaciones intermedias conformadas con anterioridad a las Bases Orgánicas con la
intención nítida de evitar que los ahora departamentos retomaran cualquier viso de
soberanía como entidades preconstitucionales.
Los artículos 3 y 4, en segundo lugar, establecieron una división provisional del
espacio nacional "continuando por ahora como existen" con lo que se respetó la tradición
de las regiones. La configuración perentoria fue pospuesta para una ley ulterior. No hubo
grandes cambios en el número de departamentos. El más importante fue el retorno a la
figura de los territorios "administrados con sujeción más inmediata a las supremas
autoridades". Las Californias y Nuevo-México fueron los únicos departamentos que
perdieron su categoría, pero se prevenía un posible ensanchamiento de éstos en todo
"punto litoral que así lo exigiere por sus circunstancias particulares". Más que una vuelta al
modelo federal debe tenerse presente el fracaso para reincorporar a Texas, pese a los
ávidos esfuerzos, y el temor por su inminente anexión a los Estados Unidos. El resto del
"territorio de la República" se dividiría en "en departamentos, y estos en distritos, partidos
y municipalidades".26 La división en departamentos no ostentó o presagió cambios
importantes conforme a lo establecido por la primera república centralista. No hubo
lamentos para reformar la organización territorial en pequeños y racionales espacios, en su
lugar predominó la practicidad y urgencia política.
Al reparar en la frase "territorio de la República" se debe indicar que las Bases
Orgánicas demostraron una concatenación extraordinariamente lógica en favor del señorío
26 Todas las referencias a las "Bases Orgánicas" en Tena, Leyes, t. IV, pp. 428-449.
304
de la Nación en sus primeros cinco artículos. La Nación era la única soberana y, por ende,
poseía la potestad de adoptar el régimen político que creyere más provechoso para ella; la
república representativa popular -sin precisar federal o central- era la forma que la Nación
abrazaba para su gobierno interior; el territorio de la república, que no de la nación, era el
dispuesto hasta 1821 con anterioridad a la conformación de las provincias-estados; la
división espacial quedaba pendiente pero se mantenían los departamentos como en 1836;
y, como remache, el poder político residía en la Nación con exclusión de la forma
republicana y de, ante todo, los departamentos. Al partir desde la entelequia nacional, los
notables aseguraron, o creían hacerlo, la sujeción de los regiones. Por ello el catálogo de las
atribuciones y facultades de éstos no era una preocupación primordial debido a que las
entidades intermedias emanaban del mismo orden constitucional y en ningún caso
precedían a la Nación.
Las "ciertas atribuciones" de las autoridades departamentales, pese de la crítica
atinada de Lafragua, no fueron menores en términos administrativos, fiscales e incluso
políticos. Al contrario, su articulado reflejó que los constituyentes de 1843 atendieron los
reclamos, desdeñados por los centralistas de 1836, que fueron expuestos en las reformas
de 1840 y en el federalismo de 1842, que solicitaban mirar hacia los departamentos. Las
lecciones descentralizadoras de años atrás no quedaron en el vacío, sino que los notables
las retomaron en la confección de su obra.
El gobierno interior de los departamentos quedó a cargo de gobernadores y
Asambleas en la misma dicotomía autoridad/libertad que presentaron anteriores proyectos
centralistas y centralizadores desde el período gaditano. En la conformación de la
gubernatura, la Junta Nacional Legislativa se apartó de los modelos propuestos por el
constituyente de 1842 para decantarse por el de 1836, tanto por su designación intra-
institucional como por su subordinación al ejecutivo nacional, pero retuvo la experiencia en
empleos públicos, de al menos cinco años, como dique para los candidatos. El cargo de
gobernador era sumamente restringido desde cualquier perspectiva dado al requisito de la
práctica burocrática, la edad madura (35 años), la territorialización del encargo (vecino o
natural del departamento) y la cuota censitaria ($2,000 pesos de renta efectiva). De acuerdo
305
con las anteriores exigencias, el perfil de los candidatos para gobernador era reducido,
además debía obtener la venía de la Asamblea que lo postulaba y la del presidente quien
poseía la decisión final (arts. 136-137).
Los gobernadores de las Bases desempeñarían conjuntamente otras dos
magistraturas: la presidencia de las Asambleas y la jefatura de la Hacienda pública
departamental. Las obligaciones de los gobernadores se direccionaron al cuidado del orden
público para lo que podía disponer de la fuerza de policía y recibir auxilios de la fuerza
armada. La publicación de las leyes y decretos del Congreso de la Unión, el presidente y las
Asambleas departamentales. También, como era común para la época, se encargaría del
nombramiento de las autoridades políticas subalternas, hacendarias y judiciales sin sujeción
alguna para los dos primeros. El gobernador lo realizaría con un margen dilatado para
operar y seleccionar a quienes considerara indicados. Éste es un punto importante que
disiente de los anteriores proyectos constitucionales que condicionaron estos empleos a la
aprobación del gobierno nacional (Sexta Ley de 1836, art. 16) o a la proposición de algún
cuerpo intermedio (Constitución de Jalisco de 1824, art. 157). Los gobernadores de las Bases
de 1843 descentralizaban esta facultad, pero reforzaban el vínculo ejecutivo al separarlo de
recomendaciones colegiadas. Asimismo debía de reconvenir a los funcionarios del
departamento por medio de multas cuando faltasen a sus encargos (Bases Orgánicas, arts.
140 y 142, fracciones 3, 8 y 10).
La Asamblea departamental y el gobernador debían mantener relaciones estrechas.
En las Bases se forjó una suerte de gobierno concertado para los departamentos entre
ambas autoridades con la finalidad de impedir que se opusieran o soslayaran entre sí; todo
lo contrario, para que trabajaran en conjunto. Por un lado, al formar parte de la burocracia
del poder ejecutivo, el gobernador debía de contener a las departamentales. Ostentar la
presidencia nata de la corporación es un indicativo para ello. Bajo esta misma línea el
gobernador era "el conducto único y necesario de comunicación con las autoridades
supremas de la República". Con ello se limitaba a las departamentales y la sujetaba al
gobernador, en su calidad de agente del ejecutivo. Más específico fueron las dos
atribuciones del gobernador para devolver los "decretos" de las Asambleas tanto aquellos
306
que él calificara como nocivos a las Bases, turnándolos al Congreso en caso de que la
departamental insistiera, como aquellos con los que simplemente no estuviere conforme
(arts. 141 y 142, fracciones 1, 2 y 8). Por otro, el gobernador no sólo contendría a las
Asambleas sino que trabajaría conjuntamente con ellas. La presidencia le aseguraba un
asiento, como parte de ésta, y poder decisorio, mediante el voto, para implicarse dentro de
los negocios promovidos por él, todavía en aquellos abiertos por los vocales. Aunado a lo
anterior, gobernador y Asamblea debían colaborar en materia hacendaria. El primero sería
el jefe de la oficina en su departamento y la segunda elaboraría un reglamento para tal
ramo. En este sentido, el gobernador no fue un elemento externo de las departamentales
antes bien era parte integral, sus relaciones fueron pensadas por los notables como
engranajes que con sus choques no interrumpieran el gobierno de los territorios.
La conformación de Asambleas compuesta por gobernador y vocales refleja la
tensión autoridad/libertad de la estructura gaditana de jefes políticos como presidentes de
las diputaciones provinciales. Sin embargo, tengo la impresión que la intención fue
diferente. Los diputados de las Cortes españolas pugnaron para restringir la actividad y
descentralización política de las regiones a través de agentes del poder ejecutivo. La
respuesta para la administración del territorio fue, como expuse en el capítulo uno, un
intento por encarar al jefe político, como representante del gobierno, ante una corporación
de índole popular que perfilara los intereses y libertades de la región. En contraste, los
notables de 1843 prefirieron ponderar la negociación con los poderes facticos regionales
que naufragar con la vaga aspiración de someterlos, de ahí que el gobernador y los vocales
debían ser naturales o vecinos del departamento en cuestión, así como la mayor
emancipación de las facultades de las autoridades intermedias.
La conformación de las Asambleas departamentales, más que una continuidad,
rompió con varios supuestos de las Juntas de 1836 al recuperar la inercia descentralizadora
del momento de Tacubaya. Por un lado, para los primeros constituyentes centralistas, como
mencioné, uno de los elementos capitales dentro su proyecto para la administración de los
territorios fue la minimización de los elementos dispares -políticos, sociales, demográficos
o económicos- entre los departamentos para equilibrar las fuerzas. Uno de los mecanismos
307
para ello fue el establecimiento de la uniformidad burocrática dentro de las plantillas de las
Juntas departamentales -vocalías y secretaría. En cambio, los de 1843 optaron por
establecer jerarquías en los departamentos con base en el número de vocales de sus
Asambleas como lo habían propuesto los proyectos moderados de 1842. Éste número
fluctuaría entre los siete y once integrantes "a juicio por esta vez de las actuales junta
departamentales" (art. 131).27 En 1846, diez de veintidós Asambleas continuaron estando
formadas por siete vocales mientras que sólo tres ensancharon su planilla hasta el máximo
de once dispuesto por las Bases -Jalisco y de México.28 Desconozco el criterio que asumió
cada corporación para determinar el número de vocales de sus sucesoras. En Jalisco, por
ejemplo, la Junta departamental expidió un decreto en julio 18 en el que acordó que fueran
once vocalías propietarias, pero no exteriorizó las motivaciones o las razones que
cimentaban esta decisión.29
Lo reseñable, repito, de la distancia entre las dos repúblicas centralistas no es el
número de personal a su disposición cuanto más la implementación de una jerarquía de las
Asambleas basada en el reconocimiento de las disparidades de los territorios. La opción de
los notables en la conformación de las Asambleas pone a examen la uniformidad como
rasgo del unitarismo y la centralización. Los centralistas yucatecos de 1829 lo advirtieron al
conformar un proyecto unitario que admitía las particularidades peninsulares. La
uniformidad de las Juntas creó estándares para todos los departamentos con el afán de
contrarrestar las ventajas de algunos, pero en la práctica perjudicó a aquellos con mayor
número de asuntos y negocios que sus Juntas debían atender.
Una mayor cantidad de vocales, por otro lado, no equivalía sólo a un aumento de las
manos en las tareas de escritorio; también fue un ensanchamiento de la representación
departamental. Incluyendo a propietarios y suplentes, se pasó de catorce vocales en las
27 Ésta facultad podría crear contradicciones interesantes. Departamentos de una extensión territorial dilatada con un corto número de vocales. Por contrapartida, jurisdicciones pequeñas con una amplia plantilla de empleados.28 CL-FRBN, misc., 30, Juan Nepomuceno Rodríguez de San Miguel, La república mexicana en 1846, Ciudad de México, Imprenta de J. M. Lara, 1845, pp. 50-71.29 AHCEJ, año 1844, caja 1, núm. 77, Sobre el número de vocales de que se ha de componer la Asamblea Departamental.
308
Juntas a veintidós en las Asambleas. En términos operativos el aumento respecto a los de
las Juntas, en el mejor de los casos, fue de cuatro sujetos más que suministrarían mayor
capacidad de resolución. No obstante, en torno a la representatividad, el ejercicio de elegir
a veintidós individuos en vez de catorce significó una expansión del cuerpo político de los
departamentos y también un refuerzo del ejercicio electoral. Se concertaba y sufragaba
entre las diferentes facciones políticas a los próximos vocales que, cómo veremos, fue un
elemento fundamental para que éstas pudieran operar.
Otro cambio aparentemente sutil pero significativo de la conformación de Juntas y
Asambleas, fue una pequeña diferenciación de diputados y vocales. Los requerimientos
censitarios eran los mismos para los dos cargos en las Bases Orgánicas -tener una renta
anual procedente de capital físico o moral de $1,200 pesos- recayendo los destinos en
aquellos ciudadanos cuyos ingresos y vecindad-oriundez los ligaba al departamento que los
elegía. Estas medidas establecieron un perfil acorde con el entramado electoral de las
Bases. La distinción entre diputados y vocales fue de exclusión cronológica. Para los
primeros se exigió 30 años cumplidos y para los segundos 25 (art. 132 y 28). Se introdujo
una representación escalonada entre los dos cargos y con ello se rompió, en parte, el
paralelismo entre legisladores y vocales impuesto en las Siete Leyes. Los diputados, según
los constituyentes de 1843, debían contar con mayor experiencia y templanza que los
vocales para favorecer la moderación en el proceso legislativo e incluso creando escalones
en la carrera política de los individuos. No obstante, esté matiz no libró a las Bases de la
equiparación de los legisladores nacionales y los vocales departamentales. Ésta república
adoleció, como el resto de los proyectos centralizadores, de la indefinición de los agentes
intermedios acaecida por el principio representativo para designarlas. Éste fue un problema
que los centralismos mexicanos de mediados del siglo XIX ignoraron, inconsciente o
predeterminadamente, pero que confluyó como parte de los escollos e intersticios
institucionales aprovechados o cedidos para que los funcionarios departamentales
fungieran como representantes en su jurisdicción.
Los vocales departamentales eran nombrados mediante un proceso electoral de tres
grados -juntas primarias y colegio electoral del departamento- conforme a los procesos
309
marcados en las Bases (arts. 147-157). Los ciudadanos acreditados para votar se reunirían
en secciones de 500 individuos para escoger a un elector primario. Congregados en junta,
los primarios asignarían por cada veinte de ellos a un elector secundario -lo que en términos
de población equivaldría a 10,000 habitantes. Éstos conformarían el colegio electoral del
departamento. Esta corporación fue retomada de las propuestas federales de 1842 quienes
lo implementaron en la elección de la mayoría de las autoridades supremas e intermedias.
Los colegios centralistas, en cambio, sólo efectuarían para los cargos tradicionalmente
electos por sufragio popular -diputados y vocales. En estas dos elecciones, al menos, se
prosiguió con la tendencia para limitar la participación de las autoridades en los comicios.
Si bien las Bases no especificaron la organización de las elecciones en una ley particular lo
haría días después en junio 19 de 1843.30 Ésta retomó lo dispuesto en la ley de noviembre
30 de 1836, las autoridades municipales sólo organizarían y delegarían el resto del proceso
electoral a comisionados y juntas escogidas dentro de los mismos votantes.
En este sentido, los comicios durante la segunda centralista no presentaron
innovaciones importantes en la línea electoral de la primera mitad del siglo XIX. Las Bases
Orgánicas retomaron el empleo de la práctica de voto por corporación, las Asambleas
departamentales, para la elección de presidente y senadores en comparación de los
proyectos constitucionales de 1842 que dejaron esta providencia a los ciudadanos
congregados en los colegios electorales.
Las facultades de las Asambleas fueron amplias al conferirles importantes atributos
fiscales, de gobierno y legislativas. El cotejo con las atribuciones de las Juntas de 1836
enfatiza la distancia entre ambas departamentales. En este sentido, las Asambleas siguen
lo presentado en las reformas de 1840 para las instancias intermedias, pero acotadas en
referencia a lo dispuesto en los proyectos federalistas de 1842. Esta delegación no fue un
empoderamiento exclusivo de las departamentales dentro de la estructura institucional
media de la segunda república centralista; por el contrario, debe entenderse desde una
perspectiva en conjunto con el gobernador. Ambos, Asamblea y gobernador, fueron
30 Tena, Leyes, t. IV, pp. 461-464.
310
confeccionados para que fungieran como dos órganos que colaboraran en la búsqueda de
un mismo fin y no para entorpecer u obstaculizarse entre sí. Las instituciones
departamentales, en su totalidad, y las atribuciones privativas que se les otorgaron fueron
el asiento en donde se depositó la descentralización promovida por los constituyentes de
1843.
La recurrencia de los verbos "establecer" y "crear", dentro de las atribuciones
fiscales de las Asambleas, marcaron el ritmo descentralizador del que carecieron las Juntas
y que presagiaron las reformas inconclusas de 1840. Las departamentales de 1843
estuvieron habilitadas en el manejo de fondos y arbitrios para diferentes propósitos con la
resolución última del Congreso aunque sin perjuicio tras efectuarlas de inmediato. Las
departamentales podían "establecer árbitros para completar sus gastos ordinarios, o para
hacer los extraordinarios [...] con aprobación del Congreso" (art. 134, fracción 1). La fórmula
era repetitiva: la Asamblea, bajo supervisión del Congreso, era la encargada de sus propias
finanzas. Esta atribución le otorgaba cierto cariz de auto-regulación hacendaria a las
departamentales.
Más que dejarlas operar de manera autonomía, los constituyentes de 1843
imaginaron una posición angular para las departamentales en la Hacienda pública. Las
Asambleas contaban con el beneficio de la cercanía y prontitud para atender los problemas
fiscales específicos de cada departamento. También, respecto a la Hacienda, las Asambleas
estaban obligadas a "arreglar [su] inversión y contabilidad" así como "crear los empleos
necesarios para la recaudación y distribución [...] asignarles sus dotaciones, y reglamentar
las obligaciones de los empleados" del ramo (art. 134, fracciones 2 y 3). Estas últimas
potestades se ajustaban con la atribución del gobernador que lo instituía como "jefe de la
hacienda pública" en su departamento. Reitero, Asamblea y gobernador; dos órganos con
una labor en conjunto. A no mucha distancia, las Asambleas estaban impelidas para "formar
los presupuestos anuales de los gastos del Departamento" y dirigirlos al Congreso de la
Unión para que éste los aprobara (art. 135, fracción 2). Pese a la sujeción unitaria, las
departamentales de 1843 eran quienes proponían y formaban sus gastos de acuerdo a las
311
necesidades e intereses locales y no bajo la tutela de un poder central que bien podía no
conocer la situación de las arcas de los departamentos.
Las Juntas, en su momento, tuvieron la competencia colosal de "promover por
medio del gobernador cuanto convenga a la prosperidad del departamento en todos sus
ramos, y al bienestar de sus pueblos"; este precepto no fue incluido en las de las Asambleas
o, al menos, fue mejor proporcionado y refinado para evitar cualquier tipo de exceso de
éstas últimas corporaciones. Las Asambleas departamentales mantuvieron la encomienda
de promover el bien y la prosperidad de su jurisdicción, pero con mayor acotamiento. Por
sus atribuciones 7-12, enumeradas en el artículo 134, tenían que "disponer la apertura y
mejora de los caminos"; impulsar "la enseñanza pública en todos los ramos, creando y
dotando establecimientos literarios"; "crear y reglamentar establecimientos de
beneficencia, corrección y seguridad"; "Cuidar de la salubridad pública, y reglamentar lo
conveniente para conservarla" y "fomentar la agricultura, la industria y demás ramos de
prosperidad". Toda esta batería de delegaciones fue acompañada por los verbos crear o
establecer fondos. Los constituyentes de 1843 posibilitaron a las Asambleas para que
pudieran materializar sus proyectos mediante la creación de arbitrios. En esta potestad,
junto con la reglamentaria, fue donde se cimentó la descentralización de las Bases
Orgánicas. Distante de aquella señalada en la Sexta Ley Constitucional de 1836. En otras
palabras, el interés de los congresistas de 1843 no fue tanto qué podrían realizar las
departamentales en materia de fomento, sino el cómo y con qué lo ejecutarían.
Las Asambleas fueron una pieza fundamental del sistema electoral de las Bases
Orgánicas al "hacer las elecciones [...] de Presidente de la República, individuos de la
Suprema Corte de Justicia y senadores" (art. 134, fracción 18). A diferencia del intricado
modelo electoral de 1836 y de los poderes electorales autónomos de los proyectos de 1842,
las Bases recuerdan los mecanismos de 1824 y las reformas de 1840, pero con la doble
tensión entre la escala nacional y la departamental por la participación de las autoridades
en las elecciones de uno y otro ámbito. Por un lado, el lúgubre juego de frenos de las
autoridades nacionales y departamentales de las Siete Leyes no sobrevivió a la crítica
descentralizadora acaecida desde las reformas de 1840 y aceptada durante el momento de
312
Tacubaya. La segunda república centralista fue más directa. Los departamentos, a través de
sus Asambleas, eran los encargados de designar a los titulares de las ramas de gobierno
nacional -salvo los diputados que eran por sufragio popular- con lo que se fomentó una
importante descentralización, desde la perspectiva de 1836, pero una continuidad del
elemento corporativo del proceso electoral de senadores y presidente. Los ciudadanos no
eran quienes elegían a los gobernantes, sino que las propias autoridades los determinaban.
Esta atribución equipó a las Asambleas con un importante recurso para negociar con los
supremos poderes.
El nombramiento de gobernador, por otro lado, remarcó la ambigüedad de la
centralización/descentralización de la burocracia ejecutiva al permanecer compartido entre
el presidente de la república y las Asambleas de manera similar al método de 1836 -decisión
final tomada por el presidente y lista de aspirantes formada por las Asambleas. Sin
embargo, el ejecutivo no tenía "la obligación de sujetarse a esta lista [...] en caso
extraordinario [según] lo acordare el Congreso por iniciativa del Presidente". Michael P.
Costeloe y Fernando Serrano Migallón interpretaron esta facultad como un poder irrestricto
del presidente, con la aprobación del Congreso, para, en palabras de Costeloe, "rechazar
las ternas indefinidamente hasta que se presentara un nombre que él aprobara".31 Ambos
autores no atienden que, más que una resolución del presidente para negarse a elegir, era
una prerrogativa del Congreso para considerar o no la iniciativa de primer mandatario. Más
fundamental, el ejecutivo podía excusarse de la elección sólo en algún "caso
extraordinario", pero no era su juicio el que decidía cuáles eran los momentos que
ameritaban tal epíteto. Bajo esta óptica, el desbordante acaparamiento del poder político
por parte del presidente no ocurrió de manera tan abultada como se ha expuesto.
Las atribuciones de corte legislativo de las Asambleas estuvieron reducidas para
"hacer al Congreso iniciativas de ley". A diferencia de las Juntas, limitadas solamente a
iniciativas de fomento, las Asambleas podían suscitarlas de cualquier ramo. El artículo 53
de las Bases les otorgó a las departamentales la capacidad para que pudieran generarlas
31 Costeloe, La república, p. 290 y Serrano, Historia, p. 222.
313
"en todos las materias" de igual manera que se planteó en las reformas de 1840. Esto les
concedió un amplio margen propositivo, pero limitado al primer escalón del proceso
legislativo, lo que las acerca a las Juntas, sin posibilidad de intervenir, discutir o apelar para
que sus proposiciones fueran tomadas en consideración y siguieran el curso con el que ellas
las elevaron. Una libertad amplia pero condicionada. Parece existir una contradicción en la
arquitectura de las Asambleas entre el alargamiento para iniciar leyes en todas los ramos y
la delimitación de los ramos de fomento. Sin embargo, sólo es aparente. En la promoción
de medidas de fomento las decisiones eran atendidas por las departamentales, con las que
determinaban la dirección de los negocios en su jurisdicción, y quedaban sólo bajo
aprobación del Congreso. En cambio, en el proceso legislativo fueron frenadas en el primer
momento y era la cámara de diputados la única autorizada para rechazar o modificar las
iniciativas. A las Asambleas se les acotó dentro de las providencias para que manejaran los
intereses concretos de su departamento, pero sin permitírseles equipararse con la potestad
legislativa del Congreso.
Una atribución constitucional novedosa de las Asambleas departamentales fue el
alto margen que poseyeron para fabricar reglamentación secundaria en diversas materias
de su departamento -empleados de la Hacienda pública; establecimientos de beneficencia,
corrección y seguridad; el contingente de hombres para el ejército; ordenanzas
municipales; salubridad pública; tribunales superiores e inferiores así como la fuerza de
policía. Me detengo aquí. Este potencial preceptivo no fue novedoso debido a que en
algunos objetos eran parte de las atribuciones de las Juntas de 1836. Sin embargo, éstas no
conocieron tantas atribuciones como las segundas departamentales. Por otra parte, la
capacidad de creación reglamentaria de las Asambleas respecto a la negada legislativa fue
un aspecto difícil de dirimir. El reglamento, entendido como acto normativo, aumentó las
potencialidades de las departamentales para regular la vida -individual y corporativa-
dentro del territorio sin la necesidad de elevar iniciativas de leyes al Congreso nacional al
incluir algunas materias de suma importancia para la administración y gobierno político de
los departamentos. Pese al breve período de aplicación de las Bases Orgánicas ésta fue
utilizada de manera moderada en los departamentos de México y Jalisco con alrededor de
314
doce estatutos sobre los objetos mencionados e incluso materias no tratadas como los
cuerpos de Defensores de la Nación o tribunales para vagos.
La segunda república centralista no condicionó o veló su forma unitaria. Al contrario,
por medio de la definición de la Nación y el ostracismo del territorio y las divisiones de éste
dio un semblante claramente unitario al Estado. Los órganos de gobierno de los
departamentos -gobernador y Asamblea departamental- comprendieron amplias
facultades que reflejaron una profusa descentralización no sólo administrativa sino también
política, mucho mayor que la presentada para las Juntas durante la primera centralista, pero
inhabilitados de los pertrechos constitucionales necesarios para enunciar argumentos en
torno a una soberanía particular. Esta discusión se zanjó desde el inicio del articulado de las
Bases Orgánicas que la depositó exclusivamente en la Nación y subordinó cualquier nivel
de gobierno intermedio e inferior.
La conformación de las Asambleas departamentales de Jalisco y México
La descentralización instrumentada por los notables de la Junta Nacional Legislativa fue
sima en la confección de las instancias intermedias centralistas. A las Asambleas no sólo se
les otorgó un control amplio sobre el gobierno económico/administrativo de sus
jurisdicciones, también les fueron dadas facultades de índole político y fiscal para que
desplegaran gobierno interno sólido. La posibilidad de imponer gravámenes y formular
normatividad reglamentaria fue con esa dirección. El objetivo de los notables era emplear
a la descentralización, propugnada por los grupos provinciales desde las reformas de 1840
y extremada en el Congreso de 1842, para destensar las relaciones del ámbito medio con el
general Este apartado coteja la arquitectura institucional con la conformación electoral y
efectiva de las Asambleas de acuerdo a la revisión del perfil de los vocales y de las sesiones.
El objetivo es enmarcar a las segundas departamentales, como las Juntas en el capítulo III,
con los elementos que permitieron cierta estabilidad pese a los acuciosos problemas
nacionales e internacionales que la nación vivió en los dos años de vigencia de las Bases
Orgánicas.
315
El segundo proyecto constitucional centralista tuvo una duración de cinco años hasta
su caída en el verano de 1846. Sin embargo, su fase plenamente constitucional fue apenas
de los dos últimos años. El calendario de las Bases fueron sancionadas en junio de 1843,
pero las autoridades departamentales se establecieron hasta enero de 1844. Este retraso
permitió que las facciones regionales políticas adversas al gobierno santanista se
recompusieran del atentado contra el constituyente de 1842. La competencia en los
comicios por los cargos departamentales marcó la pauta de la composición de los
Asambleas. En los departamentos de Jalisco y México existieron un total de cuatro
corporaciones departamentales establecidas de acuerdo con los tiempos fijados por la
legislación electoral.
Cuadro 11. Asambleas departamentales de Jalisco y México, 1844-1846
Departamental Año ElecciónPeríodo
proyectadoPeríodo
1- A. de Jalisco 1844 Octubre 1 de 1843Enero 1 de 1844- Diciembre 31 de
1845
Enero 1 de 1844- Diciembre 31 de
1845
1- A. de México 1844 Octubre 1 de 1843Enero 1 de 1844- Diciembre 31 de
1845
Enero 1 de 1844- Diciembre 31 de
1845
2- A. de Jalisco 1846 Octubre 5 de 1845Enero 1 de 1846- Diciembre 31 de
1847
Enero 1 de 1846- Mayo de 1846-
2- A. de México 1846 Octubre 5 de 1845Enero 1 de 1846- Diciembre 31 de
1847
Enero 1 de 1846- Agosto de 1846-
Fuente: Elaboración propia con base en AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. XII-XIII; AHCEJ, 1844, caja 2, gobernación, exp. 48, Instalación de la Exma. Asamblea Departamental de Jalisco, verificada el 1° de enero de 1844 y sus vocales; Rodríguez, La república mexicana, pp. 50-71; Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas. a Período interrumpido
Elecciones y vocales departamentales
El carácter ordenado de las elecciones bajo las Siete Leyes, como Sordo afirmó, fue
quebrantado durante las efectuadas durante la segunda república centralista. Los comicios
de 1843 y 1846 acontecieron bajo un clima político marcado por el conflicto entre los grupos
políticos dentro y fuera del gobierno. Por un lado, los militares coaligados con el presidente
Santa Anna, un grupo cada vez más fraccionado, intentó evitar el fracaso de la primavera
316
de 1842. Por otro, los federalistas moderados, destituidos en diciembre de ese mismo año,
aspiraban a derrocar al gobierno por la vía del sufragio. Alrededor de éstos dos gravitaban
otros actores -eclesiásticos, comerciantes y centralistas de 1836-, que, sin formar partidos
consolidados, mantuvieron alianzas y decantaron la balanza hacia alguno de los dos grandes
grupos.
Los santanistas, fincados en el poder, retomaron la restricción de la base de votantes
como zócalo para las elecciones de finales de 1843. Éstas definirían la primera composición
del Congreso de la nación y de las Asambleas departamentales. El Cuadro 12 expone las
exigencias marcadas en las Bases Orgánicas para participar en los comicios. Una primera
observación refiere a la disonancia entre las demandas de las ramas del poder público del
ámbito nacional. Para pertenecer al ejecutivo y judicial bastaba con cumplir con los $200
pesos establecidos para la ciudadanía. En cambio, el legislativo era al único que le fueron
impuestas restricciones económicas. El mensaje fue claro. Las cámaras de representantes
eran a las que se debía contener para evitar, lo más posible, la entrada de elementos
populares. Sin embargo, como ya señalé, las medidas eran poco eficaces para contener a la
oposición debido a que ésta cumplía con lo exigido. La intención tampoco parece que fue
la inclusión de otras fuerzas políticas mediante el juego político-electoral por la
animadversión que los santanistas sentían por las facciones políticas. Me decantó por un
mal cálculo de Santa Anna y su pléyade, algo no novedoso en ellos, para creer que éstas
medidas serían suficientes para asegurar una victoria. En esta tónica, una segunda
advertencia es la diferencia entre las tarifas para ser elector primario y secundario. El
número de individuos se limitaría para estos últimos. Se reforzó la idea de detener el apoyo
de los políticos favorecidos por las clases populares para concentrarse en las acomodadas
de una manera tal como pedía el general Paredes un año antes. La tercera observación
refiere al monto solicitado para la gubernatura de los departamentos pese a alinearse bajo
el ala ejecutiva del gobierno. Aunado con la facultad presidencial para no aceptar las ternas,
con arreglo del Congreso, y la cuota de experiencia de cinco años; los gobernadores fueron
sospechosos para el proyecto de las Bases por lo que se debía limitar y controlar
estrechamente a quienes tomaran el cargo.
317
La comparación con el régimen de las Siete Leyes es inevitable. Como bien apunta
Sordo, el orden piramidal impuesto en 1836 no fue la tónica de los hombres de 1843.32 Pero
más que criterios volubles o con poco sentido, es evidente que se decantaron por minimizar
la participación popular y limitar los empleos públicos que les parecían poco fiables. Es difícil
realizar un balance sobre la naturaleza restrictiva de las Bases Orgánicas. Por un lado,
redujeron y graduaron la base de votantes al duplicar la renta anual para ser ciudadano y
quintuplicarla para elector secundario, pero, por otro, aumentaron la posibilidad para optar
por los cargos públicos al disminuir lo requerido para ser vocal, diputado, senador y, sobre
todo, consejero y presidente.
Cuadro 12. Requerimientos de edad e ingresos para ciudadanía y cargos públicos en larepública de 1843
Cargo Bases Orgánicas de 1843Edad Renta Anual
Ciudadano 21 años soltero, 18 casado $200Elector primario 25 años $200
Elector secundario 25 años $500Magistrado de la Suprema Corte 40 años $200
Vocal departamental 25 años $1,200Diputado 30 años $1,200
Consejero 35 años $200Gobernador 35 años $2,000
Senador 35 años $2,000Presidente de la república 40 años $200
Fuente. Con base en Reynaldo Sordo Cedeño, "Los procesos", p. 235
La ley de convocatoria de junio 19 de 1843 complementó lo marcado en las Bases
Orgánicas sobre la materia. Más que una norma elaborada acorde a la nueva propuesta
constitucional y a su programa político, los santanistas adoptaron en buena parte lo
establecido por la ley de noviembre 30 de 1836. Las prácticas referentes al nombramiento
de comisionados y voto por boletas fueron retomadas de manera íntegra para realizar las
elecciones, así como la proporción entre los electores primarios (uno por cada 500
ciudadanos) y secundarios (uno por cada 10,000 ciudadanos) se mantuvieron sin
32 Sordo, "Los procesos", p. 235.
318
modificación alguna.33 Los militares no repararon que, aunque restrictivos y ordenados, los
comicios durante la primera república centralista tendieron a desfavorecer al grupo en el
poder debido a que imposibilitaba a las autoridades para intervenir directamente y abría
espacios para la competencia política que fueron utilizados por los grupos mejor
organizados. Nuevamente, como en 1842, parece que los santanistas erraron en las
medidas adoptadas para que las elecciones les favorecieran.
El Siglo XIX, octubre 3 de 1843, relató brevemente la última jornada electoral
ocurrida en el departamento de México. En su descripción refiere la presencia de tres
"partidos" que se disputaron los escaños: el liberal, el foráneo y el de México. De acuerdo
con este diario "la cuestión era saber cómo podrían combinarse estos elementos". Los del
interior del territorio buscaron conciliar opiniones y propusieron un plan para que se
repartieran entre los tres grupos las veinte curules en el Congreso. Alrededor de 70
electores de los primeros "partidos" aceptaron la propuesta y coaligaron una sola lista de
candidatos. Los de México no se convinieron y desplegaron su propia lista. El resultado para
diputados propietarios fue un virtual empate. Nueve representantes para el primer bando
y diez para el segundo más Luis G. Vieyra que estaba en ambas listas. En amplia diferencia,
los sufragios para la Asamblea departamental fueron un triunfo para los de México con
diecinueve de las veintidós vocalías. Es muy probable que la coalición foráneos-liberales no
haya actuado en conjunto durante el segundo día de trabajo para votar por lo
departamental luego de sus magros resultados en lo nacional.34
En un sentido completamente inverso, en Jalisco se reportó una extraña alianza
entre liberales y clérigos afiliados al proyecto de 1836. Esta unión acaparó la junta electoral
de segundo grado y, por ende, la elección de diputados y vocales. La correspondencia que
recibió Mariano Otero desde Guadalajara describió con precisión el clima político.35 Los
remitentes fueron en su mayoría liberales de la generación que comenzaron su vida pública
tras el pronunciamiento de agosto de 1841 -Joaquín Angulo, Pedro Zubieta, Jesús
33 Tena, Leyes, t. IV, pp. 461-464.34 El Siglo XIX, año II, núm. 667, octubre 3 de 1843.35 Guillermo Tovar de Teresa (comp.), Cartas a Mariano Otero, Secretaría de Relaciones Exteriores, INAH, 1996, pp. 99-127.
319
Camarena, José María Castañeda, Ignacio Villanueva. De acuerdo con Zubieta, la alianza
aunque establecida de "buena fe" estaba "inspirada por sus respectivos intereses".
Liberales como Castaño no creían en una completa "fusión de los partidos", sino solo "obra
de las circunstancias" y se mantendría hasta el momento de realizar "reformas legales". En
la votación para Asamblea departamental, los veintidós vocales electos tuvieron un
considerado porcentaje de aceptación que fluctuó entre 60% y 80%. Por ejemplo, la
contienda más cerrada fue por el asiento decimo entre el liberal Pedro Zubieta con 35 votos
a favor y un tal Francisco Espinosa con 17; en contraste, la más holgada fue por el asiento
séptimo propietario cuyo ganador, Norberto Vallarta, arrasó con 51 votos a favor y uno en
contra. Algunos individuos como Pedro Barajas, Antonio Escobedo, Manuel López Cotilla y
Norberto Vallarta, ligados al régimen de las Siete Leyes en Jalisco, refrendaron su posición
como parte de la nueva Asamblea; pero sobresalieron las caras nuevas.36
Las elecciones de 1845 para renovar la mitad del Congreso y Asambleas tuvieron
otra tónica. Santa Anna fue depuesto a finales de 1844. Aunque desestructurados, los jefes
del ejército se coaligaron en torno a figuras como Mariano Paredes y Arrillaga o José María
Tornel. De acuerdo con Sordo, en la ciudad de México, los federalistas salieron airosos del
encuentro electoral en parte gracias al retorno a la normatividad electoral de 1841 que les
era favorable.37 En Jalisco, los liberales le reportaron a Otero su fracaso en los comicios ante
el grupo comandado por Pedro Barajas y Antonio Escobedo, presidente de la Asamblea y
gobernador de ese departamento. De acuerdo con las cartas, estos individuos influyeron en
menoscabo de la facción liberal.38 Un punto importante a considerar es que estos dos
individuos formaron parte de la vieja guarda centralista de Jalisco y fueron opositores a los
santanistas. El primero como diputado por ese departamento en los cuatro Congresos
nacionales y el segundo como gobernador durante prácticamente todo el período de la
primera centralista.
36 AHCEJ, 1844, caja 2, núm. 48, Instalación de la Ecsma. Asamblea Departamental de Jalisco verificada el 1° de Enero de 1844 y sus vocales.37 Sordo, "Los procesos", p. 252.38 Tovar (comp.), Cartas a, pp. 344-358.
320
El triunfo de los federalistas jaliscienses en las elecciones de 1843 en el nivel
intermedio, aunque en conjunto, permite inquirir en las diferencias entre las dos repúblicas
centralistas. En primer lugar, los centralistas de 1836 mantuvieron un núcleo duro en torno
al Congreso con el que negociaron con los otros poderes nacionales, los grupos opositores
y las mismas regiones; los militares de Tacubaya, en cambio, sufrieron un acelerado
desgaste político después de 1842, lo que les impidió realizar alianzas con otras fuerzas y al
interior del grupo se dio una importante fractura por la ambición y rencillas personas entre
los generales.39 Dicho núcleo de 1836 no equivalía a fortaleza sino a institucionalidad. Los
generales nunca traspasaron el velo de lo provisional; las dos veces que lo intentaron fueron
derrotados en los comicios. En segundo lugar, los hombres de 1836 eran demasiado
melindrosos en materia electoral a diferencia de los de 1843. Los primeros centralistas
procuraron filtrar a sus opositores en los departamentos mediante las restricciones
electorales de capital y edad; los de 1843, en un primer momento, redujeron de manera
sensible ambas cuotas con lo que dieron mayor cabida para poder desempeñar cargos a
nivel departamental y, en un segundo momento, no repararon en los aspectos de la
legislación de que no inhibía a los federalistas para participar y, por el contrario, lo
fomentaba. Por ejemplo, dos importantes miembros de los liberales que obtuvieron cargo
en la Asamblea de Jalisco de 1844, no eran aptos para participar en la Junta de 1839. Esto
es, tuvieron que esperar cinco años para integrarse a la vida pública. En tercero, la irrupción
de una nueva generación de políticos en el bando de los federalistas. Los centralistas de
1836 fueron políticos inconformes con el régimen federalista de 1824, pero que en muchos
casos habían rondado las oficinas de gobierno nacionales y estales; durante la segunda
centralista se hizo evidente que jóvenes políticos con muy poca o nula experiencia
legislativa incursionaron en los Congresos generales y las departamentales de la década de
1840.40
39 Sordo, El Congreso y Costeloe, "Los generales", pp. 417-440.40 Los diputados de este Congreso eran sumamente jóvenes. Más de la mitad (56.06%) oscilaba entre los 25 y 40 años. Noriega, El Constituyente, p. 124.
321
La debilidad institucional de los militares en el poder, los cambios en la normatividad
y el surgimiento de un belicoso grupo político opositor mucho más accesible en sus alianzas
tuvieron importantes corolarios que acentúan aún más la distancia entre los regímenes
unitarios en materias electorales. La clase política parece que tardó más en recomponerse
de la ruptura y descredito experimentados tras 1834. El arribo de una generación más joven
logró nuevamente la formación de camarillas y alianzas en los departamentos que riñeron
los cargos públicos mediante verdaderas pugnas electorales. Además, las potencialidades
mayores de las Asambleas sobre las Juntas incidieron en las motivaciones para que los
grupos políticos tuvieron un notable interés por apropiarse de éstas corporaciones. Las
facultades y atribuciones de las segundas departamentales eran un botín más atrayente.
Sólo con un estudio amplio y puntual de los procesos electorales en estos y otros
departamentos brindaría respuestas más concretas y documentadas de las aquí esbozadas
respecto a la eficiencia de la normatividad electoral centralista para cerrar paso a
determinados individuos, así como las mutaciones de los grupos políticos por la aparición
de nuevos núcleos y la radicalización de los ya existentes.
La conformación de las Asambleas departamentales, insisto, debe entenderse de
manera diferenciada al resultado de los comicios. En éstas se excluía poco menos de la
mitad de los individuos electos. El funcionamiento interno no dependió de todos los
nombrados, sino sólo de aquellos que asumieron el cargo. El Cuadro 13 ofrece la
información correspondiente a los 88 que ocuparon un igual número de vocalías según lo
previsto por la legislación. En esta ocasión no se llamó a nadie de manera directa o fuera de
los sufragios por lo que no hubo desfase positivo o negativo de ningún tipo.
Afortunadamente recabé el nombre de todos los asambleístas departamentales tanto de
los asistentes como de los ausentes. Cabe acotar dos situaciones. Por un lado, la renovación
de 1846 fue parcial conforme a la normatividad. Más de la mitad de vocales propietarios y
suplentes (24 de 44) continuaron en su cargo en ambas Asambleas de ahí que se repitan
algunos y se necesite remarcar la diferencia entre vocalías e individuos. Por otro, no
encontré las actas de sesiones de la departamental de México de 1846 por lo que me fue
imposible determinar quienes participaron de manera efectiva.
322
Cuadro 13. Vocalías de las Asambleas departamentales de México y Jalisco, 1844-1846
DepartamentalTotal de vocalías
(propietarios y suplentes)
Vocales
Asistentes AusentesSin
documentaciónTotal
A. de Jalisco, 1844
22 11 11 22
A. de México, 1844
22 11 11 22
A. de Jalisco, 1846
22 13 9 22
A. de México, 1846
22 22 22
88 35 31 22 88Fuente: Elaboración propia con base en AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. XII-XIII; AHCEJ, 1844, caja 2, gobernación, exp. 48, Instalación de la Exma. Asamblea Departamental de Jalisco, verificada el 1° de enero de 1844 y sus vocales; Rodríguez, La república mexicana, pp. 50-71; Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas, y El Siglo XIX, año II, núm. 667, octubre 3 de 1843.
De los 88 vocales electos únicamente 35 participaron en las Asambleas (39.8%). Este
indicador negativo se debe a la falta de información para la departamental de México de
1846. Descotando éstos últimos la tasa se incrementa hasta 53%. En los Cuadros 14 y 15
expongo la información de 67 asambleístas de los 88 en total para la estructura ocupacional
(73.9%), 54 para edad (61.4%). Además de 53 con experiencia parlamentaria (60.2%). Los
porcentajes reflejan tendencias confiables del perfil que se buscó como integrante de estas
corporaciones.
El primero de los indicadores, el más alto de todas las departamentales, manifiesta
el evidente predominio de los abogados con casi la mitad de las vocalías (43.1%). Un número
destacado al superar por algunos puntos lo presentado en el Congreso de 1842 (38.3%) y la
Junta Legislativa de 1843 (36.9%). Los eclesiásticos fueron otro grupo de importancia con
un cuarto del total (23.1%) y con una mejor posición que la que tuvieron en los
constituyentes de años anteriores (5.1% y 13%). La última ocupación relevante fue el de los
propietarios con apenas un poco menos de la décima de vacantes (12.3%), pero mejor
representados que en los Congresos (3.4% y 3.3%). Entre estos tres grupos abarcaron 80%.
Comerciantes y militares no encarnaron un aporte significativo. En consecuencia del
rechazo hacia el grupo santanista y el desinterés mostrado por el gremio mercantil desde
323
las Juntas de 1836. La eminencia de los grupos también fue determinada en lo individual.
Cuatro canónigos y dos prebendados encabezaron al grupo de nueve clérigos; dos generales
y un coronel al de cuatro militares. Esto es, en estas dos carreras se optó nuevamente por
la alta jerarquía. En el resto de las ocupaciones algunos nombres ilustran el prestigio:
comerciantes como Francisco Martínez Negrete y Norberto Vallarta en Jalisco;41 en este
mismo departamento propietarios como José Ignacio Cañedo y en el de México como
Francisco Fagoaga, José Miguel de Arias, José Ramón Pérez Palacios;42 o políticos
destacados como los exgobernadores jaliscienses Cañedo y Antonio Escobedo, así como
bastantes diputados nacionales. El principio de notabilidad prevaleció al momento de
designar a los vocales.
Cuadro 14. Estructura ocupacional de los vocales de las Juntas departamentales deJalisco y México, 1844-1846
Departamental Comerciante Eclesiástico Abogado Militar Propietario Otros TotalA. de Jalisco,
18441 4 11 16
A. de México, 1844
3 5 3 3 1 15
A. de Jalisco, 1846
2 4 5 1 1 1 14
A. de México, 1846
4 7 2 4 3 20
3(4.6%)
15(23.1%)
28(43.1%)
6(9.2%)
8(12.3%)
5(7.7%)
65(100%)
Fuente: Elaboración propia, véase Anexo 5.
La estructura ocupacional de las dos regiones mantuvo una misma dirección, pero
brinda matices considerables. En Jalisco, el principal grupo fue el de los abogados con más
de la mitad de los empleos públicos; le siguió el de los eclesiásticos con un cuarto del total.
Entre los dos acapararon casi 80% de las vocalías. Estos porcentajes fueron determinados
por la alianza entre liberales y eclesiásticos en la elección de 1844 y la continuidad de
vocales en la de 1846, la misma que excluyó a los militares alineados con el gobierno
nacional. En el departamento de México, los vocales electos poseyeron una mayor variedad
41 Olveda, La oligarquía, pp. 266-269. Maldonado, "La elite", pp. 77-81.42 Olveda, La oligarquía, pp. 408-409. Maldonado, "La elite", pp. 93-98.
324
en sus ocupaciones. Si bien los abogados conservaron la preponderancia con un tercio de
vocalías; los propietarios y eclesiásticos fueron contrapesos importantes con una quinta
parte de los espacios cada uno. El llamado partido de México, como El Siglo XIX lo catalogó,
no tuvo una matriz ocupacional sino territorial en torno a la vecindad en la ciudad de capital.
La edad de los vocales fue distributiva entre los 30 y 59 años, pero con una marcada
inclinación de casi la mitad de aquellos que contaban con 40 a 49. El promedio de edad fue
de 46.5 años al momento de ser elegidos para el cargo. Las Asambleas de México siguieron
este patrón. En ambas departamentales de Jalisco hubo un equilibrio mayúsculo al ofrecer
un reparto relativamente uniforme. La tendencia de estos dos departamentos se situó entre
la composición joven del constituyente de 1842 (65.9% con menos de 40 años) y la
envejecida de la Junta Legislativa (46.3% de más de 50 años). Pese a que la legislación
electoral estableció los 25 años como la edad mínima requerida, sólo tres individuos tenían
menos de 30 años al momento de ser designados para el empleo. La mayoría de los
asambleístas nacieron a principios del siglo XIX y una buena parte inclusive en la segunda
década de esta centuria -e l vocal más joven nació en 1818. La renovación generacional
acaecida durante la década de 1840 en el ámbito nacional es concordante en las Asambleas
departamentales.
Cuadro 15. Rango de edades de los vocales de las Asambleas departamentales de Jaliscoy México, 1844-1846
Departamental 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70- TotalA. de Jalisco, 1844 3 4 5 2 1 15A. de México, 1844 2 4 2 1 9A. de Jalisco, 1846 3 5 5 1 14A. de México, 1846 3 7 5 1 16
3(5.5%)
12(22.2%)
21(38.9%)
14(25.9%)
3(5.5%)
1(1.8%)
54(100%)
Fuente: Elaboración propia, véase Anexo 5.
Los vocales de las Asambleas departamentales contaron con una experiencia
parlamentaria considerable con 53 vetarnos de los 88 electos tanto en Congresos como en
las anteriores Juntas (60.2%). En ambos departamentales hubo un cierto equilibrio. En el de
México, los individuos curtidos en trabajos de ésta índole fueron 25. De éstos, 18
325
pertenecieron a Congresos, tres a las Juntas y cuatro a las Asambleas. En Jalisco, aquellos
con práctica ascendieron a 28, pero la gran mayoría, 25, lo fueron en alguno de los
Congresos, dos en las Juntas y otro más en las Asambleas. La única renovación de las
departamentales de 1843 fue efectuada en octubre de 1845 y sólo un vocal de la
departamental de Jalisco fue refrendado en su cargo. Desafortunadamente la supresión de
la segunda república centralista en el verano de 1846 impide verificar la conformación de
grupos burocráticos cohesionados en torno a las vocalías como ocurrió en las Juntas
departamentales de Jalisco en las que varios individuos fueron sufragados dos y hasta tres
veces para diferentes corporaciones.
El perfil buscado para los asambleístas fue extremadamente similar al de los vocales
de las Juntas, pero con menos matices entre las regiones pese al particular resultado
electoral en Jalisco derivada de la unión de facciones. El vocal más socorrido para las
segundas departamentales fue un hombre maduro, con experiencia parlamentaria y
preponderantemente con ocupación relacionada con el derecho (abogados o eclesiásticos).
Los hombres con estudios (66.2%) dominaron las Asambleas departamentales.
La conformación efectiva de las Asambleas departamentales fue de 35 vocales
asistentes de los 88 electos. Resto los 22 de la de México de 1846 por desconocer cuales
tomaron el cargo. Concurrieron a las sesiones 53% de los 66 en total. El resto, 31 ausentes,
fueron compuestos por 27 suplentes que no fueron convocados, además de cuatro
propietarios que optaron por no presentarse. De estos, dos renunciaron al empleo tras ser
nombrados como gobernadores a mediados de 1844 -Antonio Escobedo para Jalisco y
Manuel Rincón para México- sin que ninguno haya asumido el primer destino.43 Uno más
fue excusado a los pocos días del inicio de las sesiones de la de México de 1844 por no
vérsele "ánimo de asistir".44 El último se reportó enfermo sin que fuera reconvenido de la
de Jalisco de 1846. Aunado a éstos, cuatro individuos dimitieron a ésta misma
departamental, o fueron forzados por sus compañeros, tras negarse a adherirse al
43 AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. XII, "Sesión de mayo 18 de 1844". "Sesión de mayo 30 de 1844" en Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas.44 "Sesión de enero 9 de 1844" en Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas.
326
pronunciamiento del general Paredes y Arrillaga de diciembre de 1845. Me limitó a destacar
que su renuncia estuvo vinculada más a los conflictos políticos nacionales que al rechazo de
la vocalía.45
En el Cuadro 16 retomo los 35 vocales que intervinieron en las sesiones de las tres
Asambleas documentadas. El desfase con el número de vocalías proyectado para éstas (33)
se debe a la incorporación de suplentes. De manera puntual, en la Asamblea de Jalisco de
1846, tres entraron para cubrir a los cuatro propietarios que se separaron de las sesiones.
Sin embargo, en ambos departamentos, resalta la anuencia de los propietarios para
desempeñarse en la plaza (87.9%). Las vocalías tuvieron una tasa de aprobación y
aceptación extremadamente alta. La asistencia a las sesiones de doce individuos alcanzó
90% en las dos departamentales. El canónigo Pedro Barajas del cabildo catedralicio de
Guadalajara es encomiable dado que en sus dos participaciones rondó un promedio de 98%.
Otros casos notables fueron los de José María Franco, Joaquín Noriega y Santiago Guzmán
con más de 95%. Por el contrario, sólo Ignacio Gil Romero faltó a más de 90% de las
reuniones.
Los indicadores de asistencia de las Asambleas aportan el justo contraste con los
anteriores casos extraordinarios. El total es el promedio de los concurrentes mientras que
el regular excluyo a aquellos que, por una u otra razón, tuvieron una presencia precaria en
la sala de reuniones. Incluirlos tiende a distorsionar la asiduidad del resto de los vocales. La
comparación regional de las departamentales de 1844 manifiesta una importancia
diferencia. Es cierto que en ambas corporaciones sus integrantes mantuvieron un flujo
constante, también que los elegidos como propietarios ocuparon sus asientos sin mayor
reparo, pero al detenerse en los porcentajes de asistencia se nota una distancia
considerable. En la de México todos acudieron habitualmente con una media de 86.2 total
y regular. En cambio, en la de Jalisco la tasa fue de 66.4 para el primero y 72.7 para el
segundo. Pese al incremento, la distancia en ambas regiones fue dilatada de al menos 14
puntos. Los asambleístas mexiquenses parecieron más conformes con su encargo que sus
45 AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. XIII, "Sesión de enero 14 de 1846".
327
homólogos jaliscienses. Esta diferencia nos remite a la composición de las Asambleas como
producto electoral. Los primeros fueron elegidos en bloque por un sólo grupo, el llamado
de México, que impusieron a sus candidatos. Además que se conformaron con la venía del
gobierno nacional, especialmente del presidente Santa Anna. En sentido opuesto, los de
Jalisco, como mencioné, fue una mala amalgama de liberales y clérigos opuestos a los
santanistas que pronto mostraron sus auténticos colores y comenzaron a bloquearse entre
ellos.
Cuadro 16. Asistencia de los vocales de las Asambleas departamentales de Jalisco yMéxico, 1844-1846
Departamental Sesiones aAsistentes Categoría Porcentaje b
Propietarios Suplentes Regu lar Irregular Precaria Total RegularA. de Jalisco, 1844 185 10 1 9 1 1 66.4 72.7A. de México, 1844 230 9 2 11 86.2 86.2A. de Jalisco, 1846 28 10 3 13 90.9 86.9A. de México, 1846 N/A
29 6 33 1 1 81.2 81.9Fuente: Elaboración propia con base en AHCEJ, Congreso de Jalisco, Libros de actas de sesiones, t. XII-XIII y Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas.a El número sólo abarca en aquellas donde se especificó o infirió los vocales asistentes. b En el porcentaje total incluía a todos los integrantes de la departamental; en el porcentaje regular excluí a los de asistencia precaria.
La conformación de las Asambleas según la asistencia a las sesiones implica
reformular los índices del perfil de los vocales. Cabe recordar que la base fueron los 35
individuos participantes en las tres departamentales documentadas. El número para la
estructura ocupacional fue de 31 (88.6%); la edad ascendió a 23 (65.7%) y, por último, los
colaboradores con experiencia parlamentaria fueron 23 (65.7%). El contraste con los índices
del total de los votados es evidente en el primero. No obstante, se acentuó la preeminencia
de abogados y eclesiásticos en menoscabo de los propietarios. En la edad es donde acaeció
una variación importante. El rango de 40-49 años bajó poco más de 12 puntos debido a que
los hombres con esta edad tuvieron la calidad de suplente. Los favorecidos fueron los de
30-39 y 50-59 que aumentaron 8 y 9 puntos respectivamente. Este cambio también fue
producto de la combinación en Jalisco de jóvenes liberales y eclesiásticos maduros.
328
La inasistencia de los vocales fue mínima, pero también fue frecuente. 29 vocales de
35 en total -sin incluir a los cuatro jaliscienses de la Asamblea de 1846 que dimitieron en la
tercera sesión- faltaron en alguna ocasión, la mayoría con licencia. Éstas tuvieron una
duración variable desde un día hasta meses. El caso extremo fue el del mencionado Gil
Romero que eludió al empleo en 172 veces con licencia y seis sin ella de las 185 reuniones
que mantuvo la departamental de Jalisco de 1844. La enfermad y la indisposición fueron
dos móviles recurrentes para ausentarse de las labores de la vocalía. Sin embargo,
solamente dos vocales lo utilizaron como justificación para separarse del cargo por un lapso
de tiempo prolongado. Sumado a lo anterior, las Asambleas de los dos departamentos
poseyeron un margen amplio para que sus vocales no asistieran. Para sesionar se requería
la presencia de solamente seis de los once que constituían éstas corporaciones. Los vocales
aprovecharon esta ventaja dado que, pese a su constancia, el promedio por sesión fue de
7.1 vocales en las dos Asambleas de Jalisco y 9 en la de México de 1844.
La conformación de las Asambleas en los dos departamentos presentó diferencias
notables. En Jalisco, los comicios estuvieron marcados por la unión y posterior rompimiento
de los liberales y eclesiásticos lo que en consecuencia resultó de una renuencia a la
participación. En el de México, la elección fue ganada por un solo grupo, el de "México",
que actuó en conjunto y se coaligó con el gobierno nacional. Pese a la distancia en su
nombramiento dispar, las tres departamentales documentadas no fueron antagónicas en
el perfil del vocal -abogado, de edad mediana y experimentado en labores parlamentarias
, así también los dos departamentos poseyeron una misma actitud positiva para asumir el
encargo y asistir a las sesiones aunque con una clara superioridad de los de México.
La vida interna de las sesiones
Las Bases Orgánicas no establecieron explícitamente que las Asambleas estuvieran
facultadas para formar una instrucción interna pero tampoco lo prohibió. Este vacío facilitó
para que las departamentales pudieran atribuirse la encomienda. Desafortunadamente
ninguna Asamblea lo elaboró. Los asambleístas manifestaron un gran desinterés para
producir su ordenamiento interno y dieron preferencia a operar con aquellos compuestos
por las Juntas. Sin embargo, como la revisión puntual de las actas de sesiones refleja, ésta
329
indolencia sólo fue aparente; las Asambleas funcionaron de manera mucho más sistemática
que sus antecesoras.
La departamental de México, en su segunda sesión de enero 2 de 1844, procuró
determinar cuál utilizaría de los dos elaborados por las Juntas. Los vocales se decantaron
por el que estaba en manuscrito, pero sólo con el carácter de provisional hasta concretar el
propio. La Asamblea no terminó está tarea.46 Las de Jalisco, por su parte, tampoco emitieron
el suyo, pese a que registró en sus actas la aprobación de varios artículos sin llegar a
publicarlo o presentarlo en conjunto. En la segunda sesión fue nombrada una comisión de
tres individuos para formularlo. Entre los meses de marzo y mayo de 1844 se leyó, discutió
y votó 38 artículos sin especificar su contenido. En agosto de ese mismo año, el gobernador
preguntó a la Asamblea, ocho meses después de la instalación de las autoridades, acerca
de la vigencia del Reglamento provisional de 1837. Los vocales, "previo un largo debate",
acordaron que "no habiéndose dado por la autoridad [nacional] correspondiente ningún
reglamento económico político [...] debe observarse la ley de 20 de marzo de 1837 en todo
lo que no pugne con las Bases [Orgánicas] referidas, ni demás disposiciones superiores que
estén vigentes".47 La resolución de la Asamblea es doblemente interesante. Por un lado,
realizó a título personal una interpretación sobre el vigor de una ley general sin consultar al
Congreso Nacional en un acto perceptiblemente de naturaleza legislativa. Por otro,
retrocedió ante la descentralización institucional que las Bases promovieron al apegarse a
una legislación que no había sido derogada pero tampoco le era propia en vez de realizar
un estatuto propio. El reglamento discutido nunca fue completado dado que para marzo
del año siguiente un vocal propuso la formación de comisiones ante la falta de
reglamento.48
La vida interna de las Asambleas departamentales, como mencioné para las Juntas
de 1836, fue desarrollada durante las sesiones. Éstas eran reuniones institucionalizadas
cuyo objetivo era dar respuesta a los negocios públicos que les remitían o que los vocales
46 BPLEM, 1845, t. 145, exp. 389, Toca al expediente sobre reglamento interior de la E. Asamblea.47 AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. XII, "Sesión de septiembre 7 de 1844".48 AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. XIII, "Sesión extraordinaria de marzo 3 de 1845".
330
mismos proponían. Insisto, eran el sentido de las departamentales. El Cuadro 17 resume lo
referente a las ocasiones en que las Asambleas se congregaron. El número por semana en
cada departamento siguió lo establecido en los reglamentos elaborados por las primeras
departamentales. Aunque con excepciones, en el de Jalisco fueron los miércoles y sábado;
en el de México fueron mayormente los lunes, martes y jueves.
Cuadro 17. Sesiones ordinarias de las Asambleas departamentales de Jalisco y deMéxico, 1844-1846
DepartamentalSesión a
PeríodoProyectada Ordinaria Extraordinaria Total Porcentaje
A. de Jalisco de 1844 208 175 10 185 84.1Enero 1 de 1844 a
Diciembre 31 de 1845
A. de México de 1844 186 166 78 244 89.2 bEnero 1 de 1844 a
febrero 25 de 1845 c
A. de Jalisco de 1846 40 27 1 28 67.5Enero 1 de 1846 a Mayo
18 de 1846
A. de México de 1846 N/A
Fuente: Elaboración propia con base en AHCEJ, Congreso de Jalisco, Libros de actas de sesiones, t. XII-XIII y Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas.a Las sesiones proyectas las calculé al multiplicar el número de reuniones estipuladas en los reglamentos por las semanas transcurridas durante el período de cada departamental.b El porcentaje fue calculado considerando aquellas semanas en las que hubo reunión ordinaria c Período discontinuo.
La comparación de la cantidad total de sesiones entre ambos departamentos no
arroja un resultado confiable. En cambio, los porcentajes con relación a las proyectadas y
aquellas efectuadas brindan un mejor indicador. Las dos Asambleas de 1844 presentaron
altos números de más de 80%. En este sentido, la constancia para reunirse refuerza la idea
marcada por la concurrencia de los vocales; hubo una aceptación para que las Asambleas
operaran. En contraposición, la Asamblea de Jalisco de 1846 bajó de 70% debido a la
dimisión de una tercera parte de los propietarios y la espera de los suplentes para cubrir los
espacios. El cotejo entre sesiones y asistencias profundizan en la relevancia que los vocales
le dieron a estas corporaciones. No por mantener muchas conferencias implicó una
afluencia mayor de los miembros. La Asamblea de México, por ejemplo, comenzó su
período sesionando constantemente entre doce y catorce veces al mes pero con el mínimo
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de presencia de seis y siete individuos, para finales de año se invirtió la situación con
confluencias menos frecuentes, de nueve a once, pero con un cuórum mayor de diez u once
sujetos. La primera de Jalisco comenzó y terminó su período con pocos integrantes, seis o
siete, pero tuvo un intermedio que aumentó considerablemente su número hasta diez.
Las primeras Asambleas de ambos espacios tuvieron un momento de agotamiento
vinculado o, mejor dicho, derivado del choque entre el Congreso nacional y el supremo
poder ejecutivo que culminó con la deposición del presidente Santa Anna en diciembre de
1844. Las sesiones de la de Jalisco cayeron hasta cinco por mes después de conservar un
promedio de nueve incluso en enero y febrero no registraron las reuniones que tuvieron. El
descenso de las de México fue menos dramático con nueve de una media de doce aunque
su punto más bajo fue enero de 1845 con siete. Una vez aminorada la crisis y con la
restitución del orden en el ámbito nacional ambas corporaciones tuvieron un repunte en la
cantidad de sesiones.
La labor de las Asambleas comenzaba tras el juramento de los vocales y la sesión de
instalación para proporcionarles legitimidad de estas dos corporaciones. El primero, por un
lado, fue determinado de acuerdo a la ley particular de junio 8 de 1843.49 En la Asamblea
de Jalisco de 1844, fue modificado ligeramente. El gobernador preguntó a los vocales:
"¿Juráis a Dios guardar y hacer guardar las bases para la organización de la República
Mexicana y cumplir fielmente con el encargo para que habéis sido electos?". La fórmula
aludía a la religión como garante del pacto soberano, era la manera de ocupar el encargo y
era un método para sujetar y responsabilizar a los empleados públicos. La última frase
remarcó este elemento. Este refuerzo era sin duda un reflejo de las preocupaciones de los
notables de la Junta Legislativa de 1843 para constreñir puntualmente a los funcionarios
intermedios y que éstos no asumieran potestades más allá de las que les concedieron.
La sesión de instalación, por otro lado, jugó el papel de cierre y apertura oficial de
las Asambleas. En ella, como en la de cualquier corporación similar, se recibían las
credenciales y se efectuaban el juramento de los nuevos integrantes. La Asamblea de Jalisco
49 Tena, Leyes, t. IV, p. 425.
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de 1844 realizó un festejo con motivo de "solemnizar de la manera que corresponde un
acto tan grandioso y venerable". Los vocales electos recibirían en el salón de sesiones
alrededor del mediodía al gobernador acompañado de una comitiva formada por el
ayuntamiento; autoridades y empleados del departamento; así como de los jefes y oficiales
de la guarnición de Guadalajara. El gobernador, investido como presidente nato de la
departamental, recibiría el juramento de los vocales, pronunciaría un discurso alusivo a la
ocasión y anunciaría la instalación legitima de la Asamblea. Después de terminado este acto,
los participantes se dirigirían a la Catedral para escuchar un Te Deum. Además se excitaba
al vecindario y la tropa guarnecida para que ofrecieran demostraciones de "júbilo y
lucimiento". El cambio de actitud sobre las Juntas y la discreción con que tomaron su inicio,
que ninguna lo celebró, fue una actitud particular de la departamental de 1843 en parte
motivada por el gobernador de ese momento, el general José Antonio Mozo, y no porque
una ley así lo estableciera o porque los junteros estuvieran extremadamente motivados con
la nueva constitución.50
La revisión de los libros de actas permite establecer patrones que las Asambleas
establecieron en sus sesiones o, al menos, en la transcripción de éstas. Actos reproducidos
cotidianamente marcaron el ritmo de las deliberaciones. Un aspecto para detenerse fue el
vació de una normatividad reglamentaria específica. Las Asambleas, como mencioné, lo
resolvieron con la apropiación de los estatutos realizados por las precedentes Juntas.
Aunque éstos no se ajustaban del todo a la realidad de las segundas departamentales no
fueron impedimento para su funcionamiento. Las materias tratadas no entraron en
conflicto con las facultades y composición de las Asambleas. De haber un desfase o
encerrona infranqueable, los propios vocales hubieran buscado soluciones. Es decir, para
los asambleístas aquellos elementos inconvenientes fueron omitidos. En cambio, los huecos
fueron resueltos de manera práctica sin aludir a la elaboración de un reglamento y, mucho
menos, elevar una consulta al Congreso nacional.
50 Colección de los decretos (1877), t. IX, pp. 39-42.
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Figura 3. Esquemas de los procesos de sesiones de las Asambleas departamentales deJalisco y México
Fuente: Elaboración propia con base en AHCEJ, Congreso de Jalisco, Libros de actas de sesiones, t. XN-XNI y Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas.
Los esquemas de las sesiones de las Asambleas de Jalisco y México presentados en
la Figura 3, por un lado, continuaron a grandes rasgos la cotidianidad fijada por las primeras
departamentales. Esto es, perpetraron el talante parlamentario instituido desde las
diputaciones de Cádiz. Por otro, sumaron dos procesos inexistentes en las Juntas: las dos
lecturas en la que además se incluyó la discusión y votación de los negocios. La inclusión
contiene un cambio sustancial en el ritmo y forma en que despacharon los negocios
públicos. Estas corporaciones apostaron por un tratamiento reflexivo y deliberativo ligado
a la descentralización política que las Bases Orgánicas les permitieron. El resultado fue que
las Asambleas se acercaron a una práctica parlamentaria como la efectuada en los
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Congresos. Desconozco la razón fáctica e institucional detrás de esta decisión, pero desde
sus primeras sesiones siguieron tal esquema incluso después de adoptar los reglamentos
fabricados por las Juntas. Además, en ninguno de los dos departamentos se utilizó una frase
para emitir sus sentencias -"se acordó consultar/se acordó se diga". Éstas fueron producto
de las discusiones y votaciones por lo que se expresaba su aprobación o rechazo. Esto es,
los vocales de las departamentales de 1844 tradujeron al unísono la arquitectura
institucional establecida en las Bases como una práctica, registrada en sus actas, similar a
la desplegada en las legislaturas estatales.
La resolución de los asuntos públicos fue abordada bajo el modelo de comisiones
permanentes en ambos departamentales. La de México continuó con lo establecido en el
reglamento de 1841. La de Jalisco rompió con lo establecido por el reglamento de la Junta
de 1837. Esta inclinación favoreció una mejor organización y especialización de los
expedientes así como una distribución más equitativa de las tareas entre los vocales aunque
propiciaba que la falta prolongada de un individuo retardaría ese ramo en particular hasta
que se nombrara un suplente.51
Las dos Asambleas, por el contrario de lo anterior, divergieron en el número de
procesos. Por un lado, a causa de que la de Jalisco jerarquizó, como ya lo hacían las Juntas,
el remitente de la consulta dando prioridad al gobernador sobre los otros actores
particulares e institucionales. Por otro, la Asamblea de México de 1844 enarboló un proceso
singular. Al inicio de ésta, entre el vocal presidente y el secretario acordaban los oficios que
la departamental atendería en esa misma reunión. Una vez concluida el escrutinio se leía y
aprobaba el acta de la sesión anterior. Esta medida estaba fincada en el reglamento interior
de la Junta de México de 1841, pero modificada para acordar la reunión antes de la
aprobación del acta preliminar como lo indicaba el estatuto. Más que el orden de los
procesos, la relevancia del cambio fue crear un filtro dentro de la propia departamental que
determinara no tanto el número de negocios sino la prelación. El presidente, por ende,
podía dar preferencia a aquellos que le convinieran, de manera personal o para su grupo
51 Las comisiones fueron: gobernación y observancia de la constitución, Hacienda, justicia, instrucción, beneficencia, salubridad y policía. AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. XII, "Sesión de enero 17 de 1844".
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político-económico, para que en la sesión se vieran primero y excluir a aquellos que
estimara poco oportunos reservándolos para el final y con ello posibilitar su interrupción u
omitirlos por "haberse dado las tres de la tarde", hora en que por reglamento se cerraba la
sesión. Esto es, podía enterrarlos burocráticamente.
Las implicaciones de estos cambios son de los más interesantes al revelar prácticas
diferenciada entre las departamentales de la primera república centralista y las de la
segunda. Las Asambleas se acercaron a una práctica verdaderamente parlamentaria en
cuanto a la organización de comisiones fijas y en el tratamiento de los negocios con dos
lecturas pero amparada por la ingeniera institucional concedido, o soslayado, por las Bases
Orgánicas.
Las reformas descentralizadoras de las Bases Orgánicas, 1845
La segunda constitución centralista estuvo ligada inherentemente al pronunciamiento de
finales de 1842 y la designación presidencial de los integrantes de la Junta Nacional
Legislativa. En otras palabras, las Bases Orgánicas poseyeron una mácula derivada del
programa santanista. La caída de la facción política implicaba el desprestigió de las propias
Bases. Lo anterior no tardó en ocurrir, el presidente Santa Anna, en un intento por imponer
sus condiciones al Congreso nacional, fue destituido de su cargo a finales de 1844. Por
consecuencia, las Bases fueron cuestionadas y desde el seno del legislativo se abrió la
pregunta de reformar o sustituirla. Invariablemente del resultado, una de las direcciones
era conferir una mayor descentralización a los departamentos.52
La imbricación de Bases y santanismo, sin embargo, fue más mediática que tangible.
Los notables elaboraron un texto desfasado de los propósitos y políticas de sus
benefactores. Los objetivos de este grupo, desplegados durante el gobierno provisional,
fueron considerados medianamente por la Junta Legislativa. Por un lado, como deseaba el
gobierno provisional, la figura presidencial fue fortalecida al aminorar y eliminar trabas
impuestas por las Siete Leyes -Consejo de gobierno y Poder Conservador- y otorgarle el
nombramiento de un tercio del Senado. No obstante, el ejecutivo no obtuvo la primicia
52 Costeloe, La república, pp. 305-332.
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dentro de los poderes públicos, el Congreso nacional la mantuvo. Por otro lado, a decir de
Will Fowler, el santanismo ostentó "una tendencia populista" que impulsó la "educación
gratuita", "fundaciones de asistencia social y caridad" y el "culto a la personalidad" del
propio Santa Anna. Este mismo historiador considera que la difusión de la instrucción
pública, como parte del "populismo", era un contrapeso a la limitación del voto enmarcado
por las Bases resultado del temor a la participación de las masas.53 Estas dos posturas
encontradas me parecen que fueron producto del desajuste de los propios notables con los
valores del santanismo. La limitación del sufragio para una facción populista es un suicidio
político. Tal como sucedió en las elecciones de octubre de 1843 en las que, pese a los
triunfos relativos en algunos espacios, fueron derrotados en lo nacional.54
El resquebrajamiento del santanismo emanó de la ruptura entre Santa Anna y
Tornel, presidente y ministro de Guerra, en abril-mayo de 1844. Los motivos del conflicto
fueron más personales que políticos, pero el cisma se replicó al propiciar la salida de otros
dos ministros -Bocanegra en Relaciones e Ignacio Trigueros en Hacienda- lo que terminó
por desestructurar todo el programa político. La crisis del partido se propagó al gobierno
que en pocos meses ya presentaba signos de extenuación. La abolición de la moneda de
cobre, las reformas fiscales, los gastos exorbitantes del gobierno, la fallida reconquista de
Texas y el intento de conciliar intereses proteccionistas y librecambistas fueron propuestas
que al no cumplirse cabalmente terminaron por volverse contraproducentes y focos de
descontento. La licencia de Santa Anna para retirarse de la presidencia, en octubre de 1844,
terminó por alarmar a la oposición del gobierno sobre un nuevo pronunciamiento interno
similar al de 1842.55
A la par de esta implosión, hubo dos frentes de descontento: jefes militares
insatisfechos con Santa Anna y políticos liberales atrincherados en la Cámara de diputados.
Los primeros fueron quienes tomaron la iniciativa. Jalisco fue nuevamente la sede del
levantamiento. El general Mariano Paredes y Arrillaga comenzó a sacudir a esa región con
53 Fowler, Santa Anna, pp. 340-348.54 Vázquez, Dos décadas, p. 98.55 Fowler, Santa Anna, pp. 359-365.
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el objetivo de pronunciarse. En octubre 30, la Asamblea departamental de Jalisco elevó una
acalorada iniciativa al Congreso, amparada en el artículo 53 de las Bases, para que se juzgará
al gobierno provisional -léase Santa Anna-, se derogada la contribución extraordinaria de
agosto 21 y se reformaran los artículos "que la experiencia ha demostrado ser contrarios a
la prosperidad de los departamentos". Aunque el tono era moderado y apelaba a la
legalidad se percibe la sombra de Paredes debido a que en el documento se alude al
movimiento de agosto de 1841 como el principio de la regeneración política incompleto por
el gobierno de Santa Anna.56 Dos días más tarde, noviembre 1, el comandante general del
departamento, Pánfilo Galindo, se adhirió a la iniciativa pero invitó a Paredes "que
hallándose en esta capital [...] para ponerse a la cabeza de todas las fuerzas".57 Éste aceptó
un día después lanzando un manifiesto en el que acusaba a Santa Anna por sus malos
manejos durante el tiempo de su gobierno provisional.58 El movimiento de Jalisco no
despuntó, pero propició que Santa Anna saliera de su retiro en Veracruz y se encaminara
para enfrentar a Paredes. Las armas le devolverían el lustre a su gobierno.
El otro frente se abrió explícitamente en noviembre 29. Si bien durante meses
persistió un clima hostil entre ejecutivo y legislativo, el estallido del conflicto fue hasta que
el presidente interino, Valentín Canalizo, con acuerdo de la junta de ministros, decretó la
suspensión de sesiones del Congreso nacional y, de manera unilateral, arrogó facultades
extraordinarias al ejecutivo para restablecer la tranquilidad en los departamentos y arreglar
la Hacienda nacional. A diferencia de ocasiones anteriores, los legisladores resistieron y no
aceptaron disolverse. Por el contrario recibieron el apoyo de varias corporaciones
capitalinas entre ellas la Asamblea departamental.59 Ésta, como queja, si suspendió sus
sesiones hasta la recuperación del orden constitucional; protestaba "contra toda medida
que ata[cara] directamente a las bases orgánicas" y salvaba su responsabilidad por los males
que sufriera el departamento durante la revuelta.60 En diciembre 6, tropas adictas al
56 "Iniciativa de la Asamblea Departamental de Jalisco" en Vázquez, Planes, vol. IV, pp. 222-224.57 "Acta y proclama de la guarnición de Jalisco" en Vázquez, Planes, p. 224.58 "Manifiesto del general Paredes y Arrillaga a la Nación" en Vázquez, Planes, p. 225.59 Costeloe, La república, p. 325 y Vázquez, Dos décadas, p. 106.60 "Comunicaciones de la Asamblea departamental de México" en Vázquez, Planes, p. 245.
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Congreso lograron capturar a Canalizo. Ese mismo día por la tarde, los diputados
reemprendieron su labor y un día después nombraron a José Joaquín de Herrera como
presidente. La primera reacción de Santa Anna fue de rechazo, pero al observar el
panorama, éste le era adverso. Sus viejos aliados Nicolás Bravo y Gabriel Valencia eligieron
el bando del legislativo. Santa Anna fue apresado en los primeros días de 1845 y conducido
a Veracruz de donde saldría exiliado por unos meses.61
Antes de proseguir, cabe apuntar que las dos departamentales estudiadas se
involucraron a título personal en los acontecimientos nacionales. Es cierto que la de Jalisco
estuvo condicionada directamente por la influencia de Paredes, pero el último artículo de
su representación fue un reclamo eminentemente local al solicitar una mayor
descentralización para los departamentos. En otras palabras, en la revuelta de finales de
1844, las departamentales fueron empleadas como plataformas políticas para defender a
las regionales e inmiscuirse en lo nacional.
La caída de los santanistas provocó una reacción contra las Bases Orgánicas al
tildarlas corresponsables de los padecimientos de la falta de gobernabilidad de la nación,
específicamente de la carencia de legitimidad del gobierno. Para remediarlos, en diciembre
10, la Cámara de diputados conminó a las Asambleas para que presentaran proyectos de
reformas constitucionales sin precisar alguna restricción sobre la forma de Estado, la
división de poderes o la propia vigencia de las Bases. El método para realizarlas no fue
inverso al de 1840. Recuérdese que el Congreso de 1839 buscó que las Juntas les hicieran
llegar sus consultas, pero estás demoraron demasiado, hasta año y medio, para enviarlas.62
Al momento de recibir la nota, diciembre 28, la Asamblea de Jalisco nombró una
comisión para encargarse del asunto. Ésta se integraría por Angulo, Gutiérrez Mallen,
Esparza, Zubieta y García Diego. La mayoría eran lo más granado de los jóvenes liberales.63
El trabajo fue rápido dado que en un mes, enero 27, presentaron sus primeros resultados.
61 Costeloe, La república, p. 329.62 Desafortunadamente no localicé la propuesta de la Asamblea departamental de México pese a que sí la elaboró como se observa en las sesiones de su homónima de Jalisco que reportó la comunicación. AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. XIII, "Sesión de mayo 5 de 1845".63 AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. XII, "Sesión de diciembre 28 de 1844".
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La Asamblea departamental de Jalisco fue ecuánime en sus resoluciones. No culparon a las
Bases de la angustiante situación, sino que la consideraron como "la única tabla de salud
que quedara a la nación después de tantas quiebras y padecimientos". Para los vocales "un
año, de ninguna suerte es tiempo bastante para probar una constitución, y se cometería el
absurdo de corregir una cosa que no se conoce suficientemente" por lo que su iniciativa se
ocupó de "ligeras enmiendas que tocan al gobierno interior de los departamentos [...]
[debido a que] reformando violentamente se correría el peligro de dejar la obra sin unidad".
En términos generales, el dictamen jalisciense reivindicó mociones
descentralizadoras en lo administrativo, lo hacendario, lo judicial y la instrucción primara;
sobre todo exigió que las atribuciones ya concedidas tuvieran una aplicación efectiva sin
que los supremos poderes las anularan sin razón alguna más que su mala voluntad. Por
ejemplo, la Asamblea indicaba que "nada, pues, tienen que desear los departamentos en
cuanto a las facultades propias para crear y arreglar su hacienda" aunque se debía moderar
la capacidad del presidente para derogar las providencias departamentales sobre esta
materia sin que antes lo haya convenio con el Congreso. Estas corporaciones también se
encargarían de "dirigir [...] exclusivamente la instrucción primaria", organizar los tribunales
del departamento en los que se resolverán los negocios comenzados "dentro del territorio
en todas las instancias" y "hacer el reglamento económico-político del departamento".64
Los vocales de la departamental de Jalisco fueron moderados en sus peticiones al no
exigir cambios estructurales dentro del esquema de las Bases y sólo tratar algunos
remiendos para el ámbito intermedio. La forma de Estado no fue considerada como
impedimento para resolver la efectividad gubernamental de los departamentos. Como ellos
mismos expusieron, no era el momento para realizar grandes cambios y, en todo caso,
preferían que se respetaran las atribuciones que las Asambleas ya poseían. No tengo del
todo claro cuales vocales terminaron por redactar el documento. La iniciativa fue
demasiado prudente para surgir del ala liberal. Además fue firmada por el vocal presidente,
el canónigo y centralista Pedro Barajas, por lo que se entiende que fue de compromiso. Sin
64 CL-FRBN, misc., 451, Iniciativa que la Asamblea del departamento de Jalisco, elevó al soberano Congreso nacional, Guadalajara, Imprenta del gobierno, 1845.
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embargo, durante marzo, los vocales continuaron proponiendo reformas. Éstas últimas
propuestas fueron una ruptura con los argumentos recatados de la primera exposición. Los
vocales liberales dejaron su postura de respeto hacia la arquitectura del ámbito nacional y
comenzaron a formular cambios en ésta al grado de vislumbrar una eventual
transformación con dirección a formas federales.65
Los vocales liberales jaliscienses mudaron su actitud luego de recibir el dictamen de
la Asamblea de Durango en marzo 1. La iniciativa de éste departamento, conformada por
29 artículos, abarcó todos los títulos de las Bases desde la ciudanía hasta la reforma
constitucional. Es muy posible que los de Jalisco advirtieran la apertura de otros
departamentos y decidieran aumentar sus observaciones.66
Las Asambleas exhibieron un interés palmario por mejorar su situación e intervenir
en al ámbito nacional por segunda ocasión. La prontitud en que formularon sus dictámenes
e iniciativas constata un talante proactivo de los vocales. Las departamentales, insisto,
fueron consideradas adecuadas por los grupos políticos para buscar mejorar la situación y
resolver problemas en sus capacidades gubernativas pero también para modificar aquello
que creyeron erróneo o limitado de los poderes nacionales.
La Cámara de diputados repetía la idea de que las Bases Orgánicas eran "una tabla
de salvación" porque "unió para siempre a los hombres honrados de todas clases y
partidos". Pese a esta condición debía ser modificada de acuerdo al "voto universal" que
solicitaban alterar el código "principalmente en la parte relativa al gobierno interior de los
departamentos". En abril 16 de 1845 ofrecieron un primer avance en el que se mostró
65 El 8, Zubieta realizó la propuesta más radical al solicitar que las reformas de las Bases fueran conformes al texto de la Constitución de 1824. El mismo día, Esparza pidió que debatiera la derogación del art. 120 referente a las restricciones de los ministros de la Corte Suprema para tener comisiones del gobierno y ejercer la abogacía. El 12, Gutiérrez Mallen planteó que se elevara una iniciativa para suprimir el Consejo de gobierno y depositar en la junta de ministros las tareas y atribuciones de aquel. AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. XIII, "Sesiones de marzo 8 y 12 de 1845".66 La Asamblea de Jalisco reportó la iniciativa de Durango en marzo 1. Otras comunicaciones fueron las de Oaxaca, Tamaulipas y Aguascalientes (marzo 15); Querétaro y Zacatecas (marzo 26); Puebla (marzo 29); Michoacán y Nuevo León (abril 12); Guanajuato (abril 16); Sinaloa, Durango y México (mayo 5); Chiapas (mayo 17), y Coahuila (junio 28). AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. XIII, "Sesiones de marzo, abril, mayo y junio de 1845".
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optimista con los trabajos de las departamentales porque "la mayor parte de sus peticiones
respiran el escarmiento de lo pasado, probidad y mesura, sabiduría y templanza para el
porvenir". Sin embargo, los legisladores obraron de manera más extrema al inclinarse por
el federalismo. Para lograrlo eliminaron el listado de las atribuciones de las
departamentales y sólo les establecieron una serie de obligaciones y restricciones de
manera semejante a los formatos de las entidades federales de 1824 y 1842. Entre éstas
destacaban la de "organizar su gobierno y administración interior" así como la de "publicar
[...] su ley orgánica respectiva". Aunado a lo anterior, el "poder público" en los
departamentos se dividiría en legislativo, ejecutivo y judicial y se nombrarían de manera
exclusiva por sus departamentos sin mediación de los supremos poderes nacionales. En
otras palabras, los diputados no mencionaron explícitamente una cosoberanía o el retorno
al federalismo pero promovían el principio básico de ésta forma de Estado: la
descentralización política-gobierno interior independiente.67
El segundo avance de la Cámara baja, en mayo 26, comprendió la reforma del
senado, el veto presidencial, la conformación de la corte marcial y las elecciones primarias.
Me detengo en el primero. El dictamen preveía la supresión del formato aristocratizante de
la Cámara alta establecido en las Bases dado que se abandonaba la composición por clases
y se optaba por la tradicional representación territorial de dos senadores por
departamento. Los alcances de esta medida reforzarían la participación de las
departamentales como corporación y, paradójicamente, entidad particular frente al resto
de Asambleas.68
Las reformas, pese al entusiasmo inicial de los diputados, encontraron un dique en
el Senado. Éste recibió las propuestas y las estudió durante algunos meses. Sus conclusiones
fueron opuestas a las de los diputados. En julio 17, por un lado, expresaron no estar de
67 CL-FRBN, misc., 1050, Dictamen de la comisión especial de reformas constitucionales presentó a la Cámara de diputados en la sesión del día 16 de abril del corriente año, Ciudad de México, Impreso en papel mexicano en la calle de la Palma, 1845.68 CL-FRBN, misc., 1050, Dictamen que la comisión especial de reformas constitucionales presentó a la Cámara de diputados en la sesión del día 26 de mayo del corriente año, Ciudad de México, Impreso en papel mexicano en la calle de la Palma, 1845.
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acuerdo con los cambios en su propia configuración y plantearon otra opción
argumentando que ellos no sólo representaban intereses locales sino también los de las
clases productivas. De esta forma, la Cámara alta se formaría con tres tipos de clases de
senadores. La primera por veinticuatro individuos votados por representación territorial a
razón de uno por entidad, la segunda por veintidós subdividíos en clases -agricultores,
mineros, industriales y comerciantes- y otros veintiuno postulados por las autoridades
supremas y elegidos por el propio Senado.69 En agosto 29, por otro lado, desmanteló la
moción para reformar el gobierno interior de los departamentos. La cuestión para los
senadores era clara: "¿Quién será el principal depositario de toda la suma del poder
público...?". Los diputados optaron por decantarse por las secciones territoriales, algo que
era un error para los senadores. Invertir la relación existente entre centro y departamentos
conllevaría a numerosos problemas resultantes del choque de sus facultades. Las
explicaciones fueron en torno a la aceptación de la descentralización, pero limitada a una
prolongación de la existente para evitar desvaríos federales. Los senadores sostenían que
era preferible que los departamentos fueran quienes estuvieran constreñidos por un
catálogo de competencias mientras que el Congreso nacional tuviera la libertad de legislar
sobre cualquier materia incluido lo particular de los departamentos.70
La reforma sobre la Cámara alta fue la única que procedió de acuerdo con la
propuesta del mismo Senado.71 El resto fueron suspendidas durante los meses restantes
del año de 1845, la situación de la nación volvía a ser crítica. Texas fue anexada por los
Estados Unidos, la guerra contra este país era eminente, los federalistas radicales se habían
reagrupado, el general Mariano Paredes y Arrillaga se volvió una amenaza incontrolable por
sus ambiciones contra el gobierno nacional. Éste general fue el que inició el derrumbe de la
segunda república centralista. Paredes se pronunció en diciembre 14 en San Luis Potosí. Los
fines eran destituir al legislativo y ejecutivo para establecer un gobierno provisional hasta
69 CL-FRBN, misc., 1050, Dictamen de la comisión de puntos constitucionales del senado, sobre el proyecto de reforma de ésta cámara, que ha acordado la de diputados, Ciudad de México, Imprenta del Águila, 1845.70 CL-FRBN, misc., 1050, Dictamen de la comisión correspondiente relativo a la organización interior de la república, Ciudad de México, 1845.71 Tena, Leyes, t. V, pp. 37-39.
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que un Congreso extraordinario constituyera nuevamente a la nación. El modelo del
pronunciamiento de 1841 y las Bases de Tacubaya. Las autoridades depártameles
continuarían en su cargo mientras se adhirieran al movimiento. Las Bases Orgánicas no
fueron derogadas pero era evidente que un nuevo proyecto constitucional se fraguaba
desde los dos extremos: monarquía o república federal. La forma estatal unitaria bajo un
modelo republicano no tenía cabida en el futuro próximo del Estado mexicano.
Conclusiones
Las mociones federalistas de 1842 ensancharon el debate, comenzado con las reformas de
las Siete Leyes, de la descentralización del Estado mexicano. El retorno del federalismo
también fue la (re)incorporación de políticos que abiertamente optaron por establecer una
forma de ésta tónica. Las tres propuestas constitucionales implementaron elementos
novedosos dentro del pensamiento constitucional entre ellos la reformulación de los
derechos y garantías del hombre, la primicia de la federación por encima de las entidades y
el esbozo de los colegios electorales como un poder autónomo de las autoridades. Cabe
cuestionar hasta qué grado las elecciones de la primera mitad del siglo XIX fueron reflejo de
los necesidades de las regiones o de grupos políticos particulares. No hablo de una
disociación del ejercicio electoral y la sociedad, sino del encausamiento de aquel por un
grupo organizado. El constituyente de 1842 fue producto de las urnas, pero también de un
grupo federalista con un manejo de la legislación y las alianzas políticas.
La supresión de este Congreso impidió que se institucionalizara el proyecto
constitucional de Tacubaya y, por el contrario, reabrió el proceso constituyente. La Junta
Nacional Legislativa trabajó diligentemente para completar lo que sería la segunda
constitución centralista, las Bases Orgánicas, en medio de un clima sumamente hostil. Las
expectativas de los notables de 1843 no fueron diferentes a las de los centralistas de 1836,
pero realizaron una mejor lectura del clima político del que surgieron. Más que un
entramado basado en un pensamiento constitucional pulido, se buscó una solución práctica
que asegurara un gobierno nacional fuerte, así como que dotara de un margen de acción
amplio a los departamentos. La actividad política de las regiones no fue un elemento tan
preocupante para ellos mientras ésta no se desbordara del ámbito intermedio.
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Las Bases Orgánicas fueron específicas y desarrollan un esquema desenredado. La
Nación era soberana con la potestad de adoptar la forma que prefiera. El encadenamiento
lógico, como comenté, desvinculó a la Nación de los departamentos y aun del territorio.
Además, interpuso entre ellos la forma de gobierno. En otras palabras, mientras que 1836
confió en la arquitectura institucional y la subordinación de lo departamental a lo nacional
para definirse como una forma unitaria; 1843 puntualizó el alejamiento entre Nación y
territorio desde sus primeros artículos por lo que no importaba, como Valencia señaló, que
fueran las localidades las encargadas de cuidar sus intereses. El dilema de la administración
del territorio se resolvió con la implementación de la descentralización de las Asambleas.
La tensión autoridad/libertad fue empleada nuevamente para configurar a las dos agentes
gubernamentales -gobernador y Asambleas- bajo el modelo gaditano. Las
departamentales fueron confeccionadas para responder al desafío de la aparente
ingobernabilidad territorial que se intensificó en 1842. En su diseño destacó el rompimiento
del ideal uniforme de 1836 y la aceptación de la mayor importancia de los departamentos
más influyentes. De igual forma, las atribuciones de las Asambleas fueron acotadas a
espacios localizados que, sin dejar de ser amplios, ya no cabían en la vaguedad de las Juntas.
Las Asambleas fueron proyectadas con límites internos más holgados que las Juntas en
materia legislativa al poder presentar iniciativas en cualquier ramo, pero dejando el resto
del proceso al Congreso nacional. Por último, podían establecer impuestos así como crear
reglamentos con lo que tuvieron mayor presencia en su jurisdicción. Las Bases favorecían
una mejor administración de los departamentos por las atribuciones de índole político de
las Asambleas aunque sin dejar de estar ceñidas específicamente a su territorio.
La conformación de las Asambleas fue marcada por el conflicto entre las diferentes
facciones políticas. Los comicios de la segunda república centralista retomaron las bases de
la primera, pero los resultados fueron diferentes. Las medidas restrictivas para votar y ser
votado; la desvinculación entre autoridades, y el sufragio por medio de boletas favorecía la
participación de diferentes grupos en detrimento del que estaba en el poder. La regulación
funcionó para los centralistas de 1836 que trabajaron en los procesos electorales para
mantener un núcleo estable en ambas cámaras y en las mismas Juntas departamentales.
345
Sin embargo, los santanistas, pese a sus tendencias populistas, descuidaron la formación de
una base de partidarios que respaldaran a sus hombres por lo que resultaron perdedores
en las elecciones a beneplácito de otros partidos.
La vida interna de las Asambleas estuvo compuesta por su plantilla burocrática y el
transcurrir de las sesiones. En primer lugar, los vocales poseyeron un perfil maduro entre
los 40-49 años, instruidos en alguna rama del derecho y poseedores de una considerable
experiencia en labores parlamentarias en Congresos y Juntas departamentales. Por otra
parte, los integrantes pertenecieron a las altas jerarquías eclesiásticas y militares. La
intervención efectiva de los asambleístas en las sesiones equilibra los rangos de edad y
acentúa la abogacía como la principal profesión. En segundo lugar, la aprobación de las
departamentales como instrumentos para el gobierno de las regiones se constata con la
aceptación para asumir el cargo público tanto de propietarios como de suplentes, la
asistencia recurrente con una tasa promedio superior a 80% en tres de las cuatro
departamentales y la asiduidad por reunirse con un porcentaje similar de 80%. La adhesión
a las Asambleas, como se ha visto, fue por su entramado institucional y su catálogo de
atribuciones que favorecían la descentralización en la toma de decisiones administrativas,
fiscales e incluso políticas en los departamentos. De una manera sencilla, esta tónica
centrifuga fue plasmada en las sesiones a través del empleo de prácticas parlamentarias
como la doble lectura de los negocios públicos, la superación de las fórmulas consultivas
para dirigir los acuerdos al gobernador y la cantidad considerable de proposiciones
reglamentarias referentes al ámbito departamental.
La propensión a descentralizar, institucional y en la práctica, tuvo un desenlace en
la participación de las Asambleas de Jalisco y México en los problemas de estabilidad
nacional durante el enfrentamiento de los poderes nacionales a finales de 1844 y las
reformas a las Bases Orgánicas de 1845. En el primer momento, antes del inicio de la crisis
y bajo la influencia del general Paredes, la departamental jalisciense optó por elevar una
iniciativa en la que a título personal solicitaba la ampliación de sus facultades; en pleno
conflicto, la mexiquense protestó por los actos del ejecutivo en contra del legislativo. En el
segundo momento, ambas corporaciones enviaron con relativa prontitud sus propuestas
346
para variar la constitución. Desconozco el contenido de las de la Asamblea de México. Por
su parte, la de Jalisco pasó de un tímido primer dictamen en el que proponía cambios
menores del entramado intermedio a una virtual mudanza del principio unitario tras debatir
en su seno que las reformas fueran en consonancia con la constitución de 1824.
347
CONCLUSIONES GENERALES. EL MODELO DEPARTAMENTAL MEXICANO, 1835-1846
El estudio de las Juntas y Asambleas departamentales permite reflexionar acerca de un
aspecto poco tratado de la gobernabilidad en las repúblicas de 1836 y 1843: la
administración del territorio. La forma unitaria de estos regímenes ha inducido una ingenua
polaridad que homologa o contrapone a los departamentos con lo acontecido en el ámbito
nacional. Sin importar su postura favorable o adversa, las dos perspectivas convergen en
que los departamentos fueron arrastrados por el "caos" generalizado del país resultante de
fracasos constitucionales, malogradas reformas fiscales y pronunciamientos en contra del
gobierno general. Éste retrato es complementado por la secesión de territorios, así como
por los conflictos internacionales de 1838 y 1846. No obstante, al margen de las evidentes
e innegables dificultades, esta dicotomía del vínculo entre los dos niveles gubernamentales
es insuficiente para profundizar en la experiencia de cada una de las regiones durante los
centralismos. En realidad, persistieron múltiples contextos dinámicos que fueron
moldeados por la actitud variante de aquellas hacia los programas unitarios. Las regiones-
departamentos poseyeron los medios para alejarse de las problemáticas padecidas por la
nación, incluso amparadas por la arquitectura constitucional, sin incurrir necesariamente
en acciones levantiscas. En otras palabras, el funcionamiento de las corporaciones
departamentales dependió menos de la (in)capacidad del gobierno general y más de la
aceptación o rechazo de las propias regiones o, mejor dicho, de los individuos nombrados
para integrarlas.
Los Congresos constituyentes de 1835 y 1843 entendieron a la perfección la
disyuntiva en la que estaban situados respecto a la potencialidad de la administración
territorial para repercutir positiva o negativamente en la gobernabilidad de los regímenes
que estaban elaborando. Su objetivo principal fue superar la falta de concierto entre los
diferentes niveles de gobierno. Para conseguirlo, las constituciones fueron confeccionadas
a partir del depósito de la actividad política en el ámbito nacional y, por ende, inhabilitar a
otros actores de cualquier viso o reclamo de ésta. Los diputados eran conscientes de la
dificultad que presentaba la faena dado que, pese al descrédito del pacto con-federal de
1824, persistía el temor de un revés de las regiones para reclamar la independencia de su
348
gobierno interior. La primera tarea era asentar el control sobre las instituciones intermedias
y municipales. La ironía fue qué, para justificar el cambio constitucional, se utilizó a la
dispersión de la actividad política para indicar la llamada voluntad de la nación a través de
la adhesión de los pueblos a los pronunciamientos. Los de 1835, además, obtuvieron las
facultades extraordinarias para modificar la forma de Estado de los colegios electorales
locales. La estrategia fue arreglar de manera atrayente las instancias departamentales -
plantilla burocrática y facultades- para que participaran los grupos políticos regionales.
La desactivación política de las regiones fue abordada con el establecimiento de
repúblicas centralistas. A decir de los contemporáneos, el principio rector de estos
regímenes era la centralización del gobierno. Lo que convergió con los propósitos de los
constituyentes. Es cierto que no era la única posibilidad existente en la época, los Estados
Unidos consiguieron consolidar el ámbito federal sobre el de los estados con la constitución
de 1787, pero manteniendo la autonomía en ambos órdenes. En el contexto mexicano una
salida como la estadounidense fue inhabilitada debido a la ambigüedad conceptual de la
con-federación de 1824 institucionalizó la actividad política de las regiones como
antonomasia de la soberanía estatal e independencia interior. Esta vaguedad fue rebasada
con la manufactura de un auténtico pensamiento federalista que otorgó mayor gravedad a
la federación en los proyectos constitucionales de 1842. Sin embargo, con la finalidad de
desacreditarlo, el grupo en el poder lo emparejó discursivamente con los supuestos de
1824. La forma unitaria, en cambio, proponía centralizar la actividad política mediante el
reconocimiento de la nación como única entidad soberana. Así lo definieron las Bases
constitucionales de octubre de 1835 y las Bases Orgánicas de junio de 1843 en su respectivo
artículo uno. La nación fue convertida en el eje nuclear del que emanarían el resto de
dependencias gubernativas. De esta manera, la centralización del gobierno político y la
soberanía unitaria pretendieron evitar los problemas de gobernabilidad relacionados con la
falta de administración del territorio.
Los constituyentes fueron flexibles en sus planteamientos, pese a sus anhelos más
rígidos, al elaborar esquemas asimétricos. En la creación de las instituciones
departamentales, por ejemplo, centralizaron el gobierno político y descentralizaron el
349
económico. Para conseguirlo retomaron la tensión autoridad/libertad concebida por las
Cortes españolas para la administración y sujeción de sus provincias. El objetivo de tal
diseño era balancear los intereses nacionales con los regionales. La tensión fue
representada en ambas repúblicas por el binomio gobernador-Juntas/gobernador-
Asambleas. El primero, como agente del poder ejecutivo, fungiría como la autoridad
principal de los departamentos y estaría encargado de implementar las providencias
generales y aquellas expedidas por las departamentales, así como velar por el orden de su
jurisdicción. Las segundas fueron corporaciones colegiadas en las que se depositó la libertad
de los individuos para elegir a los que consideraran mejores y éstos a su vez fomentaran y
proveyeran el bienestar de la región por medio de un preciso catálogo de herramientas
supeditadas a los supremos poderes.
Los constituyentes de 1835 y 1843 se condujeron con similitud en su labor
parlamentaria en lo referente a la administración del territorio. Las Juntas y Asambleas
compartieron un armazón institucional semejante que bien se podría considerar como un
modelo departamental. Éste se basó en características y atribuciones similares como un
número de vocales fijado por el Congreso; la designación de éstos por sufragio popular; la
encomienda de velar por la prosperidad y promover la instrucción pública, la beneficencia,
la agricultura, el comercio y la industria; la vigilancia de las cuentas municipales; el
establecimiento de ayuntamientos; la elaboración de ternas de candidatos para
gobernador; la intervención en las elecciones de senadores, magistrados judiciales,
concejeros y presidente; y, por último, la tímida colaboración en el proceso legislativo al
estar facultados únicamente para enviar sus propuestas sin poder injerir o apelar
directamente el resultado.
Las dos departamentales fueron ideadas bajo un mismo modelo. No obstante, su
comparación arroja variaciones sustanciales en la manera en que sus creadores procedieron
con la centralización. Primero, en las Juntas se uniformó la planta burocrática para todas las
corporaciones (siete propietarios y siete suplentes), las Asambleas fueron más flexibles al
establecer una pequeña variación en el número de sus vocales según determinasen los
propios departamentos, pero condicionadas a la cantidad señalada por el Congreso (de
350
catorce a veintidós vocales). La ruptura del ideal uniformador y la admisión de una jerarquía
entre los espacios no modificó el supuesto inicial, empero lo guío en diversas direcciones.
Segundo, las Juntas fueron órganos para impulsar todas las ramas de la administración, las
Asambleas fueron cercadas en áreas localizadas que, sin dejar de ser amplias, eran menores
que las de sus predecesoras. Tercero, a diferencia de las primeras departamentales, las
segundas poseyeron la facultad para establecer contribuciones con las que financiaran sus
propias empresas sin tener que esperar la venia de los supremos poderes. Cuarto, la
participación de las Juntas en las elecciones de los poderes nacionales, salvo para la Cámara
de diputados, fue terciada por una serie de mecanismos que evitaban que éstas o cualquier
otra corporación realizaran un nombramiento directo; la intervención de las Asambleas
para votar por senadores y presidente no necesitó del consentimiento de otros agentes
estatales. Por último, las de 1836 estuvieron limitadas a materias puntuales en la creación
de normatividad reglamentaria y de iniciativas de ley, lo que las obligaba a recurrir
constantemente al Congreso para su anuencia; las de 1843 no tuvieron tal restricción
temática e incluso fueron capaces de crear normatividad reglamentaria de manera más
desembarazada.
Estas observaciones sobre las departamentales exponen una evidente mayor grado
de centralización de la primera república centralista respecto de la segunda. Los
constituyentes de las Siete Leyes de 1836, acorde a su sistema, forjaron a las Juntas con
atribuciones amplias en lo administrativo y acotadas en todas la demás esferas -fiscal,
burocracia y política. Además, estarían insertas dentro del complejo arreglo de pesos y
contrapesos cuya finalidad era la autorregulación de los poderes públicos, pero este afán
de equilibrio minó la eficacia de las Juntas. Los constituyentes de las Bases Orgánicas
favorecieron una mejor administración al otorgar a las Asambleas competencias de índole
reglamentario-fiscal sin que dejaran de estar ceñidas específicamente a los supremos
poderes. En las Bases, por tanto, los alcances de las Asambleas fueron menos importantes
para la definición de la forma de Estado dado que fueron supeditadas desde el comienzo a
la soberanía nacional. Aún con todas estas discrepancias no se puede calificar como dos
corporaciones de diferente índole sino como vertientes de un mismo modelo. La
351
arquitectura de las Juntas y Asambleas compartió una misma premisa institucional fincada
en la tensión autoridad/libertad para centralizar la actividad política de las instancias
intermedias.
Las departamentales, de acuerdo con lo anterior, tuvieron una naturaleza vaga
como dependencias del gobierno nacional y corporaciones representativas de las regiones.
En realidad, la imprecisión era inherente a la tensión autoridad/libertad en el que se
basaron y no una contradicción propia de los centralismos mexicanos. Un correcto balance
de las potestades era primordial para evitar que arrogaran facultades fuera de su alcance,
pero sin que perdieran la energía para gestionar el bien público. La elección por sufragio
popular de los vocales y la promoción de la prosperidad material rayaban en la actividad
política regional. La Junta de México de 1837, por ejemplo, confrontó al presidente de la
república amparada en esta ambigüedad. La pugna fue la solicitad de los mexiquenses para
aumentar el número de dependientes de su oficina. Como estrategia incluyeron la
correspondiente iniciativa al Congreso y turnar su petición al resto de Juntas para que la
respaldaran y con ello demostrar que era un reclamo compartido de todos los
departamentos. Este tipo de prácticas fueron comunes durante las dos repúblicas
centralistas como resabios del con-federalismo previo con el que las entidades federativas
se adjudicaban la voluntad de la nación.
La centralización inherente del modelo departamental fue perfilada para que no
dañara drásticamente los intereses regionales y, por el contrario, fomentara su
mejoramiento. Los grupos políticos de los departamentos de Jalisco y México se
conformaron con las posibilidades que los centralismos les ofreció para dirigir sus
territorios. En ambos espacios se atendieron las convocatorias para designar los integrantes
de las Juntas y Asambleas, así como los vocales electos asumieron su nombramiento como
propietario o suplente. Estos dos momentos manifestaron la inclinación para aceptar a las
corporaciones intermedias centralistas. Antes de proseguir cabe resaltar que dicha
aquiescencia por las Juntas y Asambleas no se debe traducir meramente como una postura
ideológica a favor de las formas unitarias, una filiación ferviente a los proyectos de 1836 y
1843 o, mucho menos, la pertenencia a una facción política de magnitudes nacionales. Me
352
explico, las departamentales operaron tanto como receptáculo de las expectativas de los
constituyentes como crisoles de los intereses de los grupos locales. Estos últimos
encontraron una plataforma adecuada para asegurar el orden y la promoción económica.
De ahí que en ambos departamentos se advierta la cooperación de nombres ligados a
actividades productivas o de fomento de la ilustración. Ser vocal departamental no implicó
ipso facto una posición política concreta.
Los comicios centralistas, por un lado, siguieron las pautas dispuestas en las
constituciones y la normatividad específica, principalmente la ley de noviembre 30 de 1836.
En estos ordenamientos se limitó la base de votantes y votados con la introducción de
requerimientos económicos; se deslindó a las autoridades locales de la organización y tutela
de las juntas electorales; y se implementaron varios dispositivos para afianzar el momento
preciso de la emisión y cómputo del sufragio. Las medidas censitarias no fueron pensadas
para excluir a los integrantes de los grupos políticos, éstos cumplían los requisitos, sino que
tuvieron una doble intención para impedir el uso político de la plebe e incentivar la
negociación entre las facciones. Con ambas se buscó evitar confrontaciones fuera del marco
institucional. Durante la primera república centralista, la realización de estas pautas en las
elecciones de 1837, 1838 y 1840 equilibró las fuerzas políticas en Jalisco y México. La falta
de documentación en ambos espacios alrededor de las elecciones sugiere la carencia de
conflictos mayores que desembocaran en levantamientos y apelaciones en contra de los
resultados, como ocurrió en la etapa federal, y deja entrever la capacidad de concierto de
los actores. Los comicios de 1843 y 1845 de la segunda república tuvieron derroteros
dispares que rayó en la confrontación abierta de los contendientes. Sin embargo, no se
presentó una ruptura y continuaron ratificando las resoluciones. Jalisco primero fue
dominado por una unión de liberales y clérigos que desbancó a los adictos del presidente
Antonio López de Santa Anna. La ascensión política del general Mariano Paredes y Arrillaga,
mediante un pronunciamiento a finales de 1845, provocó el quiebre definitivo de la alianza
y la desbandada de los jóvenes liberales. El departamento de México fue dominado primero
por el partido de México que representaba los intereses capitalinos y ligados al ejecutivo
353
nacional para posteriormente, luego de la caída de Santa Anna, la balanza virara hacia los
liberales.
La distancia de las elecciones para Juntas y Asambleas recayó en la relación entre los
objetivos de los grupos políticos participantes con la finalidad de la normatividad electoral.
En las primeras tanto contendientes como autoridades poseyeron la voluntad para acatar
lo dispuesto en los ordenamientos y admitir los resultados. En las segundas, la camarilla del
presidente Santa Anna rechazó la negociación con sus opositores y, aunque no hubo una
ruptura del marco legal, fue evidente que su negación creó alianzas entre sus opositores
que compitieron de manera más encarnizada por los cargos públicos. Aunando a lo anterior,
las elecciones centralistas funcionaron por el ostracismo de los federalistas radicales.
Después de la estrepitosa caída de las administraciones de 1833, los movimientos armados
de este partido en otras latitudes de la república no impulsaron alternativas legítimas en los
departamentos de Jalisco y México ni tampoco consiguieron el apoyo de sus instituciones.
La conformidad para ocupar los escaños, por otro lado, refuerza el argumento acerca
de la aceptación de éstas corporaciones. Un total de 80 vocalías de 168 (47.6%) fueron
designadas. A la segunda cifra se le deben restar 79 por su carácter de suplencia. También
se debe sustraer 27 curules de dos departamentales de México cuya suscripción me fue
imposible documentar. Para tener una mejor comprensión me enfoqué solamente en los
vocales propietarios. Entre Juntas (69.4%) y Asambleas (82.8%) hay una diferencia
significativa de más de diez puntos a favor de las segundas, pese a su choque temprano o
tardío con el ejecutivo encabezado por Santa Anna. Tengo la impresión de que los
asambleístas estuvieron más interesados por las más amplias atribuciones de su encargo.
Hay una evidente desproporción entre los propietarios de las Juntas de Jalisco (78.6%) y los
de México (58.3%). Las Asambleas fueron apoyadas fuertemente en ambas regiones incluso
con la reconfiguración de los grupos políticos locales efectuada con el arribo de una nueva
generación de federalistas y la creación de una facción encabezada por algunos jefes
militares tras los sucesos de agosto de 1841. Las Juntas, en cambio, recibieron el voto de
confianza sólo en Jalisco, en el departamento de México no fueron acogidas tan fácilmente
dado que los vocales electos como propietarios desdeñaron el cargo y tuvieron que llamar
354
a los suplentes. La convivencia espacial en la ciudad de México de las autoridades
mexiquenses con las municipales y naciones provocó una relación crispada por las
facultades de unas y otros.
El reconocimiento del modelo departamental esboza cierta disposición hacia los
proyectos centralistas por parte aquellos ciudadanos que participaron en las elecciones y
de los que asumieron los empleos públicos. Al acatar las providencias electorales, los
gobernados aportaron legitimidad a las repúblicas centralistas. Esta confianza permitió
arremeter contra dos problemas específicos de gobernabilidad derivados de la actividad
política de las regiones en la primera república con-federal: la falta de sujeción al gobierno
general y la inestabilidad al interior de los estados. No se me malentienda, este par de
disyuntivas no fueron solucionadas por los centralismos de manera terminante y, mucho
menos, perenne. Los dos departamentos padecieron levantamientos de corte federalista,
pero no fueron una amenaza para las administraciones y, mucho más importante, las Juntas
y Asambleas no promovieron pugnas que afectaron negativamente la estabilidad de su
respectivo espacio.
La capacidad del gobierno central es uno de los aspectos menos profundizados en
esta investigación. No reparé en conflictos puntuales entre los niveles de gobierno para
estipular los alcances de los centralismos en las Juntas y Asambleas departamentales. Por
el contrario, enfoqué la investigación en el funcionamiento cotidiano de estas
corporaciones por medio de la revisión de las actas de sesiones y de los expedientes
referentes a los negocios públicos como reflejo del potencial de los ordenamientos
centralistas. En este sentido, es sorprendente el apego que las departamentales
demostraron a la institucionalidad centralista en asuntos como la elección del presidente y
los senadores; las iniciativas o petición para interpretar leyes; y las consultas que el
gobernador remitió de los negocios públicos. Las de Jalisco y del departamento de México
supeditaron el gobierno político interior a los poderes nacionales. Existió una centralización
política efectiva. Sin embargo, como expuse al inicio, las dos repúblicas optaron por
depositar el gobierno económico (la administración) en los departamentos. Es decir, la
capacidad del gobierno general no fue la total retención de la toma de decisiones o la
355
intromisión directa en cada una de las ramas del quehacer gubernativo, imposible al carecer
de una adecuada estructura burocrática, sino que se decantó por el empleo de las instancias
intermedias.
Los grupos políticos regionales ratificaron la centralización política propuesta por los
constituyentes centralistas y confiaron que con únicamente la administración se harían
cargo de sus jurisdicciones, pero no previeron el cariz fiscal de los proyectos centralistas. La
fiscalidad y no la política fue el límite de la capacidad gubernativa de las autoridades
centrales en los departamentos. Las leyes sobre esta materia -las Jefaturas Superiores de
Hacienda, las contribuciones directas, la capitación y las medidas proteccionistas alrededor
de la industria- produjeron conflictos entre los dos niveles. Las departamentales
impugnaron tales disposiciones tras considerarlas como gravosas para el desarrollo
regional. Los reclamos no traspasaron la órbita legal y fueron canalizados como peticiones
formales en las que expusieron las inconveniencias de su aplicación y solicitaron que se
disminuyeran, se exceptuaran o se derogaran. Eso explica las voces en favor de la
descentralización durante los procesos de reforma constitucional de 1840 y 1845. Las
protestas fiscales de las Juntas y Asambleas departamentales no fueron voces para
modificar o alterar el principio unitario al adjudicarse alguna clase de soberanía de sus
territorios.
Los levantamientos contra los supremos poderes es un elemento clave para
dimensionar el respaldo de las departamentales a la arquitectura centralista. La actuación
de las Juntas y Asambleas fueron disímiles de acuerdo con sus posibilidades institucionales.
En 1841, la obediencia de las Juntas al gobierno del presidente Anastasio Bustamante
desencadenó que las élites económicas recurrieran a los jefes militares para que
encabezaran un pronunciamiento que lo derribara al considerar a las departamentales
como plataformas poco adecuadas para la tarea. La de Jalisco, incluido el gobernador,
rechazó la invitación del comandante Paredes y Arrillaga que la instaba a sumarse a su
movimiento y, en cambio, optaron por disolverse para no incumplir su juramento de las
Siete Leyes. Por el contrario, en diciembre de 1844, las Asambleas de Jalisco y México se
concibieron como portavoces de sus departamentos y alzaron la voz para denunciar las
356
medidas del ejecutivo y la deposición del Congreso incluso la de México retiró su obediencia
al presidente mientras no se restableciera el orden constitucional. Dicho de otra manera,
en la segunda república centralista resurgió la actividad política de las regiones cuando éstas
se entrometieron en el ámbito nacional. Cabe resaltar que los dos pronunciamientos
tuvieron una matriz diferente. El de 1841 fue dirigido contra el gobierno en su conjunto por
agentes externos, militares y comerciantes, a las oficinas gubernamentales. El de 1844, en
cambio, fue un conflicto interno entre el Congreso y el presidente. Con todo ello, Juntas y
Asambleas procedieron conforme a su grado de centralización y a la composición de su
planta de sus empleados.
La escasa intromisión en los problemas de gobernabilidad nacionales fue un
corolario de la estabilidad que disfrutaron los departamentos de Jalisco y México. Los brotes
levantiscos federalistas en Jalisco se padecieron en sus linderos con Michoacán y en el de
México con varios motines en contra de la forma unitaria. No obstante, los grupos políticos
no padecieron cismas que desembocaron en la lucha armada e ilegal por el control de las
autoridades intermedias. En otras palabras, las Juntas y Asambleas de los dos espacios
desconocieron la dinámica del pronunciamiento emanado de la división de su clase política.
Las de Jalisco fueron las únicas que sufrieron cambios violentos en agosto de 1841 y enero
de 1846. Sin embargo, ambos fueron derivados directos de asonadas cuyo objetivo era
eminentemente nacional y sólo la última engendró una escisión importante y renuencias
de varios vocales inconformes. Salvo estas dos irregularidades, el resto de cambios en las
departamentales se apegó a las disposiciones y calendarios electorales; no hubo
transgresión al orden constitucional en los departamentos.
El apego a la normatividad y tiempos electorales; la aceptación de las vocalías, así
como la ausencia de movimientos violentos entre de las facciones políticas permiten
vislumbrar la estabilidad que Juntas y Asambleas poseyeron en los departamentos de Jalisco
y México. El escrutinio de los libros de actas de sesiones corrobora esta idea de manera más
puntual; las departamentales tuvieron altos índices de asistencia y de reunión de sus
vocales.
357
En primer lugar, retomando la información de los cuadros 8 y 16, se puede observar
una pequeña distancia en la suma de los porcentajes de confluencia de los integrantes de
las Juntas y Asambleas. El porcentaje general fue de 78.6%. En las primeras hubo 75% de
asistencia mientras que en las segundas se incrementó hasta 81.2%. Esto es, en las dos
repúblicas centralistas existió una elevada propensión por acudir a las sesiones de las
departamentales; incluso los vocales de las segundas se involucraron con mayor asiduidad
pese a que enfrentaron condiciones políticas internacionales y domésticas mucho más
adversas que las de sus predecesoras. Al discurrir en términos regionales, las Juntas del
departamento de México tuvieron un porcentaje menor, alrededor de 70%, en contraste
con el de la Asamblea que fue de 86.2%. Los asambleístas mexiquenses parecieron más
conformes con su destino que los junteros. Es posible que las más atrayentes facultades de
las Asambleas fueran el aliciente detrás de ello. En las de Jalisco ocurrió lo contrario, las
Juntas tuvieron un total de 79.5% y las Asambleas de 78.7%.
En segundo lugar, los cuadros 10 y 17 refieren al número de sesiones ordinarias que
las ocho departamentales documentadas efectuaron respecto de aquellas que se
celebrarían según sus reglamentos interiores. El promedio fue de 81.7% con una diferencia
mínima de apenas 1.5 puntos entre Juntas (82.3%) y Asambleas (80.8%). El margen tan
pequeño entre ambas vertientes del modelo no revela una inclinación institucional. Los
vocales demostraron perseverancia para que operaran con regularidad. El factor espacial
revela un contraste importante. En Jalisco, las Juntas poseyeron un elevado índice de
reunión de 96.2% en comparación con el moderado de las Asambleas de 75.8%. En el
departamento de México, la situación fue inversa con 61.4% y 90.7% respectivamente. El
doble desfase entre las corporaciones de los departamentos se entiende al considerar la
predilección de los jaliscienses y el distanciamiento de los mexiquenses por el primer
centralismo y el enfrentamiento entre facciones con el presidente Santa Anna que
determinó su posicionamiento respecto al segundo.
La aceptación del modelo departamental fue posible por lo atractivo de sus
institucionales, el perfil de los vocales asistentes y la ausencia de disputas políticas por la
gubernatura. Desde inicios de la década de 1830, los actores regionales coincidieron con los
358
nacionales en juzgar a la actividad política de los estados -intromisión en asuntos nacionales
e inestabilidad interna- como un elemento corrosivo para la gobernabilidad nacional. La
arquitectura de las Juntas y Asambleas atacaron directamente al desembarazar del
gobierno interino los componentes político y económico lo que, además, les permitió a los
vocales administrar de manera más eficaz sus territorios. Lo atrayente de las
departamentales no disminuyó una vez fueron implementadas. Las sucesivas elecciones
captaron un interés igual o mayor que las primeras. En contrapartida, las crisis de las
repúblicas desincentivaron a la participación de los vocales. Las dos Juntas de 1841 y la
Asamblea de Jalisco de 1846 fueron las que presentaron el mayor número de dimisiones.
Los vocales que asistieron recurrentemente a las sesiones departamentales (80)
tuvieron un perfil concreto: edad promedio de 44.3 años, relativa experiencia en cuerpos
parlamentarios (56.2%) y una ocupación inclinada al mundo del derecho civil o eclesiástico
(60.3%). En los dos últimos parámetros no existieron grandes diferencias entre
corporaciones. La distribución ocupacional fue la que presentó una evidente variación
regional, en las Juntas de México sobresalieron aquellos consagrados a sus propiedades
mientras que en Jalisco y las Asambleas dominaron los abogados y clérigos. Los militares y
comerciantes se mantuvieron alejados de los salones de sesiones aun cuando fueron
electos. Además, los integrantes disfrutaron de notoriedad en sus respectivas ocupaciones.
Quienes colaboraron en las departamentales fueron hombres maduros, entendidos en las
deliberaciones parlamentarias y pertenecientes en su mayoría a la sociedad civil.
Como contraparte de las Juntas y Asambleas departamentales el gobernador estuvo
más ligado al ámbito nacional. Sin embargo, el método utilizado para su nombramiento en
las dos repúblicas centralistas matizó tal vínculo. Las departamentales dirigían una lista de
los individuos que consideraban apropiados y el presidente de la república tomaba la
decisión final. Este procedimiento fue una negociación de los intereses descentralizadores
regionales y los centralizadores nacionales. A diferencia de los jefes políticos establecidos
en Cádiz que eran designados directamente por el rey, los gobernadores departamentales
no fueron una autoridad opuesta a la libertad en las regiones sino que fueron trazados para
conformar gobiernos intermedios que actuaran en conjunto con las Juntas y Asambleas.
359
El cargo de gobernador, por su parte, también manifiesto la estabilidad del ámbito
intermedio. Es innegable la frecuente rotación de individuos, pero es necesario atender que
la mayoría de cambios fueron interinatos que duraban poco tiempo. Esta práctica se
incrementó en el intervalo de las Bases de Tacubaya (1841-1843) en el que los comandantes
militares se instalaron en la gubernaturas sin dejar de participar en las campañas militares
lo que provocó su ausencia en los empleos civiles. Por el contrario, los procesos formales
para designar gobernadores fueron pocos y estuvieron dominados por Antonio Escobedo
para Jalisco y Luis G. Vieyra para México. Lo más relevante fue que los grupos políticos
regionales validaron las candidaturas. El contraste con la etapa federal es pasmosa, tan sólo
en Jalisco se presentaron la misma cantidad de cambios de mandatario mediante
pronunciamientos y elecciones. En el estado de México la situación fue más anárquica con
un constante vaivén entre los partidos moderado y radical. Los mecanismos centralistas
para designar gobernadores no medraron el orden público sino que incentivaron la
negociación tanto al interior de la departamental como con el poder ejecutivo nacional.
Los dos elementos del modelo departamental centralista mexicano -gobernador y
Juntas-Asambleas- apuntan experiencias regionalizadas de los proyectos constitucionales
centralistas. Los esquemas de 1836 y 1843 tuvieron una implementación particular de
acuerdo al nivel de gobierno que se observe. En el nacional no lograron suministrar el orden
que sus creadores esperaban. No fue una época caótica como se insistió por mucho tiempo,
pero tampoco se pueden referir a los pocos años que duraron como momentos en los que
privó la tranquilidad pública. En contraste, el modelo departamental fue aceptado por los
grupos regionales porque les brindaba la libertad suficiente para gobernar económicamente
sus espacios sin los conflictos políticos inherentes a un gobierno interno independiente
como el acaecido durante el período con-federal. El empleo de las Juntas y Asambleas
proveyó de estabilidad interna a departamentos como Jalisco y de México -d e los más
conflictivos en la era con-federal. Los niveles de gobierno nacional y departamental no
mantuvieron experiencias homologas en términos de gobernabilidad; los centralismos
fueron más favorables para las regiones que para la nación.
360
ANEXOS
Anexo 1. Diputados del Congreso del Estado de México, 1833-1835.1
Nombre Congresoslocales
Congresosnacionales
Congreso local 1833
Congreso local 1835
Aburto, Félix María X XAdalid, José María X X*Ameche, Sebastián X X*Andrade, Cristóbal X
Aragón, Nicolás XArizcorreta, Mariano X X
Bars, Joaquín X* XBerruecos, Rafael X
Bravo, Víctor X* XDávila, Juan Ignacio XDelgado, Mariano X*
Díaz, Pedro X* X*Domínguez Esquivel, Pedro X
Escudero, Antonio X XFagoaga, Francisco X
Fernández, José Alonso X X XFlores, José María X*Gamboa, Ramón XGarcía, Román X X
Garduño, José Mariano X*Garza, Lázaro de la X
Germán, Diego X XGonzález Arriata, José Manuel XGonzález Arriata, José Rafael X XGonzález Caralmuro, Ignacio X XGonzález Pliego, José Ignacio X
Guadarrama, Pedro XHeredia, José María X
Icaza, Juan X XLazcano, Juan de Dios X
Macedo Villanueva, Miguel XMadrid, Antonio X
Martínez, Rafael María X*Paz, Vicente X* X*
1 Elaboración propia con base en Macune, El estado de México, pp. 186-200; Jorge Reyes Pastrana, Relación de Diputados del Estado de México y sus Predecesores (1814-2021)", Toluca, Edición electrónica, 2020 y Costeloe, La primera, pp. 457-475.
361
Peña y Medina, Benito de la X X*Pérez, Felipe X
Pérez Palacios, José X X XPiedra, Epigmenio de la X X X
Ramírez, José X* XRobredo, Manuel X*Rodríguez, José X*
Romero, José María X*Rosas, José Joaquín X X
Solórzano Vizcarra, José Joaquín XSuárez Iriarte, Francisco XSuárez Peredo, Agustín X*
Tagle, José María XTorre, Simón de la X*
Valdés, José Joaquín XValiente, José María XVázquez, José María X
Villagrán, Rafael X* XVillar y Bocanegra, José del X
Vizcarra, Mariano X XYermo, José María X
362
Anexo 2. Diputados del Congreso del Estado de Jalisco, 1833-1835.2
Nombre Congresoslocales
Congresosnacionales
Congreso local 1833
Junta de 1834
Congreso local 1835
Aguirre, Ignacio XAldrete, Alejandro XAnguiano, Ignacio XArroyo, Francisco X
Barba, Antonio X*Bedoya, Pablo X
Caballero, Anastasio X XCairo, Arcadio X*
Camacho, José Anastasio X*Camarena, Jesús X X
Campo, Nicolás Martín del XCano, José María X
Cañedo, Anastasio X X**
Casillas, Antonio X*Castillo, Crispiniano del X
Celdrán, Ignacio X**
Domínguez, Ramón XEchauri, Nicolás X
Espinosa, Francisco X XFigueroa, Marcelino X*
Flores, Narciso X*Gaona, Evaristo XGaray, Mariano X
García Vargas, José María XGarcía Vargas, Manuel X X
García, Ignacio XGil, Benito X X
Godoy, Ignacio X*Gómez, Julián X X
Gutiérrez, Agapito XGutiérrez, CrÍspulo X°
Hijar, Juan Nepomuceno de XIzquierdo, Narciso X
León de la Cueva, Pedro XLomelí, Manuel X°
2 Elaboración propia con base en Costeloe, La primera, pp. 457-475 y Las legislaturas y legisladores de Jalisco (1823-2015). [Sin datos bibliográficos] Consultado en mayo 28 de 2020, https://Congresoweb.Congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/libros/IntegraciondeLegislaturas.pdf
363
López de Heredia, José María X*López Portillo, Pablo X
López, José María X XLoreto Figueroa, Irineo X X°
Medina, Abundio XMedina, Joaquín X X X
Méndez, José María XMillán, Pedro X
Mora, Crisanto X XNavarro y Ascencio, Ignacio X
Navarro, Ignacio X*Navarro, Rafael X XOcampo, Cruz X
Ochoa, José María X XOlivares, Marcelino X
Ordorica, Rafael X XPadilla, Luis X
Pérez IrÍas, Antonio X XPérez, José Francisco X
Pérez, Nicolás XQuintanar, Francisco X
Ramírez, Manuel X XRomero, Antonio X X** *
Sabre, Mariano XSan Juan, Ignacio X
Sánchez, Domingo XSánchez, Rafael X
Sanromán, Cástulo XSantana, José María X°Semeria, Francisco X
Tobar, Casimiro X*Toledano, Lucas X
Topete, Eligio XVallarta, Norberto X X*Vázquez, Ignacio X
Villa, Antonio XVillaseñor, Antonio X
Villegas, Felipe X*Yrrueta Gollena, Ramón X
364
Anexo 3. Vocales de las Juntas departamentales de Jalisco y México, 1835-1843.3
Vocales Departamental Año Calidad No tomó posesión
Año de Nacimiento
Edad de posesión Ocupación Experiencia
Escobedo,Antonio
Provisional de Jalisco 1835 Propietario 1777 58 X
García, Ignacio Provisional de Jalisco 1835 Propietario X
López, José María
Provisional de Jalisco 1835 Propietario 1798 37 Militar X
Ríos, Vicente Provisional de Jalisco 1835 Propietario 1786 49 Abogado X
Sánchez, José Domingo
Provisional de Jalisco 1835 Propietario Eclesiástico X
Álvarez de Güitian,
AlejandroProvisional de
México 1835 Propietario X Militar
Barrientos,Santiago
Provisional de México 1835 Propietario
Díaz de Bonilla, Manuel
Provisional de México 1835 Propietario 1800 35 Abogado X
Franco, José María
Provisional de México 1835 Propietario X X
Icaza, Antonio Provisional de México 1835 Propietario X 1786 49 Militar
Madrid, Luis Provisional de México 1835 Propietario
Mañon,Ignacio
Provisional de México 1835 Propietario
Mongan,Esteban
Provisional de México 1835 Propietario
Sicilia, Ignacio Provisional de México 1835 Propietario
Tamariz,Mariano
Provisional de México 1835 Propietario X Abogado X
3 Elaboración propia con base en AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. X-XI; AHCEJ, 1838, caja 3, núm. 21, El Supremo Gobierno comunica a la Junta Departamental los individuos que resultaron electos para ser integrantes de la misma; Colección de los decretos, t. VIII, pp. 241-242; AHCEJ, 1843, caja 2, núm. 2, Comunicación de los vocales Suprema [sic] Junta departamental de Jalisco que asistieron a las sesiones y de los que no asistieron; AHCEJ, 1843, caja 1, núm. 13, Sobre el juramento del Sr. Manuel López Cotilla; Colección de los decretos, t. VIII, pp. 237-240; Olveda, La oligarquía; Ramiro Villaseñor y Villaseñor, Los primeros federalistas de Jalisco, 1821-1834, Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco, 1981; AHEM, fondo gobernación, serie gobernación, 1835, vol. 36, exp. 27, Decreto expedido por el Congreso general estableciendo algunas reformas a la constitución federal; Diario del Gobierno de la República Mexicana, núm. 686 y 1973, t. VII y XVIII, marzo 16 de 1837 y octubre 10 de 1840; Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas; Maldonado, "La elite"; y Javier Sanchiz (coord.), "Familias novohispanas. Un sistema de redes", (PAPIIT) DGAPA-UNAM IN401114. Consultado en marzo 25 de 2020, https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es
365
Teja, José María de la
Provisional de México 1835 Propietario X
Aldrete,Alejandro Jalisco 1837 Suplente X Propietario X
Alonso, Juan Nepomuceno Jalisco 1837 Suplente X
Camacho,Juan
NepomucenoJalisco 1837 Propietario 1797 40 Eclesiástico
Escobedo, José de Jesús Jalisco 1837 Suplente X X
Flores, Rafael Jalisco 1837 Propietario XHernández
Rojas, Miguel Jalisco 1837 Propietario
López Cotilla, Manuel Jalisco 1837 Suplente 1800 37
Macías,Ignacio Jalisco 1837 Suplente X
Nieto, José María Jalisco 1837 Propietario 1791 46 Eclesiástico
Pérez Irías, Antonio Jalisco 1837 Propietario X
Ramos Palomera,
José MaríaJalisco 1837 Suplente Abogado
Robles Gil, Miguel Jalisco 1837 Propietario
Valencia,Martín Jalisco 1837 Suplente X
Vallarta,Norberto Jalisco 1837 Propietario 1788 49 Comerciante X
Calderón,Miguel México 1837 Suplente Propietario
Eguía, Agustín Vicente México 1837 Propietario 1804 33 Propietario
Garibay,Miguel México 1837 Suplente 1796 41 Propietario
Gómez Anaya, José Cirilo México 1837 Propietario X 1789 48 Militar X
GonzálezCaralmuro,
IgnacioMéxico 1837 Propietario 1796 41 Eclesiástico X
González Pliego, Ignacio México 1837 Propietario 1791 46 Militar X
Icaza, Antonio México 1837 Propietario 1786 51 Militar XMolinos del
Campo, Francisco
México 1837 Propietario 1785 50 X
Ruíz deTejada, Miguel México 1837 Suplente 1780 57 Catedrático
366
Valdovinos,Pedro México 1837 Propietario X Propietario X
Valiente, José María México 1837 Suplente 1805 32 X
Aldrete,Alejandro Jalisco 1839 Suplente X X
Cambero,Antonio Jalisco 1839 Suplente X
Cervantes,Manuel Jalisco 1839 Propietario X
Corro, José Justo Jalisco 1839 Propietario 1794 45 Abogado X
Echauri, José María Jalisco 1839 Propietario 1793 46 X
García, Ignacio Jalisco 1839 Propietario XGonzálezCastro,Vicente
Jalisco 1839 Propietario Abogado
Guerra,Mariano Jalisco 1839 Suplente X 1810 29 Eclesiástico
López Cotilla, Manuel Jalisco 1839 Propietario 1800 39 X
Moreno,Diego Jalisco 1839 Suplente X 1790 49
NúñezEsquivel,Melchor
Jalisco 1839 Suplente X
Olivares,Marcelino Jalisco 1839 Suplente X X
Palomar, José Jalisco 1839 Propietario 1807 32 Comerciante XRobles, Miguel
María de Jalisco 1839 Suplente X X
Ascencio,Jesús Jalisco 1841 Suplente X
Castañeda,Joaquín Jalisco 1841 Propietario Abogado
Gutiérrez Mallen, Juan Jalisco 1841 Propietario X 1810 31 Abogado
López Cotilla, Manuel Jalisco 1841 Integrado 1800 41 X
Olivares,Marcelino Jalisco 1841 Suplente X X
PachecoMuguiro,Francisco
Jalisco 1841 Suplente
Peña, Nicolás Jalisco 1841 SuplenteQuevedo,
Ignacio Jalisco 1841 Suplente
Remus,Nicolás Jalisco 1841 Suplente 1807 34 Propietario
Ríos, Vicente Jalisco 1841 Propietario X 1786 55 Abogado X
367
Sánchez Hidalgo, Sabas Jalisco 1841 Propietario
Serrano,Fernando Jalisco 1841 Propietario X
Vallarta, Julio Jalisco 1841 Suplente XVergara,Ignacio Jalisco 1841 Propietario Abogado X
Villanueva,Ignacio Jalisco 1841 Propietario X
Aldazoro,Santiago México 1841 Suplente X
Alegría,Mariano México 1841 Suplente X
Andrade, José María México 1841 Suplente 1807 34 Impresor
Arce, Juan Antonio México 1841 Propietario X Propietario X
Arias, José Miguel de México 1841 Propietario Propietario
Berazaluce, Nicolás María México 1841 Propietario
Carpio,Manuel México 1841 Propietario 1791 50 Médico X
Elizalde, Juan Manuel México 1841 Propietario 1791 50 Propietario X
García,Vicente México 1841 Suplente
GonzálezEchevarría,
ÁngelMéxico 1841 Propietario 1795 46 Comerciante
Orihuela,Teodoro México 1841 Suplente Eclesiástico
Pérez, Rafael México 1841 Propietario EclesiásticoSans, José
María México 1841 Suplente X
Villa, Joaquín México 1841 Suplente 1792 49 Médico X
Vocales Congresosestatales
Congresosnacionales
J. D. Provisional, 1835
J. D. 1837
J. D. 1839
J.D.1841
Aldazoro, Santiago X**
Aldrete, Alejandro X X** X**
Alegría, Mariano X**
Alonso, Juan Nepomuceno X**
Alvárez de Güitian, Alejandro X*
Andrade, José María X°Arce, Juan Antonio X X*
368
Arias, José Miguel de X** *
Ascencio, Jesús X**
Barrientos, Santiago X** *
Berazaluce, Nicolás María X** *
Calderón, Miguel X°Camacho, Juan Nepomuceno X
Cambero, Antonio X**
Carpio, Manuel X XCastañeda, Joaquín XCervantes, Manuel X X X
Corro, José Justo X XDíaz de Bonilla, Manuel X X
Echaurri, José María X X XEguía, Agustín Vicente XElizalde, Juan Manuel X X** *
Escobedo, Antonio X X** *
Escovedo, José de Jesús X X**
Flores, Rafael X X** *
Franco, José María X X*García, Ignacio X X XGarcía, Vicente X°Garibay, Miguel X°
Gómez Anaya, José Cirilo X X** *
González Caralmuro, Ignacio X X** *
González Castro, Vicente XGonzález Echevarri, Ángel XGonzález Pliego, Ignacio X X
Guerra, Mariano X**
Gutiérrez Mallen, Juan X*Hernández Rojas, Miguel X
Icaza, Antonio X* X** *
López Cotilla, Manuel X° X X°°López, José María X X
Macías, Ignacio X**
Madrid, Luis XMañon, Ignacio X
Molinos del Campo, Francisco X X** *
Mongan, Esteban XMoreno, Diego X
Nieto, José María X** *
369
Núñez Esquivel, Melchor X**
Olivares, Marcelino X X** X**
Orihuela, Teodoro X°Pacheco Muguiro, Francisco X°
Palomar, José X XPeña, Nicolás X°
Pérez Irias, Antonio X XPérez, Rafael X
Quevedo, Ignacio X°Ramos Palomera, José
María X°
Remus, Nicolás X°Ríos, Vicente X X X** *
Robles Gil, Miguel X X**
Ruíz de Tejada, Miguel X°Sánchez Hidalgo, Sabas XSánchez, José Domingo X
Sans, José María X**
Serrano, Fernando si X** *
Sicilia, Ignacio XTamaríz, Mariano X X*
Teja, José María de la X*Valdovinos, Pedro X X*Valencia, Martín X**
Valiente, José María X X°Vallarta, Julio X X X°
Vallarta, Norberto X XVergara, Ignacio X X
Villa, Joaquín X X°Villanueva, Ignacio X*
* Propietario no tomó posesión ** Suplente no tomó posesión *** Salió
Suplente que tomó posesión ° Entró sin ser votado
370
Anexo 4. Sesiones mensuales de las Juntas y Asambleas departamentales de Jalisco y
México, 1835-1846.4
4 AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. X-XIII y Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas.
371
Junta departamental de México, 1837
í \r V V*''A Xs ^c o c o c o c o c o c o c o c o c o c o c o c o c n c n c n c n c n c n c n c n c n c n c n c n o o o o o o o o o o o o m r o f o m m m r o r o f n m m r o r o f o m m r o r o m f n m m r o f n ' í ' í ' í ' í ' t ' í ' í ' í ' í ' t ' í ' í 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I x—I0 0 0 = 0 0 0 c > a j a j a j a j 0 0 0 = 0 0 0 0 a j a j a j a j 0 0 0 _ _ 0 0 0 0 a j a j a j a j
25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinarias 9 Extraordinarias
372
373
Anexo 5. Vocales de las Asambleas departamentales de Jalisco y México, 1844-1846.5
Vocales Departamental Año Calidad No tomó posesión
Año de Nacimiento
Edad de posesión Experiencia Ocupación
Ángulo, Joaquín Jalisco 1844 Propietario 1811 33 AbogadoBarajas, Pedro Jalisco 1844 Propietario 1795 49 X Eclesiástico
Cumplido, Juan Nepomuceno Jalisco 1844 Propietario 1793 51 X Abogado
Escobedo,Antonio Jalisco 1844 Propietario X 1777 67 X
Escoto, José Jalisco 1844 Suplente 1806 38 X AbogadoEsparza, José
María Jalisco 1844 Propietario X Eclesiástico
Espinosa, Casiano Jalisco 1844 Suplente X 1796 48 EclesiásticoGarcía Diego,
Plutarco Jalisco 1844 Propietario 1815 29 X Abogado
Gil Romero, Ignacio Jalisco 1844 Propietario X Abogado
Gómez Alcázar, José María Jalisco 1844 Suplente X X
Gutiérrez Mallen, Juan Jalisco 1844 Propietario 1810 34 X Abogado
Guzmán, Santiago Jalisco 1844 Suplente X XLópez Cotilla,
Manuel Jalisco 1844 Suplente X 1800 44 X
López Portillo, Jesús Jalisco 1844 Suplente X 1818 26 Abogado
PérezMaldonado, Félix Jalisco 1844 Suplente X 1808 46 Abogado
Portugal, Luis Jalisco 1844 Propietario XTobar, Urbano Jalisco 1844 Suplente X 1816 28 AbogadoTorres, Cosme Jalisco 1844 Suplente X Abogado
Vallarta, Norberto Jalisco 1844 Propietario 1788 56 X ComercianteVerdía, Luis Jalisco 1844 Suplente X 1798 46 X EclesiásticoVillaseñor,
Ricardo Jalisco 1844 Suplente X
Zubieta, Pedro Jalisco 1844 Propietario 1807 37 AbogadoBarquera, Mucio México 1844 Propietario 1806 38 X Abogado
Barrientos,Santiago México 1844 Suplente X X Eclesiástico
5 Elaboración propia con base en AHCEJ, Libros de actas de sesiones, t. XII-XIII; AHCEJ, 1844, caja 2, gobernación, exp. 48, Instalación de la Exma. Asamblea Departamental de Jalisco, verificada el 1° de enero de 1844 y sus vocales; Olveda, La oligarquía; Villaseñor, Los primeros federalistas; Rodríguez, La república mexicana, pp. 50-71; Téllez, Ramírez y Argente (comps.), Actas; El Siglo XIX, año II, núm. 667, octubre 3 de 1843; Maldonado, "La elite"; y Javier Sanchiz (coord.), "Familias novohispanas. Un sistema de redes", (PAPIIT) DGAPA-UNAM IN401114. Consultado en marzo 25 de 2020, https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es
374
Durán y Gómez, Rafael México 1844 Suplente Militar
Fernández de Córdoba, Manuel México 1844 Suplente X 1800 44 Propietario
Fernández,Nicolás México 1844 Suplente X
Franco, José María México 1844 Propietario X Militar
Gonzaga Chavarri, Luis México 1844 Propietario Abogado
Gorozpe, Manuel México 1844 Propietario 1800 44 X AbogadoIcaza y Mora,
Mariano México 1844 Suplente X 1814 30 Abogado
Lelo de Larrea, Francisco México 1844 Suplente X X
López, José María México 1844 Suplente MineroMontaño, José
Trinidad México 1844 Propietario 1803 41 X Abogado
Monterrubio,Santiago México 1844 Suplente X
Muñoz, Miguel México 1844 Suplente XNoriega, Joaquín México 1844 Propietario XPérez Palacios,
José RamónMéxico 1844 Propietario 1788 56 Propietario
Pizarro, Andrés México 1844 Propietario X 1792 52 X PropietarioRincón, Manuel México 1844 Propietario X 1784 60 X MilitarRuíz, Mariano México 1844 Suplente X
Sagaceta, Braulio México 1844 Propietario 1804 40 EclesiásticoSastre, José
Antonio México 1844 Propietario Eclesiástico
Trejo, José Rafael México 1844 Suplente XÁngulo, Joaquín Jalisco 1846 Propietario 1811 35 X AbogadoBarajas, Pedro Jalisco 1846 Propietario 1795 51 X EclesiásticoCañedo, José
Ignacio Jalisco 1846 Propietario 1765 81 X Propietario
Cumplido, Juan Nepomuceno Jalisco 1846 Propietario 1793 53 X Abogado
Escoto, José Jalisco 1846 Suplente 1806 40 X AbogadoEsparza, José
María Jalisco 1846 Propietario X Eclesiástico
Espinosa, Casiano Jalisco 1846 Suplente 1796 50 EclesiásticoFelgueres, Rafael Jalisco 1846 Suplente X XGalindo, Pánfilo Jalisco 1846 Propietario 1799 47 MilitarGodoy, Rafael
Carlos de Jalisco 1846 Suplente X 1807 39
Gómez, Julián Jalisco 1846 Suplente X XGómez, Miguel
Irineo Jalisco 1846 Propietario
375
Gutiérrez Mallen, Juan Jalisco 1846 Propietario 1810 36 X Abogado
Guzmán, Santiago Jalisco 1846 Suplente XLópez Cotilla,
Manuel Jalisco 1846 Suplente X 1800 46 X
MartínezNegrete,Francisco
Jalisco 1846 Propietario 1796 50 Comerciante
Martínez, Joaquín Jalisco 1846 Suplente XOcampo, Manuel Jalisco 1846 Suplente X 1803 43 Catedrático
Portugal, Luis Jalisco 1846 Propietario X XTorres, Cosme Jalisco 1846 Suplente X Abogado
Vallarta, Norberto Jalisco 1846 Propietario 1788 58 X ComercianteVerdía, Luis Jalisco 1846 Suplente X 1798 48 X Eclesiástico
Andrade y Pastor, Manuel México 1846 Suplente X* 1809 37 X Médico
Arias, José Miguel México 1846 Suplente X* 1795 51 X PropietarioBarquera, Mucio México 1846 Propietario X* 1806 40 X AbogadoBarrientos, José
María México 1846 Suplente X* 1801 45 Eclesiástico
Durán y Gómez, Rafael México 1846 Suplente X* X Militar
Fagoaga,Francisco México 1846 Propietario X* 1792 54 X Propietario
Fernández de Córdoba, Manuel México 1846 Suplente X* 1800 46 Propietario
Fernández,Nicolás México 1846 Suplente X*
García Aguirre, Manuel México 1846 Suplente X* 1798 48 Abogado
García de S. Vicente, Nicolás México 1846 Propietario X* 1793 53 X Eclesiástico
Gonzaga Chavarri, Luis México 1846 Propietario X* X Abogado
Gorozpe, Manuel México 1846 Propietario X* 1800 46 X AbogadoIcaza y Mora,
Mariano México 1846 Suplente X* 1814 32 Abogado
Lelo de Larrea, Francisco México 1846 Suplente X* X
López, José María México 1846 Suplente X* X MineroMadrid, Antonio México 1846 Propietario X* 1804 42 X Abogado
Moral, Tomás Ramón del México 1846 Suplente X* 1791 55 X Catedrático
Pizarro, Andrés México 1846 Propietario X* 1792 54 X PropietarioRincón, Manuel México 1846 Propietario X* 1784 62 X Militar
Romero, José María México 1846 Propietario X* Eclesiástico
Sagaceta, Braulio México 1846 Propietario X* 1804 42 X Eclesiástico
376
Vertíz, Juan N. México 1846 Propietario X* 1810 36 X Abogado* Sin documentación
Vocales Congresosestatales
Congresosnacionales
JuntaDepartamental
Asamblea D. de 1844
Asamblea D. de 1846
Andrade y Pastor, Manuel X° X**
Ángulo, Joaquín X X** *
Arias, José Miguel X** * X**
Barajas, Pedro X X XBarquera, Mucio X X X
Barrientos, José María X** X**
Barrientos, Santiago X** * X**
Cañedo, José Ignacio X X XCumplido, Juan Nepomuceno X X X X** *
Durán y Gómez, Rafael X° X**
Escobedo, Antonio X X X X*Escoto, José X X X° X°
Esparza, José María X X X** *
Espinosa, Casiano X** X°Fagoaga, Francisco X X
Felgueres, Rafel X X**
Fernández de Córdoba, Manuel
X** X**
Fernández, Nicolás X** X**
Franco, José María X XGalindo, Pánfilo X
García Aguirre, Manuel X**
García de S. Vicente, Nicolás X XGarcía Diego, Plutarco X X
Gil Romero, Ignacio X XGodoy, Rafael Carlos de X**
Gómez Alcázar, José María X X X**
Gómez, Julián X X**
Gómez, Miguel Irineo XGonzaga Chavarri, Luis X X
Gorozpe, Manuel X X XGutiérrez Mallen, Juan X X* X X** *
Guzmán, Santiago X X X** X°Icaza y Mora, Mariano X** X**
Lelo de Larrea, Francisco X X** X**
López Cotilla, Manuel X X** X**
377
López Portillo, Jesús X**
López, José María X° X**
Madrid, Antonio X X XMartínez Negrete, Francisco X
Martínez, Joaquín X**
Montaño, José Trinidad X XMonterrubio, Santiago X**
Moral, Tomás Ramón del X X**
Muñoz, Miguel X**
Noriega, Joaquín X XOcampo, Manuel X**
Pérez Maldonado, Félix X**
Pérez Palacios, José Ramón XPizarro, Andrés X X* XPortugal, Luis X X X*
Rincón, Manuel X X* XRomero, José María X
Ruíz, Mariano X**
Sagaceta, Braulio X XSastre, José Antonio X
Tobar, Urbano X**
Torres, Cosme X** X**
Trejo, José Rafael X**
Vallarta, Norberto X X X XVerdía, Luis X X** X**
Vertíz, Juan N. X XVillaseñor, Ricardo X**
Zubieta, Pedro X* Propietario no tomó posesión ** Suplente no tomó posesión *** Salió
Suplente que tomó posesión
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