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UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
ESCUELA UNIVERSITARIA DE POST GRADO
ASIGNATURA: DERECHO PENAL I
RELACIÓN ENTRE DOGMÁTICA PENAL, POLITICA CRIMINAL Y CRIMINOLOGÍA
INTEGRANTES:
JOHANA DAVILA CHAVEZ
ALEX LORENZO VICUÑA SÁNCHEZ
ROLANDO RIMAC GABINO
LUIS ENRIQUE AYALA VALVERDE
HELÍ AMILCAR NAVARRO ESPINOZA
DOCENTE:
Mg. MARIO LUIS LÓPEZ FIGUEROA
LIMA – PERÚ
2013
DEDICATORIA
Dedicamos el presente trabajo al Mg. Mario
Luis López Figueroa por brindarnos su guía y
sabiduría en el desarrollo de este trabajo.
A nuestros padres por brindarnos su esfuerzo,
amor y apoyo incondicional, durante nuestra
formación tanto personal como profesional.
INTRODUCCIÓN
El siguiente trabajo tiene como objetivo comprender la importancia del estudio
de las relaciones y diferencias entre la dogmática penal, política criminal y
criminología y la política criminal en el Perú.
Resulta imprescindible el desarrollo de las más importantes escuelas
dogmáticas y sus máximos representantes, destacándose el causalismo con su
máximo representante Franz Von Liszt , el finalismo representado por Welzel y
el funcionalismo de Claus Roxin y Günther Jakobs, con el propósito de
replantear la necesidad de volver a los criterios que le puedan fijar al legislador
los límites precisos de su libertad creadora, así como al juzgador los límites de
su libertad decisoria dentro de un estado de derecho, donde se prioriza el
respeto a los derechos fundamentales del ciudadano y la aplicación de los
principios consagrados en la Constitución Política.
INDICE
Dedicatoria …………………………………………………………………. 2
Introducción …………………………………………………………………. 3
Índice …………………………………………………………………. 4
I. DOGMATICA PENAL …………………………………………………. 5
A. Principales sistemas dogmáticos ………………………………….. 6
B. Funciones …………………………………………………………. 9
II. POLITICA CRIMINAL ………………………………………………... 11
Elementos político criminales limitadores de la pena ………………... 12
III. CRIMINOLOGÍA………………………………………………………... 14
A. El concepto de criminología ………………………………………… 14
B. Concepto más aceptable de criminología ……………………….... 14
C. Niveles de interpretación de la criminología …………………………. 15
D. La víctima y concepto de criminología …………………………. 18
E. Objeto de la criminología ………………………………………….. 19
IV. Relación entre dogmática penal y política criminal …………….………… 21
La política criminal como referencia del sistema dogmático ……….. 26
V. Vinculación entre política criminal y criminología …………………… 27
VI. Política criminal como puente entre la criminología y la dogmática.... 28
VII. Lineamientos para una criminología peruana crítica frente a
nuestra realidad y la globalización y la política criminal en el Perú…….. 32
Criminología peruana a la luz del siglo XXI …………………………… 34
VIII. La política criminal hoy día en nuestro país …………………………. 38
Anexo …………………………………………………………………… 43
Bibliografía …………………………………………………………………… 46
I. DOGMATICA PENAL
La dogmática procura una aplicación altamente objetiva del derecho vigente.
Sin embargo no puede lograr una objetividad total: la exclusión absoluta de
puntos de vista del intérprete no es posible. Toda aplicación del derecho
requiere fijar puntos de partida que condicionan el proceso interpretativo
posterior. Ejemplo de ello es ya la primera cuestión que debe resolver un
dogmático: ¿se debe investigar la voluntad del legislador o la “voluntad” de la
ley?, ¿debe preferirse una interpretación amplia o restrictiva?
El interés del conocimiento dogmático se vincula a la tarea de la aplicación del
derecho penal a los casos que juzgan o deben juzgar los tribunales. Por ello,
con la ayuda de los instrumentos conceptuales de la dogmática, el jurista del
derecho penal debe poder contestar de una manera técnica aceptable: 1) si el
autor de un hecho es punible y, 2) cómo debe ser punible.
Dado que la dogmática penal debe permitir contestar si un hecho es o no delito,
es preciso analizar sus relaciones con otros conocimientos que se ocupan del
delito. Así, cabe buscar los límites de la dogmática en dos sentidos: respecto
de la criminología y de la política criminal. Estos límites no han sido constantes
en la historia científica del derecho penal. La cuestión de los límites tiene
importancia pues determina cuales son los conocimientos o consideraciones
que es legítimo utilizar en la respuesta a las preguntas sobre el sí y el cómo de
la punibilidad. Por ejemplo: la comprobación de que el autor de un hecho reúne
características personales que corresponderían al tipo genérico de “hombre
delincuente” tuvo en otra época el carácter de un conocimiento científico; sin
embargo, solo a partir de ella no puede responderse la pregunta por el sí y el
cómo de la punibilidad, pues se trata de un conocimiento que carece de
legitimación a estos fines.
A. PRINCIPALES SISTEMAS DOGMATICOS:
a) CAUSALISTA
Como criterio o corriente procesal se debe a la obra del jurista alemán Franz
Von Liszt quien con una tendencia causalista en el año de 1881 estableció que
la acción es un fenómeno causal – natural que trae como consecuencia un
resultado que puede consistir en un delito.
Esta idea fue reforzada con las obras de diversos juristas como por ejemplo:
Ernest Von Beling, Gustav Radbruch, Max Ernest Mayer, Edmund Mezger,
Cesare Bonnesana (Marqués de Beccaria) etc. Éste último, en su obra “los
delitos y las penas” señaló la total existencia de un nexo causal entre la acción
y el resultado. Dando por conclusión que la persona era responsable por haber
provocado el resultado con una acción. Esta escuela basó su ideología en el
positivismo científico resaltando los valores humanos.
La escuela causalista establece la responsabilidad penal de una persona
basándose primordialmente en el acto o acción humana y su efecto en el
mundo material; es decir, el sistema causalista se caracteriza por su sencillez
para ubicar la culpabilidad ya que para atribuir la responsabilidad a la persona
solo se requiere la comprobación de la causa, tomándose al efecto como su
consecuencia directa razón por la cual una persona siempre será culpable
cuando se acredite su acción como causa del resultado.
Este sistema recibe el nombre de causalismo por basarse en el binomio de la
causa-efecto. Esta escuela cobró tal importancia, que los doctrinarios y
estudiosos del Derecho Penal la han divido en Escuela Causalista Clásica
(Alemania 1881 – 1907), y Escuela Causalista Neoclásica (Alemania 1907 –
1930).
En conclusión la escuela causalista funda su existencia en la necesidad de
ubicar al delito tan solo con la simple comisión del mismo, para la escuela
causalista importa la materialidad del acto representada por el elemento
objetivo del tipo sin importar el ánimo, pensamiento, fin o destino de la acción
que tuviera el delincuente; razón por la cual la escuela causalista,
erróneamente se cree se apoya en la teoría y concepto del cuerpo del delito,
sin embargo en la realidad, el moderno concepto del Cuerpo del Delito sí
contempla otros aspectos como el normativo y el subjetivo.
b) FINALISTA
Máximos exponentes. Hans Welzel
Método. Ontológico
Como criterio o corriente procesal para ubicar la culpabilidad del sujeto y la
consecuente imposición de la pena, parte de la Teoría del jurista alemán Hans
Welzel quien en el año de 1930 realiza una crítica del sistema causalista
diciendo que el ubicar la acción en forma causal es una forma ciega de
observar el delito aduciendo que es una forma ciega por que el causalismo se
reduce a causa-efecto sin tener en cuenta la finalidad de la acción.
En el año de 1931 Hans Welzel estableció que el delito parte de una acción
pero tiene una finalidad o un fin, es decir el delito basa su creación en una
relación ético-social en donde en primer plano se encuentra la culpabilidad
como elemento del delito, debiéndose medir y tomar en cuenta la peligrosidad
del individuo en relación a su culpabilidad de ahí que la teoría finalista hace un
análisis de la culpabilidad del delincuente tomando en cuenta el fin o fines de la
acción del delincuente; ésta ideología recibe el nombre de finalista por que
atiende principalmente al estudio técnico jurídico sobre la finalidad del
delincuente para cometer el delito.
Esta teoría, en cuya ideología intervinieron juristas como Hellmuth Von Weber,
Alexander Graf Zu Dohna Hellmut Mayer, revolucionó el pensamiento penal de
la época siguiendo la idea varios juristas como Nicolai Hartmann y Richard
Konnigsberg. Hans Welzel en base a ésta teoría saca de la culpabilidad el
elemento de la forma (2° elemento) que representa al dolo y la culpa,
trasladándolo a la acción como consecuencia natural y, toda vez que en ésta
teoría la acción pertenece al tipo, tanto el dolo y la culpa se deberán tomar en
cuenta al estudiar la conducta y el tipo, no obstante que el causalismo
consideraba al dolo como elemento de la culpabilidad.
Esta escuela basó su ideología principalmente en la psicología y la
fenomenología como elementos preponderantes en el actuar humano. Esta
escuela, que para los doctrinarios y estudiosos de la Teoría del Delito se ha
dividido en finalismo ortodoxo, finalismo radical, finalismo formal, finalismo
material y finalismo valorativo, tuvo su total desarrollo en Alemania desde el
año 1930 hasta el año 1970, habiendo sido interrumpido su camino entre los
años 1933 y 1945 aproximadamente por haber imperado en esos años en
Alemania otra escuela llamada del “Irracionalismo Jurídico” o de la “Escuela de
Kiel” sustentada por juristas como Georg Dahm, Friedrich Schaffstein y
Edmundo Mezger.
La teoría finalista expone dos diferentes fases en su estudio aduciendo que
para que un individuo pueda ser castigado en base a su demostrada
culpabilidad deben de tomarse en cuenta diversos aspectos tanto internos
como externos de la conducta del individuo. Para la teoría finalista es esencial
el estudio minucioso de cada uno de los elementos integrantes del tipo como lo
son:
a) Los elementos Objetivos
b) Los elementos Subjetivos
c) Los elementos normativos
Basando lo anterior en la teoría alemana de la Tipicidad iniciada en el año de
1906 por el jurista alemán Ernst Von Beling, la teoría finalista señaló que sobre
todo estudio de la culpabilidad deberán analizarse dos fases en la conducta del
hombre que son: la fase externa y la fase interna.
c) FUNCIONALISMO
Máximos exponentes. Claus Roxin (funcionalismo moderado), Günter Jakobs
(funcionalismo sociológico)
Método. Síntesis de los anteriores (funcionalismo moderado); social
sistemático (funcionalismo sociológico)
El funcionalismo moderado reconoce les elementos del delito propuestos por el
finalismo (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad), pero con una orientación
político criminal, puesto que los presupuestos de la punibilidad deben estar
orientados por los fines del Derecho Penal, por lo que estas categorías
jurídicas no son sino instrumentos de una valoración político criminal.
Sustituye la categoría lógica de la causalidad por un conjunto de reglas
orientado a valoraciones jurídicas; pues la imputación de un resultado depende
de la realización de un peligro dentro del fin de protección de la norma. La
culpabilidad se limita con la necesidad de prevención y juntas originan el nuevo
concepto de responsabilidad, que es la base de la imposición de la pena.
Por otro lado el funcionalismo sociológico considera al Derecho como garante
de la identidad normativa, la constitución y la sociedad, cuyo objeto es resolver
los problemas del sistema social. Al igual que el funcionalismo moderado
reconoce como punto de partida al finalismo, sin embargo en éste ya no están
presentes las tendencias de política criminal, pues las categorías que integran
al delito tienen como fin sólo estabilizar al sistema.
B. FUNCIONES:
La Dogmática penal cumple importantes funciones traducidos en ventajas de
variada índole, como las siguientes:
1) Brinda seguridad jurídica a los ciudadanos, pues a ella se le ha
encomendado una de las más importantes funciones que un Estado de
derecho le ha conferido al derecho, o sea, la de garantizar los derechos
fundamentales de la persona humana frente al poderío estatal, que si no es
objeto de control puede desembocar en la arbitrariedad y en el terror.
2) Hace posible una aplicación segura y calculable del derecho penal, ya que
no solamente averigua el contenido de este y señala sus presupuestos, sino
que precisa hasta dónde llega un comportamiento impune y cuando inicia el
punible; determina límites y define conceptos, permitiendo una aplicación
segura y calculable del derecho penal sustrayéndolo a la irracionalidad, la
arbitrariedad y la improvisación.
3) Racionaliza y torna igualitaria la administración de justicia penal, pues hace
previsibles las decisiones de los tribunales evitando el azar y que la condena o
absolución dependan de factores incontrolables, busca que la administración
de justicia sea una tarea muy meticulosa y ordenada, que no dependa del
capricho o la improvisación; evitando que las decisiones judiciales se tornen en
cuestión de lotería.
4) Mantiene la unidad del sistema penal pues asegura, no sólo desde el punto
de vista teórico sino también del práctico, una misma línea de pensamiento y
argumentación, lo que posibilita una contribución uniforme de todas las
personas vinculadas con el sistema penal: jueces, policías, ministerio público,
abogados en ejercicio, doctrinantes, etc.
5) Permite construir una ciencia total del derecho penal de orientación crítica, lo
cual es posible gracias al ingreso dentro de la estructura penal de
elaboraciones político-criminales y criminológicas; esto es, da cabida a un
derecho penal cambiante, crítico (en la medida en que el dogmático lo sea), en
la búsqueda de velar por las transformaciones sociales en beneficio de la
colectividad.
No obstante, también presenta diferentes desventajas o inconvenientes, como
las siguientes:
1) El olvido de la justicia en los casos particulares debido a la excesiva
teorización y el apego a formulaciones abstractas, lo cual ha permitido, en
países de alta tradición dogmática como Alemania, el sacrificio de la justicia
material cuando de resolver casos concretos se trata, dando mayor importancia
a las construcciones teóricas.
2) Se le objeta la reducción de las posibilidades de solución de los problemas,
pues las decisiones terminan automatizándose y se pierden de vista otras
concepciones que pueden contribuir a un mejor esclarecimiento de estos.
3) Se le critica la desviación del sistema del derecho penal sin tener en cuenta
sus repercusiones político-criminales, pues las disputas teóricas entre las
diversas concepciones permiten que se impongan soluciones en eventos
específicos aún a espaldas de ellas.
4) Se le cuestiona la utilización de conceptos abstractos que resultan inasibles
e innecesarios y que dificultan la tarea de sus cultores, como sucede con las
complejas estructuras teóricas imperantes en naciones de gran desarrollo
dogmático que, a fin de cuentas, solo contribuyen a generar confusión e
impiden que esta disciplina se acerque y se compenetre con la realidad.
II. POLITICA CRIMINAL
La política criminal es la política que el Estado adopta para cumplir su función
en materia criminal, y tiene como objetivo primordial la lucha contra el delito
para lograr la vida ordenada en comunidad; lo que realiza previniéndolo – de
manera general o especial – y/o reprimiéndolo a través de una serie de
medidas o estrategias que, por ello, son consideradas político-criminales. De
acuerdo con lo anterior, la política criminal es una manifestación del poder y,
como tal, constituye un objeto de estudio, para analizar cuáles son las medidas
que el Estado adopta para enfrentar al fenómeno delictivo; como lo hace, que
tanto resultan funcionales y cuáles son sus rasgos característicos. Pero
también podemos entender la política criminal como el “conjunto de
conocimientos” en torno a esa manifestación del poder, en cuyo caso
hablaríamos de la teoría de la política criminal, que es precisamente la tarea de
los teóricos; en ese sentido, ya no sería manifestación del poder sino
manifestación del saber, del saber en torno al poder.
Si bien la expresión política criminal no es tan antigua, a finales del siglo XIX
Franz Von LISZT dio a conocer su famoso programa de Mamburgo (1882), en
donde estableció las bases de la “moderna política criminal”, entendiéndola
como “el conjunto sistemático de principios-garantizados por la investigación
científica de las causas del delito y de la eficacia de la pena-, según los cuales
dirige el Estado la lucha contra el crimen por medio de la pena y de sus formas
de ejecución”. Hay que recordar que en 1881 LISZT también estableció las
bases de la moderna dogmática penal. Después de LISZT, muchos otros se
han ocupado de la política criminal, habiendo adquirido en los últimos tiempos
una muy intensa atención por parte de la teoría.
ELEMENTOS POLITICOS CRIMNALES LIMITADORES DE
LA PENA
Conforme a la situación jurídica y constitucional actual la política criminal no
tiene por objeto la lucha contra la criminalidad a cualquier precio, sino la lucha
contra el delito en el marco de un Estado de Derecho. Los componentes
limitadores de la reacción pertenecen, por tanto, como ya se subrayó al
principio, a la política criminal y dogmáticamente tienen que resultar tan
provechosos como sus orientaciones preventivas. En el ámbito de la
concepción que defiendo ello repercute de cinco modos, que aquí solo pueden
indicarse esquemáticamente.
En primer lugar, el principio básico del nullum crimen sine lege es un punto de
vista rector para la categoría de la tipicidad en la tarea de interpretación y
sistematización con importantes consecuencias no solo para la interpretación
de los elementos típicos en particular, sino también para la diferencia entre los
delitos de acción y los consistentes en la infracción de un deber así como para
la teoría de la omisión, autoría, participación y dolo.
En segundo lugar, la teoría de la imputación objetiva es un medio político
criminal obligado sobre todo en la delimitación típica de los delitos de resultado
(homicidio, lesiones) cuya redacción típica al no estar estructurada por otras
circunstancias experimenta la preceptiva restricción mediante la teoría de la
imputación. De esta forma, la acción de no matar no es simplemente la
realización causal o final del resultado de la muerte sino la creación y
realización de un riesgo no permitido dentro del ámbito del tipo.
En tercer lugar, se entiende que con las causas de justificación se trata de la
elaboración de los principios de ordenación social, con ayuda de los cuales
pueda resolverse de la forma más beneficiosa para la colectividad y el
particular implicado la colisión de intereses ínsita a todas las causas de
justificación. Ciertamente, dado que las causas de justificación rigen más allá
del Derecho Penal, esa es una tarea política-social; pero también tiene carácter
político-criminal, en la medida en que se trata de la impunidad o del castigo de
comportamientos típicos. En esta medida la tarea de las causas de justificación
es, por tanto, la adecuada limitación del castigo de las conductas típicas.
En cuarto lugar, en la categoría delictiva de la responsabilidad, el principio de
culpabilidad es el instrumento político criminal más importante para la limitación
de la pena. Ciertamente la culpabilidad actúa al mismo tiempo fundamentando
la pena, ya que sin ella y su medida no puede ser impuesta. Sin embargo, la
tarea de la pena es preventiva, por que no debe orientarse a retribuir, sino a
evitar la comisión de futuros delitos. En cambio, político criminalmente la
culpabilidad solo tiene la función de limitar la medida en que deben perseguirse
las metas preventivas para limitar la libertad de la voluntad individual. Desde un
punto de vista político criminal de ello resulta el principio de la doble limitación
que es característico de mi sistematización de la categoría de la
responsabilidad: la pena nunca puede imponerse sin una legitimación
preventiva, pero tampoco sin culpabilidad o más allá de su medida. La pena por
la culpabilidad resulta limitada por lo imprescindible desde un punto de vista
preventivo, la prevención resulta limitada por el principio de culpabilidad.
Finalmente, en quinto lugar, los derechos fundamentales pueden influir en la
necesidad de pena y excluir el castigo en el ámbito de lo tolerable desde un
punto de vista preventivo, actuando entonces como causas de exclusión de la
responsabilidad.
En conjunto, resulta que una dogmática penal basada en consideraciones
político criminales no es sólo, pero sí fundamentalmente, una Ciencia limitadora
de la pena.
III. CRIMINOLOGÍA
A. EL CONCEPTO DE CRIMINOLOGIA
Existen pluralidades de definiciones. Presentamos algunas, ofrecidas por
diversos autores:
E.SEELING.- Viene a decir que criminología es la ciencia que estudia los
“elementos reales del delito”. Entiende por elementos reales el
“comportamiento psicofísico de un hombre y sus efectos en el mundo exterior”.
También afirma que “la Criminología es, como su nombre lo indica, la ciencia
del delito”.
G. STEFANI y LEVASSEUR.- Entienden la criminología como la ciencia “que
estudia la delincuencia para investigar sus causas, su génesis, su proceso y
sus consecuencias”.
R. JAMBU – MERLIN.- Dice que puede definirse la criminología como: “El
estudio de las causas de la delincuencia”, advirtiendo que, “entre estas causas
de delincuencia, algunas residen en la personalidad de los delincuentes”.
B. EL CONCEPTO ACTUAL MÁS ACEPTABLE DE CRIMINOLOGÍA
Hoy en día, mediante la aproximación a las distintas clases de conocimientos
que engloban el saber criminológico y los distintos ámbitos de la realidad que
deben ser analizados para comprender el fenómeno delincuencial, se define la
criminología como: “Ciencia empírica e interdisciplinar”, que “se ocupa de las
circunstancias de la esfera humana y social relacionadas con el surgimiento, la
comisión y la evitación del crimen, así como el tratamiento de los violadores de
la ley”.
En esta misma orientación, G. KAISER entiende que: “Criminología es el
conjunto ordenado de la ciencia experimental acerca del crimen, del infractor
de las normas jurídicas, del comportamiento socialmente negativo y del control
de dicho comportamiento”.
Este autor intenta sintetizar, pues, con esta noción, la definición tradicional más
estricta (“investigación empírica del delito y de la personalidad del delincuente”)
y la definición más actual, amplia, de dicha ciencia, que coge también en su
análisis, “el conocimiento experimental científico sobre las transformaciones del
concepto de delito (criminalización) y sobre la laucha contra el mismo, el control
de la restante conducta social desviada, así como la investigación de los
mecanismos de control policiales y de la justicia.
C. NIVELES DE INTERPRETACION DE LA CRIMINOLOGÍA
La criminología es una ciencia necesariamente interdisciplinaria que tiene por
objeto conocer las conductas antisociales y sus factores contribuyentes con el
fin de evitarlos y combatirlos, siendo su fin primordial la prevención; es
necesario que se tenga en cuenta que esta ciencia tiene diferentes niveles de
interpretación por lo que se encuentran:
1. Nivel de Interpretación Conductual: este nivel hace referencia al estudio
de un crimen específico como conducta antisocial concreta realizada en un
momento y lugar determinado y de forma criminal particular, el hecho tiene
principio, desarrollo y fin y va en contra del bien común, es decir, que atenta
contra la estructura básica de la sociedad.
Para poder establecer una explicación completa de esta conducta se hace
imprescindible incluir dentro del estudio a la víctima y el papel jugado por ésta
en el hecho, lo que hace que este nivel de interpretación adquiera importancia
en el proceso.
2. Nivel de Interpretación Personal: el centro del estudio es el criminal como
sujeto individual, acá se hace referencia al autor del crimen. El análisis del
individuo busca generar un diagnóstico, un pronóstico y una propuesta de
tratamiento; es importante aclarar que para el criminólogo es esencial que se
tenga en cuenta que el estudio debe centrarse más en lo que el sujeto es y no
en lo que ha hecho, sin embargo, no han de desconocerse sus acciones como
parte significativa del estudio de su personalidad; este nivel es importante en la
ejecución de sanciones.
3. Nivel de Interpretación General: enfoca su atención en el análisis de la
criminalidad entendida como el conjunto de conductas antisociales que se
producen en un tiempo y lugar determinado. El estudio global del fenómeno
criminal es de gran relevancia para la política criminal y a la hora de legislar.
De los tres niveles de interpretación, el análisis general de la criminalidad
alcanza gran importancia en cuanto permite conocer la evolución de un
determinado delito a través del tiempo, cuáles han sido sus variaciones en
ejecución, frecuencia, autores y víctimas, y todo esto teniendo en cuenta las
características socioeconómicas y culturales de una época determinada.
Así mismo, han de evaluarse los avances tecnológicos que facilitan tanto la
comisión de delitos como también la lucha contra ellos, las estrategias
adoptadas o implementadas por gobiernos o autoridades con el fin de
combatirlos, y examinar hasta qué punto estas medidas han sido eficientes y
eficaces en el logro de ese objetivo.
Ahora bien, todo este estudio tiene como fin último servir de base a la política
criminal la cual no ha de ser simplemente una política legisladora en el sentido
de criminalizar o des criminalizar determinadas conductas o aumentar las
penas, o de política penitenciaria que se limite al endurecimiento de la forma en
que éstas con ejecutadas, una verdadera política criminal o criminológica, debe
tener como eje una política social en la cual se vele por disminuir las
diferencias y las injusticias sociales que en gran parte son factores
contribuyentes a la comisión de delitos.
Así es como la educación es un elemento de prevención de gran relevancia
pues inculca valores éticos y morales, brinda capacitación para que los
individuos sean competentes en el mercado laboral y así puedan de esta forma
satisfacer sus necesidades y las de los suyos; se sabe que la instrucción no es
el único aspecto comprometido en la erradicación de la criminalidad pero
permitirá en parte su disminución ya sea porque los individuos no se inicien en
la carrera criminal o evite que reincidan en su conducta.
Esta reacción institucional frente al delito ha de ser coherente y razonada, no
formulada para resolver problemas momentáneos sino que las estrategias que
se planteen tengan visión de futuro, es decir, que con base en los estudios de
criminalidad se tengan proyecciones en cuanto a tipos de conductas
antisociales, modos de operar, víctimas potenciales y autores, lo cual permita
adelantarse a su ejecución y efectivamente se haga prevención.
Se habla de política social haciendo referencia a la generación de cambios a
nivel de estructuras sociales, políticas y mentales, estas últimas de gran
importancia en cuanto son la base para que se den transformaciones en las
otras estructuras.
Un avance importante que se está viviendo en Colombia es que la sociedad ha
dejado atrás esa actitud paternalista en la que desplaza la solución de los
conflictos a manos del Estado, y por el contrario se está convirtiendo en parte
activa, ya sea manifestando su inconformismo por medio de actos de
resistencia civil o porque ya empieza a formar parte de la persecución, hasta
donde tiene alcance, de los diferentes delitos.
Por su parte, los entes del Estado también han entendido que requieren de la
acción conjunta con la comunidad y han ido generando programas en los
cuales se permite su participación ya sea facilitando la forma de denunciar o
implementando planes de prevención. Así mismo, se han ido flexibilizando y
humanizando el contacto que tiene el ciudadano con las instituciones de
manera que se evite un segunda victimización y se genere confianza en las
mismas.
Falta un largo camino para lograr la concientización de que la lucha contra la
criminalidad es cuestión de todos pero afortunadamente se está dando poco a
poco tanto por parte del Estado y sus instituciones, como por parte de la
población en general.
D. LA VICTIMA Y CONCEPTO DE CRIMINOLOGIA.
Considerando la gran importancia que se está dando a la víctima, en el proceso
del acontecer criminal, una definición adecuada de criminología no puede dejar
de incluirla. Y, por ello, últimamente, se delimita su concepto afirmando que
Criminología es la ciencia empírica e interdisciplinar que tiene por objeto de
análisis la personalidad del autor del comportamiento, del delito, de la víctima y
del control social de las conductas desviadas y criminosas.
Por ello, teniendo en cuenta, además, la función informadora de la
Criminología, A. GARCIA – PABLOS DE MOLINA define a esta como: La
“ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen, de la
persona del infractor, la víctima y el control social del comportamiento delictivo,
y trata de suministrar una información valida, contrastada, sobre la génesis,
dinámica y variables principales del crimen – contemplando este como
problema individual y como problema social - , así como los programas de
prevención eficaz del mismo y técnicas de intervención positiva en el hombre
delincuente”.
Concluimos con las siguientes reflexiones de KAISER:
“No existe una determinación conceptual predominante – y mucho menos
unitaria y vinculante – de la criminología, ni en Alemania ni en los demás
países. Sin embargo, no se diferencian considerablemente las varias opiniones
sobre lo que en la actualidad debe entenderse por criminología, pese a sus
divergentes acentuaciones. Hay unanimidad en afirmar que la criminología es
una ciencia empírica. También se da opinión generalizada de que la ciencia
criminológica se ocupa del crimen y del delincuente, así como del control del
delito, en tanto y en cuanto se trata de la ejecución de sanciones penales, de la
prognosis y tratamiento del infractor. Finalmente también se está de acuerdo en
que los fenómenos del alcoholismo, de la asociabilidad, del causar molestias a
la comunidad, de la prostitución y el del suicidio son ya objeto de la
criminología. A ello no se opone que se considere excesivamente vago e
ilimitado el concepto colectivo criminal-sociológico de la conducta desviada,
que trasciende el concepto anterior. De acuerdo con esto, el conocimiento
criminológico debe referirse preferentemente a hechos observables e
intersubjetivamente comprobables de esta problemática. No bastan las
especulaciones, opiniones y juicios de valor, aunque todos ellos pueden
constituir a su vez el objeto de una investigación empírica. Los resultados
deben obtenerse además de modo sistemático, y en todo caso han de estar
ordenados.
E. OBJETO DE LA CRIMINOLOGIA
El objeto (material) o ámbitos a que esta ciencia se extiende en su estudio,
puede ya deducirse a través del concepto que, de la misma, acaba de
ofrecerse.
¿Cuál es, entonces, el objeto de estudio de la criminología?
La criminología, en sus inicios como ciencia, debido al signo científico con que
nace (el positivismo) se centró, casi en exclusiva, sobre el delincuente (fuese
como producto biológico o social). Su objeto era, pues, el delincuente y los
factores de su génesis. La Criminología contemporánea, impregnada de
sociologismo funcional, hace hincapié en la infracción o desviación en cuanto
tales, y en el control de las mismas.
Pero una Criminología verdaderamente integradora ha de tener por objeto,
tanto la persona de la infracción o desviación, como la infracción o desviación
mismas (“delito”), como la victima de la infracción y el control del
comportamiento antisocial.
El objeto de la Criminología es “multipartidarista”, pues hace objeto de estudio
tanto al delito como al delincuente y la víctima, así como al control del
comportamiento. Objeto diverso y múltiple cuyo análisis converge en su afán de
esclarecer y neutralizar el fenómeno o acontecimiento criminoso.
IV. RELACION ENTRE DOGMATICA PENAL Y POLITICA
CRIMINAL
Actualmente se plantea la necesidad de una política criminal y por lo tanto, de
un sistema penal y de un Derecho penal más acorde a las exigencias de un
Estado de Derecho, de un Estado de derecho social y democrático, que sea
ampliamente respetuoso de los derechos humanos; esto es, que se ajuste a los
lineamientos o directrices marcados tanto por las Constituciones Políticas de
tales tipos de Estados, como por los instrumentos internacionales que en esta
materia han sido hasta ahora aprobados por la mayoría de los Estados del
mundo. Por tanto, si se habla de una necesaria vinculación entre política
criminal y dogmática penal, habrá que referirse a una política criminal de estas,
imbricada de una ideología determinada, de una concepción filosófica y de una
orientación política precisas: en torno al hombre, al Estado, al Derecho Penal y
a las funciones y fines que a éste corresponde.
Por lo tanto, la dogmática penal y la política criminal, están también ligadas a
cierta ideología, que sirve de fondo a los diversos conceptos y criterios que se
manejan en ella, la que puede coincidir, divergir o contradecirse con la que se
sigue en la política criminal. Por lo tanto, si la dogmática penal tiene, entre
otras, la función de proporcionar las adecuadas bases científicas para una
política criminal adecuada, que además resulte funcional, ella misma debe ser
sensible a la ideología de aquella. Debe, por ello, en primer lugar, detectarla,
identificarla y, luego, valorarla; del análisis que haga de ella podrá determinar la
caracterización de la medida política criminal de que se trate, por ejemplo, la
legislación penal y, a partir de ello, incidir para reorientarla, si es el caso, o
explicarla sistemáticamente. La dogmática penal, por tanto, como producto
humano que es, no es neutra, ideológicamente hablando, sino que esta
necesariamente impregnada de ideología; esto es, que en el desarrollo de su
función, así como de las cosas en torno a las cuales se desenvuelve, pues a
partir de dicha concepción que puede enfocar su objeto de estudio y determinar
también la orientación (filosófica y política) que prevalece en cada uno de los
aspectos de ese objeto de estudio, que en este caso es la ley penal.
Si la dogmática penal tiene la pretensión de aportar las bases de una
determinada política criminal, podrá haber aceptación o rechazo de una de
ellas por quienes toman de cisiones políticas, dependiendo de si hay cierta
concordancia o no respecto de las ideologías que existen detrás de cada una
de ellas, de su interés, o de la fuerza de su convicción. Así, por ejemplo, si se
trata de una política criminal cuyos principios y criterios se corresponden con
los propios de un Estado respetuoso y garantizador de derechos del hombre,
ella seguramente optará por sugerencias dogmáticas que parten también de
criterios análogos; pero, si quien toma la decisión política no actúa de manera
consciente, podría entonces adoptar criterios equivocados.
Si la intervención dogmática es en el proceso de creación de las leyes penales,
la dogmática penal tendrá que mostrar su capacidad para que en la creación de
los tipos penales se haga efectivo el principio político-criminal nullun crimen
sine lege, de suerte que de sus contenidos se derive seguridad jurídica para los
individuos. Por ello, habrá que observar que las bases que aporte sean las
adecuadas, para que la decisión política del legislador sea también tomada
adecuadamente y la ley que de origen se corresponda con la exigencia
ideológica del Estado de Derecho. Si la intervención, en cambio, es “una vez
creada la ley” para desentrañar su contenido y explicarla sistemáticamente, es
decir, para interpretarla y dar criterios al juzgador para su aplicación concreta,
entonces la dogmática procurara determinar que ideología encierra la ley, si
ella es o no es acorde a la de la Constitución, si tiene o no lagunas o
contradicciones y, en su caso, proponer su modificación. Esto quiere decir que
la tarea de la dogmática no puede limitarse simplemente a la literatura de la ley,
esto es, a hacer una mera exegesis de ella, mucho menos que se conviertan
en su servil, sino que debe explicar sus bases o fundamentos filosóficos y
políticos, así como sus implicaciones prácticas, e incluso ser crítica ante ella.
En efecto, si la dogmática jurídico-penal, según su propia naturaleza, tiene
como punto de referencia y objeto de estudio a la ley penal existente (positiva y
vigente), y es en torno a ella que se construye y desarrolla, desentrañando y
sistematizando su contenido, en la búsqueda del real sentido de la ley puede
descubrir lagunas o contradicciones, falta de precisión y de uniformidad de
criterios político criminales, o la presencia de criterios que no se ajustan a una
determinada ideología y que, por ello, permiten extralimitaciones en el ejercicio
del ius puniendi estatal y, consecuentemente, violaciones de derechos
humanos. De esa manera la dogmática penal determina también el contenido y
los alcances que corresponden a los diversos conceptos sustantivos
plasmados en la ley, como son los que tienen que ver con la estructura del
delito y los presupuestos de la pena; y con base en ello es como hace su
construcción teórica, su desarrollo sistemático. Esta determinación no puede
hacerse matemáticamente o a través de métodos o criterios estrictamente
naturalisticos, si atendemos a las características del objeto de estudio. Pues,
partiendo de la base de que el Derecho penal está impregnado de
valoraciones, su propia naturaleza determina que el método para analizarlo no
puede estar desprovisto de consideraciones valorativas, es decir, de
espiritualidad. Por eso es que, con relación a los contenidos de la ley, se den
diversos puntos de vista: desde los que la alaban sin más hasta los que la
critican de manera extrema o moderada; los de quienes la ven perfecta y no
plantean ninguna posibilidad de cambio, y los de quienes señalan sus defectos
y los cambios que deben experimentar para mejorar; en fin, los de quienes le
dan un determinado sentido y alcance, según su propia perspectiva.
Por ello, así como pueden diferenciarse diversos tipos de política criminal,
pueden también distinguirse diferentes tipos de dogmática y de dogmáticos:
Los hay que, colocándose en un determinado extremo, procuran justificar o
limitar sistemas penales autoritarios o totalitarios, sugiriendo las bases teóricas
o científicas para ello, como fue el caso, por ejemplo, de la conocida Escuela
de Kiel en la Alemania de la década de los treinta a raíz del nacionalsocialismo,
cuyos principales representantes (DAHM y SCHAFFSTEIN) optaron por un
derecho penal autoritario en lugar de un derecho penal liberal, planteando las
bases dogmáticas para ese tipo de Derecho penal. Por el otro extremo, en
cambio, se erige una dogmática penal con una ideología que podríamos
caracterizar de liberal y democrática, que pugna por una política criminal y un
sistema penal ampliamente respetuosos del hombre; que consideran a este
como una persona, como un fin en sí mismo, como ente o ser capaz y libre, el
que por ello constituye o debe constituir el centro de atención de todo quehacer
estatal. Conforme a esta concepción, el Derecho penal y todo el sistema penal
deben estar al servicio del hombre y no para servirse del hombre. A partir de
esos extremos, que por cierto en la actualidad no los hay puros, se han erigido
las figuras intermedias o eclécticas tanto político criminales como dogmáticas.
Por ello, el legislador, por una parte, y el juzgador, por otra deberán tener
cuidado sobre la construcción dogmática que tomen como base en el ejercicio
del ius puniendi que les corresponde para el cumplimiento de sus respectivas
funciones para que las medidas político criminales que resulten de ese ejercicio
sean las adecuadas a las exigencias del Estado de Derecho.
En la medida en que la dogmática jurídico penal puede analizar críticamente al
Derecho penal, se convierte también en un instrumento de proposiciones y de
cambios, de transformaciones de su propio objeto de estudio. Se establece de
esta manera un proceso de retroalimentación entre dogmática penal y política
criminal, haciéndose posible la existencia entre ellas de vasos comunicantes,
con mayor o menor fluidez, dependiendo de la cercanía; o, como dice ROXIN,
ambas esferas tienen que compaginarse en una síntesis. Esa comunicación
puede darse, como se dijo, tanto en el proceso de creación de las leyes como
el de su aplicación concreta. Si la comunicación se da en la fase de creación de
las leyes penales, ello plantea que el legislador en el ejercicio del ius puniendi
debe estar consciente y convencido de haber elegido la mejor, la más
consciente, construcción dogmática, cuyas subyacentes bases ideológicas se
compaginen con la que debe regir la decisión política, la que en un Estado de
derecho y democrático no debe ser otra que la que, a su vez, se corresponda
con la de la constitución. Esta exigencia debe también observarse si la
vinculación se da en la etapa de interpretación y aplicación de las leyes, en
donde igualmente se impone considerar el mejor criterio dogmático de
interpretación, para que la ideología que tuvo en mente el legislador y que
seguramente quedo plasmada en la ley se corresponda con la que sigue o
debe seguir el legislador. No es admisible que cada uno siga ideologías
dispares, pues ello propicia inseguridad jurídica; de ahí la importancia de la
aportación de la dogmática jurídico penal, para uniformar los criterios en
atención a los fines político criminales que se le atribuyen al Derecho penal en
un determinado contexto.
Pero, si respecto de la política criminal se exige que esta sea coherente en su
integridad, es decir, que se fundamente toda ella en criterios uniformes, según
requerimientos del Estado de Derecho, es igualmente exigible que la dogmática
jurídico penal sea coherente tanto ideológicamente hablando como con relación
a la forma de sus construcciones. Una coherente construcción dogmática podrá
aspirar a una mayor penetración en las decisiones político criminales, la que sin
duda se posibilitara aún más si, a su vez, se trata de una política criminal
receptiva e igualmente coherente con relación a la ideología constitucional y a
su funcionalidad.
Puede suceder, sin embargo, que sea la política criminal y concretamente la
política penal, sobre todo cuanto aquella se desarrolla más a prisa que esta,
como sucede en gran parte del ámbito latinoamericano. En este caso, ante una
dogmática penal poco desarrolladas, la política penal bien diseñada puede
también servir de motivo para que esa dogmática penal o la propia teoría en
torno a la política criminal se renueve y, en su caso, reoriente sus postulados y
redefina y reestructure sus conceptos. En otros términos, si bien la dogmática
jurídico penal debe ser un motivo determinante para que las decisiones político
criminales se adopten adecuadamente y las medidas político criminales se
diseñen y se apliquen conforme a la ideología de la Constitución y a las
exigencias de un sistema penal de un Estado democrático de derecho, la
política criminal penal también puede motivar la transformación de la dogmática
jurídico penal; con lo que, la retroalimentación resulta aún más innegable.
Ciertamente, en el ámbito de la dogmática penal es evidente la tendencia de
acercarse a la política criminal, sin desconocer la existencia de una actitud que
prefiere cultivar la dogmática por la dogmática. Interesa sin embargo, precisar
ahora cuál de las construcciones dogmáticas es la que puede posibilitar una
mejor vinculación con la política criminal. Ello implica, a su vez, precisar los
postulados y las bases filosófico-políticas de que parten, así como el método
que aplican y las consecuencias prácticas a que conducen.
LA «POLÍTICA CRIMINAL» COMO REFERENCIA DEL SISTEMA
DOGMÁTICO.
1. En la propuesta metodológica de ROXIN late una visión de la dogmática
jurídico-penal ciertamente superadora del modelo positivista, y orientada a
poner de relieve los aspectos creadores de la misma.* Pero también, en
principio, claramente relativista, en el sentido de limitadamente vinculada por
perspectivas ontologicistas. Su entronque con el pensamiento neokantiano no
sólo es claro, sino que ha sido puesto expresamente de relieve por otros
autores. Sin embargo, es lo cierto que, en la actualidad, pocos parecen
dispuestos a rechazar la conveniencia de integrar consideraciones político-
criminales en la construcción del sistema del delito y en la atribución de
contenido a sus diversas categorías. Quizá no sea ajeno a ello el hecho de que
probablemente en la práctica ese modo de proceder (en su sentido más amplio:
orientación de la elaboración doctrinal de la teoría del delito a la obtención de
ciertas finalidades «prácticas» en relación con la persecución de la
criminalidad) siempre se ha dado, incluso cuando se declaraba que el sistema
se construía en virtud de razonamientos puramente deductivos a partir de
axiomas incontestables (pertenecientes a una determinada ontología) —esto
es, de modo «ciego»—. Y si ese modus operandi se ha dado siempre, es
porque resulta muy difícil negar que todo el Derecho penal nace precisamente
de exigencias de política criminal: en concreto, la de hacer posible la
convivencia pacífica en sociedad.
2. Ahora bien, lo anterior pone de relieve que cualquier profundización en la
propuesta de ROXIN debe conducir a dilucidar qué quiere decir Política
criminal, cómo se accede a sus principios y cómo se orienta el sistema a los
mismos. En efecto, el campo semántico de tal expresión admite concreciones
en diverso sentido, tan diferentes entre sí que casi carece de sentido su
agrupamiento bajo una denominación única. Comúnmente, la orientación
político criminal se ha asociado al consecuencialismo, identificándose con una
orientación del sistema del Derecho penal a las consecuencias empíricas de su
aplicación. De hecho, en la obra de ROXIN se dan apuntes en este sentido al
indicarse que la construcción del delito debe orientarse a los fines (sociales) de
la pena (de prevención general y de prevención especial)."
A este consecuencialismo, que adoptaría como punto de partida una
racionalidad exclusivamente instrumental es al que, en Alemania, se alude con
el sustantivo Zweckrationalität y el adjetivo zweckrational, habiéndose traducido
entre nosotros con expresiones como «racionalmente final», «teleológico-
racional», u otras próximas. Dejando aparte otros problemas de traducción, ya
en este punto, sin embargo, convendría indicar que, en alemán, el término
zweckrational tiene un sentido añadido (como se expresa en la obra de Max
WEBER), que podría traducirse (y ha sido traducido) como «racionalidad
instrumental deliberada». En particular, porque con la adopción de tal género
de racionalidad se excluiría otra forma de teleología: la que entendería —
volviendo ahora a nuestro objeto de interés— que el Derecho penal no sólo
tiene fines instrumentales de control, sino que asume también como fin propio
la realización de determinados valores (y que comprendería lo que en alemán
se denomina Wertrationalität —racionalidad valorativa—).
Por lo que hace a la función de la política criminal, esta puede comprender solo
medidas de carácter eminentemente preventivo o de índole represiva, o bien
las que cumplen una función mixta, tanto preventiva como retributiva;
pudiéndose, a su vez, observar la prevalencia de alguno o de otro tipo de
política criminal, según el carácter predominante de las medidas y distinguir
aquella que son de carácter penal y las de índole no penal.
V. VINCULACION ENTRE POLITICA CRIMINAL Y
CRIMINOLOGÍA
Para efectos de un mejor abordaje de la relación entre ésta disciplina y
la criminología es importante conocer el concepto de política criminal como
ciencia y como práctica.
Entendida como ciencia, la Política criminal pretende la exposición
sistemáticamente ordenada de las estrategias, tácticas y medios de sanción
social para conseguir un control óptimo del delito. La Política criminal práctica,
en cambio, se limita a aquella actividad estatal, ante todo con los principios,
procedimientos y medios del Derecho criminal, se dirige al control del delito y
es ejercitada de modo predominante por los juristas. Sirven como medios de la
Política Criminal, tanto el concepto del delito en cuanto instrumento de control
de la conducta, como las sanciones, es decir las penas y las medidas de
corrección y seguridad, así como las multas y medidas de la legislación sobre
infracciones del orden. (Kaiser, 1988, 53).
La relación existente entre ambas disciplinas es que la Criminología le
proporciona la materia prima (estudio de las causas o génesis de la
criminalidad) a la Política Criminal de manera que se pueda comprender el
funcionamiento de la criminalidad y así proceder a la estructuración de las
estrategias, tácticas o mecanismo para obtener un control óptimo del delito.
VI. POLÍTICA CRIMINAL COMO “PUENTE” ENTRE LA CRIMINOLOGÍA Y LA DOGMÁTICA
Al referirse a la concepción que entiende a la Política criminal como un “puente”
entre la Criminología y la dogmática jurídico-penal, debe partirse diciendo que
ésta es ciertamente la posición doctrinal que más seguidores tiene en España,
visión mayoritaria que destaca la unión mediante la Política criminal entre las
consideraciones de orden empírico y aquéllas de tipo valorativas.
Debe recordarse que dado el perfil evolutivo que se ha venido señalando, el
hecho de que se entienda la Política criminal como dedicada a la reforma del
Derecho penal no deviene en contradictorio que los mismos autores que
sustenten la visión de “Lege Ferenda” opten también por admitir el concepto de
“puente”. En este sentido, puede estimarse la opinión de MAIER, cuando
señala que la tarea de la Política criminal puede resumirse según el itinerario
histórico seguido por ésta, expresando que ella: “funciona críticamente sobre
los institutos jurídicos vigentes de la mano de los resultados que ellos han
producido en la práctica concreta, en los hechos, y, a partir de allí, propone su
reemplazo o modificación, según métodos racionales que pretenden tener firme
fundamento en investigaciones empíricas…”.
Y es que si se tiene en consideración que el desarrollo de la Política criminal es
más proceso de extensión que de negación de conceptos anteriores, puede
entenderse que posturas distintas logren reunirse en una misma metáfora, lo
que además es una lógica explicación a que sea ésta la postura mayoritaria.
Sin perjuicio de lo anterior, es bueno aclarar que la tratamos como posturas
distintas, enmarcado en un desarrollo por asentamiento, ya que la visión de
“puente” que aquí señalamos implica que la unión de lo empírico con lo
valorativo no sólo estará destinada a la reforma del Derecho penal, sino
también a su aplicación y con ello a su interpretación y crítica de las
instituciones vigentes. Así, por ejemplo, señala ARZT : “En el proceso
legislativo, es decir, en la decisión acerca de si los viejos preceptos penales
deben derogarse o deben crearse preceptos nuevos, así como también a la
hora de proceder a la interpretación de los preceptos legales vigentes deben
entrar en juego consideraciones político-criminales”.
LA FUNCIÓN DEL “PUENTE”
Es evidente que con la metáfora del “puente” lo que se está necesariamente
asumiendo es la separación entre Política criminal, Dogmática penal y
Criminología, (y es que sólo lo separado podría necesitar de un puente).
Esto es, que la Política criminal no es parte ni de la segunda ni de la tercera de
las recién mencionadas, cuestión que no resulta baladí, dada la histórica
discusión sobre este punto.
Esto es, con la visión tridimensional de la cuestión que se ha venido
consolidando, se da por superada la postura de la Política criminal como
“criminología aplicada” y lo mismo debería ocurrir con aquella que la reconoce
como parte de la Dogmática penal, aunque en menor medida según mi opinión.
Desde una visión crítica de lo primero, señala CEREZO MIR: “La política
criminal no puede formar parte de la Criminología porque la crítica y la
propuesta de reforma del Derecho positivo no se puede realizar sin un
conocimiento previo, profundo, del mismo y este conocimiento es ajeno al
objeto de la Criminología”.
Asertos de este tipo parecen ya fuertemente consolidados, cuestión que no
ocurre de la misma manera con lo segundo. Me refiero a que la pertenencia de
la Política criminal a la Dogmática penal es aún una corriente de considerable
fuerza, lo que se realiza directamente, vía invocación de ANTÓN ONECA, o
incorporando a la Política criminal como corolario de la dogmática en su versión
crítica. De modo que las voces que hablan de la Política criminal como parte de
la Dogmática penal no pueden considerarse como “silentes”, aunque quizá si
hayan bajado la voz.
De todo ello pueden advertirse dificultades no meramente de orden
clasificatorio, sino problemas de calado real y práctico. Una de ellas, en mi
opinión la de mayor alcance, es la que BARATTA había agudamente puesto de
manifiesto, respecto de la barrera con que choca una Política criminal científica
en el intento de aplicar el conocimiento proveniente de la criminología a una
Política criminal práctica.
Me refiero a que desde una perspectiva que incluya a la Política criminal dentro
de la dogmática penal, es más factible caer en el error reduccionista de poner
tención sólo a los aspectos de la criminología que puedan ser más directa y
fácilmente reducidas a medidas de carácter penal, poniendo a la criminología y
sus aportes al servicio de una política meramente penal, lo que evidentemente
redunda en una infravaloración de las potencialidades de la criminología y en
un déficit de las medidas político criminales de carácter integral.
Volviendo al punto de la visión tridimensional de la ciencia penal, se debe decir
que en ésta cada una de las disciplinas mencionadas tiene un centro de interés
asignado, así las cosas, sin perder de vista las limitaciones de cualquier
simplificación, en palabras de MIR PUIG cabría expresar que: “la Dogmática
jurídico-penal se ocupa del Derecho penal como norma, la Criminología como
hecho, y la Política criminal como valor”.
De la misma opinión es GARCÍA-PABLOS quien se refiere a lo expuesto en los
siguientes términos: “Esto es, que Criminología, Política criminal y Derecho
Penal representan tres momentos inescindibles de la respuesta social al
problema del crimen: el momento explicativo-empírico (Criminología), el
decisional (Política criminal) y el instrumental (Derecho Penal).” Para concluir
sentenciado: “Saber empírico y saber normativo no pueden "seguir sus
caminos" distanciados”.
Y es que es precisamente ello lo que motiva la aproximación a los terrenos de
la Política criminal, el intento por acercar realidad y dogmática penal. Ya desde
tiempos de VON LISZT se criticaba la fisura existente entre ambas. Sobre ello
señalaba en su Programa de Marburgo: “Desde hace decenios, los
representantes más significativos de la ciencia del Derecho penal se han ido
distanciando de la vida real. La ciencia del Derecho penal ha disipado sus
esfuerzos en luchas infructuosas y se ha implicado en trabajos sobre ideas
puramente abstractas, en lo que no percibía lo que acontecía en el exterior.
Creía tener en sus manos, como antes, las riendas del poder, mientras la vida
real había dejado de preocuparse de ella mucho tiempo atrás”. De ahí la
evocación del “puente”, la necesidad de unir lo dogmático a lo concreto,
manifestado por VON LISZT en la “idea del fin del Derecho penal”.
VII. LINEAMIENTOS PARA UNA CRIMINOLOGÍA PERUANA
CRÍTICA FRENTE A NUESTRA REALIDAD Y LA
GLOBALIZACIÓN y LA POLITICA CRIMINAL EN EL
PERÚ
La criminología en el Perú tiene una historia un tanto pobre en el sentido que
no ha habido una seria preocupación por su desarrollo, no obstante en sus
inicios (en 1918), cuando se empieza a dictar las primeras clases de esta
disciplina dentro del curso de Derecho Penal especial, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Lima (hoy Universidad Nacional Mayor de San
Marcos), por el profesor Oscar Miró Quesada, ha habido un intento de
desarrollar una criminología académica (denominada por Carlos Bambaren
como criminología universitaria o docente) y no tanto así, una criminología
práctica o criminología penológica o de aplicación en los establecimientos
penales. Ésta clasificación fue realizada por Carlos A. Bambaren. Así, para el
primer profesor peruano de criminología, Dr. Oscar Miró Quesada, esta ciencia
comprende dos partes: criminogenia y Criminalística. La primera estudia los
factores genéticos del delito; la segunda, diversas cuestiones que se relacionan
con la prevención y represión de la delincuencia, así como con el
descubrimiento del delincuente. La criminogenia es término que inventa Oscar
Miró Quesada y comprende la Antropología Criminal y la Mesología Criminal.
La Antropología Criminal trataría de la anatomía, fisiología, psicología y
psiquiatría criminales. Cada una de estas partes se refiere al estudio aplicativo
de diversas materias para el mejor conocimiento del delincuente. La Mesología
Criminal, otro acierto nominativo de Oscar Miró Quesada, estudia las causas
exógenas de la delincuencia, concretándolas en físicas geográficas y sociales.
La Criminalística, que ya había creado Han Gross, debe ocupares según Oscar
Miró Quesada, de la prognosis criminal, de la penología y de la policía judicial
científica, integrando el contenido de la Criminología. La prognosis criminal
trataría de la prevención de la delincuencia; la penología del capítulo de las
sanciones y la policía judicial científica de describir los recursos técnicos con
los que se describe el lugar del delito y se identifica al delincuente. Carlos A.
Bambaren, quien sucedió a la cátedra de esta disciplina, en 1928 a Oscar Miro
Quesada, conceptúo a la Criminología como un presupuesto extrajurídico del
Derecho Penal y que es disciplina empírico-cultural que estudia los factores
condicionantes del delito (criminogenia); que analiza y clasifica la personalidad
del delincuente en particular, para determinar en seguida su “estado peligroso”
(criminografía); que reúne la cuantía numérica de la delincuencia
(criminometría) y que aplica los conocimientos adquiridos en beneficio de la
sociedad (criminotecnia). Definición que refleja su orientación neolombrosiana,
la misma que se observa en su obra titulada “Apuntes de las
Lecciones de Criminología” (1930). Solís Espinoza señala que el primer trabajo
dentro de la literatura criminológica en el Perú fue la obra de Oscar Miró
Quesada, titulada “Breves Apuntes de Mesología Criminal Peruana”. Eduardo
Mimbela de los Santos entiende a la Criminología como una disciplina
explicativo causal del fenómeno delictivo; es decir, una ciencia interdisciplinaria
con método y contenido propios; la criminología es una ciencia bio-psico-social
integrada, de orientación natural y cultural; asimismo, este autor, amplió la
orientación criminológica en el Perú, y adoptó la posición socio-psicologista que
los plasmó en unos apuntes de clases (1962), que fueron revisados por en
1971 con colaboración de Solís Espinoza; posición que se mantendrá, sin
temor a equivocarnos, hasta antes de 1988, posteriormente la orientación de la
criminología peruana se ampliará y se adoptará una posición ecléctica que se
reflejará en la enseñanza y en las obras de los profesores que enseñan esta
disciplina; es decir, la criminología no solo tendrá como objeto de estudio al
delincuente y el crimen sino, a la víctima y al control social del comportamiento
delictivo y desviado. Así, por ejemplo, Solís Espinoza concibe a la criminología
como una “ciencia interdisciplinaria que estudia las características y los
factores de los fenómenos delictivo y antisocial, así como a los actores de
dichos fenómenos, y al sistema de control jurídico penal”; donde la criminología
trata de describir o señalar las características que presentan los fenómenos de
la criminalidad y los hechos antisociales, incluyéndose dentro de estos últimos
a la “delincuencia de menores”, así como la prostitución, la toxicomanía y el
alcoholismo, que son formas de comportamiento que se desvían de las normas
socialmente aceptadas según los valores dominantes, pero que no son delitos
según el Derecho vigente.
Como se observa, la criminología en el Perú en sus inicios tuvo un cierto
avance, aunque circunscrita a las aulas (universitarias), una criminología
positivista académica más que práctica, luego, ya en los años 70 ó 80, se hace
notoria su atraso o su poco desarrollo, obedeciendo a diversos factores de
distinta naturaleza, siendo dos de ellos, la ausencia de financiación económica
de parte del Estado y las instituciones privadas a los científicos sociales
(criminólogos, sociólogos, etc.), en el ámbito académico, se interesaban más
por las normas jurídico-penales (reforma de la ley penal) que por realizar un
estudio serio de nuestra realidad, entre otros factores, que por el limitado
tiempo no se tratará (estudiar)
CRIMINOLOGIA PERUANA A LUZ DEL SIGLO XXI
Parece evidente que en el presente siglo el mundo entero necesita más de la
criminología como ciencia. Debemos preguntarnos qué hacemos para no
generar hechos antisociales y criminales, y si ya se generó, qué hacemos para
contenerlas. Hechos antisociales como la prostitución, el alcoholismo, la
drogadicción, la congestión vehicular, el desamparo de personas (mayores de
edad, ancianos, y menores de edad), etc.; y criminales como los accidentes de
tránsito (atropellos), homicidios cualificados (“Elita”, caso de parricidio), etc.
Construir una criminología peruana implica hacer todo un estudio serio y crítico
de nuestra realidad, y ¿cómo es nuestra realidad?, es una realidad compleja,
en un contexto donde impera la irresponsabilidad de los políticos que acceden
poder para gobernar de egoístas intereses personales, de grupos económicos
internos y externos conocidos como “lobbies”, excluyendo a las mayorías
nacionales y sin siquiera tener en cuenta un análisis poblacional que sirva de
base a una prevención o predisposición para satisfacer las necesidades de las
mayorías. La improvisación, influencia y favoritismo estatal hacia determinadas
empresas o personas. Estas formas de actuar fomentan e institucionalizan la
ineficacia y la corrupción. Una realidad donde existe la pérdida de confianza,
noción e identificación de la jerarquía de valores como la justicia social, la
igualdad, la libertad, la verdad, la honradez, la moral y ética; asimismo, el
ingreso al extremismo de la injusticia, la deshonestidad, la corrupción (casi
sistemática), la intransigencia, la mediocridad, la traición, la irresponsabilidad,
la indiferencia, el egoísmo, que son antivalores que rigen la conducta de las
personas inmorales. Actualmente estamos viviendo en un contexto con
aparente estabilidad económica, con cifras oficiales maquilladas, cuando
realidad refleja todo lo contrario, estamos viviendo una solapada crisis
(económica), no tan aguda, pero que sin embargo, ésta se refleja en la
población; población que no es atendida por su gobierno y sus gobernantes
demuestran un total desinterés por lo social, todo deviene en caos generalizado
y aceleradamente brotan todos los males sociales, como la delincuencia,
corrupción, desempleo, violencia social, injusticia, epidemias, etc.; asimismo,
vivimos en un país con problemas sociales de violencia, inestabilidad jurídica e
institucional que no otorga seguridad (socio-jurídica) para las inversiones. La
sociedad peruana, valga la redundancia, es una sociedad lacerada por el
manejo político represivo, restrictivo, excluyente e irresponsable. Donde impera
la corrupción (sistemática) en todas las instituciones del Estado, sobre todo en
las instituciones de control social formal, y un tanto aún no notoria, la
corrupción en el sector privado, las veces que se deja ver, se la ve como
cómplice de la corrupción estatal. Nadie se atreve a denunciar, ¿será porque la
corrupción está tan generalizado y a la vez fuerte?, donde las instituciones
denominados “anticorrupción” parecen no cumplir ninguna función o, en todo
caso, las funciones que cumplen son meramente simbólicas. La realidad del
sistema de administración de justicia penal deja mucho que desear, tiene una
alta deslegitimación social, y esto tiene mucho ver con el funcionamiento de las
instituciones de control social (formal); donde el Poder Judicial tarda en exceso
(años) en la resolución de conflictos penales, que lo haya realizado bien o no,
es otra cosa; donde los trabajadores, la gran mayoría, han visto a este Poder
del Estado como una manera de asegurar su futuro y una fuente importante de
ingresos (económicos) y a esto se aúna, una corrupción generalizada. La
policía nacional como agente de control social, deja mucho que desear,
aparecen en los medios de comunicación social (siempre) informando de la
comisión de algún delito, pareciera que trata de decir que están cumpliendo
con nuestras funciones, y ahora último, aparecen no ya como agente de control
social sino, como delincuentes (integrando alguna banda de asaltantes), esto
es, como objeto de control social, tampoco se salva de corrupción generalizada
que existe en esta institución, según las estadísticas del Instituto Nacional de
Estadísticas e Informática (INEI) y de otras instituciones (universidades), es
una de las instituciones con más alto índice de corrupción. El órgano vigilante
de la juridicidad y persecutor del delito pareciera que su existencia fuera
meramente formal, simbólica, y esto es muy grave, es un indicador que la
política maquiavélica ha ingresado a su seno, y no trataré sobre el rol que tiene
que cumplir con el Código Procesal Penal del 2004, una vez que entre en
vigencia en Lima en su integridad; esta realidad se ha visto reflejado en la
última encuesta sobre el índice de criminalidad, semestre abril-setiembre del
2012, realizado por el INEI, donde 4 de cada 10 personas han sido atacados
por la delincuencia, siendo el delito de robo (agravado) de dinero, celulares y
carteras el de mayor incidencia en un 51,7%, y sólo el 13.3% denuncia el
hecho ante las autoridades el mismo que refleja desconfianza hacia las
autoridades (Poder Judicial, Policía Nacional, Ministerio Público, etc.). La
realidad del sistema penitenciaria es otro gran problema, que refleja el
funcionamiento del sistema de justicia penal (criminal), siendo esta realidad
dura y cruda, donde existe (a junio del 2012) una población penal total de
81,246, de los cuales 58,019 están recluidos en los 86 establecimientos
penitenciarios (EP) distribuidos en las ocho Oficinas Regionales que existen en
el Perú, y según el Informe Estadísticas de junio del 2011 a junio del 2012 del
INPE, la población carcelaria recluida se ha incrementado en un 19,4%
(equivalente a 9,433 personas recluidas) el mismo que implicaría construir tres
establecimientos penitenciarios por año. Asimismo, se observa el fenómeno de
la prisionalización (aprendizaje de la subcultura carcelaria), donde el recluso no
se reeduca, rehabilita, ni se resocializa, esto es, no se cumple con el objeto de
la ejecución penal, los establecimientos penitenciarios son verdaderos centros
de adiestramiento para la criminalidad; el hacinamiento carcelario (existe
menos espacio a ocupar por las personas recluidas en los establecimientos
penitenciarios), que constituye un gran barrera para el adecuado tratamiento de
las personas reclusas, según el Informe Estadístico del INPE (hasta el junio del
2012 existe hacinamiento en 46 establecimientos penitenciarios, esto es, en la
mayoría; la sobrepoblación carcelaria (cantidad de reclusos que sobrepasa la
capacidad de albergue de los establecimientos penitenciarios), según el
Informe Estadístico del INPE (hasta junio del 2012) la mayoría de los
establecimientos penitenciarios existe sobrepoblación (y hacinamiento), siendo
uno de los más sobrepoblados y hacinados E.P. de Lurigancho, cuya
capacidad de albergue es de 3204 internos (procesados y condenados),
actualmente tiene 7,985 internos, esto es, existe una sobrepoblación del 149%;
entre otros fenómenos que no figuran en el mencionado informe estadístico.
De lo expuesto líneas arriba se colige que tenemos una realidad violenta (de
parte de la delincuencia, la sociedad y las instituciones de control social), de
desigualdad económica, corrupción en las instituciones estatales y de
desconfianza de parte de la ciudadanía hacia las autoridades. No sé qué podrá
hacer el Estado, a través de las instituciones correspondientes, frente al avance
de la globalización como fenómeno complejo, de grandes cambios sociales,
económicos, culturales, políticos y jurídicos; y de la presencia más notoria –y
sofisticada- de la criminalidad organizada (el tráfico ilícito de drogas, caso
VRAE. En conclusión necesitamos construir una criminología que afronte de
manera crítica a la realidad descrita, propia de un país en vías de desarrollo,
que cuenta con un índice de pobreza de 31,3% (hasta el 2010) según las
Estadísticas del INEI y un alto índice de criminalidad e inseguridad ciudadana.
Una criminología que deberá tener en consideración nuestras peculiaridades
étnicas, lingüísticas, culturales, ecológicas, etc. Esto se logrará con las
disciplinas que se relacionan e integran la criminología, como la Sociología, las
ciencias económicas desde mi posición, que estudiaría todo lo que implica el
fenómeno monetario -incluido la globalización económica-, la desigual
distribución de la riqueza en nuestro país, entre otros factores; desigualdad
económica que se vería reflejado, de alguna manera, en el Informe Estadístico
del INPE, junio del 2012, donde se observa que el delito de más frecuencia es
el robo agravado (artículo 189º del Código Penal) y representa el 26% del total
de la población penal, siguiéndole el delito de tráfico ilícito de drogas con un
14% (artículo 296º, tipo base del Código Penal), siendo el primero, cometido
por personas de escasos recursos económicos (mayoritariamente); entre otras
disciplinas; claro, en este contexto de globalización, será necesario también
que se tome en consideración a la criminología comparada, que nos mostrará
otras realidades que contribuirán a la “construcción” de una auténtica, sólida y
útil criminología peruana. Dicha situación siempre se ha mantenido así, el
porcentaje más alto en el delito de robo (agravado).
VIII. LA POLITICA CRIMINAL HOY EN DIA EN NUESTRO PAIS.
La Política Criminal en los últimos años ha ido evolucionando en la legislación
peruana conocida desde una perspectiva crítica como expansión del derecho
penal.
El fenómeno más destacado en la evolución actual de las legislaciones penales
del mundo occidental está en la aparición de múltiples nuevas figuras e incluso
en algunos casos de nuevos sectores de regulación acompañado de una
actividad de reforma de tipos penales ya existentes realizada a un ritmo muy
superior al de épocas anteriores En el campo Jurídico Penal, los cambios
generados en los últimos tiempos, han traído consigo una mayor participación
de la ciudadana en las políticas criminales.
La criminalidad es un problema de todas las sociedades; ello explica la
internacionalización de las ciencias penales. Sin embargo pese a la larga
experiencia con ese fenómeno, en ninguna parte se ha logrado ni mucho
menos reducir.
La política criminal es muy cambiante, existe un primer plano en el que se
pretende la reintegración a la sociedad del autor, por otro lado se pretende
hacer frente con firmeza. De momento se extiende esta segunda tendencia
como para poder dar una buena impresión en los políticos, a través de la
sociedad.
Una demanda de una sociedad sensibilizada por la tecnología y la proliferación
constante de actividades riesgosas. Y esto se debe a que ahora los delitos con
mayor incidencia son aquellos que usan medios tecnológicos avanzado como
por ejemplo a través del Internet se puede cometer delitos como la pornografía
infantil, hurtos empleando una clave secreta universal para poder sustraer
dinero en las cuentas de ahorro o tarjeta de créditos, entre otros delitos.
Es por eso que hablamos de una sociedad de riesgo que a través de sus
propias creaciones como el avance de la tecnología, estas mismas pueden
convertirse en un riesgo para la comisión de delitos, siendo atentatoria o
afectando a una gran masa colectiva.
Es por esta razón que debemos de tratar ya no de una Política Criminal inerte,
estática sino una Política criminal dinámica donde no solo participe para
combatir la delincuencia los grandes poderes como son el Poder ejecutivo, y el
legislativo, en la que el estado le corresponde elaborar, formular y ejecutar un
PLAN NACIONAL INTEGRAL DE POLÍTICA CRIMINAL, sino también la
intervención de otros entes y de los propios ciudadanos Hay que precisar que
lamentablemente en nuestro país no existe ni ha existido una política criminal
adecuada que responda a un sistema integral de defensa y protección de los
bienes jurídicos de la sociedad, pues el tema de la política criminal ha estado
siempre ligado a necesidades coyunturales, debido a los grandes reclamos o
demandas por parte de los pobladores por la carencia de seguridad por parte
del Estado y siempre el Estado ha encontrado soluciones en el momento como
aumentando las penas en los delitos de mayor incidencia en la sociedad lo que
ha dado lugar a que no se logre la disminución de la delincuencia sino en
muchos casos el aumento de las mismas.
El legislador goza de un margen razonablemente amplio para diseñar la política
criminal del Estado, según lo ha establecido el tribunal Constitucional y que al
señalar su aplicación razonable, significa que debe hacerlo aplicando ciertos
límites, como por ejemplo sin transgredir los derechos fundamentales del
delincuente y respetando los derechos fundamentales establecida en la
Constitución.
También resulta necesario que en nuestro país existan planes de prevención
de la delincuencia de corto, mediano y largo plazo en la Política Criminal. Hoy
en día ya se está aplicando estos planes de prevención por ejemplo en el
Ministerio Publico existe programas como son Jóvenes Líderes y Fiscales
Escolares, que son programas de largo plazo, ya que la primera consiste en el
joven que presentan desviaciones de adaptación en la sociedad, a través de
charlas le brindan roles que al cumplirlas los ayuda en su rehabilitación y estos
a su vez enseñan a otros jóvenes que recién se reincorporan a este programa
a tener una buena conducta en la sociedad.
Asimismo los Fiscales escolares también es un programa de largo plazo ya que
les enseñan a los alumnos de los colegios cuales son las funciones de los
fiscales y que es el delito y que el mismo no debe cometerlo en una sociedad.
Como se puede apreciar estos programas son preventivos y ayudan a la
persona desde su niñez como debe ser su comportamiento ante la sociedad
cuando estos sean adultos.
Por otro lado; en algunos Municipios también se han creado programas de
prevenciones de la delincuencia dándole a los jóvenes roles dentro de estas
entidades ediles, como son labores de limpieza que no les permitan a
dedicarse a cometer delitos.
Otras de las instituciones que también participan en la erradicación y
prevención de la delincuencia es la Policía Nacional La utilización de órganos
especializados de investigación criminal como la Policía nacional en el
esclarecimiento de todos los delitos, y también ejercen su función de control
seguridad ciudadana.
La Policía nacional así entendida es, por una parte, debe ser la mejor garante
de los derechos fundamentales, toda vez que es el primer agente que va
intervenir en la comisión de un delito y debe estar integrada directamente por
especialistas; Peritos y por otra, siendo profesional, técnica y científica en la
investigación de los delitos asegura una política sostenida de capacitación y
entrenamiento de su personal.
Para que exista una Política Criminal exitosa es necesario realizar auditorías de
personal, fortalecer y capacitar la Policía nacional a fin de reducir los elevados
índices de impunidad, que se presentan con mayor frecuencia en estas
instituciones.
Puesto que no se conocen estadísticas certeras que relacionen índices de
criminalidad con efectos de la pena sobre la sociedad, habitualmente los
resultados de la política criminal son medidos en base a parámetros basados
en sensaciones que, por cierto, son generadas por los medios masivos de
comunicación, significando que los medios de comunicación son entes que
también participan en la política criminal, ya que a través de poder llegar la
información masivamente nos permite ejercitar acciones para evitar de ser
víctimas de la delincuencia, y que nos muestra además una realidad de la
existencia de una sociedad peligrosa.
Hay que también distinguir la información real y de aquellas sensacionalista
que más bien en logra una colaboración de prevención a ser víctimas de las
delincuencia nos transmite temor e algo inexistente.
Finalmente actualmente se menciona mucho la expresión de seguridad
ciudadana, que tiene como objetivo la protección, prevención, garantía que se
tenga que dar a los ciudadanos para que puedan intervenir libremente, y con
las garantías correspondientes a fin de tener una tranquilidad, paz y seguridad
tanto de los bienes, como de las personas que representa la vida en la
comunidad.
Las autoridades en todos los niveles deben asumir la responsabilidad en la
lucha contra la violencia, criminalidad y delincuencia común, analizando los
problemas de su comunidad e ideando planes de acción para brindar solución
a dichos problemas mediante un trabajo participativo, proactivo y articulado en
forma multidisciplinaria, compromiso que es fundamental para lograr el respeto
a los derechos de la persona humana, que se encuentran amenazados ante los
crecientes niveles de inseguridad y de esta manera recuperar la confianza de la
ciudadanía .
Hoy en día existen las Juntas vecinales, las rondas campesinas que participan
en la prevención y erradicación de la delincuencia El Control Vecinal; para
capacitar a los residentes de un barrio para informar de cualquier ciudadano
desconocido y de aspecto inusual que transite por sus calles y la expansión de
la seguridad privada supone una dejación generalizada de responsabilidades
por parte de los poderes públicos en relación con uno de sus cometidos
fundamentales, la salvaguarda del orden publico constituye un involucramiento
en la sociedad en la lucha contra la delincuencia.
Finalmente, podemos concluir que los fines de una política criminal son de
prevención y de erradicación, y que todos participamos en ella y esto se da por
la realidad que el País viene atravesando, el incremento de la delincuencia; así
como sus nuevas modalidades de delitos, donde resulta necesario que cada
uno prevenga y no esperar que el estado (poder ejecutivo) exclusivamente
asuma esta Función preventiva, en consecuencia todos participamos en la
Política Criminal del Estado.
En el Perú se están haciendo esfuerzos respecto a la Política Criminal como es la promulgación de la Ley N° 29807, Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal, debido al incremento de la actividad delictiva que actualmente sitúan a nuestro país como uno de los más inseguros y a Lima como la segunda ciudad más peligrosa de Latinoamérica.
ANEXO
LEY QUE CREA EL CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL LEY Nº 29807
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICAPOR CUANTO:El Congreso de la RepúblicaHa dado la Ley siguiente:EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;Ha dado la Ley siguiente:LEY QUE CREA EL CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINALArtículo 1. Creación y finalidadConstituyese el Consejo Nacional de Política Criminal encargado de planificar, articular, supervisar y dar seguimiento a la política criminal del Estado. Dicho Consejo Nacional estará adscrito al Ministerio de Justicia.Artículo 2. Composición del Consejo Nacional de Política CriminalEl Consejo Nacional de Política Criminal está integrado por los siguientes miembros:- El Ministro de Justicia, quien lo preside.- El Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de laRepública.- El Presidente del Poder Judicial.- El Fiscal de la Nación.- El Ministro del Interior.- El Defensor del Pueblo.- El Presidente del Consejo Nacional Penitenciario.- El Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.- El Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima.- Un representante de la Asociación de Municipalidades del Perú.- El Director General de la Policía Nacional.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.- Cuatro representantes de las facultades de Derecho acreditadas de las universidades del país.- El Secretario Técnico, en representación de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Política Criminal.
Los miembros que integran el Consejo Nacional de Política Criminal, a excepción de la Secretaría Técnica, ejercerán sus cargos como parte de su mandato institucional, no pudiendo percibir remuneraciones, dietas, aportes, asignación ni retribución, cualquiera fuera su denominación, excepto las que provengan de la institución a la que pertenecen.Artículo 3. La Secretaría TécnicaLa Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Política Criminal es un órgano colegiado y multidisciplinario, dirigida por el Secretario Técnico, quien es designado por el Ministerio de Justicia, y está integrada por un gabinete de expertos formados en diversas disciplinas científicas relacionadas con el sistema penal. Los miembros del gabinete de expertos accederán por concurso público de méritos.La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Política Criminal está a cargo del Ministerio de Justicia, quien se encargará de brindar la asistencia administrativa y técnica.Artículo 4. Mandatos y atribucionesEl Consejo Nacional de Política Criminal tiene los siguientes mandatos y atribuciones: 1. Estudiar el fenómeno criminal del Perú y elaborar el Diagnóstico Nacional sobre las causas del delito y los factores que inciden en su expansión.2. Diseñar, aprobar y supervisar la ejecución del Programa Nacional de Política Criminal, a partir de la información de la realidad nacional, de las conclusiones del Diagnóstico Nacional sobre las causas del delito y los factores que inciden en su expansión, y asumiendo con carácter vinculante las recomendaciones de los convenios internacionales en materia de prevención del crimen y justicia penal.3. Formular políticas y directrices criminológicas que deberán ser propuestas a los diversos sectores y entidades involucradas en el sistema de control social, y, en particular, por aquellas
que de manera directa se vinculan a la prevención, investigación y represión del delito, a la justicia penal y a la ejecución de penas y medidas de seguridad, con la finalidad de establecer líneas de trabajo orientadas hacia un mismo objetivo.4. Realizar evaluaciones periódicas del sistema penal y de las instituciones que lo componen para proponer su adecuación a los objetivos del Programa Nacional de Política Criminal.5. Establecer, junto con las diversas instancias y sectores involucrados, indicadores verificables con relación a la prevención y sanción de la criminalidad.6. Contribuir con las autoridades regionales y locales en la elaboración de planes de política criminal.7. Participar en los congresos de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos u otros organismos internacionales, sobre prevención del crimen y justicia penal.8. Evaluar el grado de cumplimiento del Estado peruano de los compromisos establecidos por los convenios internacionales en materia de prevención del crimen y justicia penal, y, de ser el caso, coordinar las acciones que sean necesarias para su total adecuación.9. Elaborar propuestas legislativas vinculadas con el sistema penal y de control social en general para que, a través de los procedimientos constitucionales, sean debatidas y aprobadas en el Congreso de la República.10. Emitir, a través de la Secretaría Técnica, informes técnicos no vinculantes sobre toda propuesta legislativa en materia de justicia penal, ejecución penal y sistema penitenciario con el fin de analizar su grado de adecuación al Programa Nacional de Política Criminal.11. Emitir informes anuales en los que se analice el avance y la eficacia de las políticas y directrices aprobadas y sustentarlos ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. En dicha sesión se debatirá el informe y se realizarán las preguntas aclaratorias necesarias.El informe anual será sustentado ante el pleno del Congreso de la República en la primera sesión posterior a la sustentación a la que se contrae el párrafo anterior.12. Suscribir y ejecutar convenios con universidades e instituciones, nacionales e internacionales, para estimular y promover la investigación de estudios criminológicos que sirvan de sustento a la labor del Consejo Nacional de Política Criminal.13. Absolver consultas y emitir opiniones sobre materias relacionadas con el Programa Nacional de Política Criminal.14. Otras que por ley se establezcan.Artículo 5. El carácter no vinculante y la naturaleza de los informes técnicosA partir de la vigencia de la presente Ley, toda propuesta normativa que afecte o modifique el sistema de justicia penal y el sistema penitenciario, formulada por el Congreso de la República,Poder Ejecutivo o por las instituciones y personas a que se refiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, podrá contar para su aprobación con el informe técnico no vinculante a que se refiere el artículo 4, inciso 10, de la presente Ley.En el supuesto de facultades delegadas a que se refiere el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, el sector responsable solicitará a la Secretaría Técnica el referido informe sobre el grado de adecuación al Programa Nacional de Política Criminal.Si en el plazo de treinta días no se emite el referido informe, se tendrá por emitido en sentido favorable.Artículo 6. Colaboración interinstitucionalLos institutos académicos de investigación en criminología y ciencias relacionadas de las facultades de Derecho acreditadas de las universidades del país, así como los organismos internacionales que tienen representación oficial en el país, podrán ser invitados a participar en calidad de observadores. Sin perjuicio de ello, podrán presentar a la Secretaría Ejecutiva las propuestas e iniciativas que consideren pertinentes.El Consejo Nacional de Política Criminal podrá invitar a los representantes de entidades públicas o privadas, o solicitarles información y/o colaboración para el fiel cumplimiento y desarrollo de sus atribuciones.Artículo 7. Información al Consejo Nacional de Política CriminalEl Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) informan trimestralmente, según les corresponda, al Consejo Nacional de Política Criminal, sobre el número de denuncias que son archivadas, los procesos concluidos mediante mecanismos alternativos de terminación anticipada de los procesos penales, las excarcelaciones por beneficios penitenciarios y el número de internos que salen de los penales del país indicando el motivo. Dicha información no tiene el carácter de reservada y debe ser publicada en los portales de transparencia de las entidades que la otorgan.
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIASPRIMERA. ReglamentoEl reglamento de la presente Ley será aprobado por decreto supremo del sector justicia en un plazo no mayor de noventa días hábiles, contado a partir de la publicación de la presente Ley en el diario oficial El Peruano.Una vez aprobado el reglamento de la presente Ley e instalado el Consejo Nacional de Política Criminal, se aprobarán las directivas, metodología y manuales necesarios en un plazo no mayor de ciento veinte días hábiles.SEGUNDA. Informes técnicosLos informes técnicos que se emitan antes de la aprobación del Programa Nacional de Política Criminal deberán tener en consideración de manera especial el criterio de prevención de delitos, y a la reeducación, rehabilitación y reinserción del condenado a la sociedad a los que se refiere el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.TERCERA. Vacatio legisLa presente Ley entrará en vigencia a partir de los noventa días de su publicación en el diario oficial El Peruano.Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.En Lima, a los catorce días del mes de noviembre de dos mil once.DANIEL ABUGATTÁS MAJLUFPresidente del Congreso de la RepúblicaYEHUDE SIMON MUNAROSegundo Vicepresidente del Congreso de la RepúblicaAL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICAPOR TANTO:Mando se publique y cumpla.Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil once.OLLANTA HUMALA TASSOPresidente Constitucional de la RepúblicaSALOMÓN LERNER GHITISPresidente del Consejo de Ministros
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