Documento para la reflexión 7

Cespo - Universidad del Sinú | 1

2 | Documentos para la reflexión 7

La serie Documentos para la reflexión es una publicación del Centro de Estudios So-ciales y Políticos de la Universidad del Sinú, editada de forma impresa y digital para contribuir a la difusión del pensamiento de los investigadores de la región Caribe.

RectoraAdriana Suárez de Lacouture

Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Educación

DecanaAlma Lafont Mendoza

Centro de Estudios Sociales y PolíticosVíctor Negrete Barrera . Director

[email protected]

UNIVERSIDAD DEL SINÚ-Elías Bechara Zainum-

Campus UniversitarioCra 1W Calle 38 Barrio Juan XXIII

P.B.X: (4) 7840 340 / Fax: (4) 7841 954 Montería - Colombia

PUBLICACIONES UNISINÚRamiro A. Navarro Pérez - Coordinador

[email protected]

Diseño y diagramaciónAni Navarro Gardeazábal

[email protected] / 311 411 5151

ImpresiónEdiciones Paloma

[email protected] / 312 697 0892

Derechos reservados. Se permite la reproducción total

o parcial citando la fuente.

[Octubre de 2012 / Montería - Colombia]

PortadaJairo Támara Solano

La ronda

IlustracionesTodas las ilustraciones de esta publicación

son obra del artista visual Jairo Támara Solano

Tratamiento digital de imágenes Ani Navarro Gardeazábal

ISSN 1909-0676

ContenidoPresentación. 5 / Los desmovilizados y la inseguridad en Montería. 9 / Urnas sin armas. El caso Córdoba.35 / El sur de Córdoba: a la espera del plan que acabe con el conflicto, la pobreza y el deterioro ambiental. 48 /

Relación entre violencia, salud mental, participación ciudadana y actitudes hacia la justicia transicional en la costa Caribe colombiana.

64 /

Dossier / Los mapas de la violencia en Córdoba

Mapa 1 - Áreas afectadas por la violencia bipartidista (1949 - 1959) / 7Mapa 2 - Áreas afectadas por la violencia terrateniente (1960 - 1966) / 8Mapa 3 - Áreas afectadas por la violencia de izquierda (1967 - 1991 - 1994) / 22Mapa 4 - Ganaderos y narcotraficantes / 34Mapa 5 - Áreas afectadas por la violencia generalizada (1985 - 1991) / 40Mapa 6 - Áreas afectadas por la violencia generalizada (1997) / 47Mapa 7 - Áreas afectadas por las Farc y AUC (2004) / 50Mapa 8 - Áreas de cultivos de uso ilícito (2004) / 63Mapa 9 - Grupos desmovilizados (2006 - 2010) / 69Mapa 10 - Grupos desmovilizados (2010 - 2012) / 73Mapa 11 - Áreas de conflicto región noroccidental colombiana (2003) /78Mapa 12 - Zona de ubicación / 83Mapa Región interoceánica biodiversa / 87


El conflicto armado en Córdoba es tan viejo y complejo que requiere frecuentes y diversas miradas, documentadas y responsables, para tratar de entenderlo de manera más integral y así ayudar a buscar solución.

Presentación

En esta ocasión hemos reunido cuatro trabajos elaborados por una investigadora norteamericana, un investigador francés y un investigador local. Son temas referidos a la situación que viven los pobladores del sur del departamento en medio de la ejecución del Plan de Consolidación que adelanta el gobierno nacional; observaciones y análisis de las pasadas elecciones, rodeadas de toda clase de conjeturas y advertencias; la incidencia de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia en el aumento de la inseguridad ciudadana y las consecuencias sociales, políticas y sicológicas que crea el conflicto en las personas y familias que lo padecen.

Son temas controvertibles, como muchos otros, necesarios de analizar con la mayor seriedad posible, con precaución pero sin miedo y sin ofensas. Lástima que en el departamento esto no lo podamos hacer con la libertad que se requiere. Hay temor y suspicacia. Numerosos líderes, dirigentes o ciudadanos que emplean los instrumentos que otorga la Constitución para reclamar, denunciar, controlar y participar, sean desplazados, campesinos, víctimas, reclamantes de tierras, defensor de derechos humanos, veedor, incluso una persona honesta y justa, observan primero con quienes están en las reuniones, miden sus palabras antes de hablar y luego expresan sus pensamientos y opiniones. El debate público sobre estos temas no existe. Todavía hablar de derechos humanos es peligroso por las sospechas que ocasiona. Las


denuncias son pocas y la desconfianza con los organismos de seguridad y justicia son altas. Los medios de comunicación locales poco o nada informan o profundizan sobre estos temas y la dirigencia política y gremial mantiene silencios sospechosos. Las iglesias están calladas y las universidades hablan de neutralidad.

Ahora, con ocasión de los 60 años que cumplió Córdoba como departamento el pasado 18 de junio, un grupo de hombres y mujeres está en la tarea de analizar a fondo algunas de las realidades que más lo caracterizan. Nos referimos al conflicto armado y social, la inseguridad ciudadana, pobreza, lo minero-energético, humedales y fuentes de agua, desarrollo económico y agropecuario, ruralidad, tenencia, uso y restitución de tierras, víctimas, inundaciones y cambio climático, modelos de desarrollo, la región interoceánica y biodiversa compuesta por los departamentos de Córdoba, Sucre, Chocó y las zonas de Urabá y bajo Cauca antioqueños y el sur de Bolívar. Son

análisis con propuestas y recomendaciones, compartidas con académicos, analistas, organizaciones, productores, periodistas, políticos, funcionarios, líderes y personal informado en general. Todo esto será recogido en una publicación que entregaremos en acto especial y que durante todo el resto del año difundiremos, analizaremos y enriqueceremos en reuniones y encuentros permanentes. La aspiración es que tengamos la oportunidad de llegar a acuerdos con los concejos, asambleas, alcaldías, gobernaciones, agencias y organismos de cooperación internacional, empresa privada, organizaciones de la sociedad civil y grupos políticos para convertir las propuestas en programas y políticas que beneficien a las comunidades en general.

Esperamos que estos aportes les sean de utilidad para una mayor comprensión de lo que somos y nos sucede todos los días. Con más información y conocimientos sobre nuestra situación podemos plantear mejores soluciones.


Dossier - Los mapas de la violencia en Córdoba




Los desmovilizados y la inseguridad en Montería

Por:Víctor Negrete BarreraDirector del Centro de Estudios Sociales y Polítcos Universidad del Sinú

El presente trabajo hace parte del estudioPresencia de desmovilizados e inseguridad en las ciudades. Casos de estudio: Villavi-cencio, Montería y Bogotá, publicado por el Centro Internacional de Toledo para la Paz, CIT pax, el año pasado. El caso de Montería es ilustrativo en el pais.


I. Contexto de vida e inseguridad

a. Panorama general

Montería es una ciudad intermedia, localizada en la parte sur de la costa Caribe colombiana, capital del departamento de Córdoba. Cuenta con 313.593 habitantes y el sector rural del municipio con 95.883 para un total de 409.476. La sola ciudad representa el 19.8% de la población del departamento que es de 1.582.718 personas según proyección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

En los últimos años la ciudad ha cambiado. En especial la zona céntrica y las que corresponden a los barrios de estratos medios y altos. Se nota el dinamismo y ampliación del comercio representado en miles de negocios, consultorios, oficinas y talleres de todos los niveles y tamaños. Adecuados servicios de acueducto, energía eléctrica, recolección de basuras, gas domiciliario y transporte urbano. Un parque automotor moderno, cada vez más numeroso, que congestiona las calles y miles de motociclistas, la mayoría convertidos en mototaxistas porque no tienen otra manera de ganarse la vida. Construcciones, remodelaciones, adaptaciones en viviendas y urbanizaciones de estratos cuatro, cinco y seis; mejoramiento en los parques, escenarios deportivos y vías. Grandes clínicas, restaurantes, almacenes de cadena, hoteles, bodegas, terminal de transporte, entre otros que le dan un aspecto de ciudad organizada y limpia (Negrete, septiembre de 2009, julio de 2010).

La importancia de Montería para las distintas clases de inversionistas, así como para los grupos armados ilegales (guerrilla, paramilitares, narcotráfico y los de la posdesmovilización), radica en que es el centro político, administrativo, judicial, financiero, comercial, empresarial y de

educación superior no solo del departamento sino de zonas de Sucre, los Urabá antioqueño y chocoano y el bajo Cauca, quienes, desde hace varios años, antes de la desmovilización, la convirtieron en lugar propicio para invertir con dineros lícitos e ilícitos; el medio centenar de asentamientos subnormales que hacen parte de su población les aporta una numerosa mano de obra de adolescentes y jóvenes sin oportunidades de estudios técnicos o profesionales, falta de empleo, con familias incompletas y problemas de convivencia en un medio de alto nivel de riesgos sociales; además de la cercanía y colaboración que mantuvo la dirigencia del departamento con Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, principales jefes paramilitares de las AUC.

En cuanto a inseguridad la ciudad presenta un cuadro preocupante de delitos de distintos tipos. Sobresalen los homicidios comunes y de desmovilizados, lesiones comunes, hurto a personas, residencias, comercio y motocicletas, incautación de drogas, tráfico de estupefacientes y reclutamientos.

1. Homicidios comunesEn el 2002, año anterior al proceso de negociación con las AUC, Montería registró una de las cifras más altas de su historia en homicidios comunes. Durante los tres primeros años que permaneció el proceso (2003-2005) las cifras bajaron y aún sin terminar la desmovilización en otras partes del país, empezó a crecer y así se ha mantenido hasta el presente; lo mismo sucedió con los homicidios en el departamento según la siguiente gráfica. El porcentaje de muertos en Montería equivale al 23.2% del total departamental.


Gráfica 1

Fuente: Policía Córdoba y Observatorios del delito de la Alcaldía de Montería y Gobernación de Córdoba. Montería, 2011.

2. Homicidios de desmovilizados

Entre el 2005 y el 2010 el número de desmovilizados muertos en Montería fue de 56 y en el departamento de 206. El año crítico fue 2008 cuando mataron a 20 y 72 respectivamente, debido, según entrevistas hechas entre noviembre y diciembre de 2010 a desmovilizados, periodistas y suboficiales de la Policía Córdoba, al parecer, a una

especie de campaña adelantada por los nuevos grupos con el fin de reagrupar de manera voluntaria o bajo presión de amenazas o muertes a ex compañeros con experiencias y conocimientos sobre el oficio, además de venganzas, peleas y resultado de actividades delictivas .

Gráfica 2

Fuente: Policía Córdoba y Observatorios del delito de la Alcaldía de Montería y Gobernación de Córdoba. - Montería, noviembre 2010-enero 2011.

Homicidios comunes/ Montería y Córdoba/ 2002 - 2010

Homicidios desmovilizados/ Montería y Córdoba/ 2005 - 2010


La mayoría de estos homicidios, tanto comunes como de desmovilizados en el municipio de Montería fueron causados

con armas de fuego, seguidos con armas corto punzantes, contundentes y corto contundentes.

Gráfica 3

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Montería, 2010.

3. Lesiones comunesDesde el año 2005, con una disminución en el 2006, el número de lesiones comunes en Montería está creciendo. Son resultado de riñas, agresiones, atracos, hurto,

desavenencias e intolerancias tanto al interior de las familias como en los establecimientos públicos y educativos de barrios, lugares de trabajo, calles y plazas.

Gráfica 4

Fuente: Policía Córdoba y Observatorio del delito de la Alcaldía de Montería. Montería, 2010.

Muertes violentas y causas de muertes/ Montería / 2007 - 2010

Lesiones comunes/ Montería y Córdoba/ 2002 - 2010


4. Hurto a personas, residencias, comercio y de motocicletasLa percepción de la ciudadanía y los medios de comunicación es que Montería es cada vez más insegura. La gráfica muestra como estos delitos se mantienen en el tiempo. El hurto, atraco y fleteo a personas sucede todos los días y por lo regular la mitad de los casos no son denunciados. Las armas que más utilizan para cometerlos son el revólver y los cuchillos. Al parecer hay bandas de fleteros integradas por delincuentes llegados de Cartagena, Barranquilla y Antioquia, asociados con los locales (El Meridiano de Córdoba, abril 21 de 2009). El hurto a residencias se ha mantenido alto a partir del 2005 a pesar de

los ronderos, vigilantes y celadores, cada vez más numerosos en sectores de barrios y urbanizaciones. El robo al comercio, con menos casos que los anteriores, continúa alto a pesar de la vigilancia privada y alarmas instaladas. El hurto a las motos también preocupa porque es el vehículo más utilizado para cometer diferentes tipos de delitos. La ciudad cuenta en promedio con 400 agentes de la Policía que no han logrado bajar los índices de estos delitos (Entrevistas con periodistas, comerciantes y líderes comunitarios, diciembre de 2010).

Gráfica 5

Fuente: Policía Córdoba. Montería, 2011.

Gráfica 6

Hurtos/ Montería/ 2002 - 2010

Hurtos/ Córdoba/ 2002 - 2010


6. Capturas por tráfico de estupefacientesEl número de capturas por tráfico de estupefacientes ha pasado por varias etapas en los últimos años: creció entre el 2003 y el 2006, luego bajó en los dos años siguientes y va en ascenso desde el 2009. De acuerdo con la Policía, en Montería existen cuatro ollas (varios expendios en un mismo sector) desde hace muchos años con más de 40 puntos de venta. Algunos vecinos y consumidores habituales, estiman que estas cifras son más altas, teniendo en cuenta que la venta y distribución las hacen, además, en establecimientos educativos, en negocios diversos y en casas fuera de toda sospecha (entrevistas, noviembre de 2010).

5. Incautación de drogasLa incautación de drogas en el municipio de Montería en los últimos ocho años ha sido muy variable. Sin embargo hay que destacar

los decomisos de cocaína (81.2% del total), marihuana (15.2%) y en menor escala de base de coca y basuco.

Cuadro 1. Incautación de drogas (kilos) / municipio de Montería / 2003-2010


Droga Incautada 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Cocaína

Heroína

Base de coca

Basuco

Marihuana

Total

1 1 4 2.176 1 2.179 23 1.007 5.392

0 0 0 0 17 0 0 0 17

2 3 14 36 9 30 26 5 125

10 9 12 17 7 3 26 7 91

22 22 265 71 532 21 26 51 1.010

35 35 295 2.300 566 2.233 101 1070 6.635

Gráfica 7


Incautación de drogas (kilos)/ Montería/ 2003 - 2010


Fuente: Policía Córdoba.

7. Reclutamiento

Después de la desmovilización de las AUC, en un consejo de seguridad realizado en Tierradentro (Montelíbano) en febrero del 2006, se mencionó la presencia de Los Traquetos. Se dijo que sus integrantes, desmovilizados del bloque Héroes de Tolová, se habían reagrupado con delincuentes comunes. Algo similar sucedía con Vencedores del San Jorge, conformado en su mayoría por desmovilizados del bloque alto Sinú y San Jorge (El Meridiano de Córdoba, febrero de 2006). Posteriormente se habló de los grupos Nueva Generación - Bloque Urabá comandados por Daniel Rendón o Don Mario, hermano de Fredy Rendón o El Alemán y Los Paisas de la llamada Oficina de Envigado (CTI, noviembre 2 de 2010). Un año después los medios informaron que en los barrios Cantaclaro, Mogambo, Furatena, Nueva Esperanza y Villa Paz estaban reclutando jóvenes (El Meridiano de Córdoba, abril 15 y mayo 22 de 2007). La

situación llegó a tal punto que la Defensoría del Pueblo emitió en septiembre de 2008 el informe de riesgo número 018-08, llamando la atención sobre el riesgo de reclutamiento en que se encontraban miles de adolescentes y jóvenes de más de cuarenta asentamientos y barrios de la ciudad. La situación continuó sin interrupción hasta principio del 2009 cuando se conocieron los casos de jóvenes que fueron reclutados para “trabajar” en Nariño, Antioquia, Guajira y Norte de Santander (El Meridiano de Córdoba, febrero 18 y marzo 26 de 2009). La persistencia ha sido tal que en el Plan de prevención y protección de derechos humanos del Departamento, protocolizado el 30 de junio del 2010, con presencia y participación de todas las instituciones que tienen que ver con el conflicto, el reclutamiento fue considerado uno de los principales temas de riesgo. En la actualidad el reclutamiento sigue en varios lugares de Montería y el Departamento.

Gráfica 8 Capturas por tráfico de estupefacientes/ Montería/ 2003 - 2011 (enero 25)


b. Explicaciones sobre la inseguridad

Existen varias explicaciones sobre la situación reseñada. Nos limitaremos a las que creemos tienen mayor incidencia: la permanencia del conflicto armado, los altos índices de desempleo e informalidad, la pobreza y la exclusión social y la violencia doméstica y comunitaria.

1. La permanencia del conflicto armadoEl departamento de Córdoba ha pasado por sucesivos períodos de conflicto armado, varios acuerdos de paz y un proceso de negociación que han involucrado a poblaciones de distintos municipios. Los cambios que han originado son profundos en todos los sentidos, especialmente en la inseguridad, tema del presente trabajo. Estos períodos son los siguientes:

a. Enfrentamiento liberal-conservador (1949-1959), con presencia de guerrillas liberales en el alto Sinú y San Jorge y en límites con el Urabá antioqueño. Involucró a poblaciones de Montería, Tierralta (incluyendo Saiza), Canalete, Montelíbano, Puerto Libertador, San Carlos, Chimá, Ayapel.

b. Expansión terrateniente (1960-1966) en Montelíbano y Puerto Libertador, a punta de despojos de tierras, homicidios, desplazamientos y violaciones ejecutados por sicarios del interior del país.

c. Surgimiento, desarrollo y desmovilización de la guerrilla de izquierda Ejército Popular

de Liberación EPL (1967- 1991) y otros grupos que incursionaron en el departamento y se desmovilizaron a principio de la década de los noventa como la Corriente de Renovación Socialista y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. Las FARC desde mediados de la década de los ochenta se encuentran en el sur y en límites con Antioquia.

d. Surgimiento y fortalecimiento del proceso de las autodefensas en la región Caribe (1985-2002) con la presencia de Fidel Castaño, sus hermanos Carlos y Vicente y otros paramilitares. Entre Córdoba y Urabá nacieron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y Córdoba fue “la casa paterna” de la AUC.

En el departamento operaron seis bloques de las AUC (Casa Castaño, Córdoba, Héroes de Tolová, Mineros, Montes de María y Elmer Cárdenas), los frentes 5,18 y 58 y una columna móvil de las Farc.

e. Hubo el proceso de negociación del Gobierno con las AUC (2003-2006).

f. Surgimiento de los cuatro grupos de la posdesmovilización (2006-2010). En la actualidad han conformado dos grandes grupos (Urabeños y Los Paisas-Rastrojos) con presencia en los 30 municipios del departamento (Negrete, junio de 2009).


2. Altos índices de desempleo e informalidadEl Dane dio a conocer que en el año 2009 había 238.000 personas en edad de trabajar. De estas, 137.000 estaban ocupadas: 42.000 en actividades formales y 95.000 en actividades informales. Las principales labores que desempeñaban eran el comercio, restaurantes y hoteles con participación de 44.000 personas; los servicios comunales, sociales y personales con 38.000; el transporte, almacenamiento y comunicaciones con 18.000 e industria manufacturera con 18.000. Esta última abarca las confecciones, embotelladoras, frigorífico, artesanías, bisutería, calzado, panadería, carpintería, alimentos y bebidas, muebles y enseres metálicos, talleres industriales, entre otros. La tasa de desempleo en el 2008 fue de 12.9 y de 15.8 en el 2009.

3. PobrezaEl programa Familias en Acción de la Presidencia de la República está dirigido a familias del nivel 1 del Sisben (Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales), los de pobreza extrema y desplazados por la violencia con hijos menores entre 0 y 6 años y entre 7 y18 años que reciben subsidios escolar y de nutrición.

El municipio de Montería tiene 80.000 familias aproximadamente, con una población de 409.476 personas. De estas el programa atiende a 61.716 menores de 38.387 familias, discriminados así: 8.916 menores

desplazados y 52.800 menores sisbenizados. Los pobres en el municipio representan el 72% de la población total, es decir, 294.822 personas. Esto significa que 233.106 menores no reciben estos beneficios (Acción Social, 2011).

4. Exclusión social y violencia intrafamiliar y comunitariaEn Montería viven gran número de desplazados, desmovilizados, víctimas potenciales y act ivos miembros de grupos armados ilegales, mototaxistas, desempleados y pobres del departamento y es el lugar con más alto número de homicidios y actos de inseguridad. Estas personas habitan en asentamientos subnormales y barrios populares, viven del rebusque o informalidad en todas las modalidades posibles; los niños, adolescentes y jóvenes están expuestos a vicios, agresiones, violaciones, delincuencia y reclutamiento por parte de pandillas, mafias y grupos armados ilegales; la violencia intrafamiliar y comunitaria es bastante alta y la inseguridad ciudadana es un hecho; los suicidios ocurren con frecuencia, ya existen grupos de adolescentes y jóvenes emos con sus peculiares características físicas y su frustración o rebeldía interiores, y el número de adolescentes y jóvenes madresolteras crece todos los días. El consumo de estupefacientes va en aumento y el microtráfico se extiende cada día que pasa (Negrete, enero de 2010) . Con frecuencia son discriminados, ignorados (Negrete, abril de 2010).


II. La desmovilización y los desmovilizados

En los actos de desarme y desmovilización, que muchos presenciaron en la plaza de Santafé Ralito en la Zona de Ubicación en Tierralta , hubo dos hechos que llamaron la atención: a) un alto número de combatientes no estuvieron de acuerdo con la desmovilización, y b) los comentarios de

personas enteradas que aseguraban que no todos los grupos estaban desmovilizándose y que en las últimas semanas un número indeterminado de jóvenes de los barrios populares y asentamientos subnormales de Montería fueron reclutados para participar en el evento.

a. Grupos desmovilizados

En el Departamento se desmovilizaron los grupos Córdoba, Héroes de Tolová y el Anillo de seguridad. El Elmer Cárdenas,

Montes de María y el Minero con presencia en el departamento lo hicieron en otros lugares.

Cuadro 2. Grupos desmovilizados con presencia en Córdoba

Bloque # desmovilizados

Córdoba

Heroes de Tolová

Minero

Elmer Cárdenas

Anillo de seguridad

Total

925

465

2.789

793

300

5.272

Fecha

Enero 15 / 2005

junio 15 / 2005

Enero 20 / 2006

Abril 12 y 30/ 2006

Fuente: Negrete B. Víctor (2008). Situación de conflicto y pobreza en el departamento de Córdoba y perspectivas de paz. Montería: Acción contra el Hambre y otros, pág. 38.

La cifra de los 1.690 desmovilizados oficialmente en los dos actos del año 2005, los bloques Córdoba y Héroes de Tolová, más el Anillo de seguridad de la Zona de Ubicación compuesto entonces por 300 hombres fue creciendo a medida que pasaban los meses hasta completar 3.783, el 8.4% aproximadamente de los desmovilizados del país. Esto fue debido al retorno de población desmovilizada en otros lugares del país hacia los municipios de Montería, Tierralta, Valencia, Montelíbano, Puerto Libertador, Planeta Rica y Buenavista. La Alta Consejería para la Reinserción a la

vida civil de personas y grupos alzados en armas (ACR) dio a conocer el número de combatientes cordobeses que hicieron parte de diferentes bloques en distintos lugares del país: en Mineros hubo 706, Catatumbo 410, Central Bolívar 191, Héroes de Granada 150, Norte 148, Vencedores de Arauca 132, Pacífico 131 y resto de bloques 794. Además de la alta cifra de desmovilizados en Córdoba la Policía sospechaba que había una población flotante de 1000 desmovilizados aproximadamente que no aparecieron registrados pero estuvieron vinculados en los distintos bloques.


b. Características de los desmovilizadosLa información disponible permite conocer algunas características de los desmovilizados de base en los aspectos de formación ocupacional, académica y trabajo, edad y género, lugares de residencia, violencia

intrafamiliar y comunitaria en la que están inmersos, rasgos sicosociales y otros aspectos que también inciden en sus personalidades y conductas.

1. Formación ocupacional, académica y trabajo

La mayoría de los desmovilizados eran de Montería. De 1.613 registrados el 56.7% carecía de formación laboral u oficio conocido de ninguna clase, el 77.8% no contaba con formación académica, el 76.0%

estaba desempleado y el 99.7% no hacía parte de ningún proyecto productivo. Estas limitaciones tan marcadas representaron un gran reto para la reinserción.

Gráfica 9

Fuente: Centro de Referencia y Oportunidades CRO (ACR). Montería, septiembre 2006.

De los desmovilizados el 87% tenía edades comprendidas entre los 21 y 40 años de edad, el 6.6% entre los 18 y 20 años y el 6.2% entre

los 41 y más de 55años. Es decir, el 93.2% estaba apto para trabajar, capacitarse o volver a las armas y a las actividades ilegales.

2. Edad y género

Desmovilizados con formación ocupacional, académica, trabajo y proyectos productivos/ Montería/ 2006


Gráfica 10. Edad y género de los desmovilizados

Fuente: Centro de Servicios (ACR). Montería, 2006.

3. Lugares de residenciaEn un informe parcial la ACR dio a conocer los asentamientos, barrios, corregimientos y veredas donde residían un número significativo de desmovilizados. En total tenían registrados 1283 desmovilizados con

residencia en 66 barrios, casi en su totalidad populares y asentamientos subnormales de la ciudad de Montería y en cinco corregimientos y veredas del municipio según lo confirma el siguiente cuadro:

Cuadro 3. Desmovilizados residentes en las áreas urbana y rural de Montería

Barrios # Residentes

CantaclaroMocari

Rancho GrandeLa Granja

Edmundo LópezSantafé

La CandelariaAlfonso López

Villa CieloColina Real

Los GarzonesNueva Esperanza

La EsperanzaEl PobladoSantander

Barrios Barrios# Residentes

# Residentes

Villa Los AlpesPastrana Borrero

SucreFuratena

Ranchos del InatFlorestaVilla PazMogamboParaíso

Villa MargaritaJuan XXIIIMogambito

PraderaEl Centro

P-5

Nuevo HorizonteBrisas del Sinú

Los AraújosBoston

Robinson PitalúaGalilea

Minuto de DiosEl Alivio

Paz del NorteNuevo BosqueLa Castellana

San MartínPolicarpa

PradoTotal parcialResto barrios

Total general barrios

1658683605045383535292828262523

222222191818181716151312111010

10101099777655555

10781241202

Zona Urbana

Edad y género de los desmovilizados


Fuente: Centro de Servicios. Montería, junio 2008.

Corregimientos / veredas# Residentes

4. Violencia intrafamiliar y comunitaria

CoreaPueblo BujoLas Palomas

El TapaoSanta Lucia

Total

21212110881

Otro factor que es necesario tener en cuenta en el medio donde viven los desmovilizados es la violencia intrafamiliar y comunitaria. Desde el año 2005 funciona en Montería la Casa de Justicia y Paz, atendida por oficinas de la Fiscalía, Comisaría de Familia, Inspección de Policía, Personería, Consultorio Jurídico, Bienestar Familiar, Medicina Legal, Defensoría del Pueblo y servicios de Sicología y Trabajo Social. A ella acuden personas de más de 30 barrios pobres en busca de solución a los problemas que se les presentan en sus casas y vecindades. Algunos de estos problemas son las peleas o conflictos caseros y con los vecinos, incumplimiento de contratos, delitos, calumnias, violación

de derechos humanos, no pago de arriendos o servicios, capacitación, conciliación y orientación sicológica.

Durante su existencia ha atendido 20.312 consultas hasta noviembre del 2010. El 69.7% de las consultas, 14.169 casos, tienen que ver con la existencia de problemas familiares y con los vecinos, seguido por incumplimientos de contratos con el 7.1%, los delitos con el 5.1%, las calumnias con el 2.4% y la violación a los derechos humanos (salud, servicios públicos y asuntos laborales) con el 2.2%. Llama la atención que 192 personas, el 0.9%, acudió en busca de orientación y solo 8 personas en busca de capacitación.

Gráfica 11

Fuente Casa de Justicia y Paz de Montería 2005-2010.

Casos de consulta en Casa de Justicia y Paz/ Montería/ 2005 - 2010




5. Rasgos sicosocialesAl empezar el proceso de reintegración los grupos de desmovilizados presentaron las siguientes características socioafectivas según los estudios efectuados por los profesionales de la ACR:

Fuerte cohesión de grupos, dificultad para establecer lazos afectivos, altos niveles de desconfianza, alto nivel de agresividad, autoritarismo en sus relaciones interpersonales, poco desarrollo de habilidades de convivencia, preocupación por su seguridad personal, sentido de responsabilidad y disciplina militar.

Estas características coinciden con el estudio comparativo llevado a cabo por el sicólogo Gustavo Brunal (2010) en la cárcel nacional Las Mercedes de Montería a dos grupos de personas condenadas por delitos graves y delitos menores y un grupo en libertad. El primer grupo lo integraron 113 desmovilizados postulados a la Ley 975 de Justicia y Paz, acusados de concierto para delinquir agravado, homicidios, desaparición forzada, masacres y torturas. De acuerdo con el estudio el promedio de edad del grupo era de 30 años, 50% solteros, 40% vivía en unión libre, presentaron el mayor nivel de separación con sus parejas, nivel educativo bajo, 40% hacía parte de familias nucleares, 46% tenía comunicación con los padres y el 14% manejaba una relación inadecuada con los padres, 30% poca comunicación con los hermanos, 26% con antecedentes de consumo de bebidas alcohólicas y 8% de sustancias sicoactivas, 28% con antecedentes de ausentismo escolar, 36% perdió años escolares, 22% fueron expulsados de colegios y 71% presentaron problemas de conducta durante su vida escolar, en convivencia social el 10% tuvo problemas con las familias y el 46% con la autoridad, en cuanto a figuras sustitutas más representativas fueron los abuelos para el 35.7%, amigos para el 28.6% y hermanos para el 21.4%, el 89.4% del grupo presentó rasgos sicopatológicos.

Dice el autor del estudio que los integrantes de este grupo están conformados por personas que no confían en los demás, tienen antecedentes de comportamientos impulsivos, especialmente en la edad escolar. Igualmente presentan problemas con las autoridades legalmente establecidas y con su familia por su poco respeto a las normas. Se consideran personas irritables, resentidas, desafiantes y difíciles en su trato. Han tenido antecedentes de crímenes violentos, mostrando insensibilidad ante las consecuencias sociales de su propia conducta, no aceptando responsabilidad por su propio comportamiento.

De esta manera, en la medida que el medio sociocultural favorezca las acciones delictivas de estos grupos, se contribuirá a la producción y reproducción de este fenómeno. El estudio confirma la relación existente entre las variables psicológicas y sociales y su influencia en las diferentes modalidades delictivas cometidas por los integrantes del grupo.

Corroboraron estas apreciaciones los funcionarios, miembros de iglesias, autoridades y líderes sociales, reunidos en la parroquia del Municipio con la Defensora del pueblo de Córdoba y representantes de organismos de cooperación internacional en julio de 2006, cuando se refirieron a lo que significó la llegada de los desmovilizados a la cabecera de Tierralta, Según ellos, aumentaron los casos de conflicto familiar contra las mujeres y niños, acceso carnal abusivo, violaciones a menores, prostitución, delincuencia, embarazos a temprana edad, drogadicción, enfermedades de transmisión sexual y VIH/Sida, formación de nuevas parejas con menores y demandas por alimentos. Hicieron notar, además, que cerca de la tercera parte del dinero que circulaba en el pueblo provenía del narcotráfico: cultivos, procesamiento, tráfico y comercialización.


6. Otros aspectos-En los últimos 25 años a Montería han llegado más de 70.000 desplazados por la violencia, calamidades naturales y pobreza en el campo.

-Hay más de 3.000 víctimas que reclaman verdad, justicia y reparación.

-En el 2010 hubo 10 masacres en Córdoba, una de ellas en Montería, a escasas cuadras de la Casa de Justicia.

-La Policía informó que hasta el 27 de noviembre habían hecho 4.955 capturas en el departamento por diferentes delitos, incluyendo miembros de las llamadas

bandas emergentes Los Paisas, Rastrojos y Urabeños; decomisado cocaína, base de coca, bazuco y marihuana; incautado armas y recuperado motocicletas. Indicó que hay más de 6.000 solicitudes de escoltas, la mayoría de dirigentes políticos y funcionarios públicos.

-El director del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) declaró que en Córdoba hay 1.150 desaparecidos en los últimos años: el 20% forzado por los grupos armados ilegales y el resto voluntario o por establecer. En 2009 hubo 415 personas desaparecidas y en el 2010 la cifra llegó a 219. [El Meridiano de Córdoba. (2011), enero 2; (2010), diciembre 4; (2010) noviembre 27; (2010), noviembre 22].

c. Participación en delitosDe acuerdo a conversaciones sostenidas con la Unidad de la Policía que atiende a desmovilizados, con funcionarios de la Fiscalía y con representantes de organizaciones no gubernamentales, entre los meses de octubre y noviembre del 2010 y enero del 2011 en la ciudad de Montería,la Policía acusa a numerosos desmovilizados de homicidios, vinculación con homicidios, fabricación y porte de armas, hurto, daño en bien ajeno, inasistencia alimentaria, consumo de estupefacientes. En las distintas instancias de la Fiscalía aparecen por hurto,

homicidio, desaparición forzada, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, porte ilegal de armas, concierto para delinquir. La ciudadanía en general los asocia con asesinatos, drogas, juegos de azar, robos, amenazas, intimidación, mototaxismo, sicariato, violencia contra sus mujeres e hijos, riñas y venganzas.

A principio de enero del 2011 según funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario INPEC, en la cárcel nacional de mediana seguridad Las Mercedes de Montería había 1.217 internos sindicados y condenados por distintos delitos. Entre los principales figuran: 338 por homicidios, 314 por concierto para delinquir. 127 por tráfico de estupefacientes, 126 por porte ilegal de arma, 103 por hurto calificado y agravado, 95 por acceso carnal violento y abusivo, 37 por extorsión y 14 por rebelión y terrorismo. Del total estaban108 postulados a justicia y paz y 382 vinculados a las llamadas “bandas criminales”. De estos últimos 152 aproximadamente son desmovilizados.


Fuente: Inpec. Montería, 2011

Gráfica13

Fuente: Inpec. Montería, 2011.

1. Características de los postulados a justicia y pazLa siguiente información, contenida en fichas del INPEC, proporciona datos valiosos sobre los postulados y las perspectivas reales de su reintegración. Se hace énfasis en los aspectos más relacionados con los objetivos del estudio.

Bloques a los que pertenecieron. Los 108 postulados a justicia y paz pertenecieron a los siguientes bloques: Norte, Héroes Montes de María, Córdoba, Casa Castaño, Resistencia Tairona, Mojana,Héroes de Tolová y Héroes del Llano y Guaviare.

Gráfica 12 Postulados a Justicia y Paz detenidos en la cárcel de Montería/ Bloques a los que pertenecían/ 2010

Número y clases de internos en la cárcel de Montería/ 2010


Motivos por el que ingresaron. Falta oportunidad laboral 22, voluntario 17, falta oportunidad académica 14, acuerdo con la ideología 9, desempleo 5, venganza 9, seguridad, conflicto familiar, reclutamiento forzoso y contra la guerrilla 3 en cada caso, retaliación, seguridad, resentimiento contra las fuerzas militares y rechazo social 1 en cada caso, sin datos 16.Tiempo de permanencia. De 1 a 3 años, 36; de 4 a 7 años, 28; de 8 en adelante, 18; sin datos 26.Cargo que desempeñaron. Patrullero 48, comandante 19, operador 4, enfermero 2, escolta 2, recaudador 1, ecónomo 1, informante 1, sin datos 30. Estado civil. Unión libre 58, solteros 33, casados 2, sin datos 15.Grado escolaridad. Bachiller incompleto 42, bachiller completo 11, primaria incompleta 28, primaria completa 5, otros 1, sin datos 21.

Experiencia laboral, arte u oficios. Actividades agrícolas 14, conductor 9, ganadería 8, albañil 7, artesanías 5, vigilancia 5, mecánica 4, vendedor 3, administrador de finca, operador de máquinas, electricista, ebanistería y reparador de electrodomésticos 2 en cada caso, minero, comerciante, enfermería, farmaceuta, amansador y carnicero, entre otros, 1 en cada caso.

Recluidos anteriormente. Sí, 50; no, 39; sin datos 58.

Estado en que se encuentran. Condenados 26, sindicados 24, sin datos 58.

Delitos por los que están detenidos. Homicidios 51, concierto para delinquir 30, extorsión y porte ilegal de armas 3 en cada caso, desapar ic ión forzada y t rá f ico de estupefacientes 2 en cada caso, terrorismo, rebelión y secuestro 1 en cada caso.

2. Desmovilizados muertos y capturados Las gráficas que siguen a continuación son muy dicientes: 206 desmovilizados muertos de forma violenta y 769 capturados y vinculados por otros delitos para un total en Córdoba de 975 casos. En Montería los muertos llegan a 56 (incluyendo desde

el 2005, ver gráfica 2), 10 heridos y 265 capturados por distintos delitos. La gráfica 15 recoge los datos sobre desmovilizados a partir del 2008 cuando la Policía creó una unidad encargada de hacer seguimiento estadístico a este grupo vulnerable.

Gráfica 14


Desmovilizados muertos y capturados)/ Córdoba/ 2005 - 2010


Gráfica 15

Fuente: Unidad que atiende casos de desmovilizados de la Policía Córdoba. Montería, 2011.

3. Razones para participar en los delitos- La actividad delictiva convertida en modo de vida. En reunión con miembros del Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Sinú (Montería), en diciembre de 2010 fue analizado el tema: “Si uno analiza con cuidado muchos casos de adolescentes y jóvenes tanto de áreas urbanas como rurales que se vincularon voluntaria o forzadamente a las AUC y después de la desmovilización los encontramos haciendo parte de otras estructuras armadas ilegales, delincuencia común y organizada y grupos de tráfico y consumo de drogas, nos damos cuenta que es un proceso complejo que debe entenderse de la manera más completa posible. Hasta el momento hemos encontrado lo siguiente: a). En la mayoría de los casos, como ya está documentado, estos muchachos provienen de asentamientos subnormales y comunidades pobres del campo y la ciudad, casi todos con problemas de conflicto y violencia de mucho tiempo

atrás, acompañados de pobreza y exclusión social. b). La ilegalidad en todo sentido es en gran medida la alternativa que les ofrece posibilidades para sobrevivir, mucho más que las actividades legales, a las que no tienen acceso por distintos motivos. El medio les ofrece un menú bastante variado: homicidios, amenazas, extorsión, hurtos, atracos, desplazamiento, estafas, fleteo, desapariciones, tráfico de estupefacientes, cultivos de uso ilícito, juegos de azar, prostitución, préstamos, contrabando, seguridad,impuestos, abigeato, manejo y provisión de logística (motocicletas, vehículos, armas, sitios de protección), mensajería, capacitación, inteligencia y enfermería, entre otras. c) La convivencia en estos sitios requiere condiciones para mantenerse y tratar de sobresalir en los grupos que crean y a los que les deben pertenencia e identidad, lo que genera en ellos actitudes de viveza, liderazgo,

Desmovilizados muertos, heridos y capturados por diferentes delitos/ Montería/ 2008 - 2010


compromiso, sacrificio y responsabilidad. d) Aunque poco estudiados, los valores, principios, normas y creencias que inculcan y practican en las familias, establecimientos educativos y las comunidades, son la base, a la larga, la que determina la vinculación o no a estas actividades ilegales y criminales. e) La decisión tomada por los que ingresan voluntariamente la respaldan y justifican porque comparten la ideología de los grupos, el reconocimiento que adquieren en las localidades, cumplen deseos de venganza y les proporciona seguridad; añaden además la falta de oportunidades económicas, educativas y sociales y problemas en el hogar, entre otros, que no tienen discusión porque son ciertas. f) Lo que sigue es la preparación y capacitación para el cumplimiento de sus funciones dentro de la organización de acuerdo con sus habilidades, condiciones físicas y disposición mental. g) Un alto número de ellos termina convirtiendo la actividad delictiva en su modo de vida y a menos que tenga impedimentos físicos, de edad o de cualquier otro tipo, estará dispuesto a la reincidencia. h). Los reclutados a la fuerza, aunque terminen acostumbrados a la actividad son más propensos a no volver y un porcentaje no cuantificado se reintegra a la sociedad.

- En desacuerdo con la desmovilización. Cuando hubo la desmovilización de los grupos que operaban en Córdoba, gran número de los combatientes no estuvieron de acuerdo con la decisión de los comandantes. Se sabía, además, que otros grupos no participaron de la ceremonia. Era presumible, por lo tanto, que una parte de ellos volvería con sus compañeros de armas. Como en efecto sucedió.

- Ofertas y amenazas. Según entrevistas con desmovilizados en noviembre de 2010 estas acciones se ejercían para lograr el objetivo de los grupos marginales. “Es cierto que a mí y a otros compañeros nos buscaron meses después de la desmovilización. Yo

estaba estudiando entusiasmado y con juicio, había vuelto con mi mujer, reencontré a mi hija pequeña y no pensaba regresar. Yo fui enfermero en la organización. Me ofrecieron 600 mil pesos mensuales, de manera diplomática les comenté que la formación que estaba recibiendo era muy buena y posiblemente les serviría más si me dejaban terminarla, aunque tenían que pagarme más. Yo se que si me negaba tajantemente podían considerar que me aliaría con el grupo contrario y en este caso me declararían enemigo que debían tirar al piso (matar). Ante la disyuntiva, unos regresaron y a otros los mataron.

- El fracaso de los proyectos productivos. “Los grandes proyectos productivos, los que tenían que ver con cultivos de caucho, cacao, forestales, ganadería intensiva y palma de aceite fracasaron por distintos motivos. Muchos de nosotros pensamos que era la redención que buscábamos porque nos aseguraba, esos nos dijeron, trabajo permanente y duradero y al final quedábamos como propietarios. Las cosas no sucedieron así. Queríamos trabajo o empleo permanente en la ciudad y el campo pero la falta de apoyo de la gobernación, alcaldías, empresarios, comerciantes y hacendados fue escasa. Pocos lo lograron. En general no hay proyectos productivos colectivos. No sabemos cuántos pero algunos, decepcionados, regresaron a abrir monte, a cuidar cultivos.

Por su parte El Meridiano de Córdoba (2006, julio 15), señalaba que los proyectos productivos no son rentables. “Los desmovilizados quieren inmediatez, mucha producción y que generen más empleo,”sostuvo Humberto Solano, vocero de las asociaciones de desmovilizados, quien agregó que “los 914 excombatientes estaban escépticos por la forma como se lleva a cabo el proceso”.

- Las fallas de la reintegración. Las fallas del proceso de reintegración vienen de tiempo


atrás. El Meridiano de Córdoba ha reseñado algunas: “Los desmovilizados volvieron a protestar por falta de pagos; bloquearon la avenida circunvalar” (29 julio 2006). “Reincorporados de los bloques Córdoba y Catatumbo protestaron ante el Centro de Referencias porque no les han pagado varios meses por concepto de la ayuda humanitaria que el gobierno les entrega” (2 septiembre 2006). “26 detenidos en la cárcel Las Mercedes entraron en huelga de hambre por incumplimiento de los pactos hechos por el gobierno en Ralito”. (8 diciembre 2006). “Inicialmente atendían a 600 desmovilizados. Muchos no quieren asistir a clases. El proceso ha sido difícil y lento. Se montaron 20 grupos pero funcionaron 5. Ahora asisten 300 porque la ACR los está obligando” (31 mayo 2007). “Enfrentamiento con Frank Pearl, Consejero para la reintegración, cuestionaron sus declaraciones sobre oportunidades laborales que supuestamente han ofrecido”. (24 septiembre 2007). Así mismo, desmovilizados que asisten a cursos del Sena, en noviembre de 2010 en Montería, manifestaron que “[...] hay que reconocer que al principio hubo fallas e improvisaciones. A medida que el proceso avanzaba mejoraron en capacitación, salud y acompañamiento sicosocial pero falta mucho por hacer, sobre todo en proyectos productivos y empleo. Nosotros nos hemos aguantado porque hemos visto mejoría y esperamos que sigan cumpliendo, no así otros compañeros que prefirieron volver a las viejas andanzas, yo creo que se precipitaron cuando tomaron esa decisión”.

- Rechazo y estigmatización. Desmovilizados, entrevistados en Montería, entre los meses de diciembre de 2010 y enero 2011, dijeron: “Cuando uno es desmovilizado lo miran mal, con desconfianza y con miedo. Hay vecinos que viven asustados porque temen que lleguen a matarme y a ellos les pueda pasar algo. Cuando oyen motos que pasan

cerca a la casa donde vivo y ven que el conductor y parrillero son jóvenes y llevan puestos cascos que les cubren los rostros, especialmente en horas donde hay poca gente en las calles, imaginan que son sicarios. Alcanzo a mirarlos cuando corren las cortinas y cierran las puertas. Si uno organiza una reunión o fiesta en su casa o le hace algún arreglo a la vivienda o compra algo nuevo, están convencidos que es producto de algo malo que hice... a veces la policía llega a preguntarme de donde obtuve el dinero, seguro porque alguien los llamó y dio el aviso. Otra cosa: como uno no tiene dinero para comprar buena ropa y zapatos, anda en moto como conductor o parrillero, en bus, bicicleta o a pie y no tenemos pinta de galán, pues la mayoría somos morenos, no tan bien parecidos, con corte de pelo bajito, un poco ordinarios con el lenguaje y el comportamiento y otros gestos que no se por qué la gente nos asocia enseguida con gente peligrosa, uno ve como lo analizan rápidamente, hacen una imagen de nosotros y así nos tratan. Esto no es bueno, algunos no lo soportan y terminan echando todo a la mierda”.

- Inseguridad jurídica. Por su parte, desmovilizados procesados manifestaron en Montería, en enero 2011: “Sí, es verdad, estamos preocupados por el fallo de la Corte Constitucional que nos deja en una situación incierta por no saber que va a pasar con nosotros. Lo primero que se nos ocurrió fue suspender las declaraciones que estamos haciendo. No hay razón para que sigamos haciendo confesiones si a la larga las pueden convertir en pruebas contra nosotros. No queremos perder la confianza en la ley pero necesitamos que nos den las garantías suficientes para poder continuar con el proceso. Estamos a la expectativa. No creo que aumente el número de reincidentes, Si lo hacen, serán muy pocos”.


III. El proceso de reintegración

La ACR concibe la reintegración de los desmovilizados o participantes con base en los siguientes beneficios o programas: educación, salud, atención sicosocial, formación para el trabajo, generación de ingresos y ser social. Del éxito de estos programas depende: a. Que el desmovilizado “construya una nueva vida del lado de la legalidad en compañía de su familia y que sea o vuelva a ser una persona independiente y útil a la sociedad.”b. Que el desmovilizado, sin poder acceder a condiciones de vida como

las desea, acepta con cierta inconformidad, sin salirse de la legalidad, los beneficios o programas que le ofrecen. c. Que no motiven lo suficiente o satisfagan las expectativas y visiones de la reintegración y decidan regresar a los grupos armados ilegales o hacer parte de grupos delincuenciales. d. Un porcentaje de ellos por motivos de consumo de bebidas alcohólicas y drogas, motivaciones delictivas, entre otras, están imposibilitados para cumplir los programas.

1. Proyectos productivos y empleo

Al principio, en el 2006, la oficina del Alto Comisionado para la Paz anunció la puesta en marcha de proyectos productivos en el área rural destinada a participantes, desplazados por la violencia y campesina del lugar. Los proyectos eran de cultivos de caucho, cacao, maracuyá, plantación de acacia y ganadería intensiva. Ocuparían 4.784 hectáreas y beneficiarían a 1.869 cabezas de familia. Desafortunadamente estos proyectos fracasaron, entre otras cosas, porque estaban en duda la legalidad de las tierras y la identidad de los verdaderos propietarios.

Hasta el 2010 la ACR con sede en Montería atendió a 1.702 participantes con 170 proyectos aproximadamente. “Son proyectos individuales porque casi nadie quiere trabajar en colectivo”, aseguraron los participantes que accedieron a dar declaraciones. “Funcionan unos 100 aproximadamente, en realidad no son proyectos nuevos, por lo regular son los mismos trabajos que desempeñábamos antes de ingresar a las AUC”. Recuérdese que cuando ocurrió la desmovilización de los 1.613 registrados, 697 poseían algún oficio y 367 contaban con empleo (ver gráfica 9). La formación en el Sena ha servido fundamentalmente

para actual izar o perfeccionar sus conocimientos sobre oficios como albañilería, electricidad, electrodomésticos, carpintería, mecánica, panadería, soldadura, enchapes, mantenimiento de motores y tiendas, entre otros. Esta aseveración la corrobora la información de los postulados cuando informaron sobre experiencia laboral, arte u oficios que poseían.

En cuanto empleo la situación no ha sido fácil. En un principio, como salida ocupacional, la Policía orientó un diplomado durante 6 meses a 870 participantes con el propósito de prepararlos como salvavías y vigías comunitarios para atender manejo de tráfico en calles y carreteras, espectáculos públicos, colegios y playas. Además de colaborarles en la socialización y la capacitación, la intención fue ayudar a ubicarlos en empleos permanentes o temporales. Al final solo lograron 10 fijos y algunos temporales. La respuesta de empresarios, comerciantes e industriales ha sido mínima. Existe temor, prevención y estigmatización contra ellos. Algunos han conseguido empleos ocultando su condición de desmovilizado (Entrevistas con los responsables de la Unidad para desmovilizados de la Policia. Montería, noviembre 2010 y enero 2011)


2. Capacitaciónde nivel técnico, los demás son cursos especiales. En el Centro Agropecuario son: mercadeo agropecuario 84, emprendimiento empresarial 83, mercadeo y ventas 28, planes de negocios 22 y cultivo de cacao 13. De estos, sólo el último es de nivel técnico, los demás son cursos especiales. En realidad son pocos los que elaboran sus planes de negocios y crean sus unidades productivas como solicitud o exigencias de la institución.

Según entrevistas con funcionarios y profesores del Sena - Montería, entre noviembre y diciembre de 2010, un poco más del 50% de los que asisten lo hacen por recibir el subsidio que les reconocen, un 35% manifiesta interés en superarse y dispuestos a la reintegración y al resto le falta convencimiento.

El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, ha sido la institución encargada de la capacitación de los participantes en los distintos niveles de formación: tecnológico 24 meses, técnico 12 meses, auxiliar y operario 6 meses y cursos especiales con duración de 40 a 400 horas. En los últimos años la institución ha atendido a 527 participantes: 274 en el Centro de Comercio, Industria y Turismo y 253 en el Centro Agropecuario y Biotecnología.

Los cursos a los que más asisten en el Centro de Comercio son: comida rápida 27, comida colombiana 24, servicio al cliente 22, oficial de construcción 21, mercadeo y ventas 21, venta y comercialización 20. Hay 41 que asisten a cursos nivelatorios en competencias básicas. Del total de cursos, enchapes y acabados y oficial de construcción son

3. Acompañamiento sicosocial

Al parecer el programa contempla de 1 a 3 charlas mensuales de dos horas en promedio, visitas a las familias y organizaciones de eventos lúdicos. Los grupos son de 30 participantes en promedio, cada sicólogo parece que atiende a 60 o más de ellos. Los comentarios sobre el programa son diversos: agentes de la Policía que les hacen acompañamiento consideran que muchas

charlas no son pertinentes, improvisadas algunas veces, carecen de objetivos precisos, presentan vacíos y no se observan resultados. Algunos desmovilizados consideran que ellos y sus familias no reciben el acompañamiento adecuado, las visitas son escasas o muy espaciadas y manifiestan que asisten por el subsidio.


IV. Conclusiones

- Los desmovilizados, según los datos reseñados, por sus rasgos sicosociales, los tipos de familias con las que conviven, el medio donde han vivido y actuado, la existencia de una gran variedad de modalidades delictivas en la ciudad y el departamento y el número de casos registrados, la larga tradición de grupos armados ilegales con diferentes ideologías y la impunidad; todo esto sumado al bajo nivel educativo y de formación laboral que poseen, la dificultad para establecer relaciones con parejas estables, el desempleo, la exclusión social y la estigmatización de que son objeto y las edades, constituyen por sí mismo, las bases para que un número apreciable de ellos retornen a las armas o se dediquen, solos o en grupos, a cometer delitos leves y graves.

- Los desmovilizados de las AUC incrementaron la inseguridad en el departamento y en Montería. 206 de ellos muertos a partir del 2005 y 975 vinculados o capturados en el mismo lapso por distintos delitos es una cifra preocupante. Es factible que los porcentajes sean mayores pero las estadísticas de las instituciones que tienen esta responsabilidad aún no especifican en los responsables o autores su condición o no de desmovilizados. Además, muchos de ellos no lo dan a conocer.

- En el período 2002-2010, aproximadamente la tercera parte de los delitos en el departamento los cometieron en la capital. Llama la atención que la fuerza pública y organismos de seguridad con cerca de 500 efectivos en la ciudad no hayan logrado reducir estas cifras

- La percepción que se tiene de la peligrosidad de los desmovilizados al parecer se justifica más en el resto del departamento que en la capital. La gente en el campo los asocia más con los grupos armados ilegales activos y en la ciudad con la delincuencia común..

- La inseguridad que vive Córdoba y Montería es producto de factores que deben tratarse de manera integral: pobreza, desempleo y subempleo, corrupción, grupos armados ilegales, narcotráfico, violencia intrafamiliar y comunitaria, deterioro ambiental, despojo y concentración de tierras y riesgo social en que se encuentran niños, adolescentes y jóvenes.

- El programa de reintegración en sus diferentes componentes y en su conjunto debe ser revisado a la luz de sus resultados y la situación que vive el país y Córdoba en particular.


Referencias bibliográficas:

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Negrete Barrera, Víctor. (2010, julio 30). Carta a un cordobés ausente. Semanario virtual Caja de herramientas. Edición 217.

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_______________________. (2006). Montería: entre la villa soñada y el Miami costeño. Documentos para la reflexión nro. 1. Montería: Centro de Estudios Sociales y Políticos. Universidad del Sinú, págs. 33-38.




Por: Frédéric Massé - Director del Área de DDR del CIT Pax

Equipo de trabajo:Johanna Camargo - Asistente de InvestigaciónVíctor Negrete - Consultor Caso Córdoba

¿Urnas sin armas? Caso CórdobaAnálisis del impacto de las estructuras armadas ilegales post desmovilización en las elecciones locales de 2011 en Córdoba

1. Introducción Córdoba es un caso casi paradigmático de la relación entre políticos y actores armados ilegales. Siendo cuna de los paramilitares en los años 90, fue después allí, en Santa Fe Ralito, corregimiento del municipio de Tierralta, donde se firmó en 2003 el famoso Pacto de Ralito que dio origen al denominado escándalo de la parapolítica, el cual puso en evidencia el apoyo y la colaboración entre algunos políticos y miembros de las Autodefensas Unidas de Co-lombia (AUC) para acceder o mantenerse en el poder. La mayoría de esos jefes políticos fueron condenados o están investigados por vínculos con paramilitares, corrupción y favorecimiento, entre otros delitos.


No obstante, la clase política cordobesa, dividida en grupos, familias o clanes tra-dicionales controlan la administración de-partamental desde hace varias décadas. Por otra parte, y a pesar de la desmovilización formal de 3.783 integrantes de las AUC pro-cedentes de Córdoba en distintos bloques (aproximadamente el 8.4% de los desmo-vilizados del país entre el 2005 y 2006), la situación en términos de seguridad y de or-den público poco ha mejorado. Los enfren-

tamientos entre grupos armados ilegales post-desmovilización fueron hace algunos meses particularmente sangrientos. Duran-te las elecciones de 2007 y 2010, dichos ac-tores armados ilegales no se manifestaron de manera muy visible. Sin embargo, en las elecciones locales de 2011, la situación tan-to política como de seguridad hacía pensar que esa mezcla iba a ser explosiva. Pero no fue así.

2. Panorama pre-electoral: estructuras post-desmovilización

A principios del año 2011, la fuerza pública adelantó la Operación Troya, que continúa activa en su segunda fase. Es una operación conjunta entre el Ejército, la Armada, la Policía y el DAS contra las llamadas “ban-das criminales” en los departamentos de Córdoba, Sucre, Urabá y el bajo Cauca an-tioqueño. Al principio, esa operación logró debilitar y dispersar a las estructuras arma-das ilegales. A mitad de año, la fuerza pú-blica había capturado a más de 500 miem-bros de las estructuras, destruido más de sesenta laboratorios y decomisado más de 6.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Rápidamente sin embargo, la situación de orden público se deterioró nuevamente y los tres principales grupos armados ilegales post-desmovilización presentes en Córdoba (Urabeños, Paisas, Rastrojos) seguían dis-putándose el territorio cordobés, acentuan-do su presión sobre varias poblaciones del Departamento.

Entre 2008 y 2010 los enfrentamientos en-tre esas estructuras armadas ilegales fueron causa de la mayoría de los 1.619 homicidios por casusas violentas, según datos del Ob-servatorio del delito de la Gobernación. En 2011 habrían sido responsables de aproxi-madamente 569 casos. Sin embargo, si bien las víctimas fueron principalmente inte-grantes de las “bandas criminales” debido

a disputas fratricidas entre las mismas; lí-deres campesinos, indígenas y de población desplazada continúan siendo objetivos de esos actores armados ilegales.

En el sur del departamento (Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierral-ta y Valencia) las disputas por las rutas del narcotráfico eran de tal magnitud que los grupos habían reforzado su control sobre las comunidades. Según datos de organis-mos de cooperación internacional y organi-zaciones de la sociedad civil, eran más de 100 los pueblos confinados durante 2011 en Córdoba, limitando la movilidad de las personas e imponiendo toques de queda en esas comunidades. Hoy en día son aún más. En un gran número de comunidades han surgido “panfletos” amenazando de muerte a las personas que se movilizan des-pués de las ocho de la noche. Las estructu-ras post-desmovilización también registran los movimientos de la población civil con nombres, direcciones y hasta contactos de los teléfonos celulares de los habitantes.

A mediados del año 2011, sin embargo, el panorama evolucionó. Los enfrentamientos disminuyeron. Según algunas fuentes, los grupos para ese período se habían reparti-do territorios, rutas y recursos. Otro factor vino a sumarse al anterior, en ese entonces


los comandantes locales de las Farc se reu-nieron con sus homólogos de Los Urabe-ños, Rastrojos y Paisas, se presume que en el corregimiento de Juan José, municipio de Montelíbano del Departamento, para sellar una tregua con un objetivo claro: no inter-

ferir la campaña electoral, no entorpecer las elecciones para no dañar sus negocios, no provocar la intervención de la Operación Troya en otros lugares ni granjearse el re-chazo de las poblaciones.

3. Panorama pre-electoral: estructuras políticas locales

Desde 1998, varios grupos, familias o clanes se han repartido el poder político en Córdo-ba (Negrete Barrera, Víctor & Galeano Sán-chez, José. (2011, septiembre). En primer lugar se encuentra la Casa López, orientada por el ex senador Juan Manuel López, del Partido Liberal, la cual ha dirigido 43 de las 112 administraciones municipales, es decir, un 38.3% del total. En segundo lugar está el Partido Conservador dividido en dos facciones: una, orientada por la senadora Nora García, y otra que se encuentra bajo el mando del ex senador Julio Manzur; ambos han estado al frente de 29 administraciones municipales con el 25.8% del total. En ter-cer lugar viene la Casa Jattin, liderada por la ex congresista Zulema Jattin, antes liberal y ahora uribista, quien ha tenido la oportu-nidad de participar en diez administracio-nes, el 8.9% del total. Le siguen el también uribista Bernardo Elías Vidal, quien se alejó de los Jattin y Musa Besayle Fayad, sepa-rado de los López, ahora uribista, con tres alcaldías, cada uno con una representación del 5.3%. También se encuentran: Mario Sa-lomón Náder, exsenador Liberal, con dos alcaldes y Jaime Torralvo, pequeña disiden-cia de los López, con un alcalde.

Muchos de los políticos del Departamento, la mayoría de ellos relacionados con esos diferentes grupos o familias, fueron conde-nados o están investigados por parapolítica: Juan Manuel López, Julio Manzur, Zulema Jattin, Reginaldo Montes, Miguel De la Es-priella, Mario Salomón Náder, Musa Besai-le. En varias ocasiones, Salvatore Mancuso

también afirmó que habría contribuido a la elección de más de 20 alcaldes del Depar-tamento (Observatorio de DDR, 2011). Des-pués de la desmovilización de los grupos paramilitares, la relación entre las estructu-ras armadas ilegales y los políticos habría cambiado, aunque los vínculos no desapa-recieron del todo.

Mientras en los meses anteriores a las elec-ciones de octubre de 2007, las estructuras postdesmovilización habían convocado reuniones de apoyo a determinados can-didatos para oponerse a los grupos contra-rios, en las elecciones al congreso de 2010, no mostraron gran interés en influir de una u otra manera en el proceso. Por lo tanto, las elecciones locales de 2011 iban a ser in-teresantes para apreciar el grado de interfe-rencia o de relación entre la clase política y las estructuras armadas ilegales del Depar-tamento.

En esa línea, durante la campaña electoral de 2011, varios candidatos fueron cuestio-nados por vínculos con presuntos impli-cados en parapolítica, narcotráfico o con grupos armados ilegales. En casi todos los municipios del Departamento se escucha-ron rumores y hubo sospechas. En Tierralta, Carlos Arturo Cogollo, candidato a la alcal-día por el Movimiento de Inclusión y Opor-tunidades (MIO), era señalado de tener vínculos con los grupos armados ilegales. Se presume que en el 2007 el señor Carlos Arturo Cogollo recibió apoyo de alguno de los grupos ilegales, llámense paramilitares


no desmovilizados o del narcotráfico. Así mismo, se presume que estos grupos ejer-cieron presión e influencias en los votantes mediante constreñimiento electoral en al-gunos corregimientos, principalmente en la antigua Zona de Ubicación. En las eleccio-nes de 2011, se dice que tenía el apoyo de los ganaderos y algún grupo ilegal.

En Buenavista, dos de los tres candidatos tuvieron supuestamente nexos con grupos paramilitares en el pasado y habrían recibi-do “dinero sucio” para sus campañas: Félix Gutiérrez Córdoba del Partido de la U alcal-de de Buenavista en dos ocasiones, prime-ro entre 1995 y 1997 y después entre 2001 y 2003, época de pleno auge paramilitar, y Ferney Bertel Rojas avalado por el partido Liberal y también alcalde en este período crítico.

En Montelíbano, el candidato a la alcaldía por Cambio Radical, Moisés Nader, quien anteriormente había sido cinco veces al-calde, tenía cuentas pendientes con la Fis-calía. En Lorica, uno de los candidatos a la alcaldía, Francisco José Jattin Corrales, es hermano de la exsenadora Zulema Jattin. En el municipio de Ayapel, según varios pobladores, uno de los candidatos a la al-caldía hizo su campaña política en el carro de un jefe local de una de las estructuras post-desmovilización allí presentes. Por su parte, en Planeta Rica, Puerto Libertador, La Apartada y Pueblo Nuevo, también exis-tieron rumores sobre candidatos con pre-suntos nexos con grupos ilegales, debido a la inscripción de personas poco conocidas en esas localidades.

Finalmente, en los municipios costaneros, varios de los candidatos implicados eran sindicados de tener relaciones con las es-tructuras armadas, algunos de ellos por haber sido participantes del Movimiento de la margen izquierda de Córdoba y Ura-bá, “Proyecto Marizco” de las Autodefen-

sas (Marizco: Movimiento de la Margen Izquierda de Córdoba y Urabá), en el área costanera de la margen izquierda del río Sinú con el objetivo de elegir políticos que trabajaran de la mano con los paramilitares. Según Negrete Barrera, Víctor & Galeano Sánchez, José. (2011, septiembre), en cuanto a la Gobernación, los dos candidatos, Ale-jandro Lyons Muskus, del Partido de la U y Víctor Raúl Oyola, por el Partido Liberal, contaron aparentemente con el apoyo de los caciques políticos del departamento.

A Alejandro Lyons lo apoyaron los siguien-tes grupos: a) El Ñoñismo del senador Ber-nardo Elías Vidal; el representante a la Cá-mara, Nicolás Jiménez y el exsenador y jefe del grupo Jorge Ramón Elías Nader. Acre-centó su poder en el Departamento durante el gobierno de Álvaro Uribe, ejerciendo el control del Icbf, entre otras entidades. b) El Musismo del senador y jefe del grupo Musa Besayle Fayad (investigado por parapolíti-ca); el exalcalde de Sahagún Jhony Besayle Fayad y los hermanos José Fernando y Ro-berto Tirado Hernández. Durante el Gobier-no de Álvaro Uribe, este grupo se fortaleció con la CVS, después de habérsela quitado a Mayorías Liberales. c) El Zulemismo, grupo de la ex senadora, investigada por parapolí-tica, y jefe del grupo Zulema Jattin Corrales, y el exalcalde de San Antero y senador Mar-tín Morales, y el Manzurismo, grupo del Partido Conservador del ex senador y jefe del grupo, Julio Manzur Abdala; cuenta con el poder que se deriva de la Universidad de Córdoba y el Invias, asignados en el Gobier-no de Álvaro Uribe.

A Víctor Raúl Oyola lo apoyaron: a) Ma-yorías Liberales, grupo conformado por la senadora Arlet Casado de López y el ex-senador y jefe del grupo, condenado por parapolítica, Juan Manuel López; los re-presentantes a la Cámara Fabio Amín y Rafael Madrid; el exrepresentante a la Cá-mara José de los Santos Negrete y Libardo


López Cabrales, hermano de Juan Manuel, ex gobernador de Córdoba y ex director de la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS. b) Burguismo, grupo tradicio-nalmente conservador, comandado por la senadora Nora García Burgos y el represen-tante a la Cámara David Barguil. Sustenta el poder por su participación en la Alcaldía de Montería. Además de Cambio Radical, que terminó constituyéndose en una fábri-ca de avales para quienes no logran cupos

en los partidos fuertes: Liberal, U y Conser-vador, el Polo Democrático, Alianza Social Indígena, Edmundo López (exministro, tío de Juan Manuel López), un sector del PIN y Alternativa Liberal.

Alejandro Lyons, joven y desconocido, ha sido cuestionado por hacer parte de un clan de abogados, célebre por defender a ‘para-políticos’ como el condenado ex goberna-dor Salvador Arana, además de tener algu-nos respaldos incómodos.

4. Aproximación cuantitativa a la participación de estructuras armadas en las elecciones locales de 2011

Puesto que en el pasado Córdoba fue el de-partamento donde las relaciones entre gru-pos paramilitares y políticos locales fueron más extensas y visibles y es hoy en día uno donde las estructuras armadas ilegales tie-nen más presencia e importancia, era casi natural pensar que las elecciones iban a ser confiscadas por las estructuras armadas ile-gales.

Durante la campaña electoral, varias perso-nalidades e instituciones llamaron la aten-ción de las autoridades nacionales sobre los posibles riesgos de injerencia o perturba-ción de las elecciones por parte de los gru-

pos armados al margen de la ley. La gober-nadora Marta Sáenz pidió atención especial para el Departamento, y fue muy conocida la discusión pública que sostuvo con el en-tonces ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, sobre la inseguridad que padecía Córdoba por la presencia de los grupos armados ile-gales y las acciones tomadas por el gobier-no nacional que resultaban insuficientes, según la gobernadora. La Contraloría puso al Departamento dentro de su lista de los de mayor riesgo, en especial los municipios de Tierralta, Valencia, Montelíbano, Puerto Libertador, Buenavista, La Apartada y Aya-pel.




a. Acciones violentas contra candidatos

Según datos recopilados durante la cam-paña electoral de 2011, a partir de distintas fuentes, el Área de DDR encontró un total de 19 presuntos hechos de violencia contra

candidatos en Córdoba, la mayoría de los cuales fueron perpetrados contra aspiran-tes a alcaldías y concejos:

Gráfica 1

Gráfica 2

Datos procesados por CITpax según estadísticas de la Policía, medios de comunicación, informes y entrevistas en Montería (Córdoba)

Acciones contra candidatos/ Córdoba/ 2010 - 2011

Acciones violentas contra candidatos según al cargo al que aspiran y posible perpetrador


La Policía y la Fiscalía registraron once ca-sos de violencia contra candidatos en todo el Departamento.

De ese total diez casos correspondieron a presuntas amenazas con autor desconoci-do, no todas comprobadas y a un atentado, contra Rey Callejas en Puerto Libertador. En Montería a los candidatos a la alcaldía José Ignacio Burgos y Daniel Cabrales y al concejo Ambrosio Hernández y María Du-rango; en Canalete, al candidato a la alcal-día Miguel González; en Chinú al candida-to a la alcaldía Orlando Medina; en Puerto Escondido, al candidato a la alcaldía Ca-milo Torres; en Tierralta, al candidato a la alcaldía Franklin de la Vega; en Tuchín, a Rosa Montaño, candidata a la alcaldía y a Guillermo Cifuentes, candidato a la asam-blea departamental. A título preventivo, la Policía otorgó, sin embargo, esquemas de protección a 22 candidatos, de los cuales tres fueron concebidos bajo un nivel de ries-go extraordinario.

Sin embargo, según otras fuentes (ONG, prensa local), dichas cifras subestiman la realidad y se produjeron más acontecimien-tos. En varios casos la prensa y el Ministerio Público reportaron amenazas a candidatos al concejo y a la alcaldía que no fueron de-nunciadas ante las autoridades. Por ejem-plo, la Defensoría del Pueblo y medios de comunicación regionales dieron a conocer ocho casos adicionales de violencia contra candidatos. De estos, tres correspondieron a asesinatos (en La Apartada, Élver de Jesús Zarante; en Puerto Libertador, el candidato a la alcaldía Éder Fernández y en San Pela-yo, el candidato al concejo Emiro Galván), y cinco a presuntas amenazas (en San Pelayo, Omar Petro, candidato al concejo; en Valen-cia, los candidatos al concejo Adonías Vidal

y Óscar Cancino, y los candidatos a la alcal-día Éder de Hoyos y Luis Alfredo Negrete este último, era pre candidato a la alcaldía por el Partido Conservador).

Esas cifras muestran cierto bajo perfil por parte de los grupos armados ilegales duran-te la campaña electoral. En efecto, ningún caso se relacionó abiertamente con estruc-turas armadas ilegales.

Por otra parte, algunas de las amenazas y homicidios que fueron denunciados, final-mente no tuvieron que ver con los actores armados ilegales, como inicialmente se pensaba, sino que resultaron ser obra de rivalidades entre políticos o grupos polí-ticos locales. El atentado en contra de Rey Callejas de Cambio Radical, donde murió el conductor y un líder comunitario en Puerto Libertador, parece ser uno de los ejemplos.

Finalmente, cabe señalar que, aunque no fueron formalmente casos de amenazas como tal o atentados, a varios candidatos se les impidió la entrada a ciertas zonas del Departamento. El primero de julio de 2011, el periódico El Meridiano de Córdoba regis-tró la declaración del alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, quien no pudo visi-tar las poblaciones Nueva Esperanza, Nue-va Lucía, La Manta y Morindó (Montería) por la zozobra y el asedio de las Bacrim. En Crucito (Tierralta), la guerrilla no acepta-ba al candidato a la alcaldía Carlos Arturo Cogollo y se lo hizo saber. En otros lugares, como La Rada en Moñitos, Villa Carmiña en Montelíbano, La Doctrina en Lorica, Pica Pica Nuevo y Pica Pica Viejo entre Monte-líbano y Puerto Libertador, las poblaciones fueron vedadas y sitiadas. El objetivo era controlar el territorio aprovechando la ac-tividad electoral.


b. Denuncias de presión o proselitismo electoral por parte de los actores armados ilegales

Aunque, como se puede concluir, fueron pocos los casos conocidos de acciones in-timidatorias en contra de candidatos por parte de los grupos armados al margen de la ley, según fuentes de terreno, en varios lugares del Departamento esos grupos pre-sionaron a algunas comunidades para que votaran en favor de ciertos candidatos.

El 27 de mayo de 2011, el Coronel Héc-tor Páez, Comandante de Policía Córdoba afirmaba que “descubrieron que la banda Los Urabeños está presionando a varias comunidades de zonas rurales de Plane-ta Rica, Tierralta y Montería para que vo-ten por ciertos candidatos en las elecciones del próximo mes de octubre”. En Tierralta, de hecho, otras fuentes reportaron que en zonas rurales cercanas al sector urbano, hubo presión sobre algunos líderes; se les decía que debían votar por Carlos Cogollo a la alcaldía. En los corregimientos de Ba-tata y Murmullo, Los Urabeños intentaron promover a alguien de la comunidad para concejal pero desistieron finalmente. En San

Felipe de Cadillo, se presume que hubo pre-sión para votar a favor de una sola conceja-la. En el municipio de Canalete, también de-nunciaron intimidación contra la población para votar por un candidato.

La posición inicial de las bandas criminales era incidir en el proceso electoral. Sin em-bargo, esta estrategia fue posteriormente revisada y descartada, sobre la base de que cualquier candidato que ganara necesaria-mente los tendría en cuenta para colaborar-les económicamente vía comisiones sobre las contrataciones de infraestructura y los recursos de la salud. Es más, las llamadas “Bacrim” casi no convocaron reuniones con aspirantes a concejos o alcaldías como sí ocurría cuando mandaban Mancuso, “Don Berna” o “El Alemán”. En la única zona donde sí se registraron presiones fue en el Bajo Cauca, donde las estructuras buscaban eliminar todo lo que les recordara a alias “Cuco Vanoy”, debido a supuestos rumores de haberlos delatado en Estados Unidos.


5. Explicaciones sobre formas de influencia política

a. Balance de poder político-militar

Pese a que el panorama político militar cor-dobés cambió durante el trascurso del año 2011, la relación de poder entre los actores políticos primarios o tradicionales y las es-tructuras armadas ilegales post-desmovili-zación no se vio afectada por las elecciones.Con los comicios de octubre de 2011, el mapa político cordobés registró un relevo. Al ganar la Gobernación y doce de las trein-ta alcaldías del departamento - aunque no superó lo que había conseguido en el pasa-do el partido Liberal que ostentaba 19 alcal-días -, el partido de la U se fortaleció y las familias de Sahagún, Elías Vidal y Musa Be-saile, fueron las más beneficiadas; mientras el partido Liberal y la casa López cedieron terreno al perder la gobernación y once al-caldías, quedando tan sólo con ocho. Hay que tener en cuenta que en las elecciones departamentales y municipales juegan las coaliciones, mientras en las elecciones para congresistas la disputa es individual. Para el caso de Córdoba, en las elecciones pasa-das el partido Liberal obtuvo la votación que la dirigencia esperaba pero la coalición que logró conformar el partido de la U fue más amplia y eficaz.

El segundo semestre de año 2011 vio la consolidación de la estructura de los Ura-beños en buena parte del Departamento, en detrimento de la de los Rastrojos y Paisas, estos últimos divididos en dos alas: la del sur del Departamento que se acercó a los Urabeños y la otra que siguió aliada con los Rastrojos. La división de los Paisas, y por consiguiente su debilitamiento, se debió en buena parte al acorralamiento de las auto-ridades que condujo a la captura y muerte de sus jefes más reconocidos y la detención de gran número de sus miembros. Este he-

cho ha permitido que Los Urabeños estén incursionando con fuerza en Medellín, en el territorio de la Oficina de Envigado.

El poder de los Urabeños en Córdoba obe-dece a varias causas: el control que ejercen sobre el territorio y numerosas poblaciones; la alianza o acuerdos voluntarios o forzados que han establecido con líderes o dirigentes locales; y la práctica electoral sujeta a com-pras y trasteos de votos. El caso del muni-cipio de Tierralta sirve de ejemplo. Muchos pobladores presuponen que el alcalde elec-to, Carlos Cogollo, contó con el apoyo de esa estructura armada ilegal puesto que ob-tuvo una alta votación -19.000 mil votos- en comparación con su oponente, Franklin de la Vega, quien solo logró 8.000 mil votos, re-sultado único en la historia del Municipio.

El paro militar de enero de 2012 dio una buena ilustración del poder que tiene esa estructura armada ilegal en el Departa-mento. En todos los municipios del sur de Córdoba, el paro se dio desde la noche del día anterior y se observaron hombres moto-rizados repartiendo panfletos por todos los barrios. Al día siguiente, todo estuvo para-lizado, desde el transporte intermunicipal hacia las zonas rurales, hasta el comercio y la actividad laboral en general. Los pueblos parecían pueblos fantasmas. Personas infor-madas aseguran que el paro también sirvió para movilizar droga que tenían represada por acción de las autoridades.

Ahora bien, el paro mostró también los lí-mites de la influencia de esos grupos arma-dos ilegales y el grado de autonomía y de-pendencia frente a otros actores primarios o tradicionales del Departamento. Algunas


fuentes señalan que el paro no hubiera po-dido llevarse a cabo sin el apoyo tácito de la fuerza pública presente en esos municipios. Muchos habitantes y observadores relatan que la Fuerza Pública no hizo mucho para impedirlo, esperando simplemente a que finalizara.

En una ciudad como Montería, es posible preguntarse también por qué el paro no tuvo tanto impacto, si en otras capitales del país como Santa Marta, la ciudad quedó paralizada. ¿Es acaso un asunto de control más riguroso sobre el comercio o de más connivencia con las autoridades o de acuer-dos con los grupos políticos dominantes?Finalmente, la ausencia -según la MOE- de

casos de violencia política post electoral para el departamento de Córdoba, confir-maría que la balanza de poderes locales de Córdoba antes, durante y después de las elecciones de autoridades locales de 2011, siguió inclinada a favor de sus élites polí-ticas. Durante las elecciones de octubre de 2011, las élites de Córdoba no necesitaron del poder armado ilegal para satisfacer sus objetivos políticos. Por otro lado, aunque las estructuras post-desmovilización pre-sentes en el Departamento lograron conso-lidarse, su presencia armada no se tradujo en actividades de proselitismo armado a favor de determinadas campañas políticas, como en su momento lo hicieron las AUC.

b. Otras formas de influencia política

Si bien las elecciones pasadas fueron relativamente libres de la interfe-rencia violenta de las estructuras armadas ilegales que operan en el

departamento, hubo sin embargo - como se ha dicho - algunos casos de presión y/o proselitismo electoral por parte

de esas estructuras. Como en otros de-partamentos, las autoridades y las

poblaciones también denunciaron unas estrategias de influencia más sutiles o más indirectas en los re-sultados electorales.

A pesar de denuncias de financia-ción de algunos candidatos (referidas en

el apartado anterior) existen pocas pruebas de que las estructuras armadas hayan realmente

financiado a candidatos. Que el dinero del narcotráfico haya ayudado a promover al-

gunos candidatos, es lo más probable. Que otras fuentes dudosas de financiación ha-yan terminado en las campañas de varios candidatos también ha sido denunciado. El caso de Sahagún es particularmente

interesante. Según la revista Semana (2011, marzo 26), varios de los candidatos a la al-

caldía recibieron dinero sucio o ilegal para


financiar sus campañas electorales. Jorge David Pastrana Sagre, quien ha sido mencionado en el escándalo del cartel de la contratación de Bogotá y cuyo hermano, Manuel, le puso 3.800 votos en Sahagún al senador Iván Moreno, recibió financiación de Emilio Tapia, otro protagonista del mencionado cartel. Carlos Elías Hoyos, primo del senador de La U Bernar-do Elías Vidal, recibió recursos de su cuñado, director del Icbf de Córdoba, instituto que ha dado contratos por 1.800 millones de pesos entre 2010 y 2011 a una fundación que tiene en su junta directiva a Jorge Montes, mano derecha del senador Elías Vidal.

Pero varios observadores opinan que las estructuras no tenían el dinero ni el interés de patrocinar a candidatos específicos. Otros señalan que fue una estrategia para no llamar la atención de la Operación Troya, no enfrentarse entre sí por apoyar a uno u otro candidato y no aumentar más el rechazo de las poblaciones por las muertes y atropellos que cometen.

Córdoba también fue señalado por las autoridades nacionales como uno de los departa-mentos con mayor riesgo de fraude electoral, trashumancia electoral, e infiltración de orga-nismos electorales, entre otros. Hubo, por ejemplo, 24 denuncias de trasteo electoral en 17 municipios. Sólo en Planeta Rica, la Fiscalía recibió 14 denuncias de trashumancia electoral y en Sahagún, un editorial de El Meridiano de Córdoba acusó que de las 4.073 cédulas que ordenó inhabilitar el Consejo Nacional Electoral por trashumancia, apenas 700 habían sido eliminadas. Sin embargo, no existen pruebas ni sospechas de que las estructuras armadas ilegales hayan estado detrás de esos fraudes como sucedió en otros departamentos (por ejemplo el caso de Meta) o en Córdoba en el pasado.

También hubo denuncias de infiltración en organismos electorales. Así en Tierralta, algunas fuentes denunciaron que todas las personas que llegaron a trabajar como delegados nacio-nales a la Registraduría eran puestos por la campaña que apoyaba la candidatura de Cogo-llo, lo que al parecer facilitó el resultado tan alto para ese candidato. Dicho eso, no existen pruebas de que Los Urabeños hubieran participado u ordenado esa maniobra.

Referencias bibliográficas

El Tiempo. (2011, octubre 23).

Negrete Barrera, Víctor & Galeano Sánchez, José. (2011, septiembre). Antecedentes y candidatu-ras actuales en Córdoba. Corporación Viva la Ciudadanía, Edición N° 00270.

Observatorio de DDR. (2011). Ley de Justicia y Paz, Tercer Informe. Madrid-Bogotá: CITpax.

Revista Semana. (2011, marzo 26). Los tentáculos de Sahagún. Bogotá.

Semana.com. (2011, agosto 1). [En línea]. En www. semana.com

Semana.com. (2011, agosto 20). [En línea]. En www. semana.com

Senado de la República. Sala de noticias. (2001, octubre 10). ¡Las Bacrim al poder! Disponible en:

http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/12526-las-bacrim-al-poder




El sur de Córdoba: a la espera del plan que acabe con el conflicto, la pobreza y el deterioro ambiental

Por:Víctor Negrete BarreraCentro de Estudios Sociales y PolíticosUniversidad del Sinú

El sur del departamento de Córdoba está formado por cinco municipios: Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, Valencia y San José de Uré. Su cobertura territorial es apre-ciable puesto que representa el 38.2% del total mientras su población apenas alcanza el 16.1%, de acuerdo con el mapa y cuadro adjuntos.


En este territorio se encuentran comunida-des indígenas zenú y emberas, y negras, en San José de Uré, especialmente; la mayor parte del Parque Nacional Natural Parami-llo (el 72% de las 492.225 hectáreas que lo componen); la hidroeléctrica de Urrá I con 340 megavatios de potencia instalada; mon-tarán próximamente, tomando como base la subestación Cerro Matoso, el nodo eléctrico que unirá el Caribe con el interior del país y permitirá evacuar energía a Centro Amé-rica; recursos naturales como ferroníquel, carbón, oro, cobre y riqueza hídrica (ríos Sinú, San Jorge, San Pedro, Verde, Esmeral-da, Manso y Uré); el 70% de la reforestación con especies introducidas (teca, acacia, me-lina y eucalipto); 5.000 hectáreas iniciales de caucho y cacao con algunas dificultades por su tardío rendimiento y falta de apoyo, 3.000 hectáreas de papaya con problemas por las vías en mal estado y plagas, culti-vos de maíz y ñame disminuidos y los de arroz y maíz sostenidos con gran esfuerzo. La ganadería tradicional con mucha tierra y poco empleo. En general la gente vive de la siembra y recolección de hojas de coca, la explotación minera artesanal y lo que pagan los que explotan legal e ilegalmente el oro con maquinaria pesada, los oficios y negocios que está generando la explotación de carbón y oro y la construcción de la car-boeléctrica, el pancoger en pequeñas parce-las y los jornales esporádicos.

La violencia ha sido ininterrumpida: en 1949 comenzó la época de la Violencia bi-partidista con guerrillas liberales que se opusieron al despojo de tierras y la acción del Sindicato de trabajadores agrícolas del San Jorge que conformó colonias campe-sinas, algunas de las cuales llegaron a ser corregimientos; en 1960 grupos de terrate-nientes y comerciantes locales y foráneos empezaron el despojo de tierra valiéndose de sicarios traídos del interior del país, en-gaños y trampas judiciales; en 1967 surgió la primera guerrilla de izquierda, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y así, cronoló-gicamente, aparecieron las Farc en límites con el departamento de Antioquia en 1981, el narcotráfico en 1984, los primeros culti-vos de coca en 1992, las Autodefensas Cam-pesinas de Córdoba y Urabá en 1994, las Autodefensas Unidas de Colombia AUC en 1996, el proceso de negociación Gobierno-AUC en Santafé Ralito entre el 2003-2006 y desde entonces las acciones de grupos no desmovilizados, reincidentes y los surgidos con la desmovilización, las llamadas bandas criminales con alta capacidad de recluta-miento forzado, voluntario o con engaños, camuflaje con las comunidades e incidencia en los gobiernos locales, autoridades y or-ganismos de justicia.

Municipio

Montelíbano

Puerto Libertador

San José de Uré

Tierralta

Valencia

Total

1.282

2.062

518

4.728

968

9.558

Población / habitantes76.010

43.287

10.514

92.948

Área (km2)

Córdoba 25.020

40.160

262.919

1.632.167

Fuentes: Dane e Igac, 2012


Del Centro de Coordinación de Atención Integral…

Debido al viejo y permanente conflicto que ha padecido la zona, en el 2004 fue incluida en el área de operación de los Centros de Coordinación de Atención Integral (CCAI). En su momento el gobierno la presentó como estrategia para “la recuperación y control militar del territorio, la lucha con-tra las drogas y el crimen organizado, la reactivación social y económica, el fortaleci-miento del servicio de justicia formal y me-canismos alternativos de resolución de con-flictos y la reconstrucción del tejido social a través del uso del tiempo libre y la cultura ciudadana”. En Córdoba, los sitios escogi-dos para implementar estas acciones fueron la llamada Zona de Ubicación en Tierralta; Tierradentro en Montelíbano; Mieles, San Rafael, Cocuelo, Guadal y Santo Domingo en Valencia; Río Verde, Juan José y La Rica en Puerto Libertador. De esta intervención no contamos con ninguna información ofi-cial.

“Durante el período 2004-2011, la inversión estuvo centrada en la erradicación de cul-tivos de uso ilícito, proyectos productivos, atención de desplazados, más cobertura en educación y atención alimentaria escolar, construcción de puentes menores, capaci-tación, titulación de predios, fortalecimien-to militar y apoyo judicial con un costo de 117.380 millones de pesos, el 90% costeado por el gobierno nacional y el resto por el departamento y los municipios”, según de-claraciones de sus funcionarios e informes del Plan. Falta conocer cuáles fueron los impactos reales que produjo esta inversión, es decir, cuál fue el mejoramiento obtenido por parte de la población.

De acuerdo con los funcionarios consulta-dos la experiencia les permitió conocer la zona, hacer inversiones, acordar planes de


… al Plan Nacional de ConsolidaciónCuatro años después el gobierno aprobó el Plan Nacional de Consolidación y en el 2011 entró a operar la Unidad Administrativa Es-pecial para la Consolidación y Reconstruc-ción Territorial. Una de las oficinas funcio-na en Montería, la Gerencia regional Nudo de Paramillo, que atiende los cinco munici-pios del sur de Córdoba incluidos en el Plan (Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, Valencia y San José de Uré) y diez de An-tioquia (Ituango, Valdivia, Briceño, Anorí, Nechí, El Bagre, Zaragoza, Tarazá, Cáceres y Caucasia).

Las zonas de consolidación las caracterizan por tener “débil presencia institucional, alta vulneración de derechos humanos e infrac-ciones al Derecho Internacional Humani-tario, presencia de cultivos ilícitos, centros de acción del terrorismo, narcotráfico y sus interconexiones y dependencia de la pobla-ción frente a economías ilícitas”. En reunión efectuada el pasado 23 de abril la Geren-cia en Montería precisó los componentes,

acción y coordinación con instancias muni-cipales, promocionar el programa y confor-mar mesas de trabajo sobre las principales necesidades. Reconocen que faltó voluntad política de la Gobernación y la existencia de politiquería y corrupción en las adminis-traciones municipales. La infraestructura terciaria es escasa y en malas condiciones, la concentración de la tierra es alta y falta claridad sobre su tenencia y uso. Al final aseguraron que a pesar de las dificultades algunos territorios estaban en proceso de recuperación y transición. No faltan los analistas que llaman la atención sobre la fal-ta de interés, compromiso y capacidad de gestión de las alcaldías, la carencia de infor-mación y visión integral de las oficinas de planeación y el marcado desinterés de los Concejos y Personerías por estos temas.

el plan de acción y los retos. En los com-ponentes aparecen la institucionalización del territorio, la participación ciudadana y buen gobierno y la integración regional. El Plan de acción está basado en el empodera-miento de la fuerza pública, erradicación de cultivos de uso ilícito, formalización de la explotación minera artesanal, tenencia de la tierra y ordenamiento territorial, presencia y operatividad de la justicia formal y no for-mal, reparación y reconciliación, reforzar la gobernabilidad, organización y partici-pación ciudadana, productividad, infraes-tructura y conectividad. Dentro de los retos figuran la recuperación del Parque Natural Nacional Paramillo, asegurar áreas libres de cultivos de uso ilícito y la sustracción de áreas de la reserva del Pacífico, entre otros.De acuerdo con la información suministra-da el Plan atenderá 532 veredas de los 15 municipios priorizados. Mediante el em-pleo de semaforización en el tema de se-guridad, encontraron que el 42.8% de ellas están en rojo (alto riesgo en orden público,

La mayoría de los líderes y representantes de organizaciones sociales tienen claro que lo hecho por el gobierno nacional hasta el año pasado es importante pero lo conside-ran insuficiente. Las inversiones en áreas tan sensibles como vivienda, educación, salud, producción y vías dejan mucho que desear; el desplazamiento, confinamiento y reclutamiento no desaparecen y los grupos armados ilegales siguen presentes. Ade-más, agregan, faltó participación y control en la adopción y ejecución de acciones y obras, así como en su evaluación y segui-miento; hay desconfianza mutua entre la fuerza pública y la población, hubo poca coordinación interinstitucional, la justicia adolece de muchas fallas, las reuniones de la población eran vigiladas, las instancias gubernamentales son débiles, lentas y des-preocupadas.


cultivos ilícitos y movilidad), el 56.6% en amarillo (con presencia de fuerza pública, poca incidencia de grupos armados ilega-les y cierta movilidad por parte de los ha-bitantes) y el 0.6% en verde (con presencia de fuerza pública y ausencia de grupos ar-mados ilegales). Para el caso de los munici-pios del sur ninguno está en verde: Tierralta tiene 31 en rojo y 35 en amarillo; Puerto Li-bertador 30 en rojo y 8 en amarillo; Monte-líbano 9 en rojo y 4 en amarillo; San José de Uré 3 en rojo y 32 en amarillo y Valencia 29 en amarillo.

Algunos aspectos de la vieja y cruda realidad

Muchos están de acuerdo que los desafíos son grandes y ambiciosos los propósitos del Plan. Hasta ahora cuentan con recursos gestionados por valor de 42.682 millones de pesos. ¿Qué tiempo demandará la ejecución de estos programas con el nuevo enfoque si el proceso lleva ya 8 años y lo logrado no es tan satisfactorio?, ¿qué aspectos, criterios y metodologías están empleando ahora que ya no es una instancia de coordinación in-tergerencial como el CCAI sino una política de Estado que permite mejores resultados?

La tierra

El himno del municipio de Montelíbano dice que Dios engendró la riqueza en su suelo para colmar a sus pobladores de di-cha y valor. Sin embargo la historia cuenta que no ha sido así para la inmensa mayoría de su gente. A pesar de lo aislada y retirada de la zona, antes de 1740 las autoridades es-pañolas habían concedido un inmenso glo-bo de tierras, calculado en más de 150 mil hectáreas, llamado terrenos de Uré, al capi-tán Alonso Gil por sus servicios prestados, con la obligación de explotar las minas de

oro del lugar. No tuvieron en cuenta las po-sesiones de los negros y algunos reductos indígenas. Con el tiempo, ante la imposibi-lidad de administrar y controlar semejante territorio, la insubordinación de los negros esclavos y la llegada de tandas de colonos de diferentes lugares, los sucesivos “propie-tarios” fueron cediendo hasta que en 1960 el dominio sobre la tierra llegó a su fin, cuan-do el mismo gobierno principió a conceder títulos de baldíos. Esto explica que en 1949


existieran en el área 254 fincas entre 0 y 99 hectáreas; 123 entre 100 y 199; 40 entre 200 y 299; 22 entre 300 y 399;12 entre 400 y 499 y 16 entre 500 y más hectáreas, una de estas últimas medía 4.135 hectáreas, según el cen-so de ocupantes ordenado por la Oficina de Catastro de Bolívar. Lo que nos demuestra que la concentración de la tierra viene de vieja data.

Para la misma época autoridades antioque-ñas clausuraron la colonia penal de Antadó en el municipio de Ituango, en límites con Montelíbano. Los presidiarios, ya libres, fueron alentados a colonizar las partes al-tas de los ríos Sinú y San Jorge. Al tiempo y en otro lugar un grupo de campesinos se organizaron en el Sindicato de trabajadores agrícolas del San Jorge con el propósito de ocupar baldíos, proteger tierras ocupadas y recuperar las usurpadas por hacendados y comerciantes. Fueron los años de la violen-cia entre los partidos liberal y conservador con el surgimiento de las guerrillas libera-les de Julio Guerra en Montelíbano y Puerto Libertador y la de Mariano Sandón en Tie-rralta. En 1967 irrumpió el Ejército Popu-lar de Liberación EPL, lo que ocasionó que

Municipio

Montelíbano

Puerto Libertador

San José de Uré

Tierralta

Valencia

Total municipios

Predios

1.126

1.924

4.476

1.684

482

9.692

Total items

Propietarios Superficie1 a 10 10 a 200 200 a más 1 a 10 10 a 200 200 a más 1 a 10 10 a 200 200 a más

Córdoba

1.457

1.595

2.068

1.070

407

6.597

89

65

100

66

39

359

1.302

1.990

3.350

1.869

609

9.120

1.814

2.002

2.467

1.434

496

8.213

133

103

128

145

125

634

2.026

2.810

10.096

6.049

1.088

22.069

58.142

70.153

96.053

40.483

15.408

280.239

38.601

24.479

151.857

34.500

13.321

262.758

16.648* 17.967* 565.036

124.544* 152.100* 2.082.887

el alto Sinú y San Jorge fueran declarados zona de guerra.

Semejante situación afectó el proceso eco-nómico, político y social de toda la zona. La posesión y concentración de la tierra fue el objetivo principal de comerciantes, políti-cos y hacendados. A medida que lo consi-guieron ampliaron la ganadería extensiva y por consiguiente, directa o indirectamen-te, redujeron el comercio del arroz y maíz, disminuyeron los cultivos temporales por la pérdida de unidades de explotación en arrendamiento, aparcería y colonato y pro-piciaron la emigración de población rural, según lo demuestran los censos agropecua-rios de Montelibano de 1960 y 1970 a 71.

En el periodo 1963-2003, tiempo de funcio-namiento del Instituto Colombiano de Re-forma Agraria, Incora, en Córdoba, tituló en los cinco municipios 178.517,5 hectáreas de baldíos a 4.346 familias y adjudicó 79 pre-dios de 36.223,2 hectáreas a 2.167 familias. Actualmente la tenencia de la tierra por rangos de superficie está distribuida de la siguiente manera según el Instituto Geográ-fico Agustin Codazzi, Igac (2012):

Fuente: Igac, 2012.


En resumen la situación es la siguiente: a) 9.120 pequeños propietarios poseen 22.069 hectáreas, el 3.9% de la tierra total; b) 8.213 medianos propietarios tienen 280.239 hectá-reas, el 49.5% del total; c) 634 grandes pro-pietarios cuentan con 262.758 hectáreas, el 46.5% del total. Es decir, hay concentración de la tierra, puesto que el 3.5% de los pro-pietarios son dueños de casi la mitad de la tierra. También llama la atención el alto por-centaje que está en manos de los medianos propietarios. Entre estos hay muchos vul-nerables que, sin ningún apoyo, claudican ante las amenazas de unos y ofrecimientos de otros. En el otro extremo, los que cuen-tan con posibilidades para mantenerse en la zona y adquirir nuevos predios por medios legales e ilegales.

La zona ha pasado por las siguientes etapas: 1. Colonización y asentamientos. 2. Agricul-tura de subsistencia y minería artesanal. 3. Ganadería extensiva y agricultura de pan-coger y comercial. 4. Cultivos de uso ilíci-to. 5. Gran minería (ferroníquel, carbón y oro). En la actualidad es la que predomina, al lado de la ganadería extensiva, cultivos forestales, agroindustriales, agrícolas y de uso ilícito. En cada una de estas etapas la te-nencia y uso de la tierra ha experimentado cambios, especialmente en esta de la gran minería. La actividad económica más afec-tada, sin duda alguna, ha sido la agricultu-ra, tanto la de pancoger como la comercial: la ganadería le arrebató espacio, mientras la coca y minería les quitaron espacio y mano de obra.

Estos hechos suscitan reflexiones. Tomemos por ejemplo el caso del Incora que entregó 214.740 hectáreas entre adjudicaciones y ti-tulación de baldíos. Según funcionarios del

desaparecido ente y ahora del Incoder, el instituto que lo reemplazó, más del 60% de esas tierras no pertenecen a los beneficiarios iniciales. Las razones expuestas son varia-das: ventas forzadas o voluntarias, amena-zas, extorsión, desplazamiento, homicidios, reclutamiento, desapariciones, abandono o despojo. Y si nos vamos más atrás, la violen-cia fue el medio más utilizado para hacerse a los predios. Con total impunidad impu-sieron las leyes del silencio y el más fuerte, debido al aislamiento en que se mantuvo la zona, la colonización, el poblamiento tar-dío, la inseguridad permanente por parte de grupos armados ilegales de distintas concepciones e intereses, en síntesis, la au-sencia casi total del Estado. Por esta y otras razones preguntamos: ¿qué área de tierra está protegida en la zona?, ¿hasta qué pun-to son efectivas estas medidas? De seguir el auge minero-energético-forestal, el avance de los cultivos agroindustriales, persistan los sembrados de coca y sigan presentes los grupos armados ilegales, es previsible que aumente el área de los medianos y grandes propietarios a costa del área de los peque-ños y los más vulnerables de los medianos. Los primeros tratarán de asegurar la pose-sión, ampliarla si es posible y valorizarla. ¿Qué medidas están tomando para proteger las propiedades de los pequeños propieta-rios y los más indefensos de los medianos? Sobre todo ahora cuando se afirma que la restitución de tierras comenzará por los municipios que atiende el Plan Nacional de Consolidación. Hasta el 13 de abril pasado en Córdoba habían inscrito 569 solicitudes de restitución de tierras y Tierralta aparece como uno de los municipios más despoja-dos y abandonados con 4.425 hectáreas, se-gún la Unidad de Restitución de Tierras.


Los homicidios y la inseguridad

En el período 2006-2011 hubo en la zona 876 homicidios: 319 en Montelíbano, 272 en Tierralta, 207 en Puerto Libertador, 58 en Valencia y 20 en el nuevo municipio de San José de Uré, segregado de Montelibano. Esta cifra representó el 31.2% de los homi-cidios en Córdoba. Los años críticos fueron el 2011, el año pasado, con 207 homicidios y 2008 con 190. La inseguridad en general preocupa a la población por el empleo de

granadas en los atentados, las minas anti-personales, así como el incremento de casos de lesiones comunes, extorsión, amenazas, hurto a personas, residencias y comercio, venta y consumo de drogas y prostitución. La falta de datos confiables en la mayoría de los casos es una falla que debe corregirse rá-pidamente. El siguiente cuadro nos ilustra sobre el número de homicidios sucedidos en la zona.

Fuentes: Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, Montería, 2012 y Observatorio del delito Gobernación Córdoba, 2011.*No existía como municipio

Municipios

Montelíbano

Puerto Libertador

Tierralta

Valencia

San José de Uré

40

13

46

4

*

2006 2007 2008 2009 2010 2011Total Municipios

38

44

60

6

*

56

49

51

32

4

33

16

20

4

6

67

40

31

7

2

85

45

64

5

8

319

207

272

58

20

Mucha gente no entiende por qué suceden estos hechos en la zona más resguardada por la fuerza pública, puesto que allí actuó el Comando operativo especial de seguri-dad ciudadana del bajo Cauca antioqueño, creado por la Policía en septiembre del 2009 con unidades operativas de Córdoba y An-tioquia. Del primero hicieron parte las Es-taciones de Policía de Montelíbano, Puerto Libertador, Ayapel, Uré, La Apartada y la subestación Tierradentro. Del segundo las Estaciones de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza y la subestación La Caucana. La creación obedeció “a la impor-tancia estratégica que tiene la zona para la economía del país, la confluencia de conflic-tos de tipo social, político y de orden pú-blico, así como el incremento de los índices

delincuenciales”. Al parecer por motivos administrativos dejó de operar poco tiem-po después. También han hecho presencia en la zona el CCAI, hoy Plan de Consolida-ción, Operación Troya con intervención de la Policía, Ejército, Armada y el Das en un principio, Operación Medusa adelantada por el Ejército y la seguridad que protege el complejo de Cerro Matoso en Montelíbano, la hidroeléctrica de Urrá y la penitenciaria en Tierralta y la carboeléctrica en construc-ción de la empresa Generadora y Comercia-lizadora de Energía del Caribe, Gecelca.

La Operación Medusa la adelanta la Fuer-za de Tarea Conjunta “Nudo de Paramillo”, integrada por 4.572 hombres del ejército en la zona comprendida entre Montelíbano y


Puerto Libertador en Córdoba y Tarazá e Ituango en Antioquia. De acuerdo con los mandos “en esta zona se ubican las estruc-turas más fuertes del bloque noroccidental de las Farc, con mayor poder de combate y fuente de financiación… es considerada como área de retaguardia y acumulación estratégica, además de corredor de movili-dad con salida al mar Caribe… los principa-les objetivos que persiguen son debilitar los frentes 5, 18 y 58 de las Farc y la erradica-ción de cultivos de uso ilícito”.

En Montelíbano, el municipio más desarro-llado de la zona y donde han ocurrido más homicidios en los últimos años, el Alcalde Gabriel Calle De Moya, conoce muy bien el

Los desplazados por la violencia

En el periodo 2006-2011 hubo en la zona 43.609 desplazados por la violencia, el 72.6% del total en el Departamento. Los años críticos fueron el 2008 con 11.759 y el 2007 con 7.740, como lo vemos en el siguiente cuadro:

riesgo en que se encuentra el municipio y la zona por la semaforización en seguridad que hizo la fuerza pública. Sin embargo, ase-gura que cuenta con un comando de Policía insuficiente, conformado por tres oficiales, seis suboficiales y 42 patrulleros, dotados con nueve carros y 13 motos, cuatro de ellas en mal estado, lo que no les permite brindar mayor seguridad. Y ¿el resto de los munici-pios? El aumento constante o intermitente del pie de fuerza e inteligencia como priori-dad fundamental en estas zonas de conflic-to no ha dado resultados. Las lecciones por las que hemos pasado nos ofrecen lecciones importantes que debemos tener en cuenta y aplicar si queremos construir el verdadero Plan que requieren los municipios del sur.

¿Cuál es la explicación al respecto?, ¿dónde están estas familias y cómo se encuentran?, ¿qué piensa hacer el Plan de Consolidación con ellas?, ¿qué pasó con sus tierras?, ¿si retor-nan cuentan con la debida seguridad y el bienestar que merecen?

San José de Uré

Municipios

Montelíbano

Puerto Libertador

Tierralta

Valencia

2417

1604

1994

621

19

6655

8398

2006 2007 2008 2009 2010 2011Total Municipios

1273

1828

3138

1449

52

7740

9633

1857

4731

3864

1244

63

11759

14093

1340

1539

2072

576

207

5734

8679

2014

1278

1312

198

106

4908

8993

2615

1180

2757

158

103

6813

10257

11.516

12.160

15.137

4.246

550

43609

60.053

Total por años

Córdoba

Fuentes: Departamento para la Prosperidad Social. Unidad para Victimas de la Violencia 2012


Lo minero-energéticoSegún observaciones, estudios prelimi-nares y definitivos contamos con níquel, hierro, carbón, oro, hidrocarburos, calizas, arcilla, yeso, arenas cuarzosas, asbesto, co-balto, cobre, cromo, mármol y materiales para la construcción. Hace 24 años escribí en el editorial de La Revista número 8 de la Academia de Historia de Córdoba (marzo de 1988) que “el departamento y la Corpo-ración autónoma regional de los valles del Sinú y San Jorge CVS se han quedado cor-tos en la definición y aplicación de políticas y mecanismos de control para la explota-ción de nuestros minerales. Así encontra-mos que los estudios de impacto ambiental son escasos y no hay seguimiento de sus consecuencias, no se sabe hasta dónde va la contaminación de las aguas y las tierras por efecto de la extracción y se ignora por completo las condiciones técnicas, sociales y económicas de los pequeños mineros. Fal-ta pues, un inventario minero, medidas de asistencia técnica y fiscalización de las ex-plotaciones”. Esto pues no es nuevo. Viene de muchos años atrás.

Les informo o recuerdo que la explotación minera empezó en 1742, aunque existen da-tos de 13 minas de oro y 2 de cobre, las más importantes fueron Rá, El Penal, La Anti-gua o El Alacrán, todavía activa, Soledad y Uré. En cuanto el carbón, desde hace más de 120 años se sabía de la existencia de un gran yacimiento, Luis Striffler lo reseñó en su obra El río San Jorge. En 1943, grupos de técnicos hicieron las primeras visitas a los sitios reseñados y un año después las pri-meras exploraciones de superficie. Hubo negociaciones e intentos fallidos hasta 1982 cuando comenzó la explotación con la pre-sencia de las empresas Carbones del Caribe y Carbones de Colombia S.A. En 1956 des-cubrieron los ricos yacimientos de níquel, hierro y otros minerales en Cerro Matoso, ocupado entonces por Villa Matoso con 500 habitantes que terminó desplazada a un ba-

surero de la cabecera municipal. También se presentaron negociaciones y litigios hasta cuando principió la explotación en 1982.

Hoy en día Córdoba es el tercer productor de carbón en el país después de la Guajira y Cesar con reservas probadas de 378.5 millo-nes de toneladas. La empresa Gecelca está construyendo una termoeléctrica en Puerto Libertador con capacidad de 164 megava-tios que debe entrar en operación el próxi-mo año y le fue asignada una segunda en el mismo municipio con capacidad de 250 megavatios para operar en el 2016. Empre-sas chinas son las encargadas de fabricar los principales equipos como caldera, turbina y generador. Cerro Matoso termina sus pri-meros 30 años de concesión el próximo mes de octubre. En la actualidad produce 50.000 toneladas de ferroníquel. De todos es sabido la contaminación que produce en algunas fuentes de agua y el no pago de impuestos por aprovechamiento del hierro que utiliza en la aleación con níquel. En estos momen-tos discute con el gobierno nacional los tér-minos de la nueva concesión y cosa rara: ni los municipios donde se encuentra el yaci-miento ni el departamento tienen ninguna representación en estas negociaciones. La explotación legal e ilegal del oro con gran maquinaria ha causado enormes daños am-bientales en la zona. Grupos y empresas nacionales y canadienses se encuentran en los territorios, aparentemente sin ningún control por parte de autoridades locales ni nacionales.

De nuevo surgen preguntas: ¿quién o quie-nes deben informar sobre lo que pasa con cada uno de los recursos que están siendo explotados?; existen datos sin confirmar so-bre títulos concedidos y solicitados en gran parte del Departamento… ¿a nombre de quién aparecen, lugar, recursos y obligacio-nes, entre otros?. Y otras más específicas: ¿a qué se debe que los alcaldes de la zona, con la excepción de Montelíbano, concejos mu-


nicipales y grupos políticos no estén intere-sados en coordinar acciones para velar por los recursos naturales?; ¿por qué razones no han creado en la zona o el departamento una secretaría minera zonal o departamen-tal que se haga cargo del conocimiento y manejo de estos recursos?; ¿por qué la CVS no le ha prestado la suficiente atención al San Jorge como lo ha hecho con la cuenca del río Sinú? Para no olvidar están los ca-sos de la gran emergencia ocasionada por la avalancha de lodo sucedida en la parte alta del río San Jorge en marzo de 1997 que afectó numerosas poblaciones ribereñas de Córdoba, Sucre, Antioquia y Bolívar, que a pesar de la declaratoria del estado de situa-ción de calamidad pública (resolución 001 de abril 15 de 1997 de la Dirección nacional para la prevención y atención de desastres) nunca hicieron lo suficiente para atender y superar la emergencia; la desaparición de las grandes subiendas de peces del San Jorge que dejó en el olvido a poblaciones como Marralú y Segebe, entre muchas más y desde hace años el silencio ante los efectos producidos por la explotación minera, ahí están como muestras vivas, entre otras, las quebradas Las Claras, Río Verde, La Jagua, Las Claritas, La Rica y El Salado en el río San Pedro y Soledad, La Llave, Río Sucio y todo el trayecto del río San Jorge desde La Angostura hasta cerca de Puerto Belén que fue dañado y desviado. Algo más: ¿cuál es su opinión sobre la licencia de construcción de la termoeléctrica otorgada a Gecelca por la Secretaría de Infraestructura de Puerto Libertador?; ¿qué sucede que no asesora o apoya a los alcaldes de la zona para que hagan presencia por derecho propio en las reuniones de negociación que definen la suerte de nuestros recursos naturales? Para terminar: dentro de los retos del Plan están la recuperación del Parque natural nacional Paramillo y la sustracción de áreas de reser-va del Pacífico… ¿qué significa esto?, ¿en realidad qué es lo que quieren lograr?En el mundo y en Colombia son bien cono-

cidos los efectos de la explotación de mi-nas de carbón a cielo abierto. Alguien debe informar y tomar medidas por los efectos producidos por estas minas, aún más si te-nemos en cuenta los estudios realizados por la Universidad del Sinú que confirman que “existe suficiente evidencia para demostrar que las actividades de minería de carbón realizadas en Puerto Libertador liberan al medio sustancias capaces de generar daño en el material genético de las poblaciones humanas y animales en su cercanía, es de-cir, se encuentran en riesgo más elevado de padecer o desarrollar diferentes tipos de cáncer comparados con poblaciones no expuestas”. ¿Quién conoce la licencia ambiental concedida a Gecelca y vigila su cumplimiento estricto?, entre otras razones por la cercanía del río San Jorge y algunas poblaciones.

Córdoba es paso obligado en la interco-nexión eléctrica Colombia-Panamá, unirá la subestación Cerro Matoso con su similar Panamá II y dentro de lo proyectado por el gobierno nacional aparecen carreteras y la construcción de una línea férrea que unirá a Barrancabermeja con Cupica en el Pacífico, pasando por el sur de Córdoba. Los cam-bios siguen sucediendo de manera acelera-da en el Departamento, en especial en los municipios del sur y no contamos con un plan para hacerle frente con éxito para bien de la mayoría de la población. El uso y te-nencia de tierra, las transformaciones que están sucediendo en las áreas urbanas y ru-rales de Puerto Libertador, ya conocemos lo sucedido en Montelíbano con Cerro Matoso y Tierralta con la hidroeléctrica de Urrá, las actividades económicas, la producción, el empleo, la seguridad, el aumento de pobla-ción, el reordenamiento de las veredas y co-rregimientos y en medio de este torbellino el conflicto con sus actores armados ilega-les, las víctimas de todo tipo, las adminis-traciones locales débiles y expuestas a inte-reses opuestos al bien público, la legalidad y la ética.




Indicadores

Número de personasNúmero de familiasPromedio de integrantesPorcentaje de mujeresPorcentaje de desplazadosPromedio de edadPorcentaje cabecera Porcentaje restoJefatura femenina Porcentaje menores de edad Indígenas Afros

Montelíbano

26.772 6.995

3.8 49.9% 21.2%

24.6 71.1% 28.9% 50.0% 46.3% 8.1% 18.7%

Puerto Libertador Tierralta

35.934 8.987

4.0 49.1% 19.2% 25.1% 55.2% 44.8% 33.0% 47.7% 0.8% 8.1%

Valencia

17.166 4.432

3.9 48.1% 38.2% 26.1% 44.3% 55.7% 33.0% 46.6% 1.0% 32.0%

14.607 3.435

4.3 48.1% 41.2%

24.4 39.9% 60.1% 37.0% 49.8% 21.0% 15.6%

Características de la pobreza extrema en la zona

Veamos los datos de la Agencia nacional para la superación de la pobreza extrema en su estado de avance en la gestión de logros en el sur de Córdoba en el periodo 2009-2012. (San José de Uré todavía no aparece como municipio, está incluido en Monte-líbano). En su conjunto la población aten-dida en el programa es de 94.479 personas, el 21.6% del total atendido en el Departa-mento que llega a 444.371 personas. De las primeras el 29.9% son desplazados por la violencia, el 5.9% son discapacitados, la jefa-

Fuente: Agencia Nacional para la superación de la pobreza extrema. Estado de avance en la gestión de logros. Montería, 2012

¿Qué hacer ante esta realidad tan apabu-llante y compleja? Distintos gobiernos a to-dos los niveles, unos más que otros, han in-tentado superar la pobreza pero los hechos son tozudos y el porcentaje de pobres se mantiene alto. Uno de los programas ban-dera del anterior y actual gobierno es el de Unidos, antes llamado Juntos. En la actua-lidad atienden 35.631 familias en la zona, el 17.7% del total departamental que suma 200.246. De las primeras, 25.988 pertenecen al nivel 1 del Sisben (Sistema de identifica-ción y clasificación de potenciales beneficia-

rios para programas sociales) y 9.643 son desplazados. Actualmente en la zona atien-den 16.060 menores entre 0 y 7 años para atención en salud y 32.151 entre 7 y 17 años para estudios de primaria y secundaria. A cada familia de los primeros le entregan 100 mil pesos mensuales y a los segundos 30.000 pesos mensuales por cada niño que estudia primaria y 60.000 si estudia secun-daria. El total departamental de menores atendidos es 274.121. ¿Cuál es el impacto de este programa?, ¿logró reducir la pobreza?, ¿qué metodología e indicadores utilizaron?

tura del 38.2% de los hogares está en manos de mujeres solas, el 47.6% son menores de edad, el 7.7% indígenas y el 18.6% negros. El porcentaje de embarazos de adolescentes llega al 18%, el analfabetismo al 22.6% y el funcional al 34.1%, la tasa de desempleo al 42.7% y la informalidad laboral al 120.6%.

En el siguiente cuadro están desagregadas por municipio estas y otras características de la pobreza extrema en la zona


El Plan Nacional de RehabilitaciónLos antecedentes

El Plan Nacional de Rehabilitación PNR (1982-1994) mantuvo vigencia durante los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco y César Gaviria. “Con la llegada de Belisario Betancur a la jefatura de gobierno hubo un cambio en el

tratamiento del problema de la guerrilla. En no-viembre de 1982 expidió la ley número 35, conocida

también con el nombre de Amnistía para la paz, por la cual decretó una amnistía y dictó normas para el esta-blecimiento y preservación de la paz”. El gobierno “re-

conoció en el atraso económico, el abandono estatal y la pobreza, condiciones objetivas para la aparición de la violencia guerrillera y consideró la reincorpo-ración a la vida civil de las personas alzadas en ar-mas, el fortalecimiento de la presencia del Estado y la inversión pública en las zonas más afectadas por

problemas sociales y económicos como parte de las estrategias para conseguir la paz”, según las Memorias del PNR. En consecuencia, para los municipios del sur adelantaron programas de adquisición y dotación de tierras para campesinos y desmovilizados de origen campesino, mejoramiento de vías importantes como La Rica-Tierradentro y Puerto Libertador-Juan José, construcción del puente Tierradentro-Puerto López

sobre el río San Jorge, derribado por la corriente años después y vuelto a construir pasada más de una década de larga espera. También hicieron vías veredales, letrinas, represas, microacueduc-

tos, electrificaron pueblos, rehabilitaron escuelas y puestos de salud.

Fuera de las obras efectuadas la experiencia fue interesante por lo siguiente: a) La comunidad estaba organizada, especialmente

en Juntas de Acción Comunal. b) Las organizaciones contrataban directamente con el go-bierno la ejecución de algunas obras y ejercían poder real de participación, control y deci-sión. c) La guerrilla del EPL respetaba las organizaciones y estaba al tanto de la realización de las obras. d) La iglesia y el Sena eran garantes, además, del buen manejo de los recursos, el cumplimiento y calidad de las obras y acciones. Sin embargo, cuando el gobierno dejó de contratar con las organizaciones causó una profunda desmotivación en ellas, facilitando el incremento de los casos de corrupción y obras mal hechas o inconclusas por parte de las alcaldías y sus contratistas. Al final no bastaron las obras, por importantes que fueron, porque la violencia, pobreza, aislamiento y la desigualdad continuaron hasta el presente.


Algunos casos del presente 1. Adam Isacson, coordinador del Progra-ma de Políticas de Seguridad Regional de la ONG Wola, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, acerca de los Planes de consolidación expresó “En 2006 y 2007, cuando acabó el Plan Colombia, se replanteó la estrategia en la lucha contra las drogas. Los planes de consolidación, que fueron un aporte del Comando Sur, crea-ron perímetros de seguridad para que de-trás de la tropa, por lo menos en el papel, progresivamente entren las otras entidades del Estado: infraestructura, fiscales, jueces, maestros y así, poco a poco, los soldados se vayan retirando y el Estado llegue a donde nunca había llegado. Sin embargo, no se están dando los resultados esperados”. (El Espectador, 2012, mayo 23, pág. 8).

2. Procedente de los municipios del sur, Planeta Rica y Pueblo Nuevo, una delega-ción compuesta por 56 personas, entre ellas gobernadores de cabildos indígenas, miem-bros de Juntas de Acción Comunal, campe-sinos, algunos desplazados y colonos, se en-trevistó con representantes de organismos de cooperación internacional, Defensoría del Pueblo y funcionarios del Departamen-to para la Prosperidad Social. Dijeron estar desesperados por la situación sin salida que viven en la zona y la falta de apoyo por parte de las alcaldías, gobernación del de-partamento e instituciones nacionales. De inmediato enumeraron sus problemas: 1. Empleo de glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos, causándoles enormes da-ños a sus sembrados de pancoger, incluso se fumigan lugares donde no hay coca y sí parcelas campesinas en producción. 2. Las Farc, Paisas y Águilas les restringen movili-dad a lugares de siembra por estar minados los terrenos, limitándoles la producción a sus propios predios, de por si insuficien-tes. 3. La posibilidad que en la zona estén conformando grupos armados antirrestitu-ción de tierras. 4. Reclaman les mejoren las

vías de acceso; doten los puestos de salud y nombren médicos y enfermeras; constru-yan o reparen escuelas y designen maes-tros; adelanten proyectos productivos que garanticen seguridad alimentaria y mejora-miento económico. 5. Las autoridades no si-gan estigmatizando los líderes campesinos e indígenas como guerrilleros o “paracos”. 6. Detengan o controlen la explotación de oro con gran maquinaria por el perjuicio irreparable que están causando a las que-bradas de los ríos San Pedro y San Jorge y sus territorios anexos, dejándolos sin agua para consumir ni tierra para cultivar. 7. Los efectos de la explotación de las minas de carbón en Puerto Libertador ya empie-zan a sentirse en el cabildo Unión Matoso, al presentarse casos de fatiga y afecciones en la piel ocasionados al parecer por el pol-villo que producen y se esparce en el área. 8. La inseguridad de la zona a pesar de la disminución de los homicidios en lo que va del año. 9. El Plan de consolidación no se convierta en la “repetición de la repetidera” con tantos censos y estudios y pocos hechos y obras.

3. El alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle De Moya, dijo en una entrevista “que con la nueva ley de regalías va a resultar mejor para los municipios que tienen riqueza mi-nera, no explotarla. Son más los perjuicios que los beneficios… No es rentable que la minería se siga explotando a tan alto im-pacto social. Por ejemplo, antes de llegar la empresa Cerro Matoso, a Montelíbano les pertenecían los hoy municipios La Aparta-da y San José de Uré con una población de 13 mil habitantes. En la actualidad, sin esos municipios, tenemos 85 mil habitantes. Esto debido a la atracción de la empresa que no se ve reflejada en el desarrollo del munici-pio. En cambio, si vemos que cada día se nos crece el número de desplazados, cuya cifra está en 19.513 personas”. (El Meridia-no de Córdoba, 27-5-12, pág. D).




Relaciones entre la violencia, salud mental, participación ciudadana, y actitudes hacia la justicia transicional en la costa Caribe de Colombia

Por:Laura TaylorDocente de la Universidad de Notre Dame.Psicóloga investigadora del Kroc Institute for International Peace Studies.

Esta investigación se realizó con el aporte del Kellogg Institute for International Studies, Kroc Institute for International Peace Studies, y Institute for Scholarship in the Liberal Arts de la University of Notre Dame. Agradezco especialmente a los participantes en el estudio de las diferentes comunidades en la costa Caribe; los equipos de investigación de la Universidad del Sinú, Córdoba, y de la Cecar, Sucre; la Comisión Ciudadana para Reconciliación en el Caribe (CCRC) y John Paul Lederach, María Lucia Zapata, y los aprendices.


Resumen / Abstract

El presente estudio explora por un lado que la violencia política tiene el potencial de amenazar el bienestar de los individuos y romper el tejido social, pero por otro lado, que los individuos y comunidades son resi-lientes frente a ella. De este modo, plantea-mos la siguiente pregunta de investigación: ¿Como las experiencias de violencia políti-ca afectan a las personas a nivel personal? Específicamente este articulo explorará las relaciones entre la violencia, salud mental, participación ciudadana, y actitudes hacia la justicia transicional y democracia dentro un contexto de conflicto armado prolonga-do. Una contribución teórica de este pro-yecto es la integración de dos marcos teó-ricos de psicología y estudios de paz. En el estudio se realizaron 184 encuestas con in-dividuos, los cuales revelan determinados patrones. Por ejemplo, que diferentes tipos de violencia están relacionados con diferen-tes problemas de salud mental y maneras de enfrentar situaciones difíciles. El estu-dio también revela que a pesar del apoyo ciudadano hacia la democracia y la justicia transicional, muchos colombianos no están satisfechos con las iniciativas actuales que se adelantan desde el nivel nacional. Los re-sultados sugieren la necesidad de desarro-llar intervenciones de salud mental y cons-trucción de paz más sensibles al contexto y menos centralizadas.

Palabras claves: Violencia política, salud mental, resiliencia (resilience), participación ciudadana, justicia transicional.

The current study investigates how political violence can increase psychological distress and can tear at the social fabric of communi-ties and, at the same, how individuals and communities are surprisingly resilient to on-going conflict. This leads to the research question: How does exposure to political violence affect people at an individual le-vel? More specifically, this article explores relationships between political violence, individual mental health, participation in community life, and attitudes toward tran-sitional justice and democracy in a setting of protracted conflict. A theoretical contri-bution of this project is the integration mo-dels from psychology and peace studies. Surveys with 184 individuals reveal cer-tain trends, such as different types of vio-lence are related to different types of men-tal health problems and coping strategies. In addition, the study shows that despite wide-spread support for democracy and transitional justice in general, many Colom-bians are dissatisfied with the current, na-tional-level initiatives. The results suggest the need for more nuanced and decentrali-zed mental health and peacebuilding inter-ventions.

Key words: Political violence, mental health, resilience, civic participation, transitional justice


Introducción

Alrededor del mundo se presenta mucha más atención al desarrollo y aplicación de mecanismos de justicia transicional en con-textos de alta violencia, creados con el fin de sanar a las personas y poblaciones afectadas y construir una sociedad más estable, justa, e equitativa (Grodsky, 2009). En particular, países todavía inmersos en conflictos pro-longados utilizan diferentes métodos para apoyar a los ciudadanos. Sin embargo, no existe suficiente información empírica sobre las actitudes y perspectivas de las personas más afectadas por la violencia ni de las polí-

ticas públicas de transformación de conflic-tos. La mayoría de las políticas públicas no contempla las dimensiones emocionales y cognitivas del conflicto (Shapiro, 2010). Sin embargo, si se quiere que los planes para resolver el conflicto a nivel nacional ten-gan un impacto real, debe haber cierto apo-yo psicosocial en el nivel local (Lederach, 2005). Este estudio es un pilotaje dirigido a explorar las relaciones entre salud men-tal, participación y conexiones comunales, y justicia transicional en una situación de conflicto prolongado.

Marco teórico

Una contribución original de este proyecto es la integración de la Psicología y los estu-dios de paz como dos marcos teóricos que aunque distintos son complementarios. La Figura 1 es una comparación de la ecología social del desarrollo humano (Bronfenbren-ner, 1979) y del paradigma anidado para la transformación de conflicto (Lederarch, 1997). El enfoque del marco psicológico explica cuáles variables en el ámbito socio-cultural afectan los procesos emocionales y de comportamiento, sin embargo tam-bién llama la atención a la influencia mu-

tua entre el individuo y su ecología social. El paradigma anidado complementa este marco psicológico; incluye los cambios per-sonales y relacionales y a la misma vez se nota como estos cambios pueden sembrar e inspirar los procesos de justicia transicional a nivel nacional. Aunque los marcos tienen diferentes enfoques –desarrollo humano y transformación de conflictos– los dos in-cluyen influencias bidireccionales cruzan-do los diferentes niveles. La integración de estas teorías constituye la fundamentación teórica de este estudio.


Figura 1

(a) - Ecología social del desarrollo humano (Bronfenbrenner, 1979)(b) el paradigma anidado para la transformación de conflicto (Lederach, 1997; 2007)

Colombia es un país afectado por más de 50 años de guerra civil y violencia, constitu-yéndose en un caso interesante para enten-der las relaciones entre bienestar y justicia transicional dentro un contexto de conflicto armado intenso. La violencia no ocurre al mismo ritmo e intensidad por todo el país. Aunque décadas de conflicto armado inter-no han afectado toda la geografía nacional, la costa Caribe tiene su propia historia. En las últimas dos décadas, el crecimiento del paramilitarismo, el narcotráfico y el incre-mento de organizaciones criminales como consecuencia de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) resultado de la Ley de Justicia y Paz en 2005, han determinado las manifestaciones de violencia en esta región (Bouvier, 2009). Sin embargo, esta violencia no afecta a todas las personas en la misma manera. La literatura en Psicología ha demostrado que la violen-cia amenaza el bienestar, aumentando el estrés psicológico y puede romper el tejido social de la comunidad (Martin-Baro, 1996). Por otro lado, el sufrimiento también puede fomentar la cohesión social, apoyo mutuo, y

sentido de empatía y solidaridad con otros (Staub & Vollhart, 2008). Una meta de este estudio es entender cómo diferentes tipos (ej. directa e indirecta) e intensidades (ej. fatal o no fatal) de violencia afectan a las personas.

Segundo, en contraste con otros gobiernos en situaciones de guerra persistente, Co-lombia es una democracia participativa, un sistema que está organizado para resolver conflictos por medios no violentos. Sin em-bargo, los gobiernos democráticos no siem-pre tienen la capacidad para manejar con-flictos efectivamente. Aparte de los aparatos formales del Estado que deberían equilibrar el poder y desacuerdos, Colombia tiene una sociedad civil fuerte (Bouvier, 2009) que es determinante para un sistema democrático. En otras partes del mundo, fuertes redes de la sociedad civil han prevenido que distur-bios puntuales escalen hacia un conflicto prolongado (Varshney, 2001) y fortaleci-das a procesos de reconciliación (Hamber, 2009). Otra meta de este estudio es describir las relaciones entra la violencia, salud men-




tal, y la participación en la sociedad civil desde la perspectiva que esta participación puede servir como la ‘levadura critica,’ en las palabras de Lederach (2005), para pro-mover la transformación del conflicto.

Al final, el estudio de justicia transicional en medio de conflictos prolongados es una idea relativamente nueva y Colombia es un caso importante para estudiar la compleji-dad de este fenómeno. En sitios de conflic-to, actitudes hacia las iniciativas de justicia transicional, por ejemplo la búsqueda por la verdad, justicia, perdón, amnistía, son im-portantes para las relaciones interpersona-les a nivel comunitario. Estas actitudes tam-bién están formadas por la confianza que un individuo tiene del gobierno actual y de su sistema democrático. En Colombia, la costa Caribe es un sitio importante no solo por los patrones de violencia y desmovili-zación, sino también porque la población en la región tiene diferentes percepciones y opiniones de justicia, verdad y reconcilia-ción (ICTJ, 2008). Por ejemplo, solo 67% de encuestados en el Caribe manifestó su apo-yo por un derecho individual a la verdad, en contraste con más del 80% en las otras

cuatro regiones del país (ICTJ, 2008: 37). Del mismo modo, el porcentaje más alto de encuestados apoyó el derecho colectivo a la verdad, que se entendía como la construc-ción de un pasado compartido y la preven-ción a la recurrencia de la violencia (ICTJ, 2008: 39). Estos resultados identifican al Ca-ribe como un área importante y enfatizan la necesidad para una investigación más pro-funda sobre las actitudes y opiniones de los individuos hacia diferentes mecanismos de justicia transicional.

Considerando la historia de Colombia, es-pecíficamente la costa Caribe, y la investi-gación psicológica previa sobre el impacto de la violencia política, y la variabilidad de las actitudes hacia la justicia transicional, este artículo se enfoca en una pregunta de investigación primaria, tomando en cuenta los niveles de la ecología social: ¿cómo las experiencias violentas afectan a las perso-nas a nivel individual? Específicamente este artículo explorará el impacto de la violencia política en la salud mental del individuo, su participación en la sociedad civil, y sus acti-tudes hacia la justicia transicional dentro un contexto de conflicto prolongado.

MétodoEl pilotaje utilizó una combinación de mé-todos cuantitativos y cualitativos con el ob-jetivo de tener un balance de información y datos que proporcionaran ángulos comple-mentarios a la investigación e incluir infor-mación a nivel individual y colectivo. Este artículo presentará un resumen de los datos cuantitativos. Los beneficios de las encues-tas son la habilidad de generalizar los resul-tados, recolectar información en una forma rápida y sistemática y permitir la compro-bación de hipótesis con una precisión acep-tada por otras áreas de ciencias sociales (ej. p<.05). Un reto de este método es la limita-ción de explorar la profundidad de la infor-mación y de las experiencias complejas. El

estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Notre Dame.

Las encuestas fueron recolectadas durante agosto de 2010 por un equipo de 15 investi-gadores de campo entre los que se encontra-ban profesores y estudiantes de Psicología o Trabajo Social de la Universidad del Sinú y de Cecar. Los investigadores participaron en una orientación para guiarlos sobre el estudio y presentarles las metas y metodo-logía del mismo.

Igualmente se realizaron capacitaciones se-manales para resolver las incertidumbres que se presentaban en el trabajo de campo.


Áreas de investigaciónEl estudio se realizó en 14 municipios de los departamentos de Córdoba y Sucre en sitios de investigación previamente seleccionados para capturar variabilidad específica en dos ejes: participación y violencia. Tomando en cuenta un balance entre comunidades ur-banas y rurales se eligieron cuatro tipos de sitios con las siguientes combinaciones de perfiles: alta/baja violencia y alta/baja par-

ticipación. El conocimiento regional de los equipos de las dos universidades locales vinculadas en la investigación fue determi-nante en el proceso de selección de los mu-nicipios, ya que incrementó la posibilidad de hacer comparaciones y nos permitió te-ner acceso a un perfil de participantes di-versos.

ParticipantesDe los 184 participantes (49% hombres) en la encuesta se encontró que el promedio de edad fue de 42.50 años (SD=14.20) y 3.57 hi-jos (SD=2.91). En cuanto al estado civil, un 77% de los participantes eran casados o en unión libre, 12% nunca ha estado casado, 7% eran separados o divorciados y 4% eran viudos. En cuanto al nivel educativo, la mi-tad de los participantes no se había gradua-do del colegio, otro cuarto eran bachilleres, y el último cuarto tenía algunos estudios universitarios de post-grado o una carrera técnica. En cuanto a filiación religiosa, un 67% de los participantes eran católicos, 20% evangélicos y 13% no revelaron su religión. 55% de los participantes se identificó como mestizo, 14% afrocolombiano, 10% indíge-na y el resto eligió otra raza o etnicidad o más de un grupo.

Los participantes fueron seleccionados en una aproximación de un muestreo aleatorio para representar un rango amplio de sec-tores y perspectivas que incluyen: afroco-lombianos, artesanos, campesinos, desmo-vilizados, desplazados, iglesias, indígenas, jóvenes, maestros, mujeres, pescadores, y víctimas. Se adoptó este proceso de reclu-tamiento por consideraciones de seguridad del equipo y los participantes y para esta-blecer más confianza en un tiempo corto.

Visitas previas o colaboración con los con-tactos locales abrió la posibilidad de aplicar la encuesta con los sectores mencionados arriba.


Instrumentos

La encuesta se construyó a partir de cues-tionarios para cada uno de los conceptos importantes de estudio y tuvo una duración de 45 minutos. Incluyó tanto instrumentos establecidos en Psicología, como instru-mentos más comunes en Ciencias Políti-cas y Sociología, además de cuestionarios ya utilizados en la región. Algunos de los instrumentos ya estaban disponibles en es-pañol, pero para los casos donde solo hay disponibles versiones en inglés, la autora realizó la traducción al español. El idioma fue corregido por una experta en inglés y español de Colombia independiente de este estudio. Después de estas redacciones, los miembros de las dos universidades locales, incluyendo profesores en Psicología y Tra-bajo Social, revisaron los instrumentos para refinar el lenguaje y la redacción para que fuera comprensible y relevante para el con-texto costeño. El equipo de investigación, incluyendo la autora y los 15 investigadores de campo, discutieron las preguntas para sugerir que todos entendían los conceptos.

Experiencias con violencia. Para investigar los diferentes tipos e intensidades de la vio-lencia, los participantes respondieron un instrumento de 10 preguntas adaptado de Backer, Kulkarni, and Weinstein (2007). In-dicaron no (0) o si (1), si ellos mismos o un miembro cercano de su familia, habían su-frido alguna de una lista de violaciones que incluyeron: detenido, arrestado o encarce-lado sin causa; tortura física; tortura psico-lógica; golpeado; abuso, ataque o violación sexual; robo o extorsión; testigo de un asesi-nato o muerte de otra persona; amenazado con violencia; desplazado, y propiedad o casa despojada, dañada o destruida. Con el fin de capturar la experiencia con violencia fatal, los participantes indicaron si habían perdido alguien en su familia como resul-tado del conflicto. Y, por último, eligieron si(1) o no(0), si estaban dispuestos perdonar

a quien les hicieron daño a ellos mismos o a su familias durante el conflicto.

Salud mental. Dos aspectos de la salud men-tal, bienestar y depresión, fueron incluidos en este estudio. Primero, el bienestar fue medido con el General Health Question-naire (GHQ; Goldberg & Williams, 1988), un instrumento de 12 preguntas en una escala de 4 puntos (0=mucho menos que lo normal, a 3=mejor que lo normal). Los par-ticipantes señalaron la opción que mejor describe sus experiencias recientes frente a varias preguntas que incluyeron: ha sido capaz de concentrarse en lo que está hacien-do, se ha sentido capaz de tomar decisiones, y se ha sentido más o menos feliz. Segundo, los síntomas de depresión fueron medidos con 20 preguntas en una escala de 4 puntos (0=raramente o nunca, a 3=la mayor parte o todo el tiempo) sobre la frecuencia con que los participantes han sentido las siguien-tes cosas en la última semana, por ejemplo, mi sueño era inquieto, pase ratos llorando, y no tenía ganas de hacer nada (Radloff, 1977). La consistencia interna de los dos ins-trumentos fue adecuada (GHQ, Cronbach’s α=.76; CESD, Cronbach’s α=.87).

Enfrentarse y adaptación. Los autores del instrumento tradujeron some ways of coping with difficult situations como: algunas mane-ras de enfrentarse y adaptarse a situaciones difíciles. Los participantes respondieron a 24 preguntas que exploraban como se en-frentaron y adaptaron (cope with) a una si-tuación difícil que tuvieron que enfrentar durante el ultimo año (Perczek, Carver, Price, & Pozo-Kaderman, 2000). Este instru-mento es la versión breve que incluye 2 pre-guntas para cada uno de 12 subconceptos que representan diferentes maneras de en-frentar circunstancias difíciles: distraerse, tomar acciones concretas, negar, usar dro-gas o alcohol, apoyo emocional, desempe-




ñar, hablar de lo malo, buscar lo positivo, planear, hacer bromas, aceptar, y buscar la religión. Habían 4 opciones (1=no hice esto en lo absoluto, a 4=hice esto con mucha fre-cuencia) y ejemplos de unas de las pregun-tas incluyeron: recibí apoyo y comprensión de alguien; busqué algo positivo de la situa-ción por la que estaba pasando; hice bromas acerca de esto y recé o medité. La consisten-cia interna para todos estos subconceptos fue Cronbach’s α=.74.

Participación comunitaria. Para medir el ni-vel de participación comunitaria, los par-ticipantes indicaron si era un miembro ac-tivo(2), inactivo(1) o no pertenecía(0) a los siguientes tipos de organizaciones: iglesia u organización religiosa, deporte u orga-nización recreativa, organización de arte o música, sindicato, grupo o partido político legal, organización humanitaria o caritati-va, grupo académico, cooperativo, grupo de desarrollo comunitario, grupo juvenil, y Junta de Acción Comunal (JAC). La lista fue adaptada del World Social Values Sur-vey (2005) y fue consultado con miembros de las universidades en la costa Caribe. Adicionalmente, los participantes tenían la opción para indicar otros grupos que no es-

taban en la lista. Cronbach’s α=.75 para este instrumento.

Confianza social. El instrumento para medir confianza social también fue adaptado del World Social Values Survey (2005). Los par-ticipantes respondieron en 4 opciones (0=no confió, a 3=confió totalmente) para describir la profundidad de su confianza en personas de: la familia, el barrio, que usted conoce, que conoce por primera vez, de otra reli-gión, y de otra región. Para estas 6 pregun-tas, la consistencia interna fue α=.72.

Actitudes hacia la justica transicional. Para entender varias actitudes hacia diferentes dimensiones de justicia transicional, habían 23 preguntas sobre temas de verdad, repa-ración y amnistía, (adaptadas de Backer, Kulkarni & Weinstein, 2007). Un ejemplo de una pregunta sobre la verdad, pidió a los participantes que eligieran entre 5 opciones (0=muy desacuerdo, a 4=muy de acuerdo) si el pasado es algo que debería ser olvidado. Para examinar pensamientos sobre repara-ción, participantes indicaron si no tenía nin-guna importancia(0) a era muy importante (3), que se haga algo para reparar las pér-didas que las personas sufrieron durante el conflicto. Les preguntamos a los partici-


pantes si estaban de acuerdo o en desacuer-do con la rebaja de penas dentro la Ley de Justicia y Paz y abajo cuáles condiciones aceptaría la amnistía es un resultado justo. Las opciones (0=muy desacuerdo, 4=muy de acuerdo) incluyeron si los responsables dicen la verdad, reconocen el daño, piden perdón, muestran remordimiento, y repa-ran a las víctimas; adicionalmente, los par-ticipantes tenían la opción para elegir, bajo ninguna circunstancia la amnistía es un resultado justo. Por último, los participan-tes respondieron si (1) o no (0), si estaban dispuestos a perdonar a las personas que en medio del conflicto le causaron daño a us-ted o a su comunidad.

Democracia. La encuesta incluyó varias pre-guntas sobre actitudes y comportamientos en la democracia nacional y local (World Social Values Survey, 2005). Entre 4 opcio-nes de insatisfecho (0) a muy satisfecho(3), los participantes evaluaron la manera en que el gobierno nacional está manejando los asuntos del país. También eligieron en-tre dos opciones, si este país está manejado por pocos intereses particulares o por toda la gente. Comparando democracia frente a otros tipos de gobierno, los participantes respondieron entre 4 opciones si un sistema democrático es en general muy malo (0) a muy bueno (3). Para entender las relaciones con las instituciones del estado local, otra pregunta pidió a los participantes señalar a cuáles instituciones recurrirían si ellos o su comunidad tuvieran algún problema o ne-cesidad. Cinco de las siete opciones fueron parte del gobierno local (alcalde o miembro de su gabinete, defensor del pueblo, fuer-za pública, personero e institución pública, por ejemplo Casa de Justicia, comisaría), mientras dos fueron parte de la sociedad ci-vil (organización social e iglesia).


ResultadosLas siguientes estadísticas fueron calcula-das para explorar cómo las experiencias de violencia política afectan a las personas a nivel personal, específicamente en su salud

mental, sus acciones y participación en la sociedad civil, y sus actitudes hacia la justi-ca transicional y democracia.

Experiencias con violenciaTres aspectos de violencia fueron incluidos en el pilotaje: experiencia personal (directa), violencia contra un miembro de su familia (indirecta) y muerte de un familiar durante el conflicto (fatal). Alrededor del 33% de los participantes han sido afectado directamen-te (ej. desplazado, golpeado, tortura física o mental), mientras un 64% ha sufrido estos tipos de violencia en su familia y un 37% ha perdido alguien en su familia. Se encontró una asociación significativa entre las perso-nas que han enfrentado violencia directa y

familiar (r=.42, p<.01) y entre violencia fatal y no fatal contra la familia (r=.44, p<.01). En resumen, personas que han experimentado violencia no fatal son miembros de familias también afectadas e individuos en familias que han vivido violencia no fatal también han sido afectados por la muerte a un miem-bro de esta familia. Aunque es más probable que los que se identifican como víctimas son los que han sufrido algún tipo de violencia, en total 61% de los participantes señala que se siente víctima del conflicto.

Impacto de la violencia en la salud mentalUtilizando la variable control de género, el estudio analizó si la experiencia de los tres tipos de violencia predicen peor bienestar y más altos niveles en los síntomas de de-presión. Una regresión múltiple muestra que al control por medios estadísticos vio-lencia contra la familia y violencia fatal, sus formas directas a la persona predijeron peor bienestar (β=.19, p<.05) y este modelo completo explicó 14% de la variabilidad en

bienestar (F(4,154)=6.06, p<.001). De la mis-ma manera, violencia directa (β=.19, p<.05) y violencia contra la familia (β=.21, p<.05) predijeron más síntomas de depresión, con-trolado por la otra experiencia y género (F(4,145)=8.89, p<.001). Este modelo explicó 20% de la variabilidad de los síntomas de depresión. La muerte de un familiar no te-nía una relación significativa a estas dimen-siones de salud mental.


Enfrentarse y adaptación

Considerando el impacto negativo de la violencia en la salud mental, esta pregunta explora cómo los habitantes de la costa Caribe en general se enfrentan al estrés. La Figura 2 muestra que hay mucha variabilidad en las dimensiones de enfrentarse al estrés que los costeños están utilizando para responder un periodo difícil en sus vidas.

Figura 2

Estilos de enfrentarse y adaptar a situaciones difíciles / promedios - rango 2 a 5




Posteriormente se examinó las relaciones entre traumas específicos, salud mental, y diferentes tipos de enfrentarse. La idea fue identificar cuáles tipos (generalmente positivos, neutrales o negativos) de enfrentarse y adaptar están utilizando los individuos y después se analizará si son efectivos en la protección de la salud mental. El Cuadro 1 contiene los patrones de las correlaciones de interés entre dos aspectos de salud mental (bienestar y depresión), dos tipos de violencia (directa y familiar) y cinco dimensiones de enfrentarse a situaciones difíciles.

Nota: [+] =positivo: [-] =negativo; [ns] =no significativo

Cuadro 1

ns

-

+

-

Bienestar

Depresión

Violencia individual

Violencia a un miembro de su familia

+

+

-

-

Apoyo emocionalVerlo positivo Uso de alcohol Evitar los problemas Violencia individual

Violencia a miembro de familia

+

ns

ns

ns

-

ns

ns

ns

-

-

ns

ns

-

ns

-

+

Este rango muestra diferentes aspectos de adaptación típicamente considerados positivos (apoyo emocional y cambiar a una percepción positiva), neutrales (religión) y negativos (uso de alcohol o droga, y comportamiento para evitar los problemas). En general, recibir apoyo y comprensión emocional disminuye problemas de salud mental (r=-.20, p<.01; r=-.30, p<.01), mientras los comportamientos de evitar los problemas están conectados a peor salud mental (r=.20, p<.05; r=-.29, p<.01) y el uso de alcohol disminuye la salud mental (r=.19, p<.05). En adición, la habilidad de cambiar a una perspectiva positiva cuando se enfrentan situaciones difíciles baja la depresión (r=-.19, p<.05). Es importante notar que personas que han sufridos altos niveles de violencia (directa y familiar) utilizan menos apoyo emocional (r=.16, p<.05; r=-.23, p<.01).

Repasamos las implicaciones de este conjunto de resultados en la discusión pero notamos ahora que estos patrones indicarían la necesidad por crear intervenciones que aumenten el apoyo emocional para los afectados por la violencia.


Participación y confianza socialEn el marco teórico la participación en las organizaciones de la comunidad y confian-za social entre personas fueron dos elemen-tos importantes. Controlando la variable género y otras experiencias de violencia, la experiencia de violencia directa predijo ma-yor participación (β=.20, p<.05). Este modelo completo explicó 15% de la variabilidad de participación activa (F(4,158)=7.12, p<.001). Estos resultados nos plantean la pregunta: ¿A qué tipo de organizaciones pertenecen

las personas que han sido afectadas direc-tamente por la violencia política? Las co-rrelaciones a esta pregunta revelan que las personas que han sufrido violencia directa durante el conflicto son más activos en de-portes u organizaciones recreativas (r=.16, p<.05), sindicatos (r=.36, p<.01), grupos o partidos políticos legales (r=.16, p<.05), gru-pos académicos (r=.23, p<.01) y grupos de desarrollo comunitario (r=.18, p<.05).

Actitudes hacia la justica transicional, amnistía y perdón

Consideramos varios mecanismos de la justicia transicional y en general los parti-cipantes le daban mucha importancia a va-rios de estos mecanismos. Un análisis de los componentes principales (PCA) reveló tres fenómenos distintos: (1) responsabilidad de los victimarios (ej. que los responsables confronten las consecuencias por lo que han hecho), (2) reparación y cambios estructu-rales (ej. que las circunstancias que contri-buyeron al conflicto cambien para bien) y (3) reconocimiento público de las víctimas y los daños causados (ej. que los hechos sobre lo que sucedió sean investigados y llevados a conocimiento público) (Cronbach’s α=.71, .70, .64, respectivamente). Es posible que el rango de las respuestas fuera limitado por un “efecto del techo”, es decir, ningún par-ticipante respondió bajo un promedio de desacuerdo a los diferentes mecanismos y

más de 81% estaban muy de acuerdo con la aplicación de estos mecanismos.

Del mismo modo, la mayoría de los parti-cipantes estaban muy de acuerdo con la amnistía condicional, o sea con la presen-cia de otros mecanismos de justicia transi-cional, por ejemplo, si los responsables por las violaciones confiesan la verdad sobre lo que han hecho. Menos del 35% estaban en desacuerdo con la amnistía condicional, mientras aproximadamente 25% estaban muy de acuerdo en ciertas condiciones. Sin embargo, 70% de los participantes estaban en desacuerdo con la Ley de Justicia y Paz. Parece que aunque los participantes reco-nocían que amnistía legal puede ser parte del proceso para transformar el conflicto, la mayor parte no creían que la Ley de Justicia y Paz cumplió con estas condiciones.


Figura 3

Con respecto al perdón, aunque este caso no llegó exactamente a un nivel significa-tivo (t(145)=1.95, variables iguales no pre-sumidos, p=.053), un resultado interesante es que quienes han sufrido más violencia directa en promedio son más abiertos a per-donar. Adicionalmente, los participantes que señalaron que estaban más inclinados a

perdonar a los que les hicieron daño duran-te el conflicto, también querían que los res-ponsables presentaran disculpas a las víc-timas (t(154)=2.57, p<.05). Al final, 82% de los participantes confirmaron que estaban dispuestos a perdonar a las personas que en medio del conflicto les causaron daño a ellos y a su comunidad (Figura 3).

Democracia

Los datos descriptivos sobre las percepcio-nes de los participantes hacia la democracia en Colombia son variados. Aunque el 79% dijo que la democracia es un sistema de go-bernanza muy buena y otro 21% dijo que es bastante buena para este país (Figura 4, casi la mitad (46%) dijo que no estaba satisfecho con la manera que el gobierno nacional está manejando los asuntos del país (Figura 5). De la misma manera, 60% dijo que pensa-ba que el país estaba manejado con intere-

ses particulares que solo se preocupan por sí mismos y por el contrario, 40% dijo que el país estaba manejado para el beneficio de todas las personas. A nivel local, el prome-dio de los participantes reflejó que si ellos o su comunidad tuvieran algún problema o necesidad hay 3.38 (SD=2.39) instituciones, de una lista de siete, a nivel local a las que pueden recurrir.

Actitudes hacia el perdón y la Ley de Justicia y Paz


Figura 4

Figura 5

Perspectivas de la democracia en general

Satisfacción del gobierno nacional


Discusión e implicaciones

En este contexto, la costa Caribe colombia-na constituye un caso importante para es-tudiar las relaciones entre violencia, salud mental, participación y actitudes hacia la justicia transicional, mientras los indivi-duos viven dentro de una realidad vio-lenta. En el futuro, estos resultados serán comparados con las entrevistas y el grupo focal para entender procesos más colecti-vos. Esperando estas comparaciones, hay unos patrones importantes para resaltar del análisis cuantitativo. Parecido a otros contextos de conflicto, la violencia política directa e indirecta tienen un impacto nega-tivo en la salud mental. Sin embargo hay evidencia de resiliencia o resistencia mental cuando confrontan situaciones difíciles. Por ejemplo, personas que reciben más apoyo emocional presentan menos problemas en su salud mental; sin embargo, las personas que ha sufrido mayores grados de violencia tienden a recurrir menos de este recurso in-terpersonal.

En respuesta a como el conflicto ha afectado la participación, se percibe que la violencia

directa motiva a las personas a participar en organizaciones en sus comunidades. Consi-derando que tenemos datos correspondien-tes únicamente a un periodo de tiempo, no podemos desenredar la dirección de esta relación en este estudio; por ejemplo, si es posible que las personas más activas en la comunidad tuvieran un mayor riesgo de ser víctimas de violencia. Sin embargo, las pre-guntas de la experiencia de violencia tienen que ver con el pasado y las preguntas de participación tienen que ver con los grupos actuales. Además, no encontramos eviden-cia de que la violencia esté relacionada con la confianza social. Aunque no deberíamos interpretar estadísticas no significativas, este vacío llama la atención para más inves-tigación y reformulación de los instrumen-tos y/o teoría. Parece que los habitantes de la costa Caribe, en promedio, pueden man-tener un nivel de confianza total con sus fa-milias y confianza más o menos en sus ba-rrios y con personas conocidas a pesar del conflicto prolongado. Además las cifras de democracia indican que aunque la mitad no estaba satisfecha con la gobernanza nacio-




nal, a nivel de la comunidad había alguna confianza en las instituciones del gobierno local.

Con respecto a las actitudes hacia los me-canismos de justicia transicional, los resul-tados son complejos. En general los partici-pantes, incluyendo las víctimas, expresaron gran afinidad a la posibilidad de perdón y aprobaron la amnistía siempre y cuando los responsables digan la verdad, reconozcan el daño que causaron, presenten discul-pas, muestren remordimiento, y reparen a

las víctimas. La Ley de Justicia y Paz con-templa muchas de estas condiciones en su mandato, sin embargo la incapacidad de la ley para cumplirlas han traído como con-secuencia que los participantes no apoyen esta iniciativa. Considerando la falta de im-plementación de las condiciones que están en la Ley de Justicia y Paz, los participantes de este estudio manifiestan su desacuerdo con la misma.

De estos resultados, salieron siguientes re-comendaciones:

_ Implicación #1: Hay diferente tipos de víctimas de violencia y los programas necesitan tener este factor en cuenta;

_ Implicación #2: Crear programas para las víctimas dirigidos a aumentar el apoyo emocional y la posibilidad de buscar algo bueno en lo que estaba pa-sando;

_ Implicación #3: Establecer y fortalecer organizaciones comunitarias para fo-mentar oportunidades de participación;

_ Implicación #4: Trabajar y crear intervenciones a nivel local donde exista mayor confianza y conocimiento;

_ Implicación #5: Respetar y cumplir con las condiciones de justicia transicio-nal para mantener el apoyo de la base.

Los resultados de este estudio tienen impli-caciones para una audiencia con interés en la micro-dinámica de conflicto y como indi-viduos y grupos deciden participar y con-tribuir en un sistema político. Igualmente, se puede incluir a miembros de la sociedad civil, ONG, entidades del Estado tanto a ni-vel local como regional y practicantes y aca-démicos interesados en la transformación de conflictos y justicia transicional.

La esperanza es que esta investigación no solo haya sido un ejercicio intelectual y que estos datos y recomendaciones no solo queden en el papel. Por el contrario, espe-

ramos que líderes y grupos comunitarios o comunidades semejantes, puedan usar esta información empírica en la construcción de programas y en futuras intervenciones. Los vínculos entre la violencia, la salud mental, la participación y las percepciones de los mecanismos de justicia transicional tienen implicaciones para la posibilidad de cons-truir una paz verdadera en la costa Caribe colombiana. Otros países pueden aprender de las experiencias, retos y logros enfrenta-dos a nivel individual, comunitario, regio-nal y nacional con respecto a estos temas dentro de un contexto de conflicto prolon-gado.


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