DOCUMENTO BASE XI CONFEDELCCA

DESCENTRALIZACION Y SEGURIDAD

CIUDADANA: LOS DESAFIOS DE LOS MUNICIPIOS DE

CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA

Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República

Dominicana

Marzo 2013

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CONTENIDO

I. INTRODUCCION…………………………………………………………….. 3 I.1. Caracterizando a la Región…………………………………………… 3 I.2. El marco regional……………………………………………………….. 6

I.3. La importancia de lo local……………………………………………… 9

II. LA SEGURIDAD CIUDADANA……………………………………………… 11 II.1. Concepto………………………………………………………………… 11 II.2. Los componentes principales de la seguridad ciudadana…………. 13

III. MARCO COMPETENCIAL. DESCENTRALIZACION……………………. 14 IV. DIAGNOSTICOS……………………………………………………………… 29

V. LEGISLACION NACIONAL SOBRE EL TEMA……………………………. 31

VI. LEGISLACION MUNICIPAL SOBRE EL TEMA…………………………… 39

VII. PRESENCIA INSTITUCIONAL VINCULADA A LA SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL LOCAL……………………………………………… 42

VIII. ESTRUCTURAS MUNICIPALES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA. 46

IX. RECURSOS LOCALES DESTINADOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA 50 X. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD

CIUDADANA………………………………………………………………….. 55

XI. PREVENCION VS. REPRESION…………………………………………… 57 XI.1. Rol de los gobiernos locales según diferentes actores…………. 57 xi.2. Las policias municipales……………………………………………. 63

XII. RESPUESTAS A NIVEL LOCAL……………………………………………. 67

XIII. RETOS PARA HACER FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA…. 76

XIV. ACCIONES NECESARIAS………………………………………………….. 78

Anexos

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I. INTRODUCCION.

Continuando con la metodología para la elaboración del Documento Base, implementada desde la X Conferencia, el presente documento ha sido elaborado por cada una de las Mesas Nacionales y sistematizado por la Secretaría Técnica.

I.1. Caracterizando a la región

El Informe de Desarrollo Humano para América Latina elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para el año 2010 tuvo como tema central la seguridad ciudadana1. El informe señalaba cuatro claves para entender el problema de la inseguridad en América Latina: Primero, los Estados de la región siguen teniendo déficits de capacidades en

materia de justicia y seguridad. Esto se refleja en índices de impunidad alarmantes, la crisis que atraviesan sus sistemas carcelarios y en la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones de justicia y policía. Es justamente a la luz de estos déficits que la privatización de la seguridad ha ido ganando fuerza, lo cual tiende a profundizar la desigualdad en el acceso a la seguridad y deja sin resolver los retos que atraviesa el Estado como principal garante de la seguridad ciudadana. Segundo, el informe constata que la región ha crecido más en cantidad que en

calidad: continúa teniendo fragilidades en el empleo, rezagos en la inclusión de las poblaciones más jóvenes, crecimientos urbanos acelerados acompañados de fracturas en el tejido social y de clases medias vulnerables. Tercero, los vínculos comunitarios como la familia, la escuela y la comunidad han

perdido su fuerza en algunos contextos como tensores sociales que permiten desarrollar formas positivas de convivencia. La inseguridad ha reconfigurado el tejido social en las sociedades latinoamericanas reduciendo los espacios de cooperación, confianza y participación ciudadana y propiciando, en algunos casos, formas de organización distorsionadas por el temor y la desconfianza como la llamada “justicia por mano propia.” La agudización de las amenazas limitan gravemente las capacidades y libertades de los latinoamericanos Cuarto, la multiplicación y agudización de las amenazas a la seguridad tanto en espacios privados como públicos limitan gravemente las capacidades y libertades de los latinoamericanos. Si bien el crimen organizado ha ganado notoriedad como dinamizador de la violencia y el crimen a nivel local y transnacional, la afectación cotidiana de los ciudadanos revela que están expuestos a muchas otras amenazas como el delito callejero, la violencia de género y la violencia ejercida por y en contra de los jóvenes, y que dichas amenazas se entrecruzan y retroalimentan en la práctica.

1 Informe de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe. Abrir espacios para la seguridad ciudadana

y el desarrollo humano

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Estas cuatro claves revelan la complejidad y multiplicidad de los problemas que subyacen a la inseguridad ciudadana. Más aún, exigen pensar en respuestas integrales de política pública, incluyendo el papel de los actores no estatales y de la comunidad internacional. Hay que pasar de la reflexión a la acción, con respuestas creativas e innovadoras, aprendiendo de los aciertos y las fallas. De ahí que el objetivo más importante del Informe de Desarrollo Humano, sea contribuir a la creación de mejores y más efectivas políticas públicas en aras de proteger a las y los ciudadanos de América Latina.

La Región centroamericana concentra los países con mayor violencia (GUATEMALA,

HONDURAS Y EL SALVADOR) junto a México, a causa de los carteles de la droga y las sanguinarias pandillas conocidas como "maras". Honduras mantiene la tasa de homicidios más alta del mundo, con 85.5 asesinatos por cada 100,000 habitantes, pese a la política de seguridad del gobierno, que incluye el envío de militares a

patrullar las calles. La tasa de homicidios de 2012 en HONDURAS fue ligeramente inferior a la del año precedente (86.5 por cada 100,000), pero aún muy por encima del promedio mundial, que la Oficina contra el Crimen y el Delito de la Organización de las Naciones ubica en 8.82. Asimismo, en la región se registran alrededor de 460 ataques sexuales diariamente, siendo las mujeres las mayores víctimas, mientras que la violencia intrafamiliar es uno de los problemas que se ha hecho más visible.

En oposición a esta situación, el modelo de seguridad ciudadana de NICARAGUA es reconocido internacionalmente, por sus características de trabajo de prevención, enfoque de género y participación ciudadana, entre otros aspectos destacables. El índice de percepción de seguridad entre la población también es elevado (69%), aunque en los últimos años ha venido disminuyendo paulatinamente.

El siguiente análisis de REPÚBLICA DOMINICANA sobre las causas y efectos de la inseguridad ciudadana, pueden perfectamente aplicarse a la mayoría de países de la región: El argumento de que los mayores niveles de inseguridad y criminalidad son directamente proporcionales a las exclusiones y desigualdades sociales en las grandes ciudades, no es concluyente para muchos. Algunos cientistas sociales no aceptan la mecánica relación entre pobreza e inseguridad, tampoco aceptan que la percepción de inseguridad esté mecánicamente asociada a la criminalidad. Es necesario que se establezcan los debidos matices, y los datos que arroja la última encuesta del Latinobarómetro y sobre la Cultura Política en la Republica Dominicana, 2012, en una escala de percepción de inseguridad del 0 al 100, sitúa al Gran Santo Domingo por debajo de Montevideo, Uruguay y San José, Costa Rica, con 45.4 contra 47.6 y 45.7 de las dos últimas respectivamente. La percepción de inseguridad es más alta en las regiones metropolitana y Norte de República Dominicana, 46.3% y 44.5% respectivamente, regiones que registran las ciudades con mayores ingresos, menor cantidad de pobres en términos porcentuales, pero las de mayor cantidad de pobres en términos absolutos. Las

2 Informe el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)

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regiones Sur y Este que son las de ciudades de mayor cantidad de pobres, registran 39.5 y 37.9 respectivamente. Los barrios pobres del Gran Santo Domingo, registran los mayores niveles de criminalidad y es conocido el hecho de que en Santiago, luego del virtual desmantelamiento de la mayor zona franca del país, los niveles de inseguridad y de criminalidad se han disparado peligrosamente. Esta ciudad se ha desarrollado como un continuo urbano que hace de ella una ciudad-región, enclavada en la zona norte del país, la cual según, los organismos de lucha contra el narcotráfico, se ha convertido en un santuario de algunos carteles del crimen organizado de varios países, incluyendo europeos, de bandas de sicarios que han cometido varios actos criminales. La criminalidad, en tanto fenómeno íntimamente asociado a la percepción y realidad de la inseguridad es multifactorial, pero las estadísticas indican que existen grandes segmentos de la población que llevan una vida que discurre en las condiciones de carencias en la oferta de servicios, de desempleo y marginalidad, lo que provoca una espiral de violencia de diversos tipos que se convierten en actos que se tipifican como delincuenciales. La marginalidad social se constituye en una forma de la que se derivan formas materiales de violencia que se expanden dentro y fuera del espacio marginado. La victimización por delincuencia en los hogares, que es una forma de establecer las reales dimensiones de la percepción de la delincuencia como de la inseguridad, se siguen incrementando significativamente en la República Dominicana, del 2010 al 2012, pasando de un 27.2 al 31.1. De igual manera, aumenta el miedo y la tendencia al incremento de medidas de seguridad que se expresan en la demanda de servicios de seguridad privados, ante la deficiente actuación de los agentes del orden público y de la vinculación y/o participación de éstos en actos delictivos. Este fenómeno no puede ser reducido a simples expresiones de anomia o disfunción social, sino como una de las tantas expresiones de una particular forma de producir riqueza, a veces al margen de la legalidad que formalmente establecen los sistemas políticos, que se internacionaliza en redes internacionales tejidas para tales fines3. Allí donde existe un sistema político de pobres niveles de institucionalización, con un Ministerio Público al servicio de las urgencias de la política y de los políticos, sobre todo de los que detentan el poder, se entroniza la impunidad y con ella la generalización de la criminalidad. Costes económicos y sociales de la inseguridad y la criminalidad4

Las ciudades constituyen el nervio económico de un municipio, ellas son el lugar de intercambio no sólo de la riqueza que colectivamente se produce, sino de experiencias, de las acciones políticas y de la construcción de los lazos solidarios en que se forja la identidad. El incremento de la inseguridad urbana se traduce en un miedo a la ciudad, en aislamiento, fragmentación y desarraigo del lugar. También se constituye en uno de los principales enemigos del buen discurrir de la economía de

3 Perez, C y Milán G., 2005

4 Documento Base de República Dominicana

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la ciudad, implica una reducción de las horas que efectivamente de dedican a la economía de la ciudad. A ese propósito, es bueno recordar la medida que se ha instaurado de limitar las horas de expendios de bebidas alcohólicas hasta las 12 de la noche, liberalizando esa medida en los días de las fiestas de fin año. La paradoja es que mientras en los países desarrollados se impone lo que se llama ciudad de 24 horas. En países como en Italia, el 35% de las actividades económicas se realizan en horarios nocturnos vinculadas a las actividades lúdicas en las ciudades. La forma, un tanto alarmante y alarmista, como determinada prensa y comunicadores tratan los temas de la delincuencia y la inseguridad, tiende a crear una atmósfera de miedo a caminar por las calles de las ciudades, a pie o en vehículo, fenómeno éste que se ha producido en urbes de otros países, con consecuencias funestas para el disfrute y aprovechamiento de la riqueza y diversidad de la vida urbana y para el crecimiento no solamente personal, sino de la colectividad. La seguridad, por lo tanto tiene un valor estratégico para las regiones, los municipios y las ciudades. En esta época de la mundialización de la economía y de la política, la inversión en el territorio y la seguridad, se convierten no sólo en un atributo para la calidad de la vida de la población, sino para la inversión. Nadie invierte en un lugar inseguro, ninguna economía urbana florece, crea empleos, renta, riqueza actividades económicas y bienestar sin importantes niveles de seguridad ciudadana. Desde el punto de vista político, la inseguridad ciudadana también tiene sus costes. Por ejemplo, el informe sobre la Cultura Política en República Dominicana, en Centro y Sudamérica, establece una relación entre apoyo al estado de derecho e inseguridad y criminalidad. Mientras más altos son los niveles de éstas, mayor es la tendencia a preferir gobiernos que garanticen la seguridad, por encima de los gobiernos basados en el estado de derecho, por tal razón, a pesar de la valoración que tenga una dada población de la democracia como sistema político, las posibilidades de que se instauren gobiernos de fuerza no deben descartarse de plano. De igual manera, ante la incapacidad de los gobiernos de garantizar la seguridad ciudadana, se incrementa la privatización de una competencia de las instituciones del Estado5, al tiempo de acentuarse la insolidaridad social y el pedido de la población de "mano dura" contra la criminalidad6, lo cual se traduce en irrespeto a inalienables derechos ciudadanos y a los órganos de seguridad de tomar la Justicia por cuenta propia cometiendo innumerables actos de asesinatos a reales y falsos criminales

I.2. El marco regional

5 Del Olmos, R, 2000, pág. 80

6 En días recientes hubo declaraciones de algunos diputados y hasta del Cardenal de que se aplique mano

dura contra los delincuentes sin condenar las ejecuciones ilegales de los cuerpos policiales contra supuestos delincuentes. También se han producido actos de linchamiento colectivo a supuestos delincuentes

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Dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el tema de la seguridad se ha convertido, desde el año 1995 en uno de los ejes centrales de acción y debate. En diciembre de ese año, se firmó en San Pedro Sula el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, por el cual fue establecida la Comisión de Seguridad de Centroamérica como coordinadora de propuestas y recomendaciones en materia de Seguridad Regional, siendo el órgano ejecutor de los mandatos emanados de las reuniones de Presidentes y del Consejo de Ministros y Viceministros del ramo. El Tratado Marco de Seguridad Democrática afianza las hipótesis de paz frente a las hipótesis de guerra y crea todo un esquema de cooperación, integración y prevención de potenciales conflictos, tanto al interior de las sociedades como en lo externo, que es una de sus grandes novedades. El Tratado da un salto de la seguridad militar a la seguridad humana; trastrueca la seguridad defensiva en seguridad cooperativa y asociativa. El concepto de seguridad basada en la población y en el ser humano cobra mayor fuerza, frente al concepto de la defensa tradicional basado en el territorio y las fronteras. Se pasó, de un modelo de seguridad nacional, bajo parámetros domésticos o locales, a un modelo de seguridad subregional que tiene como plataforma y campo de acción ampliado el proceso mismo de integración que cubre a los siete países miembros del SICA7.

En su Artículo 1, el Tratado Marco de Seguridad Democrática, declara que: ”El Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática se basa en la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de Derecho; en la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y en el irrestricto respeto de todos los derechos humanos en los Estados que conforman la región centroamericana”.

Por su parte, la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México tiene como su objetivo general: establecer los componentes y actividades necesarias para fortalecer en la región centroamericana y en México la seguridad de las personas y sus bienes que permita alcanzar los objetivos del desarrollo humano.

Sus principales componentes son:

Delincuencia organizada.

Conjuntar el plan regional contra el crimen organizado.

Protección de víctimas de tráfico ilícito de trata.

Combate al robo y hurto de vehículos.

Combate al narcotráfico.

Deportados con antecedentes penales. Pandillas. Centros de atención.

Homicidios.

Combate al tráfico ilícito de armas.

7 Desarrollo e influencia del modelo de seguridad democrática de Centroamérica. Mauricio Herdocia Sacasa

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Terrorismo.

Corrupción.

Prevención de la violencia, rehabilitación y reinserción.

La Unidad de Seguridad Democrática del SICA, tiene como objetivo general: fortalecer la institucionalidad centroamericana en materia de seguridad democrática. Sus objetivos específicos son:

Asegurar la ejecución efectiva, integral y armónica de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México y de sus diversos componentes.

Contribuir al cumplimiento del mandato y funciones de la Comisión de Seguridad de Centroamérica y de sus respectivas Subcomisiones.

Promover la sostenibilidad financiera, administrativa y técnica de las distintas iniciativas regionales en materia de seguridad: mesa de donantes.

Fundamento del Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática:

El fortalecimiento del régimen democrático y sus instituciones.

La consolidación del Estado de Derecho.

El respeto irrestricto de los derechos humanos.

El fortalecimiento del poder civil.

La utilización de un balance razonable del uso de las fuerzas. Por último, se quiere mencionar a la Iniciativa de Seguridad para Centroamérica (CARSI, por sus siglas en inglés), que está siendo apoyado por EEUU desde hace más de cinco años. Los cinco objetivos de CARSI en América Central son: • Crear calles seguras para los ciudadanos de la región. • Desbaratar el movimiento de los criminales y el contrabando en y entre los países

centroamericanos. • Apoyar el desarrollo de gobiernos fuertes, capaces y responsables en América

Central. • Restablecer la presencia efectiva del Estado, los servicios y la seguridad en las

comunidades en peligro; y • Fomentar mayores niveles de coordinación y cooperación entre los países de la

región, otros asociados internacionales y donantes para combatir las amenazas a la seguridad regional.

Los 361 millones de dólares que Estados Unidos ha destinado a CARSI desde 2008 apoyan las prioridades enumeradas a continuación en los siguientes países de América Central: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

• Asistencia a las fuerzas del orden público y fuerzas de seguridad para hacer

frente a los narcóticos y el tráfico de armas, las pandillas, la delincuencia organizada, las deficiencias de seguridad en las fronteras, así como para desbaratar la infraestructura criminal, las rutas y redes;

• Mejoras de la capacidad de los actores e instituciones de la seguridad pública y del sector de justicia para servir a los ciudadanos y hacer frente a las amenazas de la región, y

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• Los programas de vigilancia comunitaria, la prevención de pandillas, los proyectos económicos y sociales para jóvenes en situación de riesgo en las zonas adversamente afectadas por la delincuencia.

I.3. La importancia de lo local Hay un consenso político y social en la región orientado a incrementar la participación de los municipios en las políticas públicas que puedan reducir aquellas expresiones del crimen y la violencia, que atentan contra la vida.

De acuerdo al análisis de HONDURAS, la acción local, en materia de seguridad ciudadana no es una acción reciente en la mayoría de los países de la región. En el imaginario colectivo aún se recuerda la figura del policía municipal que ponía orden y vigilaba a los niños en las escuelas. No obstante, con el centralismo imperante desde mitad del siglo XX, muchas prácticas locales fueron desvaneciéndose y es ahora cuando, a raíz de los retos de la sociedad contemporánea, se recupera la importancia del municipio. No obstante, la seguridad ha sido materia de competencia exclusiva del gobierno central, hoy día, en virtud de las condiciones y la situación de inseguridad que se vive en la región, cobra cada vez mayor importancia la tesis que impulsa la promoción de acciones que involucra a los gobiernos locales.

REPÚBLICA DOMINICANA señala que es evidente que la concepción centralista del Estado podría estar gravitando en la lenta toma de conciencia de que una nueva concepción sobre la organización del territorio desde una perspectiva política, no solamente administrativa o ambiental, podría situar en mejores condiciones la lucha contra la criminalidad y la inseguridad en toda la región. De que en impulso del proceso de descentralización en esta parte del mundo debe asumirse esta lucha como una nueva competencia de todos los entes descentralizados, a comenzar por el municipio. Ello implica una toma de conciencia los temas del ordenamiento urbano y territorial, de la corrupción política que se expande en el manejo de la cosa pública desde los gobiernos centrales y en los partidos políticos se reflejan en la gestión de los gobiernos locales. Un conocimiento de que sin eficiencia en la gestión de los servicios, sin un freno a la corrupción y la impunidad la lucha contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana es sólo retórica. En ese tenor, no dejan de tener razón quienes dicen que es en espacios locales donde mayores oportunidades se tienen para producir el dialogo entre las esferas sociales y políticas para un mejor diagnóstico del territorio para llevar a puerto políticas sociales tendentes a mejorar las condiciones de vida de la población para de ese modo paliar o eliminar los factores de riesgo de los sectores más vulnerables y por ente, más proclive a caer en la delincuencia.

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También que las dimensiones del territorio local son potencialmente de mejor manejo para la prevención de la criminalidad. Sin embargo, como se ha dicho en el discurrir de este texto, a pesar de que en la región, la mayoría de los municipios son pequeños, la tendencia hacia el incremento de la criminalidad no se detiene. Por lo cual, podría decirse que las causas de este flagelo son estructurales y que descansan en unos sistemas políticos económicos esencialmente excluyentes y con una concepción del Estado patrimonialista y centralista. Por lo tanto, un mayor involucramiento de los gobiernos municipales en la lucha por una mejor seguridad ciudadana, conjuntamente con los organismos de la Justicia y del orden público a nivel nacional, pasa necesariamente por una redefinición del tema de descentralización desde una perspectiva de una reforma del Estado en su conjunto y de una profunda regeneración política, ética y moral de la generalidad del estados de esta región. Con una concepción de la descentralización que ponga al ciudadano al centro de esas reformas, con políticas públicas que sustituyan el clientelismo político que degrada a sus beneficiarios, que promueve la insolidaridad social, la fragmentación de los sectores populares, la corrupción en manejo de la cosa pública y en muchas actividades económicas de la esfera privada.

Por su parte, un interesante estudio del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas

Publicas de NICARAGUA, señala que las recientes y actuales prácticas que buscan mejorar los enfoques de las políticas de seguridad frente a la criminalidad organizada, junto con la información y evidencia recabada y analiza- da indican con casi inequívoca certeza que en la región centroamericana se necesitan reforzar enfoques que convenientemente articulados en diferentes niveles podrían mejorar notablemente el desempeño y las respuestas del Estado y los ciudadanos frente a los desafíos de la criminalidad organizada en las comunidades de frontera. Enfoques que tienen que ver con i) repensar y fortalecer el rol del municipio como punto estratégico –pero no único claro- en la gestión de una visión estratégica de la seguridad y ii) la promoción del desarrollo social y económico como eje central en la construcción de un modelo de fronteras seguras.8 Es cada vez más significativa la importancia que adquiere el municipio como una unidad estratégica para mejorar la cohesión social respecto al fenómeno de la criminalidad organizada, y con ello enfoques que buscan el nivel preventivo de la violencia. En el plano de la prevención, existe cada vez más sensibilidad de que las municipalidades fronterizas pueden y deben desarrollar un papel preponderante. Así, y en el marco de sus capacidades y competencias institucionales los gobiernos locales podrían estar en capacidad de promover y desarrollar estrategias tendientes a la prevención de la violencia y criminalidad como:

Fomentar el conocimiento y experticia de las comunidades en asuntos de seguridad.

Apoyar el desarrollo de nuevas formas y programas públicos de conocimiento del

8 Una aproximación a la problemática de la criminalidad organizada en las comunidades del Caribe y de fronteras Nicaragua – Costa Rica – Panamá. Javier Meléndez Q. Roberto Orozco B. Sergio Moya M. Miguel López R.. IEEPP. Agosto 2010

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crimen organizado.

Acciones en materia de planificación urbana y apropiación o recuperación del espacio público en el contexto de las políticas municipales en seguridad ciudadana: iluminación de zonas recreativas y de encuentro público; organización de actividades culturales y conciertos en barrios con altos niveles de inseguridad. Estas actividades fomentan el orgullo de los vecinos, estimulan valores de solidaridad y unión comunal, permiten la interacción de la gente con las autoridades e incluyen a jóvenes en riesgo social.

Sin embargo, los desafíos para llegar a este punto son innumerables. Las políticas públicas de seguridad son aún centralizadas y concentradas, y los municipios de frontera en Panamá, Costa Rica y Nicaragua, usualmente los más pobres entre los pobres, padecen de restricciones administrativas, financieras y legales que limitan la posibilidad de hacerlos actores más relevantes en la gestión de políticas o iniciativas en materia de seguridad. No obstante, las ONG especializadas en municipalismo así como mancomunidades de municipios transfronterizos han estado buscando agresivamente alternativas para mejorar el desempeño del municipio como centro de gestión y decisión de políticas públicas9.

II. La seguridad ciudadana

II.1. Concepto

La visión del gobierno central de COSTA RICA hace suya la definición planteada por el PNUD, en cuanto a que la seguridad ciudadana es “la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse y sentirse libre de violencia, amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros”.10 El PNUD señala que la seguridad ciudadana es también la protección “de ciertas opciones u oportunidades de todas las personas -su vida, su integridad, su patrimonio- contra un tipo específico de riesgo (el delito) que altera en forma “súbita y dolorosa” la vida cotidiana de las

“victimas”11

GUATEMALA apunta que la seguridad ciudadana es el marco de normas y regulaciones e institucionalidad pública para la protección del individuo, familia y sociedad; acción del Estado para crear condiciones y ambientes seguros para el desarrollo integral del ciudadano, el disfrute de sus derechos y el respeto de la dignidad de la persona, y el goce de su patrimonio. La seguridad ciudadana es la función básica que tiene todo Estado de proteger a la población de todas las acciones criminales que amenazan su vida y la libertad su bienestar. Esas posiciones dejan claro que el papel del Estado es fundamental e imprescindible tanto a nivel local, regional y nacional. La mayor parte de actores consultados, representantes institucionales y sociales de

HONDURAS, coinciden en que la seguridad ciudadana es un concepto asociado a

9 Ídem

10 Presidencia de la República; PNUD Costa Rica, 2006, pág.35. En: Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social en Costa Rica, pág.10.PNUD, 2010. 11 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010, pág. 31.

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las condiciones integrales para que cada persona se desarrolle plenamente y que no se limita a enfrentar la delincuencia ni la violencia. Se refiere también a la ausencia de amenazas que ponen en peligro la seguridad de un conjunto de individuos. A su vez, los resultados de distintos estudios sobre este fenómeno señalan, básicamente que la violencia es un fenómeno de carácter multi-causal, en el que se mezclan factores de orden estructural, con otros asociados al riesgo. En forma detallada, el concepto de seguridad ciudadana es percibido de la siguiente forma:

Autoridad Local: Es un concepto muy amplio pues no solamente implica problemas de delincuencia o violencia, tiene que ver también con aspectos de convivencia familiar y social, entonces lo puedo definir como la seguridad que tienen los ciudadanos de un municipio a convivir en armonía con su familia, vecinos, amigos y toda persona que frecuente su comunidad. Representante de Gobierno Central: No es solamente la ausencia de violencia,

narcotráfico, delincuencia o crimen organizado, también es la garantía de que el ciudadano tenga vivienda, alimentación para él y su familia, educación, salud y empleo, es decir, tener las necesidades básicas satisfechas. Cuerpo policial: Son estrategias técnicas utilizadas por el Estado, para proteger al

ciudadano. Organización no gubernamental: Es una situación social donde predomina una

sensación de confianza, ausencia de daños a la integridad física y psicológica, y donde el Estado central garantiza al ciudadano la vida, la libertad y el patrimonio propio. La seguridad ciudadana es concebida desde los movimientos sociales, con la propia dinámica de las sociedades donde el ciudadano es el actor principal. Líder Comunitario: Es todo lo que compete al bienestar de una comunidad ya sea

en el aspecto social, económico, educativo y de salud. Académico: Es un derecho de los ciudadanos, es un deber del Estado ofrecerlo y

es una atribución que la Constitución de la República otorga al Gobierno, derecho que no se está cumpliendo, la cifra es alarmante en cuanto a los asesinatos y que no está teniendo respuesta.

El Gobierno Central de NICARAGUA, en el Plan de Desarrollo Humano 2008- 2012 señala que la seguridad ciudadana es entendida como el derecho que asiste a toda persona nacional y/o extranjera que se encuentra en alguna parte del territorio nacional, de desarrollar su vida cotidiana con el menor nivel posible de amenaza a su integridad personal, a sus bienes y a sus derechos cívicos, está condicionada por múltiples factores internos y externos que están vinculados a los niveles de pobreza, desempleo y educación, que a su vez responde, a los grados de desarrollo y

crecimiento económico existente en el país.

Para los representantes de la sociedad civil de NICARAGUA, la seguridad ciudadana es:

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el principio democrático que tiene toda ciudadana/o que se le garantice vivir sin amenazas o violencia de ninguna índole y un entorno seguro con respeto a sus derechos humanos por parte del Estado, así como el derecho a la vida y otros derechos irrenunciables que permiten la convivencia segura y pacífica.

Es la sensación de sentirse libre de temor y amenazas y esta estrechamente relacionado con los derechos ciudadanos.

Es la percepción de tranquilidad en los espacios donde se desarrollan las

principales actividades de vida. Esto incluye la ausencia de violencia y la percepción subjetiva de tranquilidad.

El proceso mediante el cual el Estado a través de sus instituciones garantiza a los pobladores de un territorio una estabilidad social, económica, política y personal.

PANAMÁ señala que desde los distintos escenarios, la seguridad ciudadana se percibe como las condiciones sociales, políticas, económicas y ambientales óptimas para que la vida ciudadana esté protegida con sus posibilidades y de actuar sin limitaciones. Tiene que involucrar la garantía de la integridad del individuo y certeza de sus obligaciones políticas y económicas. Se trata en todo sentido de generar a través de los mecanismos disponibles para controlar los aspectos punibles y de represión, sin descuidar la prevención a los sectores más vulnerables.

El Vice Ministro del Interior y Policía de la REPÚBLICA DOMINICANA apunta que la seguridad ciudadana consiste en brindar a la población la garantía de sentir la protección tanto de la integridad física como de sus bienes.

II.2. Los componentes principales de la seguridad ciudadana

Los países comparten en este punto algunas de las características que debería incluir el concepto de seguridad ciudadana. Tomando como referencia la frecuencia con que aparece cada uno de los componentes, pueden listarse en el siguiente orden: 1. El componente que aparece con mayor frecuencia es el referido a la prevención

del delito. COSTA RICA, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA y PANAMÁ mencionan este aspecto de prevención como un elemento que permite a las personas acceder a mecanismos de inserción y garantizar su productividad en la sociedad.

2. El segundo aspecto que aparece de manera reiterada es el referido a la

necesidad de la participación de la población y su incidencia en políticas publicas. Así, COSTA RICA, GUATEMALA, HONDURAS y NICARAGUA resaltan este

tema, vinculándolo a la incidencia en políticas públicas y la creación de espacios seguros.

3. En tercer lugar se ubica la necesidad de establecer un diálogo social y

mecanismos de concertación y coordinación entre diferentes actores. Tanto

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GUATEMALA como NICARAGUA y HONDURAS expresan la necesidad de contar con dichos mecanismos, incluyendo la funcionalidad y capacidad de respuesta de cada una de las entidades de gobierno a nivel local.

4. HONDURAS, NICARAGUA Y PANAMÁ resaltan la importancia de la educación

ciudadana como elemento primordial para la prevención de la violencia 5. COSTA RICA y NICARAGUA ubican como componente de la seguridad ciudadana

el respeto y ejercicio de los derechos fundamentales del ser humano, como el derecho a la vida, el derecho a la identidad, a su seguridad moral, física, al libre desarrollo, al bienestar, la salud, empleo, educación; también de una igualdad ante la ley de todos los ciudadanos comunes y corrientes; de libertad de conciencia, la libertad de información, de opinión, de expresión.

6. La transparencia en el sistema judicial y de seguridad es mencionado por

NICARAGUA y REPÚBLICA DOMINICANA 7. COSTA RICA y NICARAGUA señalan la importancia de contar con políticas públicas

y estrategias para enfrentar los problemas de inseguridad ciudadana Otros aspectos que aparecen (con una sola mención) son los siguientes:

Salud y seguridad alimentaria, empleo, marco legal e institucional en seguridad, vulnerabilidad del sistema político vigente, sensacionalismo de los medios de comunicación sobre el tema. (HONDURAS)

Claridad en el diagnóstico y contener la gestión de riesgo, de esta forma los

estamentos de seguridad podrán enfrentar organizadamente cada situación. Control de la delincuencia y violencia callejera, incluyendo la violencia doméstica. Es importante que las normas sociales y legales sean acorde con la realidad de cada territorio y de reconocimiento de los ciudadanos. (PANAMÁ)

Fortalecimiento Institucional y equitativa distribución de las riquezas del país. (REPÚBLICA DOMINICANA)

III. Marco competencial. Descentralización

En el caso de COSTA RICA la seguridad ciudadana como parte de las competencias municipales, solo se encuentra normada vía reglamento en los municipios donde se da este servicio municipal, no así en el Código Municipal, ni en ninguna otra ley especial, no existe un marco regulatorio especifico para la creación de la policía municipal.

De ahí que la Policía Municipal, que se ha constituido en ciertos municipios obedece a una labor de coadyuvancia con la Policía Nacional, básicamente su función se sustenta en un voto de la Sala Cuarta de la Sala Constitucional que dice: 1- “la Sala ha entendido en el sentido de que “velar por la seguridad de las personas y el orden público, mediante una acción coordinada con las autoridades y

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entidades nacionales” (inciso 9, artículo 4 del Código Municipal hoy día derogado) como función municipal, está limitada a ser ejecutada en un ámbito local determinado (usualmente expresado como jurisdicción territorial) y por ello su operación y funcionamiento deben quedar regulados, coordinados y estructurados de tal forma que no interfieran con las competencias de origen constitucional atribuidas -en este caso al Poder Ejecutivo- eliminando así del todo la posibilidad de que existan choques de competencias con las ramas que integran la fuerza pública en sentido estricto. 2. “que se ha venido entendiendo la participación de la policía municipal, desde el punto de vista de la vigilancia y control de los servicios propiamente comunales, como por ejemplo, el cuidado de los parques, la protección de los edificios municipales, el control sobre las ventas estacionarias y ambulantes, la fiscalización sobre los patentados de licores y centros de juegos permitidos, así como las acciones que deriven como consecuencia de esta fiscalización, todo ello, considerando a la Municipalidad como institución encargada de los intereses y servicios locales.” Es así, como se ha reconocido que es facultad de las municipalidades velar por la seguridad de las personas y el orden público, de tal forma que los gobiernos locales pueden crear los cuerpos policiales municipales requeridos para ello. Finalmente cabe agregar, que la facultad de crear la Policía Municipal se instituye en el Código Municipal vigente, Ley Nº 7794 del 30 de abril de 1998, en el artículo 4, inciso c) que es la norma que desarrolla el precepto contenido en el artículo 170 constitucional. Este artículo indica en lo que interesa “Artículo 170: Las corporaciones municipales son autónomas (...)”. Por su parte el artículo 4 inciso c) señala en lo que interesa: “Artículo 4: La municipalidad posee autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. “inciso c): Administrar y prestar los servicios públicos municipales.

GUATEMALA señala que el debate sobre si descentralizar las competencias propias de la seguridad ciudadana, parte del reconocimiento que por naturaleza la cobertura de las políticas públicas en esa materia corresponde, por mandato constitucional, a las instancias del gobierno central; pero al mismo tiempo, también ha avanzado el reconocimiento sobre la importancia de la presencia del Estado en los territorios, que incluso ha pasado a ser una demanda creciente, factor de tensiones e inc luso de escenarios de conflictividad local.

Ese debate se alimenta de otras realidades: la creciente disposición de más recursos en manos de los gobiernos subnacionales, así como el creciente reclamo sobre las autonomías de los municipios y sus administraciones. De allí la tendencia a reconocer que las llamadas políticas públicas municipales e intermunicipales garantizan mayor y mejor democracia local, como expresiones de la madurez de las organizaciones y autoridades municipales.

Resulta evidente la transformación del espacio local de la gestión pública, entendido como el avance de lo local en las agendas nacionales y globales. El municipio actual

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es diferente y en renovación constante. Ello supone nuevos compromisos sociales y políticos para aras de la mayor transparencia y legitimidad ciudadana en las decisiones del Estado. Esa realidad resiente de las acciones administrativas institucionales impulsadas desde lo central. La demanda central está en generar instrumentos capaces de transformar realidades territoriales subnacionales, reconociendo que el traslado a esos escenarios exige responsabilidades y conocimientos de nueva generación de líderes emergentes y funcionarios territoriales. El municipio es, por tanto, el primer indicador de la capacidad institucional para la generación de generación de respuestas estables y sostenibles. Ello se expresa, especialmente, en los ámbitos prioritarios, donde la seguridad ciudadana se sitúa como una de las dos principales demandas al Estado. Al mismo tiempo, el municipio representa un escenario de múltiples retrasos y rezagos en materia social, desarrollo económico, infraestructura estratégica, sostenibilidad ambiental, y más recientemente, como ámbito para la multiplicación de diversas expresiones de la criminalidad, especialmente, del crimen organizado.

Superar la lógica de considerar a los gobiernos municipales como instrumentalizadores o ejecutores de políticas nacionales, es un desafío de primer orden. Esto supone considerar la existencia de una lógica contraria, donde los municipios ganan atribuciones, espacios de decisión y autonomía; pero los otros ámbitos son los decisivos en las políticas a emprender. En todo caso, existe una doble articulación del municipio: i) de sus espacios internos; ii) relación con lo nacional.

La importancia del municipio radica en que agrega valor a la visión concreta del Estado y su relación con el ciudadano (cuyos indicadores en Guatemala son poco alentadores), en la medida en que logre entender y sumarse a las nuevas lógicas y exigencias locales, que en seguridad son más demandantes que en otras dimensiones de la gestión pública.

En GUATEMALA, como en el resto de los países de la región, las competencias a las

municipalidades pueden ser delegadas cuando forman parte de las funciones que el Código Municipal (Dto. 11-2002) le otorga. El artículo 1 del reglamento de la Ley de Descentralización (Acuerdo Gubernativo 312-2002), para efectos de la descentralización reconoce y clasifica por su origen 3 tipos de competencias: a) Competencias exclusivas, atribuidas conforme a la Constitución de manera exclusiva; b) Competencia atribuida por la descentralización, la que ejerce el municipio, las atribuidas por el Estado o la comunidad legalmente organizada, por efecto de la descentralización; y, c) Competencia concurrente, la que se ejerce por más de un nivel de gobierno atiendo ámbitos territoriales, de manera conjunta o complementaria, por dos o más entidades del Estado con delimitación precisa de las áreas de responsabilidad. Dos estrategias son fundamentales: a) fortalecer el sistema de coordinaciones entre niveles de gobierno que sienta precedente de política pública; b) establecer el primer marco de competencias sectoriales que gradualmente deben trasladarse al municipio.

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Esta primera etapa no solamente es compleja sino que eventualmente genera debates sobre la presencia territorial de los entes sectoriales en el municipio. En esta etapa, la rectoría de competenciales queda en manos de los entes sectoriales. Para algunos esto podría generar debilidades del gobierno municipal, esta crítica queda superada al establecerse acuerdos y pactos entre los gobiernos municipales y los entes sectoriales. En términos de gestión municipal, las competencias corresponden al servicio público organizado, presupuestado, administrado y aprobado por el Concejo Municipal. Sin embargo, en términos de la ampliación de coberturas en los que se busca mejorar condiciones de salud, educación vivienda, infraestructura (básica, vial, productiva), seguridad ciudadana, las competencias pasan a formar parte de acciones estratégicas de la administración municipal. Generalmente aquellas competencias que pasan a formar parte de agendas de desarrollo, son las atribuidas por delegación (Las competencias atribuidas son las que el Gobierno Central delega a los municipios mediante convenio y se ejercen en los términos de la delegación o transferencia respetando la potestad de autoorganización de los servicios del municipio establecidos en este Código. Art. 6, inciso del CM) La descentralización en esta etapa busca inscribirse y sumarse al plano de las acciones estratégicas de la administración municipal para fortalecer la ampliación de coberturas en el marco de la agenda de gestión territorial. Es esa la verdadera dimensión de la descentralización en Guatemala: sentar precedente de política pública en forma gradual, articulando acuerdos entre niveles de Gobierno.

Aún no se reconoce que el principal objetivo de la descentralización es el municipio como sujeto clave del proceso donde se debe generar esfuerzos para elevar capacidades de gestión para que la administración de servicios y ampliación de coberturas de servicios públicos, particularmente de la agenda social. Este desconocimiento es notable por la confluencia de inversiones territoriales de los entes sectoriales y fondos sociales al margen del gobierno municipal. La existencia de estructuras de poder intermedio a nivel departamental, como el gobernador, refuerzan y replican prácticas centralistas. Ese eslabón es fundamental en cuanto a seguridad ciudadana, el gobernador departamental tiene una dualidad de funciones, donde la función de coordinar a las fuerzas de seguridad es prioritaria bajo la supervisión del Ministerio de Gobernación.

Opción para el traslado de competencias12

La descentralización supone la transferencia desde el nivel central al nivel local (municipal) el poder de decisión, la titularidad de la competencia, las funciones, los recursos de financiamiento para la aplicación de las políticas públicas nacionales, a través de la implementación de políticas municipales y locales en el marco de la más amplia participación de los ciudadanos y ciudadanas. Desde ese plano, la seguridad ciudadana continuará siendo un eje prioritario que se impulsará a doble plano: lo central para labores de diseño, impulso, mayor dotación de recursos,

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monitoreo y evaluación, y lo local, para efectos de respaldo, recursos adicionales, conocimiento del territorio y penetración a nivel comunitario.

El diálogo de políticas, al interior de la institucionalidad del gobierno central, constituye un factor decisivo para la implementación de mejores niveles de coordinación. Ello significa.

• un renovado compromiso de las autoridades sectoriales en establecer mejores coordinaciones en el territorio, tanto con el nivel de dirección como en el plano operativo.

• modificar las políticas sectoriales, para encontrar con claridad, las posibilidades reales de traslado de competencias hacia los gobiernos municipales.

• Establecer los recursos financieros que serán trasladados para apuntalar el proceso de descentralización.

• Programa regulares de fortalecimiento municipal (acompañamiento técnico y político de las administraciones locales).

Esas acciones, previas a la puesta en marcha del modelo de competencias delegadas de los entes sectoriales a los gobiernos municipales, pueden convertirse no solo en el debate del reparto de funciones y responsabilidades, sino en la oportunidad real para anclar la descentralización en Guatemala. Para algunos críticos del tema, lo primero es fortalecer el municipio para que cumpla con las funciones que le han sido delegadas. Para otros, las competencias deben ampliarse al municipio en razón de la atención de coberturas. Como mecanismo articulador, se propone un reparto gradual de funciones y competencias de carácter estructural con sentido de gradualidad. Es decir, preparar condiciones a partir de acuerdos y pactos en los que se deleguen competencias sectoriales que más tarde se conviertan en funciones exclusivas del municipio.

El marco legal vigente para la delegación de competencias13.

A partir de los artículos 6 y 7 de la Ley Marco de Descentralización (Decreto 14-2002 del Congreso de la República), se establecen criterios de carácter legal que identifican la gradualidad del proceso de transferencias (incluyendo competencias) a las municipalidades y las prioridades que la descentralización reconoce: educación; salud y asistencia social; seguridad ciudadana; ambiente y recursos naturales; agricultura; comunicaciones, infraestructura y vivienda; economía; cultura, recreación y deporte.

El artículo 5 del Reglamento de la Ley General de Descentralización, establece que el marco de la descentralización deberá entenderse a partir de la delegación de competencias en los que se prevea los recursos financieros para su ejecución. Asimismo, el Artículo 6 del mismo reglamento establece los destinatarios de las delegaciones competencias que prevé el modelo de descentralización vigente y en los que se reconocen 4 destinatarios: Municipalidades, mancomunidades de municipios, demás entidades del Estado y comunidades legalmente organizadas con participación de las municipalidades.

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La Política Nacional de Descentralización, resalta que la descentralización de competencias a partir de la gestión descentralizada del territorio, entendiendo en ello el reparto en contextos de eficiencia. Asume en esa línea en el objetivo 7.1.1 la transferencia de competencias a partir de la desconcentración de competencias en el departamento y la descentralización de los mismos a los gobiernos municipales. La delegación de competencias, una estrategia de cooperación y coordinación entre niveles de Gobierno

Es evidente que los desequilibrios históricos del poder público centralizado en el ejercicio y distribución de recursos (financieros principalmente) generaron y genera actualmente enormes asimetrías entre lo rural y urbano. La decisión política de la descentralización vigente en Guatemala retoma la discusión de las asimetrías a partir del reparto de competencias, siguiendo el marco de la delegación del ente sectorial al gobierno municipal.

Es importante destacar que entre el Decreto 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo y el Decreto 14-2002 Ley General de Descentralización, en lo relativo a la delegación de competencias, existen similitudes para implementar procesos de carácter administrativo que coadyuven a generar en forma masiva la delegación de competencias. Existen oportunidades para desarrollar estrategias de cooperación bilateral que tengan como marco dos objetivos: i) fortalecer la capacidad y gestión pública territorial de municipio; ii) fortalecer la agenda social municipal mediante la ampliación de coberturas de los servicios públicos.

La delegación de competencias, tal como lo expresa el marco jurídico actual, eventualmente puede ser reversible por mantener la autoridad delegante el poder sobre la misma. Para equilibrar el pleno control y evitar revocatorias a los convenios, se hace necesario establecer una estrategia de cooperación capaz que sentar precedente de política pública en las relaciones ente sectorial-gobierno municipal que haga irreversible este proceso.

En el caso de HONDURAS el proceso de descentralización ha venido avanzado paulatinamente, su trayectoria inicia desde los años 90 con la emisión de la Ley de Municipalidades en octubre de 1991, dotando a los gobiernos locales de autonomía propia que les permite organizarse y funcionar de forma independiente de los poderes del Estado. Durante estos últimos 20 años la Ley de Municipalidades ha tenido varias reformas, siendo una de las principales el aumento de la transferencia (del 5% al 10 % para el año 2013) que el gobierno central transfiere a las municipalidades. A pesar de estas iniciativas y de la incidencia política que han realizado los municipios para impulsar la descentralización, este proceso ha retrocedido ya que la tasa de seguridad que era cobrada por los municipios fue sustituida por decreto legislativo numero 105-2011 Ley de seguridad poblacional, la cual es administrada desde gobierno central. Obviando que la mayoría de los casos, son las municipalidades las que apoyan económicamente a la policía nacional de su

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territorio con la compra de combustible, mantenimiento de patrullas, construcciones y mantenimiento de postas, compra de vehículos, entre otras. Finalmente, el Poder Ejecutivo ha estado socializando desde finales del año 2012 una propuesta de reforma a la Ley de Municipalidades, mediante la cual se destinaría a proyectos y programas del sector seguridad el 20% de la transferencia que el Estado hace anualmente a cada municipio. Dicho monto podrá incluir apoyo a la Policía Nacional, incluyendo asignaciones para el pago de sueldos del personal contratado en las diferentes actividades relacionadas con el sector, construcción, reparación y mantenimiento de la infraestructura física, equipos de seguridad y otros gastos relacionados.

En HONDURAS, el marco legal que determina las atribuciones y las competencias de las administraciones públicas, nacional y local, en el sector de seguridad ciudadana, se encuentra establecido básicamente en la Constitución, la Ley de Policía y Convivencia Social, la Ley de Municipalidades y la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Según la Carta Magna de Honduras, los Gobiernos locales pueden nombrar libremente a los agentes de policía, que costeen con sus propios fondos. El marco jurídico dispone que debe existir una coordinación entre los Gobiernos nacional y local, pero ciertas disposiciones legales hacen que se mantenga la intervención del Gobierno central en el municipio. En tal sentido, la Ley de Policía y Convivencia Social “da la impresión de que las municipalidades están a disposición de las fuerzas de policía nacional” (Orellana 2003). La misma Ley de Policía y Convivencia Social dispone, además, que en casos de emergencia, desastre o calamidad grave y perturbación del orden la policía nacional podrá, en coordinación con la Municipalidad, tomar entre otras las siguientes medidas: - Ordenar la construcción de obras y la realización de tareas indispensables para

impedir, disminuir o detener los daños ocasionados o que puedan ocasionarse. - Impedir o regular en forma especial la circulación de vehículos y de personas en

la zona afectada o establecer temporalmente este tránsito por predios particulares.

- Ordenar la desocupación de casas, almacenes y tiendas o su cierre temporal, la suspensión de reuniones y el cierre de establecimientos.

- Mantener el orden y colaborar en el aprovisionamiento y distribución de víveres, medicinas y otros servicios humanitarios y de emergencia, así como médicos, clínicos y hospitalarios.

- Organizar campamentos para la población que carezca de techo en coordinación con los organismos de socorro.

Otras funciones policiales que la legislación establece para las municipalidades son las siguientes:

Cumplir y hacer cumplir ordenanzas municipales y el Plan de Arbitrios en materia de ornato, aseo e higiene

Supervisar, controlar y regular espectáculos y establecimientos de recreación

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Supervisar, controlar y regular señalamiento vial, cementerios, rastros, procesadoras de carnes, crematorios, terminales de transporte y mercados

Autorizar y controlar vendedores ambulantes

Extender o negar permisos de apertura de negocios

Comprobar medidas especiales de seguridad en instalaciones, industriales, comerciales y de servicio que generen impacto ecológico

Garantizar el libre tránsito en las vías públicas urbanas y aplicar restricciones en el uso de las vías

Por mandato legal, las Municipalidades deben contar con una Dirección de Policía Municipal, cuyas funciones son complementadas con las competencias de un Departamento de Justicia en cada municipalidad.

Por su parte, el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, establece que la Secretaría de Seguridad por medio de la Policía Nacional le compete velar por la conservación del orden público; la prevención, control y combate de los delitos, faltas e infracciones; proteger la seguridad de las personas, su vida, su integridad física, síquica y moral, sus libertades, bienes y derechos; auxiliar en la preservación del medio ambiente, de la moralidad pública y de los bienes estatales; ejecutar las resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones emitidas por las autoridades y funcionarios públicos, y el auxilio a los poderes públicos, dentro del marco de la Ley; la seguridad en la migración legal y del tráfico ilegal de personas; la represión del crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos; la regulación y control de los servicios privados de seguridad, el registro y control de actividades potencialmente riesgosas para el mantenimiento del orden público tales como la producción, comercialización y tenencia de químicos, armas, explosivos y similares así como otras actividades susceptibles de ser instrumentadas para la comisión de delitos. De la misma manera el artículo 12 de la citada ley establece que: “Los Gobernadores Departamentales y Alcaldes Municipales inspeccionarán en cualquier tiempo el funcionamiento de la actividad policial en lo relativo al servicio a la comunidad; sin embargo, en ningún caso, su intervención podrá obstruir las investigaciones y el combate de los delitos, faltas e infracciones, so pena de responsabilidad. Los resultados de estas inspecciones deberán ser informados a las autoridades superiores de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, para los correctivos del caso.

Las autoridades policiales, deberán coordinar sus actividades con las autoridades departamentales y municipales, en instancias de participación ciudadana, para optimizar los resultados y generar un clima de seguridad y solidaridad. Los gobernadores, los alcaldes y las alcaldesas, los comités u organizaciones de seguridad ciudadana y las demás instancias de participación de la sociedad, deberán ser oídos por las autoridades de la policía con la periodicidad adecuada; tendrán derecho a participar en la planificación, elaboración, ejecución, monitoreo y evaluación de las estrategias y programas locales de seguridad que afecten sus respectivos términos territoriales.

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Lo referente a los comités u organizaciones de seguridad ciudadana será objeto de reglamentación.

NICARAGUA no ha avanzado en procesos de descentralización, pese a contar con una Política y una Estrategia aprobadas desde el año 2003. No existe dentro de las competencias municipales ninguna referida a la seguridad ciudadana, como no sea la articulación con la Policía Nacional. Sin embargo, en la práctica, las municipalidades desarrollan, en coordinación con la Policía Nacional una serie importante de actividades vinculadas a la prevención del delito.

REPÚBLICA DOMINICANA plantea que la descentralización, en tanto nuevo paradigma de la administración política del Estado para lograr que éste sea además de más eficiente, más democrático, plantea una nueva visión del desarrollo, de la organización del territorio y del marco competencial de las unidades político administrativo que configuran el Estado14. Descentralización, desarrollo local y el territorio como espacio privilegiado de la acción política, no son temas que surgen de manera casual, surgen a finales del pasado siglo como consecuencia del desarrollo de la conciencia de los sustanciales cambios que se han operado en el Estado moderno. También por una necesidad de un nuevo enfoque de las funciones del Estado en esta nueva época de transformaciones en la forma de producir la riqueza, en la estructura de los grupos y clases sociales y en la manera en que a estas afectan las relaciones que establecen estas instituciones. De igual modo, se han acentuado las diversas formas de criminalidad, de criminalización de diversas actividades económicas, variadas manifestaciones de violencia particularmente la de género o feminicidio, la violencia que es consustancial a la exclusión social y al fenómeno de la inseguridad ciudadana. Estas nuevas manifestaciones de estos problemas, se constituyen en retos ineludibles para la sobrevivencia del Estado en sentido general y del poder local en particular. Es eso lo que demuestra la pertinencia de las políticas descentralizadora de funciones y las responsabilidades de los gobiernos locales de asumirlas para mejor eficiencia de ambos y además, por el reconocimiento de que es en las comunidades locales donde radica la real soberanía del pueblo. Aceptado ese principio, el tema de la seguridad ciudadana, resulta clave para toda política orientada hacia el desarrollo y por vía de consecuencia, para la consecución del bienestar colectivo Ello así, porque en aquellos países donde se ha apostado a la descentralización del poder, situando al centro de la misma la gestión municipal desde una perspectiva de una oferta de servicios públicos eficientes y con determinados niveles de inclusión social, se han logrado los indispensables niveles de gobernabilidad, que es la base para el diseño de cualquier política de seguridad ciudadana. Por otro lado, la descentralización no es una simple medida político/administrativa, sino un pacto de gobernabilidad, no necesariamente escrito, entre diversos actores político con la finalidad de institucionalizar una práctica política para desarrollar las

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Documento Base de República Dominicana

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potencialidades del territorio y del tejido social de este, para democratizar la sociedad desde una perspectiva de participación efectiva de la comunidad y del establecimiento del estado de derecho. En ese sentido, el éxito de todo proceso descentralizador descansa en la capacidad de los actores de llegar a acuerdos para la democratización de la sociedad toda. Sólo con pactos de gobernabilidad realmente democráticos se puede pensar en que los gobiernos locales y centrales asuman sus respectivas competencias con reales posibilidades de que éxitos, sobre todo en lo relativo a la seguridad ciudadana que si bien debe ser enfocada desde la perspectiva de las particularidades locales, la misma, como ningún otro problema, tiene una dimensión nacional. Por tal razón la seguridad ciudadana no puede ser abordada sin una clara puesta a punto de la naturaleza del sistema político del país de que se trate. Las tradiciones democráticas, la cultura política y los sistema de toma de decisiones son vitales enfocar el tema de la seguridad ciudadana teniendo como punto de referencia el estado en que se encuentra el tema y la práctica de la descentralización y, naturalmente, de la claridad que pueda tener el marco competencial del municipio y de gobierno central del país de que se trate.

Seguimos siendo una de las regiones con mayores niveles de desigualdad social, de injusta distribución espacial y poblacional, de los peores en términos de oferta de servicios y de igualdad de oportunidades. Esos indicadores generalmente están asociados a los fenómenos de criminalidad y por ente, de inseguridad ciudadana.

En REPÚBLICA DOMINICANA, el tema de la seguridad ciudadana está centralizado. Se está en el ejercicio de un proceso de Descentralización La coordinación de las políticas15

Las relaciones intergubernamentales y la coordinación como proceso de gestión en lo público constituyen el equilibrio que articula los engranajes en el entramado de la acción pública. Esa perspectiva es más evidente en procesos de política pública de alto impacto, encabezado por la seguridad ciudadana. ¿Hasta donde pueden las dinámicas de coordinación impactar e incidir en el resultado de las agendas de gobierno en esa materia?, ¿pueden los actores claves aumentar la efectividad de las políticas de seguridad ciudadana, en términos de recursos, política y tiempo? Contrario a lo que sucede en otros países latinoamericanos, donde las competencias en materia de seguridad ciudadana están articuladas desde el plano local, o bien, con concurrentes, en Guatemala se formulan y ejecutan en forma central. En los últimos 10 años se ha implementado acciones para favorecer la coordinación entre gobierno central y las municipalidades, conscientes que los desafíos en la materia han adquirido una marcada tendencia hacia lo territorial, donde cada región (departamentos y municipios) expresan diversas manifestaciones que no se pueden generalizar hacia lo nacional.

Abordar la coordinación intergubernamental como herramienta para promover, articular y consolidar las políticas públicas asociadas a la seguridad ciudadana en el ámbito local, nos coloca frente a dos dilemas: a) Entenderla como la acción política

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Documento Base de Guatemala

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dinamizadora de procesos en el que intervienen factores que alteran, reducen o anulan resultados. En ese sentido, los distintos abordajes en materia de seguridad, tanto a nivel preventiva como operativa, complejizan el escenario, sumado a la presión por presentar resultados de corto plazo para contrarrestar el crecimiento del fenómeno; y, b) situarla como una técnica aplicada a circunstancias que motivan acuerdos o negociaciones. Se requiere que gobierno central y municipal articulen orientaciones, recursos, responsabilidades para enfocar las prioridades a atender. La clave de la coordinación entre distintos niveles de gobierno (central y local), implica la interconexión, en el marco de determinadas prioridades y el reparto de responsabilidades, para actores que asumen objetivos y resultados comunes que buscan coincidencias en sus mandatos para el cumplimiento de agendas y procesos establecidos en el mapa administrativo de gestión. La coordinación, la entendemos en su expresión pública, como el instrumento de gestión que dota al funcionamiento de procesos administrativos gubernamentales de un amplio marco de relaciones interinstitucionales que derivan generalmente en un entramado de sistemas y modalidades de articulación; algunas veces armonizados para alcanzar un objetivo o en su defecto, obstáculos originados por factores externos a la administración pública que influyen para alterar u obstaculizar planes, programas y proyectos. Los desafíos de la seguridad ciudadana brindan ese marco de oportunidades y limitaciones. El gobierno central ha puesto en marcha, como uno de los tres pactos centrales de su gestión, el denominado Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz. En su implementación, propone el involucramiento de los gobiernos locales como espacio de recursos y para legitimar los objetivos previstos. Desde ese plano, la coordinación presenta un escenario asimétrico de relaciones y hasta cierto punto, pasivo de las municipalidades, para responder a lo ya establecido. Esa realidad corrobora lo señalado por Leonardo Garnier, quien afirmar que la “la coordinación, si bien tiene un alto componente técnico, es una función esencialmente política. La coordinación no se reduce simplemente a “hacer compatibles” unas acciones gubernamentales con otras, a hacer compatibles unos programas con otros…”. En realidad, se trata del conjunto de acciones orientadas a reducir esas asimetrías y a involucrar más plenamente a las instancias del municipio (municipalidad, consejos de desarrollo municipal COMUDES y otros actores representativos) en la definición, priorización y seguimiento de actividades. Si bien las acciones de política pública en seguridad ciudadana tienen su principal asiento desde el plano central, donde los instrumentos político, administrativos-financieros y técnicos tienen mejores asideros y armonizan las rutas de proceso para alcanzar objetivos también diseñados centralmente, es menester reconocer que esos núcleos, tradicionalmente resistentes a la coordinación, han ido modificando esa predisposición, debido a la magnitud y alcance de los fenómenos asociados, así como por los altos costos de transacción que implica el proceso si se siguen impulsado verticalmente. Esos costos de transacción adquieren dimensiones que superan la ruta de trámite administrativo, donde es importante tener en cuenta dos elementos: i) la función estratégica de la coordinación como instrumento de política de las relaciones intergubernamentales; ii) los resultados medibles en costo y beneficio social del proceso sometido a la participación de diversos actores en diversos niveles y espacios.

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En materia de coordinación, es importante reconocer que en los niveles de gobierno territorial se destacan espacios de poder intermedios entre el gobierno central y el gobierno municipal que generalmente ejercen, no solamente influencia de carácter político, sino en la asignación de recursos financieros. Las gobernaciones departamentales16, que paralelamente ejercen la presidencia de los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural -CODEDES- asumen funciones de carácter político administrativo en la asignación de recursos de inversión en el nivel municipal. Adicionalmente a los espacios de poder departamental se agrega la influencia que ejerce los diputados distritales (electos a nivel departamental) generando espacios de poder que colisiona con los intereses de gestión y los intereses políticos. Hasta ahora el anclaje de la descentralización a nivel departamental no ha significado la construcción de agendas de corto plazo. Las estructuras de asignación de recursos territoriales a nivel departamental no contemplan la profundización de servicios públicos territoriales transferidos o delegados por los entes sectoriales a nivel nacional. Los espacios intermedios de gobierno departamental, por ahora, no son parte de la estrategia de descentralización. Son, más bien, brazos ejecutores de las políticas y acciones definidas desde lo central. Hasta ahora el diálogo entre el Gobierno central y Gobiernos municipales necesitó de mayores espacios para creer y pactar asuntos de corto plazo. Los gobiernos, incluso los más recientes, no se han comprometido a extender y profundizar el fortalecimiento del municipio; tampoco han construido el marco institucional que abra nuevos canales para ampliar la base democrática y participativa del municipio. En general, en todos los país de la región existe una cultura centralizadora y presidencialista, que se expresa en una clara ambigüedad de los marcos competencias de los gobiernos centrales y locales, solapándose algunas veces y/o el gobierno central asumiendo competencias que son de los poderes locales. La corrupción que no deja de expandirse, determina que la política se haya convertido en una fuente acumulación originaria de capital para las elites políticas y que los partidos hayan devenido en una suerte de corporaciones político/económicas. La concepción patrimonialista del Estado, determina una idea de las políticas sociales para fines clientelares, desafortunadamente esa cultura permea todas las instancias del poder de la que no se excluye el social. Es frecuente que los gobiernos locales permitan que el gobierno central les resuelva algunos temas que son de su competencia, tales como arreglo de calles, de vías de comunicación cuyo arreglos y/o mantenimiento les corresponden a los ayuntamientos, alcantarillado pluvial y del tránsito y vialidad urbana. También de fomento de actividades agrícolas etc. Esa circunstancia, estaría consolidando la cultura de que "papá Estado" o "papá Presidente de la república" son quienes resuelven los problemas y a ellos se les

16

En Guatemala la estructura política territorial está conformada por 22 departamentos en los que, el Presidente de la República designa al gobernador, quien asume la representación territorial del gobierno central. Por ley el gobernador es el presidente del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural.

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dirigen muchas demandas. Según Latinobarómetro 2012, República Dominicana ocupa el tercer lugar, 18.3, entre los país de mayores relaciones entre ciudadanía y gobiernos locales, sólo superado por Haití, y Los Estados Unidos, 21.2 y1.8. Sin embargo en el caso dominicano, según esa encuesta, de las personas que se le preguntó que si el gobierno local le había resuelto su demanda plantea, sólo un 73.9 dijo que sí. Ocupamos un tercer lugar en relacionamiento de la comunidad con lo gobiernos locales, antes éramos los primeros, pero somos de los últimos en cuanto expresión de satisfacción de la población sobre la oferta de servicios municipales. En esas condiciones, se está evidenciado una pobre capacidad de estos gobiernos de asumir adecuadamente sus competencias y así es muy difícil que sus autoridades puedan asumir su adecuadamente su rol de gobierno descentralizado y, naturalmente un papel efectivo en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad. Volvemos, de ese modo al meollo del problema, a lo que parece ser un círculo vicioso: la descentralización es una oportunidad para mejor enfrentar exitosamente el flagelo de la inseguridad, pero para ello tiene que ser eficiente en cuanto a la gestión de sus servicios. El gobierno central, con sus instituciones judiciales y policiales, puede encontrar en los gobiernos locales los mejores aliados para mejorar en todo el territorio nacional las condiciones de seguridad de la población, pero esto es sólo posible cuanto en todas las instancias del Estado se asuma la descentralización en la perspectiva que se ha desarrollado en este texto. El mejor activo para producir un clima de seguridad es la gente, pero esta se siente integrada realmente a sus autoridades, no solamente porque esta le permita su participación en la toma de decisiones en las instancias donde estas se toman, sino cuanto esas autoridades son capaces de hacer una buena gestión de los servicios, cuando éstas asumen de hecho y no sólo de derecho sus competencias como entes descentralizados del Estado. Esto es el mejoramiento de las capacidades institucionales para supervisar, gerenciar y controlar el sector y se refiere fundamentalmente a los parlamentos y ministerios responsables.

Distribución de competencias entre niveles de gobierno

HONDURAS

Competencia Del

Gobierno

Central

Propia del Gobierno

Local

Compartida o

concurrente

Velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate de los delitos, faltas e infracciones; proteger la seguridad de las

personas, su vida, su integridad física, síquica y moral, sus libertades, bienes y derechos; y demás que la ley le confiere. (Ley Orgánica de la

Policía Nacional, art. 3

X

Emitir ordenanzas encaminadas a la prevención de la delincuencia e inseguridad.

X

27

Competencia Del

Gobierno

Central

Propia del Gobierno

Local

Compartida o

concurrente

La Ley de Municipalidades en su art. 14 numeral 3 establece como objetivo “alcanzar el bienestar social y material del municipio, ejecutando

programas de obras públicas y servicios”. En base a lo que establece la Ley, las municipalidades destinan fondos es su

presupuesto para programas y proyectos orientados a la prevención de la violencia y la delincuencia a través de actividades con jóvenes

y niños, espacios recreativos, promoción del deporte, y fomento de la cultura en sus territorios.

X

Coordinar acciones con otras instituciones del

Estado en materia de Seguridad X

NICARAGUA

Competencia Del

Gobierno

Central

Propia del Gobierno

Local

Compartida o

concurrente

Auxiliar o proteger de manera inmediata a toda persona que así lo requiera y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se

encuentren en situación de peligro por cualquier causa.

X

La policía de común acuerdo con las alcaldías podrán destinar fuerzas, bajo el mando del Jefe

de Delegación de la policía departamental, a objeto de cumplir funciones de vigilancia y otras que disponga la Ley de Municipios en sus

respectivas jurisdicciones. Para estos efectos las alcaldías asumirán el presupuesto correspondiente.

X X

Proteger la vida, la integridad, la

seguridad de las personas y el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos; asimismo es responsable de la

prevención y persecución del delito, la preservación del orden público y social interno, velar por el respeto y preservación de los bienes

propiedad del Estado y de los particulares, brindar el auxilio necesario al Poder Judicial y a otras autoridades que lo

requieran conforme a la Ley para el cumplimiento de sus funciones.

X

Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicas, vías de comunicación terrestre, costas,

centros y establecimientos que por su interés así lo requieran

X

Coadyuvar en coordinación con el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, las Alcaldías y

X

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Competencia Del

Gobierno

Central

Propia del Gobierno

Local

Compartida o

concurrente

Gobiernos Regionales en la vigilancia y protección del ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales.

Prevenir la comisión de actos delictivos o

cualquier forma de amenaza a las personas y sus bienes que por las vías de hecho se pretendan ejecutar.

X

Mantener o restablecer, en su caso, el orden

público y la seguridad ciudadana X

Organizar, dirigir y controlar la policía voluntaria. X X

Los Gobiernos Municipales tienen competencia en todas las materias que incidan en el desarrollo socio-económico y en la conservación

del ambiente y los recursos naturales de su circunscripción territorial. Tienen el deber y el derecho de resolver, bajo su responsabilidad,

por sí o asociados, la prestación y gestión de todos los asuntos de la comunidad local, dentro del marco de la Constitución Política y demás

leyes de la Nación.

X

Acordar con la Policía Nacional las medidas necesarias para el aseguramiento del orden público y las labores meramente municipales, de

conformidad con la ley

X

PANAMÁ

Competencia Propia Compartida o concurrente

Constitución Política de la República de Panamá,

Reformas 2004. Art. 234 y 234 sucesivamente. Prestar los servicios públicos y ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación ciudadana, así

como el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. Cumplir la Constitución y Leyes, promoviendo la participación de acuerdo a las necesidades básicas de las

municipalidades.

En conjunto a

las autoridades del gobierno central.

LEY Nº 106 de 1973 (De 8 de octubre de 1973). "Sobre Régimen Municipal". Las competencias y funciones del municipio incluyen:

i) Servicios Municipales de tipo empresarial como Mercados, Aseo y Limpieza y Cementerio; ii) Servicios Administrativos como expedición de certificados y

permisos de operación para negocios; iii) Administración judicial de primera instancia en asuntos de familia; iv) desarrollo de la infraestructura distrital; v) desarrollo

urbano incluyendo el control correspondiente; vi) servicios de emergencia ante desastres; y vii) recaudación de tributos. Adicionalmente a estas

competencias tradicionales, la administración municipal viene adquiriendo una incipiente relevancia en temas de

En conjunto a las autoridades del gobierno

central.

29

Competencia Propia Compartida o concurrente

gobernabilidad, participación ciudadana y desarrollo

social.

REPÚBLICA DOMINICANA propone que la seguridad ciudadana se constituya en una nueva competencia municipal, al igual que el desarrollo local, en un momento en que la institución municipal se encuentra en profundas dificultades para poder asumir de manera exitosa las competencias de obligado cumplimiento o deseables que tradicionalmente ha asumido o que se le ha demandado. La institución municipal, particularmente en los países de la región, se encuentra en la encrucijada de tener que asumir esas nuevas competencias, a pesar de que por razones básicamente políticas e históricas, le resulta muy difícil poder cumplir con relativo éxito las competencias que tradicionalmente ha tenido para gestionar los servicios básicos de la comunidad. Pero no es sólo la institución municipal la que tiende a tener limitaciones para el buen cumplimiento de sus competencias, sino el Estado/nación y en tal sentido,

cobra fuerza el concepto de descentralización que plantea que la real disminución de las posibilidades del Estado ser agente catalizador de los procesos de desarrollo en el ámbito nacional, objetivamente lo obliga a un proceso de reforma de sus estructuras organizativas que apunta hacia la resignación de funciones en entes locales mejor posicionados para enfrentar las demandas de la población. No se trata de que el Estado debe resignar sus competencias, sino que la tendencia mundial es la de encontrar en la organización de la comunidad, en sus diversas formas, la mejor manera de resolver sus problemas y de agenciarse los medios para tal fin.

IV. Diagnósticos

COSTA RICA informa la existencia de un diagnóstico que cubre 16 municipios, a saber:

Nro. de

municipios

que cubre

Temas del diagnóstico Elaborado por; Fecha de elaboración

16 La necesidad de mejorar la calidad de vida a los habitantes del Cantón en materia de seguridad ciudadana. La

urgencia de Equipar la Municipalidad con tecnología de punta para la seguridad: ejemplo equipo adecuado de monitoreo

electrónico en zonas críticas, Tele vigilancia Vigilar y controlar la actividad comercial

del cantón, garantizar el resguardo de los bienes de la Municipal, ejecutará labores de control y

*Planes de Desarrollo Cantonal.

*Contrataron un Asesor para el estudio.

*Por Comisión Ciudadana. *La Administración

Municipal. *Plan del Alcalde.

Entre los años 90 al 2012

30

Fiscalización tributaria y velará por la seguridad integral de la ciudadanía y de

tránsito.

Ausencia de Programas preventivos de Lucha contra la delincuencia y las drogas,

mediante charlas, acciones de participación ciudadana, convivios y dispositivos de seguridad. A la vez en

forma paralela se fomentan actividades deportivas, culturales y recreativas para niñez y la juventud con miras a generar

cambios de actitudes y comportamientos.

Con otras instituciones se debe coordinar acciones para la mejora de la vigilancia.

Enfatiza el factor preventivo por medio de la Policía Municipal

HONDURAS reporta que el número de diagnósticos que den cuenta de las especificidades en materia de seguridad en cada uno de los 298 municipios hondureños, es limitado. Sin embargo, la magnitud del problema de inseguridad es tal que en los últimos años se han incrementado los fondos –nacionales e internacionales- destinados a recabar información a nivel local. A continuación se presenta, al respecto, un resumen de los estudios y los trabajos sobre todo de la presente década que han mostrado esa realidad territorial.

Nro. de municipios que cubre

el diagnóstico Temas del diagnóstico

Elaborado por Fecha de

elaboración

A nivel General, en el tema de

violencia del crimen organizado hay un análisis por regiones: Norte, Centro Sur, Occidente,

Litoral Atlántico.

Entornos Violentos:

Contexto en el que crece la juventud en Honduras

Alianza

Internacional para la Consolidación

de la Paz (Interpeace)

2011

8 municipios: Comayagua, La Ceiba, Choloma, San Pedro

Sula, Distrito Central, Juticalpa, Choluteca e Islas de la Bahía.

Tasa de homicidios a nivel nacional y por

municipio, indicadores de homicidio, Incidencia

Delictiva, Delitos sexuales y Lesiones.

Observatorios locales de la

violencia, Centros Universitarios

Regionales. UNAH.

Se elaboró en marzo

2012, el estudio abarca los

meses de enero a diciembre de

2011 para cada uno.

Municipio del Distrito Central (Colonias del área peri urbana

Comayagüela)

Línea de Base y Diagnóstico de

Situación de Violencia

Save the Children

Enero/2010

A nivel General Diagnóstico de Violencia Juvenil de

Honduras

Alianza Joven por la Paz

2011

31

Nro. de municipios que cubre el diagnóstico

Temas del diagnóstico

Elaborado por Fecha de

elaboración

Departamento de Choluteca, de

igual manera proporciona alguna información a nivel general.

Seguridad

Ciudadana en Centroamérica, Diagnostico sobre la

situación

Instituto

Interamericano de Derechos Humanos

2000 (el

diagnóstico comprende los años de

1994 a 1997).

Violencia contra la mujer y femicidio en el Distrito Central

Femicidio o muerte violenta de mujeres, violencia física y

mujer maltratada, delitos sexuales contra mujeres y

niñas del Municipio del Distrito Central (M.D.C.)

Observatorio de la violencia, UNAH.

Se elaboró en diciembre de 2012, el

estudio abarca los meses de

enero a diciembre de 2011.

Si bien la Policía Nacional de NICARAGUA declara contar con diagnósticos y planes en todos los municipios del país, no se tuvo acceso a dichos documentos. Por su parte, funciona en el país un organismo no gubernamental, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), que realiza desde hace casi diez años y de manera regular, estudios, diagnósticos, foros y conferencias sobre el tema de seguridad y defensa, tanto de Nicaragua como del nivel regional. En ese sentido, edita una Revista llamada Mirador de Seguridad, Revista Seguridad y Sociedad, Informes de Gestión del Sector Defensa, Seguridad Pública y Política Exterior, Red de Seguridad Humana por la Prevención de la Violencia y el Delito, Diagnósticos de la Violencia a nivel municipal, Encuestas de percepcion ciudadana, estudios sobre violencia y trata de personas, política de prevención de la violencia juvenil. Para la formulación de la Política de Seguridad Ciudadana, el Ministerio de Gobernación creó la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana

17, el primer

paso en ese sentido fue la realización del primer diagnóstico nacional sobre el tema

18. El documento fue publicado en el año 2002 junto con 7 líneas estratégicas

definidas para dar tratamiento a los principales problemas identificados. El documento de diagnóstico consigna una definición del concepto, a partir de la cual se derivan las líneas estratégicas y el trabajo desarrollado hasta ahora. El punto de partida es la Constitución Política que reconoce a la seguridad ciudadana como un derecho de los nicaragüenses.

Se reconocen dos dimensiones de la seguridad ciudadana: los hechos y los sentimientos; se afirma que ambas están unidas pero no siempre se relacionan proporcionalmente. Igualmente, se reconoce un conjunto de instituciones estatales directamente relacionadas con los problemas de la seguridad ciudadana, tales como: el Ministerio de Gobernación, Policía Nacional, Dirección de Migración,

17

La Dirección existe desde el año 2000, cuando inició con el auspicio de l PNUD; sin embargo, tuvo un período de baja actividad hasta que fue reactivada en el año 2003 e incorporada formalmente al aparato de gobierno mediante el decreto presidencial 84-2004. 18

Valle, Marcos y Arguello, Ana Isabel. Diagnóstico Nacional de la Seguridad Ciudadana. Ministerio de Gobernación. Managua: 2002

32

Sistema Penitenciario, Bomberos, Asamblea Nacional, Poder Judicial, Ministerio de la Familia, Secretaría de la Juventud y Relaciones Exteriores. Entre los problemas que demandan un tratamiento prioritario el diagnóstico menciona: el consumo de drogas, las pandillas juveniles, la violencia intrafamiliar, robos y hurtos, accidentes de tránsito y abigeato. El documento también señala algunos factores que influyen en estos problemas, tales como el desempleo, la exclusión, migraciones, modelo tradicional de familia, los embarazos adolescentes, trabajo infantil y adolescente, influencia de los medios de comunicación, entre otros.

V. Legislación nacional sobre el tema

COSTA RICA

Nombre del instrumento legal Ámbito de aplicación

Fecha de promulgación

Se aplica

No se aplica

Ley de Armas y Explosivos Nº 7530 y sus reformas

Nacional 23 de agosto de 1995

si

Código Penal Nº 4573 y sus

reformas

Nacional 15 de

noviembre de 1970.

si

Código Procesal Penal Ley Nº 7594 y sus reformas

Nacional 4 de junio de 1996

si

Ley de Migración y Extranjería Nº

8764

Nacional 1 de setiembre

del 2009.

si

Ley de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles Nº 8460

Nacional 28 de noviembre del 2005.

si

Ley contra la delincuencia organizada, Ley Nº 8754

Nacional 24 de julio del 2009

si

Ley sobre Estupefacientes 7786 y

sus reformas

Nacional 15 de mayo de

1998.

si

Ley de General de Policía 7410 y sus reformas

Nacional 30 de mayo de 1994

si

Ley Penal Juvenil Nº 7576 Nacional 30 de abril de 1996

si

Ley de Ejecución de Sanciones

Penales Juveniles

Nacional 28 de

noviembre del 2005

si

Protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el

proceso penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Procesal Pena N 8720

Nacional 22 de abril del 2009

si

Reforma de la Ley Nº 7425,

Registro, Secuestro y Examen de documentos privados e intervención de las

comunicaciones, Ley Nº 8200

Nacional 4 de enero del

2002

si

Creación de la Policía Escolar y de la Niñez, Ley Nº 8449

Nacional 27 de julio del 2010.

si

Decreto Nº 36021 Ministerio de Seguridad Pública ( Promover la

Nacional 8 de mayo del 2005

si

33

Nombre del instrumento legal Ámbito de aplicación

Fecha de promulgación

Se aplica

No se aplica

participación de los gobiernos

locales en la prestación de la seguridad comunitaria y dinamizar las redes locales para la

prevención y el control en seguridad ciudadana

A pesar de no existir una legislación específica que le de un marco regulatorio a la

policía municipal, ya más de 35 municipios en COSTA RICA según datos de la Contraloría General de la República han creado partidas presupuestarias para el desarrollo de cuerpos policiales con el objeto de combatir la inseguridad ciudadana en sus comunidades, al día de hoy están operando cerca de 14 cuerpos de policía municipal, que se rigen específicamente por:

• Las normas que admiten la creación de la Policía Municipal, son el artículo 169 constitucional y el inciso 9) del artículo 4 del Código Municipal.

• Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, el deber de velar por el cumplimiento

del orden público se encuentra legalmente asignado tanto a las corporaciones Municipales como al Poder Ejecutivo. Esa competencia atribuida a las municipalidades, debe entenderse exclusiva únicamente cuando se trate de la defensa de intereses locales. Caso contrario la competencia está conferida al Poder Ejecutivo por mandato expreso de la Constitución Política.

• La policía municipal tiene los mismos límites que cualquier fuerza policial, es

decir sometida al principio de legalidad, de proporcionalidad, a la necesidad de medida adoptada y al control de jurisdiccional.

• Está sujeta a la circunscripción territorial y a las competencias legales

establecidas en la materia.

GUATEMALA

Nombre del

instrumento legal Ámbito de aplicación

Fecha de

promulgación

Se

aplica

Constitución Política de la República de

Guatemala.

Dispone lo siguiente:

El Ejército tiene entre otras la función de mantener la paz y la

seguridad interior y exterior. Prestará su cooperación en situaciones de emergencia o

calamidad pública.

Otorga competencia a las municipalidades para crear de conformidad con la Ley su Cuerpo

de Policía.

30/05/1985 X

Decreto No. 7 de la

Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Orden Público.

Se aplica en los casos de invasión del territorio nacional, de perturbación grave de la paz, de calamidad pública

o de actividades contra la seguridad del Estado.

14/12/1965 X

34

Nombre del instrumento legal

Ámbito de aplicación Fecha de

promulgación Se

aplica

Observación:

Con la Constitución de 1985, debió crearse una nueva Ley de Orden Público, sin embargo continua vigente

la aprobada en 1965.

Decreto No. 54-86, Ley de la Comisión de los Derechos

Humanos del Congreso de la República y del

Procurador de los Derechos Humanos. 18/11/1986.

Define al Procurador como un Comisionado del Congreso de la República para la Defensa de los

Derechos Humanos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la

Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Tratados y convenciones Internacionales

aceptados y ratificados por Guatemala y establece sus funciones esenciales.

18/11/1986 X

Decreto 72-90, Ley Constitutiva del Ejército de

Guatemala.

El Ejército de Guatemala es la

institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del

territorio, la paz y la seguridad interior y exterior.

17/1/1991 X

Decreto No. 40-94

Ley Orgánica del Ministerio Público y sus reformas por

decreto 55-2000.

Cumplir con las funciones atribuidas en el artículo 251 de la Constitución

de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país; le corresponde promover la persecución penal y

dirigir la investigación de los delitos de acción pública así como a la policía y demás cuerpos de seguridad

del Estado en la investigación de hechos delictivos.

13/5/1994 X

Decreto No. 97-96, Ley para prevenir,

sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar.

Regula la aplicación de medidas de protección necesarias para garantizar

la vida, integridad, seguridad y dignidad de las víctimas de violencia intrafamiliar. Asimismo tiene como

objetivo brindar protección especial a mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas y personas,

discapacitadas, tomando en consideración las situaciones especificas de cada caso.

28/11/1996

Poca efectividad.

HONDURAS

Nombre del instrumento legal Ámbito de

aplicación

Fecha de

promulgación

Se

aplica

Ley Plan de Nación y Visión de País. Decreto 286-2009.

2010 X

Plan de Seguridad Nacional “Relámpago”. 2011 X

Ley Orgánica de la Policía Nacional, 2008 X

35

Nombre del instrumento legal Ámbito de aplicación

Fecha de promulgación

Se aplica

Decreto 67-2008.

Ley Temporal de Seguridad Poblacional. 8 de julio de

2011 X

Ley de Policía y Convivencia social, Decreto 226-2001

Diciembre 2001 X

Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, Decreto 45-2002

15 de mayo 2002

X

Reforma del art.222 del código penal, que

aumenta la pena de 15 a 20 años por el delito de extorsión.

2012 X

Decreto 4-2012: Creación de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública

comprende tres procesos: depuración de la policía nacional, reforma del sistema de seguridad, mejoramiento de la calidad de

vida del policía.

Enero 2012 X

Reforma a la ley orgánica de la policía nacional, para hacer la depuración policial.

2012 X

Decreto 89-2012, Ley Especial para la

Depuración Policial,

2012 X

Ley Contra la Violencia Doméstica 1997 X

Política Integral de convivencia y Seguridad Ciudadana para Honduras 2011 -2022

Nacional 2012

NICARAGUA

Nombre del instrumento legal Ámbito de aplicación

Fecha de promulgación

Se aplica

Constitución Política. Arto. 97

La Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil. Tiene por misión garantizar el orden interno, la

seguridad de los ciudadanos, la prevención y persecución del delito y los demás que le señale la ley. La

Policía Nacional es profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante. La Policía Nacional se

regirá en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia.

Nacional 19 noviembre 1986 X

Ley de la Policía Nacional (Ley 228-

1996) Arto. 3, inciso 6) Coadyuvar en coordinación con el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, las

Alcaldías y gobiernos Regionales en la vigilancia y protección del ambiente y el aprovechamiento

racional de los recursos naturales. Arto. 42. La policía de común

Nacional 31 julio 1996 X

36

Nombre del instrumento legal Ámbito de aplicación

Fecha de promulgación

Se aplica

acuerdo con las alcaldías podrán

destinar fuerzas, bajo el mando del Jefe de Delegación de la policía departamental, a objeto de cumplir

funciones de vigilancia y otras que disponga la Ley de Municipios en sus respectivas jurisdicciones.

Para estos efectos las alcaldías asumirán el presupuesto correspondiente.

Ley 612, ley de reforma y adición a la

Ley 290. Se incluye una reforma a la ley 228

Nacional 24 enero 2007 X

Ley 285. Ley de reforma y adiciones a la Ley no. 177, Ley de

estupefacientes, sicotropicos y sustancias controladas

Nacional 11 marzo 1999 X

Decreto 110-2007. Creación del Consejo Nacional de Convivencia y

Seguridad Ciudadana

Nacional 21 noviembre 2007 X

Ley de Municipios 40-261. Arto. 26) Acordar con la Policía Nacional las medidas necesarias para el

aseguramiento del orden público y las labores meramente municipales, de conformidad con la ley

En todos los 153 municipios

22 agosto 1997 X

Ley 406. Código Procesal Penal Nacional 13 noviembre 1991 X

Ley 641. Código Penal Nacional 13 noviembre 2007 X

Ley 750. Ley de Seguridad

Democrática de Nicaragua

Nacional 13 diciembre 2010 X

Ley No. 473. Ley del régimen penitenciario y ejecución de la pena

Nacional 11 Septiembre 2003

X

Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de reformas a la Ley

641 Código Penal

Nacional 26 enero 2012 nd

PANAMÁ

Nombre del instrumento legal Ámbito de

aplicación

Fecha de

promulgación

Se aplica

Constitución Política de la República de Panamá, Actos Reformatorios de 2004.

En todo el territorio nacional de la

República de Panamá.

Gaceta oficial Nº.25176 de 15 de noviembre de 2004.

Si

Ley 15 de 14 de abril de 2010. Que crea el Ministerio de Seguridad

Pública.

En todo el territorio de la

República de Panamá.

Gaceta Oficial Nº. 26511 A del 14 de

abril de 2010.

Si

Resolución de Gabinete No. 34 de 21 de Junio de 2000, “Por la cual se

adoptan los fundamentos de la

A nivel nacional. Gaceta Oficial Nº.24,083 de 27 de

junio de 2000.

Si

37

Política Panameña de Seguridad”.

Legislación internacional sobre el tema de seguridad ratificada por los países:

HONDURAS

Tratado internacional Fecha de ratificación

Convenio Constitutivo del instituto Centroamericano de Estudios Superiores de Policía.

Julio 1996

Convenio Centroamericano para la Protección de víctimas, testigos, peritos y demás sujetos intervinientes en la

investigación y el proceso penal.

24 de noviembre de 2008

Tratado marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. 15 de diciembre de 1995

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

22 de julio de 2003

Convención Interamericana de la Lucha Contra la Corrupción. 12 de junio de 1998

Protocolo Tegucigalpa, restablecimiento y consolidación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

10 de diciembre de 1992

Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles,

inhumanas o degradantes. 16 de abril de 1996

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 26 de agosto de 1977

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

25 de abril de 1995

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

30 de julio de 1996

NICARAGUA

Tratado internacional Fecha de ratificación Diversos tratados de extradiccion de criminales con Costa Rica, Colombia, Belgica, EEUU, Reino Unido de la Gran Bretana, Las Bahamas, Mexico, Espana, Chile,

Diferentes fechas

Acuerdo entre Nicaragua y los Estados Unidos de América

sobre asistencia para la lucha anti-narcóticos.

Managua, Nicaragua el 4

de septiembre de 1991.

Acuerdo entre Nicaragua y México sobre cooperación para combatir el narcotráfico y la fármaco-dependencia

Managua, Nicaragua el 7 de agosto de 1992.

Acuerdo entre Nicaragua y Colombia sobre prevención,

control, fiscalización y represión del uso indebido y tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y sus precursores, y productos químicos.

Managua, Nicaragua 7 de

agosto de 1991.

Convenio Constitutivo sobre la prevencion del uso indebido y

represion del tráfico ilicito de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas entre Nicaragua y Argentina.

Buenos Aires, Argentina

25 de marzo de 1992.

Convenio entre Nicaragua y España sobre cumplimiento de condenas penales.

Managua, Nicaragua 18

de febrero de 1995.

Tratado entre Nicaragua y México sobre ejecución de sentencias penales.

Convenio entre Nicaragua y Venezuela sobre prevención, control, fiscalización y represión del tráfico ilícito de

Matiguás, Nicaragua, 21

de noviembre de 2000.

38

Tratado internacional Fecha de ratificación estupefacientes y sustancias psicotrópicas, incluidos los

precursores y sustancias químicas.

Tratado de Cooperación entre Nicaragua y México sobre asistencia jurídica mutua en materia penal.

Acuerdo de Cooperación entre Nicaragua y los Estados Unidos de América para la eliminación del tráfico ilícito por

mar y aire.

Managua, Nicaragua,

Acuerdo de Cooperación entre Nicaragua y El Salvador para combatir el terrorismo, la narcoactividad y actividades conexas.

Convención de Extradición entre Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Washington, D.C.,

E.E.U.U. 20 de diciembre de 1907.

Convención de Extradición entre Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Washington, D.C.,

E.E.U.U. 7 de febrero de 1923.

Tratado de asistencia legal mutua en materia penal entre

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Guatemala, 29 de octubre

de 1993.

Protocolo, Adhesión de la República de Panamá y de otros estados al Acuerdo de Cooperación Regional para la

erradicación del tráfico ilícito de drogas.

San Salvador 17 de julio de 1991.

Acuerdo de Cooperacion Regional para la erradicación del trafico ilícito de drogas.

Montelimar, Nicaragua 3 de abril de 1990.

Conferencia Antidrogas a nivel de Jefes de Gobierno de

Centroamérica.

Belize, 19 de febrero de

1993.

Convenio Centroamericano para la prevención y la represión de los delitos de lavado de dinero y de activos, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

Panamá, 11 de julio de 1997.

Convenio entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala,

Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana para la prevención y represión de los delitos de lavado de dinero y de activos, relacionados con el tráfico ilícito de drogas

y delitos conexos.

Santo Domingo,

República Dominicana, 1997

Convenio Constitutivo de la Comision Centroamericana Permanente para la erradicacion de la produccion, trafico, consumo y uso ilícito de estupefacientes y sustancias

psicotrópicas (CCP).

Guatemala, Guatemala 29 de octubre de 1993.

Tratado Centroamericano para la recuperación y devolución de vehículos robados, hurtados, apropiados o retenidos ilícita o indebidamente.

Copán, Honduras, 14 de diciembre de 1995.

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y

erradicar la violencia contra la mujer.

Belém do Pará, Brasil, 9

de junio de 1994.

Protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos, relativo a la abolición de la Pena de Muerte.

Asunción, Paraguay, 30 de agosto de 1990.

Convención Interamericana contra la corrupción. Caracas, Venezuela, 29 de marzo de 1996.

Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico de

armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

Washington, D.C.,

Estados Unidos de América, 11 de noviembre de 1997.

Convención Interamericana para el cumplimiento de condenas

penales en el extranjero.

Managua, Nicaragua, 9 de

julio de 1993.

Convención Interamericana para la restitución internacional de Montevideo, Uruguay, 15

39

Tratado internacional Fecha de ratificación menores. de julio de 1989.

Convención Interamericana sobre extradición. Caracas, Venezuela, 25 de febrero de 1981.

Convención Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal.

Nassau, Commonwealth

de Bahamas, 23 de mayo de 1992.

Convención sobre Derecho Internacional Privado, conocida como "Código de Bustamante".

La Habana, Cuba 20 de

febrero de 1928.

Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias.

Panamá, 30 de enero de 1975.

Convención Interamericana sobre Competencia en la esfera

internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras.

La Paz, Bolivia 24 de

mayo de 1984.

Convención Interamericana contra el terrorismo. Bridgetown, Bahamas, 3 de junio de 2002.

Convenio sobre el Reglamento Internacional para prevenir los abordajes, sus anexos y enmiendas.

Conferencia de la OMI en Londres, Reino Unido, 1972.

Convención sobre sustancias psicotrópicas. Viena, Austria, el

21 de febrero de 1971.

Nicaragua no la suscribió

originalmente.

Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil

internacional, complementario al "Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil."

Protocolo de Lake Success, Nueva York, EE.UU., 11 de diciembre de 1946, que enmienda los Acuerdos,

Convenciones y Protocolos sobre Drogas Narcóticas hechos en: La Haya, Países Bajos, 23 de enero de 1912; Ginebra, Suiza,

11 y 19 de febrero de 1925 y 13 de julio de 1931; Bangkok, Tailandia, 27 de noviembre de 1931; y Ginebra, Suiza, 26 de junio de 1936.

Nicaragua lo suscribió el

13 de diciembre de 1946.

Convención Internacional del Opio. La Haya, Países Bajos, 23

de enero de 1912.

Nicaragua se adhirió el 10

de noviembre de 1914.

Convención para limitar la manufactura y la regulación de la distribución de drogas narcóticas. Ginebra, Suiza, 13 de julio

de 1931.

Nicaragua no lo suscribió originalmente.

Convención para limitar la manufactura y la regulación de la distribución de drogas narcóticas.

Lake Success, Nueva York, EE.UU., 11 de diciembre de 1946.

Protocolo que trae el control internacional de drogas fuera del alcance de la Convención del 13 de julio de 1931 para limitar la manufactura y regular la distribución de drogas narcóticas,

tal y como fue enmendado por el Protocolo de Lake Success, Nueva York, EE.UU.,11 de diciembre de 1946.

Nicaragua lo suscribió el 19 de noviembre de 1948.

Protocolo para la limitación y regulación del cultivo de la amapola, su producción y comercio masivo internacional, y el

uso del opio. Nueva York, EE.UU., 23 de junio de 1953.

Nicaragua no lo suscribió originalmente.

Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas.

Nueva York, Estados Unidos de América,

Convención de Naciones Unidas sobre la delincuencia

organizada transnacional.

Nueva York, Estados Unidos de América,

Protocolo facultativo a la "Convención de Derechos del Niño", Nueva York, Estados

40

Tratado internacional Fecha de ratificación sobre la participación de los niños en los conflictos armados. Unidos de América,

Protocolo facultativo a la "Convención de Derechos del Niño",

sobre la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía.

Nueva York, Estados

Unidos de América,

Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo.

Nueva York, Estados Unidos de América,

Convención sobre sustancias psicotrópicas. Viena, Austria, 21 de febrero de 1971.

Nicaragua no la suscribió

originalmente.

Convención Única sobre estupefacientes, de 1961. Nueva

York, EE.UU., 30 de marzo de 1961.

Nicaragua la suscribió el

30 de marzo de 1961.

Protocolo que enmienda a la Convención Unica de 1961 sobre estupefacientes. Ginebra, Suiza, 25 de marzo de 1972.

Nicaragua lo suscribió el 25 de marzo de 1972.

Convención de Naciones Unidas contra el trafico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Viena, Austria, 20 de diciembre de 1988.

Nicaragua la suscribió el 20 de diciembre de 1988.

Convención Internacional contra la toma de rehenes. Hecha en Nueva York, 17

de diciembre de 1979.

REPÚBLICA DOMINICANA

Tratado internacional

Desde el Gobierno Central se homologan y se refrendan las leyes en relación terrorismo, lavado de activo, armas ligeras y pequeñas entre otras así como también las resoluciones

del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) sobre el Sistema de Seguridad Centroamericana.

VI. Legislación municipal sobre el tema

A pesar de no existir una legislación específica que le de un marco regulatorio a la policía municipal, ya más de 35 municipios en COSTA RICA según datos de la Contraloría General de La República han creado partidas presupuestarias para el desarrollo de cuerpos policiales con el objeto de combatir la inseguridad ciudadana en sus comunidades, al día de hoy están operando cerca de 14 cuerpos de policía municipal.

GUATEMALA

Municipios que han emitido

ordenanzas

Tema de la ordenanza Fecha Se aplica

Decreto No. 11-2002, Ley de los Consejos de

Desarrollo Urbano y Rural.

Faculta a los consejeros de desarrollo que

integran los consejos en todos los niveles para crear comisiones de trabajo que consideren necesarias.

15/4/2002

Poca

Efectividad.

41

Municipios que han emitido

ordenanzas

Tema de la ordenanza Fecha Se aplica

Orden General Policía Nacional Civil 11-99, crea las

Juntas Locales de Seguridad.

“La Junta Local de Seguridad es la

agrupación de un conglomerado de vecinos de una población en que existe Policía Nacional Civil con el objeto de prestar su

colaboración para mejorar la seguridad ciudadana.

19 Las Comisiones Municipales

de Seguridad –COMUSE– se forman en el

nivel municipal y las Juntas Locales de Seguridad Ciudadana –JLSC– en el nivel local”.

20

Observación: Algunas Juntas Locales de Seguridad Ciudadana, actualmente son objeto de

fuertes señalamientos, de cometer actos de desaparición forzada, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

21

1999

ACTA 36-2000, del

PUNTO 4 en sesión ordinaria del Honorable Concejo

Municipal de Santa Catarina Pinula de fecha

Crea la Policía Municipal de Seguridad que tiene como misión fundamental el resguardo de los bienes del municipio, el

orden y la tranquilidad pública en los mercados, plazas, villas, paseos, balnearios, áreas verdes, calles, avenidas,

caminamientos y demás dependencias, instalaciones y áreas de propiedad municipal y como visión lograr que el

municipio se mantenga como el municipio con la tasa delincuencial más baja a nivel nacional, esto se logrará apoyando a la

Policía Nacional Civil a prestar seguridad a la población, sin descuidar la responsabilidad principal de brindarle

resguardo efectivo al 100% de los bienes municipales.

26/06/2000.

Acuerdo COM 15-2010,

Modificaciones al Reglamento de Ordenamiento

Territorial para la Organización y Participación

Comunitaria.

Establece las Comisiones de Trabajo como uno de los órganos de los Comités Únicos de Barrio, encargadas de atender temas

específicos, entre ellas la Comisión de Seguridad.

14/4/2010

19

Comunidad Segura. Redes de ideas y prácticas en Seguridad Humana. En: http://www.comunidadesegura.org/es/ARTICULO-espacios-de-participacion-ciudadana. Consultado el 03/2/2013. 20

División de Relaciones Comunitarias. Subdirección General de Prevención del Delito. Policía Nacional Civil. En: http://dircpncgt.blogspot.com/, consultado el 3/2/2013. 21

Cfr. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Informe Alterno al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En: http://www.ccprcentre.org/doc/HRC/Guatemala/ICCPG%20report%20replies%20to%20List%20of%20Issues_

FINAL.pdf, consultado el 3/2/2013.

42

La Ley de municipalidades de HONDURAS en su artículo 25 numeral 1, establece que una de las facultades que le corresponde ejercer a la corporación municipal es la de “Crear, reformar, y derogar los instrumentos normativos locales de conformidad con esta Ley”.

En base a lo anterior, y como parte de los esfuerzos que los gobiernos locales realizan para enfrentar la inseguridad ciudadana en sus municipios, emiten ordenanzas como medida de prevención de actos delictivos, con el fin de proporcionar un clima de confianza y seguridad en la población.

Ejemplo de ordenanzas municipales que se han emitido en algunos municipios en materia de seguridad:

La no circulación de personas después de las 10:00 pm por las calles del municipio.

Prohibición de bebidas alcohólicas a menores de edad.

Prohibición de conducir vehículos y motocicletas a menores de edad.

Reglamento para la creación e instalación de circuitos cerrados de circulación y

seguridad, Colonias más seguras.

En NICARAGUA no pudo obtenerse información precisa sobre las Alcaldías que han emitido ordenanzas vinculadas a la seguridad ciudadana. Se sabe, sin embargo, que éstas existen en una gran cantidad de municipalidades, vinculadas al orden público, consumo de bebidas alcohólicas, cuidado de instalaciones municipales, entre otras.

PANAMÁ

Municipios que han emitido

ordenanzas

Tema de la ordenanza Fecha Se aplica

No se aplica

Panamá

Ley Seca, Decreto Nº.1424. Establece horario especial para centros nocturnos y bares, en

referencia a la prohibición de la venta, expendió o distribución gratuita de bebidas alcohólicas.

Agosto 2012

si

75 municipios.

Ley Seca, en fechas establecidas

cada año.

Alternadas si

VII. Presencia institucional vinculada a la seguridad ciudadana a nivel local

COSTA RICA

Estructura Nro. de municipios donde se encuentra

43

Policía Nacional Los 81 municipios cuentan con fuerza pública presente y permanente. En algunos casos existen gobiernos locales que

refuerzan este servicio con un cuerpo policial municipal.

Fiscalía Las fiscalías son especializadas y regionales y en algunos casos abarcan territorios que comprenden más de un municipio por lo que en promedio existe una por cada dos cantones.

Juzgados Los Juzgados de Contravención y Menor Cuantía son regionales

y en algunos casos abarcan territorios que comprenden más de un municipio por lo que en promedio existe uno por cada dos o tres cantones. Los Juzgados Penales o con mayor

especialización son regionales-provinciales.

Procuraduría DDHH Este es un órgano centralizado que no tiene presencia en la mayoría de los municipios, sino que está compuesto por una oficina principal en la capital y en algunas oficinas regionales-

provinciales

Ejército* No existe ejército en Costa Rica

GUATEMALA

Estructura Nro. de municipios donde se encuentra

Policía Nacional22

Presencia en 302 municipios del país, con 16 comisarías, 14

estaciones, 140 sub estaciones y 52 unidades especiales. 1

Policía de Turismo(Politur)

23

Funciona desde el año 2001 con la denominación Policía Nacional de Turismo –POLITUR- y se creó por iniciativa del Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT- con cuatro

estaciones que operan en los departamentos de Peten y Sololá e incluye cobertura a Chichicastenango con un total de 154 agentes.

2

Ejército de Guatemala24

En Guatemala funcionan seis Brigadas Militares, ubicadas en los siguientes departamentos y cinco brigadas especializadas,

para un total de 11. 3

Policía Municipal de Tránsito

25

En 125 municipios de Guatemala ya funciona la Policía Municipal de Tránsito y con ello se han implementado planes de

ordenamiento y educación vial. 4

La participación del ejército de GUATEMALA en actividades de seguridad pública se ha incrementado en los últimos años y tienen presencia en barrios de alto riesgo en las principales ciudades así como en puestos de control en las principales carreteras del país.

22

Se estiman 20,000 agentes aproximadamente ya que el dato cambia día con día, por el número de bajas que en promedio es de 8 por día por diversas razones. 23

Otros municipios también implementan policía de Turismo por iniciativa de la Municipalidad en especial e n época de verano como en Puerto San José y Puerto de Iztapa y Livingston, y San Pedro Carcha 24

La Constitución Política de la República, establece como responsabilidad del Ejército de Guatemala no sólo la seguridad externa, sino también la seguridad interna del territorio. 25

La presencia de la PMT en las calles de los municipios ha contribuido a la disminución de los índices de delincuencia en varios municipios, la figura de los uniformados evita robos y asaltos, especialmente en parques, mercados y en el ingreso de establecimientos educativos.

44

Ubicación de brigadas del Ejercito: 1. La primera brigada de infantería “General Luis García León” se encuentra en

Santa Elena, Flores, Petén. 2. La segunda brigada de infantería “General Rafael Carrera” se encuentra situada

al sur de Zacapa. 3. La tercera brigada de infantería “General Manuel Maximiliano Aguilar Santa

María” se encuentra localizada en el departamento de Jutiapa. 4. La cuarta brigada de infantería “General Justo Rufino Barrios” en el municipio

de Cuyotenango del departamento de Suchitepéquez 5. La Quinta brigada de infantería “Mariscal Gregorio Solares” se localiza en el

departamento de Huehuetenango. 6. La Sexta brigada de infantería “Coronel Antonio José de Irisarri” se localiza en

Playa Grande, Ixcán, Quiché. 7. Brigadas especializadas: 8. Brigada Militar Mariscal Zavala ubicada en Ciudad de Guatemala 9. Brigada Especial de Operaciones de Selva ubicada en la Libertad, Petén 10. Brigada de paracaidistas “General Felipe Cruz” ubicada en el Puerto San José 11. Brigada de policía militar “Guardia de Honor” ubicada en Ciudad de Guatemala 12. Brigada de fuerzas especial “Kaibil” ubicada en Poptún, Petén.

En NICARAGUA, el ejercito también cumple un papel importante en la seguridad interna, especialmente en las zonas rurales, donde la Policía Nacional no tiene una presencia importante. Ejecutan diferentes planes, tales como:

Plan de Seguridad en el Campo Plan de Enfrentamiento a la Delincuencia Rural

Plan de Protección a la Cosecha Cafetalera

Plan contra el Narcotráfico y Crimen Organizado

Plan de Protección y Seguridad de las Elecciones Nacionales

Plan de Protección a Recursos Naturales y Áreas Protegidas

Policía Municipal de Tránsito

PMT de la ciudad de GUATEMALA, que ya tienen más de 15 años de funcionamiento está colaborando con varios municipios de país en formar a los futuros agentes, los aspirantes reciben en las instalaciones de Academia de Policía (CAPOL), ubicada en la Central de Mayoreo (CENMA), la misma formación integral que reciben los aspirantes de la Ciudad de Guatemala, donde además de la disciplina y normativa se les imparte cursos como relaciones interpersonales, valores, conocimiento personal y se les instruyen en el manejo de motocicleta , entre otros. El concepto de la población sobre el rol y el servicio que ofrece un PMT es en general mucho más positivo en comparación sobre el servicio que le ofrece a la comunidad un Policía Nacional Civil. El reto para este programa a nivel nacional es que no existe una entidad formadora, reguladora y acreditadora de la formación de los agentes a nivel nacional. Cada

45

municipio implementa sus planes de ordenamiento vial y de capacitación para sus agentes. Año con año aumentan los fondos destinados a las PMT y se hace necesario establecer mecanismos de información que permitan conocer por ejemplo, cuántos agentes debidamente capacitados tiene cada municipio y con qué recursos el municipio hace frente a la atención del tránsito y a las otras actividades relacionadas con la seguridad vial. Se puede afirmar que uno de los pocos logros de la descentralización en Guatemala es el traslado de esta competencia a los municipios. También tienen presencia institucional de otras entidades del Estado vinculadas con la seguridad:

Estructura Nro. de municipios donde se encuentra

Ministerio de Medio Ambiente

Presencia en todas las cabeceras departamentales de Guatemala

Ministerio de Salud Pública Presencia en todas las cabeceras departamentales de

Guatemala y en todos los municipios con puestos y centros de salud.

Procuraduría de los Derechos Humanos

Presencia en las siguientes Región I: El Quiché, Nebaj, Totonicapán, Huehuetenango y Nentón.

Región II: Quetzaltenango, Sololá, Retalhuleu, Coatepeque, Suchitepéquez, San Marcos. Región III: Alta Verapaz, Ixcán, Baja Verapaz, Santa Elena,

El Naranjo, Zacapa, Izaba y Chiquimula. Región IV: Chimaltenango, El Progreso, Escuintla, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, Chiquimulilla y Sacatepéquez.

Ministerio Público Presencia en las cabeceras departamentales

Centros de Justicia Presencia en las cabeceras departamentales de país y

juzgados de paz municipales

Cada una de estas instancias tiene una función específica dentro del ámbito de la seguridad ciudadana, por ejemplo en el caso de la Policía Nacional Civil su mandato es “proteger la vida, la integridad física, la seguridad de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de sus libertades, así como la seguridad pública” (Ley de la Policía Nacional Civil, Decreto 11-97, Artículo 9). De acuerdo a lo informado por el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, durante el gobierno 2008-2011 32 municipios se quedaron sin elementos de seguridad pertenecientes a la Policía Nacional Civil (Mauricio López Bonilla, citado por la Oficial Agencia Guatemalteca de Noticias). Es decir que de los 334 municipios del país, sólo 302 municipios cuentan con elementos de seguridad de la PNC. El Departamento con mayor número de municipios sin elementos de seguridad de la PNC es San Marcos con 18 municipios, no obstante durante el año 2012 se logaron recuperar 4; le siguen Huehuetenango con 6 municipios, Quiché con 2 municipios y Alta Verapaz, Chimaltenango, Suchitepéquez, Totonicapán y Sololá con un municipio cada uno (Diario La hora, 2012).

46

Es importante resaltar que aunque sobre la PNC recaiga el mandato de protección de vida, integridad y seguridad de las personas; todas las instancias antes mencionadas trabajan por la seguridad pública y están obligadas a garantizar el ejercicio de Derechos de los individuos. En esta línea, es relevante mencionar dos posturas existentes: una de ellas es la opinión que se tiene respecto al concepto de seguridad ciudadana restringiéndolo únicamente a las acciones ejecutadas por la Policía Nacional Civil (PNC) y al enjuiciamiento de los delincuentes; por otro lado se encuentra la visión que distingue la importancia debido a la facultad que poseen los gobiernos locales para aportar en el avance de las condiciones de la seguridad ciudadana, la convivencia y por ende una mejora en la calidad de vida de los individuos (Umaña, 2010) Los gobiernos locales poseen la facultad para trabajar por la seguridad ciudadana, puesto que son ellos los que dirigen el municipio y tienen la posibilidad, aunque no siempre los recursos para actuar en favor del avance y mejora de la calidad de vida de las personas que habitan el contexto que gobiernan. Asimismo representan a la ciudadanía dentro de su territorio, poseen injerencia directa en el ordenamiento territorial, controlan el expendio de bebidas alcohólicas y el funcionamiento de establecimientos en donde generalmente se presentan disturbios. Desde el municipio también se promueve el deporte, la cultura y la participación ciudadana en asuntos públicos (Umaña, 2010).

En GUATEMALA, en cuatro cabeceras departamentales se han organizado cuatro coordinadoras para trabajar el tema de la seguridad ciudadana, en esta coordinadora participan entidades del estado y de sociedad organizada con la intención de diseñar estrategias a favor de la seguridad ciudadana. Los departamentos son: Huehuetenango, Quiché, San Marcos y Quetzaltenango.

La coordinadora del departamento de Huehuetenango, al parecer, ha sido la más activa ya que funciona desde el año 2005 y cuenta con un Programa Operativo Anual (POA) y su respectiva planeación estratégica. Esta coordinadora está conformada por organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil. Tales instituciones, pese a su presencia a nivel local (lo que aplica para todo el país), tienen importantes limitaciones en su funcionamiento; destacando la insuficiencia de recursos materiales y humanos. Sin embargo, en coordinación cada uno de ellos aporta con el fin de mejorar y alcanzar el objetivo de proporcionar seguridad a los ciudadanos.

HONDURAS

Estructura Nro. de municipios donde se encuentra

Policía Nacional 298 municipios

Fiscalía A nivel Regional, 27 municipios

Juzgados A nivel Departamental 18 municipios

Procuraduría DDHH A nivel Regional, 18 municipios

Ejército*

Policía Municipal En algunos municipios

47

NICARAGUA

Estructura Nro. de municipios donde se encuentra

Policía Nacional 153 municipios

Procuraduría General de la Nación 15 Departamentos, 2 en cada Región Autónoma

Procuraduría de Derechos Humanos 9 municipios.

Ministerio Público 15 Departamentos y 2 regiones autónomas

Juzgados de Distrito 15 Departamentos, 3 en las regiones autónomas

y 1 en Managua

Juzgados Locales 15 Departamentos y 1 en cada Región Autónoma

PANAMÁ

Estructura Nro. de municipios donde se encuentra

Policía Nacional 75 municipios.

Procuraduría de la Nación 9 municipios.

Defensoría del Pueblo 9 municipios.

Órgano Judicial 9 municipios.

VIII. Estructuras municipales para la seguridad ciudadana

El Programa de Seguridad Comunitaria que se aplica en COSTA RICA por parte del Ministerio de Seguridad Publica está orientado a organizar y capacitar a los vecinos para que tomen medidas de prevención para evitar ser víctimas de la delincuencia y para que mejoren la calidad de vida en sus respectivas comunidades. Objetivos del Programa:

Fortalecer el Binomio Policía-Comunidad. Fomentar lazos de Solidaridad entre los vecinos (as). Promover una Cultura Preventiva Comunal. Prevenir la incidencia delincuencial en las comunidades. Mejorar la calidad de vida mediante la participación y la organización comunitaria. Aumentar el sentimiento de seguridad ciudadana.

Dentro de este Programa se han venido creando los Comités Comunitarios de Seguridad Ciudadana desde el año 1990 en Costa Rica a la fecha funcionan más de 3000 en todos los cantones del país A nivel Cantonal en algunas comunidades se han creado Comisiones de Seguridad Ciudadana a instancias Municipales y de organizaciones de la Sociedad Civil, pero no se cuenta con un registro veraz de cuantas están en funcionamiento pero si sabe que no funcionan en todo los cantones del país.

Espacio Nro. de municipios

donde se encuentran Funciona No

funciona

Comités de Seguridad Comunitaria en Costa Rica

80 municipios Si

48

Comisión de Seguridad Ciudadana No se determina Si

En GUATEMALA, el gobierno de Otto Pérez Molina a través del Pacto de Seguridad, Justicia y Paz, se ha planteado varios programas que están enfocados a fortalecer la capacidad institucional tanto del gobierno central como de los gobiernos locales, principalmente en su función de velar por la seguridad ciudadana y la disminución y prevención del delito. El contexto bajo el cual se planteó este pacto, establece que se promueve un cambio de paradigma respecto a la seguridad a justicia y la paz, para lo cual se debe de mantener un movimiento sinérgico que involucre de manera corresponsable al Estado, y la sociedad. El objetivo del Pacto es Desarrollar una estrategia cooperativa que incorpore y corresponsabilice a todos los sectores sociales e instituciones del Estado, a fin de legitimar y viabilizar el conjunto de transformaciones y resultados de impacto que permitan alcanzar mejores niveles de gobernabilidad, seguridad y protección frente a la criminalidad, la violencia y la impunidad en el país. Para cumplir con ese objetivo, se han desarrollado una serie de acciones, dentro de las cuales se encuentra el programa “Municipio Seguro”, que tiene como propósito contrarrestar los hechos delictivos que afectan a este tipo de áreas administrativas, especialmente aquellas que últimamente fueron escenario de altos índices de violencia. (Ver anexo 1) Está previsto el establecimiento del programa “Municipios Seguros”, el primer grupo lo conforman: Mixco, Villa Nueva, Santa Catarina Pínula, San Juan Sacatepéquez (en funcionamiento). Amatitlán, San Miguel Petapa y Villa Canales en un segundo grupo. En el ámbito local las estructuras municipales, también contemplan espacios para la seguridad ciudadana, ya sea por iniciativa de las Alcaldías o de la sociedad civil para enfrentar los retos de la inseguridad ciudadana. Las estructuras municipales de seguridad ciudadana a nivel local se configuran en base a dos mecanismos paralelos: uno, desde el gobierno central conjuntamente con las alcaldías municipales a través de las Comisiones de Desarrollo en sus distintos niveles (nacional, departamentales, comunales y barriales) que conforman Comisiones de Seguridad Ciudadana; y otro, en base a Juntas Locales de Seguridad que están integradas por ciudadanos organizados a nivel local vinculados directamente con la Policía Nacional Civil, bajo coordinación de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia perteneciente al Tercer Viceministerio de Seguridad Ciudadana y Prevención Comunitaria del Ministerio de Gobernación. Las Juntas Locales de Seguridad están integradas por vecinos interesados en trabajar por su barrio o comunidad desarrollando actividades para prevenir acciones delictivas. Las principales acciones que realizan las JLS son: limpieza de predios baldíos, iluminar las vías públicas, colocar garitas o talanqueras, o incluso realizar rondas de vigilancia entre los vecinos. Los principales datos encontrados sobre estructuras relacionadas al tema de la

seguridad local y la prevención del delito en GUATEMALA, son los siguientes:

49

Espacio Ubicación, cobertura

Comisiones Departamentales de

Seguridad Ciudadana

Se encuentran en El Progreso, Sacatepéquez, Escuintla, Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos, Quiché, Baja Verapaz,

Alta Verapaz, Petén, Izabal, Zacapa, Chiquimula y Jalapa.

Comisiones Municipales de Seguridad Ciudadana

Dentro de un total de 334 municipios, solamente en 11 municipios se cuenta con estas comisiones: Guatemala: Santa Catarina Pinula

El Progreso: Morazán y Sansare. Escuintla: Tiquisate Huehuetenango: San Rafael La Independencia

Izabal: Morales Zacapa: Cabañas Chiquimula: San Juan La Ermita

Jutiapa: El Progreso

Juntas Locales de Seguridad

La distribución de las Juntas Locales de Seguridad (JLS) según las regiones administrativas se distribuyen de la siguiente manera: Región Petén (Petén): 12 JLS (1%)

Región Norte (Alta Verapaz y Baja Verapaz): 157 JLS (15%) Región Noroccidente (Huehuetenango y Quiché): 124 JLS (12%) Región Suroccidente (San Marcos, Totonicapán, Quetzaltenango,

Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez): 380 JLS (35 %) Región Central (Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez): 95 JLS (9 %)

Región Metropolitana (Guatemala): 134 JLS (12%) Región Suroriental (Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa): 81 JLS (8%) Región Nororiental (Chiquimula, El Progreso, Izabal y Zacapa): 90

JLS (8%) *Elaboración propia

HONDURAS señala que con el modelo de municipios más seguros se pretende organizar un registro de todas las estructuras que hay en los municipios y con organizaciones no gubernamentales que trabajen el tema.

Espacio Nro. de municipios

donde se encuentran

Funciona No

funciona

Patronatos 298 municipios Sí

Mesas de Seguridad Ciudadana n.d. n.d. n.d.

Comité vial n.d. n.d. n.d.

Comités de vigilancia n.d. n.d. n.d.

En NICARAGUA, la Policía Sandinista en la década de los ochenta, había desarrollado un estrecho vínculo con la ciudadanía a través del trabajo sistemático de prevención y control sobre la delincuencia, realizado sobre la base de la colaboración de los mismos pobladores. Su marcada identidad sandinista favorecía este tipo de relación, principalmente con la militancia de base en las comunidades y barrios. La Policía había conseguido dentro de todos los sectores de población, aún los no sandinistas, prestigio y reconocimiento por su trabajo. Otro factor determinante en este aspecto, es que el cuerpo policial conocía de muy pocos

50

casos de corrupción interna26.

En función de fortalecer sus vínculos con la ciudadanía y prevenir el delito de manera más efectiva, la Policía ha desarrollado tres iniciativas importantes: a) un programa de policías voluntarios que apoyan a la institución sobre todo en zonas alejadas y para ciertas tareas de vigilancia y patrullaje; b) un programa que han denominado Policía – Comunidad y que consiste en la realización periódica de consultas y asambleas de intercambios entre las unidades de policía territoriales y las localidades correspondientes a fin de identificar problemas de seguridad ciudadana y acciones de tratamiento; c) los Comités de Prevención del Delito, los cuales son estructuras de ciudadanos organizados por la Policía Nacional en diferentes comunidades a fin de colaborar con la institución en las labores preventivas27. Los Gabinetes del Poder Ciudadano y los Consejos del Poder Ciudadano creados en el 2007, y una de cuyas comisiones estaba referida a la seguridad ciudadana, han sido reemplazados por la figura de los Gabinetes de la Familia, la Comunidad y la Vida. En este espacio la Policía Nacional establece coordinaciones dirigidas fundamentalmente a trabajar con la juventud en la prevención de la violencia a nivel local y coordinar las labores de los policías voluntarios. En el marco de estos nuevos espacios, se promueve la realización de Ferias de Convivencia y Seguridad Ciudadana, donde se impulsa desde el gobierno central un modelo de Responsabilidad Compartida. Funcionan además en la mayoría de los municipios los Consejos de Convivencia y Ciudadanía. Lamentablemente, no se pudieron obtener datos precisos sobre el funcionamiento de estos espacios a nivel local. Funcionan además Comités de Prevención Social del Delito, organizados por la Policía Nacional y Consejos Locales de Seguridad Ciudadana, coordinados con las respectivas alcaldías. Un dato a destacar es que la Comisión Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana no contempla la participación de los municipios, ni siquiera a través de la Asociación Nacional, AMUNIC.

PANAMÁ

Espacio

Nro. de municipios

donde se encuentran

Funciona No

funciona

Observatorio de Seguridad Ciudadana. 2 si

Programa de Vecinos Vigilantes 15 municipios y 948 barrios.

Si

REPÚBLICA DOMINICANA

26 Seguridad ciudadana y Políticas de Estado: el reto de las fuerzas democráticas y progresistas en Centroamérica. El caso de Nicaragua. Elvira Cuadra Lira. Managua, junio de 2005 27

Ídem

51

Tipo de acción Iniciativa de Actores involucrados

Principales resultados

En el proceso de

institucionalizar al Mesa sobre Seguridad

Ciudadana

Ministerio de

Interior y Policía

Ministerio de Interior

y Policía, organizaciones de la sociedad civil y

gobiernos locales

La Mesa se ha convertido

en un espacio de coordinación, discusión y análisis sobre seguridad

ciudadana.

La creación del Vice Ministerio de Seguridad

Ciudadana

Ministerio de Interior y Policía

9-11 Sistema de respuesta de Emergencia

IX. Recursos locales destinados a la seguridad ciudadana

Los recursos que los gobiernos locales destinan al tema de seguridad ciudadana son:

COSTA RICA

Presupuesto 2011

Monto en USD

Presupuesto

2012 Monto en

USD

Nro. de

municipios

Presupuestado No

presupuestado

12.275.151,72 8.768.235,72 16 21.043.387,72

En GUATEMALA, los recursos que desde el gobierno central se han trasladado a los municipios para trabajar la seguridad ciudadana han ido en aumento en los últimos años. Uno de los temas en los que más se ha invertido es en las Policías Municipales de Tránsito, en la instalación de cámaras de seguridad, en la comprar de equipo para la vigilancia, como motos, bicicletas o vehículos. También se ha invertido en la construcción de infraestructura para la seguridad, como garitas de ingreso, túmulos, colocación se sistemas de monitoreo por medio de cámaras de seguridad.

La inversión para el tema de la seguridad local se incrementado en los últimos tres años y se estima en la siguiente tabla:

Año US$ Dólares Municipios

2010, 19 Proyectos US$ 1,343,490.12

(Q. 10,465, 788.00)

19 municipios

2011, 22 proyectos US$ 1,698, 943.26 (Q 13, 234,768.00)

22 municipios

2012, 28 Proyectos US$ 2,084, 066 16,234,876,99

28 municipios

*Fuente SNIP, SEGEPLAN

Para el 2013 se tiene previsto:

52

Departamento Municipio Monto Tipo de proyecto

Guatemala Fraijanes Aportes y apoyo en seguridad a la ciudadanía a través de la policía de

tránsito

Guatemala Villa Canales Q. 3,571,250.00 Fortalecimiento policía municipal de tránsito

Guatemala Palencia Q. 1,056,600.00 Fortalecimiento policía municipal y de tránsito

Quetzaltenango San Mateo Q. 567,235.00 Implementación de la seguridad

ciudadana

Quetzaltenango Salcajá Q. 860,025.00 Fortalecimiento en el servicio vial del municipio de Salcajá con fortalecimiento de la policía

municipal de tránsito.

Quetzaltenango Coatepeque Q. 3,388,799.00 Brindar seguridad a los bienes municipales y seguridad vial a través de la policía municipal de

tránsito.

Quetzaltenango Almolonga Q. 93,580.00 Implementación de policía municipal de tránsito

San Marcos Ixchiguán Q. 114,640.00 Aportes para la seguridad ciudadana

San Marcos San Antonio

Sacatepéquez

Q. 155,628.00 Pagos a personal

San Marcos La Reforma Q. 340,890.00 Capacitación a seguridad ciudadana municipal

Quiché Cunén Q. 405,337.00 Contratación de personal

seleccionado y capacitado para brindar servicio de orden público y seguridad en la cabecera municipal

Quiché Chichicasten

ango

Q. 449,812.00 Implementación de la policía

municipal de tránsito

Quiché Zacualpa Q. 600,000.00 Aportes a seguridad ciudadana en pagos de personal y compra de suministros

Quiché San Juan

Cotzal

Q. 950,000.00 Pago salarial a 22 policías

municipales y 1 secretaria

Jutiapa Santa Catarina Mita

Q. 709,000.00 Construcción edificio cárcel preventiva, casco urbano

Sacatepéquez Jocotenango Q. 1,502,615.00 Fortalecimiento a la seguridad ciudadana

Sacatepéquez Magdalena

Milpas Altas

Q. 615,000.00 Fortalecimiento de la seguridad de

la población y ordenamiento territorial.

Sacatepéquez Santo Domingo Xenacoj

Q. 525,459.00 Construcción de un arco que forma una garita con entrada y salida.

Sacatepéquez San Miguel

Dueñas

Q. 446,016.00 Adquisición e instalación de

cámaras de seguridad en diferentes puntos del casco urbano para resguardar la seguridad y

tranquilidad.

53

Departamento Municipio Monto Tipo de proyecto

Sacatepéquez San Bartolomé

Milpas Altas

Q. 275,000.00 Ampliación de sistema de cámaras

Sacatepéquez San Bartolomé Milpas Altas

Q. 650,000.00 Pago de personal para seguridad ciudadana

Sacatepéquez San Lucas

Sacatepéquez

Q. 150,000.00 Circuito de cámaras

Sacatepéquez Pastores Q. 300,000.00 Seguridad a la comunidad mediante cámaras de vigilancia

Petén Sayaxché Q. 1,415,000.00 Fortalecer los servicios de

seguridad vial

Petén Flores Q. 1,730,200.00 Manejo de la policía municipal

Petén Poptún Q. 351,000.00 Contratación de personal y equipamiento

Jalapa Monjas Q. 150,000.00 Instalación de equipos de seguridad en la cabecera municipal

Jalapa Mataquescui

ntla

Q. 600,000.00 Ordenamiento vial en el casco

urbano y rural, mantenimiento y señalización y vehículo de la policía municipal de tránsito.

Jalapa San Pedro

Pinula

Q. 118,000.00 Cumplir con los decretos y

ordenanzas del ámbito municipal

Totonicapán Momostenango

Q. 706,200.00 Implementación de la policía municipal de tránsito en el municipio de Momostenango.

Totonicapán Totonicapán Q. 72,000.00 Mantener el sistema de cámaras de

vigilancia

El progreso Morazán Q. 50,000.00 Compra de equipo de vigilancia para equipamiento de personal que atenderá las garitas de vigilancia en

las entradas de la cabecera municipal

El Progreso Morazán Q. 25,000.00

Alta Verapaz Cahabón Q. 273,930 Mantenimiento policía municipal de transito 2013

Sololá Santa Clara

La Laguna

Q. 250,000 Fortalecimiento de la policía

municipal y de transito, cabecera municipal

Sololá Concepción Q. 120,082 Asistencia de seguridad ciudadana (policía municipal de legalización –

pmc-)

Sololá Santa María Visitación

Q. 170,000 Asistencia comisión seguridad ciudadana

Sololá San Pedro La Laguna

Q. 599, 791 Servicio de seguridad ciudadana

Sololá San Marcos

La Laguna

Q. 328,150 Seguridad ciudadana

Sololá San Pablo La Laguna

Q. 405,800 Control (seguridad ciudadana)

Sololá Santa Lucía, Utatlán

Q. 60,000 Dotación de equipo a la junta de seguridad ciudadana

Escuintla Masagua Q. 500,000 Servicio de seguridad vial del

54

Departamento Municipio Monto Tipo de proyecto

municipio

Escuintla San José Q. 322,282 Construcción legalización policial (p.n.c), nuevo amanecer

Escuintla Nueva

Concepción

Q. 988,933 Servicio policía municipal de

transito

Baja Verapaz Salamá Q. 1,341,540 Seguimiento policía municipal de transito

Baja Verapaz Cubulco Q. 417,840 Aportes a policía municipal de transito

Baja Verapaz Cubulco Q. 25,000 Servicio de seguridad ciudadana

Baja Verapaz Cubulco Q. 289,800 Servicio de seguridad ciudadana

parque central

Baja Verapaz Rabinal Q. 863,915 Fortalecimiento, equipamiento y legalización de la policía municipal de transito,

Zacapa Zacapa Q. 3,442,440 Protección seguridad peatonal y

vehicular 2013

Retalhuleu Retalhuleu Q. 1,000,000 Aplicación policía municipal de transito

Retalhuleu El Asintal Q. 34,172 Control y vigilancia de mercado municipal

Huehuetenango Cantinil Q. 80,000 Implementacion de seguridad

ciudadana

Santa Rosa Chiquimulilla Instalación de sistemas de información área urbana

Santa Rosa Santa Rosa Q. 303,900 Servicio de orden y seguridad interna municipal año 2013

Suchitepéquez Chicacao Q. 690,000 Implementación Policía municipal de tránsito 2013

Suchitepéquez Chicacao Q. 150,000 Servicio apoyo e información

juzgado de asuntos municipales 2013

Suchitepéquez Chicacao Q. 1,200,000 Servicio y apoyo a la policía municipal 2013

Suchitepéquez Santa Rosa Q. 300,000 Fortalecimiento y apoyo a la

seguridad ciudadana

Chiquimula Jocotán Q. 323,795 Servicio de seguridad al municipio

Total Q. 36,825,865.00

*Elaboración propia sobre la base de datos del Sistema Nacional de Inversión Pública. SNIP, SEGEPLAN

En el rubro de seguridad ciudadana se ha contemplado invertir en el presupuesto del año 2013 un monto de Q. 36,825,865.00 en proyectos destinados a mantener y ofrecer seguridad ciudadana en los diferentes municipios del país. Dentro de los departamentos contemplados destaca Sacatepéquez con ocho proyectos a implementar, la mayoría de ellos relativos a la implementación o ampliación de cámaras de seguridad; la cantidad destinada de inversión en ese departamento es de Q. 2,346,475.00 (aprox. USD 300.000)

55

No obstante, en el departamento en que mayor inversión financiera se realizará es Quetzaltenango con un monto aprobado de Q. 4,909, 639.00; con proyectos dirigidos al fortalecimiento de la policía municipal de tránsito. Le siguen los departamentos de Guatemala y Petén, con un monto aprobado de Q. 4, 627,850.00 y Q. 3, 496,200.00 respectivamente. Es significativo el número de proyectos consistentes en la implementación o fortalecimiento de la policía municipal de tránsito, cuestión que deja ver como las autoridades han hecho uso de esta política con el fin de prevenir la inseguridad ciudadana. Asimismo resalta el número de proyectos dirigidos a la implementación o ampliación del sistema de cámaras de seguridad. A manera de conclusión, se puede decir que para el año 2013 predominan dos políticas de seguridad ciudadana: implementación o fortalecimiento de la policía municipal de tránsito e implementación o ampliación del sistema de cámaras de seguridad; ambas adoptadas como instrumentos para prevenir la inseguridad de los ciudadanos en el país.

En HONDURAS, el monto varía de acuerdo a cada municipio, algunas municipalidades establecen en su Plan de Arbitrios un porcentaje destinado a la tasa de seguridad, de los ingresos que obtienen lo destinan para apoyo logístico a la policía nacional y/o municipal. Sin embargo con la aprobación del decreto 105-2011 Ley de Seguridad Poblacional, se suspende temporalmente todo cobro por tasa de seguridad mientras tenga vigencia dicha ley, el que a su vez fue reformado por el decreto 166- 2011 de fecha 14 de septiembre 2011 y publicado en diario oficial la gaceta 1 de octubre 2011. No obstante el art. 37 de esta ley establece que “En los casos que ya existen experiencias exitosas reconocidas internacionalmente en temas de seguridad ciudadana en planes o programas implementados por un municipio, y que reúnan los requisitos estipulados en la presente disposición, se autoriza al Fideicomiso para que efectué transferencia de recursos del “Fondo de Protección y Seguridad Poblacional” hacia el fideicomiso creado por dicho municipio”. Por otro lado, en las disposiciones presupuestarias correspondientes al año 2013, se indica que los gobiernos locales destinen el 15% de la transferencia municipal en programas o proyectos orientados al tema de seguridad, como se explicaba más arriba.

En NICARAGUA, si bien se conoce que las alcaldías invierten recursos en el mantenimiento de policías voluntarios, no se pudo obtener información precisa al respecto, ya que el componente de seguridad ciudadana no aparece como elemento de costo en los presupuestos municipales. Sin embargo, se sabe que las alcaldías invierten en programas y proyectos destinados a la juventud, como deportes, cultura, etc., además de sufragar los gastos de los policías voluntarios que cuidan las instalaciones municipales (alcaldía, mercado, cementerios, terminales de transporte, etc.)

PANAMÁ

Presupuesto 2011 Presupuesto Nro. de Planificado y No planificado

56

Monto en USD 2012 Monto en

USD

municipios Presupuestado No presupuestado

B/.108,898 B/.130,898 2 si

Fuente: Presupuesto Municipal de Ingresos y Egresos 2011-2012.Ministerio de Economía y Finanzas, Panamá

X. Fortalecimiento institucional para la seguridad ciudadana

En todos los países se desarrollan diferentes acciones destinadas a fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y la población para enfrentar los retos de la inseguridad. Así:

COSTA RICA

Tipo de acción

Nro. de municipios

Personas involucradas

Impartida por… Fecha de realización

Capacitación 16 Aproximadamente

825

Ministerio Seguridad

Publica, Ministerio Público, OIJ, Transito, Ministerio de Salud,

Bomberos Municipalidad, Ministerio Táctico (USA) y

contratación de cursos específicos. Departamento Legal de

la Municipal

Todo el año,

constante

Charlas 16 825 Los anteriores Cuando lo amerite

En GUATEMALA, como parte de un proceso de fortalecimiento institucional para la seguridad ciudadana dentro de un Estado democrático se han articulado una gran cantidad de acciones que buscan prevenir la inseguridad ciudadana. Estas acciones están fundamentadas en base a dos ejes: la reacción y la prevención.

En su dimensión reaccionaria las principales actividades que se han gestionado desde el gobierno central giran alrededor del fortalecimiento y reforma de la Policía Nacional Civil, especialmente con el programa de Comisarías Modelo, que en su mayoría de casos debe estar articulado con los gobiernos locales en donde se está ejecutando. Este programa consiste en una serie de fases que pretenden aumentar la confianza ciudadana en la institución policial por medio del acercamiento comunitario, el patrullaje eficiente y la investigación criminal científica. Además, se han instalado nuevos sistemas de vigilancia (equipo de cómputo, software, circuitos cerrados de televisión, proyectos de iluminación, etc.) a nivel local, financiadas principalmente desde el Ministerio de Gobernación, la cooperación internacional y los gobiernos municipales.

HONDURAS

57

Tipo de acción Nro. de municipios

Personas involucradas

Impartida por Fecha de realización

Capacitación

prevención de la violencia

Nd Toda la comunidad CEPROD,

Fiscalía, Policía, ONGs

2013

Seminario internacional

sobre Policía Comunitaria

Nd Representantes del Gobierno Central,

Cuerpo Diplomático, Sociedad Civil y Cooperación externa.

Policía nacional

Noviembre 2012

Los siguientes son los programas en tema de seguridad que maneja la Secretaría

de Seguridad en HONDURAS:

Fondo de seguridad ciudadana: fondo creado para contribuir a disminuir a la violencia y la criminalidad, impulsado por el gobierno de España y aprobado por el Gobierno de Honduras, con el propósito brindar apoyo técnico y financiero a todas aquellas iniciativas y proyectos presentados por los gobiernos locales y la sociedad civil hondureña orientados a la reducción de los índices de criminalidad y a la mejora de la seguridad ciudadana de Honduras. En el marco del fondo se seleccionó 23 proyectos (12 proyectos municipales y 11 proyectos de ONGs).

Programa de Apoyo al Sector Seguridad en Honduras PASS, financiado por la Unión Europea y el Gobierno de Honduras, con el objetivo de contribuir al desarrollo Humano mediante la protección de la sociedad hondureña frente a la delincuencia y el crimen., apoyando la reforma del sector seguridad y justicia.

Programa de municipios más seguros: se trabajó con municipios pilotos: Puerto Cortés, La Ceiba, Comayagua, Siguatepeque, Santa Rosa de Copán, Santa Rita de Copán, estos financiados por el BID, y Choloma, El Progreso, La Ceiba financiado el Banco Mundial.

Creación de la División contra el Abuso, Tráfico y Explotación Sexual Infantil para prevenir y perseguir el delito de Trata de Personas, funcionando en cuatro de las cinco Direcciones Nacionales de la Policia Nacional Preventiva de la Secretaría de Seguridad.

Creación de una unidad de género para tratar lo que es la violencia doméstica, por los momentos solamente a nivel del Distrito Central, pero hay un proyecto para abrir oficinas departamentales.

En cuanto a capacitaciones o charlas en el tema de seguridad:

Policía Escolar: Creada en el 2012, imparten capacitación en los centros educativos donde hay mayor incidencia delictiva, las áreas que tratan son: principios y valores, bullying, resolución de conflictos, temas de prevención; el grupo meta son estudiantes, docentes y padres de familia de las instituciones. Actualmente está funcionando solo en el Distrito Central.

Capacitación en el modelo Great que es un modelo de prevención a las maras y pandillas, acá se capacitó a estudiantes de 5 centros educativos del distrito San Miguel en la ciudad de Tegucigalpa. Para el 2013 se tiene previsto capacitar en 36 centros educativos, la duración de la capacitación dura 1 semana para primaria y de 1 mes para secundaria.

58

Capacitación a policías en el modelo de policía comunitaria en temas de prevención dentro de la comunidad, solución de conflictos, temas de seguridad, y como organizar las comunidades.

Capacitación a maestros y a la misma policía en temas de prevención de violencia, implementando el modelo SARA, S: Scaner, A: Análisis, R: Respuesta, A: Avalúo, dicho modelo está orientado a la solución de conflictos y se está implementando en varias comunidades del Distrito Central.

Por falta de fondos no se tiene una programación a nivel de todos los municipios, pero si una comunidad solicita de capacitación se le asiste.

En NICARAGUA, la Policía Nacional brinda de manera continua capacitaciones y charlas en los barrios y comunidades de todo el país. Sin embargo no se pudo obtener información sobre la cantidad de personas involucradas en dichas capacitaciones, ni los recursos utilizados en la misma, así como la cobertura.

PANAMÁ

Tipo de acción Nro. de municipios

Personas involucradas

Impartida por…

Fecha de realización

Capacitación 15 Funcionarios, Sociedad civil y

policía.

Policía Nacional,

Especialistas

Año 2011-2012.

Campañas sociales 5 Medios de comunicación, funcionarios y

comunidad.

Funcionarios y policía.

Año 2012.

XI. Prevención vs. Represión

XII.1. Rol de los gobiernos locales según diferentes actores

Si bien hay un consenso sobre la importancia de incluir al municipio, es decir, a sus autoridades y a la ciudadanía, en las tareas para garantizar la seguridad ciudadana, no existe total coincidencia en los alcances e incluso los niveles de dicha participación, por parte de los actores institucionales. Según las personas entrevistadas del Gobierno Central, el rol de los gobiernos locales frente a la inseguridad ciudadana, debería ser el siguiente: Coordinar las políticas y acciones que se formulan en el Plan Nacional de Desarrollo donde en el tema de seguridad se plantea el objetivo estratégico de “Ampliar la cobertura en la ejecución de acciones operativas en coordinación con instancias relacionadas con el tema de seguridad, con énfasis en los distritos que contienen las comunidades vulnerables,28 para fortalecer la prevención”. Con el fortalecimiento del régimen municipal (Ley 8801), el gobierno local sería la instancia política que

28

Comunidades seleccionadas por el gobierno, dentro del Programa Comunidades Solidarias, Seguras y Saludables.

59

articula, convoca y coordina la política pública en las comunidades, con plena participación ciudadana, a través de los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional (CCCI). En este foro se torna efectiva la intervención de la política

pública. (COSTA RICA)

Bajo el mandato del Ministerio de Gobernación de GUATEMALA, la institución encargada de controlar la delincuencia común y el crimen organizado es la Policía Nacional Civil (PNC). Creada en 1997 a raíz del AFPC, la PNC guatemalteca nace de la fusión de los dos cuerpos de seguridad existentes en ese entonces, la Guardia de Hacienda y la Policía Nacional. Regulada por una Ley Orgánica, la PNC está encargada de proteger la vida, la integridad física, la seguridad de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de los derechos y libertades, prevenir, investigar el delito y preservar el orden público. Las funciones específicas de la PNC son: • Protección de los derechos y libertades de las personas • La prevención del delito • Previsión de riesgos. • La investigación del delito. Por el marco legal anterior el rol de los gobiernos local a nivel local es fundamental, debe existir una coordinación perfecta; sin embargo existe desconfianza entre el gobierno central y local en materia de seguridad, en la práctica real no hay coordinación, son parciales. El rol se justifica sobre la prevención situacional y contextual debido a el acceso a información que tiene el gobierno local. La coordinación de la seguridad ciudadana desde el gobierno local es una alternativa para el futuro, es vital que las propuestas de seguridad vayan relacionadas, por su relacionamiento con los ciudadanos, vecinos, el conocimiento

de la realidad y fluidez de la comunicación. (GUATEMALA)

La prevención, los gobiernos locales deben de tomar acciones encaminadas a prevenir la inseguridad, la noción de estabilidad, control o previsión que supone coadyuva a generar las condiciones para el desarrollo sostenible de un país, garantizando la seguridad humana y promoviendo la paz. La seguridad es tanto un derecho como una condición indispensable para afianzar el desarrollo humano. La seguridad en su vertiente respectiva debe ser provista por el Estado, que es el único autorizado a utilizar la fuerza mediante la organización de fuerzas de seguridad

pública. (HONDURAS) El rol de los gobiernos locales debe ser establecer la adecuada coordinación con la Policía Nacional, que es la institución responsable de controlar el delito y garantizar la seguridad ciudadana. Ellos no tienen la competencia ni las funciones de enfrentar

la inseguridad pública, sino que es la Policía Nacional. (NICARAGUA)

60

Reconociendo el rol que tienen los gobiernos locales en los territorios, permitiendo espacios para que se interrelacionen de manera asertiva y se cuenten con el

financiamiento que aporten a la ejecución de acciones. (PANAMÁ) Garantizar el orden y respeto a las leyes. Protección a los ciudadanos, de los

bienes públicos y privados. (REPÚBLICA DOMINICANA) Para los líderes comunitarios, el rol de las municipalidades debería ser: Orientador y un actor de consulta a las comunidades de qué tipo de políticas quieren llevar a cabo sobre todo en medidas preventivas de seguridad ciudadana en concordancia con las políticas nacionales, y desde luego el gobierno debe aplicar las políticas punitivas de acuerdo a la legislación vigente, pero haciendo un equilibrio entre lo punitivo y preventivo ya que los resultados de este ultimo enfoque no han sido del todo satisfactorio a que no se atacan las raíces del problema ,pues como diferentes estudios lo demuestran la violencia y la delincuencia tienen su origen en múltiples factores: económicos ,culturales, laborales, recreativos, político-

jurídicos, sociales, familiares, vecinales y educativos. (COSTA RICA)

Los gobiernos municipales por ser el ente más cercano a la población deberían tener una comisión específica, así como un rubro; con el afán de prevención de la delincuencia a través de la implementación de programas a jóvenes, charlas informativas. Programas dirigidos a prevenir la delincuencia. Las tareas y responsabilidades principales a nivel local debieran ser prevención y seguridad, coordinación con PNC, coordinación con comités de seguridad o consejos, en cada una de las zonas, y sobre todo coordinación estrecha de la Policía Nacional Civil y los dirigentes de comités vecinales que en algunas localidades salen a rondar en las noches y tienen mayor conocimiento del tema. Sobre la población se percibe que hay iniciativa de apoyar en seguridad, pero hay falta de voluntad o apoyo departe del gobierno local hacia la población. A la población le falta información de cómo

actuar en momentos de crisis. (GUATEMALA)

Dar más importancia al tema, hacer más incidencia con la sociedad civil y ciudadanos en el tema de prevención de la violencia, la municipalidad crear alianzas con todos estos actores. Trabajar el espacio territorial desde el municipio y en red comunitaria. La construcción de una comunidad de territorios en materia de seguridad con el fin de que el discurso local en materia de seguridad sea a través de una red, que ofrezca servicios de asesoría, acompañamiento, asistencia técnica especializada y la oportunidad de ir compartiendo el conocimiento acumulado de

manera práctica. (HONDURAS)

Los gobiernos locales deberían coordinar el tema de la seguridad ciudadana en cada municipio, en coordinación con la Policía Nacional. Deben incluir en los presupuestos municipales proyectos para prevenir la violencia, con jóvenes y

mujeres. (NICARAGUA)

La participación es una responsabilidad de cada individuo por ello, es relevante que los ciudadanos puedan reconocer la situación de su comunidad y se integren a las

actividades de manera tal que sean parte de la solución. (PANAMÁ)

61

Veamos qué piensan las autoridades locales sobre su rol en el tema:

Las competencias en materia de seguridad pública de los gobiernos municipales, según el Código Municipal, se limitan a la conformación de la policía municipal. Básicamente se ocupan de la vigilancia de los inmuebles y espacios públicos municipales (parques, plazas, mercados, etcétera), velan por el cumplimiento de las normas y acuerdos municipales y proporcionan seguridad en las dependencias, instalaciones y áreas de la alcaldía en colaboración con la Policía Nacional Civil.

(GUATEMALA)

La Policía Municipal porta armas de fuego en su equipamiento y entre los servicios que prestan se encuentra el de “evitar y prevenir la comisión de hechos delictivos; en el supuesto de haberse cometido éstos, investigarlos y en caso de delito in fraganti, detener y consignar a los responsables por conducto de la Policía Nacional Civil; recoger y consignar los efectos, instrumentos y pruebas de delito, actuando de

conformidad con las normas legales y vigentes”. (GUATEMALA)

El objetivo ideal entre el rol de la seguridad ciudadana y el gobierno local sería de existir una demanda de la población por un rol activo de la municipalidad pues por excelencia el gobierno local tiene la articulación y coordinación de las políticas locales. Por lo tanto se necesita de un diagnostico adecuado por municipio para definir programas que respondan a las necesidades detectadas, analizar los programas existentes, mejorarlos o adecuarlos a una mejor metodología; para llevar a cabo lo anterior, se necesita proveer a los municipios de recursos, que

descentralicen del gobierno central dichas funciones. (GUATEMALA) Para llevar a cabo lo anterior es necesario la participación ciudadana como esencial y partir de los planes de desarrollo territorial, con la finalidad de cumplir con ámbitos de acción como la prevención social, situacional, contextual y comunitaria, el control y fiscalización de las funciones de los actores involucrados y la comunicación entre

ellos, así como la difusión de sus funciones y programas. (GUATEMALA)

Es responsabilidad del municipio tomar acciones para prevenir la inseguridad, violencia, y delincuencia, por medio de la generación de empleo y por otro lado fomentar actividades que puedan estar realizando los niños y jóvenes en los

tiempos libres. (HONDURAS)

Aunque no es una competencia otorgada en la Ley de Municipios, la seguridad ciudadana es una preocupación de las autoridades municipales, en la medida en que afecta el desarrollo del municipio. Un municipio tranquilo permite que haya más inversión, más empleo, más jóvenes participando y no involucrándose en pandillas o delincuencia. El rol de los gobiernos municipales debe ser apoyar a la Policía Nacional en todo sentido, tener toda la información necesaria sobre lo que ocurre en el municipio y tratar de canalizar recursos para proyectos de prevención con jóvenes. También deben participar activamente en todas las comisiones y estpacios

donde se discuta el tema de seguridad ciudadana. (NICARAGUA)

Implementar políticas públicas en sus territorios que permitan desarrollar acciones paliativas en este sentido. Definir y tomar decisiones en la implementación, lograr

62

que se produzca un trabajo en conjunto para evitar la dualidad de esfuerzos.

(PANAMÁ)

Por su parte, las organizaciones no gubernamentales, conciben el rol de los gobiernos locales en el tema de seguridad ciudadana, de la siguiente manera:

El Sistema Nacional de Seguridad en GUATEMALA tiene un rol preventivo en seguridad ciudadana, en cuanto a ejecución de acciones. En cuanto a coordinación juega un papel que es vital en el marco de los consejos de desarrollo, el alcalde que es la figura que no violenta derechos, en el marco de esa coordinación y participación ciudadana, juega un papel vital en articulación, comunicación, él es una bisagra entre la población, su consejo, a nivel departamental, relación con el gobernador y como esta relación sube al nivel nacional29. Con el marco legislativo y contextual actual se puede trabajar con resultados. Se necesitaría que el gobernador, consejos, unidades técnicas entiendan que hay rol de cada uno en la seguridad ciudadana, cuesta que adentro comprendan que tienen un rol y tienen que colaborar. Entre gobernación, Ministerio Público y alcaldía se

necesita mayor articulación. (GUATEMALA) Las mayores dificultades luego del nivel anterior, a nivel local en algunas localidades es la dificultad de la fluidez de la comunicación organizacional entre el alcalde municipal, el consejo municipal, las oficinas técnicas, el Consejo Municipal de

Desarrollo y los Consejos Comunitarios de Desarrollo. (GUATEMALA)

Los gobiernos locales deberán Incluir en su planificación y presupuesto este tema, involucrar a la sociedad civil en la prevención de la seguridad, y que el tema no se extienda solamente al ámbito urbano, también al ámbito rural, extender la cobertura. El gobierno local debe tomar la iniciativa en el tema de seguridad a la ciudadanía, y coordinar acciones de prevención de la violencia en conjunto con la policía nacional. Así mismo incentivar para que la población se organice en comités de seguridad ciudadana por barrios, colonias, aldeas, caseríos para minimizar la inseguridad.

(HONDURAS)

Involucrar a los maestros que son pieza fundamental en este tema.

Es importante que las municipalidades trabajen con las comunidades en el tema de resolución alternativa de conflictos.

En el caso específico de la AMHON, tiene entre sus competencias estatutarias:

Fortalecer las competencias municipales para la formulación de políticas

integrales de seguridad.

Crear mecanismos de diálogo y coordinación interinstitucional.

Formar a tomadores de decisión y funcionarios /as técnicas para la formulación de planes integrales. (HONDURAS)

29

Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible . IEPADES

63

Las organizaciones de la sociedad civil organizada de NICARAGUA, opinan que los gobiernos locales deben facilitar y abrir espacios a los sectores de la SC para desarrollar políticas de seguridad ciudadana que restauren la confianza de la población en el Estado con la participación de la ciudadanía para que esta sea un bien público que todos y todas puedan aprovechar. Además, deben abrir espacios de participación ciudadana que fortalezca la coordinación y comunicación con la Policía para prevenir situaciones de violencia o delitos en sus municipios.

(NICARAGUA)

Otro rol es el referido a la necesidad de asignar un porcentaje del presupuesto municipal para apoyar las comisiones de seguridad ciudadana, a la vez que habilitar

espacios de recreación para los jóvenes. (NICARAGUA)

Mayor participación en los planes y medidas que lleva a cabo su municipio, aportando ideas y pensamientos para que se fortalezcan. Contribuir igualmente en los diagnósticos y soluciones a las mismas. (PANAMÁ)

Académicos El principal reto que tienen los gobiernos municipales es cumplir con las tareas o competencias que les asignan la Constitución y las leyes, las cuales no incluyen temas relacionados con la seguridad ciudadana. Cabe señalar que un elemento fundamental del Estado de derecho es respetar el principio, según el cual, en la función pública solamente se puede hacer lo que la ley permite. En materia de seguridad sus competencias solamente se relacionan de manera indirecta con el tema: alumbrado público, áreas recreativas, calidad de vida urbana, transporte de pasajeros cómodo, eficiente y seguro30. El marco legal guatemalteco no contempla la participación directa del gobierno municipal en materia de seguridad ciudadana. Esta ambigüedad ha permitido que el marco jurídico municipal adolezca de la capacidad de incorporar acciones directamente vinculadas a la seguridad ciudadana. Es importante mencionar que incide indirectamente mediante las acciones institucionales locales a través de infraestructura y servicios. (GUATEMALA)

Coordinar, diseñar programas y proyectos y ejecutarlos, sumando a todos los actores presentes en su municipio. Generar dialogo nacional sobre rol gobierno local en materia de seguridad. Reducir la sensación de inseguridad (Dimensión. Subjetiva). Reducción de las expresiones de la delincuencia (Dimensión objetiva). Mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Mejor los mecanismos de coordinación con instancias estatales. Generación de políticas locales en materia de seguridad, convivencia social, violencia domestica. (HONDURAS) Los gobiernos locales deben coadyuvar a la creación y aplicación de políticas públicas, apoyo a las instituciones preventivas del delito, concientización de que la

paz social es el mejor elemento del desarrollo local. (NICARAGUA)

30

Instituto de Transformación de Conflictos para la Construcción de la Paz en Guatemala

64

La educación se hace imprescindible en todo proceso, por lo tanto es de prioridad para los gobiernos locales el incluir dentro de sus presupuestos recursos para el cumplimiento de este propósito. Contar con planes de capacitaciones y charlas sobre la materia es responsabilidad de las municipalidades, se pueden fortalecer con otras instancias educativas, con alianzas para apoyar las jornadas . (PANAMÁ)

Policía o cuerpo de seguridad:

Los alcaldes deberían de ser los jefes de la policía en sus territorios para una mejor coordinación de estrategias que frenen la inseguridad en el municipio. (HONDURAS) Detectar factores de riesgos en los territorios y reforzar la represión en algunos casos para que apoyen como medida correctiva. (PANAMÁ)

XII.2. Las policías municipales Las funciones de las policías municipales, en aquéllos países donde existen, suelen variar de acuerdo al tamaño y a las exigencias del municipio, pues además de las tareas que son comunes de acuerdo a la legislación nacional para el conjunto de municipalidades, algunas de ellas se han especializado por ejemplo para atender grandes poblaciones (ciudades principales) o el cuidado de zonas turísticas.

COSTA RICA

Municipios

donde existe la

PMM

Principales funciones A cargo de la Alcaldía

A cargo de otra

institución

San José

Brindar el servicio de seguridad ciudadana y promover la organización de seguridad comunitaria en los 14 distritos.

Dar el servicio de monitoreo electrónico en zona críticas.

Alcaldía

Escazú

Establecer el servicio de Policía Municipal, mediante equipo

especializados, profesional y confiable y que esté presente en lugares estratégicos y sectores de mayor vulnerabilidad para

disminuir las incidencias delictivas del cantón y realizar campañas publicitarias de educación, implementar programas de

educación, técnica a jóvenes, acrecentar la unión entre vecinos, unificar red de comités de seguridad.

Alcaldía

Belén

Contribuir con el desarrollo de la

seguridad integral de las personas

Alcaldía

Alajuela

Dar servicio de seguridad ciudadana y promover la organización comunal

Alcaldía Comunidad

Heredia Fortalecer la seguridad ciudadana, implementando estrategias y alianzas con

otras instituciones con el fin de propiciar

Alcaldía Comunidad

65

Municipios

donde existe la

PMM

Principales funciones A cargo de la Alcaldía

A cargo de otra

institución

un ambiente seguro para toda la comunidad. Crear una red de comunicación e

información con los comités de seguridad ciudadana

Cartago Establecer políticas de control con el fin de mejorar la seguridad ciudadana,

disminuyendo la criminalidad mediante patrullaje aleatorio y minimizar el riesgo del delito a la propiedad privada.

Alcaldía

San Ramón

Vigilar y custodiar los bienes del dominio

municipal, así como también la de ordenar la circulación de personas y vehículos en la vía pública se dio a la

tarea, crear en San Ramón un ambiente sano, de paz y seguridad el cual merecemos todos.

Alcaldía

Garabito Este cuerpo de seguridad ciudadana

mantiene una intensa campaña contra el crimen en todas sus facetas: hurtos, robos, drogas, violencia doméstica,

comercio sexual, negocios ilegales y licores clandestinos

Alcaldía

GUATEMALA.

Departamento Municipios donde existe

la PMM

Principales

funciones

A cargo de la

Alcaldía

Retalhuleu Retalhuleu

Vigilancia de los

inmuebles y espacios públicos municipales (parques, plazas,

mercados, etcétera), velan por el cumplimiento de las

normas y acuerdos municipales y proporcionan

seguridad en las dependencias, instalaciones y áreas

de la alcaldía en colaboración con la Policía Nacional Civil.

X

San Martín X

Sacatepéquez

Ciudad Vieja X

Pastores X

Antigua X

Alta Verapaz

Cobán X

San Pedro Carchá X

San Juan Chamelco X

San Cristobal Verapaz x

Tactic X

Tucurú X

Tamahú X

Panzós X

Senahú X

Cahabón X

Lanquín X

Chahal X

Fray Bartolomé de las Casas

X

Chisec X

Santa Cruz Verapaz X

Santa Catalina La Tinta X

66

Departamento Municipios donde existe la PMM

Principales funciones

A cargo de la Alcaldía

Raxruhá X

Izabal

Puerto Barrios X

Livingston X

El Estor X

Morales X

Los Amates X

Totonicapán

Totonicapán X

San Andrés Xecul X

Santa María Chiquimula X

Santa Lucía la Reforma X

Momostenango X

Quetzaltenango

Almolonga X

Cabrican X

Cantel X

Coatepeque X

Colomba X

Concepción Chiquirichapa X

El Palmar X

Flores Costa Cuca X

Génova X

La Esperanza X

Palestina de Los Altos X

Quetzaltenango X

Salcajá X

San Carlos Sija X

San Juan Ostuncalco X

San Martín Sacatepéquez X

San Mateo X

Sibilia X

Zunil X

Guatemala Guatemala X *Fuente: Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Municipios verificados de los que se obtuvo información.

HONDURAS

Municipios

donde existe la PMM

Principales funciones A cargo de la Alcaldía

A cargo de

otra institución

Municipios que cuenten

con la capacidad económica

para hacerlo

Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas Municipales y el Plan de

Arbitrios

Sí

Supervisión, control y regulación de espectáculos, establecimientos de recreación, garantizar el libre

tránsito en las vías públicas urbanas, aceras, parques, playas, señalamiento vial, cementerios,

rastros, procesadoras de carnes municipales, crematorios, terminales de transporte urbano y mercados;

La supervisión, control y regulación

67

Municipios donde existe

la PMM

Principales funciones A cargo de la Alcaldía

A cargo de otra

institución

de restaurantes, bares, clubes nocturnos, expendios de bebidas alcohólicas, casa de prostitución y

similares.

Las demás establecidas en la Ley de Policía y Convivencia Social.

En NICARAGUA, la Policía Nacional ha implementado, casi desde su creación en la década de los ´80 un modelo de trabajo con la comunidad, que incluye a los gobiernos locales. En palabras de la Directora de Seguridad Pública de la Policía Nacional, existen convenios firmados con casi todas las 153 alcaldías del país y la policía voluntaria funciona en la mayor parte de los municipios. Esta figura de policía voluntaria fue creada mediante una Ley en noviembre de 1983, como parte de la Policía Sandinista31, con el fin de garantizar el mantenimiento del orden y la seguridad pública. La policía voluntaria, según el Art. 43 de dicha Ley, es un cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional, con estructura orgánica adscrita y subordinada a las delegaciones de policía, la integran ciudadanos nicaragüenses, que, previo proceso de selección, preparación y juramentación aceptan las condiciones de forma voluntaria, temporal y gratuita; pero, a la vez, le otorga los derechos contemplados en el art. 64, incisos 4, 5, 6 y 14 de la Ley N.° 228. Sin embargo, los gobiernos locales, en alianza con la empresa privada y los comerciantes, apoyan económicamente a la Policía Nacional, a fin de que esta policía voluntaria perciba beneficios pecuniarios para su sostenibilidad y permanencia en el cargo y puedan cumplir, eficientemente, las tareas que se le asignan en el Art. 45, como son las de

apoyo, prevención, vigilancia, seguridad pública y de tránsito. (NICARAGUA)

PANAMÁ

Municipios donde existe la

PMM

Principales funciones A cargo de la Alcaldía

A cargo de otra

institución

Panamá Aguadulce Colón

David

Entre las funciones se puntualizan: Desarrollarán la protección efectiva

de los bienes comunitarios, incluyendo particularmente el cuidado de las escuelas y los

centros educativos Además, conjuntamente con las juntas comunales, la ciudadanía y la

Policía Nacional, se reforzará la seguridad en los sitios de importancia histórica, recreativa y

si Si

31 Ley orgánica del cuerpo de policías voluntarios de la policía sandinista. Decreto No. 1347. Aprobado el 15 de Noviembre de 1983

68

Municipios donde existe la

PMM

Principales funciones A cargo de la Alcaldía

A cargo de otra

institución

cultural, a fin de garantizar el acceso y uso a todos los ciudadanos.

XII. Respuestas a nivel local

Costa Rica

Tipo de acción Iniciativa de: Actores involucrados

Principales resultados

Seguridad-paz- tranquilidad-respeto.

Policías cerca (en lugares estratégicos) y sin delincuencia

Rescate de valores y tradiciones Disponibilidad de

servicio a la comunidad Ayudar para hacer un mejor cantón

Conservar lo bueno que tenemos y mejorar Voluntad, colaboración,

justicia social, participación, trabajo, Responsabilidad,

perseverancia Erradicación de la drogadicción, sin

drogadictos, ni vagabundos en las calles y parques

Municipalidad Escazú

• Municipalidad • Policía

Municipal • Organización

Comunal

• Instituciones Públicas

• Centros

Religiosos • Lideres • Base

Educacional • Comercio

Atender como mínimo el 95 %, de las solicitudes de

servicio en los diferentes programas de seguridad ciudadana

-Garantizar el

cumplimiento de la normativa que regula el orden urbano.

-Respeto a las ordenanzas municipales que protegen el

adecuado ejercicio de derechos, libertades y deberes, como

miembros de las comunidades y de la ciudad capital.

-Mejorar la calidad de vida de los habitantes y visitantes del cantón.

Inversión en

Municipalidad

de San José

• Municipalidad

• Policía Municipal

• Comercio

• Ciudadanos • Policía

Judicial

• Fuerza Pública

• UCR

• Comunidades • Consejos de

Distrito.

-La protección de la

integridad física y el resguardo de bienes. -Crear las condiciones

necesarias para generar bienestar y mejorar la calidad de vida de los habitantes y

visitantes del cantón. -Se censo más de 2400 vendedores ambulantes que

trabajan en la ciudad. - Producto de ello, se han destruido más de 200

carritos metálicos, utilizados por vendedores ambulantes, por estar

contaminados.

69

Tipo de acción Iniciativa de: Actores involucrados

Principales resultados

equipamiento y

vigilancia electrónica. -Realizar censo a vendedores ambulantes.

-Se realizan constantes muestreos de alimentos perecederos que se

comercializan en la calle. Producto de ello, se han destruido más de

200 carritos metálicos, utilizados por vendedores ambulantes.

En todos los casos, éstos se encontraban contaminados.

-Diseño los planos constructivos de las

nuevas instalaciones de la Policía Municipal, -Se desarrolló el diseño

curricular del curso Básico de Policía Municipal.

-Instalación de una plataforma tecnológica que permitió habilitar el

Centro de Monitoreo Institucional, desde donde se operan las

comunicaciones policiales.

-Se vigilan más de 2.800 alarmas y se monitorean 25 cámaras de

video/vigilancia, instaladas en puntos estratégicos de la ciudad.

-Se cuenta con más de 1.900 clientes del Sistema Municipal de Monitoreo de

Alarmas y 600 clientes con sistema propio, lo cual nos permite crecer en los

diferentes. -Realizar inversión de más de 350 millones de colones

para las instalaciones de la Policía.

-Cumplir con el 100 % del programa de seguridad ciudadana efectuando

operativos nocturnos, supervisando y controlando las ventas ambulantes,

vigilando parques, monitoreando cámaras de vigilancia

Respaldar la gestión fiscalizadora de la

Unidad Tributaria de los patentados municipales. -Controlar las ventas

estacionarias y ambulantes. -Garantizar la vigilancia

y conservación de las instalaciones. -Colaborar con la

Unidad de Desarrollo Urbano. -Desarrollar programas

de seguridad preventiva mediante las fuerzas vivas del cantón.

-Regular y normalizar el tránsito de las vías nacionales y cantorales.

–Atención de

Municipalidad de Belén

• Municipalidad • Policía

Municipal • Dirección General del

Transito • Comisión Nacional de

Prevención de Riesgo • Comunidad

• Autoridades Judiciales

Realizar al menos 8760 horas de servicio policial,

patrullaje, atención de llamadas de emergencia las 24 horas.

70

Tipo de acción Iniciativa de: Actores involucrados

Principales resultados

Emergencias en caso

de catástrofe y en las calamidades públicas. -Colaborar con las

autoridades judiciales y organismos de investigación.

-Mantener la seguridad y el orden en las actividades que realice

la Municipalidad de Belén. –-La capacitación

constante y sistemática del personal policial

Crear un ambiente sano, de paz y

seguridad el cual merecemos todos. - Vigilar y custodiar los

bienes del dominio municipal. -Ordenar la circulación

de personas y vehículos en la vía pública. -Involucrarse con gran

coraje a la vigilancia y seguridad ciudadana - Instalación sistemas

de tele vigilancia más modernos del país.

Municipalidad de San

Ramón

• Municipalidad • Policía

Municipal • Empresa Pública

• Empresa Privada • Escuela

• ICE • AA • Fuerza Pública

• Policía de Transito • Instituciones

• Comunidad

-Contar con un órgano encargado de atender en

todo momento los requerimientos de los ciudadanos.

-Vigilar y custodiar los bienes del dominio municipal. -Ordenar la circulación de

personas y vehículos en la vía pública. -Contar con un ambiente

sano, de paz y seguridad. El sistema de tele vigilancia deberá fortalecerse con

apoyo de la empresa privada y de una policía municipal más consolidada. De igual

manera se ofrecerá servicios adicionales con el fin de brindar más seguridad a

todos nuestros contribuyentes. La relación más cercana con Fuerza

Pública ayudará a mantener el orden y la seguridad en nuestra ciudad.

-Realizar programas

preventivos de lucha contra la delincuencia y las drogas, mediante

charlas. -Acciones de participación ciudadana

-Convivios y dispositivos de seguridad. Se fomentan actividades

deportivas, culturales y recreativas para la juventud.

Municipalidad

de Cartago

• Municipalidad

• Policía Municipal • Ministerio de

Justicia y Paz.-Ministerio de Seguridad

Pública. • Jóvenes • Comunidad

• Instituciones • Turistas

-Dar eficientemente el servicio seguridad y vigilancia a la comunidad del

casco central del cantón -Disminuir la criminalidad mediante patrullaje aleatorio

-Minimizar el riesgo del delito a la propiedad privada. -Generar cambios de

actitudes y comportamientos.

71

Tipo de acción Iniciativa de: Actores involucrados

Principales resultados

-Coordinar acciones con

Instituciones, para la mejora de la vigilancia en todo el cantón.

-Establecer el Centro de Vigilancia de Cartago, las cámaras de

vigilancia. -Cumplir con las ordenanzas

municipales. -Coordinación y hacer alianzas con las

comunidades y establecer espacios que promuevan la

convivencia natural y organizada. -Construcción del

Centro Cívico. (elaborándose los planos)

-Involucrarse a los jóvenes, en el arte, la cultura y el deporte para

prevenir la violencia y promover la paz social.

-Campañas contra el crimen en todas sus

facetas: hurtos, robos, drogas, violencia doméstica, comercio

sexual, negocios ilegales y licores clandestinos.

- Patrullamos las zonas urbanas más conflictivas.

- La formación que reciben los efectivos -Equipar a la policía con

equipo de avanzada.

Municipalidad de Garabito

• Municipalidad • Policía

Municipal • Ministerio de Seguridad

• PANI • Migración • OIJ

• Turistas • Comunidad

-La delincuencia bajó en un 12% producto de la acción

coordinada de la Policía Municipal con otros cuerpos represivos.

-Se le ha impartido varios cursos y charlasen: manejo de armas, enfrentamientos

con delincuentes, atención al ciudadano, leyes, comunicaciones y

explotación sexual comercial. -Adquisición de armas, aparatos de comunicaciones,

vehículos y equipo de protección personal.

En GUATEMALA se han realizado esfuerzos para fortalecer las alianzas Estado-sociedad civil desde el sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Talleres especializados, capacitaciones y asesorías son algunas de las principales actividades que se dirigen a las Comisiones de Seguridad, a nivel departamental, municipal y local.

En relación a la prevención, las acciones se han focalizado en el fortalecimiento democrático, los derechos humanos y la participación ciudadana. Las principales actividades que se realizan, tanto desde gobierno central como de los gobiernos

72

locales y de organizaciones no gubernamentales, giran en torno a la educación, la recreación y cultura, el liderazgo local especialmente en el ámbito juvenil y el mejoramiento de infraestructura. Dentro de los principales actores involucrados ligados a la estructura gubernamental que participan en este proceso se encuentra la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Gobernación especialmente desde su Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, el Ministerio de Cultura y Deportes, la Secretaría de Bienestar Social y los gobiernos municipales. Por su parte, algunos de los actores vinculados a la sociedad civil y la cooperación internacional que participan de este proceso son USAID a través de su programa Prevención de la Violencia y Policía Comunitaria, el Sistema de Integración Centroamericana –SICA-, la Organización de Estados Americanos –OEA-, Alianza para la Prevención del Delito –APREDE-, entre otros.

(GUATEMALA)

HONDURAS

Tipo de acción Iniciativa de: Actores involucrados

Principales resultados

Equipamiento de

vehículo de motocicleta a la policía municipal para realizar la

vigilancia y actuar oportunamente.

Alcaldía Alcaldía,

Policía municipal, Sociedad Civil

Disminución de robo de

ganado. Disminución tala de

bosques.

Construcción de postas de control al entrar y

salir del municipio.

Alcaldía Alcaldía, sociedad Civil,

Policía

Disminución de la delincuencia común.

Instalación de cámaras de vigilancia en puntos

estratégicos del casco urbano

Alcaldía Alcaldía, sociedad civil.

Disminución de la delincuencia común.

Construcción de centros básicos de

capacitación para jóvenes y niños (pintura, guitarra,

teatro, danza, gastronomía, costura.

Comunidad Alcaldía, Ongs, Comunidad

Los jóvenes aprenden un oficio, se alejan de los

vicios, no son propensos a delinquir.

Proyecto de desarrollo integral de la juventud

ONGs Jóvenes, ONGs,

Alcaldía, comunidad

Se reducen los altos índices de delincuencia en

el territorio. Los jóvenes toman conciencia de sus oportunidades de mejorar

su condición de vida.

Resolución de conflicto con jóvenes

ONGs Jóvenes, ONGs, Alcaldía,

comunidad

Se reducen los altos índices de delincuencia en el territorio.

Convive paz: proyecto con jóvenes

Comunidad Ong, Gobierno central por medio de la

Secretaria de

Se ejecutó en el 2010, no se ha dado seguimiento sin embargo en este año

2013 están retomándolo.

73

Tipo de acción Iniciativa de: Actores involucrados

Principales resultados

Seguridad,

sociedad civil, ciudadanía.

En municipalidades como

La Ceiba, Atlántida; Teupasenti, El Paraíso; San Esteban, Olancho.

En NICARAGUA, si bien se conoce que la Policía Nacional desarrolla una gran cantidad de acciones en los municipios, no se ha podido obtener información precisa y sistematizada sobre ello, más allá del funcionamiento de los Comités de Prevención y los Consejos Locales de Seguridad Ciudadana, en los cuales se elaboran e implementan planes de acción específicos para cada uno de los municipios.

PANAMÁ

Tipo de acción Iniciativa de: Actores

involucrados Principales resultados

-Profilaxis -Programas de

Vigilancia. -Ciudad segura.

Policía Nacional Sector

empresarial

Policía Nacional Municipios

Ministerio de Desarrollo Social.

Control en casos de violencia a causa de riñas.

Programas de

actividades deportivas y culturales.

Sensibilización y capacitación sobre las ordenanzas municipales

y las medidas represivas consecuentes.

Autoridad Local Municipio

Policía Nacional Ministerio de Desarrollo

Social Ministerio de Educación

Población sensibilizada y

capacitada la seguridad ciudadana.

Cabildos y Consejos consultivos.

Municipio y Policía

Nacional.

Municipio

Policía Nacional Sociedad Civil

Decisiones consensuadas en los territorios,

ciudadanos comprometidos en cumplir las medidas y educaren el

seno familiar.

REPÚBLICA DOMINICANA informa y analiza las diferentes actividades emprendidas para hacer frente a la inseguridad ciudadana, tanto desde el Gobierno Central como desde la sociedad civil. Desde el gobierno central:

La lucha contra estos flagelos ha sido sistemática, en ella se han invertido cuantiosos recursos materiales, estudios, investigaciones y reflexiones en los ámbitos académicos, intelectuales, políticos, policiales y hasta militares, sin que se pueda decir que los resultados se corresponden con esos esfuerzos. Por eso figuras señeras de esos ámbitos han llegado a la conclusión de que esa lucha ha tenido un sonoro fracaso. Así se ha expresado el ex presidente colombiano Ernesto Samper, en República Dominicana.

74

Esa lucha se ha llevado a cabo desde las perspectivas de la represión y la prevención, privilegiando la primera. Es generalizada la opinión de que para la primera los organismos del orden público no están preparados, porque en ellos prima la mentalidad de represión contra enemigos políticos en que fueron sometidos durante los años de la guerra fría. A diferencia de los países europeos y de los EEUU, la policía de nuestra región es esencialmente política, formada para la lucha contra la delincuencia. Son las últimas generaciones las que sí comienzan a tener una mentalidad que la conecta con los temas de la criminalidad y la seguridad ciudadana. Es en ese contexto que en República Dominicana se ha puesto sobre el tapete el tema de la delincuencia y a ese propósito la institución municipal ha desplegado algunas iniciativas para enfrentar la inseguridad y criminalidad, impulsada por la presión de una población en los espacios locales, cada vez más preocupada por su inseguridad y cada vez más informada sobre actos criminales en sus entornos. La principal iniciativa sobre este tema ha sido "El Plan de Seguridad Democrática", impulsado por el gobierno central, a través del Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional. Tiene como objetivo principal, desplegar un conjunto de acciones coordinadas con diversas instituciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, populares y comunitarias; Ongs y organizaciones de cooperación internacional radicadas en el país. El Plan tiene contemplado hacer una "profunda reforma policial", el desarrollo de una policía preventiva, la implementación de un sistema de investigación criminal adecuado, el acercamiento de la Policía Nacional a la sociedad a través de una Policía Comunitaria y un sistema de control interno en esta institución que permita reducir sistemáticamente la corrupción de muchos de sus efectivos potenciando la profesionalización de éstos. La primera iniciativa local fue el llamado Plan Piloto Barrio Seguro, el cual fue objeto de mucho cuestionamiento por la concepción del mismo, básicamente represivo, aparatoso y costoso. Es generalizada la opinión de que ha sido un fracaso. Hasta el momento no se ha realizado la reforma policial. Son ostensibles los niveles de corrupción en las filas de la Policía Nacional, muchos de sus miembros se constituyen en banda de asaltantes y todavía privilegia la represión sobre la prevención. Ha de matizarse, sin embargo, que los niveles de percepción de inseguridad descendieron del 2006, 79%, al 2012, 65%, periodo que comprende la implementación del Plan "Barrio Seguro". Gran parte del sistema de Justicia también está sumido en la corrupción, lo cual es motivo para que la Policía Nacional justifique lo que ella llama "intercambio de disparos" con presuntos delincuentes, una forma de esta institución asumir la justicia por sus manos. De ese modo, del 2008 a 2010 han asesinado a 13000 ciudadanos y en los últimos 16 años, incluyendo a menores. Es cierto que el sistema de justicia en la República Dominicana está sumamente corrompido, pero no supera la Policía en esa práctica y, además, la Justicia, aunque mal valorada, 45.1 supera en ese sentido a la Policía.

75

Sergio Sarita Valdez, un eminente médico forense dice que el 70% de las muertes en el país son violentas y producto del narcotráfico, sumado al hecho de que, según el último, el 80% de esas muertes son de jóvenes entre los 17 y 29 años. De esos muertos, según diversos medios de prensa y de la propia Policía, son delincuentes reincidentes, poniendo en "tela de juicio el rol de las instancias que debían garantizar el castigo del delito, tales como el Ministerio Público y la Policía Nacional. En el primer semestre de 2010 dejó un saldo de 1,197 muertes violentas, entre ellas 386 ligadas directamente con la delincuencia y 117 feminicidios. Estos hechos violentos aumentaron a una tasa de 24.22 por cada 100,000 habitantes, en comparación con los 1,140 casos de igual período del 2009 (Diario Libre, 15 de septiembre de 2010. Con el argumento de la lenidad de la Justicia esta justifica, además de sus crímenes, su incompetencia, su incapacidad para prevenir y controlar la criminalidad y la corrupción en sus filas. Muchos de los llamados "intercambios de disparos" sirven de cortina de huma para la práctica del sicariato a los que se han sumado algunos de sus miembros. Esa circunstancia ha sido uno de los factores que han determinada que República Dominicana tenga la Policía con menores niveles de confianza LAPOP del 2012. Ocupa el antepenúltimo lugar en la tabla de valoración, 34.9, superada por Trinidad Tobago, 32.8 y Honduras, en último lugar con 28.7, en una escala del 0 al 100. En la región existe una muy baja percepción de que si se es víctima de una agresión puede contar con la acción de la Justicia para protegerle, en República Dominicana, el promedio de personas que confiaría en que se castigaría al culpable es de 48.1, ligeramente superior a la media de los países de la región, bastante alejada de Paraguay y Honduras que ocupan los últimos lugares con 37.6 y 38.6 respectivamente. Ese nivel de confianza de que se castigaría a quien cometa un acto de agresión criminal no es consistente con la valoración que se tiene en RD de la Justicia, 45.1, como se consignó más arriba. Según la última encuesta de la empresa Gallup para el periódico Hoy, de febrero pasado, para el 80% de la población encuestada, la inseguridad y el narcotráfico están aumentando, con un 89.8% y 82.3%, respectivamente, siendo esa su mayor preocupación de los ciudadanos. El 90% de las personas consultadas en la zona metropolitana y en las regiones Norte y Este estiman que la inseguridad ha aumentado; la misma percepción la tiene el 85% de los adultos de la región Sur. Los ciudadanos con edades entre 25 y 44 años creen, en más de un 90%, que esa problemática se agudiza. En este sondeo también se midió la opinión que tienen los adultos sobre la corrupción: el 77.5% de los adultos entrevistados consideró que este flagelo va en aumento. Las mujeres perciben más que los hombres el incremento de la inseguridad, con un 93.5%, contra un 86%.

En agosto de 2009, según la Procuraduría General de la República, la tasa de homicidios fue de 20.8, que nos colocaría en la media de toda la región hispanoamericana que es de 20; se espera que con la aplicación correcta de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ésta se reduzca un 12% anualmente y sea de 1.2 en 2030, y el país se coloque entre el 37% de países con menor tasa de homicidios,

76

Artiles, Leopoldo. El estimado es bajo, pues la cifra que más baraja entre los especialistas sobre el tema se acerca a 30/100,000 habitantes. Por lo tanto el tema de la inseguridad, que no era de preocupación en la sociedad dominicana hace un par de décadas se ha convertido en la mayor preocupación del país, y de seguir así podrá tener efectos devastadores para la actividad turística, principal renglón de su economía. Es muy frecuente la demanda de la población de la vigilancia policial en barrios y municipios, la Policía Nacional tiene 32,000 efectivos, pero muchos de ellos prestan sus servicios a dirigentes políticos, a personalidades y en las casas de los oficiales, por momentos hay denuncias de ese número alcanza casi la mitad. Esa percepción de carencia de efectivos policiales patrullando las calles sería un factor que ha determinado la existencia de 184 compañías, de seguridad privadas de ellas, 152 a nivel nacional, con 18,340 efectivos. Una preocupante y costosa privatización del servicio de la seguridad ciudadana, pues se calcula que el costo de operación de este cuerpo es de 49 millones de pesos mensuales (algo más de un millón de dólares). Desde diversas instancias de la sociedad

En 2009 se instaló la Mesa Local de Seguridad Ciudadana, la misma la integran la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU, el Ministerio de la Mujer, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, Foro Ciudadano Foro Interbarrial Permanente, la Fundación Friedrich Ebert, la Fundación Demuca y la Comisión Nacional para la Reforma del Estado, disuelta recientemente, que la coordinó inicialmente. Esa Mesa ha realizado diversas actividades con el objetivo de identificar iniciativas que puedan ser impulsadas de manera coordinadas entre organizaciones de la sociedad civil, populares y comunitarias con el organismos del Estado, propiciar el diálogo permanente entre los funcionarios públicos y los dirigentes de esas organizaciones, además de articular políticas y programas conjuntamente para enfrentar los factores que determinan la criminalidad y la inseguridad ciudadana. Esta Mesa ha puesto sobre el tapete un aspecto nodal del tema de la inseguridad ciudadana: el papel de los gobiernos locales en el diseño de políticas de prevención y combate a la criminalidad y a l inseguridad habida cuenta de que el desarrollo de estos flagelos están asociados a la eficacia o no que pueda tener la gestión local. En ese sentido, por iniciativa de la referida Mesa se han realizado varios seminarios y talleres para analizar las experiencias que en materia de seguridad se han llevado a cabo en algunas ciudades, tales como Bogotá e Ibague de Colombia. También, se han desarrollado iniciativas para analizar los resultados de diagnósticos sobre el estado de situación de la inseguridad ciudadana en barrios de las ciudades de Santo Domingo y Santiago. Se analizaron el impacto de diversas pandillas, básicamente juveniles que mantienen los barrios en zozobra como el de las "naciones", estableciendo las relaciones existentes entre la marginalidad, la falta de expectativas, las pobres condiciones en que discurre la vida de los jóvenes y la precariedad de los servicios municipales.

77

XIII. Retos para hacer frente a la inseguridad ciudadana De los gobiernos locales

COSTA RICA

1. Establecer un adecuado diagnóstico local y seguridad, teniendo en cuenta que

hay de real y de percepción. Determinación de zonas y factores de riesgo. 2. Evitar reducir la seguridad ciudadana a los delitos contra el patrimonio y la vida

(homicidios), dejando por fuera elementos de la seguridad claves (violencia intrafamiliar, violencia contra la niñez y la mujer, etc.)

3. Lograr una adecuada comprensión de que la vinculación de que la seguridad gestionada desde lo local pasa por coordinar con el gobierno nacional. No se trata de convertir en islas a comunidades.

4. Intervenciones de carácter preventivo. 5. Programas de solución pacífica de conflictos.

GUATEMALA

1. Carencia de adecuados diagnósticos de seguridad locales y determinación de zonas de riesgo.

2. Intervenciones de carácter preventivos, lo que incluye lograr una adecuada vinculación de la seguridad gestionada desde lo local para poder coordinar con el gobierno nacional.

3. La capacidad del marco jurídico municipal para incorporar acciones vinculadas a la seguridad ciudadana

NICARAGUA 1. Contar con toda la información necesaria sobre la situación de la inseguridad

ciudadana en el municipio, incluyendo la inseguridad ante los desastres naturales, violencia intrafamiliar, pandillas, etc.

2. Lograr la efectiva coordinación con la Policía Nacional para planificar juntos las acciones necesarias en el municipio

3. Motivar a la población para que participe de la mejor manera posible en todos las estructuras que hay en los municipios donde se discuta el tema de inseguridad ciudadana

4. Contar con los recursos suficientes como para ejecutar proyectos con los jóvenes y mujeres en el municipio

PANAMÁ

1. Clasificación de las vulnerabilidades a la vida del ciudadano. Luego se asume una

proceso de sensibilización y capacitación en temas como integración familiar, valores y en educación básica.

2. Que se identifique por parte de las autoridades como el ciudadano reconozca que existen. Igualmente con la promoción de programas para que se identifiquen a los líderes comunitarios que apoyen la participación de los ciudadanos.

78

3. Producir un plan de acción para enfrentar los delitos. Y dentro de los mismos delimitar sus acciones de acuerdo a los presupuestos asignados para cada actividad a desarrollar.

De la población:

GUATEMALA

1. Reducción de los delitos contra el patrimonio y la vida, sin dejar fuera la violencia intrafamiliar, violencia contra la niñez y la mujer.

2. Confianza en las autoridades, vinculado a la falta de reacción frente a hechos delictivos.

3. Respeto de las prácticas tradicionales propias de la comunidad local para la resolución de conflictos, lo cual debe ser tomando en cuenta para la aplicación de mecanismos de seguridad ciudadana.

NICARAGUA

1. Que los gobiernos locales y la Policía Nacional coordinen sus acciones con la población

2. Que se inculque a los jóvenes, desde las escuelas, hábitos de honestidad y buen comportamiento para evitar que luego se transformen en delincuentes

3. Que se mejore la situación del empleo en los municipios, para que la gente no se vea obligada a robar para sobrevivir

4. Que se avise con anticipación las reuniones que se hacen de las Comisiones de prevención y seguridad, para que pueda haber una buena participación de la población

5. Que los delitos sean efectivamente castigados, para que hay temor en la gente y no los cometan. Que no hay favoritismo por colores políticos

Por su parte, PANAMÁ considera que los principales retos de la población son: 1. Acceso a la información actualizada de la realidad. Inculcar dentro del núcleo

familiar los valores y formas de comportamiento adecuado. Reforzar la unidad familiar.

2. Obtener capacitación sistematizada. Un ciudadano con conocimiento es capaz de comprometerse a la búsqueda de las soluciones. Puede ser parte de los procesos para mejorar las condiciones.

3. Construir niveles de toma de conciencia para que toda la población se sienta representada de manera responsable. Que se sienta partícipe de las medidas preventivas y represivas.

XIV. Acciones necesarias

COSTA RICA

Acción Responsable

Crear un marco normativo que delimite las competencias de los gobiernos locales en este tema

Asamblea Legislativa y gobiernos locales

79

Acción Responsable

En el marco normativo se debe estipular la fuente de ingresos para los gobiernos

locales financien la organización y funcionamiento de sus cuerpos policías.

Asamblea Legislativa y gobiernos locales

Dotar de recursos a los gobiernos locales para procesos de sensibilización y

capacitación sobre la importancia de la seguridad ciudadana

Asamblea Legislativa y gobiernos locales.

GUATEMALA

Acción

Generar un amplio marco de preparación y capacitación de capital humano de las municipalidades, con capacidad para coordinar con las instituciones del gobierno central responsables de la seguridad ciudadana, que posteriormente estén en condiciones de

liderar y administrar los nuevos servicios públicos municipales (competencias propias a largo plazo).

Adoptar d manera prioritaria un sistema de coordinaciones intergubernamentales y entre niveles de gobierno. Hasta ahora gran parte de los esfuerzos de coordinación responden al

voluntarismo burocrático que generalmente debilita la toma de decisiones

Institucionalizar procesos en los que se fortalezca la capacidad institucional de las entidades gubernamentales involucradas gestando acuerdos, resoluciones y decretos que hagan irreversible los procesos públicos

Abrir espacios de diálogo ciudadano que permita la participación plena y transparente en

acciones de cualificación de la gestión pública.

Evitar que la delegación de competencias sea reversible en cuyo caso se propone institucionalizar los procesos.

HONDURAS

Acción Responsable

Realización de diagnósticos en el tema de

seguridad, para identificar el problema y encontrar solución. Priorizando el enfoque desde los

municipios en prevención.

Municipalidad, Ongs presentes en el

municipio, Cooperación Internacional

Fortalecimiento de los gobiernos locales en materia de seguridad pública y ciudadana: Prevención de la violencia,

como denunciar un acto de autoritarismo, un acto ilegal de la policía nacional.

Gobierno central, u ONG especializada en el

tema y que tenga acción en el municipio.

Organización de todas las instituciones que trabajan en el tema de seguridad,

identificar el rol que tiene cada una, y coordinar acciones en los municipios.

Gobierno Central

NICARAGUA

Acción Responsable

80

Acción Responsable

Un plan estratégico, operativo y de

acción en función de la prevención del delito

Gobierno local, gobierno central, policía,

juzgado

Concientización de la necesidad de un

plan local de seguridad ciudadana

Medios de comunicación locales, instituciones

locales de la sociedad civil, municipalidades, Ministerio de Educación.

Abrir espacios para la participación

ciudadana incluyente para el ejercido democrático y respetos a la libertades para garantizar la convivencia para un

territorio seguro.

Gobierno local, policía, población

Desarrollar estrategias locales y las condiciones políticas, ambientales,

sociales, económicas y culturales que garanticen su desarrollo y dignidad en la ciudadanía.

Gobierno local, policía, organismos no gubernamentales, población, Ministerio de

Educación

Focalizar mecanismos de coordinación y cooperación estratégicos donde gobiernos locales y Nacional centren

acciones precisas en materia de lucha contra la delincuencia, no como un hecho aislado sino como un problema que

ocupa y preocupa a la mayoría

Gobierno local, gobierno central, policía, organismos no gubernamentales, población

Fortalecer la organización comunitaria, Crear espacios de articulación en el

municipio donde se aborde el problema y de manera conjunta se busquen soluciones.

Gobierno local, gobierno central, policía, organismos no gubernamentales, población

Rehabilitar los CDM para reestablecer las coordinaciones institucionales.

Gobierno local, gobierno central, policía, organismos no gubernamentales, población

Visibilizar en los PIMM acciones directas

en pro de la seguridad ciudadana.

Gobierno local, gobierno central, policía,

organismos no gubernamentales, población

PANAMÁ

Acción Responsable

Normativa en cada municipio para formalizar comités de vecinos y trabajo

conjunto. Con política municipal y estrategia de implementación.

Autoridad local Policía Nacional

Ciudadanos a través de participación

Sensibilizar y promover en las

comunidades campañas sociales y de valores.

Autoridad Local. Municipio.

Capacitaciones a los sectores involucrados para que puedan replicar a

los sectores de la sociedad claves.

Municipio y Sociedad Civil

Acciones de preventiva y de represión para enfrentar los casos violentos.

Policía Nacional.

Desarrollar actividades deportivas, culturales y de entretenimiento para la

juventud del distrito.

Autoridades locales a través del municipio y con apoyo de otros organismos.

81

Fortalecer el Observatorio de Seguridad Ciudadana.

Autoridades locales, Sociedad Civil y Policía Nacional.

REPUBLICA DOMINICANA

Acción

Impulsar un proceso de reforma en todas las instancias del sistema político, orientado hacia la creación mayores niveles de confianza de la población en las instituciones judiciales y policiales.

Replantear el tema de la seguridad ciudadana desde la perspectiva local.

Impulsar el tema de la gestión urbana como un tema crucial para la seguridad, asumiendo

la gestión de los servicios como condición indispensable para una incorporación la población a la lucha contra la criminalidad y la inseguridad.

Promover iniciativas de políticas públicas en los municipios y ciudades de menor

dimensión para prevenir la delincuencia y la inseguridad que ya comienza a generalizarse en todos esos espacios. Ello implica establecer una clara diferencia entre asistencialismo clientelar y envilecedor y políticas públicas que promuevan la inclusión social de los

jóvenes y las mujeres, fundamentalmente.

Establecer una mayor coordinación entre gobierno central y los gobiernos locales en la discusión de la discusión y elaboración de la Ley de Ingresos y Gastos Público, en lo

relativo a la asignación de recursos para el desarrollo de proyectos de infraestructuras para el desarrollo, a ese propósito es resulta imprescindible la incorporación de las instancias que puedan promover y potenciar estas relaciones: los Consejos de Desarrollo

a nivel regional, provincial, municipal y comunitario

Democratizar el gasto público desconcentrando y evitar que sean la ciudad capital y Santiago los lugares donde se invierta más del 60% de las grandes obras de infraestructuras viales y de construcción en general

Retomar en diversos escenarios las discusiones sobre el ordenamiento territorial, sobre la

descentralización, alrededor de las cuales se han avanzado muchas ideas e iniciativas en varios documentos y de ellas terminar el diseño del proyecto de Ley marco de la Descentralización, del Ordenamiento Territorial y de Plan Maestro para los ayuntamientos.

Reformular el tema de la regionalización del país, desde una perspectiva que supere los

aspectos administrativos que tienden a primar sobre lo político

Plantearse que la necesaria relación que debe existir entre capacidad de asunción de competencia a los entes descentralizados con los recursos que a ellos se les as ignen y a

ase propósito es necesario el establecimiento de una Ley Tributaria Municipal, que permita que los ayuntamientos tengan mayor capacidad de generación de recursos para su fortalecimiento institucional, formando mejor su personal para una más eficiente oferta de

servicios.

Reorientar la práctica de discusión sobre la aplicación de a Ley del Presupuesto Participativo, elevando la calidad de las demandas de la población y la conciencia sobre cuáles demandas son de obligada competencia de los ayuntamientos y cuáles de obligada

competencia de los gobiernos centrales

82

Anexos

La división territorial de la REPÚBLICA DOMINICANA está basada en regiones, provincias, municipios y diversas denominaciones menores, como parajes, secciones etc., las primeras no tienen competencias realmente políticas. El municipio sí tiene sus competencias debidamente establecidas en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. Según la Constitución dominicana, en su Artículo 83, los ayuntamientos, así como los Síndicos, son independientes en el ejercicio de sus funciones, con las restricciones y limitaciones que establezcan la Constitución y las leyes, las cuales determinaran sus atribuciones, facultades y deberes. El país ha tenido un sostenido proceso de fragmentación territorial, motivada por razones políticas y hasta de revalorización del suelo. De ese modo,. ha sido frecuente la creación de provincias, 32 y de municipios, 154 y distritos municipales, 231, con funciones y competencias muy parecidas a los municipios. Todas esas

unidades políticas administrativas se encuentran en tan solo 148,000 k2. La

mayoría de los municipios dominicanos son muy pequeños más del 80 % tienen una población de menos de 25 000 personas.

Hasta el momento, dentro de las competencias municipales, no se contemplan como de obligado cumplimiento el fomento de actividades empresariales municipales, de promoción del turismo a nivel local, la captación de suelo para promover proyectos de construcción y/o mejoramiento de viviendas, de políticas sociales no asistencialismo), de tratamiento de agua residuales. Los municipios tienen entre sus competencias el ordenamiento del territorio, pero ninguno tiene un plan maestro que regule y oriente la creación del espacio.

Sus alcaldes (sas) y vice alcaldes (sas), son elegidos cada 4 años y más del 90% pertenecen a tan sólo dos partidos. Las pésima relaciones que existen entre esos dos partidos, se reflejan en el discurrir de la vida municipal dominicana y es frecuente que se produzcan crisis a la hora de integrar los concejos de regidores, pues es frecuente que no se logren el consenso necesario para elegir las comisiones o presidencia de dichos concejos. En ese sentido, las relaciones entre el gobierno central y los municipios dependen casi exclusivamente de los colores de ambos.

En ese contexto les resulta muy difícil establecer un clima de gobernabilidad local que permita una más fluida integración de los agentes políticos y sociales de la sociedad local y, como consecuencia asumir de manera eficiente y eficazmente las competencias municipales en sentido y general y las nuevas impuesta por la presente época: la de seguridad ciudadana y la de desarrollo local. Los bajos niveles de gobernabilidad limitan de manera directa cualquier proyecto de impulso a la descentralización.