Cáritas · Fuente: EINSFF 2007, 2009 y 2013 2. los ingresos de los hogares Siguiendo los datos de la encuesta de población activa correspondiente al cuarto trimestre de 2016, el

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ProPuestas Políticas de cáritas

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Índice Ver… el mundo en que vivimos ................. 3

Juzgar y sentir a la luz del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia .............. 13

Actuar… porque otro mundo es posible ................................................................................................... 16

Para conocer más ................................................................... 38

Cuaderno n.º 18

Coordinado por los equipos de sensibilización e

incidencia

Edita: Cáritas Española Editores Embajadores, 162. 28045 Madrid

Tel. 914 441 000

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PROPUESTAS POLÍTICAS DE CÁRITAS


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Q Foto de cubierta: © Lefteris Partsalis / Caritas Internationalis

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Ver… el mundo en que vivimos

¿Por qué estas propuestas políticas?

1. la crisis vivida

La sociedad española ha vivido en estos últimos años un periodo muy difícil. Algunos de los efectos de la llamada crisis económica han sido lo suficientemente visibles y extensos, como para alertar y preocupar a la inmensa mayoría de la sociedad. Una crisis de diez años que en un principio fue financiera, luego económica, y que finalmente ha desencadenado una crisis de legitimidad política y de cohesión social. Una crisis de la que algunos indicadores macroeconómicos parecen decirnos que estamos

3 Propuestas políticas de Cáritas

saliendo, aunque a una velocidad demasiado lenta, especialmente para algunas personas y grupos.

En el año 2008 se publicó el VII Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España que señalaba, entre sus principales conclusiones que ya, durante los años de bonanza y crecimiento económico, un 36,9% de hogares estaba en integración social precaria, un 10,2% en exclusión moderada, y un 5,4% en exclusión social severa.

Tan solo, el 47,3% de los hogares estaba en integración plena. Esto significa que el hogar no está afectado por ninguno de los indicadores de exclusión social, –lo que debiera ser la norma general en cualquier país que se defina a sí mismo como estado social, democrático y de derecho– pero no son necesariamente hogares con elevadas rentas.

Con datos de 2013, este porcentaje bajó hasta el 36,9% de los hogares españoles, situando la franja de integración plena en situación de estricta minoría.

Como veremos más adelante, algunos datos, especialmente los del año 2016, apuntan a una leve recuperación de algunos indicadores, más leve cuanto más bajo es el punto de partida.

En resumen, podemos hacer tres afirmaciones:

• La crisis ha quebrado los apoyos de muchas personas que les per-mitían permanecer en una situación de integración social, aunque un tanto precaria.

• Dos de cada tres personas que hoy están en situación de exclusión social, lo estaban ya al inicio de la crisis económica, pero este recorrido les coloca en peor situación de la que estaban.

• A este amplio colectivo, la crisis ha sumado un buen número de personas y grupos.

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Fuente: EINSFF 2007, 2009 y 2013

2. los ingresos de los hogares

Siguiendo los datos de la encuesta de población activa correspondiente al cuarto trimestre de 2016, el 7,5% de los hogares españoles se encontraba con todos los «activos» –personas con capacidad de trabajar– en paro. Hay 629.000 hogares sin ningún tipo de ingreso y los parados de larga o muy larga duración (1 año o más en esa situación), representan el 56,4% del total (2.329.000 personas).

Las rentas mínimas de inserción, según datos de la memoria del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, fueron percibidas durante el año 2015 por un total de 789.672 personas, con una cuantía media de 435,80 euros mensuales, pero con unas diferencias muy grandes según la comu-nidad autónoma, por ejemplo, 648 euros en la Comunidad Navarra y 300 euros en la de Murcia.

A pesar de que el trabajo supone la principal fuente de ingresos de los hogares de nuestro país, según las encuestas de condiciones de vida (ECV)


del INE, la tasa de riesgo de pobreza ha crecido desde el año 2008 hasta el 2015 en 3,1%.

Tasa de riesgo de pobreza (renta del año anterior a la entrevista)

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Ocupados 14,8 14,2 11,7 11,6 11,7 11,7 11,6 11,7

Fuente: Elaboración propia con datos de la ECV de 2008 a 2015

Se trata de la categoría definida como «trabajadores pobres», es decir personas que a pesar de tener un empleo, éste no resulta suficiente para situarse por encima del umbral de la pobreza. Según el informe del Servicio Público de Empleo Estatal, correspondiente al 2016 (datos de 2015) el porcentaje de trabajadores con contrato indefinido era el 52,41%, frente al 29,62% de contratos de carácter temporal. Estos contratos precarios habían aumentado desde 2104 en un 11,34% en el caso de la jornada completa, y un 2,73% en la parcial.

Y en cuanto a la rotación, citamos textualmente del informe del SEPES. «La media anual de contratos por persona en 2015 ha sido de 2,75, la mayor de los últimos diez años. Esta media ha ido aumentando cada año desde 2009, cuando la media se situó en 2,20 contratos por persona. De los trabajadores que han firmado algún contrato un 51,95% ha firmado un único contrato a lo largo del año. El 21,03% firmó dos contratos. El 3,54%, más de 11 contratos; en el año anterior fue el 3,33%.» .

En conclusión, si que está habien do una recupera-ción del empleo, aunque claramente insuficiente, y no tanto una recupe-ración del ingreso de las personas por esta vía.

SEPES Informe de Mercado de Trabajo 2016 Estatal (Datos 2015) Pág. 51.

Este proceso de recuperación económica se está produciendo a base de compartir empleo precario tanto de condiciones, como de salarios.

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3. la vivienda

Uno de los elementos más visible de la crisis, tuvo y tiene que ver con el acceso y, sobre todo, con la perdida de la vivienda de muchas familias. Los datos recogidos solamente hacen referencia a la punta del iceberg, aquellos casos en los que la situación ha llegado a los juzgados en forma de lanzamiento o desalojo por orden del juzgado.

Los datos varían según la fuente, pero en cualquier caso, ponen de manifiesto una situación especialmente dramática.

Ejecuciones hipotecarias en España

Fuente: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

Desde el año 2008, según el consejo General del Poder Judicial, se han acumulado un total de 695.121 ejecuciones hipotecarias. Aunque la tendencia es a la baja, en 2016 se ejecutaron casi 50.000 hipotecas. En la inmensa mayoría de los casos no hubo dación en pago y permaneció la deuda a pesar de perder la vivienda.


4. la salud

Las entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012, de reforma del sistema nacional de salud y su posteriores desarrollos es un hito más en la cadena de esta crisis. Sin valorar en profundidad la mencionada reforma, dos son su efectos más significativos, teniendo en cuenta que se implanta en medio de la crisis, probablemente, más importante que ha sufrido nuestra sociedad.

El primero fue dejar fuera de la cobertura sanitaria normalizada a determinados colectivos, especialmente a los inmigrantes irregulares (exceptuando a los menores y las mujeres gestantes), cubriendo únicamente las urgencias hospitalarias. La sinrazón de la medida explica que muchas comunidades autónomas hayan arbitrado procedimientos para devolver el derecho a la atención en salud, si bien de manera muy desigual, con diversos condicionantes e intensidades.

Fuente: Informe REDER 2015.

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A pesar de medidas de «restauración» como la implantación de un sistema específico o la ampliación del número de excepciones de la norma, la reforma sigue sin devolver íntegramente los derechos de atención sanitaria universal y normalizada a través de la tarjeta sanitaria. Y el segundo de los grandes elementos que introdujo el Decreto, con unos efectos mucho más extensos, es el llamado copago farmacéutico.

Como se puede ver en la tabla, durante los años más duros de la crisis, la exclusión social ha crecido más en el eje de empleo, seguido del de salud, que entre la población en exclusión severa evoluciona del 37% al 60%.

Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

Dentro de la dimensión salud, el indicador que más creció en esos años es el que hace referencia a «haber dejado de comprar medicinas» que afectaba, en 2013 al 13,35% de los hogares en España, y al 34,1% en el caso de los hogares en situación de exclusión.


5. Políticas basadas en los recortes y la austeridad

En lo que respecta a las políticas desarrolladas para frenar los efectos de la crisis, nuestro país ha seguido las recetas neoliberales de la austeridad para combatir el déficit público, medidas para hacer «competitiva» nuestra economía, como la recuperación del empleo cada vez más precario en cuanto a condiciones laborales y salarios.

Gasto social en España. % sobre total del gasto

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat

El gráfico refleja la evolución de cuatro de las principales partidas presupuestarias de gasto social en nuestro país durante la crisis. Excepto en protección social, las otras tres manifiestan una tendencia a la reducción durante todo el periodo, con una leve recuperación en los dos últimos ejercicios, que aún se haya por debajo de los niveles del año 2006. La evolución de la partida de protección social se debe sustancialmente al incremento de la cantidad de perceptores de los diversos subsidios de desempleo.

A pesar del crecimiento de la economía española, una de las más potentes de Europa, entre las cosas que ha recortado está su compromiso con el desarrollo de otros países, la llamada ayuda oficial al desarrollo (AOD), que en lugar de crecer hacia la meta del 0,7%, ha

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ido disminuyendo progresivamente durante toda la crisis, no solo en cantidad, sino en porcentaje sobre el PIB.

Según la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (SDSN), nuestro país no sale bien parado en la medición de su grado de compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los que se dotó la ONU. Según el último informe, España ocupa el puesto 30 de los 149 países que incluye el estudio.

De los 17 objetivos, nuestro país solo aprueba en igualdad de género (ODS 5) y acumula hasta nueve objetivos «en rojo», especialmente en los indicadores de empleo, investigación, reciclaje de residuos municipales, biodiversidad o ayuda al desarrollo.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AOD

Bruta3.752,63 4.760,27 4.728,41 4.495,83 2.987,55 1.585,50 1.768,53 1.414,57 1.074,85

% PIB 0,35 0,43 0,44 0,42 0,28 0,15 0,17 0,14 0,12

Fuente: Elaboración propia con datos del ministerio de exteriores y de la contabilidad nacional

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6. el riesgo de fijación en la nueva estructura social

Si en la sociedad ante-rior a la crisis había una franja de población en situación de exclusión social, actualmente esta franja será más amplia en su número y vivirá aún en peores condicio-nes.

Por otra parte, la franja de personas en situación de integración precaria sufrirá también un incre-mento y un agravamiento de sus condiciones de vida.

Así, en la estructura social de nuestro país se puede consolidar una sociedad en la que la plena inte-gración sea la excepción a la norma. Esta debilidad incapacita a la sociedad para resistir los efectos de crisis futuras.

La conclusión es que estamos en una coyun-tura de riesgo.

Si conseguimos recuperarnos y salir de la crisis pero no se da un cambio radical de rumbo, esta salida será en forma de una profunda transformación en la estructura social.

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Juzgar y sentir a la luz del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia

La realidad social que hemos descrito en la primera parte nos interpela a actuar, a proponer, a aportar, desde el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, para intentar cambiar aquello que vulnera la dignidad y los derechos de las personas.

Como recuerda Francisco en Laudato Sí, «hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad, y llegó la hora de advertir que esa alegre superficialidad nos ha servido de poco. Esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios intereses, provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia y crueldad e impide el desarrollo de una verdadera cultura del cuidado del ambiente» (n. 229).

Estas propuestas conllevan, también, una llamada de alerta sobre el mal moral que representa la lacra de la corrupción, ante la que urge recuperar un modelo económico impulsado por los principios de la ética y el bien común por encima de los intereses particulares e insolidarios.

En una sociedad en la que se identifica el tener más con estar mejor, en la que se entiende que somos más felices cuando poseemos más cosas, queremos recordarnos que «el gran desafío que tenemos, es mostrar, tanto en el orden de las ideas como de los comportamientos, que no solo no se pueden olvidar o debilitar los principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad y la responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles, el principio de gratuidad y la lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la actividad económica ordinaria». (Benedicto XVI, Caritas in Veritate, n.36).

© Inma Cubillo / Cáritas Española


Para avanzar en ese objetivo es indispensable, por una parte, situar a las personas, especialmente a las más vulnerables, en el centro de cualquier modelo de desarrollo y, por otra, reclamar a las administraciones públicas que, como garantes de los derechos humanos, asuman su responsabilidad de mantener el estado social de bienestar con los recursos que sean necesarios.

Para ello, estas propuestas se orientan en torno a cinco principios esenciales:

1. El destino universal de los bienes. Es importante reivindicar la urgencia de este principio básico de la Doctrina Social de la Iglesia ante la consolidación de un sistema que tiende a excluir a los más pobres, hasta el extremo de considerarlos un desecho del consumo. Los beneficios aportados por el progreso económico y tecnológico deben estar al servicio de las necesidades básica de todos los seres humanos, especialmente de quienes, en palabras de Francisco, están «descartados».

2. Solidaridad y defensa de los derechos, incorporando estos valores para responder de forma adecuada a los problemas actuales. La comunidad política, desde legisladores y gobiernos hasta órganos judiciales, es la responsable de garantizar el ejercicio y acceso de los ciudadanos a sus derechos constitucionales, sobre todo al trabajo digno, a una vivienda adecuada y a la protección de la salud. Cáritas está convencida de que para alcanzar ese objetivo es imprescindible implementar un sistema fiscal eficiente y equitativo.

3. El bien común. Es una exigencia de justicia y de caridad. Y para el conjunto de instituciones que articulan, como «polis», la vida social en sus ámbitos jurídico, civil, político y cultural. Se ama al prójimo más cuanto mayor sea el trabajo que responda también a sus necesidades reales.

4. El principio de subsidiariedad es el eje que hace posible un justo equilibrio entre la esfera pública y la privada. Reclama, el debido respeto y estímulo a las organizaciones intermedias, así como el impulso de su participación en la vida social. Esto no puede servir de pretexto para que

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el Estado descargue sus obligaciones sobre dichas entidades ni para que eluda las responsabilidades que le son propias. .

5. El derecho a un trabajo digno y estable. La creación de empleo es la política más eficaz para lograr la integración y la cohesión social, garantizar las necesidades básicas, y orientarse a la realización personal. Por todo ello, debe ser digno y estable. Este objetivo exige la colaboración de todos, especialmente de empresarios, agentes sociales y representantes políticos.

En definitiva, al poner en la agenda del debate público estas Propuestas en vísperas de las citas electorales de 2016, Cáritas propone suscitar en los poderes públicos un consenso, urgente y necesario, sobre el modelo de convivencia cuya raíz esté en la dignidad irrenunciable de cada persona, en cualquier situación y circunstancia.

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Actuar… porque otro mundo es posible

En el marco de una sociedad libre, abierta, democrática y con valores, es necesario incorporar al debate público la mirada de Cáritas, que desde las periferias de la precariedad, nos proporciona nuestro trabajo diario con

las personas más vulnerables en entornos de grave precariedad social. Y, junto a esta mirada, hacer una defensa inequívoca de los derechos y la dignidad de la ciudadanía más pobre.

Estas propuestas surgen del acompañamiento a las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión a través de la red de Cáritas en España y el mundo. Ante la llamada que se nos hace en el Decreto Apostolicam Actuositatem para suprimir no solo los efectos de los males sino sus causas, intentamos identificar diez propuestas concretas desde la realidad de las personas, diez propuestas que garantizarían el acceso a los derechos de las personas que se ven expulsadas en nuestras sociedades. Y esas propuestas nacieron de aquello que quienes acompañan a las personas participantes en nuestros proyectos consideraron prioritario para cambiar su situación y su realidad.


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Estas propuestas se presentaron a los partidos políticos para que las incluyeran en su programa electoral y ahora serán líneas prioritarias para ir trabajando tanto con el Ejecutivo como en el Parlamento durante esta legislatura.

Todo ello por la necesidad de alcanzar una auténtica fraternidad que nos lleve a «hacer cambiar los procesos económicos y sociales actuales hacia metas plenamente humanas». Para conseguirlo se deben cambiar leyes y políticas porque el objetivo es conseguir la dignidad de las personas y el bien común.

1. Ratificación de la Carta Social Europea Revisada de 1996 y del Protocolo Adicional De 1995

La Carta Social Europea es el instrumento internacional europeo que recoge los derechos sociales, económicos y culturales. Complementa así el Convenio Europeo de Derechos Humanos que alberga los derechos civiles y políticos.

La Carta Social Europea se adoptó en 1961 y fue revisada en 1996 incorporando nuevos artículos. 34 países han ratificado la Carta Social Europea Revisada y solo 9 se mantienen todavía en la Carta Social de 1961, España entre ellos. Es posible ratificar la Carta exceptuando algunos artículos (solo Francia y Portugal han ratificado todos los artículos de la Carta).

Por ello pedimos que España ratifique la Carta Social Europea Revisada para fijar el compro-miso con derechos tan importantes como los que se recogen en los artículos 23 (el derecho de las personas mayores a una protección social),

Este instrumento expresa aquello que queremos proteger, respetar y garantizar como sociedad, refleja los valores y derechos que en Europa queremos potenciar.


30 (derecho a la protección frente a la pobreza y la exclusión social) o 31 (derecho a la vivienda).

En estos artículos se expresan cosas tan cercanas a lo que Cáritas promueve en el marco de su acompañamiento a las personas como:

• Permitir que las personas mayores puedan elegir libremente su modo de vida y llevar una vida independiente en su entorno habitual todo el tiempo que sea posible y ellas quieran. Y para ello, el compromiso de que haya alojamientos adecuados, cuidados de salud y los servicios necesarios (artículo 23).

• Proteger a las personas frente a la pobreza y la exclusión mediante un enfoque global que promueva el acceso efectivo al empleo, vivienda, formación, educación, cultura, asistencia social y de salud (artículo 30).

• Tomar medidas para prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación (artículo 31).

Esta propuesta incorpora también la demanda de la ratificación del Protocolo Adicional de Reclamaciones Colectivas, que es una garantía para que los derechos reconocidos en la Carta sean contrastados con la realidad. En los casos en los que un Estado ha ratificado la Carta y el Protocolo Adicional, si un derecho reconocido se ve vulnerado en la realidad, es posible presentar una reclamación colectiva, por parte de las organizaciones sociales inter-nacionales acreditadas.

2. Garantía de ingresos para los hogares en situación de pobreza severa

En las etapas de bonanza económica ha habido un número muy significativo de personas que estaban en situación de pobreza y exclusión. Durante la crisis cerca de 700.000 hogares no tenían ningún ingreso. Esta medida propuesta

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es urgente desde hace tiem-po para garantizar un ingreso mínimo en todos los hogares.

Y es una propuesta de mínimos para que se pueda implemen-tar de forma inmediata.

Estos mínimos implicarían:

• Una prestación dirigida a los hogares que estén en situación de pobreza severa.

• Una prestación de ámbito estatal y complementada por otras en el ámbito autonómico. De este modo, se garantiza un ingreso mínimo común en todo el territorio.

• Los hogares tienen derecho a una garantía mínima de ingresos y también tienen derecho a un acompañamiento social, o servi-cios que apoyen la búsqueda de empleo, entre otras.

3. Garantizar el acceso a la salud a todas las personas

¿Por qué pedimos que se garantice este derecho? Porque creemos que sí está en peligro, entre otros, por el Real Decreto 16/2012, conocido como el de la «exclusión sanitaria».

El destino universal de los bienes, la opción preferencial por los pobres y el bien común, nos llevan a la necesidad de garantizar este derecho.



Porque quiere «reforzar la sosteni bilidad, mejorar la efica-cia en la gestión, promover el ahorro y las economías de escala, introducir nuevas herramientas, coordinar los servicios sanitarios y los sociales y garantizar una cartera básica de servicios en todo el territorio nacional» como argumentos que justificaron su entrada en vigor. Pero esta argu-mentación no fue acompañada de una memoria económica que acreditara, con datos, la necesidad de la reforma.

Ahora se vincula el derecho a la asistencia sanitaria pública y gratuita con la Seguridad Social, exigiendo que quienes no tengan reconocida la condición de asegurado, no podrán acceder a la sanidad pública, salvo que suscriban un convenio (con lo cual, deja de ser gratuita). Y en este caso se encuentran las personas en situación de mayor vulnerabilidad ante la pobreza.

Así mismo, han sido expulsados de la cobertura pública sanitaria las personas extranjeras que no están en situación regular en España: se les impide acceder a los recursos sanitarios (desde atención primaria, al especialista o a un ingreso hospitalario) excepto a la infancia, mujeres embarazadas o urgencias, lo que no es una gran generosidad del legislador, sino una obligación recogida en los convenios y tratados internacionales suscritos por España.

Cáritas y otras organizaciones sociales se han opuesto siempre a esta reforma; también el propio Relator Especial de Naciones Unidas recomendó enero de 2013 la revisión de esta reforma exigiendo que se garantizara el acceso a la sanidad de los inmigrantes, sin importar su esta tus migratorio.

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La reforma también ha supuesto la incorporación del «copago farmacéutico», medida injusta puesto que no es proporcional al nivel de rentas. Nos parece que hay unos datos que exponer: los copagos

obligatorios conllevan una disminución en el uso de los medicamentos y menor adherencia a los tratamientos, lo que supone que cada uno de nosotros decidamos qué medicamentos nos tomamos y cuáles no en función, por ejemplo, de nuestra renta. Por ejemplo, cuando una persona tiene pocos ingresos, a la hora de elegir qué pagar, priorizará otros gastos, como dar de comer a sus hijos, frente a su propia medicación.

4. Proceder a reformas estructurales que conlleven la aplicación del derecho humano a una vivienda digna y adecuada

Cáritas propone reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria, así como la implementación de medidas estatales como un Pacto por la Vivienda que aborde de manera estructural la emergencia habitacional que afecta a cientos de familias que viven en nuestro país.



Desde hace ya más de cinco años la Confederación de Cáritas está trabajando, reflexionando y acompañando situaciones de emergencia habitacional en todo el país.

Se han ido sucediendo constantes modificaciones legales a nivel estatal relacionadas con la específica situación de deudores hipotecarios y su pérdida de la vivienda. Por otro lado, varias CCAA (Cataluña, Andalucía, Canarias, Navarra, Euskadi, Valencia y Extremadura) han hecho modificaciones en su normativa de vivienda para favorecer la función social de la misma y dar respuestas a estas situaciones de emergencia (tanto vivienda en propiedad como alquiler).

En la Iglesia defendemos el hogar y la vivienda como un derecho fundamental necesario para la vida en dignidad y no como una inversión económica. La vivienda es un espacio vital imprescindible para la socialización y un factor de inclusión social de primer orden, que le permite también ejercer su derecho al empleo, a la educación, la participación, la salud, la protección social, etc.


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Y, para la consecución de este cambio de paradigma en la vivienda (de ser un bien de inversión económica a ser derecho humano), estamos proponiendo a las administraciones públicas:

• Una reforma legislativa que reconozca la dación en pago y el alquiler social de las personas afectadas (en aquellos casos que sea beneficioso para las personas y las familias).

• Políticas públicas que garanticen un alojamiento digno y adecuado para todos e impidan que alguien se vea abocado a vivir en la calle. usando formas de acceso a la vivienda como el alquiler social, la cesión de uso y la propiedad cooperativa.

• Fomentar el destino de las viviendas vacías al alquiler social. para que las personas con menos recursos puedan acceder a tantos pisos y casas vacías (más de tres millones y medio en nuestro Estado).

5. Empleo digno y salario justo

El Articulo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recoge el derecho al trabajo e indica que… «Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo», así como el artículo 35 de la Constitución Española, que lo incorpora como un Derecho Fundamental. «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo».

Cáritas propone que el Salario Mínimo Interprofesional tienda a equipararse siempre con el salario medio y no, como sucede ahora, al umbral de la pobreza. Además, es indispensable asegurar que se mantenga siempre por encima del incremento de la inflación.


Es asombroso descubrir cómo el empleo, a pesar de ser un derecho reconocido (y no un privilegio) apenas se protege y defiende desde los poderes públicos.

Dentro del contexto europeo, las políticas que protegen y fomentan las acciones dirigidas a la inserción laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión social están recogidas

en diversos articulados. Por un lado, la Estrategia Europea 2020 plantea impulsar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, a través de empleo y de la mejora de los niveles educativos. Y propone, además, la reforma del mercado de trabajo, los sistemas de formación, la mejora de las cualificaciones y el empleo de las personas excluidas.

Pero, al evaluar la puesta en marcha de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, y las medidas adoptadas en la Estrategia de Activación para el Empleo 2014-2016, así como el Plan Nacional de implantación de la Garantía Juvenil observamos con preocupación una significativa devaluación de la calidad del empleo que se está creando en el estado español.

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Ante ello, ¿cuáles son nuestras propuestas para nuevas políticas públicas en el Estado?

• Proteger y asegurar el empleo digno para todos los trabajadores y todas las trabajadoras, especialmente de quienes tienen menos nivel educativo y de cualificación.

• Establecer medidas concretas de lucha contra la explotación laboral.

• Asegurar que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se mantenga siempre por encima del incremento de la inflación, tendiendo al salario medio y no al umbral de la pobreza.

• Fomentar niveles de rotación laboral no inferiores a 75 días. Para facilitar la estabilidad de los hogares y disminuir la precarización del colectivo trabajador.

• Regulación laboral y nuevas formas de protección social complementaria e incentivadora que permita al colectivo trabajador con menores salarios mantener una vida digna.

• Diseñar un sistema que cubra las necesidades de los hogares durante las transiciones laborales. Un sistema de prestaciones por desempleo que no solo facilite la vuelta al empleo, sino que se preocupe por su estabilidad (por ejemplo, disminuir la cotización de las empresas con menor rotación de personal).

6. Apuesta por la economía social y solidaria

Actualmente nos encontramos inmersos en una economía que pone en el centro el beneficio económico, que genera desigualdad, injusticia y pobreza. Cáritas apuesta por una economía donde la prioridad sea la persona, el cuidado y el respeto a la Creación. Para ello, apoya y promociona iniciativas de carácter social y económico enfocadas a la sostenibilidad y reducción del impacto medioambiental, como el consumo responsable, el comercio justo, la reutilización, la recuperación y el reciclaje, la agroecología, la reducción de la contaminación y aquellas que promuevan el desarrollo local evitando el agotamiento de los recursos, la influencia en la salud de


las personas y la selección de los proveedores que cumplan esos criterios y principios.

La propuesta de Cáritas es dar prioridad, en los procedimientos de adjudicación y ejecución de servicios, obras y políticas públicas, a empresas de economía social y solidaria, en especial cooperativas y pymes de acuerdo a criterios de eficiencia, transparencia, calidad, democracia interna y responsabilidad ambiental y social.

Así, cuando la Administración contrate con empresas deberá elegir aquellas que incorporen cláusulas sociales y ambientales como por ejemplo, las que se comprometan a contratar personas en situación de riesgo de exclusión social o las que se comprometan a que los productos de las máquinas de vending sean de comercio justo. De esta forma, la contratación pública se convierte en un instrumento de inclusión social y de sostenibilidad medioambiental.

En este sentido, la Directiva 2014/24 de la Unión Europea nos traza el camino, al entender que la mejor relación calidad-precio, se evaluará en función de criterios que incluyan aspectos cualitativos, medioam-bientales y/o sociales vinculados al objeto del contrato público de que se trate.

7. Evitar la irregularidad sobrevenida

Cada uno de nosotros tiene una historia vital. Las personas migrantes que viven entre nosotros, también. Pero más allá de los motivos personales de cada una de ellas, existe un motivo común, una causa externa (la pobreza, la guerra, la persecución, la falta de seguridad, el cambio climático...) que provoca que abandonaran su casa para llegar a la nuestra.

Además, este tránsito no es fácil por la cantidad de trabas legales que han de superar para obtener un permiso de residencia o de trabajo una vez se encuentran en España.

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Todas las Cáritas diocesanas están asistiendo con muchísima preocu-pación a una realidad que hemos bautizado como la «irregularidad sobrevenida». Se trata de la pérdida de las autorizaciones de residen-cia o de trabajo de las personas migrantes por la imposibilidad de renovarlas.

¿Qué implica poder renovar las autorizaciones?

Para las personas migrantes, renovar sus autorizaciones –con lo que les ha costado obtenerlas– tiene una enorme importancia, porque constituye por ejemplo la puerta para la reagrupación familiar, o que puedan al menos visitarlas saliendo del país con la tranquilidad de poder volver a entrar de forma regular. Implica poder solicitar la convalidación de sus estudios, acceder a una beca de libros para sus hijos, o caminar por la calle sin miedo a un control policial.

En definitiva, implica poder seguir ese camino vital y bidireccional al que llamamos integración. Pero, ¿qué está ocurriendo en la práctica diaria?

Tener “papeles” es ya de por sí un proceso largo, pero existe otro igualmente complicado: renovarlos.



El mayor obstáculo que encuentran es la necesidad de contar con un contrato de trabajo en vigor en el momento de la renovación. En un contexto de alto desempleo como el que vivimos, esta exigencia constituye un escollo difícilmente salvable.

¿Qué costes sociales y econó micos implica la irregularidad sobrevenida?

A Cáritas le preocupa el sufrimiento humano, la angustia que viven las personas migrantes con autorización de residencia y trabajo y hoy son «inmigrantes irregulares» pero también le preocupa enormemente unos costes sociales que considera evitables.

Que nuestro marco legislativo arroje a la irregularidad a personas que han obtenido una autorización de residencia y/o trabajo supone:

• Que perdemos personas en capacidad de formarse y encontrar un empleo mejor o de seguir un itinerario de inserción.

• Que las empresas y los empleadores tengan que invertir tiempo y dinero en volver a solicitar la autorización para esa persona, que

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además no estará disponible cuando lo necesiten (por la enorme dilación de los plazos).

• Que la Administración tenga que volver a invertir en un nuevo proceso burocrático, que sería evitable, así como su coste.

• Que las personas y las familias inician un descenso hacia la vulnera-bilidad y la exclusión que exige una inversión pública social que no sería necesaria.

Cáritas propone que reflexionemos sobre este asunto, que identifiquemos las causas que provocan esta realidad y que planteemos alternativas que permitan una política de integración realista y sostenible.

8. Garantizar los Derechos Humanos también en los procedimientos de expulsión

Cáritas pide la derogación de la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica de Extranjería, con la que se pretende dar visos de legalidad a unos procedimientos de expulsión sumaria que se realizan sin ningún tipo de garantía.

España debe cumplir en todo su territorio los acuerdos internacionales relativos a la protección de los Derechos Humanos, especialmente en lo que se refiere a la aplicación del derecho sancionador que se extiende desde la llegada a nuestro país de la persona migrante en situación irregular hasta su posible expulsión.

Nuestra vigente Ley de Extranjería tiene un sistema sancionador, mediante el cual, las personas extranjeras que no cumplan unos determinados parámetros, pueden ser expulsadas o devueltas, lo que afecta directamente a derechos humanos de la persona y debe seguirse con todas las garantías jurídicas.


Otra figura jurídica (también sancionadora) es la devolución y que se aplica a aquellas personas que ya han sido expulsadas y pretenden volver a entrar en el país y a aquellas personas que pretendan entrar de forma ilegal.

En los últimos años, la socie dad española ha tenido conocimiento de las «devo-luciones en caliente» en la valla de Ceuta y Melilla, que son, en definitiva, expulsio-nes sumarias (es decir, sin procedimiento y sin ningu-na de las garantías que todo procedimiento conlleva), que supo nen la devolución inmediata a Marruecos, dónde las personas sufren, en muchas ocasiones, pali-zas y malos tratos.

Aprovechando la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, se introdujo una disposición adicional que modificaba la Ley de Extranjería y que pretendía, bajo nuestro punto de vista, dar visos de legalidad a una falta absoluta de proce-dimiento.

¿Qué consecuencias tienen las expulsiones sumarias?

La acción de expulsión es inmediata sin que exista posibilidad alguna de identificar a ninguna persona vulnerable, ni a menores, ni a víctimas de trata o solicitantes de asilo.


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Por ello, Cáritas acompaña a las personas migrantes y refugiadas en todos los momentos de su ruta migratoria y son muchos los testimonios de violencia y malos tratos recibidos por las personas migrantes que han sido expulsadas, lo que contraviene convenios internacionales que prohíben los tratos inhumanos y degradantes.

Además del sufrimiento que se está infligiendo a las personas extranjeras en la Frontera Sur, se quiebra nuestro sistema legal, que se basa –entre otros– en el principio de igualdad: a igual irregularidad (cruzar de forma ilegal la frontera) igual sanción.

Somos conscientes que la respuesta a la situación de las Fronteras no es sencilla, ni puede estar desligada de una política migratoria coherente y no basada en exclusiva en el control de flujos y la expulsión. Sin embargo, permitir esa quiebra de un principio de derecho en la sociedad española puede conllevar funestas consecuencias.


¿Qué es un centro de Internamiento (CIE)?

Los Centros de Internamiento de Extranjeros se definen en la vigente Ley de Extranjería, en su artículo 60.2, como «lugares que no tienen un carácter penitenciario, pensados como un lugar donde como medida extraordinaria se mantiene a los extranjeros a los que se ha dictado una orden de expulsión firme».

La realidad es, una vez más, mucho más dura que las palabras con las que se describe, ya que son espacios más opacos y menos garantistas que las prisiones.

¿Cuántos CIE hay en España?

España cuenta con siete CIE, en Algeciras, Madrid, Las Palmas, Barcelona, Murcia, Valencia, Tenerife. El de Málaga tuvo que cerrar debido al peligroso y pésimo estado de sus instalaciones.

Tras la aprobación del nuevo Reglamento que desarrolla las condiciones de vida y organización de los CIES, Cáritas mantuvo la esperanza de una mejora. Transcurridos tres años desde su publicación, las condiciones no solo no han cambiado sino que en algunas ocasiones han empeorado.

Son muchos los informes del Defensor del Pueblo, de Colegios de abogados, de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones de Iglesia que acompañan a los migrantes internos allí, las que señalan sus deficiencias.

¿Sería posible cerrar los CIES?

En Cáritas proponemos el cierre de los CIE porque creemos que existen otras medidas alternativas cautelares que, siendo respetuosas con los derechos de las personas, no exigirían su internamiento. Medidas cautelares que permitirían garantizar el contacto con la persona sin quebrantar el proceso de expulsión y que no harían necesario la pervivencia de estos centros.

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En esta misma línea, Cáritas pide públicamente que se cierren los Centros de Internamiento (CIE) y que se habiliten las medidas alternativas pero respetuosas con los derechos de las personas que efectivamente vayan a ser expulsadas.

9. Cumplir los Objetivos De Desarrollo Sostenible

En septiembre del año 2015, jefes de Estado y de Gobierno de 194 países, entre ellos España, subscribieron la Agenda de Desarrollo 2030, una herramienta política para hacer cotidianos los Derechos Humanos de todas las personas. Este compromiso toma el relevo de los que fueron conocidos como Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que sirvieron como marco de acción global en el período de 2000 a 2015.

La Agenda de Desarrollo 2030, y los 17 objetivos que la conforman, tiene un enorme potencial para transformar a mejor nuestras realidades, y avanzar hacia la completa erradicación de la pobreza y la desigualdad en todo el mundo, situando a las personas y sus derechos en el centro, y haciéndolo sin poner en peligro la sostenibilidad del planeta. Además, esta Agenda,

© Lefteris Partsalis / Caritas Internationalis


a diferencia de los ODM, tiene un carácter universal, lo que significa que también ha de comprometer las políticas que se desarrollan en España, y las leyes que regulan nuestro modelo social, de forma que se pueda asegurar, también en España, que los derechos de todas las personas sean garantizados.

Lograrlo implica muchos cambios: desde la manera en que producimos los bienes y servicios, cómo los comercializamos y sus consecuencias en otros países, pasando por revisar y reflexionar sobre nuestros propios patrones de consumo y cómo éstos tienen efectos en el medio ambiente, en la vida de otras personas y en sus derechos.

Se trata, por tanto, de que las brechas de desigualdad disminuyan, tanto dentro como fuera de España, y podamos generar las condiciones necesarias para la igualdad de oportunidades y de derechos en todo el mundo y para todas las personas.

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Por ello pedimos al Gobierno un primer paso, en esta legislatura, que implica la concreción de los compromisos asumidos en la Cumbre de 2015, en sus planes y políticas públicas, y que defina unos indicadores que permitan al conjunto de la sociedad dar seguimiento y comprobar si estamos avanzando por el buen camino.

Vincular la medición del avance de una política pública con los criterios que nos aportan los Derechos Humanos es la mejor manera para visibilizar las situaciones de privación de un derecho que un determinado colectivo de personas pueda estar sufriendo, como primer paso para dar respuesta a esa situación de privación de derechos.

10. Destinar el 0,7 % del P.I.B. a ayuda oficial al desarrollo para garantizar la financiación de un modelo de desarrollo sostenible

Destinar un porcentaje de nuestra riqueza a apoyar el desarrollo de los países empobrecidos es una continua demanda social, pero un compromiso no cumplido por parte de la mayoría de los países del mundo. Se trata, también, de un compromiso obligatorio para todos aquellos Estados que han suscrito el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre los que se encuentra España, ya que de sus artículos 2, 11 y 22 se desprende el deber de «prestar asistencia y cooperación internacionales, en especial económica y técnica, que permita a los países en desarrollo cumplir sus obligaciones básicas».

El caso de nuestro país es especialmente preocupante, si en el año 2009 dedicábamos casi un 0,44% de nuestra riqueza a este fin, en 2015, este porcentaje apenas suponía un 0,12% de nuestra Renta Nacional Bruta, que es el parámetro de referencia acordado internacionalmente. Esta disminución de los recursos ha tenido, sin duda, impacto en forma de paralización de proyectos en marcha, o en la disminución del número de personas que son acompañadas en sus procesos de desarrollo personal y comunitario hacia la plena realización de sus Derechos Humanos.


Pedimos que las partidas se concentren en aquellas modalidades que tienen más capacidad de llegar a las personas, ahí donde sea necesario, como es la ayuda humanitaria o la cooperación bilateral no reembolsable.

Detrás de esta expresión, lo que estamos demandando es que los recursos se aporten prioritariamente en forma de donación, y no como un «préstamo» porque, a menudo, éstos generan un endeudamiento que para muchos países puede resultar insostenible, provocar aún más dependencia del apoyo exterior o implicar que parte de la riqueza del país tenga que ser destinada a cumplir con los intereses de la deuda y no pueda ser dedicado a financiar sus políticas sociales.

También pedimos que la Ayuda no se vincule, de ninguna forma, a otros intereses que no sean los de erradicar la pobreza y la desigualdad en el mundo. Los intereses de tipo diplomático o comercial, deben quedar fuera y no influir las decisiones de a dónde y a quienes destinar nuestra AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo).

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Además de ello, Cáritas insiste en continuar dedicando una parte de los recursos de la AOD a financiar programas de sensibilización ciudadana, de forma que la ciudadanía mantenga su compromiso por la realización de los derechos humanos para todas las personas en todo el mundo.

En una época en la que los programas de ayuda al desarrollo son cada vez más cuestionados por algunos gobiernos, creemos que invertir recursos en AOD sigue siendo clave para muchas personas en muchos países, especialmente donde la capacidad para obtener recursos propios, a través de los sistemas fiscales, es muy poca. Este tipo de solidaridad entre países y entre sociedades genera oportunidades y capacidades para las personas o para la defensa de sus derechos que la inversión privada difícilmente va a encontrar atractiva.

Esta visión responde a nuestra defensa de lo público como el espacio desde el que construir las políticas que garanticen los derechos de las personas, lo que también implica que la manera de financiar esas políticas sea con recursos de origen público.



Para conocer más

• Documentos y referencias:

- Análisis y Perspectivas, 2012: Desarrollo y exclusión social 2012. Fundación FOESSA – Caritas Española: http://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/ 4314/EXCLUSION%20Y%20DESARROLLO%20SOCIAL.%20Versi%C3%B3n%20digital.pdf

- Planeta El Pais – blog de Gonzalo Fanjul: http://elpais.com/agr/3500_millones/a

- La presencia pública de la Iglesia y la denuncia profética. Cáritas Diocesana Getafe.

https://www.caritas-zaragoza.org/biblio/ficheros/030674 0001191754910.pdf

- Propuestas políticas de Cáritas. http://www.caritas.es/qhacemos_campanas_info.aspx?Id=814

¡No hay derecho! Cáritas Española. Carpeta n.35, Derechos Humanos.

• Libros y revistas:

- Caridad para construir humanidad. El sentido y la urgencia de la caridad política. Sánchez Heras, Francisco José. Vida Nueva 28 mayo, 3 junio 2016.

http://www.vidanuevadigital.com/2016/05/27/el-sentido-y-la-urgencia-de-la-caridad-politica-dimension-politica-y-social-de-la-fe

- Reflexiones para una agenda política, varias propuestas. Documentación Social Nº 171. Revista de estudios sociales y de sociología aplicada. Varios Autores. Consejo de Redacción (Coord.) 2013.

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- Serge Latouche, 2009. Pequeño tratado de decrecimiento sereno. Editorial Icaria 2009.

- Christian Felber, 2015. La economia del bien comun.

• Películas: (www.filmaffinity.com)

- Inside Job:2010. Duración 105 min. Estados Unidos.Documental sobre las causas y los responsables de la crisis económica mundial de 2008, que significó la ruina de millones de personas que perdieron sus hogares y empleos, y que, además, puso en peligro la estabilidad económica de los países desarrollados. A través de una extensa investigación y de entrevistas a financieros, políticos y periodistas, se muestra el auge de empresarios sin escrúpulos y la degradación de la política y la educación.

- Yo , Daniel Blake: 2016. Duración 100 min. Reino Unido. Director Ken Loach.

Sinopsis : Por primera vez en su vida, víctima de problemas cardiacos, Daniel Blake, carpintero inglés de 59 años, se ve obligado a acudir a la asistencia social. Sin embargo, a pesar de que el médico le ha prohibido trabajar, la administración le obliga a buscar un empleo si no desea recibir una sanción. En la oficina de empleo, Daniel se cruza con Katie, una madre soltera con dos niños. Prisioneros de la maraña administrativa actual de Gran Bretaña, Daniel y Katie intentarán ayudarse mutuamente.

- La estrategia del caracol: 1993. Duración 105 min. Colombia. Director Sergio Cabrera. Drama social: Los vecinos de uno de los barrios más pobres de Bogotá

luchan para evitar el derribo de la casa donde viven, que es propiedad de un millonario sin escrúpulos. Aunque su lucha contra la especulación y la corrupción parece perdida de antemano, ponen en práctica una original estrategia ideada por don Jacinto, un viejo anarquista español.


www.caritas.es



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Cáritas · Fuente: EINSFF 2007, 2009 y 2013 2. los ingresos de los hogares Siguiendo los datos de la encuesta de población activa correspondiente al cuarto trimestre de 2016, el