Coorrttee oSSuuppeerri iorr Lddee eJJuussttiicciaa … · informa acerca del itinerario procesal, dando cuenta que la Magistrada ... considerando ambos informes y la normatividad

CCoorrttee SSuuppeerriioorr ddee JJuussttiicciiaa ddee LLaa LLiibbeerrttaadd OOffiicciinnaa DDeessccoonncceennttrraaddaa ddee CCoonnttrrooll ddee llaa MMaaggiissttrraattuurraa ddee LLaa LLiibbeerrttaadd

OODDEECCMMAA--LLLL JJeeffaattuurraa ddee TTrruujjiilllloo

MMzz.. PP SSuubb LLoottee 77 PPaallaacciioo JJuuddiicciiaall ddee NNaattaasshhaa AAllttaa,, UUrrbbaanniizzaacciióónn CCoovviiccoorrttii –– TTrruujjiilllloo TTeellff.. 5511--4444-- 228877003311

MELT/ccp 1

INVESTIGACION PRELIMINAR No. 00321-2010 (INVESTIGACIÓN).

JEFE ODECMA-LL : DR. MANUEL ESTUARDO LUJÁN TÚPEZ

INVESTIGADO : Juez de Paz MARCOS ANTONIO MEJIA ZAMBRANO

PROCEDENCIA : DE OFICIO – SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO

MATERIA : INFRACCION A LOS DEBERES - NEGLIGENCIA (Conforme a la

relación de la Resolución de Jefatura No. 049-2012-J-OCMA/PJ).

PRESCRIPCIÓN : POR DETERMINAR EN AUDIENCIA

SALA : SALA DE AUDIENCIAS JEFATURA DE ODECMA

ASISTENTE : JESSICA VANESSA AVALOS SEVILLANO.

“ACTA DE AUDIENCIA DE RESOLUCION FINAL”

I. INICIO: 12.00 Horas. FECHA: 15 Enero 2015

II. ACREDITACIÓN:

- INVESTIGADO: Juez de Paz MARCOS ANTONIO MEJIA

ZAMBRANO, identificado con DNI N° 41069513, con domicilio procesal

ubicado en Avenida Condorcanqui No. 1639 del distrito de La Esperanza -

Trujillo.

- SOCIEDAD CIVIL: DRA. GRACIELA YOLANDA ZAVALETA ARMAS,

CALL N° 15, representante de las Universidades Privadas ante ODECMA

La Libertad, con domicilio procesal en el Segundo Piso, sede Judicial de

Natasha Alta – ODECMA La Libertad.

III. DEBATE: (Queda registrado en Sistema de Audio)

- La Asistencia Contralora Jessica Vanessa Avalos Sevillano, por la cual

informa acerca del itinerario procesal, dando cuenta que la Magistrada

Contralora Ana Karina Armas Cueva emite el Informe Preliminar N° 072-

2013-AKAC-UDQ-ODECMA/LL proponiendo la sanción al Magistrado

Superior Jefe de la Unidad de Quejas, en mérito de lo cual mediante

resolución dieciocho del 10 de marzo de 2014, resuelve absolver al Juez de

Paz del Juzgado de Paz de Única Nominación del Centro Poblado Mariscal

Castilla, de la provincia de Pacasmayo, de la Corte Superior de Justicia de




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La Libertad, así como los demás recaudos y diligencias necesarios para

instalar la presente Audiencia

- SOCIEDAD CIVIL: Ha deducido apelación, pues el Juez investigado no

habría diligenciado un exhorto en el inmueble en la Calle Lima número 93

del Centro Poblado Mariscal Castilla, sin embargo al comisionarse el

diligenciamiento del exhorto derivado del expediente de Alimentos 2255-

2007 a efecto de notificar al demandado Walter Castro Cueva con el

contenido de la resolución dieciocho que aprueba la liquidación de

alimentos, devuelve el mismo sin diligenciar manifestando que el

demandado no domicilia en el referido inmueble, que por un error habría

expedido un certificado domiciliario anterior. La Sociedad Civil

considerando ambos informes y la normatividad vigente, la sociedad civil

ha considerado que es responsabilidad del Juez de Paz emitir los

documentos necesarios, más aún si en la queja se debe a un proceso de

alimentos, considera que se ha causado un grave perjuicio jurídico.

Efectivamente la Ley de Carrera Judicial se está aplicando en fecha

complementaria, en concordancia con la Ley de Justicia de Paz, que en su

artículo 5° inciso 6) se precisa que el Juez de Paz debe actuar con diligencia,

el Juez no corroboró ni tomó la diligencia ni en el momento no constato ni

se dio cuenta, incluso posteriormente presentó planos, esta falta que es

grave, también encuentra que ha sido sorprendido y por lo tanto coincide

con la Magistrada de primera instancia y solicita una graduación de

Amonestación.

- INVESTIGADO: El señor Juez de Paz manifiesta que en el momento que la

demandante buscaba a la persona, como ciudadano de mi pueblo conozco

a los vecinos, y yo le manifesté que el señor vivía en la dirección que la

misma señora demandante me solicitó, aunque yo no conocía la fisonomía

de los pobladores. Cuando se presentó el abogado del demandado Castro

Cueva, yo le dije que estaban buscando por alimentos, al buscar a la señora

Bernardina Carrera Cruzado de Osorio, encontré a su hijo de la misma

demandante, quien me dijo que estaba de tránsito (de pasada) y expido el

documento. Posteriormente llega el exhorto, le hice saber que estaba

debidamente notificado, luego me llega la sorpresa de este procedimiento,

entonces le pedí a mi Alcalde que me prestaba el plano e incluso busque el

lugar, y la misma dueña del domicilio me dio una declaración jurada, no es




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por justificarme estaba nuevo, no tenía tanto experiencia, pero no fue

intencional y me sorprende que fui absuelto por el Poder Judicial pero

ahora hay una apelación.

IV. PARTE RESOLUTIVA: RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTITRÉS.

AAUUTTOOSS,, OOIIDDOOSS YY VVIISSTTOOSS,, dado cuenta con la presente Investigación Preliminar

No. 00321-2010 (Investigación) y sus recaudos introducidos DE OFICIO ante el Informe

del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, así como el reporte de sanciones del

investigado, que antecede el Suscrito doctor Manuel Estuardo Luján Túpez, Jefe de

ODECMA La Libertad, siendo su estado el de decidir la apelación incoada;; yy

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO;;

PPrriimmeerroo.. SSoobbrree llaa ccoommppeetteenncciiaa.. El Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina

de Control de La Magistratura, aprobado por Resolución Administrativa Nº 129-2009-CE-

PJ, en su artículo 76° las modalidades del procedimiento disciplinario, señalando que éste

se iniciará: 1) A pedido de parte, en caso de presentarse una queja y 2) De oficio, ante

cuestionamiento público, de un representante de la sociedad o, comunicación de un

magistrado [o] resultado de una visita, inspección o investigación, así como la noticia de

un acto irregular.

SSeegguunnddoo.. SSoobbrree llaa mmooddaalliiddaadd.. En el caso de autos nos encontramos frente a la sseegguunnddaa

mmooddaalliiddaadd,, pues a folios 195, mediante oficio remitido por la Juez del Segundo Juzgado

de Paz Letrado de Trujillo doctora Miriam Lili Fernández Pérez pone en conocimiento de

este Órgano de Control de la presunta irregularidad en que habría incurrido el Juez de

Paz de Única Nominación del Centro Poblado Mariscal Castilla don Marcos Antonio

Mejía Zambrano; en la tramitación del expediente signado con el número 255-2007-0-1601-

JP-FC-02, en atención a lo dispuesto mediante resolución número treinta y dos. Luego de

realizada la investigación preliminar pertinente y emitido el Informe a cargo del

Magistrado Contralor Dr. Carlos Merino Salazar conforme se aprecia de Fs. 238,

mediante resolución número doce de fecha veintiséis de setiembre del año dos mil doce

(Fs. 244 a 251), Jefatura de ODECMA instauró procedimiento administrativo disciplinario

contra Marco Antonio Mejía Zambrano en su condición de Juez de Paz de Única

Nominación del Centro Poblado Mariscal Castilla, por la falta grave contenida en el

artículo 47° inciso 2) de la Ley de la Carrera Judicial. Conducta irregular que el quejoso

atribuye al Juez de Paz MMAARRCCOOSS AANNTTOONNIIOO MMEEJJIIAA ZZAAMMBBRRAANNOO en su condición de

del Juzgado de Paz de Única Nominación del Centro Poblado Mariscal Castilla, de la

provincia de Pacasmayo, de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.




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TTeerrcceerroo.. SSoobbrree llooss aanntteecceeddeenntteess yy llaa iinnssuuffiicciieenncciiaa ddee eelleemmeennttooss ddee ccoonnvviicccciióónn.. Que, el

presente expediente cuanta con los elementos de convicción siguientes como

antecedentes:

- Oficio y anexos remitidos por la Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Trujillo

y anexos que obran de folios 01 a 201.

- Oficio remitido por la Juez del Noveno Juzgado de Paz Letrado, que obra a folios 232.

- Informe de descargo y anexos que obran de folios 274 a 275.

- Declaración Jurada del Juez investigado folios 266.

- Declaración Jurada de Bernardina Carrera Cruzado de Osorio de folios 267.

- Plano del Centro Poblado de folios 268.

- Anexos documentales sobre los exhortos de otros expedientes de folios 269 a 273.

- Ficha RENIEC del Juez investigado de folios 260.

- Reporte actualizado de sanciones de folios 354.

Por lo que siendo así, existen suficientes elementos de convicción como para tomar una

decisión contralora sobre la apelación introducida.

CCuuaarrttoo.. La finalidad del proceso administrativo disciplinario de control de la

Magistratura es comprobar y sancionar las irregularidades que atenten contra la eficacia y

correcta prestación del servicio de justicia que brindan las dependencias judiciales de la

República, orientado a garantizar la corrección, transparencia y probidad en la gestión y

conductas funcionales de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales. En concordancia

con los artículos cuarenta y cuatro (1) y ciento treinta y nueve inciso tres de la

Constitución Política del Perú. (2)

QQuuiinnttoo.. El Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de La

Magistratura, aprobado por Resolución Administrativa Nº 129-2009-CE-PJ y modificado

por Resolución Administrativa No. 229-2012-CE-PJ (en adelante ROF de OCMA),

establece en el artículo 13º inciso 12 que una de las atribuciones que ostenta la Jefatura de

1 Artículo 44° de la Constitución Política del Perú. Son deberes primordiales del Estado: defender la

soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las

amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el

desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración,

particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en

concordancia con la política exterior. 2 Artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Son principios y derechos de la función

jurisdiccional: […] 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede

ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los

previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales

creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.




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ODECMA es: Absolver en grado las resoluciones de archivo, absolutorias, de caducidad o

prescripción, emitidas por los jefes de los Órganos de Línea de la ODECMA bajo su

jefatura, por lo tanto, el Suscrito en su condición de Jefe del Órgano desconcentrado de

control de la Magistratura de La Libertad, resulta ser legítimamente competente para

resolver en el presente procedimiento administrativo en segunda y definitiva instancia

administrativa, como así además se prevé en el artículo 103° del ROF de OCMA.(3)

SSeexxttoo.. Que dentro del término ordenado por el ROF de OCMA y en el plazo de ley que

supletoriamente prescribe la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley 27444,

(4) el Juez Superior Jefe de ODECMA suscribe la presente decisión luego de ser analizada,

teniendo como marco de competencia, este Despacho para conocer el presente

procedimiento: la apelación de la resolución número seis absolutoria del presente

procedimiento administrativo disciplinario contralor incoado al amparo del ROF del

OCMA, estando a que la impugnación ha sido deducida, concedida y elevada en el plazo

ordenado en la parte final del artículo 104° del ROF del OCMA.

SSééttiimmoo. Que siendo materia de competencia de este Superior Despacho contralor la

impugnación de la Resolución Final en la Investigación Preliminar No. 00321-2010

(Investigación), contenida en la Resolución número DIECIOCHO de fecha diez de marzo

del año dos mil catorce de folios doscientos noventa y ocho a trescientos tres que resuelve

“AABBSSOOLLVVEERR al Señor Marco Antonio Mejía Zambrano en su desempeño como Juez de Paz de

Única Nominación del Centro Poblado Mariscal Castilla, de la falta prevista en el artículo 47°

inciso 2) de la Ley de la Carrera Judicial “Causar grave perjuicio al desarrollo de las incidencias y

diligencias del proceso, frustrando o retrasando injustificadamente su realización de los actos

procesales.” Por lo que circunscribiremos la decisión al material impugnativo señalado en

el Marco de referencia competencial antes anunciado, ya que el examen del Superior en

Grado se sustancia en el Principio de rogación, bajo la regla: Decissum extra petitum non

3 Artículo 103° de Reglamento del procedimiento disciplinario de la Oficina de Control de la

Magistratura del Poder Judicial, modificado por Resolución Administrativa No. 230-2012-CE-PJ,

vigente desde el 06 de enero de 2013. Recurso de Apelación contra la Resolución Final.- Contra lo

resuelto en primera instancia por cualquier Órgano de Control de la Magistratura, procede como único medio

impugnatorio el recurso de apelación, que deberá interponerse dentro del quinto día de notificada la

resolución cuestionada.

Los Informes finales o los extremos de una resolución por las cuales se proponga la imposición de una

sanción ante la instancia correspondiente no son susceptibles de impugnación. (Resaltado agregado) 4 Artículo 207º de la Ley del procedimiento Administrativo General – Ley 27444. Recursos administrativos

207.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración. b) Recurso de apelación. c) Recurso

de revisión.

207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán

resolverse en el plazo de treinta (30) días. (Resaltado agregado)




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valet. (5) Y atendiendo al principio de limitación del recurso que se expresa en el aforismo

“tantum devolutium quantum appellatum”, según el cual éste órgano procesal revisor

(Ad quem) sólo emitirá pronunciamiento sobre aquello que le es sometido a su

conocimiento en virtud al citado recurso.

OOccttaavvoo.. DDee llooss hheecchhooss ddeennuunncciiaaddooss.. Que analizados los antecedentes precedentes se tiene que los

hechos materia de la presente denuncia consisten en: “ El Juez de Paz investigado MMAARRCCOOSS

AANNTTOONNIIOO MMEEJJÍÍAA ZZAAMMBBRRAANNOO,, habría incurrido en la falta grave prevista en el artículo 47°

inciso 2) de la Ley de la Carrera Judicial “Causar grave perjuicio al desarrollo de las incidencias

y diligencias del proceso, frustrando o retrasando injustificadamente su realización de los actos

procesales”, pues en el desempeño de sus funciones habría expedido un certificado

domiciliario a favor del señor Carlos Walter Castro Cueva, consignando en dicho documento

que el mencionado señor domicilia en el inmueble ubicado en Calle Lima número 93 del Centro

Poblado Mariscal Castilla, sin embargo al comisionarse el diligenciamiento del exhorto

derivado del expediente de Alimentos No. 2255-2007 a efecto de notificar al demandado Walter

Castro Cueva con el contenido de la resolución dieciocho que aprueba la liquidación de

alimentos, devuelve el mismo sin diligenciar manifestando que el demandado no domicilia en

el referido inmueble.”

II.- DDEE LLAA VVIIGGEENNCCIIAA YY PPLLAAZZOOSS DDEE PPRREESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN..

NNoovveennoo. Que Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de La

Magistratura, aprobado por Resolución Administrativa Nº 129-2009-CE-PJ, en su artículo 13° sobre

las funciones de la Jefatura de la ODECMA en el inciso 11) establece: Imponer en primera instancia, la

sanción de Amonestación y Multa, así como proponer, ante la Jefatura de la OCMA, las sanciones de

Suspensión, Separación o Destitución, que corresponda, de los magistrados de todas las instancias de su sede

judicial, así como de los Jueces de Paz y auxiliares jurisdiccionales. Conforme a la modificatoria de la

Resolución Administrativa No. 229-2012-CE-PJ de diciembre 29 de 2012. Lo que en concordancia

con el Artículo 113° del RPAD de la OCMA que prescribe: Declaración.- La prescripción será

declarada de oficio por la sola verificación del transcurso del plazo, sin perjuicio de que el procesado lo

deduzca como excepción. En todo caso corresponde al Jefe de la OCMA o de la ODECMA, la identificación

de los responsables de la prescripción del proceso instaurado, debiendo proceder conforme a Ley. Por lo tanto

esta Jefatura resulta competente para asumir la presente decisión.

DDéécciimmoo.. SSoobbrree llaa pprreessccrriippcciióónn. La prescripción es una institución jurídica en virtud de la cual el

transcurso del tiempo genera ciertos efectos respecto de los derechos o facultades de las personas o

en cuanto al ejercicio de ciertas facultades de parte de la administración pública, como el ejercicio

de su facultad punitiva que tiene efectos respecto de los particulares, la presencia de un término

prescriptorio obliga a la administración a actuar de manera más ágil, a fin de evitar que el mismo

transcurra sin haber ejercido su facultad punitiva, y esta manera tutelar los derechos

5 La decisión fuera de lo peticionado por la partes carece de validez, pues el juez no puede pronunciarse fuera

del petitorio o de su competencia de alzada.




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fundamentales de la persona. En la regulación de la Ley de Procedimiento Administrativo General,

modificado por Decreto Legislativo N° 1029, se establece la figura de prescripción de la acción

administrativa en el artículo 233.1, bajo los siguientes términos: “La facultad de la autoridad para

determinar la existencia de infracciones administrativa prescribe en el plazo que establece las leyes

especiales, sin perjuicio de los plazos para la prescripción de las demás responsabilidades que la infracción

pudiera ameritar. En caso de no estar determinado, prescribirá en cuatro años computados a partir de la fecha

en que se cometió la infracción o desde que cesó, si fuera una acción continuada”. El artículo 111° del

Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA aprobado mediante Resolución

Administrativa N° 129-2009-CE-PJ (6), distingue la caducidad de la infracción prescripción de la

prescripción del procedimiento, estableciendo los siguientes plazos de caducidad y prescripción:

“Artículo 111°. Plazos de caducidad y de prescripción. Los plazos para que operen la caducidad y la

prescripción se sujetan a las siguientes reglas: 111.1. Caducidad de la queja: El plazo de caducidad para

presentar quejas contra jueces y servidores judiciales es de seis (6) meses. Se inicia desde ocurrido el hecho o

al cese del mismo si se trata de una infracción continuada. 111.2. Prescripción de la facultad de órgano

de control para incoar investigaciones: El plazo de prescripción de la facultad del órgano de

control para incoar procedimientos disciplinarios de oficio es de dos (2) años de producido el

hecho. En los casos que la conducta funcional irregular sea continuada, este plazo se computa a

partir de la fecha de cese de la misma. 111.3. Prescripción del procedimiento: El plazo de prescripción del

procedimiento disciplinario es de cuatro (4) años de iniciado. Por consiguiente, cabe indicar que el cómputo

del plazo de prescripción del procedimiento se realiza a partir del día siguiente de la notificación de la

resolución que dio inicio al procedimiento disciplinario, cuyo plazo se interrumpe con el primer

pronunciamiento de fondo”, es decir con la presente decisión.

DDéécciimmoo PPrriimmeerroo.- Que, al respecto de la prescripción del procedimiento, el Consejo Ejecutivo del

Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa N° 164-2009-CE-PJ del 21 de mayo de 2009, en

cuyo artículo quinto, hizo una importante precisión al artículo 112° del Reglamento de

Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura, concerniente a la

prescripción del procedimiento: “(…) el primer p{rrafo del artículo ciento doce del Reglamento de

Organización y Funciones de la oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, aprobado mediante

Resolución N° 129-2009-CE-PJ (…), está referido al plazo de prescripción del procedimiento, el cual se

interrumpe con el primer pronunciamiento sobre el fondo, emitido por la instancia correspondiente del

órgano Contralor.” Sobre este último punto, cabe indicar que debe entenderse por prescripción del

procedimiento administrativo sancionador como una sanción por la falta de ejercicio oportuno de

la facultad contralora. Lo que se busca mediante esta institución es poner fin a largos

procedimientos administrativos sancionadores que afectan el plazo razonable y la seguridad

jurídica de los particulares [trabajadores judiciales y magistrados], al tener la certeza de que las

autoridades no podrán ejercer sus facultades disciplinarias al pasar el tiempo establecido por la ley

6 Vigente desde el 02 de mayo de 2009 y modificado por Resolución Administrativa No. 230-2012-CE-PJ del

05 de enero de 2013.




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correspondiente, esto es, consiste en la pérdida del derecho de la autoridad administrativa, para

pronunciar resolución alguna en el procedimiento administrativo disciplinario, donde resuelva la

situación del servidor público sujeto a dicho procedimiento por dejar transcurrir el plazo

establecido en la ley correspondiente. En este contexto, se debe entender por el primer

pronunciamiento de fondo a la resolución que decida en primera instancia la cuestión de fondo, -

como en este caso la absolución - y ponga fin al procedimiento disciplinario en su primera etapa,

esto es, la resolución expedida por la Jefatura de la ODECMA en casos de amonestación, multa y

suspensión y del CEPJ sobre destitución, en rigor, porque la opinión del magistrado investigador o

del Jefe del órgano de línea del órgano de control son meros dictámenes u opiniones, que en

definitiva no deciden sobre la responsabilidad o no del investigado, y además, en modo alguno,

ponen fin al procedimiento administrativo en su primera instancia, lo que si sucede con la

resolución sancionatoria o absolutoria, que contiene los análisis de fondo y forma, y es recurrible

ante la instancia superior [7]; asimismo, se debe indicar para que configure esta interrupción se

requiere además, de la expedición de la resolución sancionatoria, que ésta sea eficaz poniéndose en

conocimiento del investigado tal como se desprende del artículo 16° de la Ley de Procedimientos

Administrativo General – Ley 27444, que señala que “(…) el acto administrativo es eficaz a partir de

que la notificación legalmente realizada produce sus efectos ” [8], y es que solamente de esta manera se

puede afirmar que el acto trasciende del ámbito meramente interno del emisor hacia el resto de

personas circundantes.

DDéécciimmoo SSeegguunnddoo.- Que, así las cosas, la prescripción del procedimiento de acuerdo al Artículo

110° del Reglamento del Procedimiento Disciplinario de la Oficina de Control de La Magistratura

del Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa N° 129-2009-CE-PJ, señala que: “La

prescripción es aquella institución legal por la cual el transcurso del tiempo extingue la potestad del órgano

contralor de investigar y sancionar presuntas conductas irregulares.”, siendo que según el Artículo 111°

numeral 2) del mismo Reglamento, refiere: “La prescripción de la facultad del órgano de control para

incoar investigaciones: El plazo de prescripción de la facultad del órgano contralor para incoar

procedimientos disciplinarios de oficio es de dos (2) años de producido el hecho o desde que este ceso si

fuera continuado.” En concordancia con el Artículo 233° numeral 1) de la Ley N° 27444, modificada

por Decreto Legislativo N° 1029 que prescribe: “La facultad de la autoridad para determinar la

existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin

perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los

efectos de la comisión de la infracción. (…).” Y con relación al procedimiento: La Prescripción del

procedimiento: El plazo de prescripción del procedimiento disciplinario es de cuatro (4) años de

iniciado. Por consiguiente, cabe indicar que el cómputo del plazo de prescripción del procedimiento se realiza

7Criterio adoptado en múltiples resoluciones por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

8MORÓN URBINA, Juan Carlos; Comentarios a la Ley de Procedimientos Administrativos General; Pág.

169; Para la eficacia del acto administrativo, requiere ser puesto en conocimiento de los sujetos a los cuales

se dirige, a quienes pretende obligar, y a lo que tengan interés en el asunto, o a quienes por cualquier otra

razón sea pertinente hacérselo conocer.




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a partir del día siguiente de la notificación de la resolución que dio inicio al procedimiento disciplinario, cuyo

plazo se interrumpe con el primer pronunciamiento de fondo”, es decir con la presente decisión.

DDéécciimmoo TTeerrcceerroo.- En consecuencia en el presente caso se genera el siguiente cuadro, considerando

los hechos establecidos en el fundamento tercero:

Tipo de infracción Fecha del hecho o de

la fecha de cese

Fecha de prescripción de hecho (02)

dos años (Art. 111.2 RPAD – OCMA)

PLAZO

CONTINUADA 24 de abril de 2009 2244 ddee aabbrriill ddee 22001111 PPRREESSCCRRIITTOO

No. de Resolución, fecha

y folios de IPAD

Fecha, forma y folio

de notificación de

IPAD

Fecha de prescripción de

procedimiento (04) cuatro años (Art.

111.3 RPAD – OCMA)

PLAZO

Resolución Doce del 26

de setiembre de 2012 [Fs.

244 a 251]

Juez de Paz Marcos

Antonio Mejía

Zambrano

personalmente el 31

de enero de 2013 [Fs.

264]

NNOO AAPPLLIICCAA PPRREESSCCRRIITTOO

Por lo que estando los plazos vigentes es posible emitir la presente decisión.

IV.- AANNÁÁLLIISSIISS::

DDéécciimmoo CCuuaarrttoo.- El Órgano Contralor, tiene como función esencial , realizar la supervisión de la

conducta funcional de los Magistrados, Auxiliares Jurisdiccionales y de Control, a fin de garantizar

la corrección y probidad de gestión, sancionando las conductas disfuncionales, teniendo para tal

efecto, principios rectores que tutela la función de control, reconocidos por la doctrina y

precedentes administrativos del órgano contralor, tales como: Principio de Universalidad

“Comprendida como la potestad de la Oficina de Control de la Magistratura de efectuar control, respecto de

todos los magistrados de la República, con excepción de los Vocales Supremos. Alcanzando su competencia a

los auxiliares jurisdiccionales y de control de todas las instancias”, Principio de Objetividad “Las acciones

de control deben efectuarse sobre la base de los hechos concretos, respetándose los derechos fundamentales,

apreciados con imparcialidad y objetividad; ello no excluye la convicción de certeza que pueda obtenerse del

análisis de los indicios que fluyen de la conducta del magistrado, auxiliar de justicia o personal contralor

procesados”, Principio de Legalidad “Todas las actuaciones del órgano de control central o desconcentrado

deberán estar amparadas en la Ley y su Reglamento. Las quejas e investigaciones deberán estar

fundamentadas en norma preexistente”, Principio de Congruencia “Ningún procesado podr{ ser

sancionado por irregularidad funcional cuyo cargo no haya sido formulado en la resolución que manda abrir

o ampliar el procedimiento. Su incumplimiento genera vicio de nulidad”, Principio de licitud “Se presume

que los magistrados y auxiliares de justicia, en el desempeño de sus funciones, actúan con arreglo a las

normas legales y administrativas de su competencia, salvo prueba en contrario, Principio de Concurso de

Infracciones “Cuando una misma conducta califique simultáneamente más de una infracción o cuando, en

un mismo procedimiento disciplinario se verifique la comisión de diversas irregularidades cuya comisión se

imputa al mismo magistrado o servidor, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor

gravedad”; Principio de Proporcionalidad “Las decisiones del órgano contralor cuando califiquen

infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones de los magistrados y auxiliares de justicia




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sujetos a control, deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida. La sanción disciplinario debe

ser proporcional a la gravedad de los hechos, las condiciones personales del quejado o investigado, así como

las circunstancias de su comisión, Principio de Debido Procedimiento “Los administrados gozan de todos

los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a

exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en

derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho

Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible

con el régimen administrativo, Principio de razonabilidad. Las decisiones de la autoridad administrativa,

cuando creen obligaciones, califique infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los

administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a los

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, Principio de imparcialidad. Las autoridades

administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles

tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con

atención al interés general, Principio de presunción de veracidad. En la tramitación del procedimiento

administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma

prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba

en contrario, Principio de verdad material. En el procedimiento, la autoridad administrativa competente

deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar

todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los

administrados o hayan acordado eximirse de ellas; entre otros.

DDéécciimmoo QQuuiinnttoo.- Sobre la prescripción de la acción. Que, del análisis de los actuados en el

presente expediente y tal como se ha señalado en el fundamento décimo tercero, el presente

procedimiento administrativo disciplinario fue iniciado contra Juez de Paz MMAARRCCOOSS AANNTTOONNIIOO

MMEEJJIIAA ZZAAMMBBRRAANNOO en su condición de del Juzgado de Paz de Única Nominación del Centro

Poblado Mariscal Castilla, de la provincia de Pacasmayo, de la Corte Superior de Justicia de La

Libertad, se inició mediante resolución número ddooccee, de fecha veintiséis de setiembre de dos mil

doce como aparece de folios 244 a 251; por otro lado como aparece a folios 264, el inicio del

procedimiento administrativo disciplinario fue notificado al Juez de Paz mencionado el 3311 ddee

eenneerroo ddee 22001133. Si consideramos que la fecha que empieza a contar para fijar el inicio del cómputo

para la prescripción de la acción establecido en el artículo 111° numeral 2) del Reglamento del

Procedimiento Disciplinario de la Oficina de Control de La Magistratura del Poder Judicial,

aprobado por Resolución Administrativa N° 129-2009-CE-PJ, prescribe: La prescripción de la facultad

del órgano de control para incoar investigaciones: El plazo de prescripción de la facultad del órgano contralor

para incoar procedimientos disciplinarios de oficio es de dos (2) años de producido el hecho o desde que

este ceso si fuera continuado.” Y como ha quedado registrado en Audiencia el hecho de causar

perjuicio se produjo desde la expedición del Certificado hasta la comunicación de inexistencia del

demandado en el domicilio de la calle Lima número 93 del Centro Poblado Mariscal Castilla, que

fue el 2244 ddee aabbrriill ddee 22000099,, ésta sería la fecha en que cesó el perjuicio y por lo tanto el punto desde el




MELT/ccp 11

cual se debe contar los dos (02) años de ley, por lo tanto la acción infractora prescribió el día 2244 ddee

AAbbrriill ddee 22001111,, en consecuencia, cuando se le notificó el inicio del procedimiento la acción ya habría

prescrito. Tal como ha quedado fijado en el fundamento décimo tercero.

DDéécciimmoo SSeexxttoo.- Que, por lo tanto, en estricto cumplimiento de la Resolución de Jefatura No. 279-

2014-J-OCMA/PJ su fecha 01 de Diciembre de 2014 y como ha sido reiterado criterio de este

Despacho contralor desde la última Reunión de Directorio de Noviembre del 2013, que establece

que los procedimientos iniciados más allá de los 02 años de cometido el hecho o desde que ceso si

fuera continuado, en este caso el hecho al haber prescrito el 24 de abril de 2011. Habiendo prescrito

desde esa fecha, el inicio de procedimiento y su posterior notificación se produjeron cuando ya

había prescrito, conforme antes quedó dicho, resultando inocuo realizar actuaciones adicionales,

debiendo este despacho declarar Fundada de oficio la prescripción de la infracción cometida, por

haber prescrito el día 24 de abril de 2011.

DDéécciimmoo SSééttiimmoo.- Que, previamente debe decirse que la modificatoria del artículo 111° del ROF del

OCMA mediante la Resolución Administrativa No. 230-2012-CE-PJ del 05 de enero de 2013, debe

realizarse de acuerdo al principio latino de tteemmppuuss rreeggiitt aaccttuumm es la proposición cognitiva que

exige al juzgador que la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al

momento de resolverse el acto. Esto supone la aplicación inmediata de la ley procesal. STC Exp. N°

02196-2002-HC/TC – LIMA, Caso Carlos Saldaña Saldaña, del 10 de diciembre de 2003. FJ. 8. En el

caso de las normas procesales penales rige el principio tempus regit actum, cuyo enunciado es que

la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento de resolverse el

acto. Esto supone la aplicación inmediata de la ley procesal, mas no que a través de ella se regulen

actos procesales ya cumplidos con la legislación anterior. STC Exp. No. 1300-2002-HC/TC - LIMA,

Caso Hugo Eyzaguirre Maguiña, 27 de agosto de 2003. STC Exp. No. 02496-2005-PHC/TC – LIMA,

Caso Eva Rosario Valencia Gutiérrez, 17 de mayo de 2005. PRECEDENTE VINCULANTE. FJ.12.

Con relación a la aplicación de las normas penales, este Tribunal ha manifestado, en reiterada

jurisprudencia, que en la aplicación de normas procesales penales rige el principio tempus regit

actum, que establece que la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al

momento de resolverse.

DDéécciimmoo OOccttaavvoo..-- Que, en cuanto a la doctrina sobre la que reposa este razonamiento, resulta

imperativo consignar como fundamentos dogmáticos, los siguientes: En consideración primaria el

Documento informativo de la Comunidad Andina – Secretaría General (2012) PRESCRIPCIÓN Y

RETROACTIVIDAD DE LA ACCIÓN PENAL PARA LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE

FUNCIONARIOS, Documento elaborado por el Instituto de Defensa Legal, como resultado de una

cooperación técnica con la Secretaría General de la CAN. Lima: IDL, pp. 34 a 39, en cuyas páginas

se encuentran las citas que consignamos, “El profesor alemán Claus Roxín señala que el derecho penal se

compone de la suma de todos los preceptos que regulan los presupuestos y consecuencias de una conducta

conminada con una pena o con una medida de seguridad y corrección. Entre sus presupuestos se cuentan

ante todo las descripciones de conductas delictivas, tales como el homicidio, las lesiones, el hurto, etc. de las

que se deduce en concreto cuándo una acción acarreará sanciones penales. Agrega Roxín que pena y medida




MELT/ccp 12

son por tanto el punto de referencia común a todos los preceptos jurídico penales, lo que significa que el

derecho penal en sentido formal es definido por sus sanciones. Si un precepto pertenece al derecho penal no es

porque regule normativamente la infracción de mandatos o prohibiciones –pues eso lo hacen también

múltiples preceptos civiles o administrativos- sino porque esa infracción es sancionada mediante penas o

medidas de seguridad.” (9) San Martín Castro señala que “la prescripción es la extinción que se produce,

por el sólo transcurso del tiempo, del derecho a perseguir o castigar a una persona, cuando desde la comisión

del hecho punible hasta el momento en que se trata de enjuiciarlo o después de haberse dictado sentencia

firme, se ha cumplido el lapso marcado por la Ley. Para tal efecto, se debe adoptar la definición de

prescripción como “un medio de liberarse de las consecuencias penales y civiles de una infracción penal o una

condena penal por efecto del tiempo y en las condiciones exigidas por la Ley” (10) De igual modo el

profesor Cubas Villanueva argumenta que la base de la prescripción reside en la seguridad jurídica, pues

el transcurso del tiempo provoca inexorablemente cambios en las relaciones o situaciones jurídicas. El

fundamento está en que con el transcurso del tiempo estos devienen en imposibles o innecesarios. (11) Todo lo

cual nos lleva a dos conclusiones primarias: que el tema de prescripción es un asunto polémico,

difuso y sin una línea uniforme de conclusión, ni siquiera en el campo penal, por cierto al punto

que existen incluso opiniones muy cerradas, respecto de su aplicación en el campo administrativo

como la autorizada opinión de la doctora Carmen del Pilar Robles Moreno en su artículo

“Aplicación en el tiempo de la norma tributaria” Profesora de Derecho Tributario de la Pontificia

Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, (2012) (12) en el

cual concluye: “Cuando el artículo 109 de la Constitución establece la retroactividad benigna en materia

penal, esta no alcanza a las sanciones establecidas como consecuencia de las infracciones o contravenciones de

naturaleza tributaria, sino sólo al delito tributario”. Que perfectamente pueden aplicarse al sistema

sancionador administrativo disciplinario peruano. El que se trate de un asunto polémico, habilita a

que el suscrito no se encuentre necesariamente vinculado a las posturas adoptadas sobre el mismo,

ya que no es un tema pacífico. En segundo lugar, que su aplicación como cierre a la persecución

punitiva del Estado, por seguridad jurídica, sólo podría realizarse bajo el régimen del pprriinncciippiioo ddee

rreettrrooaaccttiivviiddaadd bbeenniiggnnaa mmaatteerriiaall,, es decir, conforme al mandato imperativo del artículo 103° de la

Constitución Política del Perú: “Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las

cosas, pero no por razón de la diferencia de personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las

consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efecto retroactivos;

salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley.

También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el

[ejercicio abusivo del derecho] abuso del derecho. [Modificado por Ley 28389 de noviembre 17 de

2004]” (Subrayado adicional)

9 ROXIN, Claus. Derecho Penal. (1997) Parte General. Tomo I. Madrid: Editorial Civitas; p. 41

10 SAN MARTIN CASTRO, César. (2003) Derecho Procesal Penal. Tomo I Lima: Editorial Grijley; p. 392

11 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. (2009) El Nuevo Proceso Penal peruano. Lima: Editorial Palestra; p.129.

12 http://blog.pucp.edu.pe/item/116889/aplicacion-en-el-tiempo-de-la-norma-tributaria.




MELT/ccp 13

DDéécciimmoo NNoovveennoo..-- SSoobbrree llaass bbaasseess ccoonnssttiittuucciioonnaalleess ddee llaa pprreessccrriippcciióónn aaddmmiinniissttrraattiivvaa.. Que,

discrepando respetuosamente de los criterios adoptados – no vinculantes por cierto – en el

Acuerdo Plenario Nº 8-2009/CJ-116, del 13 de noviembre de 2009, que la prescripción no es un

derecho, sino más bien el derecho a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la tutela jurisdiccional y

a la igualdad –como consecuencia de la regulación de la prescripción-, principios que no resultan

lesionados por el Estado en tanto los plazos establecidos para la denuncia, investigación y

juzgamiento de los delitos establecidos por el legislador sean razonables y estén definidos y

limitados por la ley; pues por el contrario el derecho al debido proceso contiene como partícula el

derecho a la proscripción de la persecución sine die de la fuerza estatal. Como lo hemos sostenido

en varias resoluciones el procedimiento administrativo tiene como uno de sus principios rectores,

al pprriinncciippiioo ddee ddeebbiiddoo pprroocceessoo que es al mismo tiempo un derecho fundamental y una garantía

judicial, aplicable tanto al proceso judicial como al procedimiento administrativo, es por tanto un

condicionante de conducta para quien posee el deber especial de expresar la voluntad pública, por

el cual el gobierno debe respetar todos los derechos y garantías que posee una persona según el

ordenamiento jurídico vigente, conforme al artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del

Perú. El debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho

a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del

proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas

frente al juez. El debido proceso establece que tanto el gobierno como el ciudadano involucrado

están subordinados a las leyes del país que protegen a las personas del estado y a la sociedad de

quienes actúan arbitrariamente. Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el

curso de la ley incurre en una violación del debido proceso lo que incumple el mandato de la ley y

cuando el ciudadano ejercita un derecho abusivamente o lo hace contrariando los supremos

valores del Estado, quebranta no sólo el principio de lealtad sino que exonera al Estado de

reconocer ese estatus ilegítimo de cosas inconstitucionales. El debido proceso se ha interpretado

frecuentemente como un límite a las leyes y los procedimientos legales por lo que los jueces, no los

legisladores, deben definir y garantizar los principios fundamentales de la imparcialidad, justicia y

libertad. Esta interpretación resulta controvertida, y es análoga al concepto de justicia natural y a la

justicia de procedimiento usada en otras jurisdicciones. Esta interpretación del proceso debido se

expresa a veces como que un mandato del gobierno no debe ser parcial con la gente y no debe

abusar físicamente de ellos. El término procede del derecho anglosajón, en el cual se usa la

expresión “due process of law” (traducible como “debido proceso legal”). Procede de la cl{usula 39

de la “Magna Carta Libertatum” (Carta Magna), texto sancionado en Londres el 15 de junio de 1215

por el Rey Juan I de Inglaterra, más conocido como Juan sin Tierra. Cuando las leyes inglesas y

americanas fueron divergiendo gradualmente, el proceso debido dejó de aplicarse en Inglaterra,

pero se incorporó a la Constitución de los Estados Unidos y con ella todo el sistema jurídico

vigente.

VViiggééssiimmoo..-- Que, así pues uno de los sub principios derivados del principio constitucional y

derecho fundamental al debido proceso, es por cierto el derecho a la prescripción de la persecución




MELT/ccp 14

punitiva estatal conforme al artículo 139° inciso 13) de la Constitución Política del Perú en tanto

prescribe: La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el

sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada. (Énfasis adicional)

Por lo tanto la institución procesal de la prescripción por mandato constitucional es una garantía

tanto del proceso judicial como del procedimiento administrativo, que posee dos dimensiones la

dimensión extintiva y la dimensión adquisitiva. Así pues tal como lo señala la doctrina como

Señala Fernando Vidal Ramírez en su obra “Prescripción extintiva y caducidad” que “El tiempo y su

transcurso es un hecho jurídico natural que en sí mismo o en ocurrencia con otros hechos, genera efectos de

transcendental importancia. Para Messineo, el tiempo es hecho jurídico en su transcurrir, o sea, el sucederse

en sus diversos momentos, enfatizando que desde el punto de vista jurídico es un hecho de orden natural que

se contrapone a los hechos humanos.” Agrega Juan Monroy Gálvez en su obra Temas de Proceso Civil

que “En nuestra opinión, el fundamento jurídico de la prescripción extintiva es la sanción al titular de un

derecho material, por no haberlo reclamado judicialmente en el plazo que la ley dispone específicamente para

tal derecho. Por lo expuesto, nos parece, que la prescripción extintiva no abarca el derecho de acción genérico

y, en estricto, tampoco el derecho material, sino a la pretensión procesal respecto de ese derecho material.” Y

en complemento en el artículo 2000º del Código Civil se prescribe que “Sólo la ley puede fijar los

plazos de prescripción.” Y dependiendo si se trata de la prescripción adquisitiva (el paso del

tiempo constituye un derecho Vgr. Usucapio) o si se trata de la prescripción extintiva (el paso del

tiempo provoca la caducidad del ejercicio de una potestad, derecho o habilitación). En este caso por

corresponder analizar una de las formas de prescripción extintiva de la potestad contralora de la

magistratura, supone que el paso del tiempo hace decaer la capacidad de persecución punitiva en

su vertiente de potestad sancionadora o más concretamente de potestad disciplinaria contralora y

por tanto al Estado (por medio de OCMA u ODECMA) le resultaría imposible provocar un

resultado sancionador. Así pues, conforme al mandato del artículo 2000° del Código Civil que se

aplica por interpretación sistemática para colmar de contenido al derecho constitucional, es preciso

delimitar el núcleo de protección constitucional del derecho a la prescripción extintiva de la

persecución punitiva del estado, y aunado al segundo aspecto del pedido del recurrente el régimen

legal del plazo prescriptorio.

VViiggééssiimmoo PPrriimmeerroo..-- Que, ccoonn rreellaacciióónn aall nnúúcclleeoo ccoonnssttiittuucciioonnaall ddee pprrootteecccciióónn ddeell ddeerreecchhoo aa llaa

pprreessccrriippcciióónn eexxttiinnttiivvaa ddee llaa ppeerrsseeccuucciióónn ppuunniittiivvaa ddeell EEssttaaddoo,, conforme a la doctrina constitucional

fijada por el Tribunal Constitucional posee, entre otras, las siguientes características: a) Es una

garantía y derecho constitucional en tanto se encuentra vinculada al contenido del plazo

razonable del proceso. (Cfr. SSTC 2506-2005-PHC/TC; 4900-2006-PHC/TC; 2466-2006-PHC/TC; 331-

2007-PHC/TC). [Fundamento 5 de la Sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente No.

00989-2013-PHC/TC – LAMBAYEQUE, Caso Nerio Bazán Mendoza, del 17 de mayo de 2013]; b) Se

inspira en el principio pro homine por el cual el Estado autolimita su potestad punitiva en la

medida que, por el paso del tiempo se elimina la incertidumbre jurídica en el caso de la extinción

de la acción penal. Sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente No. 01805-2005-HC/TC –

LIMA, Caso Máximo Humberto Cáceda Pedemonte, Lima, 29 de abril de 2005, fundamentos 6 a 10;




MELT/ccp 15

Sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente No. 8092-2005-PA/TC- LIMA, Caso Daniel

Raúl Lorenzzi Goycochea, del 30 de noviembre de 2005; c) Debe ser declarada de oficio aunque no

hubiera sido alegada por vía de acción o medio técnico de defensa, en el caso de la prescripción

extintiva de la persecución punitiva sea judicial o administrativa por poseer contenido

constitucional. En consecuencia resulta inaplicable para el procedimiento sancionador conforme al

mandato del artículo 138° de la Constitución Política del Perú (13) el artículo 233.3 de la Ley del

Procedimiento Administrativo General - Ley No. 27444 (14) Aunque el Tribunal Constitucional no

reconoce a la sede administrativa la facultad de control constitucional difuso, a nivel de ODECMA

La Libertad resulta imperativo, no sólo por cuanto el suscrito si bien actuando en régimen

administrativo es Magistrado judicial obligado al cumplimiento constitucional y al respeto del

principio de jerarquía normativa, sino por cuanto la misma Constitución Política del Perú en sus

artículos 38° y 51° ordena al estricto respeto de dicho principio (15). Además así lo ha establecido el

precedente vinculante contenido en la Sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente No.

01805-2005-HC/TC – LIMA, Caso Máximo Humberto Cáceda Pedemonte, Lima, 29 de abril de

2005, fundamentos 6 a 10 (16); d) No es un derecho ilimitado, y como cualquier derecho se

encuentra delimitado en sus aspectos materiales (caducidad y prescripción) y en su modo de

operar (interrupción, suspensión, extinción) por el régimen legal que lo desarrolla formativo del

bloque de constitucionalidad. El ejercicio de cualquier derecho no es ilimitado, esto significa que

mediante el power pólice o poder de policía, el legislador constitucional ha limitado el ejercicio de

cualquier derecho imponiendo condiciones de ejercicio para alcanzar la pacífica convivencia

pública. Conforme a la doctrina internacional más reconocida desde muy antiguo, como es la

Sentencia del Juez John Marshall de 1827 en el caso Brown Vs. Maryland, en la que se dijo que los

13

Artículo 138° de la Constitución Política del Perú. La potestad de administrar justicia emana del pueblo

y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las

leyes. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los

jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. 14

Artículo 233° de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley No. 27444. Prescripción.

[…]

233.3. Los administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más

trámite que la constatación de los plazos, debiendo en caso de estimarla fundada, disponer el inicio de las

acciones de responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción administrativa. [Modificado por

Decreto Legislativo N° 1029 de junio 24 de 2008] 15

Artículo 38° de la Constitución Política del Perú. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y

de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el

ordenamiento jurídico de la Nación.

Artículo 51° de la Constitución Política del Perú. La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley,

sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de

toda norma del Estado. 16

En este orden de ideas, resulta lesivo a los principios de economía y celeridad procesal, vinculados al

derecho al debido proceso, que el representante del Ministerio Público, titular de la acción penal, sostenga

una imputación cuando esta se ha extinguido, o que formule denuncia penal cuando la potestad persecutoria

del Estado, por el transcurso del tiempo, se encuentra extinguida, y que el órgano jurisdiccional abra

instrucción en tales supuestos.




MELT/ccp 16

derechos con los cuales nacemos y los que se nos son atribuidos en un estado civil, no pueden tener

un ejercicio ilimitado, por el contrario poseen varias barreras o limitaciones, Los límites que a éstos

se puedan establecer pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Los primeros son aquellos que se

deducen de la naturaleza y configuración del derecho en cuestión, (por ejemplo del derecho a la

vida no puede ser ejercitado para no morir o para nacer). En segundo lugar están los límites

morales o de voluntad, también intrínsecos (por ejemplo la libertad de tránsito, de varias opciones

para ir a visitar Cusco, Piura, Madre de Dios u Otuzco; elijo una descartando las demás) y por

último los límites extrínsecos o sociales en sus diferentes dimensiones religiosas, consuetudinarias,

laborales, gremiales, de recreo, etc. Entre las cuales están las jurídicas, por ello el Estado, sentenció

el Juez Marshall puede y debe limitar el ejercicio de los derechos, de unos más que de otros, para

mantener la paz, el orden y la tranquilidad social. STC EXP. STC No. 03313-2009-PHC/TC – LA

LIBERTAD, Caso Luis Antonio Malca Cabanillas, del 9 de setiembre de 2009, FJ. 2 – 4. “Este

Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha precisado que el derecho a la libertad personal no es un derecho

absoluto, sino relativo. Ello quiere decir que es susceptible de ser limitado en su ejercicio. No obstante, es

claro que las eventuales restricciones que se puedan imponer no están libradas a la entera discrecionalidad de

la autoridad que pretende limitar su ejercicio. En ese sentido, la legitimidad de tales restricciones radica en

que ellas deben ser dispuestas con criterios objetivos de razonabilidad y proporcionalidad, a través de una

resolución judicial motivada”. Lo que además guarda estrecho vínculo con el artículo 29° de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos, convertida norma jurídica fundamental en

virtud de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú. e) Es un

derecho que exige motivación tanto si se concede como si se deniega. [Vid. Fundamentos 10 a 13

de la Sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente No. 01579-2008-PA/TC-AREQUIPA,

Caso Yuri Antonio Almendáriz Gallegos, del 18 de noviembre de 2009]; f) Es un derecho que se

conforma estructuralmente mediante el bloque de la Constitucionalidad, el cual depende del

caso concreto, en el lado civil mediante las disposiciones de contenido constitucional del Código

Civil; en el caso penal, mediante las disposiciones de contenido constitucional tanto del Código

Penal como del Código Procesal Penal; así en un largo etcétera, por supuesto en el caso del

procedimiento disciplinario contralor de la Magistratura mediante las disposiciones de contenido

constitucional de la Ley de Carrera Judicial, de la Ley del Procedimiento Administrativo General y

del Reglamento de Organización y Funciones y de Procedimientos Administrativos Disciplinarios

de la Oficina de Control de la Magistratura. [Vid. Sentencia del Tribunal Constitucional en el

Expediente No. 00023-2007-PI/TC-LIMA, Caso Federación Nacional de Docentes Universitarios del

Perú y más de cinco mil ciudadanos - Decretos de Urgencia N. º 033-2005 y 002-2006, del 03 de

diciembre de 2008]; g) No es un derecho automático. Ya que no es un derecho autoaplicativo, es

decir que el curso legal del tiempo simple y llano opera de modo automático, sino que en principio

requiere una decisión expresa de la Autoridad judicial o Administrativa, para alcanzar sus efectos;

y segundo, el resolutor tiene la obligación de analizar las circunstancias y modalidades de

operación para decidir si ha existido suspensión del plazo prescriptorio, interrupción del mismo

plazo o actos imputables a la Administración que no pueden ser analizados en contra del




MELT/ccp 17

investigado, todo lo cual debe aparecer en su resolución. [Vid. Sentencia del Tribunal

Constitucional Expediente No. 01096-2013-PA/TC-PUNO, Caso Eulogio Ccopa Lizárraga, del 11 de

junio de 2013, Fundamentos 4 a 6; Expediente No. 00131-2013-PA/TC-HUANCAVELICA, Caso

Abel Lizana Ramos, del 16 de mayo de 2013, Fundamentos 5 a 6]; entre otros. En consecuencia es,

al menos, dentro de este marco jurídico que se resuelve este caso. (17)

VViiggééssiimmoo SSeegguunnddoo..-- Del inicio del procedimiento administrativo disciplinario por la declaración

de prescripción. Que habiéndose fijado en los fundamentos anteriores la necesidad de declarar de

oficio prescrita la acción a favor de los Magistrados investigados, de conformidad con lo ordenado

en el Artículo 233° de la Ley del procedimiento administrativo general – Ley No. 27444. Que

prescribe en el numeral 233.3 Los administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la

autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos, debiendo en caso de

estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar las causas

de la inacción administrativa. [Modificado por Decreto Legislativo N° 1029 de junio 24 de 2008] en

el presente caso este Despacho considera que en principio, la prescripción no ha sido alegada de

parte, sino declarada de oficio, por lo tanto los efectos de la declaración de oficio no pueden ser

equiparables, por principio de legalidad a los efectos de la solicitud de los investigados, que como

se dijo en este caso no existe; en segundo lugar, la prescripción no se ha debido a inacción alguna,

sino a una modificación legal, de cuyos efectos no pueden ser responsabilizados en forma alguna

los Magistrados o Asistentes contralores a cargo del presente expediente, puesto que no puede

imputarse bajo ningún título que el presente procedimiento haya prescrito si el legislador ha

determinado reducir a la mitad los plazos de prescripción de la acción, en cualquier caso, resulta

ser un eximente de la responsabilidad administrativa, pues la acción que determinó la prescripción

es un acto que no puede ser imputable por pprriinncciippiioo ddee oobbjjeettiivviiddaadd a ninguno de los instructores

del presente expediente.

VViiggééssiimmoo TTeerrcceerroo..-- SSoobbrree llaa ppoossiibbllee rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ppoorr llaa ffaallttaa ddee ttrraammiittaacciióónn ddeell EExxppeeddiieennttee..

Que, adicionalmente en el presente caso de una revisión minuciosa y tras las diligencias

preliminares de su propósito, se aprecia que el Expediente Administrativo puesto a conocimiento

posee algunos elementos de distorsión de la conclusión anterior como se confirma del SISOCMA se

advierte que la IInnvveessttiiggaacciióónn PPrreelliimmiinnaarr NNoo.. 0000332211--22001100 ((IInnvveessttiiggaacciióónn)) no ha sido generada en el

SISOCMA correctamente, ni tampoco aparece en el inventario recibido el 08 de enero de 2013, ni

reportado en la estadística de la Oficina contralora, siendo del caso regularizar dicha omisión, y

que el último Despacho a cargo del Expediente fue la Secretaría de la Jefatura de ODECMA La

Libertad. Que, además como quedó expresado en la Investigación No. 00159-2013 la Señora Jefa de

Mesa de Partes Janet Ampy Olinda Villena Mella, durante los años 2006 e incluso hasta el año 2012,

se utilizaron por diferentes personas primero el Usuario y clave de Jorge Antonio Vásquez

Figueroa (Secretario de ODECMA) y luego el de la mencionada funcionaria contralora de Mesa de

17

Cfr. CORDERO QUINZACARA, Eduardo & ALDUNATE LIZANA, Eduardo (2012) Las bases

constitucionales de la potestad sancionadora de la Administración en Revista de Derecho de la Pontificia

Universidad Católica de Valparaíso no.39 Valparaíso dic. 2012, versión On-line ISSN 0718-6851.




MELT/ccp 18

Partes, y que incluso durante el periodo 2011 a 2012 se contrataron un grupo de trabajadores

externos, con el único propósito de actualizar el SISOCMA, por lo que a la fecha resulta de

imposibilidad para esta Jefatura encontrar los responsables del hecho infractor “Los Asistentes

contralores de la Mesa de Partes de ODECMA de La Libertad, durante los años 2006 a 2011, han

ingresado información incompleta o equívoca en el SISOCMA de ODECMA La Libertad, en las

Investigaciones Preliminares que tiene a cargo desde el 01 de enero de 2006 hasta el 31 de

diciembre de 2011.” En consecuencia por insuficiencia probatoria no es posible determinar quién o

quienes han sido los responsables de la omisión en el SISOCMA. E invocando también el pprriinncciippiioo

ddee rraazzóónn ssuuffiicciieennttee si el caso “contrario sensu” si habiendo realizado las diligencias preliminares,

reunido los suficientes elementos de prueba, a la fecha no es posible encontrar datos diferentes que

pudieran contradecir o afectar la presente decisión, si el suscrito tiene la potestad de archivar en

grado, así como amonestar, multar y proponer suspensión o destitución, bajo el principio a fortiori

(maius ad minorem) y por la aplicación de la Teoría de los poderes implícitos, resulta del caso

proceder a evaluar su archivo, dejando a salvo la facultad recursiva de la Sociedad Civil.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos, de conformidad con la Ley 27444, el

Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Carrera judicial, Resolución

Administrativa No. 227-2009-CE-PJ, Resolución de Jefatura No. 141-2012-J-OCMA/PJ y la

Resolución de Jefatura No. 279- 2014-J-OC;A/PJ y en aplicación a lo establecido en los artículos

13°.10 y 93°.5 del Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA, se resuelve:

1) RREEVVOOCCAARR LLAA Resolución número DIECIOCHO de fecha diez de marzo del año

dos mil catorce de folios doscientos noventa y ocho a trescientos tres, Y

RREEFFOORRMMAANNDDOOLLAA DDEE PPLLEENNAA JJUURRIISSDDIICCCCIIÓÓNN EENN AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN DDEE

LLOOSS CCRRIITTEERRIIOOSS CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS EEXXPPUUEESSTTOOSS:: DDEECCLLAARRAA

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PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO DDIISSCCIIPPLLIINNAARRIIOO CCOONNTTRRAALLOORR

desde el 2244 ddee aabbrriill ddee 22001111 a favor del Magistrado Juez de Paz MMAARRCCOOSS

AANNTTOONNIIOO MMEEJJIIAA ZZAAMMBBRRAANNOO en su condición de del Juzgado de Paz de Única

Nominación del Centro Poblado Mariscal Castilla, de la provincia de Pacasmayo, de

la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de haber incurrido en la falta grave

prevista en el artículo 47° inciso 2) de la Ley de la Carrera Judicial “Causar

grave perjuicio al desarrollo de las incidencias y diligencias del proceso,

frustrando o retrasando injustificadamente su realización de los actos

procesales”, pues en el desempeño de sus funciones habría expedido un

certificado domiciliario a favor del señor Carlos Walter Castro Cueva,

consignando en dicho documento que el mencionado señor domicilia en el

inmueble ubicado en Calle Lima número 93 del Centro Poblado Mariscal




MELT/ccp 19

Castilla provincia de Pacasmayo, sin embargo al comisionarse el

diligenciamiento del exhorto derivado del expediente de Alimentos No. 2255-

2007 a efecto de notificar al demandado Carlos Walter Castro Cueva con el

contenido de la resolución dieciocho que aprueba la liquidación de

alimentos, devuelve el mismo sin diligenciar manifestando que el

demandado no domicilia en el referido inmueble. En consecuencia,

2) DDIISSPPOONNEERR el AARRCCHHIIVVOO DDEEFFIINNIITTIIVVOO del presente expediente en el modo y

forma de Ley. La Notificación de la presente Acta y Resolución a los destinatarios

Sociedad Civil y Juez investigado en su domicilio procesal para los fines de Ley.

3) DDEECCLLAARRAARR NNOO HHAABBEERR MMEERRIITTOO PPAARRAA IINNIICCIIAARR PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO DDIISSCCIIPPLLIINNAARRIIOO contra los Magistrados y Asistentes

Contralora a cargo del presente Expediente Investigación Preliminar No. 00321-2010

(Investigación) por la prescripción antes declarada, así como DDEECCLLAARRAARR

IINNCCOONNDDUUCCEENNTTEE remitir copias a la Jefatura Suprema de OCMA por la actuación

de los anteriores Jefes de ODECMA La Libertad que antecedieron al que Suscribe y

dicta la presente resolución, en aplicación del principio de razonabilidad, al no

haberse declarado la prescripción por irregularidades o negligencias en el trámite

sino por la modificación del criterio corrector y la vigencia de la Resolución de

Jefatura No. 141-2012-J-OCMA/PJ, dictada el 01 de diciembre de 2014.

4) DDIISSPPOONNEERR que la presente acta sea suscrita por la Asistente contralora Jessica

Vanessa Avalos Sevillano y por el Jefe Contralor de ODECMA La Libertad.

5) DDIISSPPOONNEERR, que se registre en el SISOCMA, en el plazo de 02 días, la presente

resolución, bajo responsabilidad, se actualice los comprendidos y el motivo, así

como se notifique la presente a los representantes de la Sociedad Civil y al Juez de

Paz mediante cédula en los domicilios procesales fijados y en su Casilla electrónica

sólo si la tuvieran tramitada. La presente resolución agota la vía administrativa por

ser de segunda instancia, sin embargo puede ser impugnada en el plazo de tres

meses de notificada. HHAAGGAASSEE SSAABBEERR que la presente resolución posee la misma

validez con firma manuscrita, con firma electrónica o con ambas, conforme a Ley No.

27269.

RREEGGÍÍSSTTRREESSEE,, NNOOTTIIFFÍÍQQUUEESSEE YY CCÚÚMMPPLLAASSEE..

VV.. FINAL: 13.18 horas.

Documents

Coorrttee oSSuuppeerri iorr Lddee eJJuussttiicciaa … · informa acerca del itinerario procesal, dando cuenta que la Magistrada ... considerando ambos informes y la normatividad