Facultad de Comunicación Social UPB - Medellín, septiembre de 2008, No. 17

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Sin llegar a un acuerdo continúa la discusión sobre el Estatuto Estudiantil en la UN.

Las falencias de la Ley de Justicia y Paz

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El GICU evaluó la condición de desplazamiento en 14 municipios del país. pág. 12 - 13

Un caddie descubrió en su trabajo, la pasión por el golf. Olímpicos.

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Víctimas en Colombiaescépticas ante la justicia.

ISSN 1909-650X

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En las entrañas de un discurso irreflexivo

¿Qué es terrorismo?Intereses y reacomodo de fuerzas en el mundo generan constantes tensiones, la demonización del otro y el silencio ante las cruentas acciones violentas que afectan a los más desprotegidos son muestra que en esta pugna la más perjudicada es la sociedad civil.

Ramón Maya GualdrónDocente Facultad de Comunicación Social UPBramon.maya@upb.edu.co

Michael Walzer es un autor lúcido que nos permite pensar asuntos que de lo contrario pasarían inadvertidos. Sostiene en Razón, Política y Pasión, Tres Defectos del Liberalismo, que todos podemos elegir asociaciones como partidos políticos, sindicatos, sectas religiosas o matrimonio, pero no la estructura de esas asociaciones. Primer concepto para entender las complejidades del terrorismo.

Quizás la asociación que más nos determina y que al mismo tiempo nos es muy difícil cambiar es el Estado, ya que, como el mismo autor sostiene, pertenecemos a uno y estamos obligados a sindicarnos a él, no importa que seamos sujetos activos o pasivos, tenemos unos derechos y deberes a los que no podemos renunciar y unas luchas que terminan por afectarnos. Segundo concepto.

Walzer dice que cuando hay cosas en juego la política consiste sobre todo en oposición y conflicto, en desacuerdo y disputa… los activistas políticos tienen que estar comprometidos apasionadamente. Tercer concepto.

En la ciudad de Hebrón, donde viven juntos, odiándose, palestinos e israelíes, hay unas escuelas sostenidas por Hamas, el grupo denominado terrorista que sacó las mayorías para el Parlamento palestino en 2006. En esas instituciones los niños afirman tajantemente que nunca habrá paz y que hay que continuar lanzando cohetes contra los israelíes para que abandonen la región.

Generalmente los niños colonos judíos aseguran que no abandonarán la tierra en la que sus padres construyeron sus casas y escuelas, en territorios palestinos, ni siquiera en el caso en que su propio gobierno se los exija.

Los niños piensan lo que su cultura quiere que piensen. Nosotros también pensamos lo que nuestra cultura nos pone a pensar. Esa es la razón fundamental por la cual es complejo demostrar el terrorismo.

Que en Afganistán el ejército de los Estados Unidos asesine a más de 70 civiles, la mayoría niños y mujeres, porque estaba intentando vengar una emboscada del Talibán, es terrorismo; el aliado Karzai, presidente afgano, denuncia y su pueblo sufre y odia. Que un joven chiíta se coloque un cinturón bomba y se detone en medio de una fiesta sunita matando más de 20 civiles es terrorismo. Los 200 mil muertos en Darfur, así el gobierno sudanés no haya sido vetado

en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque China lo apoya, es otra manifestación de terrorismo.

Civiles desprotegidosCuando la sociedad civil sufre y es asesinada hay terrorismo. Eric Hobsbawm nos ha hecho pensar preocupados con su afirmación en el texto Guerra y Paz en el Siglo XXI que en las guerras de hoy los soldados están cada vez mejor protegidos mientras que es la población civil la que muere.

En el reacomodo de poderes que presenciamos, las luchas identitarias y étnicas son muchos más cruentas e irreconciliables, por eso recurren con mayor facilidad al terrorismo. Hay un contexto de guerra en la disputa por las reservas de petróleo y gas, que están en África, Irak y Asia Central, y por las regiones por las que se transportan esos recursos: Ucrania, Bielorrusia, Georgia. Entonces Irán, rico en petróleo, experimenta con uranio y los Estados Unidos instalan misiles y escudos en Polonia y República Checa, a lo que Rusia responde ensayando misiles atómicos de gran alcance, de esta manera, la sociedad del planeta es sometida a una fuerte presión.

El discurso de guerra al terrorismo, irreflexivo porque tenía el interés oculto de lograr la adhesión de la sociedad norteamericana, la convierte en una comunidad cada vez más paranoica, intolerante y agresiva, proclive a justificar el terrorismo que está disfrazado de argumentaciones políticas o “científicas”, como

ocurre con la lista de “tratamientos legales” a los prisioneros para que den información.

Pero la paranoia no es sólo norteamericana. Cuando el Imperio Británico terminó, le heredó al planeta un problema que puede representar el fin. Pakistán (200 millones de habitantes) y la India (1300 millones de habitantes) son los protagonistas, ellos tienen en común: democracia, poderío atómico, millones de ciudadanos pobres, problemas políticos internos con movimientos guerrilleros, fanatismos, tensiones con la China. Los dos países tienen un mismo origen, pero también un odio viseral que desató varias guerras, y se teme que alguna llegue a ser atómica.

Hay una circunstancia que favorece las acciones terroristas: la demonización del otro, convirtiéndolo en la representación del mal. El propósito de acumular riquezas y poder llevó a Occidente a emplear esa metodología perversa desde la época de los descubrimientos geográficos en el siglo XV (y aún desde las Cruzadas en el siglo XI). Para los europeos colonialistas fue estratégico convertir a Oriente en la representación del demonio. Hoy los grupos extremistas de Oriente hacen lo mismo con Occidente.

Y es la incapacidad de entender y aceptar el diálogo con el otro (que se ha demonizado), de tener el valor humanitario de no admitir la crueldad, bajo ningún argumento, lo que hace casi imposible impedir e invalidar acciones que afecten a los niños, mujeres y hombres inocentes de todo el planeta.

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Editorial La verdad inconclusaEs tan difícil decir la verdad como ocultarla, decía el escritor español Baltasar Gracian. Ya en Contexto se planteó la importancia de la verdad, un concepto maltratado en nuestro país, en el que radica la trascendencia de una ley que apenas se está aplicando. Los resultados son aún incipientes, pero existe la esperanza de muchas familias que exigen un derecho que todos los ciudadanos tenemos: conocer la verdad.

En el texto de expedición de la Ley 975 de 2005 en Colombia, mejor conocida como Ley de Justicia y Paz, se explica que los tres principios en los que se sustenta son: la verdad, la justicia y la reparación. La verdad entendida como un derecho a saber de quien es ofendido, así como un deber a decir y a reconocer su responsabilidad de quien es el ofensor. La justicia y la reparación se aplican desde la teoría de la Justicia Restaurativa, fundamentada en reconocer que el crimen, la violencia y el conflicto causan daños que deben ser reparados así sea simbólicamente.

Pero el verdadero sentido de esta ley debe ir más allá de una simple negociación entre las víctimas y los victimarios. Esto no es un asunto de intercambios. La verdad no puede negociarse, ni canjearse a ningún precio, porque es parte fundamental de la dignidad humana. Tampoco debe fragmentarse o entregarse en pequeñas dosis como lo hacen muchos de los acogidos a esta ley, que sin ningún escrúpulo aseguran que nunca se sabrá toda la verdad, sino que quedará inconclusa.

Una de las características que siempre está presente en los conflictos es la incertidumbre. Por eso, conocer la verdad es el primer paso que lleva a la reparación, esa es la esperanza y el aliento de quienes perdieron un ser querido. Ellos esperan una llamada o una señal para acabar con el sufrimiento de no tener noticias de sus familiares. Es cierto que con la verdad no se recuperan vidas como dicen algunos, pero conocerla no sólo da sosiego, también abre puertas a la oportunidad de reconocerse primero como seres humanos y luego como ciudadanos que conviven en una sociedad con deberes que cumplir y derechos que deben garantizarse y respetarse, como el de la vida.

Por eso, para estos padres, hijos, parientes, compañeros y amigos, saber la verdad no sólo es un derecho sino un alivio especialmente espiritual; y para quienes no se consideran víctimas directas o responsables directos del conflicto, es un motivo para reflexionar sobre lo que se deja de decir o hacer, de manera que la verdad no pierda su sentido y se convierta en una mentira.

Gandhi decía que: “en cualquier hombre, las virtudes de la misericordia, la no violencia, el amor y la verdad sólo pueden ser auténticamente puestas a prueba cuando se confrontan con la crueldad, la violencia, el odio y la falsedad”. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos que convivimos en el contexto del conflicto colombiano, afrontar y asumir la prueba de reconocer y confrontar la verdad como el primer paso para lograr una restauración de los daños que nos deja tanto dolor.

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Los 20 años de VisiónJosé Ricardo López Gonzálezvisionupb2008@gmail.com

La Facultad de Comunicación Social – Periodismo de la UPB celebra este año los 20 años de Visión, un evento académico que nació en 1988, con el propósito de dar a conocer los trabajos producidos por estudiantes en el Área Audiovisual.

En las primeras versiones, uno de los mayores logros, fue la emisión de una programación con los mejores productos de los estudiantes, gracias a una señal interna que incluso se irradió por sectores aledaños a la Universidad. “Era la primera vez que durante tres días de ocho de la mañana a seis de la tarde, todos los trabajos audiovisuales de los estudiantes eran exhibidos por los televisores que se encontraban en cada uno de los bloques de la UPB, recuerda la profesora Elvía Lucía Ruiz, docente e integrante del equipo fundador de Visión. En la década de los 90, Visión realizó el Concurso y Muestra de Trabajos Audiovisuales y luego complementó estas actividades con los seminarios académicos, espacios que sirvieron para cualificar los conocimientos en el campo audiovisual. En los últimos años se llevaron a cabo los Seminarios “Imágenes para narrar la ciudad” y “La imagen + que una mirada”.

Para celebrar los 20 años, Visión 2008 trabajará con el tema “La comunicación, manifestación de la cultura”. Será la oportunidad de acercarse a realizadores y teóricos en el campo audiovisual del país como Dago García-libretista reconocido por telenovelas como Pedro el escamoso y películas como Te busco (2002;, Mauricio Navas Talero, ganador del Premio India Catalina por la telenovela Pura Sangre del canal RCN y libretista de telenovelas muy reconocidas como La Otra Mitad del Sol (1996); Lizeth Arango, productora de Noticias Caracol; y Germán Rey, académico de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

De igual manera, Visión 2008 tendrá la exposición de muestras de reconocidas empresas de la ciudad como EPM, ISA, Colanta y el Metro de Medellín. Además, los medios comunitarios tendrán su espacio con la experiencia que adelanta PRODEPAZ en el oriente antioqueño.

El seminario académico se realizará en el Aula Magna Monseñor Manuel José Sierra de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín los días 15 y 16 de octubre. Las conferencias, debates y foros tendrán, entre otros, los siguientes temas: la imagen corporativa como medio de desarrollo social, los medios comunitarios, la fuerza de la imagen, el cambio de marca en las organizaciones, los avances de cultura en la red y la telenovela como espejo cultural.

Mayores informes: visionupb2008@gmail.com www.upb.edu.co/medellin

Rector: Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez / Decana de la Escuela de Ciencias Sociales: Esperanza Hidalgo Urrea / Directora Facultad de Comunicación Social: Margarita Llano Gil. / Jefe de Área de Periodismo: Maria del Socorro Correa Jaramillo. / Editor: Juan Carlos Ceballos Sepúlveda. /Jefe de Redacción: Carlos Mario Cano Restrepo. Periodistas: María del Pilar Camargo Cruz • Carlos Mario Cano Restrepo • Lucas Burgos Álvarez • Laura Julieth Mendoza • Sergio Andrés Restrepo Alzate • Dayana Andrea Quintero Cardona • Maria Juliana Yepes Burgos •Mónica Samudio Valencia •Angélica Cuevas Guarnizo •Viviana Andrea Londoño Calle •Mónica Ospina Rodríguez •María Alejandra Britto Botero •Rosa María Pérez Rivas •María Fernanda Montoya Rodríguez •Yenny Carolina Buitrago Cortés •Nathalia del Rosario Acosta Vélez/Diseño: Ana Milena Gómez / Diseño y Diagramación: Editorial UPB • / Impresión: El Mundo /Universidad Pontificia Bolivariana • Facultad de Comunicación Social.• Dirección: Circular 1ª. 70-01 bloque 7. Teléfono: 4159042.• Correo electrónico: pcontexto@gmail.com • ISSN 1909-650 X

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Carlos Mario Cano Restrepocarwansophia@yahoo.es

El 22 de abril de 2008 fue aprobada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Colombia (UN) la primera parte del nuevo Estatuto Estudiantil que comenzará a aplicarse en 2009, y que desencadenó una fuerte movilización nacional y el retraso en la finalización del primer semestre de pregrado.

El Estatuto Estudiantil de una universidad son las reglas de juego académicas, de convivencia y de bienestar que tienen los estudiantes mientras hacen parte de ella. En él está todo lo relacionado con la vida universitaria y por eso tiene tanta importancia.

El nuevo Estatuto está incluido en un conjunto de cambios que afronta la Universidad Nacional y que buscan proyectarla hacia la investigación dentro de un modelo de universidad más abierta, flexible y globalizada.

El inconveniente dentro de lo que ya se aprobó, son algunos artículos que afectan a los estudiantes, quienes tienen en las franjas de discusión el espacio para debatir lo que ya se aprobó y lo que todavía está por aprobar.

¿Mayor mortalidad estudiantil?De aplicarse el Estatuto tal como fue aprobado, aumentaría entre un 15 y 20% el número de estudiantes que serían expulsados de la sede cada semestre por bajo rendimiento académico.

A esta conclusión llegó una simulación realizada por la Dirección Académica de Medellín, que todavía no puede hacer cálculos reales

Medidas que afectan a los estudiantes

El precio de la calidad académica en la Universidad Nacional

Algunas de las nuevas reglas de juego aprobadas con el estatuto estudiantil

inciden en la permanencia de los estudiantes en la Universidad, por eso

se hace necesario discutir dichos puntos y hacer propuestas alternas a las ya

aprobadas.

La Universidad Nacional de Colombia pasa en la actualidad por un proceso de transformación en todas sus áreas. La meta es ser una Universidad de investigación para competir con los claustros del país y el mundo.

porque la Reforma Académica está en camino y ella será la que diga qué tanto “pesan” las materias en el promedio.Los estudiantes que más se afectarían con esta nueva fórmula para medir el rendimiento académico serían quienes están en los primeros cuatro semestres. “Con una sola materia de cinco créditos que pierda un estudiante de primer o segundo semestre perfectamente podría salir de la universidad por el promedio ponderado inferior a tres”, dijo Luis Fernando Wolff miembro de la Junta Directiva de la Asociación Antioqueña de Profesores de la Universidad Nacional (APUN).

El Promedio Aritmético Ponderado Acumulado (PAPA) es la nueva medida de desempeño académico. Básicamente es el promedio de todas las materias cursadas -tanto ganadas como perdidas- en la historia académica de un estudiante. Esta medida fue aprobada por las directivas para garantizar unos mínimos de calidad académica.

Según Juan José Yunis, Representante de los docentes ante el CSU, las directivas de la Universidad afirman que esta mortalidad en los primeros semestres no se presentaría porque con la reforma académica –que se deberá implementar en el primer semestre del 2009– hay un ingreso diferenciado de los nuevos estudiantes, quienes entrarían a cursar la carrera o cursos nivelatorios dependiendo de los resultados del examen de admisión.

El cupo de créditos Además del PAPA, uno de los cambios más criticados por la movilización estudiantil

- grupo de estudiantes que opone resistencia a las nuevas reglas aprobadas- es el cupo de créditos. Los créditos son el valor que se les da a las materias por el tiempo dedicado para ganarlas, y con el nuevo Estatuto se irán descontando de los que recibirá el estudiante cuando ingrese a la UN.

Este modelo busca que los estudiantes se demoren el tiempo indicado para terminar las carreras y tiene entre sus beneficios la posibilidad de utilizar los créditos sobrantes, una vez se termine el pregrado, en cursos de posgrado.

Al respecto, Santiago Botero, Representante Estudiantil de la UN dijo: “no estamos en contra de los créditos, estamos en contra de la Bolsa [Cupo] de créditos, no creemos que se deba implementar este sistema porque implica que el estudiante no va a tomar una asignatura porque quiera aprender de ella, sino que la toma dependiendo de los créditos que represente y de qué tan rentable pueda ser”.

Lo que falta por aprobarLa segunda parte del Estatuto Estudiantil se aprobará en diciembre de este año y contiene las reglas de convivencia y de bienestar universitario, dos de los puntos críticos de esta segunda

parte tienen que ver con la ausencia de una real política de bienestar y la necesidad de puntualizar algunos artículos que en los borradores se presentan ambiguos.

Según Luis Fernando Wolff los borradores de Bienestar y Convivencia no enfatizan en ayudar a los estudiantes con mayores dificultades. También presenta cierta ambigüedad en algunos artículos, como el 9 y 25 (en sus numerales 6 y 9) que hablan de la Organización estudiantil y de las conductas que atentan contra los estatutos y reglamentos universitarios. Al respecto, la movilización estudiantil se muestra crítica y atenta: “no mencionan directamente a la asamblea en ningún lugar, sólo (hacen referencia a ella) cuando mencionan que ningún estudiante podrá interrumpir el desarrollo normal de las actividades académicas”, dijo Santiago Botero.

A las dos afirmaciones anteriores el Secretario de Sede, Carlos Salazar, respondió que la parte de Bienestar “no tiene que estar sometida a una reglamentación estatutaria porque esos son programas inherentes al desarrollo de Bienestar” y respecto al reconocimiento explícito de la Asamblea Estudiantil añadió que ese era un juego de dos caras porque “si usted la pone en el Estatuto la tiene que normatizar, y si usted empieza a normatizarla entonces el estudiante ya no está de acuerdo”.

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Mónica Ospina R.osro31@hotmail.com

Siguen sin reconocimiento por parte del Estado

Sin ley ni justicia para las víctimasLas falencias encontradas en la Ley de Justicia y Paz después de su aprobación, se deben a que no tuvo en cuenta desde un principio a las víctimas como actores principales del conflicto.

La reparación administrativa brinda el apoyo económico, pero deja de lado el reconocimiento de las víctimas.

Después de cumplirse tres años de la Ley Justicia y Paz se incrementan las dudas sobre la efectividad en el proceso para conocer la verdad, el esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos en los últimos años en el país y la reparación de las víctimas del conflicto.

La Ley de Justicia y Paz se concibió como una alternativa penal para no cometer los mismos errores con las víctimas, ocurridos en otras negociaciones con grupos al margen de la ley las FARC en 1984 y el M-19 en 1990, en los que las premisas fueron el “perdón y el olvido”, así mismo porque en la actualidad no se permite ni la amnistía ni el indulto en delitos atroces.

La concepción de esta ley no fue clara, ni sus conceptos tienen un criterio unificado. Según el abogado Daniel Mauricio Patiño, profesor de la Facultad de Derecho de la UPB, la mencionada Ley tiene como referente una teoría del derecho llamado Justicia Restaurativa, entendida como un mecanismo para encarar el delito, en el que las víctimas deben ser los actores principales. Se basa en tres principios fundamentales: la verdad, la justicia y la restauración; desarrollados en cuatro fases: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, y la satisfacción y las garantías de no repetición.

“La incongruencia entre este concepto y la Ley de Justicia y Paz, radica en que se centra en los victimarios y no en las

víctimas”, afirma el abogado Patiño, porque no fueron incluidas en ella desde el principio. Las garantías que se les da a los victimarios, como el pago de un sueldo o las oportunidades de estudio y trabajo, es un mecanismo de la Corte Constitucional conocida como Justicia Transicional, es decir, aquella aplicada a situaciones en las que se pasa de una etapa a otra, como por ejemplo de un conflicto a un post-conflicto.

Este es uno de los principios fundamentales de la Ley de Justicia y Paz, que busca que los victimarios dejen las armas. A su vez se le da primacía al concepto de la paz que en el país está pensada como el cese al fuego, concluye Patiño.

Reconocimiento del otro Dentro del conflicto colombiano no hay un reconocimiento del otro como persona con derechos, sino como un objetivo blanco al que hay que eliminar. Para poder afrontar un proceso de paz y una búsqueda de la verdad, lo primero que debe existir es la voluntad de aceptar al otro como un ser humano, en esto se fundamenta la restauración moral, la misma les hace falta a las víctimas del conflicto.

Además del reconocimiento también está el derecho a la justicia, consagrado en la Constitución colombiana. Pero la justicia es aplicada dentro de esta Ley como el

juzgamiento a los victimarios y no como un todo, explica Santiago Londoño, concejal de Medellín.

En su Teoría de Justicia, el filósofo John Rawls explica que el objeto primario de la justicia es la estructura básica de la sociedad, o sea, que las grandes instituciones sociales garanticen los derechos y deberes fundamentales, si no es así deben ser reconstituidas, dado que la justicia es considerada la primera virtud.

Los principios de la justicia, según la teoría de Rawls, están basados en que todos tenemos derechos y libertades que van hasta los de las otras personas y en los cuales no se debe irrumpir. Por eso “el proceso de la desmovilización no debe hacerse a costa de las víctimas, porque para la Teoría de Justicia no hay una paz sin el reconocimiento del otro”, enfatiza Santiago Londoño.

Ley de víctimas, ¿la solución?El proyecto de ley No. 157 o la Ley de Víctimas aparece como una manera de proteger y hacer valer los derechos de las víctimas del conflicto. Además es una alternativa de crear un estatuto legal que ordene sistemáticamente los diferentes derechos de las víctimas, como lo argumentan los profesores de la Universidad Nacional Rodrigo Uprimny y Maria Paula Saffon.

El proyecto de ley en primera instancia pretende que el fundamento de la reparación sea una responsabilidad del Estado, derivada del incumplimiento de su obligación de protección, garantía y respeto de los derechos humanos. Con esto se deja claro que la reparación de las víctimas más que solidaridad es una responsabilidad del Estado, que la debe asumir con una reparación administrativa. Santiago Londoño considera que la ley de víctimas es tardía, pese a que las víctimas son los actores principales. En el conflicto esta Ley se hizo pensando en los victimarios. Sin embargo este proyecto de ley es un paso para garantizar los derechos aunque se puede caer en la trampa de la monetización del dolor. Ahora lo que falta es voluntad política para efectuar los cambios y justicia para garantizar la restauración.

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Viviana Andrea Londoñovivi1909@hotmail.com Cuando Jhony Arias regresó a San Carlos, el pueblo donde nació, lo primero que recibió fue una lista que contenía 720 nombres. Muchos de ellos eran de conocidos, algunos de compañeros de la escuela. Aunque no conocía a los demás tenía claro que la orden era eliminarlos a todos.

Tres años antes, en 1997, Jhony vivía en el pueblo con tres de sus cuatro hermanos, su mamá y Érika, su sobrina. Sus días trascurrían entre el trabajo de construcción, los baños en los charcos y el encuentro en el parque con los amigos. En ese año San Carlos ya la guerrilla decidía quién podía vivir.

El boleto de ingreso de Jhony a las Autodefensas fue el noviazgo de Erika, la consentida de la casa. “A ella le mandaron a decir que se tenía que ir o la mataban por andar con un policía, pero mi hermano Polo que era minero le dijo que no se fuera, que él respondía”. Polo fue asesinado el 25 de diciembre, al frente de su madre en la casa.

Cuando despedía a Polo en el cementerio, Jhony fue testigo de la muerte de otro de sus hermanos. Los guerrilleros regresaron hasta el velorio y en una cuadra cercana le quitaron la vida. Al día siguiente Jhony era un desempleado más en Medellín. Un desempleado lleno de miedo y de rabia.

Desplazado Iván Mejía Uribe soñaba con sembrar plátano y criar gallinas en la finca que su padre heredó en la vereda la Holanda de San Carlos. Hoy cree que su sueño nunca se hará realidad. Fue desplazado por primera vez cuando acababa de nacer en el municipio de Carepa siendo el menor de 13 hijos. Su papá, dueño de una hacienda ganadera se rehusó a pagar la vacuna que exigía la guerrilla. Al día siguiente llegaron varios hombres y asesinaron a golpes a uno de los hermanos de Iván que apenas tenía siete años.

La familia tuvo que abandonar la finca y cambiar todo lo que tenían por los pasajes de un bus que los llevó a Medellín sólo con la vida como equipaje. Después la pobreza los obligó a ir a Bogotá y luego a Cúcuta. “Desde que tuvimos que salir de Carepa, mi papá nunca se recuperó”. En Cúcuta se acabó el trabajo y la situación se puso precaria, la familia recibió una tierra en San Carlos como herencia y se trasladaron para el pueblo, donde empezaron a sembrar y a vivir de la tierra.

En la vereda donde estaba ubicada la finca de los Mejía Uribe, las Autodefensas montaron un campamento para combatir a la guerrilla. Desde entonces, fueron de nuevo el blanco del conflicto. Los guerrilleros incendiaron la casa por estar en territorio paramilitar y los papás de Iván se vieron obligados a partir de nuevo para Cúcuta.

Dolores encontradosJhony Arias llevaba dos años viviendo de trabajos esporádicos y mal pagos en Medellín. En 1999 se encontró con un amigo del pueblo. Tenía un nuevo empleo en el que le pagaban cada mes el arriendo y la comida y también le aseguraba vengar la muerte de sus dos hermanos. El trabajo era en las Autodefensas.

Siete de los 43 desmovilizados de San Carlos trabajan en el municipio

Caminos sin salidaHace casi cinco años se desmovilizaron los primeros paramilitares del bloque Cacique Nutibara. Desde entonces es difícil retornar a la vida civil y las pretensiones de rehacer de nuevo sus vidas

son cada vez más difusas.

“Como me gané la confianza de los superiores mientras me entrenaban en el Magdalena, pedí que me mandaran para San Carlos, yo allá conocía a todo el mundo y me quedaba más fácil manejar la zona”, recuerda Jhony.

Jhony dice que cuando llegó en el 2000 llamó a varios sentenciados y antes de apretar el gatillo verificó que éstos fueran colaboradores de la guerrilla. Sin embargo, hoy no recuerda cuantos fueron los muertos en total.

Iván Mejía ingresó en el 2003 a las Autodefensas en San Carlos porque había prestado servicio militar y era conocido de varios paramilitares que estaban en el campamento de La Holanda. Al ingresar el comandante era Jhony. Para ese entonces San Carlos estaba diezmado en un 20 por ciento de sus habitantes. Las casas desoladas eran testigo del miedo de los habitantes que huyeron de las balas cruzadas entre la guerrilla y las autodefensas.

“Para mí lo más duro de la guerra era llegar a los ranchos abandonados y encontrar trastos viejos tirados en el piso, eso me recordaba mi casa cuando era pequeño”, dice Iván.

En el 2005 Iván y Jhony se desmovilizaron como miembros del bloque Cacique Nutibara. Hoy mientras cuentan sus historias en el patio del Centro de Acercamiento para la Reconciliación y Reparación (CARE) de San Carlos, aseguran que desmovilizarse fue recuperar de nuevo la libertad.

Iván es el Administrador del Matadero municipal y Jhony está al frente de La Plaza de Mercado. En el pueblo los conocen y fueron acogidos a la vida civil, después de ser parte activa de la guerra. A pesar de que insisten en que no quieren volver a tomar un arma, están convencidos de haber librado a San Carlos de los flagelos de la guerrilla, sin olvidar el dolor que causaron a su paso.

Según los dos desmovilizados la tranquilidad que tienen desde que dejaron las filas de las autodefensas puede desaparecer. Rumores que corren por las calles de San Carlos los preocupan. Ahora, grupos emergentes de autodefensas insisten que los desmovilizados deben tomar de nuevo las armas, de lo contrario tienen que marcharse o arriesgarse a perder sus vidas.

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Por: María Juliana Yepes Burgos mariajulianayb@gmail.com

Red Vivir dará apoyo y capacitación a los afectados

Las víctimas se hacen visiblesConocer sus derechos y hacerlos valer motivó a Amparo Ramírez y otras compañeras en el municipio de El Retiro a crear un espacio donde se le luche por su dignidad y se reconstruya el tejido social.

El conflicto armado y su impacto humanitario no es solo una relación víctima-Estado, es un asunto social.

“Esas ayudas llegan a uno como si le quemaran las manos”, dice Amparo refiriéndose a la reparación económica.

María Alejandra Brito Botero mabb19@hotmail.com

Amparo estaba en uno de los salones de la Casa de Gobierno. Sus manos se movían acentuando sus palabras, mientras explicaba que se consideraba víctima porque su hijo fue asesinado en el 2001. Él tenía 21 años y pasaba por problemas de drogadicción “cuando él quiso recuperarse no le dieron la oportunidad de rehacer su vida, los grupos armados decidieron que él no podía seguir viviendo en el municipio ni en ninguna parte más…no le dieron la oportunidad de nada, ni de hablar.”

La Casa de Gobierno resaltaba con la luz de la tarde entre las demás edificaciones del parque principal de El Retiro. Era 13 de Agosto, la primera vez que se reunían en uno de los salones de este sitio nueve mujeres víctimas del conflicto armado en compañía de dos hombres: Libardo Tabares, Coordinador de Atención a las Víctimas de la violencia y Gabriel Caldas, Asesor Municipal de Conciudadanía.

Semanas antes en el atrio de La Capilla de San José, ubicada en este parque, las Madres de la Candelaria apoyadas por la Oficina de Atención a las Víctimas realizaron una manifestación, éste fue el primer acto de sensibilización con la comunidad sobre el tema, luego “se les habló de la ley de Justicia y Reparación, la gente no sabía nada de eso”, comentó Libardo.

El aula era fría y amplia. Algunos de los asistentes ya se habían marchado, por eso la voz de Amparo resonó en el lugar y llamó la atención de Luz Marina Velásquez, otra de las mujeres que trabajará en Red Vivir, una nueva organización que están creando las víctimas en el Municipio. Ella recordó la muerte de su esposo, asesinado por el Bloque Metro de las Autodefensas hace 11 años. Su ausencia se suma a la lucha que debe enfrentar por la discriminación, “porque somos muy tildados y muy separados”, agregó la madre de tres hijos refiriéndose al trato de la gente que habita en la región.

Sentadas en semicírculo Marina García y Martha Inés Ramírez escuchaban atentas el relato de sus dos compañeras. Marina, la mayor del grupo, no pudo contener sus lágrimas al recordar

la muerte de sus cinco hijos: “eso fueron los grupos armados pero quién sabe qué grupo los mató”.

“Hoy tengo la depre”, dijo Martha Inés, entre risas, tratando de disimular la tristeza que le causa la muerte de sus padres y hermano hace 14 años. Su madre presenció la muerte de ambos y salió herida, el disparo le dañó el oído, meses después falleció de depresión.

Una restauración olvidada Mientras la discusión avanzaba Marina Velásquez y las demás víctimas opinaban sobre el apoyo del Gobierno: “yo sí fui a pedir ayuda a la oficina de Justicia y Paz y me dijeron quién lo había matado y ya, que esperara, igual uno tiene que luchar por los hijos”.

Las mujeres aún sentadas en media luna escuchaban de manera atenta y asentían, mientras que su compañera Amparo compartía: “en el momento del velorio me dijeron que pasara a Personería y llevara unos papeles, nosotros ni siquiera sabíamos cuál era la razón. Seis meses después lo llaman a uno y le dicen: los papeles se pidieron para darles un aporte económico por parte del Estado y reparar el daño”.

Las palabras de sus compañeras hacen que Marina García comente desconsolada: “Yo hace mucho tiempo hice todas las

vueltas pero hasta ahora no he recibido ninguna ayuda”.

Respecto a la asistencia psicológica Luz Marina Velásquez apuntó: “Yo tuve que mandar uno de mis hijos a estudiar a otro lugar porque en todos los colegios lo corrieron, es el niño más afectado… quiere que los demás sufran lo que él está sintiendo a través de los golpes que les da a sus compañeros”.

En la Red Vivir, la Fundación de Apoyo Solidaridad del Retiro (FASOR) realizará un trabajo psicológico con los hijos menores de edad, que aún sienten deseos de venganza.

Reconstruir el tejido socialRed Vivir nació con el apoyo de la Oficina de Atención a las Víctimas, Conciudadanía, FASOR y otras organizaciones. “La administración Municipal está muy interesada en esto, no como protagonista, porque hay muchas administraciones que lo hacen más por una actitud politiquera que por una ayuda verdadera y humana a la población afectada”, dijo Libardo Tabares.

En el próximo encuentro se concretarán las tareas que realizará Red Vivir, donde las cuatro mujeres se convertirán en líderes del Municipio al capacitar a la población vulnerada por la violencia.

Mientras acordaban la fecha de la próxima reunión, Amparo Ramírez hacía comentarios graciosos, les recordó que el 15 de Septiembre se celebra el día del amor y la amistad, por eso las demás decidieron cambiarla para el 8 de Septiembre “¡ja! no les gustó la idea de traer regalitos”, y se rió a carcajadas. Ese 13 de Agosto a las 2:50 de la tarde, las once personas reunidas concluían su primera cita con la difícil tarea de hacerse visibles. La mayoría se fueron apurados apenas se definió la fecha del encuentro, a diferencia de las cuatro mujeres que continuaron sentadas en sus puestos con la premisa de conocer cuáles son sus derechos para exigir que se cumplan.

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Unidad InvestigativaPeriódico Contexto

Las amenazas provocan desesperación y angustia. Sin embargo, las 137 mil 803 víctimas inscritas y beneficiadas por lo establecido en la ley 975 tienen esperanza en que la verdad se sepa y la vida retorne a la normalidad. No obstante, el panorama actual del proceso no es el más grato.

“Para los participantes en este encuentro el modelo y la aplicación de la ley 975 (…), mal llamada de ‘justicia y paz’ se encuentra en una profunda crisis”, según la Declaración Central del Encuentro Nacional de Víctimas, pertenecientes a organizaciones sociales realizado en Bogotá el 28 de julio de 2007.

La crisis está sustentada en: el rearme y la creación de nuevas estructuras paramilitares -según la Declaración se calculan en Colombia 65 grupos paramilitares al menos en 26 departamentos del país, inclusive en Bogotá-. En segundo lugar, las amenazas por parte de estos grupos que mantienen en riesgo la seguridad y los derechos de las víctimas.

Además, la atención ofrecida en las instituciones Estatales es precaria y el archivo que registra las investigaciones en algunos casos no aparece. Por último la poca celeridad del Estado para la reparación sicológica, física, económica y territorial a la que tienen derecho las víctimas son los agravantes que en el tercer año de la ley 975 desencadenaron la actual situación de las víctimas.

Escenario críticoUn día en Urabá, una mujer de 56 años llamada Rosa se sentó con unas amigas a conversar. Ella es víctima del paramilitarismo y la guerrilla. Le asesinaron a su ex esposo militar Jairo en 1988 y luego, nueve años más tarde, le desaparecieron a su hija Yolanda de 14 años. Ese mismo año, los paramilitares mataron a su hermano José Luis y a sus dos sobrinos, Rodrigo y Édgar. Quienes dialogaban con ella ese día en Urabá también eran víctimas.

- Oiga, ¿a usted que le ha dado (el Estado)?- preguntó Rosa.

- Nada- - ¿Y a usted?- No, a mí tampoco nada.

Rosa cree que la ley 975 es “buena para los que les hayan cumplido, pero a mí no me han cumplido nada, somos miles de personas que estamos sin recibir una bolsa de agua del Estado. Uno ve que la gente mantiene como aburrida de tantas quejas que uno pone. La mayoría estamos en Urabá sin saber para qué es que nos anotan en un papel, que afíliese acá y allá”.

Las víctimas exigen su derecho a la verdad, la justicia y la reparación

Entre la amenaza y la esperanzaLa ley 975 de 2005 es inoperante cuando se trata de la reparación a las víctimas. En Colombia, más

propiamente en Urabá, Rosa y Flor sufrieron el accionar guerrillero y paramilitar, Fanny sólo es víctima de este último. Ellas son tres mujeres que hoy demuestran con sus historias que las garantías ofrecidas

por la ley a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación se quedan en el papel y su aplicación es indolente.

En materia judicial no se ha dictado la primera sentencia penal en contra de los 2.772 desmovilizados en justicia y paz, acogidos en la ley 975, inscritos en ésta, según el último boletín de la CNRR (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación) publicado en junio de 2008. Algunas versiones libres como las que corresponden a los 14 ex jefes paramilitares extraditados -entre ellos Salvatore Mancuso, “Don Berna”, “Jorge 40” y “Cuco Vanoy”- fueron interrumpidas. A esto se suma que son pocos los tribunales dispuestos para este fin, si se tiene en cuenta el número de víctimas registradas en Justicia y Paz. Por consiguiente no se ha reparado por vía judicial a ninguna de las 137 mil 803 víctimas.

Rosa cuenta que en 1997, cuanto desapareció su hija, fue a la Personería a denunciar, entregó una fotografía y su testimonio, pero según ella, “hasta el sol de hoy voy allá y reclamo la denuncia y no aparece. Sólo quiero que tarde o temprano me den razón de ella, que no tenga que ensuciar mis manos ni mis pensamientos con ninguna persona de la tierra”.

Rosa viajó a Medellín a mediados del pasado mes de agosto para volver a entablar la misma denuncia. En los diez años que pasaron no hubo una llamada ni una citación, su caso se olvidó.

A partir de la ley 975 se creó en marzo de 2007 el Fondo para la Reparación de las Víctimas, integrado por los bienes o recursos entregados por los desmovilizados, avaluados en 9 mil 184 millones 976 mil 628 pesos hasta el pasado 31 de mayo, según Atención a Víctimas de la Violencia de Acción Social.

Es decir, a cada una de las víctimas inscritas, le corresponde en estos momentos un monto de 66 mil 652 pesos. Y por esto, según la CNRR, “se espera que está cifra suba cuando se definan nuevas sentencias de extinción de dominio de grupos al margen de la ley”.

Sin embargo, el proceso es demorado: las versiones libres de los desmovilizados no terminan. De acuerdo con la CNRR existen 2.772 desmovilizados en justicia y paz, de los cuales

1.442 han rendido versión libre y de estos 1.141 ya terminaron. Están en curso 280 y programadas otras 128.

Para agilizar el proceso de reparación este año entró en vigencia el Decreto 1290, más conocido como Programa de Reparación Individual por Vía Administrativa, este decreto quiere propiciar un camino que abra actuales y futuras medidas que garanticen una política de reparación integral a las víctimas.

¿Por qué?, ¿por qué?Otro caso es el de Flor Inés, una de las hijas de Rosa. Ella tiene 37 años y hace 12 vive en condición de desplazada en el barrio La Cruz, en Medellín. Fue testigo de la desaparición de su hermana Yolanda, además el accionar paramilitar la dejó viuda. Flor es una de las víctimas que aún no está registrada.

Hace 21 años la guerrilla asesinó a su padre, Jairo; Flor salió de Murrí –sector finquero de Frontino- y se desplazó a Urabá. En 1997 desaparecieron a Yolanda, su hermana menor

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de 14 años y los paramilitares mataron a su tío José Luis, que vivía en Murindó.

Al esposo de Flor, Juan de Jesús, también lo seguían los paramilitares, “por trabajar en una finca sindicalista de Urabá, San Francisca”. Un día llegó a decirme: ‘Mija me volé, me iban a matar’”, dice Flor. Ese mismo día llegaron rumores que resultaron ciertos: habían matado a alguien que confundieron con “El niño”, como le decían a Juan.

Una semana después Juan de Jesús fue detenido por el Ejército y llevado a Medellín, “dizque por subversivo pero él salió inocente de la cárcel Bellavista”. Flor cuenta que si lo visitaba en la ciudad temía que al volver a Urabá la matarían y decidió vivir con su familia en Medellín como desplazados. Juan salió libre a los ocho meses y lo asesinaron en 2002 en brazos de su hijo Juan Carlos de 17 años.

Hace unos seis meses llamaron a Flor desde Urabá para contarle que habían matado a su hermano mayor, a quien dejó de ver hace cuatro años. Hoy está amenazada por denunciar la muerte violenta de su esposo, sin embargo, ella no está registrada como víctima porque la ley niega su condición debido a que el asesinato se ejecutó en La Cruz y no en Urabá. No obstante, Flor insiste en que la muerte violenta perseguía a Juan antes de vivir en Medellín.

Para Flor las víctimas son personas inocentes que salieron corriendo de miedo, “que no sabemos ni por qué nos matan, yo sabía que mi esposo trabajaba en una finca pero no sé por qué lo perseguían, a mi hermana la

desaparecieron y no sé por qué, a mi me dicen que me van a matar y no sé por qué”.

Ella pide una justicia digna y no más engaños, “se están burlando de nosotros, las víctimas, algunas se están muriendo de hambre y necesidad”.

Rostros de la reparaciónLa reparación individual por vía administrativa –reglamentada en el Decreto 1290 de 2008– no va en detrimento de la reparación judicial (aquella que se da con los bienes de los desmovilizados). Ésta fue creada por el Gobierno apelando al “principio de solidaridad”. La reparación administrativa representa el inicio de la reparación integral de las víctimas.

En ambas circunstancias de reparación (en la administrativa y en la judicial) “nadie podrá recibir dos veces reparación por el mismo concepto”. Por lo tanto, la reparación administrativa, en su artículo 5, dice que pagará directamente por una sola vez en caso de homicidio, desaparición forzada, secuestro e incapacidad permanente, 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes; por tortura y lesiones personales y psicológicas que no causen incapacidad permanente, 30; por delitos contra la libertad e integridad sexual, 30 y por desplazamiento forzado, 10.

Ninguna víctima podrá recibir más de 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes como reparación administrativa. De este monto se les descontará la Ayuda Humanitaria que han recibido por Acción Social. La reparación administrativa será suministrada durante 10

años a través de pagos anuales para las víctimas.

“Ese dinero lo deberían de dar en un solo monto. O a lo máximo que sea a uno o a dos años. La mayoría de víctimas somos viudas cabeza de hogar y sí ese dinero nos va llegando de a pedacitos se nos termina convirtiendo en plata de bolsillo y la idea es invertirlo”, comenta Fanny, víctima paramilitar y líder de IMP (Iniciativa de Mujeres por la Paz), organización creada en 2001.

Pregunta directaFanny es víctima de HH, ex jefe paramilitar que entró el 31 de julio en la lista de los extraditables, y ahora está en vela porque éste no ha declarado el por qué mató a su marido Moisés y a su hijo, tocayo de su esposo.

Ella recuerda que a su marido los paramilitares lo asesinaron brutalmente: primero torturándolo vivo y luego le dieron un tiro de gracia. Fue el 9 de octubre de 1997 en El Guaro, una vereda

del corregimiento de Puerto Girón en el municipio de Apartadó. Años después, el 23 de agosto de 2000, los paramilitares terminaron con la vida de su hijo, también llamado Moisés. Le propinaron un disparo en la cabeza.

Ahora guarda una esperanza de verse con H.H. antes de ser extraditado. Sin embargo el ex- jefe de las autodefensas dijo al periódico El Espectador: “he visto que ha sido muy difícil tomarles versión a los otros comandantes que fueron extraditados. Ha sido imposible. Entonces creo que la verdad sí quedará mocha, sin terminar de contar ya que como usted sabe, una guerra tan larga y tan atroz no se cuenta en un mes o dos meses”.

Ante esta situación Fanny piensa hacerle una pregunta directa, por escrito, en la que especifica qué quiere saber. Sin embargo, lo duda. “Es que muchas de las víctimas que han acudido a la pregunta directa han resultado amenazadas, incluso sé de casos en donde han tenido que abandonar el país”, dice Fanny.

Una esperanza másEl 14 y 15 de agosto pasados el senador Juan Fernando Cristo asistió al II Encuentro Regional y Audiencia de Víctimas del conflicto armado de Antioquia y Eje Cafetero. El congresista se presentó ante centenares de víctimas convocadas ese día para dialogar, proponer y ser escuchadas. Juan Fernando Cristo es el senador ponente del Proyecto de Ley 157 de 2007.

“…Las víctimas en este país nos sentimos como en una cárcel: con miedo, no podemos hablar, si hablamos nos matan y si reclamamos nadie nos escucha…”, dice Flor, quién como Rosa y Fanny se presentaron al Encuentro para dar sus críticas sobre la reparación administrativa y debatir sobre el Proyecto de Ley.

Reparación física de los territorios, becas estudiantiles, la no prestación del servicio militar para sus hijos, subsidios económicos y el acompañamiento de las instituciones del Estado; fueron algunas de las propuestas que hicieron las víctimas para ser tenidas en cuenta en el Proyecto de Ley.

A éste le resta un debate y una votación en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y en la Plenaria de la misma. Estos debates deben hacerse antes del 20 de junio de 2009, día en que termina la presente legislatura del Senado.

El proceso de verdad, justicia y reparación con las víctimas de los grupos armados ilegales está presentando -si se miran las cifras- “resultados precarios (…) y, a mi manera de ver, justifica la angustia de las víctimas, la incertidumbre y el escepticismo de algunos sectores frente a la ley”, según Patricia Linares, procuradora delegada para la Prevención en Derechos Humanos y Asuntos Étnicos y delegada del Procurador General ante la CNRR.

La situación ha cambiado. No es la misma que hace unos años. Las víctimas tienen más vocería, son más visibles; sin embargo, el miedo aún hace parte de su vida. De las 137 mil 803 víctimas en Justicia y Paz sólo 9 mil 720 han asistido a las versiones libres. Es decir, que de cada 10 víctimas que pueden ir a una versión libre, a fuerza de lidias, asiste una. ¿Por qué será?

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Rosa María Pérez Rivas rosampr77@yahoo.es

Santo Domingo Savio fue uno de los barrios más afectados durante la época de la violencia

Del odio al perdón

Los nombres de 630 víctimas están en un mural de la parroquia de Santo Domingo Savio.

Momentos de dolor, angustia e impotencia sintieron muchos habitantes de Santo Domingo Savio al vivir una etapa que estuvo marcada fuertemente por la violencia. Aunque algunas víctimas se resisten a perdonar, otras entendieron que es la mejor manera de sentir paz en sus corazones para afrontar el duelo.

Doña Rubiela recuerda a su hijo con amor. Perdonar es lo que le permite recordarlo con alegría y no con tristeza.

Doña Rubiela fijó su mirada en la fotografía, pensó por un instante y sin escatimar palabra alguna dijo: “el día que lo mataron lo desperté a las 9: 30 a.m. para que desayunara; se levantó, se bañó y se puso una sudadera y una camiseta… no sabía que esos eran los últimos momentos que compartiríamos juntos”.

La felicidad invadió a Rubiela Montoya de Jaramillo el 2O de abril de 1994 cuando Arbey, su hijo, llegó de licencia del ejército para compartir unos días en casa con su familia. Felicidad que se esfumó desde el momento en que los milicianos de Santo Domingo Savio vieron en el joven de 23 años una amenaza.

Arbey de Jesús Montoya Jaramillo fue una de las 630 víctimas que sufrió los estragos de la violencia en Santo Domingo Savio durante la década de los 90, en la que se vivieron fuertes enfrentamientos entre las Farc, el ELN, las bandas del narcotráfico y el Bloque de las Autodefensas.

Esta guerra marcó la vida de muchos habitantes y fue determinante con los que no están para contarla. A Doña Rubiela le enseñó a perdonar a los hombres que fueron los causantes del dolor más grande sufrido hasta ahora.

Una noticia inesperadaDoña Rubiela no tuvo tranquilidad durante la estadía de su hijo en casa. Ella tenía una cafetería cerca de dónde ahora es la estación

del Metrocable y los milicianos iban allí a desayunar con frecuencia. Recuerda a Jhon Freddy, alias Carcajadas y a alias Gregorio. Ella estaba acostumbrada a verlos, sabía que la conocían y también a sus hijos. Siempre los consideró sus amigos aunque esos días sintió mucho miedo cuando los veía.El temor que sentía Doña Rubiela no era en vano. El sábado 23 abril a la 12: 30 del día cuando ella esperaba ansiosamente a su hijo, con un almuerzo especial que había preparado para él, recibió una llamada en la que le informaban que a su hijo Arbey lo habían asesinado.

Ella corrió desesperada acompañada de su yerno a la Esperanza, un barrio en la Comuna 1, pensó que de allí provenían los disparos. En el camino se encontró con Gregorio y Carcajadas, desesperada les preguntó si era verdad que le habían disparado a su hijo. Ellos venían guardándose las armas, ni siquiera la miraron. Cuando los llamó se sorprendió porque lo único que dijeron fue “cuál, cuál ábrase”. “Era tanta mi angustia que nunca imaginé que ellos vinieran de matar a mi hijo”, dijo Rubiela.

Aprendiendo a perdonar Aunque algunos se resistían a perdonar, habían otros como la señora Rubiela que a pesar de los días de insomnio, enfermedad y tristeza que vivió después del asesinato de su hijo entendió que perdonar de corazón era la mejor medicina para ella.

Según el sacerdote, Julián Darío Gómez Mejía, el perdón se debe entender como la capacidad de restablecer la amistad y la relación entre las personas que se vieron afectadas de alguna manera, tanto víctimas como victimarios. El sacerdote, quien trabajó cuatro años con la comunidad de Santo Domingo, vivió todo el proceso de reparación que se dio en el barrio.

La Parroquia Santo Domingo Savio y la Oficina de Paz y Reconciliación generaron espacios de encuentro en los que la gente se presentaba y decía su nombre, el alias y para qué frente operaba. Un caso que el sacerdote recuerda es el de una señora que se le acercó y le dijo: “Padre vea, esa fue la que mató a mi hijo”, él le respondió: “conózcala, conózcala” pero ella le dijo: “Padre yo no soy capaz de perdonarla, yo no quiero volver”.

Natalia del Rosario Acosta Vélez nathalia285@gamil.com

En diciembre de ese mismo año asesinaron a Gregorio y detuvieron a Carcajadas. Este último se encontró con una amiga de Doña Rubiela en la cárcel y le imploró que intercediera para que fuera a hablar con él.

Un sábado ella se levantó enferma, y decidida a visitar a Carcajadas, cuando llegó al patio donde estaba, él se escondió y en aquella ocasión no cruzaron palabras. A los ocho días volvió a la cárcel, él la vio y le dijo: ¡cucha, yo sé usted a qué viene!, ¿cierto que usted quiere saber por qué le dimos bala a su hijo? A mí me obligaron, yo no quería, además nosotros estudiamos juntos y yo más que nadie sabía que Arbey no le debía nada a nadie, uno es tan cobarde que cuando se mete a esta vida no le importa matar y robar con tal que a uno no lo toquen”, le dijo.

A partir de ese día la señora visitó a Carcajadas, le llevaba dulces, cigarrillos y en una ocasión preparó un almuerzo especial para él, ella dice “lo hice con todo el amor, como si fuera para mi hijo, a ese joven se le notaba en realidad el arrepentimiento”.

La última vez que lo visitó cruzaron algunas palabras: “te quedas con mi perdón” le dijo ella mientras él le daba la mano, la misma con la que empuñó el gatillo para dispararle a su hijo, “quédate con mi perdón, le repetí, porque a mi hijo Dios lo perdonó y te va a perdonar este crimen que cometiste conmigo, él se arrodilló y yo le di un beso en la frente”.

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El Estado está obligado a informar a los familiares

Víctimas de la impunidad

Angélica María Cuevas Guarnizoangelicamcuevas@gmail.com

Mónica María Samudio Valenciamoniksamudio@gmail.com

María Fernanda Montoya Rodríguezmafemontoya@gmail.com

El 6 de noviembre de 1985, luego de la toma del M-19 (Movimiento 19 de Abril) al Palacio de Justicia, once personas fueron desaparecidas por agentes públicos después de salir custodiados hasta la Casa de Llorente. Por muchos años no se supo nada de ellos.

Luego de 22 años de ocurridos los hechos y con varios procesos penales que se abrieron y se cerraron, la fiscalía reconoció que hubo “desaparición forzada” por parte de los militares y abrió investigaciones contra los implicados. Este hecho no alcanza a ilustrar la verdadera realidad de una problemática que deja cientos de víctimas silenciadas.

La desaparición forzada, los crímenes extrajudiciales, torturas, violaciones, masacres, expulsiones, traslados forzados, asesinatos y demás agresiones en contra de los Derechos Humanos por parte del Estado, dejaron en Antioquia, entre los años 1998 y 2007: 3.709 víctimas (ver recuadro).

El caso LalindeLuis Fernando Lalinde, estudiante de Sociología de la Universidad Autónoma Latinoamericana y militante de un partido de oposición, fue torturado y asesinado por el Ejército Nacional el 3 de octubre de 1984 en Jardín-Antioquia. Después de 24 años su madre, Fabiola Lalinde, aún investiga el crimen.

“Usted empieza a encontrar caminos de impunidad: Ellos (la Policía, Generales) te

dicen que no saben, no lo conocen, será que se fue con la otra para la costa, por qué no lo busca en la guerrilla”, cuenta Fabiola.

Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, afirma que los procesos de denuncias se caracterizan por su alta impunidad que logra superar el 90% -cifra confirmada por Amnistía Internacional en su último informe-. Los casos se quedan en la investigación previa, los crímenes son encubiertos y las comunidades no denuncian, primero porque no tienen pruebas y segundo por temor. “De ser penalizado el crimen, las sanciones son ridículas: 3 o 4 años de cárcel, regaños públicos o suspensiones del cargo”.

Ninguno de los militares implicados en el caso de Luis Fernando Lalinde ha sido judicializado, a pesar de que la ley 589 de 2000 (artículo 11) indica que el Estado tiene la obligación de realizar todas las acciones necesarias tendientes a establecer el paradero de la victima, conocer las razones de su desaparición e informar a sus familiares. “Después de haber encontrado los restos, se demoraron cuatro años para identificarlos, las versiones de los militares eran contradictorias, buscaron la manera de desviar el proceso (...) y a los que estaban más comprometidos los mandaron a hacer cursos en el exterior”, dice Fabiola.

Al respecto, Celia Arizmendy Espinosa, Procuradora Primera Judicial Penal, asegura que los asesinatos perpetrados por miembros de la fuerza pública deberían ser revisados por la justicia ordinaria en vez de la penal militar, donde es normal que se archiven los casos o se exoneren a los culpables. La Justicia Penal Militar está conformada por militares que tiene la tarea de juzgar a sus pares.

“A nivel del departamento creo que hemos avanzado bastante, se logró que el Fiscal

General creara una subunidad solo para delitos contra

personas protegidas, (periodistas, sindicalistas, líderes comunitarios) y aunque solo hay dos

fiscales para todos los casos en Antioquia que son más o menos 600 procesos, el logro es que

ahora la autoridad estatal reconoce que sí se

comenten crímenes contra la población.”

Las víctimas se hacen sentir Fabiola Lalinde fue una de las fundadoras de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia (ASFADDES) en Medellín, para ella el surgimiento de todas las ONGs (Organizaciones No Gubernamentales), que trabajan por estas víctimas, es una respuesta a la ineficiencia del Estado.

Tanto las ONGs como los informes de Human Rigth Watch y Amnistía Internacional, entidades que velan por el respeto de los Derechos Humanos en el mundo, coinciden en afirmar que en Colombia los crímenes efectuados por el Estado se encuentran directamente relacionados con el paramilitarismo.

Entre los datos registrados por Amnistía (informe 2008) aparecen al menos 230 homicidios de ciudadanos, entre junio de 2006 y junio de 2007, que se atribuyeron a los paramilitares, ya fuera actuando por su cuenta o en complicidad con las fuerzas de seguridad. Estos abusos contra los Derechos Humanos se presentaron especialmente, en algunas regiones y áreas rurales del Valle del Cauca y Antioquia.

¿Dónde queda la reparación?Para Fabiola “Las cosas van mucho más allá de la plata, lo que pasa es que el Estado siempre está pensando en eso. Pero dónde queda la dignidad de la gente, lo que hacían, quiénes eran. Mi hijo no era un delincuente”.

Para conseguir la reparación integral los familiares de las víctimas tendrían que denunciar el caso ante las entidades encargadas (Personería, Defensoría, Procuraduría, Fiscalía) que están obligadas a promover, vigilar y defender los derechos humanos en Colombia.

Un funcionario de la Defensoría del Pueblo afirma que “es muy difícil llegar a la reparación porque la justicia es demasiado lenta. Si se quisiera ser transparente se apoyarían los órganos de control con recurso humano calificado, recurso técnico y con un alto presupuesto para que las investigaciones lleguen a su fin, cosa que aquí no ocurre”.

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” explica que la reparación va más allá de lo económico. Es más importante saber la verdad de lo ocurrido: encontrar los restos del desaparecido, conocer a los autores materiales e intelectuales del asesinato, devolver el territorio robado en condiciones dignas y de seguridad y garantizar que las violaciones no van a volver a repetirse.

Una víctima del Estado es aquella persona a la que los servidores públicos le vulneran sus derechos fundamentales, cometiendo el delito o permitiendo que se cometa. En la mayoría de los casos los crímenes quedan en la impunidad. Los procesos en contra de los responsables son permeados por la corrupción, la

ineficacia y la falta de voluntad política para llevar a cabo las investigaciones.

Los procesos de las víctimas del Estado tardan años en ser resueltos por la falta de voluntad política.

Condición Número de victimasASESINATOS 1.043

DETENCIÒN/DESAPARICIÓN

111

TORTURAS 30

ALLANAMIENTOS 14

AMENAZAS 74

ATENTADOS 18

DETENCIONES 985

HERIDAS Y LESIONES 419

DESPLAZAMIENTOS 1.015

TOTAL 3.709

Fuente: Base de datos “Colombia nunca más crímenes de lesa humanidad en Antioquia”

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Margarita María Orozco A.Grupo de Investigación en Comunicación Urbana

Se acrecienta la desconfianza en las autoridades

¿Esperanzas desplazadas?Con las necesidades básicas insatisfechas, un alto grado de rechazo en la sociedad que según sus propias palabras “los ha convertido en mendigos” y la desesperanza de no poder recuperar lo perdido y de enfrentar un futuro incierto viven más de dos millones de personas víctimas del desplazamiento en Colombia.

A la gran mayoría le toca construir sus propios ranchos en zonas de alto riesgo

La situación actual y pasada de las personas en condición de desplazamiento en Colombia fue el tema del estudio desarrollado por el Grupo de Investigación en Comunicación Urbana (GICU) de la Universidad Pontificia Bolivariana, el cual realizó un total de 20 grupos de discusión en 14 municipios de todo el país1 con las víctimas de este fenómeno. El proyecto fue financiado por el Gobierno de los Países Bajos y estuvo dirigido y concebido por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de la Población en Condición de Desplazamiento2, quienes adelantan un proceso para verificar el estado de cumplimiento de los indicadores adoptados por la Corte Constitucional para asegurar el goce efectivo de derechos de esta población.

En el estudio hecho por el GICU se evaluó la calidad, el acceso y la oportunidad en la atención que recibe la población en condición de desplazamiento por parte del Estado, el conocimiento de éstos sobre la reparación, la seguridad y la integridad, los procesos de participación y las problemáticas específicas que viven los indígenas, afrodescendientes y mujeres que son víctimas de este fenómeno. En el presente artículo queremos compartir con los lectores los resultados y testimonios sobre dos indicadores fundamentales en la comprensión de la situación las víctimas: la calidad en la atención por parte del Estado y la reparación.

Viviendo sin lo básicoLa mayoría de las personas en situación de desplazamiento que participaron de los grupos de discusión sufren un notable deterioro en su calidad de vida, porque fueron despojados de las tierras en donde tenían sus casas, sus cultivos y sus animales lo cual les proporcionaba un sustento diario sin necesidad de pedirle ayuda a nadie. Dos participantes de los grupos de Bogotá y Soacha resumen el pensamiento de las víctimas de la siguiente forma: “a uno en el campo se le hace tan fácil vivir la vida y venir aquí a la ciudad es muy duro”. “Si tenía para

el transporte no tenía para tomarme ni un tinto, a estas alturas de la vida y uno llorando para comprar una cuchara”.

El primer drama que padecen es el de la vivienda, algunos optan por alojarse durante un tiempo en casa de un familiar o de un conocido hasta que éste no puede sostenerlos más, a otros, sólo les alcanza para arrendar una pequeña pieza en donde tratan de acomodarse con toda su familia, pero lo más preocupante es que a la gran mayoría le toca construir sus propios ranchos en zonas de alto riesgo en donde son víctimas de inundaciones, problemas de salubridad y carencia de servicios públicos. “Uno trata de tener dónde acomodarse por lo menos en cartón, porque por lo menos de ahí a uno no lo saca nadie”.

Llegan a una ciudad ajena, de la cual desconocen su cotidianidad, en donde no hay empleos en los que ellos puedan desempeñarse, sin conocimiento sobre sus derechos y se enfrentan a trámites y a largas filas para obtener una pequeña ayuda que no soluciona en nada su situación. Una víctima que participó del grupo de Pasto lo expresa así: “Yo antes era un campesino y me sentía orgulloso de serlo, ahora el Estado me ha convertido en un mendigo”.

El entorno al que les toca adaptarse a la fuerza los mira con rechazo y desconfianza, no falta quien piense que si son desplazados es porque hicieron algo malo o son miembros de algún grupo armado y los vecinos que son tan pobres como ellos los rechazan porque ellos no reciben las mismas ayudas por parte del Estado.

También son víctimas de maltrato en las oficinas públicas de atención, una queja frecuente en los grupos de discusión se resumen en la frase expresada por un ciudadano en condición de desplazamiento de Cartagena: “El desplazado va a las oficina de atención y dicen: mire ese es desplazado y está mejor vestido que yo. Si no reflejan imagen de mendicidad eso no es creíble” (…)

Uno va y cuenta su historia y lo oyen, pero no lo escuchan. ¿Por qué a un desmovilizado le dan un sueldo, protección y demás mientras a los desplazados no nos dan nada? El Estado está privilegiando a quienes nos han hecho daño. ¿Por qué a las víctimas no se nos da lo que necesitamos?”

“Nos recetan lo mismo”En términos de acceso a la salud, la población víctima del desplazamiento manifiesta no sentirse bien atendida. En la mayoría de los casos las citas médicas se demoran mucho tiempo, la atención de urgencia requiere que las personas hagan fila desde muy temprano en la mañana y no les entregan los medicamentos para curar la enfermedad. Así lo expresa una víctima del desplazamiento de Florencia:“Para que le den una cita a uno, tiene que programar la enfermedad. No hay coordinación con la actualización y la base de datos y siempre que nos atienden tienen que llamar a verificar si somos o no desplazados”.

Un problema básico que presenta también el grupo poblacional en este sentido, es la ausencia de atención sicológica. Hay casos de estrés post traumático que no han sido atendidos, muchos no se recuperan aún del trauma de haber presenciado la muerte de sus familiares y otros presentan delirios de persecución. Los choques emocionales no sólo son por el pasado, sino

1 Bogotá, Cúcuta, Medellín, Montería, San Onofre, Barranquilla, Soacha, Sincelejo, Pasto, Tierralta, Ricaurte, Florencia, Buenaventura, Cartagena.

2 Esta comisión está integrada por CODHES, la Corporación Viva la Ciudadanía, la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, el ex Presidente de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes, la periodista Patricia Lara, el director Nacional de Pastoral Social de la Iglesia Católica colombiana Monseñor Héctor Fabio Henao, el Rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Dr. José Fernando Isaza, el Presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia Luis Evelis Andrade, la dirigente Rosalba Castillo de la organización AfroAmérica XXI.

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La reparación que ellos desean es el retorno a sus tierras.

por la incertidumbre del presente y sus problemas económicos. “No hay atención preferente para los desplazados, los medicamentos son genéricos y la consulta médica no es buena. No están prestando atención psicológica a mucha gente que lo necesita, la mayoría viene con historias muy difíciles”, puntualiza una víctima del desplazamiento de San Onofre.

La educación no es gratisSi bien es cierto que la ley obliga a todos los colegios públicos a recibir a los hijos de las víctimas del desplazamiento en cualquier momento del año y no debe cobrarles a los padres ningún monto de dinero, la norma se cumple sólo de manera parcial. En la mayoría de los casos a los niños sí se les recibe en la institución, pero muy pocas veces con el beneficio de la gratuidad.

También es importante mencionar que en casi ningún colegio se hace un trabajo de acompañamiento con el estudiante ni con el fin de ponerlo al día en las actividades, ni de darle asistencia sicológica. Los niños también son excluidos por no llevar el uniforme, así lo resumen dos madres de familia de Cartagena y Florencia: “Muchas veces no tenemos plata para mantener el uniforme limpio porque no tenemos jabón y entonces la profesora comienza a señalar al niño”. “A mi hijo me lo regañan en público por no tener el uniforme del colegio”.

¿Ayuda de Emergencia?Según manifestaron los participantes de los grupos de discusión el Kit de Emergencia que entrega la oficina de Acción Social consta de tres mercados, aprox. 300 mil pesos para el arriendo de tres meses, implementos de cocina, colchonetas y cobijas, la proporción de los mercados y el monto del arriendo depende del número de miembros de la familia.

Sin embargo hay que precisar que la ayuda de emergencia se tarda quince días en ser entregada y además, no siempre llega completa. Se encontraron tres casos de personas que llevaban más de cinco años esperando la ayuda de emergencia y muchos más, en los que ésta no llegó de forma completa, es decir, les llegaron los mercados pero no el arriendo, o apenas les dieron un

mercado. En el Municipio de San Onofre por ejemplo, ninguna de las víctimas del desplazamiento había recibido ninguna ayuda para pagar arriendo.

¿Pueden ser reparados?La mayor parte de las personas que participaron en los grupos ciudadanos desconocían los beneficios de la reparación, pero manifestaron de manera enfática que aunque muchos de sus daños son irreparables, el Estado debe devolverles los bienes que perdieron y brindarles oportunidades que les permitan superar su situación y salir adelante.

Muchos desconfían de la capacidad que tiene el Estado de hacer justicia y por tanto, no creen que sus agresores vayan a pagar la deuda que tienen con la sociedad, por esta misma razón, esto no constituye un tema central para ellos. Así lo expresa una de las víctimas que participó en el grupo de Bogotá: “No hay una investigación seria sobre los genocidios que han cometido, ¿qué nos van a reparar, si no hay una investigación seria sobre lo que se ha hecho contra las comunidades?”.

En el fondo, la única reparación que lograría todo lo que ellos desean, aparte del problema de la verdad, sería el retorno a sus tierras, que no ven al alcance porque esa posibilidad está ligada a la terminación del conflicto que ellos admiten que no van a ver.

La tendencia de todos ellos, finalmente, es definir de alguna forma su situación. Si la reparación moral es tan difícil, se van por la línea pragmática de las necesidades. Pero igualmente, para sentir que ya no son desplazados que dependan de las ayudas del Estado.

Los beneficios de la reparación no alcanzan a tocar esa dimensión de la vida de estas personas. Es a ese vacío al que alude un participante en su intervención en el grupo de Medellín:”La reparación total no la hay, pero mejorando la parte económica algo se hace. Sin embargo, el dinero no lo es todo. Lo que le pasó a uno no se puede reparar, pero con el restablecimiento económico uno va superando las cosas, va superando los temores y la baja autoestima”.

Sólo el 17 de la población en situación de desplazamiento conoce sus derechos.Solo el 8% habita en vivienda digna y más de la mitad registra hacinamiento crítico.El 27% de los niños sufren de desnutrición.El 60% de la población dejó de comer entre 4 y 7 comidas en los últimos ocho días.

Fuente: Encuesta Nacional de Verificación de Derechos de los DesplazadosCID – Universidad Nacional de Colombia

Por otra parte, el daño injustificado genera escepticismo en la posibilidad de la justicia. Están a merced de los actores armados, hay complicidades locales entre miembros de la justicia y los grupos que los desplazaron, no hay reserva de la información, el Estado desconfía de su condición de desplazados. Todo ello mina su confianza en la justicia. Por eso empiezan a predominar las miradas pragmáticas: arrancarle al Estado lo que puedan, en compensación.

Ninguno de los participantes cree que lo recibido hasta ahora ha sido en calidad de reparación. La reparación para estos ciudadanos consiste en un retorno a sus tierras, que no es posible. Sobre las ayudas del Estado no se llaman a engaños. Son “pañitos de agua tibia”, dicen ellos mismos. Que acepten como reparación la vivienda y el trabajo, no les hace perder conciencia de que esa no es una verdadera reparación. Solamente el pragmatismo y por qué no, la falta de politización de la población en condición de desplazamiento, hace que ellos mismos propongan la vivienda y el trabajo como la reparación material.

Desconfianza en las autoridadesEn general, no hay confianza en las autoridades y ese es el punto central de preocupación. Perciben vínculos entre autoridades y grupos armados, no creen que en el país vaya a haber un proceso de verdad o que el Estado tenga con qué reparar a la población víctima del desplazamiento. Se advierte que este escepticismo es diferente al que se expresa cuando dicen que no es posible reparar la dignidad. En este caso se trata de un escepticismo que bordea lo político y la confianza en el Estado.

Hay otros elementos del contexto que explican también este escepticismo, el mismo que se desprende de la certeza de no ver término al conflicto armado. Pero hay además una especie de resentimiento hacia las políticas del Estado en el sentido de la desmovilización y reinserción de los miembros de los grupos armados por fuera de la ley, imagen que pesa a la hora de admitirse escépticos frente al tema.

En el fondo de todas estas percepciones se agazapa una visión de la víctima del desplazamiento acerca de la reparación vinculada con la justicia, una justicia que no ven posible. Al margen de que no la vean como posible, lo que hay que resaltar es justamente que en sus apreciaciones sí hay un sustrato de la noción de justicia que sería inherente a una reparación.

Datos claves

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Sacó uno de los 14 palos de golf de la bolsa, miró con agudeza la cabeza del mismo y calculó la fuerza que podría tener su golpe. Se dirigió al extenso y despejado campo de 6 808 yardas, (6.225,24 metros) cubiertos en su totalidad por el intenso sol de las tres de la tarde. Desde el punto donde se encuentra, sólo se veía un opacado y brillante verde que entre las capas montañosas cambia de tono, y las trampas de arena desde allí sólo son pequeños parches amarillos que destruyen la continuidad verdosa

Jiovanni se inclina para ubicar la pequeña bola blanca en el tee. Sujeta con ambas manos la goma que cubre la varilla, presiona el bastón y hace varios amagues, abre un poco sus piernas para conseguir equilibrio mientras mira la bola y el hoyo sin mover en ningún momento la cabeza. Acomoda el palo por encima de sí y lo deja en el aire por un instante, y en cuestión de segundos sucede un rápido movimiento, su cuerpo hace un veloz semi-giro, al mismo tiempo que sus brazos proyectan toda la energía en la bola que se eleva y se pierde unas cuantas yardas más adelante. Jiovanni sonríe, sabe que fue una buena jugada.

Desde hace 14 años, Jiovanni Vergara, un joven del barrio Belén Rincón, ubicado en el sur occidente de Medellín, empezó a trabajar en el club El Rodeo como caddie, para ayudarle a

Un joven de Belén Rincón busca consagrarse como golfista

Talento CaddieEn enero de 2009 tendrá una prueba importante, de ganarla se convertirá en un golfista profesional y para

ello se entrena con disciplina cuando no está cargando los palos de golf.

El golf es uno de los pocos deportes no cuenta la cantidad de golpes, entre menos golpes mas rápido ganará.

su mamá con el sustento de la familia. En ese momento de su vida, el golf para él no tenía mucha importancia, sin embargo, con su oficio descubrió su talento para este deporte.

El golf es un deporte que existe desde el siglo XV. Inició en Escocia, cuando los pastores se entretenían golpeando con palos diversos objetos hasta llegar a una meta. Con el tiempo ellos perfeccionaron el juego y crearon las primeras reglas básicas.

Más tarde el golf llegó a la aristocracia y a la alta burguesía. Ellos introdujeron en este deporte los palos, las bolas, los primeros campos de golf y los caddies, personas encargadas de llevar los palos del jugador durante el partido. También hacen las veces de consejeros en las diferentes jugadas y en la selección de palos, así mismo ayudan a encontrar las bolas y juegan un papel clave en la concentración del jugador.

Ganador de torneosJiovanni, un caddie de primera categoría, no sólo carga los equipos de los jugadores, aconseja y recoge bolas; hay algo que lo distingue de sus colegas: por sus excelentes logros en este deporte puede

jugar con los socios del club y practicar en el campo.

Después de varios años de su ingreso al Rodeo, demostró esa habilidad con los palos que perfeccionó con el tiempo. Observaba con atención cada una de las jugadas de los socios, a quienes cargaba sus equipos por más de cuatro horas, tiempo que se demora en promedio el recorrido por los 18 hoyos del campo. Y fue así como consiguió un hermoso swing con el que logró convencer a algunos socios, que merecía ser patrocinado.

Jiovanni ya ganó varios torneos, entre ellos el de Caddies, en el que se llevó el trofeo y $180.000. En este torneo compitió contra otros 22 participantes de su categoría, representantes de cinco clubes colombianos. Hace poco recibió una invitación desde Neiva para participar en la copa Marco Fidel Gaita, en la que quedó de octavo entre 36 competidores.

Le gusta su trabajo como caddie, piensa que es agradable, demasiado útil y que sobre todo aprende mucho de él, aunque acepta que en ocasiones los malos tratos de algunos socios del club resultan muy incómodos. Pero este caddie, también graduado como Auxiliar Contable, reconoce que el golf le apasiona más que cualquier otra disciplina o profesión, “El

golf para mí es alegría, es mi satisfacción y por eso entreno bastante, porque quiero ser uno de los mejores de Colombia”.

En busca de su profesionalismoAhora sólo está concentrado en su próximo reto: el torneo Escuela Clasificatoria que se realizará en enero del 2009, si se lo llega a ganar, obtendrá su carné como profesional del golf.

Considera que si gana este torneo, el siguiente paso sería conseguir un patrocinador, porque para jugar golf, además de talento, necesita dinero. Hasta ahora Jiovanni practica con un modesto equipo de $350.000 y 65 bolas que un socio del club le obsequió: “este deporte es más bien elitista. Puedo jugar porque soy caddie, pero si eres un particular que no tiene medios para ingresar a un club, no puedes jugar, así te guste”.

“Jugar golf es difícil, bastante difícil”, dice con mucho convencimiento Jiovanni Vergara, validado por su gran experiencia de casi 15 años. Como caddie se siente muy orgulloso y espera ser ese ejemplo y motivación para muchos de sus compañeros que desean ser tan profesionales como el gran Tiger Wood.

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Andrea Quinterodayann_andrea@hotmail.com

Narraciones al ritmo de un rap

Calles que inspiranEl trabajo final del Módulo en Movimiento fue sólo una excusa. Todo el proceso de reportaje gráfico, investigación con personajes y búsqueda de locaciones fue motivado por la pasión que sienten estos jóvenes hacia diferentes expresiones artísticas del Valle de Aburrá. Fotofija, videoclips, documentales y un argumental fue el resultado de su labor.

…Y fue en la cámara dónde quedó plasmado el encanto de su barrio.

“Soy el cantante del barrio, el sabor es lo mío, orgulloso de mi sangre latina y para ellos este

pregón”

El amarillo incandescente de un farol ilumina cinco rostros cuya atención se dirige a papeles que cuentan historias de la calle. Entre tragos de cerveza idean la forma exacta para destacar en un guión a personajes a veces juzgados indebidamente por la sociedad. El rap, su música, es la motivación básica que guía la línea estética del proyecto. Durante la noche un denso humo inunda la esquina del Proveedor, visitada licorera sobre la Avenida Nutibara, ellos allí continúan discutiendo.

Aquella noche de marzo del año 2008 nació INSPIRADOS, cortometraje realizado por un grupo de Diseñadores Gráficos y Comunicadores de la Universidad Pontificia Bolivariana. En él se narra la vida y trayectoria de Duván Gutiérrez, El Ultrajala, un reconocido rapero del sur del Valle de Aburrá quien con los años se convirtió en un referente del Hip Hop local.

Sus líricas (letras), que cuentan la realidad de su barrio, van de la mano con el objetivo del corto: poner en escena la cultura del Hip Hop, mostrar cómo a través de ésta se promueve la apropiación del sector por sus habitantes además de su inclusión al resto de la ciudad.

“Estar inspirado es relatar algo que está por dentro. En mi caso, con la música logro expresar mejor todo aquello que me inspira: la calle, el barrio…, esas cosas no se dejan fuera al momento de escribir”, comenta Ever Vélez, MC (cantante de rap) de Natural Class, y protagonista del cortometraje cuando Ultralaja aún era niño.

Encontrar los elementos en su estado natural, sin tener que intervenir”, dice Dagoberto Revelo, productor de arte del proyecto.

A medida que se realizaban las grabaciones se dio entre los habitantes de La Sebastiana una gran sensibilización con el sector. Escenarios comunes, captados en la cámara fotográfica, tomaban otra forma: aquello que podría pasar desapercibido ahora se resalta como potencial del barrio, el ver cómo visitantes leen e interpretan eso que ellos viven genera una apropiación del lugar.

“INSPIRADOS contagió a los personajes del barrio. Los llevó a manejar la fotografía, a acercarse un poco a la producción audiovisual. Eran los niños los que tomaban fotos de su vecindario, veían la magia en él que antes no lograban percibir”, comenta Juan Erasmo Rojas, co-autor de la idea original y productor del trabajo. Es por esta razón que se tiene planeado, también como agradecimiento, un taller de fotografía para jóvenes del sector.

Una cultura que denuncia La historia está pensada desde la música, sentir la calle y mostrar esas vivencias a través del liriqueo (cantar). “Los hip hoperos son comunicadores, sus cantos describen lo que perciben. El rap, su oficio, es la protesta en rima”, dice Sergio Areiza, director del argumental y co-autor de la idea original.

Es desde esta primicia que trabajó el grupo de estudiantes. Proponerle un video a la comunidad que muestre la realidad sin

recurrir a morbosidades. Desmitificar prejuicios que se generan alrededor de la escena, y promover así la inclusión de estos personajes a la comunidad artística del Valle de Aburrá. Ahora sólo queda presentarle el corto al vecindario. Después de la postproducción que hace falta, se quiere proyectar el resultado en la cancha de La Sebastiana, con concierto de Ultrajala y el resto de MC´S que participaron en el proyecto.

La Sebastiana en esenciaColoridas casas llenan de alegría el aspecto humilde del barrio, desde sus terrazas se divisan personajes que entre ollas y música hacen del día una fiesta. Niños en bicicletas descrestan con trabajosas maromas, y aunque el pavimento es duro a la caída, es por perseverancia que se dictamina la calificación final dada por los vecinos. En las calles de La Sebastiana, ubicada a la entrada del municipio de Envigado, es donde se vive la verdadera integración de sus habitantes.

Este fue el barrio que escogieron los estudiantes de la UPB como locación. En él se encontraron actores naturales, sus interpretaciones son el reflejo de ellos mismos en el entorno. “Si algo se nota en la propuesta visual es que exploramos.

“Laberintos me llevan a meditar y pensar distinto. Del corazón es lo que pinto, es la razón o perdición

que inunda la sangre de vida y demuestra la salida; la verdadera

realidad, realidad”

“Con proyectos como estos se busca sacar de la burbuja de cristal no sólo a realizadores sino también a espectadores que suelen cerrar sus ojos a nuevas tendencias, demostrarles que a través de los audiovisuales se puede generar un crítica social, que todavía quedan demasiadas cosas por contar”, dice Juan Bustamante, profesor del Módulo Imagen en Movimiento de la UPB.

Desde una terraza surge la música, scratchs que marcan el beat (ritmo) de la próxima lírica. Con gorras de malla y camisetas anchas hacen la denuncia todos los raperos de La Sebastiana. ¿Su inspiración? El paisaje citadino que los vio crecer como artistas ¿Su meta? “Ser escuchado, amado y recordado. La vida está en lo que no habíamos visto”, expresa con fuerza el Ultraja.

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Carlos Mario Cano Restrepocarwansophia@yahoo.es

Pese a las lluvias, siempre estarán presentes

La diversión en un papalote

Aunque el agosto de este año no fue totalmente generoso con quienes elevan cometas, las pequeñas voladoras surcaron los cielos y alegraron el rato a muchas personas que cada año, por esta época, disfrutan de los vientos que llegan del norte.

En el Valle de Aburrá hay sitios privilegiados por su altura para elevar cometas: los cerros El Volador y El Picacho y “La meseta” (foto) en el Municipio de Bello, son los más reconocidos.

Las familias se reúnen para hacer volar las cometas y disfrutar la emoción de verlas jugar con el viento.

Nunca se sabe qué pasará con la cometa, la tensión que causa el viento en la “piola” produce una sensación de incertidumbre y sorpresa.

Hilos finos, invisibles en la distancia. Cometas que al alzar el vuelo se vuelven puntos casi inadvertidos en el firmamento. Manos cautas, ojos atentos y una sonrisa por la emoción que se tiene al elevar cometa, son características de esta diversión familiar.