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PARTICIPANTEÚrsula Ovalles 13.594.139
RICAURTE, MAYO DE 2014
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTALDE LOS LLANOS OCCIDENTALES
EZEQUIEL ZAMORAUNELLEZ
NÚCLEO RICAURTELIBERTAD ESTADO COJEDES
CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37305
(Extraordinario). Caracas, octubre 17, 2001
Artículo 244 °
El lapso para interponer el recurso será de veinticinco (25) días
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acto
que se impugna.
Artículo 245 °
El recurso jerárquico deberá interponerse ante la oficina de la cual
emanó el acto.
Artículo 246 °
Interpuesto el recurso jerárquico, la oficina de la cual emanó el acto, si
no fuere la máxima autoridad jerárquica, podrá revocar el acto recurrido o
modificarlo de oficio, en caso de que compruebe errores en los cálculos y
otros errores materiales, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
contados a partir de la interposición del recurso. La revocación total produce
el término del procedimiento. En caso de modificación de oficio, el recurso
continuará su trámite por la parte no modificada.
Artículo 247 °
La interposición del recurso suspende los efectos del acto recurrido.
Queda a salvo la utilización de las medidas cautelares previstas en este
Código.
2
Parágrafo Único. La suspensión prevista en este artículo no tendrá
efecto respecto de las sanciones previstas en este Código o en leyes
tributarias, relativas a la clausura de establecimiento, comiso o retención de
mercaderías, aparatos, recipientes, vehículos, útiles, instrumentos de
producción o materias primas, y suspensión de expendio de especies
fiscales y gravadas.
Artículo 248 °
La suspensión de los efectos del acto recurrido, en virtud de la
interposición del recurso jerárquico, no impide a la Administración Tributaria
exigir el pago de la porción no objetada.
Artículo 249 °
La Administración Tributaria admitirá el recurso jerárquico dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para la
interposición del mismo.
En los casos que la oficina de la Administración Tributaria que deba
decidir el recurso sea distinto de aquella oficina de la cual emanó el acto, el
lapso establecido en este artículo se contará a partir del día siguiente de la
recepción del mismo.
Artículo 250 °
Son causales de inadmisibilidad del recurso:
1. La falta de cualidad o interés del recurrente.
2. La caducidad del plazo para ejercer el recurso.
3
3. Ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o
representante del recurrente, por no tener capacidad necesaria para recurrir
o por no tener la representación que se atribuye, o porque el poder no esté
otorgado en forma legal o sea insuficiente.
4. Falta de asistencia o representación de abogado.
La resolución que declare la inadmisibilidad del recurso jerárquico será
motivada, y contra la misma podrá ejercerse el recurso contencioso tributario
previsto en este Código.
Artículo 251 °
La Administración Tributaria podrá practicar todas las diligencias de
investigación que considere necesarias para el esclarecimiento de los
hechos, y llevará los resultados al expediente. Dicha Administración está
obligada también a incorporar al expediente los elementos de juicio de que
disponga. A tal efecto, una vez admitido el recurso jerárquico, se abrirá un
lapso probatorio, el cual será fijado de acuerdo con la importancia y
complejidad de cada caso, y no podrá ser inferior a quince (15) días hábiles,
prorrogables por el mismo término según la complejidad de las pruebas a ser
evacuadas. Se prescindirá de la apertura del lapso para evacuación de
pruebas en los asuntos de mero derecho, y cuando el recurrente no haya
anunciado, aportado o promovido pruebas.
Artículo 252 °
La Administración Tributaria podrá solicitar del propio contribuyente o
de su representante, así como de entidades y de particulares, dentro del
lapso para decidir, las informaciones adicionales que juzgue necesarias;
requerir la exhibición de libros y registros y demás documentos relacionados
4
con la materia objeto del recurso; y exigir la ampliación o complementación
de las pruebas presentadas, si así lo estimare necesario.
Artículo 253 °
La decisión del recurso jerárquico corresponde a la máxima autoridad
de la Administración Tributaria, quien podrá delegarla en la unidad o
unidades bajo su dependencia.
Artículo 254 °
La Administración Tributaria dispondrá de un lapso de sesenta (60)
días continuos para decidir el recurso, contados a partir de la fecha de
culminación del lapso probatorio. Si la causa no se hubiere abierto a prueba,
el lapso previsto en este artículo se contará a partir del día siguiente de aquél
en que se hubiere incorporado al expediente el auto que declare no abrir la
causa a pruebas.
Artículo 255 °
El recurso deberá decidirse mediante resolución motivada, debiendo,
en su caso, mantener la reserva de la información proporcionada por
terceros independientes, que afecte o pudiera afectar su posición
competitiva. Cumplido el término fijado en el artículo anterior sin que hubiere
decisión, el recurso se entenderá denegado, quedando abierta la jurisdicción
contenciosa tributaria.
Cumplido el lapso para decidir sin que la Administración hubiere
emitido la resolución, y si el recurrente ejerció subsidiariamente recurso
contencioso tributario, la Administración Tributaria deberá enviar el recurso al
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tribunal competente, sin perjuicio de las sanciones aplicables al funcionario
que incurrió en la omisión sin causa justificada.
La Administración Tributaria se abstendrá de emitir resolución
denegatoria del recurso jerárquico, cuando vencido el lapso establecido en el
artículo 254 de este Código, no hubiere pronunciamiento por parte de ella, y
el contribuyente hubiere intentado el recurso contencioso tributario en virtud
del silencio administrativo.
Capítulo III
Recurso de Revisión
Artículo 256 °
El recurso de revisión contra los actos administrativos firmes podrá
intentarse ante los funcionarios competentes para conocer del recurso
jerárquico en los siguientes casos:
1. Cuando hubieren aparecido pruebas esenciales para la resolución
del asunto, no disponibles para la época de la tramitación del expediente.
2. Cuando en la resolución hubieren influido en forma decisiva
documentos o testimonios declarados falsos, por sentencia judicial
definitivamente firme.
3. Cuando la resolución hubiere sido adoptada por cohecho, violencia,
soborno u otra manifestación fraudulenta, y ello hubiere quedado establecido
en sentencia judicial definitivamente firme.
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Artículo 257 °
El Recurso de Revisión sólo procederá dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de la sentencia a que se refieren los numerales 2 y 3
del artículo anterior, o de haberse tenido noticia de la existencia de las
pruebas a que se refiere el numeral 1 del mismo artículo.
Artículo 258 °
El Recurso de Revisión será decidido dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de su presentación.
Título VI
De los Procedimientos Judiciales
Capítulo I
Del Recurso Contencioso Tributario
Sección Primera
De la Interposición y Admisión del Recurso
Artículo 259 °
El recurso contencioso tributario procederá:
1. Contra los mismos actos de efectos particulares que pueden ser
objeto de impugnación mediante el recurso jerárquico, sin necesidad del
previo ejercicio de dicho recurso.
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2. Contra los mismos actos a que se refiere el numeral anterior,
cuando habiendo mediado recurso jerárquico éste hubiere sido denegado
tácitamente conforme al artículo 255 este Código.
3. Contra las resoluciones en las cuales se deniegue total o
parcialmente el recurso jerárquico, en los casos de actos de efectos
particulares.
Parágrafo Primero: El recurso contencioso tributario podrá también
ejercerse subsidiariamente al recurso jerárquico en el mismo escrito, en caso
de que hubiese expresa denegación total o parcial, o denegación tácita de
éste.
Parágrafo Segundo: No procederá el recurso previsto en este artículo:
1. Contra los actos dictados por la autoridad competente en un
procedimiento amistoso previsto en un tratado para evitar la doble
tributación.
2. Contra los actos dictados por autoridades extranjeras que
determinen impuestos y sus accesorios, cuya recaudación sea solicitada a la
República, de conformidad con lo dispuesto en los respectivos tratados
internacionales.
3. En los demás casos señalados expresamente en este Código o en
las leyes.
Artículo 260 °
El recurso se interpondrá mediante escrito en el cual se expresarán
las razones de hecho y de derecho en que se funda, debiendo reunir los
requisitos establecidos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil.
Asimismo, el recurso deberá estar acompañado del documento o
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documentos donde aparezca el acto recurrido, salvo en los casos en que
haya operado el silencio administrativo.
El error en la calificación del recurso no será obstáculo para su
sustanciación, siempre que del escrito y de las actas procesales se deduzca
su verdadero carácter.
Artículo 261 °
El lapso para interponer el recurso será de veinticinco (25) días
hábiles, contados a partir de la notificación del acto que se impugna o del
vencimiento del lapso previsto para decidir el recurso jerárquico, en caso de
denegación tácita de éste.
Artículo 262 °
El recurso podrá interponerse directamente ante el tribunal
competente, o por ante un juez con competencia territorial en el domicilio
fiscal del recurrente. Asimismo, podrá interponerse ante la oficina de la
Administración Tributaria de la cual emanó el acto.
Cuando el recurso no hubiere sido interpuesto ante el tribunal
competente el juez o funcionario receptor deberá remitirlo al tribunal
competente dentro de los cinco (5) días siguientes. El recurrente podrá
solicitar del Tribunal competente que reclame al juez o funcionario receptor el
envío del recurso interpuesto.
Artículo 263 °
La interposición del recurso no suspende los efectos del acto
impugnado; sin embargo, a instancia de parte, el tribunal podrá suspender
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parcial o totalmente los efectos del acto recurrido, en el caso que su
ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado, o si la impugnación
se fundamentare en la apariencia de buen derecho. Contra la decisión que
acuerde o niegue la suspensión total o parcial de los efectos del acto,
procederá recurso de apelación, el cual será oído en el solo efecto
devolutivo.
La suspensión parcial de los efectos del acto recurrido no impide a la
Administración Tributaria exigir el pago de la porción no suspendida ni
objetada.
Parágrafo Primero: En los casos en que no se hubiere solicitado la
suspensión de los efectos en vía judicial, estuviere pendiente de decisión por
parte del Tribunal o la misma hubiere sido negada, la Administración
Tributaria exigirá el pago de las cantidades determinadas, siguiendo el
procedimiento previsto en el Capítulo II del Título VI de este Código; pero el
remate de los bienes que se hubieren embargado se suspenderá si el acto
no estuviere definitivamente firme. Si entre los bienes embargados hubieren
cosas corruptibles o perecederas, se procederá conforme a lo previsto en el
artículo 538 del Código de Procedimiento Civil.
No obstante, en casos excepcionales, la Administración Tributaria o el
recurrente podrán solicitar al Tribunal la sustitución del embargo por otras
medidas o garantías.
Parágrafo Segundo: La decisión del Tribunal que acuerde o niegue la
suspensión de los efectos en vía judicial no prejuzga el fondo de la
controversia.
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Parágrafo Tercero: A los efectos de lo previsto en este artículo, no se
aplicará lo dispuesto en el artículo 547 del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 264 °
Se entenderá que el recurrente está a derecho desde el momento en
que interpuso el recurso. En los casos de interposición subsidiaria de éste, o
en la forma prevista en el aparte único del artículo 262 de este Código, el
Tribunal de oficio deberá notificar al recurrente en su domicilio o en el lugar
donde ejerce su industria o comercio. En caso que no haya sido posible la
notificación del recurrente, el tribunal dejará constancia de ello en el
expediente, y fijará un cartel en la puerta del tribunal, dándose un término de
diez (10) días de despacho, vencidos los cuales se entenderá que el
recurrente está a derecho.
Parágrafo Único: Cuando el recurso contencioso tributario no haya
sido interpuesto en la forma prevista en el parágrafo primero del artículo 259
de este Código, el Tribunal deberá notificar mediante oficio a la
Administración Tributaria, con indicación del nombre del recurrente; el acto o
los actos cuya nulidad sea solicitada; órgano del cual emana, y la materia de
que se trate; y solicitará el respectivo expediente administrativo.
Artículo 265 °
La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse
ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de
vista la causa, no producirá la perención.
Artículo 266 °
Son causales de inadmisibilidad del recurso:
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1. La caducidad del plazo para ejercer el recurso.
2. La falta de cualidad o interés del recurrente.
3. Ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o
representante del recurrente, por no tener capacidad necesaria para
comparecer en juicio o por no tener la representación que se atribuye, o
porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente.
Artículo 267 °
Al quinto día de despacho siguiente a que conste en autos la última de
las notificaciones de ley, el Tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad del
recurso. Dentro de este mismo plazo, la representación fiscal podrá formular
oposición a la admisión del recurso interpuesto.
En este último caso, se abrirá una articulación probatoria que no podrá
exceder de cuatro (4) días de despacho, dentro de los cuales las partes
promoverán y evacuarán las pruebas que consideren conducentes para
sostener sus alegatos. El Tribunal se pronunciará dentro de los tres (3) días
de despacho siguientes al vencimiento de dicho lapso.
Parágrafo Único: La admisión del recurso será apelable dentro de los
cinco (5) días de despacho siguientes, siempre que la Administración
Tributaria hubiere formulado oposición, y será oída en el solo efecto
devolutivo. Si el tribunal resuelve inadmitir el recurso se oirá apelación en
ambos efectos, la cual deberá ser decidida por la alzada en el término de
treinta (30) días continuos. En ambos casos, las partes deberán presentar
sus informes dentro de los diez (10) días de despacho siguientes al recibo de
los autos por la alzada. Artículo 268: Vencido el lapso para apelar de las
decisiones a que se refiere el artículo anterior, o desde que conste en autos
la devolución del expediente del Tribunal de Alzada que admitió el recurso,
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quedará el juicio abierto a pruebas, sin necesidad de decreto o providencia
del juez, a menos que las partes solicitaren que se decida la causa como de
mero derecho, o sólo con los elementos de prueba que consten ya en autos,
en cuyo caso el juez lo declarará así.
Sección Segunda
Del Lapso Probatorio
Artículo 269 °
Dentro de los primeros diez (10) días de despacho siguientes de la
apertura del lapso probatorio, las partes podrán promover las pruebas de que
quieran valerse.
A tal efecto, serán admisibles todos los medios de prueba, con
excepción del juramento y de la confesión de funcionarios públicos cuando
ella implique la prueba confesional de la Administración. En todo caso, las
pruebas promovidas no podrán admitirse cuando sean manifiestamente
ilegales o impertinentes.
Parágrafo Único: La Administración Tributaria y el contribuyente
deberán señalar, sin acompañar, la información proporcionada por terceros
independientes que afecte o pudiera afectar su posición competitiva, salvo
que les sea solicitada por el juez.
Artículo 270 °
Dentro de los tres (3) días de despacho siguientes al vencimiento del
lapso de promoción, las partes podrán oponerse a la admisión de las
pruebas cuando aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes. Al
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vencimiento de este lapso, el juez, dentro de los tres (3) días de despacho
siguientes, providenciará los escritos de pruebas admitiendo las que sean
legales y procedentes, y desechando las que aparezcan manifiestamente
ilegales o impertinentes.
Parágrafo Único: Haya habido o no oposición, tanto la negativa de las
pruebas como su admisión serán apelables dentro de los cinco (5) días de
despacho siguientes. En ambos casos la apelación se oirá en el solo efecto
devolutivo.
Artículo 271 °
Admitidas las pruebas o dadas por admitidas conforme a los artículos
precedentes, se abrirá un lapso de veinte (20) días de despacho para la
evacuación de las pruebas; pero si hubieren de practicarse algunas mediante
comisión dada a otro tribunal, se hará el cómputo conforme lo prevé el
artículo 400 del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 272 °
El tribunal podrá dar comisión para la práctica de cualesquiera
diligencias de sustanciación o de ejecución a los que le sean inferiores,
aunque residan en el mismo lugar, a cuyo efecto no serán aplicables las
excepciones establecidas en el aparte único del artículo 234 del Código de
Procedimiento Civil.
Artículo 273 °
A los efectos de la promoción, evacuación y valoración de las pruebas,
los jueces tendrán por regla las disposiciones que al efecto establezca el
Código de Procedimiento Civil, el Código Civil y otras leyes de la República.
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Sección Tercera
De los Informes de las partes y del Auto para Mejor Proveer
Artículo 274 °
Al decimoquinto día de despacho siguiente al vencimiento del lapso
probatorio, las partes presentarán los informes correspondientes, dentro de
las horas en que despache el tribunal.
Artículo 275 °
Cada parte podrá presentar sus observaciones escritas sobre los
informes de la parte contraria, dentro de los ocho (8) días de despacho
siguientes, durante las horas en que despache el tribunal, y siempre que
hubiesen presentado sus correspondientes informes.
Parágrafo Único: El tribunal, cuando el caso así lo amerite, podrá
disponer que tanto los informes como sus observaciones sean expuestos en
forma breve y oral.
Artículo 276 °
Vencido el término para presentar informes, dentro del lapso
perentorio de quince (15) días de despacho siguientes, podrá el tribunal, si lo
juzgare conveniente, dictar auto para mejor proveer, con arreglo a la
disposición contenida en el artículo 514 del Código de Procedimiento Civil.
Parágrafo Único: La evacuación de las pruebas acordadas en el auto para
mejor proveer no podrá exceder en ningún caso de quince (15) días de
despacho.
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Sección Cuarta
De la Sentencia
Artículo 277 °
Presentados los informes, o cumplido que sea el auto para mejor
proveer, o pasado el término señalado para su cumplimiento, el tribunal
dictará su fallo dentro de los sesenta (60) días continuos siguientes,
pudiendo diferirlo por una sola vez, por causa grave sobre la cual el Juez
hará declaración expresa en el auto de diferimiento, y por un plazo que no
excederá de treinta (30) días continuos.
Parágrafo Primero: En caso de que el Tribunal dicte la sentencia
dentro este lapso, el mismo deberá dejarse transcurrir íntegramente a los
efectos de la apelación. Los jueces procurarán sentenciar las causas en el
orden de su antigüedad.
La sentencia dictada fuera del lapso establecido en este artículo o de
su diferimiento deberá ser notificada a las partes, sin lo cual no correrá el
lapso para interponer la apelación.
Parágrafo Segundo: Dictada la sentencia fuera de los lapsos
establecidos en este artículo, el lapso para interponer la apelación empezará
a correr una vez que conste en autos la última de las notificaciones.
Artículo 278 °
De las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de la causa, o de
las interlocutorias que causen gravamen irreparable, podrá apelarse dentro
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del lapso de ocho (8) días de despacho, contados conforme lo establecido en
el artículo anterior.
Cuando se trate de la determinación de tributos o de la aplicación de
sanciones pecuniarias, este recurso procederá sólo cuando la cuantía de la
causa exceda de cien unidades tributarias (100 U.T.) para las personas
naturales, y de quinientas unidades tributarias (500 U.T.) para las personas
jurídicas.
Artículo 279 °
El procedimiento a seguir en la segunda instancia será el previsto en
la ley que rige el Tribunal Supremo de Justicia.
Sección Quinta
De la Ejecución de la Sentencia
Artículo 280 °
La ejecución de la sentencia corresponderá al Tribunal Contencioso
Tributario que haya conocido de la causa en primera instancia, una vez que
la sentencia haya quedado definitivamente firme, pasada con autoridad de
cosa juzgada. En este caso, el Tribunal, a petición de la parte interesada,
decretará su ejecución.
Declarado sin lugar o parcialmente con lugar el recurso ejercido, el
tribunal fijará en el decreto un lapso que no será menor de tres (3) días de
despacho ni mayor de (10) diez, para que la parte vencida efectúe el
cumplimiento voluntario, y no podrá comenzar la ejecución forzosa hasta que
haya transcurrido íntegramente dicho lapso.
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A los efectos de suspender la ejecución, se seguirá lo establecido en
el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil.
Parágrafo Único: En los casos en que existieren bienes embargados
en virtud de lo establecido en el artículo 263, y los mismos resultaren
suficientes para satisfacer el crédito tributario, se procederá inmediatamente
al remate de estos bienes conforme a lo establecido en los artículos 284 y
siguientes de este Código.
Artículo 281 °
Transcurrido el lapso establecido en el artículo anterior sin que se
hubiese cumplido voluntariamente la sentencia, se procederá a la ejecución
forzada. Dentro de esta oportunidad, el representante del Fisco solicitará, y el
tribunal así lo acordará, el embargo ejecutivo sobre bienes propiedad del
deudor que no exceda del doble del
monto de la ejecución, más una cantidad suficiente estimada
prudencialmente por el tribunal, para responder del pago de intereses y
costas del proceso. Si el embargo se realiza sobre dinero en efectivo, se
limitará al monto de la demanda más la estimación de los intereses y costas.
En caso de que los bienes del deudor sean de tal naturaleza que no pudieren
hacerse dichas evaluaciones, se embargará cualquiera de ellos, aun cuando
su valor exceda de la operación de que trata este artículo.
Artículo 282 °
El deudor, en el lapso concedido para el cumplimiento voluntario,
podrá hacer oposición a la ejecución demostrando fehacientemente haber
pagado el crédito fiscal, a cuyo efecto deberá consignar documento que lo
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compruebe. Asimismo, podrá alegar la extinción del crédito fiscal conforme a
los medios de extinción previstos en este Código.
Parágrafo Único: En estos casos, se abrirá de pleno derecho una
articulación probatoria que no podrá exceder de cuatro (4) días de despacho,
para que las partes promuevan y evacuen las pruebas que consideren
convenientes. En todo caso, el tribunal resolverá al día de despacho
siguiente del lapso concedido.
El fallo que declare con lugar la oposición planteada será apelable en
ambos efectos, y el que la declare sin lugar será apelable en un solo efecto.
La decisión que resuelva cualquiera de los casos previstos en este artículo
no impedirá el embargo de los bienes, pero no podrá procederse al remate
de éstos hasta tanto la segunda instancia resuelva la incidencia.
Artículo 283 °
Ordenado el embargo, el Juez designará al Fisco como depositario de
los bienes, cuando el representante de éste lo solicitare.
Artículo 284 °
Vencido el lapso para el cumplimiento voluntario, o resuelta la
incidencia de oposición por la alzada sin que el deudor hubiere acreditado el
pago, se ordenará el remate de los bienes embargados, el cual se seguirá
por las reglas del Código de Procedimiento Civil.
Las formalidades del cartel de remate se seguirán por la disposición
contenida en el artículo 286 de este Código.
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Artículo 285 °
El Tribunal procederá a nombrar un solo perito avaluador a objeto de
que efectúe el justiprecio de los bienes embargados. El perito avaluador
deberá presentar sus conclusiones por escrito en un plazo que fijará el
tribunal, y que no será mayor de quince (15) días de despacho contados a
partir de la fecha de su aceptación.
Cualquiera de las partes puede impugnar el avalúo, en cuyo caso se
procederá a la designación de peritos conforme a las reglas del Código de
Procedimiento Civil.
Artículo 286 °
Consignados los resultados del avalúo, se procederá, dentro de los
diez (10) días de despacho siguientes, a la publicación de un solo cartel de
remate en uno de los diarios de mayor circulación en la ciudad sede del
tribunal.
Dicho cartel deberá contener:
1. Identificación del ejecutante y del ejecutado.
2. Naturaleza e identificación de los bienes objeto del remate.
3. Certificación de gravámenes, cuando se trate de bienes inmuebles.
4. El justiprecio de los bienes.
5. Base mínima para la aceptación de posturas, la cual no podrá ser
inferior a la mitad del justiprecio, cuando se trate de bienes inmuebles.
6. Lugar, día y hora en que haya de practicarse el remate. Copia de
dicho cartel deberá fijarse a las puertas del Tribunal.
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Artículo 287 °
Cumplidas las formalidades establecidas anteriormente, se procederá,
en el día, lugar y hora señalados, a la venta de los bienes en pública subasta
por el Juez u otro funcionario judicial competente.
Artículo 288 °
Si no quedase cubierto el crédito fiscal y sus accesorios, el
representante del Fisco podrá pedir al tribunal que decrete los embargos
complementarios hasta cubrir la totalidad de los mismos.
ANÁLISIS
Sustanciación del recurso
El artículo 244 del COT dispone que el plazo para la interposición del
recurso jerárquico será de veinticinco (25) días hábiles contados a partir del
día siguiente a la fecha de notificación del acto. Una vez interpuesto el
recurso, la Administración Tributaria, en ejercicio de su potestad de
autotutela, podrá revocar el acto recurrido o modificarlo de oficio en el caso
de que compruebe errores materiales.
Asimismo, contempla el artículo 249 que la Administración Tributaria
deberá admitir el recurso dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento
del lapso de interposición; salvo en los casos en los que la oficina de la
Administración que deba decidir el recurso sea distinta de aquella de la cual
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emanó el acto, caso en el cual el lapso de admisión empezará a correr a
partir del día de la recepción del recurso.
Constituyen causales de inadmisibilidad del recurso: (i) la falta de
cualidad o interés para ejercer el recurso; (ii) la caducidad del plazo; (iii) la
ilegitimidad del apoderado o representante del recurrente y; (iv) la falta de
asistencia o representación de un abogado. A todo evento, la declaratoria de
inadmisibilidad deberá ser motivada y contra ella podrá interponerse recurso
contencioso tributario (artículo 250).
Una vez admitido el recurso, la Administración Tributaria deberá abrir
un lapso probatorio que será fijado en atención a la importancia y
complejidad de cada caso; sin embargo, en ningún supuesto el lapso
probatorio podrá ser inferior a quince (15) días hábiles, pudiendo prorrogarlo
por un período igual. En los casos en los que el asunto debatido sea de mero
derecho y si el recurrente no ha promovido ningún tipo de prueba, se
prescindirá del lapso probatorio.
Concluido el período de prueba, la máxima autoridad de la
Administración dispondrá de un lapso de sesenta (60) días continuos para
decidir. En el supuesto de que se estuviere sustanciando el asunto como de
mero derecho, el lapso para decidir empezará a correr al día siguiente de la
incorporación del auto en el que se declare “no abrir pruebas” (artículo 254
COT).
La decisión del recurso deberá estar debidamente motivada de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos y en conformidad a lo reiteradamente
establecido en la jurisprudencia; sin embargo, la motivación deberá mantener
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la reserva de la información proporcionada por terceros independientes que
pudiere afectar su posición competitiva.
Transcurrido el lapso de sesenta (60) días sin que la Administración
haya decidido, se entenderá denegado el recurso, lo que facultará a los
contribuyentes a recurrir a la jurisdicción contenciosa tributaria. Ahora bien,
en el supuesto de que el contribuyente hubiere interpuesto recurso
contencioso tributario conjuntamente con el recurso jerárquico, la
Administración deberá enviar el recurso al Tribunal competente.
Efectos del recurso
De conformidad con el artículo 247 del COT, la interposición del
recurso suspenderá de pleno derecho los efectos del acto recurrido. Esta
disposición constituye un supuesto de excepción al principio general previsto
en el artículo 87 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el
cual establece que “la interposición de cualquier recurso no suspenderá la
ejecución del acto impugnado, salvo previsión legal en contrario”.
La suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido no
tendrá efecto cuando se trate de la imposición de las sanciones de clausura
de establecimientos, comiso o retención de mercaderías y la suspensión del
expendio de especies fiscales gravadas (Parágrafo Único del artículo 247).
Por último, y de la misma forma como se encontraba previsto en el
artículo 173 del derogado Código, la Administración Tributaria estará
facultada para exigir el pago de las porciones no objetadas.
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Del recurso de revisión
1. Naturaleza y objeto
De conformidad con el artículo 256 del COT, el recurso de revisión
podrá intentarse contra aquellos actos administrativos dictados por la
Administración Tributaria que se encuentren firmes, siempre y cuando
hubieren aparecido pruebas esenciales para la resolución del asunto no
disponibles en la tramitación del expediente. Asimismo, procederá este
recurso si en la resolución del asunto hubieren incidido de forma decisiva
documentos o testimonios declarados por sentencia judicial firme como
falsos y en el caso de que la resolución hubiere sido adoptada por cohecho,
violencia, soborno u otra manifestación fraudulenta, según lo califique una
sentencia judicial firme.
2. Condiciones de procedencia
Este recurso sólo procederá dentro de los tres (3) meses siguientes a
la verificación de los supuestos antes mencionados. La Administración
Tributaria deberá tomar su decisión dentro de los treinta (30) días siguientes
a la fecha de presentación del recurso.
Procedimientos Judiciales contemplados en el Código Orgánico
Tributario
A. El Recurso Contencioso Tributario
El Recurso Contencioso Tributario es un medio judicial de
impugnación de actos administrativos de efectos particulares dictados por la
Administración Tributaria, ya sea que éstos determinen tributos, apliquen
sanciones o afecten de cualquier forma los derechos subjetivos o intereses
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legítimos de los administrados. Como medio de impugnación destinado a la
anulación del acto administrativo se inscribe en la concepción del
contencioso administrativo como un proceso de revisión de la actuación
previa de la administración.
1. Naturaleza Jurídica
Tal y como ya ha sido señalado, el fundamento general de la
jurisdicción contencioso administrativa se prevé en el artículo 259 de la
Constitución. Conforme a tal disposición, los órganos de la jurisdicción
contencioso administrativa se encuentran facultados para anular los actos
administrativos, ya sean generales o individuales, contrarios a derecho,
condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de los daños y
perjuicios originados en responsabilidad de la Administración.
De allí que el COT, en expresa observancia de lo dispuesto en la
norma constitucional, contempla dentro de los procedimientos judiciales lo
concerniente al recurso contencioso tributario, como medio de impugnación
de los actos administrativos de efectos particulares dictados por la
Administración Tributaria que determinen tributos, apliquen sanciones o
afecten de cualquier forma los derechos legítimos de los administrados.
Este medio de impugnación se muestra como un mecanismo de
control de los actos de la Administración Tributaria de manera que cualquier
actuación administrativa que se salga del cauce de la legalidad podrá ser
sometida al contencioso tributario.
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2. Del Objeto del recurso
El objeto del recurso contencioso tributario está constituido por los
actos administrativos de efectos particulares que dicte la Administración
Tributaria que afecten los derechos e intereses legítimos de los
administrados. En efecto, según dispone el artículo 259 del COT, el recurso
contencioso tributario procederá:
(i) Contra los actos de efectos particulares que pueden ser objeto del
recurso jerárquico. Téngase en cuenta que el recurso jerárquico procede
contra los actos de la Administración Tributaria de efectos particulares que
afecten de cualquier forma la esfera jurídica de los administrados, ya sean
determinando tributos o imponiendo sanciones.
(ii) Contra los actos administrativos de efectos particulares recurridos
mediante recurso jerárquico, cuando éste hubiera sido negado tácitamente.
(iii) Contra las resoluciones en las que se niegue total o parcialmente
el recurso jerárquico.
Nótese que el recurso contencioso tributario sólo puede ejercerse
contra actos administrativos de efectos particulares que afecten los derechos
e intereses legítimos de los administrados. Esta distinción que hace el COT
respecto de los actos administrativos de efectos particulares y de efectos
generales es de vital importancia, puesto que los actos de efectos generales
dictados por la Administración Tributaria sólo podrán ser impugnados por
ante la Sala Político-Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia
mediante recurso de nulidad.
Puede entonces colegirse que los actos administrativos de efectos
particulares serán recurribles mediante el recurso contencioso tributario
previsto en los artículos 259 y siguientes del COT, mientras que aquellos
26
actos de efectos generales emitidos por la Administración Tributaria estarán
sujetos a control judicial mediante el recurso de nulidad cuyo conocimiento
corresponde de forma exclusiva a la SPA.
3. Actos impugnables
El COT no establece ninguna limitación respecto de los actos
administrativos de efectos particulares que pueden ser impugnados. De allí
que deba entenderse que cualquier acto de efectos particulares que afecte
los derechos o intereses de los contribuyentes podrá ser recurrido
judicialmente. Poco importa si se trata de actos administrativos de
determinación de tributos o de imposición de multas ya que también podrán
recurrirse las negativas expresas de la Administración, con la salvedad de
que los actos administrativos recurribles deben ser actos definitivos, es decir
aquellos que contienen una manifestación definitiva del órgano emisor; no
son recurribles aquellos actos de mero trámite que se emiten en preparación
del acto decisivo.
Puede afirmarse que el acto por antonomasia que se impugna en el
proceso contencioso tributario es la Resolución que culmina el sumario
administrativo -prevista en el artículo 193 del COT-; no obstante, debe
destacarse que existen otros actos de la Administración Tributaria
susceptibles de ser impugnados, a saber:
· La resolución del recurso jerárquico. La recurribilidad de este acto se
encuentra expresamente prevista en el artículo 259, numeral 3 del COT. Se
trata de la decisión que desestima el recurso jerárquico ejercido por el
recurrente.
27
· Denegación tácita del recurso jerárquico. Igualmente previsto en el
artículo 259 del COT, concede a la ausencia de respuesta en tiempo
oportuno el carácter de rechazo de la petición, es decir de silencio
administrativo negativo. Como afirma Fraga Pittaluga, “la inercia de la
Administración en responder produce los efectos de una respuesta negativa,
pero a los únicos fines de habilitar al interesado para que acceda a la
Jurisdicción contencioso tributaria”.
Cabe destacar que el COT –artículo 255- prohíbe a la Administración
emitir resolución denegatoria del recurso jerárquico una vez que se haya
intentado el recurso contencioso tributario en virtud del silencio
administrativo; la Administración podría decidir sobre el recurso jerárquico
ejercido siempre que la decisión sea con el objeto de declarar con lugar
dicho recurso.
· Decisión que niegue expresa o tácitamente la recuperación de
tributos. Aunque éste supuesto no se encuentra previsto en el artículo 259
del COT, se trata de un acto que es claramente impugnable en la jurisdicción
contencioso administrativa de conformidad con lo previsto en el artículo 206
eiusdem; de allí que los sujetos cuyo pretensión de recuperación de tributos
haya sido denegada por la Administración podrán recurrir ese acto mediante
el recurso contencioso tributario.
· Decisión que niega expresa o tácitamente la repetición de pago.
Tampoco se encuentra previsto dentro de los supuestos del artículo 259 del
COT, pero aparece expresamente señalado en el artículo 199 eiusdem
cuando se establece que procede la vía contencioso Administrativa cuando
exista un pronunciamiento de la Administración Tributaria que rechace la
28
solicitud de repetición de pago del sujeto pasivo, o incluso vencido el lapso
para haber decidido sobre la repetición –2 meses- sin que hubiere respuesta.
· Contenido del acta de reparo cuando se trate de asuntos de mero
derecho. Cuando el contenido del acta de reparo trate de asuntos de mero
derecho, 3el artículo 188 del COT establece que no se abrirá el sumario
administrativo quedando abierta la vía jerárquica o judicial.
Como puede observarse, no sólo los actos previstos en el artículo 259
del COT pueden ser recurridos en sede jurisdiccional mediante el recurso
contencioso tributario.
De otra parte, no podrán ser impugnados a través del contencioso
tributario: (i) los actos dictados en un procedimiento amistoso previsto en un
tratado para evitar la doble tributación, (ii) los actos dictados por autoridades
extranjeras que determinen tributos y sus accesorios, cuya recaudación sea
solicitada por la República, (iii) la intimación de derechos pendientes, (iv) los
acuerdos anticipados sobre precios de transferencia y, (v) las consultas
tributarias.
4. Legitimación
El ámbito de aplicación subjetiva del recurso contencioso tributario
abarca no sólo a los contribuyentes cuyo derecho subjetivo ha sido
lesionado, sino a todos aquellos que posean un interés legítimo por el acto
objeto del recurso. En efecto, prevé el artículo 242 del COT, aplicable al
recurso contencioso tributario, que: “Los actos de la Administración Tributaria
de efectos particulares, que determinen tributos, apliquen sanciones o
afecten en cualquier forma los derechos de los administrados, podrán ser
impugnados por quien tenga interés legítimo, personal y directo...”.
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Como puede observarse, tendrán legitimidad para recurrir los actos de
la Administración Tributaria no sólo los individuos cuyo derecho subjetivo ha
sido lesionado, sino todos aquellos que tengan un interés legítimo, personal y
directo. De allí que la jurisdicción contenciosa tributaria se muestre acorde
con los postulados previstos en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia en lo que respecta a la legitimación para recurrir.
Ciertamente, esa Ley conjuntamente con la jurisprudencia han delineado los
supuestos de legitimidad señalando que estarán facultados para accionar los
titulares de los derechos subjetivos lesionados así como aquellos que tengan
un interés legítimo.
En criterio de Hernández Richards, la legitimación sólo podrá recaer
en quienes ostenten la cualidad de sujetos pasivos de la obligación tributaria,
es decir los que pudieran resultar obligados al cumplimiento de las
prestaciones tributarias o incluso quienes podrían reclamar la devolución o
reintegros de tales prestaciones, aunque también tal cualidad podría recaer
en terceros a quienes los actos les afecten en forma personal y directa, no en
quienes sean simples interesados.
Como sujetos pasivos de la obligación jurídico tributaria se encuentran
aquellos sujetos a los que la Administración Tributaria les efectúe una
determinación o liquidación de tributos (i.e. reparo fiscal), el procedimiento de
recaudación aplicable a las omisiones de declaraciones, el procedimiento de
mercancías objeto de comiso, el de revisión de oficio y el recurso de revisión.
También se encuentran dentro de este grupo los sujetos pasivos que tengan
reclamaciones bajo el procedimiento de repetición de pagos o de
recuperación de tributos.
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Por último, y en cuanto a la legitimación pasiva, vale la pena destacar
que en el proceso contencioso tributario la tienen los entes del Estado que
ostentan la cualidad de sujetos activos de la obligación tributaria y de los
cuales emana el acto impugnable o su abstención.
5. Del carácter alternativo del recurso
Tal y como se desprende del numeral 1 del artículo 259 del COT, el
recurso contencioso tributario podrá interponerse “sin necesidad del previo
ejercicio del recurso jerárquico”. Esta disposición se muestra acorde con los
postulados que informan el nuevo Derecho Contencioso, en particular en
cuanto establece el carácter optativo de agotar la vía administrativa para
acudir a la sede jurisdiccional. Cabe destacar que desde el primer Código
Orgánico Tributario hasta el vigente nunca se ha requerido que se tenga que
agotar la vía administrativa para impugnar los actos de la Administración
Tributaria.
Se encuentra en efecto esta regulación acorde con los nuevos
postulados constitucionales de la materia ya acogidos en la Ley Orgánica de
la Administración Pública y en la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo
de Justicia, textos conforme a los cuales el agotamiento de la vía
administrativa en materia de recursos de nulidad es optativo.
En tal sentido, de la regulación de los recursos previstos en el COT, el
particular tiene la posibilidad de: (i) agotar la vía administrativa ejerciendo
previamente el recurso jerárquico por ante la Administración Tributaria; (ii)
acudir directamente a la jurisdicción contenciosa, excluyendo por completo
los procedimientos administrativos o; (iii) interponer el recurso jerárquico y
subsidiariamente en forma conjunta el recurso contencioso tributario.
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Puede entonces afirmarse que el recurso jerárquico tributario
constituye una opción concedida por el legislador al contribuyente, para que
este último decida ejercerla positivamente o negativamente, acudiendo de
forma directa a la vía judicial. Desde luego que una vez ejercido en forma
autónoma el recurso jerárquico, el recurrente queda sujeto a la espera de la
decisión del mismo o a la consumación del silencio administrativo para poder
recurrir en sede judicial.
6. De la caducidad del recurso
La interposición del recurso contencioso tributario está sujeta a un
lapso de caducidad, vencido el cual no será procedente la admisión del
mismo. La caducidad de la acción responde a criterios de seguridad jurídica
puesto que los Actos de la Administración Tributaria no pueden ser
impugnados por los contribuyentes en cualquier periodo de tiempo. Los
lapsos de caducidad no admiten interrupciones ni suspensiones por lo que
transcurren fatalmente.
El recurso deberá intentarse dentro de los veinticinco (25) días hábiles
siguientes a la notificación del acto que se impugna o del vencimiento del
lapso previsto para interponer el recurso jerárquico en los casos de
denegación tácita de éste. Ahora bien, es necesario destacar que tal lapso
deberá ser computado de acuerdo a los días de despacho que transcurran
en el tribunal competente para conocer del recurso.
En efecto, la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema
de Justicia, en sentencia del 24 de marzo de 1987 estableció lo siguiente:
Cabe señalar que, como regla, todo lapso debe contarse en base a los días transcurridos ante la autoridad por ante la cual ha de interponerse el recurso. Y en general, los recursos contenciosos
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administrativos, del cual el contencioso tributario es especie, deben ser interpuestos ante el Tribunal competente para decidirlos, aunque se permite, en algunos casos, como así los establece el Código Orgánico Tributario, un régimen diferente. De allí se sigue que, en principio cualquier lapso debe computarse según los días hábiles que hayan transcurrido ante el tribunal por ante el cual o para ante el cual debe interponerse el recurso contencioso tributario.
Resulta entonces concluyente que el lapso de interposición del
recurso contencioso tributario es de 25 días de despacho del tribunal
competente para conocer del recurso.
7. De la no suspensión de los efectos por interposición del
recurso. Medidas cautelares
Uno de los aspectos más controvertidos del estudio del recurso
contencioso tributario es la no suspensión de los efectos del acto
administrativo por la simple interposición del recurso. En efecto, el artículo
263 del COT prevé lo siguiente:
La interposición del recurso no suspende los efectos del acto impugnado; sin embargo, a instancia de parte, el tribunal podrá suspender parcial o totalmente los efectos del acto recurrido, en el caso de que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la apariencia de buen derecho (...)
La no suspensión de los efectos del acto administrativo rompe con la
tradición existente en los anteriores códigos tributarios en los que se
acordaba la suspensión automática de los efectos del acto impugnado con la
simple interposición del recurso contencioso. Cabe acotar que la suspensión
automática de los efectos del acto administrativo prevista en los anteriores
códigos fue señalada como un logro del sistema tributario venezolano con
respecto a otros sistemas latinoamericanos. Así, se garantizaban plenamente
33
los derechos del recurrente y los del fisco, puesto que este último en los
supuestos de riesgo en la percepción del crédito fiscal, podía recurrir a las
medidas cautelares previstas en el Código.
Nótese que bajo el vigente COT, la Administración Tributaria podrá
proceder al cobro del tributo y de las multas correspondientes antes que se
decida el recurso, salvo que el recurrente solicite la suspensión de los
efectos del acto. Sin embargo, tal cobro no debe confundirse que con la regla
del solve et repete (paga y después recurre) como requisito de admisibilidad
del recurso y que ha sido declarada inconstitucional por el máximo Tribunal,
ya que según las normas del COT no se exige el pago previo del tributo o
sanción para darle curso a la acción intentada, así como tampoco la
prestación de fianza para la admisión del recurso.
En consecuencia, aun cuando el acto administrativo esté siendo
sometido a un examen o revisión de su legalidad ante el juez contencioso
tributario, éste es perfectamente ejecutivo y ejecutorio. La ejecutoriedad del
acto supone que la Administración Tributaria, por sus propios medios, puede
ejecutar el acto administrativo sin la intervención de la autoridad judicial lo
que conlleva a afirmar que “el retardo o lentitud judicial en la resolución de
conflictos tributario, no parece ser lo que amenaza la efectividad de la justicia
en este tipo de procesos judiciales, sino más bien el ejecutoriedad de los
actos tributarios”.
Ahora bien cabe destacar que el poder cautelar del juez tributario no
se limita a la suspensión de los efectos del acto administrativo, o al decreto
de un amparo cautelar acumulado al recurso. El juez contencioso podrá
adoptar la suspensión de los efectos del acto, o cualquier medida cautelar
innominada y la medida de amparo cautelar.
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Conviene en este estudio destacar la importación de la medida de
suspensión de los efectos del acto administrativo. En efecto, la suspensión
de los efectos del acto recurrido constituye el medio por el cual se permite a
los contribuyentes evitar la consumación de hechos irreversibles o de efectos
irreparables, constituyéndose en un mecanismo tendiente a garantizar el
derecho a la tutela judicial efectiva. En efecto, el derecho a la tutela judicial
efectiva, no sólo comprende el acceso a los órganos jurisdiccionales, sino
que la realización del proceso no se constituya en un medio que, con el
pasar del tiempo, haga inefectiva la pretensión de los contribuyentes. De allí
que la protección cautelar cobra vital importancia en la caracterización del
recurso contencioso tributario prevista en el COT.
Como bien afirma Spisso, uno de los derechos esenciales del
individuo dentro de un Estado de Derecho es el de acudir ante a un órgano
jurisdiccional en procura de justicia. El derecho a la jurisdicción no se agota
con el acceso al órgano judicial sino que debe brindar a los particulares una
tutela judicial efectiva de sus derechos litigiosos durante todo el tiempo que
dure el proceso.
La solicitud de suspensión deberá hacerse en forma similar a la
contemplada en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y con
fundamento exclusivo en la apariencia de buen derecho y en los graves
perjuicios que pueda causar la ejecución del acto.
Tan es así, que las previsiones generales en materia de medidas
cautelares contenidas en el Código de Procedimiento Civil, exigen la
concurrencia de los requisitos de procedencia de tales medidas, no
existiendo en el ámbito contencioso tributario -como tampoco ocurre en el
contencioso administrativo- una razón lógica para soportar lo contrario, esto
35
es, la procedencia de la medida cautelar de que se trate por la sola
verificación de uno de los aludidos extremos.
En tal sentido, la medida preventiva de suspensión de efectos procede
sólo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican,
esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios
irreparables o de difícil reparación y que adicionalmente resulte presumible
que la pretensión procesal principal resultará favorable, a todo lo cual debe
agregarse la adecuada ponderación del interés público involucrado” (énfasis
añadido).
Ante tal circunstancia, el derecho a la tutela judicial efectiva adquiere
especial relevancia frente a la posible actuación arbitraria o irregular de la
Administración. Como lo afirma Spisso, la efectividad de la tutela judicial
hace énfasis en la protección de la situación de los bienes jurídicos litigiosos
durante la sustanciación del proceso, de allí que las prerrogativas
administrativas se contrapongan a la tutela judicial efectiva.
Conviene entonces precisar el contenido y alcance de los requisitos
necesarios para poder suspender los efectos del acto administrativo de
efectos particulares dictado por la Administración Tributaria.
a. Peligro de daño (periculum in damni)
En cuanto a los perjuicios graves que pueden resultar de la ejecución
del acto administrativo, esto es, el peligro de daño, es necesario señalar que
éste –el daño- debe ser cierto y actual y no meramente temido. Además,
debe ser consecuencia del acto cuya suspensión se solicita.
36
No exige la norma –artículo 263 del COT- que se trate de un daño
irreparable o de difícil reparación, por lo que sólo es necesario que sea
grave. Como lo afirma Spisso, no resulta necesario que se dé una situación
en la que en monto cuantioso de la deuda tributaria determinada pueda
aniquilar el patrimonio del contribuyente. El Estado posee medios adecuados
que le permiten reparar los daños ocasionados por el ingreso tardío de un
tributo; en cambio la devolución del tributo pagado indebidamente luego de la
tramitación de un procedimiento judicial y eventual diferimiento de la
ejecución de la sentencia contra el Estado, ocasiona sin lugar a dudas un
perjuicio mayor al particular que el que le ocasionaría al Estado la
suspensión.
El daño que se pretende probar debe ser sumariamente demostrado,
no basta con la simple alegación del peligro sino que éste debe ser probado
en forma presuntiva. No es necesario que exista plena prueba sino
elementos suficientes para producir en el ánimo en el juez la convicción en
cuanto a la necesidad de decretar la medida de suspensión.
En cuanto a la forma de cómo puede manifestarse el daño, la
jurisprudencia de los Tribunales Superiores Contenciosos consideró que el
perjuicio puede derivar de:
· Una disminución patrimonial o económica de los bienes del
contribuyente, lo que implica mantener al mismo desposeído de sus bienes.
· Por el monto del reparo en relación con el patrimonio; o por la
afectación de la capacidad productiva y de empleo que podría generarse al
contribuyente si se llegare a satisfacer la pretensión fiscal.
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b. Apariencia de buen derecho (fumus boni iuris)
En cuanto a la apariencia de buen derecho en la que debe estar
fundamentada la solicitud de suspensión de los efectos del acto, basta que la
existencia del derecho parezca verosímil, es decir, basta que según un
cálculo de probabilidades, se pueda prever que la providencia principal
declarará el derecho en sentido favorable a aquél que solicita la medida
cautelar.
Como bien apunta Viloria Méndez, se trata de un examen superficial,
de una valoración prima facie de los alegatos de las partes, de la certidumbre
y razonabilidad de los argumentos y, si existieren, de las pruebas e indicios
que estén incorporados al expediente.
Es necesario destacar que la solicitud de suspensión de los efectos
del acto administrativo de contenido tributario no se encuentra supeditada a
la existencia de vicios de nulidad absoluta; simplemente se requiere que el
derecho reclamado sea razonable, es decir, la apariencia de que por las
razones alegadas de impugnación y de las pruebas, el recurrente podría
tener razón en la sentencia definitiva.
Cabe advertir que la apariencia de buen derecho no implica prejuzgar
sobre el fondo del asunto debatido, ya que la sentencia definitiva puede
favorecer al Fisco.
A todo evento, la suspensión parcial de los efectos del acto
impugnado faculta a la Administración para exigir el pago de la porción no
suspendida ni objetada. En los casos en los que no se hubiere solicitado la
suspensión, estuviere pendiente su decisión o no hubiese sido acordada, la
Administración Tributaria podrá exigir el pago de las cantidades
38
determinadas, según el procedimiento del juicio ejecutivo. No obstante, prevé
la norma que en los casos en los que la Administración embargue bienes, el
remate de los mismos se suspenderá hasta tanto exista sentencia
definitivamente firme.
Para los casos en los que el embargo verse sobre mercancías
perecederas, se procederá conforme al procedimiento previsto en el artículo
538 del Código de Procedimiento Civil. Por último, los contribuyentes tendrán
la facultad de solicitar la sustitución de la medida de embargo por cualquier
otra medida o garantía.
8. Órganos jurisdiccionales competentes
De conformidad con el artículo 329 del COT, los Tribunales Superiores
de lo Contencioso Tributario son los competentes para conocer en primera
instancia de los procedimientos judiciales de naturaleza tributaria,
exceptuándose de su conocimiento los procedimientos relativos a los ilícitos
tributarios y a las sanciones prescritas con penas privativas de libertad. En
segunda instancia la jurisdicción corresponde al Tribunal Supremo de
Justicia en Sala Político Administrativa según lo establecen los artículos 279
y 329 del COT. Asimismo, dispone al artículo 330 del COT que no podrá
atribuirse la competencia a otra jurisdicción ni a otros tribunales de distinta
naturaleza.
9. Del procedimiento
a. Interposición y admisión del recurso
Tal y como ya se ha expuesto, el recurso contencioso tributario
procede contra los actos administrativos de efectos particulares que causen
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gravamen en los administrados. El recurso deberá se interpuesto mediante
escrito en el que se expresen las razones de hecho y derecho que
fundamenten la petición, debiendo reunir los requisitos previstos en el
artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. También deberá
acompañarse al recurso, el documento o documentos en los que conste el
acto recurrido, salvo en el caso en el que se verifique el silencio
administrativo (artículo 260).
Una vez interpuesto el recurso, se entenderá que las partes están a
derecho. Sin embargo, en los casos en lo que se haya interpuesto el recurso
contencioso de forma subsidiaria o a través de un juez del domicilio fiscal del
recurrente, el Tribunal de oficio deberá notificar al recurrente en su domicilio.
Agotada la citación personal sin que ésta tuviere éxito, se fijará un cartel en
la puerta del Tribunal, dándose un término de diez (10) días de despacho.
Igualmente, prevé el Parágrafo Único del artículo 264 del COT que
cuando el recurso contencioso tributario haya sido ejercido en forma
subsidiaria con la interposición del recurso jerárquico, el Tribunal deberá
notificar mediante oficio a la Administración Tributaria.
Ahora bien, una vez que las partes se encuentren a derecho, el
Tribunal deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso al quinto día
en el que conste en autos las notificaciones. Son causales de inadmisibilidad
del recurso, la caducidad del plazo para el ejercicio del mismo; la falta de
cualidad o interés del recurrente y la ilegitimidad de la persona que se
presente como apoderado o representante del recurrente.
Si la representación fiscal formulare oposición al auto de admisión del
recurso, se abrirá una articulación probatoria que no podrá exceder de cuatro
(4) días de despacho, de forma tal que las partes puedan promover y
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evacuar las pruebas de sus alegatos. Vencido el lapso de cuatro (4) días, el
Tribunal deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso dentro de los
tres (3) días de despacho siguientes.
La decisión que declare admisible el recurso contencioso podrá ser
apelada dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes siempre y
cuando la Administración Tributaria hubiere hecho posición. La apelación
será oída en un solo efecto. Si el Tribunal decidiese declarar inadmisible el
recurso, se oirá la apelación en ambos efectos, la cual será decidida por la
alzada en el término de treinta (30) días continuos.
Por último, cabe acotar que la instancia se extinguirá por el transcurso
de un año sin que se haya ejecutado ningún acto del procedimiento, salvo
que se hubiere producido la vista de la causa, en cuyo caso no operará la
perención.
b. Lapso probatorio
Vencido el lapso para apelar o una vez que conste en autos la
devolución del expediente por el Tribunal de alzada que admitió el recurso, el
juicio quedará abierto a pruebas, salvo que las partes solicitasen que el
recurso se sustancie como un asunto de mero derecho.
Las partes podrán promover las pruebas en las que se fundamentan
sus alegatos dentro de los primeros diez (10) días de despacho siguientes a
la apertura del lapso probatorio. Concordantemente con el artículo 156 del
COT, prevé el artículo 269 que será admisible todos los medios de prueba,
con la excepción del juramento y la confesión de funcionarios públicos
cuando ello implique la prueba confesional de la Administración. Tales
41
disposiciones se muestran acordes con los principios generales probatorios
del contencioso administrativo.
Una vez vencido el lapso de promoción de pruebas, las partes podrán,
dentro de los tres (3) días de despacho siguientes, oponerse a la admisión
de las mismas cuando aparezcan como manifiestamente ilegales o
impertinentes. Al vencimiento de este lapso, el juez deberá dentro de los tres
(3) días de despacho admitir las pruebas que sean legales y pertinentes,
desechando el resto. Tanto la negativa de las pruebas como su admisión son
apelables dentro de los cinco días de despacho siguientes. La apelación de
la admisión se escuchará en un solo efecto.
En cuanto a la evacuación de las pruebas, prevé el artículo 271 del
COT que una vez verificado el auto de admisión, se abrirá un lapso de veinte
(20) días de despacho para la evacuación. En el caso de que haya que
practicarse la evacuación de alguna prueba en otro tribunal, el cómputo se
realizará conforme el término de la distancia previsto en el artículo 400 del
Código de Procedimiento Civil. Asimismo, el COT contempla la facultad que
tiene el Tribunal de comisionar la práctica de cualesquiera diligencias de
sustanciación o ejecución a los tribunales inferiores.
c. Los informes
El artículo 274 del COT establece que al decimoquinto (15) día de
despacho siguiente al vencimiento del lapso probatorio, las partes podrán
presentar los informes correspondientes. Asimismo, la parte que haya
presentado escrito de informes, podrá presentar sus observaciones escritas
sobre los informes de la parte contraria, dentro de los ocho (8) días de
despacho siguientes. Si el Tribunal lo considera pertinente, podrá solicita que
42
tanto los informes como sus observaciones sean expuestas en forma breve y
oral.
Presentados los informes, el Tribunal podrá, dentro del término
perentorio de quince (15) días de despacho, dictar un auto para mejor
proveer.
d. La sentencia
El efecto primordial de la sentencia es la anulación total o parcial del
acto administrativo que liquida tributos y accesorios, impone sanciones o
contiene declaraciones lesivas al recurrente. Claro está que la decisión del
recurso puede ser desestimatoria de la pretensión del contribuyente
declarando la validez del acto impugnado.
Cabe destacar que las decisiones del contencioso tributario no sólo
comprenden el examen de los requisitos legales del acto administrativo, sino
que determinan la existencia y cuantía de la obligación jurídico tributaria
concreta. Tal característica ha sido calificada por Trotabas como “el fondo del
litigio” que no es otro que la obligación tributaria que vincula al Fisco y al
contribuyente, la cual constituye el objeto final de conocimiento del tribunal,
sin perjuicio de los elementos formales del acto. En tal sentido, le toca al juez
pronunciarse no sólo sobre la legalidad del acto sino sobre los derechos y
obligaciones que surgen de la relación tributaria, de allí que pueda afirmarse
su carácter subjetivo.
Ahora bien, en lo que respecta al procedimiento, establece al artículo
277 del COT que presentados los informes, cumplido el auto o pasado el
término para su cumplimiento, el Tribunal deberá dictar sentencia dentro de
43
los sesenta (60) días continuos siguientes, pudiendo diferirlo por una sola
vez por un plazo de treinta (30) días continuos.
Si el Tribunal sentenciare dentro de los sesenta días, el lapso deberá
dejarse transcurrir íntegramente a los efectos de la apelación. Si la
sentencia se dictare fuera de los lapsos establecidos, el lapso de
interposición de la apelación empezará a correr una vez que conste en autos
la última de las notificaciones.
i. Apelación
Serán apelables tanto las sentencias definitivas como las
interlocutorias que causen gravamen irreparable por la definitiva. La
apelación deberá intentarse dentro del lapso de ocho (8) días de despacho
siguientes al vencimiento de los lapsos para sentenciar.
En los casos en los que se trate de determinación de tributos o de
imposición de sanciones, la apelación solamente procederá cuando la
cuantía de la causa exceda de cien (100) Unidades Tributarias (U.T.) para
las personas naturales y de quinientas (500) U.T. en el caso de personas
jurídicas.
ii. Ejecución de sentencias
Como principio general, el artículo 280 del COT modifica el criterio
anterior mediante el cual se consideraba competente para la ejecución de las
sentencias dictadas por los tribunales contenciosos tributarios a los
tribunales ordinarios. Ahora, expresamente prevé este artículo que la
ejecución de las sentencias corresponderá al tribunal contencioso tributario
44
que haya conocido de la causa en primera instancia, una vez que la
sentencia haya quedado definitivamente firme.
Si se interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva, una
vez que éste haya sido declarado sin lugar o parcialmente con lugar, el
Tribunal fijará un lapso que no será menor de tres (3) días de despacho ni
mayor de diez (10), para que la parte perdidosa efectúe el cumplimiento
voluntario. La ejecución forzosa no podrá iniciarse hasta que se haya
agotado íntegramente ese lapso.
Si no se verificare el cumplimiento voluntario por la parte vencida, la
Administración Tributaria solicitará y el Tribunal así lo acordará, el embargo
ejecutivo sobre bienes propiedad del deudor que no excedan del doble del
monto de la ejecución más una cantidad prudencial, estimada por el Tribunal,
para responder por el pago de intereses y costas del proceso.
Por su parte, el deudor podría hacer oposición a la ejecución forzosa,
demostrando haber pagado el crédito fiscal con la consignación del
documento que lo compruebe. Asimismo podrá alegar la extinción del crédito
fiscal conforme a los medios de extinción previstos en el COT. A tales
efectos se abrirá de pleno derecho una articulación probatoria que no podrá
exceder de cuatro (4) días de despacho. El Tribunal deberá resolver al día de
despacho siguiente. El fallo que declare con lugar la oposición planteada,
será apelable en ambos efectos; si se declarare sin lugar, la apelación será
en un solo efecto. Esta decisión no impedirá el embargo de los bienes, pero
suspenderá el remate hasta tanto la segunda instancia haya resuelto la
incidencia.
Ahora bien, una vez vencido el lapso para el cumplimiento voluntario o
resuelta la incidencia de oposición por la alzada, se ordenará el remate de
45
los bienes embargados conforme a las reglas del Código de Procedimiento
Civil, salvo la formalidad de los carteles que se regula en el artículo 286 del
COT.
En ejecución del remate, el Tribunal procederá a nombrar un solo
perito evaluador que efectúe el justiprecio de los bienes embargados. Tal
perito deberá presentar sus conclusiones por escrito en un plazo fijado por el
Tribunal que no podrá ser superior a quince (15) días de despacho
computados a partir de su aceptación.
Si no quedase cubierto el crédito fiscal y sus accesorios, el
representante del Fisco podrá solicitar al Tribunal que declare un embargo
complementario hasta completar la totalidad de las acreencias.
46
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ruan, G. (2002). El Contencioso Tributario. En Revista de Derecho Público, N° 21, enero-marzo, Caracas.
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