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CIUDADANO
PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO,
PRESENTE.
LÁZARO CÁRDENAS BATEL, Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en ejercicio de
las atribuciones que al Ejecutivo a mi cargo, confiere el artículo 36,
fracción I de la Constitución Política del Estado; y,
CONSIDERANDO
Que uno de los pilares básicos sobre los que debe construirse el
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en la que
encuentran fundamento y consolidación todo Estado de Derecho,
es la responsabilidad social y la democracia.
Que el Gobierno de Michoacán, con base en la concepción social y
democrática de Derecho que lo inspira, asume el compromiso de
fortalecer al Poder Judicial, dotándolo de mayor autonomía
financiera e incrementada independencia que garantice, por una
parte, el pleno ejercicio de los derechos y libertades de las
personas, mediante la resolución, conforme a derecho, de las
controversias jurídicas, pronta, completa e imparcialmente y, por
otra, una gestión eficaz, eficiente y honrada de los recursos
humanos, financieros y materiales de que dispone dicho Poder,
como instrumentos que coadyuven a la efectiva administración de
justicia, función y razón de ser de los órganos jurisdiccionales.
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Que se tiene la convicción de consolidar una administración de
justicia de alta calidad y éticamente irreprochable, donde impere
la capacidad, preparación y honestidad de magistrados, jueces y
demás servidores públicos del Poder Judicial.
Que el pleno desarrollo, bienestar y armonía sociales habrán de
conseguirse cuando se generen las condiciones necesarias que
posibiliten el acceso a todos los habitantes del Estado, a la vida
política, económica y sociocultural, eliminando progresivamente
las barreras creadas por la marginación y la exclusión, y se
garantice, además, el cumplimiento eficaz de las leyes y el respeto
absoluto a los derechos humanos.
Que se requieren grandes transformaciones, de mayores
compromisos que demandan unidad, que no significa
uniformidad de opiniones y sí colaboración respetuosa para
avanzar en nuestros propósitos, en un marco jurídico reformado
que permita una administración de justicia ágil, eficaz y completa.
Que la independencia económica del Poder Judicial es un
elemento que contribuye decisivamente a su fortalecimiento y
asegura su plena independencia respecto de los otros Poderes del
Estado.
Que en estudios recientes sobre el diagnóstico y calificación de la
administración de justicia en las entidades federativas, ubican a
Michoacán como el Estado donde se asignan menos recursos al
Poder Judicial.
Que el presupuesto asignado al Poder Judicial del Estado en los
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últimos once años, en relación con el presupuesto general de la
entidad, confirma una sensible disminución de sus fondos, como
lo indican los estudios realizados, según se advierte del siguiente
cuadro comparativo:
AÑO
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
AL GOBIERNO
DEL ESTADO
PRESUPUESTO
AL PODER
JUDICIAL
PORCENTAJE
QUE
REPRESENTA
DEL PRESUP.
DEL GOB. DEL
EDO.
1994 2,508,651,361.00 19,235,851.00 0.7 %
1995 3,141,719,258.00 28,384,259.00 0.9 %
1996 3,933,132,981.00 31,958,164.00 0.8 %
1997 5,013,037,001.00 43,442,217.00 0.8 %
1998 7,542,898,113.00 57,144,678.00 0.7 %
1999 10,396,929,823.00 66,339,862.00 0.6 %
2000 12,981,227,169.00 74,103,243.00 0.5 %
2001 16,238,940,758.00 86,609,323.00 0.5 %
2002 17,072,248,265.00 96,985,198.00 0.5 %
2003 19,917,843,662.00 251,757,218.00 1.2 %
2004 22,808,116,135.00 262,755,728.00 1.1 %
2005 24,504,273,328.00 299,754,314.00 1.2 %
Que es compromiso de esta administración incrementar de
manera substancial el presupuesto asignado al Poder Judicial del
Estado, como se aprecia en la tabla expuesta, incremento
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aproximado al 150 por ciento, en relación a los años anteriores.
Que la presente iniciativa plantea una asignación presupuestal al
Poder Judicial, de al menos el equivalente al 4.6% de los ingresos
que por concepto de Participaciones en el Fondo General, se
estimen percibirá el Gobierno del Estado, conforme a la Ley de
Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate, de tal
forma que, al incorporar a la Constitución Política del Estado este
mecanismo para la determinación de la asignación presupuestal,
se asegure a dicho Poder la estabilidad en el suministro de
recursos financieros.
Que el establecimiento de un porcentaje mínimo garantizado en el
texto constitucional, representa una propuesta novedosa de
fortalecimiento financiero al Poder Judicial del Estado, que
encuentra fundamento en la “Declaración de Querétaro” emanada
del Decimoctavo Congreso Nacional de Tribunales Superiores de
Justicia.
Que no obstante lo anterior, estamos concientes que el hecho de
establecer un porcentaje determinado al Poder Judicial, pudiese
no garantizar que éste cuente con los recursos económicos
necesarios o suficientes para cumplir con la elevada
responsabilidad que tiene encomendada, si se toma en cuenta que
se trata de un mecanismo poco flexible, en caso de que se viera
afectado por situaciones económicas imprevistas, por lo que de
igual forma se prevé la posibilidad de que el Congreso del Estado
le pueda asignar cantidades adicionales, de llegarse a presentar
circunstancias socioeconómicas críticas o extraordinarias.
Que en el ámbito del sistema de justicia nacional, el Estado de
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Michoacán de Ocampo sería de las primeras entidades federativas
en incluir, en su texto constitucional, mecanismos financieros
reales, objetivos y flexibles, que permitirían al Poder Judicial tener
un mínimo de certeza de sus recursos financieros.
Que la presente iniciativa establece la creación del Consejo de la
Judicatura, el cual tiene su antecedente en la reforma a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de
diciembre de 1991, la que estableció simultáneamente, los
Consejos de la Judicatura Federal y del Distrito Federal.
Que en la indicada reforma constitucional, no se estableció a los
Estados la obligación de establecer un consejo de la judicatura,
aunque sí previó la posibilidad de su existencia, mediante la
incorporación de los consejeros locales al régimen de
responsabilidades de los servidores públicos que regula el Título
Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; asimismo reformó la disposición que señalaba que los
jueces locales serían nombrados por el respectivo Tribunal
Superior o Supremo Tribunal de Justicia, para permitir que lo
fueran por los consejos, pero sin excluir aquella opción.
Que actualmente se han creado consejos de la judicatura en las
entidades federativas de Aguascalientes, Baja California,
Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero,
Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León,
Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz, dando así una
respuesta a aquellas voces que propugnaban por un Poder
Judicial vigoroso, sólido, cercano, dispuesto a resolver los
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conflictos que le competen, y a dar certidumbre jurídica a nuestra
vida en sociedad, sin que los magistrados y jueces se distrajeran
de sus funciones sustantivas.
Que en el entorno latinoamericano, organismos no
gubernamentales que velan por la transparencia en la función
pública, sostienen que una administración de los poderes
judiciales a través de consejos de la judicatura o magistratura, no
sólo contribuyen a reforzar su independencia interna y externa,
autonomía e imparcialidad, sino que generan condiciones
favorables para limitar la corrupción e incrementar la credibilidad
en la institución.
Que la importancia de la independencia de la judicatura ha
suscitado especial atención en foros internacionales, la
Organización de las Naciones Unidas, la incluyó en su agenda de
asuntos a tratar en el Séptimo Congreso sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán, Italia,
del veintiséis de agosto al seis de septiembre de 1985, donde entre
otras conclusiones aprobadas por la Asamblea General, se
encuentra una recomendación sobre “Principios Básicos relativos
a la Independencia de la Judicatura”, precisándose que “la
independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y
proclamada por la Constitución o la legislación del país”.
Que se propone al Constituyente Permanente del Estado la
creación del Consejo de la Judicatura en un contexto de la nueva
relación democrática que el gobierno de Michoacán emprende con
los Poderes Legislativo y Judicial, ya que el mismo contribuirá al
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fortalecimiento de la autonomía de la función jurisdiccional y la
independencia de los magistrados y jueces, asignándole las
funciones de vigilancia, disciplina y carrera judicial, además que
dicho órgano será el responsable directo del manejo
administrativo del Poder Judicial.
Que la composición y el sistema de acceso de los miembros del
Consejo de la Judicatura constituyen factores importantes para el
correcto y eficiente funcionamiento de éste, en cuanto garante de
la autonomía e independencia judiciales.
Que la iniciativa que se propone, establece un Consejo de la
Judicatura integrado por cinco miembros, de los cuales, uno será
el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien también lo
será del Consejo; un Consejero designado por el Pleno del
Congreso del Estado, electo por mayoría calificada, un Consejero
designado por el Titular del Poder Ejecutivo, un magistrado y un
juez de primera instancia.
Que los integrantes del Consejo de la Judicatura deberán
distinguirse no sólo por su capacidad jurídica, probidad en el
ejercicio de sus actividades y gozar de reconocimiento, sino
también por sus aptitudes como hacedores de políticas públicas
para el Poder Judicial.
Que el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, fungirá
también, como Presidente del Consejo, en virtud que constituye
un importante punto de convergencia entre los dos órganos, para
el correcto cumplimiento de las tareas que habrán de
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encomendarse al segundo.
Que los magistrados y jueces nombrados consejeros gozarán de
licencia por el tiempo que desempeñen esa función, en la que
deberá garantizarse el cargo y adscripción que vinieren
desempeñando.
Que los nombramientos de los miembros del Consejo de la
Judicatura serán escalonados, y con una duración de cinco años, a
excepción del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, sin
posibilidad de ser ratificados para el período siguiente. Durante
su encargo, sólo podrán ser removidos en los casos y conforme a
los procedimientos previstos en el Título Cuarto de la
Constitución Política del Estado y la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado.
Que el Consejo de la Judicatura contará con autonomía técnica y
de gestión, para emitir sus acuerdos y resoluciones, de esta forma,
el Poder Judicial del Estado estará compuesto, por un lado, con
órganos jurisdiccionales: el Supremo Tribunal de Justicia, los
juzgados de primera instancia, municipales, de tenencia, de paz y
conciliación indígena y los jurados, los que tendrán por cometido,
exclusivamente, la resolución de conflictos ante él planteados y,
por otra parte, con un órgano encargado de la administración,
vigilancia, disciplina y la carrera judicial.
Que las atribuciones administrativas del Consejo comprenden,
entre otras materias, la presupuestaria, de organización, control
patrimonial de bienes muebles e inmuebles, recursos materiales y
prestación de servicios, designación de funcionarios judiciales, y
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fijación de competencia de los órganos jurisdiccionales.
Que al Consejo se le otorgan facultades de vigilancia y disciplina,
las que estarán enmarcadas en el sistema de responsabilidades y a
la evaluación de resultados en las áreas administrativa y
jurisdiccional, lo anterior con absoluto respeto a la independencia
y autonomía de los titulares de cada órgano jurisdiccional.
Que el Consejo de la Judicatura tendrá también la responsabilidad
de promover la carrera judicial, garantizando que el ingreso,
promoción, adscripción, readscripción, formación, capacitación y
actualización de los servidores públicos que desempeñan
funciones materialmente relacionadas con la administración de
justicia, responda a un sistema objetivo de mérito.
Que se establece que el funcionamiento del Consejo de la
Judicatura será en Pleno o en comisiones debiendo existir de
manera permanente las de: Administración, Carrera Judicial y
Vigilancia y Disciplina. Así mismo, se contempla que el Pleno del
Consejo podrá crear las comisiones que estime necesarias para el
cumplimiento de sus atribuciones.
Que la iniciativa de reformas, contempla la modificación del
actual marco normativo que regula la designación y permanencia
de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. La
designación de los magistrados es un proceso constitucional que
actualmente involucra, tanto al Poder Ejecutivo como al
Legislativo, por tal razón, a fin de garantizar que el Supremo
Tribunal de Justicia cumpla sus funciones con apego absoluto a
los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad,
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profesionalismo e independencia, se propone la reforma el
artículo 73 de la Constitución Política del Estado, a efecto de que
la propuesta para la designación de los magistrados tenga lugar a
partir de la aprobación de exámenes de oposición y cursos de
formación, capacitación y actualización que practique y organice
el Consejo de la Judicatura, de conformidad a lo que establezca la
ley de la materia.
Que de la misma manera esta iniciativa propone establecer una
duración de seis años en el cargo de Magistrado del Supremo
Tribunal de Justicia, señalando la posibilidad de ser ratificados, de
conformidad a lo señalado por la fracción III del artículo 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por un
periodo de seis años más, en el cual sólo podrán ser privados de
su encargo, en los casos y conforme a los procedimientos previstos
en el Título Cuarto de la Constitución Política del Estado y la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Que la presente iniciativa establece que sea el Consejo de la
Judicatura quien realice el nombramiento de los jueces de primera
instancia, por un término en su encargo de seis años, con la
posibilidad de ser ratificados, previo dictamen que emita el propio
Consejo, debidamente fundado y motivado; términos en los
cuales, sólo podrán ser removidos en los casos y conforme a los
procedimientos que establezca la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado y la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.
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Que los juzgados municipales se han encargado hasta ahora, de
conocer y resolver asuntos de cuantía menor, tratándose de
materia civil y mercantil, además de materia penal en delitos
cuyas penas son menores; a pesar de que son los órganos
jurisdiccionales que ofrecen un acceso a la jurisdicción, por ser los
que se encuentran más cerca de las personas, se trata de los
órganos jurisdiccionales más olvidados, ya sea por la calidad de
las condiciones materiales, la insuficiencia de recursos humanos o
el soporte tecnológico indispensable para el correcto ejercicio de
sus funciones, por lo que la presente iniciativa propone ampliar su
competencia para hacer más eficiente, pronta y expedita la
impartición de la justicia.
Que la Iniciativa establece que los jueces municipales serán
nombrados por el Consejo de la Judicatura, durando en su
encargo seis años.
Que se debe propiciar que las comunidades indígenas del Estado
apliquen sus propios sistemas normativos en la regulación y
solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios
generales de esta Constitución, respetando las garantías
individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la
dignidad e integridad de las mujeres.
Que la presente iniciativa establece la instalación de juzgados de
paz y conciliación indígena, para la regulación y solución de los
conflictos internos de las comunidades indígenas del Estado.
Que por lo antes señalado, presento a consideración de ese
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honorable cuerpo legislativo, para su discusión y en su caso
aprobación la siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el último párrafo del artículo
13; la fracción XXI del artículo 44; los artículos 67 y 70; el párrafo
primero del artículo 71; los artículos 72, 73, 74, 75; el párrafo
primero del artículo 78; los artículos 81 y 82; la fracción tercera y el
último párrafo del artículo 83; los artículos 84, 86, 87, 88 y 89; el
párrafo primero del artículo 104; el párrafo primero del artículo
105; el párrafo primero del artículo 108; el párrafo primero del
artículo 109; y, el último párrafo del artículo 110 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo.
Se deroga la fracción XXII del artículo 44, la fracción III del
artículo 60; los artículos 76 y 80; y, la fracción III del artículo 85 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo, para quedar como sigue:
Artículo 13...
...
...
...
13
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Los magistrados del Tribunal, los cuales serán independientes y
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responderán al mandato de la ley, deberán satisfacer los requisitos
que señale la misma, que no podrán ser menores a los que señala
esta Constitución para ser designado magistrado del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado. Serán electos por el voto de las dos
terceras partes de los diputados presentes del Congreso del
Estado, de entre los propuestos por el Consejo de la Judicatura.
SECCIÓN IV
De las Facultades del Congreso
Artículo 44. Son facultades del Congreso:
I a XX...
XXI. Designar a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia
que someta a su consideración el Consejo de la Judicatura por el
voto de las dos terceras partes de los presentes en la sesión, en el
improrrogable término de diez días y, aprobar o desaprobar las
solicitudes de licencia y renuncias de los mismos.
XXII. Se deroga.
XXIII a XXXVI...
SECCIÓN II
De las Facultades y Obligaciones del Gobernador
Artículo 60. Las facultades y obligaciones del Gobernador son:
I a II...
15
III. Se deroga.
IV a XXII…
CAPÍTULO IV
Del Poder Judicial
Artículo 67. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado
en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Consejo de la Judicatura,
en los juzgados de primera instancia, en los municipales, en los de
tenencia, en los de paz y conciliación indígena y en los jurados.
La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del
Estado, así como la implementación integral de la carrera judicial,
estarán a cargo del Consejo de la Judicatura, en los términos que,
conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las
leyes.
El Consejo de la Judicatura tendrá autonomía técnica y de gestión,
así como para emitir, en el ámbito de su competencia, los acuerdos
y resoluciones correspondientes. Estará facultado para expedir
acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de
conformidad con lo que establezca la ley. El Pleno del Supremo
Tribunal de Justicia podrá solicitar al Consejo la expedición de
aquellos acuerdos generales que considere necesarios para
asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional.
El Consejo de la Judicatura se integrará por cinco miembros, de
los cuales, uno será el Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia, quien también lo será del Consejo; un Consejero electo
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por mayoría calificada del Pleno del Congreso del Estado; un
Consejero designado por el Titular del Poder Ejecutivo, un
magistrado y un juez de primera instancia, por elección directa y
mayoría simple de sus pares.
Las personas que aspiren al cargo de Consejero de la Judicatura
deberán reunir los mismos requisitos que exige esta Constitución
para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y haberse
distinguido por su capacidad jurídica y aptitud administrativa,
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades,
protestando el cargo en los términos que señala esta Constitución.
Los jueces de primera instancia deberán tener, además, una
experiencia de cinco años continuos en el ejercicio de su encargo.
El magistrado y juez nombrados consejeros gozarán de licencia
por el tiempo que desempeñen esa función, en la que deberá
garantizarse el cargo y adscripción que vinieren desempeñando.
Salvo el Presidente del Consejo, los demás consejeros durarán
cinco años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada, y
por ningún motivo podrán ser nombrados para un nuevo período.
Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los casos y
conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de
esta Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
El ejercicio del encargo de consejero es incompatible con cualquier
comisión o empleo del Gobierno Federal, del Estado, de los
Municipios o de particulares por el que se disfrute de una
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remuneración, con excepción de las actividades docentes o de
investigación.
Los consejeros no representan a quien los designa, por lo que
ejercerán su función con independencia e imparcialidad.
Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Estatal:
I. Presentar a consideración del Congreso del Estado la
designación de los Magistrados del Supremo Tribunal
de Justicia, así como su ratificación en su caso, licencias
y renuncias a la aprobación del propio Congreso;
II. Determinar la desconcentración de las Salas del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en caso de ser
necesaria;
III. Convocar, conforme a las modalidades establecidas por
la ley orgánica, a concurso de méritos y a examen de
oposición, para efecto de designar a los Jueces
integrantes del Poder Judicial;
Los Jueces de Primera Instancia y los que con cualquier
otra denominación se designen, serán adscritos,
readscritos y removidos del cargo por el voto de la
mayoría simple del total de los miembros del Consejo
de la Judicatura;
IV. Expedir su reglamento interior y los acuerdos generales
para el adecuado ejercicio de sus funciones, de
conformidad con lo dispuesto en la ley;
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V. Tener a su cargo la administración, vigilancia y
disciplina del Poder Judicial, de acuerdo con lo que
establezca la ley;
VI. Presentar solicitud de juicio político en los términos y
condiciones que señale la Ley Orgánica del Poder
Judicial y la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado;
VII. Iniciar por sí o a solicitud del Pleno del Supremo
Tribunal de Justicia, investigación sobre la conducta de
los Servidores Públicos del Poder Judicial;
VIII. Elaborar el presupuesto del Poder Judicial del Estado y
remitirlo para su inclusión en el proyecto de
Presupuesto de Egresos del Estado;
IX. Nombrar y remover de conformidad con sus
atribuciones, a los servidores públicos del Poder
Judicial;
X. Administrar, de conformidad a lo establecido en la Ley
Orgánica del Poder Judicial, el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia; y,
XI. Las demás que le confiera esta Constitución u otras
leyes.
El Consejo de la Judicatura funcionará en Pleno o en Comisiones.
El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción,
readscripción, ratificación, renuncias, licencias y remoción de
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jueces, secretarios de acuerdos, actuarios y demás personal
administrativo del Poder Judicial, así como los demás asuntos que
la ley determine. Contará con aquellas comisiones permanentes o
transitorias que determine el Pleno; debiendo existir en todo caso
las de Administración, Carrera Judicial y Vigilancia y Disciplina,
las que tendrán el personal de apoyo necesario para el
cumplimiento de sus funciones.
Para el adecuado funcionamiento del Consejo, se podrán
establecer, por acuerdo del Pleno, los órganos auxiliares que
estime oportunos.
El Consejo de la Judicatura contará con un órgano auxiliar en
materia de investigación, formación, capacitación y actualización,
tanto de los servidores públicos del Poder Judicial, como de
quienes aspiren a pertenecer a éste.
Las decisiones del Consejo, en la esfera exclusiva de su
competencia, serán definitivas e inatacables, salvo las que se
refieran a la remoción de jueces, las cuales podrán ser revisadas
por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, únicamente, para
verificar que fue seguido el procedimiento establecido por la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La independencia económica del Poder Judicial será garantizada
por el Congreso, asignándole un presupuesto que, en ningún caso,
podrá ser inferior al equivalente al 4.60% de los ingresos que por
concepto de Participaciones en el Fondo General, se estimen
percibirá el Gobierno del Estado, conforme a la Ley de Ingresos
del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate.
En caso de presentarse situaciones económicas imprevistas, el
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Congreso podrá asignar cantidades adicionales al Poder Judicial,
que asegure estabilidad en el suministro de fondos públicos para
el adecuado cumplimiento de sus funciones.
La elección de magistrados y jueces será hecha, preferentemente,
entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con
eficiencia y probidad en la administración de justicia, o que lo
merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en
otras ramas de la profesión jurídica, y bajo el criterio de igualdad
de oportunidades.
La ley establecerá las bases para el desarrollo de la carrera judicial,
la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad,
imparcialidad, profesionalismo e independencia.
Los magistrados, jueces y consejeros de la judicatura percibirán
una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser
disminuida durante su encargo.
Sección I
De la Integración y Funcionamiento del Supremo Tribunal
Artículo 70. El Supremo Tribunal de Justicia estará integrado por
un número no menor de dieciocho magistrados, funcionando en
Tribunal Pleno o en Salas, en los términos que disponga la ley
orgánica.
La Ley Orgánica del Poder Judicial fijará las atribuciones que
correspondan al Presidente, al Pleno, al Consejo y a las Salas.
Artículo 71. Para ser electo magistrado del Supremo Tribunal de
21
Justicia del Estado, se necesita:
I a IV...
Artículo 72. Los magistrados durarán seis años en el ejercicio de
su encargo contados a partir de la fecha en que rindan protesta de
ley, al término de los cuales podrán ser ratificados y, si lo fueren,
continuarán en esa función por seis años más.
Los magistrados en el ejercicio de su encargo solo podrán ser
removidos en los casos y conforme a los procedimientos previstos
en el Título Cuarto de esta Constitución y la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Si por alguna causa no se hace designación o la persona nombrada
no se presenta al desempeño de su encargo, será sustituido en la
forma establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, hasta que
tome posesión el nuevamente nombrado. Los magistrados
designados para concluir el periodo de otro, por defunción o por
cualquier causa de separación definitiva, desempeñarán sus
funciones hasta la conclusión del período constitucional
respectivo.
Los magistrados tendrán derecho a un haber único a la conclusión
ordinaria y definitiva de la ratificación de su encargo, de
conformidad a lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los magistrados durante los dos años siguientes a la fecha de su
retiro, no podrán desempeñarse como titular de las dependencias
básicas del Poder Ejecutivo o su equivalente, Procurador de
Justicia o Diputado local, o actuar como patronos o representantes
en cualquier proceso en los que haya intervenido en su función
22
jurisdiccional.
El Consejo de la Judicatura dictaminará el retiro forzoso de los
magistrados integrantes del Poder Judicial, cuando hayan
cumplido setenta años o padezcan incapacidad física o mental
permanente para el desempeño de su encargo. El dictamen se
someterá a la consideración del Congreso, según corresponda,
para su discusión y, en su caso, aprobación.
El magistrado cuyo retiro forzoso haya sido aprobado, disfrutará
de un haber en los términos de este artículo.
Artículo 73. La elección de magistrados del Supremo Tribunal de
Justicia se hará por el Congreso del Estado a propuesta del
Consejo de la Judicatura, de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
El Consejo someterá al Congreso la designación de magistrados,
que serán quienes hayan resultado ganadores en los concursos de
oposición.
El Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de
los miembros presentes en la sesión, hará la designación de
Magistrados al Supremo Tribunal de Justicia, presentadas por el
Consejo de la Judicatura.
En caso de que el Congreso del Estado rechace la propuesta, el
Consejo de la Judicatura someterá una nueva en los términos del
párrafo anterior. Si ésta fuere rechazada, ocupará el cargo la
persona que designe el Consejo de la Judicatura, siempre y
cuando se satisfagan los requisitos que exigen para tal efecto esta
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Constitución y la Ley.
Cada Magistrado del Supremo Tribunal, al entrar a ejercer su
encargo, protestará ante el Congreso, en la siguiente forma:
Presidente: "¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el
cargo de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Michoacán de Ocampo, que se os ha conferido, y guardar y
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas
emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación
y del Estado?" Magistrado: "Sí, protesto."
Presidente: "Si no lo hiciereis así, la Nación y el Estado os lo
demanden."
Artículo 74. La falta de un magistrado que no exceda de tres
meses, será suplida por el servidor público que designe el Consejo
de la Judicatura en los términos de la Ley Orgánica respectiva.
Cuando la falta de un magistrado excediere de ese término, o es
definitiva, el Consejo someterá a la aprobación del Congreso la
designación de un magistrado para que concluya el período
constitucional respectivo, observándose lo dispuesto en el artículo
73 de esta Constitución.
Cuando todos los magistrados en ejercicio sean recusados o se
encuentren impedidos, el Consejo designará, conforme al
procedimiento que establezca la ley, a quien deba resolver el
asunto de que se trate.
El Consejo podrá designar también a quien deba integrar el Pleno,
24
en caso de falta o de impedimento de un magistrado, cuando no
exista la mayoría requerida por la ley para la decisión de un
asunto.
Artículo 75. En caso de que se declaren desaparecidos los Poderes
del Estado, el Servidor Público que asuma el Poder Ejecutivo
propondrá al Congreso del Estado la elección de los magistrados
del Supremo Tribunal de Justicia, quienes ejercerán su cargo
provisionalmente, hasta en tanto se puedan designar conforme al
procedimiento previsto en el artículo 73 de esta Constitución.
Artículo 76. Se deroga
Artículo 78. El Supremo Tribunal de Justicia nombrará cada
cuatro años a su Presidente, el cual no podrá ser reelecto para el
período inmediato posterior.
...
Artículo 80. Se deroga.
Artículo 81. El Consejo de la Judicatura determinará el número y
residencia de los juzgados de primera instancia que habrá en cada
distrito judicial, los que tendrán la competencia y las atribuciones
que les confiere la ley.
La Ley Orgánica respectiva establecerá el procedimiento para
llenar las faltas absolutas o temporales de los jueces de primera
instancia.
Artículo 82. Los jueces de primera instancia serán nombrados por
el Consejo de la Judicatura, de entre quienes resulten ganadores
25
en los concursos de oposición, con base en los criterios, requisitos
y procedimientos que establezca la ley.
Dichos nombramientos serán hechos, preferentemente, entre
aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia
y probidad en la administración de justicia, o que lo merezcan por
su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de
la profesión jurídica, y bajo el criterio de igualdad de
oportunidades.
Los jueces de primera instancia durarán seis años en el ejercicio de
su encargo, al término del cual, si fueren ratificados por el Consejo
de la Judicatura, previo dictamen debidamente fundado y
motivado, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y
conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de
esta Constitución y de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.
La readscripción de los jueces la hará el Consejo mediante
concurso de méritos, con base en criterios objetivos y de acuerdo a
los requisitos y procedimientos que establezca la ley.
Artículo 83...
I y II...
III. Tener el día del nombramiento, con antigüedad mínima de
tres años, título y cédula profesional de licenciado en derecho,
expedidos por las instituciones o autoridades legalmente
facultadas para ello; y,
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IV...
Deberá considerarse la trayectoria del aspirante a juez en la
carrera judicial.
Artículo 84. Los jueces de Primera Instancia residirán en la
cabecera de distrito que señale la ley, y no podrán cambiar el
despacho a otra población, sino autorizados por el Consejo de la
Judicatura del Estado.
Artículo 85. ………………………………:
I. ……………;
II. ……………;
III. Se deroga; y
IV. …………….
Artículo 86. Habrá juzgados municipales en los distritos judiciales
que determine el Consejo de la Judicatura.
La Ley Orgánica determinará su competencia y atribuciones, así
como el procedimiento para llenar sus faltas absolutas o
temporales.
Los jueces municipales serán nombrados por el Consejo de la
Judicatura, con base en los criterios, requisitos y procedimientos
que establezca la ley.
Artículo 87. Los jueces municipales durarán seis años en el
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ejercicio de su encargo.
Artículo 88. El Consejo de la Judicatura, establecerá Juzgados de
Conciliación Indígena en las comunidades con población indígena
que por sus características lo requieran. La competencia y
atribuciones de dichos Juzgados será la establecida en la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Artículo 89. La regulación y solución de los conflictos internos de
las comunidades indígenas del Estado, deberá sujetarse a los
principios generales establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, a la particular del Estado y
respetando las garantías individuales.
Los usos y costumbres se distinguen por características y
particularidades propias de cada comunidad indígena, tendrán
aplicación dentro de los límites de su comunidad, siempre que no
constituyan violaciones a los derechos humanos.
TÍTULO CUARTO
De las Responsabilidades de los Servidores Públicos
Artículo 104. Para los efectos de las responsabilidades a que alude
este título, se reputarán como servidores públicos a los
representantes de elección popular, tanto estatales como
municipales, a los miembros del Poder Judicial, Consejeros de la
Judicatura, a los miembros del Tribunal Electoral del Estado, a los
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza
en la administración pública, estatal o municipal, así como a los
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servidores del Instituto Electoral de Michoacán, quienes serán
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el
desempeño de sus respectivas funciones.
...
...
Artículo 105. Siempre que se trate de un delito del orden común
cometido por un diputado, por el Gobernador, por un Magistrado
del Supremo Tribunal de Justicia, por un Consejero de la
Judicatura, por un Magistrado del Tribunal Electoral del Estado,
por el Secretario de Gobierno, por el Oficial Mayor, por el
Procurador de Justicia, por el Tesorero del Estado o por el
Consejero Presidente o Consejeros electorales del Instituto
Electoral de Michoacán, el Congreso erigido en Gran Jurado,
declarará por los dos tercios de los votos de sus miembros
presentes, cuando se trate del Gobernador y, por mayoría, cuando
se trate de otros funcionarios, si procede o no la formación de
causa. En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior,
salvo que aparezcan nuevos datos y elementos, pero tal
declaración no será obstáculo para que la acusación continúe su
curso cuando el acusado haya dejado de tener fuero, pues la
resolución del Congreso no prejuzga absolutamente sobre los
fundamentos de la acusación. En caso afirmativo, quedará el
acusado separado de su encargo y sujeto a la acción de los
tribunales comunes, salvo que se trate del Gobernador del Estado,
en cuyo caso sólo habrá lugar a que el Congreso lo juzgue como si
se tratare de un delito oficial. La declaración de haber lugar a
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formación de causa contra un funcionario de elección popular,
procede desde la fecha en que haya sido declarado electo.
...
Artículo 108. Podrán ser sujetos de juicio político, el Gobernador
del Estado, los diputados al Congreso, los magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia, los Consejeros de la Judicatura, los
jueces de primera instancia y jueces municipales, los titulares de
las dependencias básicas que menciona la Ley Orgánica de la
Administración Pública, el Consejero Presidente y los Consejeros
electorales del Instituto Electoral de Michoacán, los magistrados
del Tribunal Electoral del Estado, los directores generales o sus
equivalentes de organismos descentralizados, empresas de
participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones
asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. Asimismo, los
miembros de los ayuntamientos y funcionarios municipales, que
señala la Ley Orgánica Municipal, sea cual fuere el origen de su
encargo. Las sanciones consistirán en la destitución del servidor
público y en su inhabilitación para desempeñar funciones,
empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el
servicio público estatal y municipal, de acuerdo a la ley de la
materia.
...
...
...
Artículo 109. Para proceder penalmente contra el Gobernador, los
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Diputados al Congreso, Magistrados del Supremo Tribunal de
Justicia, Consejeros de la Judicatura, Secretario de Gobierno,
Oficial Mayor, Procurador de Justicia, Tesorero del Estado,
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado y Consejero
Presidente y Consejeros Electorales del Instituto Electoral de
Michoacán, por la comisión de delitos durante el tiempo de su
encargo, el Congreso declarará por las dos terceras partes de sus
miembros presentes en sesión cuando se trate del Gobernador y,
por mayoría absoluta, cuando se trate de otros servidores
públicos, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
...
...
Artículo 110...
...
...
...
...
El Gobernador Constitucional del Estado y los Diputados
Suplentes, gozarán de fuero desde el día en que fuesen declarados
electos; los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia,
Consejeros de la Judicatura y los Magistrados propietarios del
Tribunal Electoral del Estado, el Consejero Presidente y los
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Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Michoacán, el
Secretario de Gobierno, el Oficial Mayor, el Procurador de Justicia
y el Tesorero, únicamente dentro del término de su encargo.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Los periodos constitucionales que se
encuentren en curso, a la fecha de la entrada en vigor del presente
decreto, finalizarán en los términos de la normativa constitucional
que se encontraba vigente al momento de su inicio.
ARTÍCULO TERCERO. El Pleno del Supremo Tribunal de
Justicia, el Congreso del Estado y el Titular del Poder Ejecutivo
del Estado deberán designar a los Consejeros de la Judicatura que
les corresponda, a más tardar dentro de los quince días naturales
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
Por única vez, el período de ejercicio de los Consejeros miembros
del Poder Judicial del Estado vencerá, para el Magistrado el
último día de noviembre de 2008 y para el juez del 2010; el
designado por el Congreso del Estado el último día de noviembre
de 2007; y el designado por el Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, el último día de noviembre de 2009.
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El Supremo Tribunal de Justicia del Estado designará al Consejero
Magistrado mediante el voto de la mayoría de los magistrados
presentes que integran el Pleno; en tanto que el Consejero Juez,
será designado a través del voto mayoritario de sus pares
presentes en la sesión que para el efecto convoque el Presidente
del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Estado; en el entendido de que los servidores públicos que
resulten electos, deberán estar en funciones, respectivamente,
como magistrado y juez al momento de la elección.
Por única vez, la designación del Magistrado que deba cubrir la
vacante de quien sea designado Consejero Magistrado, se hará
conforme al procedimiento previsto por el artículo 74, primer
párrafo, en relación con el 73, de la Constitución Política del
Estado, en su texto anterior al reformado por este Decreto.
ARTÍCULO CUARTO. En tanto queda instalado el Consejo de la
Judicatura, en términos del transitorio que antecede, el Pleno del
Supremo Tribunal de Justicia proveerá los trámites y resolverá los
asuntos administrativos de notoria urgencia que se presenten.
Los asuntos relacionados con nombramientos, adscripción,
readscripción, ratificación y remoción de jueces y demás
servidores del Poder Judicial que sean de manifiesta e inaplazable
atención para el adecuado funcionamiento del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado y los órganos que lo integran, el Pleno de
manera excepcional, tomará las medidas necesarias para asegurar
la continuidad y eficacia en la administración de justicia, debiendo
en todo momento fundar y motivar sus determinaciones.
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ARTÍCULO QUINTO. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado deberá remitir, a más tardar dentro de los 15 días
posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, la
información y documentación relativa al inicio del
funcionamiento del Consejo de la Judicatura del Estado al
Ejecutivo Estatal para que éste, con pleno respeto a lo dispuesto
por los artículos 13, 15, 20, 21 y 22 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de
Ocampo, presente la iniciativa de autorización para efectuar la
Ampliación al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEXTO. En tanto se expiden las disposiciones
legales, reglamentarias y acuerdos generales a que se refiere el
presente Decreto, seguirán aplicándose las que se encuentren
vigentes al momento de entrar en vigor las reformas, en lo que no
se opongan a éstas.
La Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado, así como las
unidades administrativas que de ésta dependan, quedarán a cargo
y bajo la responsabilidad del Consejo de la Judicatura del Estado.
ARTÍCULO SÉPTIMO. El Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado dispondrá las medidas de carácter interno para
que los asuntos administrativos o disciplinarios que se estén
conociendo, y fueren competencia del Consejo, le sean turnados
en tiempo y forma.
ARTÍCULO OCTAVO. Los magistrados que sean inamovibles gozarán de los derechos y beneficios inherentes al ejercicio de su
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