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REPUBLICA DE CHILE
CAMARADE DIPUTADOS
LEGISLATURA 325a., EXTRAORDINARIA
Sesión 61 ª, en miércoles 07 de abril de 1993.
(Ordinaria, de 10.30 a 13.21 horas)
Presidencia de los señores Viera-Gallo Quesney, don José Antonio, y Hamuy Berr, don Mario.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
VERSION OFICIAL
5504 CAMARA DE DIPUTADOS
INDICE
1.- ASISTENCIA
TI.- APERTURA DE LA SESION
ITI.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- FACIL DESPACHO
VI.- ORDEN DEL DIA
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
SESION 61a, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5505
INDICE GENERAL
Pág.
1.- Asistencia ...... ...................... ................. ......................................................... ......... 5508
ll.- Apertura de la sesión ........................................................................................... 5510
Ill.- Actas ........................................................................................................................ 5510
N.- Cuenta ..................................................................................................................... 5510
-0-0-
1.- Prórroga de mandato de Comisión Especial.......................................... 5510 2.- Fusión de iniciativas que modifican Ley Orgánica Constitucional,
sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Oficio ................................. 5511 3.- Acuerdo de los Comités sobre sesión ordinaria .................................... 5511 4.- Remisión de proyecto modificatorio de la ley NQ 18.168 a Comisión
de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones ........................ 5511
V.- Fácil Despacho. 5.- Acuerdo sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sus pre
cursores y productos químicos específicos suscrito entre Chile y Jamaica. Primer trámite constitucional.................................................... 5512
VI.- Orden del Día 6.-. Modificación de la ley NQ 18.910, Orgánica del Instituto de Desarro-
llo Agropecuario. Veto ............................................................................... 5514 7.- Normas sobre la conciliación previa en juicios. Primer trámite cons-
titucional. (Continuación) .......................................................................... 5515 8.- Denominación de lugares e instituciones públicas. Primer trámite
constitucional. Preferencia para tratar proyecto .:.................................. 5527
VII .. - Incidentes. 9.- Administración de recursos de Digeder por coordinadoras regio-
nales. Proposición de Comisión Especial Investigadora ...................... 5534 10.- Pago de imposiciones a ex trabajadores del PEM y POJH. Oficio ..... 5537 11.- Pavimentación de camino a Villa Alhué (Región Metropolitana).
Oficio .......................... ........ .................... .................... ........ .................... ....... 5538 12.- Alcances sobre administración de recursos de Digeder por coordi-
nadoras regionales .. .... ....... .......................... .... ............. ........................ ...... 5539 13.- Cambio de nombre a establecimientos educacionales traspasados a
las municipalidades. Oficio ........................................................... :........... 5541 14.- Nivelación de asignación de zona entre funcionarios públicos. Ofi-
cio ................................................................................................................... 5542 15.- Metoqología utilizada en encuesta de Televisión Nacional de Chile
sobre uso y consumo de drogas. Oficio .................................................. 5543
5506 CAMARA DE DIPUTADOS
Pág.
16.- Conmemoración del Día Mundial de la Salud ...................................... 5544 17.- Alcance a intervención sobre nivelación de asignación de zona a
funcionarios públicos. Oficios .... ...... ........... ..... ...... ......... .... ..... .... ..•. ......... 5545 18.- Ejecución de obras públicas en Aisén. Oficio ......................................... 5545
VIII.- Documentos de la Cuenta. 1.- Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual hace
presente la urgencia, calificada de. "simple", para el despacho del proyecto de ley que modifica el decreto ley N2 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales y la ley N2 17.235, sobre Impuesto Territorial (boletín Nº 396-06) ....................................................................................... 5546
2.- Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el que retira y hace presente la "suma" urgencia para el despacho del proyecto que fija la planta de personal de la Empresa Portuaria de Chile (boletín N2 939-15)...................................................................................................... 5546
Oficios de S.E. el Presidente de la República, por los cuales retira y hace presentes las urgencias, calificadas de "simple", para el despacho de los siguientes proyectos: 3.- Modifica la ley N2 18.340, sobre Arancel Consular (boletín
N2 842-10) ............................................................... :...................................... 5547 4.- Prorroga la vigencia de la Oficina Nacional· del Retomo y modi
fica diversas disposiciones legales complementarias (boletín N2 891-07).......... ............. ....... ............... ............. ..... ........ ..... ...... ............. ....... 5547
5.- Estatuto de atención primaria de salud municipal (boletín N2 598-11) ...................................................................................................... 5548
6.- Modifica el decreto ley N2 258, de 1974, sobre Radio Nacional de Chile (boletín N2 139-07) ............................................................................ 5548
7.- Plantas de personal de las municipalidades (boletín N2 821-06) ........ 5549 8.- Establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Adminis-
tración del Estado (boletín N2 696-06) ..................................................... 5549 9.- Fija la nueva planta de personal para la Dirección del Trabajo (bole-
tín N2 811-13)................................................................................................ 5550 10.- Reprime desórdenes y hechos de violencia cometidos en estadios y
otros centros deportivos con ocasión de espectáculos públicos (bole-tín N2 259-07) ...... ............. ....... ........ ........... ..... ...... ......... ......... ............. .... ..... 5550
11.- Dicta normas sobre adopción de menores, deroga la ley N2 18.703 Y modifica la ley N2 7.163 (boletín N2 899-07) ........................................... 5551
12.- Otorga beneficios a los profesionales que indica regidos por la ley N2 15.076 (boletín N2 926-11)..................................................................... 5551
13.- Modifica las normas sobre vejez anticipada y regula la rebaja de edad para pensionarse por vejez, considerando el desempeño de trabajos pesados (boletín N2 599-13) ........................................................ 5551
14.- Concesiones de energía geoténnica (boletín N2 571-08)....................... 5552 15.- Sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópi-
cas y sustituye la ley N2 18.403 (boletín N2 653-07) .............................. 5552 16.- Informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley que modifica
SESION 6P, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5507
Pág.
el artículo 505, del Código de Procedimiento Penal, en 10 relativo a la notificación de las sentencias judiciales (boletín ~ 624-07) .. ......... 5553
IX.- Otros documentos de la Cuenta. Comunicación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, por la cual informa haber creado el Grupo parlamentario chileno-neozelandés, e invita a los señores Diputados a integrarlo. Comunicación del presidente de la Comisión Especial para el Desarrollo de la Quinta Región, por la que solicita prorrogar su mandato por 240 días, a fin de dar cumplimiento a su cometido. Comunicación del presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por la cual pide el acuerdo de la Corporación, en el sentido de solicitar a S.E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que refunda las diversas iniciativas legales que modifican la ley NQ 18.700, sobre votaciones populares y escrutinios.
Oficios del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, mediante los cuales responde los que se le enviaran en nombre de los señores Diputados que indica y sobre las materias que señala:
- Del Diputado señor Antonio Horvath, cuotas de captura en zo~a sur austral y pesca artesanal en la Décima Región. I
- Del Diputado señor Ramón Elizalde, cobro de tarifas de consumo eléctrico en comunas de Conchalí y Huechuraba, Región Metropolitana.
Oficio del Ministerio de Educación, mediante el cual responde el que se le enviara en nombre del Diputado señor Carlos Recondo, referido a aportes extraordinarios a la educación municipal, en el año 1992. Oficio del Ministerio de Planificación y Cooperación, mediante el cual responde el que se le enviara en nombre del Diputado señor Julio Rojos, referente a proyectos del Fondo de Solidaridad e Inversión Social ''Fosis'' en la Quinta Región. Oficio del alcalde de la Municipalidad de Penco, por el que responde el que se le remitiera en nombre del Diputado señor Juan Martínez, sobre programa de regularización de títulos de dominio para campesinos pobres.
5508 CAMARA DE DIPUTADOS
1.- ASISTENCIA.
-Asistieron los siguientes señores Diputados: (93)
Alamos Vázquez, Hugo
Alessandri Balmaceda, Gustavo
Alvarez-Salamanca Buchi, Pedro
Arancibia Calderón, Armando
Aylwin Azócar, Andrés
Bartolucci Johnston, Francisco
Bayo Veloso, Francisco
Bombal Otaegui, Carlos
Bosselin Correa, Hernán
Caminondo Sáez, Carlos
Campos Quiroga, Jaime
Cantero Ojeda, Carlos
Cardemil Alfaro, Gustavo
Carrasco Muñoz, Baldemar
Coloma Correa, Juan Antonio
Cornejo González, Aldo
Correa De la Cerda, Sergio
Cristi Marfil, María Angélica
Chadwick Piñera, Andrés
Elgueta Barrientos, Sergio
Elizalde Hevia, Ramón
Espina Otero, Alberto
Fantuzzi Hernández, Angel
Faulbaum Mayorga, Dionisio
Gajardo Chacón, Rubén
Galilea Vidaurre, José Antonio
García Garda, René
Garda Ruminot, José
Guzmán Alvarez, Pedro
Hamuy Berr, Mario
Horvath Kiss, Antonio
Huenchumilla Jaramillo, Francisco
Huepe Garda, Claudio
Hurtado Ruiz-Tagle, José María
Jara Catalán, Sergio
Jara Wolff, Octavio
Kuschel Silva, Carlos Ignacio
Kuzmicic Calderón, Vladislav
Latorre Carmona, Juan Carlos
Leay Morán, Cristian
Leblanc Valenzuela, Luis
Letelier Morel, Juan Pablo
Longton Guerrero, Arturo
Longueira Montes, Pablo
Manterola Urzúa, Martín
Martínez Ocamica, Gutenberg
Masferrer Pellizzari, Juan
Matthei Fornet, Evelyn
Mekis Martínez, Federico
Melero Abaroa, Patricio
Montes Cisternas, Carlos
Morales Adriasola, Jorge
Muñoz Barra, Roberto
Muñoz D'Albora, Adriana
Naranjo Ortiz, Jaime
Navarrete Carvacho, Luis
Ojeda Uribe, Sergio
Orpis Bouchon, Jaime
Ortega Riquelme, Eugenio
Ortiz Novoa, José Miguel
Palestro Rojas, Mario
SESION 61-, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5509
Palma Irarrázaval, Andrés
Peña Meza, José
Pérez Muñoz, Juan Alberto
Pérez Opazo, Ramón
Pizarro Soto, Jorge
Prokuric;a Prokuric;a, Baldo
Recondo Lavanderos, Carlos
Reyes Alvarado, Víctor
Ribera Neumann, Teodoro
Ringeling Hunger, Federico
Rocha Manrique, Jaime
Rodríguez Cataldo, Claudio
Rodríguez Del Río, Alfonso
Rodríguez Guerrero, Hugo
Rojo Avendaño, Hemán
Rojos Astorga, Julio
Sabag Castillo, Hosain
~alas De la Fuente, Edmundo
Seguel Molina, Rodolfo
Smok Ubeda, Carlos
Sota Barros, Vicente
Sotomayor Mardones, Andrés
Tohá González, Isidoro
Ulloa Aguillón, Jorge
Urrutia Avila, Raúl
Valcarce Medina, Carlos
Valenzuela Herrera, Felipe
Velasco De la Cerda, Sergio
Viera-Gallo Quesney, José Antonio
Vilicic Kamincic, Milenko
Villouta Concha, Edmundo
Yunge Bustamante, Guillermo
- Asistió, además, el Ministro de Justicia, señor Francisco Cumplido Cereceda.
5510 CAMARA DE DIPUTADOS
11.- APERTURA DE LA SESION
- Se abrió la sesión a las 10.30.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
111.- ACTAS
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- El acta de la sesión 59ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 60ª queda a disposición de los señores Diputados.
IV.- CUENTA
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- El señor Pro secretario va a dar lectura a la Cuenta.
, - El señor ZUÑIGA (Prosecretario) da
ledura a los documentos recibidos en la Secretaría.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
-0-0-
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra por cinco minutos el Diputado señor Valcarce para replicar conforme al Reglamento.
El señor VALCARCE.- Señor Presidente, en el diario "La Tercera" del domingo último, en una entrevista titulada "Tres mujeres al acecho", un precandidato al Senado por la Primera Región manifiesta en una de sus respuestas: ''Yo creo que la Primera Región tiene problemas limítrofes serios, pues llegó a ser chilena hace poco más de cien años. Si uno va a Arica, se da cuenta de que es una ciudad que está peruanizada y bolivianizada".
Esta afirmación del señor Julio Ditt-
bom sobre mi ciudad es inaceptable en cualquier parlamentario o precandidato a parlamentario de alguna tendencia política. Soy bien enfático en expresar que la encuentro grave, por cuanto los parlamentarios de las distintas bancadas que han visitado Arica conocen nuestra realidad.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Permítame que lo interrumpa, señor Diputado, pero, independientemente de las aseveraciones del señor Dittbom, ¿él se ha referido a su persona o Su Señoría replica esas declaraciones sólo como ciudadano de Arica?
El señor V ALCARCE.- Replico como ciudadano y representante de Arica, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Entonces, reglamentariamente no le corresponde a Su Señoría el uso de los cinco minutos. En -Incidentes puede referirse al tema.
El señor V ALCARCE.- De todas maneras que quede constancia en la Cámara que no podemos aceptar, por ningún motivo, que se trate así a la ciudad de Arica.
Aplausos.
1.- PRORROGA DE MANDATO DE COMISION ESPECIAL.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para prorrogar, en 240 días, el mandato de la Comisión Especial para el Desarrollo de la Quinta Región.
Acordado.
SESION 61 a, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5511
2.- FUSION DE INICIATIVAS QUE MODIFICAN LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL SOBRE VOT ACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS. Oficio.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- El Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia solicita que se enVÍe oficio a Su Excelencia el Presidente de la República, con el objeto de que se sirva refundir las diversas iniciativas legales que modifican la ley N2 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
3.- ACUERDO DE LOS COMITES SOBRE SESION ORDINARIA.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Informo a la Sala que los Comités parlamentarios en reunión celebrada el día de ayer, acordaron dejar sin efecto la sesión ordinaria de la Cámara de maña-na, jueves 8 de abril. '
4.- REMISION DE PROYECTO MODIFICATORIO DE LA LEY NI! 18.168 A COMISION DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- El señor Orpis desea plantear un problema reglamentario.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, en el número 2) del Orden del Día figura el proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la ley N2 18.910, General de Telecomunicaciones.
Solicito que esta iniciativa de ley se
tramite a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, en primer lugar, porque se trata de un proyecto ,enteramente nuevo; en segundo lugar, porque se refiere a materias que actualmente se estudian en un tercer proyecto también relacionado con telecomunicaciones y radicado en la misma Comisión. Es decir, nos enfrentarnos a la posibilidad de que se formulen modificaciones a todo el régimen de concesiones, no sólo al relativo a la radiodifusión.
Por lo tanto, mi petición consiste en que la iniciativa pase a la Comisión de Obras Públicas antes de que se trate en la Sala en tercer trámite, con el objeto de informarlo con más detalle.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, si se compara el texto aprobado por la Cámara con el que nos acaba de devolver el Senado, se concluye que este proyecto debe estudiarse en Comisión. Sería absolutamente improcedente discutir en la Sala una iniciativa de ley que ha sido objeto de modificaciones importantes tanto en su forma corno en su fondo, más aún si se considera que en la Comisión, en este trámite, podrían plantearse nuevos aspectos respecto de esta materia.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, coincido plenamente con 10 manifestado por los Diputados señores Orpís y Latorre. Prácticamente, es un proyecto nuevo, y requiere que la Comisión técnica 10 analice y dé un informe cabal a la Corporación.
El señor VIERA-GALLO (Presiden-
5512 CAMARA DE DIPUTADOS
te).- Si le parece a la Sala, se procederá como lo solicitan los tres señores Diputados que han hecho uso de la palabra, tramitándose el proyecto de acuerdo con las urgencias que establezca el Gobierno.
. Acordado.
V.- FACTl DESPACHO
5.- ACUERDO SOBRE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS y SUS PRECURSORES Y PRODUCTOS QUIMICOS ESPECIFICOS SUSCRITO ENTRE CHILE Y JAMAICA. Primer trámite constitucional.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).En la Tabla de Fácil Despacho, corresponde ocuparse, en primer trámite constitudonal del proyecto de acuerdo aprobatorio del acuerdo sobre prevención, control, fiscalización y represión del consumo indebido y trá fico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sus precursores y productos químicos específicos, suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Jamaica.
Diputado informante de la Comisión de Reladones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, es el Diputado señor Leblanc.
- El texto del prayecto está impreso en el boletín NrJ 865-10 Y figura en el número 6 de los documentos de la Cuenta de la sesión 58!, celebrada el 31 de marzo de 1993.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Diputado informante.
El señor LEBLANC.- Señor Presidente, paso a informar el proyecto de acuerdo suscrito entre los Gobiernos de la República de Chile y el de Jamaica, sobre la
prevención, control, fiscalización y represión del consumo indebido y tráfico de estupefadentes y sustancias sicotrópicas y sus precursores y productos químicos específicos.
El proyecto de acuerdo tiene por objeto consolidar la cooperación bilateral a través de los organismos competentes de los dos Estados, con miras el mantener un intercambio permanente de asistencia técnico-científica y de informaciones reladonadas con las materias del tratado, particularmente en el campo del tratamiento y rehabilitadón de toxicómanos.
Este tratado está en el marco de la Convendón de las Nadones Unidas sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que propicia los acuerdos bilaterales, lo que refuerza el contenido del tratado en orden a disminuir y erradicar el tráfico ilícito en nuestro continente.
Hago notar que la Cámara ha conoddo tratados similares celebrados con Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos Mexicanos y Paraguay, entre otros. Por lo tanto, obedece básicamente a un modelQ tipo encaminado al objetivo descrito anteriormente.
Por otro lado, el informe reconoce que la cooperación internacional es una herramienta fundamental para luchar contra el narcotráfico, que debe ser solidaria, leal y con pleno respeto a la soberanía e integridad .de los países.
Se busca institucionalizar un mecanismo bilateral que permita, complementariamente, la cQoperación desarrollada en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas.
Ambos Gobiernos reconocen la importancia de estos problemas cuando expresan su convicción de que el cultivo, producción, extracción, fabricación, transformación y comercio ilegal de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, así como la organización, facilitación y financiamiento de las actividades ilícitas relacionadas
SESION 61&, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5513
con estas sustancias y sus materias primas tienden a socavar las economías y a poner en peligro la salud de sus pueblos en detrimento de su desarrollo socio económico.
Por otra parte, en su articulado, los Gobiernos definen, en primer lugar, los grandes lineamientos de la cooperación convenida.
En segundo lugar, constituyen una comisión mixta, con facultades para proponer a los Gobiernos más acciones específicas pertinentes y evaluar sus resultados.
Su ejecución será plenamente concordante con nuestras normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.
Se trata de emprender esfuerzos conjuntos para implementar políticas comunes y realizar programas específicos para la prevención, control, fiscalización y represión del consumo indebido, del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y de las materias primas utilizadas en su elaboración, para contribuir a la erradicación de la producción ilícita.
Tales esfuerzos conjuntos también se enfocan en el campo del tratamiento y rehabilitación de toxicómanos.
Este tipo de acuerdo permite buscar soluciones para enfrentar mancomunadamente esté problema, que sufren varios países del continente y que comienza a afectar a nuestro país, tal como se sefialó en el informe que emitió la Comisión Especial en sesiones pasadas respecto del proyecto que discutimos en esta Corporación.
Se establecen modos de comunicación directa sobre el descubrimiento y detención de los medios sospechosos de transportar ilícitamente estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Propone aprehender y decomisar los vehículos de transporte empleados en el tráfico ilícito; prestar asistencia técnica mutua para realizar pesquisas e investigaciones, a fin de localizar, decomisar y
asegurar aquellos bienes adquiridos con . el producto de este tráfico ilícito; proporcionar a sus respectivos servicios nacionales competentes, entrenamiento especial, permanente y actualizado, sobre in- . vestigación, pesquisa y decomiso, incluyendo el intercambio de expertos. Estas tareas se harán especialmente en los servicios fronterizos y en las aduanas aéreas y marítimas.
Se establece que el intercambio de información debe ser rápido, seguro y elaborado oficialmente por los servicios nacionales competentes.
Se propuso adoptar medidas para la rápida tramitación de cartas rogatorias relacionadas con procesos de tráfico ilícito, según los delitos tipificados en los ordenamientos jurídicos internos de cada parte contra'tante.
Se dispone el modus operandi de la composición, competencia y modalidades del i trabajo de la Comisión Mixta y se sugiere que ella elabore su propio reglamento. Esta Comisión funcionará alternadamente en Chile y en Jamaica, por 10 menos una vez al año, y podrá constituir subcomisiones mixtas para acciones y temas específicos.
Luego, se habla de la vigencia y duración del Acuerdo. Esta será de dos años, prorrogables automáticamente por períodos iguales, a menos que una de las partes 10 denuncie.
Es cuanto puedo informar.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Valcarce.
El señor V ALCARCE.- Señor Presidente, este Convenio reafirma los compromisos que los Estados de Jamaica y de Chile han contraído en virtud de 10 dispuesto en la Convención Unica de 1961, sobre estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972, y la Convención sobre sustáncias sicotrópicas de 1971.
5514 CAMARA DE DIPUTADOS
A nuestro juicio cumple con lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de 1988, en la cual se propician los acuerdos bilaterales que promueven una mayor colaboración y entendimiento con otros países sobre esta materia, de manera de disminuir y erradicar el tráfico ilícito de estos elementos.
Este proyecto de acuerdo representa un adecuado modo de establecer vínculos más estrechos con Jamaica, especialmente en 10 que se refiere a prevención, control y represión del consumo de estupefacientes. Pero ello debe insertarse e integrarse de manera eficiente a las políticas en esta área.
También resulta importante valorar las intenciones puestas de manifiesto en este acuerdo en cuanto a explorar la posibilidad de suscribir un tratado de extradición, que deberá estar adecuadamente diseñado para que su eficacia y eficiencia esté en concordancia con nuestra legislación. Al respecto el artículo 14 establece: lilas partes contratantes tratarán de concertar un tratado de extradición dentro de un plazo razonable.".
Lo anterior concuerda plenamente con lo expuesto por la Comisión de Drogas del Parlamento Latinoamericano, que en su última reunión de las conclusiones en el artículo 311, se trató el tema diciendo que, conocida la iniciativa de la delegación de Argentina sobre el proyecto de Tratado multilateral de extradición' de personas involucradas en actividades de narcocriminalidad, se estudiará en el Congreso que se realizará en Buenos Aires, en el mes de septiembre, la idea de suscribir un convenio multilateral entre los países de América Latina, a fin de tener una ley más o menos común y similar referente a las extradiciones de los narcocriminales.
Por lo expuesto, Renovación Nacional votará favorablemente.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ (don Claudio).Señor Presidente, quiero sumarme a las palabras del Diputado señor Valcarce al manifestar nuestro apoyo a este proyecto de acuerdo suscrito entre los Gobiernos de Chile y de Jamaica, pues cualquier iniciativa que tienda a combatir el tráfico de drogas es buena. Esta 10 es, ya que permitirá tener mejores herramientas para combatir con éxito el problema de las drogas en Chile. Me parece de gran importancia coordinar acciones con otros países" pues sabemos que la droga no reconoce fronteras ni límites. Hasta hace algunos años, estaba focalizada en algunas regiones de Sudamérica, y hoy día ha avanzado en forma inexorable a otras naciones, entre las cuales, lamentablemente, está incluido Chile.
Por tales razones, sumándome a 10 expresado por el Diputado "Señor Carlos Valcarce, daremos nuestro apoyo a esta iniciativa del Ejecutivo.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el Convenio.
Aprobado.
Despachado el proyecto de acuerdo.
VI.- ORDEN DEL DIA
6.- MODIFICACION DE LA LEY NI! 18.910, ORGANICA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. Veto.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde ocuparse de las observaciones de Su Excelencia el Presidente de la República al
SES ION 61", EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5515
proyecto que modifica la ley N2 18.910, Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario.
- Las observaciones se encuentran impresas en el boletín NQ 574-01 Y figuran en el NQ 4 de los documentos de la Cuenta de la sesión 60ª, celebrada el 6 de abril de 1993.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Las observaciones tienen por objeto aclarar el sentido de la definición "campesino". Hubo un error de transcripción de la Comisión respectiva de la Cámara, y la forma de remediarlo es la propuesta. Por eso, los Comités decidieron tratar el veto con el trámite de "discusión inmediata", sin necesidad de enviarlo a Comisión.
Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se dará por apro
bado.
Aprobado.
Despachado el veto.
7.- NORMAS SOBRE LA CONCILIACION PREVIA EN JUICIOS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Corresponde seguir ocupándose del proyecto de ley que dicta normas para establecer la conciliación previa antes de iniciar cualquier proceso, salvo las excepciones legales.
- El texto del proyecto se encuentra impreso en el boletín NQ 454-07 Y figura en el NQ 10 de los documentos de la Cuenta de la sesión 11 ª ,celebrada el 28 de octubre de 1992.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En la sesión' anterior se entregó el
informe respectivo y estaba con el uso de la palabra el Diputado señor Elgueta.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ELGUETA.- Señor Presidente, en la sesión anterior, tuve la oportunidad de señalar algunos de los fundamentos del proyecto.
La Constitución moralista de Egaña, de 1823, preveía un Título XV, "De los jueces de conciliación", artículos 167 al 175, de los cuales interesan a este propósito los tres primeros.
El artículo 167 disponía: "Ninguno puede presentarse a los tribunales ordinarios con demanda juicial, sin haber ocurrido a los de conciliación."
Artículo 168: "Debe llamarse a conciliación toda demanda civil y las criminales que admitan transacción sin perjuicio de la causa pública. Pueden llamarse también las eclesiásticas sobre derechos personales y acciones civiles."
Artículo 169: "El ministerio de los conciliadores, es oír la solicitud de las partes con los justificativos que basten para dar alguna noción del asunto y excitar o proponer medios de conciliación, instruyéndola de sus derechos."
El artículo 100, de la Constitución de 1828, también preveía "juzgados de paz para conciliar los pleitos en la forma que señale una ley especial".
No obstante, estas formulaciones constitucionales, tan tempranas en nuestra vida republicana, las Cartas Fundamentales posteriores no mencionan la conciliación, pues la entregan al dominio de la ley.
En nuestro derecho, la conciliación, cuyo término es el avenimiento, existe en varias leyes. El Código Civil, en el N2 3, del artículo 1.567, menciona la transacción como una de las maneras de extinguir las obligaciones, y ésta es definida por el artículo 2446, como "un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un liti-
5516 CAMARA DE DIPUTADOS
gio eventual". En este caso, son las partes, sin la intervención, de un tribunal, las que se someten a reglas contraídas voluntariamente.
Por su parte, el Código de Procedimiento Civil, en los artículos 262 a 268 del Título J, del Libro Segundo, permite la conciliación en cualquier estado de la causa, una vez producido el cuasi contrato de litis contestatio. Es decir, se puede llamar por el juez a las partes a conciliación para proponerles bases de arreglo del pleito una vez establecida la vinculación judicial, salvo en determinados casos, corno en el derecho legal de retención, en la citación de evicción y en los juicios de hacienda. En consecuencia, no se prevé la conciliación previa. AsimisJllO, el Código de Procedimiento Penal consagra en su artículo 574, el avenimiento cuando se ejerce la acción penal privada que nace del crimen o simple delito, lo que tampoco es previo al juicio.
La ley NQ 18.287, sobre procedimientos en los juzgados de policía local, también determina, en su artículo 11, la conciliación respecto de las acciones civiles después de la contestación de la demanda.
En cambio, deSde muy antiguo, las leyes laborales -corno el artículo 29 del decreto con fuerza de ley NI! 2, de 1967-, facultan a los funcionarios del Trabajo para "procurar solución a los asuntos que se sometan en el ejercicio de sus funciones, o que deriven del cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias, como asimismo, para prevenir posibles conflictos". Esta facultad ha evitado que miles de conflictos y de pleitos se traduzcan en demandas judiciales, lo cual justifica plenamente la conciliación previa. El procedimiento laboral, artículo 413 del Código del Trabajo, admite conciliación luego de oída la contestación de lq demanda.
En consecuencia, la conciliación tiene una larga data en el procedimiento chileno. Sin embargo, corno procedimiento
anterior al juicio sólo se contempla en las relaciones laborales, en el decreto con fuerza de ley NQ 2, de 1967, sobre organización y funciones de la Dirección General del Trabajo, corno ya he señalado.
Pues bien, el proyecto propone la conciliación previa en el Código de Procedimiento Civil, salvo el caso de los juicios ejecutivos, del derecho legal de retención, de la citación de evicción y de los juicios de hacienda, o de los actos judiciales no contenciosos, siguiendo en este aspecto lo establecido en el Código Procesal Civil para Jberoamérica.
En las páginas 7 y 8 del informe se citan los casos de Uruguay y España cuyas legislaciones establecen la conciliación previa, y l~ Recomendación N.R. 86/12 del Comité de Ministros de Estados miembros del Consejo de Europa, de 1986, que insta a los países respectivos a legislar sobre un arreglo amistoso con antelación al pleito.
Sin duda, el proyecto requiere de algunos perfeccionamientos, tales corno:
a) Determinar que la gestión de conciliación legalmente notificada interrumpe la prescripción, a fin de evitar confusiones o que con dilaciones se cumpla el plazo de la misma.
b) Fijar un criterio respecto de la procedencia de las medidas prejudiciales precautorias.
c) Corregir algunos términos, corno la "incomparecencia" por "no comparecencia", y que se tendrá como una "presunción judicial" contra el interés del remiso en el proceso ulterior, en vez de decir que se trata de una presunción simple.
La propuesta en examen es positiva, ya que toda sociedad tiene corno finalidades la paz social y la justicia. El procedimiento actual es beligerante. Ahora, notificada la demanda, es decir, declarado el conflicto, se piensa en arreglarlo. En cambio, ahora se trata de dar lugar a un encuentro aproximatorio de las pretensiones de las partes antes del pleito, y de
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evitár la multiplicidad de juicios que atochan a los tribunales con procedimientos lentos, largos y caros. Aquí, como en tantas ocasiones, "más vale un mal arreglo que un buen pleito".
Por estas razones, votaré favorablemente.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Aywlin.
El señor A YLWIN (don Andrés).- Señor Presidente, votaré en general a favor el proyecto, pero tengo dudas en algunos aspectos, razón por la cual he presentado indicación para que vuelva a Comisión y podamos estudiarlo con mayor profundidad.
Concretamente, estoy de acuerdo con la idea de que es preferible tratar de evi:... tar el conflicto. El acuerdo será siempre más conveniente para la sociedad y para las partes que la controversia; el juicio y el conflicto. Sin embargo, tengo algunas dudas importantes. La primera se relaciona con el momento en que se realizaría la conciliación, cuando aún no exista demanda ni contestación. Pienso que ese hecho significará pérdida de tiempo para el juez, quien no tendrá un conocimiento exacto de cuáles son los puntos sustanciales controvertidos y, en tal sentido, le será muy difícil proponer una solución. La conciliación supone una participación activa del juez, y no advierte la posibilidad de que el juez participe activamente en tal cantidad de conflictos -como son la mayor parte de las demandas que se presentan-, como tampoco durante el período de conciliación, si ni siquiera está determinada la cuestión controvertida.
Además, debemos estudiar mejor lo referente a las medidas cautelares que siempre tiene derecho a tomar, en forma previa, la parte demandante, porque cuando la parte demandada tiene conoci-
miento de que habrá juicio, muy a menudo enajena sus bienes y después se hace imposible el cumplimiento de cualquier resolución en su contra. Jurídicamente, una de las instituciones importantes de nuestro ordenamiento procesal es la conocida como medidas prejudiciales precautorias.
La indicación que presenté se relaciona, justamente, con esas medidas prejudiciales precautorias, pero, en el fondo, tiene por objeto provocar que este proyecto vuelva a Comisión, de manera que tengamos la oportunidad de reflexionar un poco más sobre algunos puntos que, al menos a mí, me inquietan en relación con esta iniciativa que, en lo demás, estimo muy loable.
He dicho.
El señor HAMUY (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado don Hemán Rojo.
El señor ROJO.- Señor Presidente, en la actualidad nuestro Código de Procedimiento Civil reglamenta en forma minuciosa todo un procedimiento para lograr la conciliación una vez presentada la demanda por el actor.
Hoy, con este proyecto se pretende establecer la conciliación previa antes de deducirse las acciones judiciales. En el hecho, no existe ninguna clase de juicio o de conflicto de interés en que, con anterioridad a deducirse las acciones, las partes interesadas, los afectados, o sus abogados, no puedan conversar para lograr una solución. Sólo cuando han fracasado las gestiones extrajudiciales, las partes se ven en la obligación de accionar, civil o penalmente.
En el hecho, todo nuestra. procedimiento así lo ha ido reglamentando. Por ejemplo, en materia laboral, las gestiones que se realizan ante las inspecciones del trabajo tienen como objetivo buscar una conciliación, y cuando ello no da 'resulta-
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do se notifica a las partes que deben recurrir a los juzgados del trabajo.
Pareciera que establecer este procedimiento significa crear un nuevo trámite dilatorio, y no se compadece, incluso, con un proyecto que está actualmente en discusión y cuyo objetivo es establecer el arbitraje obligatorio en materias civiles, situación que permitirá que los juicios de esta naturaleza no sean conocidos por la judicatura ordinaria, sino por jueces árbitros, lo que le da mayor celeridad y otorga mayores posibilidades a las partes, en conflicto.
Si uno analiza el artículo primero llega a la conclusión de que el proyecto, de aprobarse, comprenderá a una parte mínima de las acciones que hoy día se deducen, porque habla de cualquier proceso, con excepción de los juicios ejecutivos en las obligaciones de dar, hacer o no hacer, de los procedimientos especiales relativos a los efectos del derecho legal de retención, de la citación de evicción, de los juicios de hacienda y de los actos judiciales no contenciosos. En el fondo, queda cir""" cunscrito exclusivamente a un número muy bajo de acciones.
Basta visitar cualquier tribunal civil de nuestro país para darse cuenta de que la mayor cantidad de juicios son aquellos relativos a acciones ejecutivas, y en éstas los titulares generalmente son los bancos o las financieras. Yo creo que esa clase de juicios, de aprobarse este proyecto, no deben ser excepcionados. Aquí se requiere una conciliación previa. Hay una serie de casos de deudores hipotecarios, de obligaciones corrientes que podrían discutirse antes de deducirse las acciones para llegar a una solución con los acreedores.
Por eso, presentaré indicación para excluir de la excepción a los juicios ejecutivos. No existe razón para que ellos no puedan ser objeto de una conciliación, si se va a establecer, como procedimiento, este tipo de conciliación obligatoria.
Finalmente, estimo que dentro del procedimiento mismo -como lo señalaba el Diputado señor Aylwin- es necesario dejar muy en claro cuáles son los efectos de las medidas cautelares en relación con esta clase de conciliación.
He dicho.
El señor HAMUY (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Rocha.
El señor ROCHA.- Señor Presidente, estamos en presencia de una moción de gran importancia, que, sin duda, contribuirá a dar mayor fluidez a nuestros procedimientos judiciales. Apoyo la idea, sin perjuicio de apoyar también la posición del Diputado señor Aylwin, en el sentido de que este proyecto debe volver a la Comisión para que se estudie con mayor profundidad, porque adolece de vacíos innegables que necesariamente deben ser corregidos en el trámite correspondiente.
Quiero, señalar, muy someramente, algunas objeciones que advierto prima facie, como dicen los abogados.
Por ejemplo, en el inciso cuarto del artículo 252 bis, se establece que la audiencia de conciliación deberá ser presidida por el juez, lo cual no parece concordante con nuestro procedimiento, ya que existe un secretario letrado, funcionario que interviene activamente en los juicios mediante la dictación de normas destinadas a su prosecución. No creo necesario exigir que sólo al juez sea el funcionario preparado para recibir esta conciliación.
Me llama la atención que en el inciso segundo del artículo 252 bis, tercero, se establezca que, en el supuesto de que la conciliación sea rechazada, el demandante deba necesariamente proseguir el juicio. La forma verbal "debiendo" naturalmente le da un carácter imperativo a la disposición. Creo que ella debe ser eliminada, de tal manera que quien rechaza la
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conciliación pueda, facultativamente, optar por seguir o no el juicio.
Aunque es un detalle menor, asimismo coincido con el Diputado señor Elgueta en cuanto a la poca propiedad del vocablo "incomparecencia", utilizado en el inciso cuarto del artículo 252 bis, el cual no es propio de nuestro Código, que normalmente se refiere a la "no comparecencia."
De todos modos, señor Presidente, apoyando esta idea, estimo que el proyecto debe volver, a Comisión para un estudio más profundo y acucioso.
He dicho.
El señor HAMUY (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.
El señor GAJARDO.- Señor Presidente, varios colegas han planteado objeciones que comparto. Muchas de las dudas planteadas pueden ser resueltas _ en la Comisión mediante indicaciones. Así, no está claro en el proyecto si la conciliación que se establece es un trámite fuera, antes, o dentro del juicio. Si nos atenernos al texto del artículo 252 bis propuesto, estaríamos frente a un trámite anterior al juicio; pero si leemos el artículo 253 propuesto, que dice "Todo juicio ordinario comenzará por demanda, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título XXI del Libro Primero ... ", se entiende que se ha iniciado a través de las gestiones de conciliación. Esto es de fundamental importancia para precisar cuándo se interrumpe la prescripción: si con la demanda o mediante la notificación de esta citación especial a la conciliación.
El problema de fondo, a mi juicio, es que con este proyecto no se logrará el propósito que todos compartimos y que tuvieron en cuenta los autores de la moción. Según ellos, es evidente que el proyecto está concebido corno un mecanismo para dar mayor rapidez a la tramitación
de las causas. Se parte del supuesto de que, al establecerse la conciliación como una actuación previa y obligatoria, habrá una oportunidad solemne, donde las partes, podrán llegar a acuerdos que eviten la prosecución del juicio, ganando con ello las partes por la rapidez de la solución de la controversia, y los tribunales por el menor recargo de causas en tramitación, propósitos, absolutamente loables.
Es posible que en teoría el argumento favorable al proyecto sea razonable; pero en los hechos, de acuerdo con la realidad del funcionamiento forense, este nuevo trámite, tendrá efectos contrarios a los esperados y, adicionalmente, encarecerá los gastos procesales que deban solventar los litigantes. Este es un trámite nuevo que se agrega a aquellos que gravan en la actualidad el procedimiento ordinario. También es evidente que si aumentamos los trámites alargaremos y no acortaremos el proceso, excepto, si se alcanzara efectivamente la conciliación en la audiencia respectiva.
Aquí es donde el tema nos lleva a apostar por la actitud de los litigantes. Quienes piensan que es fácil poner de acuerdo a las partes entienden que la modificación propuesta es un avance. Quienes, como yo, somos escépticos y estimarnos que los casos de conciliación exitosa serán escasos, pensamos que esta reforma no significa otra cosa que dificultar la marcha ya' engorrosa del juicio ordinario, consagrando una nueva exigencia o condición previa para litigar, porque como muy bien lo señalaba el Honorable colega señor Rojo, cuando se llega al juicio es porque se han agotado todas las instancias para resolver extrajudicialmente la cuestión. Es el último camino que toma una persona con el objeto de que le sea reconocido su derecho, después de haber agotado todos los mecanismos previos de negociación.
Por otra parte, la experiencia de la jurisdicción laboral es ilustrativa respecto
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de la significación que realmente tienen estas audiencias obligatorias de conciliación. El antiguo Código del Trabajo establecía una audiencia única que era, a la vez, de contestación de la demanda, de avenimiento y de prueba. La reforma laboral impulsada por el gobierno anterior separó estas actuaciones y dispuso una audiencia para la conciliación y otra distinta para la prueba. Las modificaciones aprobadas por la Cámara al procedirnien-
_ to laboral, que actualmente conoce el Senado en segundo trámite constitucional, vuelven a la audiencia única de avenimiento y prueba, porque la experiencia demostró que la doble audiencia no hacía sino prolongar la duración del juicio.
¿Cuál fue el fundamento del cambio que nosotros aprobarnos para volver a la audiencia única en lugar de la doble audiencia? La .nula eficacia de la audiencia de conciliación para poner de acuerdo a las partes, criterio ratificado por numerosos jueces del trabajo a quienes el Ministerio del ramo solicitó su opinión sobre las reformas procesales laborales. Si bien es cierto que los avenimientos son frecuentes en las causas del trabajo, ellos no se producen en la audiencia especial de avenimiento, sino en actuaciones distintas.
He dicho que un aspecto negativo de este proyecto es encarecer el costo de litigar en los tribunales, porque es evidente que la citación de que habla el proyecto para asistir a esta audiencia de conciliación tendrá que hacerse a través de una notificación personal. No está claro si habiéndose hecho la notificación personal para esta citación, una vez entablada formalmente la demanda, también habrá que notificar personalmente. Supongo que sí. Me inclino por creer que, en definitiva, ésa será la solución, una vez que se aclare debidamente el texto del proyecto. En todo caso, es evidente que esta situación obliga a un trámite de notificación que, obviamente, será de cargo del
litigante y estará encareciéndole el costo de recurrir a los tribunales.
Estas razones me llevan a votar negativamente este proyecto.
He dicho.
El señor HAMUY (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, he escuchado con mucha atención los fundamentos expuestos por el Diputado señor Elgueta. En primer lugar, felicito el constante interés que él demuestra, corno el Diputado Bosselin, por perfeccionar deficiencias existentes en nuestra legislación, sobre todo porque esa peocupación proviene -en el caso del Diputado señor Elgueta- de su propia experiencia práctica. y eso tiene un real valor porque se supone que nuestra legislación procedimental incluso la penal pretenden resolver integralmente las deficiencias y los vacíos que presentan. Pero esa tarea es compleja y difícil.
Sin embargo, respecto de este proyecto me surgen numerosas dudas, las cuales pediría que se aclararan antes de proceder a su votación, porque no tengo duda alguna del buen propósito que anima esta moción. Lo expuesto por los Diputados señores Andr~s Aylwin, Hemán Rojo y Rubén Gajardo, en general amerita que los patrocinantes de esta moción se hagan cargo de sus observaciones y de otras que surjan del análisis del proyecto.
En nuestra legislación, el trámite de la conciliación está regulado en el artículo 262 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en los cuales se establece que en todo juicio civil, con excepción de los juicios o procedimientos especiales de que tratan determinados títulos del Código, el juez podrá, en cualquier estado de la causa -es decir, se requiere que haya causa-, llamar a las partes a conciliación y proponer bases de arreglo. En definitiva,
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nuestro ordenamiento jurídico procesal otorga facultad al juez para que en cualquier momento del proceso, si él estima que es posible poner término al juicio, pueda llamar a las partes para proponerles determinadas bases, con el objeto de que pongan término al proceso. El proyecto, en síntesis, modifica esta norma, en el sentido de establecer que la conciliación ya no es un trámite facultativo del juez, sino que pasa a ser una medida previa al inicio del juicio, de carácter obligatorio, y que siempre debe llevarse a efecto en los juicios ordinarios, los de mayor ocurrencia, cuando una de las partes lo solicita.
Quiero dilucidar si esa decisión de transformar en obligatorio el trámite de la conciliación ayuda a resolver el conflicto, o si finalmente termina transformándose en un trámite que perjudica a quien legítimamente recurre a los tribunales demandando el reestablecimiento del imperio de la ley, por tener una petición que formular, con el propósito de que sea un juez de la República el que resuelva el conflicto.
N O me quedan claros los argumentos de que esta conciliación obligatoria anticipada surta el efecto positivo de terminar con una serie de juicios que podrían resolverse "amistosamente", previo acuerdo de las partes, evitando que se produzca el enorme recargo de procesos que existe hoy en los tribunales, donde hay causas que perfectamente podrían resolverse, pero que terminan tramitándose por años y, finalmente, ni la propia parte que demanda obtiene a tiempo el resarcimiento que exige a través del proceso.
¿Por qué digo que no tengo claro que pueda favorecer a las partes? Primero, por un planteamiento de fondo del Diputado señor Aylwin, don Andrés. AqUÍ hay un problema gravísimo con las medidas cautelares, establecidas porque la ley estima que una parte puede querer asegurar el resultado de su acción y, para
que sea así, dispone de una serie de mecanismos que le permiten adoptar determinadas medidas, incluso sin conocimiento de la contraparte. Me refiero a las medidas prejudiciales precautorias, para evitar que el demandado pueda eludir el resultado del proceso enajenando su patrimonio o ejecutando otras acciones que entorpezcan el legítimo d.erecho de quien está actuando como demandante en un juicio civiL Obviamente, las medidas cautelares no tendrían sentido si la parte obligada a reunirse con su contraparte, delante del juez, dijera cuáles son los argumentos que tiene para demandarlo. Entonces, no tendrían ningún sentido y prácticamente quedarían eliminadas q.e raíz las medidas cautelares establecidas en el Código, cuyo gran efecto es que se adopten antes de que la parte demandada tome conocimiento de ellas.
En segundo lugar, se plantea otro problema de fondo. Si hay algo que caracteriza al juicio ordinario en nuestro país es su lentitud. Por algo se le denomina "juicio de lato conocimiento". Es declarativo, y el legislador chileno ha optado por un procedimiento de larga extensión. Obviamente, no se extiende al extremo que ocurre hoy a causa de las normas del Código, sino por el recargo de los tribunales, su mal funcionamiento u otras causas. Pensemos que el juicio ordinario tiene un trámite de presentación de la demanda, providencia del tribunal, notificación del demandado, plazo de éste para contestar la demanda, que es de 15 días, más la tabla de emplazamiento. A todo esto se agrega el trámite de contestación de la demanda, la réplica, la dúplica; después, se recibe la causa a prueba; luego, hay acciones que se pueden interponer, como apelación de la resolución que recibe la causa a prueba o reposición de esa resolución apelando en subsidio. A continuación, existe un término aprobatorio ordinario y otro extraordinario, aparte del plazo para oír sentencia. Finalmente,
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se dicta la sentencia, se apela, y luego está el derecho de recurrir de queja y de casación.
Como dije, es un procedimiento de largo conocimiento, y aquí le estamos agregando un trámite adicional de 15 días, como plazo máximo, para que el juez cite a las partes a una conciliación.
¿Qué pasa cuando va a prescribir una acción y tiene que interponerse la demanda, lo cual, de acuerdo con el Código Civil, es la manera de interrumpir la prescripción? Deberá realizar el trámite de la conciliación previa, obligatoria, lo que significará _arriesgar el plazo de prescripción. Aunque son normas que podrían modificarse en su conjunto adecuarse, sigo sin ver su utilidad práctica.
Resulta difícil comprender que a la parte que no asista a la conciliación -trámite voluntario- se le castigue haciendo recaer sobre ella el peso adicional de la prueba. Ello ocurre cuando se establece: "En caso de no comparecer el citado, a pedido de la parte solicitante, el juez podrá convocar a una nueva audiencia bajo apercibimiento de que la incomparecencia de aquél se tendrá como presunción simple en contra de su interés en el proceso ulterior.". Imaginemos que una persona demanda a otra sin fundamento alguno, por 10 cual ésta decide no presentarse a los tribunales de justicia. En ese caso, la parte solicitante 10 puede requerir nuevamente. Si no concurre por segunda vez, al apercibimiento que se le ha hecho efectivo se le está otorgando un valor probatorio por anticipado, alterando el peso de la prueba de acuerdo con las normas comunes del Código de Procedimiento Civil. Me parece una norma excesiva y sin fundamento alguno, porque la conciliación es un acto voluntario. El acuerdo de las partes no puede transformarse en la imposición obligatoria de un juez a dos personas que tienen legítimos intereses distintos y estiman que en una sociedad democrática y en un estado de derecho,
esos intereses deben ser .resueltos por los tribunales de justicia.
Estos argumentos me hacen pensar que esta conciliación, previa y obligatoria, en lugar de favorecer la a.gilización de los procedimientos -propósito que inspira a los autores de la moción-, por el contrario, puede terminar siendo una medida dilatoria que perjudique el legítimo derecho y la pretensión del demandante.
Estas razones me inducen a solicitar al señor Elgueta que, si 10 tiene a bien, me dé algunos argumentos que desvirtúen las aprensiones señaladas en la Sala por distintos parlamentarios. Sobre esas bases será posible formarse un juicio respecto de la conveniencia o inconveniencia de una norma de esta naturaleza.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Campos.
El señor CAMPOS.- Señor Presidente, como estamos en la etapa de la discusión general, quiero comenzar mi intervención reiterando lo ya manifestado por otro colega de mi bancada, en el sentido de que los Diputados radicales y socialdemócratas vamos a votar favorablemente la idea de legislar sobre esta materia. Considerarnos sinceramente que dentro de las diversas reformas nuestros códigos de procedimiento que hemos tenido la oportunidad de conocer durante estos tres años de legislatura, el proyecto que hoy nos preocupa es uno de los más interesantes y desde el punto de vista práctico, está llamado a producir efectos de mayor consideración.
Señalo 10 anterior por cuanto quienes hemos tenido alguna experiencia en los tribunales de justicia con motivo del ejercicio de la profesión de abogado, bien sabemos que todo el sistema procedimental chileno, fundamentalmente en 10 vinculado con los juicios ordinarios, es de tal
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dilación que entraba, dificulta e impide que las controversias se solucionen con la celeridad y prontitud que exigen las circunstancias. También hemos advertido, por experiencia personal y profesional, que, muchas veces, la imposibilidad de alcanzar acuerdos no se debe tanto a la falta de interés de las partes, sino a que no existen las instancias procesales que faciliten su logro.
Consideramos que el proyecto patrocinado por el Diputado señor Elgueta, que plantea como norma imperativa el trámite de la conciliación previa en los procesos enumerados en él, es una idea extraordinariamente positiva, que debió estar incorporada recogida en nuestro código de enjuiciamiento hace bastante tiempo. Por lo tanto, le entregamos nuestra más amplia y completa aprobación. Sin embargo, independientemente de reiterar nuestra adhesión creemos que la iniciativa puede ser perfeccionada por la vía de la indicación.
He escuchado con mucha atención las reservas planteadas hace unos instantes por el Diputado señor Espina. En el fondo, manifestó que si no reparamos ciertos vacíos aparentes que presenta el articulado, esta buena intención de instar a la aceleración de los juicios y de promover un pronto arreglo entre las partes, puede transformarse, a la larga, en una triquiñuela, resquicio o procedimiento que pueden emplear abogados dilatorios, con el propósito de demorarlos más allá de lo aconsejable. La prevención del Diputado señor Espina es plenamente válida; pero se puede corregir perfectamente por la vía de la indicación en la discusión particular.
Una última duda, que también debe discutirse en el análisis particular del proyecto, se refiere a los tipos de procedimientos en los que el trámite de la conciliación previa tendrá carácter obligatorio. Tengo mis reservas en cuanto a las excusiones planteadas, pero, reitero, como es-
tamos en la discusión general, no es del caso entrar a puntualizarlas, y nos reservamos el derecho de formular las observaciones correspondientes en la discusión particular.
En consecuencia, votaremos favorablemente esta iniciativa para que se transforme en ley a la brevedad posible, puesto, desde el punto de vista práctico, permitirá crear las instancias para que los procesos se terminen sin mayor dilación. De otra forma, como ha ocurrido durante tantos años, se postergan más allá de lo debido, impidiendo que la justicia sea una realidad para las partes que la reclaman.
Es todo cuanto deseo señalar.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.
El señor BOSSELIN.- Señor Presidente, en primer lugar, me referiré a las observaciones relativas a las medidas cautelares.
Algunos señores Diputados han visto una' supuesta incompatibilidad o contradicción entre el trámite previo de la conciliación y las medidas cautelares. Ello no es así. El artículo 2º del proyecto, que sustituye el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, contempla en esta situación un conflicto mental, síquico entre las partes. Después que se presenta la demanda, que se contesta, que se efectúa la réplica y la dúplica y que se acompañan los documentos, es muy difícil lograr la conciliación, porque en ese momento ha estallado la guerra entre las partes. Eso es lo que acontece en los tribunales: estalla la guerra procesal, y cuando ello ocurre, no hay posiblidad de acuerdo. Son escasísimas las situaciones en que se aplica la conciliación establecida en el actual Código de Procedimiento Civil; prácticamente no se aplica; los tribunales no se juegan por lograrla, no buscan fórmulas de en-
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cuentro. ¿ Cuándo se pretende llegar a la conciliación? Cuando el proceso ha pasado por la Corte de Apelaciones o ya está en la Corte Suprema; es decir, después de haber consumido energías, cuando ha transcurrido bastante tiempo y se ha gas-tado mucho dinero. .
Por eso, este proyecto implica un cambio de mt!ntalidad, de orienlilción, que, entiendo, debe ser muy difícil de aceptar en un primer momento por los colegas, incluso por nosotros mismos, que fuimos formados en una determinada escuela, porque está alterando nuestro marco de referencia.
Este cambio sustancial no ha sido creación de los Diputados señores Elgueta, Bosselin, Gutenberg Martínez, Jorge Molina, y otros que hemos patrocinado esta idea, sino que lo hemos tomado del Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica, trabajado muy intensamente por los procesa listas de nuestro continente y de España. Por lo tanto, la institucionalización del trámite de la conciliación previa, lejos de constituir una dilación, acercará a las partes y acortará la tramitación.
Se dice que habrá mayores gastos porque se notificará dos veces. Eso no es así, porque la norma ya está contemplada en el artículo 253. Por lo tanto, no debe existir ese temor.
En otros países de nuestro continente se le ha dado tanta importancia a esta materia, que se ha establecido nada menos que en sus propias constituciones. En Uruguay, el artículo 255, de su Carta Fundamental dice: liNo se podrá iniciar ningún pleito en materia civil sin acreditarse previamente que se ha tentado la conciliación," etcétera. Es p.na norma de rango constitucional. En España, la conciliación también se presenta como un acto previo al proceso, que no es obligatorio. Esta observación es muy atendible y debemos meditar si la dejamos como obligatoria o facultativa; pero en España está considerado este trámite.
La Recomendación del Comité de Ministros a los Estados Miembros del Consejo de Europa, de 16 de septiembre de 1985, alienta, en los casos adecuados, el arreglo amistoso de los litigios y estimula para que se tomen en consideración medidas tales como, prever, con ventajas apropiadas, procedimientos de avenencia que, previamente al procedimiento judicial o al margen de éste, tendrían como objetivo resolver el litigio, o el de confiar al juez, entre sus tareas principales,la búsqueda de un arreglo amistoso del conflicto entre las partes, en todos los asuntos que se presten a ello, al inicio del procedimiento o en todas las fases apropiadas de éste. Es decir, en el continente europeo se ha visto que ésta también es una materia relevante y se ha estado incorporando a todas las legislaciones.
Escuchamos que los honorables Diputados se quejan de que este proyecto provocará determinadas alteraciones, que será inútil, que en la práctica será más engorroso. Ello no es efectivo, puesto que se trata de una instancia para buscar el acuerdo, el encuentro. Es más fácil lograr concesiones recíprocas entre las partes antes de la presentación de la demanda; después es muy difícil que se logre la conciliación.
El Diputado señor Rojo dijo que en la práctica se intenta la conciliación. Puedo afirmar que en algunos casos se hace, pero en la mayoría de ellos, no. ¿Por qué no se intenta? Porque los propios abogados no tienen la preparación o el esquema sicológico para recurrir a esta instancia previa, pues cuando hay procesos largos los honorarios suben más. A mayor contienda, mayores honorarios; a más recursos, mayores honorarios. En consecuencia, esta iniciativa pretende cambiar nuestra conducta.
Se argumenta que no sería conveniente establecer la conciliación para los juicios ejecutivos, que serían los más numerosos. También deberíamos rever este
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tema, porque el Diputado señor Rojo ha dado buenas razones para ello.
Asimismo, quiero expresar que este prQyecto tiene el infonne favorable de la Corte Suprema. Es decir, el organismo más conservador en materia judicial de nuestro país les lleva la delantera a los señores Diputados, quienes en este momento pasan a ser, no diría conservadores, sino ultra conservadores, porque están en contra de los avances.
Por tanto, pido reconsiderar su resolución a los colegas que van a votar en contra, porque éste es un avance, como lo ha precisado el Diputado don Jaime Campos, de mucha trascendencia e importancia, que está llamado, por primera vez en la historia de nuestro país, a cambiar el rumbo de nuestros códigos. Estos nunca han: sido objetos de innovaciones porque en Chile existe una mentalidad conservadora la cual ya ha sido modificada nada menos que en la Corte Suprema. Hago votos para que en la Cámara de Diputados también se produzca este cambio de orientación.
Concedo una interrupción al Diputado señor Elgueta.
El señor VIERA-CALLO (Presidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Elgueta.
El señor ELcUET A.- Señor Presidente, siempre que se pretende modificar un código, en este caso el de Procedimiento Civil, se fonnulan una serie de críticas. Es difícil configurar nuevas instituciones cuando respetables predecesores en el campo del derecho han escrito leyes tan notables que han perdurado por más de cien años. Lo propio es resistirse al cambio.
En este debate se han hecho observaciones que yo ya he fonnulado antes. Señalé, por ejemplo, la conveniencia de fijar un criterio respecto de las medidas prejudiciales precautorias. El hecho de que
existan esas medidas en nuestra legislación indica que ya hay procedimientos antes del pleito. ¿Y por qué necesariamente deben ser prejudiciales precautorias y no de conciliación? No hay ninguna razón para señalar que los trámites que se gestionan antes del pleito deben ser de conflicto y no de paz. Si admitimos que antes del pleito hay medidas de tipo beligerantes, también debemos concluir que puede haber medidas de paz.
Durante largo tiempo, por instrucciones de la Corte Suprema, los tribunales abrieron un espacio a las personas para que plantearan sus problemas e inquietudes, lo que fue conocido con el nombre de "audiencias populares", que muchas veces eran atendidas por el secretario del tribunal, una persona letrada que resolvía numerosos pleitos evitando la interposición de las demandas. Se levantaban actas -como le consta al señor Presidente, que en ese tiempo era Subsecretario de Justicia-, en las cuales se estampaban las pretensiones y soluciones acordadas entre las partes. De esa manera, se institucionalizaba la transacción que ya existía en el Código Civil.
En esencia, el proyecto propone que cambiemos nuestra mentalidad bélica, beligerante y conflictiva por la finalidad que es propia de la justicia: traer la paz a los conciudadanos, traer la paz a la comunidad humana. Los pleitos pueden ser muy buenos, pero como muy bien ha dicho el Diputado señor Bosselin, las palabras traen palabras, y al fijar una posición escrita en una demanda, muchas veces sin conocer a la contraparte, se cae en conceptos que provocan las pasiones y miserias, tan naturales en el hombre, que lo lleva a menoscabar en su conciencia el respeto que le merece su potencial rival.
En consecuencia, la filosofía del proyecto es traer la paz. Prefiero los gastos de una mediación a una guerra. ¡Caramba que lo sabemos en nuestro país cuando sé trata de las relaciones internaciona-
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les! Si eso mismo lo trasladamos al campo de los particulares, veremos que es preferible la mediación o conciliación previa al conflicto jurídico al pleito.
También señalé que la prescripción no era problema, porque en virtud de una indicación ya presentada, la conciliación debería interrumpir el plazo. De manera que esa gestión no sería una maniobra dilatoria para distraer a la otra parte y hacerla olvidar que se está cumpliendo el plazo que extingue su derecho.
Se sostiene, asimismo, que se agrega un trámite adicionaL Ello es efectivo, pero puede obviarse el resto del pleito si se llega a un arreglo.
Por la práctica que uno tiene en los tribunales, estoy convencido de que el juez, una autoridad en el Poder Judicial y en nuestra sociedad, puede, a veces, con una sola palabra, terminar un pleito que si dura largos años empobrecerá a las partes. Eso lo saben los jueces de policía local, del trabajo, e incluso, los inspectores del trabajo. Si estos últimos pueden producir una conciliación previa -incluso la ley otorga a estas actas el carácter de título ejecutivo-, ¿por qué negar esta posibilidad a los jueces, que supuesta y potencialmente tienen una mayor preparación, cultura y experiencia respecto de los juicio? Si tienen esta facultad ciertos funcionarios públicos, con mayor razón debemos reconocer esta habilidad, capacidad, idoneidad o competencia a los jueces de la República;
No he oído razones de fondo que impugnen este proyecto. Por lo demás, mis expresiones en cuanto a su filosofía se basan en artículos e intervenciones del señor Ministro de la Corte de Apelaciones, don Enrique Paillás, quien conoce mucho la legislación de Francia y de otros países europeos, difundidos en medios de comunicación. El ha sido uno de quienes ha preconizado que se lleve a efecto la conciliación previa a los juicios en Chile.
Agradezco la interrupción concedida por el Diputado señor Bosselin.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- En votación general el proyecto.
- Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Aprobado.
En consecuencia, el proyecto pasa a segundo informe.
- El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Al artículo 1º 1. De los señores Rojo, Rojos y Velasco
para suprimir en el artículo 252 bis, que se agrega al Código de Procedimiento Civil mediante este artículo, la oración "de los juicios o procedimientos especiales de que tratan los Títulos 1, 11, 111, V Y XVI del Libro Tercero, y".
Al artículo 2º 2. De los señores Rojo, Rojos y Velasco,
para suprimirlo Artículos nuevos. 3. Del señor Elgueta para consultar el
siguiente artículo 32:
11 Artículo 32.- La gestión de conciliación legalmente notificada interrumpe la prescripción." .
4. Del señor Aylwin para agregar el siguiente artículo:
11 Artículo ... - La diligencia previa establecida en el artículo 252 bis, no será obstáculo para la concesión de medidas prejudiciales preventivas.".
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8.- DENOMINACION DE LUGARES E INSTITUCIONES PUBLICAS. Primer trámite constitucional. Preferencia para tratar proyecto.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para tratar, a continuación, el proyecto de ley que regula la denominación de lugares públicos e instituciones de igual carácter, que figura en el sexto lugar de la Tabla.
Acordado.
Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior es el señor Leay, quien se encuentra ausente de la Sala.
- El texto del proyecto está impreso en el boletín Nº 144-06 Y figura en el número 41 de los documentos de la Cuenta de la sesión 20!!, celebrada el 28 de julio de 1992.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Ofrezco la palabra a algún miembro de la Comisión de Gobierno Interior que esté en condiciones de informar esta iniciativa.
El señor ELGUET A.- Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ELGUETA.- Señor Presidente, este proyecto, de iniciativa de los Diputados señores Palma, don Andrés, y Palma, don Joaquín, tiende a regular la denominación de los lugares públicos que indica.
La Comisión rechazó la idea general del proyecto, porque cuando se ,modificó la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades quedó establecido que era facultad de las corporaciones edilicias asignar y cambiar nombres a los bienes nacionales de uso público y a aquellos de carácter municipal, como igualmente a
los barrrios, poblaciones y conjuntos habitacionales.
Esta iniciativa se presentó con mucha anterioridad, por lo cual sus autores desconocían la enmienda que con posterioridad se introdujo a esa ley. Fundamentalmente, por la razón antes expuesta, esta iniciativa, de origen en una moción, fue rechazada por la unanimidad de los señores Diputados presentes en la Comisión, con la sola excepción del Diputado que habla.
El tenor del proyecto tendía a reglamentar algunas situacion~ que originaron abusos en la denominación de lugares, plazas u otros bienes nacionales de uso público.
La iniciativa expresa textualmente: "Artículo lQ.- Ningún lugar público ni
institución podrá llevar el nombre de una persona que esté viva.
"Artículo 2Q.- Se prohíbe que lugares
públicos o instituciones de igual carácter, lleven el nombre de alguna fecha que recuerde sucesos históricos relevantes, salvo transcurridos a lo menos 25 años de ocurridos.
11 Artículo 3Q.- Si a la fecha de entrada
en vigencia de esta ley, hubiese algún lugar o institución que no cumpla lo señalado en los artículos precedentes, tendrán un plazo no superior a 90 días para su modificación, hecho, que debe ser debidamente informado a la opinión pública."
Por las razones expuestas y luego del debate habido en la Comisión, ésta recomendó rechazar la ~,lea de legislar.
Es todo cuantoedo informar, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor García.
El señor GARCIA (don René Manuel).- Señor Presidente, este proyecto no se justifica porque sobre esta materia ya
5528 CAMARA DE DIPUTADOS
se ha legislado en otras leyes. Lo votaremos en contra por cuanto viola la autonomía municipal, puesto que los alcaldes y concejales tienen facultades para poner nombres a los lugares que estimen conve-nientes. .
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Bomba!'
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, sólo para anunciar que mantendremos el mismo criterio sustentado en la Comisión, dadas las razones que .aquí dio a conocer el Diputado informante, cual es que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades entrega a los municipios la facultad de dar nombres a lugares e instituciones públicas. Por ello, rechazamos el proyecto.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, por su intermedio, consulto al señor Diputado informante si en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que se está modificando se consagran disposiciones de carácter general de la naturaleza de las planteadas en el proyecto.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.
El señor ELGUET A.- Señor Presidente, no existe en la Ley Orgánica Municipal ni en otro texto una legislación de carácter general, como la que se ha planteado.
Iba a pedir la palabra para apoyar este proyecto, ya que no tiene vincul~ción con la normativa municipaL
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la -palabra el Diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, a mi juicio, en ningún caso esta iniciativa viola la autonomía municipal, porque no impone nombres, sino que establece una norma general. De acuerdo con la ley orgánica, la facultad privativa de colocar nombres sigue perteneciendo a las municipalidades. Esta es una disposición genérica que establece ciertas limitaciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor René Garda.
El señor GARCIA (don René Manuel).- Señor Presidente, no impone, pero ordena. Para el caso de que alguna calle tenga el nombre de persona viva, dispone que se cambie. Por lo tanto, viola la autonomía municipal, porque, en, la actualidad, los concejales y el alcalde pueden acordar, libremente, denominar una calle con el nombre de una persona viva.
Al respecto, un ejemplo concreto de lo que señalo es lo que ocurre en Temuco. Toda la comunidad está de acuerdo en que el estadio se llame "Germán Becker". Incluso, eso ha sido propuesto por el alcalde. Si aprobamos este proyecto, ello no será posible, porque el señor Becker, felizmente, está vivo.
Esta iniciativa afecta la autonomía municipal, porque prescribe que deben reemplazarse los' nombres de personas vivas con los cuales hayan sido denominados lugares públicos.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, no hay que olvidar que sólo estamos en el
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primer trámite, en el que se vota la idea de legislar. La aprensión del Diputado señor René Manuel García puede subsanarse en el segundo informe. Pero me parece sano que la denominación de ciertos lugares públicos, en virtud de algunos hechos históricos relevantes, se medite con profundidad.
En segundo lugar, se puede modificar el artículo 3º, para fijar que rija en el futuro y respete todo lo obrado hasta la fecha.
Las ideas del proyecto son sanas y absolutamente perfeccionables.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Villouta.
El señor VILLOUT A.- Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo expresado por los colegas Elgueta y Orpis, en el sentido de que el proyecto podría perfeccionarse en un segundo trámite. En esta materia, hay que tener presente que, en algunas ocasiones, se ignoran las proposiciones de nombres de juntas de vecinos o de las uniones comunales o, simplemente, no se les consulta. Muchas veces, estos cambios de nombres crean problemas.
Por lo señalado, votaremos favorablemente el proyecto para que vuelva a Comisión y su articulado se perfeccione.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.
El señor PALESTRO.- Señor Presidente, la colocación de nombres a plazas, avenidas o calles, incluso la erección de monumentos a personas relevantes de la vida nacional, han tenido una serie de dificultades, como en el caso de dos proyectos presentados en la Cámara para dar el nombre del siempre recordado Presidente, compañero Salvador Allende, a
dos calles importantes de Santiago: Santa Rosa, en toda su extensión, y avenida Departamental, cuyos nombres no dicen absolutamente nada. En cambio al denominarlas en la forma indicada se estaría rindiendo homenaje a ese gran Presidente, uno de los últimos elegidos democráticamente en Chile, derrocado por el señor Pinochet y los militares de este país.
Eso hay que solucionarlo a través de una ley. No se trata de atropellar la autonomía municipal, sino de que el Parlamento no se desprenda de antiguas atribuciones constitucionales. Aun cuando respetamos a los municipios democráticos actuales, creemos que, el Congreso puede imponer su criterio en determinados aspectos.
En el barrio alto, por ejemplo, hay varias calles con nombres puestos en forma atrabiliaria. El Congreso no participó en la denominación, manu militari de una avenida como "11 de Septiembre". Eso, a mi juicio, hecho a la "brutanteque" por los municipios del barrio alto. Hay muchos otros nombres que no fueron consultados ni a la municipalidad ni a los parlamentarios.
Votaré a favor de este proyecto porque le hace honor a la idiosincrasia, a la etnia. Es mejor, por ejemplo, Rapa-Nui y no Isla de Pascua, nombre este último que no le dice nada a los habitantes originarios de esa isla.
Por otra parte, no cejaré en el empeño de que el nombre del compañero Salvador Allende sea colocado, mediante una disposición legal o por resolución de las municipalidades a la calle Santa Rosa y a la avenida Departamental. Esta última cruza prácticamente todo Santiago, desde la cordillera a Maipú. Es una avenida importante y lo será aún más.
Por esa razón, pido que se envíen oficios a los municipios que tengan competencia sobre las calles que se llamarían "Salvador Allende", todo ello en relación con los dos proyectos de ley presentados:
5530 CAMARA DE DIPUTADOS
uno por los Diputados señores Estévez y Montes, y el otro por el Diputado que habla.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.
El señor ROJO.- Señor Presidente, cualquiera que sea la intención de este proyecto, las normas contenidas en los artículos 12 y 22, son totalmente procedentes. Nadie puede discutir que el nombre de una persona viva sea colocado en un lugar público, institución o calle. Lo mismo sucede respecto de los sucesos y fechas. Hay que analizar, en todo caso, que, dada la situación actual, es conveniente que ello rija a futuro.
Junto con considerar que dichos artículos son procedentes lo cual, en mi opinión, no admite discusión, debería aprovecharse este proyecto para agregar una disposición que obligara al Ministerio de Obras Públicas ya las respectivas municipalidades a señalar junto al nombre de rutas, vías o calles, el origen y significado de los nombres autóctonos, con una finalidad turística y de información. Por ejemplo, cuando uno llega a la ciudad de Llay Llay, nadie sabe por qué se llama así. Debería explicitarse que ese nombre significa "lugar de los vientos".
Por estas razones, votaré a favor de la idea de legislar.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Yunge.
El señor YUNGE.- Señor Presidente, desde ya, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa. En primer lugar, porque se puede establecer un mecanismo que permitirá normar diversos aspectos para la nominación y denominación de lugares
públicos. En segundo lugar, porque estimo pertinente el criterio contenido en el proyecto, en el sentido de que plazas, calles y otros lugares no sean denominados con el nombre de personas vivas. Esta fue una práctica de triste memoria para nuestro país en el pasado, más bien propias de culturas faraónicas, la cual, afortunadamente, está absolutamente superada.
En esta oportunidad, sobre esta materia quiero dar a conocer un ejemplo muy personal. Una junta de vecinos de la comuna de La Pintana, de la villa Santo T 0-
más, propuso al concejo de esa municipalidad cambiar la denominación de una plaza de esa población por la de "Diputado Guillermo Yunge".
- Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor YUNGE.- Enterado de tal situación, me dirigí formalmente a esa junta de vecinos para agradecer ese honor y declinarlo, porque no he aceptado jamás que una organización deportiva, un comité de allegados o una organización femenina lleve mi nombre, porque me parece absolutamente desproporcionado.
Por otra parte, en estos temas, muy simbólicos, hemos debido soportar grandes injusticias y afrentas para la memoria histórica de nuestro pueblo. En este sentido, desde el punto de vista de una efectiva reconciliación nacional de corazón, de cultura, hay una gran tarea pendiente. Esta Cámara aprobó hace poco el proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en memoria del ex Senador Jaime Guzmán Errázuriz, ...
El señor PALESTRO.- ¡Dos monumentos!
El señor YUNGE.- Dos monumentos, como bien me acota el Diputado señor Palestro. Con ello demostramos una amplitud de criterio y de espíritu que, por
SESION 61·, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5531
desgracia, la Oposición no ha exhibido en el caso del proyecto de ley para erigir monumentos en memoria del Presidente Salvador Allende. En el Senado duerme' el sueño de los justos, porque no hay voluntad política para aprobarlo por los sectores más recalcitrantes y duros de la Derecha, que se ofuscan y mantienen una posición, obcecada al respecto. En este aspecto, todavía tenemos mucho que aprender para abrir nuestros espíritus y voluntades desde el punto de vista de lo que implica la responsabilidad de reconocer que una historia, a pesar de los errores, de los aciertos y de las distintas interpretaciones que puedan hacerse, nos pertenece a todos.
Espero que este proyecto sea aprobado con el objeto de que en esta materia siga adelante el proceso iniciado en los últimos años, que tanto bien ha significado para todos los chilenos.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra la Diputada señora Cristi. .
La señora CRISTI.- Señor Presidente,· me alegro de que la Comisión haya tenido la sensatez de rechazar esta moción. Francamente, frente a tantos problemas pendientes en el país, es insólito que la Cámara de Diputados dedique parte importante de su trabajo a tratar un proyecto ya rechazado, que además está dedicado, porque lo que se pretende es que ninguna calle lleve el nombre de "Augusto Pinochet U garte" y que se elimine la denominación "11 de Septiembre". Es un absurdo que no tiene sentido, más si se considera el mismo espíritu a que se refirió el Diputado señor Yunge, que se inserta en un momento de reconciliación, de apacigl1amiento de los ánimos, objetividad, de grandes avances.
Por eso, de nuevo vamos a rechazar el proyecto.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Rocha.
El señor ROCHA.- Señor Presidente, el debate se ha apartado del contenido del proyecto y concuerdo, en alguna medida, con lo señalado por la Diputada señora Cristi.
Es importante tener las cosas claras. Querámoslo o no, ciertos nombres sig
nifican una agresión y no contribuyen a pacificar los espíritus. Si la Diputada señora Cristi viviera al lado de una calle denominada "Salvador Allende" o frente a una plaza llamada "Unidad Popular", no estaría grata. Por esta razón, el tema no es tan baladí y debe ocupar parte de nuestro tiempo.
Podrían adoptarse algunas soluciones. El Diputado señor Orpis, que también ha intervenido en el debate, debe recordar que en Hungría, adonde viajamos hace algún tiempo, observamos un sistema bastante original, que no vimos en ningún otro lugar que visitamos. El nombre del líder o el emblema que recordaba el período comunista estaba eliminado, pero con la colocación sobre él de una cruz al lado figuraba el que correspondía a la nueva época. De esta manera, se recordaba el período que quería olvidars~ y se exhibía el nombre que la institucionalidad exigía.
Insisto, el tema tiene alguna importancia. Por ejemplo, tengo amigos, que son de Izquierda, que viven en la antes calles Diagonal Oriente, que luego fue Battle y Ordóñez y que de pronto amaneció como "Jaime Guzmán". Para ellos no es grato y hay que decirlo. Pero este caso no lo resuelve el proyecto de ley; va a quedar su nombre puesto ahí.
En representación de mi bancada, reconocí el derecho del sector de erigir monumento a Jaime Guzmán, en respeto
5532 CAMARA DE DIPUTADOS
de quienes lo apoyaron, sobre todo porque tuvo la legitimidad que da la votación popular.
La Cámara debe estudiar el tema con altura de mira, sin miopía, a fin de dar una solución real e impedir, por ejemplo -en esto tiene razón la Diputada señora Cristi-, que mañana una calle se llame "Augusto Pinochet", nombre que a muchos nos produce desagrado.
La señora CRISTI.- ¡A mí no!
El señor ROCHA.- A usted no, pero piense por la mayoría del país. También es una agresión que en la capital de Chile exista la avenida "11 de Septiembre", fecha que muchos quisiéramos olvidar.
Por lo tanto, la materia es importante y debe ser analizada con tranquilidad. La Cámara debe dedicarle tiempo, porque de continuar la situación actual se provocará molestia, incomodidad y agresión a muchos conciudadanos.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Leay.
El señor LEA Y.- Señor Presidente, no corresponde llevar la disdlsión a nombre de personas. Respeto la opción del Diputado señor Palestro de querer el día de mañana una calle con la denominación de un Presidente que apoyó y también respeto la opción de la Diputada señora Criti. Pero eso no está en discusión.
Dos puntos del proyecto ameritan un análisis serio de parte de los señores Diputados. El primero dice relación con la atribución para dar nombres a las calles, fundamentalmente lo que se ha discutido. La ley Orgánica Municipal establece -como señaló el Diputado señor René García- que tal atribución corresponae al concejo municipal, el cual, a su vez, debe consultar al consejo económico y social, que representa a las bases de la comuni-
dad, según se desprende del texto que aprobó el Congreso. Por lo tanto, el punto está resuelto.
El segundo punto es más delicado, porque el proyecto no sólo habla de lugares públicos, sino que también de instituciones, y no veo por qué el día de mañana una persona viva podría estar impedida de formar una fundación en contra del Sida o del cáncer o en favor de los inválidos, o cualquier institución en beneficio de la comunidad.
El señor RQCHA.- Dice instituciones públicas.
EL señor LEA Y.- No, señor Diputado. No dice instituciones públicas; habla sólo de instituciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Señores Diputados, ruego evitar el diálogo y dirigirse a la Mesa.
El señor LEA Y.- Lo importante es respetar las facultades y autonomía de las comunas. La que corresponda sabrá si a Departamental le coloca "Salvador Allende". El problema lo resolverá el concejo municipal. Lo mismo para la avenida 1/11 de Septiembre" y cualquiera otra. Siempre habrán disputas y se dirá que un nombre no es representativo; pero la comunidad tiene que tomar la decisión .
. Es un absurdo limitar las opciones a las instituciones e impedir que el día de mañana, incluso las públicas, como dice el Diputado señor Rocha, puedan destacar una figura en el país mientras viva, sin necesidad de esperar 25 años.
Estas limitaciones van a la pequeñez. Impiden que se use el nombre de personas que se hayan destacado en cualquier actividad y beneficiado a la comunidad en general. Se está viendo 10 puntual y el pasado reciente; pero la legislación es a futuro. Por ello, es indispensable la amplitud de criterio y no mirar sólo 10 nega-
SESION 61 il, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5533
tivo ocurrido en los últimos años; no ocuparse en las cosas que nos separan, sino en las que nos unen, y en definitiva posibilitar que gente que se destaque en nuestro país, de cualquier condición, pueda tener su nombre en una calle, en una plaza o bien en alguna institución.
Con la venia de Su Señoría, concedo una interrupción al Diputado señor Rojo.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.
El señor ROJO.- Señor Presidente, en diversas intervenciones se ha señalado que el proyecto atenta contra la autonomía municipal, en circunstancias de que, en ningún caso, quita la atribución al concejo municipal para la designación de calles.
En los artículos 12 y 22 , el proyecto contempla dos nonnas que deben ser respetadas, nadie puede discutir su procedencia. Podemos. discutir incluso la supresión del artículo 3~ pero los dos anteriores son precisamente para que los municipios los cumplan.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Puede continuar el Diputado señor Leay.
El señor LEA Y.- Señor Presidente, está bien lo que menciona el Diputado señor Rojo; pero lo importante es que se está limitando una atribución.
El' concejo tiene la atribucióri de asignar el nombre de un ser vivo o no a una plaza o calle. Su decisión está respaldada, además, por la comunidad. Así se establece hoy en la ley orgánica y esto se seguiría respetando. No impediría que el día de mañana la comunidad pudiera colocar el nombre de un ser vivo a una plaza o calle. Si para ella es significativo, lo
decidirá ¿ Por qué la va a limitar el Parlamento? Es decisión de la comunidad.
,El Diputado señor Orpis me solicita una interrupción. Por su intermedio, se la concedo.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.
El señür ORPIS.- Señor Presidente, he solicitado la interrupción para contradecir al Dip-:.ttado señor Leay, no para apoyarlo, tal como se lo he señalado.
BásicaMente, la idea contenida en el proyecto no restringe al tema contingente y perfeccionándola podemos ir mucho más allá, al valor que tiene. Por eso, me gustaría rescatar este ámbito.
He presentado dos indicaciones: una al artículo 12, y otra al artículo 32, para eliminarlo.
Por rawnes distintas el artículo 32,
atenta contra la autonomía municipal, porque el cambio de denominación corresponde a los concejos municipales, de acuerdo c:m las nonnas que aquí se han indicado, y no me parece correcto que se estén modificando estos criterios. Si el concejo quiere cambiar una denominación el día de mañana, tiene plena facultad para hacerlo hoy.
En segilndo ténnino, la indicación al artículo P, es para eliminar la palabra "institucién". Aquí quiero respaldar lo expresado por el Diputado señor Leay, porque los lugares públicos, desde mi punto de vista, no deberían llevar nombres de personas vivas. En este sentido, no se dice instituciones públicas, sino simplemente "institución", y el alcance podría ser muy extenso.
. En general, los lugares públicos deberían llevar el nombre de personas fallecidas, porque por mucho respeto que tenga la comunidad hacia una persona viva, ésta siempre estará sujeta a la contingencia. Podrá recibir mucho apoyo en un
5534 CAMARA DE DIPUTADOS
momento determinado y en otros no. En definitiva, constantemente habrá que cambiar el nombre de los lugares públicos. Cuando una personas ha fallecido, la comunidad tiene mesura y madurez para aquilatar su nombre en lugares públicos, y esto asegura la permanencia.
El señor PALESTRO.- ¡Y algunas pueden ser demasiado vivas!
, El señor ORPIS.- No deseo caer en lo contingente, Diputado Palestro. Hay que dar altura de miras al debate.
Esa es mi opinión respecto del artículo 1Q
•
Quiero rescatar esos criterios. Lo mismo ocurre con los hechos históricos, que el tiempo los va aquilatando.
Ya que estamos comenzando una nueva etapa, estimo que al eliminar el artículo 3Q
, dejar esa facultad a los propios concejos y, por otra parte, rescatar los momentos históricos que deben tener mayor preponderancia en el tiempo, se puede dar mayor estabilidad y reconocimiento para no cambiar permanentemente el nombre a estos lugares.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- ¿Me permite señor Diputado?
Terminó el Orden del Día. Si le parece a la Sala, se procederá a
votar el proyecto.
El señor SABAG.- ¡No!
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- No hay acuerdo.
VII.- INCIDENTES.
9.- ADMINISTRACION DE RECURSOS DE DIGEDER POR COORDINADORAS REGIONALES. PROPOSICION DE COMISION ESPECIAL INVESTIGADORA.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- A las 12.30 se inaugurará en el edificio de la Corporación una escultura de la destacada artista chilena Marta Colvin. Corno no hay proyectos de acuerdo y para que pueda asistir a este acto la mayor cantidad de parlamentarios, propongo suprimir Incidentes de esta sesión.
El señor CHADWICK.- ¡No!
El señor VIERA-GALLO (Presidente).- No hay acuerdo.
En primer tumo corresponde al Comi-té del Partidos Socialista.
Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En .el tumo del Comité de la Unión
Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Chadwick.
El señor CHADWICK.- Señor Presi-' dente, quiero referirme a una situación de especial seriedad y gravedad que me ha correspondido conocer en los últimos días.
Durante este último tiempo, los Diputados de la UDI hemos recibido diversas denuncias acerca de presuntas irrgularidades que se estarían cometiendo en la administración de los recursos que Digeder entrega a las denominadas coordinadoras regionales.
En razón de los antecedentes contenidos en las denuncias respectivas, por oficio de esta Cámara solicitamos a la Contraloría General de la República que nos enviara los informes sobre las auditorías efectuadas en las coordinadoras regionales de la Digeder.
SES ION 61 l1, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5535
Esos informes, que hemos recibido en los últimos días, permiten detectar gravísimas irregularidades en la administración de los recursos, específicamente en la denominada coordinadora de la zona sur de la Región Metropolitana.
Estos antecedentes, que pondremos a disposición de la Sala, permiten precisar, hasta la fecha, tres graves irregularidades en los siguientes ámbitos:
Primero, las adquisiciones de implementos deportivos se han realizado sin perdir cotizaciones ni emitir órdenes de compra.
Segundo, en la mayoría de los casos, se trata de proveedores que, antes de abastecer a la Coordinadora Sur, no realizaban actividades en ese rubro. No son fabricantes ni importadores de los productos que comercializan y, algunos de ellos, son proveedores exclusivos de las coordinadoras de la Digeder. Las compras efectuadas en estas condiciones por la Coordinadora mencionada alcanzan a la suma de 101 millones 320.637 pesos.
El informe de la Contraloría también hace mención, en cuanto a esta forma de adquirir los implementos deportivos, a una serie de ~jemplos ilustrativos de las irregularidades cometidas que revelan la gravedad de la situación.
Asimismo, hace referencia a una empresa que se denomina Benson Chile S.A., cuyo giro comercial son las consultorías profesionales. La Coordinadora de la zona sur de Santiago le compró, en el mes de enero de 1992, 100 equipos multiuso para adultos por un valor de 4 millones 500.000 pesos.
Don Hemán Ayala Gómez, cuyo rubro comercial es de frutas, botillería y verdulería, amplió su giro en el mes de mayo de 1991 a la confección de prendas de vestir deportivas. La Coordinadora de la zona sur le hizo compras por valor de 25 millones 276.337 pesos. Cabe señalar, además, que don Hernán A yala es coor-
dinador comunal de una de las dependencias de la Digeder.
Doña María Angélica Roldán Camacho, cuyo giro comercial es de contratista y construcción, también aparece ampliando su giro, en marzo de 1991, al de fabricación y comercialización de artículos deportivos y sus implementos.
El informe dice que durante 1991, esta señora no registró ninguna operación comercial. Pero en 1992, vendió artículos deportivos, exclusivamente a la Digeder, por un monto de 168 millones 615.235 pesos. Por consiguiente, el informe de la Contraloría sobre la Coordinadora Sur de la Digeder establece que, en materia de adquisición de implementos deportivos, existen gravísimas irregularidades que ascienden a sumas superiores a los 200 millones de pesos.
Un segundo aspecto, también relacionado con estas irregularidades, que señala el informe de la Contraloría, dice relación con el control de los implementos deportivos que las coordinadoras distribuyen en clubes y asociaciones deportivas.
El informe expresa que no existen procedimientos adecuados para el control de las entregas de los elementos deportivos, afirmando que, de esta forma, resulta imposible efectuar una efectiva fiscalización acerca del destino de los implementos deportivos que entregan las coordinadoras de la Digeder de la Región Metropolitana. Por ejemplo, en una inspección realizada a las bodegas de la zona sur de Santiago, se pudo detectar, entre otras irregularidades, que compras de artículos deportivos no se encontraban registrados en los inventarios de Digeder y, aún más, que entre ellas se señalan las siguientes: 980 equipos de multiuso, 2.198 balones de fútbol y más de 100 mesas de pinpón. Es decir, se trata de implementos deportivos comprados por la Cordinadora Sur de Digeder que no figuran en sus inventa-
5536 CAMARA DE DIPUTADOS
rios. Por consiguiente, se desconoce a qué lugar han sido destinados.
En tercer lugar, el informe de la Contraloría hace una referencia específicá a la forma como las coordinadoras metropolitanas han desarrollado los programas y actividades de la Digeder.
Existe una empresa denomina Evenchi S.A., cuyo representante legal es el señor Juan Claudio Reyes Saldías, conocido dirigente del Partido de la Democracia Cristiana. Esta empresa ha celebrado contratos con las Coordinadoras de Digeder de la Región Metropolitana por la suma de 260 millones 908.110 pesos, cantidad que recibió en forma anticipada, sin dar garantía alguna respecto de esos recursos.
El señor HAMUY (Vicepresidente).Ha terminado el tumo del Comité de la UD!. Puede continuar su intervención en el del Comité de Renovación Nacional, que le ha cedido su tiempo.
El señor CHADWICK.- Termino en seguida.
Además, se desconoce cómo fueron adjudicados dichos contratos.
Pero esto ,no es lo más grave. La Contraloría sólo ha logrado acreditar hasta el momento ventas de esa empresa por la cifra de 63 millones de pesos. Es decir, de 260 millones de pesos, Evenchi ha logrado rendir cuenta con facturas propias, de 63 millones de pesos, todos estos documentos emitidos con considerable posterioridad, como lo especifica el citado informe, a la realización eventual de dichos programas.
En un acá pite especial de ese informe se destaca que, debido a que se representó esta situación, hace cinco días llegó un informe de la Digeder con facturas de Evenchi, emitidas en febrero y marzo de este año, que rinden cuenta de diñeros entregados hace más de dos años. Es decir, con facturas posteriores a dos años y con otras proporcionadas por don Juan
Claudio Reyes, en forma personal, se pretende rendir cuenta de esos 260 millones, con lo cual se produce una duplicidad de facturas sobre el mismo servicio.
Esta situación es considerada en los informes de Contraloría como extraordinariamente irregular y seria. Por esta razón, he querido entregar en esta oportunidad tales antecedentes, de manera que esos hechos puedan ser esclarecidos hasta lograr la verdad. Con ello se está contribuyendo a obtener la mayor transparencia en estas materias, sobre todo cuando se trata de la administración de recursos fiscales destinados al deporte y a la juventud de nuestro país.
No queremos hacer un juicio a la actividad deportiva en Chile; no queremos que esto enlode a una institución como la Digeder, ni a personas, sin que previamente se puedan establecer sus responsabilidades.
Deseamos agradecer al Director de la Digeder, don Iván Navarro, que nos haya proporcionado los antecedentes requeri-dos. .
Para dar garantías al país, es indispensable dar cumplimiento a nuestra función fiscalizadora y actuar con la mayor transparencia en la administración de estos recursos fiscales.
Señor Presidente, con su venia concedo una interrupción al Diputado señor Coloma.
El señor HAMUY (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, junto con el Diputado señor Chadwick hemos presentado el siguiente proyecto de acuerdo, para ser votado en la próxima sesión.
"En ejercicio de la función fiscalizadora que la Constitución Política de la República entrega a esta Honorable Corporación, nos hemos informado de una serie
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de irregularidades en la administración de los recursos que Digeder entrega a sus coordinadoras zonales.
"Las denuncias que sobre la materia hemos recibido dicen relación con el funcionamiento administrativo y financiero de las coordinadoras de la Región Metropolitana de Digeder, especialmente de la zona sur.
"Frente a este cúmulo de denuncias, enviarnos oficios a la Contraloría General de la República, para que nos informara acerca de auditorías y fiscalizaciones que dicha repartición hubiera efectuado a estos organismos.
"El análisis de los informes que la Contraloría nos ha hecho llegar evidencian, a juicios del propio organismo contralor, notorias irregularidades en la administración de los recursos que Digeder entrega a sus coordinadoras, específicamente de la zona sur, en relación con la adquisición de artículos deportivos, control de implementos deportivos y realización de actividades y programas. Esos informes son concluyentes en establecer la existencia de graves irregularidades en la administración de los recursos para el deporte de las coordinadoras zonales de Digeder.
"Por tanto, en cumplimiento de las funciones que la Constitución nos entrega en forma exclusiva, consideramos nuestro deber exigir el total esclarecimiento de estas presuntas irregularidades, más aún cuando pueden estar comprometidos los recursos que todos los chilenos destinamos a una actividad tan importante como el deporte.
"Por las razones anteriores, los Diputados que suscriben venimos en presentar el siguiente
"Proyecto de Acuerdo: "Constitúyase la Comisión Especial
Investigad"ora de Digeder, cuyo objeto será esclarecer toda presunta irregularidad administrativa, contable, jurídica y financiera de dicho organismo desde
marzo de 1990 hasta la fecha. Además, deberá aclarar todas las observaciones, reproches e irregularidades que haya detectado o detecte la Contraloría General de la República, en ejercicio de su rol contralor.
"La Comisión se conformará según lo dispuesto en el artículo 213, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y tendrá un plazo de 60 días para evacuar su informe." .
He dicho.
10.- PAGO DE IMPOSICIONES A EX TRA BAJADORES DEL PEM Y POJH. Oficio.
El señor HAMUY (Vicepresidente).- El turno sig'.liente corresponde al Comité del Partid) por la Democracia.
Tiene Ia palabra el Diputado señor Muñoz Barra.
El señ·)r MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, todos sabemos que el actual sistema previsional chileno determina que los tféi bajadores hombres deben detener sus faenas a los 65 años, y las mujeres, a los 60 años, cuando están adscritas a un plan de previsión. También existe lo que llamo "el gran volador de luces": la posibilidad de la jubilación anticipada, que consEtuye una utopía para quienes tienen un:l renta baja, pues les impide acceder a los beneficios del sistema del ahorro.
Solicito que se oficie al señor Ministro del Trabajo respecto del siguiente problema. En el gobierno autoritario pasado, se creó un sistema que fue una verdadera explotación de los trabajadores chilenos, conocido como el PEM y el POJH. A los trabajadores del PEM, se les pagaba 3.000 pesos, 1.500 pesos cada quince días; y a los del POJH, 8.000 pesos. Ello significó que incluso profesionales, como médicos, ante la cesantía existente en ese período,
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debieron trabajar en ese plan que constituyó una verdadera explotación de los trabajadores. No olvidemos que las municipalidades que contrataban a estos personales, los ponían a disposición de empresas privadas.
El problema que en ese entonces no se visualizaba, hoy se observa en forma muy descarnada cuando decenas de miles de trabajadores chilenos han querido presentar sus papeles de jubilación al Instituto de Normalización Previsional o a las AFP: se han encontrado con sorpresa de que en los sistemas del PEM y del POJH, no se efectuaban las imposiciones correspondientes. De manera· que hoy se percatan de que les faltan 5 ó 6 años de imposiciones, 10 que les imposibilita acogerse a jubilación por haber cumplido los 65 años.
El informe Rettig señaló en sus conclusiones que el Estado tenía responsabilidades cuando se violaban los derechos de las personas y que debía asumir la obligación ineludible de otorgar la compensación respectiva. Así se ha procedido en muchos casos y el Estado ha debido indemnizar por diferentes vías.
Por 10 tanto, solicito que el señor Ministro del Trabajo envíe al Congreso Nacional un proyecto, a fin de que el Estado pague las imposiciones de los trabajadores que prestaron servicios en el PEM y el POJH durante ese período, ya que hoy no es posible hacerlo por no existir una ley de continuidad de la previsión.
He dicho.
- Aplausos en las tribunas.
El señor HAMUY (Vicepresidente).Advierto a las personas que se encuentran en las tribunas que está prohibido hacer manifestaciones.
Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría y de los Comités del PPD y del Partido Socialista.
11.- PA VIMENTACION DE CAMINO A VILLA ALHUE (Región Metropolitana). Oficio.
El señor HAMUY (Vicepresidente).En el turno correspondiente al Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el Diputado señor Vicente Sota.
El señor SOT A.- Agradezco al Comité Radical Social Demócrata el tiempo que me ha cedido.
Señor Presidente quiero insistir en esta Cámara, una vez más, sobre el abandono en que se encuentra un pueblo que, por su tradición histórica, debiera interesar a todos los parlamentarios. Me refiero a Alhué.
Alhué fue una encomienda de doña Inés de Suárez, y, según cuenta la leyenda, allí se plantó la primera parra en Chile. En la Colonia, el gobernador don José Antonio Manso de Velasco, en vista de la importancia de la explotación de minerales de oro en aquella zona, fundó en 1743, la ciudad de Santa Cruz de triana, hoy Rancagua, para servir de centro a la población minera situada originalmente en Alhué. Sin embargo, en la actualidad, la denominada Villa Alhué está absolutamente abandonada.
Quiero leer parte de una desolada crónica publicada en un importante diario capitalino en que se relata un completo operativo cívico que, utilizando helicópteros, realizó hace poco Carabineros de Chile en ese abandonado pueblo. Dice el periodista: liLa ayuda llegó del cielo. ¿Y de dónde más, si el consultorio más cercano está en Melipilla, a dos horas de viaje? ¿Si los caminos deben buscar el hueco entre los cerros y son intransitables en invierno?".
Esta pobreza del enclave alhuino, de 5.000 habitantes, situado a 140 kilómetros de Santiago, ha rayado a veces en la indigencia. Recién dispone de un médico, después de dos años y medio de ausen-
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cia; existe un sólo teléfono en toda la comuna; la televisión se recibe en forma defectuosa; no hay una sola calle pavimentada; después del terremoto de 1985, que asoló la zona, los organismos del Estado han construido 20 viviendas. En fin, la incomunicación que sufre esta conmnidad rural ha influido en la obtención de deficientes resultados educacionales. Así lo demuestran los índices del Simce que colocan a Alhué en los más bajos lugares de esa encuesta.
Es urgente que el Ministerio de Obras Públicas acuerde la pavimentación del camino que une Villa Alhué con Melipilla y se decida sobre el proyecto de rea~ pertura de la antigua ruta colonial hacia Rancagua. Ello, unido a la conexión de teléfonos y televisión, servirá para sacar de su injusto aislamiento a ese noble lugar.
Pido que se oficie una vez más, en mi nombre y en el de mi Comité, al señor Ministro de Obras Públicas para que se realicen las obras que he señalado.
Aprovecho para rechazar la respuesta de la Dirección de Vialidad a un oficio mío, por la cual comunica que recién se iniciarán los estudios pertinentes. No me parece aceptable esa contestación, por cuanto, desde hace tres años, el Diputado que habla ha estado insistiendo en la ejecución de esas obras.
El señor HAMUY (Vicepresidente).Ha terminado el t~ del Comité del Partido por la Democracia.
El señor SOT A.- Finalmente, por respeto a la tradición histórica de Alhué y teniendo presentes consideraciones de verdadera justicia, pido que el Ministerio del ramo responda concretamente sobre las peticiones que he formulado.
El señor HAMUY (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, en su nombre y en el de los Comités del
Partido por la Democracia y de Renovación Nacional.
12.- ALCANCES SOBRE ADMINISTRACION DE RECURSOS DE DIGEDER POR COORDINADORAS REGIONALES.
El señor HAMUY (Vicepresidente).- El tumo siguiente corresponde al comité del Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Diputado don Jorge Pizarro.
El señor PIZARRO (don Jorge).- Señor Presidente, en esta oportunidad, quiero manifestar mi complacencia por la seriedad y la forma en que el Diputado señor Chadwick dio a conocer a esta Honorable Cámara las graves irregularidades producidas en el Consejo Provincial de Deportes Maipo. Y digo que me parece bien la manera en que lo ha planteado, porque, de acuerdo con el informe de la Contraloría, es efectivo que habrían existido una serie de irregularidades y de hechos que ameritan una investigación por parte de los tribunales de justicia.
Quiero aclarar más algunos de los antecedentes entregados por el colega Chadwick.
En primer lugar, el informe de la Contraloría surgió en virtud de un oficio que se enviara a ese organismo a petición del Di putado señor Bosselin, a mediados del año pasado. Ese informe se elaboró desde septiembre de 1992 en adelante y ha sido entregado sólo el 6 de abril.
En segundo lugar, debo aclarar que estamos hablando del Consejo Provincial de Deportes Maipo, que corresponde a una corporación privada, autónoma respecto de la Digeder, cuyos dirigentes y funcionarios administrativos se generan por elección de los propios consejos locales. Pienso que ésa es la manera de proceder, porque no podemos confundir la res-
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ponsabilidad de la Dirección de Deportes del Estado con el funcionamiento irregular de una corporación privada
Esto es lo primero que debemos tener presente. De lo contrario, se puede prestar para malos entendidos, como lo señaló el señor Diputado al final de su intervención.
El informe de Contraloría detecta irregularidades respecto de adquisiciones, registros contables, fondos a readir cuenta, e incluso de la forma en que se llevaba el control de existencia por parte de la corporación privada Coordyr ~;ur (Coordinación de Deportes y Recreación).
Me llama la atención que exi:5ta contradicción entre lo que manifestó el Diputado señor Chadwick y lo que planteó en el proyecto de acuerdo el Diputado señor Coloma, porque en él se pide ql1e efectuemos la fiscalización a través de una Comisión Especial, sin que teng,amos, lamentablemente, facultades para hacerlo en este caso específico.
Creemos que, en cuanto a la transparencia en el manejo de los recursos públicos, debe quedar en claro ante el país la administración de los mismos. En este caso, para los efectos de proporcionar los recursos, la Dirección de Deportes opera contra proyectos presentados por las corporaciones. Sobre esa base, entrega los recursos del Estado, y ese aspecto es conveniente que lo podamos fiscalizar y aclarar. Me alegra que el Diputado señor Chadwick haya dicho que encontró la información y colaboración adecuada y oportuna por part~ del señor Director General de Deportes, porque así es como se debe proceder en estos casos. .
En tercer lugar, la Digeder, efectúa auditorías internas que permiten controlar que efectivamente los fondos sean bien asignados y gastados en los proyectos que correspondan y, si hay .~rregularidades, que ellas se corrijan.
En este caso específico, la auditoría interna había detectado algunas irregulari-
dades en este sector. Por ello, de todas maneras el señor Director de Deportes adoptó medidas en este asunto. Con fecha 112 de marzo de este año, a pesar de no contar con el informe de la Contraloría, porque se demoró mucho, se exigió que el coordinador de deportes de la Región Metropolitana, área sur, de este consejo provincial, hiciera dejación de su cargo. También se le ha pedido la renuncia al jefe del departamento técnico y al jefe administrativo de dicha coordinación regional, por la causal de significativo desorden administrativo en el manejo de los recursos girados por Digeder al Consejo Provincial de Deportes Maipo, elIde marzo de 1993, es decir, hace un mes y medio.
De manera que, en nuestra opinión, frente a este caso, procede que el propio señor Director de Deportes sea quien entregue a la justicia ordinaria los antecedentes establecidos en el informe de la Contraloría General, para que quienes resulten culpables de malos manejos, de . dolo, de falsificación de documentos, etcétera, reciban el castigo que corresponde de acuerdo con 10 resuelto por los tribunales.
Nosotros somos los primeros interesados en investigar todos y cada uno de los actos ejecutados por quienes administran los recursos del Estado. Siempre hemos exigido transparencia en el cumplimiento de estas funciones. Nos gustaría poder investigar este caso, y muchos otros, si tuviéramos la facultad de fiscalizar. Desearíamos tener esa facultad no sólo desde el 31 de marzo de 1990, para indagar todo lo ocurrido durante la administración anterior en estas materias, porque también hubo irregularidades manifiestas de Generales de la República que dirigieron la Dirección de Deportes, las cuales, hasta hoy, no han sido sancionadas por nadie.
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-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PIZARRO (don Jorge).- Nos gustaría tener facultad para fiscalizar, como corresponde, todos los actos del régimen militar. Sin embargo, la Constitución de 1980, aprobada y sustentada por ustedes, hasta ahora no nos pennite ejercer nuestra función parlamentaria en esa materia. Entonces, si aquí hablamos de fiscalizar, hagámoslo en serio; si planteamos que se debe actuar con transparencia, seamos consecuentes. No se opongan a las refonnas necesarias para pennitir que el Parlamento tenga más facultades, ni a refonnar la Constitución en' todas aquellas materias que instituyen un verdadero mecanismo de veto por parte del poder militar, el cual establece garantías para que ustedes puedan estar tranquilos de que no serán investigados hacia atrás, frente al país.
Señor Presidente, quiero recoger el tratamiento serio con que el colega Chadwick abordó el tema, porque él sabe que no tenemos facultades para fiscalizar esta corporación privada.
Deseo que estos antecedentes pasen efectivamente a la justicia ordinaria, por- ' que eso es lo que corresponde, a fin de que respondan quienes resulten culpables, sean del partido que fuere.
Por último, el tema de la fiscalización merece un debate mucho más profundo, poque muchas veces se la confunde o utiliz~ como causal e~al, con el objeto de realizar actividades demagógicas o emitir opiniones o juicios que, en muchos casos, a la larga, enlodan la honorabilidad de las personas, se transforman en voladores de luces y, a la postre, quedan reducidos a la nada. Si vamos a fiscalizar, tratemos el tema en serio.
En la próxima sesión, los Comités podrían destinar una hora o una hora y media para la discusión de este proyecto de acuerdo en la Sala, a fin de acotar el problema de fondo: cómo fiscaliza la Cáma-
ra, a quiénes podemos fiscalizar, y que la Constitución actual no nos cercene la posibilidad de investigar todo lo que deberíamos fiscalizar en el país.
He dicho.
13.- CAMBIO DE NOMBRE A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES TRASPASADOS A LAS MUNICIPALIDADES. Oficio.
El señor HAMUY (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, tiempo atrás, la Honorable Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros presentes, aprobó un proyecto de acuerdo por el que solicitaba al Ministerio de Educación dictar el decreto correspondiente para que los establecimientos educacionales traspasados a las municipalidades o creados por ellas y aquéllos entregados en administración, según el decreto ley NQ 3.166, de 1980, sean conocidos por un nombre, dejando de utilizar la individualización con letras y números.
En virtud de ese proyecto de acuerdo, el Ministerio de Educación dictó el decreto Nº 406, publicado en el Diario Oficial de 9 de noviembre de 1992, por el cual ordenó estos cambios de denominaciones. Establece que las municipalidades y las corporaciones mencionadas, de las cuales dependan los establecimientos educaciones que no tengan más individualización que la letra y el número, deberán proponer, al Secretario Regional de Educación que corresponda, antes del 15 de diciembre de 1992, un nombre que los identifique y que cuente con la confonnidad de la comunidad escolar.
Para los efectos administrativos, el Ministerio de Educación podrá asignar a
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cada establecimiento educaciona( un dígito verificador.
El caso es que, habiendo vencido el plazo señalado en el decreto correspondiente, aún no se ha dado cumplimiento a este cuerpo legal, motivo por el cual los liceos y escuelas continúan denominándose por números y letras.
Señor Presidente, solicito que se envíe oficio al señor Ministro de Educación, con el objeto de que informe sobre el cumplimiento del decreto NI! 406, ya enunciado, y pedirle, al mismo, que procure agilizar el procedimiento de cambio de denominación.
He dicho.
El señor HAMUY (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
14.- NIVELACION DE ASIGNACION DE ZONA ENTRE FUNCIONARIOS PUBLICOS. Oficio.
El señor HAMUY (Vicepresidente).Tiene la palabra el Dipuado señor Baldemar Carrasco.
El señor CARRASCO.- Señor Presidente, nuestra Constitución Política consagra la igualdad ante la ley. Dice que en Chile no hay persona ni grupo privilegiados, y que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias ..
En abril se publicó la ley NI! 19.133, la cual, entre otros aumentos de remuneraciones, incrementa, en un ciento por ciento la base de cálculo de la asignación de zona para el Poder Judicial. Al reconocerse esa necesidad de cálculo, se crea un grave problema en relación con todos los demás funcionarios de la Administración Pública que perciben asignación de zona. Si se concedió este aumento al Poder Judicial, 10 lógico es que este beneficio se haga extensivo a todos los funcionarios
públicos que perciben esa asignaclOn. En efecto, por el artículo '?-, del decreto
ley NI! 249, de 1973, junto con rebajarse la asignación de zona y, posteriormente, aumentarla al estado actual, se modificó la modalidad de cálculo del pago. A los regidos por la Escala Unica les mantiene el sueldo base, y a los demás, el total de las remuneraciones.
Cuando se consagró dicha disposición legal, estas dos fórmulas de cálculo producían el mismo efecto, por cuanto los funcionarios afectos a la Escala Unica tenían como remuneración total lo que percibían, y la asignadón de zona era, simplemente, el doble de lo que ganaban. Sin embargo, ahora el sueldo base es sólo una pequeña parte del total de las remuneraciones, ya que, a lo largo de algunos años mediante leyes o decretos se establecieron remuneraciones adicionales para los funcionarios del sector público, tales corno la asignación profesional, la asignación de fiscalización, etcétera, las que en conformidad con las disposiciones correspondientes, fueron declaradas no afectas a la asignación de zona. Entonces ante la realidad de que la asignación de zona que perciben los funcionarios públicos de nuestras regiones no dice relación con el total de sus remuneraciones, sino con una base muy pequeña del mismo, lógicamente esa asignación disminuye en forma grave. Así, quienes tienen una asignación de zona del ciento cinco por ciento, terminan percibiendo, dentro del total de sus remuneraciones, una asignación no superior al 25 ó 30 por ciento. Este es un hecho grave porque en la actualidad la carestía de la vida en los lugares donde se entrega esa asignación es muy superior a lo que se percibe. Esta situación está impidiendo que funcionarios, especialmente profesionales, tengan. un aliciente para irse a trabajar a las zonas extremas del país.
Por eso, es fundamental que se aplique el artículo 19, NI! 2, de la Constitución
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Política, que prohíbe establecer diferencias arbitrarias.
Solicito que se oficie al señor Ministro de Hacienda, a fin de que se aumente el sueldo base de los funcionarios públicos sobre el cual se calcula la asignación de zona. De esa manera, percibirán una asignación de zona igual a la del Poder Judicial. Estimamos justo que ella corresponda a la realidad que se quiso imponer cuando se determinó el cálculo sobre el sueldo base, 'por lo cual en ese momento esa asignación .era el dohle de lo que percibían.
He dicho.
El señor HAMUY (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
15.- METODOLOGIA UTILIZADA EN ENCUESTA DE TELEVISION NACIONAL DE CHILE SOBRE USO Y CONSUMO DE DROGAS. Oficio.
El señor HAMUY (Vicepresidente).- El tumo siguiente corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Diputado señor Claudio Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ (don Claudio).Señor Presidente, quiero manifestar mi preocupación por una encuesta efectuada por Televisión Na<j9nal, en relación con el uso y consumo de drogas.
Hace algunos días, ese Canal realizó una encuesta pidiendo a los televidentes pronunciarse a favor o en contra de la idea de legalizar el uso de las drogas en nuestro país. El sistema utilizado consistió en invitar a participar, en la citada encuesta, en forma abierta a todas las personas que quisieran hacerlo, para lo cual bastaba con llamar al Canal para opinar en un sentido u otro. Dada la metodología empleada, el resultado fue el úni-
co que se podía esperar: desastroso. Demostró que prácticamente el 70 por ciento de las personas encuestadas estaban a favor de la legalización del uso yconsumo de drogas.
Después de este resultado, ¿qué duda puede caber de que quiénes llamaron al Canal son consumidores de drogas o bien decididos partidarios de su legalizaciórt? ¿Cómo se controló que la misma persona que llamó telefónicamente al Canal no lo hubiera hecho en varias ocasiones? ¿Cómo se verificó -la objetividad de la muestra de la encuesta y el resultado de su medición?
Creo que nada de eso se cauteló y, lo que es peor, su resultado inducirá a error a importantes sectores de nuestra sociedad, que sentirán plenamente justificado su accionar en ese sentido.
Resulta difícil aceptar que en un canal de televisión que es de todos los chilenos se cometa este tipo de equivocaciones que influyen erradamente en el comportamiento de muchas personas. Y ello no es todo, pues acciones como ésta afectan en forma negativa la motivación de muchas personas e instituciones que trabajan diariamente y con gran esfuerzo en la rehabilitación de drogadictos, como igualmente en tareas de prevención.
Por último, estos hechos provocan una gran contradicción con los esfuerzos que realiza el Gobierno sobre esta materia, como asimismo el Congreso Nacional.
Señor Presidente, la circunstancia y las razones expuestas, me llevan a solicitar de esta Corporación el envío de un oficio, en nombre de Renovación Nacional, al señor Director de Televisión Nacional, para manifestarle nuestra preocupación por la desafortunada intervención de su Canal en los hechos señalados.
He dicho.
El señor HAMUY (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
5544 CAMARA DE DIPUTADOS
El señor BAYO.- Señor Presidente, respaldo y hago mías las expresiones del Diputado señor Claudio Rodríguez. Deseo que no sólo se exprese nuestra preocupación a ese Canal, sino que se enfatice, además, la necesidad de no repetir actuaciones como las comentadas e, incluso, hacerle notar los riesgos que se corren dado el grado de desinformacié,n existente en la población.
16.- CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUi::>.
El señor BAYO.- Señor Presidente, hoy me voy a referir a un hecho que se conmemora en todo el mundo, cual, es el "Día Mundial de la Salud", d~ acuerdo con 10 establecido hac,e varios. decenios por la Organización Mundial de la Salud.
Como es tradicional, esta fecha se conmemora llamando la atención acerca de un tema prevaleciente, de alta significación para la salud del planeta, tratando de orientar a la comunidad toda hacia la realización de acciones,inclu~'endo las educativas, que ayuden a tener una mejor calidad de vida. Este llamado s~ materializa a través de un lema cancterístico para cada año, que ahora es: "La vida es frágil, rechacemos la violencia :r la negligencia".
Es preciso meditar sobre este lema. Es necesario que la ciudadanía sepa que en Chile fallecen, por accidentes, alrededor de 8 mil personas al año, esto e5, proporcionalmente, seis veces más qu-~ en Estados Unidos o en Australia, en relación con el número de automóviles, él 10 que se debe agregar un alto número e.e heridos o lesionados graves con secuehs de por vida para ellos y sus familias. Esto redunda en un costo de más de 200 millones de dólares al año, a pesar del gran esfuerzo que significa, entre otras acciof:es, la importante labor desarrollada por Carabineros de Chile, a través de la Brigada del
Tránsito y a nivel de las escuelas. Es preocupante, por decir 10 menos, que hoy se vuelva a plantear en el mundo un lema similar al ya formulado por la misma Organización Mundial de la Salud hace más de 25 años, pues en un día como hoy, con el lema "Los accidentes no son accidentales", se quiso llamar la atención sobre 10 mismo que hoy nos inquieta. Han pasado los años y la situación no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado.
En esa oportunidad, se trataba de orientar hacia la prevención de accidentes y de los traumatismos, de mejorar la vida. En realidad, los esfuerzos no han sido suficientes. Al papel del Estado y de la comunidad organizada debe incorporarse activamente el individuo como tal, responsable primario y fundamental de su propia salud, actor indispensable en todo programa que desea trascendencia y éxito, 10 mismo que auguramos al programa que desde Valdivia -ciudad saludablehoy se inicia en Chile.
Con la participación de la Oficina Sanitaria Panamericana y del Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Salud trata de incorporar a la comunidad en acciones de prevención y promoción de la salud orientadas por este lema que, por 10 menos durante un año, no debemos olvidar.
Sé que ahora todos los parlamentarios tienen inquietudes de índole política. No debemos olvidar que este es un año electoral y que cuando se acercan las elecciones todos se empiezan a preocupar de la salud. En especial, debemos recordar que nuestros hijos y los hijos de-nuestros hijos serán los principales beneficiados si actuamos con la responsabilidad que nos pide y exige este Día Mundial de la Salud.
He dicho.
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17.- ALCANCE A INTERVENCION SOBRE NIVELACION DE ASIGNACION DE ZONA A FUNCIONARIOS PUBLlCOS. Oficios.
El señor HAMUY (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Horvath.
El señor HORV ATH.- Señor Presidente, una vez más me sumo a las palabras del Diputado señor Baldemar Carrasco respecto del problema de la asignación de zona.
Sin embargo, quisiera ser más específico, en el sentido de pedir que se oficie a los Ministerios de Hacienda, de Salud, de Obras Públicas y, sobre todo, del Interior, a fin de que revise las horas extraordinarias que son obligados a trabajar los funcionarios y operarios públicos, las cuales no se les paga con la asignación de zona. A partir de ahí podríamos empezar a resolver el problema.
El señor HAMUY (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.
18.- EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS EN AISEN. Oficio.
El señor HORV ATH.- Señor Presiden-
te, solicito que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de apurar el cumplimiento de compromisos de obras públicas en el sector de Aisén, relativos a la realización del camino entre Las Juntas y Raúl Marín Balmaceda, transversal Nº 1 de la zona, y al que une Puerto Tranquilo con Exploradores, proyectos iniciados y que se encuentran paralizados por cambio de prioridades y compromisos no resueltos en la zona.
Igualmente, en cuanto a la ejecución del puente sobre el río Rosselot, en el desagüe del lago del mismo nombre, con motivo de la inauguración de puentes de la Carretera Austral, se tomó un compromiso presidencial que tampoco se ha cumplido.
Tenemos antecedentes de que los proyectos y los fondos se podrían actualizar este año para que las obras sean llevadas a cabo.
He dicho.
El señor HAMUY (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.
Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.
- Se levantó a las 13.21.
JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.
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VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.
Santiago, abril 2 de 1993.
"Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado- respecto del proyecto de ley que modifica la Ley NQ 3.063, de 1979, sobre rentas municipales y la Ley N2 17.235, sobre impuesto territorial.
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley NQ 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico la referida urgencia de "simple".
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Belisario Velasco Baraona, Ministro del Interior Subrogante".
2.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.
Santiago, abril 5 de 1993.
"Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que fija la Planta de Personal de la Empresa Portuaria de Chile (boletín N2 939-15).
Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en lo~ artículos 26 y siguientes 'de la Ley NQ 18.918, califico de "suma".
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Germán Molina Valdivieso, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones".
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3.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.
Santiago, abril 5 de 1993.
"Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley NQ 18.340, Arancel Consular de Chile (boletín NQ 842-10).
Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley NQ 18.918, califico de "simple".
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Edmundo Vargas Carreño, Ministro de Relaciones Exteriores Subrogante".
4.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.
Santiago, abril 5 de 1993.
"Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que prorroga la vigencia de la Oficina Nacional de Retomo y modifica diversas disposiciones legales complementarias (boletín Nº 891-07).
Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley NQ 18.918, califico de "simple".
Dios guarde a V.B.,
(Fdo,): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Francisco Cumplido Cereceda, Ministro de Justicia".
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5.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.
Santiago, abril 5 de 1993.
"Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley sobre estatuto de la atención primaria de salud (boletín NQ 598-11).
Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de 10 dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley NQ 18.918, califico de "simple".
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Julio Montt Momberg, Ministro de Salud".
6.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.
Santiago, abril 5 de 1993.
"Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el d.espacho del proyecto de ley que modifica el Decreto Ley Nº 258, de 1974, sobre Radio Nacional de Chile (boletín NQ 139-07).
Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de 10 dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley NQ 18.918, califico de "simple".
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Enrique Correa Ríos, Ministro Secretario General de Gobierno".
SESION 61 i, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5549
7.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.
Santiago, abril 5 de 1993.
"Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento deV.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley sobre Plantas de Personal de las Municipalidades (boletín NQ 821-06).
Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley NQ 18.918, califico de "simple".
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): Patricio Aylwiri Azócar, Presidente de la República; Belisario Velasco Baraona, Ministro del Interior Subrogante".
8.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.
Santiago, abril 5 de 1993.
"Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley sobre asociaciones de funcionarios del Estado (boletín NQ 696-06).
Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley NQ 18.918, califico de "simple".
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Belisario Velasco Baraona, Ministro del Interior Subrogante".
5550 CAMARA DE DIPUTADOS
9.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.
Santiago, abril 5 de 1993.
"Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que fija la planta de personal para la Dirección del Trabajo (boletín N° 811-13).
Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley N° 18.918, califico de "simple".
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; René Cortázar Sanz, Ministro del Trabajo y Previsión Social".
10.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.
Santiago, abril 5 de 1993.
"Honorable Cámara de Diputados:
,Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que reprime desórdenes y hechos de violencia cometidos en estadios y otros centros deportivos con ocasión de espectáculos públicos (boletín NO 259-07).
Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de 10 dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley Na 18.918, califico de "simple".
Dios guarde a V.E.,
(Pdo.): Patricio Aylwin Azócat, Presidente de la República; Belisario Velasco Barao~ na, Ministro del Interior Subrogan te" .
SESION 61&, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5551
11.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.
Santiago, abril 5 de 1993.
"Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que dicta normas sobre adopción de menores, deroga la Ley N218.703 y modifica la Ley NI! 7.163 (boletín N2 899-07).
Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despachoJ en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de 10 dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley NI! 18.918, califico de "simple".
Dios guarde a V.E., (Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Francisco Cumplido
Cereceda, Ministro de Justicia".
12.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.
Santiago, abril 5 de 1993.
"Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que otorga beneficios a los funcionarios que indica, regidos por la Ley NI! 15.076 (boletín N2 926-11).
Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley NI! 18.918, califico de "simple".
Dios guarde a V.E., (Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Julio Montt Momberg,
Ministro de Salud".
13.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.
Santiago, abril 5 de 1993.
"Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que modifica las normas sobre
5552 CAMARA DE DIPUTADOS
pensión de vejez y regula la rebaja de edad para pensionarse por vejez en los regímenes administrativos por el Instituto de Normalización Previsional (boletín NQ 599-13).
Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley NQ 18.918, califico de "simple".
Dios guarde a V.E., (Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; René Cortázar Sanz,
Ministro del Trabajo y Previsión Social".
14.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.
Santiago, abril 5 de 1993.
"Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento deV.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley sobre concesiones de energía geotérmica (boletín NQ 571-08).
Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cup1plir. en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de 10 dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley NQ 18.918, califico de "simple".
Dios guarde a V.E., (Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Alejandro Hales Jamar
ne, Ministro de Minería".
15.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.
Santiago, abril 5 de 1993.
"Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sustituye la Ley ~ 18.403 (boletín NQ 653-07).
Al mismo tiempo y en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley NQ 18.918, califico de "simple". .
SESION 611, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5553
Dios guarde a V.E., (pdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Belisario Velasco Barao
na, Ministro del Interior Subrogan te" .
16.- Informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley que modifica el artículo 505, del Código de Procedimiento Penal, en lo relativo a la notificación de las sentencias judiciales (boletín NI! 624-07).
"Honorable Cámara de Diputados Honorable Senado:
La Comisión Mixta que designásteis para proponer :a forma y modo de resolver las divergencias producidas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica el artículo 505, del Código de Procedimiento Penal, en 10 relativo a la notificación de las sentencias judiciales, tiene el honor de elevaros su informe.
De conformidad con 10 que dispone el artículo 68, de la Constitución Política de la República, el H. Senado designó a los integrantes de su Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Regla~ento, los HH. Senadores Hemán Vodanovic Schnake, Sergio Diez Urzúa, Sergio Fernández Fernández, Carlos Letelier Bobadilla y Máximo Pacheco Gómez, para concurrir a formar esta Comisión Mixta.
La H. Cámara de Diputados hizo otro tanto y designó para ese efecto a los HH. Diputados señores Andrés Aylwin Azócar, Mario Devaud Ojeda, Jorge Molina Valdivieso, Víctor Pérez Varela y Raúl Urrutia Avila.
Convocados por el señor Presidente del Senado, ero cumplimiento de 10 dispuesto por los artículos 20, de la ley NQ 18.918, Orgánica Con:;titucional del Congreso Nacional, y 36 del reglamento del Senado, los mencionados señores parlamentarios se reunieron el día de hoy en la Sala de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, procedieron a constituirse y a elegir Presidente, por acuerdo unánime, al H. Senador señor Hemán Vodanovic Schnake.
Se deja constancia que la Excma. Corte Suprema manifestó parecer favorable a la iniciativa en el primer y segundo trámites constitucionales.
Acto seguido, la Comisión Mixta se abocó a su tarea, de cuyo resultado da cuenta el presente informe.
A la sesión que se dedicó a este asunto asistió también el señor Ministro de Justicia, don Francisco Cumplido Cereceda.
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Durante la tramitación del proyecto de la referenCia :,e suscitó entre ambas Cámaras una diferencia que se procura zanjar mediante la gestión de la Comisión Mixta.
La controversia se ha originado en el rechazo por parte del H. Senado a la idea de legislar en el proyecto aprobado por la H. Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional.
La iniciativa de ley aprobada por la H. Cámara de Diputados, como se sabe, modifica el artíclllo 505, del Código de Procedimiento Penal, que manda notificar la resolución que ordena cumplir la sentencia de segunda instancia -"el cúmplase" - sólo al condenado. La modificacion que se pretendía introducir permitiría que esa resolución fuera notificada al condenado o a su representante, indistintamente.
5554 CAMARA DE DIPUTADOS
De esta forma, sostienen los autores de la moción, se busca evitar que los condenados a pena privativa de libertad a quienes aún falta tiempo por cumplir la sanción sufran las nefastas consecuencias del encarcelamiento, aun cuando cumplan los demás requisitos para obtener el beneficio del indulto.
El proyecto constaba de dos artículos, uno permanente y otro transitorio. Por el primero se entregaba al juez de la causa la falcultad para disponer en la gene
ralidad de los procesos que el cúmplase fuera notificado al condenado o a su abogado, en forma indistinta.
El artículo transitorio ordenaba al juez, en términos imperativos, notificar la referida resolución a los denominados procesados políticos o a sus abogados, indistintamente.
En el segundo trámite constitucional, el Senado introdujo dos sustanciales modifica.ciones al proyecto. Por una parte, hizo imperativa la norma del artículo l Q -que se pro- . ponía facultativa por la Cámara de Diputados- y, por otra, eliminó la distinción que se hacía en el proyecto entre procesados de distinto' carácter.
De esta forma, el Senado acordó agregar un inciso final al artículo 503, del Código de Procedimiento Penal que manda notificar la referida resolución al procesado o su representante, indistintamente y decidió, a~imismo, rechazar el artículo transitorio.
En el transcurso de la sesión de la Comisión Mixta el H. Diputado señor Aylwin enfatizó los aspectos sociales que presenta el problema que pretende resolver este proyecto de ley. Señaló que el procesado normalmente se ve obligado a sufrir situaciones crueles e inhumanas durante el lapso -de entre uno y dos meses- que transcurre desde que la sentencia definitiva le es notificada hasta cuando obtiene el indulto.
Sostuvo que, practicada la notificación, el condenado, de acuerdo a la normativa vigente, debe ser recluido nuevamente para recién entonces iniciar la tramitación del indulto. De esta forma se interrumpe su proceso de rehabilitación, se altera. severamente su situación familiar y se ve afectado gravemente en la esfera laboral. En el caso de los procesados por delitos políticos, ocurre frecuentemente que han dejado de delinquir y se han reinsertado a la vida social normal.
En este sentido el proyecto se inscribe en el proceso global de reconciliación que vive el país; aunque, advirtió, la moción busca beneficiar tanto a los delincuentes comunes como a los políticos.
Con el objeto de superar la controversia surgida, el Presidente de la Comisión Mixta, H. Senador señor Vodanovic, propuso a ésta aprobar el texto que fuera despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del H. Senado que se consigna en su informe de 15 de diciembre de 1992.
Este texto, de un solo artículo, agrega un inciso final al artículo 50S, del Código de Procedimiento Penal y recoge el propósito fundamental del proyecto. En efecto, dispone en términos imperativos y sin distinguir entre tipos de deliricuentes, que el cúmplase de la sentencia de segunda instancia se notificará al condenado o a su representante, indistintamente.
Puesta en votación, la proposición fue aprobada por 5 votos a favor y 3 en contra. Se pronunciaron a favor los HH. Senadores señores Letelier, Pacheco y Vodanovic y los HH. Diputados señores Aylwin y Devaud. Lo rechazaron los HH. Senadores Diez y Fernández y el H. Diputado señor Urrutia.
Como consecuencia del acuerdo anterior la Comisión Mixta tiene el honor de recomendaros que aprobéis, en una sola votación, corno prescribe la ley NQ 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, el siguiente
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SESION 611, EN MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 1993 5555
PROYECTO DE LEY:
11 Artículo único.- Agrégase al artículo 505, del Código de Procedimiento Penal el siguiente inciso final:
liNo obstante lo establecido en los incisos anteriores, el cúmplase de la sentencia de segunda instancia se notificará al condenado o a su representante, indistintamente.".".
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Acordado en sesión celebrada con esta fecha, con asistencia de los HH. Senadores señores Hemán Vodanovic Schnake (Presidente), Sergio Diez Urzúa, Sergio Femández Fernández, Carlos Letelier Bobadilla y Máximo Pacheco Gómez y de los HH. Diputados señores Andrés Aylwin Azócar, Mario Devaud Ojeda y Raúl Urrutia Avila.
Sala de la Comisión Mixta, a 30 de marzo de 1993.
(Pdo.): Fernando Soffia Contreras, Secretario".
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