NÚMERO OCHO / FEBRERO 2013

para la Evaluación de Políticas de Prevención contra la Violencia y la Delincuencia

Actividades recientes del ObservatorioPrograma Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Mi parque*ChileRecuperar áreas verdes, crear comunidad

SERIE: SEGURIDAD Y CIUDADANÍA

BomberosEstación central 54 92 197Sub-Estación Sur: 50 60 248, TELCEL: 116 (Gratuito)

Cruz Roja065, 51 6 44 55, 51 6 40 03

Policía Municipal de Oaxaca de Juárez060, 51 4 45 25, 51 6 04 00, 51 6 04 55

Incendios ForestalesSecretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA) 501 69 00 Ext: 25 283 y 25 385

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 51 6 51 12

Fugas de gas50 16 600, 50 16 611, 51 8 00 94 Ext. 201 y 202

Agencia Estatal deInvestigaciones51 1 51 26, 51 1 51 51 y 51 1 51 55

Dirección de Tránsito del Estado57 25 800, 57 25 801 y 57 25 802

Emergencias

DENUNCIA AL 089Servicio telefónico las 24 horas los 365 días del año

Policía Federal Preventiva (PFP)51 8 78 70 y 51 8 78 71

Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajares delEstado (ISSSTE)51 5 33 11, 51 5 35 00, 51 5 39 02, 51 5 31 44 y 51 5 34 96

Fugas de gas50 16 600, 50 16 611, 51 8 00 94 Ext. 201 y 202

Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso51 5 14 22, 51 5 32 00, 51 5 13 00 y 51 5 17 11

Hospital General de Zona no.1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)51 3 66 30, 51 5 20 33, 51 5 20 56, 51 5 20 87 y 51 5 21 67

Instituto Estatal de Protección Civil de Oaxaca1 44 70 27

PORTADA: http://www.facebook.com/miparqueFUENTESDiario Oficial de la Federación http://dof.gob.mx/Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca http://www.sspo.gob.mx/Mi parque http://www.miparque.clSecretaría de Gobernación http://www.gobernacion.gob.mxPresidencia de la República http://www.presidencia.gob.mx/

OBSERVATORIO

2 | El Observatorio Ciudadano de Oaxaca trabajando. Actividades recientes. 4 | Observando la Seguridad en México. Actividades de diferentes Observatorios del país. 6 | Mi parque. Recuperar áreas verdes, crear comunidad. Una experiencia Chilena.10 | ¿Cuándo esperar resultados en materia de seguridad?. Por Ricardo Sepúlveda.12 | Posicionamiento de México Evalúa acerca del Informe Federal de Datos Preliminares sobre Indicadores de Seguridad.14 | Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.16 | Acuerdos para la creación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.20 | Actividades de la Secretaría de Seguridad Pública.22 | Informe Federal de Datos Preliminares sobre Indicadores en Materia de Seguridad.24 | Indicadores de Víctimas visibles e invisibles de Homicidios.

Este febrero de 2013 ha resultado fundamental para la defi-nición, implementación y desarrollo de las políticas de se-guridad pública en México. Por un lado, el Plan Nacional de

Prevención del Delito delineado en diciembre por el Ejecutivo Federal y las instancias consultivas y ejecutivas, se ha derivado ya en lineamientos y acuerdos que esperamos coadyuven en las consecución de sus objetivos. Por otro lado, en lo estatal, el Ob-servatorio Ciudadano ha intensificado su labor de vinculación y observación, lo que ha permitido dar pasos firmes en el desarrollo de nuestro Plan de trabajo.

Cabe hacer mención, por ejemplo, que con el acompañamiento de diversas instancias como el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, hemos visto re-flejado ya en proyectos algunas de las ideas en las cuales hemos puesto mayor énfasis en el último tramo de nuestro trabajo: la

capacitación en materia de seguridad y el proyecto de Acerca-miento a la Justicia, de los que hemos dado cuenta en números anteriores del boletín y que muy pronto, así lo esperamos, co-menzarán a ver la luz.

Por ello, este febrero resulta promisorio y productivo para quienes participamos en este esfuerzo. La convocatoria sigue abierta a especialistas, organizaciones, ciudadanas y ciudadanos, para que se acerquen a este Observatorio y entre todos construyamos la seguridad social que Oaxaca requiere. Por lo pronto, esperamos que este material sea de utilidad y pueda contar con la retroali-mentación de ustedes, nuestros amables lectores.

Guadalupe Yolanda Zarza BriseñoPresidenta

Diseño y producción del Boletín STAFFCOM. Despacho de comunicación.

staffcom.oaxaca@gmail.com / 51 3 57 99

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Arranque de proyecto piloto:Prevención desde la seguridad social y económica

El Observatorio Ciudadano presentó en el mes de febrero avances del proyecto piloto: Prevención desde la seguridad social y econó-mica, con la selección del Municipio a trabajar, el cual será San Sebas-tián Tutla con la producción del mole negro.

Cabe mencionar que las autoridades municipales ya llevaron a cabo un concurso para la selección de la mejor receta y las familias que participarán en la instalación de talleres de producción.

El 8 de febrero de 2013, el Observatorio Ciudadano sostuvo una reunión con el Procurador de Justicia del Estado de Oaxaca, Ma-nuel de Jesús López López en las instalaciones de la Procuraduría.

En dicha reunión se trató el tema de la Medicina Forense al Servi-cio de la Impartición de Justicia, para lo cual estuvieron presentes dos doctores especialistas en el tema, líderes a nivel nacional e integrantes distinguidos del Instituto Politécnico Nacional.

Reunión con el Procurador de Justicia del Estado de Oaxaca

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Acercamiento a la justicia Publicación de reporte mensual

El Observatorio Ciudadano se ha reunido en dos ocasiones con el Centro de Educación Continua (CEC) del Politécnico Nacional y sus titulares, así como con investigadores en Cibernética y de-sarrollo regional, con los cuales hicimos la presentación al pleno del Tribunal Superior de Justicia del Proyecto Acercamiento a la Justicia, el pasado viernes 1 de febrero en Ciudad Judicial.

El Proyecto será presentado en breve a la sociedad en general para sus observaciones.

En este primer boletín del 2013, el Observatorio Ciudadano te presentó en la Serie: Seguridad y Ciudadanía, el Programa Comuna Segura, una experiencia chilena.

El Programa Comuna Segura – Compromiso 100 es en la actuali-dad uno de los programas de inserción local más importantes del Gobierno de Chile para prevenir y controlar la violencia y el con-sumo de drogas. Fue la experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas patrocinado por Dubai en 2004. También te presentamos actividades recientes del Observatorio así como de diversos Observatorio del país. Abordamos en este número te-mas relevantes como la Ley General de Víctimas y los acuerdos aprobados de la II Sesión Extraordinaria del Consejo de Seguridad Pública.

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OBSERVANDOla Seguridad en México Observatorio Ciudadano

de Juárez

Observatorio Ciudadano de Chihuahua

En el Centro de Cómputo del Instituto de Cien-cias Sociales y Administración, de la Universi-dad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), se llevó a cabo el viernes 18 de enero de este 2013 la primera sesión, del Taller de SPSS (Statical Pac-kage for the Social Sciences), organizado por el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas del Municipio de Juárez y la UACJ.

El taller es impartido por el Dr. Jesús Alberto Rodríguez Alonso, Profesor Investigador de la UACJ y tiene la finalidad de fortalecer las capa-cidades de docentes y de estudiantes de beca trabajo y servicio social que se incorporaron este semestre al Observatorio y al Centro de Investigaciones Sociales (CIS) formado a me-diados de enero de 2011.

Fuente:http://www.observatoriodejuarez.org/dnn/

A finales de enero de 2013, el Observatorio Ciudadano de Seguridad del Estado de Chi-huahua dio a conocer el reporte total de las denuncias presentadas ante la Fiscalía Ge-neral del Estado, comparando las cifras con los casos atendidos por la Dirección de Se-guridad Pública Municipal en los delitos de homicidio doloso, robo a casa habitación, a comercio y de vehículos, informó el Diario El Heraldo de Chihuahua.

Los municipios que se tomaron en cuenta en la incidencia delictiva fueron: Chihuahua, Delicias, Parral, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc y Ciudad Juárez. Entre el 70% y 80% de los casos atendidos por la Direc-ción de Seguridad Pública Municipal no se

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presentan a la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía dio fe de 2 mil 016 homicidios perpetrados durante el 2012. Abril y marzo fueron los meses con mayor número de casos al registrar 217 y 225, respectivamente; el promedio mensual por este delito fue de 168 casos en el estado. En cuanto a robo de vehículo, la FGE registró 13 mil 358 denuncias en el 2012, promediando men-sualmente mil 113 robos a vehículo. Con las todas las cifras presentadas, el Obser-vatorio Ciudadano destacó que el 83 por ciento de las denuncias no llega a las ins-tancias correspondientes.

Fuente: http://www.oem.com.mx/elheraldodechihua-hua/notas/n2863408.htm

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Observatorio Ciudadano de Seguridad y Gobernanza Urbana GuerreroCon la asistencia de integrantes y representantes del Observa-torio Ciudadano de Seguridad y Gobernanza Urbana del Estado de Guerrero; del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y de la Asesoría en Se-guridad Pública. Consultorías se realizó una reunión de trabajo en las instalaciones de la Universidad America de Acapulco el 16 de enero de 2013.

Los puntos tratados en la reunión fueron el Informe de avances en la operación del Observatorio Ciudadano, la presentación de la página de internet así como la exposición de Metodología de los indicadores.

Fuente; http://www.observatoriociudadanodeguerrero.org.mx

Observatorio Nacional Ciudadano

Luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación en enero de este año, el Observatorio Nacional Ciudadano por la Se-guridad, la Justicia y la Legalidad, exhortó al Poder Legislativo, co-rregir a la brevedad las deficiencias de la Ley General de Víctimas, informó el Diario la Prensa.

“Hacemos un atento llamado a los integrantes del Poder Legisla-tivo para retomar la discusión de la Ley de Víctimas y corregir las debilidades que se han señalado por diversos actores, con el fin de que contemos con un instrumento jurídico que garantice la aten-ción de las víctimas en todo el país”, afirmó Ricardo Sepúlveda, Director General del ONC.

En su cuenta de Twitter el Observatorio Nacional Ciudadano tam-bién ha expresado la demanda de que esta Ley sea modificada en beneficio de todas las víctimas.

Fuente: http://www.observatorionacionalciudadano.org.mx

Mi parqueRecuperar áreas verdes, crear comunidad

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En Octubre del 2007 un grupo de ar-quitectos, preocupados por darles una mayor dignidad a las personas,

plasmaron sus preocupaciones y experien-cias en un proyecto que buscaba mejorar el entorno diario de la comunidad. Así nace Fundación Mi Parque, iniciativa cuyo obje-tivo es mejorar las áreas verdes del Chile Urbano.

Adquirida durante el 2008 la personalidad jurídica, se comenzó a abrir un amplio ho-rizonte de oportunidades de trabajo a lo largo de Chile. Junto con los proyectos co-menzó a aumentar el equipo y las empre-sas privadas interesadas en colaborar en esta misión.

Gracias al apoyo de distintos actores del mundo privado y público, en el 2011 se podía hacer un recuento de 53 proyectosrealizados, 28 empresas participantes, 308 millones en aportes, 386,000 m2 interve-nidos, 24 comunas, 6,461 árboles plan-tados, 152,000 personas beneficiadas y 3,890 voluntarios.

Mi Parque se centra en la recuperación y creación de áreas verdes comunitarias en las zonas más vulnerables de la Región Me-tropolitana (Santiago).

El proyecto busca dar solución a la nece-sidad de espacio público efectivo en po-

blaciones marginales y/o comunidades más desfavorecidas en zonas planificadas por plan regulador pero que no han llega-do a ser concretadas. Para su ejecución, logran comprometer entidades públicas y privadas, cada proyecto es financiado en gran medida por la empresa privada quie-nes también ayudan como voluntarios en la ejecución del proyecto; compromete y hace partícipe a la comunidad y los propios vecinos en la creación de espacios de con-vivencia, integración social y esparcimien-to; la entidad gubernamental comunal presta el apoyo logístico y se compromete a la futura manutención de dicho espacio.

El Proyecto busca generar un cambio en la calidad de vida real de las personas, por medio de la implantación de áreas verdes que genera a su vez, instancias para “cam-biar hábitos”, creando comunidades más empoderadas y con menos problemas sociales de delincuencia, drogadicción e inseguridad. Su objetivo es construir espa-cios donde niños, jóvenes y adultos salgan a recrearse y tengan un lugar adecuado para la interacción al aire libre.

La Fundación expone en su página que la intención de generar un cambio significa-tivo en la gestión de las áreas verdes en las comunidades vulnerables de ese país , se enfrenta con la realidad de que en Chile el espacio público muchas veces es concebido

Fuente: Estrategias y mejores prácticasen prevención del delito con relación a áreas urbanasy juventud en riesgo.Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad

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como el lugar de nadie por parte de sus ha-bitantes.

Así mismo, las políticas públicas de vivien-da y urbanismo siguen centradas en la so-lución de la unidad de vivienda, restando una inmensa tarea en lo que su entorno e infraestructura se refiere.

“Muchas familias en Chile están sufriendo las consecuencias al tener entornos tan poco dignos que han debilitado la vida comuni-taria y han orientado a los jóvenes a activi-dades negativas como la drogadicción, el alcoholismo y depresión entre otras cosas. Frente a esta realidad, nuestra Fundación intenta liderar el Chile del Mañana en don-de la dignidad de las personas pase a ser entendida como un complemento entre la casa y su entorno. Esto genera variadas instancias de participación con la comunidad, momentos de aprendizaje y de concien-cia sobre estos proyectos, logrando que la gente vuelva a tomarse estos espacios muchas veces olvidados y así los pueda en-riquecer con su uso diario.”

Como las comunidades más desprovistas de Chile no tienen ingresos suficientes para poder hacerse cargo de los costos de construcción y de mantenimiento de estas áreas, surge la necesidad de poder pensar en una estrategia público- privada, para llevar a cabo el proyecto.

Aportación estratégica• Trabajo participativo y colaborativo de actores públicos y privados.• Participación ciudadana, en especial, co-munidades de vecinos. Integración y cohe-sión social.• Mejorar calidad de vida de comunas de escasos recursos. Generar empoderamien-to de barrio, disminución de problemas sociales e inseguridad (delincuencia y dro-gadicción).• Mejorar conductas y comportamientos de la ciudadanía, generar valores inherentes.• Recuperación urbana y creación de áreas verdes.• Fomentar la importancia y el cuidado del Medio Ambiente.

1)

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Con información de http://www.cideu.org y Fundación Mi Parque (www.miparque.cl)

Fotos: @Mi Parquehttp://www.facebook.com/miparque

1) Florida, Santiago2) Colegio Quillahue3) Plaza Vista Hermosa4) Santa Filomena5) Parque Villa Nocedal

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FEBRERO 201310

Por: Ricardo Sepúlveda

Después del cambio de gobierno, como era de suponerse, tanto los delitos como los hechos de violen-

cia han mantenido y, en algunas regiones, incluso incrementado sus niveles críticos.

Esta situación ha provocado reacciones tanto de la ciudadanía como de la autoridad. Por un lado, hay un cuestionamiento de la sociedad sobre la falta de resultados y, por otro, las autoridades, el presidente y el se-cretario de Gobernación, han reaccionado expresando que esto será un proceso que tomará tiempo.

Ante esta dialéctica, la pregunta que surge es cuándo es justificable esperar y por lo tanto exigir “resultados” en materia de se-guridad y cuáles podrán ser estos. La crisis de inseguridad en que se ha sumido nuestro país no tiene precedentes y, por ende, esta pregunta resulta central en el momento social y político de México.

Hay que tomar en cuenta que naturalmente y, sólo por el hecho mismo de la alternan-cia en el gobierno, la sociedad espera me-jorías palpables especialmente en el tema

de seguridad que actualmente es el de mayor preocupación de acuerdo con diversas encuestas como Latinobarómetro y la En-cuesta Nacional sobre Percepción de Inse-guridad Ciudadana en México, entre otras.

Ante ello es claro que el tiempo corre en contra del gobierno y además lo hace sin pausa alguna. Todos esperamos y, es justi-ficado que así sea, una mejoría tangible en el plazo inmediato. ¿Puede darse esto? y si sí, de qué manera?

Para poder intentar una respuesta a un cuestionamiento tan complicado hay que comenzar por hacer una distinción inicial.La seguridad como derecho humano, desde una visión de seguridad ciudadana, tiene una doble faceta: una objetiva y otra subjetiva; el componente objetivo está constitui-do por todas las circunstancias y factores que propician que una persona pueda ser afectada y/o despojada de sus derechos; mientras que, el componente subjetivo es la percepción de las personas de que eso pueda ocurrir.

Ambas realidades constituyen la materia y objeto del derecho a la seguridad. Partien-do de esta distinción cabría igualmente

distinguir entre los resultados que pueden darse en los aspectos objetivos y/o en los que se refieren a la percepción.

En cuanto a los primeros, es decir los ob-jetivos, el principal resultado está en los niveles de incidencia delictiva y de viola-ciones a derechos humanos, todo lo demás (capturas, decomisos, acuerdos, fondos, anuncios, etc.) pueden calificarse sim-plemente como acciones o procesos pero nunca como resultados. Es cierto que me-dir la incidencia delictiva no es un asunto simple, pero hay formas de hacerlo y es-pecialmente se refieren a la medición de la denuncia, de la cifra negra y a los índices de impunidad.

En cuanto a los aspectos subjetivos, estos se refieren a lo que las personas opinan y sienten al respecto. La mayor parte de las metodologías suelen referirse a dos pun-tos fundamentales: la noticia que la gente tiene sobre los hechos delictivos y la con-fianza que le inspiran las autoridades para resolver las afectaciones sociales.

Sin embargo, hay un dato fundamental que no puede perderse de vista, ambos aspectos, tanto el objetivo como el subjetivo, están

¿Cuándo esperar resultados en materia de seguridad?

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vinculados y no puede haber un avance solo en la percepción si no se refleja tam-bién en la incidencia delictiva y viceversa.

Con estas puntualizaciones podemos pre-guntarnos más directamente cuándo y qué tipo de resultados podemos esperar –y por lo tanto exigir- de las autoridades.

La respuesta debe ser que los resultados si bien se pueden dar en el inmediato plazo, ya que la mejoría puede darse de diversas formas y a muchos niveles, por ejemplo, la percepción de inseguridad puede modifi-carse si se cambia la política de comunica-ción sobre el tema, o bien si se mantiene un discurso más cercano a las necesidades sociales. Sin embargo, estos no son los úni-cos resultados que la sociedad requiere, tarde o temprano, estos deberán medirse a través de dos datos duros: el nivel de inci-dencia delictiva (denuncias y cifra negra) así como el índice de impunidad.

Estas dos variables no dependen del dis-curso sino de la eficiencia con la que ac-túen las autoridades y de las políticas pú-blicas que se definan e implementen.

Hasta el momento sólo podemos decir que el discurso del Ejecutivo entrante en mate-ria de seguridad ha sido en su mayor parte coincidente con la visión de las organiza-ciones sociales y ha recogido las exigencias

ciudadanas que, se podría decir, forman parte de la agenda común ciudadana. Sin embargo, esto tiene un límite temporal, que exige que los planteamientos gene-rales se traduzcan en planes específicos y estos a su vez en resultados concretos.

Debido a esto, es conveniente destacar al-gunos retos fundamentales para lograr esta suerte de concreción que lleve al logro de resultados: uno es el de institucionalizar el acercamiento con la sociedad civil que ha propuesto, al menos en el discurso, el gobierno como un nuevo contexto de redefinición de las políticas y estrategias gubernamentales. Si no existe un mecanismo definido para atender las demandas y propuestas ciuda-danas, la participación social se menguará o bien perderá la articulación y la legitimidad que se requiere como condición para la efi-cacia de las políticas de gobierno.

En este punto toma especial relevancia –sin ser el único espacio de participación- la definición del papel que tendrán los ciuda-danos dentro del Consejo Nacional de Se-guridad Pública. Otro reto fundamental es lograr que la apuesta por la coordinación –como presupuesto de eficacia- que se bus-có a través de centralizar las funciones en la Secretaría de Gobernación, realmente se lleve a cabo.

Las reformas a la Ley Orgánica de la Ad-

ministración Pública no son más que el primer paso de la reestructuración que se pretende; pues entre otras cosas aún queda pendiente la definición de la coor-dinación entre las distintas dependencias encargadas del tema dentro de Segob y, lo que es más importante, qué lugar va tener el Sistema Nacional de Seguridad Pública ya que no debemos olvidar que este tiene su propia ley y que esta no se ha siquiera planteado modificar.

Tener una estructura clara permitirá llevar a cabo la planeación para que las grandes líneas se puedan convertir en políticas pú-blicas eficaces y mensurables. Por ahora nos mantenemos en los planteamientos generales.

En conclusión, podemos esperar –y por lo tanto exigir– resultados en materia de seguridad ya, sin embargo, los resultados de fondo, que se dan reflejan en los índices delictivos y en los de impunidad, depende-rán de varios factores ; dos de ellos muy relevantes, son la institucionalización de la participación ciudadana y la estructura-ción de las instancias de coordinación. El tiempo es breve y lo tenemos en contra.

*Tomado de http://ricardosepulveda.org.mxRicardo Sepúlveda es doctor en Derecho Constitu-cional por la Universidad Panamericana. Es director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad Justicia y Legalidad.

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México Evalúa ve con preocupación el contenido del documento me-diante el cual la Secretaría de Go-

bernación (SEGOB) presentó cifras sobre delitos vinculados a la delincuencia organi-zada en México el pasado 8 de febrero.

En los últimos años, la sociedad civil ha promovido la generación y publicación de estadísticas confiables que reflejen clara-mente la inseguridad que se vive en el país. Esta información sirve para atender los problemas que aquejan cotidianamente a los habitantes de la República Mexicana, así como para mejorar la efectividad de las políticas públicas destinadas a combatir este fenómeno. Nuestro deseo es elevar

la calidad de la información que se genera. Más allá de crear nuevos datos, necesita-mos mejorar los que existen y contar con un gobierno abierto.

Desafortunadamente, el texto del boletín de prensa referido no especifica si existe un informe completo y detallado que susten-te la información presentada. En caso de existir, éste debería ser público y de libre acceso. En caso contrario, lejos de tratarse de un informe, lo que se presenta es un re-porte con algunas cifras relacionadas con las actividades de la delincuencia organiza-da referentes a los meses de diciembre de 2012 y enero de 2013, sin una metodolo-gía clara. En un momento tan importante

como lo es el inicio de la Administración, la sociedad civil debe recibir información clara, sustentada y accesible sobre un tema tan sensible para la población.

Consideramos indispensable que las au-toridades transparenten la metodología del informe en general y en particular, los criterios utilizados para catalogar a las víctimas de los homicidios dolosos y le-siones, especialmente a quienes se señala como presuntos delincuentes o personas presumiblemente ajenas a los hechos. Lo anterior, debido a que sin proporcionar re-solución judicial alguna, la comunicación de Gobernación se refiere a estos delitos como “vinculados a la delincuencia organi-

Posicionamiento de México Evalúa acerca del Informe Federal de Datos Preliminares sobre

Indicadores en Materia de SeguridadPor: Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa A.C.

http://www.mexicoevalua.org/

FEBRERO 2013 13

zada”. El comunicado tampoco especifica si los datos provienen de actas de defun-ción, denuncias, averiguaciones previas o de reportes de las instituciones guberna-mentales involucradas.

En el mismo sentido, es importante notar que las cifras relativas a homicidio doloso se refieren a enero de 2013 y se publicaron tan sólo una semana después de que con-cluyó el mes, por lo que resulta poco proba-ble que se hayan realizado y concluido las in-vestigaciones para cada uno de los casos que fueron reportados y así determinar el proba-ble vínculo con la delincuencia organizada.

Asimismo, se deben especificar los delitos atribuidos a las personas que fueron pues-tas a disposición de las autoridades minis-teriales y es necesario que se detallen los delitos que se les imputan y si éstos perte-necen al fuero común o federal.

Por otro lado, la información referente a aseguramientos, decomisos y operativos

realizados para la erradicación y destruc-ción de plantíos ilegales, no hace referen-cia a un universo estimado de plantíos, armas y droga existentes en nuestro país. Por tanto, es difícil saber si se ha avanzado o retrocedido en este rubro.

Por ello México Evalúa se pronuncia por que la autoridad mejore y atienda los si-guientes requerimientos de información:

1. Transparentar la metodología de cons-trucción de indicadores y definición de fuentes, series de datos y parámetros de consistencia de información, así como la terminología a la que se recurre en la co-municación.

2. Realizar el desglose de información en lo local, a nivel de estados y municipios para conocer su efecto y ponderación en los ni-veles delictivos.

3. Que las secretarías y diversas agencias gubernamentales involucradas se respon-

sabilicen de responder a cuestionamientos sobre la calidad, oportunidad y consisten-cia de la información que reportan.

4. Realizar reportes integrales que permi-tan observar la totalidad del sistema de se-guridad y justicia, no solo de forma aislada o descontextualizada, ya que así entende-remos mejor el desempeño que tiene cada uno de estos eslabones para acometer la actividad delictiva.

No queda duda de las capacidades que so-ciedad civil y gobierno hemos construido con el objetivo de comprender el fenóme-no delictivo y atender sus efectos. Sin em-bargo, para seguir avanzando y fortalecer la respuesta del Estado y la sociedad ante la delincuencia organizada, estimamos in-dispensable contar con información sólida y consistente que se guíe sobre principios que resguarden los derechos humanos de las personas. Sin estas condiciones básicas, será difícil avanzar en recuperar la paz en nuestro país.

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El 12 de febrero de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer el Plan Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la instalación de la comisión que coordinará el Plan para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual se pondrá en marcha en 100 municipios.

De acuerdo a la información difundida en el blog de la Presidencia de la República, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia unifica y da dirección al esfuerzo de las Secretarias de Estado hacia un objetivo en común: prevenir el delito.

En conferencia de prensa, Osorio Chong informó que la comisión para coordinar este plan estará conformada por nueve secretarías de Estado:

- Secretaría de Gobernación. Vigilará la correcta instrumentación del Programa; Articulará las acciones preventivas al interior de la Comisión Intersecretarial y promoverá la participación ciudada-na, así como una cultura social de legalidad y tolerancia.

- Secretaría de Desarrollo Social. Fortalecerá sus acciones a favor

del capital social y deberá enfocar el combate de la pobreza y desigualdad, en las comunidades con mayor incidencia delictiva y entre los grupos más vulnerables.

- Secretaría de Salud. Garantizará una atención médica oportuna en esas comunidades; diseñará y pondrá en marcha una campaña nacional de concientización y prevención integral de adicciones.

- Secretaría de Educación Pública. Reforzará la enseñanza de los valores cívicos y éticos; habrá de ampliar el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, lo mismo que el acceso de los jóvenes a ba-chillerato y la universidad y fortalecerá la promoción de la cultura y deporte escolar.

- Secretaría de Economía. Habrá de impulsar las competencias laborales, el emprendedurismo y el autoempleo, a fin de crear nuevas opciones de ingreso. Deberá dar un renovado apoyo a la creación de empresas sociales.

- Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ampliará las oportuni-dades de capacitación y vinculación laboral, así como el empleo formal.

- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tendrá bajo su responsabilidad, establecer la infraestructura física y tecnológica,

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

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para incrementar la seguridad en carreteras y autopistas del país, así como ofrecer oportunidades de empleo temporal en zonas de alta vulnerabilidad social o afectada por desastres naturales.

- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Junto con la ciudadanía realizará acciones para recuperar espacios públicos.

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Agilizará y vigilará un ejercicio transparente y eficiente de los recursos públicos desti-

nados al Programa.El Programa Nacional para la Prevención So-cial de la Violencia y la Delincuencia, que atenderá con urgencia las 57 demarcacionesdel país (48 municipios, dos delegaciones del D.F. y 7 zonas metropolitanas) que requieren mayor apoyo en el corto plazo a través de una visión de acupuntura urbana y foca-lización; adicionalmente, se implementarán acciones preventivas en 251 municipios.DESCARGA LAS BASES DEL PROGRAMA EN EL ENLACE:http://www.gobernacion.gob.mx/archivosPortal/pdf/Bases120213.pdf

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DOCUMENTACIÓN SOBRE

SEGURIDAD PÚBLICA

ACUERDO

El gobierno federal publicó el 11 de febrero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo de creación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Dicha comisión deberá entrar en funciones dentro de los 30 días siguientes a partir de su publicación y con ello se pondrá en marcha el Programa Nacional de Prevención del Delito anunciado por Enrique Peña Nieto el pasado 1 de diciembre.

Pueden consultar la publicación en el enlace: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5287279&fecha=11/02/2013

Artículo Primero.- Se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la De-lincuencia, cuyo objeto es la coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el diseño y la ejecución de políticas, programas y acciones en materia de pre-vención social de la violencia y la delincuencia.

Artículo Segundo.- La Comisión estará integrada por:I. La Secretaría de Gobernación, que la presidirá;II. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público;III. La Secretaría de Desarrollo Social;IV. La Secretaría de Economía;V. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes;VI. La Secretaría de Educación Pública;VII. La Secretaría de Salud;VIII. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y

IX. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.Las dependencias integrantes de la Comisión estarán representa-das por su titular, quien podrá designar un suplente con nivel de subsecretario o equivalente. Asistirá como invitado permanente de la Comisión, con voz pero sin voto, el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, quien podrá designar un suplente con el nivel jerárquico inmediato inferior.

En los casos que así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tra-tar, la Comisión podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a autoridades de los tres órdenes de gobierno y de organismos constitucionales autónomos, así como a represen-tantes de organizaciones de la sociedad civil o personas de reco-nocido prestigio en la materia.

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Artículo Tercero.- La Comisión sesionará válidamente con la ma-yoría de sus miembros.

La Comisión sesionará por lo menos una vez al mes de manera ordinaria, de acuerdo con el calendario que para tal efecto se ex-pida, y en forma extraordinaria tantas veces como sea necesario, a propuesta de su Presidente.

Las convocatorias se llevarán a cabo por el Secretario Ejecutivo con por lo menos cinco días hábiles de anticipación para las sesio-nes ordinarias, y dos días hábiles de anticipación para las extraor-dinarias, y deberán acompañarse del orden del día.

Las resoluciones de la Comisión se adoptarán por mayoría de vo-tos de los miembros presentes. El Presidente tendrá voto de cali-dad en caso de empate.

Artículo Cuarto.- La Comisión hará las recomendaciones perti-nentes para que las políticas, programas y acciones de las depen-dencias que la integran, relacionadas con la prevención social de la violencia y la delincuencia, se orienten de manera coordinada, prioritariamente, a:I. La construcción de una ciudadanía responsable;II. La promoción de una cultura social de legalidad y tolerancia;III. La corresponsabilidad social;

IV. El mejoramiento del entorno social y el acceso a servicios básicos;V. La activación y apropiación sociales de los espacios públicos;VI. La generación de oportunidades de desarrollo;VII. El apoyo económico para la creación de empresas sociales;VIII.La atención prioritaria de grupos vulnerables, yIX. La orientación y formación educativas para combatir las cau-sas psicosociales del delito.

Artículo Quinto.- La Comisión realizará las funciones siguientes:I. Emitir sus reglas de organización y funcionamiento, plan de trabajo y calendario de sesiones ordinarias;II. Participar en la definición de las prioridades institucionales en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia;III. Propiciar que el gasto que ejerzan las dependencias que la in-tegran se encuentre alineado a la planeación nacional en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, en términos de los instrumentos programáticos aplicables;IV. Participar en el diseño de políticas, programas y acciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia y coordinar su ejecución, considerando la participación interinsti-tucional con enfoque multidisciplinario y propiciando su articula-ción, homologación y complementariedad;V. Dar seguimiento a los apoyos económicos otorgados por par-te del Gobierno Federal a empresas sociales, de conformidad con las disposiciones aplicables;

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VI. Participar en el diseño de esquemas de capacitación laboral y de competencias para empresas sociales y coordinar su imple-mentación;VII. Analizar la incidencia del gasto de las políticas públicas coor-dinadas para la prevención social de la violencia y la delincuencia en la reducción de los índices delictivos;VIII. Analizar la conveniencia de reorientar recursos hacia accio-nes que permitan reducir los factores que generan violencia o de-lincuencia en la población y, en su caso, recomendar los ajustes presupuestales y programáticos pertinentes;IX. Impulsar el establecimiento de esquemas de participación ciudadana y comunitaria;X. Analizar el marco normativo aplicable en materia de preven-ción social de la violencia y la delincuencia y, en su caso, realizar las propuestas conducentes;XI. Supervisar el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo y emitir recomendaciones al respecto, yXII. Resolver sobre las circunstancias no previstas en el presente Acuerdo, relacionadas con el cumplimiento de su objeto.

Artículo Sexto.- La Comisión llevará a cabo sus funciones de con-formidad con la Ley General para la Prevención Social de la Vio-lencia y la Delincuencia, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los instrumentos programáticos aplicables, los acuerdos que se adopten en el marco del Sistema Nacional de Se-

guridad Pública y las demás disposiciones aplicables.

Artículo Séptimo.- La Comisión podrá crear las subcomisiones, comités técnicos y grupos de trabajo que estime convenientes, tanto de carácter permanente como transitorio, para realizar ta-reas específicas relacionadas con su objeto.

Artículo Octavo.- La Comisión contará con un Secretario Ejecuti-vo que será nombrado por el Presidente de la misma y tendrá las funciones siguientes:I. Organizar las sesiones de la Comisión y participar en las mismas, con derecho a voz pero no a voto, y proporcionar el apoyo admi-nistrativo que se requiera;II. Convocar a sesiones ordinarias, de acuerdo con el calendario co-rrespondiente, y extraordinarias, cuando así lo determine el Pre-sidente de la Comisión;III. Verificar que se cumple con el quórum para que tengan lugar las sesiones de la Comisión, llevar la lista de asistencia y elaborar y suscribir las actas correspondientes, mismas que incorporarán los acuerdos que en su caso se adopten;IV. Llevar el control y seguimiento de los asuntos que se someten a consideración de la Comisión, así como de los acuerdos que al efecto se adopten, y realizar reportes periódicos sobre el grado de avance en el cumplimiento de los mismos;V. Realizar los análisis, estudios, proyectos y demás trabajos que

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le encomiende la Comisión o resulten necesarios para la realiza-ción de las funciones de la misma y el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo;VI. Proponer a la Comisión la creación de subcomisiones, comi-tés técnicos y grupos de trabajo y coordinar el desempeño de los mismos;VII. Informar periódicamente al Presidente de la Comisión res-pecto de las actividades de las subcomisiones, comités técnicos y grupos de trabajo;VIII. Representar a la Comisión ante las instancias del Sistema Na-cional de Seguridad Pública;IX. Expedir certificaciones de los acuerdos o de la documenta-ción que obre en los expedientes de la Secretaría Ejecutiva, yX. Las demás que le encomiende la Comisión o su Presidente.Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el Secretario Ejecutivo podrá auxiliarse del personal que para tales efectos de-signe la Secretaría de Gobernación. El Secretario Ejecutivo desig-nará a su suplente.

TRANSITORIOSPRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.SEGUNDO.- La Comisión deberá quedar instalada dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

TERCERO.- Las erogaciones que se generen con motivo de la en-trada en vigor del presente Acuerdo deberán cubrirse con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias señaladas en el Ar-tículo Segundo del mismo, por lo que no requerirán de ampliacio-nes presupuestales adicionales y no se incrementarán sus presu-puestos regularizables.

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ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍADE SEGURIDAD PÚBLICA

La capacitación constante de los conductores vehiculares, para la conservación de su propia vida y la de los demás, es un factor que podría marcar la diferencia en situaciones de riesgo; por ello, la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO) se ocupa de la certifica-ción de sus trabajadores que se desempeñan en el rubro.

En este sentido, el pasado fin de semana 30 servidores públicos encargados de la operación de vehículos oficiales adscritos a la SSPO, fueron capacitados y certificados, en base a la metodología para afrontar los retos de cualquier dinámica imprevista, involu-crándolos también, como un agente de auxilio y apoyo.

Con temas como Técnica Operativa, Medidas de Seguridad y Operación Vehicular; quedó de manifiesto que aunado al respeto de las normas reguladoras de tránsito y la responsabilidad de los usuarios de la vía pública, se logrará un óptimo resultado en la prevención de accidentes vehiculares.

Certifica SSPO a 30 conductores vehiculares

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública de Oaxacahttp://www.sspo.gob.mx/

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Representantes del sector empresarial de Huajuapan de León se reunieron con el Secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, a fin de dar seguimiento a programas que for-talezcan las estrategias de prevención del delito, así como la profesionalización de cuerpos policiales.

Durante la reunión se lograron avances sustanciales en materia de seguridad para Huajuapan, lo que amplió la posibilidad de instalar un C2 en la región, que fortalezca el trabajo que realiza el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública.

Reunión con empresarios de Huajuapan

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El Secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, se reunió en días pasados con autoridades de la región mixteca en el municipio de Tlaxiaco, para conformar el Consejo de Seguridad Pública Municipal.

Ante un nutrido grupo de autoridades, así como representan-tes de diferentes sectores de la sociedad civil, el titular de la SSP refrendó su compromiso por la seguridad en aquella región con la toma de protesta a los integrantes de dicho consejo, que sin duda, son ejemplo de unión contra la delincuencia.

Así, los policías de Tlaxiaco se suman a la capacitación que ofrece la SSP para lograr elementos con un alto nivel y que respondan a las necesidades de la región.

SSP capacitará a policías de Tlaxiaco

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INFORME FEDERAL DE DATOS PRELIMINARES SOBRE INDICADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD

El 8 de febrero de 2013 el Gobierno de la Re-pública dio a conocer el informe federal de datos preliminares sobre indicadores en ma-teria de seguridad correspondiente al periodo que va del 1 al 31 de enero de este año.

Estos datos preliminares sobre indicadores en materia de seguridad son elaborados por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuen-cia (CENAPI) de la Procuraduría General de la República, a partir de la información reporta-da por esta misma dependencia y las secre-tarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como por la Policía Federal, sobre sus activi-dades con respecto al combate a los delitos federales.

Pueden consultar el informe escrito en la pá-gina de la Secretaría de Gobernación:www.segob.mx

HOMICIDIOS DOLOSOS VINCULADOS A DELINCUENCIA ORGANIZADA

PERSONAS LESIONADAS POR ENFRENTAMIENTOS

PERSONAS PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

1,139diciembre 2012

casos

enero 2013

35 CASOS

1,068 presuntos delincuentes

30 presuntos delincuentes

30 servidores públicos

102 servidores públicos

18 personas ajenas a los hechos

6 personas ajenas

150

16CASOS

793 809detenciones detenciones

FEBRERO 2013 2323

ASEGURAMIENTOS

DECOMISOS

OPERATIVOS REALIZADOS PARA ERRADICACIÓN DE PLANTÍOS

53,765.24 69,025.21diciembre 2012

kilogramos de drogas kilogramos de drogas

enero 2013

2,773,500 pesos mexicanos

37,659 dólates americanos

146,773 litros de combustible

940 vehículos

201.05 794.88hectáreas de marihuana

erradicadas

hectáreas de amapola

erradicadas

15mil más

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INDICADORES DE VÍCTIMAS VISIBLES E INVISIBLESDE HOMICIDIOS

En noviembre del año pasado, el Centro de Análisis de Políticas Públicas Méxi-co Evalúa A.C. realizó el reporte “In-

dicadores de Víctimas visibles e invisibles de Homicidios”. Este documento presenta una radiografía del fenómeno y la de sus partes, las víctimas y los perpetradores. El observatorio retoma algunos de éstos in-

dicadores, sin embargo, debe entenderse que los mismos deben interpretarse con el conjunto de la información, la cual puede consultarse en http://www.mexicoeva-lua.org/wp-content/uploads/2013/02/IVVI-H-20126.pdf.

(Las gráficas que aquí se publican son to-

madas de dicho reporte, por lo tanto, son autoría de México Evalúa A.C.)El Reporte indica que “El fenómeno del ho-micidio es una expresión extrema de vio-lencia que conlleva importantes pérdidas. Por tanto, es esencial estudiarlo de modo que se puedan implementar medidas pre-ventivas más eficientes y eficaces”.

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De acuerdo con los datos del INEGI, la tasa de muertes por presunto homicidio por cada cien mil habitantes en el ámbito nacional de 2010 fue casi el doble de la registrada en 2000: mientras que en 2000 fue de 16.2, en 2010 alcanzó 31.3. Como se observa en Mapas 1, las entidades federativas que registraron los mayores incrementos entre ambos años fue-ron las de la frontera norte del país, así como Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nayarit, Sinaloa,Tabasco y Zacatecas. Destacan los casos de Chihuahua ySinaloa, entidades que registraron las mayo-res tasas en 2010: 264.9 y 114.8, respectiva-mente. En contraste, en Campeche, Chiapas, Puebla y Querétaro se registraron los mayores decrementos.

PERFILES DE LAS VÍCTIMAS

Uno de los datos relevantes en el informe es que el homicidio no afecta de la misma maneraa toda la población. “A nivel mundial, las ten-dencias históricas indican que la mayor parte de las víctimas son hombres jóvenes.”

Se señala que el caso de México no es la ex-cepción. Al revisar los perfiles de las víctimas de homicidio destaca el hecho de que la mayor parte de las mismas son hombres, sobre todo aquellos que se encuentran entre los 20 y 40 años de edad, con poca o ninguna escolaridad.

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En cuanto a los homicidios relacionados con la delincuencia organizada, el reporte de Mé-xico Evalúa señana que “el gran incremento en el número de muertes en México durante los últimos seis años está asociado al crimen organizado. Lo anterior se observa al revisar la proporción de muertes relacionadas con la supuesta rivalidad delincuencial con respecto al número de presuntos homicidios”.

Como puede observarse en el Mapa, la propor-ción de muertes causadas por el crimen orga-nizado es especialmente alta en las entidades federativas que se ubican en el norte del país, aunque también existen problemas en algunos estados del sur. La presencia de este tipo de actividades ha causado la muerte de más del85 por ciento de las personas que fallecieron por presunto homicidio en Sinaloa (85.8) y Tamaulipas (85.3), y de más de la mitad en Chihuahua (76.5), Durango (69.4), Coahuila (64.4), Aguascalientes (62.3), Sonora (60.2),Michoacán (58.7), Nuevo León (53.1) y Gue-rrero (52.0).

Fuente: http://www.mexicoevalua.org/

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UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL SECUESTRO

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