Boletín Iniciativa colectiva y propositiva por las víctimas (Julio de 2010)

El Instrumento de Estabilidad en Colombia constituyó una estrategia e instrumento polí-tico hacia el reconocimiento y la realización efectiva de los derechos de las víctimas; reco-gió un modelo de cooperación y de trabajo colectivo diverso y novedoso tanto por su cubri-miento territorial y sus compo-nentes, como por sus múlti-ples co-partes y trayectorias de trabajo.

El Programa

Asistencia Orien-tada a las Víctimas como contribución a la Paz y la Reconciliación en Colombia. fue diseñado e implementa-do gracias al apoyo político y financiero de la Unión Euro-pea, a través del Instrumento de Estabilidad. En el marco de dicho Instrumento, la De-legación de la Comisión Euro-pea para Colombia y Ecua-dor, convocó a participar en su ejecución, a organizacio-nes nacionales e internacio-nales con gran trayectoria de trabajo en Colombia, organi-zadas como Consorcios. Este Programa benefició directamente a más de 1363 organizaciones de víctimas. Se realizaron acciones de manera directa con 88.425 y de manera indirecta con

350.587 víctimas, defenso-res(as) de DDHH, líderes so-ciales, mujeres, indígenas, afro-descendientes, campesi-nos, autoridades y operado-res jurídicos, sindicatos pe-riodistas y otros. En el marco del Programa se articularon distintas formas de trabajo permanente y simultáneo, se configuraron alianzas estratégicas y se generaron aprendizajes mu-tuos a favor de las víctimas. De la misma manera, se con-solidaron metodologías y formas de acompañamiento integral, fundadas en el for-talecimiento y visibilidad de las víctimas y sus organiza-ciones, el acompañamiento jurídico y psicosocial, la pro-tección, y la investigación, comunicación e incidencia política a favor de los dere-chos de las víctimas.

Apoyo a las víctimas como contribución a la Paz

Los datos del Programa de Orientación a las Víctimas

Movilización del 6 de marzo de 2008 por las víctimas de la vio-lencia.

Asesoría jurídica para las mujeres

3

Iniciativas locales de Memoria

6

Propuesta legislati-va con participación

8

Fortalecimiento orga-nizativo por moviliza-

11

acompañamiento inte-gral a las mujeres

13

Contenido:

Bogotá D.C., julio de 2010

B O L E T Í N E S P E C I A L P R O G R A M A P O B L A C I O N E S A F E C T A D A S P O R E L C O N F L I C T O

Iniciativa colectiva y propositiva por las víctimas

28.454

Víctimas y 1363 organizaciones de víctimas aumentaron de manera sostenible e integral la capacidad para adelantar proce-sos de exigibilidad social, legal y política de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral;

20.569

Víctimas fueron asesoradas, representadas y/o acompañadas en la exigibilidad de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con acciones jurídicas integrales a nivel nacional e internacional. Entre ellas,

667 Víctimas de paramilitares desmovilizados fueron representadas en los procesos de exigibilidad de derechos ante las instan-cias de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005).

2.887

Víctimas, líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos cuentan con herramientas psicosociales que incor-poran en sus procesos de exigibilidad de derechos y les permite avanzar en la recuperación emocional, prevenir la re-victimización y visibilizar el daño psicosocial y en salud mental en sus demandas de reparación integral.

25.000

Víctimas, líderes y organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, vinculadas en los procesos de exigibilidad de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, se han beneficiado de la gestión, el fortalecimiento y la puesta en marcha de mecanismos eficaces y sostenibles de protección.

11.515 Personas de la sociedad civil, a nivel nacional e internacional, han recibido mensajes directos de sensibilización y comunica-ción a favor del reconocimiento de los derechos de las víctimas; funcionarios e instituciones del sector público han recibido acompañamiento técnico, propuestas y lineamientos de política pública desde la perspectiva de las víctimas y sus organiza-ciones, con fundamento en estándares internacionales de derechos humanos.

Finalmente fue beneficiario de las acciones, el Estado garante de los derechos de sus ciudadanos/as víctimas

Desde el año 2006 la

Comisión Colombiana de Ju-ristas -CCJ- representa judi-cialmente 11 casos de graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, lo que significó establecer una ruta de litigio estratégico basada en cuatro componentes: in-vestigación y documentación, atención psicosocial, repre-sentación judicial, y acompa-ñamiento a organizaciones. El litigio estratégico establece una serie de meto-dologías e instrumentos apli-cables en otros casos judicia-les por violaciones a los dere-chos humanos, que permitan la satisfacción de las víctimas. De esta lista de casos hacen parte las masacres de Blanquicet, El Salado, y Pue-blo Bello; la desaparición y el asesinato de una comisión de investigadores del CTI de la Fiscalía en el Magdalena; el asesinato de 19 comercian-tes en Puerto Boyacá a manos de los paramilitares; y los ase-sinatos y desplazamientos de indígenas entre otros. Los casos escogidos pretenden reflejar el amplio espectro de poblaciones que han sido victimizadas en las últimas décadas en medio del conflicto armado. La Comisión logró llevar todos

los casos al proceso de Justi-cia y Paz, y de forma paralela ha hecho que algunos se reac-tiven en la justicia ordinaria. En el trabajo de inves-tigación y documentación, se estableció las líneas de man-do de las estructuras paramili-tares que perpetraron las ma-sacres y demás violaciones. Este componente cuenta con una total descrip-ción del contexto sociopolíti-co, económico y cultural de los territorios y las víctimas antes, durante y después de cometidos los crímenes.

Uno de sus aportes más importantes ha sido el lograr establecer otras líneas de investigación para los fisca-les encargados de los casos, ampliando las que ya existen o complementándolas. En lo referente al te-ma de reparación, la CCJ par-ticipa en la Mesa Conjunta de Reparación desde la cual se avanza en la organización de metodologías sobre cómo

debe organizarse la puesta en práctica de medidas de repa-ración psicosocial, estable-ciendo protocolos que contie-nen los pasos que se deben dar y las instituciones que se deben vincular, junto a las etapas que es necesario se-guir para poder implantar un modelo de atención que sea eficiente. A través de este tra-bajo las víctimas proponen un conjunto de medidas que les permitan superar ese duelo, ya no sólo contemplando los conceptos de reparación des-de el punto de vista judicial, sino construyendo su propias maneras y rutas para sentirse reparados desde su experien-cia. Luego de cuatro años de trabajo las expectativas de la Comisión se centran en haber ofrecido a las víctimas herramientas para que ellas mismas puedan seguir por sí solas, llegado el caso, el cami-no y la ruta de la exigibilidad de sus derechos, y reclamen justicia tras la barbarie a que fueron sometidas.

Trazando una hoja de ruta en los derechos a la justicia de las víctimas

Página 2


EL TRABAJO DE

INVESTIGACIÓN Y

DOCUMENTACIÓN

ASPIRA A

CONOCER QUIÉNES

ORDENARON LOS

HECHOS Y BAJO

QUE POSIBLES

INTERESES.

Gustavo Gallón

Dentro del Progra-

ma impulsado por el Instru-mento de Estabilidad de la Unión Europea se realizaron diversas orientaciones y ac-ciones de acompañamiento para la exigibilidad jurídica de los derechos de las víctimas que no implicaron la repre-sentación judicial de las mis-mas porque ya tenían repre-sentación por parte de terce-ros, o porque no se había acudido ante instancias judi-ciales para el impulso de ac-ciones que así lo requirieran. Hicieron parte de las acciones de asesoría jurídica: la elaboración de tutelas, derechos de petición, accio-nes administrativas, memo-riales, entre otros. Las orien-taciones se brindaron a través de consultas individua-les y talleres colectivos por profesionales del derecho integrantes de los equipos de trabajo de las organizaciones socias y, en algunos casos,

por estudiantes de derecho – practicantes de último se-mestre- a manera de volunta-rios. Las asesorías jurídi-cas a víctimas y familiares estuvieron encaminadas a precisar los alcances y expec-tativas frente a la jurisdicción de Justicia y Paz y otras juris-dicciones ordinarias, trámites para la reparación individual por vía administrativa consul-tas en materia de atención y derechos de la población des-plazada, y otras temáticas relacionadas con la exigibili-dad de los derechos de las víctimas. Se destacan las ase-sorías jurídicas especializadas a mujeres víctimas, población en situación de desplaza-miento y a comunidades y grupos étnicos, y los procesos de construcción de rutas jurí-dicas para la exigibilidad de derechos a partir de las mis-mas.

procesos ya interpuestos; 3. Concertar acciones de

exigibilidad con funda-mento en el Auto 092 y 237 de la Corte Constitu-cional;

4. Obtener respuestas a sus inquietudes relacionadas con la restitución de bie-nes y tierras abandonadas como consecuencia del desplazamiento forzado;

5. Dar seguimiento a sus procesos penales en Justi-cia y Paz;

6. Contar con asesoría en las exhumaciones.

7. Dar seguimiento a las soli-

La Ruta Pacífica asesoró

jurídicamente a mujeres víctimas a través de consultas individuales en Antioquia, Bogotá, y Putuma-yo. Las asesorías aportaron al fortalecimiento de las mujeres como sujetas de derechos me-diante el reconocimiento de su situación como víctimas y la búsqueda conjunta de alternati-vas para la exigibilidad de sus derechos. Este acompañamiento permitió a las mujeres: 1. Realizar un diagnóstico de

sus necesidades jurídicas; 2. Conocer el estado de los

citudes de reparación ad-ministrativas y a las de-mandas para declarar la muerte presunta.

La Ruta Pacífica elaboró un documento de sistematización de la expe-riencia de documentación y defensa de las mujeres víctimas a manera de ruta jurídica para el acceso de las mujeres a la Verdad, Justicia y Reparación integral.

Asesoría jurídica para la exigibilidad

Asesoría jurídica para las mujeres

víctimas

Página 3


LAS ASESORÍAS

JURÍDICAS A

VÍCTIMAS Y

FAMILIARES

ESTUVIERON

ENCAMINADAS A

PRECISAR LOS

ALCANCES Y

EXPECTATIVAS DE

LAS PROPIAS

VICTIMAS.

A lo largo de 18 meses

el Centro Internacional para la Justicia Transicional -ICTJ- lideró en distintas regiones del país: Oriente antioqueño, Chocó, Valle, y la Costa Caribe, la iniciativa “Apoyo a sociedad civil y víctimas para la elaboración de políti-cas de justicia transicional.” El proyecto, ejecutado por un consorcio de institucio-nes (Fundación Social, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DeJusticia-, Corporación Nuevo Arco Iris), se de- sarrolló en el marco del instrumento de estabilidad aprobado por la Unión Europea a través de su Delegación para Colombia y Ecuador, con motivo de la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz). En el marco de esta experiencia se diseñó el componen-te de Apoyo técnico en búsqueda de la verdad, que trabajó con cuatro iniciativas no oficiales de memoria en diferentes zonas del país. Los casos escogidos fueron la Galería de la Memoria

Tiberio Fernández Mafla, en la ciudad de Cali, la Asociación de Familiares de las Víctimas de Trujillo -Afavit- , en el Valle del Cauca, las asociaciones de víctimas de cinco municipios del Orien-te antioqueño (Granada, La Unión, Sonsón, Nariño y Argelia), y la Comisión Ciudadana de Reconciliación del Caribe. En el terreno de otras iniciativas de memoria ya de carácter oficial, el ICTJ acompañó y apoyó el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Na-cional de Reparación y Reconciliación -CNRR-, y la Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de Justicia. En las dos instancias se han publicado sendos informes dedicados a las masacres de El Salado, Trujillo, y a la tragedia del Pala-cio. Para el ICTJ el acceso a los dere-chos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, hacen parte de una agenda im-

Construyendo memoria como antídoto al olvido

Página 4


LOS DERECHOS A LA

VERDAD, JUSTICIA Y

REPARACIÓN DE LAS

VÍCTIMAS, HACEN

PARTE DE UNA

AGENDA

IMPOSTERGABLE QUE

NO PUEDE ESPERAR

AL CESE TOTAL DEL

FUEGO, O AL FIN DEL

CONFLICTO ARMADO

EN COLOMBIA

La Galería de la Memoria Tiberio Fernández Mafla nace como una iniciativa de jóvenes integrantes del equipo Valle del proyecto: Colombia Nunca Más, co-mo una propuesta de las víctimas de crímenes de Es-tado y de las organizaciones de derechos humanos, con el interés de compartir ampliamente la informa-ción que desde las propias víctimas y sus organiza-ciones se ha venido recogiendo por más de treinta años sobre los casos de violaciones a los derechos humanos por el Estado en la región. La Galería hace memoria a través de la exposición y divulgación de los testimonios delas víctimas, de documentos, regis-tros fotográficos y audiovisuales. El tipo de memoria de la Galería es, en sus propias

palabras, “una respuesta a la necesidad de comunicar

de manera eficaz la realidad de las víctimas de críme-

nes de Estado”. Busca la reivindicación de los ausen-

tes y resistirse al olvido para un “nunca más”. Es im-

portante aclarar que no consideran “la reconcilia-ción” como una posibilidad viable a corto plazo.

Página 5


postergable que no puede esperar al cese total del fuego, o al fin del conflicto armado en Colombia. Desde esta perspectiva seña-la que el poder de las víctimas puede trans-formarse en una pode-rosa razón para la paz. El proyecto abarcó en total once componentes, donde

el trabajo llevado a cabo con las numerosas organizaciones participantes per-mitió que su fortaleza y sus propuestas en temas de memoria y reparación en-contraran caminos hacia lo público. Sin embargo, para el ICTJ no existe repara-ción que sea pertinente y eficaz sin que medie el reconocimiento del crimen. La reparación y los ejercicios de memoria indagan sobre el cómo re-construir la vida, o al menos mitigar el sufrimiento, de aquellas personas que en mayor medida soportaron los rigo-res del conflicto. Estas cuatro iniciativas no ofi-

ciales de memoria pretenden significar

y re-significar a través de diversas re-

presentaciones y puestas en escena, la

historia de las víctimas. Son un antído-

to contra el olvido de los episodios do-

lorosos, las tragedias vividas y un grito

abierto a la sociedad de una verdad, en

cada caso particular, insondable y a su

vez transparente. Sus escenarios son

recreados por los familiares de las vícti-

mas, hermanos, madres, hijos, amigos

y demás al unísono de una voz: recor-

dar para no olvidar, y no olvidar para

no repetir.

La Asociación de Familiares de las Víctimas de Truji-llo -Afavit- se crea en 1995 como consecuencia de la masacre ocurrida entre 1988 y 1994 en los municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrío (Valle). Como asocia-ción de víctimas, su principal objetivo es la promo-ción de sus derechos y la construcción y manteni-miento del parque-monumento, erigido de acuerdo a una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso de la masacre de Trujillo. Su memoria se basa en los casos concretos en tiempo,

lugar, víctimas y actores de la masacre. Además, el

caso es quizás el más avanzado con relación a las

otras iniciativas no oficiales de memoria en términos

del reconocimiento de responsabilidad estatal y re-paración. El caso de los hechos violentos de Trujillo

llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos y a una solución amistosa con el Estado.

Sin embargo, Afavit continúa buscando justicia y una

“verdadera reparación integral”, así como visibiliza-

ción nacional y repudio social a los autores de las

violaciones a los derechos humanos.

La Comisión Ciudadana de Repara-

ción y Reconciliación integra los ocho depar-

tamentos de la Costa Caribe y se constituye

por la identificación de intereses e inquietu-

des similares entre diversos líderes y personas

de la región.

Durante los talleres de consulta ciu-

dadana que realizó la Comisión Nacional de

Reparación y Reconciliación -CNRR- en la Cos-

ta Caribe, se hizo evidente la necesidad de

crear una organización de esta naturaleza.

La propuesta trabaja en la organiza-

ción de espacios ciudadanos que generen con-

fianza, diálogo y fomenten la creación de sali-

das a la situación regional en materias de jus-

ticia, verdad, reparación y reconciliación des-

de la perspectiva de los derechos y la dignidad

de las víctimas.

Iniciativas locales de Memoria

Las iniciativas locales definen las asociacio-

nes de víctimas en cinco municipios del Oriente antio-queño que se crean como parte de un proceso regio-nal de paz y reconciliación con el apoyo del Programa por la Paz del Cinep. Su principal objetivo es constituirse como un grupo de apoyo mutuo que logre iniciar el proceso de duelo de las víctimas, avanzar en su empoderamiento, dignificación, y reconocimiento de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Estas iniciativas locales se circunscriben a una zona determinada y azotada por el conflicto armado interno, agudizado desde 1988, aproximadamente. Son iniciativas con un enfoque local, que hacen memoria de un conflicto de características muy precisas y en un lapso de tiempo más o menos deter-minado por el rango de fechas de muertes y desapari-ciones de los familiares de quienes integran la organi-zación, que cada día tiene más miembros. Las iniciativas del oriente antioqueño trabajan

la memoria como proceso de duelo, en principio como

una experiencia individual, pero al mismo tiempo co-

mo un medio para exigir verdad, justicia y reparación.

Estas organizaciones no descartan que sea posible

llegar a una reconciliación como resultado final del

Gavelis, indígena Cancuama, dos hermanos y su pa-dre fueron asesinados en la Sierra Nevada, ella y sus

hijos fueron obligados a dejar sus tierras y su comuni-dad, hoy vive en Membrillal, Cartagena, y cuenta con orgullo que con su trabajo de artesana logró comprar-

se el terreno de su casa, la cual construye con sus manos y trabajo . Aquí acompaña la Galería de la me-moria que construyeron en 3 días las víctimas partici-

pantes del Seminario Taller “Las Víctimas en la Cons-trucción de la Paz”. Su caso está en la impunidad.

Niños y niñas de El Salado. Ante las instancias de Justicia y Paz, la CCJ representó a las víctimas de las masacres ocurridas el 23 de marzo de 1997 (cuatro

personas muertas y una desaparecida) y los días 16 al 20 de febrero de 2000 (66 personas muertas, según la Fiscalía), donde grupos paramilitares además de los asesinatos, fueron responsables de desplazamiento forzado, violencia sexual y

saqueos, entre otros delitos. Foto Felipe Ríos, Revista Cambio.



Buscar la verdad y construir memoria

Como parte de la estrategia de fortalecimien-

to organizativo del Programa de Asistencia a las vícti-mas, se emprendieron ejercicios de construcción de memoria y de re-significación de y entre las víctimas y sus territorios. En cada iniciativa, el enfoque metodológico fue definido de acuerdo a las expectativas de las vícti-mas participantes y a la evaluación de las necesidades y capacidades de las organizaciones. Se priorizó la formación en técnicas de reco-lección de información con énfasis en los testimonios de las víctimas, la recopilación de historias de vida, galerías fotográficas, escritura de testimonios, etc. Complementariamente, se apoyó la imple-mentación de estrategias comunicativas y de inciden-cia, que incluían alianzas nacionales e internacionales y actividades de conmemoración .

Las iniciativas lograron, en diferentes niveles, transformar los imaginarios de miedo y violencia ins-taurados en los territorios. Se trató de expresiones organizadas de las víctimas directas que buscaron dar a conocer y reparar el dolor por las violaciones sufridas. Dichas iniciativas articularon prácticas sociales y políticas de empodera-miento de las víctimas, de exigibilidad de derechos y de recuperación del espacio público, y constituyeron una forma de integración social entre las víctimas.

Todos los 10 de cada mes, se realiza un perfomance en la Plaza de Bolívar para sensibilizar a la ciudanía y recordar la memoria

de las miles de personas desaparecidas o asesinadas cuyos crímenes se mantienen en la impunidad.

Con talleres y seminarios se formaron las víctimas sobre los procesos relacionados

con la búsqueda, recuperación e identifica-ción de desaparecidos, a miembros de orga-nizaciones de víctimas y de derechos huma-

nos, sindicatos y organizaciones indígenas. En estos espacios de formación se destacó la

participación y/o colaboración de organiza-ciones nacionales como Pastoral Social y

CODHES y de organismos internacionales como la OACNUDH, el CICR y el PNUD. Como

resultado, organizaciones de derechos humanos y de víctimas a nivel nacional, iden-tificaron los requerimientos forenses para el trabajo jurídico y psicosocial implicado en la búsqueda de personas desaparecidas y am-

pliaron su comprensión y participación en el Plan Nacional de Búsqueda de personas Des-

aparecidas

A través del diseño y publicación de piezas publicitarias radiales, afiches, eventos de conmemoración y foros municipales en las ciudades de Barranquilla, Medellín, Santa Marta y Bogotá, se desarrolló la Campaña "Por el derecho a la memoria histórica, reparación y garantías de no repetición" hacia la generación de políticas públi-cas para la memoria. Además de posicionar en escena-rios públicos juveniles la discusión sobre la memoria, la

sensibilización y generación de aprendizajes con otros jóvenes, logró aumentar la capacidad organiza-tiva del movimiento generacional de Hijos e Hijas y la construcción conjunta de propuestas de exigibi-lidad del derecho a la memoria

las víctimas en el diseño del proyec-to de Ley del Senado no logró su aprobación en la Cámara. ¿De qué manera se llegó a la cons-trucción de un proyecto de ley para la reparación de víctimas ? Paula Gaviria (PG): Cual-quier proceso de construcción de una política pública para las victimas tiene que contar ellas. ¿Cuál fue la primera reacción de las organizaciones de víctimas cuando se les propuso un proyecto de ley que fuera encaminado a iniciar la reparación al daño causado? PG: Lo primero fue descon-fianza y escepticismo. Se pregunta-ban, ¿porque esta vez sí, si nos han incumplido tantas veces?. Los des-plazados y las desplazadas decían

“yo no quiero perder lo que he ganado”. A las víctimas les cuesta creer que exista una preocupa-

ción legíti-ma por su situa-

ción. Desconfían de las instituciones el estado. ¿Qué metodología utilizaron? PG: Talleres previos a las audiencias del congreso planteamos 5 temas sobre los cuales se podía dar la discusión, haciendo claridad en que Fundación Social no iba a incidir en sus propuestas y que sim-plemente se haría un planteamiento de las discusiones, con base en las preguntas orientadoras para que

En el primer semestre de

2009, el Congreso de la República discutió la posibilidad de aprobar una ley de la república que permitie-ra la restitución y reparación a las víctimas del conflicto armado. El proyecto obligaba al re-conocimiento de las víctimas de agentes del Estado, facilitaba los recursos necesarios para la repara-ción, agilizaba la acreditación de los afectados ante un sistema estableci-do por el Gobierno e implementaba límites en el tiempo para el recono-cimiento de las personas afectadas por el conflicto. La propuesta fue aprobada por el Senado de la República y al llegar a la plenaria de la Cámara su-frió modificaciones y se enfrentó al proyecto de la coalición de gobierno en el Parlamento con el argu-mento que costaría a la nación 88 billones de pesos.. La propuesta aprobada en el Senado contó con la ayuda y la participación de las organizaciones de víctimas del conflicto armado de las distintas regiones del país, más la colabora-ción de las Organizaciones No guber-namentales que trabajaron como facilitadoras del proceso, asesoran-do y acompañando a las víctimas de la violencia. En entrevista , Paula Gaviria de la Fundación Social narró cómo fue el proceso de participación de

tuvieran la suficiente informa-ción y pudieran razonadamente opi-nar sobre esa propuesta de proyecto de ley. Con esa información básica, más sus aportes, se pudo hacer una discusión tranquila, constructiva en la que salieron propuestas técnica-mente viables y pertinentes de políti-ca pública de reparación. ¿En que momento las víctimas co-mienzan a participar de este estatu-to? PG: Cuando este se encuen-tra a mitad del camino para volverse ley de la república. No estaban de acuerdo con que el proyecto de ley consagrara algunas modificaciones, e incorporara al decreto 1290. En esta discusión hubo una voz unifica-da en las regiones relativa en el sen-tido de que no compartían este pun-to. Revista Arcanos: ¿Con que otro pun-to existía consenso? P.G. el reconocimiento de la buena fe, que no tenían que entrar a probar nada, ni entrar a profundi-zar en su dolor, ni en su drama, ni a revivir, porque se creía de antemano en su voz y en su verdad. ¿Cuánto cree que tenga que pasar para se llegue nuevamente a una discusión como esta? PG: No podría responder de una manera tácita porque Colombia tiene un conflicto armado muy com-plejo que día a día deja a más perso-nas afectadas, que junto con las demás piden a grito se les reconozca sus derechos, por eso continuamos en la lucha para que esta idea no se la deje en el olvido.

Propuesta legislativa con participación de las víctimas


Entrega de 13 mil cartas dirigidas a parlamentarios para oponerse al texto del Estatuto de Victimas aprobado en

Cámara


La incorporación de propuestas desde las víctimas en planes

de desarrollo local y departamental, en Nariño y Antioquia, y la pene-tración de las propuestas desde las víctimas en los discursos de acto-res relevantes, no solo en el ámbito local sino también nacional, fue-ron los grandes logros de la acción política de las víctimas que acom-pañó la Corporación Nuevo Arco Iris

Los esfuerzos públicos se trasladaron de la mera discusión sobre si debe o no implementarse una política de reparaciones a la discusión sobre el diseño, planeación e la implementación de dicha política.

Así mismo, los procesos organizativos de las víctimas fueron fortalecidos con los diplomados realizados con Dejusticia, para cualifi-car la participación e incidencia de las víctimas en el debate público. Los resultados se evidenciaron en el tipo de propuestas formuladas, pues las víctimas diferenciaron entre la exigibilidad de políticas de reparación y la exigencia al Estado en el cumplimiento de las obliga-ciones en atención humanitaria y la política social.

En Santander el 74% de las propuestas formuladas en los espacios de la Mesa Departamental, la Mesa Regional de trabajo de organizaciones de población desplazada y la Red de organizaciones de víctimas en situación de Desplazamiento tienen que ver con repara-ción integral, en el caso de Antioquia este porcentaje corresponde al 57% de las propuestas formuladas por la Mesa Departamental y en el caso de Nariño corresponde al 57% de las propuestas de la Mesa Mu-nicipal de Pasto.

Sin embargo, aunque en menor medida, las propuestas en las tres regiones tuvieron en cuenta la necesidad de generar propuestas orientadas a atender la persistencia de su situación con altos índices de necesidades básicas insatisfechas, a pesar de ya haber superado la fase de emergencia de su desplazamiento. El hecho que el 30% de las propuestas se relacionen con acciones tendientes a la garantía de la realización de derechos económicos, sociales y culturales y que solo el 1% se haya orientado a la paliación de situaciones de crisis humanita-ria así lo refleja.

Varias de las propuestas formuladas y que se orientaron a incidir en el cumplimiento de la responsabilidad del Estado con la polí-tica social, contemplan el desarrollo de acciones de discriminación positiva o inversa, lo cual se explica por la vulnerabilidad y marginali-dad de las víctimas no es solamente efecto del hecho violento sino que existían antes de este. Se evidencia la intención de contribuir di-rectamente a la transformación de las relaciones de poder y distribu-ción desigual.

Se encontró voluntad política en Nariño como en Antioquia para incentivar procesos de planeación participativa. Se asignaron recursos desde la administración municipal para el desarrollo de se-siones de trabajo .

El principal resultado del proceso de acción e incidencia polí-tica fue el fortalecimiento organizativo de cara a la adquisición de mayores capacidades de interlocución e incidencia en espacios claves de decisión.

Acción política local de las víctimas

Seminario Taller Las Víctimas en la Construcción de la Paz, participaron 150 organizaciones de vícti-mas de Antioquia, Santander, Nariño, Magdalena,

Bolívar, Chocó, Valle del Cauca y Cauca. El objetivo central: discutir y definir acciones políticas colecti-vas, como la postura de las víctimas en torno a las iniciativas de política pública nacionales y locales

La Corporación De

Justicia en conjunto con la CNAI y el ICTJ desarrollaron una labor conjunta en los departamentos Nariño, Atlán-tico, Santander y Antioquia, en la realización del Diploma-do sobre Justicia Transicional y derechos de las víctimas. Sobre la experiencia relata Camilo Sánchez asesor de la Corporación DeJusticia: ¿Cómo se dio el intercambio de las víctimas con las orga-nizaciones que acompañaron el proceso? Camilo Sánchez (CS): la idea era tender puentes de comunicación entre diversos sectores de la sociedad con el ánimo de promover la de-fensa de los derechos de las víctimas. ¿Cuáles fueron los logros de ese trabajo? (CS): En el diploma-do convocamos a personas de distintos sectores de la sociedad víctimas, periodis-tas, funcionarios públicos y académicos. Todos reunidos en un salón estudiando temas de justicia transicional permitía un intercambio de conoci-mientos desde las victimas, se tendieron puentes para dialogar. ¿Cómo trabajar en la cons-trucción de un tejido social en zonas que aún persiste el conflicto? (CS): Es fundamental profundizar en la importancia

de los derechos de las vícti-mas, y eso es de lo que parti-mos en DeJusticia, porque sin una apuesta fuerte de reco-nocimiento y exigencia de los derechos de las víctimas no va a haber posibilidades de reconciliación Cuando se habla de dere-chos ¿a qué derechos se re-fiere específicamente? (CS): A todo tipo de derechos relacionados con la idea de ciudadanía plena, y los específicos que están en cabeza de las víctimas como el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación Pero también a esos derechos básicos que le per-miten a una persona desarro-llarse en condiciones de ciu-dadanía plena, por ejemplo, el acceso a los servicios bási-cos del Estado, como la edu-cación, la salud, el reconoci-miento jurídico que es un derecho negado en Colombia y que impide el ejercicio de ciudadanía, y por supuesto a la posibilidad de participa-ción ciudadana y al ejercicio de derecho políticos. ¿Con que elementos se jugó para capacitar a las víctimas en los temas jurídicos? (CS): Con ejemplos sencillos se les hacía enten-der cómo funciona el Estado, como a partir de experiencias cotidianas en el hogar y en el trabajo se generan obligacio-nes de ambos lados y que derechos se adquieren.

Intercambios entre sociedad y las víctimas

Página 10

SIN UNA APUESTA

FUERTE DE

RECONOCIMIENTO

Y EXIGENCIA DE

LOS DERECHOS DE

LAS VÍCTIMAS NO

VA A HABER

POSIBILIDADES DE

RECONCILIACIÓN


Nelson Camilo Sánchez es abogado de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de maestría en derecho internacio-nal en la Facultad de Derecho de la Univer-sidad de Harvard. Ha sido becario del Insti-tuto de Derechos Humanos de la Universi-dad de Abo (Finlandia) y de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho de American University (Washington DC). Su trayectoria profesional ha estado dedicada a la defensa de los derechos humanos. En Colombia ha trabajado como investigador de la Comisión Colombiana de Juris-tas. Antes de integrar el equipo de DeJuSti-cia se desempeñó como Especialista en De-rechos Humanos de la Comisión Interameri-cana de Derechos Humanos (CIDH). Profesor de cátedra del programa de justicia global y derechos humanos de la Universi-dad de los Andes.

En el marco del Programa de Asis-tencia a Víctimas se diseñó e imple-mentó la propues-ta de formación de

promotores de verdad, justi-cia y reparación, que logró la participación de alrededor de 1622 líderes promotores, de 207 organizaciones sociales y de víctimas. Hoy cuen-tan con la capacidad y com-promiso de orientar sobre la exigencia y el ejercicio de los derechos de las víctimas, se encargan de transmitir infor-mación, capacitar y acompa-ñar otras víctimas y comuni-dades afectadas por la violen-cia. Como resultado, aumentaron y se consolida-ron los procesos organizati-vos a manera de Capítulos Regionales en los departa-mentos de Atlántico, Chocó, Cundinamarca, Meta, Putu-mayo, Santander, Sucre y Valle del Cauca. Actualmente, el MOVICE cuenta con 15 capítulos regionales y 3 inter-nacionales en Canadá, España y Argentina con una partici-pación aproximada de 207

organizaciones sociales. El Movice, lideró la creación de la Comisión Ética Internacional y la realización de Audiencias Ciudadanas por la Verdad. La Comisión fue con-formada por personalidades representantes de movimien-tos y organizaciones de gran trayectoria internacional por los derechos humanos con experiencia en acompaña-mientos a procesos de re-construcción de memoria. La

Comisión visitó los departa-mentos de Sucre, Chocó, An-tioquia, Putumayo y Nariño para la recepción de testimo-nios, documentación de casos y la expedición de constan-cias y censuras éticas sobre las violaciones a los derechos humanos allí cometidas, y la denuncia y generación de

Fortalecimiento organizativo por movilización y participación política

Página 11


Eriberto Delgado Morales, asesina-do por exigir los derechos de los

trabajadores, su crimen... en la im-punidad.

Al constarse la cooptación del estado colombiano por intereses priva-

dos en regiones del país, se propuso la Comisión Etica de la Verdad salvaguardar

la memoria: proteger los medios probatorios y las pruebas que ex-

pliquen en el futuro los hechos. En rigor, la Comisión es un acompaña-

miento internacional a los procesos de resistencia al olvido. A través de equipos

que tratan de establecer cómo eran las víctimas en su parte humana y política, así

como el contexto en el que se dieron los hechos, obtienen pistas sobre los eventuales

responsables, con lo cual dejan constancia histórica que contribuirá en el futuro a

Con la participación de 25 personali-

dades y organizaciones de la Academia y defenso-ras de derechos humanos originarias de Francia, Bélgica, España, Estados Unidos, Méjico, Brasil, Chile y Argentina, la Comisión Etica de la Verdad allana el camino para una eventual Co-misión de la Verdad en Colombia.

Resultado del Encuentro Nacio-

nal de Víctimas de Organizaciones Socia-

les realizado en Bogotá en julio de 2007, la Comi-

sión Etica de la Verdad se constituye en un es-

fuerzo promovido por las víctimas de la

violencia en Colombia convocando a per-

sonas y organizaciones de reconocida

legitimidad y ética pública en sus países

y a nivel internacional, como el Nobel de Paz

Adolfo Pérez Esquivel, las Madres de la Plaza de

Mayo y el Movimiento Sin Tierra del Brasil, entre

otros ilustres académicos, periodistas y líderes

sociales, quienes han visitado zonas del país cons-

tatando los graves crímenes de lessa humanidad

promovidos por agentes estatales y sus estrate-

gias para encubrir la violación de los

principios constitucionales y legales de

Marcha de Víctimas, pro-movida por el Movice, 6 de

marzo de 2008.

Las actividades de fortalecimiento enfatizaron en la importancia de

la toma de conciencia por parte de las víctimas como sujetos de derecho,

específicamente de la condición de víctimas de crímenes de Estado, así co-

mo en la necesidad de ejercer el derecho de la participación pública dire-

cta en la toma de decisiones, profundizando la interlocución con el Estado

y manteniendo como eje central la lucha contra la impunidad. Desde este

enfoque cobró relevancia el derecho a participar en la construcción de es-

cenarios de tipo social, jurídico y político adecuados para la exigibilidad y

ejercicio de los derechos de las víctimas, como una tarea histórica, que

debe articular procesos organizativos de carácter local, regional, nacional e

internacional.

Mesa Nacional de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada

capacidades para adelantar

procesos de exigibilidad de

los derechos, además de su

representación e interlocu-

ción frente las instituciones

del Sistema Nacional de

Atención Integral a la Pobla-

ción Desplazada (SNAIDP).

Se construyeron propuestas

de acciones para el reconoci-

miento y exigibilidad de de-

rechos especialmente frente

al despojo de tierras, a partir

de ejercicios diagnósticos

sobre la situación de la pro-

piedad de la tierra. Se elabo-

raron herramientas de apo-

yo pedagógico y una ruta de

atención a la población des-

plazada

Se diseño e implementó

conjuntamente con las me-

sas regionales y la mesa na-

cional de desplazados, una

estrategia específica de for-

mación que logró reunir 864

delegados de los departa-

mentos de Cundinamarca,

Huila, Santander, Bolívar,

Putumayo, Cauca y Valle del

Cauca. La estrategia posibi-

litó espacios de encuentro,

discusión política y acción

democrática entre los parti-

cipantes, y aumentó en ellos

el nivel de información y

Página 12

LA ESTRATEGIA

POSIBILITÓ ESPACIOS

DE ENCUENTRO,

DISCUSIÓN POLÍTICA Y

ACCIÓN

DEMOCRÁTICA Y

AUMENTÓ LAS

CAPACIDADES PARA

ADELANTAR

PROCESOS DE

EXIGIBILIDAD DE LOS

DERECHOS


Las actividades de fortalecimiento priorizaron las voces y ex-

periencias de las mujeres teniendo en cuenta la diversidad y comple-jidad de sus condiciones étnicas y socioeconómicas. Promovieron la comprensión de la situación en que viven las mujeres desde una dimensión estructural, individual y colectiva, que trasciende su connotación de víctimas del conflicto armado y se rela-ciona con las múltiples formas de violencias en los ámbitos público y privado. En las metodologías propuestas se incluyeron procesos de re-cuperación corporal, de juego, de creatividad, de diálogo de saberes, de examen crítico de las experiencias, de rescate de las vivencias coti-dianas, de afectividad, de autonomía y de sentido común. Se incluyeron además, acciones de sensibilización a organiza-ciones e instituciones acerca de la situación de las mujeres víctimas de los actores armados y la necesidad de buscar una salida política y ne-gociada al conflicto.

Formación y acompañamiento integral a las mujeres

de propuestas de verdad, justicia y reparación desde y para las mujeres. Como resul-tado, las mujeres participan-tes identificaron e hicieron visible la situación de violen-cias contra las mujeres y construyeron alternativas y acuerdos Así por ejemplo, frente a la Corte Constitucio-nal, para el seguimiento de la sentencia T-025 sobre los derechos de las personas en situación de desplazamiento. Como resultado, la Corte ex-pide el auto 092 de 2008, para la protección especial de las mujeres desplazadas y obliga a las instituciones res-ponsables a la coordinación con las organizaciones de mujeres para la implementa-ción de programas de preven-ción, atención y reparación a las mujeres víctimas

La Casa de la Mujer

y la Ruta Pacífica de las Muje-res diseñaron e implementa-ron dos programas de forma-ción y acompañamiento a mujeres víctimas, mujeres indígenas, campesinas, afro-descendientes, y del movi-miento social de mujeres contra la guerra. Estas iniciativas con-taron con la participación de 472 mujeres víctimas de 78 organizaciones de mujeres en los Departamentos de Putu-mayo, Antioquia, Chocó, Cau-ca y Cundinamarca. En cada una de las actividades, las mujeres y sus organizaciones buscaron re-afirmar su condición como sujetas políticas y de derecho con disponibilidad y capaci-dad para tener presencia y planear acciones y prácticas políticas hacia la construcción

Página 13


Bogotá este 25 de noviembre de 2009, Día Internacional de la No violencia Contra la Mujer. Alrededor de

7000 mujeres de Valle, Chocó, Risaralda, Putumayo, Bolívar, Santander, Antioquia, Cauca, Nariño y Bogotá recorrieron las calles de la capital para manifestarse en contra de todas las formas de violencia de que son objeto las mujeres en Co-

lombia: abuso sexual, violencia intrafamiliar, ablación, des-plazamiento, discriminación salarial. Algunas de sus consig-

nas fueron: “Las mujeres no parimos hijos e hijas para la guerra”,

“Qué vergüenza la guerra” y “El cuerpo de la mujer no es botín de guerra”.

Partieron del reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos, como

acciones que vulneran las posibilidades de vida de manera individual y colectiva, generando una ruptura de la historia construida en un territorio. Se reconoce el territorio como el espacio y sentido desde el cual sus habitantes se convierten en testigos y sobrevivientes de la guerra. Desde este enfoque, se tuvo una preocu-pación particular por el contexto actual y la necesidad de transformar las condiciones locales y regionales como garantía de no repetición de las acciones violentas. Las actividades se dirigieron al acompañamiento integral en terreno (fortalecimiento organizativo, acompañamiento jurídico-psicosocial y para la protección) y al reconocimiento de lo destruido en el territorio en una dinámica de supervivencia, afirmación y transforma-ción. A partir de la formación se promovieron nuevas formas de vivir en los territorios, de interpelar y construir región desde la acción colectiva; de reparar las rupturas en la historia como un proceso de acercamiento a la reconciliación y la construcción de paz. Se destacan las experiencias de creación y/o consolidación de zonas humanitarias, zonas de biodiversidad y el fortalecimiento de procesos organizativos. El conjunto de actividades propició la formación y la construcción de propuestas con-juntas de incidencia política y fortalecimiento interno, y reflexiones consensuadas sobre la reconciliación en la región. Las organizaciones de víctimas emprendieron alianzas con institu-ciones públicas y religiosas a nivel local, especialmente personerías municipales y parroquias, y consolidaron alianzas en el nivel nacional con organizaciones no gubernamentales de dere-chos humanos y de cooperación internacional.

Para la protección de las comunidades del Bajo Naya en el Cauca la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz impulsó la creación de espacios de refu-gio y auto-protección, a través de peregrinaciones so-bre los territorios, rituales de la memoria y talleres de formación. En estos últimos se trabajó en la recolección de testimonios, relatos sobre la identidad, ancestrali-dad y sentido de pertenencia al territorio. Metodológicamente se retomó la oralidad, la danza, la música, las prácticas productivas y curativas como un medio para afirmar el derecho legítimo y an-cestral que tienen estas comunidades a permanecer en el territorio. Frente a los efectos generados por las viola-ciones a los derechos humanos perpetradas en el terri-torio, se avanzó en la comprensión de quiénes fueron los responsables y cuáles fueron sus intenciones. Se construyeron propuestas de reparación colectivas por parte de las comunidades, teniendo en cuenta que toda la cuenca del río fue afectada con los hechos del 2001 y que cualquier reparación pasa por la garantía de la permanencia de la comunidad en el te-rritorio.

Fortalecimiento organizativo desde la construcción de región

La retoma territorial de las víctimas del Alto Naya

Página 14

LA COMISIÓN

INTERECLESIAL

DE JUSTICIA Y PAZ

ESTÁ INTEGRADA

POR 47 PERSONAS

ENTRE

RELIGIOSAS Y

RELIGIOSOS DE LA

IGLESIA

CATÓLICA,

PASTORES DE LA

IGLESIA

PRESBITERIANA Y

LAICOS,

PROFESIONALES

EN ÁREAS

SOCIALES


Alexander Quintero, uno de los líderes del proceso de , justicia, verdad y repara-ción de las víctimas de la masacre del río Naya, ocurrida en abril de 2001 y que causó la muerte a por lo menos 110 campesinos entre mestizos, mulatos e indígenas que vivían en las selvas del noroccidente caucano. Alexan-der fue baleado por sicarios en la noche del domingo 23 de mayo del 2010, Hay quienes afirman que él era parte de la memoria histórica criminal de la re-gión, gracias a que padeció y recibió testimonios importantes sobre la manera como ocurrieron los hechos. (Tomado de Semana.com)


Con respecto a la alternativa de atención psicosocial desarrollada

a través del arte la Corporación Reiniciar señala que mediante el teatro las víctimas se afirman en sus propios cuerpos, sus voces se templan y su ilu-sión de alcanzar justicia se fortalece. A lo largo de este proceso apoyado por el Instrumento de Estabili-dad de la UE, el equipo de Reiniciar destaca que, “son muchas las gratifica-ciones vividas al mantener un contacto con las víctimas, ofrecer una voz esperanza y una alternativa de exigencia.” A través de la danza, el canto y el teatro, las mismas víctimas so-brevivientes del genocidio cuentan y presentan lo que han vivido, elabo-rando estéticamente su memoria del horror. Adicionalmente, a través de la presentación pública de sus cua-dros teatrales, los grupos contribuyen a la sensibilización de una sociedad que desconoce, o conoce de manera distorsionada, lo que ha ocurrido con las víctimas, sus familiares y con todo el movimiento de la Unión Patriótica. Los talleres psicosociales que se desarrollaron en el marco del proceso han servido para facilitar el acercamiento de diversas víctimas, esclareciendo dudas, venciendo temores y permitiendo el reencuentro con personas que han vivido situaciones semejantes (hijos, hijas, madres, espo-sas, líderes, en distintos lugares del país). La generación de vínculos de apoyo y amistad, así como el conoci-

miento del proceso, ha permitido que distintos miembros de cada familia asu-man y participen en el trabajo de exi-gencia, “distribuyendo las cargas” que muchas veces agotaban la capacidad de resistencia, que por lo regular era asu-mida por una sola persona de la familia (generalmente las madres de las vícti-mas directas). Mediante la atención en con-sulta de Reiniciar, realizada especial-mente en Bogotá, las víctimas en condi-ción de desplazamiento lograron reco-nocer las características y condiciones de la ciudad, lo cual permitió su desen-volvimiento y organización en este nue-vo territorio. Así mismo, se logró la construc-ción de sentidos más comprensivos y menos culpabilizantes con respecto a las situaciones de violencia que han vivido, contribuyendo de esta forma a mitigar su dolor, además de posibilitar la elaboración de situaciones de crisis. Dada la naturaleza de los im-pactos sufridos por las víctimas así co-mo la cantidad de personas, familias y comunidades afectadas por el genoci-dio, es indudable la necesidad de conti-nuar desarrollando un acompañamiento psicosocial, tanto con las personas ya vinculadas al proceso, como acercándo-se a quienes por temor o dispersión no han podido acceder al acompañamien-to.

Documents

Boletín Iniciativa colectiva y propositiva por las víctimas (Julio de 2010)