Boletín CADA UNO POR LA JUSTICIA No. 23

Boletín No. 23 México Noviembre 2010/ Cooperación Voluntaria

No.

Acciones y JusticiaDos años y medio en busca de la justicia. pág. 1

Colombia, el accionar paramilitar, es urgente, trabajar la memoria pág. 3

Análisis y Opinión

Paras usaban hornos crematorios para sus víctimas en Antioquia pág.5

En tres de los casos de ejecuciones extrajudiciales en Soacha no se han abierto investigaciones pág.7

Juan Manuel Santos: la continuidad de la oligarquía colombiana pag. 9

ColombiaRescatemos al motosierrismo pág. 11

El cambio de gobierno en Colombia pág. 12

Retratos de DelincuentesEl secreto de las elecciónes colombianas pág. 16

Uribe quiere la guerra para evadir la cárcel pág.17

Uribe, empresarios y clérigos, parte de una cadena criminal pág.19

México Noviembre 2010 | Cooperación Voluntaria

23

Este Boletín es presentado por:• Asociación de Padres y Familiares de las Victimas de Sucumbíos, Ecuador (México)

• Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones de Derechos

Humanos en México, AFADEM FEDEFAM (México)

• Asociación por la Defensa de los Derechos Humanos y la Equidad de Género, ASDDHEG (México)

• Asociación de Derechos Humanos del Estado de México, ADHEM (México)

• Asociación de Barcelona en Apoyo a México, ABAM (Catalunya)

• Association Toulousaine de Solidarité envers le Mexique, ATSM (Francia)

• Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C. (México)

• Colectivo Estudiantil Carlos Marx (México)

• Comité 68 Pro Libertades Democráticas A.C. (México)

• Fundación Diego Lucero A.C. (México)

• Frente de Lucha Estudiantil Julio Antonia Mella, FLE-JAM (México)

• Grupo de Acción Revolucionaria, GAR (México)

• Liga Argentina por los Derechos del Hombre, LADH (Argentina)

• Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C., Limeddh (México)

• Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos, RUMODH (México)

• Solidaridad para el Desarrollo y la Paz, SODEPAZ (España)

• Solidaritat per el Desenvolupament y la Pau del Pais Valenciano, SODEPAU-PV (Pais Valenciano)

•Partido de los Comunistas

México, Noviembre 2010 Cooperación Voluntaria 1

Acciones y JusticiaRecordando a nuestros

muertos.Los padres, familiares y amigos recordamos día a día a Fernando Franco Delgado, Verónica Velázquez Ramírez, Soren Avilés Ángeles y Juan González del Castillo, jóvenes asesinados por el ejército colombiano el 1 de marzo del 2008, allá en la selva del Amazonas del Ecuador, provincia de Sucumbíos.

Han transcurrido 2 años 8 meses y por tercera ocasión estudiantes universitarios junto con nosotros se hace una ofrenda dedicada a éstos jóvenes por el día de muertos en Ciudad Universitaria en el corazón de nuestra máxima casa de estudios.

Los recordamos no solo porque son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, sino porque representan una generación de estudiantes mexicanos comprometidos con las mejores causas de nuestro tiempo; les arrebataron sus vidas, pero su proyecto de tesis de Licenciatura sigue presente, sus estudios, investigaciones, su curiosidad científica y su postura política no pueden desaparecer ni con balas ni con bombas.

Hoy para el bien de la nación hay jóvenes que están retomando los trabajos, de las Victimas de Sucumbíos con las mismas posturas nuevas y frescas alejados de la demagogia, el oportunismo y tampoco son panfletarios, son como nuestros hijos consientes de la realidad con un sentido crítico e internacionalista que estudian principalmente los estados de Latinoamérica, región

que tiene y tendrá un papel importante en los próximos años en el destino de la humanidad.

Hasta nunca embajador colombiano.

En el escrito de la Secretaría de Relaciones Exteriores fechado el 8 de octubre del presente año nos comunicó entre otras cosas lo siguiente: “En sus dos cartas de referencia, comparten sus apreciaciones sobre las labores del Embajador Luis Camilo Osorio Isaza, mismas que, en su oportunidad, fueron hechas de su conocimiento por los canales diplomáticos correspondientes. Sobre este particular, me permito informales que el Embajador Osorio Isaza concluyó formalmente su misión en México el pasado 30 de septiembre.”

No sabemos hasta qué grado comparten nuestras apreciaciones sobre las actividades del embajador colombiano en México y en especial sobre nuestro caso, (cuando nos hizo señas de amenaza de muerte en escena de video que hicimos llegar a la cancillería mexicana) pues no anexaron documentación alguna que hayan hecho llegar al amenazante diplomático. Desde luego la retirada de dicho embajador más bien obedeció al cambio reciente de presidente colombiano que a nuestra denuncia.

De cualquier manera Luis Camilo Osorio se fue del país, pero nosotros seguiremos protestando frente a la embajada colombiana, como lo hemos venido haciendo mes a mes, ya que el actual presidente colombiano Juan Manuel Santos es igual de responsable y culpable del asesinato de nuestros hijos y la persecución de la sobre viviente Lucia Morett. Para la cancillería mexicana el caso de Sucumbíos esta finiquitado, para nosotros No, mientras no se haga Justicia.

2 México, Noviembre 2010 Cooperación Voluntaria

Acciones y JusticiaLa Procaduría general de Colombia inhabilita a la

senadora Piedad Cordoba: avanza el macartismo y la

ilegalidad.

Córdoba es integrante del grupo Colombianos y Colombianas por La Paz, el cual ha impulsado la propuesta del intercambio humanitario con las FARC.

La Procuraduría General de Colombia inhabilitó este lunes por 18 años a la senadora liberal colombiana Piedad Córdoba por la presunta promoción y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Según la Procuraduría General colombiana, Piedad Cordoba, quien forma parte de Colombianas y Colombianos por la Paz, “colaboró y promovió a las FARC durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 20 de noviembre de 2007, así como en momentos anteriores y posteriores a los años 2007, 2008 y 2010.

“La congresista incursa en la falta gravísima” de “fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados al margen de la ley; o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos”, según reza el Código Disciplinario Único de la nación suramericana.

Según un medio local, la senadora liberal ya fue notificada de la decisión del organismo.

Asimismo, el diario colombiano informó que “la investigación tuvo su origen en los hallazgos de los medios electrónicos incautados en la Operación Fénix donde fue abatido alias Raúl Reyes” en el año 2008 en territorio ecuatoriano, cuando el Ejército colombiano bombardeo ilegalmente un campamento clandestino de la FARC.

“En ellos se logró establecer que el cruce de documentos

entre el grupo guerrillero y la senadora en los que se identificó con los alias de Teodora, Teodora de Bolívar, la Negra y la Negrita, la parlamentaria se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el Gobierno para gestionar el intercambio humanitario”, dijo el Ministerio Público.

Señaló que “se tuvo en cuenta salidas de emigración de la Señora Córdoba, interceptaciones legales telefónicas a los miembros del bloque Libardo García de Cali y la declaración dada por el infiltrado de nacionalidad ucraniana, Viktor Tomnyuuk, que tuvo contactos con el Comandante del Frente 30, Alias Mincho”.

Agrega que “por estos hechos, el Ministerio Público estableció con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las FARC relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin


Acciones y Justiciade adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos”

Piedad Córdoba “instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países. Así mismo, efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo”, dijo la Procuraduría.

La corresponsal de teleSUR, Tatiana Pérez informó que el fallo contra la senadora colombiana lo realizó la Procuraduría General “quien tomó la decisión de destituir e inhabilitar a la senadora”, quien forma parte de un grupo que se formó en torno a la necesidad y deseo de personas de buscar la paz en Colombia.

Señaló que se prevé que la Procuraduría General de la nación suramericana dé una rueda prensa en horas de la tarde de este lunes.

Pérez reportó que el Partido Liberal y otros miembros del Congreso de Colombia se han manifestado con respecto al caso de la senadora y han exigido a la Procuraduría General las pruebas de las que se le acusa.

Señaló que Piedad Córdoba “puede apelar ante la Procuraduría con su abogados y en este momento ella continuaría siendo senadora antes de que vaya a una segunda instancia”.

Córdoba es integrante del grupo Colombianos y Colombianas por La Paz, el cual ha impulsado la propuesta del intercambio humanitario con las FARC como primer paso para establecer un diálogo y una salida pacífica que ponga fin al conflicto armado que vive la nación suramericana desde hace casi medio siglo.

Asimismo, ha sido artífice de las misiones para llevar a cabo las liberaciones unilaterales de varios retenidos a través del diálogo y bajo la autorización del Gobierno colombiano desde 2008.

La activista colombiana ha defendido intensamente un acuerdo humanitario entre las FARC y el Estado, razón por la cual ha sido duramente criticada por el Gobierno de su país y acusada de tener relaciones con el grupo rebelde.

Colombia.-DDHH: denuncia fosa común será

llevada a Bruselas.

Las asociaciones Catalana por la Paz y Justicia por Colombia analizan llevar a Bruselas el caso sobre la fosa común con 2 mil cadáveres sin identificar en el estado de La Macarena, sur de Colombia, a través de una audiencia en el Parlamento europeo, posibilidad que empezará a estudiarse en septiembre.

Así lo aseguró a ANSA el presidente de la Asociación Catalana para la Paz, Xavier Cutillas, quien aseguró que hay europarlamentarios comprometidos en participar en la difusión de la existencia de esa fosa en La Macarena, denunciada el pasado 22 de julio una audiencia pública, a lo cual el gobierno de Alvaro Uribe respondió que se trata de un cementerio legal.

En la audiencia estuvieron seis eurodiputados, tres miembros del Parlamento británico, dirigentes sindicales de Europa y Estados Unidos, el director de la Oficina de Promoción de Paz y Derechos Humanos del gobierno de Cataluña, Xavier Badia, y el vicepresidente de la asociación catalana, Ceferino Alonso.

Según Cutillas, se estudia la posibilidad de llevar el tema a Bruselas para septiembre próximo, cuando “nos encontraremos con Justicia por Colombia para definir las estrategias conjuntas”.

Dos de los eurodiputados que participaron en la audiencia, explicó Cutillas, se comprometieron “a participar en la difusión de las investigaciones sobre la fosa” en La Macarena, localidad del departamento de la Meta, con cadáveres enterrados como NN en un predio lindante a una base militar.

También se mostraron dispuestos a colaborar en un “seguimiento político de la situación”, por lo que, precisó a ANSA el activista, se planteará la posibilidad de convocar a una audiencia sobre ese tema en el Parlamento europeo, la cual tiene que ser solicitada por al menos 3 eurodiputados. Cutillas contó además que los abogados del Colectivo socio-jurídico Orlando Fals Borda de Bogotá ya estuvieron en abril pasado en una audiencia en el Parlamento europeo, por invitación de la ONG Justicia por Colombia.


Acciones y JusticiaEn ese momento, el objetivo de la reunión fue el de denunciar la grave situación sobre los derechos humanos en Colombia ante la inminente firma de un acuerdo de libre comercio entre ese país y Europa, bloque que de todos modos decidió firmarlo el pasado 19 de mayo.

Al respecto, Amnistía Internacional pidió entonces a la Unión Europea un compromiso ante la “impunidad” que impera en ese país en, por ejemplo, los asesinatos de civiles a manos de militares.

Tras la denuncia en la audiencia de La Macarena, presidida por las senadoras de la oposición Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez, el gobierno saliente de Alvaro Uribe negó que se tratase de una fosa común y dijo que era una extensión de un cementerio local donde hay, como en otros sitios, tumbas NN.

También Uribe llamó a los militantes de derechos humanos y legisladores de ser “voceros del terrorismo” que buscan “desacreditar a la Fuerza Pública”.

Las declaraciones de Uribe el pasado 25 de julio justamente en La Macarena fueron rechazadas por los europarlamentarios, mientras Taula Catalana por la Paz y los derechos Humanos en Colombia envió una carta al canciller español, Miguel Angel Moratinos, en la que se le solicitaba una “declaración pública de apoyo” a la labor de los dos miembros españoles de la delegación internacional” .

Esa institución aún no recibió respuesta por parte de Moratinos.

Un informe de la asociación catalana afirma que en 2009 organismos de derechos humanos pidieron a la Procuraduría General que investigara sobre un “cementerio clandestino” , al lado de la base que alberga la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército, con fondos de Estados Unidos en el marco del Plan Colombia, destinado a “luchar” contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El 12 de febrero de 2010 la Procuraduría General de la Nación reveló la “existencia aproximada de 2.000 cadáveres

sin identificar en la fosa común”, pero hasta ahora “no se ha llevado a cabo ninguna investigación” sobre la identidad de esos cadáveres ni tampoco “el número exacto de cuerpos enterrados ni las circunstancias” por las que fueron “asesinados” , dijo el reporte.

La denuncia de organismos de derechos humanos es que los cuerpos en las fosas clandestinas pueden ser producto de los “falsos positivos”, o sea, civiles asesinados y luego presentados por militares como “guerrilleros en combate”.

“El fenómeno de matar civiles, haciendo creer que son miembros de la guerrilla muertos en combate, con la finalidad

por parte de los soldados de recibir retribuciones salariales, se ha convertido en una actuación muy común en Colombia”, aseveró la asociación.

Según Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, los “falsos positivos constituyen en realidad un asesinato a sangre fría premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficios”.

Esos crímenes están “amparados” por la resolución ministerial 029, del 17 de noviembre de 2005, de Camilo

Ospina, que prevé ascensos, licencias y sumas de dinero a miembros del Ejército si detienen a un presunto guerrillero.

En ocho años de gobierno de Uribe, familiares de víctimas denunciaron 2..300 desapariciones ante la Fiscalía General.

La cifra de 2.000 cadáveres en la Macarena, municipio que integró la ex zona de despeje de las FARC, surge de datos de la Procuraduría y de las ONG, mientras para la Fiscalía General de la Nación hay 449, aunque acepta que pueden llegar a 600.

Para brindar información hasta ahora desconocida sobre La Macarena, fueron citados para el 24 de agosto al Parlamento los ministros de Defensa, Interior y Relaciones Públicas del gobierno de Juan Manuel Santos, quien asumió hoy.

También fue invitado el fiscal general, para informar en qué punto están las investigaciones en ese terreno.


Análisis y OpiniónUn Plan Colombia para

México.

La Secretaria de Estado de EE.UU. Hillary Clinton afirmó el miércoles pasado que México y Centroamérica están enfrentando una “insurgencia” que exige aplicar el equivalente del Plan Colombia en la región. Sus comentarios despertaron al instante la ira del gobierno mexicano, así como temores de una intervención militar más extensa de Estados Unidos.

“…nos enfrentamos a la amenaza creciente de una red bien organizada de narcotráfico que en algunos casos se transforma o está haciendo causa común con lo que consideraríamos una insurgencia en México y en Centroamérica”, declaró Clinton, añadiendo que “estos cárteles de la droga están demostrando índices cada vez mayores de insurgencia; de súbito aparecen coches bomba donde antes no los había.”

Irónicamente, la pregunta a la que Clinton estaba respondiendo fue en torno a qué ha estado haciendo Estados Unidos en lo tocante a su “responsabilidad en el hecho de que las drogas vengan hacia el norte y las armas vayan hacia el sur”. En lugar de contestar la pregunta, Clinton comparó a México con Colombia y pronunció la declaración más audaz hasta la fecha sobre la intervención estadounidense, que incluye apoyo militar, en la guerra de México contra el narcotráfico.

“Se está pareciendo cada vez más a la Colombia de hace 20 años”, dijo Clinton. “Y Colombia… llegó hasta el punto en donde más de una tercera parte del país, casi el 40 por ciento del país en una u otra época estaba controlado por los insurgentes, por las FARC. Pero se requerirá una combinación de capacidad institucional y cumplimiento de la ley mejorados y, cuando sea apropiado, respaldo militar a ese cumplimiento de la ley, conjugados con la voluntad política para ser capaz de evitar que el problema se extienda y procurar reducirlo…” Clinton sostuvo que el Plan Colombia dio resultados positivos y añadió que “necesitamos idear cuáles serían los equivalentes para América Central, México y El Caribe.”

La respuesta mexicana. Miembros del Congreso Mexicano reaccionaron con indignación. En sesiones para analizar

el cuarto informe de gobierno del presidente Felipe Calderón, un diputado señaló que en el gobierno estadounidense “son buenos para criticar a otros países y no reconocer que son una parte importante de esta negra cadena de narcotráfico y crimen organizado. El pueblo mexicano debe rechazar cualquier actitud injerencista de parte del gobierno de Estados Unidos.” Algunos congresistas demandaron que la Secretaria de Relaciones Exteriores envíe una nota formal de protesta al gobierno de Obama.

La Secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinosa declaró que “no comparto una apreciación en este sentido”, refiriéndose a las declaracines de su contraparte estadounidense. A su vez, el vocero del gabinete Alejandro Poire rechazó la comparación con Colombia.

En Washington, funcionarios de Obama se apresuraron a tratar de reparar el daño. El Secretario de Estado Adjunto Arturo Valenzuela corrigió a su jefa, explicando que el empleo “[d]el término ‘insurgencia’ no debería ser visto de la misma forma en que nos referimos a una insurgencia colombiana. No una insurgencia de un grupo militarizado que opera dentro de una sociedad e intenta apoderarse del Estado por motivos políticos.” Posteriormente el Presidente Obama descartó la comparación en observaciones hechas a La Opinión.

El comentario desató un remolino dentro del gabinete de Obama y en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México.

La comparación colombiana

Lo único sorprendente de los conceptos vertidos por Clinton es que los mencionó en voz alta. La Iniciativa Mérida originalmente se propuso como “Plan México” hasta que el nombre fue desechado. La comparación directa con el Plan Colombia se consideró como una desventaja. En México, la idea de la presencia militar estadounidense inflama el sentimiento nacionalista. Mientras tanto, en Estados Unidos el impacto insignificante sobre el tráfico de drogas y el incremento de violaciones de derechos humanos que implicó el Plan Colombia a un costo de 7.300 millones de dólares vuelve preocupante el que sea copiado en la frontera con México.

Cualquiera que sea su nombre, el plan de Bush para México y Centroamérica siempre guardó una relación estrecha con su antecesor del cono sur. El Plan Colombia


Análisis y Opinióncomenzó como un plan antinarcóticos estructurado según los lineamientos del modelo de guerra antidrogas de aplicación de la ley, bloqueo y uso del ejército, todo ello con la cercana participación de Estados Unidos. El Plan México no incluye la presencia del ejército estadounidense pero sigue el mismo modelo.

La fusión intencional que establece Hilary Clinton de la insurgencia con el narcotráfico surge de una de dos fuentes posibles: ignorancia o desinformación maliciosa. Una insurgencia busca apoderarse de territorio para producir un cambio profundo en la estructura de la sociedad y, por lo general, tomar a su cargo el gobierno. Los narcotraficantes, pese a declaraciones de Calderón en contra, no lanzan ofensivas contra el Estado para sustituirlo. Su ocupación principal es proteger y expandir su extremadamente lucrativo negocio. El malentendido –al parecer intencionado- respecto de esta distinción es en parte el fundamento de la fallida política con la que se libra la guerra contra las drogas.

Si la distinción se entendiera, la estrategia obvia debía ser atacar el negocio, no a quienes lo manejan. Contratar sustitutos dentro de un cártel es extremadamente fácil en México. La estructura de los cárteles es flexible, en ellos nuevos dirigentes o pandillas rivales reemplazan a los eliminados o debilitados. Existe una fuente inagotable de hombres jóvenes con escasas perspectivas en la vida en un país donde el gobierno ha fracasado en proporcionarles oportunidades educativas o laborales adecuadas.

Atacar el negocio significa ir tras las estructuras financieras trasnacionales que lo soportan, y ambos gobiernos han parecido renuentes a hacerlo con decisión dado que el dinero de la droga fluye a través de las principales poderosas instituciones financieras, aporta liquidez y financia empresas exteriormente legítimas.

La adopción de políticas regresivas

Poco antes de los señalamientos de Hillary Clinton, el Congreso de EE.UU. asignó $175 millones de dólares más para la guerra antinarco mexicana sin ninguna revisión o análisis estratégico comprehensivos de los terribles resultados que el modelo ha arrojado hasta la fecha. La violencia vinculada con la droga estalló al sur de la frontera con cerca de 30.000 muertos desde que se declaró la guerra a finales de 2006. Las violaciones de derechos humanos de que se acusa al ejército se habían sextuplicado el año pasado, y justo en los últimos meses

efectivos del ejército han matado a tiros a varios civiles.

Los representantes elegidos por los estadounidenses deberían asignar los dólares de sus impuestos con base en un minucioso análisis de cómo los recursos alcanzarán efectivamente los objetivos relacionados con el bien público. Hoy, cuando se trata de asignar recursos para la defensa en general, y el Plan México es un ejemplo extremo, el modus operandi es: gastar ahora y lidiar con los resultados desastrosos después… gastando todavía más. De acuerdo con un informe reciente de la General Accounting Office (Oficina de la Contraloría General de E.U.), la Iniciativa Mérida ni siquiera contiene objetivos a alcanzar por medio de los cuales evaluarla.

La asignación suplementaria para México estipula que las normas bajo el rubro “Control y Cumplimiento de Leyes Antinarcóticos a nivel Internacional” (INCLE) requieren que el Departamento de Estado emita un informe que demuestre el cumplimiento de los requisitos de su Sección 7045(e). Estas “condiciones de derechos humanos”, que algunos legisladores y grupos de Washington impulsaron, reflejan serias preocupaciones de que los fondos estarían fluyendo a fuerzas de seguridad mexicanas notoriamente corruptas y abusivas.

No obstante, en la práctica el Congreso diluyó las condiciones de tal manera que proporcionen una cortina de humo para esconder preocupaciones más graves respecto a la estrategia. El Congreso ignoró las críticas contra la Iniciativa Mérida de la AFL-CIO y organizaciones de ciudadanos y aprobó cinco asignaciones separadas que en total suman casi 1.500 millones de dólares. La iniciativa se transformó de un compromiso de tres años a un pacto permanente.

El 5 de septiembre la Secretaria de Estado Clinton anunció que el gobierno de EE.UU. estaba reteniendo el 15% de la nueva asignación suplementaria con base en las “condiciones de derechos humanos”. El gobierno mexicano se quejó públicamente y en voz alta pero lo celebró en privado. Las matemáticas son bastante claras: ‘te daremos 175 millones de dólares en fondos extraordinarios pero te retendremos 26 millones de dólares’–de lo que resulta una ganancia neta de 149 millones de dólares. Ambos gobiernos hicieron declaraciones santurronas. El de Estados Unidos criticó a México “olvidando” el hecho de que el crimen trasnacional no podría funcionar sin corrupción dentro de sus propias fronteras. El gobierno


Análisis y Opiniónde Calderón protestó contra el escándalo sobre los derechos humanos que hacía su vecino cuando tiene una guerra que librar. Hasta la prensa convencional señaló las contradicciones del juego de cifras.

A estas alturas se pensaría que la estrategia de imponer condiciones para lograr una guerra antinarco más bondadosa y amable (como diría Bush padre) estaría absolutamente desacreditada. La interpretación más generosa es que fue una estrategia de parte de grupos y congresistas que malentendieron tanto la situación en México como la nueva relación binacional del Pentágono que se estaba forjando a través del Plan. En lugar de proceder a la necesaria rectificación inmediata, la administración Obama planea pedir todavía más fondos públicos para la política fracasada mientras, de dientes para afuera, defiende los derechos humanos.

Dudas cada vez mayores

La última controversia sobre políticas para el narcotráfico en México sobreviene en medio de las dudas a ambos lados de la frontera. Los senadores mexicanos de todos los partidos políticos, excepto el de Calderón, criticaron con acritud el “fracaso” de la guerra contra las drogas del presidente en un análisis del cuarto informe anual de la administración. El Partido Revolucionario Institucional señaló que el informe anual presentado por el presidente Calderón mostraba menos incautaciones y ningún aumento notable en arrestos comparados con niveles históricos, y una asignación de tan sólo 1.500 millones de pesos a la prevención de adicciones. Un miembro del Partido de la Revolución Democrática deploró la ecuación de “a más recursos, más muertes”, ya que a la fecha, la guerra contra las drogas le ha costado al castigado presupuesto mexicano cerca de 7.000 millones de dólares.

En Estados Unidos también han crecido las dudas en cuanto a la eficacia de la estrategia. El Subdirector del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) Alonzo R. Peña lamentó que el gobierno mexicano a menudo no tome en cuenta los servicios de inteligencia de EE.UU. antes de actuar. Peña comentó que en ocasiones el motivo podía ser simple precaución pero que en otras “era completamente corrupción”. En Washington, el aumento de consecuencias negativas ha conducido a inquietudes sobre la falta de una estrategia de salida o un camino claramente definido hacia el éxito.

No hay fórmulas mágicas que se presenten, en particular si se atiende al grave deterioro de la situación en México. No obstante, el Congreso de EE.UU. no debe ignorar la violencia desencadenada bajo los términos de la política actual, y no puede aceptar los asesinatos como daño colateral. En México, los especialistas calculan que a este paso las muertes relacionadas con el narcotráfico alcanzarán más de 70.000 hacia el final de la presidencia de Calderón, a un ritmo de 50 muertes diarias en todo el país.

Estados Unidos debe empezar por reconocer la responsabilidad que comparte en el crecimiento del crimen organizado en México. Estados Unidos se enfrenta también a enormes desafíos dentro de sus fronteras y comparte la responsabilidad por respaldar una estrategia que de forma tan evidente ha incrementado la brutalidad de los cárteles de la droga. Hay muy escasa información sobre las actividades anticorrupción en Estados Unidos que no sólo no han prevenido, sino que de hecho han facilitado el trasiego transfronterizo de sustancias ilegales para su distribución a ciudades de una a otra costa. Los programas de tratamiento contra adicciones y prevención de abuso de drogas tienen un presupuesto de miseria. Medidas como la del referendo sobre la regulación de la mariguana podrían eliminar una enorme parte del ingreso de los cárteles sacando la droga del mercado negro.

Las declaraciones de Hillary Clinton revelan las fuertes corrientes dentro del gobierno estadounidense que buscan intensificar la injerencia de EE.UU. en la guerra mexicana contra las drogas. Nunca es fácil admitir un fracaso de tal magnitud en las políticas, o revertir planes como el Plan México que involucran a los poderosos grupos cabilderos de empresas de defensa y de seguridad privada. Pero el Presidente Obama ha demostrado valor para admitir errores en el pasado y buscar rectificarlos. Tanto su administración como el Congreso de EE.UU. deben demostrar hoy ese valor para reorientar decisivamente la descontrolada guerra contra las drogas.

* Laura Carlsen es directora del Programa de las Américas del Center for International Policy. Este artículo se publicó originalmente en la columna de Laura Carlsen para Foreign Policy in Focus.


Análisis y OpiniónLa cola del iceberg.

La paz en Colombia se llama Piedad Córdoba.

Abolir el modelo económico de la esclavitud en el tiempo de la esclavitud era destruir el motor y el orden mismo de la economía de aquel entonces, y destruir ese modelo económico repercutía en el orden político, moral, social etc., Karl Marx señaló que la economía hace la existencia e igualmente señaló que “no es la conciencia del hombre la que determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia”. Hablar hoy de la paz en Colombia es fracturar el motor y orden económico de ese Estado. Existe todo un modelo de mafia capitalista de tan lucrativa efecto económico que repercute en la esfera política, social, judicial, militar, laboral y por su puesto financieras como un hecho sistémico. Pero esto es algo que no se limita a la frontera de ese Estado sino más bien todo lo contrario, se sustenta desde fuera de sus fronteras. Colombia con su comercio de la droga y su guerra civil es una combinación que la convierte en una reserva y artería lucrativa en la economía mundial, en especial para la economía del feudo imperial estadounidense.

Esto ha convertido a Colombia en un laboratorio de la muerte para campesinos, estudiantes, periodistas, sindicalistas, activistas sociales, políticos, jueces. El ecocidio en especial en la selva para la producción de la cocaína, fumigaciones etc. Los pobres son las primeras víctimas, de inimaginable dolor dice un rap colombiano. Arde el luto, van fracturados del terror, espanto y hambre. Las cientos de matanzas y fosas comunes, un caníbal holocausto. “Maximización de la ganancia”, nos dice el catecismo capitalista. Colombia hoy es el país con el mayor número de desplazados internos del mundo luego le sigue Irak. La economía hace la existencia, …pero nada de este horror parece verdad… y mucho menos parece que existe una guerra civil, tampoco parecía que en la bella Alemania Nazi en colaboración con la admirable IBM… estaban gaseando a millones de judíos.

Ahora dentro del ser social colombiano, hablar de paz es en cierto modo un absurdo, ilógico y un abstracto debido al omnipresente modelo económico y que por lo tanto demarca el universo del poder. Pero la dialéctica nos dice que no existe el escenario final, la historia también demuestra que las masas le revierten el poder a las elites

o como bien lo señaló Karl Marx: Son las masas las que hacen la historia.

Pero apartando el marxismo a un lado y enfocándolo desde el punto de vista “metafísico”. El poder radica en los seres ya que lo único que tiene poder es la vida y el ser es vida.

Son millones de colombianos y colombianas que están apostando sus vidas por la justicia en su amada patria. A lo largo de estos 60 años de conflicto se han visto muchos esfuerzos, de buenas, malas y artificiales intenciones. Aunque existe la censura gran parte de organismos competentes del mundo saben los crímenes de lesa humanidad que vive Colombia, pero el tabú no está en conocer la situación, la prohibición está en actuar al respecto ya que es un lucro de escala mundial.

Es decir, que se sabe que ahí está la punta del iceberg en la que no se debe actuar, Piedad Córdoba actúa desde la cola de ese iceberg.

La senadora colombiana Piedad Córdoba es una honesta y entregada luchadora por la paz en su nación. Piedad


Análisis y OpiniónCórdoba no es la paz vacía, abstracta o decorativa, esta mujer negra colombiana no es un panfleto o un hello-Kitty de la paz, ni tampoco una exquisitez de la diplomacia por la paz. Cree en el dialogo y por lo tanto recurre a todas las partes e instancias de su pueblo para concretar los caminos de la paz. Piedad Córdoba se introduce en la selva a hablar con los grupos armados, hace vida en su congreso, habla con el gobierno, pide apoyo internacional, Habla con Hugo Chávez, Ernesto Kirchner, Nicolas Sarkozy. Le explica y documenta al mundo lo que pasa en la selva. Porta una labor notable de perseverancia, no claudica antes los enormes tropiezos, riesgos etc., hecho este que provoca la oligarquía de ese Estado para su desgaste. Es una activista puntual, bien versada en la política de su país, no se deja manipular por artificios atractivos y fraudulentos, fija posición, entiende que hay que hablar con todas las partes, por lo tanto pone en práctica el sentido común y lo elemental: hablar con su propio pueblo en conflicto. Y ahora se le quiere condenar por esto.

En toda la amarga y salvaje historia del conflicto colombiano nadie había logrado la humanización del conflicto. La gestión humanitaria llevada a cabo a través de Venezuela, la entrega de los rehenes, contribuyó a esa humanización del conflicto, y es de vital importancia destacar que esa gestión humanitaria oxigenó una concreta esperanza. Se intentó colocar el conflicto en la agenda internacional pero sigue cerrada. Aunque posteriormente Ingrid Betancourt fue rescatada, bajo años de olvido, por el gobierno, es también verdad que ese rescate no se hubiese dado que gracias y como consecuencia de la labor y los efectos de la gestión humanitaria emprendida por Piedad Córdoba.

Es verdad que hoy Piedad Córdoba cuenta también con mucho apoyo, pero también es verdad que con su constancia y entrega ha construido credibilidad y apoyo. Hoy nos cultiva, nos educa y orienta.

La paz en Colombia es vital para la paz en la región, abolir ese modelo criminal que opera en Colombia es un positivo logro para un mundo mejor, es golpear al nefasto poder corporativista, imperial y sionista de dominación en el mundo.

Piedad Córdoba es un modelo científico de resistencia pacífica, es una referencia obligatoria del altermundismo. Piedad Córdoba es el reflejo de nuestro estado espiritual, es movida por el amor a su pueblo, burla ese híper inhumano poder y provoca la historia. Es hoy la más importante activista del mundo.

Aguilas negras sobrevuelan la Universidad de Oxford.

El 20 de Septiembre, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, estará en la ciudad de Oxford, gracias a una invitación cursada por la llamada ‘Sociedad Latinoamericana’ de la Universidad de Oxford y el ‘Oxford Union’.

Cuesta entender y ofende a la inteligencia, que una universidad de la historia de la Universidad de Oxford se preste para traer como invitado a una figura tan cuestionada políticamente y tan cercano a la más cruda criminalidad de nuestro país. Traer a la Universidad de Oxford a un presidente de las condiciones de Uribe, no solo es un insulto a la inteligencia, sino que es una afrenta a la dignidad de los pueblos. Que mal anda la intelectualidad británica, representada en la Universidad de Oxford, al tener como huésped a un cuestionado ex presidente, vinculado con la estructura paramilitar colombiana, diseñador de una estrategia perversa, que durante sus ocho años de gobierno, ha producido miles de desapariciones forzadas, miles de torturas, cientos de masacres, miles de asesinatos políticos (entre estos cientos de sindicalistas), millones de desplazados forzados, miles de exiliados y la mas reprochable impunidad de todos estos crímenes.

Los órganos de investigación criminal en Colombia como la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, están muy cerca de develar la estratagema que permitió la institucionalización del crimen, que marcó los ocho años del periodo de Uribe como Presidente. Basta ver los mayúsculos escándalos de corrupción durante su mandato (que incluía desde sus funcionarios, hasta sus propios hijos), pasando por alianzas macabras de su familia (primos y su propio hermano) y sus adeptos políticos con el paramilitarismo (más de la mitad del Congreso uribista está en prisión por mafiosos o paramilitares), hasta llegar a la más abierta represión ilegal, concretada en la institucionalización del crimen mas aberrante, como lo han sido los llamados ‘falsos positivos’.

Como puede Uribe Vélez, pretender dar lecciones a estudiantes e intelectuales de Oxford, sobre, por ejemplo, ética, gobernabilidad, derecho internacional humanitario o derechos humanos, cuando desde hace mas de 20 años, en plena época de oro de los carteles de las mafias colombianas, ya Álvaro Uribe aparecía reseñado como delincuente en fichas del ‘Departamento de Estado de los Estados Unidos’, y


Análisis y Opiniónocupaba el puesto número 82, entre los narcotraficantes más buscados.

Como poder creer que un ex presidente, que violó reiteradamente el derecho internacional dirigiendo incursiones militares, bombardeos y secuestros en otros países (como el ilegal ataque a un país vecino), que ha ordenado que el Derecho Internacional Humanitario no se aplique en Colombia; que ha violado el más elemental principio de soberanía de cualquier Estado, se convierta hoy en el estandarte y ejemplo a seguir, en la aplicación de las normas internacionales de protección de los seres humanos. Acaso se le olvidó a la intelectualidad de Oxford, que Uribe Vélez fue el único presidente latinoamericano, que apoyo absolutamente la invasión a Irak y que Colombia aun mantiene vigente su declaración de guerra contra ese país hoy casi exterminado.

Habrá olvidado la llamada Sociedad Latinoamericana de la Universidad de Oxford y el Oxford Union, que Uribe Vélez, fue el gobernante que cedió de manera ilegal e inconstitucional, el territorio colombiano para el establecimiento de varias bases militares de los Estados Unidos, no solo para escalonar el conflicto interno que vive nuestro país, sino también con el objetivo de agredir a otros pueblos. Por fortuna y gracias a una acción legal interpuesta por la oficina de abogados a la que pertenezco, se ha decretado la inconstitucionalidad de esta vergüenza nacional.

Me niego a creer que la Universidad de Oxford, desconozcan lo que está pasando en Colombia. Como es posible que una universidad que pregona el humanismo, no lea por lo menos los informes de derechos humanos, producidos por los mismos órganos de las Naciones Unidas, en donde se reportan verdaderos crímenes de lesa humanidad cometidos no solo durante los ocho años de Uribe Vélez, sino también en otras épocas en las que el hoy ex presidente ha tenido mando político y mando militar. Sera que los llamados intelectuales de Oxford desconocen de la existencia de las recientes fosas con cientos de asesinatos cometidos por las fuerzas militares y paramilitares, que el mismo dirigía? será que desconocen los reiterados señalamientos que Uribe Vélez en su calidad de presidente y ahora de ex presidente, hace a decenas de defensores de derechos humanos que reciben luego amenazas de muerte, firmadas por los grupos paramilitares,

hoy llamados ‘águilas negras’ ? No puedo ni imaginar, que nunca hayan oído mencionar los más de dos mil casos reconocidos de jóvenes ejecutados en los llamados “falsos positivos”, o para mejor llamarlos ‘ejecuciones extrajudiciales, ordenados por Uribe Vélez y su entonces ministro de Defensa y hoy nuevo Presidente de Colombia, Juan Manual Santos, con el único objetivo de mostrar estadísticas de muertos, para mentirle al mundo que había eliminado de la fax de Colombia a los grupos guerrilleros.

Estos reconocimientos e invitaciones provoca repulsión, asco y vergüenza. Que falta de estudio, investigación y profesionalidad, de estas instituciones como La otrora prestigiosa Universidad de Oxford.

Mi critica puede sonar dura e irreverente, pero no de otra manera se puede reaccionar, ante instituciones que posan de humanistas y centros de la intelectualidad, que se sienten

con el derecho de pisotear a los muertos, a nuestros muertos, pisotearnos a nosotros mismos, los miles que nos vimos obligados a salir de nuestro país para salvar nuestras vidas, y diría aun mas, los millones de colombianos, que como consecuencias de esas políticas guerreristas y de entrega de nuestras riquezas a las multinacionales, fueron literalmente expulsados de nuestro país, para vivir en calidad de inmigrantes en estos países.

Por esencial pudor debemos rechazar estas designaciones e invitaciones, porque son un golpe directo a las víctimas de tantos crímenes de lesa humanidad cometidos en mi país, son una afrenta para las miles de madres de asesinados y desaparecidos, para ellas mi solidaridad y mi solidaridad también para el pueblo colombiano, pero extiendo mi solidaridad para con el sufrido y martirizado pueblo palestino y para las familias de las nueve personas turcas, integrantes de un convoy humanitario, asesinadas por fuerzas israelitas, el pasado mes de mayo, porque para desgracia de estos pueblos, recientemente el secretario general de las Naciones Unidas (Ban Ki-moon) designo a este cuestionado ex presidente, como integrante de un comité internacional que investigará estos hechos, relacionados con ese asalto israelí a la Flotilla de la Libertad que transportaba material de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza.


ColombiaMadre clama justicia por

falso positivo contra su hijo en el Tolima.

La mamá del compañero, Freddy Arnoldo Rojas González, preso en la cárcel Picaleña de la ciudad de Ibagué, por el presunto delito de rebelión, se dirige a diversos organismos defensores de derechos humanos del orden nacional e internacional, clamando justicia, exigiendo que su hijo sea puesto en libertad en la mayor brevedad posible y sea exonerado del burdo montaje que viene siendo objeto por los militares acantonados en el batallón Caicedo de Chaparral, la fiscalía general de la nación y otros organismos que hacen parte del represivo y terrorista Estado Colombiano. No duda en calificar esta patraña de otro “falso positivo” de los muchos que han sucedido y siguen sucediendo en nuestro país bajo la rimbombante frase de “seguridad democrática”.

La situación de este compañero, ciertamente, es dramática porque no solo al parecer es víctima de una confabulación del militarismo en su afán de presentar resultados, sino que se encuentra herido en una de sus extremidades inferiores por emboscada artera de unidades militares de dicho batallón y el centro carcelario no le está prestando los mínimos cuidados para que los médicos puedan curar dicha herida.

María Nelly González, se presentó en las instalaciones de la corporación para la defensa y promoción de los derechos humanos, REINICIAR, para denunciar las arbitrariedades que se viene cometiendo contra su hijo, presentando declaración la cual fue dirigida al defensor regional del pueblo, Santiago

Ramírez, lo mismo que a otros entes, entre los cuales se cuentan: Personería Municipal de Ibagué, Procuraduría Regional Tolima, Director programa presidencial de Derechos Humanos y de DIH vicepresidencia de la república, REINICIAR, Comité Internacional de la Cruz Roja Centro Colombia.

Apartes de dicha declaración, realizada el 15 de octubre, son las siguientes: “El día seis de agosto de 2010, mi hijo Freddy Arnoldo Rojas González de 28 años de edad, fue detenido en el casco urbano de Chaparral, en un operativo adelantado por la policía en coordinación con la fiscalía y el ejército, operativo ordenado por un juzgado de Ibagué”.

“El mismo día fue trasladado a Ibagué, donde le realizaron la audiencia de legalización de captura y allanamiento, el domingo ocho de agosto le fue dictada medida de aseguramiento intramural, siendo trasladado a la penitenciaria nacional de Picaleña, donde se encuentra actualmente recluido en el patio número ocho sindicado de rebelión y otros delitos”.

“Freddy Arnoldo, se encuentra gravemente enfermo, con una lesión en la pierna izquierda, causada por un disparo que le propinaron miembros del ejército, en hechos ocurridos el 16 de marzo de 2008, cuando regresaba de Chaparral a la finca donde vivía y trabajaba con sus padres. Por estos hechos


Colombiaactualmente la procuraduría regional del Tolima adelanta la respectiva investigación”.

“Debido a la herida causada Freddy Arnoldo ha sido sometido a nueve cirugías en la pierna, estuvo internado por espacio de un año en la clínica del seguro social en Ibagué, en la última cirugía que le realizaron en 2009, le implantaron un Tutor de alargamiento de fémur con nueve tornillos. Pese a las cirugías y al tratamiento médico, la herida no le ha sanado y por el contrario, presenta constante supuración y dolor permanente”.

“Denuncio que desde la detención y reclusión de mi hijo en la cárcel de Picaleña, su estado de salud ha empeorado notablemente, sin que la dirección del penal permita que se le brinde la atención que requiere, pese a que el mismo médico de la cárcel, le ordenó hace más de ocho días realizarle una radiografía pues los tornillos que tiene implantados se le están cayendo y por las condiciones del sitio de reclusión corre el grave riesgo de que la herida se le infecte”.

“Expreso temor por la integridad personal de mi hijo y responsabilizo de ello a la autoridad carcelaria por la actitud negligente en este caso. De la defensoría regional del pueblo solicito respetuosamente, se practique una visita al sitio de reclusión de mi hijo para que constate la gravedad del estado de salud de Freddy Arnoldo”.

“De las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, solicito acompañamiento y a la vez se interceda ante las autoridades competentes para que se investiguen y sancionen estos graves hechos que atentan contra el derecho a la integridad personal, a la honra y dignidad de mi hijo”.

El llamado de la compañera es dramático. Conmovedor. Cierto. Llamado de madre, de mamá responsable y consecuente, que tiene toda la razón por cuanto Freddy es un joven sano, quizás su único “pecado” es ser del Polo Democrática Alternativo, simpatizar con el partido comunista y ser sobrino de Raúl Rojas González. Es lo único.

Qué raro! En regiones militarizadas nadie sabe

quien lanza panfletos amenazantes.

Es muy raro y sorprende a muchos lo que ocurre en municipios y regiones colombianas densamente militarizadas con la profusa difusión de panfletos en los que se amenaza de muerte a jovencitas y jovencitos, amenazas que ponen en pánico a la población y se concretan en asesinatos de algunos de quienes aparezcan en esos listados.

Sucede en municipios del Departamento del Putumayo, ocurre en el municipio de Puerto Salgar donde están las instalaciones la Base aérea de Palanquero en los momentos previos a la manifestación de las mujeres contra la militarización y la presencia de tropas extranjeras, se presenta en las comunas de Barrancabermeja, Soacha y Cartagena. Nadie sabe nada, nadie ve nada, pero todos los habitantes saben que en esos lugares no se mueve una paja sin que las autoridades militares y policivas se den por enteradas.

La población colombiana es objetivo de campaña de guerra sucia por parte de instituciones castrenses, son campañas para perturbar la tranquilidad y especialmente de operaciones sicológicas en las que el blanco son los jóvenes y mediante las cuales se achacan todos los males sociales a la insurgencia colombiana creando un ambiente de terror, explica un especialista e investigador social.

Condenable situación. Aún más cuando existen funcionarios como el secretario de gobierno del Putumayo sostiene que las amenazas y el asesinato de dos jóvenes el 15 de agosto, cuyos nombres aparecen en uno de los listados puestos en circulación, obedece a una “chanza” entre chicos inocentes.

Son variadas los métodos y el accionar para crear zozobra y tensión entre los habitantes de áreas donde se realizan operaciones militares .Una denuncia de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz menciona que unidades militares realizaron un “simulacro de combate” generando pánico entre los pobladores del territorio de Bajo Naya, en el Cauca. En el lugar los uniformados se rieron ante el espanto de los afrocolombianos, a algunos les indicaron que eso les pasaba por “guerrilleros”, y de modo particular realizaron señalamientos contra miembros de la comunidad negra de


ColombiaDos Quebradas afirmando que eran guerrilleros. Al llegar al lugar, encontraron en una de las tablas la inscripción: “llegaron las Águilas”, en referencia a grupos paramilitares denominados “Águilas Negras”.

En el Putumayo surgen panfletos contra integrantes de servicios secretos policiales. En Bogotá explotan bombas y petardos de extraño origen en momentos en que desde el ejecutivo nacional se adelanta gestiones para la normalización de las relaciones con Venezuela y se abren posibilidades de diálogo político. Motorizados reparten volantes en aéreas rurales del Catatumbo. Panorama preocupante, señalan defensores de defensores de los derechos humanos a la vez que alertan por el asesinato de participantes en la audiencia pública realizada recientemente en LKa Macarena, Meta, donde se puso al descubierto una gigantesca fosa común con más de dos mil tumbasdonde podrían estar sepultados victimas de ejecuciones extrajudiciales.

La horrible noche de la extrema derecha y fichas del uribismo no ha cesado. El militarismo campea. En las estructuras de las instituciones del poder en Colombia están incrustados los enemigos de la paz y actúan con todas sus “herramientas” contra los deseos de cambio y transformación de nuestro pueblo. El llamado a redoblar la denuncia nacional e internacional de las violaciones a los derechos humanos y todos los responsables del odio y terror.

Por traición a la patria, abuso de poder y

prevaricato por acción, colectivo de abogados

denunciara a ex presidente Uribe Vélez y sus

ministros.

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” manifiesta su satisfacción por la decisión del día 17 de agosto de 2010 de la Corte Constitucional al declarar que el denominado “Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América”, suscrito en Bogotá el 30 de octubre de 2009, no puede surtir efectos en el ordenamiento interno colombiano hasta tanto cumpla con el trámite constitucional previsto para los tratados en forma solemne.

El Colectivo argumentó en la demanda de inexequibilidad, presentada en el mes de febrero, que dicho Acuerdo violaba las obligaciones constitucionales y legales frente a un tratado que compromete la soberanía nacional, constituyendo un desconocimiento más del “principio de separación de poderes y las facultades de cada autoridad de la República para cumplir las finalidades del Estado Social y Democrático de Derecho.

El principio de separación de poderes y la vigencia de la Constitución derivada de él, hacen la diferencia en una sociedad, entre el orden y la arbitrariedad”.

Dicho acuerdo compromete la soberanía nacional al establecerse la cesión de porciones considerables y estratégicas del territorio, del espacio aéreo, marítimo y del espectro electromagnético a favor de los Estados


ColombiaUnidos más la concesión irrestricta de un conjunto de prerrogativas no reconocidas a la población nacional.

Al desconocer las obligaciones constitucionales y legales, al comprometer la soberanía nacional, el Presidente Uribe y sus ministros han incurrido en una actuación de hecho al haber procedido arbitraria y unilateralmente, pudiendo subsumirse sus conductas en los punibles de abuso de autoridad ( Título III delitos contra la Administración Pública, capítulo VIII del Código Penal) y traición a la patria ( Delitos contra la existencia y seguridad del Estado, capítulo primero de los delitos de traición a la Patria contemplados en el código penal), y prevaricato por acción, por tanto solicitaremos la investigación respectiva por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y del Fiscal General de la Nación.

El Colectivo de Abogados llama al Presidente Juan Manuel Santos a reconsiderar dicho acuerdo por sus lesivos impactos sobre las relaciones diplomáticas de Colombia en la región, pero sobre todo por la afectación negativa que conlleva de la soberanía nacional y su impacto sobre los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y frente a la necesidad de encontrar una solución política negociada al conflicto armado en Colombia.

“Fosa común o cementerio clandestino, La Macarena existe y es responsabilidad

del Estado”

Felipe Cantera y Laura Bouza habéis estado en julio en Colombia, ¿qué lugares pudisteis visitar?

Nuestra estancia en Colombia fue corta, pero pudimos conocer La Macarena en el departamento del Meta, el Bajo Cauca en Antioquia (los municipios de Tarazá y Puerto Valdivia) y por supuesto visitas obligadas a Medellín y Bogotá. Estas dos últimas ciudades, decimos obligadas, porque para poder acceder a La Macarena salimos desde Bogotá, pasando por Villavicencio y desde ahí en avioneta hasta por fin llegar a La Macarena. Para llegar al Bajo Cauca fuimos en bus desde Medellín hasta Tarazá y Puerto Valdivia; estos son lugares de difícil acceso.

El caso de La Macarena, por ejemplo, fue uno de los cinco municipios que el ex presidente Andrés Pastrana desmilitarizó entre 1999 y 2002 para efectuar negociaciones de paz con los guerrilleros de las FARC -EP, pero el dialogo fracasó y el ejército paso a ocupar este territorio. Hoy en día La Macarena está ocupada por batallones de elite del ejercito Colombiano, Fuerza de Tarea Conjunta ‘Omega’ (FUTCO).

El FUTCO nació en el año 2003 dentro de los lineamientos y objetivos de la Política de Seguridad y Defensa Democrática implementada bajo el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez.

En el caso del pueblecito de La Macarena ¿participasteis en el Audiencia Pública de julio?

Sí, la Audiencia Pública de la Crisis Humanitaria en los llanos Orientales fue el motor de este viaje.

Esta audiencia tuvo lugar el 22 de Julio, pero nosotros hemos estado tres días antes. Estos días fueron importantes porque se recogieron testimonios de los vecinos y familiares de las víctimas, dejando en evidencia las amenazas de muerte, torturas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas —conocidas y mal llamadas como “falsos positivos” (población civil que el Ejército inscribe como guerrilleros dados de baja en combate) — cometidas por el Ejército, y atestiguaron que helicópteros de las fuerzas castrenses llevan cadáveres al cementerio de La Macarena.


Colombia¿Qué personas, colectivos, senadores, etc estuvieron presentes..?

La Audiencia estuvo presidida por las senadoras Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez, integrantes de la Comisión de Paz y Acuerdo Humanitario del Senado de Colombia y por parte de la Cámara de representares, se contó con la participación de Iván Cepeda Castro.

También participaron familiares de las víctimas, abogados, población campesina amenazada por el conflicto armado en la región, congresistas y senadores de Colombia, así como una amplia delegación internacional formada por europarlamentarios, personalidades del mundo de la cultura, sindicalistas, defensores y defensoras de los derechos humanos de toda Europa.

Entre los asistentes estuvieron Xavier Badia, director de la Oficina de Promoción de la Paz y los Derechos Humanos de la Generalitat de Catalunya, y Ceferino Alonso, vicepresidente de la Asociación Catalana por la Paz, organización comprometida en la defensa de los Derechos Humanos en Colombia y la solución negociada al conflicto armado.

Además de parlamentarias/os ¿participó alguna institución colombiana?

Dos de las organizaciones sociales que participaron son el Colectivo Socio-jurídico Orlando Fals Borda y el Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP, el cual con su banco de datos de derechos humanos y violencia política, lleva varios años de trabajo en esta región, recogiendo información de múltiples casos de pobladores desaparecidos,

y ejecutados de manera extrajudicial. Su participación en la Audiencia la hizo con 10 casos mas representativos donde existe total claridad de la ejecución extrajudicial de 10 campesinos que fueron enterrados en la fosa y reportados por el Ejército colombiano como guerrilleros dados de baja en combate.

Los medios reflejaron controversia sobre el tema ¿por qué esas diferentes interpretaciones?

Depende de qué medios hablamos, ¿no? Lo que si es cierto es que no se puede negar lo evidente (esta “fosa” existe, es real y el estado tiene que dar la cara y hacerse responsable) y en la actualidad, los medios de comunicación oficiales colombianos están digitalizados por la familia Santos, que a día de hoy es el presidente de Colombia (anteriormente ministro de defensa).

Pero gracias a los medios de comunicación alternativos, Notimundo, Centro de Medios populares (CMP), Telesur, etc., estas violaciones masivas de derechos humanos se hicieron públicas. Es necesario que se visibilice esta barbarie para que se haga justicia, y Uribe y el resto de responsables no evadan el castigo.

Y enseguida el presidente de entonces Uribe, estaba con los militares en La Macarena, arremetiendo directamente contra los integrantes de la Audiencia...

Exactamente sus palabras fueron: “Vengo a decirles gracias a los soldados y policías de mi patria por su heroísmo”.

No deja de sorprender la actitud de esta persona que acusa de forma insolente y embustera a Córdoba, a Cepeda, ONG denunciantes, defensoras de derechos humanos… de “voceros del terrorismo que buscan desacreditar a la fuerza pública”.

Es vergonzoso este tipo de respuestas… y a los pocos días el 7 de agosto de 2010 en plena posición del actual presidente Juan Manuel Santos, desapareció Norma Irene Pérez, una líder campesina defensora de derechos humanos (que asistió a la audiencia), para aparecer el 13 de agosto muerta con varios impactos de bala (ver noticia). Posteriormente el pasado 10 de septiembre, fue detenido el líder campesino, integrante del comité regional de bajo Ariari y defensor de DDHH, José Samuel Rojas Mora, también participante y denunciante en la Audiencia de la Macarena.

Esa es la seguridad que brinda el gobierno Colombiano.

Además de escuchar testimonios, ¿qué pudisteis ver en La Macarena?


ColombiaLo que más nos llamó la atención fue la presencia del ejército, su actitud intimidatoria; es un lugar en donde la presencia del ejército es total.

En un municipio de 3.700 habitantes encontramos: 2 brigadas de la fuerza de despliegue rápido (FUDRA), 1 brigada de la fuerza de acción decisiva (FUCAD), componente aéreo conjunto, y brigada Fluvial, además de La policía y el DAS (policía política del Jefe de Estado). Es una zona en donde hay muchos intereses y por eso en vez de buscar la paz buscan la guerra a sangre y fuego.

La oficina de la ONU en Colombia acaba de sacar un informe que asegura que no hay Fosa Común, pero sí varios cientos de cadáveres.. ¿Concordáis con esa versión?

En realidad la discusión que genera la definición de fosa común es algo que se utiliza para dispersar, lo que si es cierto es que existe (fosa, cementerio clandestino…) y el ejército, ergo el gobierno Colombiano es responsable.

La versión de los familiares de las víctimas, ¿está recogida en algún documento?

Claro, lo importante de esta audiencia es precisamente eso, pero aun siguen las investigaciones. Muchas de estas violaciones de derechos humanos aún no pueden ser públicas por la seguridad de los testigos que están demandando al estado colombiano.

¿Os parece que el gobierno español tiene algo que hacer

o decir en este tema de las ejecuciones extrajudiciales, las fosas, las desapariciones en Colombia?

Todo esto es la consecuencia del Plan Colombia (programa de ocho mil millones de dólares que comanda EE.UU. para eliminar la insurgencia interna y acorralar a los Gobiernos no afines de Venezuela, Bolivia y Ecuador, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia), y aquí el gobierno español (por aquel entonces el de Aznar) tiene mucho que decir. Ha apoyado de forma económica este Plan y por lo tanto ante la aparición de esta y otras tantas fosas tendría mucho que hacer y manifestar y no permanecer en la sombra bajo un manto de silencio. Con este silencio también cubre estas violaciones de derechos humanos. En la actualidad, este gobierno que se disfraza de gobierno socialista y defensor de derechos humanos continúa alimentando la guerra colombiana con la venta de armas. “Vergüenza” es el único calificativo que se nos ocurre para este gobierno cómplice que parece sólo le preocupan los acuerdos económicos.

¿Por qué tanto interés en la zona de la Macarena, acaso tiene una importancia geoestratégica?

La zona de la Macarena ha sido históricamente un lugar abandonado por el estado colombiano. En los últimos años, los intereses de las multinacionales hacen que los Estados Unidos y el gobierno Colombiano decidieran tomarla -Plan Colombia-. De este modo aseguran un camino importante hacia la capital, Bogotá. La Macarena, pasaría a ser la entrada

a la zona selvática, que a día de hoy todavía no está explotada; esta zona es muy rica en recursos.

Diferentes empresas esperan utilizar 200.000 hectáreas, aproximadamente, en explotación de mono cultivos como la palma africana para agro combustibles. El departamento del Meta es la puerta de la amazonía y de todo el control genético de la zona, además de poder transportar minerales (Vichada y Guaviare) y petróleo (caquetá y Casanare) hacia la capital. Hay muchas multinacionales con intereses en la zona como la petrolera BP, vinculada al paramilitarismo estatal.

Entrevista: Soldepaz Pachakuti

Fotos: FELIPE CANTERA


Retratos de DelincuentesDurmiendo con los amigos

Uribe “cogobernó” con “narcoparamilitares” durante ocho años

Esta aseveración se desprende del libro lanzado por la investigadora y politóloga Claudia López.

El ex presidente colombiano Álvaro Uribe “cogobernó” durante ocho años con el “narcoparamilitarismo” , período en el que esa mafia se legitimó política y económicamente como no lo había hecho antes, pese a que ese fenómeno nació hace más de dos décadas.

Así se revela en “Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano” (Debate 2010) , una publicación ofrecida en la presente Feria del Libro de Bogotá.

Tres años de investigaciones que han llevado a los autores, pertenecientes a cinco instituciones y coordinados por la analista y escritora Claudia López, a determinar que si bien distintos grupos ilegales intentaron secuestrar al Estado sólo los “narcoparamilitares” casi lo lograron.

“Con Uribe (2002-2010) el narcoparamilitarismo tuvo un nivel de representación y de cogobernabilidad política a nivel nacional que nunca antes había tenido” , señala López.

Prueba de ello fue la alta representación de esas mafias en el Legislativo durante la era Uribe, cuando 102 congresistas fueron vinculados a grupos al margen de la ley.

De ese centenar, cinco habrían tenido supuestos nexos con las guerrillas y de ellos ninguno ha sido condenado, mientras que a 97 se les relaciona con la extrema derecha armada, de los que, a su vez, 25 están condenados, diez procesados y el resto bajo investigación.

Esos congresistas vinculados con los paramilitares suponían el 55 por ciento de la bancada uribista en el Senado, aclara López.

No obstante, la investigadora recuerda que el paramilitarismo nació en los años ochenta como fuerzas civiles contra-guerrilla envueltas en el negocio de la droga, y que fue a partir de 1994 cuando se fusionaron con los narcotraficantes.

Los paramilitares facilitaron la caída del capo Pablo Escobar, líder del ahora extinto cartel de Medellín, al tiempo que nacían las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, el germen de las temidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) , un proyecto que se impuso a nivel nacional una vez desmantelados los grandes carteles de Medellín y Cali, según López.

Para 2002, cuando Uribe llegó al poder, el “narcoparamilitarismo” ya había dominado y cambiado el mapa político en varias regiones amparado por círculos de poder de la Colombia rural, que más allá de buscar protección frente a las guerrillas vieron en esas mafias una forma de defender sus intereses.

Tales intereses iban desde eliminar a sus contrincantes políticos hasta hacerse con tierras despojadas a los campesinos, acciones acompañadas de grandes masacres.

“Los narcoparamilitares, reconocidos por el Estado, entrenados por la Fuerza Pública, son hijos ilegítimos del Estado, lo que les dio ventaja en términos de relaciones con las elites y un reconocimiento social” , detalla López.

En 2002 “se sumaron masivamente al proyecto político y electoral uribista” , dotándoles de “un nivel de influencia y legitimidad sin precedentes” , matiza.

“Llegaron a tener la dirección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, agencia de inteligencia)” , de la mano de Jorge Noguera, hoy procesado y quien fue gerente regional de la primera campaña presidencial de Uribe.

Según la escritora, “ante tanta impunidad, fue la sociedad civil, la prensa y el poder judicial los que impidieron que esos grupos mafiosos lograran su objetivo de coptar al Estado” cuando el país afrontaba una realidad aterradora.


Retratos de Delincuentes“Colombia, en democracia, tuvo más desaparecidos, más asesinados, más violaciones a los derechos humanos que las tres dictaduras del Cono Sur sumadas” , asegura López.En 20 años se acumulan “más de 31.000 desaparecidos y 165.000 homicidios por el conflicto y motivaciones políticas” , a su juicio, “una historia de sangre a punta de bala”.

“El narcoparamilitismo refundó las mayorías políticas en Colombia y sus fuentes de legitimidad. Se pasó de mayorías bipartidistas de tendencia liberal a mayorías de narcotraficantes” , explica sobre el contexto en el que ese grupo ilegal se hizo fuerte.

Ahora, el reto “es reconstruir la democracia de forma legítima, reconstruir el Estado para que actúe en función de los ciudadanos y no de intereses criminales” , teniendo en cuenta que “las fuerzas del paramilitarismo en Colombia siguen vivas” , pese a que han pasado de tener 35.000 hombres en armas a 10.000.

Otro desafío es acabar con “los altos niveles de impunidad” , porque “algunos paramilitares la han pagado, políticos la han pagado, pero ni las fuerzas económicas ni las fuerzas militares, que hacen parte de esa estructura de poder, la han pagado” , matiza la escritora.

Eso sin contar que en el nuevo Congreso, elegido en marzo de 2010, hay 29 senadores que están siendo investigados o son “herederos” de la denominada “parapolítica” , es decir, familiares o allegados de condenados por ese delito.

Uribe se refugiará en EEUU tras acusaciones

de crímenes de lesa humanidad

El presidente saliente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, luego de entregar su cargo , partirá a los Estados Unidos donde, supuestamente, asumirá “el rol de catedrático en la Universidad de Georgetown”.

Así lo informó Sonia Schott, corresponsal del canal privado Globovisión en Washington, quien aplaudió este destino del saliente mandatario neogranadino señalado de genocida, al asegurar que eran “unas vacaciones para estar lejos de Colombia”.

“Mucho se había especulado sobre cuál iba ser el destino del ex presidente Uribe al abandonar su cargo. Ahora con esta información queda claro que el mejor sitio para estar es aquí (Washington) . Era una buena decisión que se tomase unas vacaciones de Bogotá para estar lejos de Colombia y desde aquí analizar muy de cerca la realidad de su país”, afirmó, en su reporte, Sonia Schott.

Cabe destacar que, contradictoriamente , un gran número de colombianos están exigiendo a las autoridades del vecino país se abra una investigación penal en contra del saliente mandatario por su presunta vinculación con las fosas comunes en donde fueron hallados más de dos mil cadáveres de campesinos que, supuestamente, fueron asesinados por el Ejército neogranadino y presentados como guerrilleros caídos en combate.

Llama la atención que el gobierno estadounidense, que se ha autoproclamado defensor mundial de los Derechos Humanos, no se haya pronunciado frente a las acusaciones contra Uribe y por el contrario le brinda resguardo, posiblemente, para que logre evadir los procedimientos penales que puedan iniciarse, luego de que entregue el cargo.


Retratos de DelincuentesCabe destacar que, ésta no sería la primera vez que el gobierno norteamericano refugia a terroristas y a personas sindicadas de violar los Derechos Humanos. Un ejemplo es Luis Posada Carriles, quien es requerido por la justicia internacional por su participación en la voladura de un avión de Cubana de Aviación.

Venezuela tiene cinco años pidiéndole a EEUU la extradición de este terrorista, petición que ha sido ignorada por autoridades norteamericanas, presuntamente, debido a los secretos de Estado que éste conoce sobre el imperio.

Uniformado confesó manipular información

de computadores de ‘Raúl Reyes’.

Ronald Coy, investigador de la Policía y testigo en el juicio contra Liliana Obando, ex funcionaria de Fensuagro investigada por sus supuestos vínculos con las Farc, admitió que manipuló la información que se encontraba en los computadores del extinto jefe de la guerrilla alias ‘Raúl Reyes’, antes de ponerlos a disposición de la Fiscalía.

Al preguntársele al uniformado si “abrió la información y la manipuló antes de que esa información fuera sometida a control de legalidades, sin que existiera entonces autorización legal para ello” , el Policía asintió: “Sí señor” .

La Procuraduría cuestionó al oficial por la manipulación indebida de la información, mientras que el abogado de la defensa, Eduardo Matías, en diálogo con el noticiero CM&, advirtió que con la confesión de Coy quedó sin piso jurídico el acervo probatorio para juzgar a la implicada.

“Se evidencia un manejo desbordado por parte del funcionario judicial y un abuso de autoridad que viola el debido proceso y por tanto la prueba no puede ser tenida en cuenta como prueba dentro de un proceso penal” , señaló el abogado.

La Dijin y la Fiscalía capturaron a Obando en agosto de 2008 por presuntos vínculos con las Farc.

Según la investigación, la mujer hace parte de la comisión internacional de las Farc y en el computador de ‘Reyes’ encontraron abundante material sobre sus actividades ilegales, además de correos íntimos que permiten conjeturar que Obando sostenía una relación sentimental.


Retratos de Delincuentes


Te invitamos a participar en el Boletín mensual

“CADA UNO POR LA JUSTICIA”

El Boletín “CADA UNO POR LA JUSTICIA” es el medio de comunicación de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador y organizaciones que lo elaboran, en su lucha por lograr JUSTICIA y que los culpables del asesinato de

Verónica, Fernando, Soren y Juan sean llevados a juicio.

Así, convocamos a todos aquellos que quieran participar en la sección “Análisis y Opinión” aportando artículos, ensayos, imágenes, etc. Sólo tienes que enviar tú

colaboración al siguiente correo electrónico:

[email protected] artículos deben incluir: título, seudónimo o nombre del autor, correo electrónico y fecha de realización. Los textos deberán ser entregados por correo electrónico en

formato Word, con letra Arial 11 justificado, de máximo 3 cuartillas.

Se reciben colaboraciones del 1º al 15 de cada mes.

Agradecemos tú apoyo y solidaridad.

Atentamente.

Equipo de redacción y contenido del Boletín “CADA UNO POR LA JUSTICIA”


CALAVERAS.La muerte se anda paseando

por todito el continente,

quiere mirarnos llorando

por el que se encuentra ausente,

y a los vivos condenando

a sufrir eternamente.

Le recuerdo a la pelona

y a toditos los presentes

que en México su persona

nos ha pelado los dientes.

Tiene malos personeros

por el Norte y por el Sur:

Santos el sepulturero

and the killer Mister Obama.

Pobrecita la Catrina

no sabe en qué se metió

cuando el primero de Marzo

mis amigos se llevó.

Se pensaba ser muy fi na

pero perdió sus cabales

cuando Vero muy ladina

reclamándole sus males

alborotó el camposanto

gritando: ¡Somos iguales!

-Detente no grites mucho-

decía solicitando

la muerte, mientras Fernando

sobre una tapia muy ducho

parafraseando a Oliverio

un discurso ya iba dando:

-Esto siento yo muy serio:

“muerte puta, muerte cruel,

muerte en cumplimiento del deber,

siempre con gente joven”

y con los poderosos a lo lejos,

es verdad que en ese tren

muerte, andas a lo pendejo.

-Falsaria muerte macabra-

gritaba Juan con esmero

-Te robaste mi palabra

dándola al sepulturero

para poner en mi tumba

“delincuente, guerrillero”,

lo primero nunca fui,

lo segundo ahora si quiero

y dignifi car en muerte

lo que en vida ya no puedo.

Soren solo sonreía,

a sus tres amigos miraba,

sus palabras atendía

como cuando vivo estaba;

la muerte estaba sombria,

la muerte no lo espanataba.

Ella maldecía el dia,

el dia de Marzo primero

y pensó: “mejor sería

llevarme a aquel personero

que me trajo aquí a estos cuatro,

y a tantos desespero”

La muerte se anda paseando

por todito el Continente

a Uribe anda buscando,

a Bush y a toda su gente;

por bien de la humanidad

ojalá que los encuentre.

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Boletín CADA UNO POR LA JUSTICIA No. 23