Boletín CADA UNO POR LA JUSTICIA No. 10

México Junio 2009 | Cooperación VoluntariaBoletín No. 10

No.

Los espejos, las sombras(fragmento)

...poco puede conocer de los rostrosque no fueron mi rostro y sin embargo

siguen estando en miy menos todavía

de los desesperantes terraplenesque trate de subir o de bajar

esos riesgos minúsculos que parecen montañasy los otros los graves que salve como un sordo

así hasta que la vida quedó sin intervalosy la muerte quedó sin vacaciones

y mi piel se quedó sin otrs pielesy mis brazos vacíos como mangas

declamaron socorro para el mundo...

Acciones y JusticiaCarta editorial de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador. pág 2

Protesta cada uno por la justicia pag 3

Análisis y OpiniónAlto a la criminalización de nuestra compañera Lucía

Morett pág 4

Y un impuesto de guerra voluntario? pág 5

El Parlamento Europeo se opone al TLC con Colombia por las vilaciones de Derchos Humanos pág.6

Diario el País decide pretarse como órgano propagandístico para la reelección de Uribe pág.7

ColombiaAcusan a bananerade EE. UU. de ordenar el asesinato de 57 sindicalistas colombianos. pág 9

10Las cárceles en Colombia son sitios de destrucción

humana. pág 10

Carta abierta a Álvaro Uribe Vélez, Observatorio para la Protección de los Defensores de DDHH. pág 11

Carta sobre los espionajes ilegales realizados por el DAS. pág 13

Retratos de DelincuentesLuis Camilo Osorio Isaza y el paramilitarismo colombiano. pág 15

La injerencia de Luis Camilo Osorio en la política interna mexicana. pág 17

Uribe recibe premio en España en medio de protestas pág 19

CulturaQue les queda por probar a los jóvenes? Benedetti. pág 22

México Junio 2009 | Cooperación Voluntaria

Mario Benedetti.

Cada uno por la Justicia

México, Junio 2009 Cooperación Voluntaria 1

• Asociación de Padres y Familiares de las Victimas de Sucumbíos, Ecuador (México)• Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones de

DerechosHumanos en México, AFADEM FEDEFAM (México)

• Asociación por la Defensa de los Derechos Humanos y la Equidad de Género, ASDDHEG (México)

• Asociación de Derechos Humanos del Estado de México, ADHEM (México)• Asociación de Barcelona en Apoyo a México, ABAM (Catalunya)

• Association Toulousaine de Solidarité envers le Mexique, ATSM (Francia)• Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C. (México)

• Colectivo Estudiantil Carlos Marx (México)• Comité 68 Pro Libertades Democráticas A.C. (México)

• Fundación Diego Lucero A.C. (México)• Frente de Lucha Estudiantil Julio Antonia Mella, FLE-JAM (México)

• Grupo de Acción Revolucionaria, GAR (México)• Juventud Comunista de México (JCM)

• Liga Argentina por los Derechos del Hombre, LADH (Argentina)• Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C., Limeddh (México)

• Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos, RUMODH (México)• Solidaridad para el Desarrollo y la Paz, SODEPAZ (España)

• Solidaritat per el Desenvolupament y la Pau del Pais Valenciano, SODEPAU-PV (Pais Valenciano)

Para mayor información:[email protected]

Teléfono: (55) 5610-8790Celular: 044 55 29392167

Este Boletín es presentadopor:


2 México, Junio 2009 Cooperación Voluntaria

Acciones y JusticiaCarta Editorial de la Asociación de

Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador.

“La impunidad ayuda a los que tienen el poder a imponer una versión de la historia y orden social de acuerdo con sus propios intereses.”

A un año tres meses de la masacre de Sucumbíos, cabe aquí hacer algunas reflexiones en torno a nuestra lucha por clamar justicia y condenar la impunidad del gobierno cínico y criminal de Álvaro Uribe Vélez.

Vivimos supuestamente dentro de una sociedad civilizada, de un mundo moderno del siglo XXI que condena los horrores del pasado, sin embargo, poco o casi nada se ha avanzado en los derechos más elementales del ser humano. Como escribe Eduardo Galeano: “¿Es Justa la Justicia? ¿Está parada sobre sus pies la Justicia del mundo al revés?” “¿Quiénes son los justos y quienes los injustos? Si la justicia internacional de veras existe, ¿por qué nunca juzga a los poderosos? No van presos los autores de las más feroces carnicerías. ¿Será porque son ellos quienes tienen las llaves de las cárceles?

Pero concretémonos en nuestro caso, qué significa tragedia y dolor, pero también, lucha por nuestros hijos.

El día 13 de mayo pasado estuvimos presentes, como lo venimos haciendo mes tras mes, protestando frente a la embajada de Colombia en México, alrededor de veinticinco personas con nuestra manta y pequeñas cruces que siempre levantamos con dignidad y coraje. Nos concentramos familiares, amigos, estudiantes y representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, para recordar que nuestros jóvenes no murieron, sino fueron asesinados: Verónica, Fernando, Juan y Soren. Como de costumbre nos acompañaron policías con sus patrullas, pero ahora por primera vez sin granaderos, pero eso sí, no faltó la mujer que siempre nos vigila en nuestras concentraciones públicas y el agente de la embajada colombiana que nos ve con cara dura y nos fotografía.



Acciones y JusticiaProtesta CADA UNO POR LA

JUSTICIA frente a la embajada de Colombia en México

México D.F. a 1 de Junio del 2009

La presencia de la prensa fue mínima, se redujo a dos reporteros con sus fotógrafos, quienes casi no preguntaron o tal vez esperaban la llegada de Lucía Morett para preguntarle sobre la petición de extradición a Ecuador... De igual manera nuestra realidad cotidiana hace que en ocasiones alguno de nosotros tenga que faltar a nuestra cita mensual ante la embajada, ya que tenemos que ir a trabajar, a vender, a nuestras clases, etc. O como fue el caso en éste mes de mayo, en que se pospuso la fecha por la contingencia de la influenza humana (porcina).

Vemos con claridad que ya no somos noticia para los medios de comunicación, como si nuestras demandas de Justicia estuvieran resueltas o para silenciarnos...

Nosotros estamos conscientes que ésto sucederá y que nuestra lucha es a largo plazo dadas las condiciones tanto nacionales como internacionales que no son muy favorables, sin embargo, no somos pesimistas y tenemos la moral en alto, porque nuestra voluntad y fuerza viene de nuestros hijos.

Los grupos más reaccionarios y retrógradas de nuestro país, llámense Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal A. C. y Mejor Sociedad Mejor Gobierno; quisieran ver a Lucia Morett en una mazmorra en Bogotá o que nuestro trabajo por exigir Justicia sea silenciado o simplemente le apuestan a que la impunidad de sus socios del Palacio de Nariño quede en el olvido, de igual manera que la gente de la embajada colombiana en México, quienes nos ven con desprecio fascista, pues desde hace meses ningún funcionario recibe nuestros documentos o Boletines y sólo baja un guardia de seguridad, pues no conocen la más elemental de las cortesías diplomáticas, lo que demuestra que sólo hay un ex-fiscal protector de paramilitares de Colombia, ahora disfrazado de embajador.

Nuestra lucha está presente aunque no se vea en los medios de comunicación, T.V., Radio o Prensa escrita, por eso tenemos un blog en Internet y el presente Boletín como medios de comunicación hacia el pueblo. Somos ya como una piedrita que molesta en el zapato de los asesinos de Bogotá, porque el Boletín mensual “Cada Uno por la Justicia” se ha aparecido donde menos pensaban, tal fue el caso, cuando el embajador colombiano en Roma, visiblemente molesto recibió de una ciudadana italiana nuestro documento.

Nuestro movimiento en forma modesta ha alcanzado un carácter continental. El día 8 de mayo pasado se realizó un Foro con tres académicos, como ponentes, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) donde se exhibió el documental de Salvador Díaz: “De Luto visten los Héroes”, exponiendo los hechos de la masacre de Sucumbíos, causando gran interés entre los asistentes. Sin embargo, estamos conscientes de que nuestras limitaciones son muchas, ya que nuestra lucha es desigual al enfrentarnos a un estado paramilitar, denunciando sus crímenes, como es el colombiano, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, con la complicidad del gobierno mexicano y por si fuera poco, se suman todos ellos a los intereses de Álvaro Uribe Vélez, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador (al margen del gobierno de Rafael Correa). Ésta última instancia anunció el 30 de abril pasado que solicitará la extradición al gobierno mexicano de Lucia Morett. Su consigna es criminalizar a los estudiantes mexicanos que fueron víctimas y de esa manera evitar que los asesinos paguen por sus crímenes en Sucumbíos.

La cancillería mexicana de Relaciones Exteriores tendrá que asumir una responsabilidad histórica, aceptar o rechazar la solicitud de extradición de Lucia Morett Álvarez solicitada por la Corte de Justicia de Ecuador, instancia jurídica que se reduce a ser instrumento del asesino Álvaro Uribe Vélez. Nosotros los Padres y Familiares hacemos un llamado a la opinión pública nacional e internacional a que nos apoyen en nuestra lucha en defensa de Lucia Morett, que no permitamos otro crimen más en contra de nuestros hijos.

Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador.



Acciones y JusticiaAlto a la criminalización a nuestra compañera Lucía

Morett.En medio de la contingencia sanitaria se anunció que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador (CNJ) aprobó la solicitud de extradición a México y Nicaragua de tres mujeres que sobrevivieron al ataque colombiano contra las FARC en territorio ecuatoriano en marzo de 2008, a raíz del cual Quito rompió relaciones con Bogotá. El presidente de la CNJ, José Troya, dijo que aceptó tramitar la extradición de la mexicana Lucía Morett, quien se encuentra en su país, y de las colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez, que están refugiadas en Nicaragua… Agregó que aceptó gestionar la extradición por pedido del juez penal Francisco Bustos, quien procesa a las tres sobrevivientes por atentar contra la seguridad del Estado ecuatoriano. La documentación sería enviada la próxima semana a la cancillería ecuatoriana para cumplir con los trámites de extradición, indicó Troya.

Este anuncio se da en el marco del Informe Anual del Departamento de Estado sobre terrorismo en el mundo, realizado por EE.UU. que dice que:

“Según EE.UU., los tribunales ecuatorianos “son débiles, susceptibles a la corrupción y tienen un gran atraso en casos pendientes”.

A su vez, el documento destaca que los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Venezuela, Hugo Chávez, mantienen su posición frente a las FARC.

El informe señala que Ortega en 2008 otorgó asilo a cuatro sobrevivientes del ataque a Angostura, la mexicana Lucía Morett y las colombianas Doris Torres, Martha Pérez y Nubia Calderón.

El informe es el primero de este tipo realizado bajo la presidencia de Barack Obama, que repitió numerosas acusaciones que la administración de George W. Bush hizo en el informe del año pasado en la región”.

En estos momentos donde los medios de comunicación masiva y el gobierno están dejando

temas importantes y de trascendencia nacional como la militarización del país, la huelga de en Cananea, los presos políticos de Atenco, las desapariciones forzadas, la crisis económica y política y bajo la instauración y aceptación por el Congreso, el Estado de excepción y allanamientos de morada, además del reciente préstamo del FMI, se anuncia la decisión de la petición de la solicitud de extradición por parte de la CNJ.

Lucía es víctima-sobreviviente de una acción ilegítima e ilegal del Estado colombiano en territorio ecuatoriano sobre un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tenía fines humanitarios para buscar soluciónes al conflicto social y armado que vive Colombia, en la cual fueron asesinadas 24 personas, entre ellas nuestros compañeros Soren Áviles, Fernando Franco, Natalia Velazquez y Juan González.

Este acto violó la soberanía de Ecuador y propició el rompimiento de relaciones diplomáticas y demostró la nula voluntad del gobierno de Uribe Vélez a una solución política al conflicto.

Además, en la investigación que se lleva a cabo en los tribunales ecuatorianos, se pretende castigar a las sobrevivientes, y dejar en la impunidad a los perpetradores. Aunado a esto, existe en México una denuncia y una averiguación previa contra Lucía y varios compañeros.

Estos hechos se enmarcan en la criminalización del pensamiento y la acción crítica por lo cual les pedimos que estén pendientes de los acontecimientos y las noticias sobre la petición de extradición de nuestra compañera.

Lucía es testigo y víctima de una masacre perpetrada por el gobierno colombiano y paramilitar de Álvaro Uribe Vélez.Exigimos alto a la impunidad y justicia ante la masacre perpetrada.

¡Alto a la criminalización!

Cátedra Libertador Simón Bolívar.

Contra la criminalización de la conciencia y la solidaridad. Por nuestros compañeros... ni un minuto de silencio.



Análisis y Opinión

Juan Cendales

Nada de raro tiene que para desviar la atención del escándalo sobre el gran negociado de los hijos del presidente, precisamente hoy se realiza el debate en el Congreso, con la habilidad sibilinosa que le caracteriza el presidente Uribe y su ministro de defensa abrieron un nuevo debate nacional con su propuesta de hacer permanente el “impuesto de guerra”, o a la seguridad democrática como cariñosamente la llaman. Previamente pusieron a uno de los capos del empresariado a que la hiciera como suya, y luego salieron felices a respaldarla. Luis Carlos Sarmiento , el capo, propone que el impuesto lo pague absolutamente todo el mundo y no solo a partir de ciertos capitales.

Como era de esperarse la propuesta disparó la discusión y tiros y troyanos se enfrascaron en el tema dejando a un lado los negociados de los hijos del presidente, Tomás y Jerónimo. Que entre otras cosas empiezan en algunos sectores de la sociedad a considerarlos como santos milagrosos pues solo puede ser un milagro que casi que en un abrir y cerrar de ojos un peladero se convierta en zona industrial y casi que inmediatamente en privilegiada zona franca y para rematar se aparezca de la nada el proyecto de una carretera; milagros insospechados, inesperados y súbitos que multiplican en ese abrir y cerrar de ojos en más del 10.000 por ciento el valor de la tierra adquirida por unos cuantos pesos.

Pero esto ya es cosa del pasado. El debate ahora es sobre el impuesto de guerra. Mañana será otro. Así ha sido la cosa desde hace siete años. Tapando escándalos con otros escándalos.

Los sectores de opinión han salido a rechazar la idea de hacer permanente el impuesto de guerra y lo hacen con argumentos bastantes fuertes. Aunque en este país del sagrado corazón de Jesús poco importa la opinión de los opinadores. Algunos preguntan en que se han gastado los multimillonarios recursos. Que rindan cuentas y luego quizás pidan más. Que si ya estamos en el fin del fin del conflicto e incluso en el postconflicto, como dicen

Y un impuesto de guerra voluntario?

algunos violentólogos, pues que para que se quiere más plata para el conflicto, se preguntan otros.

Pero empieza a tomar fuerza una propuesta que desde diversos lados ha empezado a escucharse. Que sea un impuesto voluntario. Que los que están felices con la guerra que la financien, que la paguen. Que los que aman a Uribe con gran delirio y pasión, pues que le paguen voluntariamente su gustico belicoso. Que los que están por la segunda reelección sean quienes financien la reelección de la guerra. Otros sugieren que de la caja menor de los menores de sus negocios Tomás y Jerónimo le financien la guerra a su papito.

Pero como van las cosas y de acuerdo a la propuesta de Sarmiento esta guerra cruel e insensata terminarán por financiarla los desplazados, los desempleados y despedidos, las madres de los jóvenes fusilados por el Ejercito, los familiares de los desaparecidos y los secuestrados y hasta Piedad Córdoba y el pobre y angustiado profesor Moncayo.

Mientras que Tomás y Jerónimo cual imberbes reyecitos Midas todo lo que toquen lo convierten en oro ante la feliz mirada del papi guerrerón y de la mami socialbacana que tal parece sabe mucho más de finanzas que de la filosofía que decían dominaba.



Análisis y OpiniónEl parlamento Europeo se

opone al TLC con Colombia por las violaciones de los

Derechos Humanos.Rebelión.

La audiencia fue convocada el día 29 de abril por el Presidente de la Comisión de Comercio Internacional de la eurocámara, Helmut Markov, junto con el Presidente de la Delegación para la relaciones con los países andinos Alain Lipietz y la Vice-Presidente de dicha Delegación, Gabriela Cretu. El Senador colombiano Jorge Enrique Robledo, así como otros testigos colombianos e internacionales de la sociedad civil y del sector sindical llamaron la atención del Parlamento Europeo sobre las graves consecuencias de aprobar un tratado de libre comercio (TLC) con Colombia. La audiencia, que se desarrolló durante 2 horas y medio ante un público nutrido, contaba con el apoyo de las organizaciones europeas e internacionales FIDH, ALOP, Grupo Sur, Amigos de la Tierra, OIDHACO, Red UE-CAN, Coordinación Belga por Colombia, Justice for Colombia, Transnational Institute.

El eurodiputado Helmuth Markov, presidente de la Comisión de Comercio internacional, fue categórico en señalar que “ese acuerdo no se ajusta a los valores de la UE”. Criticó que la Comisión Europea tenga como principal objetivo de “abrir mercado”, en detrimento de la situación de pobreza y de derechos humanos en Colombia”. En ese mismo sentido se pronunció la diputada europea Gabriela Cretu, al afirmar que muchos ciudadanos europeos no aceptaban de cerrar los ojos frente a situaciones tan graves como la Colombiana, sólo para el beneficio de algunos. “Lo mejor que la UE puede exporta son sus valores básicos, y en primer lugar los derechos humanos” enunció, antes de concluir “el Parlamento Europeo tiene un compromiso con los valores de la UE”. “No se puede hacer comercio con los derechos humanos” advirtió por su parte el diputado europeo Richard Howitt.

Pidió que la Comisión Europea abra una investigación para constatar las graves denuncias existentes en Colombia. “No puede dejar todo en mano de la OIT y de Naciones Unidas, agregó, y lavarse las manos de lo que pasa en Colombia”.

En cuanto al presidente de la Delegación de la eurocámara para los países andinos, Alain Lipietz, lamentó la actual inversión de situaciones, entre la UE y los EEUU en la negociación comercial con Colombia. Con la forma actual de negociación, la Comisión Europea “está acabando con el prestigio internacional de la UE en el tema de derechos humanos”. “Si no hay un giro, la UE será el “Bush” de los años 2010” concluyó.

El Senador Robledo recordó que si el TLC con EEUU se encontraba paralizado en ese país no era propiamente por razones económicas sino porque el partido demócrata consideraba que el gobierno de Uribe no pasaba un examen de derechos humanos. Además “no hay negociación”, agregó, hablando del TLC con la UE, “lo que hay son unas potencias que definen las condiciones para sus empresas, y ésas deben ser aceptadas por Colombia”. Criticó que en 19 años de apertura económica de su país, el resultado había sido la desindustrialización, la pérdida de soberanía alimentaria, la disminución de salarios y de condiciones laborales para los trabajadores. “Sería grave que, con la firma de un TLC, la UE absuelva el gobierno de Uribe en el tema de derechos humanos” .



Análisis y OpiniónDiario El País decide

prestarse como órgano propagandístico para la

reelección de Uribe.

El diario español “El País”, propiedad del Grupo PRISA, con fuertes intereses en Colombia, publica este jueves una “noticia” titulada “las empresas españolas apuestan por la reelección de Álvaro Uribe”, en la que destaca que en su visita al Reino de España, “el mandatario colombiano se ha llevado consigo el visto bueno de las empresas españolas presentes en Colombia a su posible reelección el próximo año, aún sin dilucidar”. Ni una palabra sobre las ejecuciones extrajudiciales, los vínculos de Uribe con el narco-paramilitarismo, y los escándalos de las escuchas del DAS.

Reproducimos a continuación apartes de la información-propaganda del diario El País:

“Al término del encuentro que mantuvo con los empresarios ayer por la mañana, el presidente de las Cámaras de Comercio, Javier Gómez-Navarro, aseguró que la posibilidad de que Uribe se vuelva a presentar -lo que supondría, en caso de ganar, un tercer mandato, y para lo cual es necesario una reforma constitucional- “es una buena noticia”.

“[Uribe] ha demostrado que cumple sus promesas, lo que, a su vez, da seguridad a las empresas”, afirmó Gómez-Navarro tras una reunión con el presidente colombiano, “un gran conocedor de la realidad de su país y de las inversiones españolas”.

Asimismo, reconoció que el mandatario aportó información “muy valiosa” de la situación económica de su país a los empresarios, que han asumido “muchos riesgos” para invertir en Colombia.

El presidente de las Cámaras recordó, a la salida del acto, que Colombia ha sido el único país latinoamericano que jamás ha renegociado su deuda y, a pesar del daño que ha hecho el terrorismo, Uribe ha logrado que las empresas recuperen la confianza para que acudan al país sin ningún temor.

Al encuentro con los empresarios, que según la delegación colombiana desbordó las previsiones, asistieron, entre otros, presidentes y consejeros del Grupo PRISA (editor de EL PAÍS), Endesa, Iberia, Telefónica Latinoamérica, BBVA y Cepsa.

Al concluir el acto, el presidente colombiano se entrevistó en la Embajada de Colombia con el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, a quien reconoció que la situación económica española, debido a la crisis, está afectando a Colombia, ya que España es el segundo país inversor, informa Efe. Como ya ocurrió el martes por la tarde con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Uribe también abordó con Rajoy la lucha antiterrorista, con especial énfasis en la que mantiene su país con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Uribe, galardonado



Análisis y Opinión

Esa labor contra el terrorismo ha propiciado que el Ayuntamiento de Cádiz concediese a Uribe el Premio Libertad Cortes de Cádiz, un obsequio criticado por más de 150 colectivos, que opinan que premiar a Uribe, a quien consideran “autoritario” y “cómplice” de delitos de lesa humanidad, por ese motivo es insultar a los derechos humanos. En su discurso de agradecimiento, muy similar al que ofreció el día anterior en un coloquio organizado por el Foro de la Nueva Economía, Uribe ofreció el premio a los cerca de 1.700 “soldados y policías” de su país mutilados por las minas antipersonas, y que aún se encuentran en algún hospital militar de Colombia recuperándose”.

Ésta es solamente una muestra de cómo un diario que se vendió en su día como un medio independiente, se pliega a los intereses empresariales para no informar de las protestas que hubo en Madrid, exigiendo que le retiraran los honores, por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que la política de

“seguridad democrática” promovida por el presidente Álvaro Uribe promueve en Colombia, entre ellas las más de mil ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos asesinados por el ejército y presentados como guerrilleros caídos en combate en el marco de la “lucha antiterrorista” y los probados vínculos del uribismo con organizaciones criminales paramilitares, responsables de incontables masacres y del desplazamiento forzado de millones de colombianos, además de delitos de narcotráfico, por cierto.

Con respecto al tema de la reelección presidencial, llama poderosamente la atención el doble rasero que sin ningún pudor exhibe el diario El País, distinguiendo entre presidentes que “aspiran a la reelección” y presidentes que “concentran el poder”.



ColombiaAcusan a bananera

de EE.UU. de ordenar asesinatos de 57

sindicalistas colombianos.

El abogado, quien ya había demandado a la también estadounidense Chiquita Brnds, asegura que la Dole encargó a las AUC matar a campesinos y sindicalistas. Dijo que presentará testimonios de ex cabecillas de este grupo paramilitar donde confirman estos datos.

La bananera estadounidense Dole habría ordenado y financiado a paramilitares de ultradercha para que asesinaran a 57 sindicalistas y campesinos en Colombia por habitar zonas cultivables u oponerse al trato que les daba la gigante, según denunció a un diario colombiano un abogado estadounidense que demandó a la firma.

“Fueron 57 asesinatos, cuidadosamente seleccionados tras entrevistar a unas 2 mil víctimas de la violencia en la zona bananera”, dijo Terry Collingsworth, apoderado de un grupo de familias afectadas por los paramilitares en el departamento Magdalena (norte), en declaraciones publicadas este miércoles por el diario El Espectador.

Según el jurista, las víctimas eran sindicalistas de la multinacional o eran contrarios a los tratos que la empresa les daba o simplemente eran campesinos que habitaban en las zonas donde la bananera quería sembrar.

“Las víctimas eran representantes sindicales de la multinacional o tenían problemas con la manera como la empresa los trataba o vivían en tierras en las que Dole quería plantar banano. Así que esta gente fue asesinada porque Dole quería que los mataran”, añadió el abogado.

La semana pasada este abogado demandó a Dole por estos hechos ante una corte de la estadounidense

ciudad Los Ángeles (sureoeste), pero la compañía negó las acusaciones.

Las mismas denuncias indican que la Dole habría financiado a las supuestamente desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre los años 1997 y 2006, grupo que fue responsable de miles de masacres en el país suramericano, en guerra civil desde hace 50 años.

El abogado ya había entablado una querella contra la bananera Chiquita Brands, a nombre de víctimas de las AUC, luego de que la empresa admitiera ante una corte de Estados Unidos el pago de 1,7 millones de dólares al grupo a cambio de seguridad en Urabá, en el norteño estado Antioquia, por lo cual fue multada en abril de 2007 con 25 millones de dólares.

Collingsworth sostuvo que Dole sigue apoyando a paramilitares que retomaron las armas tras el desarme de las AUC, y anunció que en el proceso judicial aportará testimonios de ex jefes de ultraderecha donde reconocen que la Dole les pagó para debilitar al movimiento sindical y protegerla de las guerrillas.



ColombiaLas cárceles en Colombia son sitios de destrucción

humana. Camilo Raigozo

Los testimonios rendidos por prisioneras y prisioneros, así como de sus familiares y defensores lo confirman.

Durante la audiencia en el Congreso un expresidiario cuenta su caso.

Carlos Alfonso Figueroa Parra, es un médico cirujano de 63 años, recluido desde julio del año pasado en la cárcel Picaleña en la ciudad de Ibagué. En un proceso arbitrario, es señalado de ser médico de las FARC- EP.

Hasta hace menos de una semana, estuvo recluido en el patio correspondiente a los paramilitares, por lo que su vida estuvo siempre en inminente peligro. “Esto no es un avatar del destino, sino algo bien planificado de las autoridades carcelarias”, dice el médico en una carta dirigida a un amigo.

Sin embargo, el traslado no mejoró las condiciones de su seguridad pues ahora se encuentra en un patio para delincuentes sociales donde ya ha sido sentenciado a muerte. A pesar de su penosa enfermedad, cáncer de próstata con enquistamiento en otras partes del cuerpo, la atención médica que ha recibido es completamente nula.

Figueroa Parra necesita con urgencia la asistencia humanitaria de alguna ONG defensora de los derechos humanos para que vigilen su caso.

Las violaciones no parecen de la vida real.

El pasado 30 de abril, se realizó en las instalaciones del Congreso de la República una audiencia sobre Política criminal y Sistema Carcelario, donde se escucharon decenas de testimonios, como el anterior, sobre las aberrantes violaciones a los derechos humanos fundamentales, tanto de prisioneras y prisioneros,

como de sus familiares y defensores.

Denuncias que se realizaron en forma directa o en videos en la audiencia, la cual fue auspiciada por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

Una Delegación del Principado de Asturias, España, de reciente visita en Colombia, encontró en sus observaciones a las cárceles La Picota y El Buen Pastor, de hombres y mujeres respectivamente, en Bogotá, casos de violaciones que “no parecen de la vida real”, según Rafael Palacios, vocero de la Delegación.

“Las prisioneras y prisioneros políticos, procuran aportar un grado de organización que les permite sobrevivir con dignidad en condiciones diseñadas para perder toda compostura humana”, dijo Palacios en rueda de prensa.

Agregó que “en uno de los módulos de La Picota, los presos contaron que se les dio a escoger: o recibían a sus familias una vez a la semana en la propia celda, de 2.50 por 3 m, diseñada con dos camas para dos personas, pero donde se aglutinan cuatro o más presos, o esperaban a tener cada 45 días una visita más individualizada.

Cárcel por casa a los colombianos

“Los presos escogieron la primera opción, por lo que en las celdas para dos se juntan cada semana, ocho o más personas, en una degradante situación donde la dignidad queda por los suelos”.

Supremamente graves fueron los testimonios de grupos específicos de la población como los indígenas, afros, lesbianas, homosexuales y travestis, entre otros, en cuanto al maltrato que reciben en las prisiones.

“Al parecer el gobierno se está preparando para darles a los colombianos cárcel por casa, pues es inaudito que haya enterrado más de 140.000 millones de pesos en la construcción de una cárcel en Ibagué y por el mismo estilo esté construyendo otras 50 cárceles en diferentes regiones del país.

“Con esa cantidad de dinero, se hubieran podido construir más de 15 millones de viviendas decentes para familias que carecen de ellas”, dice un aparte del informe acumulado por la Delegación Asturiana.



ColombiaCarta Abierta al Sr. Álvaro Uribe Vélez,

Presidente de la República de Colombia

Ginebra-Paris, 14 de mayo de 2009

Continuación de asesinatos de sindicalistas en Colombia.

Su Excelencia,

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Or-ganización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), desea expresar su muy seria preocupación por la seguridad y por la integridad personal de líderes sin-dicales, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil frente a una oleada de asesinatos en los últimos meses.

En efecto, el Observatorio ha recibido con preocupa-ción informaciones de la Confederación Sindical Inter-nacional (CSI) según las cuales en los meses de abril y mayo de 2009, fueron asesinados cinco dirigentes y miembros de sindicatos.

Según las informaciones recibidas, el 18 de abril de 2009 por la tarde, el Sr. Asdrúbal Sánchez Pérez, afilia-do a la Asociación Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (ASEINPEC), orga-nización filial de la Confederación General del Trabajo (CGT), fue asesinado en la ciudad de Montería, Depar-tamento de Córdoba, por sicarios que le propinaron varios disparos. El Sr. Sánchez Pérez llevaba más de 20 años de servicio en el seno de ASEINPEC.

El 22 de abril de 2009, el activista sindical Edgar Mar-tínez fue asesinado por presuntos paramilitares en el municipio de San Pablo (Bolívar) cuando se desplaza-ba en una motocicleta entre la cabecera municipal y la zona rural de San Pablo.

Transcurridos dos kilómetros, en el sitio conocido como el cuatro, fue interceptado y asesinado. El Sr. Edgar Martínez formaba parte de la Federación Agro-minera del Sur de Bolívar (FEDEAGROMISBOL), organi-zación de la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar, proceso que en los últimos años ha recibido diversas amenazas de grupos paramilitares y hostigamientos de la fuerza pública. Durante el 2008 los integrantes de FEDEAGROMISBOL recibieron diversas amenazas por medios escritos, amenazas telefónicas y amena-zas directas. El Sr. Martínez era además presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda el Retorno en el Municipio de San Pablo (Bolívar), integrante del proyecto Zona de Desarrollo Integral, experiencia que



Colombiaplantea como objetivo gestionar iniciativas sociales y comunitarias que permitan a las y los pobladores dig-nificar la vida y mantenerse en el territorio.

El 22 de abril de 2009, el Sr. Víctor Franco Franco, do-cente, miembro de la organización sindical EDUCAL, fue asesinado. Trabajaba en el municipio de Villama-ría, departamento de Caldas. Al parecer el profesor fue retenido por hombres armados en la noche del 22 de abril, y después de torturarlo lo asesinaron de un tiro de gracia. Su cadáver fue encontrado en las horas de la mañana del día 23 de abril, en una manga del barrio Turín del municipio de Villamaría, según informó EDU-CAL, sindicato que agrupa a los docentes en el depar-tamento de CALDAS, filial de FECODE y de la CUT.

El 24 de abril de 2009 fue asesinado el Sr. Milton Blanco Leguizamón, profesor. El Sr. Blanco Leguizamón tenía quince años de estar dedicado a educar los niños tameños. El asesinato ocurrió a apenas a dos cuadras del parque principal de Tame, lugar totalmente militarizado, custodiado tanto por el ejército como por la policía.

Asimismo, al mediodía del 9 de mayo de 2009, la Sra. Vilma Cárcamo Blanco, Dirigente sindical y miembro de la Junta directiva de Anthoc Magangué, que trabajaba en la Comisión de quejas y reclamos, fue asesinada en el sector Belisario del casco urbano del Municipio de Magangué Bolívar. La dirigente sindical junto con la Junta Directiva de Anthoc Magangué, venía liderando las jornadas de protesta para reclamar el pago de salarios atrasados y la negociación del Pliego de Solicitudes Respetuosas, cuya negociación ha sido aplazada varias veces. Testigos aseguran que un parrillero desde una motocicleta disparó varias veces a la Sra. Cárcamo Blanco), quien se movilizaba en su vehículo particular.

Señor Presidente, el Observatorio le expresa, una vez más, su honda preocupación frente a la grave situación en la que se desenvuelven los sindicalistas en Colombia.

En consecuencia, el Observatorio le pide condenar

pública y personalmente estos asesinatos, reconociendo la labor trascendental llevada a cabo por los sindicalistas a favor de los derechos económicos y sociales. El Observatorio lo urge también a que rectifique públicamente sus declaraciones recientes relacionadas con los ‘falsos positivos’ en las que acusó a “un cumulo de abogados” de hacer “falsas denuncias” contra las Fuerzas Armadas, pormenorizando la realidad y la frecuencia de estos crímenes y apoyando de forma casi incondicional a los militares colombianos. En efecto, el Observatorio considera que estas declaraciones contribuyen a la continuación de los crímenes en contra de los defensores de los derechos humanos y facilitan la comisión de crímenes por las Fuerzas Armadas.

Agradeciendo su atención a la presente, nos suscribimos de usted muy respetuosamente.

FIDH Federación Internacional de Derechos Humanos

17, Passage de la Main d’Or

75 011 Paris, France

OMCT Organización Mundial Contra la Tortura

Case postale 21 - 8 rue du Vieux-Billard

1211 Ginebra 8, Suiza



ColombiaCarta sobre los espionajes

ilegales realizados por el DAS

Plataformas de Derechos Humanos y Paz.

Bogotá D.C., 08 de mayo de 2009

Doctor Álvaro Uribe Vélez Presidente de la República E.S.D.

Señor Presidente:

Las Plataformas de Derechos Humanos y Paz abajo firmantes, hemos expresado desde hace una década la preocupación por el hecho de que organizaciones de derechos humanos y sus miembros, aparezcan reseñados en informes de inteligencia por el ejercicio de su labor legítima y legal. En los últimos meses, hemos insistido en el cumplimiento de la recomendación de Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, referida a la depuración de los archivos de inteligencia como expresión de la voluntad estatal de rodear de garantías el trabajo en defensa y promoción de los derechos humanos.

El abuso de la labor de inteligencia por parte de organismos del Estado, se encuentra relacionada con hechos graves de violación a los derechos humanos de defensores y defensoras, como detenciones arbitrarias, amenazas y homicidios. Tales hechos obligan la adopción de acciones inmediatas y urgentes, acordes con las expresiones de voluntad del Gobierno Nacional, de dotar de un clima de garantías a la labor de defensa de los derechos humanos, propósito acometido entre otros, por la Mesa Nacional de Garantías instalada el pasado 30 de abril con participación de la Sociedad Civil.

Así, se ha tenido conocimiento de investigaciones penales en las que se ordena de manera ilegítima la intervención de medios de comunicación de organizaciones de derechos humanos y algunos de sus integrantes. Igualmente, se han divulgado en medios de comunicación actuaciones del DAS relacionadas con interceptaciones ilegales, vigilancias y estudios

de “inteligencia” a personas y organizaciones tanto del orden privado como de servidores públicos. La información publicada por la revista SEMANA1, revela que el principal organismo de seguridad del Estado el DAS creó, financió y promovió una estructura clandestina al interior de la entidad con el objetivo de realizar espionaje y persecuciones a gran escala.

Según se infiere de lo divulgado, durante la administración del señor Jorge Noguera, se habría creado en el 2004 un primer Grupo Especial de Inteligencia G-3 por recomendación del entonces asesor de esa entidad Miguel Narváez, cuyo objetivo habría sido realizar “seguimientos a organizaciones o personas de tendencia opositora frente a las políticas gubernamentales con el fin de restringir o neutralizar sus acciones”. Las pruebas que reposan en la Fiscalía documentan que los afectados por este accionar fueron integrantes de ONGs y personajes considerados de izquierda, así como periodistas y medios de comunicación. El grupo G-3, coordinado por Fernando Ovalle aunque no existía oficialmente, tenía acceso a recursos tecnológicos y presupuesto, y la capacidad para interceptar teléfonos, correos electrónicos, y contaba con un número de funcionarios de Inteligencia y Contrainteligencia quienes se encargaban de hacer seguimientos a los ‘blancos determinados’.

Posteriormente y a partir de las denuncias e investigaciones judiciales realizadas en el 2005 que establecieron la relación entre las estructuras paramilitares con el DAS, que llevó a la renuncia del entonces Director Jorge Noguera y a su judicialización, ese grupo habría reducido sus acciones, las cuales fueron asumidas por una nueva estructura que empezó a actuar plenamente desde 2006, la cual dependía directamente de la subdirección de Inteligencia, bajo el mando del capitán Jorge Lagos, así como al director de inteligencia y al director del DAS. Esta estructura fue conocida como Grupo de Observación y Verificación Nacional e Internacional (GONI), quienes continuaron con las acciones de espionajes, interceptaciones de comunicaciones, vigilancias a sitios de vivienda y de trabajo, seguimientos, escudriñamiento de documentaciones, labores de inteligencia etc.

La revista SEMANA informó además “… Muchas de las



ColombiaONG de derechos humanos más conocidas del país tienen su propia A-Z en el DAS: Redepaz (Ana Teresa Bernal), Comisión Colombiana de Juristas (Gustavo Gallón), Codhes, Cinep y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. A esta última ONG, en una operación llamada ‘Transmilenio’, le averiguaron de todo: finanzas, movimientos, ubicación, composición del núcleo familiar y medios de transporte, entre otros. Esta operación se inició en 2004 y tenía como objetivo principal a Alirio Uribe, el presidente del Colectivo”.

Igualmente, en la versión electrónica de Caracol Radio, se divulgó que “estaban chuzadas las comunicaciones de organizaciones como la Asamblea por la Paz, la asociación de Familiares detenidos desaparecidos, Asfaddes, Asonal Judicial, la CUT y la CTC. También se venían realizando interceptaciones ilegales a las comunicaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, el Cinep, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, el Movimiento Campesino Cimarrón y la Corporación Siempreviva.4”

Estos hechos que provienen de una entidad que depende directamente de la Presidencia de la República, indicarían que no se trata de hechos aislados de corrupción y delincuencia cometidos por algunos funcionarios adscritos a esa entidad, sino, por el contrario de una política sistemática y generalizada de persecución contra defensores y defensoras de derechos humanos en el país.

Consideramos que mientras no haya cambios estructurales en la política de seguridad democrática y se adopten medidas integrales para el cumplimiento del deber de protección que le corresponde al Estado colombiano, que prevenga la ocurrencia de nuevos hechos que pongan en riesgo la vida e integridad personal de los y las defensoras de derechos humanos no se puede hablar de una política eficaz de protección en derechos humanos.

Conforme a lo anterior, considerando la autoridad, funciones y responsabilidades de la Presidencia de la República nos permitimos solicitar:

* Se explique de manera inmediata los fundamentos

políticos y legales que han llevado a las actuaciones irregulares por parte del Departamento Administrativo de Seguridad DAS contra defensores/as de derechos humanos.

* Se informe acerca de las medidas adoptadas por la Presidencia de la República y el para evitar y/o controlar situaciones irregulares por parte del DAS que colocaran en riesgo la vida e integridad personal de los defensores/as de derechos humanos y en particular con relación a los hechos descritos anteriormente.

* Se remita copia de toda la información que en su entidad repose sobre las acciones de espionaje adelantadas por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS contra defensores y defensoras de derechos humanos. De no tener esta información solicitar al DAS que le remita los informes relacionados con las interceptaciones de comunicaciones telefónicas, electrónicas, informes sobre seguimientos y vigilancias, copias fotográficas y fílmicas que tengan relación con los defensores/as de derechos humanos, copias de los seguimientos a los núcleos familiares y demás datos que sobre los mismos existan, y en general, todo los informes que reposen en las dependencias del DAS sobre los hechos relacionados en este escrito.

* Se informe de las acciones adelantadas ante las Fiscalía y Procuraduría General de la Nación para garantizar la investigación y sanción penal, disciplinaria y administrativa contra de los funcionarios que en todos los niveles autorizaron, desarrollaron y conocieron de esta actividad ilegal e ilegítima.

Sin otro particular, Cordialmente,

ALIANZA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y AFINES

ASAMBLEA PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ

COORDINACION COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS

PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO.



Retratos de DelincuentesLuis Camilo Osorio Isaza

y el paramilitarismo colombiano.

Desde hace años, numerosas denuncias, investigaciones académicas e informes de derechos humanos han señalado la responsabilidad del Estado en el surgimiento y desarrollo del paramilitarismo en Colombia. En ese sentido, por ejemplo, el sacerdote jesuita Javier Giraldo ha definido el paramilitarismo como un “brazo clandestino e ilegal del Estado” . Por su parte, los insurgentes de las FARC han denunciado reiteradamente que “el paramilitarismo es una estrategia contrainsurgente de Estado”.

En los últimos meses, la crisis de la narcoparapolítica colombiana ha confirmado irrefutablemente esos señalamientos. Varios ministros del gobierno uribista han sido acusados de tener relaciones con el paramilitarismo y el narcotráfico; y lo mismo ha ocurrido con numerosos congresistas, jueces, alcaldes, gobernadores, generales, embajadores, etc., Esa decisión, contraria a la justicia y humillante para el pueblo colombiano, evidencia la estirpe narcoparamilitar de Luis Camilo Osorio. Sin embargo, el ex Fiscal General de Colombia protegió a otros oficiales vinculados al paramilitarismo, como el general de la Armada Rodrigo Quiñónez y el general Uscátegui; bloqueó la investigación de las masacres de Tibú, La Gabarra, Mapiripán y Chengue; e impidió el esclarecimiento del atentado contra el dirigente comunista Wilson Borja y del asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, quien había sido amenazado por elementos de la Brigada XX del ejército.

Para hacer todo eso, Osorio desmanteló, como ya hemos dicho, la UNDHFGN: despidió a fiscales claves de ese organismo, varios de los cuales viven hoy en el exilio, y a otros los obligó a abandonar sus investigaciones.

Todo esto está ampliamente documentado por organismos defensores de los derechos humanos como Human Right Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Federación Internacional de los Derechos Humanos, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas y otras agrupaciones que gozan de prestigio y

credibilidad a nivel internacional.

Extracto de la ponencia presentada en el foro de denuncia “Paramilitarismo y violación a los Derechos Humanos en Colombia. El caso del embajador Luis Camilo Osorio Isaza”. Ciudad de México a 12 de julio de 2007

además de hombres de negocios, ganaderos, latifundistas e inversionistas extranjeros.

El sr. Luis Camilo Osorio Isaza, actual embajador de Colombia en México, es uno de los funcionarios colombianos investigados oficialmente por favorecer los intereses del paramilitarismo en su país. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de aquella nación inició tres procesos judiciales en su contra y lo ha hecho viajar a Colombia en calidad de acusado.

Debido a que las investigaciones que realiza la Comisión de Acusaciones están protegidas por la reserva sumarial, no se conoce con exactitud cuáles son los cargos contra Osorio, pero por informaciones periodísticas de México y Colombia se sabe que las acusaciones tienen que ver con delitos cometidos por el actual embajador en el período de 2001 a 2005, cuando fue Fiscal General de la Nación.

Más allá de las investigaciones oficiales que se le siguen, Luis Camilo Osorio es considerado por numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos de Colombia y el mundo como uno de los fiscales que más colaboró con los paramilitares, pues no sólo les otorgó impunidad sino que incluso les facilitó el control directo de algunas secciones de la fiscalía.

Además, Osorio convirtió a la Fiscalía General de la Nación en un órgano de la represión y el terrorismo de Estado contra el pueblo colombiano: él o sus subordinados ordenaron numerosas detenciones masivas sin órdenes de captura, con base en delaciones, señalamientos de encapuchados, “informantes”, etc., negando a los ciudadanos las garantías al debido proceso y a la defensa de los derechos de los inculpados.

Asimismo, el sr. Osorio promovió la apertura de oficinas de la fiscalía en instalaciones militares, a despecho de la autonomía, imparcialidad e independencia judiciales.

Dos de los casos más notables de la colaboración de Luis Camilo Osorio con el paramilitarismo son: la protección que brindó al criminal de guerra y general retirado Rito Alejo del Río y el desmantelamiento de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación



Retratos de Delincuentes(UNDHFGN). En ambos casos, Osorio utilizó su autoridad para frenar investigaciones relacionadas con masacres y crímenes atroces cometidos por paramilitares al amparo del Estado colombiano.

El 9 de marzo de 2004, Luis Camilo Osorio precluyó la investigación contra el general ® Rito Alejo del Río por vínculos con el paramilitarismo. El general Rito Alejo del Río –a quien el presidente Álvaro Uribe llamó alguna vez “el pacificador de Urabá”– fue el artífice de la “Operación Génesis”, dirigida contra el 57 Frente de las FARC y que comenzó el 24 de febrero de 1997. En el transcurso de dicha operación, que duró más de un año, las comunidades afocolombianas, campesinas e indígenas de la región del Urabá antioqueño y del Bajo Atrato chocoano, en el noroccidente colombiano, fueron martirizadas por el terrorismo de Estado.

La XVII Brigada del ejército colombiano, al mando de Del Río, y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, cometieron, bajo la “Operación Génesis”, más de doscientos crímenes de lesa humanidad y cerca de 170 asesinatos, además de que provocaron el desplazamiento forzado de 3000 personas. Uno de esos crímenes, según el testimonio de un sobreviviente, ocurrió el 27 de febrero de 2007, cuando un grupo de militares y paramilitares le cortaron la cabeza al campesino Marino López y después jugaron un partido de futbol con ella .

Por esos gravísimos hechos la UNDHFGN abrió en agosto de 1998 una investigación contra el general Del Río, y poco tiempo después el presidente Andrés Pastrana llamó al general a calificar servicios. Además, en 1999 el Departamento de Estado de los EU canceló la visa al general colombiano por considerarlo implicado en actividades terroristas y tráfico de drogas.

La fiscal Margarita Lucía Luna, encargada de investigar al “pacificador de Urabá”, decidió ordenar la detención del criminal en julio de 2001, justo cuando Luis Camilo Osorio Isaza tomó posesión del cargo como Fiscal Genera. Sólo una semana después, Osorio criticó públicamente la decisión de la fiscal y despidió al Director de la UDHFGN; posteriormente, removió a la fiscal que había llevado el caso y, al final, decidió cerrar la investigación contra Rito Alejo del Río, argumentando que no había pruebas suficientes para probar los crímenes de ese general asesino.

Esa decisión, contraria a la justicia y humillante para el

pueblo colombiano, evidencia la estirpe narcoparamilitar de Luis Camilo Osorio. Sin embargo, el ex Fiscal General de Colombia protegió a otros oficiales vinculados al paramilitarismo, como el general de la Armada Rodrigo Quiñónez y el general Uscátegui; bloqueó la investigación de las masacres de Tibú, La Gabarra, Mapiripán y Chengue; e impidió el esclarecimiento del atentado contra el dirigente comunista Wilson Borja y del asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, quien había sido amenazado por elementos de la Brigada XX del ejército.

Para hacer todo eso, Osorio desmanteló, como ya hemos dicho, la UNDHFGN: despidió a fiscales claves de ese organismo, varios de los cuales viven hoy en el exilio, y a otros los obligó a abandonar sus investigaciones.

Todo esto está ampliamente documentado por organismos defensores de los derechos humanos como Human Right Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Federación Internacional de los Derechos Humanos, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas y otras agrupaciones que gozan de prestigio y credibilidad a nivel internacional.

Extracto de la ponencia presentada en el foro de denuncia “Paramilitarismo y violación a los Derechos Humanos en Colombia. El caso del embajador Luis Camilo Osorio Isaza”. Ciudad de México a 12 de julio de 2007.



Retratos de DelincuentesLa injerencia de Luis Camilo Osorio en la

política interna mexicana.RebeliónLas semejanzas que existen entre el embajador Osorio y el régimen dictatorial al que representa, con el go-bierno ilegitimo de Felipe Calderón son inmensas. Una vez consolidado el fraude electoral del 2 de julio de 2006 en México, Calderón y Uribe afianzaron una ex-celente relación binacional, siempre bajo el amparo y orientación de Washington. Los objetivos inmediatos: obtener asesoría colombiana en materia de contrain-surgencia, en concreto, trasladar la política de “Seguri-dad Democrática” a México y reactivar el Plan Puebla Panamá, ahora extendido hasta Colombia. Para el cumplimiento de estos objetivos Luis Camilo Osorio ha sido pieza clave. Desde el comienzo de su gestión como embajador en nuestro país, Osorio ha sido un activo gestor y garante de encuentros entre altos mandos militares y policiales, así como de miem-bros directivos de los servicios de inteligencia y de procuración de justicia de ambos países. Osorio ha llevado hasta Colombia a los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, y de la Secretaria de Seguridad Pública Federal (SSP), Genaro García Luna, a entrevistarse con el presidente Uribe, el vicepresidente, los ministros del exterior y de defensa, los comandantes de las fuerzas militares y de la Policía Judicial Especial, el Fiscal Gene-

ral y los presidentes de la Corte y la Judicatura.Pero las actividades del embajador colombiano no son estrictamente políticas y diplomáticas, sino que han quedado al descubierto, de manera cínica, las acciones de inteligencia y espionaje que el gobierno colombiano realiza en nuestro país, como lo recono-ció el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, mediante una infamante declaración hecha el pasado 10 de mayo al periódico El Universal. No sobra decir que estas acciones significan una grave violación a la soberanía nacional y que presumiblemente han sido orquestadas desde la sede diplomática de Colombia en México.

La intromisión de Osorio en la política nacional es flagrante, no sólo ha procurado que se trate como criminales a mexicanos solidarios con las luchas del pueblo colombiano, sino que, además, no pierde oportunidad para aplaudir y justificar las medidas de corte represivo que se aplican actualmente en el país y que han conducido a la militarización de nuestra sociedad y la fascistización del Estado mexicano.Empleando el mentiroso discurso del “combate al nar-cotráfico y la delincuencia organizada” Osorio declaró, en conferencia de prensa en enero pasado, que en México hay en ciernes un proceso de “colombianiza-ción buena” y que “Colombia puede ser un laborato-rio útil para México en su combate al narcotráfico”, y, en un claro espaldarazo a Calderón, avaló que en México se emplee al Ejército para tareas exclusivas de la policía y demás instancias civiles.

En aquella ocasión el embajador Osorio también insistió en la necesidad de que el gobierno estado-unidense se comprometa activamente en lo que él y el gobierno al que representa llaman “combate al narcotráfico”.Con un lenguaje ambiguo y engañoso Osorio llama “coordinación internacional” a lo que en verdad es subordinación continental a los designios de la Casa Blanca. Ejemplo de ello es su activismo a favor de las extradiciones de nacionales a los EU, lo cual consti-tuye una violación a la soberanía de los países en los



Retratos de DelincuentesLo que ahora se conoce como Plan México fue anun-ciado desde principios de mayo pasado por el diario estadounidense Dallas Morning News mediante una discreta nota que informaba de un acuerdo alcanza-do por representantes de los gobiernos de México y EU para desarrollar una “Iniciativa de Seguridad Regional”, la cual también prevé la inclusión de varios países centroamericanos.

Pese a que los datos duros de esta “Iniciativa de Segu-ridad Regional” han sido ocultados por los gobiernos estadounidense y mexicano, podemos estar seguros que lo que nos espera con la aplicación de modelos de seguridad diseñados en Washington: grandes sumas de dinero proveniente de los EU destinado a financiar a las fuerzas represivas del Estado, asesoría militar y armamento de punta, también provenien-te de los EU, y, sin duda alguna, mayor pérdida de soberanía.Como promotor de la “coordinación internacional”

que se aplica esta medida.El pasado 8 de junio, el presidente del Comité de

El pasado 8 de junio, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EU, Silvestre Reyes, declaró a la prensa que el gobier-no mexicano pidió al estadounidense ayuda para combatir al narcotráfico “al nivel” del Plan Colombia. Inmediatamente después, el embajador de México en EU, Arturo Sarukhán, negó rotundamente que en México se quiera aplicar un Plan Colombia. A estas declaraciones sucedieron muchas otras –más bien cantinflescas– por parte de diversos funcionarios del gobierno mexicano y del embajador colombiano en México.

La agencia Notimex publicó el pasado 1 de julio las opiniones de Isaza sobre la tentativa de aplicar un símil del Plan Colombia en México, insistiendo en la idea de que “se requiere de la cooperación internacional” para combatir al narcotráfico, que los países deben “dejar de lado los celos de soberanía y ejercicios autónomos (…) para evitar perder la guerra [contra el narcotráfico y la delincuencia organizada]”



Retratos de Delincuentesentre México y EU en materia de seguridad, Osorio habuscado convencer a la opinión pública mexicana de que el Plan Colombia es una estrategia “integral” contra el narcotráfico. Esa defensa del fracasado Plan Colombia –que aparentemente no tiene otro objetivo que el de “explicar” la política del gobierno colombia-no– es parte de una campaña propagandística que busca restar eficacia a los argumentos de quienes nos oponemos a la aplicación en México de un proyecto semejante.

Por eso, es preciso insistir: el Plan Colombia es en reali-dad un plan para la guerra contrainsurgente y un pro-yecto bélico estadounidense para allanar el camino a megaproyectos económicos de saqueo y recoloniza-ción como el ALCA, los TLC y el Plan Puebla Panamá, cuyos únicos beneficiarios son las empresas transna-cionales.

Para finalizar, expresamos nuevamente nuestro re-pudio a la presencia en México de Luis Camilo Osorio Isaza y nos sumamos a todas las iniciativas tendientes a buscar su salida de nuestro país. Coincidimos espe-cialmente con quienes piensan que las autoridades mexicanas deben nombrar al embajador colombiano como persona non grata, pues a juzgar por su histo-rial como servidor público no tiene calidad moral para representar digna y legítimamente al pueblo colom-biano en el exterior, con el agravante, además, de que su injerencia en asuntos de política interna viola la so-beranía nacional y ofende al pueblo mexicano.Ciudad de México a 12 de julio de 2007 “Elementos de lectura sobre la tragedia de Colombia”, Javier Giraldo, S.J. Conferencia dictada en Chicago, marzo 17, 2001. Citado por Hernando Clavo Ospina en “El paramilitarismo en el corazón del terrorismo de Estado en Colombia”, Le Monde Diplomatique, 6 de mayo de 2003. “Colombia: paramilitar para paramilitares”, Fernando Garavito. Artículo publicado en numerosas páginas web en abril de 2004.

Extracto de la ponencia presentada en el foro de de-nuncia “Paramilitarismo y violación a los Derechos Hu-manos en Colombia. El caso del embajador Luis Cami-lo Osorio Isaza”. México a 12 de julio de 2007.

Álvaro Uribe recibe en España el premio “Cortes de Cá-diz a la Libertad” en medio del rechazo generalizado de organizaciones de DDHH que lo consideran como un insulto a los propios Derechos Humanos.

Con pancartas donde podían leerse slogans como ‘’Uribe Parademócrata, España Cómplice’’ y ‘’Uribe Asesino’’, alre-dedor de 200 personas se manifestaron en Madrid, frente a la embajada de Colombia para repudiar la entrega del premio ‘’Córtes de Cádiz a la Libertad’’, al presidente co-lombiano Álvaro Uribe.

Para el abogado español Enrique Santiago Romero, ex-perto en DDHH e integrante de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Im-punidad en Colombia, que confirma un incremento de las ejecuciones extrajudiciales en ese país desde la im-plementación de la Política de Seguridad Democrática impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe desde 2002, ‘’la entrega del premio de DDHH de la ciudad de Cádiz es un insulto a la inteligencia, un descrédito absoluto para el citado premio y un ofensa a los defensores de los Dere-chos Humanos, sencillamente porque Uribe está acusado de vulneración y violación sistemática de los DDHH, tanto en su mandato como Gobernador de Antioquia como en sus dos mandatos presidenciales. Además de que se lo sindica como instigador de grupos paramilitares y como responsable de haber ordenado varias masacres’’. También rechazaron el otorgamiento del premio más de un centenar de organizaciones de todo el mundo que señalan al mandatario colombiano como ‘’cómplice’’ de delitos de lesa humanidad. El Premio ‘’Cortes de Cádiz a la Libertad’’, fue concedido por el Ayuntamiento de la ciudad de Cádiz en reconoci-miento a la labor del mandatario contra el terrorismo, en una ceremonia presidida por los Príncipes de Asturias y celebrado en la residencia del embajador de Colombia en España, en Madrid. Uribe recibió el premio de manos de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, del Partido Popular (PP) y posteriormente lo dedicó a los ‘’miles de soldados

Uribe recibe premio en España en medio de

protestas



Retratos de Delincuentesy policías mutilados’’ por las minas antipersonales en Co-lombia, y a sus familias.Aunque obtuvieron escasa repercusión mediática, las quejas de los numerosos colectivos que rechazaron la concesión del premio a Uribe surtieron eco y obligaron a trasladar de sitio la ceremonia por lo menos en dos oca-siones. En principio, el acto de entrega del premio iba a tener lugar en la austral ciudad de Cádiz, pero ante las anunciadas movilizaciones en protesta de este hecho, ‘’la alcaldesa del lugar, no se atrevió a entregarlo allí’’, detalla Fran Pérez Esteban, Secretario de Derechos Humanos y Solidaridad Internacional de Izquierda Unida de España. Posteriormente, se convino que la ceremonia se haría en Casa de América - ubicada en una de las zonas más cén-tricas y turísticas de Madrid- .

Lo cierto es que ‘’las asociaciones defensoras de los DDHH hemos logrado `arrinconar’ a Uribe en su propio territorio y que no le quedó otra opción que recibir este premio en la misma embajada de Colombia, es decir en territorio colombiano, cuando seguramente, para él, hubiera sido todo un logro recibirlo en la sede oficial del Ministerio de Exteriores’’, agrega Pérez Esteban.

Por su parte, la Fundación Madrid Paz y Solidaridad de CCOO señaló, comunicado mediante, que quien concede el premio al ejecutivo colombiano ‘’ignora la realidad de falta de libertades y de violaciones de derechos humanos existente en Colombia’’. La entrega del premio fue considerado como un ‘’agravio’’ para los refugiados colombianos en España, ‘’y para las familias de los muertos en Colombia’’, explica Teófilo Ran-gel, refugiado colombiano y secretario general del Centro Internacional para la Promoción, Protección e Investiga-ción de los Derechos Humanos en España (CINPROINDH). Rangel consideró también que quienes entregaron este premio Uribe ‘’desconocen absolutamente la historia de Colombia y de este personaje -en referencia al presiden-te Alvaro Ubirbe’’. Por su parte, y según agrega Santiago Romero, ‘’no hay duda de que la alcaldesa de Cádiz ha querido realizar una descomunal provocación a los de-fensores de los derechos humanos, otorgando un premio en DDHH a una persona responsable de la comisión de sistemáticos crímenes de Lesa Humanidad.

Y ello sin entrar en valorar las responsabilidades de Uribe por las prácticas de ejecuciones extrajudiciales en Co-

lombia -denunciadas por la ONU, por la OEA y por varias misiones de observación y reconocido por el propio go-bierno colombiano’’. Alrededor de las 12.15 del mediodía, los efectivos de la Policía Nacional disolvieron la concentración frente a la Embajada de Colombia, en Madrid, en contra de la conce-sión del premio Cortes de Cádiz a la libertad otorgado al presidente de este país. Según la policía la concentración no había sido autoriza-da en este sitio. Aunque Franz Pérez, de Izquierda Unida, explicó a Telesur que ‘’la manifestación estaba autorizada en el lugar donde en principio se iba a efectuar la entrega del premio, es decir en Casa de América, pero que a últi-ma hora se cambió a la Embajada de Colombia sin que se volviera a autorizar, en este nuevo emplazamiento’’.

Entre los manifestantes, había integrantes de UGT, Iz-quierda Unida, Justicia por Colombia, Cristianos de Base y Ecologistas en Acción colectivos de refugiados colom-bianos, el Comité Óscar Romero y de CCOO. Esta última organización, también rechazó, comunicado mediante, la concesión del premio a Uribe porque ‘’tres de cada cuatro sindicalistas asesinados en el mundo son de Colombia’’.



Retratos de Delincuentes

Participa en el Boletín “Cada Uno por la Justicia”

El Boletín “Cada Uno por la Justicia”, medio de comunicación de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, convoca a todos aquellos que quieran

participar en la Sección “Análisis y Opinión” aportando artículos, etc.

Envíanos tus colaboraciones al siguiente correo electrónico:

[email protected]

Incluir los siguientes elementos:

Título, Seudónimo o nombre del autor y correo electrónico y fecha de realización.

Los textos deberán ser entregados por correo electrónico en formato Word,

con letra Arial 11 justificado.

Los artículos deberán ser de máximo 3 cuartillas.

Agradecemos su colaboración.

Se reciben colaboraciones del 1ero al 15 de cada mes.

Atentamente.

Equipo de redacción y contenido del Boletín “Cada Uno por la Justicia”



Cultura¿Que les queda por probar a los jóvenes? / Mario Benedetti

¿Qué les queda por probar a los jóvenes

en este mundo de paciencia y asco?

¿sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo?

también les queda no decir amén

no dejar que les maten el amor

recuperar el habla y la utopía

ser jóvenes sin prisa y con memoria

situarse en una historia que es la suya

no convertirse en viejos prematuros

¿qué les queda por probar a los jóvenes

en este mundo de rutina y ruina?

¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas?

les queda respirar / abrir los ojos

descubrir las raíces del horror

inventar paz así sea a ponchazos

entenderse con la naturaleza

y con la lluvia y los relámpagos

y con el sentimiento y con la muerte

esa loca de atar y desatar

¿qué les queda por probar a los jóvenes

en este mundo de consumo y humo?

¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas?

también les queda discutir con dios

tanto si existe como si no existe

tender manos que ayudan / abrir puertas

entre el corazón propio y el ajeno /

sobre todo les queda hacer futuro

a pesar de los ruines de pasado

y los sabios granujas del presente.

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Boletín CADA UNO POR LA JUSTICIA No. 10