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8/17/2019 Bases Para El Desarrollo Rural en Centroamérica
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Política fiscal ydesarrollo rural enCENTROAMÉRICA
BASES PARA ELDESARROLLO RURAL
EN CENTROAMÉRICA
8/17/2019 Bases Para El Desarrollo Rural en Centroamérica
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CENTROAMÉRICA,ABRIL 2016
BASES PARA ELDESARROLLO RURAL EN CENTROAMÉRICA
8/17/2019 Bases Para El Desarrollo Rural en Centroamérica
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CRÉDITOSSupervisiónJonathan Menkos Zeissig – Director ejecutivo, Icefi
CoordinaciónRicardo Castaneda Ancheta – Economista investigador, Icefi
Investigación y redacciónRicardo Castaneda Ancheta – Economista investigador, IcefiLourdes Molina Escalante – Economista investigadora, IcefiJavier Cabrera – Asistente de investigación, Icefi
Producción editorialDiana De León Dardón, Coordinadora de comunicación, IcefiGabriela Torres, Asistente de comunicación, Icefi
EdiciónIsabel Aguilar Umaña
Diseño de portada y diagramaciónDuare Pinto www.luduproyect.com
Fotografías:Portada: ©IFAD/Giuseppe Bizzarri, Franco Mattroli, Louis Pematteis, Pablo Corral Vega, Carla Francescutti,Albert Pons y Nancy McGirr
AdministraciónIliana Peña de Barrientos – Coordinadora administrativa y financiera, Icefi© Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
12 avenida 14-41, zona 10,colonia Oakland, Guatemala CentroaméricaPBX: (502) 2505-6363www.redrural.org
ISBN 978-9929-674-29-5
En Icefi consideramos que el conocimiento siempre está en construcción, por lo que cualquier comentario u observación es bienvenidoen el correo electrónico [email protected]
Puede descargar la versión electrónica de este documento en www.redrural.org
«Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no suponen,de parte del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de países,territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Las denominaciones
“economías en desarrollo” y “economías desarrolladas” se utilizan para efectos estadísticos y no expresan necesariamente un juicioacerca de la fase alcanzada por un determinado país o zona en el proceso de desarrollo.
Esta publicación o cualquier parte de la misma podrá reproducirse sin autorización previa del FIDA, siempre que el texto que se reproduzcasea atribuido al FIDA, con indicación del título del documento, y que se envíe al FIDA un ejemplar de la publicación en que aparezca».
Este documento ha sido elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en el marco delProyecto «Política fiscal y desarrollo rural», financiado por el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola(FIDA).
DISTRIBUCIÓN GRATUITA
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ABSTRACT
RESUMENEl desarrollo rural es un elemento indispensable del desarrollo de los países. En
Centroamérica, las poblaciones rurales se enfrentan a condiciones de pobreza,desigualdad y exclusión. En la región, la actual política fiscal no da la talla parahacer frente a los desafíos de las zonas rurales y garantizar el bienestar desu población. El desarrollo rural también es una cuestión de poder. El Estadodebe procurar intervenciones sistémicas, multidimensionales y multinivel en elámbito rural. El desarrollo rural va más allá de la agricultura. El desarrollo ruralcentroamericano requiere que los Estados implementen políticas públicas enmateria de fortalecimiento del sector rural; protección social, salud y educación;infraestructura rural; protección ambiental; y tejido social e identidad cultural.Para sentar las bases de la edificación del desarrollo rural, entre 2016 y 2025,los Estados de los países centroamericanos deberán invertir entre el 6.41 y el
9.79% de su PIB. El éxito de las intervenciones en desarrollo rural depende de lacapacidad de los países de alcanzar acuerdos o pactos fiscales integrales.
Rural development is a key element for national development. In Central America,
rural population faces poverty, inequality and exclusion. The current fiscal policy is
inconsistent with rural area challenges and the guarantee of the well-being of its
people. Rural development is also a power relationship matter. State interventions
in rural area should have a systemic, multidimensional and multilevel approach.
In that matter, rural development goes beyond the promotion of agriculture. It
requires the States to implement public policies for: strengthening of rural sector;
social protection, health and education; rural infrastructure; environmental
protection; and, social structure and cultural identity. In order to create thefoundation of rural development, between 2016 and 2025, Central American
States should allocate between 6.41 and 9.79% of the GDP. The success of these
interventions rely on the capacity of the countries to reach a fiscal agreements.
Palabras clave: Centroamérica, política scal, desarrollo rural, Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua
Key Words: Central America, scal policy, rural development, Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua
BASES PARA ELDESARROLLO RURAL EN
CENTROAMÉRICA
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Presentación
Introducción
1. Una nueva ruralidad es posible
1.1 Fortalecimiento del sector rural: De la agricultura a los recursos naturales
1.2 Programas de protección social: Universalización de los bienes y servicios públicos
1.3 Infraestructura rural: Más allá de los megaproyectos
1.4 Protección ambiental: Conservación del desarrollo rural
1.5 Tejido social e identidad cultural: La construcción de una ciudadanía rural
1.6 El desarrollo rural también es cuestión de poder
2. Primeros pasos para sentar las bases del desarrollo rural en Guatemala
2.1 Las condiciones actuales del área rural guatemalteca
2.1.1 Fortalecimiento del sector rural
2.1.2 Programas de protección social
2.1.3 Infraestructura rural
2.1.4 Protección ambiental
2.1.5 Tejido social
2.2 La política fiscal actual y el desarrollo rural en Guatemala
2.3 Lineamientos principales para sentar las bases del desarrollo rural en Guatemala
2.4 Principales intervenciones por eje e inversión financiera necesaria
2.4.1 Fortalecimiento del sector rural
2.4.2 Programas de protección social
2.4.3 Infraestructura rural
2.4.4 Protección ambiental
2.4.5 Tejido social e identidad cultural
2.5 Financiamiento para sentar las bases del desarrollo rural en Guatemala
2.5.1 Aumento de la progresividad del impuesto sobre la renta (ISR)
2.5.2 Aumento del impuesto al valor agregado (IVA)
2.5.3 Fortalecimiento del impuesto único sobre inmuebles (IUSI)
2.5.4 Reducción de privilegios fiscales
2.5.5 Fortalecimiento de la administración tributaria
2.5.6 Endeudamiento público y cooperación internacional
3. Primeros pasos para sentar las bases del desarrollo rural en El Salvador
3.1 Las condiciones actuales del área rural salvadoreña
3.1.1 Fortalecimiento del sector rural
3.1.2 Programas de protección social
3.1.3 Infraestructura rural 3.1.4 Protección ambiental
3.1.5 Tejido social e identidad cultural
3.2 La política fiscal actual y el desarrollo rural en El Salvador
1113141617
181919202223
232326262728
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47474849
CONTENIDO
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BASES PARA ELDESARROLLO RURALEN CENTROAMÉRICA
3.3 Lineamientos principales para sentar las bases del desarrollo rural en El Salvador
3.4 Principales intervenciones e inversión financiera para sentar las bases
del desarrollo rural en El Salvador
3.4.1 Fortalecimiento del sector rural
3.4.2 Programas de protección social
3.4.3 Infraestructura rural
3.4.4 Protección ambiental
3.4.5 Tejido social e identidad cultural
3.5 Financiamiento para sentar las bases del desarrollo rural en El Salvador
3.5.1 Fortalecimiento de la administración tributaria
3.5.2 Reducción de los privilegios fiscales
3.5.3 Implementación de un impuesto al patrimonio
3.5.4 Incremento del impuesto al valor agregado (IVA)
3.5.5 Implementación de un régimen simplificado para la pequeña empresa
3.5.6 Focalización de los subsidios
3.5.7 Reformas en las adquisiciones y contrataciones
3.5.8 Préstamos y donaciones
4. Primeros pasos para sentar las bases del desarrollo rural en Honduras
4.1 Las condiciones actuales del área rural hondureña
4.1.1 Fortalecimiento del sector rural
4.1.2 Programas de protección social
4.1.3 Infraestructura rural
4.1.4 Protección ambiental
4.1.5 Tejido social e identidad cultural
4.2 La política fiscal actual y el desarrollo rural en Honduras
4.3 Lineamientos principales para sentar las bases del desarrollo rural en Honduras
4.4 Principales intervenciones e inversión financiera para sentar las bases del desarrollo
rural en Honduras
4.4.1 Fortalecimiento del sector rural
4.4.2 Programas de protección social
4.4.3 Infraestructura rural
4.4.4 Protección ambiental
4.4.5 Tejido social e identidad cultural
4.5 Financiamiento para sentar las bases del desarrollo rural en Honduras
4.5.1 Fortalecimiento de la administración tributaria
4.5.2 Reducción del gasto tributario 4.5.3 Modernización en las compras y adquisiciones
4.5.4 Fortalecimiento de los impuestos a la propiedad
4.5.5 Incremento de tasas
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545555606263
636363646464
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4.5.6 Donaciones y préstamos
5. Primeros pasos para sentar las bases del desarrollo rural en Nicaragua
5.1 Las condiciones actuales del área rural nicaragüense
5.1.1 Fortalecimiento del sector rural
5.1.2 Programas de protección social 5.1.3 Infraestructura rural
5.1.4 Protección ambiental
5.1.5 Tejido social e identidad cultural
5.2 La política fiscal actual y el desarrollo rural en Nicaragua
5.3 Principales intervenciones e inversión financiera para sentar las bases del desarrollo
rural en Nicaragua
5.4 Principales intervenciones por eje e inversión financiera necesaria
5.4.1 Fortalecimiento del sector rural
5.4.2 Programas de protección social
5.4.3 Infraestructura rural
5.4.4 Protección ambiental 5.4.5 Tejido social e identidad cultural
5.5 Financiamiento de las bases para el desarrollo rural en Nicaragua
5.5.1 Fortalecimiento de la administración tributaria
5.5.2 Reducción del gasto tributario
5.5.3 Fortalecimiento del impuesto a la propiedad
5.5.4 Focalización de los subsidios
5.5.5 Donaciones y deuda
Conclusiones
Recomendaciones
Referencias bibliográficas
Anexos
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8787
87899090
91
94949496
96
989899104
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114
Tabla 1. Guatemala: Personas ocupadas e ingreso mensual promedio, por rama de actividad
económica y costo mensual de la canas básica de alimentos y de la canasta básica vital
en la zona rural (2014)
Tabla 2. Guatemala: Personal docente de establecimientos públicos, por nivel educativo y grupo
étnico (2014)
Tabla 3. Guatemala: Matriz de costos financieros de bases para el desarrollo rural (2016-2025)
Tabla 4. Guatemala: Rigidez del gasto público en el presupuesto aprobado para 2016(En millones de quetzales y porcentaje del PIB)
Tabla 5. Guatemala: Posibles mecanismos para la movilización de recursos, como porcentaje
del PIB de cada año
Tabla 6. El Salvador: Matriz de costos financieros de bases para el desarrollo rural (2016-2025)
24
2535
40
4257
TABLAS
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BASES PARA ELDESARROLLO RURALEN CENTROAMÉRICA
Tabla 7. El Salvador: Posibles mecanismos para la movilización de recursos, como porcentaje
del PIB de cada año
Tabla 8. Honduras: Matriz de costos financieros de bases para el desarrollo rural (2016-2025)
Tabla 9. Honduras: Posibles mecanismos para la movilización de recursos, como porcentaje
del PIB de cada añoTabla 10. Nicaragua: Personas ocupadas y salario mínimo promedio, por rama de actividad
económica (2014)
Tabla 11. Nicaragua: Matriz de costos financieros de bases para el desarrollo rural (2016-2025)
Tabla 12. Nicaragua: Posibles mecanismos para la movilización de recursos, como porcentaje
del PIB de cada año
Tabla 13. Centroamérica: Proyecciones de población, producción e inflación 2016-2025
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34
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84
88
100
105114
Gráfica 1. Guatemala: Matrícula inicial en el sector público del área rural,
por nivel escolar (2014)
Gráfica 2. Guatemala: Costo del eje de fortalecimiento del sector rural 2016-2025
(en millones de dólares y como porcentaje del PIB)
Gráfica 3. Guatemala: Costo del eje de programas de protección social 2016-2025
(en millones de dólares y como porcentaje del PIB)
Gráfica 4. Guatemala: Costo del eje de infraestructura rural 2016-2025
(en millones de dólares y como porcentaje del PIB)
Gráfica 5. Guatemala: Costo del eje de protección ambiental 2016-2025
(en millones de dólares y como porcentaje del PIB)Gráfica 6. Guatemala: Costo del eje de tejido social e identidad cultural 2016-2025
(en millones de dólares y como porcentaje del PIB)
Gráfica 7. Guatemala: Costo de los ejes seleccionados para sentar las bases del desarrollo rural
2016-2025 (en millones de dólares y como porcentaje del PIB)
Gráfica 8. Guatemala: Carga tributaria 2004-2015
Gráfica 9. El Salvador: Ingreso mensual promedio en el sector rural, por rama de actividad
económica, sexo y costo mensual de la canasta básica ampliada (2014)
Gráfica 10. El Salvador: Costo del eje de fortalecimiento del sector rural 2016-2025
(en millones de dólares y como porcentaje del PIB)
Gráfica 11. El Salvador: Costo del eje de programas de protección social 2016-2025
(en millones de dólares y como porcentaje del PIB)Gráfica 12. El Salvador: Costo del eje de infraestructura rural 2016-2025
(en millones de dólares y como porcentaje del PIB)
Gráfica 13. El Salvador: Costo del eje de protección ambiental 2016-2025
(en millones de dólares y como porcentaje del PIB)
GRÁFICAS
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Gráfica 14. El Salvador: Costo del eje de tejido social e identidad cultural 2016-2025
(en millones de dólares y como porcentaje del PIB)
Gráfica 15. El Salvador: Costo de los ejes seleccionados para sentar las bases
del desarrollo rural 2016-2025 (en millones de dólares y como porcentaje del PIB)
Gráfica 16. El Salvador: Carga tributaria 2004-2015
Gráfica 17. Honduras: Matrícula inicial en el sector público del área rural,
por nivel escolar (2012)Gráfica 18. Honduras: Costo del eje de fortalecimiento del sector rural 2016-2025
(en millones de dólares y como porcentaje del PIB)
Gráfica 19. Honduras: Costo del eje de programas de protección social 2016-2025
(en millones de dólares y como porcentaje del PIB)
Gráfica 20. Honduras: Costo del eje de infraestructura rural 2016-2025
(en millones de dólares y como porcentaje del PIB)
Gráfica 21. Honduras: Costo del eje de protección ambiental 2016-2025
(en millones de dólares y como porcentaje del PIB)
Gráfica 22. Honduras: Costo del eje de tejido social e identidad cultural 2016-2025
(en millones de dólares y como porcentaje del PIB)
Gráfica 23. Honduras: Costo de los ejes seleccionados para sentar las bases del desarrollorural 2016-2025 (en millones de dólares y como porcentaje del PIB)
Gráfica 24. Honduras: Carga tributaria (2002-2015)
Gráfica 25. Nicaragua: Tasa neta de escolaridad por ciclo, según sexo, 2012
Gráfica 26. Nicaragua: Costo del eje de fortalecimiento del sector rural 2016-2025
(en millones de dólares y como porcentaje del PIB)
Gráfica 27. Nicaragua: Costo del eje de programas de protección social 2016-2025
(en millones de dólares y como porcentaje del PIB)
Gráfica 28. Nicaragua: Costo del eje de infraestructura rural 2016-2025
(en millones de dólares y como porcentaje del PIB)
Gráfica 29. Nicaragua: Costo del eje de protección ambiental 2016-2025
(en millones de dólares y como porcentaje del PIB)Gráfica 30. Nicaragua: Costo del eje de tejido social e identidad cultural 2016-2025
(en millones de dólares y como porcentaje del PIB)
Gráfica 31. Nicaragua: Costo de los ejes seleccionados para sentar las bases
del desarrollo rural 2016-2025 (en millones de dólares y como porcentaje del PIB
Gráfica 32. Nicaragua: Carga tributaria (2006-2015)
Figura 1. Guatemala: Principales intervenciones por eje estratégico para potenciar
el desarrollo ruralFigura 2. El Salvador: Principales intervenciones por eje estratégico para potenciar
el desarrollo rural
Figura 3. Honduras: Principales intervenciones por eje estratégico para potenciar
el desarrollo rural
Figura 4. Nicaragua: Principales intervenciones por eje estratégico para potenciar
el desarrollo rural
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68
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75
76
77
78
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95
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98
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73
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FIGURAS
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BASES PARA ELDESARROLLO RURALEN CENTROAMÉRICA
SIGLARIOAsociación de desarrollo comunalAlianza de Gobierno Abierto
Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (El Salvador)Banco Central de NicaraguaBanco de Fomento Agropecuario (El Salvador)Banco Interamericano de DesarrolloBanco MundialCorte de Constitucionalidad (Guatemala)Consejo Coordinador Nacional Indígena SalvadoreñoConfederación Deportiva Autónoma de GuatemalaComisión Ejecutiva Eléctrica del Río Lempa (El Salvador)Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal«Enrique Álvarez Córdova» (El Salvador)Comisión Económica para América Latina
Compromiso por la EquidadCentro Interamericano de Administración TributariaMinisterio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Guatemala)Comité Olímpico GuatemaltecoConsejo Nacional de Áreas Protegidas (Guatemala)Derechos arancelarios a la importaciónDirección Ejecutiva de Ingresos (Honduras)Dirección General de Estadísticas y Censos (El Salvador)Encuesta de hogares de propósitos múltiplesEscuela Nacional de Agricultura (El Salvador)Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Nicaragua)Encuesta nacional de condiciones de vidaOrganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la AgriculturaFondo Internacional de Desarrollo AgrícolaFondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (El Salvador)Fondo de Inversión Social de Emergencia (Nicaragua)Fondo Monetario InternacionalFondo Nacional de Vivienda Popular (El Salvador)Fondo Social para la Vivienda (El Salvador)Fundación Nacional para el Desarrollo (El Salvador)Gases de efecto invernaderoGasto público en desarrollo ruralÍndice de Presupuesto Abierto
Instituto Centroamericano de Estudios FiscalesInstituto Guatemalteco de Seguridad SocialInstituto Hondureño de Seguridad SocialInstituto Nacional de Bosques (Guatemala)Instituto Nacional de Forestación (Nicaragua)Instituto Nacional de Cultura (Nicaragua)Instituto Nacional de Deporte (Nicaragua)Instituto Nacional de los Deportes de El SalvadorInstituto Nacional de Estadística (Guatemala y Honduras)
AdescoAGA
ANDABCNBFABIDBMCCCCNISCDAGCELCenta
Cepal
CEQ (siglas en inglés)CIATCIVCOGConapDAIDEIDigestycEHPMENAEnacal
EncoviFAO (siglas en inglés)FIDAFISDLFISEFMIFonavipoFSVFundeGEIGPDRIBP (siglas en inglés)
IcefIGSSIHSSINABInaforINCINDIndesINE
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SIGLARIOInstituto Nacional de Información de Desarrollo (Nicaragua)Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (Nicaragua)
Instituto Nicaragüense de Turismo (Nicaragua)Índice de Percepción de la CorrupciónImpuesto sobre la rentaImpuesto selectivo al consumoImpuesto sobre la rentaImpuesto sobre ventasInstituto Universitario de Opinión Pública (El Salvador)Impuesto único sobre inmueblesImpuesto al valor agregadoMinisterio de Agricultura y Ganadería (El Salvador)Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Guatemala)Ministerio Agropecuario (Nicaragua)Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Nicaragua)Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Guatemala y El Salvador)Ministerio de Cultura y Deportes (Guatemala)Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Nicaragua)Ministerio de Economía (Guatemala)Ministerio de Educación (El Salvador, Nicaragua)Ministerio de Educación (Guatemala)Ministerio de Salud (Nicaragua)Ministerio de Salud (El Salvador)Ministerio de Turismo (El Salvador)Ministerio de Obras Públicas (El Salvador)
Ministerio de Transporte e Infraestructura (Nicaragua)Organización para la Cooperación y el Desarrollo EconómicoOrganismo Judicial (Guatemala)Organización Panamericana de la SaludPoblación económicamente activaProducto interno brutoPrograma de las Naciones Unidas para el DesarrolloSecretaría de Asuntos Agrarios (Guatemala)Superintendencia de Administración Tributaria (Guatemala)Secretaría de Finanzas (Honduras)Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Guatemala)Secretaría de la Paz (Guatemala)
Secretaría de Recursos Naturales y AmbienteSistema de Contabilidad IntegradaSistema Guatemalteco de Áreas ProtegidasSistema de Registro y Control de Empleados Públicos (Honduras)Sector público no financieroSecretaría Técnica y de Planificación (El Salvador)Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (El Salvador)Fondo de las Naciones Unidas para la InfanciaUniversidad de San Carlos de Guatemala
InideINTA
InturIPCIRISCISRISVIudopIUSIIVAMAGMAGAMagforMarenaMARNMCDMefccaMinecoMinedMineducMinsaMinsalMiturMOP
MTIOCDEOJOPSPEAPIBPNUDSAASATSefínSegeplánSepaz
SernaSicoínSigapSirepSPNFSTPUCAUnicefUSAC
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BASES PARA ELDESARROLLO RURAL EN
CENTROAMÉRICA
11
PRESENTACIÓNEn el año 2013, el Fondo Internacionalde Desarrollo Agrícola (FIDA) y el InstitutoCentroamericano de Estudios Fiscales (Icefi)decidieron embarcarse en un proceso queexplorara la relación de la política fiscal con eldesarrollo rural. Desde entonces, el objetivode esta iniciativa ha sido promover, con baseen insumos técnicos, una dinámica de diálogoinformado sobre la relación entre el desarrollorural y la política fiscal, que contribuya a la
incidencia y formulación de políticas públicasefectivas en el combate a la pobreza rural.
Para alcanzar este propósito se realizarondiferentes series de estudios. La primera de ellasse denominó «Desarrollo rural de Centroaméricaen cifras», en la cual se analizaron las condicionesde vida de la población rural y los marcoslegales e institucionales del desarrollo rural.En esta investigación se creó la metodologíapara cuantificar el gasto público en desarrollorural (GPDR), la cual permitió resaltar cuatropuntos esenciales para Guatemala, El Salvador,Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá conrespecto a las inversiones públicas en desarrollorural, identificados en los presupuestos públicosde 2007 a 2012. Primero, las inversiones endesarrollo rural representan, en promedio, entreel 4.9 y el 8.5% del PIB, lo que en términosper cápita se traduce en asignaciones anualesque van de los USD216.6 a los USD 1,277.50millones. En el contexto fiscal, las inversionesen desarrollo rural representan entre el 16.0 y
el 26.4% del presupuesto total de los Estadoscentroamericanos. Segundo, los países conmayor número de ciudadanos en áreas ruralesno son necesariamente los que más estáninvirtiendo en desarrollo rural. Tercero, cercadel 60.0% de las inversiones públicas endesarrollo rural se concentra en la protecciónsocial, mientras el 38.0% se destina a lasesferas de infraestructura y fortalecimiento
del sector rural. Y, cuarto,entre el 40.0 y el 77.6% delos recursos con los que se financian lasinversiones rurales proviene de los ingresoscorrientes, en tanto que entre el 10.5 y el25.2% proviene de préstamos, y entre el 1.5 yel 33.4% es fruto de donaciones y cooperación.
Luego de conocer cuánto se estaba invirtiendoen las zonas rurales de Centroamérica, FIDA e
Icefi llevaron a cabo una segunda fase de estudiossobre «La incidencia de la política fiscal en lareducción de la pobreza y la desigualdad», paralo cual se utilizó la metodología denominada«Compromiso por la Equidad» (CEQ, por sussiglas en inglés), que permite separar el efectoque tienen los distintos elementos de la políticafiscal en la reducción de estos problemas sociales.
Los resultados mostraron que, en términosgenerales, las intervenciones fiscales(impuestos y transferencias directas) afectan demanera contundente el ingreso de las familiascentroamericanas y aumentan la pobreza enla región. Al analizar la pobreza utilizando laslíneas internacionales —USD2.5 PPP (paridad delpoder adquisitivo, por sus siglas en inglés) parala pobreza extrema y USD4 PPP para la pobrezatotal— se puede apreciar cómo este fenómeno sesuscita tanto en el área urbana como en la rural.
Honduras quizá sea el caso más dramático,pues allí la pobreza extrema se incrementa casi
un 17.0% en la zona urbana, y un 11.0% en larural. Guatemala muestra una tendencia similar,ya que en lo urbano la pobreza se dispara enun 13.0%, así como en un 3.0% en lo rural.Por su parte, Nicaragua y El Salvador muestranresultados ambivalentes, pues mientras en elprimero de estos países la pobreza extrema enla zona rural se reduce en un punto, se extiendeen 15 puntos en la zona urbana; en tanto en El
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UNA NUEVARURALIDADES POSIBLECapítulo
01
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BASES PARA ELDESARROLLO RURAL EN
CENTROAMÉRICA
15
0UNA NUEVA RURALIDAD
ES POSIBLE
Se requiere impulsar un lenguaje de desarrolloque valore el mundo rural, más allá de lasobreexplotación de los recursos naturales,para hacer de los territorios rurales espacios endonde los Estados construyan las condicionespara el bienestar social y la equidad, el respetopor la cultura y la participación activa de losciudadanos, al tiempo en el que se aprovechansoberana y sosteniblemente los recursosnaturales.
Las enormes limitaciones actuales para eldesarrollo rural tienen su origen en las ideas dedesarrollo que predominaron durante el sigloXX, cuando este concepto se asociaba con lanoción de progreso entendido en la dirección
de transformaciones que iban de la agriculturaa la industria, de lo tradicional a lo moderno, delo atrasado a lo próspero… En definitiva, desdelo rural hacia lo urbano. El vector del progresoera unívoco y preciso (Gómez E., 2003).
La manera como en Centroamérica se midelo rural refleja, en buena medida, esa visióndicotómica entre lo urbano y lo rural, en dondeeste último ámbito es normalmente un residualdel primero. En Guatemala, por ejemplo, para
que un lugar sea considerado urbano el 51% omás de los hogares debe disponer de alumbradocon energía eléctrica y agua por tubería (chorro)dentro de sus locales de habitación (INE, 2006).En Honduras, la zona urbana es la que cuentacon servicios de agua de cañería, comunicaciónterrestre (carretera o ferrocarril) o servicioregular aéreo o marítimo; escuela primariacompleta (seis grados), correo o telégrafo ypor lo menos uno de los siguientes servicios:alumbrado eléctrico, alcantarillado o centro de
salud. Así las cosas, la población rural es aquellaque no cumple con esas características. EnNicaragua, las zonas urbanas son las que tienenparticularidades tales como trazado de calles,servicios de luz eléctrica, establecimientoscomerciales e industriales, entre otras (Dirven
et al., 2011). Por su parte, en El Salvador lapoblación rural es aquella que habita fuera delos límites de las cabeceras municipales y que,por lo general, es población dispersa (Dygestic,2012).
Los criterios usados por los países para definirla ruralidad padecen arbitrariedades y sesgosal equiparar características básicas quedeberían ser comunes a todas las personas,independientemente de donde se encuentren;por ningún motivo lo rural debería asociarsecon la pobreza o retraso. En ese sentido, altratar sobre desarrollo rural es fundamentalreivindicar la ruralidad, no como lo residual,sino como un conglomerado con características
sociales, económicas y territoriales particulares,que tiene una relevancia trascendental para eldesarrollo de la sociedad en su totalidad. Es porello que, a inicios del siglo XXI, desde AméricaLatina se empieza a gestar lo que se denominala «nueva ruralidad», según la cual destacaque un desarrollo rural armónico y eficientees prenda de garantía para que las ciudadeslogren superar los desequilibrios regionales queamenazan la gobernabilidad y la estabilidadpolítica e institucional (Echeverri Perico & Pilar
Ribero, 2002).
Sin embargo, hasta ahora los paísescentroamericanos han avanzado muy pocoen el afincamiento de esta nueva visión. Porello, se vuelve urgente empezar a sentar lasbases de un proceso de desarrollo rural en laregión. En los diferentes estudios elaboradosconjuntamente por el Fondo Internacionalde Desarrollo Agrícola (FIDA) y el InstitutoCentroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) se
han identificado cinco esferas desde las cualeslos Estados pueden potenciar el desarrollo delmundo rural centroamericano: Fortalecimientodel sector rural, programas de protección social,infraestructura rural, protección ambiental ytejido social e identidad cultural.
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1.1 Fortalecimiento del sector rural:De la agricultura a los recursosnaturales
Desde la perspectiva económica, es preciso
dejar de pensar en lo rural como estrictamenteagrícola. Ello, sin demeritar la importancia quetienen las actividades agrícolas, especialmenteporque de ellas depende en buena medidala seguridad alimentaria de los paísescentroamericanos, así como una significativacantidad del empleo nacional. En efecto,para el año 2013 el 30% del empleo totalprovenía de la agricultura para los países delCA41 (Banco Mundial, 2016). Lo que terminasucediendo es que la ruralidad es considerada
de facto como un área agrícola —tal como loexpresan Díaz, Valenciano S., & Salas (2013)—y solo se le va reconociendo en la medida enque sufre modificaciones, pasando de estarcompuesta por zonas agrícolas exclusivamente,a incorporar otras actividades económicas(como los servicios).
Por ello resulta fundamental tener una visiónampliada del sector rural, según la cual eneste ámbito se puede articular la agricultura,
la agroindustria, el turismo, las concesionesforestales con la debida regulación para unmanejo adecuado de los recursos naturales,entre otras actividades. Sin embargo, existenterritorios en los cuales ni la agricultura, nila silvicultura son competitivas bajo ningunacircunstancia. En ese sentido, es necesarioencontrar formas de lograr que el resto de lasociedad reconozca pecuniariamente a sushabitantes por los servicios ambientales quelas zonas rurales proveen a las generacionespresentes y futuras. Además, facilitar la provisiónde capital humano para mejorar la movilidad através de territorios y sectores económicos paraaquellos aquejados por la pobreza (De Ferrantiet al ., 2005).
El gran desafío, no logrado aún, sigue siendoel encontrar una solución estructural ensistemas económicos productivos en los cualesel incremento de la productividad del trabajode los más pobres sea posible y signifique su
inserción positiva y sostenible en una economíaen crecimiento, en el marco de mercados justos(Echeverri Perico & Pilar Ribero, 2002).
Uno de los elementos indispensables es quelas personas que habitan en las zonas ruralescuenten con sus propios medios de produccióny el Estado se responsabilice de garantizarles ladisponibilidad de activos cuya ausencia, comose sabe, incide de manera importante en eldesarrollo rural. La disponibilidad de activos
tanto a nivel individual como organizacional (porejemplo, cooperativas) es uno de los factoresque se debe tener en cuenta al momento dediseñar estrategias de intervención para lainclusión productiva (CAF, 2013).
Entre la disponibilidad de activos, la tenenciade la tierra y el acceso al crédito juegan un rolfundamental para fortalecer al sector rural. Latenencia de la tierra en el medio rural abarcaaspectos económicos, ambientales, sociales
y culturales; la tierra constituye un mediopara acumular bienestar y un vehículo parala inversión; permite, además, desarrollaringresos provenientes de actividades agrícolasy no agrícolas. La tierra también es parte delpatrimonio cultural y medioambiental delas zonas rurales, donde su valor supera loeconómico y cumple, asimismo, funcionessociales, entre ellas históricas y antropológicas.El acceso a tierras representa un mecanismo quefomenta la seguridad de ingresos, permitiendo
diversificar la producción, especialmente encasos de choques externos. Por estas razones,entre otras, la promoción de un mayor acceso atierras por parte de la población rural pobre es unelemento importante del desarrollo económicorural (BID, 2002; de Janvry & Sadoulet, 2001).
1 Se refiere a El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
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Por otra parte, la creación de un abanico derecursos de instituciones financieras que, porejemplo, cuenten con programas rentablesde préstamos a las comunidades de menoresrecursos en condiciones que les permitan
establecer y hacer crecer un negocio de manerasostenida, contribuye a la facilitación de negociosal dotarlos de recursos para el financiamientode capital de trabajo y acumulación de activosproductivos (CAF, 2013). En esta misma líneadeben incorporarse los seguros agrícolas y noagrícolas.
El sector público también debe intervenir enla esfera del desarrollo tecnológico, pues seha difundido la idea de que el sector privado,
los empresarios del campo, son los que debenasumir esta inversión. Sin embargo, no existeningún ejemplo de países desarrolladosque hayan basado su progreso tecnológicoen el sector agroalimentario a partir de lasinversiones del sector privado. En este sentido,las inversiones públicas han sido históricamentegigantescas (Echeverri Perico & Pilar Ribero,2002).
1.2 Programas de protección social:
Universalización de los bienesy servicios públicos
Los Estados centroamericanos han estadoen deuda con quienes habitan en las zonasrurales por no garantizar, promover y protegersus derechos mediante el acceso a bienes yservicios públicos. Por el contrario, en ocasioneslas políticas públicas se han transfigurado ydebilitado hasta convertirse en actos de caridad,
con focalizaciones que limitan su acceso, conbaja calidad de lo ofrecido y sin financiamientopúblico suficiente.
Unicef (2012) ha definido la protección socialcomo «[…] el conjunto de políticas y programasde carácter público y privado orientados haciala prevención, reducción y eliminación de las
vulnerabilidades sociales y económicas antela pobreza y la privación». Por consiguiente,los bienes públicos de la protección social noson el premio de consolación para quien noha podido ganar con la mano invisible, sino
la responsabilidad del Estado de asegurar quetoda la población, especialmente quieneshabitan en la zona rural puedan tener acceso abienes y servicios públicos de calidad.
Por ello, los programas de protección socialdeben verse desde el enfoque de derechoshumanos. Este enfoque constituye un marcoconceptual para el proceso de desarrollo humanoque, desde el punto de vista normativo, sebasa en acuerdos vinculantes, tanto nacionales
como internacionales en materia de derechoshumanos; desde el punto de vista operacional,está orientado a la promoción y la protecciónde estos derechos. Su propósito es analizar lasdesigualdades que se encuentran en el centrode los problemas del desarrollo y corregir lasprácticas discriminatorias y el injusto reparto delpoder que obstaculizan el progreso (OACDH,2006).
Es claro, entonces, que la protección social no
se limita a respuestas asistenciales o paliativas,pues como elemento nuclear de una estrategiade desarrollo rural incluyente su objetivo es ladotación de los bienes de interés social o bienespúblicos sociales (educación, salud, nutrición,vivienda, agua y saneamiento, y protecciónsocial), que responden a la garantía social dederechos, con un alcance universal, en formaprogresiva y cierta, y que responden tambiénal propósito de que la región centroamericanacuente con más capital humano que favorezca
la capacidad y la autonomía económica depersonas, comunidades y nación, al tiempoen que se desarrolla la necesaria madurezdemocrática de reivindicar derechos y aceptarobligaciones. Los programas de derechos yprotección generan las capacidades individualesy sociales para la convivencia y el desarrollo(Nussbaum, 2012; citado por Cepal, 2015).
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En ese sentido, al cerrar brechas sociales,en cantidad y calidad, se igualan a la vezoportunidades, se superan condiciones depobreza, se genera transformación productivacon movilidad social, de forma sostenible y
legítima (Cepal, 2015).
1.3 Infraestructura rural: Más alláde los megaproyectos
Otro eje necesario para el desarrollo rural es lasintervenciones en infraestructura, especialmenteporque en pleno siglo XXI muchos países deAmérica Latina —y Centroamérica no es laexcepción— aún muestran un elevado déficiten infraestructura o en la calidad de esta,
sea en obras públicas (carreteras, obras deriego, puertos), servicios básicos (electricidad,instalaciones sanitarias, telecomunicaciones,gas) o servicios de utilidad pública (escuelas,hospitales, viviendas sociales) (KAS, 2011).
Una adecuada inversión en infraestructuraasegura y potencia el crecimiento y lacompetitividad de la economía rural (BID,2005). El desarrollo de la infraestructura esfundamental para conectar al sector ruralcon mercados dinámicos y disminuir costosde transacción asociados con una insercióneconómicamente ineficiente en los mercadosinternacionales (De Ferranti et al ., 2005).
La mayoría de las políticas dirigidas a reducir lapobreza rural y a mejorar las oportunidades parael desarrollo rural reconocen que la inversiónen infraestructura tiene un impacto muy fuertesobre los ingresos del sector (Rimisp, 2004).Por ejemplo, el gasto público en infraestructurarural (energía eléctrica, carreteras, riego) fueun factor clave en el desarrollo de cultivosno tradicionales de exportación en Ecuador,Guatemala y el nordeste de Brasil. El desarrollode estos cultivos tuvo efectos positivos en elempleo rural en los tres países, al igual que enel ingreso rural (Damiani, 2000).
Además, Benza, Jansen, Nakasone & Torero(s.f.) realizaron estimaciones econométricaspara Centroamérica en las que muestran queel acceso a electricidad es el activo público quetiene un mayor impacto por si solo, reduciendo
las probabilidades de mantenerse comoagricultor independiente e incrementando laprobabilidad de participar en las otras fuentesde empleo. Además, concluyen que el mayoracceso a la infraestructura es un insumo quefacilita el desarrollo de actividades productivas,logrando mayores ingresos en los hogares —seapor una mayor cantidad de horas trabajadas,por una mayor diversificación de actividades o,finalmente, por un cambio en la rentabilidad delas actividades—.
De acuerdo con Gannon y Liu (1997, citadopor Escobal y Ponce, 2002), la inversiónen infraestructura vial genera un impactopositivo en el crecimiento económico,contribuyendo a la reducción de la pobrezapues permite reducir los costos de produccióny los costos de transacción, lo que promueveel comercio y facilita la división del trabajo yla especialización, elementos claves para uncrecimiento económico sostenido. En otro
aspecto, las mejoras en caminos y carreterastambién reducen las distancias para actividadesno agrícolas.
Finalmente, las inversiones orientadas haciael acceso al agua de las personas ruralesson cruciales, ya que el agua es un recursomultifuncional, básico para la vida, perotambién un recurso económico y social. Laszonas rurales pueden apoyar su desarrollo eneste don natural, tanto en la agricultura como
en la ganadería, que son los usos primarios. Estelíquido vital permite igualmente la instalación dedeterminadas industrias, así como la producciónenergética (Frutos Mejías, 2006). Además, elacceso al agua potable y saneamiento disminuyelas tasas de mortalidad y las muertes maternas,una tragedia que persiste en las zonas ruralesde la región centroamericana.
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1.4 Protección ambiental:Conservación del desarrollo rural
Aun cuando no existe una definición generalizada
sobre lo que se denomina desarrollo rural,todas las que hay coinciden en la importanciade la apropiación y uso de los recursosnaturales como elementos indispensables parapotenciar el desarrollo. Por ello, la naturalezasigue siendo una fuente fundamental demedios de vida para los más necesitados. Losbosques proveen alimentos, medicinas y aguafuera de la lógica del mercado, lo cual ayuda amantener un mínimo de subsistencia en dondelos ingresos monetarios y en especie pueden ser
insuficientes.
No se puede imaginar el desarrollo rural sinasociarlo con el ambiente natural, lo que a suvez constituye una ventaja innata con respectoa las zonas urbanas. Sin embargo, existe unacelerado deterioro del acervo natural, locual deriva en una profunda crisis ambientalexpresada en la degradación de los ecosistemas,en prácticas insostenibles de producción yen la subvaloración de la riqueza de dicho
acervo. Lo anterior evidencia la gravedad de unproblema que desborda las fronteras y generapreocupaciones globales sobre la pérdida debiodiversidad, la contaminación, el deterioro delos recursos hídricos y la degradación y pérdidadel suelo (Echeverri Perico & Pilar Ribero, 2002).De esa cuenta, la población rural en condicionesde pobreza paga muy cara la degradaciónambiental.
No obstante, las inversiones públicas
en protección y recuperación ambientalconstituyen un medio para mejorar rápidamentelas condiciones de vida de la población. LosGobiernos deben acentuar su papel comocoordinadores del desarrollo, de manera quemarquen el paso con un gasto público para elcual la protección ambiental sea una prioridad(De Ferranti et al ., 2005).
Los esfuerzos en lo ambiental deben considerarmedidas de conservación, restauración yaprovechamiento sostenible que contribuyan ala seguridad alimentaria, la salud, el empleo yel bienestar de la población rural. Para ello se
debe frenar la deforestación y la degradaciónde suelos, manejando de manera sustentablelas cuencas compartidas para poder, así,asegurar el agua y su disponibilidad equitativa,suficiente y oportuna, tanto para el consumohumano como para usos productivos. Y acambio, la comunidad nacional y global deberáreconocer los servicios ambientales prestadospor comunidades campesinas al conservarbosque, capturar carbono, producir agua yresguardar la biodiversidad y la belleza escénica
(CAC, 2010).
1.5 Tejido social e identidad cultural:La construcción de una ciudadaníarural
Finalmente, para el desarrollo rural esnecesaria la construcción del tejido social y larevalorización de la identidad cultural. Para ello,es importante el concepto de «competitividad
social», que puede definirse como la capacidadde los distintos agentes e instituciones paraactuar de forma conjunta y eficaz en el territorio;constituye un estado de ánimo, una verdaderacultura basada en la confianza mutua, así comoen la voluntad y en la capacidad de reconocer,expresar y articular intereses individuales ycolectivos (Observatorio Europeo LEADER,2000).
Los grupos poblacionales rurales de
América Latina —incluyendo poblacionesafroamericanas e indígenas— cuentan conuna base cultural que, por lo general, ha sidoconsiderada como una barrera a la aplicaciónde los modelos occidentales dominantes,cuando en realidad constituye un potencialbásico para la construcción de una forma propiade desarrollo (Echeverri Perico & Pilar Ribero,
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2002). Además, la inversión en capital humano,cívico y social cumple un papel importante enlas estrategias y las políticas de desarrollo ruralporque promueve la inclusión social, el respetoa la diversidad cultural y las preferencias de losgrupos minoritarios y étnicos (BID, 2005).
El fortalecimiento del tejido social de lascomunidades rurales, las redes informales y lasorganizaciones formales, permite a los actoressociales e instituciones presentes en el territorioalcanzar una visión propia y compartidaacerca de la realidad colectiva y del futuro.La promoción de asociaciones comunitariasconduce al mejoramiento de sus vínculos decooperación, al impulso de sus iniciativas y
gestión de sus recursos naturales, así como aalcanzar consensos con los Gobiernos en tornoa proyectos que beneficien a la comunidad ya sus habitantes. Para esto serán importanteslos grupos de mujeres y jóvenes rurales,las organizaciones campesinas y formas deorganización ancestral de pueblos indígenas yafrodescendientes (CAC, 2010).
En ese sentido, se debe crear en las áreas ruralesredes que permitan una participación activa
en la definición del desarrollo, ya que este nopuede entenderse sin el involucramiento delas personas. En efecto, el desarrollo humanoimplica la posibilidad de que las personaspuedan formar parte activa de los procesos ylas decisiones que afectan sus vidas y las delos colectivos de los cuales forman parte. Laparticipación política permite esa injerencia enel gobierno de la vida pública y colectiva de unasociedad (PNUD, 2005).
1.6 El desarrollo rural tambiénes cuestión de poder
Históricamente, el sector rural ha sido el grangenerador de riqueza y poder. En casi todoslos países centroamericanos, el desarrollo delsector agroexportador, en la segunda mitad
del siglo XIX, llevó al surgimiento de poderosasélites agrarias (Cardenal, s.f.). Y hasta finalesde los años setenta del siglo XX, todas lasdimensiones principales de la región pasabanpor las zonas rurales: el agro generaba divisas através de las exportaciones, producía casi todoslos alimentos y ocupaba a la mayor parte de lostrabajadores; en las zonas rurales residía más dela mitad de los habitantes (Baumesiter, 2013).
Pero también ahí es donde se suscitabanlas mayores injusticias: racismo, pobreza,desigualdad, concentración del poder. Ello obligóa que movimientos campesinos buscaran a travésde la lucha armada cambios en las estructurasque les permitieran mejorar sus condiciones de
vida. Y es que como bien lo plantea Moore Jr(1996), solo en aquellos casos donde la éliteagraria no desempeñó un papel protagónicoen la transición hacia la modernidad, solo allídonde esta resultó debilitada por el procesomismo de modernización, se pudo alcanzar unresultado democrático. Cuanto mayor sea ladependencia de la élite de la tierra y de la manode obra, mayor será la probabilidad de que estarecurra a medios políticos y no económicospara resolver los conflictos, y viceversa: una
menor dependencia de la élite de la tierra y lagente aumentará la probabilidad de que utilicemedios económicos y no políticos para resolverlos conflictos (Cardenal, s.f.).
La década de los noventa del siglo XX traíabuenas nuevas para Centroamérica: el abandonode las armas y la apuesta por la democracia.Sin embargo, ni la paz ni las soluciones a losproblemas estructurales que causaron losconflictos armados se construyen en papel.
Con la implementación del modelo neoliberal,las opciones para el campo se vieron reducidas.Desde los aparatos estatales se promulgó laliberalización comercial, sin tomar en cuentaque los pequeños productores no estabanpreparados para competir a nivel internacional,y que la élite agrícola iba a buscar mantenersu ganancia a costa de la precarización de las
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condiciones laborales de los campesinos y lasobreexplotación de los recursos naturales.
A pesar de que en algunos países se hicieronintentos de reforma agraria, esta sigue siendouna deuda pendiente con el sector ruralcentroamericano. En las últimas dos décadas apartir de 1990, cuando se generalizaba el ordeneconómico y político neoliberal, se produjeronprocesos de reconcentración de la tierra, sobretodo en torno a la caña de azúcar, la palmaafricana y la ganadería extensiva. La superficietotal de estos dos primero productos, en lospaíses del CA4, pasó de 256,000 hectáreas, en1990, a 404,000 en 2000, y a 586,000 en 2010,concentrándose en un 49.0% en Guatemala, un
30.0% en Honduras, un 11.0% en El Salvadory un 10.0% en Nicaragua (Baumesiter, 2013).
A esto se suma la apuesta de los Gobiernosde la región, con excepción de El Salvador, porpromover la explotación de recursos naturalesno renovables, sin contar con marcos legales einstitucionales adecuados, lo cual desembocaen altos niveles de conflictividad social,violaciones a los derechos humanos, opacidaden la gestión de estos recursos y cuestionables
beneficios económicos, lo que pone en peligroel bienestar de las poblaciones rurales.
Ante esto, es evidente por qué algunos sectoresse siguen oponiendo al desarrollo rural, pues laganancia de buena parte de las élites extractivas(agrícolas, mineras y petrolera) se genera acosta de la miseria de quienes menos tienen,pues su competitividad es espuria, basada enbajos salarios y en la sobreexplotación de losrecursos naturales.
Por si todo esto fuera poco, desde que en elnivel internacional se decidió que los alimentos
se pueden transar igual que los precios de loscombustibles, especular con el hambre tambiénes un negocio. De acuerdo con el RelatorEspecial de las Naciones Unidas sobre el derechoa los alimentos, hay motivos para creer que lacrisis mundial de los precios de alimentos quese produjo entre 2007 y 2008, y que aún afectaa muchos países en desarrollo, fue causadapor los mercados de derivados financierosbasados en productos alimentarios de grandesy poderosos inversores institucionales (comofondos de cobertura, fondos de pensiones ybancos de inversiones), ninguno de los cualestiene gran interés en los elementos básicos delmercado de productos agrícolas (De Schutter,2010).
Según una estimación del Banco Mundial (BM),los aumentos de los precios de los productosalimentarios básicos y del petróleo en 2007 y2008 hicieron que el número de víctimas de lapobreza extrema aumentase entre 130 y 150millones (Banco Mundial, 2009). Y de acuerdocon la Organización de las Naciones Unidaspara la Alimentación y la Agricultura (FAO,2008), al menos 40 millones de personas detodo el mundo fueron empujadas al hambre y
la necesidad a causa de la crisis de los precios delos alimentos de 2008, con lo que la cifra totalde víctimas del hambre pasó a 963 millones eseaño.
Por consiguiente, el desarrollo rural tambiénes una cuestión de poder y los cambios quese requieren difícilmente vendrán de quieneshistóricamente se han beneficiado de la pobrezay el hambre. Debido a esto, los sectores ruralesdeben resistirse al individualismo y apostarle a
la construcción de lo colectivo como una fuerzacapaz de impulsar el desarrollo que las mismascomunidades deben decidir.
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PRIMEROS PASOSPARA SENTAR LAS BASESDEL DESARROLLO RURALEN GUATEMALACapítulo
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PRIMEROS PASOS
PARA SENTAR LAS BASES
DEL DESARROLLO RURAL EN GUATEMALA
2.1 Las condiciones actualesdel área rural guatemalteca
El análisis socioeconómico de la población
guatemalteca revela que más de la mitad —cerca del 51.5% del total de 15.8 millones dehabitantes del país— vive en áreas rurales. Para2014, el 76.1% de la población guatemaltecaque residía en el área rural se encontraba ensituación de pobreza, esto es, aproximadamentecuatro de cada cinco personas rurales. De lamisma cuenta, el 35.3% de la población ruralse encontraba en pobreza extrema, es decir,cerca de la tercera parte de la población rural nocontaba en esa fecha con la capacidad de cubrir
el costo del consumo mínimo de alimentos(Guatemala, INE, 2014). Esta situación distamucho de las metas que Guatemala establecióen el marco de la Declaración del Milenio;incluso, en sentido contrario a la reducción dela incidencia de pobreza, en 2014 se observó unretroceso en la reducción de la pobreza extrema.El aumento de este flagelo en Guatemala haafectado con mayor intensidad a la poblaciónindígena y a quienes viven en las regionesdel suroccidente, norte y noroccidente, que
incluyen los departamentos de Alta Verapaz,Quiché, Huehuetenango, San Marcos y Sololá(Guatemala, Segeplán, 2016).
2.1.1 Fortalecimiento del sector rural
En el área rural de Guatemala alrededor de 4.69millones de personas se encuentran en edad detrabajar, con una población económicamenteactiva (PEA) de 2.81 millones personas, de las
cuales 2.77 millones están ocupadas, es decir,se da una tasa de desempleo abierto del 1.4%.Entre las personas ocupadas en el área rural, el69.0% está conformado por hombres, mientrasque solo el 29.0% es mujer. Al analizar porgrupo étnico, la participación de las personasindígenas en el porcentaje de ocupación es del47.5%.
Es importante indicar que las personasocupadas en el área rural trabajan endiferentes actividades económicas. Para 2014,el 56.6% de la población ocupada laborabaen actividades de agricultura, ganadería,
silvicultura o pesca; el 18.7%, en actividades decomercio, transporte o alojamiento; el 8.2%,en actividades industriales; el resto de personasse ocupaba en otras actividades económicas(Guatemala, INE, 2014). Lo anterior pone enevidencia que si bien el sector agropecuario esel principal generador de empleo en el ámbitorural, no es el único, encontrándose una mayordiversificación de actividades económicas.
Uno de los problemas que se presentan en el
sector agropecuario es que, en la mayoría delos casos, se realizan actividades tradicionales,de baja productividad, poco articuladas conla agroindustria, dependientes de tecnologíaspoco intensivas en capital y que utilizan manode obra no calificada. Eso explica, en parte, losbajos salarios que se pagan, pues para 2014el ingreso mensual promedio de las personasocupadas en actividades de agricultura,ganadería, silvicultura y pesca era de Q978.0,lo que equivalía al 30.2% de la canasta básica
de alimentos y tan solo al 16.6% de la canastabásica vital, calculada para un hogar de 5.4miembros.
La situación del empleo del sector ruralenfrenta serios desafíos: solo el 10.8% de laspersonas ocupadas está afiliado al InstitutoGuatemalteco de Seguridad Social (IGSS), esdecir, solo uno de cada diez ocupados gozade seguridad social. El 81.4% de los ocupadoscarece de contrato y el 85.0% trabaja en el
sector informal. La informalidad es mayor enel caso de los hombres, pues el 69.6% de lostrabajadores del sector informal es hombre.
2.1.2 Programas de protección social
Al hablar de los programas de protecciónsocial se debe priorizar los relacionados con
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Fuente: Icefi/FIDA, con base en INE (2014)
Tabla 1. Guatemala: Personas ocupadas e ingreso mensual promedio, por rama deactividad económica y costo mensual de la canasta básica de alimentos y la canasta
básica vital en la zona rural (2014)
Ramas de actividadPoblación ocupada Ingreso mensual
promedio (enquetzales)Total Porcentaje
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1,565,803 56.6 978
Industrias manufactureras, explotación de minas ycanteras y otras actividades industriales
225,996 8.2 1,595
Construcción 128,846 4.7 1,762
Comercio al por mayor y al por menor, transportey almacenamiento, actividades de alojamiento yservicios de comidas
517,780 18.7 1,836
Información y comunicaciones 2,716 0.1 2,896
Actividades financieras y de seguros 4,144 0.1 3,793
Actividades inmobiliarias 1,975 0.1 1,781
Actividades profesionales, científicas, técnicas y deservicios administrativos
29,473 1.1 2,374
Actividades de administración pública y defensa,enseñanza, atención en salud y asistencia social
112,358 4.1 2,750
Otras actividades de servicios 178,339 6.4 866
Costo mensual de la canasta básica de alimentos a diciembre de 2014 3,236.70
Costo mensual de la canasta básica vital a diciembre de 2014 5,906.39
la educación y salud. La educación constituyeun pilar fundamental para el desarrollo de laspersonas. Escalar en el proceso educativo esuno de los mecanismos básicos para superarlas trampas intergeneracionales de la pobrezay romper patrones de desigualdad. Guatemalaenfrenta diferentes retos en el ámbito educativo,especialmente en el área rural.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, el
71.4% de los habitantes rurales puede leery escribir y tiene, en promedio, 4.1 años deescolaridad formal (Guatemala, INE, 2014). Para2014, el Ministerio de Educación (Mineduc)reportó, para el caso de establecimientospúblicos del sector rural, una matrícula inicialde 2.2 millones de niñas, niños y adolescentesinscritos en los diferentes niveles escolares.De ese total, el 52.1% está conformado por
hombres, mientras que el 47.9%, por mujeres.El mayor número de estudiantes matriculadosen establecimientos educativos públicos seencuentra en primaria, con aproximadamenteel 76.1%; el nivel preprimario es el segundo conmayor matriculación, pues el 14.8% del total deniños fue matriculado en él; los niveles básico ydiversificado son los que menor participaciónreportaron en la matrícula 2014, con el 8.2 y el0.8%, respectivamente. Esto pone en evidencia
que los esfuerzos de la política educativa públicase han concentrado en la matrícula primaria.
Dentro de la matrícula inicial total en centroseducativos públicos del sector rural, el 44.8% delas niñas, niños y adolescentes son indígenas. Enel nivel preprimario, cuatro de cada diez niñosy niñas matriculadas son indígenas, mientras enprimaria esa proporción sube a cinco de cada
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PRIMEROS PASOS
PARA SENTAR LAS BASES
DEL DESARROLLO RURAL EN GUATEMALA
Tabla 2. Guatemala:Personal docente de establecimientos públicos, por nivel educativo y grupo étnico (2014)
Nivel educativo Indígenas No indígenas Total
Preprimaria 8684 16853 25537
Primaria 27552 44563 72115
Ciclo básico 2389 6239 8628
Ciclo diversificado 371 1122 1493
Total 38996 68777 107773
diez. En los niveles básico y diversificado, solouno de cada tres matriculados es indígena.
De acuerdo con el Mineduc, en las zonas ruralesde Guatemala funcionaban en 2014, para elnivel preprimario, 11,577 establecimientoseducativos públicos; en primaria, 14,892; enel ciclo básico, 2,618 y, en el diversificado,
únicamente 221 establecimientos. En cuantoal número de maestros del sector públicodestinados a la atención de los estudiantes dela zona rural de Guatemala, el Mineduc reportaque en 2014 se contó con 107,773 maestros
y maestras. Del total del personal docente quetrabaja en las zonas rurales, el 66.9% —es decir,siete de cada diez maestros— está asignado alnivel primario. Asimismo, del total de maestrosde establecimientos públicos del área rural, el36.2% es indígena.
En el ámbito de la salud, la zona rural de
Guatemala enfrenta varios desafíos. Uno deellos es el acceso a servicios: al momento depadecer alguna enfermedad solo la cuartaparte de la población rural tiene acceso a
Gráfca 1. Guatemala:Matrícula inicial en el sector público del área rural, por nivel escolar (2014)
Fuente: Icefi/FIDA, con base en Mineduc (2014)
Fuente: Icefi/FIDA, con base en Mineduc (2014)
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Preprimaria Primaria Ciclo básico Ciclodiversificado
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servicios médicos, el 40.0% de las personascon algún padecimiento carece de los recursoseconómicos para cubrir el costo de atenciónmédica. En el sector rural de Guatemala, solouna de cada diez personas tiene acceso aseguro médico.
Otro de los desafíos es lo concerniente a lasalud materno infantil. En Guatemala, el árearural presenta una alta tasa de fecundidad: 112por cada mil mujeres; sin embargo, se puedeobservar una baja infraestructura y coberturade los servicios de salud, que se refleja en elnúmero de partos atendidos por un médico oun ginecólogo. En efecto, solo la mitad de lospartos que ocurren en el área rural cuenta con
asistencia médica; en otras palabras, solo lamitad de los partos de 2014 fue atendido enun hospital, centro o puesto de salud pública(Guatemala, INE, 2014).
Asimismo, se puede observar una tasa demuerte infantil en menores de 5 años de 44 porcada mil nacidos vivos; uno de cada diez niñosque nacen lo hace con un peso inferior a las 5.5libras. Los problemas de desnutrición persistenen la medida en que los niños van creciendo;
en 2014, cinco de cada diez niños ruralesmenores de 5 años presentan una condición dedesnutrición crónica, es decir, tienen una tallainferior a la normal para su edad. El flagelode la desnutrición infantil crónica afecta departicular manera a la población indígena, loque, sumado a la situación de pobreza en laque generalmente se encuentran estos grupos,reduce las posibilidades de la niñez de poderdisfrutar de mejores condiciones de vida en elfuturo (Guatemala, Segeplán, 2016).
2.1.3 Infraestructura rural
En el sector rural, el 88.5% de los hogarestiene una vivienda formal; el 41.4% cuentacon viviendas con paredes de block, mientrasque solo el 39.5% tiene una vivienda con pisosrecubiertos de cemento.
En cuanto a la conexión a servicios básicos,el 64.2% de los hogares de la zona rural deGuatemala cuenta con acceso a agua potable,es decir, tres de cada cinco hogares estánconectados a la red de distribución de agua,ya sea con una conexión dentro del hogar omediante chorro público. Sin embargo, soloel 11.6% de los hogares rurales tiene unaconexión a la red de drenajes.
Con respecto al acceso a la energía eléctrica,solo el 69.6% —es decir, siete de cada diezhogares— tiene una conexión a la red dedistribución eléctrica. Según la Encuestanacional de condiciones de vida de 2014(Encovi 2014), otra problemática existente en
la zona rural es la forma de disponer de losresiduos sólidos: en Guatemala, solo el 4.4%de los hogares rurales cuenta con un serviciomunicipal de recolección de basura, motivo porel cual la mayor parte de los hogares opta por laquema como medio para eliminarla.
En materia de infraestructura vial y deacuerdo con la Dirección General de Caminos,Guatemala cuenta con aproximadamente4,287.556 kilómetros de caminos rurales, lo que
representa cerca del 26.3% de la longitud de lainfraestructura vial a nivel nacional y equivale auna densidad vial de 0.14 kilómetros por cadacien habitantes (Guatemala, CIV, 2013).
2.1.4 Protección ambiental
En el área rural destaca el alto uso de leñacomo fuente de energía, especialmente en lastareas de cocción de alimentos. La mayoría delas familias rurales, cerca del 93.8%, utiliza
leña, la cual usualmente es recolectada por lospropios miembros del hogar. La preferenciapor la leña, especialmente en las zonasrurales, está relacionada con la abundanciade ese recurso, el ingreso de las familias yla disponibilidad y precio de combustiblesmodernos y tecnologías sustitutas. En general,en las zonas rurales la distribución de posibles
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sustitutos a la leña, como el gas licuado,es deficiente. Por razones económicas y dedisponibilidad de infraestructura, en las zonasrurales la electricidad no ha sido una opciónpara actividades diarias como la cocción dealimentos. El alto consumo de leña también seencuentra relacionado con aspectos culturales(Estado de la Región, 2015). Lo anterior pone enevidencia la dependencia del bosque por partede la población rural, lo que a su vez suponemayor presión sobre los bosques, aumento enla deforestación y pérdida de bienes y serviciosambientales.
Uno de los principales retos de Guatemalaen materia ambiental es la conservación
de sus recursos forestales. El 65.0% delterritorio nacional tiene vocación forestal,pero únicamente el 34.0% está cubierto debosque (Iarna - URL, 2012). Entre 2006 y 2010Guatemala tuvo una pérdida de coberturaforestal de 132,137 hectáreas anuales, y laganancia anual bruta fue de 93,540 hectáreas,lo cual resulta en una pérdida neta de 38,597hectáreas al año. Además, ante la concentraciónde la cobertura forestal dentro de áreasprotegidas, la tasa de deforestación en ellas es
mayor que la registrada fuera de ellas (INAB/ Conap/Iarna/UVG, 2012). La deforestación esuna de las más grandes amenazas para mejorarlas condiciones de vida de las personas quehabitan en las zonas rurales.
Entre 2000 y 2012 Guatemala produjo 499.8millones toneladas de carbono equivalente degases de efecto invernadero (GEI), las cualesrepresentan el 0.09% del total de emisionesa nivel mundial, por lo que el país no es
identificado como un gran productor de GEI(WRI, 2016). Sin embargo, al igual que el restode la región centroamericana, es vulnerable alos efectos del cambio climático, tanto en loeconómico-social, como en lo ambiental. Deacuerdo con el índice de riesgo climático, entre1995 y 2014 Guatemala ha sido el décimo paísmás expuesto y vulnerable frente a riesgos de
esta índole. En efecto, durante ese períodoexperimentó 88 eventos climáticos extremosque provocaron pérdidas de aproximadamenteUSD407.76 millones PPP (paridad del poderadquisitivo) y causaron 0.66 muertes por cada100,000 habitantes (Kreft, Eckstein, Dorsch,& Fischer, 2015). En las áreas rurales, losimpactos del cambio climático se ven reflejadosen el acceso a los medios de vida, pérdidas decosechas y viviendas y deterioro de la salud yseguridad de la población.
2.1.5 Tejido social
Guatemala es un país multicultural, multiétnicoy multilingüe. De acuerdo con el XI Censo de
población de 2002, la población indígenarepresentaba en ese año el 41.0% de lapoblación total y el 50.0% de la poblaciónrural. Es decir, Guatemala tiene una ventaja alpoder construir un desarrollo rural a partir dela solidaridad y la promoción de organizacionescomunitarias que sean, junto con los gobiernoslocales, quienes rijan las prioridades deldesarrollo rural.
Después del conflicto armado interno, la
reconstrucción del tejido social guatemaltecosigue siendo una deuda pendiente. Se estimaque los costos cuantificables del enfrentamientoarmado ascendieron a USD9.3 millardos,aproximadamente el 121.0% del PIB de 1990;por si fuera poco, desaparecieron cerca de 600aldeas, más de 200,000 personas murieronde forma violenta, entre las que se incluye elasesinato de líderes y lideresas, lo que debilitógravemente el tejido social (CEH/UNOPS, 1999).A pesar de que han transcurrido dos décadas
desde la firma de los Acuerdos de Paz, siguereinando una cultura de miedo, con pocaparticipación política y la predominancia de loindividual contra la construcción de lo colectivo,lo que se agrava al tener una política fiscal sincapacidad de enfrentar la construcción de lademocracia.
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2.2 La política fiscal actualy el desarrollo rural en Guatemala
Para impulsar el desarrollo rural, los Estados
deberán asumir un rol protagónico. Elpresupuesto público de cualquier nación es elrostro concreto de la voluntad política expresadaen discursos, estrategias y planes de accióno planes de desarrollo. De ahí que el análisispresupuestario constituya un instrumentodecisivo para observar las prioridades de laspolíticas públicas, en particular, y para larendición de cuentas, en general. Aun cuandolos debates presupuestarios revisten un caráctermás bien político, el análisis del presupuesto
con una perspectiva en particular —en estecaso, sobre el desarrollo rural— puede servirde orientación para las instancias normativas ylegislativas al momento de sopesar las distintaspreferencias que compiten por los limitadosrecursos, ayudando a ordenar las prioridadessociales con las asignaciones presupuestarias(Icefi, 2008).
Entre 2007 y 2012, el gasto público en desarrollorural (GPDR) en Guatemala fue, en promedio,
de USD2,017.35 millones, con una leve alza, yaque pasó de USD1,695.77 millones, en 2007, aUSD2,135.08 millones, en 2012. Sin embargo,una lectura de la política fiscal revela que, en elesfuerzo por el desarrollo rural, se evidencia unapérdida de prioridad fiscal (recursos destinadosa este ámbito, con relación al tamaño delpresupuesto) y macroeconómica (recursosdestinados a este ámbito, con relación al tamañode la economía). En el caso de la primera, elGPDR pasó de representar un 26.76%, en
2007, a un 21.50%, en 2012; mientras quela prioridad macroeconómica cayó del 4.94 al4.27% del producto interno bruto (PIB). Noobstante, las asignaciones en términos percápita han aumentado un 21.0% al pasar deUSD253.03, en 2007, a USD305.73, en 2012.En ese año, Guatemala invirtió USD0.84 diariospor cada persona que habitaba en la zona rural(Icefi/FIDA, 2014) .
Al analizar el GPDR por eje, se puede apreciarque, entre 2007 y 2012 la mayor parte sedestinó a los programas de protección social,con un 56.0%; en este eje se incluyen laserogaciones orientadas a educación, salud y
protección social. Enseguida se encuentran losprogramas encaminados a la infraestructurarural en esos seis años (31.0% del GPDR total),entre los cuales aparecen proyectos de caminosrurales, agua y saneamiento, energía eléctrica,vivienda y urbanización. Con un 9.0% delGPDR se observa el eje de fortalecimiento delsector rural, relacionado con la atención directaal productor y soporte a este sector en general.Los ejes con menos recursos son protecciónambiental y tejido social e identidad cultural;
el primero ascendió a un 3.0% del GPDR,mientras que el último eje representó apenasun 1.0% (Icefi/FIDA, 2014).
Por otra parte, la política fiscal es la herramientaprincipal para que los Gobiernos incidan enla distribución del ingreso (FMI, 2014), perotambién constituye un instrumento de luchacontra la pobreza. El éxito que tenga dependeráde quién se beneficia de los servicios que proveeel sector público, quiénes reciben transferencias
del Gobierno y quiénes contribuyen a financiarlomediante el pago de impuestos.
En términos globales, la política fiscalguatemalteca, al utilizar la línea de la pobrezainternacional, aumenta la pobreza extrema enel área rural al pasar de un 46.7 a un 48.0%, yademás incrementa la pobreza total al moversedel 75.5 al 76.3%. Al analizar qué explica talsituación, se puede apreciar que la amplitud ymagnitud del gasto público entre el grupo depersonas en pobreza no es mayor al efecto dedisminución del ingreso debido al pago de losimpuestos, especialmente los indirectos. Elloimplica que, en términos netos, la pobrezaresulta siendo más alta ( Icefi/FIDA, 2016).
En cuanto a la desigualdad, la política fiscallogra reducirla en un 6.7% en el área rural.
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Son las erogaciones en educación y salud, asícomo las transferencias, las que tienen la mayorincidencia en la reducción de la desigualdad. Enese sentido, la leve reducción de la desigualdadviene por el lado del gasto y no de los ingresos( Icefi/FIDA, 2016).
Por todo ello, es evidente que los desafíospersisten, son grandes y aún queda muchopor hacer por parte del Estado guatemaltecopara garantizar las condiciones necesarias quepermitan que la población que habita en lazona rural tenga una vida digna.
2.3 Lineamientos principales para sentar las bases del desarrollo rural
en Guatemala
Dado que el desarrollo rural es un procesomultidimensional, holístico y multinivel, lasintervenciones que realice el Estado parapotenciarlo deben llevarse a cabo bajo unacoordinación interinstitucional; es decir, eldesarrollo rural no puede depender únicamentedel Ministerio de Agricultura, Ganadería yAlimentación (MAGA), pues constituye unfenómeno que responde a causas variadas ymúltiples manifestaciones.
Por ello, se requiere intervenir en los bajosingresos del hogar y las escasas oportunidadesde empleo, la falta de cobertura y calidad deservicios de salud, educación y protección social,el poco acceso a agua segura, la protecciónambiental y la reconstrucción del tejido social.Todo, a partir de un liderazgo integrador quepermita generar información oportuna y
confiable para tomar decisiones, y evaluar yafinar las intervenciones implementadas.
Reconociendo que el desarrollo rural es unproceso, se presenta a continuación una seriede intervenciones propuestas que permitirían,dentro de un período de 10 años (entre 2016y 2025), reducir la pobreza y la desigualdad
en el área rural. Por otro lado, la propuestadesarrollada debería ser vista como uncomplemento a las acciones que se realizanen otros sectores, por lo que constituye unaoportunidad para construir un lenguaje comúnentre los operadores políticos y técnicos sobre losdesafíos que se deben afrontar en la búsquedadel desarrollo rural, no solo en términos depolíticas, sino también en términos de costos ymecanismos para su financiamiento.
Tomando en consideración los ejes propuestosen el capítulo 1, en la Figura 1 se resumenlas líneas principales para sentar las bases deldesarrollo rural en Guatemala.
2.4 Principales intervenciones por ejee inversión financiera necesaria
Las intervenciones que se proponen estánbasadas en los ejes antes descritos. Algunoselementos de la propuesta constituyen laampliación de políticas y programas que yase llevan a cabo; en otros casos se recuperanintervenciones poco desarrolladas pero quehan mostrado su valor estratégico, o seprocuran intervenciones que suponen cambios
de enfoque. Asimismo, en otras ocasioneslas propuestas implican acciones novedosas.De esa cuenta y con el objetivo de realizar elejercicio de costeo que abarque el períodocomprendido entre 2016 y 2025, se procedióa recopilar información en diferentes fuentes einstituciones, con miras a determinar coberturasiniciales, costos aproximados y su grado deimplementación. Para el efecto, se utilizó comoinformación básica las proyecciones de poblaciónprovistas por la Comisión Económica paraAmérica Latina (Cepal), que utilizan el métodode los componentes demográficos, con baseen las estimaciones realizadas conjuntamentecon los países. Estos datos permitieron tenerun aproximado cuantitativo de acuerdo conel detalle de intervenciones. Adicionalmente,se utilizaron las estimaciones de crecimiento
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Figura 1. Guatemala:Principales intervenciones por eje estratégico para potenciar el desarrollo rural
Fuente: Icefi/FIDA
FORTALECIMIENTODEL SECTOR RURAL
• Asesoría técnica• Encadenamientos productivos• Educación técnica productiva•
Programa de acuicultura y pesca• Turismo rural• Agricultura familiar• Crédito• Servicios de garantía y seguro rural
PROGRAMAS DEPROTECCIÓN SOCIAL
• Universalización de la educación• Universalización de la salud
INFRAESTRUCTURARURAL
• Agua potable• Vivienda• Caminos rurales• Riego
PROTECCIÓN
AMBIENTAL
• Conservación de recursos naturales• Reforestación•
Resguardo de áreas protegidas• Sensibilización ambiental
TEJIDO SOCIAL EIDENTIDAD CULTURAL
• Deporte no federado y recreación• Gestión del desarrollo de los pueblos indígenas• Fomento de la cultura garífuna• Resolución de conflictos
económico durante la próxima década, asícomo el proceso inflacionario asociado conél; estos dos indicadores constituyeron unimportante insumo para realizar los supuestosque fundamentan las proyecciones que acontinuación se detallan.
2.4.1 Fortalecimiento del sector rural
Para promover el desarrollo rural es necesarioque el gasto público en fortalecimiento delsector rural pase del 0.32% del PIB, en 2016,al 1.52% del PIB, en 2025. Principalmente,
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se reconoce la importancia de fortalecer lainstitucionalidad, lo cual puede pasar por lacreación de una secretaría o un ministerio dedesarrollo rural que cuente con las capacidadespara gestionar de manera interinstitucional
la nueva visión del desarrollo rural en laformulación y ejecución de políticas públicas.
En este eje se propone, además, realizarintervenciones a través del programa deagricultura familiar, destinado de maneraespecífica a la lucha contra la inseguridadalimentaria por medio de la producción familiarde alimentos; para este programa se planteaninversiones que vayan desde el 0.02 al 0.39%del PIB entre 2016 y 2025. La iniciativa debe
ser acompañada por un programa de créditoy asistencia técnica financiera que alcance acien mil hogares en 2025. Además, se proponeun programa de servicios de garantía y segurorural, que permita certeza a los productores delsector rural ante cualquier tipo de eventualidad;los costos ascenderían al 0.20% del PIB en2025.
Se toma en cuenta, igualmente, la asesoríatécnica para actividades agrícolas y noagrícolas, así como en encadenamientosproductivos. Como se sabe, para poderincrementar el valor agregado que se genera
en el sector rural es fundamental apostarle alencadenamiento productivo e ir más allá delas actividades agrícolas; en conjunto, estosdos programas requieren USD180 millones en2025, beneficiando a 1.5 millones de personas.Por otro lado, se recomienda un programaencaminado al apoyo de actividades deacuicultura y pesca, con un costo que va deUSD0.2 a USD7.6 millones, entre 2016 y 2025.
En ese mismo período se plantea un programa
de turismo rural para aprovechar el potencialturístico que tiene Guatemala, el cual implicaríauna inversión del 0.10% del PIB para el año2025, beneficiando a casi 315,000 empresariosrurales.
Gráfca 2. Guatemala:Costo del eje de fortalecimiento del sector rural 2016-2025
(en millones de dólares y como porcentaje del PIB)
Fuente: Icefi/FIDA, con base en Mineduc (2014)
Servicios de garantíay seguro rural
Agricultura familiar
Turismo rural
Programa de acuiculturay pesca
Educación técnicaproductiva
Encadenamientosproductivos
Asesoría técnica
Crédito
2020
0.56%
0.32%
1.52%
20252016
2,000.0
1,800.0
1,600.0
1,200.0
1,000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
-
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2.4.2 Programas de protección social
En cuanto a los programas de protecciónsocial, los costos de las intervenciones deberían
ascender al 1.72 y al 2.57% del PIB en 2016y 2025, respectivamente. Por su parte, paraalcanzar la meta de cobertura en educaciónpreprimaria en 2025 (465,248 niños y niñas) serequiere una inversión de USD246.6 millones.La educación preprimaria pasaría de representarel 0.11% del PIB, en 2016, al 0.21% del PIB,en 2025. En el caso de la educación primariase requiere financiamiento de USD420millones (0.36% del PIB) para cubrir a 925,332niños y niñas. En el caso de la educación
secundaria (que incluye la educación básica yla diversificada), el costo para que en 2025 lacantidad de 901,260 adolescentes puedan estaren las aulas es del 0.43% del PIB. En conjunto,las intervenciones propuestas, en los distintosniveles de la educación, requerirían en 2012una inversión equivalente al 0.70% del PIB; elporcentaje ascendería al 0.74% en 2017 y al1.0% en 2025. La premisa de las intervencionesen educación es la universalización, es decir,que todas las niñas, niños y adolescentes
puedan tener acceso gratuito y de calidad a laeducación pública.
La salud conlleva la misma premisa: universalidad.Para ello se proponen intervenciones deinfraestructura que implican la construcción deestablecimientos del primero y segundo nivelde atención, remozamiento y equipamientode puestos de salud; además, se incluyen loscostos por concepto de recursos humanos,equipos y medicina. Para que esto se pueda darse requiere una inversión de USD678.9 millonesen 2016, cifra que aumentaría a USD1,823.3millones en 2025; esto representa porcentajesdel 1.02 y el 1.57% con relación al PIB, en losaños 2016 y 2025, respectivamente.
2.4.3 Infraestructura rural
El costo de las intervenciones en infraestructurarural asciende a USD78.1 millones en 2016(0.13% del PIB) y crece a USD2,113.8 millonesen 2025 (1.91% del PIB). Entre las intervencionesse encuentran las destinadas al acceso al aguapotable, proponiéndose acciones para lograruna cobertura del ciento por ciento de hogarescon acceso al vital líquido, lo cual tendría un
Gráfca 3. Guatemala:Costo del eje de programas de protección social 2016-2025
(en millones de dólares y como porcentaje del PIB)
Fuente: Icefi/FIDA, según estimaciones propias
2020
2.05%
1.72%
2.57%
20252016
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
-
Salud
Educación secundaria
Educación primaria
Nivel preprimario
M
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costo, en 2025, de USD658.6 millones (0.66%del PIB). Además, se plantea entregar subsidiosde vivienda a 150,000 familias en 2025, lo queequivaldría al 0.39% del PIB. En cuanto a loscaminos rurales, se propone que en los próximosdiez años la red se incremente en 200,000kilómetros, lo que implicaría, solo en el año2025, un costo del 0.57% del PIB. Finalmente,
en la infraestructura se recomienda inversionesen riego para los productores agrícolas, lo quebeneficiaría a 200,000 hogares en 2025, conun valor de USD331.42 millones.
2.4.4 Protección ambiental
En el eje de protección ambiental, lasintervenciones que se estipulan tendrían uncosto, en 2016, del 0.03% del PIB, y diez añosmás tarde ascenderían a un 1.34% del PIB.
Se propone un programa de conservación derecursos naturales en cuyo marco productoresforestales reciban asesoría técnica para fortalecersus capacidades de producción y protección delpatrimonio productivo; el programa beneficiaríaa 221,859 personas, con un costo del 0.27%del PIB en 2025. Asimismo, una iniciativa dereforestación que entre 201