Balance de la situación de derechos humanos - PROVEA · Superior para la Defensa de la Economía para ... oficial de que el 96 % de los venezolanos gozan ... a gran escala actividades

Contexto y balance general

29enero-diciembre 2013

Balance de la situación de derechos humanos

30

Balance

PROVEA Informe Anual



A continuación presentamos un resumen del análisis de la situación de los dere-chos humanos en Venezuela, entre los

meses de enero a diciembre de 2013.

La realización de esta investigación tiene como objetivo ofrecer un diagnóstico que per-mita más y mejores políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos. No obstante, esta labor de contraloría social, pre-sente en la Constitución, cada día es más di-fícil debido a la imposibilidad de acceder a la información sobre la gestión de gobierno que debería ser de acceso público. En un rastreo realizado el 17.05.14 Provea diagnosticó que apenas el 28,1% de 32 instituciones públicas tenían algún informe de gestión publicado en su sitio web. Asimismo, de 32 instituciones el 15,6% tenía publicada la Memoria y Cuenta del año 2012, mientras que apenas el 9,3% te-nía publicado el informe de gestión correspon-diente al año 2013.

Las instituciones monitoreadas fueron MPP Despacho de la Presidencia y Seguimiento Gestión de Gobierno; MPP Relaciones Interio-res, Justicia y Paz; MPP Relaciones Exteriores; MPP Planificación y Finanzas; MPP Defensa; MPP Comercio; MPP Industrias; MPP Turis-mo; MPP Agricultura y Tierras; MPP Edu-cación Universitaria; MPP Educación; MPP Salud; MPP Proceso Social del Trabajo; MPP Transporte Terrestre; MPP Transporte Acuático y Aéreo; MPP Vivienda y Hábitat; MPP Ener-gía y Petróleo; MPP Ambiente; MPP Ciencia Tecnología e Innovación; MPP Comunicación e Información; MPP Comunas; MPP Alimen-tación; MPP Cultura; MPP Deporte; MPP Pue-blos Indígenas; MPP Mujer e Igualdad de Gé-nero; MPP Energía Eléctrica; MPP Juventud; MPP Servicio Penitenciario; Fiscalía General de la República; MPP Transformación Revolu-cionaria Caracas; Defensoría del Pueblo.

El alto porcentaje de ausencia de informa-ción sobre la gestión de las instituciones su-giere que estaríamos en presencia de una polí-tica deliberada de ocultamiento de memorias y cuenta. De las anteriores apenas Planificación y Finanzas, Educación Universitaria, Salud, Ambiente, Cultura, Energía Eléctrica, Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo tienen su sitio web alguna memoria y cuenta de su gestión. De estas apenas cin-co, Educación Universitaria, Cultura, Energía Eléctrica, Fiscalía y Defensoría tenían publi-cado su informe de gestión 2012; mientras que apenas tres, Fiscalía, Cultura y Educación Universitaria han puesto a disposición pública su Memoria y Cuenta 2013. Durante su inves-tigación Provea remitió 49 comunicaciones oficiales solicitando información, de las cuales apenas el 20% fueron contestadas.

Nuestro esfuerzo no es la última palabra en materia de derechos humanos en el país, y estamos abiertos al escrutinio del trabajo rea-lizado. En los últimos años Provea ha compar-tido su metodología de investigación con dife-rentes organizaciones sociales y comunitarias del país, en el entendimiento que una mayor y mejor recopilación de información sobre la si-tuación de la dignidad humana incidirá en las garantías para su disfrute.

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Derecho a la alimentaciónEn este período la FAO reconoció que Ve-

nezuela cumplió con objetivo número uno de los Objetivos del Milenio: Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre, y en particular su Meta 1c: reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre entre 1990 y 2015; Vene-zuela pasó de 13.5% de personas subalimen-

32

Balance


tadas para 1990 a estar desde 2007 por debajo de 5%. Venezuela redujo su número total de personas subnutridas a menos de 1.3 millones en 2007 logrando también de esta manera cum-plir con los objetivos de la Cumbre Mundial de Alimentación (CMA) de 1996. Por su parte el Instituto Nacional de Nutrición (INN) reportó una disminución importante en la desnutrición infantil de menores de 5 años, de 7,6% en 1990 a 2,9% para el 2011, logrando una disminu-ción de 62% en un decenio. La misma fuente reportó una mejora en la práctica de lactancia materna de 7% para 1990 a 27% para los años 2006-2008, observando un aumento de 28,6%. Para el INN, en Venezuela, la disponibilidad alimentaria alcanza las 3.290 kcal/persona/día ubicando el país como el tercero en la región con mayor suministro alimentario.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos (ENCA) realizada por el INE en el año 2012 y publicada en el 2013, el 94,7% de la población ingiere tres y más comi-das al día y el 52,8% ingiere tres comidas al día. Como aspecto positivo se destaca un cambio en el patrón de consumo ocurrido en la década con el aumento del consumo de frutas.

Particularmente impactantes para este de-recho fue el que el Índice Nacional de Precios al Consumidor cerró el año 2013 en 56,2% mientras que la inflación en alimentos cerró en 72,1% según datos del mismo ente. Por otro lado, para el mes de diciembre de 2013 la Ca-nasta Alimentaria Normativa se ubicó en Bs. 3.324,41, mientras que para el Centro de Do-cumentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) la ca-nasta alimentaria cerró para diciembre de 2013 en Bs. 6.416. Pese a los esfuerzos del gobierno para el control de precios, para septiembre, en promedio, los precios de los alimentos contro-

lados se ubicaron en un 138,4% sobre el que deberían tener de acuerdo al control. Según el Ministerio del Poder Popular para la Agricul-tura y Tierras (MPPAT), Venezuela produce el 50% de los productos consumidos en el país y para la misma fuente el sector agrícola tuvo un crecimiento del 9,95% para el año 2012, representando 5,31 puntos de crecimiento en relación al año 2011 (4,64%). Sin embargo, el valor de las importaciones realizadas por el país según cifras publicadas por el INE, hasta octubre de 2013 se encontraba alrededor de los 37.802 millones de dólares, lo que muestra los elevados recursos que destina el gobierno na-cional a la importación de alimentos.

Un hecho notorio ha sido la escasez de alimentos que afronta el país. El Informe ela-borado por el Banco Central para medir el de-sabastecimiento muestra que para el mes de diciembre de 2013 el indicador de escasez se encontraba en 22,2%, el nivel más alto en los últimos 46 meses o desde enero del 2010. En los dos últimos meses del año 2013 creció la au-sencia de 19 alimentos esenciales y 20 se man-tuvieron en la categoría de serios problemas de abastecimiento, es decir, con una escasez supe-rior a 41%. La escasez estuvo acompañada por la impresión de dinero que hace el BCV para financiar al Gobierno, estimulando la demanda mientras que la oferta se reduce por fallas en la producción de empresas estatizadas, que tienen una cuota de mercado muy importante en ru-bros como azúcar, leche, café y harina de maíz precocida. Además, las empresas del sector pri-vado experimentan retardo en la asignación de divisas que debe hacer Cadivi para la importa-ción de materias primas o productos termina-dos. Para enfrentar la escasez de alimentos el Gobierno ha llevado a cabo un plan masivo de importaciones de compras a países como Co-lombia, Brasil, Argentina y Uruguay.



En cuanto a las políticas públicas se destaca la Gran Misión Alimentación, cuyo acento está en la distribución y mercadeo de alimentos, que según los datos oficiales disponibles, cubría para el primer semestre de 2012 a 16.717.049 beneficiarios a través de las redes de abaste-cimiento oficiales. Sin embargo en 2012 se redujo casi a la mitad el total de toneladas de alimentos distribuidos por dichas redes con res-pecto a 2011. La fuente oficial indica que para los consumidores el total de ahorro en dichas redes es de 78,77%.

En este periodo el gobierno creó el Órgano Superior para la Defensa de la Economía para garantizar la seguridad alimentaria mediante la articulación y coordinación de los procedimien-tos para asegurar la disponibilidad, suficiente y estable, de alimentos, materia prima y artículos de primera necesidad. Igualmente creó el Mercal Comunal Casa por Casa, para las familias más vulnerables y el Programa Mercal Obrero, para los trabajadores y las trabajadoras. También creó el Plan nacional de inspección y fiscaliza-ción conjunta, donde militares y funcionarios del Indepabis y el Seniat realizan inspecciones a expendios de alimentos como supermercados, abastos, depósitos y vehículos de carga.

Derecho al ambiente sanoProsiguió la implementación de una mode-

lo de corte desarrollista basado en la mono-ex-plotación petrolera y en la renta y distribución del ingreso obtenido de la venta internacional de ese recurso energético fósil altamente con-taminante, bajo una estructura centralizada y con poco cuidado e interés en la protección am-biental. Ejemplo de ello son los pocos recursos económicos destinados a la guardería, planifi-cación y monitoreo ambiental del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb) o al Instituto Nacional de Parques (Inparques),

instancias que cada año están más deficitarias y sin presupuestos suficientes. La información oficial del Minamb se refiere a 2012 pues ese ente no publicó oportunamente la memoria 2013.

El 16.0713 la Asamblea Nacional aprobó una nueva Ley de Bosques, sustituyendo a la anterior que data del 2008 Entre otras cosas, esta ley redefine los objetivos de las reservas forestales y de las áreas boscosas de protección asignándoles la conservación de la biodiversi-dad y la promoción de prácticas sustentables de manejo forestal. También se destacan varias normativas de carácter municipal sobre manejo de desechos, reciclaje y educación ambiental, la creación de áreas de protección ecológica y desarrollo sustentable, entre otras medidas.

En la Memoria y cuenta del Minamb de 2012, se informa sobre la construcción, rehabi-litación, canalización y saneamiento de varios cursos de agua, incluido el proyecto de Sanea-miento del Río Guaire que tiene importantes retrasos en su ejecución que hace imposible su saneamiento para 2014 como lo anunció el expresidente Chávez. Pese a la gran inversión que refleja la memoria y cuenta y la afirmación oficial de que el 96 % de los venezolanos gozan de agua potable, los cortes de agua y el raciona-miento del líquido por 1 o 2 días a la semana y a veces por más de 1 semana, tanto en barrios como en urbanizaciones de las grandes ciuda-des de Venezuela, indican serios problemas de gestión y planificación que contrastan con im-portantes montos invertidos.

La misma Memoria y cuenta de 2012 brinda información sobre el tratamiento de los dese-chos sólidos. Según lo previsto en la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligroso y la Ley de Gestión Integral de la Basura, los desechos domésticos, industriales y sanitarios

34

Balance


deberían ser separados y recibir un tratamiento especial. Sin embargo en este periodo no se dio ningún paso significativo para la separación de esos desechos en su origen, como primer paso del proceso para su tratamiento.

En cuanto a la conservación de cuentas, ríos y lagos, la Memoria y cuenta se refiere a activi-dades de evaluación o saneamiento del río Mo-coties, el Lago de Maracaibo y el río Yaracuy. También se refiere a la conservación y preser-vación de ambientes naturales y biodiversidad, censando 669 incendios y varias actividades de conservación de especies amenazadas y de re-forestación en desarrollo de la llamada Misión Árbol. Así mismo reseña las actividades de ca-pacitación hacia individuos o sectores específi-cos de la población como estudiantes, docentes, comunidades, familias y agricultores.

En cuanto a la situación de los bosques en el país, el Viceministro de Conservación Am-biental señaló que el proceso de deforestación disminuyó en un 47,6%. Sin embargo persisten a gran escala actividades de deforestación ile-gal de maderas de especies protegidas y activi-dades de alto impacto como las explotaciones mineras legales e ilegales. Oficialmente, en la época de sequía, entre noviembre 2012 y abril de 2013 fueron destruidas por incendios 3.436 ha de parques nacionales.

En cuanto a la calidad del aire y según da-tos del SIENAGA del Ministerio del Ambiente, Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay, Barce-lona - Puerto La Cruz y Ciudad Guayana tienen un alto promedio anual de partículas sólidas suspendidas en el aire. Estas ciudades supe-ran el indicador aceptable 20 µg/m3 de PM10 como media anual, indicador de la Organiza-ción Mundial para la Salud (OMS). Durante 2012 el Ministerio del Ambiente hizo puntuales e insuficientes operativos de fuentes móviles

y monitoreo del aire. Como punto positivo Ve-nezuela ha venido cumpliendo con las medidas y los plazos establecidos por el Protocolo de Montreal para la reducción y eliminación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Venezuela se encuentre entre las 17 nacio-nes megadiversas del planeta. El Ministerio del Ambiente adelanta la Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológi-ca 2010-2020 que busca preservar las especies amenazadas. Las acciones han incluido el apor-te significativo de ONG, integrantes de la Red de Organizaciones Ambientales de Venezuela. En 2013 se mantuvo el comercio ilegal con al-gunas especies de fauna silvestre, tales como aves, reptiles, monos y otros mamíferos.

En cuanto a los desechos sólidos, el país produce entre 20 y 24 mil toneladas de basura diaria- con una tasa ínfima de recuperación, sin que se hayan producido avances para imple-mentar la Estrategia “4R”, de Reducir, Reciclar, Reutilizar y Retornar. Por el contrario persistió el modelo basado en la recolección, traslado, acumulación, compactación de los desechos só-lidos y manejo de lixiviados y gases, rellenando terrenos hasta llegar al límite de las capacidades de carga e incluso sobrepasándolo. Solo sobre-salen iniciativas de reciclaje de la sociedad civil como el proyecto Ecoclick.

En cuanto a los casos ambientales más em-blemáticos, persisten los problemas ligados a la minería ilegal y la extracción ilegal de made-ras, en particular en las selvas Amazonas. Las actividades de minería aurífera presentes en las cuencas de los ríos Cuyuní, Caroní, La Paragua y El Caura, en el estado Bolívar, así como en distintas áreas geográficas del estado Amazo-nas, incluyendo el Parque Nacional Yapacana, continúan produciendo otro grave factor de alto grado de afectación: el uso del mercurio.´



En 2013 se acentúan los conflictos sociales en Guayana entre los pequeños mineros y el Es-tado venezolano, y entre los indígenas Pemón y los militares. Con la llamada Nacionalización del Oro continuó la estrategia para desplazar a la pequeña minería y a los mineros artesanales, incluyendo a los indígenas, por empresas mix-tas con participación mayoritaria del Estado venezolano y por empresas canadienses, rusas y chinas. Durante 2013 siguieron las protestas de pequeños mineros y el rechazo de las Or-ganizaciones Indígenas del Estado Amazonas (COIAM), a las amenazas de la minería a gran escala.

Se estima, por falta de cifras oficiales que en la industria de hidrocarburos venezolana sucedieron entre 30 y 60 accidentes, sin con-tar los derrames de crudo y derivados, es decir explosiones, incendios, hundimientos de gaba-rras, entre otros. Existen además noticias del inadecuado tratamiento a derrames de crudo y derivados que han terminado teniendo mayor impacto en las comunidades. La falta de in-formación oficial se pone en evidencia con la grave explosión acontecida en la Refinería de Amuay el 25.08.12, en donde no existe infor-mación oficial sobre el impacto ecológico ni sobre las medidas reparatorias para atender los daños ecológicos.

Derecho a la educaciónLEl Informe de la UNESCO de seguimien-

to de la Educación para Todos (EPT) en el mundo 2013-14 menciona a Venezuela entre el grupo de países que han hecho importantes avances en la consecución de los objetivos de la EPT. Asimismo, el país figura entre el grupo de países que para el 2015 tendrán la meta “al-canzada o casi alcanzada” respecto de: a) te-ner una tasa de escolarización en la enseñanza preescolar de por lo menos un 70%; b) esco-

larización en la enseñanza primaria de por lo menos el 95%; c) tasa neta de escolarización en el primer ciclo de la enseñanza secundaria de por lo menos un 95%; d) lograr una meta de alfabetización de la población adulta de por lo menos un 95% y e) alcanzar la paridad entre los sexos en la enseñanza.

Durante el periodo se mantuvieron las tendencias de crecimiento en la modalidad de atención institucional, nivel de educación pri-maria y educación media. Pero globalmente la educación inicial nuevamente tuvo una ten-dencia regresiva en su crecimiento interanual afectando especialmente al sector oficial. Con-siderando además el crecimiento de la pobla-ción, es una señal de alerta de estancamiento del nivel oficial, que se va a reflejar también en las tasas netas y brutas y debe constituirse en un reto para indagar causas y buscar las so-luciones pertinentes.

Debe señalarse por otra parte que la falta de precisión en la data brindada por el Ejecuti-vo no ha permitido determinar las razones por las que ciertos tipos de establecimientos edu-cativos han crecido en detrimento de otros que disminuido. También se ha observado cómo los establecimientos educativos para educa-ción media son significativamente menos que los de inicial y primaria siendo que la CRBV establece la obligatoriedad desde la educación inicial hasta la media incluida.

Las cifras oficiales indican que la pobla-ción excluida entre 3 y 5 años es de 508.025 personas; de 67.302 entre los 6 y 11 años y de 332.239 entre los 12 y los 16 años. En este sentido, se mantuvieron las tendencias progre-sivas para incluir a la población entre 3 y 16 años no incluida en el sistema educativo. La exclusión crecería lógicamente si llevamos el segmento hasta los 17 años.

36

Balance


Una tendencia progresiva en las tasas de prosecución educativa tanto en primaria como en educación media y una tendencia progre-siva también se mantuvo en el nombramiento de docentes como titulares. Sin embargo, si se analiza esta última situación en todo el ámbito nacional, se observa que 11 entidades federa-les (al igual que en el lapso anterior, aunque no siempre las mismas) tienen porcentajes más altos de títulos no docentes. Repiten entidades federales como Delta Amacuro, Amazonas, Mérida, Cojedes, Nueva Esparta y Sucre con cifras que duplican y más la media nacional. Situación que conforma un cuadro de inequi-dad y donde debieran centrarse esfuerzos para revertir esta situación.

Respecto de la matrícula de población indígena dentro de su entorno geográfico se produjo en los tres niveles un crecimiento in-teranual: en educación inicial fue de 5,2%, en primaria de 5,9%, y el más significativo, el de educación media (22,8%). En relación con la población afrodescendiente también hubo cre-cimiento de la matrícula en los tres niveles, y asimismo el de mayor magnitud se produjo en la educación media (4,9%, 1,2% y 8,5% res-pectivamente).

En cuanto al principio de no discrimina-ción en el acceso a la educación se destaca que respecto de la población entre 3 a 5 años que no están incluidos en el sistema escolar, diez entidades federales están por encima del promedio nacional (lo que equivale a decir que tienen más porcentaje de población sin atender); cinco de ellas con promedios que su-peran el 40%, tales como los estados Apure, Barinas, Guárico, Mérida, Monagas, Táchira y Trujillo. Para el tramo de edad de los 6 a los 11 años, once entidades federales están por encima del promedio nacional. Son muy llamativos los promedios de los estados Mé-

rida, Táchira y Yaracuy con 17,8%, 14,7% y 14% respectivamente, para un tramo de edad que se considera la educación más elemental (de 1ero a 6º grado). Y para el tramo de 12 a 16 años, 12 entidades superan el promedio nacional, siendo los casos más negativamente destacados los de los estados Bolívar (17,2%), Miranda (17,1%), Portuguesa (18,2%) y Ya-racuy (16,4%). El análisis de la matrícula de educación primaria por entidad federal, per-mite constatar que en 13 entidades federales a lo largo de la década la matrícula ha decre-cido. Ellas son: Portuguesa (11,8%), Sucre (9%), Aragua (8,3%), Yaracuy (7,2%), Apure (5,1%), Falcón y Mérida (5,0% respectiva-mente), Dtto. Capital (4,9%), Barinas (3,9%), Carabobo (3,0%), Táchira y Vargas (2,2% res-pectivamente). Todo lo señalado, consideran-do además el crecimiento de la población, es un señal de alerta de estancamiento del nivel oficial, que se va a reflejar también en las ta-sas netas y brutas, para ello se debe buscar las soluciones pertinentes, de manera que se ga-rantice el derecho en igualdad de condiciones y oportunidades.

En medio de cambios en la matrícula de educación especial (por condición de salud y/o capacidades diferentes) continuó la ten-dencia regresiva que ya había comenzado en el período anterior acentuándose en éste al descender en un 12,8%.

El país continúa sin tener un Sistema Na-cional de Evaluación de los Aprendizajes que permita evaluar la aceptabilidad de la educación lograda, una de las características esenciales del derecho, situación que se viene presentando desde el 2003. En el terreno legis-lativo y reglamentario, siguen sin ser adopta-das las leyes correspondientes a los subsiste-mas de educación, así como el reglamento de la Ley Orgánica de Educación del año 2009.



El Sistema de Indicadores Sociales de Ve-nezuela (SISOV) continuó sin ofrecer datos actualizados en relación con los indicadores de Inversión Pública en Educación, con lo cual no es posible análisis confiables y válidos respecto de los mismos. La ausencia de cifras es en sí misma un dato negativo, pues impide saber con certeza la situación.

Persistieron problemas de violencia en las instituciones educativas y entre las razones re-portadas por la prensa como las motivaciones de protestas en el tema de salud, las que más aumentaron fueron las relacionadas con la se-guridad.

Derechos laboralesLa Población Económicamente Activa en

2013 creció con respecto a 2012, llegando a 13.946.251 personas, de las cuales, según el INE 13.165.887 personas (94,4%) estaban ocupadas al concluir el 2013, con un incremen-to de 0,3% de la tasa de ocupación con respecto al cierre de 2012. Sin embargo, la definición de ocupación empleada por los institutos oficiales no necesariamente se traduce en estabilidad la-boral, pues se trata de personas que han traba-jado por lo menos una hora, durante la semana anterior a la realización de la entrevista.

De acuerdo con el gobierno la cifra de des-ocupación durante 2013, se ubicó en 5,6%. Sin embargo, los reclamos por cargos fijos fueron frecuentes. En especial por parte de trabajado-res tercerizados o temporales del sector salud y siderúrgico. Se destacó que en el estado Bo-lívar, la Gobernación entregó la titularidad de sus cargos a más de 900 docentes y trabajado-res del sector.

En cuanto a la segmentación del empleo, las cifras oficiales revelan que de la pobla-ción ocupada es de 13.165.887 personas, 10.379.167 (78,8%) incorporadas en el sector

privado y 2.786.720 (21,2%) en el sector pú-blico. Según el INE, el empleo formal aumentó mientras que el empleo informal disminuyó.

La inamovilidad laboral se mantuvo duran-te 2013 y fue extendida mediante decreto hasta 2014, medida criticada por el sector patronal porque impide generar nuevos empleos. La medida ha sido aplicada en el sector privado pero no se aplica en el sector público, en donde se reseñan denuncias de sindicatos sobre des-pidos injustificados seguidas de órdenes de re-enganche y pagos de salarios caídos que no son cumplidos por el sector público. Se denuncia-ron despidos de trabajadores contratados, fijos y tercerizados por parte de la Gobernación del estado Zulia, la Red de Abastos Bicentenario, la empresa CVG Bauxilum, Corpoelec, Petro-casa y el Ministerio de Servicios Penitencia-rios, entre otros. En algunos casos la acción organizada de los trabajadores condujo al reen-ganche de una parte de los trabajadores afecta-dos. El mismo sector público ha irrespetado el fuero sindical como sucedió con el despido del presidente del Sindicato Único de Trabajado-res Petroleros, del estado Falcón.

El sector privado también realizó violacio-nes a la inamovilidad laboral como fue el caso de tres empresas contratistas del Estado que despidieron 26, 63 y 27 trabajadores cada una.

Según la Memoria y Cuenta 2013 del Minpptrass durante el 2013 se gestionaron 116 mil 287 reclamos laborales, la mayoría de los cuales (39,4%) corresponden por reclamos de prestaciones sociales (falta de pago, diferencia o no depósito de fideicomiso).

En cuanto al derecho al salario y a una re-muneración justa, en 2013 la inflación se ubicó en 56,2%, (en 2012 fue 20,1%). Los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que representan el mayor peso en el presupuesto

38

Balance


familiar, aumentaron 73,9% en los 12 meses del 2013. Además en febrero hubo una deva-luación del Bolívar de 46,5% lo que aceleró la pérdida del poder adquisitivo. Ello llevó al gobierno a decretar tres aumentos del salario mínimo que se ubicó al cierre del año en Bs. 2.973, con una variación total de 45,2%, que con el bono de alimentación resultó en un in-greso de Bs. 4.113. Para los trabajadores del sector público, por su parte, se decretó un au-mento -en tres partes- de 32% a 51,8%. Dichos aumentos fueron calificados como insuficien-tes por los trabajadores y sus organizaciones sindicales pues no compensan la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Algunos sec-tores recordaron para recuperar el poder adqui-sitivo que tenía el salario en 2008, el Ejecutivo debía hacer un aumento salarial de 185%. Por el reclamo de salarios justos se destacaron las movilizaciones del sector docente universita-rio, del sector salud y de los bomberos.

Al cierre del tercer trimestre del 2013, ci-fras del Banco Central de Venezuela revelaban que el salario de los trabajadores -incluyendo vacaciones, utilidades y bonificaciones- com-praba 7% menos que en el mismo periodo del 2012. La Canasta Alimentaria Normativa, cal-culada por el Instituto Nacional de Estadística, se ubicó en diciembre de 2013 en Bs. 3.324,41 es decir más alto que el salario mínimo si no se incluyen los tickets de alimentación. Estima-ciones privadas establecen la canasta alimenta-ria a diciembre de 2013 en Bs. 6.416. Por otro lado la canasta básica familiar se ubicó en Bs. 15.622,05.

El derecho a negociar convenciones colec-tivas fue un factor de conflicto y movilización de calle. Aun cuando se garantizó parcialmen-te y se suscribieron convenciones en algunas grandes empresas privadas y sectores de em-pleados del Estado, quedó pendiente la discu-sión de algunas que afectan a miles de traba-

jadores activos y jubilados principalmente en las empresas del Estado. Según el Ministerio del trabajo, se homologaron 448 convenciones colectivas de trabajo: 409 del sector privado y 39 del sector público amparando 1.160.844 trabajadores y trabajadoras. La desproporción entre estos sectores no solo se debe a que el pri-mero emplea más trabajadores, sino a que en el segundo se constatan numerosas violaciones al derecho de los trabajadores a negociar conven-ciones colectivas. De otro lado, desde 2008 el gobierno ha promocionado el “control obrero de la fábricas” y desde su perspectiva este con-trol hace innecesario negociar una convención.

Existe una creciente criminalización del ejercicio de un sindicalismo que asume posi-ciones críticas a la gestión de gobierno y ante patronos públicos y privados. Tal criminaliza-ción incluye la apertura de juicios penales, las calificaciones de despido, la descalificación pública.

En 2013 el Ministerio del Trabajo respon-dió un derecho de petición solicitando infor-mación sobre el Registro Nacional de Organi-zaciones Sindicales, en el que se precisaron los alcances de esta figura.

Por su parte la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió pronunciamientos so-bre: el caso de 25 trabajadores del Diario Vea que intentaron hacer un sindicato; el caso por la denuncia sobre violación del principio tri-partito, en la adopción de la reforma a la le-gislación del trabajo; la queja por violación a la libertad sindical presentada por el Secretario General de la FUTPV; y el caso del sindicalista Rubén González.

En el período avanzaron las restricciones al derecho a la huelga y se adoptaron políticas y medidas que refuerzan la criminalización del ejercicio del derecho. Los Poderes Públicos continuaron siendo instrumentalizados para



criminalizar el ejercicio pacífico del derecho. Jueces con competencia en materia laboral y civil se sumaron a los jueces penales para restringir el ejercicio de este derecho. Desde el alto gobierno se descalificó a sindicalistas en empresas básicas del Estado que dirigieron paros o huelgas, diciendo que su actuación era contraria al interés nacional. También se abrie-ron nuevos procesos judiciales penales contra sindicalistas. Se implementó la militarización de fábricas ante la paralización de actividades de los trabajadores y continuó el nombramien-to de militares en cargos de dirección en las fábricas. En especial la región Guayana del es-tado Bolívar fue epicentro de paros y huelgas exigiendo reivindicaciones laborales.

El 02.08.13 el Reglamento Especial de Zo-nas de Seguridad del Sistema y Servicio Eléc-trico Nacional, que desarrolla la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y castiga el paro o las huelgas al prohibir acciones dirigidas a “obstaculizar o interrumpir” las actividades propias del sector eléctrico nacional. También restringe el desplazamiento de personas y ve-hículos, que pretendan entrar o transitar en las zonas de seguridad del sistema eléctrico, con penas previstas en la Ley Orgánica de Seguri-dad de la Nación.

Se mantuvo la violencia en el contexto sin-dical con 59 sindicalistas y trabajadores asesi-nados en este periodo. La causa principal pare-ce seguir siendo la disputa entre sindicalistas por la venta de puesto de trabajo y la impuni-dad de esos crímenes.

Derechos de los pueblos indígenasEn septiembre de 2013 el Comité de la

ONU contra la Discriminación Racial revisó

el informe periódico de Venezuela y expresó su preocupación por la impunidad ante las agresiones a miembros del pueblo yanomami por parte de mineros ilegales y los enfrenta-mientos entre los yukpas y los ocupantes de la Sierra de Perijá. También instó a Venezuela a acelerar la demarcación, a reconocer los sis-temas tradicionales de justicia a través del an-teproyecto de Ley de la Jurisdicción Especial Indígena, a dar cuenta de cómo se está imple-mentando el derecho a la consulta previa, y a que se elaboren indicadores demográficos que aporten claridad sobre la situación en la que viven las comunidades indígenas y la pobla-ción afrodescendiente. Estas recomendaciones deben ser implementadas por Venezuela pues debe cumplir de buena fe con la Convención contra la Discriminación Racial.

El Estado venezolano cumplió 12 años de mora con los pueblos indígenas pues ha de-marcado menos del 5% del total de territorio calculado que pertenecería a las comunidades originarias. Según el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas durante 2013 se entregaron 1.125.965,58 hectáreas en 21 títulos de tierras, beneficiando a 43.195 habitantes, de 256 comunidades de 6 pueblos indígenas de los estados Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre y Monagas; acompañado de financiamientos de proyec-tos socio-productivos por un monto de Bs. 40.398.520 otorgados por el Consejo Federal de Gobierno.

En el marco del conflicto por las tierras, el 03.1.2013 fue asesinado por sicarios el caci-que yukpa Sabino Romero y herida su esposa Lucía Martínez de Romero en la carretera que conduce a El Tukuko, en la Sierra de Perijá, en el municipio Machiques. Sabino había sufrido una constante criminalización de las autorida-des por su defensa de los derechos del pueblo

40

Balance


yukpa. Sufrió privación de libertad durante 18 meses y fue permanentemente hostigado por funcionarios policiales. La Fiscalía General acusó a seis hombres como presuntos respon-sables del crimen. En junio se incrementó el riesgo para los hijos del cacique Sabino, Isidro y Sabinito Romero, ya que el CICPC preten-dió incriminarlos en hechos delictivos. Los asesinatos del padre de Sabino y cinco yukpas más están aún impunes. También corre riesgo Lusbi Portillo, defensor de los derechos huma-nos de los pueblos indígenas quien denunció que contrataron dos sicarios para darle muerte.

La mayoría de los conflictos relacionados con concesiones y construcción de infraes-tructura minera ocurridos durante 2013 se re-lacionaron con la violación del derecho de las comunidades y pueblos indígenas a ser infor-mados y consultados sobre la realización de proyectos en sus hábitats y sobre el impacto que generan en los recursos naturales existen-tes en sus territorios. En febrero de 2013 los indígenas pemón, en la comunidad de Urimán, municipio Gran Sabana, retuvieron a 43 mili-tares y tomaron pacíficamente tres aeropuer-tos. Los indígenas pedían el cese del hostiga-miento militar, permiso para el desempeño de la minería a pequeña escala, entre otras cosas. Hicieron denuncias de minería ilegal por parte de los mismos militares. Se acordó no judi-cializar a los indígenas por las protestas y las retenciones de militares, pero el acuerdo fue incumplido por el Estado.

La Coordinadora de Organizaciones In-dígenas de Amazonas, COIAM, manifestó preocupación por el Arco Minero del Orino-co, proyecto China-Venezuela, que no ha sido consultado con las comunidades indígenas y que atenta contra la protección ambiental de la Amazonia. En el Alto Caura, estado Bolívar, los pueblos Sanema y Yekuana fueron vícti-

mas de ataques armados de mafias mineras que controlan esa zona, sometiendo a los indí-genas y devastando el ecosistema en particular contaminando las aguas del rio Caura. Para la región de Guayana, el Ejecutivo Nacional creó la Comisión Presidencial para la Protección, el Desarrollo y Promoción Integral de la Activi-dad Mineral Lícita.

El 15.05.2013 las comunidades presentes en el territorio Piaroa: Sipapo, Cuao, Autana, Guayapo y Orinoco medio, divulgaron una carta a la guerrilla FARC-EP señalando su total desacuerdo con su presencia y desplazamiento en sus territorios. Las denuncias presentadas a las autoridades sobre la presencia de la gue-rrilla no tuvieron respuestas. En Amazonas, la organización indígena Oipus, denunció la pesca irracional gracias a permisos otorgados por Isopesca, así como permisos para realizar expediciones a sitios sagrados como el Auta-na. Esos actos administrativos ilegales están creando expectativas de legalidad en los pes-cadores y caberos. Oipus también denunció las restricciones y altos costos de los combus-tibles para las comunidades indígenas.

En cuanto al tema del derecho a la salud, el 05.05.2014 murió Miriam Romero, hija del cacique asesinado Sabino Romero, y Lucía Martínez, esposa del mismo, a causa de pa-ludismo y meningitis. La Sociedad Homo et Natura denunció otras muertes en donde los fallecidos presentaban desnutrición y anemia producto del hambre. Las comunidades Ko-beruna y Mosú, denunciaron falta de servicios médicos. Hubo 76.621 casos de malaria re-portados hasta la semana 52 (diciembre 2013) en el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, lo que representa aumento de 50,1% respecto al mismo periodo en 2012. El mayor número de casos acumulados durante 2013 se encuentran en los estados con presencia



de pueblos y comunidades indígenas como: Amazonas (8.572) y Bolívar (65.980). Las malas condiciones de vida y el impacto de la minería estarían vinculados con el resurgi-miento de la malaria. La organización yano-mami Horonami levantó un informe de salud sobre los fallecidos en diferentes comunida-des yanomami del Alto Orinoco durante 2013, constatando que fallecieron 76 yanomamis de diferentes comunidades por enfermedades y falta de atención médica y medicamentos. Hasta 2013 se contabilizan 32 Servicios de Atención y Orientación al Indígena (SAOI) en todo el territorio nacional.

Durante 2013 se denunció que un grupo de indígenas pemones de la comunidad de Kanayauta buscaban sustento en el vertedero municipal de basura de Santa Elena de Uairén. El 19.12.2013 se dio a conocer que un grupo de 20 indígenas de la etnia eñepa de Mariposa, estado Amazonas deambulaban por la capital del municipio Gran Sabana. El 21.12.2013 la avenida José María Vargas de Guanare se encontraba ocupada por 55 integrantes de la etnia yukpa de la Sierra de Perijá. Dichos des-plazamientos fueron motivados por las preca-rias condiciones de vida en sus comunidades.

En cuanto al derecho a la educación se des-taca que el 16.07.2013 fue aprobado en prime-ra discusión en la Asamblea Nacional, el título y estructura del proyecto de Ley de Educación Indígena. Luego se realizaron consultas pero no llegó a ser aprobada la Ley por el legislati-vo. Es positivo que el 05.06.2013 la fiscal ge-neral de la República Luisa Ortega Díaz inau-guró la Fiscalía 91º Nacional con competencia en materia indígena. Pero el poder legislativo no avanzó de manera significativa en la discu-sión del Proyecto de Ley de Coordinación de la Jurisdicción Especial Indígena con el Siste-ma Judicial Nacional.

Derecho a la saludEste año, Provea recogió 1.976 denuncias

sobre constantes impedimentos para la presta-ción de servicios en la salud pública, con un aumento de 84% respecto de las registradas en el 2012. 85% de estas denuncias proceden de los principales hospitales públicos del país -78 centros reportados en 17 estados- donde se encontró durante el año: falta de insumos básicos, material médico-quirúrgico y medi-camentos; personal de salud insuficiente; falla de equipos médicos y de aires acondicionados por falta de mantenimiento y continuas inte-rrupciones eléctricas; además de problemas de infraestructura, presentándose hacinamiento e insalubridad por desbordamiento de aguas ne-gras, inundaciones y falta de agua, en varios centros.

Durante 2013 los tres ministros que se su-cedieron en el cargo contaron con un presu-puesto insuficiente, irregular e irreal para los fines propuestos. En cambio, creció el finan-ciamiento extra-presupuestario para la Red de Barrio Adentro y se intensificó la vía de los convenios internacionales para el abaste-cimiento de los servicios de salud públicos, profundizando la alta dependencia de impor-taciones.

En este periodo siguió sin consolidarse el Sistema Público Nacional de Salud que ade-más siguió la estructura de la Misión Barrio Adentro (MBA). Con el fin de fortalecer ese sistema, el Presidente Maduro destacó que a 2013 se habían graduado 14.243 Médicos In-tegrales Comunitarios (MIC) -57% en 2011 y 43% en 2012. Dada la situación de disminu-ción de divisas y de deudas con proveedores nacionales e internacionales, el MPPS profun-dizó la vía de la cooperación internacional con países aliados para abastecer de medicamen-tos, insumos, materiales, vacunas, reactivos

42

Balance


y equipos a los servicios de la salud pública, la seguridad social y la MBA. Se destacan los acuerdos con Cuba, China, Argentina, Uru-guay, Portugal, Colombia, India e Irán. Va-rios acuerdos fueron suscritos en el marco del ALBA.

En el primer semestre de 2013 fueron in-augurados varios centros hospitalarios, pero luego vinieron las denuncias sobre los mismos centros por funcionamiento parcial, falta de pago al personal y falta de personal para acti-var los servicios médicos, falta de insumos o equipos inadecuados. El 09.04.13, la Ministra de Salud anunció que en el 2013 se estrenarían 10 nuevos hospitales pero sólo se inauguraron 4 en los estados Aragua, Carabobo, Distrito Capital y Guárico; 3 de ellos no pudieron fun-cionar completamente. En cuanto a la recupe-ración de hospitales el 02.03.13, el Presidente Maduro anunció un plan de esfuerzo conjunto o “Plan Cayapa” para recuperar los viejos hos-pitales del país. En agosto de 2013, se instaló una Comisión Presidencial denominada “Es-tado Mayor de la Salud”, para solucionar las dificultades de 11 hospitales públicos. Pese a estos esfuerzos, durante el año continuaron las denuncias y protestas de pacientes, médicos, trabajadores y académicos sobre el profundo deterioro de la atención hospitalaria en el país.

Por su parte las clínicas privadas siguieron bajo un proceso de supervisión y regulación de sus actividades, viéndose desbordadas en especial en sus servicios de emergencias. La devaluación y la restricción de divisas afec-taron a todo el sector privado de la salud. La escasez afectó tanto al sector público como al privado. En junio, la SUNDECOP emitió la Providencia Administrativa Nº 294 con la que se aplicó un régimen de regulación gene-ral de precios a todas las clínicas privadas del país, y la obligación de registrarse y declarar

sus costos y precios en el Sistema Automati-zado de Administración de Precios (SISAP). Esta Providencia fue rechazada por el sector privado. Pese a ello 1.500 clínicas privadas se registraron en el SISAP, pero en agosto ese sector demandó de nulidad de la providencia, sin desacatar sus normas.

En 2013 la Ministra de Salud, Isabel Itu-rria, planteó la reactivación de los Comités de Salud bajo una red para mantener activos los centros de salud. Pacientes y médicos de los servicios, personas con alguna condición crónica organizadas en diferentes redes y coaliciones, sindicatos y gremios de la salud, sociedades médicas y organizaciones civiles y académicas, mantuvieron sus demandas al Ministerio de Salud, siendo algunos descali-ficados bajo el argumento de que los intereses gremiales son opuestos a los intereses de la comunidad. Varias quejas fueron presentadas contra directores de hospitales públicos por in-timidaciones a pacientes y a personal de salud.

Se cumplieron 14 años sin que se haya adoptado una Ley Orgánica de Salud como lo ordena la Constitución de 1999, y las opinio-nes desde representantes del partido de gobier-no en la Asamblea Nacional no se caracteriza-ron por buscar un debate amplio y pluralista sobre dicha ley. Como aspecto positivo, en 2013 se elaboró un Anteproyecto de Ley de Igualdad y No Discriminación de las Personas con VIH.

Para el año 2013, el Ministro de Sa-lud, afirmó que el MPPS había invertido BsF49.000 millones, aunque por ley se asig-naron BsF24.581 millones. Estos montos han sido siempre inferiores a los que realmente se ejecutan durante el año debido a una política administrativa en la que se subestima el precio de venta del barril petrolero, con el objeto de obtener un margen considerable de ingresos



que se ejecutan con amplias posibilidades de discrecionalidad. Además, el presupuesto pú-blico en salud es mucho mayor que el asig-nado al MPPS, lo que se explica por la frag-mentación del funcionamiento de los sectores que efectúan gastos en ésta área con cargo al financiamiento público. La gestión del presu-puesto hace imposible conocer con exactitud cuánto es lo que efectivamente se invertirá en salud, a lo que se suma que el comportamien-to del presupuesto del MPPS es irregular: por ejemplo, a octubre de 2013 más de 90% de los centros hospitalarios de todo el país ya había agotado sus recursos.

En cuanto a la disponibilidad de servicios de salud, persistió el déficit de camas hospi-talarias públicas que en Venezuela es muy in-ferior al estándar internacional de 3 x 1.000 habitantes: para 2011 era 0,9 x 1.000. En ge-neral, el déficit del sector público ha llevado al aumento de las consultas en clínicas privadas siendo 70% de éstas para empleados asegura-dos del sector público. Por otro lado, impacta todo el sistema sanitario la ausencia de un sis-tema de atención de urgencias, en especial por la carencia de ambulancias y por el deterioro de los bancos de sangre.

De la Salud Pública se han retirado entre 12.000 y 15.000 profesionales de la medici-na por las múltiples restricciones para ejercer adecuadamente, las permanentes violaciones de los derechos laborales y la creciente hos-tilidad en los ambientes de trabajo. La Fede-ración Médica de Venezuela (FMV) estima un déficit mayor a 50%. La Sociedad Venezolana de Salud Pública calculó que sólo entre 30% y 40% de los cupos de residentes estaban cu-biertos.

En cuanto a los Médicos Integrales Co-munitarios se adoptaron medidas legales para agilizar la formación de dichos médicos, pero

algunas evaluaciones han establecido que su formación profesional es insuficiente. Por su parte, el sector farmacéutico reportó fallas de inventarios de 37% a 50% causadas por la falta de acceso a las divisas. El desabasteci-miento afectó 1.200 medicamentos, con pre-cios regulados, a medicamentos de alto costo, a insumos básicos y médico-quirúrgicos, y a materiales y reactivos de laboratorio.

El informe de la Contraloría del 2013, por tercera vez, encontró irregularidades en 9 contratos referidos a la adquisición de me-dicamentos y materia médico-quirúrgico, por 2.798.5 millones de bolívares, destinados a la Fundación Misión Barrio Adentro, cuya recepción, almacenamiento y distribución es-taba a cargo del Servicio Autónomo de Elabo-raciones Farmacéuticas (SEFAR).

Los planes de producción nacional de va-cunas siguieron siendo insuficientes al igual que las informaciones sobre la cobertura real de los planes de vacunación. Fue positivo que las enfermedades infecciosas y bacterianas, mantuvieron un comportamiento estable, a diferencia de años anteriores. Por su parte, la malaria se elevó 50%, con 76.621 casos con-firmados.

En cuanto a la atención a la salud por gru-pos de personas, 58% de las embarazadas en Venezuela no recibe atención prenatal. En el 2013, ocurrieron 370 muertes maternas y 7.304 muertes infantiles, y según cálculos de UNFPA para el 2013 en 101 nacimientos por cada 1.000 mujeres, las madres tenían de 15 a 19 años. Anualmente nacen 8 mil niños de madres menores de 15 años.

Además persistieron los problemas de dis-ponibilidad, acceso, aceptabilidad y calidad de una atención mínima en salud a los pueblos indígenas. Más de 1.500 personas con cáncer en listas de espera dejaron de recibir trata-

44

Balance


miento de radioterapia, especialmente por la paralización de centros y equipos de radiote-rapia; el mimo tipo de pacientes fue afectado por la escasez de medicamentos. También se afectó a 560 personas con linfoma, por la falta de medicamentos para quimioterapia y equi-pos de radioterapia. Se encontraron fallas de 7 antirretrovirales que consumen 42.223 per-sonas con VIH, de fármacos para contrarrestar enfermedades oportunistas y de reactivos para pruebas de diagnóstico, control y seguimiento del VIH. Las 15.000 personas con problemas renales que requieren diálisis afrontaron fallas de tratamiento, además de falta de camas en unidades de hemodiálisis. El desabastecimien-to afectó a las personas con diabetes e hiper-tensión, y con drepanocitosis y talasemias. Si-guió siendo crítica la situación de las personas con afecciones mentales.

Derecho a la Seguridad SocialEn el período se mantuvo la ejecución de

la Gran Misión en Amor Mayor Venezuela (GMAMV), aunque la asignación de pensio-nes por vejez, para este sector de la pobla-ción, se produjo a un ritmo menos acelerado que en el lapso 2011-2012, cuando se inició la instrumentación de esta política destinada a amparar personas adultas mayores sin ca-pacidad contributiva o en estado de pobreza. Dos años después de haber sido implementada la GMAMV actual sistema de seguridad so-cial venezolano sigue estando muy lejos aún de satisfacer el principio constitucional de la universalidad.

Durante 2013 fueron pensionadas por ve-jez y otras contingencias, conforme a la Ley del Seguro Social, 95.858 personas, una canti-dad menor que el período anterior, cuya cifra fue de 147.274 personas. Ello representa un descenso de 34,91%, es decir, 51.416 perso-

nas menos que las amparadas por el régimen contributivo en el año 2012. A través de la GMAMV, fueron incorporadas 5.496 personas pensionadas mediante el régimen asistencial no contributivo. Por aplicación de ambas polí-ticas 101.354 personas fueron beneficiarias en 2013. Esta cifra es muy distante de la informa-ción oficial: para el IVSS fueron incorporadas 551.549 personas por la GMAMV, mientras que para el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social (MINPP-TRASS), fueron 511.608 personas.

Las contradicciones en la información ofi-cial dificultan medir el peso de la GMAMV, en la extensión de la pensión por vejez en Ve-nezuela. Comparando los datos del MINPP-TRASS en el año 2011 con los años 2012 y 2013, se observa una variación poco fiable: mientras en 2012 el aumento porcentual de la población pensionada fue de 73,25% en 2013 fue de tan solo 3,32%.

La GMAMV mantuvo sus ejes principa-les: 1.- rumbo a la universalidad del derecho a la pensión, 2.- programa para facilitar el ac-ceso al sistema financiero, 3.- programa para el turismo social y la recreación, 4.-programa de valores patrios, y 5.- programa especial de salud. En cuanto al primero de dichos ejes, La GMAMV no ha garantizado, per se, el prin-cipio constitucional de la universalidad de la seguridad social pues es esencialmente es una pensión mínima complementaria o asistencial, y que forma parte del sistema general de retiro, coexistiendo con el régimen contributivo. Para un experto Absalón Méndez el advenimiento de la GMAMV ha contribuido a fusionar un régimen pensional asistencial, no contribu-tivo, obligatorio, con un régimen pensional asistencial, no contributivo. De otra parte, la prioridad presupuestaria dada por el Ejecuti-vo a la seguridad social la ubica en segundo



lugar, después de educación, antes que salud. Además, estaría muy por encima de la inver-sión en vivienda. Ello contrasta con la eficacia institucional del Estado para la gestión de la GMAMV y con su alcance real.

En 2013 no se dictó tampoco la ley de pen-siones y por tanto se mantuvo la convergencia desarmonizada de diferentes normas que esta-blecen variados regímenes de otorgamiento y de cálculo de pensiones por retiro, incapacidad y sobrevivientes, todas vigentes, que amparan a la población laboral empleada por organis-mos del Estado. Esto dificulta la gestión de un sistema de seguridad social con vocación universal. Incluso las autoridades de la Super-intendencia de la Seguridad Social, señalan que administrar tal diversidad es una prioridad del organismo. En el caso de la GMAMV, los entes involucrados en su gestión, informan distintas cifras, algunas contradictorias, sobre personas beneficiarias y presupuesto inverti-do. Todo ello ha incidido negativamente en el monitoreo, auditoría y contraloría social de las medidas adoptadas y acciones realizadas para cumplir la legislación vigente.

El MINPPTRAS informa por primera vez en 2013 sobre la gestión de la Tesorería de Seguridad Social. Esta institución fue creada en 2002 junto con la Superintendencia de la Seguridad Social, pero solo en 2012 fueron instaladas por el ex presidente Chávez.

En cuanto al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales prosiguió la atención a pa-cientes de diferentes patologías, y en forma paralela continuó la ejecución de la GMAMV y el pago de las asignaciones correspondientes a la Ley del Seguro Social. Desde 2011 en el portal del IVSS no se publica la cantidad to-tal de personas beneficiarias del conjunto de pensiones otorgadas en Venezuela (de vejez, por incapacidad, invalidez y demás contingen-

cias). Tampoco hay en esta fuente informativa, datos consolidados sobre el número de perso-nas que falta por incorporarse como beneficia-rios de las pensiones por haber cumplido con los requisitos previstos en la ley. Estas canti-dades tampoco aparecieron con claridad en la Memoria del MINPPTRASS, ni en la Cuenta del IVSS.

Provea continúa con tres casos ante el Sistema Interamericano, por afectación al de-recho a la seguridad social. En este período Provea volvió a intercambiar comunicaciones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) orientadas a avanzar en su resolución, específicamente en cuanto a jubi-lados y pensionados de Viasa, jubilados del Ministerio de Educación y jubilados de la CANTV. En cuanto al caso de jubilados y pen-sionados de Viasa el Estado viene cumpliendo lo fundamental del Acuerdo Amistoso para el pago de las pensiones de jubilación. En el caso de los jubilados del Ministerio de Educación, no se presentaron avances. En cuanto a los ju-bilados de CANTV, Provea envió información complementaria sin lograr un pronunciamien-to de la CIDH en 2013.

Derecho a la tierraLas dificultades para obtener información

oportuna llevaron a que en la información so-bre este derecho reúna data de 2012 y 2013. En el 2012, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), continuó con el proceso de rescate y regularización de tierras logrando rescatar 64 predios, abarcando una superficie total de 550.494,57 ha. distribuidas a nivel nacio-nal; y regularizó un total de 1.737.200,05 ha. mediante la entrega de 65.552 instrumentos agrarios. Para ese año el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MP-

46

Balance


PAT) tuvo un aumento presupuestal del 5,72% respecto del 2011. Pese a estos esfuerzos pre-supuestarios Venezuela continúa siendo un importador neto de alimentos. Durante 2012 disminuyó el financiamiento público agrícola mientras que el financiamiento del sector pri-vado continuó su incremento progresivo. Se-gún información oficial en 2012 con respecto a 2011 hubo un aumento de la superficie sem-brada que pasó de 2.217.679 a 3.370.414 has. y el total de productos agrícolas cosechados paso de 24.230.856 toneladas a 22.837.688.

En 2012 hubo un cambio en la tendencia histórica del INTI que privilegiaba la entrega de Cartas Agrarias en detrimento de los Títu-los de Adjudicación, que pasaron de 14.409 adjudicados entre los años 2003 al 2011 a 60.153 en solo 2012. De mantenerse esta ten-dencia, se favorecería la seguridad jurídica de los campesinos entregándoles la propiedad de la tierra. Preocupan sin embargo las persis-tentes inconsistencias en las cifras oficiales en relación con el total de tierras rescatadas y regularizadas.

Provea tuvo conocimiento de denuncias sobre acciones de rescate de tierras, realizadas por el INTI al margen de la legalidad vigente. Este accionar irregular del INTI, pone en en-tredicho la justeza de las directrices constitu-cionales y las políticas destinadas a acabar con el fenómeno del latifundio en el país. Un caso que ilustra esta situación es el procedimiento irregular de declaratoria de tierra ociosa de uso no conforme contra la finca del ganadero Antonio Ruiz Zapata, un terreno de 1.500 hec-táreas con 2.700 reses en el estado de Yaracuy. El nuevo director del INTI ha anunciado me-didas correctivas para evitar procedimientos irregulares, anunciando la implementación del impuesto a tierras ociosas y de uso no confor-me, y el relanzamiento del catastro nacional de tierras. La Memoria y Cuenta de 2012 informa

sobre varios predios afectados e indemnizados y los montos presupuestados para pagarlos oportunamente.

La eficiencia en el cumplimiento de las metas para el otorgamiento de crédito público es muy baja, afectando a los campesinos so-licitantes de crédito: entre el BAV y el FON-DAS se asignaron recursos por un total de Bs. 3.536.018.058, se aprobaron 28.661 créditos agrícolas, beneficiando a 48.603 producto-res y cubriendo 430.740 ha. a nivel nacional. Por su parte, el financiamiento público en el 2011 otorgó 124.235 créditos, beneficiando a 133.073 productores, cubriendo una superficie de 906.285 ha. Por el contrario, el crédito agrí-cola en la banca comercial ha venido evolu-cionando positivamente en cuanto al volumen del financiamiento hacia el sector.

En relación a los principales indicadores relacionados con la producción agropecuaria (participación del PIB Agrícola en el PIB Na-cional; evolución de las importaciones de ali-mentos; superficie sembrada, superficie cose-chada y valor de lo cosechado), en el 2012 los resultados tuvieron un leve repunte respecto del año anterior, aunque todavía insuficientes para cubrir la demanda del crecimiento pobla-cional y del nivel de ingreso de los consumi-dores. Por otro lado, la adjudicación de dóla-res para importar alimentos, demuestra que no se beneficia ni al productor ni a las pequeñas o medianas empresas, sino a las grandes y hasta multinacionales empresas del sector.

La organización de productores agrícolas (Fedeagro) ha expuesto públicamente diversos problemas, que limitan el crecimiento sosteni-do de la agricultura de los últimos años. Entre ellos se encuentran: el Estado dispone del 75% de tierras con potencial agrícola, las cuales no están siendo trabajadas; la intervención di-recta del gobierno a través de la regulación de



precios; la complicada provisión de insumos para los agricultores; la carencia de repuestos de maquinaria e implementos agrícolas; la inseguridad personal y de bienes; la compe-tencia desleal en las importaciones, entre otros problemas.

En el terreno legislativo, dos iniciativas llaman la atención: la primera, el proyecto de Ley que la Comisión de Finanzas y Desarro-llo Económico (proyecto “Ley semillas”) que busca, desde una perspectiva agroecológica, la promoción, certificación, distribución y co-mercialización de semillas, pero que ha sido criticado por abrir la puerta a los transgénicos al establecer la propiedad intelectual sobre las semillas, su supervisión, fiscalización y la cer-tificación. La segunda, es el “Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”, que plantea los desafíos que tiene el Ejecutivo Nacional para cumplir con los productores agrarios, el campesinado y la población en general, en los próximos seis años de gestión.

En el terreno judicial, se destaca la senten-cia de la Sala Constitucional del Tribunal Su-premo de Justicia (TSJ) desaplicando los artí-culos 699 al 711 del Código de Procedimiento Civil, con lo cual se ratificó la jurisprudencia de la Alta Corte sobre la inaplicabilidad de las disposiciones del derecho civil para resolver situaciones derivadas de las instituciones pro-pias del derecho agrario, en especial las referi-das a las acciones posesorias agrarias.

Desde el año 2000 hasta el 2013, Provea ha registrado el asesinato de 122 campesinos en conflictos relacionados con la tenencia de la tierra. En 2013 Provea registró 5 casos que afectaron a 19 campesinos, dentro de ellos 2 campesinos asesinados por proble-mas relacionados con este derecho. También

se registró en 2013 un incremento en viola-ciones a derechos humanos por la Guardia Nacional Bolivariana contra campesinos y varios casos de secuestros extorsivos como delitos comunes. Estos crímenes se encuen-tran en su mayoría impunes, según reconoce la misma Defensoría del Pueblo. Las cifras totales de víctimas varían de una fuente a otra, pero es claro que la violencia en torno al derecho a la tierra es un fenómeno endé-mico que se agrava con la impunidad estruc-tural que lo cobija.

Derecho a la viviendaEl derecho a la información oficial sigue

siendo negado en materia de vivienda, lo que hace inauditable la Gran Misión Vivien-da y además la poca información suminis-trada es inconsistente. La Memoria y cuenta del Ministerio de Vivienda disponible fue la de 2012; esta vez abandonó la metodología anterior de agrupar los resultados según los denominados cinco vértices de la GMVV, siendo presentados ahora según el esquema de “logros obtenidos”. Esta Memoria y cuen-ta 2012 informa de: retardos en la entrega de materiales para la construcción; asignación de recursos presupuestarios ajustados a la realidad económica que no permite la capa-citación al personal ni la profundización en los planes de acción en materia de auditoría; las fuertes y constantes lluvias que impiden el normal cumplimiento del cronograma de trabajo. La situación de violencia e insegu-ridad ha venido a sumar nuevos problemas a los ya existentes: durante el período 12 per-sonas perdieron la vida en los refugios para damnificados.

Desde enero de 2012 inició el registro de inmuebles en 183 municipios del país para el Sistema Nacional de Catastro. En 2013 se hicieron operativos de registro en varios mu-

48

Balance


nicipios sin que al cierre del año se publicara cifra alguna que permitiera evaluar sus avan-ces. Los resultados básicos del Censo 2011, difundidos por el Instituto Nacional de Esta-dística (INE), detallaron el número de vivien-das existentes pero no determinaron cuál era el déficit habitacional. Estudios académicos indican un déficit aproximado de dos millo-nes de unidades habitacionales y que cada año, solo por el crecimiento de la población, se suman al déficit 118.000 nuevas viviendas. Si se quisiera eliminar el déficit en 15 años, se deberían construir anualmente, a partir de 2013, 275 mil viviendas, así como urbanizar 3.832 hectáreas de terreno anualmente. Según la Memoria y Cuenta 2012 durante todo ese año – el segundo de la Gran Misión – se con-cluyeron 200.080 viviendas. Son varios los entes responsables de construir viviendas en el marco de dicha misión pero la data a oficial no desagrega cuántas viviendas construyó cada uno de ellos. La ausencia de información tam-bién dificulta el seguimiento de las viviendas construidas por los llamados “convenios inter-nacionales”; según la Memoria y Cuenta 2012 del total de las 14.303 viviendas programadas se habrían culminado 8.004 viviendas, sin ma-yor información sobre cuál es la ubicación de las casas entregadas. Y según el presidente del Órgano Superior de Vivienda, el sector públi-co construyó 147.642 unidades, representando 74% del total de viviendas de 2012 y el sector privado representó el 26% aportando 52.438 unidades. Sin embargo la opacidad de la in-formación hace imposible verificar las críticas de veedurías civiles o sectores vinculados a la cuestión de la vivienda, según las cuales esas viviendas no son nuevas en su totalidad y el 50% fueron “kit de vivienda” es decir, entrega de materiales para ampliación, remodelación, autoconstrucción, SUVI (sustitución de ran-cho por vivienda) y créditos hipotecarios para

adquisición en vivienda en mercados secunda-rios. Ante la ausencia de data oficial y según la data hemerográfica recopilada por Provea du-rante el 2012 se entregaron 87.203 viviendas en todo el país.

El gobierno había anunciado que para 2011-2013 había sido asignado un total de 57 mil millones de bolívares para la construc-ción de 286.180 viviendas. Se han detectado incoherencias sobre las viviendas construidas con esa gran cantidad de dinero, y en general la falta de información oficial en materia pre-supuestaria ha dificultado la contraloría social.

Persiste la situación de inseguridad jurídi-ca de la tenencia de la vivienda que ha carac-terizado la ejecución de esta política desde sus inicios. Buena parte de las familias continúan a la espera su título de propiedad o de cono-cer los mecanismos de adjudicación. Algunas estimaciones indican que están pendientes por entregar 300.000 títulos de propiedad.

Para el año 2013 la meta anual de cons-trucción de viviendas fue establecida en 380.000 unidades, siendo la primera vez que se informa sobre cuántas se iban a construir en cada estado. Según la información disponible, 201.075 casas fueron concluidas y entregadas durante el período.

La aplicación de la Ley para la Regula-rización y Control de los Arrendamientos de Vivienda ha generado diferentes conflictos en la relación entre propietarios e inquilinos. Una petición de medidas cautelares de suspen-sión de efectos fue negada por el TSJ. Exis-ten muchas dificultades en la comprensión e implementación de la ley: los trámites son en-gorrosos, las instituciones tardan en hacer su trabajo, generando frustraciones entre inquili-nos y propietarios. En 2013, PROVEA realizó el monitoreo de 58 casos (3.342 familias) de



ocupaciones de terrenos baldíos e inmuebles en el ámbito nacional, con una disminución de 45,3% respecto al período anterior (128 casos). Hubo al menos 38 casos de desalojos forzosos de terrenos e inmuebles en construc-ción en el ámbito nacional, 58,4% menos que en 2012.

Con respecto a la disponibilidad de servi-cios, el sitio web del Sisov no ha actualizado sus cifras sobre disponibilidad de servicios en las viviendas desde el 2010, y ni Corpoelec ni el Ministerio de Energía Eléctrica han publica-do informes de gestión desde ese mismo año. Según el gobierno, se ha logrado 10 años an-tes la Meta del Milenio de la ONU para 2015, para dar cobertura de agua potable al 96% del área urbana y al 80% del área rural. Por su par-te el Ministro de Energía Eléctrica destacó que Venezuela ha alcanzado un 99% de cobertura eléctrica nacional.

En cuanto a los gastos soportables, no exis-te claridad sobre el volumen de beneficiarios de la GMVV que están pagando sus vivien-das. En cuanto a la línea de financiamiento del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV), los montos otorgados están lejos de los precios reales de las viviendas en el merca-do nacional. Con respecto a los materiales de construcción, en 2012 el Ministerio de vivien-da reconoció que una de las mayores debili-dades era la ausencia de un aparato industrial para la producción masiva de componentes para la construcción. La poca disponibilidad de materiales de construcción más su alto costo retrasaron los planes de edificación y entrega de viviendas. Según las últimas cifras disponibles del Banco Central de Venezuela entre agosto de 2012 y agosto de 2013 hubo una variación porcentual de 52,8% en el índice de precios de insumos, maquinaria y equipos de construcción.

Respecto a las condiciones de habitabili-dad se reportaron hundimientos de terrenos en por lo menos tres nuevos urbanismos. Durante 2013 no se ofrecieron balances oficiales de la cantidad de personas afectadas por las lluvias, y en un arqueo hemerográfico solo se obtu-vieron resultados parciales. El gobierno no respondió a peticiones formales de Provea so-bre la cantidad de refugios y personas dentro de esos refugios. En declaraciones a la prensa un vocero oficial habló de 6.500 familias en refugios, y según el Ministerio para la Alimen-tación en 2012 había 97.775 personas damnifi-cadas distribuidas en 574 refugios.

La entrega de viviendas fue utilizada con fines proselitistas por los candidatos a eleccio-nes pertenecientes al partido de gobierno, al tiempo que se evidenciaron actos de discrimi-nación política hacia los beneficiarios de las viviendas muchos de quienes han debido mos-trar sus fidelidades políticas usando franelas y haciendo declaraciones públicas.

Derechos Civiles y Políticos

Derecho al asilo y refugioEl artículo 69 de la Constitución y los tra-

tados internacionales de derechos humanos garantizan en Venezuela los derechos a pedir y recibir a asilo o refugio. Venezuela sigue siendo un país receptor de población que necesita esa protección. El grupo nacional más numeroso siguió siendo el colombiano a consecuencia del conflicto armado interno que sacude ese país. Justamente con respecto a Colombia se siguen llevando a cabo las negociaciones de paz en La Habana, Cuba, donde participan el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucio-narias de Colombia (FARC). El 26 de mayo del 2013 las FARC y el Gobierno colombiano lograron el primer acuerdo de la mesa de nego-

50

Balance


ciaciones con respecto al tema agrario, denomi-nado por ambas partes “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”. Pese a este crucial acuerdo, siguen estado fuera del proceso otros actores armados como el ELN y los grupos paramilitares aún activos. La cifra de desplaza-dos internos en Colombia supera los 5,7 millo-nes de personas según datos de ONGs. Par mu-cha población que no puede permanecer dentro de ese país la opción es atravesar sus fronteras, con cifras cercanas a los 400 mil colombianos que han buscado refugio.

En este periodo el gobierno colombiano emitió la la Ley de Víctimas y de Restitución de tierras, que podría eventualmente beneficiar a colombianos refugiados en Venezuela.

En junio de 2013 se desató un conflicto en El Catatumbo, al norte de Santander, donde más de 14mil campesinos protestaron por el abando-no estatal al que ha estado sometida esta zona por décadas. A consecuencia de ello, según un comunicado emitido por la CNR, más de 800 personas llegaron sin pertenencias ni documen-tación y temiendo por su vida e integridad per-sonal. En estas circunstancias solo 143 casos fueron solicitudes temporales de refugio que se resolvieron con el regreso voluntario de los so-licitantes a sus lugares de origen, según la CNR.

En cuanto a las políticas públicas que el Es-tado debe implementar relacionadas con el dere-cho al asilo y al refugio, en este período siguió sin ser promulgada la Ley Orgánica de Fronte-ras. A pesar de la petición hecha por el presidente de la República en agosto de 2013, al presidente de la Asamblea Nacional, para que se retomara la discusión de la normativa.

Hasta julio de 2013 Venezuela había reco-nocido el estatus de refugiado a 3.000 personas. Según el Informe de gestión 2013 de la CNR durante este año se recibió 1.345 solicitudes de refugio nuevas, con lo cual hasta diciembre de

2013 la CNR ha recibido 10.809 solicitudes de refugio.

En el 2013 se recibieron 300 casos que fue-ron aprobados (725 personas) y 1.005 casos fue-ron negados, con lo cual el total de casos aproba-dos hasta diciembre de 2013 por la CNR fueron 1.391 y los negados 5.971. En este informe la CNR reitera que el 99% de las solicitudes reci-bidas por este ente son de personas colombianas, y el restante 1% se trata de los llamados “extra-continentales”, en este caso de algunos países de Asia y África. El trámite de solicitudes de refu-gio sigue presentando retardos considerables.

En cuanto a la suscripción de instrumentos internacionales, Venezuela sigue sin incorporar a su legislación los parámetros de la Declaración de Cartagena que amplía los niveles de protec-ción a las personas provenientes de zonas en conflicto, con presencia de violencia generali-zada y violaciones masivas de los derechos Hu-manos. Se destaca como positivo que la CNR la aplique de manera informal pero es indispensa-ble que sea reconocida formalmente en la legis-lación nacional para que no dependa de la buena voluntad de los funcionarios.

En cuanto a los derechos de las personas so-licitantes de refugio o refugiadas reconocidas, se mantiene dificultades en el acceso a la educa-ción de los Niños no acompañados, vinculados a la falta de implementación y difusión entre los funcionarios medios y bajos de las directivas del Ministerio del Poder Popular para la Educación que ordenan reconocer cualquier documento de identidad emitido según los tratados internacio-nales, incluidos aquellos sobre asilo y refugio. Muchos solicitantes de refugio se encontraron desprovistos de un documento provisional de identidad debido a demoras injustificadas de la CNR. La falta de información y formación de los funcionarios de las policías y otros cuerpos de seguridad del Estado, ha llevado a abusos sobre



los refugiados en especial cuando se desplazan en el territorio nacional y son controlados en al-cabalas o puntos de control.

Los procesos de formación y sensibilización de funcionarios públicos continuaron adelante por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), de la CNR y de la organiza-ción no gubernamental Servicio Jesuita para los Refugiados. Sin embargo su imparto necesita ser aún mayor y más extendido.

Derecho a la integridad personalPara el período en estudio PROVEA re-

gistró un total de 306 denuncias de casos de violaciones al derecho a la integridad perso-nal, con un saldo de 419 víctimas individual-mente contabilizadas. El patrón tortura se elevó en un 85,71% con respecto al periodo anterior, con 78 víctimas identificadas en 78 casos. Los casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes presentaron un au-mento de 58,02% de personas afectadas con relación al año 2012, identificándose 256 víctimas individuales; el número de heridos también se incrementó en 15,25%, con 68 víctimas, 9 más que el periodo anterior; el incremento registrado más notorio se refleja en el patrón de allanamientos ilegales donde hubo un aumento del 203,33%, con 91 vícti-mas frente a las 30 del año 2012; por último, el patrón amenazas u hostigamientos se elevó en un 10%, con 44 víctimas, en relación a las 40 víctimas registradas en el periodo anterior.

De las 419 víctimas individualmen-te identificadas en el período que abarca la investigación, se pudo conocer el género de 383, lo que representa 91,41%. De esas 383 víctimas, 69,93% son del género masculino (293) y 21,48% del género femenino (90). Al

igual que en años anteriores, se sigue mani-festando una gran diferencia numérica entre la cantidad de víctimas de género masculino y las de género femenino.

En orden decreciente las lesiones más co-munes son: los golpes, las heridas por armas de fuego, las heridas por perdigones, los em-pujones o lanzamientos contra el piso, las pa-tadas y colocación de esposas, las descargas eléctricas y asfixias, el lanzamiento de bom-bas lacrimógenas, la asfixia mecánica con bolsa, halar el cabello y aplicar sustancias químicas, el abuso sexual, el colgamiento por extremidades superiores, amordazamiento, quemaduras y arrollamiento.

En cuanto a los cuerpos de seguridad res-ponsables: la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) es el que tiene más denuncias de vio-lación al derecho a la integridad personal, con 144 casos (47,06%). Le sigue el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Cri-minalísticas (CICPC) con 35 casos (11,44%), incluyendo actuaciones conjuntas con algún otro cuerpo de seguridad del Estado. Siguen la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con 15 denuncias, lo que representa el 4,9%; la Milicia Bolivariana y la Custodia Peniten-ciaria, con 6 denuncias respectivamente (1,96%); el Ejército Bolivariano figura con 5 denuncias (1,63%); el SEBIN y la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DG-CIM) con 3 denuncias (0,98%) y por último la Policía Militar con una denuncia (0,33%).

Las policías de ámbito regional o policías estadales fueron señaladas como responsa-bles de 37 casos (12,09%). La policía del es-tado Bolívar, con 12 casos (3,92%); la Policía Nueva Esparta, con un total de 6 denuncias (1,96%); las policías de Anzoátegui y Aragua, con un total de 4 casos cada una (1,31%); la Policía del estado Delta Amacuro, con un to-

52

Balance


tal de 3 denuncias (0,98%); las policías de los estados Mérida y Miranda, con un total de 2 casos cada una (0,65%). Finalmente registran denuncias las policías de los estados Carabo-bo, Barinas, Táchira y Lara con una denuncia respectivamente, lo que representa el 0,33%.

Las policías municipales fueron señala-das en 32 casos de los reportes registrados (10,46%). El mayor número de acusaciones recae sobre las Policías de los Municipios Cristóbal Rojas, Zamora y Plaza, todos ellos del estado Miranda, con tres denuncias cada una (0,98%). El segundo lugar lo ocupan las Policías de los Municipios Caroní, Sotillo, Heres e Independencia, con dos denuncias respectivamente (0,65%), seguidos por otras policías municipales.

El 22 de julio de 2013 entró en vigor la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degra-dantes. Era una obligación del Estado desde hacía 13 años de acuerdo con la Constitución. La ley es un paso muy positivo para atacar esta grave violación a los derechos humanos. Pero adolece de dos problemas: hay una escasa par-ticipación ciudadana en dicho mecanismo y no contempla la posibilidad de que representan-tes de organismos internacionales de derechos humanos (especialmente del Subcomité contra la tortura de la ONU) puedan realizar visitas regulares a lugares de detención, lo cual es ne-cesario para implementar el Protocolo Facul-tativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crue-les, Inhumanos o Degradantes suscrito por Ve-nezuela en junio de 2011.

En este período aún no se puso en marcha el sistema nacional de atención integral a víc-timas de violencia grave e intencional, uno de los elementos claves de la llamada Gran Misión a Toda Vida Venezuela.

En este período se registraron 78 casos con 78 víctimas de tortura. De ellos 70 eran hombres (89,74%) y 7 eran mujeres (8,97%). La mayoría de las denuncias registradas bajo este patrón ocurrieron en el contexto de de-tenciones que funcionarios y funcionarias de la Guardia Nacional Bolivariana practicaron los días siguientes a la jornada electoral pre-sidencial del 14 de abril de 2013 en varias ciudades del país, especialmente en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara. Los hechos de tortura fueron ejecutados en sedes militares mientras las personas detenidas esperaban para ser presentadas ante los tribunales pe-nales. El aumento significativo de los casos revela la ausencia de mecanismos democráti-cos de control del orden público.

En cuanto a las 256 víctimas en 184 casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degra-dantes se determinó que la GNB estuvo invo-lucrada en 70 casos, liderando la cifra igual que en 2012. Le sigue el CICPC con 18 casos y en tercer lugar, está la PNB con 15 casos. Las policías estadales estuvieron involucra-das en 27 casos destacando, al igual que en 2012, la Policía del Estado Bolívar con ocho casos, las policías de Nueva Esparta con cin-co casos y Anzoátegui, Aragua y Delta Ama-curo, con tres casos cada una. La implemen-tación del Plan Patria Segura parece influir en una mayor ocurrencia de estos casos por parte de miembros de la FANB, marcando una tendencia militarista contraria al nuevo modelo policial.

En junio de 2013 se aprobó la Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme que fue un paso importante para disminuir la violación de los derechos humanos en el país. La ley debe ser reglamentada teniendo cui-dado de que el reglamento no desmonte los avances de la ley.



Al igual que en el estudio anterior, se si-gue evidenciando la ausencia de estadísticas públicas específicas y desagregadas por tipo de delito, ubicación geográfica, caracteriza-ción de la víctima y de los victimarios, por parte de las instituciones gubernamentales. Se revisó la data de los informes anuales del Ministerio Público y la Defensoría del Pue-blo pero no fue posible obtener información precisa para hacer un análisis comparativo entre las estadísticas estatales y las de este informe.

Derecho a la justiciaEl derecho a la justicia se vio afectado a

través de múltiples situaciones que causan mayor indefensión y desconfianza en los ope-radores de justicia con sus preocupantes con-secuencias.

En cuanto a la independencia del Poder Ju-dicial (PJ), persiste la ausencia de una objetiva separación de poderes. En el período objeto de estudio, en un 94,09% de los casos estudiados, en los que se interpusieron pretensiones ante el PJ contra las actuaciones del Estado fueron declaradas sin lugar o no se produjo pronun-ciamiento alguno sobre el fondo del asunto al declararse su inadmisibilidad o la terminación del procedimiento. Las dos presidentas del TSJ, la saliente y la entrante, emitieron sen-das declaraciones alineándose con el socialis-mo bolivariano del Siglo XXI y con el Plan de la Patria 2013-2019 respectivamente. Por su parte la FGR manifestó que muchos denun-ciantes de violaciones de derechos humanos desprestigian a su patria con las denuncias que realizan. El 11.12.13, el Consejo Moral Repu-blicano dictó el Código de Ética del Servidor Público, el cual entre otras cosas le prohíbe a los funcionarios/as jubiladas/os que actúen en

representación de terceros ante los organismos a que pertenecieron. En junio 2013, se desig-nó al Ingeniero Argenis Chávez, hermano del fallecido Presidente de la República Hugo Chávez, como Director de la Dirección Eje-cutiva de la Magistratura. La Sala Plena del TSJ continuó desestimando solicitudes de an-tejuicio contra el Presidente de la República y el Presidente de la AN, y ordenando que sean investigados por la FGR aquellos que no fun-damenten sus acusaciones al pedir antejuicios de mérito contra esos funcionarios.

En el presupuesto ordinario, se mantu-vo sobre el 2% la asignación presupuestaria asignada al Sistema de Administración de Justicia (SAJ), pero persisten las dificultades para comprender los datos que el TSJ pone a disposición del público en “Plan Vitrina 2013 Transparencia del Poder Judicial”.

No hubo mayores avances en cuanto a la carrera judicial y la realización de los concur-sos de oposición, siendo constantes las de-nuncias sobre la inconstitucionalidad de estos procesos de ingreso a la carrera judicial. Se-gún el TSJ, en 2013 se designaron 149 jueces provisorios, 388 temporales, 86 itinerantes y 511 accidentales, pero no se dio información sobre los jueces titulares y continuaron las de-signaciones de titulares sin pasar por concur-so públicos. Un tercio de los magistrados del TSJ es suplente, pues la AN tampoco nombró a los titulares. La Fiscal General de la Repú-blica, anunció el inicio del proceso para darles estabilidad a los fiscales pues la mayoría son provisorios/as.

Persisten los problemas de retardo judicial a pesar de iniciativas de la FGR como el Sis-tema Agenda Única y el Plan Contra el Re-tardo Procesal, y del Plan Cayapa lanzado a mediados de 2013 por la ministra para el Ser-vicio Penitenciario. En la jurisdicción laboral

54

Balance


y gracias a los procesos de mediación, sí se ha logrado reducir el tiempo de duración de un proceso de 10 a 3 años. En 2013, los tribunales resolvieron 815.242 casos, específicamente en materia penal se dictaron 378.161 sentencias, por lo que disminuyó en esta materia la canti-dad de sentencias en comparación con el 2012. En materia de inquilinato, el TSJ ratificó que era obligatorio agotar la vía administrativa ante la superintendencia competente antes de ir a la vía jurisdiccional, lo cual ha significa-do la paralización de los procesos en esa etapa previa que no cuenta con lapsos claros, dene-gando el derecho a la justicia a propietarios e inquilinos.

Persiste también la práctica de procesar ci-viles ante tribunales penales militares, violan-do el principio del juez natural. En el mismo sentido, una propuesta del Presidente Maduro de crear una justicia sin rostro fue descartada gracias a la oposición del TSJ y de la FGR.

Fue promulgada la Ley Orgánica de la Ju-risdicción Especial de la Justicia de Paz Co-munal, dando a los consejos comunales las competencias para convocar a las elecciones de jueces de paz, cuyas últimas elecciones tu-vieron lugar hace 6 años.

De acuerdo al informe de la Fiscalía Gene-ral, en 2013, ingresaron 599.868 casos, de los cuales 8.196 fueron tramitados por la Direc-ción de Protección de Derechos Fundamenta-les. Se realizaron 84.749 imputaciones, de las cuales 1.032 están relacionadas con derechos fundamentales, así como 10.342 juicios en to-das las materias.

El Ministerio Público continúo actuando como instrumento para la represión de la pro-testa social en el país: desde 2005 hasta 2013 cerca de 3000 personas se encontraban some-tidas a juicios penales por participar en mo-vilizaciones pacíficas, realizar tomas pacíficas

de establecimientos, participar en concentra-ciones, cacerolazos o participar en huelgas. La persecución mediante el Sistema Judicial se tradujo en procesos contra las siguientes personas o grupos: Kamel Salame, ex candi-dato a la Alcaldía de San Felipe en Yaracuy; los diputados de la AN Juan Carlos Caldera, Richard Mardo y María Aranguren; José Flo-res, Presidente de la Cámara Municipal del Municipio San Francisco, Estado Zulia; los estudiantes de la ULA detenidos en Mérida por presuntos hechos de violencia en el mes de julio de 2013; y Carlos Parra, Carla Parra, y José Beltrán detenidos por tocar cacerolas en el Estado Mérida, entre otros casos.

La Defensoría del Pueblo mantuvo su lí-nea de acción que ilustra una falta de inde-pendencia y autonomía con respecto al poder Ejecutivo, que llevó a muchas organizaciones de derecho humanos a pedir a las Naciones Unidas que se revise la acreditación dada a la Defensora del Pueblo. En esa línea, esta funcionaria avaló plenamente la denuncia de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos hecha por el gobierno y que entró en vigor a partir del 10.09.13, dejando fuera de la competencia de la Corte IDH aquellos casos ocurridos en Venezuela a partir de esa fecha. La Defensoría del Pueblo continuó siendo más activa frente a denuncias sobre la calidad de los servicios públicos que ante los casos de violaciones a derechos humanos.

Derecho a la libertad de expresión e información

El ejercicio de la libertad de expresión e información en Venezuela sufrió un aumento de casos violatorios del derecho, particular-mente en el ejercicio de la profesión periodís-tica, junto con el incremento de restricciones a otros ámbitos tales como páginas web y redes sociales. Además hubo un amplio y sesgado



uso de los medios de comunicación del Esta-do, directrices a los canales de televisión pri-vados para invisibilizar voces disidentes.

En el contexto electoral de 2013, aumenta-ron de forma considerable la violencia ejerci-da contra periodistas, fotógrafos y otros traba-jadores de la información. Hubo un alarmante incremento de actos como agresión e intimi-dación contra los comunicadores. En ese con-texto electoral y postelectoral, de acuerdo con el IPYS predominaron las obstrucciones hacia el trabajo periodístico principalmente por los cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y au-toridades ejecutivas; igualmente se evidencia-ron detenciones arbitrarias, agresiones físicas, ataques a las sedes de los medios de comuni-cación, así como acciones de intimidación y medidas de censura. Igualmente se hizo evi-dente la ausencia del Estado para garantizar el ejercicio periodístico, bien sea por parte de organismos de seguridad, la Fiscalía general o la Defensoría del Pueblo para investigar y sancionar tales hechos

Durante 2013 se contabilizaron 219 vio-laciones a este derecho, lo cual refleja un au-mento significativo del 121% si se le compara con los datos del informe anterior, que daba cuenta de 99 violaciones. Al igual que en años anteriores las categorías de “intimidación” y “agresión física y verbal” son las que reúnen el mayor número de casos, sumando entre am-bas 42,3%, mientras que en el período ante-rior ambas contabilizaron 48%. En 2013 los casos de intimidación (24%) tuvieron la ma-yor presencia. El segundo reglón con mayores incidencias fue el de “agresión física y verbal” con 18,3 %, que se dio, principalmente, en el contexto de la cobertura de noticias en la ca-lle, como protestas, marchas, concentraciones e incluso ruedas de prensa. Hubo un notable

aumento de los casos de hostigamiento pasan-do del 5% de los casos en el informe anterior a 18% en este periodo. La cuarta violación más recurrente fue la censura previa que aunque si-guió siendo un 9% del total, los casos aumen-taron de 9 a 21. Las categorías de “persecución judicial” y “ataque a medios” se mantuvieron en 7,5% del total de este período.

El mayor responsable de los casos de vio-laciones al derecho a la libertad de expresión fue la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 18,9% del total. En segundo lugar apare-cen los funcionarios administrativos del Eje-cutivo como responsables del 14,3% de los casos. Un hecho relevante es que en 2013, los funcionarios administrativos del Ejecutivo en el Plan República son responsables del 10,5% de las violaciones, ocurridas casi en su tota-lidad en el contexto de las elecciones presi-denciales del 14 de abril. El Consejo Nacional Electoral (CNE) tuvo la responsabilidad en el 5,2% de las violaciones a este derecho en este período. En 2013 quedaron equiparadas las ci-fras de hechos en los cuales se puede señalar la responsabilidad de particulares del oficialismo como aquellos en los no se ha identificado al agresor o agresores. En cada una de esas cate-gorías se totaliza 41,5%. Un 17% de los casos corresponde la responsabilidad a particulares identificados con la oposición de agredir a pe-riodistas.

En cuanto a las víctimas, los periodistas y reporteros de medios privados representaron el 50% de las víctimas de este período. Re-porteros gráficos de medios privados sumó 13,8%. Mientras que los periodistas/reporte-ros de medios oficiales representó 4,2% de las víctimas. En total, el 68% de los afectados son personas que ejercían labores profesionales al momento de ser víctimas de agresiones físi-cas, detenciones arbitrarias o actos de censura

56

Balance


como la sustracción de imágenes de sus equi-pos de trabajo. También fueron victimizados defensores de derechos humanos y correspon-sales extranjeros.

55 medios de comunicación se vieron afectados por acciones contrarias a este dere-cho, 63,8% de ellos fueron medios privados, siguiendo una tendencia de periodos anterio-res. Son relevantes y novedosas las limitacio-nes impuestas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a los pro-veedores de internet.

Este informe relata cuatro actos de intimi-dación relacionados con allanamientos ilegales a medios de comunicación, decomisos y des-trucción ilegales de cámaras y de sus conteni-dos fotográficos y amenazas a reporteros. Tam-bién se relatan tres casos de amenazas físicas o verbales dos por parte de civiles y uno por par-te de una presunta funcionaria oficial. Dentro de los casos de hostigamiento, se relatan tres casos, uno de ellos fue la actitud del presidente Nicolás Maduro contra el Diario 2001 porque destacó un problema de escasez de gasolina. El presidente anunció que denunciaría a ese medio ante la Fiscalía y ésta abrió una inves-tigación por “la publicación de informaciones falsas sobre escasez de combustible” llamando a declarar a tres periodistas de ese medio.

Los casos de censura que se relatan están relacionados con presiones para cambios en las líneas informativas de televisoras, salidas del repertorio de medios de las señales por cable, e impedir al periodista realizar preguntas du-rante ruedas de prensa oficiales. En materia de persecución judicial se destaca el otorgamiento de medida sustitutiva de libertad a favor de la Jueza Afiuni con prohibición de usar su cuenta Twitter que contaba con más de 250 mil segui-dores. Una jueza impuso al diario El Nacional una multa igual a al 1% de sus ingresos brutos

del año 2009 por publicar una fotografía de la morgue de Bello Monte, en Caracas. El diario Tal Cual reprodujo la foto y también fue san-cionado judicialmente.

Se registraron ataques violentos contra se-des de medios de comunicación por grupos de civiles tanto pro gobierno como pro oposición. La inadecuada asignación de divisas para la importación de papel periódico llevó a varios periódicos a reducir su tiraje o a suspenderlo.

Otro hecho destacado, fue la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), cuyo presidente pasó a tener muy amplias facultades como la de declarar cualesquiera información, hecho o circunstancia que conozca en cumplimiento de sus funciones como de carácter reservado, clasificado o de divulgación limitada.

Derecho a la libertad personalDurante 2013 aumentaron las denuncias

de presuntas violaciones al derecho a la liber-tad personal. Específicamente, aumentaron las detenciones masivas que pasaron de 1964 a 2823 (43,73% más), las detenciones indi-viduales, que pasaron de 23 a 84 (265% más) y las detenciones colectivas que aumentaron de 76 a 186 (59,1% más). De otro lado, las desapariciones forzadas aumentaron de 15 víctimas en el período anterior a 23 durante el presente período, lo que significa un aumen-to del 53,33 %, que rompe con la tendencia a la disminución en los últimos dos años. Las detenciones en el marco de manifestaciones aumentaron de 269 a 355 (31,97% más). En contraste, disminuyó la cantidad de violacio-nes registradas en calabozos y retenes policia-les, con 263 afectados, frente a 611 del perío-do anterior (59,95% menos), pero persistió la falta de acceso a la información pública sobre las personas detenidas por los organismos de



seguridad.

Las detenciones masivas reportadas se produjeron en 28 eventos diferentes censados de manera hemerográfica. El mayor responsa-ble de esas detenciones es la GNB seguida por las policías estadales, y los hechos ocurrieron en su mayoría en los estados Carabobo, Mi-randa, Aragua y en el Distrito Capital.

Respecto a las detenciones colectivas, au-mentaron de 76 a 186 (59,1% más) con respec-to a 2012. Las personas fueron detenidas en 64 situaciones diferentes ocurridas especialmente en los estados Bolívar y Zulia.

En cuanto a las detenciones individuali-zadas los 84 casos reseñados en 2013 repre-sentan un aumento del 265%, rompiendo la tendencia favorable hacia el descenso del patrón de detenciones individuales en los úl-timos años. Los estados con mayor número de casos de detenciones bajo este patrón fueron Bolívar y Miranda y además el Distrito capi-tal. La organización no gubernamental Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, registró un total de 6 denuncias personales y directas de detenciones individualizadas durante 2013, todas cometidas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Cri-minalísticas, con una incidencia del 50% en el Distrito Capital y el 50% restante en el estado Anzoátegui.

Para Provea, en 2013 no hubo nuevos ca-sos de presos políticos. Se mantuvo el caso de la jueza AFIUNI MORA, María Lourdes, de-tenida desde el 10.12.09. Finalmente la jueza fue puesta en libertad el 14.06.13 gracias a una medida sustitutiva a la privación de libertad, consistente en un régimen de presentación ante el tribunal de la cause cada 15 días, con prohibición de salida del país y de ofrecer de-claraciones a los medios.

La Asociación Civil Venezuela Diversa denunció que funcionarios de la Policía Mu-nicipal de Caracas y la Guardia Nacional Bo-livariana hicieron uso excesivo y despropor-cionado de la fuerza, practicaron extorsión y corrupción, sustracción de pertenencias, ame-nazas y actos discriminatorios en razón de la orientación sexual e identidad de género real o percibida, así como detenciones arbitrarias, restricción del derecho de reunión y libre trán-sito.

Durante el lapso se produjeron 14 casos de desapariciones forzadas, con un número total de 23 víctimas, de las cuales fue posible mediante datos secundarios, la identificación de 18 de ellas. Dicha cifra constituye una dis-minución del 7% de las denuncias registradas en este patrón con relación al lapso anterior, cuando se registraron 15 casos. En este perío-do se registraron denuncias de desapariciones practicadas sobre varias personas en un mis-mo hecho, lo que implicó un aumento real en el número de víctimas de 53%. Se destacó el caso de SUÁREZ, Lilia y FRANCO, Juber, una pareja de campesinos colombianos des-plazados, que residían en Rubio, estado Tá-chira, quienes desaparecieron el 08.06.2013, día en que fueron vistos por última vez por sus vecinos. El proceso ante el Ministerio Públi-co no avanzó para establecer lo sucedido con las víctimas pese a los ingentes esfuerzos de la familia.

En 2013 se registraron 20 casos de viola-ciones a los derechos humanos en centros de detención provisoria o preventiva y se genera-ron 263 víctimas, atribuibles, al retardo proce-sal en el sistema judicial venezolano.

De acuerdo a las cifras de la Fiscalía Gene-ral, del total de casos ingresados, se realizaron 1.032 imputaciones, un 1,22% del total, y en el 92% de los casos, la Fiscalía General de la Re-

58

Balance


pública solicitó la desestimación del caso. La desestimación es una figura jurídica a cargo del juez de control, que a solicitud del Ministerio Público resuelve que no hay lugar al inicio del juicio en vista de que la denuncia o querella no reúne las condiciones para realizar la investiga-ción criminal, por lo que existe la posibilidad de que un alto porcentaje de las detenciones, según la propia Fiscalía, serían arbitrarias.

Derecho a la manifestación pacíficaDurante el 2013, se registraron 4.410 ma-

nifestaciones, 20% menos que el año anterior, y continuó la radicalización de la lucha social con características pacíficas, al registrarse 128 huelgas de hambre. Las protestas reportadas en 2013 continúan por encima del promedio anual registrado por Provea en los últimos 7 años, equivalente a 2.579 protestas. También forman parte de las 15.000 protestas documentadas por organizaciones no gubernamentales en los últi-mos tres años recientes 5.338 en 2011; 5.483 en 2012 y 4.410 en 2013.

La disminución de 20% de las protestas en 2013 estuvo relacionada principalmente con dos variables: a) ausencia física del presidente Hugo Chávez en enero y febrero y su posterior fallecimiento en marzo b) campaña y eleccio-nes presidenciales en abril. Por ello, aunque se registró una fluctuación cuantitativa de consi-deración, los problemas y las fallas en las po-líticas sociales se mantuvieron y con ello las motivaciones de la protesta popular.

En 2013 aumentaron las prácticas represi-vas de los cuerpos de seguridad venezolanos en el marco de las protestas pacíficas. En este pe-ríodo se registró la muerte de al menos 13 per-sonas en el contexto de protestas, por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de agentes

no estatales. También se registraron 355 perso-nas detenidas, 32% más que en 2012 cuando Provea reportó 269 afectados. Además se in-crementó la cifra de las víctimas de tratos crue-les, inhumanos o degradantes en el contexto de protestas pacíficas. Se reportaron 316 víctimas, 62% más que el año anterior, cuando fueron 195 personas lesionadas.

Desde 2004 el Estado venezolano viene im-plementando un articulado jurídico para crimi-nalizar la protesta pacífica. El juicio a Rubén González, Secretario General de Sintraferromi-nera continuó durante 2013, un juicio motivado en el ejercicio del derecho a huelga por parte de ese líder sindical. En este periodo permane-cieron detenidos 8 obreros de la empresa mixta Civetchi, un ensambladora de vehículos, acu-sados de un delito común pero que han sido detenidos en el marco de la lucha obrera para establecer un sindicato.

En 2013 las exigencias de los manifestantes obedecieron a los siguientes razones: derechos laborales 1.791 (40,61%), demandas por segu-ridad ciudadana, derechos de personas priva-das de libertad, participación política, derecho a la justicia un total de 1.044 (23,67%), solicitud de vivienda digna 996 (22,58%) y exigencias educativas 579 (13,12%).

Con respecto a 2012 los trabajadores rea-lizaron un 21% menos de manifestaciones en 2013. Se destacan las manifestaciones en el sector universitario, que han incluido huelgas de hambre; también en el sector minero se des-tacasn las huelgas y paros de Ferrominera del Orinoco, en el estado Bolívar, y de Siderúrgica del Orinoco (Sidor).

En 2013 se registró un 47% menos de ma-nifestaciones por el derecho a la vivienda, sien-do la cifra más baja en los últimos tres años. Las personas ubicadas en los refugios, prin-cipalmente en la región capital, mermaron su



accionar en las vías públicas, desde el primer trimestre de 2013. Una de las razones más ge-neralizadas fue las demandas de mejoras en el servicio eléctrico.

El desabastecimiento y la escasez de ali-mentos generaron múltiples manifestaciones en especial alrededor de supermercados y abastos. Durante el tercer trimestre de 2013, fue más visible el problema de los saqueos e intentos de saqueo a locales comerciales y transporte de alimentos y productos de higiene personal, tocando niveles críticos a raíz de la intervención del Ejecutivo en los comercios en particular en las redes de distribución de elec-trodomésticos. Del sábado 09.11.13 al martes 12.11.13 se reportaron al menos 39 hechos violentos en contra de comercios privados, en-tre ellos, 9 saqueos y 30 intentos de saqueo a locales comerciales, principalmente de ventas de productos electrodomésticos, en distintas ciudades del país.

Se reportaron 302 protestas para exigir derechos políticos durante todo el año, equi-valentes a 7% del total de protestas, principal-mente durante el primer trimestre y con mayor énfasis luego de las elecciones presidenciales de abril de 2013.

Cuando las protestas se radicalizaron, los manifestantes recurrieron a las huelgas de hambre, en especial en los sectores universi-tarios, de los trabajadores, de los jóvenes inte-grantes de partidos políticos y de los privados de libertad Se reportaron 128 huelgas de ham-bre, 14 % menos que el año anterior. La cifra más baja en los últimos tres años.

Derecho a la participaciónEn este período, la muerte del presidente

Hugo Chávez marcó un proceso de reimpulso del poder popular en la construcción del socia-lismo bolivariano del siglo XXI y el Estado co-

munal, a su vez se llevaron a cabo 2 contien-das electorales trascendentales para el devenir de la sociedad venezolana.

El Plan Patria, cuyo proceso de elaboración fue lanzado por el fallecido presidente Chávez en 2012, fue retomado por el candidato Ma-duro como parte de su campaña y luego ya en funciones presidenciales lo entregó a la Asam-blea Nacional que lo convirtió en Ley, en un procedimiento aparentemente viciado de in-constitucionalidad.

El Plan tiene 5 grandes objetivos, y 129 ob-jetivos específicos de los cuales 27: direccio-nan las formas de participación hacia la transi-ción al socialismo, diluyen la responsabilidad del Estado en las comunidades, crean escuelas de formación de “cuadros”, propician la milita-rización de la sociedad, propician la discrimi-nación de personas o grupos sociales, obligan a conformar comunas indígenas, e introducen sin consulta previa las ideas socialistas en la educación.

El 28.08.13 el Presidente Maduro restruc-turó un nuevo Ministerio de las Comunas y Movimientos Sociales Populares, entregando bajo su competencia varias instituciones y en-cargándolo de la participación ciudadana en el ámbito de las comunas y movimientos sociales. En 2013 se hizo el Censo Nacional de Comu-nas que determinó, según el Ministro Iturriza, que hay 130 comunas establecidas, 353 comu-nas en construcción, 1.052 salas de batallas y 43.091 Consejos Comunales, aunque en total fueron censadas 71.521 organizaciones, como reconocería el presidente Maduro en su me-moria y cuenta 2013. Existen 1.508 consejos comunales de tipo agrícola vegetal, 1.211 de tipo agrícola animal, 696 de tipo construcción (junto las Salas de Batalla Social). Las comu-nas realizaron 2.914 actividades a nivel nacio-nal, llamando la atención que las actividades

60

Balance


denominadas “políticas” totalizaron 478, muy por encima de actividades de salud que fueron 264, culturales 290, deportivas 273, consul-tivas 331. Las situaciones más emblemáticas estuvieron en Amazonas donde 159 activida-des fueron políticas y sólo 5 de salud, Nueva Esparta 119 políticas y 32 de salud, Apure 406 y 145, y Lara donde 1.024 fueron políticas y 584 de salud.

Es positivo que el gobierno haya ofrecido información sobre el censo con detalles de las denominadas organizaciones del Poder Popular y que haya informado sobre cómo las conso-lida. El año 2013, en materia de Participación social el gobierno nacional lo definió como de “Reimpulso de las Comunas y el Poder Popu-lar”, pero subyacen las dificultades para su mo-torización y avances, a pesar de los esfuerzos en formación político-ideológica y el caudal de recursos públicos asignados.

El 09.03.2013 el Consejo Nacional Electo-ral (CNE), convocó a las elecciones presiden-ciales para el 14.04.2013, tras el hecho sobre-venido de la muerte del presidente Chávez. La decisión de que los comicios se realizaran un 14 abril generó rechazo en amplios sectores de la oposición por la coincidencia con los hechos del 11/13 de abril de 2002, y las consecuentes conmemoraciones realizadas por el sector ofi-cial particularmente sensible por el fallecimien-to del Presidente Chávez. El 15.04.2013, fue proclamado Presidente Electo Nicolás Madu-ro con un total de 7.563.747 votos correspon-dientes al 50.75% del total, y con un estrecho margen con respecto a su contendor principal Henrique Capriles. El presidente electo aceptó la propuesta del Rector del CNE Vicente Díaz para que se abrieran y auditaran el 100% de las urnas electorales, y Enrique Capriles presentó una petición de verificación total de las actas al CNE. El CNE optó por una auditoría por

muestras y el presidente Maduro no ratificó su promesa de una auditoría al 100%. 10 impug-naciones a las elecciones fueron presentadas al TSJ que las declaró a todas como inadmisibles.

En cuanto a los observadores electorales presentes en la contienda, la Unión Interame-ricana de Organismos Electorales (UNIORE) se declaró conforme con el proceso electoral, mientras que la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación no avaló los re-sultados. El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) también emitió un informe reseñando irregularidades electorales durante la campaña y durante las votaciones. El Instituto de Altos Estudios Europeos, Red Internacional de Uni-versidades para la Paz (REDIUNIPAZ), emitió un informe, también crítico, denominado “Mi-sión de apoyo internacional a la observación de las elecciones presidenciales en Venezuela 14 de abril 2013”. Igualmente crítico fue el in-forme del Centro Carter, reseñando las inequi-dades en la campaña y el ventajismo por parte de la candidatura oficialista y haciendo varias recomendaciones estructurales al CNE de cara a futuros comicios sobre: participación de fun-cionarios en política, candidatos que conservan sus cargos estando en campaña y usando me-dios oficiales de comunicación e inaugurando obras públicas, entre otras.

Debido al fallecimiento del Presidente Hugo Chávez se suspendieron las eleccio-nes municipales previstas para comienzos de 2013. En consecuencia, los comicios muni-cipales se efectuaron el 08.12.2013, para la elección de 2.792 cargos, de los cuales 335 fueron autoridades locales de los municipios del país. El 05.12.2013, el CNE instaló el Programa de acompañamiento Internacional Electoral, con 50 acompañantes internaciona-les, una comisión de 18 representantes de la UNASUR. En la jornada electoral la participa-



ción fue del 58,92%. El PSUV y sus alianzas obtuvieron 242 alcaldías (72.24%) de 335, con 5 millones 277 mil 491 votos. La MUD más sus alianzas obtuvieron 75 alcaldías (22.39%) con 4 millones 423 mil 897 votos. El partido oficial obtuvo la mayoría de votos y alcaldías mientras que la oposición ganó en 6 de las más grandes ciudades, Alcaldía Mayor de Caracas, Maracaibo, Valencia, San Cristóbal y Barqui-simeto, así como las del distrito metropolitano Chacao, Baruta, Sucre y el Hatillo.

Derechos de las personas privadas de libertad

En este periodo se mantuvo el hermetismo oficial sobre los indicadores de la gestión pe-nitenciaria, el escaso acceso a la información oficial y la negación de ingreso a ONG y uni-versidades a los establecimientos penitencia-rios. Además de negar el acceso a la informa-ción, esta situación ha afectado la asistencia humanitaria que la sociedad pueda brindar a las personas privadas de la libertad.

Continuó la tendencia hacia el aumento de la población de personas privadas de libertad y a que la mayoría de ellas sean aún procesa-das. Para el año 2013 existen 52.933 personas privadas de libertad lo que representa un au-mento de 17% con respecto al año 2012. La tasa de encarcelamiento en el país fue de 183 personas privadas de libertad por cada cien mil habitantes. Esto significa, que la tendencia al aumento de personas encarceladas que se viene presentando desde el año 2000 se man-tiene. El 10% de esta población corresponde a mujeres. A nivel nacional se tiene una sobre-población de 36.172 internos, que representa un excedente de 68,34% respecto a los 16.761 cupos que son la capacidad máxima instala-da en los establecimientos penitenciarios. La Tasa de Hacinamiento a nivel nacional es de 216 (aumentó 27,8% con respecto a 2012). El

Índice de ocupación es de un poco más de 3 individuos por cama.

El 61,64% de las personas privadas de li-bertad se encuentran en condición jurídica de procesados, aunque su número disminuyó le-vemente en 2,41% en este periodo gracias a las políticas implementadas. El alto número de procesados es el resultado de la políticas de seguridad ciudadana centradas en el encar-celamiento, el retardo procesal en el sistema de administración de justicia y las reformas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que restringen más la posibilidad de juicios en li-bertad. La última reforma al COPP entró en vigor el 01.01.13.

A 2 años y medio de la creación del Mi-nisterio del Poder Popular para el Servicio Pe-nitenciario (MPPSP) se mantienen los proble-mas de hacinamiento y se incumplen las metas para construir nuevos centros penitenciarios.

Un gran esfuerzo fue el llamado Plan Ca-yapa para atender jurídicamente cada caso de los privados de libertad para acelerar sus procesos penales. Este Plan dio respuestas in-mediatas a muchos privados de libertad pero no ha sido suficiente para resolver de fondo el problema del retardo procesal, a juzgar por la alta cifra de procesados que se mantiene. En el año 2013 este Plan atendió a 51.210 privados de libertad, 26.688 familiares y fueron libe-rados 4.658 internos. Se mantuvo además la inexistencia de una clasificación por condición jurídica en las cárceles y por ello conviven en las mismas áreas procesados y penados.

En la Memoria y Cuenta del año 2012 la ministra Iris Varela prometió que para su ejer-cicio fiscal 2013 se construirán 24 centros para procesados en varios estados del país y la culminación de obras en las Comunidades Penitenciarias de Lara y Carabobo. Al cierre

62

Balance


del año 2013 se había inaugurado solamente la Comunidad Penitenciaria Fénix de Lara con capacidad para 1.400 internos.

En el año 2013 el Plan Cayapa fue am-pliado por parte del MPPSP y además de la atención jurídica, también ofreció atención integral a los privados de libertad incluyendo servicios sociales, de atención médica- odon-tológica, psicológica y psiquiátrica, laboral, de identidad y evaluación de la situación de cada interno para autorizar traslados a otras cárce-les. Pese a estos esfuerzos coyunturales, se trata de derechos que deben ser atendidos de manera permanente para toda la población de los recintos penitenciarios y no puntualmen-te durante operativos especiales. En cuanto al derecho al trabajo, persistieron los progra-mas de creación de empleo a través de la Caja de Trabajo Penitenciario, y mediante el Plan Cambote se dio trabajo a privados de libertad en la reparación y dotación de las prisiones.

Pese a los esfuerzos de ese ministerio, ocurrieron 248 muertes en los establecimien-tos penitenciarios (2,9% más que el año pa-sado). La mayoría de estas muertes (71,9%) se cometieron utilizando armas de fuego evi-denciando el fracaso de los planes de desarme. En relación a los heridos se reseñaron apro-ximadamente 226 casos, que representa una disminución con respecto al año pasado de 46,1%. El 56,9% de las muertes se produjeron en tres cárceles: Uribana, Sabaneta y Tocorón. En enero de 2013 durante hechos violentos en la Cárcel de Uribana del estado Lara falle-cieron 59 internos y 126 resultaron heridos, a causa de violencia entre presos y la toma del control del penal por parte de las autoridades. Al momento de los hechos había 2.498 presos cuando era una cárcel para solo 790 internos. Para diciembre de 2.013, esto hechos aún se encontraban en investigación y a la espera de

justicia para las víctimas.

Durante 2013 aumentaron los casos de muertes por intentos de fugas (de 3 casos a 12) y continuaron las muertes decretadas por los “pranes” (líderes) por violar las normas es-tablecidas por la “subcultura carcelaria”, que muestra la debilidad de un régimen peniten-ciario que proteja a los presos. En este periodo se logró mediante el diálogo y de forma pa-cífica desalojar 3.424 presos hacinados de la Cárcel de Sabaneta y según la Ministra Varela durante el desalojo además se sacaron de allí a 31 hombres, 374 mujeres, 177 niños y 114 niñas.

La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) ofreció el Programa Na-cional de Formación Penitenciaria y graduó a 360 penitenciaristas básicos contratados por el MPPSP. Según la Ministra Varela existe este “nuevo régimen penitenciario” desde noviem-bre de 2.013 en 14 cárceles del país.

Continúa siendo dramática la situación de los detenidos en “centros de detención poli-ciales”, quienes viven hacinados debido al aumento de las detenciones en aplicación de planes de seguridad como “Patria segura”. Este plan está basado en acciones de encarce-lamiento, aunado a una política judicial de no trasladar oportunamente a los detenidos a los centros penitenciarios, so pretexto de que es-tos últimos no tienen capacidad. Dichos cen-tros policiales son lugares de detención pro-visional y se han vuelto permanentes sin tener las condiciones necesarias para ser respetuo-sos de los derechos humanos. En estos centros hubo 46 muertes que representan un 155,6% de aumento con respecto a 2012; el número de heridos pasó de 27 a 149 (451,9%).

Derecho a la seguridad ciudadana



PROVEA considera que existen cuatro factores importantes que han convertido este problema en una preocupación para el país. Primero, la ausencia de políticas públicas preventivas, planificadas y con metas a corto, mediano y largo plazo; segundo, la corrupción policial ya que de acuerdo con los datos ma-nejados por la Comisión para la Reforma Po-licial del año 2006, en el 25% de los delitos cometidos estaban involucrados militares y policías; tercero, la politización y polarización del asunto de inseguridad; y cuarto, la impu-nidad.

La necesaria coordinación que deben tener las autoridades a nivel nacional y regional ha estado afectada por las diferencias políticas y por la falta de recursos suficientes. Mientras que hay una percepción más o menos genera-lizada de que el problema de la inseguridad y violencia lejos de resolverse se agudiza, las au-toridades y funcionarios de gobierno afirman que los planes han dado resultados en el país.

La encuestadora Gallup afirmó que en la región latinoamericana, es Venezuela el país donde los ciudadanos se sienten más inse-guros y temerosos de estar en la calle en la noche. Por su parte, tanto transportistas como comunidades han reaccionado manifestando públicamente ante los permanentes delitos co-metidos en el transporte público. Las políticas públicas, como el Plan Patria Segura, han sido criticadas por espasmódicas y reactivas.

Según la Organización Mundial de la Sa-lud (OMS), un país con más de diez homici-dios por cada 100 mil habitantes sufre una epi-demia. En Venezuela persistió la política del Estado de no brindar información sobre las estadísticas de muertes violentas. El dato más significativo fue dado por el Ministro de inte-rior y justicia, Mayor General Miguel Rodrí-guez Torres, 27.12.2013 quien anunció que el

número de asesinatos en Venezuela había dis-minuido un 17,3% en el año 2013 con respec-to al año anterior y que la tasa de homicidios por 100.000 habitantes había pasado de 54 en el 2012 a 39 en el 2013. Sin embargo, las in-formaciones disponibles atribuidas al Obser-vatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana (OVSC), que es un organismo desconcentrado adscrito al MPPRIJP, divergen de las anuncia-das por el propio ministro.

Dada la ausencia de datos oficiales se rea-lizó un ejercicio de predicción, empleando la mejor técnica estadística que pudiera pronos-ticar la tasa de homicidios con el menor error posible. A tal efecto se prepararon tres series de datos que van desde 1990 hasta Octubre del año 2012, a saber, (1) casos de homicidios co-nocidos por el CICPC, (2) casos conocidos de resistencia a la autoridad, y (3) casos conoci-dos de muertes en averiguación. El resultado para 2013 con base en ese método de pronós-tico es: (1) casos de homicidios: 16.073, con una tasa de 53 x 100.000 habitantes; (2) casos de resistencia a la autoridad: 3.387 con una tasa de 11 x 100.000 habitantes, y (3) casos de muertes en averiguación: 4.672 con una tasa de 16 x 100.000 habitantes. De esta forma concluimos que la tasa de homicidios dismi-nuyó una unidad por cada 100.000 habitantes con respecto al año 2012, la tasa de muertes por resistencia a la autoridad se mantuvo cons-tante y la tasa de muertes en averiguación au-mentó una unidad por 100.000 habitantes en relación al año 2012. Cuando consideramos la tasa de muertes violentas bajo el supuesto de que sólo el 80% de los casos de resistencia a la autoridad y muertes en averiguación terminan en fallecimientos violentos, obtenemos una tasa de 75 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.

Hay que resaltar que la validez de la es-

64

Balance


timación supone que las condiciones pre-valecientes durante los últimos años no han cambiado esencialmente. Los datos podrían entonces ser cuestionados por el lanzamiento de la Gran Misión A Toda Vida y el Plan Patria Segura, que apuntaban a tener resultados en la disminución de la inseguridad. Pero su re-ducido ámbito geográfico de aplicación, y los ajustes que se han venido practicando sobre el Plan, actuaron como moderadores sustancia-les de su efectividad.

Las declaraciones del ministro Miguel Ro-dríguez Torres anunciaban que en el año 2013 se había alcanzado una reducción del secues-tro en 51.7% y una disminución del 17.3% de homicidios como resultado del Plan Patria Segura. La aplicación de este porcentaje sobre el número de homicidios del año 2012 según el CICPC arroja 13.292 homicidios para una tasa de 45 homicidios por 100.000 habitantes, una cifra mayor que la dada por el ministro de 39 por cada 100.000 habitantes. Las contradic-ciones fueron evidentes.

En cuanto a la Misión a Toda Vida Vene-zuela en el año 2012, de 34 medidas estable-cidas en el programa, para el mes de marzo del 2013 se habían desarrollado solo seis, 14 se habían cumplido en menos del 50% y otras quince habían sido ignoradas. El Plan Patria Segura, el plan número 21 desde 1999, co-menzó en mayo en cinco sectores de la Gran Caracas e implicó a la Fuerza Armada Nacio-nal Bolivariana (FANB), Ministerio del Po-der Popular para Relaciones Interior, Justicia y Paz, Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Fiscalía General de la República, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Cri-minalísticas (CICPC), Guardia del Pueblo y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Cuerpos de Policiales Municipales, Estadales y Nacionales.

Incorporar el componente militar en ta-reas de seguridad ciudadana va en contra del proceso de reforma policial implementado desde la CONAREPOL, y que llevó a crear la Policía Nacional Bolivariana, además de que esos efectivos militares no han sido entre-nados para este tipo de labores, si no para el resguardo y defensa de la nación. Este tipo de medidas lo que hacen es intimidar a la pobla-ción y aumentar las denuncias por la violación y vulneración de derechos humanos. Algunas voces estuvieron a favor de la salida a las ca-lles del componente militar, pero advirtieron su carácter transitorio y su insuficiencia si no se tomaban otras medidas integrales.

La Ley para el Control de Armas, Muni-ciones y Desarme aprobada en la Asamblea Nacional, a mediados del 2013, en general recibió cierta aceptación y fue considerada como un paso positivo, si es acompañada con otras medidas para combatir la violencia en Venezuela. Pero a pesar de la aprobación de la ley, el Estado carece de una política de desar-me y de una ruta para ejecutar las decisiones, y por el contrario el gobierno propició e impulsó la creación de las milicias.

Derecho a la vidaDurante el año 2013 se registraron 205 víc-

timas de violación al derecho a la vida con un incremento de 25% en los casos conocidos en 2012. Hubo una disminución de los patrones uso excesivo de la fuerza (16 fallecimientos que refleja en 4,39% de los casos), uso indis-criminado de la fuerza y muerte por negligen-cia que agrupan 5 fallecimientos cada una. Hubo 10 muertes como consecuencia de tortu-ra, tratos o penas crueles, inhumanos o degra-dantes. En el 74,15% de los casos el órgano de seguridad identificado como responsable es un



cuerpo de seguridad dependiente del gobierno central, destacándose la policía de investiga-ción (CICPC) que concentra 53,17% de los casos de violación al derecho a la vida.

La versión oficial esgrimida por el cuerpo de seguridad puedo ser determinada en 131 casos: “enfrentamientos” con 122 víctimas, “no atender la voz de alto” con 6 víctimas, “muerto en el marco de un operativo” con 3 víctimas. De las 205 muertes, se produjeron por herida por arma de fuego (93,33%), por golpes (4,76%) y por asfixia (1,43%). El in-cremento total de víctimas responda funda-mentalmente al aumento de las ejecuciones, y este incremento se concentró entre los meses de abril y agosto de 2013. El 82% del total de víctimas tenían menos de 30 años de edad, y 11,6% eran adolescentes; el 94,14% eran hom-bres jóvenes con edad promedio de 24 años.

Siendo la policía de investigación (CI-CPC) el principal responsable de las viola-ciones al derecho a la vida, resulta importante la labor de las Unidades de Criminalística de la Fiscalía para investigar estos crímenes de manera independiente del CICPC. En cuanto a la Dirección de Derechos Fundamentales de este ente, su la capacidad de incidencia ha sido menor respecto a la demanda: anualmente un fiscal debe conocer de 137 casos en promedio.

En este mismo periodo la Fiscal General, anunció la reapertura de 139 expedientes vin-culados a desapariciones, torturas y masacres ejecutadas por los gobiernos venezolanos en-tre 1958 y 1998. En el mismo dossier, la Fiscal anunció que se pidió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia reabrir 3 ca-sos y se emitieron 12 órdenes de captura con-tra implicados en la masacre de Yumare.

Con el despliegue del componente militar en labores de seguridad ciudadana a partir de abril de 2013, dentro del Plan Patria Segura,

se empezaron a presentar casos de ejecuciones sumarias como la ocurrida cuando el carro de la señora Luimina Pacheco y sus tres hijas fue atacado el 04.07.13 por guardias nacionales resultando muerta ella y una de sus hijas. El gobierno afirmó que los responsables no eran parte del Plan Patria Segura. O el asesinato del motorizado Edwin Moisés Rivero, por parte de un guardia nacional quien le disparó por la espalda con un fusil, generando una manifesta-ción de vecinos repudiando ese crimen. El pre-sunto responsable fue detenido y procesado.

Se destaca para 2013 el incremento im-portante de los casos donde se señala como responsable a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que desde su fundación venía reportan-do bajos niveles de vinculación con este tipo de violaciones. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana también incrementó el número de casos en los que estuvo implicada.

En cuanto al CICPC, el mayor respon-sable de violaciones al derecho a la vida, se destacan casos como el asesinato de tres jó-venes en la Parroquia la Vega en Caracas, el 05.08.13, presentados como muertos durante un enfrentamiento pero que según versiones de familiares, fueron detenidos y luego apare-cieron muertos en la Morgue de Bello Monte (Caracas). Inclusive fuentes gubernamentales se manifestaron preocupadas por el accionar del CICPC.

En el patrón “uso indiscriminado de la fuerza”, se dio la muerte de Javierly Finol, una niña de 4 años de edad, a manos de un funcio-nario de la Policía Municipal de San Francisco de la ciudad de Maracaibo. El funcionario fue imputado penalmente por la Fiscalía.

En el patrón “muertes ocurridas a conse-cuencia de torturas o tratos o penas crueles, in-humanas o degradantes”, se destaca la muerte de Jesús Alexis Pérez Tarazona (21) en Cabru-

66

Balance


ta, estado Guárico, el 31.05 13 como resulta-do de una golpiza que le propinara la Guardia Nacional tras detenerlo. La versión oficial dio cuenta de un cuadro complejo y anterior de pa-ludismo, hepatitis y anemia, como causa de la muerte. Este caso llevó a una fuerte manifes-tación que supuso el incendio de parte del des-tacamento de la GN en la localidad. Otro caso fue la muerte de Frank Enrique Rangel (19) en el estado Monagas, el 14.05.13, detenido por el CICPC y recluido en la Policía del Es-tado en Maturín; la versión oficial fue suicidio por ahorcamiento, pero el cuerpo presentaba politraumatismos. Un caso emblemático fue la muerte de Reny Adolfo Suárez Julio (24) por ingesta de gasolina el 09.07.13 en una acción del Ejército en el estado Táchira contra el con-trabando del combustible.

En el patrón “uso excesivo de la fuerza”, ocurrió la muerte de José Gregorio VELÁS-QUEZ VIZAMÓN el 03.0413, a manos de un funcionario policial de la Policía Municipal de Los Guayos (estado Carabobo). Por el patrón “muertes por negligencia”, se presentó el caso de Kelvin Manuel Sáez Acosta, el 14.03.13, soldado del Cuartel Páez de Maracay, muerto dentro de la instalación militar de un disparo en la cabeza que fue propinado por un compa-ñero de labores.

Para una cuarta parte del total víctimas registradas en 2013, se identifica también al-gún sub patrón (50 víctimas con sub patrones equivalente al 24,3%), es decir, algún contexto que permite explicar con mayor detalle cómo se produjo la violación al derecho a la vida. La mayor parte de estos casos son “abuso de po-der” que reúne 41 fallecimientos, seguida por las “muertes en recinto policial” bajo el cual se contabilizan 6 víctimas y finalmente “muerte bajo custodia” con 3 muertes.

Gestiones ante los organismos

internacionalesVenezuela es parte del Sistema Interame-

ricano de Derechos Humanos (SIDH) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU), muchos de cuyos tratados han sido ratificados por Venezuela y por tanto le generan obliga-ciones internacionales y la obligan a responder a los órganos de control internacionales pre-vistos en esos tratados.

Ante el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos (SUPDH) que de-pende de las Naciones Unidas, pueden ser pre-sentadas quejas individuales ante grupos de trabajo y relatores temáticos por violaciones a los derechos humanos en Venezuela. En este periodo el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, informó sobre tres quejas pen-dientes ante esa instancia y llamó al gobierno a formar a los funcionarios de prisiones para evitar abusos entre la población privada de la libertad. El Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas, informó sobre dos quejas pendientes bajo su competencia y abogó por un ambiente seguro y propicio para el ejercicio de los derechos de asociación y manifestación pacífica. El Re-lator Especial sobre Derechos Indígenas in-formó sobre dos casos bajo su competencia: el del Cacique Sabino en el que pidió mayor celeridad en la investigación criminal y mayor atención al reconocimiento legal de las tierras de los Yucpa; y el caso de la comunidad Yano-mami Irotatheri alertando sobre los impactos de la minería ilegal sobre esa comunidad y manifestando su interés de visitar la zona.

El 23.09.13 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) publicó las Observaciones finales sobre los informes periódicos 19º a 21º de Venezuela. Este me-canismo de supervisión periódica sobre la discriminación racial, saludó los esfuerzos



de inclusión social emprendidos por el Esta-do, pero criticó, entre otras, varias situaciones como: falta de instituciones especializadas en prevenir la discriminación racial, condiciones de la población afrodescendiente, ausencia de información sobre casos judiciales por dis-criminación racial, falta de protección a los pueblos indígenas y de reconocimiento a sus sistemas tradicionales de justicia.

En cuanto a las quejas pendientes ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se presentaron al menos dos quejas nuevas por parte de organizaciones sindicales de trabaja-dores. La OIT emitió el Informe provisional No. 368 en junio 2013, sobre tres quejas de sindicatos de trabajadores por el recurso a la Ley Habilitante para adoptar medidas sin con-sultar a los sindicatos. El Comité de Libertad Sindical emitió el informe No. 370 sobre dos quejas de sindicatos de trabajadores de la sa-lud. Esta misma instancia emitió el informe núm. 370 en relación a una queja del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

Ante el Sistema Interamericano, un retro-ceso histórico fue protagonizado por el Estado venezolano cuando el 10 de septiembre entró en vigor la denuncia de la Convención Ameri-cana sobre los Derechos Humanos, con lo cual no podrán ser llevados ante la Corte Interame-ricana de Derechos Humanos los casos ocu-rridos en Venezuela a partir de esa fecha. Pese a la intensa campaña de ONG, el presidente Maduro no rectificó su posición, y mantuvo la denuncia de la Convención. En adelante, solo se mantendrá la competencia de la Co-misión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues Venezuela continúa siendo parte de la OEA.

Cada año la CIDH presenta su informe anual sobre el año precedente. El informe de 2013 que informa sobre las actividades de

2012 da cuenta de la inclusión de Venezuela en el Capítulo IV, debido a que en Venezuela existen situaciones estructurales o coyuntu-rales que hacen que por diversas razones el país enfrente situaciones que afectan seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales, consagrados en la Convención Americana o en la Declaración Americana.

En 2013la CIDH realizó audiencias sobre Venezuela, en torno a los siguientes tópicos: la situación general de los derechos humanos, la situación del derecho a la libertad de aso-ciación y la situación del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. En el mismo periodo la CIDH remitió a la Corte Interamericana el Caso No. 12.828 Marcel GRANIER y otros (Radio Caracas Televi-sión). La CIDH admitió la Petición 70-08, Pedro César MARCANO, relativo a la sus-pensión y posterior destitución de su cargo como juez en violación a varios artículo de la Convención Americana; también admitió la Petición 670-01, relativo a Gerardo PÁEZ GARCÍA, por la retención ilícita del pago de intereses acumulados sobre prestaciones sociales por parte de la Universidad Pública de Carabobo; y admitió la Petición 212-06, relativo a la defensora de derechos humanos Rocío SAN MIGUEL SOSA y Otras. En este mismo periodo fueron presentadas nuevas quejas ante la CIDH por la violación a la libertad de expresión y garantías judiciales. La misma instancia archivó dos casos sobre Venezuela y publicó una solución amistosa pro el caso Caso 12.473, Jesús Manuel NA-RANJO CÁRDENAS y Otros (Jubilados de la Empresa Venezolana de Aviación- Viasa).

Finalmente, la CIDH constató la falta de voluntad del Estado venezolano para hacer efectivas las medidas provisionales de pro-tección en varios casos pendientes ante esa

68

Balance


instancia que se tradujeron en asesinatos de personas protegidas. Inclusive en un caso la CIDH levanto esas medidas por ser ya ino-cuas a causa del transcurso del tiempo y la falta de avances en las investigaciones.

Organismos nacionales de DDHHPersistió la tendencia del Estado a mante-

ner restringidos los espacios de diálogo y de consenso con las ONG, las y los defensores de DDHH. Solo hubo coincidencia entre ambos sectores en temas puntuales. Los temas de no discriminación en VIH y sexodiversidad fue-ron de los pocos puntos de encuentro, en torno a la necesidad de una Ley para la Promoción y Protección del derecho a la Igualdad de las personas que viven con VIH/SIDA y sus fa-miliares.

El Estado tampoco reconsideró las reco-mendaciones orientadas a la protección de las y los defensores de DDHH, libertad de aso-ciación y participación ciudadana, que fueron rechazadas en el marco del Examen Periódico Universal, presentado ante la ONU en 2011.

El 10.09.13 se hizo efectiva la denuncia de Venezuela a la Convención Americana sobre DDHH. Una acción de ONG logró recoger 12.500 firmas en 5 semanas rechazando este hecho, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia no respondió a una acción popular de nulidad por inconstitucional contra esa deci-sión del gobierno.

Las ONG coordinaron acciones conjuntas para pedir a las autoridades declarar en situa-ción de emergencia el sector de la salud públi-ca y visibilizar las violaciones la libertad de expresión y el derecho a la información. En 2013 fue creado Comité de Familiares de las Víctimas de la Masacre de Uribana, para bus-car verdad y justicia para los presos muertos

en esa cárcel, y la Asociación Civil Fundación Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz), impul-sada por 20 víctimas de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado durante las protestas pacíficas en el contexto postelectoral a los comicios presidenciales del 14.04.13.

También se registraron acciones individua-les o coordinadas de denuncia y defensa del derecho a la salud, del derecho a la informa-ción oportuna que debe garantizar el Estado, del derecho a la justicia y a la seguridad ciu-dadana. En este mismo periodo los defenso-res de derechos humanos fueron reconocidos por su labor al recibir el Premio de Derechos Humanos 2013 por la Embajada de Canadá y contaron con el apoyo de organizaciones inter-nacionales de protección las cuales pidieron al Estado adoptar medidas y también denuncia-ron ante la comunidad internacional la situa-ción de los defensores venezolanos.

En 2013 hubo menos ataques y amena-zas en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país pero se agra-varon las acciones de desprestigio y de hos-tigamiento. El Estado sostuvo un verbo de criminalización y deslegitimación hacia el trabajo de DDHH, por parte de la sociedad ci-vil. Además, hubo amenazas de avanzar en las investigaciones contra las ONG por el finan-ciamiento internacional que reciben. Los prin-cipales responsables de las violaciones contra defensores y defensoras fueron los actores es-tatales quienes en 75% de los casos aparecie-ron como victimarios. La mayoría de ataques vinieron de funcionarios del poder ejecutivo, principalmente a nivel nacional, quienes em-prendieron 10 de los 16 ataques. La mayoría de los ataques ocurrieron en el contexto elec-toral, posterior a los comicios presidenciales del 14.04.13. Las violaciones predominantes fueron las campañas de desprestigio (12); las



acciones de amedrentamiento (4); las amena-zas de muerte (4); la criminalización por la re-cepción de fondos de la cooperación interna-cional (1); detención arbitraria (1); tortura (1); allanamiento a residencia (1); intervención ilegal de las comunicaciones personales (1), y limitación de medidas de protección interna-cionales (1).

En este periodo fue cerrado el proceso ju-dicial contra Provea y la Sociedad Homo et Natura por apoyar y convocar a la solidari-dad en una protesta de la comunidad indígena Yukpa, en 2010. Aunque cesó la acción de la justicia, quedó el precedente de persecución judicial a la labor de estas dos organizacio-nes. De otra parte, Lusbi Portillo, representan-te de la Sociedad Homo et Natura denunció que había recibido amenazas de muerte por apoyar a la comunidad indígena Yukpa. Tam-bién fueron amenazas de muerte Rocío San Miguel, presidenta del Control Ciudadano, y Marianella Salazar, coordinadora jurídica del Observatorio Venezolano de Prisiones. En el contexto postelectoral Provea fue acusada por “instigación al odio” y de ser “retaguardia del fascismo”, por parte del entonces ministro de Comunicación e Información, Ernesto Ville-gas. Una campaña desde medios de comuni-cación del Estado se mantuvo durante varios días contra Provea recurriendo inclusive a mensajes en cadena nacional, retomando de-claraciones de la Defensora del Pueblo contra esta ONG. El defensor de derechos humanos Humberto Prado, director del OVP, fue acusa-

do por la ministra de prisiones, de promover acciones de protesta en centros carcelario para crear conflicto y desestabilizar al país.

El 19.03.13, el activista de la Fundación para lasGarantías, Prevención y Defensa de la violación de los Derechos Humanos (Funga-phehca), Luis Rafael Escobar Ugas, fue pri-vado de libertad sin orden judicial, por fun-cionarios de la Policía de Barcelona, cuando participaba en una protesta pacífica en exigen-cia del derecho a una vivienda digna. Durante su cautiverio fue sometido a torturas y ha rea-lizado huelgas de hambre para denunciar las irregularidades en el proceso en su contra.

El 03.03.13, fue asesinado, al parecer por sicarios, Sabino Romero, cacique de la comu-nidad Yukpa del estado Zulia, y defensor de los derechos de los pueblos indígenas.. Romero había recibido varias amenazas de muerte. El 15.05.13, fue asesinado Roniel David Barrios Alzul, de 17 años, en el pueblo de Guanayén, en el estado Aragua. El joven formaba parte de la familia Barrios de la cual han asesina-do a 10 integrantes entre 1998 y 2009, varios de los casos se han considerado ejecuciones extrajudiciales, violación al derecho a la vida y aún continúan impunes. La víctima contaba con medidas provisionales de protección de la Corte IDH y era hijo de Luis Alberto Ba-rrios, también asesinado, y sobrino de Eloísa Barrios, quien se ha encargado de defender los DDHH de su familia.

70

Balance


Documents

Balance de la situación de derechos humanos - PROVEA · Superior para la Defensa de la Economía para ... oficial de que el 96 % de los venezolanos gozan ... a gran escala actividades