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“ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE” PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES
ATRAPADAS EN LA ESPIRAL DE ABUSOS DE LIBIA
*** RESUMEN / CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ***
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millones de personas que trabajan en favor del respeto y la
protección de los derechos humanos.
Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las
personas disfrutan de todos los derechos humanos
proclamados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en otras normas internacionales.
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Foto de portada: Cadáveres de cinco personas refugiadas y
migrantes recuperados en el mar después de que su embarcación se
hundiera frente a la costa de la ciudad libia de Al Jums el 27 de
agosto de 2019. Los sobrevivientes fueron devueltos a Libia por la
Guardia Costera libia, donde quedaron detenidos indefinidamente y
de forma arbitraria. © MAHMUD TURKIA/AFP vía Getty Images
Publicado por primera vez en 2020 por Amnesty International Ltd.
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Índice: MDE 19/3084/2020 Spanish Idioma original: Inglés
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ATRAPADAS EN LA ESPIRAL DE ABUSOS DE LIBIA
Amnistía Internacional 3
1. RESUMEN
“Una noche, a las tres de la madrugada, entraron en nuestra casa
unos criminales. Golpearon a mi esposa. Yo luché. Me apuñalaron en
una pierna y dijeron: ‘Si te mueves, le pegamos un tiro’. Nos
secuestraron y nos llevaron a un hangar a las afueras de Trípoli.
Pedían 20.000 dólares [estadounidenses] por persona. En el hangar
había 16 o 17 personas, de Somalia, Eritrea y Etiopía. Estuvimos
allí unos 15 días [...]. Golpean a la gente. Cuando llegas, te
desnudan, golpean a los hombres y violan a las mujeres. A las dos
semanas, corrí el riesgo y escapé”. “Ahmed”, que soportó una larga
sucesión de abusos contra los derechos humanos en Libia, donde
vivió entre 2017 y 2019, tras haber salido, siendo todavía un niño,
de Somalia, huyendo del grupo armado Al Shabab.
En Libia, las personas refugiadas y migrantes están atrapadas en
una espiral de graves abusos y violaciones de derechos humanos
–como reclusión arbitraria por tiempo prolongado y otras formas de
privación de libertad, tortura y otros malos tratos, homicidios
ilegítimos, violación y violencia sexual, trabajo forzoso y
explotación– cometidos por agentes estatales y no estatales en un
clima de casi total impunidad.
Estos hechos no son nuevos. Personas refugiadas y migrantes,
activistas y defensores y defensoras libios de los derechos
humanos, periodistas, órganos de la ONU y organizaciones
humanitarias y de derechos humanos llevan años haciendo sonar la
alarma sobre las terribles condiciones que las personas refugiadas
y migrantes son obligadas a soportar en Libia. Investigaciones
anteriores de Amnistía Internacional han puesto constantemente de
manifiesto la terrible variedad de abusos y violaciones de derechos
humanos que se han venido cometiendo contra las personas refugiadas
y migrantes en Libia en los últimos diez años.
El catálogo de crueldades perpetradas contra ellas persiste, y a
su sufrimiento se han sumado las restricciones a la movilidad
impuestas desde mayo de 2020 para contener la propagación de la
COVID-19, que dejan a miles de hombres, mujeres, niños y niñas
abandonados indefinidamente a su suerte en situaciones de horror
inimaginables.
Para investigar la situación en que se encuentran las personas
refugiadas y migrantes en Libia, Amnistía Internacional realizó
exhaustivas entrevistas a 43 personas; examinó documentos
oficiales, declaraciones y publicaciones de redes sociales
gestionadas por instituciones libias, e informes y datos publicados
por órganos de la ONU y organizaciones nacionales e
internacionales, y analizó y verificó material audiovisual,
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ATRAPADAS EN LA ESPIRAL DE ABUSOS DE LIBIA
Amnistía Internacional 4
como vídeos, fotografías e imágenes de satélite. El equipo de
investigación de Amnistía Internacional no solicitó visitar Libia
para llevar a cabo la investigación en que está basado este informe
debido a las restricciones a la movilidad impuestas como
consecuencia de la COVID-19, por lo que realizó fundamentalmente
entrevistas a distancia entre mayo y septiembre de 2020. De estas
entrevistas, 32 fueron con personas refugiadas y migrantes que
habían vivido en Libia o que continuaban allí en el momento de
redactar el informe, seleccionadas para ello porque estaban
dispuestas a contar su experiencia. El equipo entrevistó también a
11 personas más que tenían conocimiento directo de la situación de
las personas refugiadas y migrantes en Libia o acceso a centros de
detención; entre ellas había personal de organizaciones de derechos
humanos y humanitarias, activistas de la sociedad civil local y
periodistas. Las conclusiones de la organización están también
basadas en su labor de seguimiento y documentación a largo plazo de
la situación de las personas refugiadas y migrantes en Libia. Las
conclusiones y recomendaciones se enviaron a Fathi Baghasha,
ministro del Interior del Gobierno de Acuerdo Nacional, y a la
Misión Permanente de Libia en Ginebra. En el momento de la
publicación del informe no se había recibido aún ninguna
respuesta.
La terrible situación de las personas refugiadas y migrantes en
Libia se da en un contexto de conflicto armado persistente,
inseguridad y desgobierno. La lucha por la legitimidad, el gobierno
y el control territorial se libra entre el Gobierno de Acuerdo
Nacional, respaldado por la ONU y que controla la mayor parte del
oeste de Libia, y el autoproclamado Ejército Nacional Libio, que
tiene el control de la mayor parte del este del país. Ambos bandos
están apoyados por una enorme variedad de milicias o grupos
armados, así como potencias extranjeras.
A pesar de ello, la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros
continúan aplicando políticas que mantienen atrapadas en Libia a
las personas migrantes y refugiadas. En particular, con el fin de
reducir el número de llegadas irregulares por mar a Europa, en los
últimos años Italia y otros Estados miembros han suministrado
lanchas motoras, formación y otras formas de asistencia al Gobierno
de Acuerdo Nacional para que la Guardia Costera Libia y la
Administración General de Seguridad Costera puedan interceptar a
las personas refugiadas y migrantes en el mar y desembarcarlas
luego en Libia. Este apoyo no ha estado jamás condicionado a que el
Gobierno de Acuerdo Nacional adopte medidas para garantizar el
respeto de los derechos de las personas refugiadas y migrantes; de
hecho, ha sido causa de la detención arbitraria y por tiempo
indefinido de miles de hombres, mujeres, niños y niñas en Libia
tras haber sido interceptados en el mar.
Entre enero y mediados de septiembre de 2020, la Guardia Costera
Libia ha desembarcado al menos a 8.435 personas en Libia, según la
Organización Internacional para las Migraciones. Muchas han sido
entregadas al Departamento de Lucha contra la Migración Irregular,
dependiente del Ministerio del Interior, donde han sido sometidas a
detención arbitraria y por tiempo indefinido en condiciones
inhumanas. Miles de personas más permanecen sometidas a
desaparición forzada, tras haber sido trasladadas a centros de
detención no oficiales, entre los que figuran uno de Trípoli
conocido como la Fábrica de Tabaco (por el uso que se le daba
anteriormente) y controlado por la Agencia de Seguridad Pública,
milicia afín al Gobierno de Acuerdo Nacional y que está bajo el
mando de Emad al Tarabulsi; varios “centros de recopilación de
datos e investigaciones” de Trípoli y Zuara bajo el control nominal
del Ministerio del Interior, y otros lugares no revelados. Muchas
otras han sido víctimas de desaparición forzada después de que las
sacaran de centros detención del Departamento de Lucha contra la
Migración Irregular, donde habían sido recluidas inicialmente tras
su desembarco.
En Libia, las personas refugiadas y migrantes están expuestas
constantemente a ser detenidas o secuestradas por agentes de las
fuerzas de seguridad, miembros de milicias o grupos armados,
traficantes, bandas delictivas u otras entidades con actividades
ilegales. Las 32 personas refugiadas y migrantes entrevistadas para
la elaboración de este informe habían sido detenidas o secuestradas
al menos una vez durante su estancia en Libia, y muchas estuvieron
bastante tiempo recluidas en diversos centros de detención. Ninguna
de las detenciones documentadas por Amnistía Internacional estaba
basada en decisiones judiciales, y las personas detenidas,
especialmente tras su desembarco, no tuvieron posibilidad de
impugnar la legalidad de su detención. Las 32 personas refugiadas y
migrantes entrevistadas para este informe habían sido detenidas al
menos una vez para pedir rescate por ellas, y habían sufrido
tortura, violación o hambre hasta que sus familias pagaron las
sumas pedidas.
“Dawit”, refugiado que había escapado de reclutamiento forzado y
por tiempo indefinido en su país de origen y que había intentado
llegar a Europa tras sufrir toda clase de abusos en Libia desde
2017, contó así el terrible sufrimiento de haber sido capturado por
una milicia afín al Gobierno de Acuerdo Nacional en julio de
2020:
Durante 15 días, nos golpearon con barras de hierro, con
mangueras, con todo lo que tenían a mano. Nos pidieron que
pagásemos 6.000 dinares libios [alrededor de 4.300 dólares
estadounidenses al cambio oficial, o 950 al cambio del mercado] por
persona, ya fuera adulta o bebé.
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Amnistía Internacional 5
Las personas entrevistadas por Amnistía Internacional que habían
estado recluidas en centros de detención del Departamento de Lucha
contra la Migración Irregular en el oeste de Libia habían pasado
entre 15 días y casi tres años privadas de libertad. La duración de
su detención dependía por lo general de su capacidad para pagar el
rescate o para escapar.
Amnistía Internacional determinó que los funcionarios, los
miembros de las milicias o los grupos armados y los traficantes
sometían sistemáticamente a las personas refugiadas y migrantes a
condiciones inhumanas de reclusión, tortura y otros malos tratos,
trabajo forzoso y otros actos de violencia. Se documentaron este
tipo de delitos en centros de detención y prisiones del
Departamento de Lucha contra la Migración Irregular, dependientes
nominalmente de los ministerios de Justicia o Interior, y en
centros no oficiales controlados por milicias o grupos armados o
establecidos por traficantes. Entre los métodos de tortura
mencionados más frecuentemente figuraban las palizas con tubos,
mangueras y barras y la administración de descargas eléctricas. Las
mujeres y las niñas corrían además riesgo de sufrir explotación y
violencia sexuales. Los perpetradores, incluidos los funcionarios
del Departamento de Lucha contra la Migración Irregular, torturaban
o sometían a malos tratos a las personas bajo su custodia para
castigarlas y humillarlas o para pedir rescate por ellas. Las
personas que habían estado detenidas dijeron a Amnistía
Internacional que los guardias del Departamento de Lucha contra la
Migración Irregular las golpeaban por quejarse de sus condiciones,
por “contestarles” o, a veces, sin ningún motivo aparente en
absoluto.
“Ikenna”, que había huido de la violencia en Nigeria, contó a
Amnistía Internacional que los guardias de un centro del
Departamento de Lucha contra la Migración Irregular le rompieron la
pierna en marzo de 2020 “sólo por correr”.
Las personas migrantes y refugiadas explicaron también a
Amnistía que padecían una falta crónica de alimentos tanto en los
centros de detención del Departamento de Lucha contra la Migración
Irregular como en otros lugares de cautiverio.
“Zahra”, refugiada que contaba que había escapado del trabajo
forzoso y la violencia en su país de origen y había llegado a Libia
en 2018, dijo a Amnistía Internacional:
En Bani Walid, me golpearon, me dejaron sin comer ni beber con
tanta frecuencia que no podía caminar y tenía problemas de riñón.
Estuve allí cinco meses. Caí enferma.
Amnistía Internacional recibió informes sobre múltiples muertes
bajo custodia en centros de detención del Departamento de Lucha
contra la Migración Irregular, y otros lugares de cautividad, en un
contexto de falta de medidas de las autoridades para investigar las
circunstancias y las causas de las muertes y poner a los
responsables a disposición de la justicia.
Siete personas refugiadas y migrantes que habían estado
recluidas entre 2017 y 2020 en centros de detención del
Departamento de Lucha contra la Migración Irregular contaron a
Amnistía Internacional que habían visto morir bajo custodia a
varios amigos y amigas, familiares y otras personas detenidas. Ocho
de las personas refugiadas y migrantes entrevistadas por Amnistía
Internacional dijeron que habían presenciado una o numerosas
muertes estando bajo custodia de traficantes entre 2017 y 2020.
Citaron la violencia con arma de fuego, la tortura, el hambre, la
negación de atención médica y las malas condiciones en general de
reclusión como causas de las muertes.
Un crimen particularmente atroz fue el cometido el 27 de mayo de
2020 en la ciudad de Mazda, situada 180 kilómetros al sur de la
capital, Trípoli, donde los traficantes dispararon contra un grupo
de alrededor de 200 personas, de las que 30 murieron y otras 11
resultaron heridas. En otro incidente documentado por Amnistía
Internacional y ocurrido en julio de 2020, las fuerzas de seguridad
de la ciudad de Al Jums, situada 100 kilómetros al este de Trípoli,
abrieron fuego contra personas refugiadas y migrantes desarmadas
que intentaban huir de su lugar de detención y tres de ellas
murieron y otras dos resultaron heridas.
Las personas refugiadas y migrantes detenidas en el este de
Libia corren además riesgo de devolución a países vecinos sin el
debido proceso ni la posibilidad de solicitar protección
internacional; de hecho, en 2020 han sido expulsadas colectivamente
en las fronteras terrestres al menos 5.065 personas. A algunas las
han dejado abandonas en las fronteras con Sudán y Chad sin comida
ni agua.
Incluso cuando quedan en libertad, las personas refugiadas y
migrantes están también expuestas a sufrir abusos y explotación
sistémicos a manos de grupos armados y milicias o de otras
entidades con actividades delictivas. No pueden buscar protección
contra la explotación a que son sometidas por entidades empleadoras
sin escrúpulos, que a menudo se niegan a pagarles sus salarios o
les pagan menos de lo prometido. Y si se los pagan, se exponen a
que hombres armados les roben en la calle o en sus hogares. Viven
bajo la amenaza constante de ser obligadas a trabajar, sobre todo
en la limpieza o la construcción, para milicias y grupos armados a
cambio de muy poco dinero o sin cobrar nada en absoluto.
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Las mujeres y las niñas, en particular, están expuestas a sufrir
violencia sexual a manos de bandas, grupos armados, y hasta
particulares, incluso en sus lugares de trabajo.
“Zahra” contó a Amnistía Internacional:
Las mujeres trabajan de empleadas domésticas, pero suelen dejar
el trabajo a los pocos días debido al acoso sexual y la violación.
Tienen miedo de trabajar en casas libias.
El impacto económico de la COVID-19 ha asestado un duro golpe a
los medios de sustento de las personas refugiadas y migrantes y a
su acceso al trabajo. Incluso antes de la pandemia, muchas personas
refugiadas y migrantes tenían acceso limitado o nulo a una vivienda
o a atención de la salud adecuadas. A pesar de su situación de
vulnerabilidad, las autoridades libias y las que controlan de facto
territorios han hecho pocos esfuerzos por garantizar su acceso a
información y servicios de salud desde la propagación de la
COVID-19 en Libia. Al desempeñar el Estado una función limitada en
la prestación de servicios esenciales, las personas refugiadas y
migrantes se ven obligadas a depender de la ayuda de comunidades de
la diáspora o de organizaciones humanitarias.
También caen atrapadas en hostilidades armadas. Amnistía
Internacional ha documentado casos de combatientes de ambas partes
del conflicto que obligaban a personas refugiadas y migrantes a
prestar apoyo a operaciones militares con labores como portar armas
o limpiar bases militares. “Tony”, trabajador migrante de Níger,
contó a Amnistía Internacional que había sido obligado a portar
armas y material capturados por fuerzas afines al Gobierno de
Acuerdo Nacional en Tarhuna cuando tomaron el control de la ciudad
el 5 de junio de 2020.
La organización examinó y verificó también numerosos vídeos que
han circulado en Internet en 2020 y que muestran a combatientes de
ambas partes en el conflicto haciendo desfilar, humillando,
golpeando, insultando y profiriendo improperios racistas contra
ciudadanos y ciudadanas extranjeros capturados, a los que acusan de
participar en los combates en favor de sus rivales. En un vídeo que
circuló en Internet en mayo de 2020, dos combatientes que dicen
formar parte de la Brigada 646 del Ejército Nacional Libio golpean
e insultan a un hombre negro capturado, al que han atado.
Los abusos y violaciones de derechos humanos contra personas
refugiadas y migrantes se comenten en un contexto de racismo y
xenofobia generalizados. Funcionarios, miembros de milicias y
grupos armados y particulares utilizan a menudo un lenguaje racista
y despectivo para referirse a las personas negras. Se culpa a los
ciudadanos y ciudadanas extranjeros, en particular a los del África
subsahariana, del aumento de la delincuencia y de la propagación de
enfermedades, incluida la COVID-19, sin que las autoridades libias
hagan nada para abordar la intolerancia y los abusos. Entre quienes
utilizan públicamente expresiones con connotaciones racistas
figuran altos cargos. En una declaración de diciembre de 2018, el
actual ministro del Interior del Gobierno de Acuerdo Nacional,
Fathi Bashagha, describió a tres personas que habían atacado en
Trípoli el Ministerio de Asuntos Exteriores como gente de “piel
africana”. Cuarenta y cinco ONG libias condenaron el comentario por
considerarlo racista y discriminatorio.
Amnistía Internacional ha determinado que los funcionarios
libios, los miembros de los grupos armados y las milicias, los
traficantes y las bandas delictivas cometen homicidios ilegítimos,
tortura, violaciones y explotación de personas refugiadas y
migrantes sin temor a sufrir ninguna consecuencia. Muchos de estos
terribles delitos se cometen a la vista pública, a veces a plena
luz del día, lo que pone de manifiesto la flagrante falta de
respeto por la vida, el bienestar y la dignidad de las personas
refugiadas y migrantes en Libia. A pesar de las promesas periódicas
de las autoridades libias de abordarlos, la mayoría de estos
crímenes no se investigan ni castigan.
El clima de impunidad imperante en Libia ha quedado claramente
patente a raíz de haberse informado de que dos hombres sobre los
que pesan órdenes de detención de la fiscalía libia y que figuran
en la lista de sanciones de la ONU por su presunta participación en
trata de seres humanos mantienen todavía vínculos oficiales con el
Gobierno de Acuerdo Nacional. Ahmad al Dabbashi, conocido también
como “Al Amou”, fue visto en abril de 2020 cuando combatía junto a
las fuerzas del Gobierno de Acuerdo Nacional, mientras que
Abdelrahman Milad, conocido también como “Al Bidja”, era comandante
de la Guardia Costera Libia en la refinería de petróleo de Al
Zauiya en el momento de redactar el presente informe.
Las personas refugiadas y migrantes no se dirigen a la policía o
las fiscalías para presentar denuncias o pedir protección porque
temen ser detenidas, recluidas, deportadas o sometidas a
represalias por los perpetradores de los abusos que han
sufrido.
“Ahmed” dijo a Amnistía Internacional en julio de 2020 que
acudir a la policía era impensable:
Si voy a la comisaría [de policía], me dicen que les enseñe el
pasaporte. Si no tengo pasaporte, me dicen que soy inmigrante
ilegal y que me van a llevar a un centro de detención [...] Si vas
a denunciar a alguien a la
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policía, es posible que un primo o un hermano suyo esté en un
grupo armado, así que temes por tu vida y no puedes acudir a la
justicia.
Todas las personas refugiadas y migrantes entrevistadas por
Amnistía Internacional para la elaboración de este informe habían
sufrido tremendos abusos y violaciones de derechos humanos durante
su viaje y su estancia en Libia. Los cierres temporales de
fronteras y las restricciones a la circulación impuestos tras el
brote de COVID-19 han limitado aún más las posibilidades de
encontrar una forma segura de salir de Libia, dada la suspensión
temporal de los programas de reasentamiento y repatriación de los
organismos de la ONU. Pero incluso antes de la imposición de las
restricciones a la circulación como consecuencia de la COVID-19,
los programas de evacuación y reasentamiento existentes eran
completamente insuficientes para proporcional vías legales y
seguras de salida de Libia a las decenas de miles de mujeres,
niñas, hombres y niños atrapados allí en terribles condiciones.
Desde 2017, sólo se han beneficiado de tales programas 5.709
personas en situación de vulnerabilidad. Este estado de cosas
supone en la práctica que las personas refugiadas y migrantes en
situación desesperada tienen pocas formas realistas de salir de
Libia aparte de arriesgarse a cruzar el Mediterráneo central, vía
que sigue estando llena de peligros. Una persona refugiada que
llevaba cuatro años en Libia dijo Amnistía en agosto de 2020:
En este preciso momento hay personas refugiadas dispuestas a
cruzar el mar [No hay] evacuaciones ni reasentamientos […] Los
refugiados en Libia corren peligro. [Estamos] entre la vida y la
muerte.
Debido a la intensificación del control de las fronteras,
fomentada y apoyada por los Estados miembros y las instituciones de
la UE, el número total de personas que cruzan el mar desde Libia se
ha reducido enormemente desde mediados de 2017, lo que ha provocado
también un descenso del número absoluto de ahogamientos
documentados, habiéndose registrado 562 en 2020, hasta mediados de
septiembre. Sin embargo, la retirada de los recursos europeos
destinados a salvamento dio lugar a un aumento del índice de
muertes en 2018 y 2019, y agravó el riesgo de que se produzcan
“naufragios invisibles” sin que se tenga noticia de ellos.
El 17 de agosto de 2020, al menos 45 personas refugiadas y
migrantes, entre ellas 5 menores de edad, murieron en varios
naufragios ocurridos frente a la costa de Zuara, localidad situada
100 kilómetros al oeste de Trípoli. Supervivientes de uno de esos
incidentes dijeron que unos hombres armados habían disparado contra
su embarcación, donde viajaban más de 80 personas refugiadas y
migrantes, por lo que el motor se prendió fuego y la embarcación
zozobró. Algunas de esas personas se ahogaron, y otras sufrieron
quemaduras. Los amigos de un refugiado que murió en un naufragio el
17 de agosto de 2020 explicaron que, antes de emprender el viaje,
había escrito en su página de Facebook:
Escaparemos de la patria. Correremos con energía hacia el
exilio, pero el distanciamiento también es cruel e insoportable. Al
final absorverá el néctar de nuestra vida.
Las personas refugiadas y migrantes que vivían todavía en Libia
cuando Amnistía Internacional las entrevistó entre mayo y agosto de
2020 dijeron que, a pesar de poner su vida en peligro, habían
intentado múltiples veces cruzar el Mediterráneo en frágiles
embarcaciones, debido a los terribles abusos y violaciones de
derechos humanos que sufrían en el país y a la falta de rutas
alternativas más seguras para salir de él. En todas las ocasiones,
habían sido interceptadas por la Guardia Costera Libia y devueltas
al litoral libio para enfrentarse una vez más a la misma espiral de
abusos.
Para acabar con la espiral de abusos, las autoridades libias
deben poner fin a la detención arbitraria y la reclusión por tiempo
indefinido de personas refugiadas y migrantes sin más razón que su
condición migratoria, cerrar los centros de detención para personas
migrantes y hacer rendir cuentas a los responsables de los
horribles crímenes cometidos cualesquiera que sean su rango o
afiliación. Se debe garantizar a las personas refugiadas y
migrantes el acceso sin discriminación a servicios de salud
adecuados, especialmente durante la actual pandemia. Las partes en
el conflicto deben protegerlas de la tortura y otros malos tratos,
la privación ilícita de libertad y otras violaciones del derecho
internacional humanitario.
La UE y sus Estados miembros deben responder a los llamamientos
que han hecho Amnistía y otras entidades para se replanteen
totalmente su cooperación con Libia en materia de migración y se
centren en proteger los derechos humanos en vez de seguir aplicando
políticas que dan lugar a la retención de personas en condiciones
abusivas. Deben abrir rutas legales y seguras a Europa, con medidas
como ofrecer un número significativo de plazas de reasentamiento y
vías alternativas para obtener protección internacional. Deben
también garantizar que las personas refugiadas y migrantes
rescatadas en el mar, incluidas las interceptadas por la Guardia
Costera Libia o las que se encuentren en la zona libia de búsqueda
y salvamento, son desembarcadas en un lugar seguro, que esté en
Libia, y cooperar con las autoridades libias en la determinación
con prontitud de lugares seguros adecuados.
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8 “ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE” PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES
ATRAPADAS EN LA ESPIRAL DE ABUSOS DE LIBIA
Amnistía Internacional
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Personas refugiadas y migrantes con una pancarta durante la
visita del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio
Guterres, al centro de detención de inmigrantes Ain Zara en Trípoli
el 4 de abril de 2019. © MAHMUD TURKIA/AFP via Getty Images.
“En este preciso momento hay personas refugiadas dispuestas a
cruzar el mar [No hay] evacuaciones ni reasentamientos […] Los
refugiados en Libia corren peligro. [Estamos] entre la vida y la
muerte”. Persona refugiada que describió a Amnistía Internacional
la precaria situación de las personas refugiadas y migrantes en
Libia, agosto de 2020.
Libia sigue siendo un país no seguro para las personas
refugiadas y migrantes, donde su vida, libertad y seguridad física
corren peligro. Las vulnerabilidades de las personas refugiadas y
migrantes se ven agravadas por el actual conflicto, el
quebrantamiento del Estado de derecho y la incapacidad y la falta
de disposición de las autoridades para abordar los persistentes
patrones de abusos contra los ciudadanos y ciudadanas extranjeros.
Dados los horrores que sufren las personas migrantes y refugiadas
en Libia, las rescatadas o interceptadas en el Mediterráneo central
no deben ser devueltas a Libia, sino desembarcadas en un lugar
seguro. Esta valoración de la situación coincide con la posición
más reciente de ACNUR sobre los retornos a Libia, emitida en
septiembre de 2020, a saber:
Teniendo en cuenta la inestable situación existente en general
en materia de seguridad y los riesgos particulares que corren en
materia de protección los ciudadanos y ciudadanas extranjeros (que
incluyen detención arbitraria y reclusión ilícita en condiciones
precarias en centros de detención administrados
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9 “ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE” PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES
ATRAPADAS EN LA ESPIRAL DE ABUSOS DE LIBIA
Amnistía Internacional
por el Estado y denuncias de graves abusos y violaciones de
derechos humanos contra personas solicitantes de asilo, refugiadas
y migrantes a manos de, entre otros, milicias, traficantes de
personas y pasadores de fronteras), ACNUR no cree que Libia cumpla
los criterios necesarios para ser designada un lugar seguro a
efectos de desembarco tras el salvamento en el mar.1
A pesar de que la difícil situación de las personas refugiadas y
migrantes en Libia está perfectamente documentada, los Estados
miembros y las instituciones de la UE continúan ofreciendo su apoyo
al gobierno libio, sin haberlo condicionado nunca a que las
autoridades libias adopten las medidas necesarias para garantizar
el respeto de los derechos de las personas refugiadas y migrantes
desembarcadas en Libia. La cooperación internacional debe centrarse
en los abusos y violaciones de derechos humanos que sufren las
personas refugiadas y migrantes atrapadas en el país, en vez de en
la continuación políticas que dan lugar a la retención de personas
en una situación abusiva.
Amnistía Internacional formula las recomendaciones siguientes
a:
TODAS LAS AUTORIDADES LIBIAS Y LOS GRUPOS CON EL CONTROL DE
FACTO DE TERRITORIOS
Localizar, registrar y dejar en libertad a los ciudadanos y
ciudadanas extranjeros recluidos en centros de detención y
prisiones ordinarias del Departamento de Lucha contra la Migración
Irregular o mantenidos en cautividad por milicias, grupos armados y
bandas delictivas, y garantizarles la debida asistencia y acceso a
sus derechos, incluida la capacidad de solicitar protección
internacional en otros países.
Despenalizar la entrada, estancia y salida irregulares y poner
fin a la política y la práctica de la detención obligatoria de las
personas refugiadas y migrantes que se considere que están en
situación irregular. Reformar la Ley núm. 19 de 2010 sobre la Lucha
contra la Migración Irregular y la Ley núm. 6 de 1987 para que la
entrada, estancia y salida irregulares sean sólo una infracción
administrativa. Poner fin a la detención y reclusión arbitrarias de
ciudadanos y ciudadanas extranjeros sin más razón que su condición
migratoria y cerrar todos los centros de detención para
inmigrantes, incluidos los administrados por el Departamento de
Lucha contra la Migración Irregular.
Mientras se pone en libertad a todas las personas detenidas
arbitrariamente y se cierran los centros de detención para
inmigrantes, garantizar que se proporciona a todas ellas
alimentación adecuada y acceso a servicios de salud y que están
protegidas contra la tortura y otros malos tratos, la violencia
sexual y la explotación y el trabajo forzoso. Las mujeres deben ser
recluidas en centros con personal femenino debidamente capacitado,
y los niños y las niñas deben estar separados de las personas
adultas con las que no tengan ninguna relación.
Permitir el acceso sin restricciones de las agencias
humanitarias a todos los lugares donde se recluya o desembarque a
personas refugiadas y migrantes. Revelar la suerte y el parado de
las personas refugiadas y migrantes sometidas a desaparición
forzada tras su desembarco o su traslado desde centros oficiales de
detención del Departamento de Lucha contra la Migración
Irregular.
Garantizar que toda persona rescatada en el mar, incluidas las
rescatadas en la zona libia de búsqueda y salvamento o por la
Guardia Costera Libia, es desembarcada en un lugar seguro, que no
sea Libia.
Iniciar investigaciones independientes e imparciales sobre todas
las denuncias de tortura y otros malos tratos, violación y otras
formas de violencia sexual, homicidio ilegítimo, desaparición
forzada, trabajo forzoso y explotación y otras violaciones de
derechos humanos y crímenes cometidos contra personas refugiadas y
migrantes dentro o fuera del contexto de la detención, con
independencia de que los presuntos responsables sean agentes
estatales, miembros de milicias o grupos armados, traficantes u
otros sujetos, con miras a poner los responsables a disposición de
la justicia para que sean sometidos a juicios justos.
1 ACNUR, UNHCR Position on the Designations of Libya as a Safe
Third Country and as a Place of Safety for the Purpose of
Disembarkation Following Rescue at Sea, septiembre de 2020,
www.refworld.org/docid/5f1edee24.html (consultado el 15 de
septiembre de 2020; traducción de Amnistía Internacional).
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10 “ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE” PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES
ATRAPADAS EN LA ESPIRAL DE ABUSOS DE LIBIA
Amnistía Internacional
Permitir que los ciudadanos y ciudadanas extranjeros presenten
denuncias en la policía y las fiscalías sin temor a ser detenidos,
recluidos o deportados debido a su condición migratoria.
Garantizar el respeto estricto del principio de no devolución y
garantizar que toda persona que vaya a ser deportada tiene acceso
al debido proceso, asistencia letrada y derecho a impugnar su
expulsión ante las autoridades judiciales.
Tomar medidas para combatir el racismo y la xenofobia. Realizar
campañas de sensibilización. Abordar el uso de expresiones racistas
por las autoridades, incluso por medio de medidas disciplinarias y
penales. Integrar programas contra el racismo en la capacitación de
funcionarios de organismos como el Departamento de Lucha contra la
Migración Irregular y la Guardia Costera Libia. Garantizar que las
personas que sufren ataques racistas pueden denunciarlos libremente
antes las autoridades con independencia de su condición
migratoria.
Ordenar a los grupos armados y milicias afines que no sometan a
las personas refugiadas y migrantes a trabajo forzoso, ni siquiera
para apoyar operaciones militares, y que pongan fin de inmediato a
la privación ilícita de libertad y la tortura y otros malos tratos
de migrantes y hagan rendir cuentas a los responsables.
Poner fin al apoyo a milicias responsables de violaciones de
derechos humanos y garantizar que ninguna milicia ni grupo armado
se integra en las instituciones del Estado sin verificar los
antecedentes de aquellas de las que haya razones para creer que han
cometido violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho
internacional.
Tomar medidas para garantizar que las personas refugiadas y
migrantes pueden acceder en Libia a atención adecuada de la salud,
incluidos servicios de urgencia, con independencia de su condición
migratoria.
EL GOBIERNO DE ACUERDO NACIONAL DE LIBIA
Firmar y ratificar la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951 y su Protocolo de
1967 y formalizar la presencia de ACNUR. Firmar y ratificar las
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas
contra
las Desapariciones Forzadas de 2006.
LA UE Y SUS ESTADOS MIEMBROS:
Revisar y reformar las políticas de cooperación son Libia en
materia de migración y control de fronteras con miras a poner fin a
todas las acciones que contribuyan a la retención de personas en un
país donde están en grave y constante peligro. En particular,
revisar toda la cooperación con Libia en materia de migración y
control de fronteras –brindada en forma de apoyo económico,
institucional, material, normativo o para el fomento de la
capacidad– dando prioridad a la protección de los derechos humanos
de las personas refugiadas y migrantes en el país.
Condicionar toda cooperación con Libia en materia de migración y
control de fronteras a la adopción por su parte de medidas
concretas y verificables para proteger los derechos de las personas
refugiadas y migrantes en el país, entre ellas el cierre de los
centros de detención ,la liberación de todas las que están
detenidas arbitrariamente debido a su condición migratoria, la
revelación de la suerte y el paradero de las sometidas a
desaparición forzada y la promulgación de legislación sobre
asilo.
Abrir rutas seguras y legales a Europa, en particular ofreciendo
un número significativo de plazas de reasentamiento y vías
alternativas para la protección de los miles de personas que están
atrapadas en Libia y tienen necesidad de ella, y revisando las
políticas migratorias con miras a facilitar vías de entrada regular
a migrantes en potencia.
Adoptar un mecanismo de desembarco previsible abordando la
situación específica en la zona libia de búsqueda y salvamento para
garantizar que todas las personas refugiadas y migrantes rescatadas
en el mar son desembarcadas con prontitud en un lugar seguro, que
sea Libia.
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11 “ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE” PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES
ATRAPADAS EN LA ESPIRAL DE ABUSOS DE LIBIA
Amnistía Internacional
Exigir que las autoridades libias garanticen que las personas
refugiadas y migrantes rescatadas en el mar con su coordinación son
desembarcadas en un lugar seguro, que no sea Libia, y cooperar con
ellas en la determinación con prontitud de un lugar seguro
adecuado.
Garantiza que se despliegan un número suficiente de barcos con
la función de búsqueda y salvamento como objetivo primario en las
rutas de las embarcaciones que transportan a personas refugiadas y
migrantes, incluidas las proximidades de las aguas territoriales
libias, mientras continúen las salidas de personas refugiadas y
migrantes desde el litoral libio.
Abstenerse de obstaculizar e impedir las actividades de las ONG
de salvamento en el Mediterráneo central.
Establecer mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas para
abordar las violaciones de derechos humanos cometidas en las
fronteras exteriores de la UE y derivadas de la cooperación en
materia de migración y control de fronteras con terceros
países.
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AMNISTÍA INTERNACIONAL ES UN MOVIMIENTO GLOBAL DE DERECHOS
HUMANOS. LAS INJUSTICIAS QUE AFECTAN A UNA SOLA PERSONA NOS AFECTAN
A TODAS LAS DEMÁS.
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‘ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE’ PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES
ATRAPADAS EN LA ESPIRAL DE ABUSOS DE LIBIA
Las personas refugiadas y migrantes en Libia están atrapados en
una
espiral de graves violaciones y abusos de los derechos humanos,
que
incluyen detenciones arbitrarias prolongadas y otras formas de
privación
ilegal de la libertad, tortura y otros malos tratos, homicidios
ilegítimos,
violaciones y otros actos de violencia sexual, trabajo forzoso
y
explotación a manos de agentes estatales y no estatales en un
contexto
de casi total impunidad.
A pesar de ello, Estados miembros de la Unión Europea (UE),
encabezados por Italia, han colaborado con las autoridades
libias —
proporcionando lanchas rápidas, formación y asistencia en la
coordinación de operaciones en el mar— para garantizar que
las
personas que intentan huir del país en barco son interceptadas
en el mar
y devueltas a Libia.
Los programas de reasentamiento y evacuación existentes son
insuficientes para proporcionar vías seguras y legales de salida
de Libia
a las personas necesitadas. Los cierres de fronteras y las
restricciones a
la circulación impuestas debido a la pandemia de COVID-19
han
agravado aún más la situación, dejando a las personas
desesperadas con
pocas salidas realistas de Libia que no sean tratar de emprender
el
peligroso cruce del Mediterráneo central.
Para romper la espiral de abusos, la UE y sus Estados miembros
deben
reconsiderar su cooperación con Libia en materia de
migración,
condicionando cualquier apoyo adicional a la adopción de
medidas
inmediatas para poner fin a los horribles abusos contra las
personas
refugiadas y migrantes.
ÍNDICE: MDE 19/3084/2020 SEPTIEMBRE 2020 IDIOMA: ESPAÑOL
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