ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN ......ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN ECUADOR DESDE LOS PROCESOS CIUDADANOS Quito, 4 de octubre 2018 Gabriela Muñoz V. - Julián

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN ECUADOR DESDE LOS PROCESOS

CIUDADANOSQuito, 4 de octubre 2018

Gabriela Muñoz V. - Julián García L.

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Equipo de investigación: Gabriela Muñoz V., investigadora Julián García, investigador Coordinación UnOS: Paulina Cáceres (Grupo FARO) Coordinadora de Investigación UnOS: Lucía Valdivieso (Grupo FARO) Coordinadora de Comunicación UnOS: Andrea Zumárraga (Grupo FARO) Supervisión editorial: Andrea Zumárraga (Grupo FARO) Revisión de textos: Isabel Alvarado (Grupo FARO) Diseño y diagramación: graphus® 290 2760

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Unos, vínculos entre Universidades y Organizaciones de la Sociedad Civil es una iniciativa conjunta desarrollada por Grupo FARO, Fundación Esquel y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, cofinanciado por la Unión Europea.

Su principal interés es fomentar una red de colaboración entre las Universidades y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), dos sectores históricamente comprometidos con la promoción de sociedades más tolerantes y plurales, con el fin de potenciar el desarrollo de capacidades y la generación de conocimiento.

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ÍNDICEANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

EN ECUADOR DESDE LOS PROCESOS CIUDADANOS

Equipo de investigación:Gabriela Muñoz V., investigadoraJulián García, investigadorEsteban Nicholls, asesor académico

Coordinación UnOS:Paulina Cáceres (Grupo FARO)

Coordinadora de Investigación UnOS:Lucía Valdivieso (Grupo FARO)

Coordinadora de Comunicación UnOS:Andrea Zumárraga (Grupo FARO)

Supervisión editorial:Andrea Zumárraga (Grupo FARO)

Revisión de textos:Isabel Alvarado (Grupo FARO)

Diseño y diagramación:graphus® 290 2760

ISBN: 978-9942-956-43-9

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

ÍNDICEANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

EN ECUADOR DESDE LOS PROCESOS CIUDADANOS

Equipo de investigación:Gabriela Muñoz V., investigadoraJulián García, investigadorEsteban Nicholls, asesor académico

Coordinación UnOS:Paulina Cáceres (Grupo FARO)

Coordinadora de Investigación UnOS:Lucía Valdivieso (Grupo FARO)

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La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

INTRODUCCIÓN 5

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 7

EL CONTEXTO POLÍTICO ECONÓMICO Y EL MARCO JURÍDICO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ECUADOR 17

ESTUDIOS DE CASO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 25

Análisis de la experiencia de participación ciudadana del Pueblo Kitu Kara 26

Análisis de la experiencia de participación ciudadana del Colectivo Yasunidos 53

Análisis de la experiencia de participación del Observatorio Social del Ecuador 78

CONCLUSIONES 98

BIBLIOGRAFÍA 107

ANEXOS 114

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

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En Ecuador, los mecanismos directos de participación parecen agotarse cada vez más. La participación ciudadana en organizaciones políticas formales es escasa: en el año 2015, 93% de la población ecuatoriana reportó no trabajar nunca o casi nunca para un partido o candidato. A ello se añade que en 2015 el 66% de ecuatorianas y ecuatorianos no se sintió representado políticamente en el legislativo, y un 53,5% no se sintió representado por el gobierno de turno (Latinobarómetro, 2015). Estos datos, si bien reflejan el debilitamiento de los mecanismos tradicionales de participación, ponen también sobre la mesa la urgencia de fortalecer los principios, conceptos y mecanismos de la participación directa aplicados por la sociedad civil ecuatoriana y reconocidos en el marco normativo constitucional como medio para fortalecer la participación, la democracia directa y, en definitiva, el accionar político de las personas.

En el año 2008, la Constitución del Ecuador invoca un cambio de visión en el ejercicio de los derechos, entre ellos el derecho a la participación y el rol protagónico de la ciudadanía, llegando a establecer mecanismos de participación directa que van desde la participación en la planificación estatal y el control de los actos del Estado, hasta el reconocimiento de la democracia comunitaria y el derecho a la resistencia. Sin embargo, la reiterada mención de la participación ciudadana en la Constitución no es suficiente para una real aplicación de la misma como instrumento de empoderamiento político o construcción de la democracia directa; incluso, en muchos casos, su institucionalización puede derivar en el debilitamiento de la participación como ejercicio político. Más aún, como se verá en el estudio, algunos autores advierten del peligro de la gubernamentalización de la participación y, con ello, su despolitización.

Este estudio parte reconociendo que, si bien existe un marco normativo importante para promover el ejercicio de una participación fuerte, éste solo puede tener un contenido y ejercicio real en los propios procesos de los actores. Son ellos quienes realmente ejercen la participación, incluso más allá de la normativa y diseño institucionales. A través de este estudio se interroga si la participación es un hecho plural y multifacético que responde a las realidades de los diversos procesos ciudadanos y si existen condiciones que permiten entender cómo se sostienen estos procesos de participación, tanto en su propia realidad, como en relación con la sociedad civil y el Estado.

INTRODUCCIÓN

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Para ello, se han identificado tres experiencias de participación que, si bien aplican los mecanismos de participación vigentes en la Constitución Política del Ecuador, los desbordan, los desafían y les dotan de contenido.

Para la selección de los casos se parte de tres criterios principales, el poder político de los actores sociales, el grado de organización que manejan junto con la capacidad para construir tejido social y su incidencia, tanto en las políticas públicas, cuanto en la posibilidad de construir y poner en el debate agendas de interés nacional.

Los casos seleccionados son:

Pueblo Kitu Kara (PKK). Mecanismo: “democracia comunitaria”. El pueblo PKK, organizado en torno a su Consejo de Gobierno, ejerce su poder de participación desde la ejecución de un proceso organizativo, participativo y asambleario, ejerciendo la “democracia comunitaria” y con ello las formas de participación y ejercicio de gobierno ancestrales.

El Colectivo Yasunidos. Mecanismo: “Consulta Popular”. El Colectivo Yasunidos activó el mecanismo contenido en el artículo 104 de la Constitución del Ecuador, mediante el cual la ciudadanía podría proponer una consulta popular sobre temas de interés nacional. En este caso, la explotación de las reservas de petróleo en el Parque Nacional Yasuní, área protegida biológica y culturalmente, era un tema de interés nacional. Este caso nos muestra no solo la experiencia en la aplicación de un mecanismo constitucional, sino la posibilidad del ejercicio del poder ciudadano a través de la organización, la movilización, el tejido social y la información.

Caso 3. Observatorio Social del Ecuador: Mecanismo: “Observatorio”. Se trata de una iniciativa de la sociedad civil, cuyo fin es la observación y vigilancia del cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. A lo largo de su trayectoria el OSE desarrolla tres tipos de trabajo: (i) generación de información sobre estado de los derechos de la niñez y adolescencia; (ii) seguimiento y vigilancia de las políticas públicas nacionales vinculadas con los derechos de la niñez y adolescencia; y, (iii) incidencia en las políticas estatales y en la opinión pública. Este caso permite analizar y comprender mejor el uso efectivo de observatorios y veedurías como mecanismos de participación ciudadana e incidencia en las políticas públicas.

Se trata de una investigación cualitativa que aplica el enfoque histórico crítico y que utiliza como principales herramientas de investigación: (i) la entrevista a los líderes del proceso de participación, actores con amplio conocimiento sobre los procesos participativos gestados y actores con un reconocimiento social en sus espacios de incidencia; (ii) el análisis de información documental (agendas de incidencia, documentos organizativos internos); y, (iii) el análisis de bibliografía que permite contextualizar, comprender e interpretar cada experiencia.

El estudio inicia con una aproximación conceptual a la participación ciudadana que nos permite comprender qué se entiende por participación, partiendo del análisis de tres aspectos: el poder político de los actores, la incidencia en la agenda política y

INTRODUCCIÓN

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los procesos organizativos. Posteriormente se elabora una breve reseña y análisis del contexto político económico y del marco normativo de la participación en Ecuador, especialmente a partir de la aprobación de la Constitución de Montecristi en 2008 que define al Ecuador como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social. Fue un cambio sustancial en cuanto a que la ley no es el punto de llegada y de partida; sino el instrumento que permite hacer efectivos los derechos constitucionales. Bajo este marco, la participación ciudadana se plantea como uno de los derechos fundamentales a ser ejercido por la ciudadanía y garantizado desde el Estado.

Con este contexto se introduce en el análisis de cada uno de los casos, partiendo de una génesis del proceso organizativo, los mecanismos aplicados en cada caso para ejercer el derecho a la participación, así como las características de la participación en cada proceso y la relación con el Estado. Finalmente se plantean algunas reflexiones y conclusiones que evidencian las condiciones que han permitido generar procesos relevantes de participación, los cuales se espera puedan ser compartidos con otros actores de la sociedad civil.

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APROXIMACIÓN CONCEPTUALA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LAPARTICIPACIÓN CIUDADANA

Desde los años 80 se vienen revalorizando las propuestas teóricas sobre la participación ciudadana haciendo hincapié en una ciudadanía activa. La democracia representativa había mostrado sus carencias al derivar hacia una democracia meramente delegativa. Por eso, autores como Walzer (1984) destacaron el papel de las asociaciones civiles para la asunción de una conciencia ciudadana. Desde entonces se asiste a las tensiones entre una democracia meramente representativa –como la versión del “Estado mínimo” de Nozick (1988)- y una democracia participativa. Es por ello que en torno a la participación ciudadana se puede identificar una postura “débil” en la que la participación se reduce a un ejercicio meramente instrumental (Sartori, 1999; Bobbio, 2007) y una posición “fuerte”, en que la participación construye y hace realmente efectiva la democracia.

Para efectos de esta investigación se tendrá en cuenta un concepto de participación política que, tal como se da en América Latina, va más allá de las consignas de la democracia representativa. En este sentido, si bien se entiende a la “participación como la facultad y proceso permanente de construcción del poder ciudadano, a través del cual, ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colectiva, actúan de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado, de la sociedad y sus representantes”1; en esta investigación se amplía esta noción para comprender algunas características de la participación “fuerte” como un mecanismo fundamental del “hacer” política.

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1 Definición tomada de la convocatoria para elaboración del Estudio: Participación ciudadana en el Ecuador: evolución y diseño institucional de la participación de la sociedad civil en la política pública realizada por la Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (Grupo Faro).

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LAPARTICIPACIÓN CIUDADANA

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Por otra parte, aunque se entiende la participación en relación con el Estado, se la asume también como una acción política en sí misma. La versión “fuerte” de participación que se busca abordar reconoce a los ciudadanos como actores políticos, que discuten, reflexionan y diseñan propuestas que tienen incidencia en la construcción política de su colectividad y que buscan, a través de la política, operativizar las propuestas concebidas. Teniendo en cuenta estos aspectos, advertimos que la participación no puede reducirse al uso de los dispositivos y mecanismos que emanan del Estado. En ese sentido, aunque autores como Dahl (1991) afirman que la participación implica comprender la relación existente entre las estructuras de oportunidades desde las instituciones y los propios principios, formas y mecanismos de participación que tienen diferentes grupos u organizaciones, la participación, entendida en su sentido “fuerte”, tiene incluso la capacidad de proponer y desbordar esas estructuras que se plantean desde el Estado.

En el marco de esta investigación, se tendrá en cuenta que la participación política de las organizaciones sociales, en su relación con el Estado, se origina en una noción de poder que no está circunscrito a las formas de control. En segundo lugar, teniendo en cuenta que el foco del estudio son los procesos sociales en su participación política, se buscan elementos que nos permitan entender la participación más allá de las micro-técnicas de poder y de los micro-espacios asignados para los especialistas.

Para ello, es preciso entender el contexto latinoamericano en el que se desarrolla el concepto de participación en los últimos años. En América Latina se asiste, por una parte, a la “innovación institucional” (Ramírez y Welp, 2011: 11) que, desde los años

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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90 han venido implementando dispositivos y mecanismos de participación política y, por otra, a la institucionalización de la misma en un momento posterior (Escobar 2010b, Nicholls 2014, Ramírez 2011). En efecto, durante la década de los 90 tuvieron lugar desde los movimientos populares y las organizaciones de izquierda las primeras experiencias que condujeron a la innovación democrática en la región. Se trató en un principio de experiencias con “niveles relativamente bajos de formalización institucional” (Ramírez y Welp 2011) en relación al Estado. Si se parte de las agendas de desarrollo locales se descubre que su construcción colaborativa demandaba una participación desde abajo. Fue la gestión de lo público en los niveles locales lo que brindó la ocasión para que la participación fuera incluida en las agendas. Si algo fue clave en este sentido es que el contexto político fue determinante para la nueva ola de participación “la promoción de la Participación Ciudadana Institucional (PCI) estuvo asociada al proceso de descentralización y a una crisis de la democracia representativa. En todos ellos, el punto de partida –entendido como la fecha de creación de las instituciones o marcos normativos fundacionales del cambio político institucional– se puede ubicar en la década del noventa” (Schneider y Welp 2011: 25). Pero si esto ocurría en los 90, posteriormente se hace evidente que la participación se va institucionalizando a través de vías “cada vez más formalizadas y menos flexibles (caracterizadas por una fuerte regulación legal, estandarización metodológica y ‘manualización’ de la participación)” (Ramírez y Welp 2011: 12). ¿A qué se debe el cambio?

En primer lugar, la demanda participativa de los 90 en América Latina coincidió con una transformación esencial del concepto de participación a nivel global, motivada por el discurso el desarrollo. En segundo lugar, las políticas neoliberales de los 90 dieron paso en América Latina a un periodo de refundación social y política, que ha cristalizado en algunos países (Venezuela, Bolivia, Ecuador) en auténticos procesos constituyentes, donde, por una parte, la inclusión de la participación política ha sido más que notable, mientras que, por otra, el control de los estados sobre la misma ha ido en aumento (Schneider y Welp 2011).

El contexto político, institucional y normativo de la participación de los últimos diez años empuja a buscar qué es la participación política en las propuestas de autores “no convencionales”. Autores que, en la búsqueda de lo político, hayan distinguido la esencia de la participación. Como Baidou, Arendt y Rancière vienen en esta búsqueda. Serán los conceptos de estos autores

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los que permitirán orientar en el estudio de los casos. Se detendrá en tres aspectos de la participación:

- El poder político.

- La incidencia en la agenda política.

- La organización interna y la construcción de tejido social.

El poder político. Arendt distingue entre ‘poder’, ‘poderío’, ‘fuerza’, ‘autoridad’ y, por último, ‘violencia’. Todas se refieren, desde luego, a fenómenos distintos, La confusión entre estos fenómenos es lo que Arendt llama “ceguera” (2005: 40). Para el autor se ha de abandonar la concepción de poder tradicionalmente asociada a la dominación. Eso no sería poder, sino una relación de mando y obediencia. Por eso, la violencia es sólo el instrumento de la dominación. Pero ni mando, dominación o violencia son poder político. Para Arendt el poder es el de los agentes. Así, sobre la violencia indica que “el poder no es nunca propiedad de un individuo; pertenece al grupo y existe sólo mientras éste no se desintegra” (Arendt, 2005: 41). “... El poder brota dondequiera que la gente se una y actúe de concierto...” (Arendt, 2005: 48). El autor señala con ello la capacidad humana para alumbrar el poder de manera no institucional, en la acción concertada con sus iguales. Además, el poder político, nacido de la acción de los agentes, implica la aparición en el espacio público (único en el que para Arendt existe la política). El poder así entendido muestra su visibilidad, en la irrupción imprevista del acontecimiento. Para Badiou (2005a) es el acontecimiento la expresión de la acción colectiva en diversas facetas humanas (arte, ciencia, amor, política). En política el acontecimiento es la expresión del poder de la colectividad:

Que el acontecimiento político sea colectivo prescribe que todos son militantes virtuales del pensamiento que procede sobre la base del acontecimiento. En tal sentido, la política es el único procedimiento de la verdad que no es sólo genérico en su resultado, sino también en la composición local de sus sujetos […]. La política es imposible sin la declaración de que la gente, tomada indistintamente, es capaz de asumir el pensamiento que constituye al sujeto post-acontecimiento político. Esta declaración supone que un pensamiento político es topológicamente colectivo, lo que significa que no puede existir de otra forma que como el pensamiento de todos. (Badiou 2005b: 142).


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Esta es la noción de poder que se adopta para describir el poder de la participación política: el poder de la gente, capaz de aparecer en el espacio público para incidir en la agenda política.

Como se verá en este estudio, los casos elegidos evidencian la acción concertada no institucional, así como su aparición en el espacio público desde diferentes instancias. Yasunidos sólo podría haber existido mediante la acción conjunta, tal es su poder. El proceso del Pueblo Kitu Kara, aun con el riesgo de liderazgos locales, implica la pertenencia del poder al grupo. El origen del Observatorio muestra que el poder surge, efectivamente, donde la gente se una, actuando de concierto en torno a los problemas de la infancia y adolescencia.

Un punto importante del poder tiene que ver con la toma de conciencia de dicho poder, es decir, con el auto-empoderamiento, pues no se trata de un poder delegado desde el Estado. Los ciudadanos podrían hacer uso o no de los mecanismos de participación y de las oportunidades brindadas por las instituciones, pero eso no significaría en ningún caso que el poder político proceda exclusivamente del Estado. Más bien al contrario, si el poder no tiene sitio, es la acción de los ciudadanos el elemento clave que cataliza y encarna el poder de la participación política.

La incidencia en la agenda política es el segundo de los elementos que se destacará. El carácter imprevisto del acontecimiento político pone contra las cuerdas cualquier intento de “controlar” la participación política, tal como se la describe. El hecho de que los casos elegidos hayan hecho uso de los mecanismos de participación ciudadana de la Constitución del Ecuador, no quiere decir que hayan sido promovidos desde las instancias gubernamentales. Tanto la postura acontecimental de Badiou como, la irrupción de la acción concertada de Arendt poco tienen que ver con los espacios de poder concedidos por el Estado. Más bien al contrario. Es la participación política entendida como acción de los iguales la que es capaz de cuestionar la política como “reparto de lo sensible” (Rancière, 2001: 8). En efecto, la participación política, tal como se describe en estas líneas coincide con lo que Rancière llama “lo político”. El autor distingue lo político, la política y la policía. Con policía se refiere a la actividad del Estado y el orden establecido en las relaciones sociales. Para Rancière la policía no sería


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entonces “una función social, sino una constitución simbólica de lo social” (2001). Mientras que la política no tiene un lugar específico, sino que aparece “cuando el orden natural de la dominación es interrumpido por la institución de una parte de aquellos que no tienen parte” (Rancière, 1998). Es decir, la política interrumpe el orden de la policía. Pero para hacerlo, parte de lo político, que “hace de la igualdad su principio” (Rancière, 2001). Este principio de igualdad ayudará a comprender los principios comunitarios y de horizontalidad que se observan con fuerza en la organización del El Pueblo Kitu Kara y del Colectivo Yasunidos.

Teniendo en cuenta este concepto de lo político, se entenderá que la incidencia de la participación política en relación con el Estado consistirá en la alteración del orden o lo que Badiou (2005a) llama el “estado de la situación” y Rancière “orden de lo sensible”. Para Rancière el reparto de lo sensible;

Indica quién puede tomar parte en lo común en función de las actividades que realiza, de los tiempos y el espacio en los que ejerce dicha actividad… Esta situación define el hecho de ser o no ser visible en un espacio común… Es una distribución, un reparto de los tiempos y los espacios, de lo visible y lo invisible, de la voz y el ruido que definen tanto el lugar (la localización) como el foro de lo político como una forma de experiencia” (Rancière, 2000).

Así, se entenderá que la inclusión de problemáticas, temas o discusiones en la agenda política puede ayudar como indicador para apreciar cómo la participación política establece su relación con el Estado, teniendo en cuenta que “la esencia de la política es la manifestación del disenso, como la presencia de dos mundos en uno” (Rancière, 2001: Tesis 8).

Arendt, Badiou o Rancière indican que los seres humanos tienen la capacidad de iniciar procesos que deriven en nuevas formas de política. Por eso, la política puede ser entendida como, la revolución espontánea de Rosa Luxemburgo en el caso de Arendt (2001), la irrupción del acontecimiento para Badiou (2005a) o el desacuerdo en Rancière (1998). En la investigación se busca la irrupción de estos procesos de participación política. El hecho de que en un momento de su desarrollo estos procesos hagan uso y apropiación


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de los mecanismos constitucionales de participación ciudadana no significa que estén asumiendo la distribución del espacio político del Estado. Más bien, se podría pensar en el desarrollo de procesos de participación que inciden en la agenda política del Estado a través de la inclusión de preguntas fundamentales como, por ejemplo, el caso de lo comunitario o que incluso son capaces de generar nuevas agendas políticas.

La organización interna. Si se entiende que todos los ciudadanos son sujetos de poder, surge como pregunta cuál es el tipo de organización que surge cuando el ejercicio de poder genera procesos participativos. Siguiendo a Foucault “el poder se debe analizar como algo que circula o más bien como algo que sólo funciona en forma de cadena. Jamás está localizado aquí o allá… El poder se ejerce a través de una organización reticular”. (1992). Es decir, si bien el poder político descansa en los sujetos, su incidencia solo es tal, a partir de la organización que logren los mismos, de ahí que la capacidad de generar tejido social es un aspecto fundamental para que el poder tenga incidencia.

Para Arendt, si el poder sólo existe mientras los agentes actúan, resulta difícil justificar la presencia de organizaciones una vez finalizada la actuación de los agentes. Por ello, critica a los Soviets de la Revolución Rusa y prefiere la vía consejista, que ve ejemplificada en los grupos de activistas de la Revolución Húngara de 1956 (Arendt, 2007). La presente investigación se centrará en el tipo de organización que han desarrollado los tres casos, en el tejido social generado y en la sostenibilidad del ejercicio del poder ciudadano.

La participación ciudadana en su sentido “fuerte” conlleva la asunción de que la sociedad civil es un actor político insoslayable. Se trata de reconocer con Arendt (1993, 1997) que la acción política se desarrolla en el espacio público, lo cual es impensable sin la libertad de los agentes. Es más, con su propuesta de acción natalicia (todos los seres humanos son capaces de acción política por el hecho del nacimiento) Arendt ya está asumiendo la ruptura del “reparto de lo sensible” del que hablaba Rancière. Y es aquí donde el pensamiento de Arendt se ve atravesado por la misma contradicción quese puede encontrar en los procesos de participación política. Por un lado, Arendt reconoce que la acción de los seres humanos es una acción política que podría surgir en cualquier momento y lugar (irrupción de lo


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nuevo en el espacio de aparición), pero, por otro, el accionar político para Arendt (2006) lleva a actos de fundación política. La cuestión es entonces cómo compaginar la fuerza política de la irrupción de lo nuevo con la construcción de la organización y su sostenibilidad en el tiempo. Este aspecto también será analizado en los casos de estudio.

Finalmente es necesario incluir un aspecto de la participación política que ayudará a entender los casos propuestos: Lo comunitario.

Tanto Escobar (2010, 2015) como Boaventura de Sousa Santos (2010) insisten en las posibilidades políticas que surgen de lo comunitario y lo relacional. La participación comunitaria surge y se construye desde grupos de personas que habitan en un espacio-territorio determinado -contrarrestando el concepto estatal de territorio (Escobar 2015, Scott 1998)- que comparten una identidad, cultura, derechos y responsabilidades y que, en sus procesos relacionales, actúan políticamente. Esta visión compartida y la forma de integración son las que empujan el desarrollo de procesos participativos que, como se señaló, van más allá de los mecanismos y la institucionalidad generada desde el Estado, cuestionando, en muchos casos, el “estado de la situación” y abriendo nuevas posibilidades políticas. Se trata de considerar aquellos mecanismos y estrategias que surgen desde lo comunitario como propuestas emergentes, consideradas como diría Boaventura de Souza desde una mirada de la sociología de las emergencias que “consiste en proceder a una ampliación simbólica de los saberes, prácticas y agentes de modo que se identifique en ellos las tendencias de futuro sobre las cuales es posible actuar…” (Boaventura de Sousa, 2010: 26).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, esta investigación se centrará en analizar tres aspectos:

(i) El poder político de los actores, tanto en su capacidad de auto-empoderamiento, cuanto en la irrupción en el espacio estatal.

(ii) La incidencia en la agenda política del Estado. Para ello, se analizará la incidencia en cuanto: irrumpir en los procesos políticos (Rancière); actuar de concierto en función de un objetivo común (Arendt) para modificar la perspectiva estatal en torno a un tema; o, lograr cambios


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en las agendas políticas del Estado a través de la inclusión de información no tenida en cuenta por el Estado.

(iii) La organización interna y la capacidad de construcción de tejido social que posibilitan la acción política. En este sentido, se tendrá en cuenta en cuenta la tensión arendtiana entre el surgimiento de la novedad y la sostenibilidad organizativa en el tiempo.

EL CONTEXTO POLÍTICOECONÓMICO Y EL MARCO JURÍDICO

PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANAEN EL ECUADOR


EL CONTEXTO POLÍTICOECONÓMICO Y EL MARCO JURÍDICO

PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANAEN EL ECUADOR

EL CONTEXTO POLÍTICOECONÓMICO Y EL MARCO JURÍDICOPARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ECUADOR

En América Latina, los procesos de participación política se comprenden mejor desde la siguiente contextualización política. La crisis neoliberal de los 90 sumió a muchos países de la región en un cuestionamiento del paradigma neoliberal. Las devaluaciones monetarias, la desigual redistribución de renta, la explotación desenfrenada de los recursos naturales, el control de las finanzas nacionales por los mercados internacionales, etc., hicieron que muchos países se miraran hacia sí mismos buscando un modelo alternativo. Comenzó a proliferar en la región la búsqueda de modelos económicos post-capitalistas. Se plantearon proyectos de desarrollo económicos y políticos anti-capitalistas, se establecieron horizontes de participación democrática en los articulados normativos, se planteó una nueva matriz productiva que incluyera la dimensión ecológica y se avanzó en el planteamiento de Estados plurinacionales e interculturales (Ecuador y Bolivia). No sólo eso; esta búsqueda motivó la conciencia de estar en un “nuevo ciclo histórico” (Escobar 2010) o como anunció Rafael Correa en su discurso inaugural en Ecuador en 2007, un “cambio de época”2. No es de extrañar que, desde este cambio de ciclo, se impulsaran los procesos constituyentes en diversos países, lo que derivó en las nuevas constituciones (Venezuela 1999, Ecuador 2008, Bolivia 2009), desde las que se establecieron los mecanismos de participación ciudadana.

Pero no se trató sólo de la crisis del modelo neoliberal. Para Arturo Escobar (2010b) lo que está en crisis es también el modelo de la modernidad de occidente, que, en América Latina, fue importado con el proceso de conquista y colonización. Se trata de una doble crisis: la crisis del modelo neoliberal y la crisis del

2 Rafael Correa, Discurso inaugural presidente de Ecuador, 15 enero 2007.

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EL CONTEXTO POLÍTICOECONÓMICO Y EL MARCO JURÍDICOPARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ECUADOR

modelo civilizatorio de la modernidad. Por eso, Escobar habla de las “luchas ontológicas” (2015, 2010a, 2010b) que acompañan el proceso de modernización en que se encuentra la región. En este sentido, junto con los nuevos proyectos refundacionales de la izquierda latinoamericana, aparecen otros procesos de-colonizadores, mucho más antiguos, que sustentan diferentes ontologías (políticas, vitales, cosmovisiones, etc.) para los que los proyectos neo-liberales y post-liberales se encuentran en la misma lógica y beben de las mismas fuentes.

Por eso, cuando se habla de participación política se ha de tener en cuenta que existen diferentes ontologías de lo político que coexisten en el mismo tejido social. No es de extrañar que en los últimos años en América Latina, los procesos de participación hayan evidenciado las tensiones entre las diferentes ontologías, toda vez que la refundación social y política de la izquierda haya pasado por alto estas diferencias.

En el año 2007, el discurso inaugural de Rafael Correa3 proclamó que la Revolución Ciudadana buscaba un cambio radical en lo político, lo económico y lo social respecto al sistema neoliberal. El giro a la izquierda de América Latina (Arditti, 2008) era consciente del “cambio de época”. Por eso, a través de las políticas estatistas, el gobierno de Rafael Correa trató de consolidar un modelo de desarrollo humano alternativo al neoliberalismo. Ecuador, junto con Venezuela y Bolivia, es un ejemplo de las “procesos contra-hegemónicos” (Escobar, 2010) que se han venido desarrollando en América Latina en los últimos 15 años.

3 Rafael Correa, Discurso Inaugural como presidente del Ecuador, 15 de enero 2007.

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EL CONTEXTO POLÍTICO ECONÓMICO Y EL MARCO JURÍDICO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ECUADOR

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Según Arturo Escobar, las propuestas de transformación radical del Estado y la sociedad en estos tres países comparten algunas características comunes como son las políticas económicas anti-liberales, la declaración de la plurinacionalidad estatal (Ecuador y Bolivia) junto con la profundización en la democracia a través de mecanismos de participación (Escobar 2010b) y la “constitucionalización de los mecanismos participativos al nivel de los Estados nacionales” (Ramírez y Welp 2011). El proyecto de refundar el Estado motivó la puesta en marcha de procesos constituyentes, que, en el caso de Ecuador, cristalizó en la Constitución de Montecristi de 2008.

Con la Constitución de 2008 se establecen cambios profundos en la forma de entender el Estado y los derechos. Al definirlo como un Estado constitucional de derechos y justicia social se transita a uno de derechos, donde priman a la norma jurídica, y en donde la justicia social guía el modelo económico a seguir. El Estado de derechos significa que el “Estado es un medio que tiene como fin la realización y la protección de los derechos” (Avila, 2016) y que además debe ser en principal garante de los mismos. Desde esta premisa, la Constitución del 2008 plantea varios cambios en cuanto al ejercicio de los derechos, entre ellos el derecho a la participación ciudadana.

Coherente con las ideas de profundizar la democracia a través de la participación ciudadana, la Constitución empieza por reconocer que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce tanto a través de los órganos de poder, cuanto mediante las formas de participación directa previstas en la Constitución (Artículo 1).

De igual forma, a través del artículo 95, se establece que la ciudadanía participará de forma protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción de poder ciudadano. Además, reconoce la participación ciudadana como un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. A ello hay que añadir el derecho a la resistencia recogido en el Artículo 98: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.


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Este sentido fuerte que otorga la Constitución a la participación, se encuentra, sin embargo, anclada a los derechos y mecanismos específicos de participación ciudadana. Así, el artículo 61 de la Constitución establece como derechos de participación: (i) elegir y ser elegidos; (ii) participar en los asuntos de interés público. (iii) presentar proyectos de iniciativa popular normativa; (iv) ser consultados; (v) fiscalizar los actos del poder público; (vi) revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular; (vii) desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático…”; y (viii) conformar partidos y movimientos políticos.

Además, para el ejercicio de la participación se reconoce toda forma de organización de los ciudadanos para incidir en decisiones, políticas públicas y control social de los distintos niveles de gobierno (Artículo 96), estableciendo distintos mecanismos para garantizar la participación directa en temas de interés público. Entre ellos se destacan las audiencias públicas, cabildos populares, veedurías, observatorios (Artículo 100), la Silla Vacía (Artículo 101), la iniciativa popular normativa (Artículo 103) y la consulta Popular (Artículo 104).

Finalmente, un aspecto fundamental de la Constitución del 2008 fue la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control social, adscrito a la Función de Transparencia y Control Social. Sus funciones son: (i) promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción; (ii) establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social; y (iii) designar autoridades (Artículo 207).

A partir de estos dispositivos constitucionales, se emiten una serie de normativas de segundo y tercer orden sobre participación ciudadana y control social, entre ellas, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; el Código de la Democracia; Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Reglamento de Veedurías y otros cuerpos normativos que, aunque no específicos sobre participación, contienen varios apartados para el ejercicio de la participación, como el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD) y el Código de Planificación y Finanzas Públicas en temas de planificación participativa.


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El marco normativo del Ecuador para la participación, si bien plantea un enfoque fuerte sobre lo que se debería entender por participación y poder ciudadano, se enfrenta con ciertas falencias que afectan al ejercicio de la democracia directa y la participación ciudadana “fuerte”. Es decir, mientras la Constitución de 2008 ofrece los mecanismos de participación política en un sentido genuino, el desarrollo normativo de segundo y tercer orden no permite implementar los espacios de participación planteados en el marco constitucional. A ello se suma la visión instrumental de la participación desde el gobierno en función de su proyecto político.

Una primera falencia es la objetivación y sustancialización de la participación a través del establecimiento de mecanismos mediante los cuales los ciudadanos pueden ejercer su poder de participación. De esta forma, la participación se convierte en una acción instrumental y no en un ejercicio del poder político. Se suma a ello la institucionalización de la participación desde el Estado. Un ejemplo de ello es precisamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Este fue descrito como una “interfaz socio-estatal” (Ramírez, 2011: 270) capaz de permitir el control de la ciudadanía sobre los cargos y representantes políticos. Sin embargo, en lugar de controlar las actividades de los cargos políticos, el CPCCS ha ido ejerciendo su control sobre las iniciativas ciudadanas. En el año 2014 el CPCCS emitió el Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, el cual establecía, entre otras cosas, que será este quien inicie el procedimiento para conformar veedurías, sean éstas por iniciativa ciudadana colectiva o individual, por pedido del Pleno o a solicitud de una autoridad (Arts. 29 y 30). A ello se añade que los veedores, el objeto y el plan de trabajo de la veeduría deben ser acreditados y aprobados por este organismo, luego de un proceso de capacitación e inducción de la misma (Arts. 31 y 32). Es decir, el espacio de participación (veeduría) queda a merced de la arbitrariedad del Estado (a través del CPCCS) quien, de acuerdo a los criterios de eficiencia, señala cuáles proceden y cuáles no. Como indica Nicholls: “la noción de eficiencia y meritocracia es significativa como forma de gobierno: una forma de asignar, limitar y distribuir espacios de participación dentro del Estado” (Nicholls, 2014).

Una segunda debilidad tiene que ver con la contradicción entre la Constitución y otras normativas vigentes no derogadas que impiden el desarrollo del concepto “fuerte” de participación. como ejemplo, la democracia comunitaria. Si bien la Constitución

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y la Ley de Participación Ciudadana reconocen la democracia comunitaria, así como a las formas de organización y gobierno de los pueblos indígenas para el ejercicio de la participación, en la práctica otras normativas no han sido capaces de ir en la misma línea. Por ejemplo, la Ley de Comunas de 1937 (aún vigente) no incluye los conceptos y mecanismos de la organización y formas de gobierno comunitarios. Este choque de normativas tiene como trasfondo las diferentes ontologías de lo político que avanzábamos siguiendo a Escobar (2010b). Si para el Estado la participación está determinada por la asignación de espacios y mecanismos, para los pueblos indígenas, la participación, basada en el principio comunitario, es una forma de vida y relacionamiento.

Una tercera debilidad tiene que ver con la comprensión del poder político ciudadano. La Constitución del 2008, a diferencia de la 1998, plasma un cambio conceptual importante respecto al protagonismo del pueblo para incidir en las políticas públicas y el control social de las entidades y autoridades estatales. La participación permitiría así construir y fortalecer el poder político. No obstante, en términos prácticos, el gobierno no asume esta nueva visión constitucional, sino que deslegitima e incluso castiga la participación ciudadana, como ocurre con la criminalización la protesta social (Lalander y Ospina, 2012). En el caso de la Iniciativa de Consulta Popular realizada por el Colectivo Yasunidos, basándose en los preceptos y derechos constitucionales, el mecanismo se activó, pero chocó inmediatamente con el poder ejecutivo, el poder legislativo, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral. Todo lo cual evidencia la falta de adherencia de los preceptos constitucionales en el diseño institucional.

Son justamente algunas de estas características las que hacen que Nicholls (2014) hable de la despolitización de la sociedad ecuatoriana basada en lo que él llama la “gubernamentalización de la participación”. Para él, el Estado ecuatoriano ha terminado por apropiarse y controlar la participación política, estableciendo una suerte de sistema de aperturas y cierres (Foucault 1984) respecto a los espacios de participación. Son tres los indicios que maneja: (i) la meritocracia y tecnificación de la participación, (ii) la individualización y (iii) la legitimación plebiscitaria. Esto ha provocado que la “institucionalización” de la participación se reduzca a su “gubernamentalización”. Si Ramírez (2011) saludaba con optimismo la institucionalización de la participación, señalando que la implementación de los mecanismos reducía la distancia entre Estado y sociedad, Nicholls (2014) apunta que


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es, precisamente, esa institucionalización lo que provoca la despolitización de la sociedad.

Se aprecia cómo las contradicciones entre el discurso del desarrollo, bajo la figura de la “revolución ciudadana” y las ontologías políticas no desarrollistas han desencadenado conflictos y desencuentros entre el gobierno y otros movimientos políticos (Lalander y Ospina 2012). Así por ejemplo, la participación política, permanentemente invocada por el marco constitucional (38 veces), no logra satisfacer las demandas plurinacionales, las demandas de reconocimiento territorial de las nacionalidades indígenas o las luchas por la conservación de la naturaleza. De igual forma, las políticas de desarrollo implementadas en Ecuador, no logran llevar a cabo la transición hacia un modelo económico postextractivista, aun cuando en la constitución ecuatoriana se hable del Sumak Kawsay o de los derechos de la naturaleza.

Los casos que se analizarán a continuación, si bien activan los mecanismos de participación previstos en el diseño normativo e institucional ecuatoriano, se ejercen y toman contenido, no por las normas e instituciones; sino por la capacidad de empoderamiento y organización de sus actores para participar e incidir en la política.

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ESTUDIOS DE CASODE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTUDIOS DE CASODE PARTICIPACIÓNCIUDADANA

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ANáLISIS DE LA EXPERIENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL PUEBLO KITU KARA

El Pueblo Kitu Kara (PKK) es uno de los 34 pueblos originarios del Ecuador. Su descendencia proviene de la confederación del pueblo Quitu y del pueblo Cara alrededor del año 1317 D.C). Estas dos culturas pre-incas unieron sus cosmogonías y formas de organización para conformar la nación Kitu Kara que a lo largo de los años enfrentó diferentes luchas por conservar su territorio, su identidad y sus formas de convivencia (Tasiguano 2011). En la actualidad el Pueblo Kitu Kara está integrado por aproximadamente noventa comunas y comunidades ubicadas en las parroquias rurales y urbanas del cantón Quito y en algunas parroquias rurales de los cantones Rumiñahui y Mejía. Cabe mencionar que no todas las comunas tienen adscripción territorial o autodeterminación como comunas o comunidades del PKK, algunas de ellas solo se reconocen como pueblos campesinos-agricultores. (Pueblo Kitu Kara, 2016).

A lo largo de su existencia, las comunas y comunidades Kitu Kara han enfrentado procesos de explotación económica, imposición cultural y despojo de sus tierras, todo lo cual fue conformando un modelo de exclusión social, racismo y desigualdades económicas, frente a lo cual generaron varios procesos de resistencia. Como indica Ana Lucía Tasiguano, miembro de la Comisión de Fortalecimiento Organizativo del Consejo de Gobierno del Pueblo Kitu Kara y comunera de la Comuna Llano Grande, en principio fueron luchas dispersas por problemáticas muy localizadas en cada territorio. Los principales problemas que enfrentaban eran el despojo de sus tierras, la

Génesis del proceso de

participación del Pueblo Kitu

Kara

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falta de acceso a sistemas de agua potable, alcantarillado y educación. Posteriormente, si bien se mantienen problemas como el despojo de tierras por parte de empresas inmobiliarias, así como acceso a ciertos servicios, las luchas se enfocaron en el reconocimiento de su identidad y de sus prácticas de organización y gobierno (Entrevista Ana Lucía Tasiguano, junio 2018).

Estos procesos de resistencia fueron marcando la necesidad de una mayor organización. A fines de los años sesenta, se conforma la Federación de Pueblos Indígenas de Pichincha Runacunapac Riccharimui como una consolidación de colectivos y organizaciones indígenas que, en 1972, dio origen a la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) (Pueblo Kitu Kara, 2016), cuyo fin era aglutinar a las comunidades indígenas de la sierra. En los años posteriores desempeñó un rol determinante en la consolidación del movimiento indígena.

En 1986, la ECUARUNARI participa activamente de la creación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), lo que significó la consolidación del movimiento indígena ecuatoriano y posibilitó la organización del levantamiento indígena nacional en junio de 1990. Este acontecimiento trajo al debate político la necesidad de consolidar un proyecto social y económico alternativo, el derecho a la autodeterminación, la reivindicación del derecho a la tierra y la territorialidad histórica y el reconocimiento el Ecuador como un Estado Plurinacional (Macas, 1991).

Estos hechos fueron confirmando la necesidad desde las comunas y comunidades Kitu Kara de mirar hacia adentro,

ESTUDIOS DE CASO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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de identificarse con una adscripción al territorio, así como de fortalecer sus estructuras organizativas y formas de gobierno comunitarias a través de elementos simbólicos y del ejercicio de sus principios ancestrales de convivencia. Freddy Simbaña, comunero de la Comuna Marco Pamba, Chilibulo, la Raya señala que, en aquellos años, fue fundamental el rol de los jóvenes, una nueva generación que, a través de la recuperación de los elementos simbólicos de su identidad y cultura, empezó a generar espacios de1 encuentro, reflexión y participación. (Entrevista Freddy Simbaña, junio 2018).

En esta misma línea se manifiesta Ana Lucía Tasiguano:

“El proceso de auto reconocimiento fue una etapa muy buena que fortaleció y empoderó a las comunas. Nos encontramos frente a nuestra identidad cultural, nuestros espacios de fuerza espiritualidad y energética que nos han contado los abuelos. Los pueblos y nacionalidades estamos conscientes de que existimos, el problema estaba en que no había cambiado la estructura del Estado” (Entrevista Ana Lucía Tasiguano, junio 2018).

A partir de estos espacios se generan varias reuniones de socialización con las organizaciones de base para tratar la reconstitución del pueblo Kitu Kara, consolidar los criterios de organización y socializar en las comunas y comunidades los derechos colectivos (Tasiguano, 2011).

Este ejercicio interno generó las bases necesarias para convocar a un proceso más amplio de organización. En el año 2003 las comunas y comunidades rurales de Quito se auto convocan para organizarse como Pueblo Kitu Kara y se generan los elementos estatuarios y declaraciones para autodefinirse como pueblo originario perteneciente a la nacionalidad Kichwa y registrarse como organización territorial en el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), adscrito a la ECUARUNARI y a la CONAIE.

El Pueblo Kitu Kara se conforma como una autoridad territorial de derecho comunitario, como parte de los 18 pueblos y 14 nacionalidades del Estado ecuatoriano. Su autoridad se reconoce en los cantones Mejía, Rumiñahui y en el Distrito Metropolitano de Quito. A partir de su constitución como organización se genera un proceso de fortalecimiento interno para la recuperación de su identidad como pueblo ancestral de Quito y para la incidencia política en cuanto al reconocimiento


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de sus prácticas ancestrales de gobierno, participación, organización y modos de vida.

Bajo este contexto se van organizando las comunas y comunidades del Pueblo Kitu Kara, cada una con tiempos y coyunturas diferentes. A partir de la recuperación de la identidad coinciden en formas de organización y participación para lograr incidencia tanto en sus propios espacios comunitarios, cuanto a nivel de políticas públicas.

Estos principios de organización y participación, en muchos momentos, chocan, como se analizará más adelante, con los planes, proyectos y normativas generadas desde el Estado, evidenciando dos visiones diferentes de comprender la organización social, el gobierno y la participación.

Así, muchos de los problemas de participación política de los Kitu Kara derivan de prácticas alternativas al modelo modernizador, tanto de la colonia, cuanto de los gobiernos republicanos. Estas prácticas alternativas hunden sus raíces en una auténtica “ontología política” (Blaser, 2010, 2013; De la Cadena, 2008, 2010), término con el que se hace referencia a lo político en su expresión más abierta. Es decir, se acerca con este término a los “procesos de constitución del mundo”. Estos procesos están transidos de relaciones humanas y relaciones con la naturaleza, de historicidades, resistencias, apropiaciones, significaciones y re-significaciones. Al utilizar el término “ontología” se quiere abordar estos procesos constituyentes de mundo sin imposición epistémica alguna.

A continuación, se analiza el proceso organizativo de las comunas y el ejercicio de la democracia comunitaria por el Pueblo Kitu Kara. Se ha de tener en cuenta que, aunque se parta del mecanismo constitucional del art. 95 que reconoce la democracia comunitaria, dada la diferente ontología política de los Kitu Kara, se obliga en más de una ocasión a hacer aclaraciones que expliquen que el concepto y la práctica de la participación política de los Kitu Kara va mucho más allá de los planteado en el artículo 95.

Se inicia el análisis de lo que implica la democracia y el gobierno comunitario, enfatizando sus conceptos, principios y prácticas. Con estas bases se analizarán tres aspectos: (i) el ejercicio organizativo del Pueblo Kitu Kara y el empoderamiento interno; (ii) la construcción de tejido social y (iii) las iniciativas de participación e incidencia política desde la práctica de lo comunitario.


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Se trata de identificar cuáles son los elementos que permiten generar procesos de participación fuerte.

Comprender el ejercicio de lo comunitario lleva necesariamente a la historia de la organización de las comunas y comunidades indígenas y las formas de comprender la autoridad y la toma de decisiones.

A inicios de la colonia se conforman los llamados cabildos, estructura organizativa para gestionar el territorio que estaban conformados por autoridades que tomaban las decisiones con respecto a los territorios en donde cohabitaban españoles e indígenas. Esta forma de organización se fusiona con las formas indígenas de comprender la autoridad, la organización y la toma de decisiones. Los primeros cabildos se conforman con los Varayucs, que eran las autoridades ancestrales. Esta figura si bien se mantiene, se desvirtúa al ser utilizada como figura mediadora entre la autoridad de la colonia y las poblaciones indígenas:

“En el mundo indígena los Varayucs eran los sabios que tenían a potestad de tomar decisiones, este rol se precariza en la colonia con los cabildos que los transforma en mediadores de las autoridades” (Entrevista Ana Lucía Tasiguano, junio 2018).

La Ley de organización y Régimen de Comunas de 1937, vigente hasta la actualidad, con una codificación en 2004 , si bien reconoce formalmente las comunas, no permite recuperar las formas de organización y gobierno ancestrales. Todo lo contrario, mantiene una estructura de cabildo conformada por un presidente, vicepresidente, secretario, síndico y tesorero, así como una visión de posesión de la tierra anclada a una visión de propiedad privada y productividad de la tierra.

“El sentido comunal que se mantiene en esta ley responde más bien al modelo colonial y al carácter productivo de la tierra, antes que a los principios de lo colectivo y comunitario” (Tasiguano, 2018). Estas diferencias llevan a las comunas y comunidades a plantear la necesidad de estructuras que les permitan ejercer sus derechos de autodeterminación y así recuperar sus prácticas ancestrales comunitarias de gobierno.

Lo comunitario: La democracia

y el gobierno comunitario

4 Codificación abril 2004. Ley de Organización y Régimen de Comunas.


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De ahí que una de las estrategias del Pueblo Kitu Kara sea el reivindicar la comprensión y práctica de lo comunitario en el ejercicio organizativo, participativo y político. Lo comunitario es “entendido como un sistema de vida donde se toman las decisiones desde y para lo colectivo, pero donde además se asignan roles diversos, de igual importancia para la preservación de un sistema comunitario” (Tasiguano, 2018).

Lo comunitario implica una “ontología relacional” que no encaja y que pone en cuestión la ontología de la diferencia u ontología dual del proyecto moderno desde el Estado. Según Escobar (2010a, 2010b, 2015) el proyecto moderno ha fragmentado la realidad, haciendo de la realidad un conjunto compartimentado en que la política y el mercado asignan lugares y espacios, es lo que Rancière llama el “reparto de lo sensible” (2001: 8). El nacimiento de los Estados-Nación vino acompañado de la necesidad de medir la realidad para poder facilitar el establecimiento de patrones con las que los funcionarios de la administración estatal pudieran manejar los datos. Es lo que refiere Scott (1998) al relatar la reducción de los bosques a sus contornos medibles y parcelados. El territorio quedaba así desconectado de la relación con sus habitantes.

Se trata de un ejemplo que ilustra la ruptura “cultura / naturaleza” de la ontología política moderna (De la Cadena, 2008, 2010). Esta ruptura diferencia radicalmente la ontología política de la modernidad de otras ontologías políticas que no han llevado a cabo dicha ruptura. La ontología política comunitaria de los Kitu Kara manifiesta esta diferencia con la ontología política de la modernidad, que será crucial en la relación de la Agenda Política Kitu Kara con el Estado ecuatoriano. Pensar en una ontología de lo comunitario lleva a considerar de la mano de Blaser (2010, 2013), De la Cadena (2008, 2010) y Escobar (2010a, 2010b, 2015) la relevancia de lo relacional, entendiendo con ello “una manera diferente de imaginar la vida (mundos “socio-naturales”)” (Escobar 2010b) que afecta la personalidad, lo común, lo político, la economía y el territorio.

Desde la relacionalidad descrita se aborda la “democracia comunitaria”. Para el pueblo Kitu Kara el ejercicio de la democracia comunitaria se basa en los principios de reciprocidad, solidaridad, complementariedad, proporcionalidad, racionalidad, integrali-dad, equidad y autogestión. Dentro de esta lógica, son las comunas o comunidades quienes ejercen el gobierno a través de las Asambleas y el Consejo de Gobierno:


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“La democracia comunitaria de las nacionalidades y pueblos se sustenta en las asambleas generales y comunitarias para resolver o adoptar decisiones. En estos espacios se desarrollan discusiones y diálogos con la intervención directa de la población con presencia intergeneracional y de género de la población” (Tasiguano 2018). Un aspecto importante es que se procura que las decisiones se tomen por consenso. Las lógicas de participación comunitarias rompen así con la idea tradicional del poder en la toma las decisiones. Como se verá más adelante, en la democracia comunitaria son las comunas y las comunidades quienes plantean los mandatos y construyen colectivamente su agenda, la misma que deberá ejecutar el Consejo de Gobierno.

La construcción de propuestas descansa, a su vez, en las decisiones que se toman a nivel comunitario, siendo los cabildos en el caso de las comunas y los consejos de gobierno, en el caso de las comunidades, los espacios de deliberación, construcción de propuestas y toma de decisiones que posteriormente son llevados hacia el Consejo de Gobierno del PKK. Cabe señalar que, si bien las comunas del Pueblo Kitu Kara se rigen por la Ley de Organización y Régimen de Comunas y el cabildo como figura de organización, a lo interno se procura que las decisiones del cabildo partan de sus principios de lo comunitario. Otras comunas han optado por transitar de la figura de comuna y constituirse como comunidades de origen ancestral y declararse como un gobierno comunitario territorial registrado ante el entonces CONDENPE y con ello recuperar el Consejo de Gobierno y sus principios comunitarios5. En el caso de las comunas y de las comunidades, los espacios internos de deliberación buscan una articulación real entre necesidades de las comunas y la Agenda del PKK, así como el ejercicio corresponsable en la implementación de la misma, en la medida en que las decisiones y propuestas van acompañadas de responsabilidades, tareas y roles.

Otro elemento importante a considerar en la democracia comunitaria tiene que ver con el valor de las opiniones de los ancianos, cuya experiencia y sabiduría es valorada en las decisiones a tomar:

5 Es el caso de la comunidad la Toglla, que en 2005 hizo la transición para convertirse en comunidad de origen ancestral y registrarse ante el CODENPE. Entrevista Jaime Paucar.


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“En este proceso la opinión de los taytas y mamas (ancianos) tienen mucho valor, en muchos casos hasta decisorios… Las decisiones están respaldadas o sustentadas en los conocimientos y sabidurías, usos y costumbres ancestrales de la colectividad y actualmente también respaldadas por un registro ya sea en actas, sentencias, o con respaldos videográficos de acciones colectivas y comunitarias” (Entrevista Ana Lucía Tasiguano, junio 2018).

Para Jaime Paucar Presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad la Toglla, el ejercicio de lo comunitario implica un desafío importante para romper el esquema patriarcal en la toma de decisiones y recuperar el rol de la familia comunitaria. En muchas comunas y comunidades se busca que sea el núcleo familiar el origen de las primeras propuestas para ser llevadas al cabildo o al consejo de gobierno y posteriormente a las instancias de gobierno del Pueblo Kitu Kara (Entrevista Jaime Paucar, julio 2018).

Estas ideas, sin embargo, difieren de los postulados de la democracia liberal, la cual fundamenta los procesos de participación en la designación y elección de autoridades bajo un modelo de representatividad que en la mayoría de los casos inicia y concluye en las urnas, donde el poder político es ejercido por la autoridad designada bajo un modelo vertical en la toma de decisiones.

Para Jaime Paucar, el poder político en una democracia comunitaria se entiende como:

“El espacio para gobernar colectivamente, para pensar en el bienestar común y por tanto está ligado a lo comunitario. Este ejercicio va más allá de lo conceptual, es un ejercicio práctico y ese es uno de los esfuerzos que está haciendo el Pueblo Kitu Kara: repensar lo comunitario no solo para el beneficio de las comunidades, sino lo comunitario como una práctica de vida para la sociedad ecuatoriana en su conjunto…” (Entrevista Jaime Paucar, julio 2018).

De ahí que lo comunitario para el Pueblo Kitu Kara es una práctica diaria que atraviesa la relación con la economía, el territorio y las relaciones interpersonales:

“No podemos tener un cabildo sin un territorio y tampoco el territorio sin una visión o autoridad central. Lo central es el espacio en donde se delinean nuestras causas de vida. La autoridad es el Varayuk, la persona que porta el bastón de mando” (Entrevista Ana Lucía Tasiguano, Junio 2018).


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En definitiva, lo comunitario para el Pueblo Kitu Kara no es concebido de manera instrumental para ejercer la participación y la democracia. Es un principio de vida que atraviesa las formas de relacionamiento entre las personas, entre ellas y su territorio (naturaleza) y las formas como se ejerce el gobierno y la participación. La democracia comunitaria es, por tanto, una forma de ejercer la participación y de viabilizar otros derechos como el derecho a la autodeterminación de sus formas de vida y prioridades de desarrollo.

A fin de ejercer su derecho a la participación, el PKK ha desarrollo varios procesos. El primero, desde las comunas y comunidades, por recuperar sus formas de gobierno y toma de decisiones. Un segundo, a través de la Organización del Pueblo Kitu Kara y su definición como autoridad ancestral territorial, capaz de construir y adoptar decisiones de forma horizontal, con la participación directa de las comunas y comunidades, bajo los principios de lo comunitario. Un tercer proceso, mediante la incidencia en las políticas públicas para que se hagan efectivos el derecho a la autodeterminación, a la consulta previa, libre e informada, a conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social y de generación y ejercicio de la autoridad, así como el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales reconocidas en la Constitución.

Cabe señalar que, si bien la Constitución de 2008 presenta un avance importante al reconocer estos derechos, son las comunas y comunidades quienes, a través de sus procesos de resistencia y de recuperación de sus formas ancestrales de organización, gobierno y participación, ejercen lo comunitario y sus derechos colectivos. Incluso, y muchas veces a pesar del Estado, el ejercicio de la democracia comunitaria (art. 95) va de la mano del “derecho a la resistencia” (art. 98), haciendo de su ejercicio un verdadero cuestionamiento “desde abajo” de las formas de aplicación del mecanismo constitucional.

En este sentido, la democracia comunitaria en el caso del PKK es un ejercicio de participación e incidencia que nace y se gesta en las comunidades, que está en construcción y que va generando varios efectos: un mayor empoderamiento y conocimiento de los derechos indígenas por las mismas comunidades; el ejercicio del poder desde lo colectivo; y una incidencia en las políticas estatales a fin de hacer efectivos sus derechos a la participación, autodeterminación de sus formas de gobierno, modelo de desarrollo y administración de justicia. Se entenderá la democracia comunitaria en términos de Badiou como “acción


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colectiva, organizada por determinados principios, que aspira a desplegar las consecuencias de una nueva posibilidad que en la actualidad está reprimida por el orden dominante” (Badiou, 2008b).

A continuación, se analizará el ejercicio organizativo gestado desde el Pueblo Kitu Kara y fundamentado en los principios comunitarios expresados anteriormente.

La forma de organización social del pueblo Kitu Kara se basa en el Ayllu “entendido como la comunidad familiar que trabaja en forma colectiva en un territorio de propiedad común y que se fundamenta en los principios comunitarios del ranti-ranti (reciprocidad), pura (integralidad), tinkuy (relacionalidad) y yanantin (complementariedad), que son la base de la identidad intercultural y la plurinacional (Pueblo Kitu Kara, 2016).

A partir de estos principios, el Pueblo Kitu Kara busca mantener vivas sus formas colectivas de organización, administración, gobierno y espiritualidad, así como su relacionamiento con el territorio. Se entenderá el territorio como el espacio en donde se plasma su identidad ancestral, sus formas de vida y sus expresiones culturales y espirituales:

En la ancestralidad el territorio es el espacio de su vivencia cultural y su sustento. Es su razón de ser. Para los Quitu Cara fue y es el eje de la organización territorial y donde se fortalecen sus conceptos espirituales. Territorialmente las culturas Quitu y Cara conformaron un territorio integrado y motivado por las relaciones del maíz (Quitus), la selva y el agua (Caras). Esas relaciones marcaron su rol territorial (Tasiguano, 2011).

A fin de recuperar y fortalecer estas formas de organización y participación para la incidencia política, la estructura organizativa del Pueblo Kitu Kara está conformada por espacios de deliberación, construcción de propuestas y toma de decisiones como son los congresos, las asambleas y reuniones permanentes del consejo de gobierno. Estos mecanismos, como lo expresa Fernando Cabascango Presidente del Consejo de Gobierno del Pueblo Kitu Kara, buscan asegurar la participación plena de las comunas y comunidades en la construcción de propuestas, proyectos, en la toma de decisiones, y en la corresponsabilidad para llevar a cabo su incidencia (Entrevista Fernando Cabascango, julio 2018).

La organización interna y el

empoderamiento para la

participación


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Se debe tener en cuenta que la co-responsabilidad entendida desde la ontología política de los Kitu Kara deriva del Ayllu, como forma de organización territorial, cultural, de parentesco, etc. (Rivera Cusicanqui, 1990; Yampara, 2001). Comunidad y Ayllu pasaron a ser sinónimos desde el siglo XIX. Los Ayllu son células indivisibles, órganos indivisos. La co-responsabilidad entendida desde el Ayllu obliga a entender que la participación no puede darse al margen de lo comunitario. No se puede pensar en la separación de los órganos de decisión o los mecanismos de representación de la ontología política de la modernidad europea. En este sentido, la participación y poder político de los Kitu Kara pone contra las cuerdas el concepto de participación del Estado ecuatoriano, donde el discurso del desarrollo y el empoderamiento ciudadano apunta a los individuos y no a las comunidades y lo comunitario (Nicholls, 2014).

El ejercicio de corresponsabilidad comunitaria se visibiliza en el “Consejo de Gobierno” del PKK, el cual es elegido por el Congreso Ordinario. El congreso es el espacio en donde se definen los lineamientos y el mandato del PKK. Se reúne cada tres años ordinariamente para elegir al Consejo de Gobierno; y, extraordinariamente, cuantas veces sea necesario para tratar temas puntuales como reformas de estatuto o generación de normativas que ayuden al fortalecimiento de las comunas o comunidades.

Un aspecto importante de los congresos, es que éstos no solo son espacios para la elección del Consejo de Gobierno, sino también para desarrollar diagnósticos de las problemáticas territoriales, a partir de lo cual se plantean posibles soluciones y finalmente un mandato del cual deriva la agenda que debe cumplir el Consejo de Gobierno.

En el Ccongreso participan cinco delegados de cada comuna o comunidad quienes tienen voz y voto en la toma de decisiones y fraternamente pueden participar las personas que deseen, pero solo con derecho a voz. Los cinco delegados son designados por cada comuna y comunidad. Para ello se invita a los cabildos o consejos de gobierno de las comunas o comunidades para que envíen la nómina de los delegados oficiales y fraternos. Además del congreso, la asamblea es la instancia para la toma de decisiones, resoluciones y ejecución del plan o programa de gobierno del Pueblo Kitu Kara. Esta está conformada por los presidentes de las comunas y comunidades y el Consejo de Gobierno del pueblo Kitu Kara.


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El Consejo de Gobierno es el órgano de representación y está conformado por 8 dirigencias: presidente, vicepresidente y cinco dirigencias temáticas: fortalecimiento organizativo, tierras y territorios, mujer, jóvenes y comunicación. Todos los miembros tienen poder de decisión en condiciones de igualdad, además cada dirigencia tiene la posibilidad de plantear sus planes dentro del plan general que tiene el PKK. Para Fernando Cabascango esto implica un desafío importante en términos no solo de plantear propuestas, sino de asumir responsabilidades por parte de las comunas y comunidades y garantizar la horizontalidad en la generación de propuestas y toma de decisiones.

Además, al elegir al Consejo de Gobierno, se busca garantizar la representatividad territorial:

“La primera característica del gobierno es que haya representatividad de todas las zonas, que cubran zonas estratégicas urbanas y rurales, y de esa manera poder generar criterios que respondan a realidades diferentes porque nuestra lucha está ligada al territorio” (Entrevista Ana Lucía Tasiguano, junio 2018).

Por otra parte, el presidente del Consejo de Gobierno ejerce la representación legal de PKK, así como la responsabilidad de velar por el cumplimiento del mandato, la agenda política y los diálogos con otros actores (acompañado siempre de las dirigencias que manejan las temáticas específicas). El vicepresidente tiene la responsabilidad de la coordinación y seguimiento a los proyectos del PKK. El Consejo cuenta, además, con un nivel de apoyo técnico externo para temas puntuales, el cual permite contar con otras miradas y voces como son la academia, los centros de investigación o las organizaciones de la sociedad civil. El Consejo de Gobierno se reúne cada semana para hacer una planificación e informar los avances de los planes y programas. Además, da informes semestralmente de los avances frente al mandato del PKK.

Esta estructura y forma de gobierno, a decir de Fernando Cabascango, es radicalmente diferente a las formas de gobierno tradicionales, en donde es la autoridad la que plantea la propuesta y ejerce la autoridad. En el caso del gobierno comunitario del Pueblo Kitu Kara, son las personas las que construyen el mandato, el plan y la agenda política; mientras que la autoridad, en este caso el Consejo de Gobierno, tiene la responsabilidad de que se cumpla en corresponsabilidad con las comunas y comunidades:


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“Aquí los candidatos no plantean lo que van a hacer de ganar la elección, sino que gane quien gane tiene que cumplir el mandato generado mediante el Congreso, el cual responde a la realidad de las comunas. Esto genera mayor participación, pues es un trabajo que debe ir articulado con las comunas, entonces se garantiza la participación” (Entrevista Fernando Cabascango, julio 2018).

Se observa que la horizontalidad, es la igualdad que para Rancière (2001) constituye la esencia de lo político y que una vez ejercida se convierte en política capaz de cuestionar la asignación de espacios por parte de la institucionalidad.

Otro aspecto importante en la organización tiene que ver con la toma de decisiones. Se hará notar que el voto, como tal, no es el principal medio de participación de los órganos comunitarios del PKK. Lo primero que se busca es el consenso y si no se ha logrado, se acude a votación. De esta forma para el PKK el sujeto de participación no es aquel capaz de emitir un voto. Antes bien, es aquel o aquella capaz de presentarse en la reunión comunitaria (Asamblea o Congreso) para acercar los problemas y los asuntos pendientes que requieren de la decisión comunitaria para ser resueltos.

Como lo expresa Jaime Paucar, Presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad La Toglla:

“Venimos trabajando en función de que la discusión y toma de decisiones se haga por consenso, generando espacios para la incorporación de todos los actores, especialmente de la mujer, para que su rol sea visible en la toma de decisiones. Hasta ahora en los espacios de toma de decisiones de las comunidades todavía prevalecen la mayoría presencia masculina. Hemos hecho esfuerzos para que en los consejos de gobierno haya presencia de mujeres. Eso ha permitido tener un análisis y debate más amplio sobre lo que le conviene a la comunidad” (Entrevista Jaime Paucar, Julio 2018).

Un tema necesario de rescatar en cuanto al ejercicio organizativo, es la participación de las mujeres, si bien en cada comunidad y comuna la presencia de las mujeres en las reflexiones y toma de decisiones es distinta; a decir de Freddy Simbaña, miembro activo de la comuna urbana Chilibulo-Marcopamba-La Raya, este tema es uno de los grandes desafíos de los procesos de participación del PKK:


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“Puede haber un discurso romántico de la existencia de paridad, yo no estoy de acuerdo. Creo que hay que reconocer que los Andes es una sociedad patriarcal en donde ha existido una dominación sobre la mujer, una mala intuición. Esta intuición ha causado una conciencia mágica que ha llevado a naturalizar roles de hombres y mujeres. Estos temas con respecto a la familia son complejos. No se hablan en el mundo indígena. Eso es lo que menos se ha trabajado: los temas de género, feminidad, feminismo”. (Entrevista Freddy Simbaña 15 de junio 2018).

El rol de las comunas y comunidades se vuelve así fundamental en la construcción participativa de la agenda y en el ejercicio mismo de gobierno del Pueblo Kitu Kara, así como en la inclusión de los temas de género. A su vez, la organización del Pueblo Kitu Kara va fortaleciendo el proceso de empoderamiento de las comunas y comunidades del Pueblo Kitu Kara para recuperar su identidad con todo su contenido económico, político, social y cultural. Sin embargo, esto no implica una visión folklórica como advierte Fernando Cabascango:

“Nosotros cuando hablamos de identidad, no hablamos de vestimenta o idioma sino de lógicas comunitarias, eso es lo que nosotros defendemos. Ahí entran el tema de gobierno, de la propiedad, de la economía, varios temas. Esa esencia se mantiene. En las épocas coloniales se empezó a pensar la identidad como folklor en las expresiones artísticas, vaciándole de ese contenido político, económico y social” (Entrevista Fernando Cabascango, julio 2018).

Así, a partir de la recuperación de la identidad y la adscripción territorial se busca el empoderamiento y la participación política. Es lo identitario lo que permite recuperar el poder político y por tanto la posibilidad de crear propuestas, plantear agendas comunes y espacios de diálogo en condiciones de igualdad con las entidades del Estado. Se reconocerá de inmediato el empoderamiento arendtiano de la vía consejista en la organización del PKK. Para Arendt era el consejo el órgano que mejor podía aglutinar la acción de los agentes una vez se ha puesto en marcha: “el poder no es nunca propiedad de un individuo; pertenece al grupo y existe sólo mientras éste no se desintegra” (Arendt, 2005).

Uno de los problemas planteados por Arendt respecto al poder de la vía consejista era precisamente cómo ejercer el poder de manera comunitaria sin que eso derivara en “mando, dominación o violencia”. Se entenderá así su decepción ante los soviets de la


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Revolución Rusa (Arendt, 2006), quienes no habrían entendido el carácter orgánico del consejo. En este punto, parece interesante destacar el papel del “mandato” y la relación entre congreso y consejo que establece el PKK. No es el consejo el que genera la dominación, sino que el congreso, al designar el consejo hace la entrega del mandato, simbólicamente expresado a través de la entrega del “Bastón de Mando”. Se puede decir que se ejerce el lema zapatista de “mandar obedeciendo”. Se entenderá que, de esta manera, se salva la relación entre el consejo y el poder, al residir la fuente del mismo en el congreso y en el proceso de accionar que lleva aparejado, el cual se fundamenta en los principios de lo comunitario.

Estos procesos de empoderamiento que se ha descrito no son, sin embargo, iguales en todas las comunidades. Precisamente uno de los desafíos que enfrenta en la actualidad el PKK, es lograr que otras comunidades se adscriban como parte del Pueblo Kitu Kara. Por eso, para Jaime Paucar la recuperación de los conceptos, la filosofía y las prácticas de vida de los pueblos indígenas son las bases del empoderamiento comunitario. (Entrevista Jaime Paucar, Julio 2018).

Resumiendo, del ejercicio organizativo del PKK se puede destacar algunos aspectos. Uno de ellos es que éste se sustenta en temas comunes que los articula como son la recuperación de su identidad territorial y el derecho a la autodeterminación. Un segundo aspecto es que la organización se fundamenta en los principios comunitarios, lo que asegura un ejercicio participativo horizontal, más amplio e integral de los actores, así como también corresponsable en la construcción de agendas y propuestas. Finalmente, un elemento que hay que considerar en el análisis es la participación de la mujer. Si bien se han dado algunas acciones para fortalecer su presencia en las reflexiones a nivel comunitario y en las instancias de toma de decisiones, falta mucho por hacer en términos de reflexiones sobre el rol de la mujer, las problemáticas que enfrentan y las condiciones necesarias para fortalecer su participación.

Como se señaló, el ejercicio de la democracia comunitaria del Pueblo Kitu Kara y su proceso organizativo nace y se gesta en las relaciones de las comunas y comunidades indígenas, que inicia a partir de la articulación de problemáticas comunes puntuales y se fortalece y mantiene a partir de un tema común: la recuperación de su identidad territorial como pueblos ancestrales de Quito. Posteriormente la agenda se amplía

La construcción de tejido social


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incluyendo temas como la propiedad comunitaria, la economía, la justicia, el gobierno indígena, el acceso a los recursos.

La construcción del tejido social del PKK toma fuerza en los años ochenta y noventa a partir de varias acciones impulsadas por las generaciones más jóvenes, que inspirados en las luchas sociales indígenas de sus antepasados inician procesos de autoconocimiento de su origen y recuperación de costumbres ancestrales. En este sentido las generaciones de estudiantes y líderes indígenas fueron clave en el proceso de construcción de tejido social:

“Los estudiantes que empiezan a entrar en las universidades, comienzan a generar encuentros de la ruralidad, van generando elementos, textos, aparecen los gestores culturales desde la comunas y comunidades que van teniendo incidencia en la política cultural de Quito. Ese fue el nexo para generar tejido social, el nexo fue lo cultural, la identidad cultural y de ahí fueron construyéndose agendas en temas más políticos” (Entrevista Freddy Simbaña, junio 2018).

A través de encuentros, eventos festivos y la conformación de agrupaciones se empieza a construir tejido social. También se generan espacios de capacitación en las comunidades y articulación con algunos sectores de la clase media de Quito que se interesan y adhieren a los procesos del PKK y van fomentando el conocimiento de las poblaciones indígenas de Quito:

“Este grupo de personas empiezan a levantar experiencias de fortalecimiento, comienzan a interesarse por la lengua, ven también la necesidad de una adscripción comunitaria, construirse como ciudadanos de Quito. Este sector medio está ahora vigente y apoya, algunos de ellos se adscribieron a las comunas como técnicos o comuneros. Era una clase media mestiza que se adhiere a las luchas de las comunas y cambian incluso su residencia. Luego van generando mucho relacionamiento. Por una necesidad de reconocimiento cultural” (Entrevista Freddy Simbaña, junio 2018).

Estos procesos en territorio ponen las bases para pensar en la articulación con otras comunidades y posteriormente en una organización que los agrupe y que permita la construcción colectiva de propuestas. En este proceso uno de los desafíos para lograr mayor articulación y tejido social más importantes ha sido el reconocimiento de las comunidades y comunas


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como pueblos originarios. Varios dirigentes del Pueblo Kitu Kara indican que no todas las comunas se sienten Kitu Kara. Las principales causas que explican esta reticencia tienen que ver con los procesos culturales modernizantes de blanqueamiento de las comunas y comunidades, las normativas que obligan a las comunidades a mirarse como pueblos de origen campesino dentro del sistema productivo capitalista, así como el desconocimiento de los derechos indígenas.

Ante ello, se han adoptado diferentes estrategias, como muestra, por ejemplo, el caso de la Comunidad de la Toglla. En el año 2005 esta comunidad inició un proceso de transición a fin de salir de la figura de “comuna” para autodefinirse como “comunidad de origen ancestral”. Ello les permitió fortalecer no sólo su auto-referencia, sino también la organización del gobierno comunitario territorial y el Consejo de Gobierno como la instancia para la toma de decisiones, lo que les permitió abandonar la figura de cabildo reconocida en la Ley de Comunas y tener autonomía con respecto al Ministerio de Agricultura, que es la instancia institucional que regula a las comunas.

En el caso de otras comunas, el tejido social se ha ido fortaleciendo a través de los espacios de encuentro cultural y de deliberación. En ellos se recuperan y fortalecen los principios comunitarios y la confianza para trabajar conjuntamente en propuestas de acción de incidencia política.

Otra forma de construcción de tejido social fue a través de su adhesión al proyecto político de la ECUARUNARI y la CONAIE, fortaleciendo el reconocimiento de los derechos indígenas desde las propias comunidades. Esta articulación no siempre ha sido fácil, pues existen comunas que tienen resistencia a reconocerse como parte de la CONAIE, dado el conflicto de los últimos años con el Estado y con ello la posibilidad de retaliaciones por parte del Estado (Entrevista Fernando Cabascango, julio 2018).

El tejido social es un proceso en construcción del pueblo Kitu Kara que enfrenta, por un lado, las lógicas estatales de desmovilización política, de cooptación y de “gubernamentalización” de la participación y el poder político (Nicholls, 2014) y; por otro, las propias lógicas y procesos de las comunidades y comunas. Como veíamos, no todas las comunas se identifican como originarias del pueblo Kitu Kara, y muchas desconocen qué implica el ejercicio de los derechos colectivos:


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“Una de las cosas que es bien preocupante es la claridad frente a los derechos que tienen las comunas y comunidades. Todavía hay un desconocimiento, confusiones y miedos y en ese sentido uno de las grandes tareas es generar un espacio de capacitación para garantizar que los y las comuneras tengan claros cuáles son sus derechos. Se ha definido bastante el tema de la autonomía y autoridad, pero aún hay miedo de aplicarlo” (Entrevista Fernando Cabascango, julio 2018).

Otro reto en la construcción del tejido social tiene que ver con la capacidad del PKK de generar espacios que permitan la vinculación con las generaciones más jóvenes, lo que no siempre es fácil. Así, si por un lado existe un mayor reconocimiento de jóvenes y niños sobre su origen e identidad como pueblos indígenas originarios, por otro hay una lucha constante frente a los procesos modernizantes que desvinculan a los jóvenes de su identidad y de la participación política. Frente a ello las estrategias han sido diversas. Comunas como Llano Grande trabajan con los jóvenes en crear estrategias de liderazgos juveniles a través de organizaciones culturales.

Partiendo de la lógica de la relacionalidad, se entiende que el tejido social de los Kitu Kara, genera territorialidades no liberales (Escobar 2010b). Estas territorialidades, se comprenden en lo que Doreen Massey (2004) llama “geografías de la responsabilidad”, ya que a todo paradigma relacional le sigue la ética de la correspondencia, según la cual nos sentimos responsables con todos aquellos con los que estamos conectados. Massey sostiene que las identidades no son la concentración esencialista de cualidades, sino, más bien, el conjunto en construcción de flujos y relaciones en los que se desarrolla la vida.

En este sentido, identidad y relación con el espacio, van de la mano. Partiendo de la política de la conectividad de Ash Amin (2002) entiende la “comunidad” y lo “comunitario” como el haz de relaciones en los que surge la identidad, de tal forma que comunidad no es ni algo preconcebido ni una meta a conseguir, sino un lugar de negociación, en el sentido más amplio del término. Desde estos presupuestos, Massey afirma que la responsabilidad implica tres aspectos: (i) la construcción de la identidad en relación con los otros, (ii) su materialización en la forma en que el lugar está personificado, (iii) la extensión más allá del lugar inmediato.

Con ello, se entenderá que el tejido social de los Kitu Kara no puede ser entendido como un cierre identitario al interior de sus


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comunidades, sino como una apertura de relaciones en las que se da el flujo entre lo local y lo global, entre la afirmación y la negociación.

Es este uno de los puntos más controvertidos del estudio de caso. En las entrevistas realizadas se ha advertido que el Estado era siempre un punto referido a la hora de destacar las diferentes lógicas para entender lo político y lo comunitario. Se identifican ontologías políticas diferentes (De la Cadena, 2008, 2010) que implican la existencia de territorialidades distintas (Escobar, 2015) y que en muchos casos ha llevado en América Latina a malentendidos entre los estados y las comunidades, como en el caso de los Mapuches en Chile (Di Giminiani, 2013) o los habitantes del Chaco (Blaser, 2010). Para algunos son mundos “radicalmente distintos” (Povinelli 2001) mientras que para otros (Ingold, 2018) habitamos un mismo mundo.

En el caso de los Kitu Kara, se advierten dos cuestiones. Primero, las dos ontologías políticas atraviesan cuestiones clave como son el concepto de “desarrollo”, la noción de “territorio” y el problema de la “plurinacionalidad”. Segundo, dada la inserción del pueblo Kitu Kara en el municipio de Quito, la relación con el Estado se realiza en un doble plano: con el Estado y con el municipio. Estas dos cuestiones guían la relación del Pueblo Kitu Kara con el Estado.

a) Diferentes ontologías de lo político

Históricamente la relación de las comunas y comunidades del Pueblo Kitu Kara con el Estado ha estado marcada tanto por la resistencia a las políticas estatales que profundizan las condiciones de desigualdad, exclusión y opresión de los pueblos indígenas, cuanto por la necesidad del reconocimiento de sus derechos y formas de vida.

En los años noventa, con el levantamiento indígena, el sector indígena aparece como un actor político importante, no solo por su capacidad de resistencia y movilización social, sino también por la generación de propuestas de políticas concretas que serán la base para el reconocimiento de la interculturalidad en la Constitución de 1998 y de la plurinacionalidad en la Constitución de 2008, junto con la democracia comunitaria, la autodeterminación y los derechos colectivos.

La relación con el Estado y la

incidencia en las políticas públicas


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Estructuras territorializadas

Pese a lograr introducir estos contenidos en la Constitución, no ha sido posible ejercer plenamente estos derechos. Las lógicas estatales chocan en muchos casos con las lógicas indígenas. Reflejo de ello son las normativas caducas, en oposición a los postulados constitucionales, y las instituciones que no responden a los desafíos de la interculturalidad, la plurinacionalidad, la autodeterminación y los derechos colectivos.

Se identifican en dos cuestiones, en relación directa con la participación, tal como han surgido en las entrevistas: la noción de desarrollo y el problema de la plurinacionalidad.

En relación con el desarrollo, los proyectos estatales han implementado un modelo en franca oposición a los sistemas de vida indígenas, extendiendo, así una forma de participación política determinada por su contribución a la construcción de una sociedad desarrollada:

“La sola interpretación de que el Sumak Kawsay es “vivir bien” aceleró las mismas proyecciones de ese desarrollo que reafirmó los modelos hegemónicos, irresponsablemente extractivistas y desde políticas pensadas desde los superior/centro estatal, dejando de lado los sistemas locales y menos aun considerando a lo comunitario” (Tasiguano, 2018).

La noción de desarrollo es uno de los indicios de hallarnos ante dos ontologías de lo político diferentes. Como han señalado Lalander y Ospina (2012) aunque la izquierda ecuatoriana y la CONAIE parecían buscar los mismos fines diferían en el camino a seguir. La implementación de un modelo de desarrollo respondía por parte del Estado a un modelo post-capitalista que no abandonó el desarrollo (neo-desarrolista), mientras que desde el movimiento indígena se trataba de buscar alternativas al discurso del desarrollo (Escobar, 2010b).

En este contexto, chocaron dos nociones de participación que se anclaban en estas dos ontologías políticas, con la particularidad de que una de ellas tenía los mecanismos de imposición hegemónica de los que carecía la otra. Por ello, se puede decir con Botkin se asiste a la “imposición de geografía política sobre una geografía ecológica” (Botkin, 1990: 19). En este sentido, la implementación de los planes de desarrollo requería una participación funcional y pasiva que pudiera justificar la imposición de esta geografía política.


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La participación, desde la ontología política de los Kitu Kara, cuestiona, precisamente esta imposición.

La cuestión de la plurinacionalidad. La Constitución del Ecuador, si bien marca un hito importante en términos de reconocer las demandas indígenas, no ha sido suficiente para dotar de contenidos a la plurinacionalidad, la democracia comunitaria, y los derechos colectivos. De ahí que la alternativa del Pueblo Kitu Kara, como lo expone Ana Lucía Tasiguano, sigue siendo la resistencia:

“Resistencia desde la movilización y propuestas, pero también desde la reinterpretación y aplicación de los derechos desde nuestras propias concepciones, cosmovisiones y prácticas en diálogo o confrontación con las propuestas que empezaban en adversidad, a ser visibles y disponibles. Uno de ellas, la democracia” (Tasiguano, 2018).

La vinculación de la democracia comunitaria, la plurinacionalidad y el derecho a la resistencia muestran hasta qué punto la lógica del Ayllu nos está hablando de un “sistema comunal” y de una “lógica de la corresponsabilidad”. En este sentido los espacios de la política y del territorio parten de una ontología relacional, donde no pueden buscarse espacios privilegiados para la política al margen de lo comunitario, ni donde el territorio puede ser concebido al margen de las demandas de autodeterminación de los Kitu Kara. El Estado, a través de la Revolución Ciudadana trató de convertir a todos los individuos en ciudadanos (Lalander y Ospina, 2012) aplicando la lógica de la individualización de la política. Por eso, no es de extrañar que dejara de lado el reconocimiento de la diferencia que supone la plurinacionalidad.

Estas lógicas diferentes afectan las iniciativas de participación en las políticas públicas, pues mientras las comunas y comunidades del PPK buscan recuperar los aspectos comunitarios, las instituciones y normativas estatales no lo logran todavía. Un ejemplo de ello es la Ley de Comunas, que no reconoce las formas organizativas y autoridades ancestrales. Otro ejemplo muy claro ocurre con la normativa municipal de propiedad de la tierra, que no ha logrado materializar la figura de propiedad comunitaria.

La relación entre plurinacionalidad y participación es clave, porque no puede implementarse la plurinacionalidad sin la participación y porque revela las diferentes


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formas de entenderlo, según se miren los lineamientos gubernamentales o las propuestas de los Kitu Kara. Desde los Kitu Kara, la plurinacionalidad es una meta insoslayable en la negociación con el Estado. Dada la relevancia de la identidad relacional en territorios discontinuos, el reconocimiento de la plurinacionalidad pasa por el ejercicio de la participación, antes, incluso, que la delimitación espacial. Para los Kitu Kara, la participación es un accionar político territorial que, en su conjunto, permitiría hablar de la libre determinación de las comunas, lo cual conduce al ejercicio de la plurinacionalidad. Es decir, la plurinacionalidad es un ejercicio de autodeterminación y éste no puede existir sin la participación política.

b) El plano estatal y municipal

A lo largo de los años las comunas y comunidades del PKK han tenido diferentes formas de relacionamiento con el nivel municipal, donde la resistencia desde la movilización y desde la propuesta han estado presentes. A nivel local se han dado relaciones de oposición directa a proyectos específicos impulsados desde el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) como por ejemplo la construcción de un botadero de basura en Jalonguilla Calderón o la construcción de la vía al aeropuerto en Llano Grande.

A ello se suman momentos de tensión por intentos desde el Municipio del DMQ de dividir a las comunas y comunidades:

“Hubo una experiencia negativa con la alcaldía de Barrera, cuando hubo intentos por generar federaciones de comunas paralelas, se cooptó a algunas comunas, esto nos puso en graves conflictos con el pueblo. Finalmente fue un proyecto ambicioso en donde invirtieron muchos recursos, hicieron una federación de comunas de Pichincha, pero no lograron tener respaldo” (Entrevista Fernando Cabascango, julio 2018).

Desde el año 2015, el PKK decidió declarase en diálogo con el Municipio de Quito. Esto ha posibilitado construir una relación más cercana y horizontal con las autoridades y técnicos para así propiciar el reconocimiento de la Agenda Política del Pueblo Kitu Kara por el Municipio, una de las acciones de incidencia más importantes en los últimos años.

La Agenda Política del Pueblo Kitu Kara viene de un proceso de reflexión llevado a cabo por los cabildos y consejos de


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gobierno de las comunas y comunidades que inicia en el 2014, año en que se realiza el cuarto Congreso del PKK, se elige al nuevo Consejo de Gobierno y se resuelve construir una agenda política propia a ser presentada a las autoridades del DMQ. Para ello, desde el Consejo de Gobierno del PKK se inician diversos intercambios y diálogos con las comunas y comunidades con el fin de analizar las problemáticas e identificar demandas y propuestas de políticas públicas frente al Municipio de Quito.

Paralelamente a este proceso, en 2015 el Municipio del DMQ inicia el primer debate del Proyecto de Ordenanza AEIR Ilaló Lumbisí, sin el conocimiento de las comunas y comunidades involucradas, incumpliendo el derecho a la consulta pre legislativa reconocido en la Constitución del Ecuador. En ese momento el PKK exige al Municipio el archivo de dicha ordenanza y se inician mesas de trabajo con las comunas y comunidades para debatir sobre temas prioritarios relacionados con la autoridad, propiedad y ambiente. A partir de ello se busca el acercamiento entre PKK y Municipio. En el año 2016 se da una reunión con el alcalde de Quito, y se decide conformar cuatro mesas de diálogo político entre autoridades municipales y autoridades comunales y comunitarias: a) mesa de tierras, territorio y ambiente; b) mesa de gobiernos comunitarios; c) mesa de cultura, identidad y medios de vida; y d) mesa de participación social, política y comunitaria (Pueblo Kitu Kara, 2016).

El proceso de las mesas de diálogo incluyó tres momentos: uno de diseño de un documento con objetivos, instrumentos de investigación y normativa jurídica; un segundo momento de visitas a las comunidades para recoger información de casos y problemáticas puntuales y un tercer momento, donde se buscó articular los hallazgos con los instrumentos nacionales e internacionales de protección de los derechos indígenas y acordar lineamientos de políticas públicas y generar la Agenda Política del Pueblo Kitu Kara.

En 2016 la Agenda fue entregada formalmente al Alcalde y autoridades del Municipio del DMQ estableciendo siete ejes de acción: (i) modelo de propiedad; (ii) modelo ambiental; (iii) modelo cultural, intercultural y plurinacional; (iv) modelo de autoridad y relacionamiento; (v) modelo de planificación; (vi) modelo de participación; y, (vii) legislación y administración de justicia.


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En la actualidad, uno de los avances más importantes en términos de incidencia de la agenda ha sido el reconocimiento de la categoría de “propiedad comunitaria” dentro del Municipio de Quito. Se trata, como afirma Ana Lucía Tasiguano, de lograr la restitución territorial y el fortalecimiento de la autoridad comunitaria, que son las condiciones para lograr los demás temas de la agenda (Entrevista Ana Lucía Tasiguano, junio 2018).

De igual forma, el PKK trabaja en generar la suficiente evidencia que permita visibilizar la propiedad comunitaria en Quito, como una base que sustente la necesidad de la figura de propiedad comunitaria y de esta forma visibilizar que hay otro tipo de propiedad. Además, la propiedad comunitaria da cuenta de una presencia ancestral, sistemas propios, normativas e identidades que están demandando la restitución de los derechos y formas de vida ancestrales.

Este proceso no ha sido fácil para las comunas y comunidades del PKK. El principal problema ha sido el enfrentarse con la visión del municipio, sus normas y su institucionalidad pues existen diferentes nociones y visiones del territorio:

“Las comunas están resignificándose, pero el Estado no, sigue siendo el mismo. Todavía hay clasismo, racismo. Las comunas han desarrollado niveles de participación y organización, el Estado no” (Entrevista Freddy Simbaña, junio 2018).

De ahí que una de las demandas a la institucionalidad es la necesidad de incorporar abordajes diferentes para tratar las problemáticas de las comunas y comunidades.

El proceso de incidencia de la agenda del PKK implica, también, un ejercicio interno de corresponsabilidad de las comunidades en el sentido de cumplir con ese mandato. La agenda política es un instrumento que, además de recoger las demandas y propuestas del PKK, orienta las acciones dentro de las comunas y comunidades indicando cómo ejercer la democracia comunitaria, la participación de las mujeres, jóvenes, ancianos, la relación con la naturaleza y el ejercicio de la justicia indígena.


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El proceso organizativo del Pueblo Kitu Kara es un proceso histórico de años de lucha y resistencia a la imposición de la colonia y posteriormente al Estado moderno que nace desde las comunas y comunidades con un sentido: la urgencia de recuperar y ejercer sus formas de vida en lo económico, lo cultural y lo político y que se fortalece con la conformación de una entidad capaz de articular las problemáticas y construir propuestas de política pública. La resistencia muestra dos lógicas que se confrontan en torno a lo que es la participación y el poder político. Son “luchas ontológicas” como lo llama Escobar (2010b, 2015).

Si para el pueblo Kitu Kara lo político y la participación se fundamenta en los principios comunitarios, para el Estado lo político y la participación se entiende desde la lógica del ciudadano individual, desde las posibilidades de la democracia representativa plebiscitaria y desde la “policía” o la actividad participativa controlada desde el Estado en palabras de Rancière. Retomando las mismas ideas de Rancière, la participación del PKK en las políticas públicas irrumpe en el orden de la policía, y lo obliga a replantear los instrumentos de política pública. Es el caso, por ejemplo, del reconocimiento de la propiedad comunitaria por parte del Municipio. Esto obliga al Estado a replantear el entendimiento de lo comunitario, del territorio y de la propiedad y por tanto a incorporar cambios en reglamentos y normativas a fin de que se puedan plasmar estas ontologías. Este es precisamente uno de los desafíos, cómo lograr que el Estado, los tomadores de decisión y los técnicos comprendan estos conceptos y los materialicen en acciones de política pública.

Los principios inspiradores son fundamento de la participación fuerte. Del proceso participativo del Pueblo Kitu Kara destaca que la participación descansa en la posibilidad de remitirse a un hecho fundamental o un principio que inspira su lucha como es la identidad territorial y los principios comunitarios para el ejercicio de la participación política. Estos temas son los que van generando la articulación de las comunas y comunidades, fortalecen el tejido social y permiten construir una agenda política común para la incidencia política. Tomando a Badiou, son estos principios los que permiten la presentación de la acción colectiva y por tanto su poder político. El desafío está en consolidar los principios al interior de las propias comunas y comunidades: ¿cómo

Reflexionesfinales


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lograr la adscripción territorial y reconocimiento identitario de aquellas comunas que aún se resisten? Como lo expresa Badiou: “La política es imposible sin la declaración de que la gente, tomada indistintamente, es capaz de asumir el pensamiento que constituye al sujeto post-acontecimiento político. Esta declaración supone que un pensamiento político es topológicamente colectivo, lo que significa que no puede existir de otra forma que como el pensamiento de todos”. (Badiou, 2005b).

Lo político desde la lógica de la relacionalidad y de las luchas por el territorio. Un aspecto que se encuentra en el análisis de la experiencia de participación de la organización del Pueblo Kitu Kara es la comprensión de lo político desde la relacionalidad, es decir, la relación en el espacio con todos aquellos seres y elementos de las prácticas diarias. Esta relacionalidad se genera en el territorio, como se desprende del estudio. Más bien, se puede indicar que el territorio no es un “algo previo”, sino que se constituye en la misma relación. Por ello, eludiendo los conatos de esencialización y floklorización, el Pueblo Kitu Kara entiende que territorio, identidad y relación van de la mano. Para ellos, no pueden existir derechos, si no hay un territorio en donde estos se materialicen. Cabe señalar que, si bien en el pasado las luchas eran por recuperar la tierra, en la actualidad se trata de una lucha por el territorio, un cambio fundamental que propone entender el territorio como el espacio de la identidad cultural y de la materialización de sus prácticas de vida, de organización y de gobierno. De ahí que nuevamente se vuelve fundamental el trabajar en la adscripción territorial identitaria al interior de las comunas y comunidades. El Pueblo Kitu Kara también busca incidir en los espacios de la política pública para que se reconozcan los principios comunitarios en cuanto al territorio, la democracia y la participación. Como se ve, si el Estado no evoluciona en su comprensión sobre las diferentes ontologías que cohabitan, difícilmente puede desarrollar instrumentos normativos que permitan esta coexistencia en función del bien común más amplio.

Lo comunitario (Ayllu) es el principio organizativo y desde donde se gesta la participación y la incidencia, tanto en las propias comunas y comunidades, cuanto en relación con el Estado. La lógica relacional de lo comunitario conlleva la corresponsabilidad en el ejercicio del poder. La relación


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entre Congreso y Consejo deja ver que el poder no es detentado ni ejercido de manera jerárquica, sino a modo de mandato. La ejecución del mandato por parte del Consejo hace comprender que para el Pueblo Kitu Kara el poder es, efectivamente, la “actuación de concierto” de Arendt. Las relaciones entre mandato, Congreso y Consejo evidencian que lo “comunitario” es la sede del poder para los Kitu Kara y que este poder no podría ejercerse legítimamente sin la articulación de las estructuras comunitarias. Se trataría, si se sigue a Foucault (1992), de una “cadena” o circuito de poder. Estos principios, expresados por el Pueblo Kitu Kara no son exclusivos para las comunas y comunidades indígenas, sino que buscan permear en la sociedad de forma más amplia. En este sentido, han generado espacios de debate y reflexión con otros grupos y sectores de la clase media de Quito, estableciendo relaciones entre lo local y lo global.

El diálogo y sensibilización con las autoridades del Estado como mecanismo de incidencia. A pesar de tratarse de dos ontologías políticas distintas, el Pueblo Kitu Kara ha entendido que es necesario tender puentes y buscar puntos de encuentro con el Estado. Así, la activación del mecanismo participativo constitucional de la democracia comunitaria (art. 95) se está realizando desde la lógica relacional de los Kitu Kara. A pesar de que la plurinacionalidad, desde el Estado, sigue siendo un aspecto pendiente, las propuestas y las mesas de diálogo (sobre todo a nivel municipal) apuntan en esa dirección. Es más, como se ha indicado, no podría existir la plurinacionalidad sin la participación política, ya que ésta no es más que el ejercicio de la libre determinación. Es decir, más allá de que la plurinacionalidad haya sido declarada en la Constitución de 2008, el Pueblo Kitu Kara ha entendido la plurinacionalidad como un ejercicio político. En este sentido, las expresiones de la participación política no dejan de ser expresiones de autodeterminación y demandan de la autoridad estatal desarrollos normativos de segundo y tercer orden. Es por ello, que las negociaciones con el Estado, a través de las organizaciones como ECURUNARI y CONAIE son permanentes.

El ejercicio de la democracia comunitaria va acompañado del derecho a la resistencia (art.98). Los Kitu Kara rechazan la asimetría con la que muchos actos protocolarios y mesas de trabajo son planteadas por las autoridades municipales

6 http://sitio.yasunidos.org/es/yasunidos/nuestros-principios.html


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y estatales. En este sentido, ejercen la resistencia al no reconocer la imposición de autoridades foráneas sobre sus estructuras organizativas y al tratar desde la horizontalidad a los funcionarios municipales. Los logros “desde abajo”, tales como la inclusión de la agenda del Pueblo Kitu Kara o el reconocimiento de la figura jurídica de la “propiedad comunitaria”, no podrían haberse dado sin el ejercicio de la resistencia (sea reconocido o no por la Constitución).

ANáLISIS DE LA EXPERIENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL COLECTIvO YASUNIDOS

El Colectivo Yasunidos viene de una larga historia de defensa de la Amazonía, concretamente del Parque Nacional Yasuní (PNY) por parte de organizaciones de la sociedad civil y movimientos ecologistas del Ecuador. El PNY está localizado en el sector centro oriental de la región amazónica ecuatoriana, en las provincias de Orellana (cantones Aguarico y Coca) y Pastaza (cantón Pastaza), entre los ríos Napo y Curaray. De acuerdo a los límites oficiales vigentes, el área total del PNY es de 1’022.736 hectáreas (MAE, 2011).

La necesidad de proteger un territorio rico en biodiversidad, los pueblos que allí habitan e impedir la expansión de la frontera petrolera, llevaron a grupos ecologistas a generar diferentes acciones. Una de ellas fue la campaña “Amazonía por la Vida” que nació en 1989 con el objetivo de articular esfuerzos y coordinar iniciativas para la defensa de la Amazonía y sus poblaciones. Sus principales actividades eran: difundir la problemática ambiental de la Amazonía; determinar estrategias que permitieran detener la destrucción del entorno natural y humano en esta región y motivar la participación de la comunidad en la búsqueda y ejecución de soluciones a sus problemas ambientales6.

A partir de esta campaña se generan procesos de reflexión y construcción de propuestas de desarrollo alternativas a la extracción petrolera. En el año 2000, cuando el Estado reactiva la necesidad de explotar el Yasuní, Acción Ecológica junto con otras organizaciones plantean la iniciativa de dejar


conformación del Colectivo

Yasunidos


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Cambio estructural e

impactos en la organización

el petróleo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní. En el año 2003, la propuesta fue presentada formalmente al Ministerio de Ambiente por las Organizaciones no Gubernamentales (ONG): Pachamama, Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y Acción Ecológica. Posteriormente, en el año 2007 se inserta la propuesta en la agenda política del gobierno; dando paso a una campaña nacional e internacional desde el Gobierno del Ecuador para generar adhesiones que permitan recaudar al menos el 50% de los beneficios que el Estado ecuatoriano obtendría si explotara las reservas de petróleo de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT). Estas acciones evidencian ya una incidencia en las políticas públicas desde los grupos ambientalistas, incluso antes del proceso de conformación del Colectivo Yasunidos.

Además, desde la sociedad civil se reactivó la campaña “Ama-zonía por la Vida” con el objetivo de generar una convocatoria masiva para salvar la Amazonía, posicionar al Yasuní a nivel nacional e internacional y generar mayores adhesiones de la sociedad a la propuesta de mantener de forma indefinida el petróleo bajo tierra en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini.

En esos mismos años, se constituyó también el movimiento Guardianes del Yasuní. La idea, según miembros del movimiento ecologista era generar un trabajo de información y sensibilización con jóvenes y niños de las escuelas para posicionar la idea de no explotar el petróleo del PNY y defender este territorio. Se generaron campañas para integrar a otros colectivos y personas y lograr un proceso de sensibilización más inclusivo. A decir de Esperanza Martínez, miembro de la organización Acción Ecológica y del Colectivo Yasunidos, estos jóvenes, niños y personas que participaron de los procesos de educación y sensibilización serían quienes en el año 2013 se auto convocaran para conformar el Colectivo Yasunidos (Entrevista Esperanza Martínez, junio 2018).

Los años posteriores al lanzamiento oficial de la Iniciativa son años de incertidumbre, pues, si bien desde el Gobierno se había conformado un equipo técnico para avanzar en la Iniciativa Yasuní ITT, paralelamente el Gobierno afinaba el llamado Plan B, la alternativa a la Iniciativa en caso de no lograr la compensación internacional requerida para mantener el crudo bajo tierra:


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“Cada año el Gobierno anunciaba la posibilidad de cancelar la iniciativa, mientras, al mismo tiempo, le daba oxígeno para lograr los recursos necesarios y posicionaba su importancia en los principales foros internacionales como la Conferencia de las Partes de Cambio Climático de Naciones Unidas” (Entrevista Esperanza Martínez, junio 2018).

Estas acciones desde el Estado provocaron tres efectos: (i) un grado elevado de incertidumbre en la sociedad respecto a la continuidad de la Iniciativa; (ii) una poderosa mediatización de la defensa del PNY a nivel nacional e internacional; y (iii) un mayor activismo de parte de los grupos ecologistas y organizaciones sociales para sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger el PNY.

Entre los años 2007 y 2013 los colectivos ecologistas trabajaron en dos vías: la primera, encaminada a generar una base social a nivel nacional para defender la no explotación del crudo del PNY; y, la segunda, enfocada en el fortalecimiento del debate público a través de charlas y foros nacionales e internacionales que divulguen la relevancia de la Iniciativa.

La importancia de proteger el PNY radicaba no solo en la necesidad de proteger una reserva mundial de biósfera, sino también en proteger las culturas ancestrales que allí habitan y cumplir con los mandatos constitucionales y normativas vigentes. En el PNY habitan grupos indígenas pertenecientes a las nacionalidades Waorani, Kichwa y Shuar, y los grupos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenani.

Además, la Constitución del Ecuador aprobada en el 2008, a través del artículo 71 establece como un deber primordial del Estado el proteger el patrimonio natural y cultural del país y el derecho de la naturaleza de que se respete integralmente su existencia. A ello, se suman normas específicas con respecto a la protección de las áreas protegidas naturales. El artículo 405 de la Constitución reconoce la existencia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el mismo que garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. Por su parte, el artículo 407 prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Establece además que, excepcionalmente, dichos recursos se


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podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.

En cuanto a la protección de los pueblos en aislamiento voluntario, el artículo 57 de la Constitución prohíbe las actividades extractivas en territorios habitados por pueblos en aislamiento voluntario: “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley”.

A ello se suma que, desde el año 1999, los pueblos en aislamiento voluntario que se encontraban dentro de PNY y su zona de amortiguamiento contaban con mecanismos legales de protección como la declaratoria de Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT), y el Plan de Medidas Cautelares. En la ZITT se establece que queda vedada a perpetuidad todo tipo de actividad extractiva. Desde febrero de 2011, ambos instrumentos están bajo responsabilidad del Ministerio de Justicia del Ecuador.

La posibilidad de mantener el petróleo bajo tierra en el PNY, partía tanto de cumplir lo establecido en la Constitución, cuanto de generar una iniciativa que permita transitar hacia un paradigma de desarrollo humano distinto al histórico modelo extractivista primario exportador.

La Iniciativa Yasuní ITT no llegó a concretarse. El 15 de agosto del 2013, el ex presidente Rafael Correa, firmó el Decreto Ejecutivo No. 74, mediante el cual disponía el inicio de la explotación petrolera, amparado en el artículo 407 de la Constitución ecuatoriana que permite excepcionalmente la explotación de recursos que se encuentren en áreas protegidas: “…excepcionalmente los recursos que ese encuentran en áreas protegidas se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular”.


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7 El 3 de octubre de 2013, la Asamblea Nacional de Ecuador, resolvió “Declarar de Interés Nacional la explotación de los Bloques 31 y 43, en una extensión no mayor al uno por mil (1/1000) de la superficie actual del Parque Nacional Yasuní”.

En el Decreto Presidencial No. 74 se dispuso también que “en el caso que la Asamblea Nacional autorice la actividad extractiva, ésta no podrá desarrollarse en un área superior al uno por ciento (1%) del Parque Nacional Yasuní.” Posteriormente se estableció en el área de explotación no supere el 1 por mil 7.

Luego del anuncio del Gobierno del Ecuador de iniciar la explotación de los campos ITT, el 18 de agosto de 2013 varios grupos ecologistas y defensores de derechos humanos, ambientalistas y estudiantes se auto convocaron a una marcha en la Plaza Grande para defender el Yasuní. Por varios días los grupos se plantaron en diferentes plazas y calles de Quito para demostrar su inconformidad con la decisión tomada por el Gobierno. Estas marchas serían el inicio de lo que sería el Colectivo Yasunidos.

El 18 de agosto de 2013 nace el Colectivo Yasunidos que agrupa a diversos colectivos y organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, ecologistas, grupos feministas, estudiantes de colegios y universidades, defensores de animales, grupos indígenas, grupos LGTBI, así como ciudadanos individuales cuyo principio inspirador era la defensa del Yasuní, los derechos de la naturaleza y un nuevo paradigma, en definitiva, en palabras de Patricio Chávez, Vocero del Colectivo Yasunidos, buscaban “Yasunizar la política” (Entrevista Patricio Chávez, Junio 2018).

Una de las acciones inmediatas que plantearon fue activar el mecanismo de consulta popular reconocido en el artículo 104 de la Constitución, con el fin de que la ciudadanía se pronunciase sobre la posibilidad o no de explotar el Yasuní ITT.

Llevar a cabo una consulta popular deviene en el inicio de un proceso de participación ciudadana con niveles de cohesión interna, empoderamiento y disrupción con modelos de organización convencionales. Las estrategias aplicadas les permite no solo la recolección de firmas necesarias para la consulta, sino principalmente la acción política para la construcción de una agenda que busca un cambio de paradigma y la proyección de nuevas vías que articulen la defensa de los recursos naturales con la defensa de las libertades.


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El Colectivo se autodefine como pacifista, no violento, apartidista, pero no apolítico. Se trata de un colectivo inclusivo y heterogéneo conformado por estudiantes, campesinos, obreros, niños, niñas y activistas, así como ecologistas y feministas pro derechos que confluyen en la diversidad. Sus ideales o principios inspiradores se fundamentan en generar salidas a problemáticas como el cambio climático, la crisis del agua, la extinción de la biodiversidad y el etnocidio de los pueblos indígenas, así como generar relaciones horizontales basadas en el respeto de la naturaleza y de los seres humanos8.

En su primer momento de conformación, respondieron básicamente a la necesidad de auto organizarse para responder a la decisión unilateral del Gobierno de explotar los campos Yasuní ITT. Para el Colectivo Yasunidos esta decisión no solo atentaba contra la biodiversidad y los pueblos que allí habitan, sino que iba en contra de la Constitución y del propio discurso en defensa de los derechos de la naturaleza que había capitalizado el Gobierno por varios años.

Como se verá más adelante, con el paso de los años, esta agenda ecologista para proteger el Yasuní dará paso a la creación de nuevas agendas más locales y territoriales enfocadas en temas como las libertades, la defensa de los animales o la lucha contra el extractivismo, entre otras temáticas.

En el proceso de conformación, los miembros del Colectivo discutieron diferentes acciones y estrategias para enfrentar la decisión del Gobierno de iniciar la explotación en los campos ITT. Una de ellas fue la posibilidad de iniciar acciones legales, argumentando que el Gobierno estaba incumpliendo los mandatos constitucionales que prohíben expresamente la explotación en territorios habitados por pueblos en aislamiento voluntario. Otra posibilidad era activar mecanismos de resistencia y movilización social, así como generar un proceso que reivindicara el derecho de los ecuatorianos a ser consultados en un tema de interés nacional a través del mecanismo de consulta popular.

Luego de varios debates internos, el Colectivo decidió activar el mecanismo de consulta popular garantizado por la Constitución

La organización interna y el

empoderamiento como estrategia de participación

8 http://sitio.yasunidos.org/es/yasunidos/nuestros-principios.html


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a través del artículo 104, mediante el cual la ciudadanía podría proponer una consulta popular sobre temas de interés nacional, cuyo resultado sería de obligatorio e inmediato cumplimiento (Artículos 105 y 106).

Paralelamente el Colectivo elaboró propuestas para dar continuidad a la idea de evitar la extracción de crudo en el Yasuní a través de alternativas concretas para que el Estado pudiese obtener fondos en base a diferentes opciones. Estas primeras propuestas fueron el origen de los “Planes de la A a la Z”, cuyo objetivo era integrar las propuestas en los debates de las organizaciones de base, la sociedad civil y la población en general (Colectivo Yasunidos, 2013).

La activación del mecanismo de consulta popular, fue el inicio de un proceso de participación con mecanismos y estrategias de organización interna, movilización y construcción de tejido social no convencionales para la participación e incidencia.

A partir de la decisión de llevar a cabo la consulta popular, el Colectivo decide no organizarse en una estructura formal, sino constituirse como un movimiento social sin personería jurídica. Esta decisión es asumida con el fin de poner en valor lo que Patricio Chávez llama la acción política directa, sin mediaciones del Estado (Entrevista Patricio Chávez, junio 2018). Esta estrategia les permitía a su vez actuar sin el riesgo de poder ser sancionados desde el Estado, así como ejercer la política de forma directa sin andamiaje institucional. Las decisiones las tomaban por consenso y luego de procesos de reflexión interna:

“Yasunidos intenta poner en práctica aquellas demandas de hacer política de forma más auténtica, más democrática. Nos hemos negado a tener personería jurídica, no nos interesa, queremos demostrar que no necesitas aparecer como un ente reconocido por la jurisdiccionalidad del país para tener voz propia. Nos hemos negado también a ser partido porque creemos que el poder no está en los espacios públicos formales, está en la gente en la capacidad de discutir y enfrentar al Estado y al gobierno con toda la autoridad moral y capacidad de reflexión” (Entrevista Patricio Chávez, junio 2018).

Frente a una democracia meramente representativa e institucional, que Badiou (2005b) llamaría “formal”, Yasunidos empieza a construir un proceso de participación política en oposición frontal al modelo institucional vigente. Badiou señala que la auténtica política se da en las organizaciones y no en la


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institución. La democracia para Badiou es una forma de Estado, mientras que la política es la pura presentación colectiva, la asociación libre de los hombres. Se entiende que cuando Yasunidos invoca una forma de hacer política más auténtica y más democrática lo hace en este sentido. La democracia formal o re-presentativa de las instituciones del Estado ecuatoriano en este caso, se habría utilizado como coartada para impedir la participación política. Siguiendo a Badiou la democracia como forma de Estado implica asumir una norma y la norma siempre sería exterior a la libre asociación de los hombres, sería trascendente. Es por ello que Badiou critica las democracias representativas por haber asumido la norma del capital y la cámara de representantes. Por ello habla de democracia “capitalo-parlamentarista” (2005b). Yasunidos, busca otra forma de democracia que permita la acción no institucional y la presentación de lo colectivo, coincidiendo con la “democracia radical” reconocida en la Constitución del Ecuador en el artículo 95.

Para trabajar, el colectivo decide organizarse de forma horizontal y sin una representación única. Se articula través de vocerías y equipos de trabajo conformados según las experticias, tiempo y capacidades de sus miembros. Esta decisión también responde a la necesidad de no generar protagonismos o liderazgos únicos que con el paso del tiempo pueden devenir en agendas propias o bien ser el foco de presiones desde el Estado.

La posibilidad de generar variedad de voces con un discurso único implicó un ejercicio de formación política, aprendizaje de destrezas, pero al mismo tiempo la generación de acciones más espontáneas, libres de la contaminación del ejercicio de la política tradicional. Yasunidos busca con ello hacer aflorar la política en su dimensión fundamental como la libre acción de los seres humanos que actúan de concierto. Partiendo de Arendt para quien “actuar, en su sentido más general, significa tomar la iniciativa, comenzar (como indica la palabra griega archein “comenzar”, “conducir” y finalmente “gobernar”), poner algo en movimiento (que es el significado original del agere latino) (1993: 201), se puede advertir la dimensión política de los Yasunidos en su sentido originario. De igual manera, si siguiendo a Badiou (2005b) se descubre que la política es exterior a la institución, minoritaria y fiel al acontecimiento originario, se entiende que Yasunidos está haciendo política al poner en movimiento tanto el proceso interno como las acciones hacia la esfera pública.

Otro factor importante de su organización fue la capacidad de congregar a actores de diversas edades y experticias: el


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colectivo estaba conformado en su mayoría por jóvenes de entre 16 y 30 años, así como representantes de organizaciones sociales, abogados defensores de derechos humanos con una larga trayectoria en la defensa de los derechos. Para Esperanza Martínez, la intergeneracionalidad, para ellos, significó la posibilidad de juntar la capacidad de acción, espontaneidad y experticias de los más jóvenes y los más adultos bajo un mismo objetivo (Entrevista Esperanza Martínez, Junio 2018).

Otro aspecto que se destaca en su organización es el tipo de actores involucrados. Muchos de ellos eran activistas que venían de un proceso de trabajo comunitario comprometido con sus ideales. Esto les permitió trabajar de manera más espontánea y sin imposiciones. Pedro Bermeo, vocero de Yasunidos y encargado del proceso de recolección de firmas para la consulta popular, afirma que el trabajo comunitario y las relaciones construidas previamente fueron aspectos fundamentales en su organización:

“Un elemento importante de nuestro trabajo, es que nosotros ya éramos activistas antes del proceso de recolección de firmas, ya trabajábamos con otras personas voluntariamente y esto hacía que sea más fácil el mecanismo horizontal y comprometido de trabajo, porque no hubo imposiciones. Veníamos de un trabajo comunitario, no pensamos en esto como estrategias, sino que se dio naturalmente. Todo era muchísima intuición” (Entrevista Pedro Bermeo, junio 2018).

En este mismo sentido se pronunció Arendt (2006) cuando advirtió que la Revolución Norteamericana fue posible porque los colonos habían estado haciendo política antes de iniciarse la revolución, a través de los acuerdos de confianza y las relaciones sobre el territorio. Marienstras (1988) se refiere a esta actuación previa a la revolución señalando que había sido la práctica libertaria la que había hecho de cada ciudadano un lugar de poder. Los Yasunidos se habían convertido en lugar de poder antes de la recolección de firmas precisamente porque ya eran activistas y fieles al acontecimiento originario (Badiou, 2008a). La generación de iniciativas es ya acción política y, en este sentido, implica la constitución de sujetos políticos.

Para organizarse, el colectivo de Quito se convirtió en el nodo central a través del cual se tejían redes con otros colectivos en territorio a fin de crear nodos de Yasunidos en otras provincias que se adhiriesen a la campaña de recolección de firmas. Esto implicó desde el colectivo de Quito generar articulación con otros


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colectivos de provincias. En el 2013 Yasunidos estuvo presente en 24 provincias del país, incluyendo Galápagos. Para lograr esto los miembros activos de Yasunidos asumían responsabilidades para desarrollar la articulación con los colectivos provinciales. En menos de tres meses el colectivo logró auto organizarse para llevar a cabo el proceso de recolección de firmas para una consulta popular.

En esta etapa de conformación del Colectivo Yasunidos se destacan varios elementos novedosos en cuanto a la organización social y la participación ciudadana: el primero, la posibilidad de ser un grupo mayoritariamente conformado por jóvenes de áreas urbanas que participaban por primera vez en la vida pública, capaces de diseñar una agenda propia y sin filiaciones con partidos políticos, o dependencia económica con alguna entidad privada. Aparecer en la vida pública, es ya acción política. Es más, el espacio público se genera por la misma aparición de los agentes. Esto es lo que hicieron los Yasunidos: aparecer en público, mostrando la novedad radical de su planteamiento. Como indica Arendt “mediante la acción y el discurso, los hombres muestran quiénes son, revelan activamente su única y personal identidad y hacen su aparición en el mundo humano” (Arendt, 1993). Con la primera aparición ya estaban “yasunizando la política”.

Un segundo aspecto que se destaca fue su heterogeneidad y capacidad de inclusión de distintos actores, con una organización horizontal distinta a las tradicionales formas de organización de los movimientos y organizaciones sociales que poseen estructuras más verticales y con liderazgos únicos. Frente a la “institución” que es transcendente, jerárquica y desigual (Badiou, 2005b), Yasunidos apuesta por un tipo de organización inmanente, colectiva e igualitaria. Desde esta horizontalidad, entendieron que el poder existía por su acción concertada: “El poder corresponde a la aptitud del hombre de actuar, y actuar de manera concertada. El poder no es nunca una propiedad individual; pertenece al grupo y continúa perteneciéndole tanto tiempo cuanto este grupo no se divida” (Arendt, 1993). Y es precisamente esta idea del poder organizado la que hizo capaz de implicar a todos de manera igualitaria en el movimiento Yasunidos: “El movimiento existe si puede implicar a todos, a todo el mundo, porque representa un avance, un progreso en la idea igualitaria. Cada quien puede encontrar ejemplos de movimientos en este sentido” (Badiou, 2000).


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La horizontalidad permitía un nivel de reflexión y toma de decisiones en igualdad de condiciones y respeto de opiniones, así como el desarrollar distintas vocerías y liderazgos de acuerdo a los conocimientos de los temas y las necesidades que se daban en la coyuntura. Este último aspecto fue también una estrategia para enfrentar la deslegitimación que el gobierno hizo sobre el Colectivo Yasunidos y otros grupos ecologistas (Vázquez, 2015).

“La mejor opción era hacer una conformación de voceros, figura que nos permitiría trabajar desde la individualidad de cada uno para potenciar las capacidades y habilidades de cada uno y con esta idea nadie podía estar por encima o por debajo, todos en las mismas posibilidades de representar al colectivo” (Entrevista Patricio Chávez, junio 2018).

Cabe mencionar que la horizontalidad, si bien en algunos momentos complejizó la toma de decisiones, enriqueció el debate y la posibilidad de participar de forma activa y directa dentro del Colectivo. Para Patricio Chávez: “El ejercicio mismo de la organización era ya un ejercicio de política inédito en el país” (Entrevista Patricio Chávez, junio 2018). Este es un aspecto fundamental de la participación política de Yasunidos: la irrupción de la novedad. Como indica Lazzarato en Políticas del acontecimiento (2006), la novedad y la diferencia son la marca de los procesos políticos que desafían las políticas de la totalidad. Para Badiou, esta novedad del acontecimiento cuestiona a los agentes pues “nos coacciona a decidir una nueva manera de ser” (Badiou, 2004). En definitiva, lo nuevo “siempre se da en oposición a las abrumadoras desigualdades de las leyes estadísticas y de su probabilidad, que para todos los fines prácticos y cotidianos son certeza, por lo tanto, lo nuevo siempre aparece en forma de milagro” (Arendt, 1993).

Una vez que el Colectivo decide llevar a cabo el proceso de consulta popular, la primera acción fue la validación de la constitucionalidad de la pregunta a ser consultada. Conforme lo establece la Constitución del Ecuador a través del artículo 104: “La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto. Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al cinco por ciento de personas inscritas en el registro electoral...”.

Activación del mecanismo de

participación de consulta previa


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El 22 de agosto de 2013 el Colectivo Yasunidos entregó en la Corte Constitucional (CC) y en el Consejo Nacional Electoral (CNE) la pregunta de la consulta: ¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?”.

El 15 de octubre de 2013 el CNE entregó al Colectivo Yasunidos los formularios y se inició el plazo de 180 días para la recolección de firmas.

Según Patricio Chávez, el poco tiempo para llevar a cabo la consulta popular fue generando acciones inmediatas, sin la necesidad de una estructura organizativa formal o vertical. Todo lo contrario, las acciones que se realizaban respondían a las necesidades que surgían en cada día:

“En tres meses debía conformarse un grupo nacional en capacidad no solo de recoger firmas, sino de debatir contenidos políticos, llegar a acuerdos y luego de esos acuerdos convertirlos en objetivos de trabajo y de lucha” (Entrevista Patricio Chávez, junio 2018).

Estos aspectos implicaron en sí mismo un proceso organizativo, si bien no convencional, de ejercicio democrático, no desde la democracia formal, sino desde la participación ciudadana más directa para debatir propuestas sobre el modelo de desarrollo:

“La defensa del Yasuní es una muestra de un grupo amplio de la sociedad que estaba pensando qué tipo de país quería. En ese sentido, la recolección firmas es importante porque termina siendo el motor que le da movimiento a la propuesta, pero la propuesta es mucho más grande que la consulta popular” (Entrevista Patricio Chávez, junio 2018).

Se organizaron brigadas de jóvenes que se movilizaron por todo el país para ese proceso. Estas brigadas eran capacitadas previamente tanto en aspectos técnicos y formales de los formularios, cuanto en los aspectos políticos para responder consistentemente a la ciudadanía y así lograr mayores adhesiones. Según relata Pedro Bermeo, vocero del colectivo y responsable de la recolección de firmas para la consulta popular, al inicio del proceso de recolección no hubo una estrategia definida para recoger firmas:

“Todo era muy rápido y complicado. Al llegar los formularios no teníamos ninguna estrategia de cómo recoger, quien iba a hacerlo,


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cómo íbamos a imprimir formularios nos tomó 3 meses organizar toda la parte logística” (Entrevista Pedro Bermeo, junio 2018).

La agilidad para responder el día a día y la voluntad de los recolectores fueron aspectos clave en esta etapa, según Bermeo. Se calcula que fueron alrededor de 1600 personas las encargadas de recolectar las firmas para la consulta, de ellas unas 400 eran muy activas.

En el mismo proceso se fueron organizando grupos responsables de recolectar y de verificar que las firmas coincidan con las cédulas, así como grupos encargados de capacitar a personas en otras ciudades.

Durante esta etapa, se aplicaron algunas estrategias: la formación política de las personas encargadas de recoger las firmas, la generación de acuerdos con medios de comunicación privados para lograr una mayor presencia en los medios, así como la mediatización del tema a través de propaganda en redes sociales.

Para Patricio Chávez un hecho que ayudó muchísimo para lograr adhesiones de la gente, fue la propia campaña que hizo el gobierno durante el lanzamiento de la Iniciativa Yasuní ITT. Ello permitió que la población conozca la importancia de preservar el PNY, así como la posibilidad de caminar hacia un modelo distinto de desarrollo. Alberto Acosta menciona: “Dentro del país mucha gente pudo enterarse por primera vez sobre esta iniciativa gracias a las declaraciones presidenciales y a los hechos que éstas provocaron. Si el 17 de mayo de 2009, había un 30% de la población de Quito y Guayaquil que había oído del ITT, al 24 de enero del 2010, según Perfiles de Opinión, este porcentaje subió al 63%. Y dentro de este elevado número de compatriotas apenas un 23% apoyaría la explotación del hidrocarburo del ITT” (Acosta, 2010: 22).

Durante seis meses el Colectivo Yasunidos se movilizó por todo el país para la recolección de firmas. Este proceso tuvo que enfrentar diferentes dificultades, como la apatía ciudadana para apoyar esta iniciativa, lo cual implicó un ejercicio fuerte de reflexiones y argumentación de los recolectores y los potenciales firmantes. Otra dificultad tuvo que ver con la aparición repentina de dos iniciativas de recolección de firmas para consulta popular que apoyaban la explotación del Yasuní: Amazonía Vive y Frente de Defensa Total de la Amazonía; y que en más de una ocasión fueron acusadas de uso de plagio de logos y formularios del


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Colectivo Yasunidos, además de generar una campaña que abonaba en la confusión, afectando así al propio mecanismo de participación ciudadana. Un tercer problema fue la campaña de desprestigio desde el Estado, en la que participó incluso el Consejo Nacional Electoral:

“El 12 de Marzo de 2014, el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Gama TV, a través de su Presidente Domingo Paredes, lejos de descalificar el plagio realizado por las entidades “Amazonía Vive” y “Frente de Defensa Total de la Amazonía”, realiza unas declaraciones en el sentido de que los formatos de los formularios utilizados en El Comercio por Yasunidos no son válidos por no cumplir el estándar del tamaño (es un centímetro menor y está en papel satén), y que no se aceptarán en el CNE.

Estas nuevas normas no estaban contempladas en el reglamento inicial ni se especificaron en las formaciones a miembros del Colectivo Yasunidos. Además de hacer caso omiso a las denuncias realizadas, indica que la información que se está facilitando desde el Colectivo Yasunidos es “falaz”, que deben respetarse los indicadores dados por el Presidente de la República, porque no se va a afectar más del 0,1% del área y que no se puede crear un infierno para recoger firmas. Además de inmiscuirse en temas de contenido, instó a corregir la “falacia” (Ecuadorenvivo 2014 en Vásquez, 2015).

Todo este escenario anticipaba ya las dificultades que atravesaría el Colectivo en el momento de validación de firmas por una entidad estatal que no estaba asumiendo un rol neutral respecto al proceso.

Luego de seis meses de campaña para la recolección de firmas, el 24 de abril de 2014 el Colectivo hizo la entrega formal al Consejo Nacional Electoral (CNE) de 55 cajas con 757.623 firmas. El CNE recibió en el acta 100.088 formularios. Además se entregó una caja extra con 1275 cédulas y una lista con 1426 recolectores . Una vez entregados los formularios, estos entraron al proceso de validación y conteo de firmas, proceso que estuvo marcado por inconsistencias en el conteo, invalidación de firmas por razón de forma y acusaciones y amenazas del Gobierno respecto a la transparencia de la recolección de firmas. Finalmente, el CNE en una rueda de prensa anunciaba que de los 599.103 registros que pasaron a la fase de verificación de firmas, más de 230 mil registros fueron rechazados. Los rechazos se debían en gran medida a temas de forma de los formularios, como tamaño del


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papel, tipo de esfero utilizado, orden de nombres, una supuesta ilegibilidad de las firmas, entre otros temas de forma.

“En la etapa de verificación de firmas eliminan 239.342 registros sin la presencia de Yasunidos. Estos registros eran anulados por personas grafotécnicas supuestamente calificadas que revisaban la veracidad de cada firma en apenas 20 segundos” (Vásquez, 2015).

El 8 de mayo de 2014 se reunió el Pleno del Consejo Nacional Electoral para aprobar el informe Jurídico y Técnico, sin notificar a los proponentes de la consulta. Finalmente el 12 de mayo el CNE notifica a Yasunidos que no se había alcanzado el mínimo de firmas para llamar a consulta popular. Por su parte el Colectivo Yasunidos, denunció el fraude electoral cometido en una presentación en donde denuncia las arbitrariedades desde el Estado9.

Esta decisión provocó frustración no solo en el Colectivo Yasunidos, sino también en las personas que habían apoyado este proceso. La imposibilidad de activar el mecanismo previsto en la Constitución dejaba sentado un precedente respecto a la posibilidad real de participar en un proceso de consulta popular convocado desde la sociedad civil y ejercer así una participación fuerte a través de los mecanismos previstos en la Constitución. Sin embargo, esto no deslegitima el accionar político de Yasunidos y su influencia en la sociedad, ya que habían llevado al debate público los derechos de la naturaleza, los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario y el cambio de paradigma. De hecho, aunque la consulta popular fracasó en términos de hacerse efectiva, triunfó en cuanto logró generar participación de las personas, movilización social y por tanto poder político y empoderamiento, que permitió mantener vivas la organización del Colectivo, así como otras estrategias de incidencia. Yasunidos había roto el orden de lo establecido o el “estado de la situación” (Badiou, 2005a). Si para Rancière (2000) el orden se establecía como reparto de espacios, tiempos y visibilidades, la ruptura de Yasunidos nos hace reconocer su éxito. El fracaso, al no conseguir una consulta vinculante es, en realidad, el éxito de la visibilidad. Las trabas, las descalificaciones, las zancadillas burocráticas evidenciaban precisamente eso: habían ganado el espacio de aparición. El espacio público ya estaba “yasunizado”.

9 http://sitio.yasunidos.org/es/yasunidos/crononologia-de-hechos.html


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El 9 de julio de 2014 el Colectivo anunció que acudiría a instancias internacionales para denunciar el proceso de validación de firmas llevado a cabo por el CNE.

A partir de este momento, el Colectivo fue asumiendo otras estrategias y acciones. En el campo legal, el 28 de octubre de 2014 Yasunidos presentó una demanda contra el Estado ecuatoriano por violación de derechos políticos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En una rueda de prensa el Colectivo solicitó que se declarase la violación de los derechos civiles y políticos de 757.63 personas, que habían respaldado con sus firmas la consulta popular10.

Luego de cuatro años de truncado el proceso de consulta, el Colectivo sigue activo ejerciendo acciones legales que permitan esclarecer el proceso de consulta popular. El 11 de abril de 2018, el Colectivo denunció ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio el incumplimiento de las funciones del CNE, del Tribunal Contencioso Electoral y de la Corte Constitucional en el proceso de consulta. De igual forma solicitaron la reparación integral de los ciudadanos que dieron su respaldo a la consulta con sus firmas11.

Paralelamente a estas acciones el proceso de participación generado a partir de la consulta popular, permitió el fortalecimiento de colectivos de Yasunidos en territorio y sus luchas más locales por las libertades, derechos sexuales, anti minería, entre otros temas. De esa forma se buscó que la lucha por el Yasuní sea asumida como una especie de eje articulador y motor que impulse las luchas más locales.

En la actualidad existen cinco colectivos muy activos en territorio. Uno de ellos es Yasunidos Cuenca, que por varios años ha apoyado las luchas de las comunidades locales por evitar la explotación minera en Río Blanco, proyecto ubicado en las parroquias rurales de Molleturo y Chaucha en Cuenca. Una de las acciones más recientes de las comunidades, que, además, son parte del Colectivo Yasunidos Cuenca, fue interponer una acción de protección por vulnerarse los derechos al debido proceso de consulta previa libre e informada (artículo 57 de la Constitución) por el Proyecto Minero Río Blanco. El pasado 5 de junio de 2018, el Juez Paul Serrano falló a favor de las comunidades y ordenó

10 Diario El tiempo. Cuenca.

11 http://www.elcomercio.com/actualidad/comision-consejotransitorio-investigacion-cne-yasunidos.html


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suspender las actividades de explotación, la realización de la consulta previa libre e informada prevista en Convenio 169 de la OIT y en la Constitución y la desmilitarización de los territorios donde existía conflicto con las comunidades12.

En lo nacional, Yasunidos ha mantenido sus acciones de incidencia. Entre ellas destaca la campaña para Yasunizar el debate electoral para las elecciones de presidente de la república de 2017. La iniciativa consistió en presentar a los precandidatos a la presidencia del Ecuador una agenda de siete puntos relacionados con petróleo, minería, cambio climático, derechos de los pueblos en aislamiento voluntario, protección animal, transgénicos, y la promoción de consultas populares como mecanismo democrático de participación. Su propósito fue invitar a la sociedad y los candidatos a tratar una agenda ambiental en el escenario electoral que permita generar diálogo y compromisos a futuro.

Otra iniciativa fue la presentación de la pregunta sobre la explotación del Yasuní en la consulta popular convocada por el Presidente Lenin Moreno en 2017. La pregunta era la misma que se utilizó en el año 2013 ¿Está usted de acuerdo en mantener el crudo del Yasuní ITT indefinidamente bajo el subsuelo? Si bien en la consulta popular no se añadió la pregunta del Colectivo, sí permitió plantear una pregunta que, aunque para muchos activistas fue ambigua13, al menos mantiene activo el debate sobre la no explotación del PNY y la vigilancia para que se cumpla la decisión adoptada por los ecuatorianos en la consulta popular.

Un aspecto que se destaca de la información analizada ha sido la capacidad de construir tejido social alrededor de la protección del Yasuní y posteriormente alrededor de agendas locales de protección de los recursos naturales y los derechos humanos. La construcción de alianzas con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, medios de comunicación y actores en territorio ha sido fundamental en su proceso de participación.

13 En la Consulta Popular del 2018 la pregunta siete dice: ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50 mil hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1030 hectáreas a 300 hectáreas? Esta pregunta fue la única que no estuvo acompañada de una aclaratoria.

La Construcción de tejido social

12 http://www.elcomercio.com/actualidad/sentencia-suspension-mineria-rioblanco-azuay.html


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Al inicio y para activar el proceso de recolección de firmas se escogieron personas de Quito que asumían responsabilidad y contacto directo con las provincias para constituir el vínculo entre el Colectivo de Quito y las otras provincias hasta conformar una red más sólida (Entrevista Patricio Chávez, junio 2018). La forma de hacerlo consistía en generar asambleas tratando de rotar la ubicación en diferentes provincias y así fortalecer al grupo local y el nexo entre las organizaciones. Cabe rescatar que, si bien al inicio la agenda política era la recolección de firmas para el proceso de consulta popular, luego este proceso de construcción de confianza y reflexión en territorio permitirá lanzar una agenda política fuerte, basada en las problemáticas territoriales. En octubre de 2014, después de que el Estado trunque el proceso de consulta popular, el Colectivo tuvo una asamblea nacional. Allí se decidió como estrategia asumir las problemáticas locales como bandera de acción.

El proceso de participación permitió fortalecer los capítulos de Yasunidos en Cuenca, Loja, Riobamba, Ibarra, Quito, Manta, Guayaquil, Puyo y Lago Agrio. Un hecho curioso fue la aparición de Colectivos de Yasunidos en el extranjero como en Nueva York (EE.UU.) y Dusseldorf (Alemania). Actualmente, la actividad de los colectivos territoriales ha adquirido una dinámica propia, basada en su agenda, pero también en coyunturas que los llevan a activarse, como ha sido el caso de Yasunidos Cuenca en el último año. Yasunidos Quito sigue funcionando como un eje articulador y organizando las asambleas anuales. Se asiste al proceso de subjetivación política en torno al acontecimiento. Para Badiou (2008a, 2010) el sujeto podría ser “reactivo” en caso de ignorar lo acontecido, “oscuro” si se revela contra ello, y “fiel”, si, como se aprecia, acepta el cambio de vida que implica el acontecimiento. “Yasunizar la política” es el acontecimiento fundamental de los Yasunidos, donde el principio inspirador en torno a los problemas socio-ambientales concentra el grupo y sirve de activación para la generación de acciones colectivas.

“Lo interesante de Yasunidos es que es un colectivo muy humano, con relaciones de confianza que se basan en la defensa de la naturaleza y derechos en territorio. Relaciones informales pero muy positivas para activar propuestas y acciones. Relaciones de confianza, no de poder. Hay también mucha autonomía en los diferentes colectivos de Yasunidos, y esa es la idea Yasunidos no es Quito, sino todos los colectivos y las personas que firmaron la consulta” (Entrevista Esperanza Martínez, 2018).


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El tejido social que fue generando el Colectivo a lo largo de sus procesos de participación e incidencia no solo fue con sus miembros, sino también con otros espacios y actores, de ahí que otra estrategia fue generar acuerdos con organizaciones existentes con una historia y estructura como la CONAIE, Frente Popular, Ecuarunari y universidades. De igual forma, a manera de estrategia generaron acuerdos con medios de comunicación, lo que permitió, por un lado, una presencia masiva en medios de comunicación durante la consulta, pero, sobre todo, instalar en los medios de comunicación estas temáticas.

A lo largo del proceso de participación generado por el Colectivo Yasunidos se puede identificar que la participación política implicó tanto la incidencia en políticas públicas, cuanto, y fundamentalmente, la incidencia en el espacio político en sí mismo.

A través de la consulta popular el Colectivo buscó activar el mecanismo de consulta como un medio para que la ciudadanía se pronunciara. Esto requería de un primer ejercicio de participación que era la recolección de firmas. Este proceso en sí mismo marcó un hito en términos de participación política, pues generó capacidades de organización y empoderamiento interno de sus miembros, construcción de tejido social y capacidad de construir contenidos y propuestas para plantear la transición hacia un paradigma no extractivista, que incluía reemplazar al petróleo como base fundamental de la sociedad y a la ganancia desmesurada, para reconsiderar el valor de la vida (Colectivo Yasunidos, 2013).

La recolección de firmas se convirtió así en una acción política ciudadana, que permitía reivindicar la política, como una acción no exclusiva del Estado, sino como un acto inherentemente humano que se genera tanto en el espacio de la política pública, cuanto en el espacio personal de acción. La recolección de firmas para la consulta si en algo incidió fue en devolver el sentido de la participación política a las personas en un contexto en el que se había despolitizado a la sociedad civil. La acción política de los Yasunidos se presenta como irrupción de lo nuevo y de lo que no puede ser asumido por la institucionalidad. El Estado, en la visión de Badiou es “aquello que siempre dice dónde y cuáles son los lugares. Es lo que indica a la gente, a los grupos, cuáles son sus lugares, y que indica también cómo podemos movernos, cuál es el camino” (2000).

Incidenciapolítica y relación

con el Estado


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Es este Estado el que queda cuestionado por la acción de Yasunidos. De igual manera, el “reparto de lo sensible” (Rancière 2001) de los espacios de participación había quedado puesto en entredicho. Si se asume con Ramírez (2011) que el Estado había tratado de “institucionalizar” la participación se visualiza que la acción de Yasunidos desborda esta institucionalidad, a pesar de hacer uso de un mecanismo constitucional. Es más, según Nicholls (2014) cuando el Estado ecuatoriano trata de “gubernamentalizar” la participación lo hace a través de la implementación de los micro-espacios y del requisito de los saberes técnicos, “cerrando” los espacios propiamente políticos en su sentido más genuino. La acción política de Yasunidos, ni se inscribe en los saberes técnicos ni se cierra en un ámbito pequeño de especialistas. Más bien al contrario; son jóvenes, en muchos casos inexpertos, quienes hacen oír su voz en la esfera pública; y es la conquista del espacio público el objetivo primordial de su aparición en público. Yasunidos es la gran provocación a la des-politización promovida por el Estado ecuatoriano.

El ejercicio de participación ciudadana para activar la consulta popular, tuvo su contraparte en el poder estatal y su proyecto de avanzar en la explotación de los campos ITT y continuar con su agenda desarrollista. Con Badiou se entiende que el “acontecimiento político es algo que permite a cada quien mantenerse a distancia del Estado, porque el acontecimiento ha determinado, ha fijado el poder del Estado (Badiou, 2000), es así que se percibe la confrontación que surgió entre ambas agendas. Por una parte, el Estado, instalado en el “discurso del desarrollo” había reducido los espacios de participación tal como se venía haciendo desde los 90 (Cooke y Kothari, 2001; Ferguson, 1994). Por otra parte, al abrir el espacio y el debate, Yasunidos desafía con su sola acción este discurso despolitizador - desplegado a través de lo que Rancière llama la “policía” y la “constitución simbólica de lo social” (2001)–.

Todo ello marca desde el inicio una acción confrontativa entre dos proyectos contrapuestos14. Desde el Colectivo Yasunidos se activan varias estrategias: la organización interna y empoderamiento, acciones legales, la activación de la consulta popular, las movilizaciones nacionales y el ejercicio del derecho

14 El proyecto de los grupos ecologistas fundamentando en la protección del PNY y la transición hacia un modelo post extractivista y el proyecto del Estado de seguir una agenda política modernizadora y desarrollista basada en la explotación de los recursos naturales, a pesar del discurso del Sumak Kawsay.


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a la resistencia reconocido en el artículo 98 de la Constitución y la construcción de debates y propuestas de política pública15.

Desde el Estado se usó todo el poder para evitar una consulta popular generada desde la ciudadanía. A través de diferentes instituciones del Estado se aplicaron estrategias que iban desde la persuasión para evitar la participación activa de las personas en el proceso de recolección de firmas a través de acciones disuasivas como amenazas, control social, descalificación pública, censura, agresiones; hasta la supresión de derechos civiles y políticos a través de normas secundarias y decretos presidenciales como el Decreto 16 que limitaba la participación política de la sociedad civil; y, finalmente, la invalidación de las firmas para el proceso de consulta popular, negando así el derecho a la ciudadanía a pronunciarse sobre un tema de interés nacional. En el documento Estrategias de represión y control social del Estado ecuatoriano: Informe psicosocial en el caso Yasunidos (2015) se encuentra un informe detallado de todos los actos de represión y disuasión cometidos desde el poder estatal. El informe permite inferir el uso desproporcionado del poder del Estado contra el Colectivo Yasunidos y en definitiva contra las personas que respaldaban la necesidad de una consulta popular. Además, el Estado ecuatoriano usó su poder acudiendo a la “democracia plebiscitaria” (Nicholls, 2014). Se trata de una estrategia según la cual el derecho a la participación sólo podría ejercerse desde el triunfo plebiscitario:

“¿Cuándo hemos consultado al pueblo ecuatoriano? Cuando por cuestiones legales se ha requerido permiso, por ejemplo, la última consulta popular para la reforma judicial, pero ¿por qué voy a consultar sobre decisiones que tengo toda la atribución para tomar?. (...) que nadie se engañe, ésta es la trampa, esta gente que pierde todas las elecciones, autoproclamándose representante de la sociedad civil y quiere seguir gobernando y evitando que el Gobierno tome decisiones, y llevar todo a consulta popular; ahí está la trampa (...) yo tengo toda la atribución constitucional para tomar la decisión sobre el Yasuni” (Rafael Correa, Ex Presidente del Ecuador 15 de marzo de 2014)

Bajo estos discursos, cualquier acción política desarrollada más allá de los confines del Estado era considerada “ilegítima” (Nicholls 2014).

15 Luego del anuncio del Presidente de avanzar con la explotación de los campos ITT, Yasunidos construye una Agenda política que incluye una serie de propuestas para transitar hacia un modelo no extractivista: Planes de la A a la Z.


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Aunque al momento de elaboración de este estudio, la relación con el Estado es menos confrontativa, Yasunidos no encuentra en el Estado un actor capaz de escuchar. El Colectivo sigue actuando en un escenario de fuerzas desiguales. Para ellos, aunque la forma ha cambiado, en lo sustancial no ven todavía cambios. La relación con el Estado sigue siendo de desconfianza (Entrevista Pedro Bermeo, junio 2018).

A pesar de todo el aparataje estatal, se puede concluir que hubo algunos resultados de incidencia política del Colectivo Yasunidos:

(i) Incidencia en la opinión Pública. El proceso generado por Yasunidos antes, durante y después del proceso por activar la consulta popular permitió un mayor conocimiento y sensibilización en las personas sobre la importancia de preservar el Yasuní, los impactos de las actividades extractivistas y nuevas propuestas para transitar hacia un modelo post petróleo. Las brigadas que recolectaban firmas hacían un ejercicio político de formación ciudadana en temas como los impactos del modelo extractivista, el cuidado de la naturaleza y la defensa de los derechos humanos. Esto no solo sirvió para lograr adhesiones de firmas, sino sobre todo para generar opinión pública respecto a los impactos de un modelo social y económico basado en la extracción de recursos naturales y respecto a los derechos de los pueblos indígenas.

(ii) Mayor conciencia sobre los principios derechos y mecanismos de participación. Independientemente de haber concretado el proceso de consulta para la protección del Yasuní, el Colectivo logró generar un aprendizaje tanto al interno como en la ciudadanía sobre los derechos, principios y mecanismos de participación previstos en la Constitución. Cabe señalar que fue la primera iniciativa desde la sociedad civil en activar este mecanismo. A partir de este proceso se han dado otras iniciativas en Loja, Quimsacocha y Quito. Se trata de comprender, como dicen los voceros del Colectivo, que es un instrumento potente que moviliza a la ciudadanía a participar e incidir en las políticas nacionales.

(iii) Incidencia en el Proyecto Minero Río Blanco. Como se observó en el análisis, el proceso generado por Yasunidos en territorio ha permitido generar nodos territoriales con suficiente fuerza y autonomía para llevar a cabo procesos de incidencia. El caso de Yasunidos Cuenca logró tener una


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incidencia directa en el proyecto Minero Río Blanco y lograr un fallo judicial para suspender el proyecto, conminar a que se aplique la consulta previa, libre e informada y el retiro de fuerzas militares en dichos territorios.

(iv) El Yasuní en la consulta popular: A cuatro años del intento de llevar a consulta popular la posibilidad o no de explotar el PNY, el Colectivo Yasunidos volvió a Yasunizar el debate a través de la presentación nuevamente de su pregunta en la Consulta Popular de 2018. Aunque la pregunta no fue acogida como estaba planteada, logró que se inserte una pregunta al respecto y permitió poner nuevamente en la discusión política la necesidad de proteger el PNY y los grupos indígenas que allí habitan.

El poder político de Yasunidos y la irrupción en el espacio público. Como bien se mencionaba al inicio de este estudio, uno de los aspectos que nos interesa analizar es qué condiciones o aspectos permiten generar procesos de participación que alimentan o fortalezcan el poder político de los actores sociales. Retomando a Arendt, el poder brota donde la gente se una y actúe de concierto... (Arendt, 2005). Yasunidos logra esto, unirse y generar procesos participativos que aportan en la construcción del poder político. De ahí que más allá del fracaso de la activación del mecanismo de consulta popular, el proceso de conformación del colectivo, el planteamiento de la pregunta de la consulta y la recolección de firmas es un ejercicio político en sí mismo que provoca al poder estatal, que irrumpe con las formas convencionales de participación y que se sostiene en el tejido social construido. El poder, siguiendo a Arendt (2005) existe mientras el grupo se mantiene unido. Por eso, Yasunidos ejemplifica que el poder no pertenece a la individualidad, sino que brota de la colectividad, nace del grupo y así aparece en la esfera pública. Aparecer y poder van de la mano. Por eso, desde Badiou, se reconoce que la política es un acto de “presentación”.

La organización y el tejido social. Uno de los aspectos que se destaca del proceso de participación de Yasunidos, es el tipo de organización y tejido social que van generando. No es una estructura jerárquica institucional, no tenía liderazgos visibles, ejercían la participación interna, la flexibilidad, la intergeneracionalidad y la capacidad de presentarse ante el Estado cada vez con un rostro diferente (vocerías múltiples). Esto provocó, por un lado, una especie de protección frente a la

Reflexionesfinales


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posibilidad de escarnio público o disolución desde el Estado, pero por otro unas dinámicas de participación que fortalecen la toma de decisiones, generan confianza y permiten la participación activa de actores diversos: grupos de derechos humanos, LGTBI, defensores de animales, género, así como presencia intergeneracional que aporta al debate y amplía las posibilidades de entender el nuevo paradigma de desarrollo que se va formulando desde el colectivo y que no tiene que ver únicamente con los derechos de la naturaleza. Se trata de agendas más amplias, que convocan a más actores y que, por tanto, posibilitan la ampliación del tejido social.

“Yasunizar la política”. La conquista del espacio público y la comprensión de la política se realiza a través de nueva terminología y el uso de los medios de comunicación. Existe una amplia campaña de difusión de sus propuestas a través de otras organizaciones del Ecuador y el extranjero. Las marchas nacionales conquistaron simbólicamente el espacio público, creando en las calles y plazas un imaginario político basado en nuevos lenguajes:

“Los Yasunidos innovaron mucho en términos de forma y de contenido. De forma con los nuevos lenguajes, lenguajes menos anclados en el drama y más en las cosas positivas, en la erótica de la naturaleza. Descubrieron que uno suma gente sobre las cosas bonitas, sobre lo dramático lo que genera es una reacción individualista de autoprotección. Y en contenidos nos ayudaron a saldar esta deuda que tenía la izquierda de tratar los temas de la naturaleza y las libertades”. (Entrevista Esperanza Martínez, junio 2018).

Enfrentar la presión y confrontación desde el Estado (Vásquez, 2015) implicó un fuerte desgaste personal para personas que, en su mayoría, eran jóvenes y que por primera vez estaban entrando en la arena del juego político en relación con el Estado. Sin embargo, el enfrentarse al escarnio público también generó aprendizajes para el colectivo. Uno de ellos era la estrategia de vocerías múltiples. Yasunidos al momento de la recolección de firmas tenía alrededor de 50 voceros, esto permitía de alguna manera blindarse del aparataje estatal en su contra. Sin embargo, no impidió el que se genere una especie de desconfianza hacia el otro, un hermetismo que, a decir de sus miembros, antes no existía:

“Tal vez algo malo que nos hizo el gobierno fue que la


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persecución nos hizo muy herméticos como colectivo. Se ha generado una desconfianza al otro, tuvimos graves problemas, nos seguían, nos amenazaban eso nos hizo muy desconfiados, eso es un legado malo, nos cuesta mucho abrirnos a otras personas” (Entrevista Pedro Bermeo, junio 2018).

El rol de la institucionalidad en el proceso de recolección de firmas. Un aspecto que se destaca en el marco de la recolección de firmas para la consulta popular fue el rol que jugó el Consejo Nacional Electoral. Desde el inicio del proceso de recolección sus autoridades hicieron declaraciones deslegitimando el proceso, condenándolo al fracaso e incluso acusando al Colectivo de acciones como fraude. Durante la verificación de firmas, Yasunidos hizo varias denuncias sobre las irregularidades cometidas por el CNE. Todo ello evidencia la fragilidad de la institucionalidad para comprender no solo su rol, sino la trascendencia que tiene el activar la consulta para fortalecer la participación social. A ello se suma que la ley no contempla ningún mecanismo que incluya el contar con observadores o veedores de este tipo de procesos.

Descubrir el desconocimiento y falta de sensibilización de las personas frente a los problemas ambientales. El individualismo y la pasividad para participar e involucrarse en los temas ambientales fortaleció su conciencia sobre la necesidad del proceso político que estaban haciendo y la importancia de la consulta popular. A ello se suma la poca conciencia que se tiene respecto al ejercicio político que deriva de las iniciativas de consulta popular. La ciudadanía en general atraviesa un proceso de despolitización. Ello, como bien se veía al inicio, se debe a la idea de que lo político tiene que ver con los partidos políticos, el Estado y la poca legitimidad de los mismos. La recolección de firmas, fue precisamente un ejercicio político con la gente, en donde la reflexión, la creación de argumentos fue fundamental para promover la participación de las personas. Si se sigue a Badiou, se reconoce que Yasunidos es un auténtico acontecimiento político, no sólo porque supone la presentación en público, sino porque irrumpe en un mundo de “sumisión conformista”.


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ANáLISIS DE LA EXPERIENCIA DE PARTICIPACIÓN DEL OBSERvATORIO SOCIAL DEL ECUADOR

La protección de los derechos de la niñez y adolescencia fue por décadas un tema pendiente en Ecuador. Es solo a partir de la década de los ochenta que el movimiento a favor de la niñez y adolescencia nace y adquiere fuerza con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) en 1989. En los años noventa se empiezan a articular organizaciones, líderes sociales, organizaciones indígenas alrededor de la situación de los derechos de la niñez y adolescencia y de la necesidad de contar con políticas y marcos normativos que aseguren y garanticen la protección integral de sus derechos.

La ratificación de la CDN, conllevó la necesidad de generar información confiable sobre la situación de los derechos de la niñez, así como políticas, programas y normativas nacionales que permitieran cumplir los compromisos adquiridos en el CNE. En 1990 el Estado elaboró el primer Plan Nacional de Acción a favor de la Infancia. Este documento, como se destaca en el Informe Nacional sobre el seguimiento de la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia (Ministerio de Bienestar Nacional, INNFA, 2001), si bien permitió delinear algunas metas y programas en las áreas de salud, educación, nutrición y saneamiento, no logró contar con una línea base, lo que dificultó su cumplimiento. Con esto, se hacía evidente la necesidad de contar con información confiable para generar líneas base, metas e indicadores.

En los años noventa se crea el “Foro de la Niñez y Adolescencia” que congregó a líderes políticos, defensores de derechos y organizaciones de la sociedad civil, cuyo rol era fomentar la inclusión de temas como la atención prioritaria a niños y niñas de 0 a 6 años, la salud, la educación, la violencia, el maltrato y la participación infantil en la agenda de políticas públicas.

En 1992 se creó el Código de Menores, “reconociendo –por primera vez en la historia ecuatoriana– a los niños, a las niñas y a los adolescentes como sujetos de derecho”. Luego con la Constitución de 1998, se ratificó el nuevo paradigma de la protección integral, el cual apuntaba a la plena garantía de los derechos de la infancia. Estos tres avances fueron recogidos en el Código de la Niñez, instrumento legal aprobado en el 2003, en el que se planteó el pleno reconocimiento de los derechos de la infancia (Velasco, 2012).


conformación del Observatorio

Social delEcuador

16 El SIISE fue un proyecto estatal que contó con el apoyo financiero del Banco Mundial.


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Un hecho a destacar es que, en el diseño e implementación de normativa, políticas y programas dirigidos a mejorar la situación de las niñas, niños y adolescentes, se observa un relacionamiento permanente entre movimientos y organizaciones sociales, entidades gubernamentales y cooperación internacional.

Bajo este contexto, se van gestado iniciativas que, desde la sociedad civil, trabajan en la identificación oportuna de la situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la vigilancia del cumplimiento de los mismos y la generación de propuestas que permitan mejorar las condiciones de los niños y niñas del Ecuador.

Una de esas iniciativas es el Observatorio Social del Ecuador (OSE), una organización ciudadana creada en el año 2002 con el objetivo de hacer visibles las problemáticas y vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia del Ecuador, a través de la generación de información de alta calidad técnica y la abogacía o incidencia en las políticas públicas.

El OSE es una de las primeras experiencias de creación de observatorios desde la sociedad civil, incluso antes de que la Constitución ecuatoriana del 2008 reconozca la observación y vigilancia ciudadana de las políticas públicas como mecanismos de participación social (Entrevista Margarita Velasco, julio 2018) a través del artículo 100, el cual establece que “para el ejercicio de la participación se podrán organizar audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y demás instancias que promueva la ciudadanía”.

La historia del OSE se remonta a los años noventa cuando sus fundadores, Carolina Reed, Francisco Carrión y Margarita Velasco participaron directamente como equipo técnico en el diseño e implementación del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) en 1997. El SIISE era un proyecto ambicioso que buscaba reunir, resumir y difundir la información estadística social del país para la planificación de las políticas sociales16. Por más de veinte años el SIISE se convirtió en una las principales herramientas y fuentes de información de estadísticas sociales del país.


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Durante el diseño del SIISE el equipo técnico identificó un vacío de indicadores que den cuenta de la situación de los derechos de los niños y niñas. La información existente en esos años apenas consideraba datos generales demográficos, sin desagregaciones por edades y, menos aún, con enfoque de derechos. Esta invisibilización incidía directamente en la falta de decisiones de política pública nacional o normativas encaminadas a proteger y garantizar los derechos de un grupo tan vulnerable como es la niñez. De ahí que se decide agregar al SIISE un módulo de información llamado SINIÑEZ con datos desagregados sobre la situación de la infancia en Ecuador.

A esta situación, se sumaba la necesidad del Estado ecuatoriano de generar información que permita rendir cuentas sobre la situación de los derechos de la niñez ante la Convención de los Derechos de la Niñez. El Ecuador había ratificado en 1990 la Convención, comprometiéndose a asegurar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Además, en la Constitución de 1998, se reconocían ya los derechos de la niñez, así como la co-responsabilidad del Estado, la familia y la sociedad para garantizarlos. Para el Estado era urgente contar con información que permitiese hacer el seguimiento adecuado al cumplimiento de los mismos

Paralelamente a estas necesidades identificadas, tanto por el equipo del SIISE, cuanto por el Estado, se sumaban los esfuerzos e interés de UNICEF Ecuador, por sumar voluntades para visibilizar la situación de la infancia y sus derechos. A decir de Margarita Velasco Directora y fundadora del OSE fue fundamental en el diseño del Observatorio:

“Al construir SINIÑEZ vemos que uno de los problemas era la falta de información del Estado; UNICEF ágilmente comienza a formar a la gente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC; concretamente al Director de Estadísticas Sociodemográficas (Claudio Gallardo) y a invitarle diferentes encuentros, entre ellos a la Reunión de presentación del Informe país sobre el estado de cumplimiento país de la Convención” (Entrevista Margarita Velasco, julio 2018).

Todos estos aspectos generaron, por un lado, una importante experiencia técnica en torno al diseño y construcción de indicadores sobre la situación de la niñez por parte del equipo que participó en el diseño del SIISE, y, por el otro, la construcción de relaciones de colaboración entre el Estado, la cooperación internacional (UNICEF) y la sociedad civil.


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En el año 2002 nace el Observatorio Social del Ecuador (OSE) como una organización no gubernamental con personería jurídica y sin fines de lucro, cuyo fin es la observación y vigilancia del cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. Sus principios de acción son: el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la construcción de una sociedad equitativa y participativa; la ética en la investigación científica y social; la independencia de grupos de poder, gobierno y agrupaciones políticas; y, la transparencia en la generación y manejo de la información (Velasco, 2018).

A lo largo de su trayectoria el OSE desarrolla tres tipos de trabajo: (i) generación de información sobre estado de los derechos de la niñez y adolescencia; (ii) seguimiento y vigilancia de las políticas públicas nacionales vinculadas con los derechos de la niñez y adolescencia; e, (iii) incidencia en las políticas estatales y en la opinión pública.

Estas tareas son realizadas de manera coordinada, haciendo de la generación de espacios y de la articulación de actores la principal herramienta para la participación política y para la incidencia. A continuación, se enuncian algunas de sus claves.

(i) En cuanto a la generación de información, el OSE utiliza la producción del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de libre acceso vía su página web, a bases de datos de encuestas de hogares, encuestas de empleo anuales, censos de población y vivienda, así como también estudios específicos como la Encuesta de Salud y Nutrición (2012), Violencia contra la mujer (2011), registros administrativos de salud, educación, registro civil, entre otros. Cuando no existe la información específica, el Observatorio promueve encuestas específicas de niñez y adolescencia como las realizadas en el 2010 (Encuesta de la Niñez y Adolescencia), la del 2015 (Encuesta de la Niñez y Adolescencia en el marco de la inter-generacionalidad), encuestas específicas sobre la nacionalidad indígena Kayambi, o temas de violencia contra la niñez (Velasco, 2018). En muchos casos, los datos generados por el OSE han sido integrados al sistema estadístico nacional o utilizados por diferentes instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil para su planificación y proyectos.

Otra de sus estrategias para llevar a cabo sus investigaciones y encuestas es convocar a organizaciones que trabajan en derechos de la niñez y adolescencia para generar conjuntamente investigaciones.


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Para Margarita Velasco un aspecto clave de las investigaciones es el proceso de reflexión interna para identificar y priorizar los proyectos de investigación del Observatorio, para lo cual existen dos modalidades. La primera, que busca construir proyectos colectivos junto con diferentes organizaciones, para lo cual cada dos años el OSE promueve el monitoreo de la situación de la infancia vía encuestas específicas que la organización diseña o investigaciones con base en información que tiene el INEC. La segunda modalidad consiste en responder a la demanda espontánea que las diversas organizaciones o entidades del gobierno hacen al Observatorio.

Otro aspecto a destacar en la tarea de generación de información del OSE es la capacidad de crear vínculos y relaciones de colaboración entre los diferentes actores que trabajan en temas de derechos de la niñez y adolescencia. Desde su creación, el OSE fue relacionándose con entidades del Estado como el INEC, ministerios de educación, social, salud, entre otros; así como con UNICEF y organizaciones de gubernamentales nacionales y extranjeras. Esto posibilitó que el trabajo del OSE sea reconocido, demandado y que, además, sus estudios sean considerados en la toma de decisiones de política pública.

(ii) Con respecto al seguimiento y vigilancia de las políticas públicas, el OSE ha desarrollado dos procesos de veeduría ciudadana. A través de su proyecto Observatorio de la Niñez y Adoslecencia, llevó a cabo en el 2009 dos veedurías ciudadanas para investigar las causas de mortalidad neonatal en dos hospitales públicos del Ecuador: Hospital Enrique Garcés y Hospital Público de Macas. Si bien el análisis de las veedurías se profundizará más adelante, algo importante de las veedurías fue la credibilidad técnica que tenía el Observatorio ante las autoridades de salud, así como la capacidad de generar apoyo y voluntad política de las autoridades para que éstas asuman los problemas identificados en las veedurías.

(iii) En cuanto a la incidencia en las políticas públicas, el OSE ha adoptado estrategias de incidencia como son: (i) la generación de espacios de diálogo en los que diferentes actores reflexionan, se sensibilizan y se comprometen a hacer abogacía por los derechos; (ii) articulaciones con autoridades del Estado para desarrollar procesos de veeduría que permitam mejorar problemáticas; y, (iii) articulaciones


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y acuerdos con entidades técnicas del Estado para acceso a la información que generan, así como para incorporar en las encuestas nacionales temáticas sobre la situación de los derechos de los niños. En suma, existen varios factores que nos hacen comprender el alcance de la incidencia política del OSE (Velasco, 2018):

- Contar con un Consejo de Líderes Sociales con alta legitimidad.

- Tener un equipo técnico que analice la información y detecte problemas inmediatos y mediatos y diseñe los procesos para realizar veedurías.

- Contar con el apoyo directo de funcionarios del más alto nivel de dirección de los Ministerios involucrados y que tengan un compromiso real con la niñez y adolescencia para profundizar en las causas de los problemas detectados y que se tomen decisiones fundamentales y de alto impacto.

Bajo estas modalidades de trabajo, la trayectoria del OSE tuvo dos momentos importantes en donde se observan diferentes estrategias y acciones de participación e incidencia.

El primero entre el 2002 y 2012 con la implementación de su proyecto central: el Observatorio de la Niñez y Adolescencia – ODNA. El segundo momento, a partir del 2013 (cuando el ODNA termina como proyecto) hasta la actualidad. Pese a la finalización del Proyecto ODNA, el Observatorio siguió trabajando. Así, desde el 2013 hasta el presente el Observatorio tiene como función central: realizar investigaciones empíricas y analizar la información sobre la situación de la niñez y adolescencia en Ecuador y otros países con especial énfasis en los aspectos relativos a las desigualdades sociales existentes, llamando la atención sobre los compromisos que el Estado y la sociedad tienen con sus niños y niñas.

A continuación, se analizan los elementos del proceso de participación del OSE en el período 2002-2012.


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En junio de 2002 el Observatorio Social del Ecuador y UNICEF Ecuador se unen para crear el Observatorio de los Derechos de la Niñez, ODNA. Un modelo de monitoreo y vigilancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuyo reto era encontrar una manera de visibilizar el cumplimiento de los derechos de la niñez que sea rigurosa y que comunique de manera potente las brechas existentes a nivel nacional, así como un mecanismo de vigilancia ciudadana con independencia y objetividad en su tarea:

“La idea inicial fue centrar en dos tareas la actividad del Observatorio. La primera, dar a conocer la realidad de la situación de la niñez y adolescencia ecuatoriana a través de la recolección, el análisis, y la divulgación de la información, incentivando a varios sectores de la sociedad para que vigilen la trayectoria hacia el logro de los derechos para todos y todas. La segunda, promover que instituciones, organizaciones, individuos de diversos sectores utilicen la información generada en la formulación de políticas públicas, tanto sociales como económicas, para sacar la temática de la niñez y adolescencia del ámbito de la beneficencia y caridad, y posicionarla en la agenda política del país (Velasco, 2010).

Para ello UNICEF decide convocar a un grupo de personalidades con una amplia trayectoria en los sectores social, académico, político, comunicación, empresarial y la iglesia. Para Carolina Reed, Fundadora y Ex Presidenta del OSE, esta capacidad de convocatoria desde UNICEF y de su entonces representante en Ecuador Yoriko Yasukawa, permitió la confluencia de una diversidad de actores interesados en ser parte del Consejo del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y para trabajar en un mismo objetivo: el bienestar de la niñez del Ecuador (Entrevista Carolina Reed, julio 2018).

EL ODNA se conformó bajo un modelo organizativo que incluía: (i) un equipo técnico de amplia trayectoria y solvencia técnica en el desarrollo de estudios sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes, capaz de desarrollar indicadores y datos que den cuentan de forma clara y accesible sobre los principales problemas de la niñez y adolescencia; (ii) un Consejo conformado por un grupo diverso de líderes que venían de diferentes ideologías y trayectorias, con legitimidad para pedir audiencias con las autoridades responsables de la situación de la niñez y adolescencia y presentar información sobre las problemáticas de este sector. Parte del Consejo era UNICEF con un rol articulador importante dentro del ODNA,

La creación del Observatorio de la Niñez y

Adolescencia – ODNA y su

modelo organizativo


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cuyo financiamiento era clave para llevar a cabo las acciones; y, (iii) una estrategia de comunicación apoyada por UNICEF17.

Bajo este modelo organizativo el ODNA se concentró en el desarrollo de estudios sobre la situación de la infancia y sus derechos, la creación del Índice de Cumplimiento de Derechos de la Niñez y Adolescencia (IDN) para su monitoreo, la realización de veedurías ciudadanas en temas niñez y adolescencia y la sensibilización y educación de la población a través de una estrategia de comunicación diseñada con UNICEF para relacionarse permanentemente con los medios de comunicación (Velasco, 2010).

El equipo técnico del ODNA generaba y entregaba información a los miembros del Consejo Ciudadano para que ellos, a su vez, se sensibilizarán más sobre el tema, hicieran visible la información sobre la situación de riesgo de la niñez y adolescencia en sus ámbitos de influencia e hicieran abogacía ante las instituciones públicas y privadas por el cumplimiento de los derechos de la infancia (Entrevista Margarita Velasco, julio 2018). Este modelo permitió reunir los líderes de opinión, conformando un equipo técnico sólido y un organismo de cooperación internacional con capacidad de articular a diferentes sectores de la sociedad civil18 y del Estado para apoyar financieramente el trabajo del ODNA y, sobre todo, ejercer lo que ellos llamaron abogacía por los derechos de la niñez y adolescencia (Entrevista Carolina Reed, Junio 2018).

A través de la estrategia de comunicación se buscó hacer de la información un instrumento clave para la toma de decisiones y para la generación de opinión pública. Las acciones de comunicación incluyeron talleres de capacitación con los comunicadores y periodistas, entrega de información, boletines y publicaciones a periodistas. Estos procesos de socialización se hacían principalmente en tres ciudades del país: Quito, Guayaquil y Cuenca. A ello se sumaban los foros y charlas en universidades y en espacios del Estado y de la sociedad civil.

17 Miembros del Consejo Ciudadano: Monseñor Eugenio Arellano, Raúl Baca Carbo, Catherine Chalá, Luis Bakker, Adrián Bonilla, Ana Cordero, Gonzalo Correa, Alfonso Espinosa de los Monteros, Mario Jaramillo, Margarita Laso, Luis Maldonado, Cristián Munduate, Medardo Mora, Fernando Navarro, Abelardo Pachano, Carolina Reed, Pablo Salazar, Iván Vallejo y Juan Fernando Velasco. La Secretaría Técnica estuvo integrada por Margarita Velasco, Secretaria Técnica; una Coordinadora de Investigación, y un estadístico que operan con la colaboración del equipo de expertos que integran la Fundación Observatorio Social del Ecuador: Carolina Reed, Francisco Carrión y Pablo Samaniego.

18 Se entiende a la sociedad civil como un grupo heterogéneo, no estatal, conformado por movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales que se asocian libremente bien sea para defender derechos colectivos, estructurar demandas sociales, defenderse de la acción estratégica del poder o el mercado, participar en las políticas públicas o plantear nuevos principios, valores y proyectos..


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El trabajo con la sociedad civil también fue clave para el Observatorio. La información generada por el ODNA era compartida con otras organizaciones sociales y se convirtió en una herramienta fundamental para el diseño de proyectos y en la identificación de las problemáticas de la niñez. Algo importante para las organizaciones no gubernamentales fue el acceso a la información territorial, por etnia, género y franja etárea que el Observatorio generó (Entrevista Margarita Velasco, julio 2018). En definitiva, el Observatorio estaba generando no solo información, sino socializando esta información como herramienta clave para que otras organizaciones sociales puedan a su vez desarrollar proyectos e incidir en las políticas públicas. El acceso a la información iba a su vez generando mayores vínculos entre el OSE y las organizaciones que trabajan en temas de infancia y adolescencia, así como también con instituciones del Estado.

Uno de los resultados más visibles en términos de información generada y su incidencia es la creación del Índice de Derechos de la Niñez. Esta herramienta fue creada con la finalidad de medir de manera periódica el cumplimiento de las leyes a favor de la niñez y la adolescencia, a través de indicadores que reflejen situaciones de exclusión (no acceso o acceso parcial a derechos establecidos) e inclusión (cumplimiento de los derechos consignados en tratados internacionales y leyes nacionales). Se trata de nueve indicadores divididos en tres niveles - primera infancia (0-5), edad escolar (6-11) y jóvenes (12 a 17 años) - que abordan los temas más graves en cada trecho de edad en el cumplimiento de los derechos a vivir, a crecer saludablemente y a desarrollarse, en cada etapa del ciclo de vida. Los indicadores, además, miden el cumplimiento de derechos desde el rol del Estado y desde el rol de los padres. Además, la información del índice tiene un enfoque de niñas. Al crear este índice se generó una síntesis y priorización para medir los derechos de la niñez y adolescencia en el Ecuador.

El IDN fue el primer ejercicio realizado en el Ecuador para elaborar indicadores sobre derechos de la niñez de forma periódica. Actualmente la medida ha permitido visibilizar el proceso de cumplimiento de derechos desde su primera medida en el 2002 hasta el 2015 (con datos actualizados) (Entrevista Margarita Velasco, julio 2018).

La conformación del OSE, así como su coordinación con el Estado y Unicef para la implementación del ODNA nos hace ver que el conocimiento técnico y el manejo de la información


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fueron aspectos clave en todo el proceso de participación. A partir de los 90 se asiste, precisamente, a una tecnificación de la participación política. Ferguson (1994) con su Anti-politics Machine analizó los mecanismos de participación en Lesotho a raíz de los programas de cooperación internacional. Descubrió que el “discurso del desarrollo” había propiciado la obstrucción de la participación a gran escala. Por el contrario, la participación se iba concentrando en los micro-espacios asignados por el este discurso. En este sentido, el OSE fue capaz de tejer redes y de abrir espacios más allá de lo que hubiera sido imaginable desde el discurso del desarrollo.

Ferguson indicó que era frecuente que la participación fuera entendida desde la comprensión y la aplicación de los requisitos técnicos. La implementación del ODNA corrobora precisamente esta cuestión. Sin embargo, no se puede afirmar con Li Murray (2007a y 2007b) que la tecnocratización haya conducido a un proceso de de-politización, por lo menos, no desde el OSE.

Otra cosa es que el cariz técnico del ODNA haya encajado con el discurso del desarrollo del Estado ecuatoriano y como tal haya sido visto desde el Estado como una plataforma necesaria para su proyecto en la medida en que generaba información que el Estado no había podido levantar.

En el año 2013 el ODNA concluye como proyecto, no así el trabajo del OSE. Varios escenarios llevaron a esta situación. Por un lado, a partir de noviembre del 2012, UNICEF retiró el apoyo financiero al ODNA, y en general redujo su apoyo en el país, ello principalmente porque Ecuador pasó a ser un país de renta media alta. Esto determinó que las prioridades de este organismo se redirecciones a otros continentes.

Por otro lado, a partir del 2013 con la promulgación de normativas como el Decreto 16 para reglamentar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, así como varios hechos de represión y judicialización de la protesta social aumentaron el clima de abierta confrontación y desconfianza entre Estado y sociedad civil, afectando también el clima de participación ciudadana y su rol en la incidencia en las políticas públicas19. A decir de Margarita Velasco, Directora del OSE, este clima de alguna manera también permeó en el ODNA.

19 Para profundizar en el análisis de las relaciones entre sociedad civil y estado y sus impactos en la participación se sugiere revisar el Análisis de Andrés Ortiz L.: Sociedad Civil y Revolución Ciudadana en Ecuador. http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/bitstream/28000/1743/2/T-SENESCYT-00936%20R.pdf


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De igual forma, el carácter ciudadano de las veedurías iba cambiando en la medida en que dichas iniciativas estaban cada vez más controladas y reglamentadas desde la institucionalidad (Entrevista Margarita Velasco, julio 2018).

En el año 2006 el ODNA advirtió que el descenso sostenido de la mortalidad de la niñez del Ecuador era más lento desde el año 1999, ello principalmente por el incremento de la tasa de mortalidad neonatal. En 2007, varias noticias de prensa alertaron sobre casos de mortalidad neonatal en hospitales del Ecuador, información que ratificaba las advertencias del ODNA en cuanto al incremento proporcional de la mortalidad neonatal, con una característica: los decesos ocurrían más en zonas urbanas que rurales y más en los servicios de salud que fuera de ellos. Por otra parte, preocupaba que estos decesos ocurran en hospitales que habían mejorado sus condiciones de infraestructura y equipo médico como era el caso del Hospital Enrique Garcés de Quito.

En junio de 2007 el ODNA invitó a la Ministra de Salud Pública Dra. Caroline Chang a dialogar sobre el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas en sus primeros años de vida. En esta reunión el ODNA analizó con la entonces Ministra los datos del Índice de Derechos de la Niñez; y concretamente la situación de la mortalidad neonatal. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública (MSP) había realizado un proceso para evaluar algunos hospitales públicos detectando falencias que incidían en este lento descenso de la mortalidad neonatal, todo lo cual permitió elaborar el Plan Reducción de la Mortalidad Neonatal en 2007 pidiendo al ODNA que sea el veedor del proceso, así como del funcionamiento de los servicios de neonatología de algunos hospitales del MSP. Concretamente se solicitó analizar la situación de los hospitales Enrique Garcés del Sur de Quito y el Hospital Cantonal de Macas con el objetivo de buscar fortalecer los servicios de salud y reducir la mortalidad materno neonatal21.

Activación del mecanismo de

participación de veeduría ciudadana20

20 Información recogida del Libro: Veeduría Ciudadana, nuevas formas de la participación publicado por el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA) con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Fundación Observatorio Social del Ecuador (OSE).

21 El MSP había reportado que en el lapso de dos meses seis bebés murieron en la Sala de Neonatología del Hospital Enrique Garcés. Quince años atrás se registró también un incremento de los fallecimientos de recién nacidos.


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El proceso de veeduría tuvo varias características y principios de acción compartidos por el equipo del ODNA y por las autoridades estatales: (i) responsabilidad en el uso de la información; (ii) ánimo proactivo en las investigaciones, a fin de identificar problemas y soluciones; (ii) trabajo articulado con el Estado, concretamente con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, la Subsecretaría de Asuntos Sociales del MSP y los directivos de los dos hospitales.

El ODNA fue invitado a participar en las reuniones del Comité Nacional de Mortalidad Neonatal, asistiendo durante julio y agosto a sucesivas reuniones. En ellas se definieron los indicadores que desde el MSP se consideraban adecuados para el seguimiento del Plan de Combate a la Mortalidad Neonatal, trazado por la entonces Ministra de Salud (Velasco 2010).

Desde el ODNA se diseñaron cuatro instrumentos para hacer el seguimiento durante la veeduría (Velasco, 2010). El primer instrumento se centró en identificar algunos indicadores nacionales como la cobertura nacional del control prenatal y el porcentaje de embarazadas con por los menos un control durante el embarazo. El segundo instrumento buscaba analizar los indicadores de la mortalidad neonatal en los servicios neonatales, condición de neonatos en los servicios de salud e indicadores sobre insumos básicos para atención en los servicios neonatales. El tercer instrumento registraba indicadores del cumplimiento del Plan de Reducción de la Mortalidad Neonatal en los servicios de salud. Finalmente, el cuarto instrumento se centró en levantar información de los servicios de neonatología, en cuanto a la prevención de infecciones en los servicios de neonatología y las condiciones de la atención.

El equipo del ODNA realizó visitas y trabajó con el Coordinador del Servicio de Neonatología y el personal del servicio de la Sala de Neonatología del Hospital Enrique Garcés. Finalmente, los instrumentos fueron analizados con el Subsecretario de Protección de la Salud y el experto de salud del UNICEF. Luego de la validación de los indicadores, se hicieron visitas al hospital para iniciar el proceso de veeduría in situ.

Para realizar las visitas se integró una comisión presidida por el Subsecretario de Protección de la Salud, conformada por la Secretaria Técnica y una investigadora del ODNA, el responsable de Salud de la Niñez del MSP, el responsable de salud de UNICEF y el Director Provincial de Salud de Pichincha. La veeduría in situ se realizó a cuatro espacios: la Unidad de


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Neonatología, el Servicio de Gíneco-Obstetricia, la red de referencia y contrarreferencia en prevención del VIH-SIDA en madres y educación sobre lactancia materna, y el registro de recién nacidos (Velasco, 2010).

El proceso de veeduría del Hospital Enrique Garcés permitió identificar las problemáticas más urgentes del servicio de neonatología en el hospital y las recomendaciones hechas por la veeduría fueron acogidas por el Ministerio de Salud Pública e implementadas por el Hospital (Entrevista Margarita Velasco, Julio 2018).

Los resultados positivos y lecciones aprendidas de la veeduría llevaron a replicar el proceso en el Hospital Cantonal de Macas, el único hospital a nivel provincial de Morona Santiago. Al iniciar la veeduría se identificaron varios problemas: la falta de recursos humanos especializados y la falta de tecnología. Cuando el hospital no podía atender los casos, estos se remitían a Quito y Cuenca. Sin embargo, las distancias para llegar eran largas, generando un alto riesgo para la población. En el caso de la mortalidad neonatal se dieron 14 casos de mortalidad en este hospital.

Para iniciar la veeduría, el ODNA solicitó que en la Comisión de Veeduría participen el Jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Enrique Garcés, la representante del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, la Secretaria Técnica del Concejo Cantonal de Niñez y Adolescencia (CNNA), el Técnico responsable del CNNA en Macas, el delegado de Salud de UNICEF y la consultora local de UNICEF. Por parte del MSP participaron el Subsecretario de Protección de la Salud, el Director Provincial de Morona Santiago, el Director del Hospital de Macas (recién nombrado), la Jefe de Enfermeras, cuatro médicos, y dos pediatras: el responsable del servicio de Gineco-obstetricia y el médico de cirugía (Velasco, 2010). Esta participación permitía integrar desde el diagnóstico un grupo amplio con capacidad técnica y de toma de decisiones, aspecto fundamental para generar compromisos en torno a los resultados de la veeduría.

Como resultados de la veeduría se encontraron debilidades tanto en la gestión de las políticas públicas, cuanto en los servicios mismos del hospital. A nivel de política y coordinación se identificó la necesidad de generar una Agenda Cantonal de la Niñez y Adolescencia (CNNA) de Morona Santiago que guíe las acciones de vigilancia que tenía el CCNA; integrar y coordinar las acciones del CCNA y la Dirección Provincial de Salud de


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Morona Santiago para cumplir con el enfoque de derechos y mejorar la planificación. En cuanto al servicio hospitalario, con el apoyo de los directivos del Hospital Enrique Garcés, se llevaron a cabo capacitaciones al personal de neonatología del Hospital de Macas a través de intercambios y pasantías entre los dos hospitales, así como mejoras en la planificación de los recursos humanos y la tramitación de partidas permanentes y contrataciones de médicos para mejorar la atención (Velasco, 2010).

La activación del mecanismo de participación ciudadana (veeduría) se realiza gracias al prestigio alcanzado por el OSE y sus capacidades técnicas. Dado que el Estado carecía de la pericia y el conocimiento técnico (institucionalmente) no es de extrañar que en los primeros compases fueran bienvenidas las propuestas de veedurías de quienes ostentaban el conocimiento y la experticia. Esto encajaba con el proyecto modernizador del gobierno y el discurso del Buen Vivir. Este es un caso donde la legitimidad participativa deriva del conocimiento y el prestigio, sin que pudiera aplicarse la legitimación plebiscitaria que el Gobierno aplicaba para cerrar espacios de participación ciudadana (Nicholls 2014). Este es un caso de aprovechamiento de una de las aperturas de participación ciudadana por parte de una organización. Una apertura que se sustentaba en un interés compartido entre el Estado y la sociedad civil. Es decir, dado el prestigio del OSE, logrado desde el saber técnico y dada la coincidencia con los objetivos del Estado, el espacio político para la participación podía seguir abierto. Se aprecia el contraste con el caso anterior, donde, a pesar de que el Colectivo Yasunidos generaba información relevante, al no coincidir con los intereses del Gobierno, vio cerrado el espacio de participación.

Cabe mencionar que posteriormente los procesos de veeduría también se verán más controlados desde el Estado, cuando en el año 2014 el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) emite el Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, el cual establece, entre otras cosas, que será el CPCCS quien inicie el procedimiento para conformar veedurías, sean estas por iniciativa ciudadana colectiva o individual, por pedido del Pleno del CPCCS o a solicitud de una autoridad (Arts. 29 y 30). A ello se añade que los veedores y el objeto y el plan de trabajo de la veeduría debe ser acreditado y aprobado por el CPCCS, luego de un proceso de capacitación e inducción de la misma entidad estatal (Arts. 31 y 32). Esto no solo puede generar mayor burocratización de los procesos de veeduría, sino extender lo que Nicholls llama la despolitización de la participación (2014).


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En el caso de las veedurías ciudadanas llevadas a cabo por el ODNA, si estas se hubiesen dado luego de la aprobación del Reglamento de Veedurías, probablemente se hubieran convertido en un complicado ejercicio de control y burocracia desde el Estado.

En definitiva, se puede calificar a las veedurías desarrolladas por el OSE como experiencias de participación exitosas en la medida en que (i) logran generar la suficiente articulación y apertura con las entidades del Estado para acceder a los problemas, la información y la voluntad política; (ii) se identifican las problemáticas de forma objetiva, (iii) se generan cambios a partir de los resultados de las veedurías. Nuevamente las condiciones que permiten que esto suceda se encuentran en la capacidad de generar vínculos con entidades del Estado, el prestigio técnico del ODNA y la calidad de los resultados.

Un aspecto que se destaca tanto en las acciones del OSE cuanto del ODNA ha sido la conjunción de diversos actores para trabajar en una misma causa. Los derechos de la niñez y adolescencia en el Ecuador habían sido invisibilizados en diferentes períodos y gobiernos y, de hecho, la misma sociedad los desconocía. La crisis política y económica de los años noventa hacía que la atención de la sociedad y del gobierno estuviese dirigida a dicha problemática. En esos mismos años, el OSE junto con UNICEF decide asumir el reto trabajar en los niños y apostar por un proyecto fuerte para la generación de información como la base para generar decisiones de política pública.

Pero deciden no hacerlo solos, sino juntar voces, trayectorias y experiencias de líderes sociales y políticos del Ecuador. Este trabajo conjunto fue clave para visibilizar las problemáticas, así como para incidir en espacios públicos y generar primero el acercamiento y luego el compromiso de las autoridades. Para Carolina Reed, entonces presidenta del ODNA, era una experiencia inédita reunir a personajes de amplia trayectoria, pero de sectores y visiones ideológicas distintas para trabajar en una sola agenda: mejorar las condiciones de la niñez en Ecuador (Entrevista Carolina Reed, junio 2018).

Sumado a ello, se encuentra la capacidad de tejer relaciones del OSE con otras organizaciones de la sociedad civil:

La Construcción de redes


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“Un tema importante al inicio del Observatorio, fue que en Ecuador había un movimiento por la niñez muy fuerte. Cuando nosotros llegamos fue un poco extraño, pero luego se dieron cuenta que nuestro espacio no era el mismo de las ONG, sino generar datos. El OSE generó una relación muy amigable porque nuestro espacio era distinto y había un vacío de información. Nuestra tarea era generar información con impacto y fácil de comprender para las ONG” (Entrevista Carolina Reed, junio 2018).

Este relacionamiento y trabajo conjunto será clave para que el OSE siga sus actividades aún después de que se cierra el proyecto ODNA. Su estrategia de trabajo sigue siendo la cooperación, el acceso a la información que generan y su participación en plataformas de derechos de los niños:

“Participamos en algunas plataformas de niñólogos, nuestro rol es generar y compartir información. También trabajamos en charlas, foros y encuentros para exponer y analizar datos. Esa es nuestra tarea. Es una forma de entender que se hace política con los datos. Generando datos, sintetizando información y entregando información, sensibilización respecto a las problemáticas. Nuestra política es de mucho acceso a la información. Damos datos a las plataformas de activistas por derechos de los niños” (Entrevista Margarita Velasco, julio 2018).

A ello se suma la estrategia de comunicación como una herramienta para generar mayor difusión y sensibilización. Como parte de la estrategia se dieron talleres de capacitación a comunicadores, se generaban pastillas informativas para los periodistas con datos clave y fáciles de comprender.

Desde los antecedentes descritos, se estima que es importante centrarnos en un doble movimiento de relaciones entre el OSE y el Estado: por una parte, la generación de iniciativas del OSE que cristalizan en la implementación de políticas públicas; por otra, la reducción de la participación política a cuestiones técnicas y el control ejercido por el Estado sobre las veedurías.

En el primer caso, la relación del OSE con el Estado ocurre desde la colaboración mutua, el principio de subsidiariedad22, la suma de intereses o el “ganar-ganar” de la teoría de juegos.

La incidencia en las políticas y la

relación con el Estado

22 El principio de subsidiariedad es un principio jurídico según el cual se establece un orden de prelación de alternativas en torno a un supuesto. En el caso del OSE, el Estado dejaría hacer al Observatorio, dado que el Estado no tiene las capacidades para realizar esa función. Si el Estado si estuviera capacitado, la tarea del OSE sólo podría realizarse allí donde el Estado no llegue.


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En este sentido, las iniciativas del OSE, dado el cariz técnico y la autoridad moral conseguida de acuerdo con los méritos de sus integrantes, han sido recibidas por el Estado en la forma de implementación de políticas públicas a favor de la niñez. A continuación, se enumeran algunos de los hitos en cuanto a su incidencia:

El OSE apoyó al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en la producción de la información cantonal del estado de cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Se añade también su incidencia en la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia en el año 2003, así como los dos procesos de veeduría que hicieron posible el uso de la información para identificar las problemáticas y propuestas de solución que fueron asumidas por el Estado.

En los últimos años la incidencia del OSE se concentra en la difusión y discusión de los hallazgos de sus investigaciones en medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, y en las instituciones del Estado que así lo demandan.

El OSE ha proporcionado información sobre el cumplimiento de los derechos a 44 municipios y 3 prefecturas del país. De igual forma, el Índice de Derechos de la Niñez sigue siendo utilizado a nivel nacional para medir el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Su producción de información incluye 75 investigaciones, 14 libros y 31 boletines sobre estado de los derechos de la niñez ecuatoriana, estado de derechos e índice de derechos de la niñez en provincias, movilidad humana, migración y niñez, riesgos naturales y sus efectos sobre la niñez. El estudio realizado por el OSE sobre los albergues en los que estaban los niños y niñas luego de la erupción del volcán Tungurahua dio paso a que se invite el Observatorio a observar los nuevos albergues que integraban las recomendaciones realizadas. En esta ocasión el Observatorio creó el índice de Vulnerabilidad Previa Frente a los Desastres.

El Observatorio ha realizado además diagnósticos sobre la situación de la niñez y adolescencia (Situation Analysis (SitAn)): para la construcción de agendas de políticas públicas en Honduras, Sint Maarten, Curacao, Aruba y El Salvador (Velasco, 2018).


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En estos procesos de incidencia ha sido clave en el relacionamiento con el Estado. El OSE decidió apostar como estrategia por una relación de colaboración con las autoridades del Estado en la medida en que convergían en un mismo objetivo y existía la suficiente voluntad política para apoyar los procesos y generar los cambios necesarios.

Por su parte el Estado veía en el OSE una contraparte técnica seria:

“Todos los gobiernos nos ponían como referente de información para el diseño de políticas, desde el punto de vista técnico fue muy sólido y nunca cuestionado. Igualmente, el Consejo como tal tampoco tuvo cuestionamientos. Esto le dio legitimidad tanto desde lo técnico, como de la representación” (Entrevista Carolina Reed, junio 2018).

La capacidad de generar información de calidad, sin posicionamientos o intereses políticos también fue un elemento importante para mantener su legitimidad técnica. La información era el instrumento político en la medida que alertaba de las diferentes problemáticas de la niñez y adolescencia y permitía la toma decisiones.

“El Observatorio nunca generó información para desprestigiar, sino mejorar la situación de los niños a través del uso de nuestra información. Nuestra estrategia siempre fue que la información debe ser útil para mejorar las condiciones de los niños” (Entrevista Carolina Reed, junio 2018).

Por su parte desde el Estado, el OSE se convirtió en un aliado técnico importante en momentos clave como fueron las veedurías desarrolladas en los dos hospitales del Ecuador. Para Carlos Velasco, especialista en temas de salud y Ex Subsecretario de Protección de Salud:

“Hubo desde el inicio una relación de colaboración basada en la confianza. Cuando empieza la veeduría el OSE enviaba información cada semana sobre los resultados que iban encontrando. La Subsecretaría se reunía permanentemente para revisar los informes y se iban tomando decisiones y se hacían los cambios respectivos en los protocolos a fin de dar solución a los problemas encontrados. La relación con el OSE fue horizontal, se valoró la importancia del otro. El OSE como generador de información y el Estado como la autoridad que debía hacer los cambios. Un hecho importante es que no había un interés político en el tema, lo que buscábamos era solucionar el problema” (Entrevista Carlos Velasco, julio 2018).


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En cuanto a la reducción de la participación política a cuestiones técnicas y el control ejercido por el Estado sobre las veedurías, se observa que el aspecto técnico del OSE favoreció que desde el Estado fuera apreciado como un aliado estratégico, dado que podía contar con un grupo eficiente y con méritos suficientes en lo que a participación se refiere.

Según Nicholls: “se puede decir que […] la estrategia del Estado respecto a la institucionalización de la participación es ver la participación inmersa y sujeta a las nociones de mérito profesional, talento individual y sentido tecnocrático de la meritocracia. No es un asunto aislado, sino, más bien una estrategia de construcción del Estado basada en los principios weberianos de desarrollo burocrático y principios modernizadores similares a las teorías de modernización del Estado (Evans 1995; Scott, 2005)” (2014). Las veedurías constituyen uno de los mecanismos a través de los cuales el Estado “abre”, en el sentido foucaultiano, la participación política. No obstante, ni siquiera esta apertura quedará fuera del control del Estado, como se aprecia en el

Reglamento General de Veedurías Ciudadanas del año 2014.

Algo que se destaca a lo largo de análisis es la capacidad de acción e incidencia que va desarrollando la sociedad civil en los derechos de la niñez y adolescencia en Ecuador. El OSE y el ODNA vienen de un proceso social, donde la articulación y la generación de acuerdos entre diversos actores es fundamental para incidir en la situación de la niñez y adolescencia. A ello se suma también la capacidad del Estado para asumir las cifras y efectuar cambios. Este proceso de articulación imprime la suficiente fuerza para que el movimiento por la niñez y adolescencia y las organizaciones que lo integraban, entre ellas el OSE, puedan incidir en las políticas públicas a través de propuestas de normativas y la creación de índices sobre los derechos de la niñez que son adoptados a nivel nacional. La capacidad de articulación de los actores es un tema que se repite también en la conformación del ODNA, donde se da una articulación de diferentes actores y sectores, lo que asegura acciones participativas conjuntas.

La información como herramienta de participación política. - Desde el año 2002 el Observatorio ha hecho un trabajo importante en la vigilancia del cumplimiento de los derechos de la niñez a través de la producción de información. En este sentido, la información se revela como una herramienta para el diseño de políticas públicas, la mejora de situaciones

Reflexionesfinales


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(veedurías) así la producción de conocimiento y sensibilización sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes (difusión de la información con periodistas y ONG). Cabe mencionar que la validez y legitimidad técnica del trabajo del OSE fue clave para establecer relaciones de confianza entre los actores estatal y sociedad civil y la apertura necesaria de las autoridades y funcionarios públicos para desarrollar procesos de vigilancia ciudadana basada en información confiable, como se observa en el análisis del proceso de veeduría de los dos hospitales públicos de Ecuador.

Otro elemento que se destaca es la estructura organizativa del ODNA que contaba con un equipo técnico sólido, un grupo de abogacía conformado por líderes nacionales y una estrategia de comunicación para difundir la información y posicionar los temas a nivel nacional. Esto le permitió generar procesos de abogacía para incidir en momentos clave como la aprobación del Código de la Niñez y las veedurías ciudadanas. La abogacía requería de un compromiso fuerte del directorio del ODNA, así como un ejercicio permanente de intercambio y relacionamiento con el Estado, las organizaciones de niñez y el equipo técnico del ODNA.

Las veedurías y el control desde el Estado. Como se desprende del Estudio del OSE, las veedurías fueron una herramienta muy útil para determinar problemáticas y generar cambios. La veeduría fue aplicada a partir de un trabajo conjunto entre Estado y ODNA, sin requerir de una aprobación de objetivos o capacitación a los veedores por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como lo manda el Reglamento de Veedurías aprobado en 2014. El reglamento evidencia el peligro latente de la institucionalización de la participación, que desconoce las capacidades y experticias de la sociedad civil para realizar veedurías y busca controlarlo desde el mismo objetivo de la veeduría. Si bien en este estudio no se abordan los procesos de veeduría generados a partir de la aprobación del reglamento de 2014, sería importante a futuro identificar en qué medida la reglamentación favorece o no los espacios de participación vía veedurías ciudadanas.

La construcción de espacios de diálogo con autoridades, medios de comunicación y sociedad civil aportó en las acciones del Observatorio y en un proceso de aprendizaje compartido sobre la importancia de la información y del seguimiento y vigilancia de las políticas nacionales. Las acciones de capacitación a periodistas para una adecuada


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comprensión del dato permitieron no solo fortalecer las capacidades del sector, sino también ir construyendo alianzas con medios de comunicación en torno a la situación de la niñez y adolescencia. La idea del OSE era no solo entregar datos, sino hacer comprensible la dimensión que tenía.

La sostenibilidad financiera es un tema clave en el caso del ODNA. La falta de una estrategia de levantamiento de fondos desde su concepción, impidió que las acciones del ODNA se puedan sostener. Pese a ello el OSE se mantuvo con un perfil más bajo en términos de incidencia o abogacía, pero con el mismo valor en cuanto a la generación de información técnica.


CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

La participación fuerte es un hecho múltiple, diverso y multifacético. Existen varias modalidades de participación, cuyos procesos son difícilmente comparables. Los procesos que se han descrito evidencian que la participación no es un instrumento, sino un modo colectivo de actuar y generar propuestas, enfrentar retos y, finalmente, incidir tanto en las políticas públicas, cuanto en las agendas de interés nacional. En los casos analizados se encuentran tres formas de participación que, en su diversidad de acción, comparten características que dejan ver lo que sería la participación política y su potencial para incidir en las políticas públicas.

1. La participación es el resultado del ejercicio político de los ciudadanos. Este ejercicio político se entiende como auto-empoderamiento, apertura de espacios y visibilización en lo público. En los casos estudiados, el auto-empoderamiento es la conciencia del poder político que reside en los colectivos. En el caso del Pueblo Kitu Kara, esa conciencia, si bien es histórica y se revela en sus acciones de resistencia, toma mayor fuerza con la reivindicación de su proceso identitario territorial. El ejercicio de participación política es un ejercicio comunitario, que se extiende a través de la organización y gobierno del Pueblo Kitu Kara.

El Pueblo Kitu Kara entiende lo político como un acto intrínseco de la vida. Retomando a Arendt, el poder político no pertenece a un individuo, sino al grupo cuando actúa de concierto. Por su parte, el Colectivo Yasunidos devela su poder, siguiendo a Badiou, en la “presentación” en público. El caso Yasunidos evidencia que el poder político es la irrupción de lo nuevo, la interrupción del orden establecido. Desde esta irrupción, lo político es la posibilidad de “Yasunizar la agenda pública” y de construir argumentos que serán utilizados en la consulta

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CONCLUSIONES

popular, así como el ejercicio en la toma de decisiones colectivas y la incidencia en posteriores agendas comunes de la sociedad. En el caso del ODNA, lo político está en la información generada, en el poder del dato. Es la información la que permite su relevancia social, el relacionamiento con el Estado y la incidencia en la agenda política.

En los tres casos se visualiza que el poder político de los actores se asocia con la irrupción en el espacio público. La participación desde los procesos se aleja del paradigma funcional y muestra que la toma de conciencia del poder ciudadano aparece en el mismo momento de la actuación y la presentación pública.

2. Se destaca la relevancia de los principios organizativos internos de cara a la participación. Se distinguen tres elementos en estos procesos: su historia, el acontecimiento originario y el principio inspirador. En cuanto a la historia, en los tres casos se observa que la participación política no habría sido posible sin la historia organizativa que sustenta la conciencia de ser agente político. En el caso de Yasunidos, antes de la consulta ya hubo un recorrido de acciones de diferentes movimientos ambientalistas, ecologistas y activistas de derechos humanos. Este recorrido es el que va generando conciencia y adhesiones.

En el caso del Pueblo Kitu Kara, el proceso histórico por reivindicar su identidad, sus formas de gobierno y organización territorial genera una estructura base para luego interactuar tanto con el gobierno central como con el municipio de Quito. Finalmente, en el ODNA, la trayectoria técnica de sus miembros y el trabajo del movimiento social por la niñez, permite gestar una iniciativa capaz de convocar a una serie de actores de distintos sectores e ideologías.

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CONCLUSIONES

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Además, la participación se cataliza en torno a un acontecimiento. Es la fidelidad a este acontecimiento lo que permite la sostenibilidad de los procesos, no desde un punto de vista romántico, sino desde lo organizativo y la acción práctica. El acontecimiento originario, si bien es coyuntural, se funde con el principio inspirador, el cual no es puntual, sino una propuesta política amplia en torno al modelo de desarrollo económico (Yasunidos), identidad territorial (Kitu Kara) y los derechos de la niñez (ODNA), de ahí su fuerza.

3. Destaca en los tres casos la forma horizontal de la organización del poder. Se destaca la capacidad de generar alianzas, adhesiones y tejido social. El proceso es así una convergencia de propuestas desde las personas, bajo mecanismos de participación directa, horizontal, lo que Yasunidos llamaba “democracia auténtica”. Ejemplos de ello son el “Consejo de Gobierno” en el caso del Pueblo Kitu Kara o el “colectivo de colectivos” de Yasunidos. En el caso del ODNA, las alianzas a nivel de conocimiento, pericia técnica y abogacía fueron fundamentales para lograr incidir en políticas públicas. En los tres casos el poder se ejerce desde la pluralidad focal, impidiendo la concentración personal o minoritaria.

Es importante destacar el contrapeso de poder que se ejerce con tal organización. No es sólo que se tenga presente, según Foucault, la distribución “reticular” de poder, sino que, además, la horizontalidad en la toma de decisiones afecta directamente al contenido de la decisión al incluir un espectro de posturas más amplio. En este sentido, se aprecia la relación distributiva del poder en las funciones asignadas en el colectivo de colectivos Yasunidos, según experticias y disponibilidades. Igualmente se destaca esta distribución entre el Congreso, el Consejo y la Asamblea del Pueblo Kitu Kara: el Congreso (integrado por representantes de las comunas) entrega el mandato al Consejo por un tiempo limitado.

La organización horizontal de las organizaciones se complementa con una organización multiescalar, es decir, con la armonización de los diferentes niveles de incidencia (local, provincial, nacional, global). El Consejo de expertos del ODNA consiguió reunir a personalidades no sólo de diferente extracción pericial, sino de diferentes niveles de incidencia (local, cantonal, provincial, nacional). El Pueblo Kitu Kara se organiza vinculando las problemáticas locales de

CONCLUSIONES

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las comunas y comunidades con las luchas políticas a nivel nacional. Por ello, mantiene una vinculación estrecha con las organizaciones indígenas nacionales como ECUARUNARI y CONAIE. Yasunidos ha conseguido sobrevivir como colectivo de colectivos gracias, precisamente, a su organización en varias escalas. Aunque el movimiento irrumpe con fuerza en Quito, se organizan células a nivel local en torno a otras problemáticas medioambientales como Río Blanco (Cuenca) y se vinculan con movimientos ambientalistas que implementan agendas globales. De esta manera, la organización en múltiples escalas se muestra como una estrategia eficiente no sólo para lograr mayor incidencia, sino para lograr la sostenibilidad del movimiento organizativo.

4. El estudio de los casos permite distinguir participación e incidencia. La participación como ejercicio de los ciudadanos supone la puesta en práctica de los principios que inspiran el movimiento organizativo, trayendo a la esfera pública las agendas y problemáticas que nutren sus movimientos. En el caso de Yasunidos se asiste a la emergencia de lo inédito, a la presentación en público y al ejercicio de la inocencia (no ingenuidad) como facultad para irrumpir y desafiar al Estado. El Pueblo Kitu Kara se constituye como sujeto político desde los procesos de autodeterminación y constitución territorial. En este sentido, los casos revelan que el poder reside en los sujetos antes de que la institucionalidad asigne espacios de participación. El concepto de empoderamiento tal como ha sido utilizado a modo de concesión no encajaría con los casos estudiados. Se trata antes bien de la toma de conciencia del propio poder político, como se hace referencia arriba.

La incidencia política supone, por otro lado, la puesta en marcha de los mecanismos constitucionales o la aceptación de problemáticas o agendas organizativas por parte de la institucionalidad. En ese sentido, los casos muestran que se puede lograr incidencia en relación con las instituciones, pero también que, a pesar de su acción política, podrían no conseguirlo. Por ejemplo, el Colectivo Yasunidos consiguió activar la consulta popular, pero no fue capaz de doblegar la agenda desarrollista del Estado, quien invalidó las firmas recogidas. El Pueblo Kitu Kara ha conseguido, por ejemplo, la inclusión de su agenda en las mesas diálogo con el Municipio de Quito y el reconocimiento jurídico de la “propiedad comunitaria”, pero no ha conseguido una armonización jurídica de 2° y 3° orden que permita asignar a las comunas este tipo de propiedad. El ODNA es, posiblemente, el menos

CONCLUSIONES

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político de los tres casos, ya que sus protagonistas no buscaban constituirse como agentes políticos –aunque, de hecho, lo fueron–. Sin embargo, su incidencia en las políticas públicas en favor de la infancia son más que notables, logrando incorporar el índice de derechos de la niñez como herramienta para la toma de decisiones e incidir en cambios en los protocolos y políticas de las entidades de salud a partir de los resultados de las dos veedurías.

5. La participación desde los procesos participativos evidencia fricciones en torno a la distribución y asignación institucional del espacio público. La distinción entre participación e incidencia muestra la compleja, problemática y ambigua relación con la institucionalidad. Si se establece que la participación supone la apertura del espacio público y la irrupción de lo nuevo en el “estado de la situación”, esto no supone la recepción y/o aceptación desde la institucionalidad, quien hasta el momento de la irrupción había controlado y asignado los espacios de participación. Esta fricción se ha apreciado en diversos momentos de los procesos de participación: Yasunidos encontró la obstaculización gubernamental para desarrollar la consulta popular; el pueblo Kitu Kara se encuentra con una ley de Comunas de 1937 que controla la representatividad territorial; el OSE realiza sus veedurías de manera directa hasta el cambio de reglamento de 2014, según el cual, el procedimiento, el plan y el objeto de trabajo de cada veeduría vendrían aprobados por el Consejo de Participación Ciudadana.

6. Desde el estudio de los casos se aprecia el déficit del desarrollo orgánico de un “Estado de derechos” en torno a la participación. Aunque la Constitución de 2008 define a Ecuador como un “Estado de derechos” se advierte la falta de desarrollo normativo que permitiría hacer efectivos los procesos de participación ciudadana. Así, por ejemplo, no hubo un procedimiento para monitorear el desarrollo de la consulta popular incoada por Yasunidos. También se visualiza la falta de armonización normativa en torno a la “propiedad comunitaria” o las contradicciones entre la Ley de Comunas de 1937 y el reconocimiento de comunidades y nacionales prevista por la Constitución. Estas fallas podrían malograr las intuiciones constitucionales. La falta de provisión jurídica podría hacer que “plurinacionalidad”, “poder ciudadano” o “democracia comunitaria” se conviertan en significantes vacíos.

CONCLUSIONES

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7. Un activo fundamental para la participación en los tres casos es el manejo de la información. En la experiencia del ODNA la generación de información de calidad fue un aspecto imprescindible para que el Estado utilizara esos datos en la implementación de políticas públicas a favor de la infancia. Es más, el Estado acude al Observatorio cada vez que requiere información. El Colectivo Yasunidos se ve arropado por toda la información socio ambiental y de derechos humanos de académicos, especialistas, juristas, antropólogos y activistas. Esto les permite debatir y construir propuestas de política pública e ir generando debate en la sociedad. El Pueblo Kitu Kara maneja información de primer orden en cuanto a la geo-localización de las comunas y la adscripción territorial de sus organizaciones. Además, cuenta con análisis rigurosos sobre su proceso identitario y el ejercicio de los derechos de autodeterminación. Del estudio de los casos se infiere que una vez que la información es utilizada en sus propuestas y demandas, pasa a desempeñar un rol político fundamental y se convierte en centro de referencia en el debate político, llegando incluso a sobrepasar las capacidades de la institucionalidad.

8. Los procesos analizados muestran que la participación política en Ecuador en los últimos 10 años se desarrolla en un contexto de profundas transformaciones. En primer lugar, la aprobación de una Constitución garantista de derechos, que incorpora una serie de principios y mecanismos de participación directa para el ejercicio del poder ciudadano, así como la Función de Transparencia y Control Social y con ello la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), no determina necesariamente la acción participativa fuerte, pues como se aprecia en los tres casos la participación se da desde los propios procesos de los actores sociales. Es la participación la que abre los espacios, no la institucionalidad. En segundo lugar, en Ecuador se ha dado un estilo de gobierno fuertemente presidencialista, que va delineando las formas de entender el poder ciudadano, la participación política y el modelo de desarrollo, imponiendo, en muchos casos, un modelo que la ciudadanía debía seguir. Tal estilo propicia la delimitación de la participación desde una visión afín al proyecto del gobierno. Los casos estudiados han mostrado el sistema de aperturas y cierres del que se habla arriba. Si bien la participación política es acogida en los casos de pericia técnica como en el ODNA, se encuentran obstáculos cuando se trata de la apertura de espacios por los no alineados (Yasunidos) y la confrontación

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

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cuando chocan las ontologías políticas, como se aprecia en el caso del Pueblo Kitu Kara.

9. Las ontologías políticas determinan lo que entendemos por participación. Se trata de una conclusión evidente y llamativa en el caso del Pueblo Kitu Kara. Los procesos históricos y organizativos del Pueblo Kitu Kara entendían la participación con una acción pública y política no condicionada, más interesada en la fidelidad a un principio identitario, que en el cumplimiento de normativas, reglamentos o indicadores. Desde la ontología política del gobierno ecuatoriano, la participación ha sido entendida en un sentido funcional, como un apéndice del proyecto del desarrollo, como se mencionó antes. En este sentido, cuando la participación desde los procesos cuestionaba la agenda del gobierno ha sido obstaculizada o deslegitimada.

La presencia de ontologías políticas diferentes afecta de manera directa aquellos postulados constitucionales sin un desarrollo posterior. Tal es el caso de la plurinacionalidad o la democracia comunitaria. El hecho de que aparezcan en la Constitución y de que puedan presentarse como significantes vacíos no quiere decir que estén sujetos a libre deliberación. Más bien, al contrario, la aparición del disenso y de voces antagónicas es silenciada, siguiendo a Rancière, en nombre de la “saturación” de los espacios que ostenta la ontología política hegemónica. Sin embargo, esta saturación institucional no ha conseguido, en el caso de los Kitu Kara, apagar su participación. Su ontología relacional se constituye como alternativa política desde el momento en que, por ejemplo, plantea la plurinacionalidad como un ejercicio de autodeterminación en el presente.

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CONCLUSIONES

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Entrevistas

- Ana Lucía Tasiguano Miembro de la comisión de fortalecimiento organizativo del pueblo kitu kara y comunera de la Comuna Llano Grande. 15 junio 2018.

- Fernando Cabascango Presidente del Consejo de Gobierno del Pueblo Kitu Kara. 16 JULIO 2018.

- Fredy Simbaña Miembro activo de la Comuna urbana Chilibulo-Marcopamba-La Raya. 15 JUNIO 2018.

- Jaime Paucar Presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad la Toglla. 13 JULIO 2018.

- Carolina Reed Fundadora y Ex Presidenta del Observatorio Social del Ecuador. 21 junio 2018.

- Margarita Velasco Directora del Observatorio Social del Ecuador. 3 de julio 2018.

- Carlos Velasco Enríquez. Especialista en Salud Pública. Ex Viceministro de Protección Social. 9 de julio 2018.

- Esperanza Martínez. Miembro de Acción Ecológica. 18 de junio 2018.

- Patricio Chávez. Vocero del Colectivo Yasunidos. 18 de junio 2018.

- Pedro Bermeo. Activista y vocero del Colectivo Yasunidos. 20 de junio 2018.

- Patricia Carrión. Especialista en Derechos Humanos y Ex Vocera del Colectivo Yasunidos. 19 de junio 2018.

ANEXO

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ANEXOS

Método y metodología de investigaciónANEXO 1

El método elegido para una investigación consiste en “la naturaleza y la forma de sistemas con que se obtiene conocimiento sobre las personas y los elementos significativos para ellas” (Ruiz-Bueno, 2009: 97). Para el desarrollo del Estudio se parte del método histórico crítico, que permite alcanzar un acercamiento a los aspectos históricos que han incidido en cada caso de estudio y que nos permiten desarrollar una descripción densa de la información y un análisis crítico del proceso. Teniendo en cuenta que la presente investigación se centra en la descripción y explicación de los procesos de participación ciudadana desde los actores y su entorno, se hace necesario aplicar un método (el histórico-crítico) que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

• Contextualización. Según Braudel (1980), se puede estudiar un hecho histórico sin conocer su contexto, en el cuál surgen los vestigios (Le Goff 2005) con los que después se encuentra el investigador. El contexto nos permite reconocer que los acontecimientos se producen por la concatenación de experiencias tanto individuales como colectivas (Williams 2000) que, de alguna manera, catalizan la generación de procesos. Es gracias al contexto que se puede distinguir los elementos coyunturales y estructurales de los acontecimientos. Se entiende por elementos coyunturales aquellos particulares, que, siendo parte del proceso, decantan ciertas acciones. Elementos estructurales se refieren a las referencias estables de un proceso, que varían lentamente y son más lejanas en el tiempo (pero que permiten reconocer y comprender el proceso estudiado)

ANEXO

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• Multicausalidad. Un fenómeno histórico no puede explicarse unilateralmente. Explicar fenómenos del pasado no puede reducirse a su mera descripción sino que implica buscar sus causas (Duby, 1994). Los elementos coyunturales y estructurales se convierten en causas cuando nos permiten explicar un proceso. Se entiende que no existe una sola causa para cada acontecimiento, sino que se reconoce con Braudel (1980) la dimensión multicausal del método histórico-crítico.

• Relato. Para Jörn Rüsen (2004) el relato tiene la capacidad de mantener la dirección y la cohesión entre los vaivenes temporales. La unificación que proporciona el relato permite distinguir la apropiación del acontecimiento por parte de sus actores. No se podría entender cómo se vive un acontecimiento sin las narrativas que surgen de él, las cuales nos ofrecen perspectivas particulares (y en ocasiones colectivas) sobre los procesos.

Conocer la participación y la vivencia de los actores principales de los procesos es una de las claves de la presente investigación. Por ello, el acceso a los relatos y narrativas se realizará desde entrevistas y encuentros. Se entiende que la información desde las fuentes primarias se hace obligado. No obstante, se reforzará la investigación con la consulta y acceso a las fuentes secundarias (narrativas posteriores sobre el tema). Se tiene en cuenta la observación de Matozzi, para quien las fuentes secundarias no son sólo un cúmulo de datos, sino que ofrecen en muchos casos “conceptualizaciones, problemáticas, explicaciones, valoraciones, etc.” (2004: 40)

La metodología aplicada para el análisis histórico crítico es una metodología de investigación cualitativa que se compone de cuatro fases: (i) la compilación de información documental; (ii) Entrevistas a profundidad a actores clave del proceso; (iii) Sistematización y análisis crítico de la información levantada; (iv) devolución de los hallazgos encontrados.

Metodología

ANEXO

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Los instrumentos a aplicar son: Análisis de bibliografía de marco conceptual, la revisión y análisis de información documental de los casos de estudio, entrevistas semiestructuradas para cada caso, matrices de recopilación de información y metodología Kanban para seguimiento del proceso en tiempo y calidad. La metodología incluye también reuniones de retroalimentación del estudio con equipo técnico de Grupo Faro y el Asesor de Investigación.

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN ECUADOR DESDE LOS PROCESOS

CIUDADANOSQuito, 4 de octubre 2018

Gabriela Muñoz V. - Julián García L.

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Equipo de investigación: Gabriela Muñoz V., investigadora Julián García, investigador Coordinación UnOS: Paulina Cáceres (Grupo FARO) Coordinadora de Investigación UnOS: Lucía Valdivieso (Grupo FARO) Coordinadora de Comunicación UnOS: Andrea Zumárraga (Grupo FARO) Supervisión editorial: Andrea Zumárraga (Grupo FARO) Revisión de textos: Isabel Alvarado (Grupo FARO) Diseño y diagramación: graphus® 290 2760

Grupo FARO ideas y acción colectivaAv. Diego de Almagro y Pedro Ponce Carrasco. Edificio Almagro Plaza, piso 9, oficina 912.+5932 5 108 011 / +5932 5 133 065Quito-Ecuador www.grupofaro.org

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Unos, vínculos entre Universidades y Organizaciones de la Sociedad Civil es una iniciativa conjunta desarrollada por Grupo FARO, Fundación Esquel y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, cofinanciado por la Unión Europea.

Su principal interés es fomentar una red de colaboración entre las Universidades y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), dos sectores históricamente comprometidos con la promoción de sociedades más tolerantes y plurales, con el fin de potenciar el desarrollo de capacidades y la generación de conocimiento.

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