AGENDA POLÍTICA SOBRE LAS ACCIONES ANUNCIADAS POR EL TITULAR DEL PODER

EJECUTIVO FEDERAL EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD

PÚBLICA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 (VERSIÓN ESTENOGRÁFICA)

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: …

Compañeras senadoras, senadores: Por acuerdo de los grupos parlamentarios y de la Mesa Directiva, daremos paso

a un debate pactado, sobre las acciones anunciadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en materia de

combate a la corrupción y la inseguridad pública, anunciadas el pasado jueves 27 de noviembre.

Los grupos parlamentarios, han hecho llegar la lista de oradores, en las diversas rondas, de que se va a componer

este debate.

La participación será en orden ascendente.

Tiene el uso de la palabra, el senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Señor Presidente, con su autorización.

Siempre es una sorpresa, que quieran discutir algo, porque, ya vimos que en relación con la “casa blanca”. Bueno,

montaron en cólera, indignados, porque no nuestra compañera Layda, vino aquí y habló del tema. Indignados, nos

amenazaron con que dirían cosas horribles, pero ya no regresaron, por ahora.

No sé, qué es lo que pasó.

También estamos esperando del PAN, una participación similar, que habían prometido, está en un punto de

acuerdo, que ahí se va quedando.

Pero en fin, hoy nos sorprenden, hace 15 minutos, me avisan, que vamos a discutir, en una discusión pactada por

otros, el mensaje a la Nación del Presidente de Estados Unidos Mexicanos, Peña, “Por un México en paz, con

justicia y desarrollo”

Bueno. Los planteamiento que hace el Presidente, para empezar, verdad, no corresponden de ninguna manera al

contenido de su decálogo.

No voy a exagerar, ni mentir, ese decálogo y esa participación del Presidente, ha sido rechazada en términos

generales. No he oído, salvo un desplegado mandado hacer de los gobernadores, diciendo que están muy de

acuerdo. No he oído, ni leído, ningún elogio a esta participación, absolutamente fallida del Presidente Peña Nieto.

Es además, verdad, verdaderamente preocupante, que no atienda lo que miles y miles de mexicanos y mexicanas,

no solamente estudiantes, sino participantes de todos los sectores sociales, le han reclamado al Presidente.

Le han reclamado realmente, justicia; le han reclamado, impunidad, acabe con la impunidad; y le han reclamado la

corrupción, que empieza desde la Presidencia de la República.

Nada de esto se trató. Y no lo digo yo, lo pueden leer, como siempre hay que leer afuera para ver qué se dice, el

New York Times, el Washington Post. El “Le Monde”, uno de los periódicos más importantes de Europa, dice:

“Este México es un Estado mafioso o un Estado mafia”.

Así le llama… así le llama Le Monde, después de haber analizado este discurso.

El Presidente de Uruguay, señala o declara: “Que en este país no hay justicia, hay impunidad y que la corrupción es

la base de todo esto”

Y no solamente dice, hay un Estado fallido en México, sino que además es producto de una corrupción que se ha

convertido ya en un sistema de vida en México.

Y a nada de esto se refiere el Presidente. A nada.

Nos sale con una serie de puntos, que risa debería de darnos, si no es por lo dramático de la situación.

Aquí estarán muy contentos los compañeros del PAN, porque se fusila todo lo que señaló Calderón, hace tiempo,

verdad.

Una serie de sandeces, que no atacan el problema principal.

Parece ser que Peña Nieto no se da cuenta, de que está en una verdadera crisis. Sin embargo, vemos una y otra vez,

no aquí, eh… no, aquí lo que hay son cosas muy secundarias y refritos.

No, están tratando una y otra vez, de convencer a la población que las marchas son violentas, cohibidos con las

televisoras, que lo único que hacen es, decir que hubo una marcha… bueno, ayer sí Televisa y Milenio, dijeron,

marchas pacíficas. Sin embargo, le dedican cinco segundos a la marcha pacífica, cero a lo que dicen los

marchantes, los que han salido a reclamar, y eso sí, toda clase de imágenes de los incendios y de los bárbaros que

están rompiendo vidrios, verdad, y sin que intervenga la policía. Pero eso sí, toda las cámaras del país, verdad.

Es realmente increíble, que Peña Nieto crea, crea que esto le va a permitir sostener una Presidencia, que está

derrumbada.

Hay un clásico, hay un claro derrumbe de la Presidencia de la República.

Ha perdido legitimidad en México y en el mundo.

Ha perdido autoridad moral. Lo que se le señala, no lo contesta, lo elude, verdad.

Es una Presidencia que no tiene ya con qué sostenerse.

Pero empiezan a filtrar, es el terrorismo, tal vez la guerrilla.

Y ayer mismo el secretario de Gobernación se permitió decir que lo que estamos viviendo ya se lo esperaban.

Osorio Chong, ayer, dice. “Ya se lo esperaban, porque desde que decidieron entregar el petróleo al extranjero”.

Claro, así no lo dice, le llaman reformas estructurales, se esperaba que hubiera una reacción de los enemigos de la

modernidad estructural neoliberal, ayer mismo.

Entonces el Presidente no contesta nada, no explica nada. Nos sale con refritos vergonzosos que nadie ha aceptado

y sin embargo otra vez ahí va el secretario de Gobernación a inducir a la opinión pública a través de la violación al

derecho de la información de las televisoras que en lugar de informar lo que ha pasado en este país, lo que se dice

las marchas, lo que dicen los oradores que participan, se dedican a desinformar al país, generando esa truculencia

que pasa en todo el país.

Pero ya lo estaban esperando, dice el secretario de Gobernación. Y se lo atribuye a las reformas estructurales

cuando lo que se está diciendo es otra cosa, ¿verdad?

El Presidente de Uruguay, y lo dice, que es un Estado fallido por la corrupción que se ha convertido, insisto, en un

sistema de vida en México. El Presidente no toca el asunto.

Y sin embargo va corriente el secretario de Relaciones Exteriores a acallar al Presidente, decirle, hombre, a usar el

nombre de México y el prestigio de México y la diplomacia de México para que retire lo que dijo. Lo dijo es la

absoluta verdad de lo que está pasando en este país. Y el Presidente Peña Nieto no lo atiende, están tan

comprometidos con los intereses económicos que lo sostienen que están camino a consolidar un Estado policiaco

militar.

Eso de echarle la culpa a los municipios es verdaderamente ridículo. Si es al municipio al que ha que salvar, porque

fíjense ustedes que las policías municipales fueron las causas de… No es cierto, es mentira.

El Estado de Guerrero está controlado por El Ejército. A un lado de las matazones que hubo está el cuartel del 27

Batallón de Infantería. Por cierto ya cambiaron, si hacer mucho ruido, al comandante militar de Guerrero ¿verdad?

Es mentira que el problema sea municipal. Que no hay policías municipales. ¡Ah! No, sabemos muy bien que

como resultado del control de todos los recursos del país, por el Poder Ejecutivo Federal, nadie tiene recursos ni los

gobernadores ni los presidentes municipales para pagar policías.

Pero es una enorme mentira y una falsedad y una hipocresía querer decir que son los municipios los que fueron el

problema, fue el gobierno federal, aquí lo dijimos, es el que tiene el poder militar, la defensa, La Marina. Que por

cierto todo el tiempo están amenazando con sus discursos que deberían de callarla las Fuerzas Armadas, no tienen

por qué estar usando ese lenguaje ¿verdad? Esos son los únicos que han aplaudido al Presidente Peña.

De manera que qué bueno que se discuta esto aquí. Viene toda una serie de reformas constitucionales para seguir

atacando y destruyendo a la Constitución de la República que son absolutamente falsas y establecer el derecho del

Presidente de la República a quitar autoridades municipales elegidas por el pueblo. Es una barbaridad y es el

camino para seguir consolidando una dictadura. Una dictadura del Ejecutivo sobre el Legislativo; una dictadura del

Ejecutivo sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora sobre los ayuntamientos.

Yo creo que con un mínimo de responsabilidad del Congreso de la Unión, y empiezo por el Senado, esto no se

debe permitir, porque es una cortina de humo falsa, hipócrita, para decir ya se terminó todo. Saben, ya reformamos

la Constitución, ya establecimos un número telefónico para que esto se resuelva.

No es posible lo que he estado oyendo de coordinadores y de legisladores, de que van a darle la luz verde a estas

reformas cuyo único objetivo es hacerle creer a la opinión pública con la convivencia de las televisoras y las

radiodifusoras que ocultan la realidad de este país, decir que ya arregló todo y seguir adelante.

Y esta tesis que plantea ni más ni menos que el secretario de Gobernación que ya lo estaban esperando, porque este

es un rebote de las reformas estructurales. No, señor, no es eso.

Es una Presidencia que ha perdido legitimidad, insisto, a nivel mundial.

Es una Presidencia que ha perdido autoridad moral, porque se niega a decir la verdad de lo que ha señalado en las

marchas aquí mismo y en todos lados.

No aprobemos esta gran mentira que es este mensaje hipócrita, falso y que solamente quiere que se reforme una

vez más la Constitución para poder decir: “Ya resolvimos todo y sigamos adelante”.

Son las fuerzas desestabilizadoras las que están en las calles, es la mentira más absoluta y la sabemos todos. Es la

sociedad mexicana, los jóvenes, los ciudadanos, los que están protestando contra un gobierno absolutamente fallido

y falaz. Un gobierno corrupto, un gobierno que está demolido, un gobierno que ha sido en las calles exigido de

cosas que no cumple.

Por eso el grito de “Fuera Peña, fuera Peña” de miles y miles de gargantas no sale en la televisión ¿eh? Con eso

Televisa, TV Azteca, Milenio, ya la resolvieron todo. Los millones que han gritado, lo siguen pensando ¿eh? Esto

no se va a resolver así, es una Presidencia demolida. Y por eso se va a fortalecer haciendo todavía más rudo y

aparente el gobierno, este gobierno demolido, apoyado exclusivamente con una visión policiaca militar.

Muchas gracias por su atención y qué bueno que discutamos esto.

Muchas gracias, presidente.

(Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, don Manuel. Este debate es un asunto de agenda política.

En términos del artículo 76, fracción diez de nuestro Reglamento, el tiempo para hacer uso de tribuna es de 10

minutos. Esta Presidencia ha hecho gala, esta Mesa Directiva ha hecho gala de la tolerancia en el tiempo y a

ninguno se le ha negado el uso de la palabra.

Le ruego, hasta donde sea posible, nos ajustemos al tiempo para no afectar la participación de las y los senadores

que se han inscrito.

Tiene el uso de la palabra el senador Luis Armando Melgar, del Grupo Parlamentario del Partido verde Ecologista

de México.

-EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Con su venia, señor presidente, vicepresidente y

miembros de la directiva. Muy buenas tardes compañeras y compañeros senadores.

Siempre es muy sencillo llegar a la satanización, siempre es más fácil entrarle al falso debate y a las discusiones

estériles, siempre es más fácil la descalificación, siempre es más fácil estar permanentemente en contra de todo y a

favor de nada.

Pero lo que se quiere es construir efectivamente un debate de las propuestas que mandaría o que presentó el señor

Presidente de la República el jueves pasado, diez puntos que están pensados, que están encaminados a superar una

crisis de corto plazo y a establecer un andamiaje en el mediano y largo plazo.

Nadie de los aquí presentes podemos negar que el país efectivamente lleva no un tiempo, lleva ya varios años en un

debate y en una serie de acciones para tratar de superar toda esta situación tan problemática que nos ha puesto el

crimen organizado. Pero no solamente es eso.

Por el bien de la República y en respuesta también a lo que la ciudadanía espera, son más las decisiones que se

tienen que tomar.

Por eso el Presidente de la República no solamente se refirió a decisiones contra el combate contra el crimen, sino

también incluyó dentro de su agenda decisiones muy concretas para superar los problemas de la pobreza en las

entidades más pobres del país, asumiendo que precisamente esto se convierte en un caldo de cultivo para los

conflictos de toda índole que hemos venido padeciendo, particularmente en los Estados de Guerrero, en los Estados

de Oaxaca y en mi Estado, el Estado de Chiapas.

Creo que la lógica del Presidente es una lógica muy transparente, muy sencilla, muy ciudadana, y consiste en

enfrentar de cara a un problema que efectivamente se ha crecido, como no se había crecido o simple y

sencillamente es un problema que se ha venido desbordando con herencia de los años anteriores.

Lo que se pretende con estos diez puntos es construir una plataforma para que nuestro país avance de manera

sólida. Solamente de manera particular la propuesta del Presidente, de la unificación de las policías, tiene que ver

con una organización. Cuando se dice: vamos a crear 32 policías estatales únicas, esto representa sin duda enormes

retos.

Pero es la única opción real que permitiría minimizar los efectos de la infiltración del crimen organizado en los

órganos policiales locales. También debemos reconocer que hasta la fecha esto no ha sido posible en todo el país,

justo por eso hacen falta estos cambios legales que lo aceleren.

En reto, sí por un lado es un reto presupuestal que no se puede soslayar, pues crear estas policías estatales es caro.

Sí, pero es más caro si no actuamos pronto. Tenemos la urgencia de fortalecer las finanzas de los estados, tenemos

la urgencia de fortalecer el combate del crimen en cada una de las entidades federativas.

Un ejemplo de que sí se puede hacer correctamente es el ejemplo de Nuevo León, donde su nueva fuerza civil

permitió reclutar y capacitar a 4 mil nuevos policías. No obstante requieren un presupuesto mucho mayor al que se

cuenta, al que cuenta su Secretaría de Seguridad Pública, y ahí es donde debemos de actuar.

Ahora bien, el reclutamiento y la selección de los nuevos elementos tienen que ser rigurosos, tanto lo fue el de la

nueva Gendarmería, como lo son los controles de confianza que tienen que ser reforzados. Asimismo, representa

un desafío no dejar afuera las labores de prevención del delito y vigilancia, que realicen de manera eficiente y de

manera puntual las policías municipales que deberán integrarse en un solo mando.

No se debe permitir que se descuide que la nueva policía estatal pierda el control y pierda esta influencia, sino

fortalecer con una de estas medidas que el Presidente de la República propuso. Es por eso, compañeros y

compañeras, que estamos convencidos en el Partido Verde de que los diez puntos que el Presidente pone por

delante son para cimentar un México en la construcción y en la solución de sus problemas actuales.

Así que con eso termino y doy por terminada mi presentación. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, Senador Melgar.

-En uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución

Democrática.

-EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias, Senador Presidente.

México es un país de leyes que casi nadie respeta, y en ese sentido la discusión sobre cómo solucionar la situación

en la que nos encontramos debe de pasar por un diagnóstico correcto. Creo que estamos volviendo a esta lógica

obstinada de creen que la promulgación de leyes es la única forma de ejercer el poder, y eso hoy, más que nunca en

la calle, nos ha quedado claro que es la visión incorrecta.

No se trata de generar nuevas leyes, se trata de cumplir, empezar por cumplir las que están hoy en día vigentes. De

una forma que este Senado de la República pueda empezar a contribuir a las soluciones, y a ser parte de la

solución, por supuesto, y nunca del problema, es clasificar o intentar describir cuál es el momento en el que nos

encontramos.

No es nada más una crisis, mucho menos es una crisis de un solo partido político o de una sola institución, es sin

duda el proceso de degradación institucional más serio en el que se ha metido el país en los últimos cien años.

Porque la degradación institucional no viene de hace apenas unos meses.

En Ayotzinapa se manifiesta y se expresa de la manera más grave y más dolorosa, pero es una degradación

institucional que tiene muchas causas y muchos orígenes, que quizá en este decálogo no están ni siquiera

esbozados. Es una degradación institucional en materia de seguridad, por supuesto, pero también en materia de

combate a la corrupción, de impunidad, de procuración de justicia, de la forma como se ganan las selecciones en

este país, es una degradación institucional en los procesos de readaptación y, como telón de fondo y paraguas a

esto, una profunda desigualad en la concentración de la riqueza, del ingreso, y una profunda desigualdad entre

regiones.

Y ante esto se presentan los diez puntos, el decálogo, se presentan estas tablas de ley con las que vamos a salir a

flote de esta crisis, de la degradación de nuestras instituciones. Y en ese sentido el Partido de la Revolución

Democrática quiere ser muy responsable y muy crítico de lo que creemos que está mal, y de cómo creemos que se

puede procesar para que esté bien:

Primero, la propuesta de reforma constitucional que facultará al Congreso para expedir la Ley Contra la Infiltración

del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales. Por supuesto que ataja un hecho concreto que nadie aquí

va venir a negar, el eslabón más débil de las instituciones de nuestro país está en el municipio.

Pero ojo, compañeras y compañeros, si señalamos a los municipios como los únicos responsables nosotros vamos a

ser entonces responsables de dar de facto una carta de buen comportamiento y una exculpación pública a gobiernos

estatales de todos los partidos, y autoridades federales que sin duda tienen que ver con esta crisis.

No es solamente en el gobierno municipal donde el crimen ha llegado a las más altas esferas. Tampoco es el único

objetivo del crimen organizado el espacio del municipio, se necesita, sin duda, ampliar la legislación contra la

infiltración del crimen organizado y contra la corrupción política de absolutamente todos los ámbitos del gobierno

y en todos los poderes del Estado.

Segundo, la redefinición y la claridad en el sistema de competencias entre órdenes de gobierno en materia penal,

pues es sin duda algo atendible, es algo que puede ayudar; pero deja de lado una realidad inocultable. El problema

no es nada más la definición de competencias, el problema es el cumplimiento de estas competencias.

Si seguimos con esta obstinada creencia del ejercicio del poder solamente por decreto, y en el acto de la

promulgación de leyes, pues ahí nos vamos a quedar otra vez con todo y que se aprobara este decálogo. Cambiar

hoy en nuestro país la letra de la ley no garantiza cambiar la realidad en cuanto a las capacidades de las

instituciones para hacer cumplir esa ley.

Y si no somos nosotros los primeros en reconocer esta situación entonces tenemos que revisar de fondo el papel del

Senado de la República en la vida democrática del país.

Tercero, la reforma constitucional para establecer las policías estatales. Aquí el tema otra vez es de un debate más

de fondo, somos un país federal o aspiramos a ser un país unitario, queremos arreglar lo que no funciona o

preferimos crear simplemente nuevos problemas, pero que tarden algún tiempo en aparecer.

Me parece que lo pertinente es que las policías municipales funcionen, funcionen bien, y esa debe de ser nuestra

aspiración, porque ese es nuestro modelo de estado federal y ese es el papel esencial de los municipios. Si hoy se

pretende anular esta función y trasladarla a los estados estaremos entonces trastocando nuestra base federalista, por

eso debemos de ser muy cautos en ello y de verdad abrir un amplio debate en este sentido, pero a partir de

diagnósticos específicos, de experiencias internacionales exitosas con países con similar desarrollo institucional,

como el de nuestro país.

En este punto es donde creo que tenemos más riesgos de generar concentraciones excesivas de poder y poner en

riesgo libertades a nombre de la seguridad. Centralizar competencias en nuestro país, basta revisar la historia

reciente, no fortalece necesariamente las instituciones.

Por eso nos parece que la ruta propuesta por el Ejecutivo Federal desconoce las experiencias exitosas en nuestro

propio país, en donde se han revertido en buena medida la inseguridad en ciudades como Monterrey, Ciudad

Juárez, Querétaro y Tijuana. Y también otro asunto que nos parece grave, que en todo el decálogo el Presidente

desconoce por completo el altísimo valor que tiene el vínculo entre los ciudadanos y el gobierno local, la cohesión

social y el desarrollo económico local y de identificación de ciudadanos y su gobierno para que éste sea más

cercano y mucho más eficiente son una alternativa que hoy, simplemente, se quiere borrar con su omisión.

En ese sentido yo seré el primero en estar de acuerdo que la sociedad no debe de tolerar ni gobiernos aliados ni

gobiernos corrompidos por el crimen ni gobiernos ineficientes ni gobiernos incumplidos, pero no es con esta figura

de la advertencia de indicios suficientes que nos parece es simplemente hacer del sospechosismo una institución y

letra de ley como se puede solucionar esto; si estamos en esta crisis tan profunda que todos reconocemos, pues

entonces, veamos una distribución del poder no entre en niveles de gobierno ni entre competencias; la veamos

hacia los ciudadanos, que es de la exigencia que están expresando en las calles, y entremos al debate que hemos

pospuesto y que hemos de una manera muy cómoda, simplemente ignorado, que es el de la revocación de mandato;

la revocación de mandato para el Presidente, para los gobernadores, para los senadores, para los diputados y para

los presidentes municipales, porque de esa manera estaremos distribuyendo el poder hacia quienes exigen tener

más participación en la vida pública, que son sin duda los ciudadanos.

En el cuarto y quinto puntos que tiene que ver con la instauración del número 911, y la clave única de

identificación ciudadana, qué bueno que es un tema que se va a discutir, porque es un asunto que desde el 2008

había estado ya anunciado en el acuerdo nacional para la seguridad, la justicia y la legalidad, y además, también el

número único, que, honestamente que es un tema que aquí discutimos y aquí aprobamos y está contenida en la Ley

de Telecomunicaciones publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio del 2014, pues no debe de ser

tomado como un gran avance.

Donde tendríamos una gran responsabilidad ante la posibilidad de que discutamos esto, es ver a quién

responsabilizamos hoy del abandono que tanto la cédula de identidad ha tenido como el número único de

emergencia; a quién debemos de señalar como factor de esa omisión, y que hoy se plantea como una solución casi

mágica que todos tengamos el 911 para atender los problemas desde, los más graves hasta los más complicados

como lo es la desaparición forzada.

Nos parece en el PRD que estas medidas si bien son útiles, no son las que el momento reclama, porque al final de

cuentas ya estaban presentadas, y hoy han distraído el objetivo principal, que es la procuración de justicia y

abatimiento del ambiente de violencia que se vive en gran parte del país.

Finalmente, un punto que para nosotros es muy relevante del mensaje político que se está enviando con el decálogo

es el despliegue de las fuerzas federales en la región de tierra caliente.

Uno de los grandes aspectos críticos al decálogo fue la falta de autocrítica por parte del Ejecutivo Federal. Este

apoyo que se está planteando para Tierra Caliente y los estados de Jalisco y Tamaulipas nos parece que es muy

claro, debió haberse extendido también al Estado de México, un estado que forma parte de esta región, y donde

igualmente existen serios problemas de delincuencia organizado.

Por eso, también creo que es válido pensar que este es el momento de dejar de lado los cálculos políticos y

electorales, y asumir con mucha humildad y mucha autocrítica dónde están los problemas, y atenderlos con esa

lógica.

Finalmente, compañeras y compañeros, quiero decir que el problema de fondo, y ahí están planteamientos que

están congelados, desafortunadamente, es el combate a la corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas y la

participación ciudadana.

Podemos coincidir en la importancia de estos temas, pero es claro que ya están en proceso con varias iniciativas en

el Congreso de la Unión, no reconocerlo en esta tribuna como senadores es hablar de una omisión nuestra, de los

procesos legislativos que hemos estado discutiendo; estas iniciativas serán igualmente de maduración en el

mediano plazo, pero el Presidente hace eco a una demanda social añeja, hoy exacerbada, y se suma a un proceso

que ya está iniciado en las cámaras.

En ese sentido sólo debemos esperar de todas las fuerzas políticas una voluntad de entrar a los temas de fondo y

alejar de la sociedad la idea de que entre la clase política hay un pacto de tapaos los unos a los otros.

Por eso, compañeras y compañeros no todo se va a resolver con nuevas leyes, las más urgentes es que las leyes

vigentes se cumplan, que cada ciudadano conozca sus derechos y que las instituciones las respeten, esos derechos,

y los hagan valer. Que en cada rincón del país haya una autoridad que auxilie a sus habitantes y los proteja.

Por eso, hoy no se trata de crear nuevas leyes, sino que se cumplan las que ya existen.

En el PRD, para concluir, anunciamos que haremos nuestro trabajo como lo hemos hecho siempre de manera

acuciosa, de manera seria, y de manera muy responsable; con un profundo detenimiento en las propuestas del

Presidente, sin descalificarlas de manera prejuiciosa, pero que tenemos que decirlo también, esperábamos acciones

firmes e inmediatas de su gobierno para poner un alto a la inseguridad y para atajar de tajo a la corrupción.

Un senador que me antecedió en el uso de la palabra dijo, que siempre es más fácil satanizar, que siempre es más

fácil estar en contra, que siempre es más fácil la descalificación.

Yo, tengo que no estar de acuerdo con esa aseveración; siempre es más fácil aplaudir; siempre es más fácil no

discutir y buscar el pensamiento único; siempre es más fácil no disentir, pero no estamos en el Senado para no

disentir, estamos para debatir y para analizar, y eso es lo que haremos de manera muy seria y muy responsable en

el Partido de la Revolución Democrática en los días por venir, en los que la sociedad observa y espera de nosotros

una posición que honre a este Senado de la República.

Es cuanto, Senador Presidente, muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BARBOSA HUERTA: Gracias, Senador Zoé Robledo; vuelvo a exhortar a

los oradores, redondeen su participación cuando reciban la tarjeta de tiempo concluido, y el redondeo que no se

exceda de un minutos, dos minutos.

Tiene el uso de la palabra el Senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

- EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Con su permiso, señor Presidente. Al grito de todos somos

Ayotzinapa, tarde por cierto, el Presidente de la República ha anunciado un decálogo.

Se trata en esencia de un paquete de propuestas que reproducen en estructura y contenido la estrategia nacional de

seguridad y justicia 2006-2012.

Un decálogo que retoma ideas por mucho tiempo discutidas, pero jamás votadas en el Congreso de la Unión por la

obstrucción del propio partido del Presidente. Políticas que se han abandonado en estos dos años de la

administración.

En efecto, el decálogo responde a tres grandes ejes, operativos de fuerza para contener la acción criminal en

regiones de alta incidencia delictiva, cambios normativos e institucionales y reconstrucción del tejido social;

cualquier parecido con otro tipo de acuerdos, es pura coincidencia, aclaro.

Si bien incorpora explícitamente el combate a la corrupción como un eje adicional, las propuestas bordan sobre los

modelos e institutos generados en la primera alternancia, transparencia, control interno sobre la gestión pública,

compranet, auditorías sobre obra pública, etcétera. Nada nuevo ni distinto en consecuencia.

De las medidas anunciadas, siete son propuestas de cambios legales, desaparición de ayuntamientos, redefinición

de competencias en materia penal, policías estatales únicas, clave única de identidad, justicia cotidiana, derechos

humanos y autonomía de la Comisión Nacional, sistema integral de anticorrupción.

Una corresponde al IFETEL, la famosa línea 911, y sólo dos corresponden a la esfera administrativa a cargo del

Presidente, el operativo Tierra Caliente y un portal de información sobre proveedores y contratistas del gobierno

federal que por cierto ya también existe.

De la agenda de cambios normativos, tres de siete se encuentran recogidos en el Acuerdo Nacional por la

Seguridad, la Justicia y la Legalidad de 2008.

Otra, la reforma en materia de narcomenudeo pretende regresar al régimen vigente antes de la suscripción del

acuerdo 2008, régimen que depositaba en la federación la persecución de las micro transacciones de drogas y que a

partir de julio de 2012 se sustituyó por un modelo de competencias concurrentes desde un enfoque esencialmente

de salud pública no sólo con el propósito de reducir el costo de la violencia asociada a las transacciones, sino

también con la intención de abandonar progresivamente el tratamiento punitivo del consumo.

Es verdaderamente sorprendente que el gobierno insista en que en estos dos años la violencia ha disminuido y que

al mismo tiempo sostenga que el problema de narcomenudeo es la causa principal del aumento de la violencia en

nuestro país.

Tres de los siete temas han tenido la oposición explícita de los gobernadores y de los legisladores del

PRI. Cédulas de identidad, mando único, y esquemas institucionalizados y bajo control democrático de

intervención federal en entidades federativas bajo riesgos o amenazas en la seguridad interior.

Hay que recordar que en 2010 el grupo parlamentario del PRI se opuso a la Ley de Seguridad Nacional que

establecía los marcos de intervención de la federación en estados y municipios.

En una de las propuestas existe ya una figura constitucional equivalente, la suspensión y desaparición de

ayuntamiento o la revocación del mandato a sus miembros, está en el artículo 115 de la Constitución por si no lo

han encontrado.

En una más la propuesta versa sobre establecer instituciones desmanteladas al inicio de esta administración bajo

una falsa promesa de que iba a instalar su eficacia, el caso específico de la Secretaría de la Función Pública, o

bien, otras propuestas que ya son texto vigente pero que no han sabido utilizar desde el gobierno de la República,

los tipos y sanciones a empresas que participen en actos de corrupción, ya están previstas en una ley, la Ley de

Anticorrupción vigente desde 2012, falta que el gobierno las aplique.

La única propuesta inédita es la creación de zonas económicas especiales, esto es, áreas territoriales bajo un

régimen regulatorio presupuestal y fiscal diferenciado, les recuerdo que hay cientos de iniciativas de Acción

Nacional al respecto desde hace ya muchos años.

Si entre las condiciones económicas y la criminalidad, como dice el decálogo, existe una causalidad directa, al

grado de que no existe solución de mediano plazo que no pase por el canal de la justicia social, por qué no ampliar

esta estrategia de las zonas especiales a todas las entidades con altos índices delictivos, ¿qué efectos tiene en las

entidades con mayor tasa de homicidios la desigualdad imperante en el sur del país? ¿Por qué se está

incrementando la recurrencia delictiva en estados relativamente prósperos, como el Estado de México? ¿Un nuevo

dinamismo en él se va a incidir de manera directa en la reducción de los índices de violencia en Michoacán o

Tamaulipas?

¿No será que la violencia persiste en nuestro país precisamente por los cambios en la fenomenología del crimen y

la debilidad crónica de nuestras instituciones? ¿O bien, por lo que han dejado de hacer en estos dos años?

Y en efecto, en estos dos años han dejado muchas cosas que hacer. Por ejemplo, en 2013 se redujo en un siete por

ciento el presupuesto para fortalecer de control de confianza; en 2013 se redujo en un 11 por ciento el presupuesto

para la profesionalización de las instituciones de seguridad pública, es decir, presupuesto a la baja en la

encomienda principal y el desafío mayor de nuestro estado, que es justamente generar capacidades policiales.

En 2014 repitieron la dosis, 13 por ciento y 17 por ciento de reducción del presupuesto respectivamente, y una

reducción del 6 por ciento en los programas de prevención social.

Con independencia de las inconsistencias y contradicciones internad del decálogo, cabe preguntar si el presidente

de la República no encontró en su órbita directa en ese conjunto de potestades que le da la Constitución y la Ley,

algunas decisiones que pudiera haber tomado por sí mismo para mejorar el estado de cosas, o como si se desprende

del decálogo, no quedó, o no le quedó más que recurrir a cambios constitucionales o legales.

La narrativa reformista del gobierno ha sido tan exitosa que el propio presidente ya se acabó por convencer de que

los poderes ejecutivos se reducen a la facultad de iniciativa constitucional o legislativa.

Sin obviar la necesidad de nuevas reglas e instituciones, el presidente ha renunciado a tomar decisiones y ha

remitido al Congreso, como aquel que se sacude las manos, la responsabilidad de resolver la crisis actual.

¿Qué puede hacer el presidente de la República por sí mismo? Algunas ideas: Que tal si para apuntalar la

depuración policial en todo el país el presidente por fin nombra al titular del Centro Nacional de Certificación y

Acreditación, órgano que regula los procesos de control de confianza, que se encuentra con encargada de despacho

desde octubre del 2012.

Según el gobierno federal las policías municipales son la fuente cancerígena de la inseguridad y de la captación del

crimen organizado, si es así, ¿Por qué no instruir a la Secretaría de la Defensa Nacional a revocar las licencias

colectivas de armas de fuego, cuando tenga indicios de infiltración del crimen organizado en esos ayuntamientos,

por lo menos para que los policías municipales no agredan a los ciudadanos con esas armas?

¿Qué obstáculos legales enfrente el presidente que le impide desplegar fuerza federal en entidades o regiones y

suplir a las corporaciones locales, como lo ha hecho de manera sistemática al inicio del sexenio, y como lo está

anunciando para el caso de Tierra Caliente?

¿Por qué no reformular, por ejemplo las reglas de operación de los subsidios federales a la seguridad como

SUBSEMUN”, el Programa de Acreditación Policial, o los Fondos de Prevención a fin de condicionar su acceso al

cumplimiento de indicadores objetivos de gestión y para que se invierta efectivamente esos recursos en

capacidades policiales?

¿Por qué no impulsar en la próxima sesión del Consejo de Seguridad Pública, que debe realizarse en el mes de

diciembre, algunas medidas, como por ejemplo: auditorías externas sobre procesos de depuración policial,

instalación de unidades de asuntos internos en todos los cuerpos policíacos, mecanismos de supervisión externa y

ciudadana a los cuerpos policíacos, evaluación a los modelos de mando único actualmente existente o por lo menos

la revisión escrupulosa de los acuerdos no cumplidos del Sistema Nacional de Seguridad Pública?

¿Qué necesita el presidente, además de voluntad y recursos para acelerar la baja de los 20 mil 521 servidores

públicos estatales, y los 18 mil 177 policías municipales que reprobaron los controles de confianza?

Y si levantara el teléfono rojo para instruir a sus secretarios a dar de baja a los tres mil 516 servidores públicos

federales que están justamente en el supuesto de haber reprobado los controles de confianza, o bien, que levante el

teléfono para pedir que la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Nacional de Seguridad pública por fin

atienda 14 mil expedientes contra policías que se encuentran rezagados porque le quitaron a la unidad las plazas

para llevárselas a la gendarmería.

¿No avanzaría el país si ordenase un programa inmediato de depuración de los ministerios públicos

federales? ¿Por qué no utilizar la política criminal, es decir, la persecución penal para apartar de sus cargos a

servidores públicos coludidos con el crimen, no solamente de sus cargos, sino también apartarlos de las calles?

¿Necesita el gobierno una ley contra la infiltración del crimen organizado para ejercer la acción penal por

delincuencia organizada, contra alcaldes o funcionarios municipales o contra cualquier otro servidor público?

En lo que el Congreso analiza las miles de iniciativas en materia de tortura, desaparición forzada de personas, uso

legítimo de la fuerza, protección de derechos humanos que han presentado senadoras y senadores de los partidos de

oposición, ¿no sería buena idea que el presidente utilizara la facultad reglamentaria para emitir protocolos o

utilizar el Sistema Nacional de Seguridad Pública para fijar directrices a los gobernadores?

El tamaño político y ético, señoras senadoras y señores senadores de un gobierno, se define por su capacidad para

entender los problemas, explicarlos, tejer alternativas y movilizar a la sociedad para alcanzar objetivos valiosos.

Ahí radica la esencia de la verdadera eficacia, esa es la primerísima misión del liderazgo político. El gobierno del

presidente Enrique Peña Nieto no encuentra los diagnósticos, y por supuesto está errando en las salidas para

enfrentar la crisis.

Puede hacer más de lo que su decálogo plantea, no necesita de períodos extraordinarios para poner manos a la obra.

El PAN va a contribuir a las soluciones de México, tenemos experiencia e ideas; no vamos a acompañar

ocurrencias, enfoques centralistas o recursos autoritarios, las iniciativas tendrán una discusión seria, serena y

responsable en el Senado de la República, México no se merece remedios presurosos para librar coyunturas o

superar climas de opinión; no se merece atentados a la forma histórica de nuestra organización política.

Acción Nacional va a ser como siempre lo correcto, vamos a hacer lo que le conviene a nuestro país. Por su

atención, muchas gracias. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, senador Roberto Gil. En uso de la palabra el senador

Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario. . .

Perdón, perdón, perdone Senador Omar Fayad.

Sonido en el escaño del Senador Arturo Zamora.

-EL C. SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ (Desde su escaño): Muchas gracias Presidente.

Para hechos y solamente comentar.

En el año 2010. . .

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Permítame, señor Senador.

Para hechos desde su escaño.

Adelante.

-EL C. SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ (Desde su escaño): Sí, desde mi escaño.

Gracias, señor Presidente.

En el año 2010 el PRI manifestó su postura a favor del mando único policial en las entidades federativas.

Hace unos momentos se afirmó que ningún legislador había favorecido la propuesta del entonces Presidente Felipe

Calderón.

En declaraciones realizadas en redes sociales el 3 de junio de 2010 en el Diario La Jornada del 4 de junio del 2010

en el Diario Reforma del 27 de julio el 2010, un servidor Arturo Zamora Jiménez, manifesté públicamente el apoyo

a la creación de las 32 policías estatales con mando único.

Esa es la generosidad que caracteriza a quienes siendo oposición en su momento tomamos conciencia de la grave

problemática que se estaba viviendo en el país. Y por esa razón, también nosotros en su momento, en Cámara de

Diputados, como Diputados aprobamos de 6 mil a 42 mil millones de pesos el presupuesto para la Secretaría de

Seguridad Pública con la finalidad de contribuir responsablemente a darle a los mexicanos mayor paz, mayor

libertad y mayor seguridad.

Es cuanto, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias Senadora Zamora.

Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil.

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH (Desde su escaño): Gracias señor Presidente.

Y agradezco la observación que hizo el Senador Zamora.

Desafortunadamente en estas cosas una golondrina no hace verano, y su grupo parlamentario en el Senado de la

República objetó la iniciativa que presentó el Presidente Felipe Calderón en materia de mando único que, por

cierto, sigue en los archivos del Senado.

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Como la figura que estamos utilizando no es precisamente

ortodoxa, de réplica y contrarréplica, se cierra.

Gracias.

Y les pido que para que podamos avanzar en el debate, quienes pidan para hechos lo desahoguen desde su escaño,

no vamos nosotros a negarle la palabra a nadie, solamente que como es un debate pactado que, por cierto en el

reglamento no existe esta figura, sino la entiendo a partir de que es un debate que la acuerdan los grupos

parlamentarios proponen a sus oradores y para no cancelar el derecho de quienes piden la palabra , les pido que

acepten como lo desahogó el Senado Arturo Zamora cuando pidió para hechos desde su escaño.

Tiene el uso de la palabra el Senador Omar Fayad Meneses que ya está en la tribuna, del Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario Institucional.

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Muchas gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros senadores, creo que en el fondo todos quienes ocupamos un escaño en este órgano

colegiado coincidimos en muchas cosas con quienes me han antecedido en el uso de la palabra, que han señalado

en esta tribuna y coincido plenamente con que debemos hacer lo correcto.

Lo correcto, compañeras y compañeros más allá del debate político que vamos a dar esta tarde será que en el

proceso legislativo de análisis de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal en comisiones podremos

revisarlas a fondo, cada una de sus implicaciones, lo que representa y procedamos juntos a hacer o mejor para

México, lo mejor para el país.

Coincido plenamente con esta expresión.

Aquí en el debate político podremos decir muchas cosas, sin embargo creo que en la conciencia de cada uno de

nosotros estará el que no escatimemos nada que pueda servir a México y a los mexicanos y que sí en cambio

podamos revisar aquello que crean que atenta contra el orden establecido.

En lo personal, y hablo a nombre de mi grupo parlamentario, nosotros creemos que estas propuestas del

Presidente son acciones firmes, acciones serias, acciones inmediatas, algunas de mediano plazo y otras de largo

alcance que van a permitir sin duda enfrentar problemas que hoy está enfrentando México, porque derivado de los

hechos que han acontecido últimamente, evidentemente que encontramos debilidades institucionales que hay que

atender y por eso esta reforma.

Permítanme decirles que en el pasado ha habido propuestas similares parecidas, pareciera que son iguales, sin

embargo el mecanismo para ejecución de las mismas es lo que cambia en esta propuesta del Presidente de la

República.

Para nadie es nuevo el tema del mando único de la policía parte central de esta iniciativa presidencial, no es nuevo,

porque había sido propuesto por otro Presidente de la República, y también permítame decirle que quien está

haciendo uso de la voz Omar Fayad, Senador por Hidalgo, jamás se opuso a la propuesta del Presiente Calderón,

para establecer un mando único y prueba de ello son mis declaraciones públicas al respecto y el apoyo que le

brindé al Secretario de Seguridad Pública, a la Procuraduría de la República en su momento.

Creo que muchos de ustedes son testigos que respaldé al Presidente Calderón, a Genaro García Luna y a quienes

estuvieron en el Consejo de Seguridad porque me parecía que el tema del mando único era un tema importante en

lo que no debía escatimarle apoyo al Presidente de México y lo reflejé como priista y lo reflejé en mis expresiones

públicas e incluso llegué a decir públicamente que cuando fui Presidente municipal de Pachuca, si a mí me

hubieran pedido entregarle la policía municipal al Gobierno del Estado, con gusto y presto lo hubiera hecho,

porque amigas y amigos, creo que vamos a coincidir todos en la vulnerabilidad de los municipios de México.

Por eso hay que revertir los acuerdos del 2008 y no permitir que nuestros municipios estén al margen de lo que les

pueda hacer el crimen organizado, de la influencia que pueda tener, de la infiltración que pueda darse.

No solamente el crimen organizado está infiltrado en aquellos municipios donde hay presidentes

municipales ostensiblemente participantes y miembros del mismo, como ha sido el caso que se señala en Iguala.

No, compañeras y compañeros, hay presidentes municipales amenazados en su vida, en la vida de sus familias,

amedrentados, amedrentados por un crimen organizado que al hacerlo les exige el control de ciertas actividades

administrativas y de ciertas actividades de policía.

Por eso esta propuesta; propuesta que hizo en su momento Calderón, pero que no lo llevó al plano legislativo y lo

dejó simplemente en el plano consensual, de coordinación y acuerdos con las entidades federativas y hoy la

propuesta va más allá, porque no se logró esto que era una buena propuesta, no se logró y hoy lo que queremos es

que exista una obligación para que estados y municipios le entreguen el mando de la policía a las entidades

federativas y la federación se coordine, solamente con un mando policial de cada entidad federativa y con esto

pasemos a proteger la seguridad, la integridad, la vida de nuestros presidentes municipales, por eso es que hoy nos

toca discutirlo y resolverlo.

-LA C. SENADORA LUISA MARÍA CALDERON HINOJOSA (Desde su escaño): Pido la palabra, señor

Presidente.

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Senador Fayad.

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: ¡Sí, señor Presidente!

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Está pidiendo el uso de la palabra la senadora Luisa María

Calderón. Sonido en su escaño de la senadora.

-LA C. SENADORA LUISA MARÍA CALDERON HINOJOSA (Desde su escaño): Gracias, Presidente.

¿Si el senador Fayad me permite una pregunta?

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: ¿Usted la acepta, senador Fayad?

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Al final de mi intervención, señor Presidente.

-LA C. SENADORA LUISA MARÍA CALDERON HINOJOSA (Desde su escaño): Está bien.

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: ¡Adelante, senador Fayad!

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Pero ese es un tema. Existen otros temas: la cédula única de

identificación.

Compañeras y compañeros:

¿Saben qué fácil sería dar con los responsables del delito, si cuando se comete un acto delictivo las autoridades

competentes, los peritos pudieran llegar al lugar de los hechos, hacer un simple levantamiento de indicios, de

huellas digitales, y estas huellas compararlas en un sistema nacional que nos permita la identificación de todas las

personas?

Por eso les pido que no le escatimemos la posibilidad a México de contar con mecanismos de esta naturaleza, pero

que quede claramente pasmado, plasmado, puesto en la ley, a fin de que nadie pueda evadir la responsabilidad de

cooperar con ellos.

Sabemos que si los grandes sistemas de información nacional no funcionan, es porque a la mejor no se les alimenta

con la información necesaria para que funcionen, y tenemos que transitar en el esquema de obligatoriedad del

Estado mexicanos para que todos, autoridades federales, estatales y municipales contribuyan a enriquecer los

bancos de datos nacionales para la investigación criminal, y cuanto más, aquellos que tienen que ver con la

identificación de las personas.

Por eso refiero que son acciones valientes, firmes. Está hablándose de acciones legislativas, de acciones del

Presidente.

El Presidente nunca se ha lavado las manos, ni se ha hecho a un lado, ni evade su responsabilidad, al contrario, ha

dado la cara a costa de su propia imagen, porque Peña Nieto no es un Presidente que gobierne con encuesta, es un

Presidente, que no importando su imagen gobierna para todos los mexicanos en las cosas que importan, más allá de

otros dichos.

Creo que estas 10 propuestas y las que fundamentalmente le tocan a esta Cámara de Senadores y al Poder

Legislativo, habremos de verlas con seriedad.

Yo les pido: no las aprueben a priori, pero tampoco las reprueben a priori.

No nos hundamos en una estéril y falsa discusión de cosas, si no vamos a contribuir juntos al avance.

Señoras y señores:

Es importante que recordemos cómo llega Peña. Cuando Peña llega a la Presidencia estaban las calles de

Monterrey, en Nuevo León, tomadas por el crimen organizado con fuegos de avenida a avenida; con muertos de la

sociedad civil en las calles; lo mismo en Guadalajara; la situación de Michoacán; lo que ocurría en Guerrero, en

Acapulco, evidentemente son cosas que atendió el Presidente, que atendió el equipo del Presidente y que se logró

rescatar Nuevo León, se logró rescatar Guadalajara, se logró rescatar Coahuila, Durango, La Laguna.

Hay avances significativos en Michoacán. Creo que hay muchos lugares en los que ha habido un avance, que no

debemos escatimarle, aunque falte muchísimo por hacer, eso no debemos de dejar de reconocerlo.

No escatimemos, pues, empeños, y vamos a una discusión serie.

Yo no coincido con quien aquí viene y dice: “Que hay miles que gritan ¡Fuera Peña! Porque creo que hay millones,

millones que pedimos que se respete el Estado de Derecho, que no se politice el asunto, que dejen de hacer una

campaña de desestabilización a un gobierno que pretender hacer su tarea y cumplir, y dar respuesta a los

ciudadanos, no sólo por quedar bien, porque lo necesita México”.

Por eso quiero hacer un llamado a todas y a todos ustedes para que con el trabajo que realicemos, cuando entremos

a la discusión de estos temas, más allá de nuestras posturas partidistas o sectarias, podamos proceder a analizar, y

en su caso, enriquecer. Siempre serán bienvenidas las propuestas.

Creo que aquí se han hecho ya algunas con las que también coincido con ellas.

Si hay que revocar licencias de armas, claro, hagámoslo.

Si hay que verificar reglas de operación de los programas, nos hemos cansado de decirlo en muchos aspectos. Creo

que lo podemos hacer juntos, y creo que la situación del país lo requiere, lo amerita, lo necesita.

Quiero hacer una invitación seria a no descalificar a priori y a hacer un análisis riguroso de todas aquellas medidas

que puedan ser útiles para que México pueda enfrentar el fenómeno que en los últimos hechos revelaron que

generaba debilidades institucionales, que hoy con valor el Presidente debe, tiene que atender, y nosotros

acompañarlo en las decisiones que a nosotros nos toque.

Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Permítame, senador. Permanezca en tribuna.

La senadora Luisa María Calderón le pidió autorización para hacerle una pregunta. La otorgó al final.

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: ¡Con mucho gusto, con mucho gusto!

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: ¡Adelante, senadora!

-LA C. SENADORA LUISA MARÍA CALDERON HINOJOSA (Desde su escaño): Gracias por su

disposición, senador.

Y quisiera mantenerme en lo propositivo, de repente dan ganas de hacer otras cosas, pero, usted preside la

Comisión de Seguridad y yo quiero coincidir con usted en esa parte del diagnóstico, de que muchos alcaldes están

amenazados, su vida en peligro, porque la delincuencia organizada está encima de ellos, les ha quitado la policía,

les ha quitado obras públicas, les amenazan con su vida, etcétera.

Pero, a mí me parece que la propuesta de desaparecerlo, no es una propuesta pertinente, y sí debería haber

muchísimo cuidado en la prevención.

Estamos ya en un proceso eleccionario. El 8 de octubre inició el proceso electoral; el próximo año, el 7 de junio,

dentro de 6 meses va a haber elección de alcaldías y de gubernaturas en 9 estados de nuestro país.

Querría preguntarle, senador. ¿Cuál es la estrategia para contener, atajar, prevenir, que durante todo el proceso

electoral, como ya hemos visto que sucedía o que sucede, la delincuencia organizada no se meta en los procesos,

no decida candidaturas, no financie candidatos; y una vez que lleguen, evitar que les cobren los favores, como ha

sucedido en estado como el mío, como vemos que sucede en Guerrero?

Me gustaría colaborar. Me preocupa mucho que estemos hablando de modificar la constitución, de otras cosas, y

que con el proceso ya enfrente, ya caminando, no veamos una estrategia de contención.

Si usted me responde y me dice qué tenemos que hacer, yo estoy dispuesta, porque me alarma mucho que

dispongamos de cosas futuras y que no estemos tomando la estrategia de contención del proceso electoral, que ya

está aquí, y que sabemos claramente que la delincuencia organizada se mete a través de los procesos electorales.

Y por sus respuestas, le agradezco.

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Permítame, senador.

El tiempo que el reglamento otorga para formular una pregunta es 3 minutos.

El tiempo que el reglamento otorga para responderla es 3 minutos.

¡Adelante, senador Fayad!

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Gracias, Presidente.

Senadora, muchas gracias por su pregunta.

Y yo también, si se fija, me quedé sólo en la parte positiva y en la parte propositiva.

No vine aquí a hacer, ni críticas, ni descalificaciones.

Yo creo que debe de pasar la época de estar criticando y descalificando para poder entrar a una nueva etapa que

nos permita construir. Yo le agradezco esa parte.

Creo que los partidos políticos tenemos la obligación de blindarnos, eso para mí es fundamental, porque en los

casos que se han suscitado, por lo menos el que ha sido más ruidoso, evidentemente que hubo señalamientos de los

propios militantes del partido, de no permitirle a sus dirigentes que permitan el acceso de ciertas personas, de

ciertas personalidades a las candidaturas, pues, porque evidentemente tienen noticia de que, o son miembros del

crimen organizado, o han participado o tienen familiares en el crimen organizado.

Creo que cada partido político tiene una responsabilidad fundamental en el próximo proceso, que sea blindar sus

propias candidaturas.

Pero que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Lo he dicho públicamente y hoy aquí lo sostengo. Deberíamos

también aplicar dentro de los partidos políticos, cierto control de confianza, así como lo exigimos para servidores

públicos, creo que habría la necesidad de observar el tema, para quien desee participar en un proceso electoral.

Ayer lo decía y hoy lo sostengo. Deberíamos de hacer, por ejemplo, para dirigentes, para candidatos, para

diputados, senadores, presidentes municipales, hasta para el Presidente de la República, un examen antidoping, por

ejemplo, que nos permitiera ver si tienen ciertas prácticas algunos servidores y necesitan hacer uso de sustancias

prohibidas, porque eso quiere decir que tienen nexos con quien las venden y así va el asunto.

Yo creo que deberíamos de hacer muchas acciones. He propuesto una, muy importante, en que cada uno

debiéramos someternos a exámenes de control, que pudiera darle idea a las autoridades competentes, a los órganos

de control democrático, a la propia ciudadanía, de que no andamos metidos en nada extraño, en nada raro, y que

cuando menos esa es la presunción que se tiene.

Pero por el otro lado, ya dada la conducta, lo que se tiene que hacer es lo que ha hecho el Gobierno de la

República, hasta hoy, con la ley en la mano tratando de disparar los menos tiros y en respeto irrestricto a los

derechos políticos, a los derechos humanos, a los derechos ciudadanos, ha tratado de combatir uno a uno, en

aquellos lugares en donde ha tenido conocimiento y donde tiene indicios de que hay en los municipios acciones

desviadas.

Baste ver la estadística de cuántos presidentes municipales ha llevado a juicio el Gobierno Federal. Quiere decir

que esa parte está cubierta y se está cumpliendo su responsabilidad.

Pero lo que hoy se propone en las iniciativas, le quiere dar un mejor marco jurídico. Quiere darle un mejor

andamiaje, para hacer lo que se hizo en Michoacán y lo que se está haciendo en Guerrero. Se está actuando y yo

creo que ante el actuar de las autoridades, nosotros tenemos que acompañarlo con los pasos legislativos necesarios,

para que no se dé jamás esa actuación, ni se cuestione, ni esté al marco de la ley, ni quede a contentillo de que si lo

quieren o no hacer gobierno estatales o municipales.

Creo que hay acciones que deben de quedar plenamente reflejadas en la ley, precisamente, para que no quepa duda

al respecto y podamos trabajar y avanzar en ello.

Espero haber dado respuesta cabal a su pregunta.

Es cuanto, señor presidente, muchas gracias. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, senador Fayad.

El senador Bartlett, me pidió, durante la intervención del senador Fayad, para hechos.

Desde su escaño, por tres minutos, don Manuel, le ruego.

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor presidente.

Quiero nada más recordarle, que yo pacté, eh… pero acepto el pacto, fue sorpresivo, yo veo que todos traen…

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: No, permítame, senador Bartlett.

El pacto es cuando se firma un proyecto. De este debate, no hay ningún proyecto escrito.

Por eso estamos queriendo normar, a partir de que por pactado estamos entiendo, que los oradores son los

designados por sus grupos parlamentarios.

Y por eso pedimos, la comprensión, de que la intervención para hechos, para no negarle la palabra a nadie, pueda

ser desde los escaños.

Se le escucha igual, don Manuel, de verdad.

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor presidente.

Yo me confundo, cada vez que los escucho, verdad. Porque yo creo que en este tema, hay que poner una posición

auténtica y no dejarnos manipular por el Presidente de la República, que es lo que se ha hecho.

Aquí venimos a discutir, una serie… una serie de medidas y propuestas que no tienen nada que ver con lo que

representa la crisis brutal en la que está el Presidente de la República y su gobierno.

El Estado mafioso, dice Le Monde.

El Presidente es tan reconocido mundialmente de Uruguay, nos dice que tenemos un Estado fallido, porque se ha

instalado la corrupción como un sistema de vida.

Nada de esto ataca ese problema.

El PAN ha dicho que, el Presidente no encuentra el diagnóstico. Y por eso, el tamaño político y ético de este

gobierno, es pequeño. Porque es lo que dijo, el tamaño de un gobierno es el que encuentra un diagnóstico. No

encontró el diagnóstico, entonces es un gobierno pequeño.

Esta discusión, de que si el PAN presentó primero las cosas o no, pues me llevaría a preocuparme, de que el PAN

aceptara todo lo que aquí está. Porque pudieran decir, que nosotros lo dijimos primero.

Y lo que el Presidente ha propuesto, no tiene nada que ver con la solución de los problemas.

Esta, esta determinación del Presidente, para engañar a la población, a través —digo yo— televisoras, periódicos,

etcétera, de que no tuvo nada que ver la Presidencia de la República, es, es una falacia.

Ya lo dijimos, el responsable de la seguridad nacional, de la seguridad pública, de la información, de la

inteligencia, es el Presidente de la República. Y ahora nos dice, que no se dieron cuenta que hay municipios que

fueron penetrados por el narco.

Cuando estaban allí ya en posición. Y cuando han surgido, una y otra vez declaraciones de que la Procuraduría

tenía información de lo que pasó en Iguala. Bueno, es un acto de hipocresía. Y es un acto de hipocresía de que

están cayendo aquí los oradores.

No, señores, no es lo que está presentando el Presidente, lo que la gente reclama.

Dice Omar Fayad, que no se puede permitir que en la calle se diga: “Fuera Peña”. Que bueno que lo oyó. Porque

las televisoras le bajan el tono siempre y no se dice.

Millones han estado diciendo: “Fuera Peña”

Que es el responsable de esta debacle. Que es el que no actuó. Que es el que dejó pasar.

Recuerden la primera declaración de Peña Nieto. Cuando le dijeron que había este problema. Lo primero que dijo,

y está grabado: “Esa es responsabilidad del gobierno de Guerrero”.

Y hasta tres meses después, es cuando aparece con estas… con esta batea de babas que no tienen nada que ver,

verdad.

Si vamos a tener un Mando Único, verdad, a final de cuentas es una concentración del poder brutal, en contra de

los principios esenciales de la Constitución de la República.

Y aquí lo decía Zoé, también. Es una concentración de poder, ¿en manos de quién? Del Ejército, de la Marina, de

las policías, que no han servido, para nada; porque ellas son las responsables de lo que pasó. No nos engañemos.

¿Qué no sabían en Iguala, lo que estaba pasando? Sí. Se les ha dicho mil veces.

De manera que, es una gran hipocresía, venir a decir, que el municipio es el responsable.

Pero es una barbaridad. Que no debemos permitir que llegue con esa cortina de humo, para decir que ya resolvió

los problemas. Que ahora sí viene un marco legal, para establecer una… un monopolio del poder… en el poder…

Señor presidente, ponga orden aquí atrás a mis espaldas, por favor.

Es una hipocresía, insisto, que caiga el Senado de la República, en las mentiras del Presidente.

No se vale eso. Ya presionó. Ya se dice, es que, éstas son las soluciones que necesitamos. No es cierto.

La solución que necesitamos, es que el Presidente se haga cargo de lo que era responsable ya. Y no salir a decir,

que son los municipios los responsables.

Esa es una grotesca mentira.

Sí, señor, sí señor, el pueblo gritó: “Fuera Peña” eh… que bueno que se reconoce. “Fuera Peña” una y otra vez,

entre las frases: “Fuera Peña”

El gobierno está desmoronado. Hay una caída moral, legal. Que lo que se necesita es ir a fondo del problema. Y no

venir a que nos engañen aquí, meternos de que si el artículo tal y la reforma… otra vez reformar la Constitución.

Cuando tienen la responsabilidad de aplicarla, el Gobierno Federal. Y es inocente.

Y aquí estamos discutiendo, estas falacias, para que hagamos fuego a la cortina de humo, que están presentando

para evitar, que se ha responsabilizado, como se le hace, en todas las calles de México y en el mundo entero a Peña

Nieto como el responsable de un Estado mafioso, dice “Le monde”. Hay que leer también qué se dice afuera,

porque ahí sí se permite decir.

Muchas gracias, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias senador Bartlett. Vuelvo a rogar a los oradores que

cuando haya concluido el tiempo otorgado, pueden tomarse un minuto, o dos minutos, minuto y medio para el

redondeo de su intervención. Eso ayuda a la consecución del debate, a que no alteremos el orden. No se molesten,

el pleno debe conducirse siempre atendiendo a lo que menos tense, a lo que menos tense. Les pido su comprensión.

Vamos a la siguiente ronda. Senador Omar Fayad, adelante, ¿dígame?

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES (Desde su escaño): Para alusiones personales, fui aludido por el

senador.

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Desde su escaño, senador Omar Fayad.

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES (Desde su escaño): Yo quisiera pedirle a mi compañero senador

Manuel Bartlett que no se deje manipular y no se deje llevar. De verdad es que creo que cuando él dice miles,

porque así lo dijo en la tribuna, ahora ya me la cambió, ahora ya dice que son millones. No sé cuántos habrás

contado, a ver si me dices la cuenta exacta cuántos millones son. Pero no te dejes manipular, tú también fuiste

servidor público y fuiste del gobierno. Y acuérdate cuántas cosas se dicen cuando uno es gobierno y cuando uno es

servidor público, el que te atacan de todo; pero tienes que guiarte y tienes que conducirte con responsabilidad, con

serenidad. No porque te ataquen debes de proceder ni violentamente ni a reprimir ni nada.

Yo creo que siempre habrá voces. Sí, yo creo que en este caso con el Presidente Peña, hasta nombre y apellido se le

puede poner a quien le interesa mucho el que se vaya. Le interesa al que quisiera estar ahí, pero no te dejes

manipular por el que quiere estar ahí, ese ya lo conocemos también millones, millones de mexicanos. Pero qué

crees, no votaron millones de mexicanos para que ese personaje estuviera ahí. Entonces ahora creo que con

responsabilidad lo que tenemos qué hacer cuando el país tiene una crisis de esta naturaleza, pues de tratar de sumar

esfuerzos este cuerpo colegiado para construir cosas útiles para México, para construir cosas positivas para México

y no dejarse llevar.

Yo nunca me he dejado llevar por todo lo que dijeron de ti cuando eras servidor público. Al contrario, pero se dice.

Pues sí se dicen muchas cosas, pero creo que en este momento la nación requiere que tengamos seriedad, unidad y

que enfrentemos al verdadero enemigo que no está aquí en este recinto. El verdadero enemigo se llama crimen

organizado, el verdadero enemigo no está aquí, no es mi compañero Bartlett; sino los narcotraficantes.

En este caso que hemos tratado y que dio origen a estas medidas, no ha habido impunidad. El responsable fue un

Presidente Municipal, tiene nombre y apellido, se apellida Abarca, él es el responsable y juntos habremos de

blindar, que era lo que le contestaba yo a la compañera del PAN, Luisa María Calderón, juntos los partidos hay que

hacer un esfuerzo por cómo blindar esta situación para que así como pasó con Abarca ya no pase con otros. Pero no

tratemos de echarle las culpas de Abarca a otro, porque eso no sería justo, no es correcto y no refleja la verdadera

situación.

Es cuanto, señor presidente.

(Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, senador. Sonido en el escaño del senador Manuel

Bartlett.

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ (Desde su escaño): Señor presidente, quisiera aclararle que

en mi anterior intervención fue para hechos, para alusiones reiteradas, alusiones personales.

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Vamos a dejar que esta ronda concluya. Usted en nombre de su

grupo parlamentario podrá intervenir en las subsecuentes rondas, es el mismo tema.

En uso de la palabra el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Permítame senador Blásquez.

No pude ver, luego los campos visuales ya los hombres de más de 50 nos fallan.

Sonido en el escaño de la senadora Luisa María Calderón.

-LA C. SENADORA LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA (Desde su escaño): Mire, yo también quería

hablar para alusiones personales, si me permite un minuto.

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Adelante, senadora. Permítame senador Blásquez, conserve usted

en la tribuna.

-LA C. SENADORA LUSIA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA (Desde su escaño): EL senador Fayad me

aludió y yo quisiera también que no fuéramos tan acríticos. Sí creo que si empezamos a dar nombres, podríamos

empezar a dar nombres de mucha gente de su partido y no creo que ese sea el tema. Creo que tenemos que ser

suficientemente críticos para tener un diagnóstico pertinente y sugerir propuestas de solución pertinentes. O

lanzamos piedras, o somos críticos responsables o nos encaminamos a la propuesta.

Eso es cuanto, presidente.

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, senador. Adelante senador Blásquez.

-EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: Muchas gracias, señor presidente. Con el

permiso de la asamblea.

Lo último que podemos perder en una República es la capacidad de diálogo y de crítica. Y lo último que podemos

perder quienes representamos a nuestras comunidades es la serenidad.

Por ello es que he querido tomar participación en este debate, que por supuesto felicito a quienes lo promovieron

porque falta hacía.

Simple y sencillamente decir que no me parece que la Cámara de Senadores debiera ser ese receptáculo en donde

se reciban herramientas con angustia, herramientas con prisa, herramientas con sabor a culpa.

Creo que lo que propone el Presidente está completamente fuera de diagnóstico. Inclusive ni siquiera en el

escenario donde alguien por alguna circunstancia pudiera querer ayudarlo o pudiera querer apoyarlo, no pudiera.

Porque el diagnóstico del Presidente es absolutamente equivocado.

Para empezar es un decálogo donde abunda la paja. O sea, hay decisiones ahí que ni siquiera encajan con la

realidad social que está viviendo el país.

Hay a discusión dos temas, uno que tiene que ver con el mando único. Hay por ahí pruebas de que la autoría de

estas propuestas son de un partido, que integrantes de otro partido por ahí las promovieron. Cito por ejemplo al

Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, que me parece en algún momento ante la CONAGO la propuso. Y

se habla también de disolver, si es que lo amerita el caso, los municipios o algunos de ellos en donde se probara

que hubiera una colusión directa de los ediles con el crimen organizado.

Yo creo que estas son decisiones que se deben debatir, porque si un partido del tamaño del PAN lo propuso en su

momento. Si algunos integrantes, inclusive del PRI lo han propuesto, creo que debiera ser motivo de un amplio

debate, pero no dentro de un diagnóstico fallido.

Yo creo que el Presidente tiene que volver a hacer la tarea. Esto es, las decisiones que nos muestra el decálogo que

nos presenta, bajo ninguna circunstancia permiten creer que esas son las soluciones al grave problema que tiene el

país.

Creo firmemente que si queremos ayudar al Presidente, que si queremos ayudar a la República, debemos pedir que

se nos presenten alternativas viables.

Que se presente un programa, que se presente un paquete de iniciativas donde nosotros definitivamente veamos

que ahí se puede tomar una solución.

No es posible que nosotros procesemos, que nosotros aprobemos en su caso modificar el 115 constitucional que es

totalmente atentatorio contra la libertad de los municipios, siendo que el Presidente ni siquiera en su anuncio ofrece

una solución de corto plazo inmediata, absolutamente dentro de las muchas facultades y atribuciones que tiene

como Presidente de la República.

No vimos en esa presentación una sola decisión en donde nos dijera que pretende acabar con la impunidad. No

vimos una sola decisión en donde nos dijera, nos demostrara que existe su voluntad, la voluntad del Presidente de

la República por modificar algunas políticas, por ejemplo, de desarrollo social o algunas políticas de impartición de

justicia que directamente, junto con la seguridad nacional, le competen a él.

Entonces sí creo yo que debiéramos darnos el tiempo para que el Presidente reformulara, no digamos un nuevo

decálogo, una nueva presentación de cómo cree él que se pudiera modificar esta circunstancia. Porque lo de menos

es que nos pongamos de acuerdo, como casi siempre lo hacemos, que procesemos con los desvelos de diciembre,

con las presiones de este mes, leyes que muchos ni siquiera entiende.

Muchas veces pasa que se votan leyes, y nos preguntan en algunos estados o en algunos foros sobre leyes, y nos ha

pasado a todos, que ni siquiera tenemos la idea de en qué momento las aprobamos. Entonces sí creo que es el

momento para que los que quieren ayudar al Presidente, los que quieren ayudar a la República demanden,

demandemos una nueva propuesta del Presidente, se vale corregir, en donde se especifique cuáles son las acciones

que él a corto plazo va a tomar, cuáles son las soluciones que él, en la rectificación de políticas de gobierno que le

competen directamente a él, va a tomar para entonces, el próximo año, cuando tengamos el próximo periodo,

obviamente ya con las decisiones en la mesa, trabajando la rectificación de políticas del Poder Ejecutivo.

Saber si conviene o no aprobar éstas que, ahora me parecen de manera desvelada, de manera imprudente, nos

presentan.

Es la cuenta, señor Presidente. Muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, Senador.

-En uso de la palabra el Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista

de México.

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, señor Presidente.

Celebro que el día de hoy estemos aquí dando este debate en la agenda política. Sin duda este tipo de debates

enriquecen día a día al Senado de la República.

Es verdad que este país vive momentos difíciles, nadie lo puede ocultar, lo más importante es: “nadie lo quiere

ocultar”. Por eso estamos aquí juntos el día de hoy debatiendo, discutiendo, proponiendo.

A todos nos indigna, nos lastima, nos entristece lo que ha acontecido con estos 43 estudiantes de Iguala. Podemos

distraernos en acusaciones, podemos distraernos en descalificaciones, podemos distraernos incluso en insultos.

Podemos también pelear aquí la paternidad de las iniciativas presentadas, de las anteriores o de las futuras o de

ideas.

Podemos también empezar a buscar responsables. Es responsabilidad de un partido, es responsabilidad del

Ejecutivo en turno o es responsabilidad de la pasada administración, podríamos desviarnos en estas discusiones. O

podemos actuar con altura de miras, podemos poner los temas sobre la mesa, podemos reflexionar, podemos

dimensionar el gran desafío que se nos presenta en estos momentos.

No es un desafío menor, es un desafío mayor, en la que ha salido el señor Presidente de la República a proponer

diez líneas de acción, claras, claras y concretas. Difícilmente alguien podría estar en contra, seguramente después

de analizar cada una de ellas todas las fuerzas políticas, como ha sucedido en este Senado de la República, tendrán

mucho que aportar, habrá mucho que modificar, sin duda alguna, no podría ser de otra manera, así hemos

construido las grandes reformas de este país.

¿Quién puede estar en contra de hacer una reforma constitucional para facultar justamente a este Congreso, a

expedir una ley contra la Infiltración del Crimen Organizado Municipal? Tendremos que discutir, como lo han

dicho anteriores senadores aquí, en las Comisiones, si es ahí por donde debemos de empezar. Nosotros creemos

que sí, que es en la parte municipal.

Pero estamos dispuestos a escucharlos, a ver qué les preocupa. Hablar también de la parte estatal, sin duda hablar

de los partidos políticos, sin duda de esos se trata, es el saque de una serie de reformas que se están poniendo.

Reforma constitucional para redefinir competencias de autoridades en el combate al delito.

¿Quién puede estar en contra, en que el Gabinete de seguridad inicie un operativo especial en tierra caliente?

¿Quién puede estar en contra en ampliar el despliegue de fuerzas federales en Guerrero, en Michoacán, y fortalecer

también a Jalisco y Tamaulipas? ¿Quién puede estar en contra de facultar a este Congreso a expedir leyes en

materia de tortura y desaparición forzada? ¿Quién puede estar en contra de crear un sistema nacional de búsqueda

de personas no localizadas y de un banco genético, que tanto necesitamos? ¿Quién puede estar en contra de crear

zonas económicas especiales para fomentar el empleo en Chiapas, en Michoacán y en Guerrero, sin duda

tendremos que hablar de otros estados, de eso se trata? ¿Quién puede estar en contra de perfeccionar una estrategia

integral de desarrollo para la pobreza, para la marginalidad y para la desigualdad, de eso se trata?

Sin duda, en el sexenio anterior se trataron muchos de estos temas, todos tendríamos que hacer memoria de qué

dijimos y de qué hicimos en ese momento. Yo recuerdo el tema de la cédula, muchos de ustedes fueron mis

compañeros diputados, y ahí yo combatí el tema de la cédula de identidad porque me preocupaba quién iba a

manejar los datos, esa era mi gran preocupación.

Pero eso no me impidió acudir con los Secretarios Gómez-Mont, Blake y Poiré a tratar de construir una salida. Y

eso es lo que pedimos, que nos juntes, que veamos cuáles son los problemas que encontramos, qué es lo que nos

inquieta para poder construir juntos.

¿Quién puede estar en contra de uno de los temas más sensibles de este país, la justicia diaria? El Presidente Peña

nos decía la semana pasada, nos recordaba ese día jueves, de esta justicia diaria, cotidiana, que no está llegando.

Nos recordaba el calvario de millones de mexicanos que se enfrentan, por ejemplo, nos decía: las mujeres que les

niegan el divorcio, aquel trabajador que no le han pagado su sueldo, el acreedor que no puede cobrar una deuda, el

ciudadano que no le pagan una renta.

Se puso la lupa sobre un gran tema importantísimo, los procesos judiciales, el acceso a la justicia, una justicia

lenta, compleja, costosa. Se invitó a varias instituciones, y una que encabezara los trabajos, foros, especialistas. Se

puso una temporalidad para tener un proyecto claro, noventa días, ese es uno de los grandes temas torales, efectos

directos en la gobernabilidad.

Es un tema importantísimo, nosotros consideramos que esa es la columna vertebral para que pueda avanzar este

Estado mexicano, sin duda, buscando el bienestar social. Acceso a la justicia sin necesidad de dinero; acceso a la

justicia sin necesidad de grandes despachos o de abogados costosísimos, eso es lo que se puso sobre la mesa.

El Presidente Peña lo ha propuesto, y hemos recibido con gusto, lo digo, buenas señales. Y sólo quiero mencionar a

una de las académicas con mayor reconocimiento, investigadora en este país, la doctora Ana Laura Magaloni.

Ana Laura Magaloni decía, escribió, vale la pena revisarlo. El impacto que puede tener esta reforma en nuestras

vidas es enorme, es de gran calado.

Eso es lo que nos decía la doctora Ana Laura Magaloni.

Sin duda una de las asignaturas pendientes es la consolidación del sistema de combate a la corrupción.

Estás las propuestas, son únicas, ¿son exclusivas del Presidente Enrique Peña Nieto? No, señores, no, hay

propuestas de todos los partidos, de eso se trata, de eso se trata, de que todos propongan soluciones, de que todos

nos digan de cómo debemos de armar toda esta estrategia de combate a la corrupción, de cómo hacemos para tener

un verdadero sistema nacional de control y combate a la corrupción, de cómo sumamos las ideas que puede tener el

PAN para fortalecer a la propia Auditoría Superior de la Federación, con las ideas que nos está presentando el

Presidente Enrique Peña Nieto, y con las ideas que también el PRD está presentando.

De eso se trata, cómo fortalecemos el sistema, cómo reinventamos una Secretaría de la Función Pública con nuevas

facultades, con nuevas atribuciones; cómo conducimos y acompañamos una institución que es el IFAI que nosotros

creamos; cómo fortalecemos al Archivo General de la Nación; cómo hacemos para que las procuradurías locales

trabajen de la mano en sincronía con todo este sistema de combate a la corrupción, de eso se trata.

Estoy seguro, estoy seguro que este Senado de la República va a estar a la altura del gran desafío que tiene este

país.

Por su atención, muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BARBOSA HUERTA: Gracias, Senador Pablo Escudero.

Esta Presidencia saluda a los integrantes de la Orquesta Coro Infantil de Renacimiento del Estado de Guerrero,

quienes nos visitan apoyados por el gobierno del estado, y asisten a esta reunión invitados por los senadores

Armando Ríos Piter, René Juárez Cisneros y Sofío Ramírez Hernández, bienvenidos.

(A P L A U S O S)

- En uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la

Revolución Democrática.

- EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, Senador Presidente; compañeras

y compañeros senadores. Interesantes sin lugar a dudas las preguntas que han venido a formular distintas

compañeras y compañeros que están a favor de este decálogo, que deberá de traducirse o pretende traducirse en

diversas disposiciones constitucionales que ha presentado el Ejecutivo Federal.

Sin embargo, creo que las preguntas que se han formulado no son las correctas, porque deberíamos de partir de

reconocer que la crisis por la cual está atravesando nuestro país, es una crisis que atraviesa a los tres poderes

federales, a los tres órdenes de gobierno, a los partidos políticos, y a un sector muy vasto de la sociedad mexicana.

Nuestro país vive una crisis de descomposición y de pérdida de credibilidad en todas las instituciones públicas, y la

respuesta que se tiene que dar debe responder a este proceso de deterioro tan profundo de la ética, de la moral

pública y de la forma en que se desempeña el gobierno y se gestiona sus distintos programas.

¿Qué hay problemas severos en los municipios y en sus policías municipales?, eso es innegable; que ahí se han

expresado de manera muy nítida como el caso de Iguala, de Cocula, de Chilapa, de Tlatlaya, de Luviano, de

Tejupilco, de Apatzingán, de muchos municipios, la profundidad de esta crisis y el nivel de descomposición que

existe, sí; pero esos planteamientos que ha hecho el Ejecutivo Federal son la respuesta para resolver esta situación,

yo creo que no.

Efectivamente, el municipio siempre lo quieren presentar como el patito feo y el responsable de todas las crisis y

de todos los problemas del país; que hay un problema de seguridad, hay que hacer un mando único; que hay un

problema de mal manejo de recursos y endeudamiento por parte de los gobiernos estatales, hay que controlar a los

municipios su endeudamiento; que hay que sujetarlos, sin lugar a dudas a una mayor fiscalización.

Pero también tenemos que asumir que el municipio se encuentra en una contradicción permanente desde hace

muchos años en lo que representa el enorme desprecio institucional al que se ve sometido por la autoridad estatal y

la autoridad federal, y al mismo tiempo por la incapacidad que tiene para atender el reclamo de los ciudadanos para

acceder a los servicios básicos mínimos, incluidos en el tema de la seguridad, y ahí, evidencia de esta debilidad

deliberada es la forma en que se distribuyen los recursos públicos, donde sólo 4 centavos de cada peso llega a los

municipios del país, mientras el gobierno federal se queda con 80 centavos de cada peso que se genera en el país.

Y, efectivamente esta injusta distribución de los recursos ha seguido incrementando la debilidad y la vulnerabilidad

de los municipios del país, y evidentemente ya hemos llegado a un nivel tal para poder asumir que el modelo

municipalista que existe en nuestro país está agotado y que se necesita un replanteamiento de fondo.

Pero este replanteamiento del municipalismo parte de la noción, de desaparecerlos y de avanzar a una mayor

centralización, pues yo creo que evidentemente no, porque los cambios que se requieren son cambios muy

profundos que tiene que ver con la transformación de las instituciones públicas, de las políticas económicas,

sociales y culturales que se requieren en este país.

Y la propuesta de Enrique Peña Nieto no avanza en esa dirección, por el contrario, lo que está planteando es dar la

puntilla final al municipio, minar aún más la ya debilitada soberanía de los estados y permitir una centralización

política en donde ya hasta los temas de seguridad, por la sola presunción de un funcionario les va a permitir, no

ejercer el mando único, sino tener el control de las policías estatales o solicitar al Senado la disolución de la

autoridad municipal.

Bueno, resumiéndolo en dos frases. Ya acabaron con el pacto social fundacional que tenía este país al momento de

las reformas constitucionales, lo que hoy están planteando es acabar con el Paco Federal que nos constituyó en una

república federal representativa.

Y, para ello, basta ver las iniciativas que se nos han presentado por parte del Ejecutivo al Senado.

Una iniciativa en la que se pretende facultar al Congreso para expedir una ley contra la infiltración del crimen

organizado en las autoridades municipales, incluyendo la hipótesis de disolución del ayuntamiento, desde ahí

partimos mal en el diagnóstico; lo dijo el Senador Roberto Gil, efectivamente los vínculos con la delincuencia

organizada ya están tipificadas como delito, pero el problema de este país, no es el nivel de infiltración del crimen

organizado, sólo en las autoridades municipales, sino también en las autoridades estatales, en autoridades federales,

en los cuerpos de seguridad pública e incluso en las corporaciones que representan las fuerzas armadas del país.

Este es un problema de descomposición política más profundo que no se queda en el ámbito municipal, y en todo

caso debería discutir una ley general para combatir la infiltración del crimen organizado en todos los órdenes de

gobierno, en todas las instituciones públicas incluidos los organismo autónomos e incluso la infiltración en los

partidos políticos de lo que ha dado cuenta los hechos de Iguala, de Tamaulipas, de Michoacán, del Estado de

México, y que por mucho ruido que se ha hecho, no ha habido respuestas contundentes para castigar a ninguna de

las autoridades responsables, y sería mejor que en lugar de estar haciendo anuncios espectaculares, de convertir el

teléfono 066 en el 911, de convertir la cédula, el registro único de población en una cédula de identidad, mejor se

tomara con firmeza una decisión para que aquellos gobernadores, diputados federales, senadores, diputados

locales, presidentes municipales, funcionarios públicos involucrados con la delincuencia organizada paguen por los

vínculos que éstos tienen y no se mantengan en la impunidad.

Y disolver las policías municipales no va a resolver el problema, sino va profundizar esta contradicción entre el

desprecio institucional y las incapacidades del municipio para atender sus demandas, porque hay que partir del

principio de que el que tiene el mando manda, y la autoridad goza de dos monopolios de manera exclusiva para

poder ejercer sus atribuciones; el monopolio en la aplicación de la ley y en el monopolio del ejercicio legítimo de

la fuerza pública.

Y en el momento en que se le reste esta faculta al municipio no solamente dependerá de la buena relación o de la

disposición que tenga el gobierno del Estado, sino de los mecanismos que pretende hoy inducir el gobierno federal

contra nuestro federalismo, porque en esta prometida ley contra la situación del crimen organizado las autoridades

municipales bastará la presunción, el hecho de que exista algún indicio para que el fiscal general, a través del

Secretario de Gobierno le solicite al Senado de la República la disolución del ayuntamiento. Que por ciento ni

siquiera eso hizo bien quien presentó la iniciativa, no se disuelve el municipio, se disuelve el ayuntamiento, que es

el órgano de gobierno, y tampoco se define como delito el vínculo con el crimen organizado, porque lo que tipifica

la ley son los vínculos con la delincuencia organizada, hasta eso viene mal en las iniciativas, pero basta el indicio

para suplantar la facultad que hoy tienen los congresos de los estados para poder disolver alguno de los

ayuntamientos, y esto va en demérito de la autonomía de los estados, va en demérito de las facultades de los

congresos locales, y ahora la presunción del fiscal con el apoyo de la Secretaría de Gobernación y una mayoría

aquí pretende imponer los gobiernos municipales en donde presuma haya o no pruebas que tengan algún indicio.

No hay seguridad jurídica, no hay un debido proceso, y la discrecionalidad con la que se puede aplicar esta medida

sin lugar a dudas tendrá que aplicarse un enorme uso de carácter político.

Plantean también en este esquema de rediseño de facultades, competencias y concurrencias entre la federación y

las entidades federativas, nuevas disposiciones en los código penales, ya ni siquiera un Código Penal único, que fue

lo que discutimos aquí en el período de sesiones anterior, sino incluso la aplicación del Código directamente por

parte de la federación sin intervención de la autoridad local, porque incluso se establece también que ya no es un

asunto de concurrencia, sino de equiparación de delitos del fuero común con el federal, lo que implicaría, en todo

caso, una "recategorización" del tipo de delito para que no hubiera contradicción con las disposiciones locales y

federales.

Y finalmente respecto a la Policía Única. No es un asunto solamente desaparecer las policías municipales, sino

también el gobierno federal se pretende arrogar, la facultad para asumir el mando de las policías estatales en el

momento en que a su juicio no están cumpliendo con su responsabilidad.

Ahí le dejan a los municipios la facultad de hacer cumplir el mando municipal, se va a encargar del alumbrado

público, de la limpieza de las calles, del ordenamiento vial, de los usos del suelo, etc., pero sin ninguna facultad

coercitiva para ejercer esas atribuciones, y le van a calentar al municipio al gusto del gobernador, a todos los

presidentes municipales; este era el sueño de Genaro García Luna, tener desde la Secretaría de Seguridad Pública

Federal el mando indirecto de las policías estatales para poder desde ahí desarrollar un modelo muy centralizado de

poder.

Yo creo que lamentablemente esta propuesta no resuelve el problema, que bueno que haya operativos en Tierra

Caliente o en Michoacán, en Tamaulipas, operativas que hubiera sido mejor una intervención oportuna anterior del

gobierno federal, porque los hechos de Iguala de Cocula y de Chilapa y de otros lugares se pudieron haber evitado

porque el Procurador General de la República, el Secretario de Gobernación, el “CISEN”, tenía la información

suficiente para acreditar los vínculos del señor Abarca con la delincuencia organizada y no lo hizo.

Mejor en lugar de estar discutiendo este decálogo de buenas intenciones, hay que exigirle al Ejecutivo Federal que

aplique la ley, que vea porque el señor Yarrington tiene una orden de aprehensión en los Estados Unidos, y aquí se

goza de plena impunidad, por qué no nos ha dicho la Procuraduría cómo se tejió la red de complicidades y de

corrupción que permitió la colusión de autoridades municipales, federales para que operen los Guerrero Unidos y

otros grupos delictivos en la zona de Guerrero.

Por qué no ha habido deslindes no solamente de autores materiales o intelectuales, sino de quienes permitieron esta

situación por acción o por omisión. Sería mejor que hubiera una rectificación de fondo, se acabe con la impunidad

que existe en lugar de ir generando mayores contradicciones en un esquema centralizado que nos está conduciendo

para la “disolución” del pacto federal que había originalmente dado lugar en nuestra nación. Por eso creo que hay

que discutir esto con más cuidado, debería regresarse esta iniciativa al Ejecutivo Federal para que pongamos una

discusión en serio y no estar discutiendo muchas ocurrencias. Gracias. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senador Alejandro Encinas Rodríguez. A continuación se

le concede el uso de la palabra a la senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del Partido

Acción Nacional. En el uso de la palabra, senadora.

-LA C. SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNANDEZ: Con su permiso, señor presidente. Senadoras y

senadores permítanme iniciar con el recuerdo y reconocimiento de un político humanista Carlos Abascal Carranza,

destacado militante del PAN que luchó por la congruencia entre lo público y lo privado, por la necesaria obligación

de coherencia, honestidad y responsabilidad en el desempeño del ejercicio público.

Acción Nacional tiene pleno convencimiento de la urgente necesidad de recuperar el estado de derecho y la cultura

de la legalidad. Estamos conscientes también de la urgente demanda de la población en general, que requiere, ante

todo, seguridad pública para el desarrollo de sus actividades cotidianas.

En la campaña electoral de 2012 se prometió el cambio para bien de la población, durante dos años, el Presidente

de la República y su partido político se negaban a reconocer la grave situación de seguridad pública nacional, la

cual, en honor a la verdad, no es un tema nuevo, comenzó a gestarse desde hace varias décadas.

Después de manifestaciones multitudinarias de protesta el titular del Poder Ejecutivo Federal, el pasado 27 de

noviembre nos anunció a todos los mexicanos una serie de medidas a tomar para estos momentos de crisis. Diez

acciones para mejorar la seguridad, la justicia y el estado de derecho, así lo tituló.

Las presentó en respuesta a la presión de la sociedad civil y la opinión pública para esclarecer los lamentables

hechos de Ayotzinapa, Guerrero, sin embargo hasta la fecha, las y los ciudadanos y este órgano parlamentario no

conocemos un diagnóstico oficial que defina con claridad la situación nacional, partiendo también de las

circunstancias locales, por supuesto es fundamental emprender acciones urgentes y específicas en atención y

respuesta a los dos mil 446 municipios restantes, no sólo Ayotzinapa.

No debemos olvidar que cada municipio tiene sus particularidades. Cuando se acepta una responsabilidad pública

uno compromete capacidades y habilidades para atender las distintas problemáticas, para dar respuesta y procurar

en todo momento el bienestar social y la unión.

Como ciudadano Enrique Peña puede exigir justicia y el esclarecimiento de los dolorosos hechos de Iguala y la

demanda de que la barbarie no quede impune, así lo dijo, pero no como Presidente de la República, titular del

Poder Ejecutivo y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, porque es el responsable de garantizar la

seguridad pública de las y los mexicanos. Aunque los discursos pronuncien su obligación de encabezar los

esfuerzos institucionales, no es suficiente, se requieren acciones contundentes.

El ejercicio público requiere de dos componentes fundamentales: por un lado, el andamiaje jurídico, las reglas del

juego, que permitirán el desarrollo de políticas públicas, y por el otro la necesaria voluntad para acatar el

cumplimiento de la ley.

Factores hay muchos por entender, cuestionar, señalar y hasta justificar el porqué de la realidad nacional en materia

de inseguridad.

Y Acción Nacional ha mencionado, no, no sólo ahora en esta legislatura, sino desde hace décadas, el problema es

el círculo perverso de justicia selectiva, corrupción, impunidad.

Del decálogo presentado, ya se ha dicho por compañeros que me antecedieron, casi en su totalidad involucran al

Poder Legislativo.

Al margen de la abierta contradicción política de la plataforma electoral que se presentó al electorado en 2012 y la

nulidad de propuestas novedosas, la estrategia pretende; pretende, sólo lo digo, tener coincidencias con la del

expresidente Felipe Calderón.

La Clave Única de Población en un documento como la cédula de identidad, por cierto desechada por la entonces

oposición hoy gobierno o la depuración de las policías, la principal diferencia entre hoy el ayer es la voluntad

política de los espacios del poder público, y que no se confunda la propuesta de mando único del expresidente

Calderón, que no se confunda, la iniciativa proponía crear el mando único policial a efecto de que todos los

cuerpos policiales de las entidades federativas estuvieran en manos del gobernador de cada entidad, pero adoptaba

el principio de corresponsabilidad que establecía el apoyo que deben brindarse las instituciones policiales entre sí

y permitiría la existencia de policía municipal con su respectiva acreditación.

Por cierto, quedó pendiente en las Comisiones de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios

Legislativos del Senado de la República, jamás se ha citado a estas comisiones para hacer el dictamen

correspondiente.

Ayer llegó a esta soberanía una iniciativa presidencial que no será preferente, pero sí tiene el sello de urgente.

En ella, para comenzar se dan lineamientos que se prestan a la discrecionalidad para desaparecer a los

ayuntamientos.

¡Es increíble!

Desaparecer a la autoridad más cercana a los ciudadanos, aquella que en teoría tiene conocimiento de la situación

del municipio.

¿Dónde quedaron los fervientes revolucionarios defensores del municipio libre?

Sustituir instituciones no es la solución, fortalecerlas sí es parte de la responsabilidad del Ejecutivo Federal.

Se responsabiliza al municipio de males y perversiones como si no existiera una mínima responsabilidad del

trabajo del Poder Ejecutivo Estatal o del Gobierno Federal.

¿Dónde quedan las promesas para fortalecer el federalismo?

No era inequívoco el compromiso que hasta pretendía un acto de inauguración presidencial del patio de este

Senado.

Aceptar la debilidad institucional es un reconocimiento al diagnóstico proporcionado por las administraciones

públicas federales del 2000 al 2012 y no, no pretendo empezar con un abanico de reproches en la absurda

repartición de culpas, porque el objetivo es atender y dar respuesta a las dificultades sin olvidar qué pasó, qué

hicimos o qué dejamos de hacer en el pasado para tener la situación actual.

Desde el espacio parlamentario, en el Senado de la República hemos trabajado para procurar un sistema jurídico

nacional integral que ataque las debilidades institucionales, nuestro mayor esfuerzo se centró en lograr que se

aprobaran, en el Senado de la República diversas modificaciones para fortalecer a las instituciones y dotar de

herramientas a las autoridades y fortalecer a las instituciones también en materia de justifica, seguridad, combate a

la corrupción entre otras.

Destacan ordenamientos legales como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Código Penal,

la Ley Federal para la administración y enajenación de bienes del sector público, la Ley de Seguridad Nacional, la

Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, por cierto, todavía pendiente y con cambios o tan claros en la

Cámara de Diputados, Ley Federal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de la Policía Federal, Ley

Federal de Extinción de Dominio, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley General para

el Combate y Prevención del Delito de Secuestro, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal

para la Prevención e Identificación y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

No son estos ordenamientos que también ayudan.

Me pregunto, si se han aprobado leyes, ordenamientos, reglamentos en todas las materias de la administración

pública y el sistema de justicia, no valdría la pena primero vigilar la aplicación de las normas existentes sin mayor

interpretación que el acatamiento jurídico y el escrupuloso respeto a los derechos humanos.

Reconozco que la efectividad no puede medirse por el número de iniciativas y reformas presentadas y aprobadas

por consenso, sino por la eficiente operación de políticas públicas que se traduzcan en beneficios sociales que en

este caso es terminar con el círculo perverso de pobreza, corrupción, impunidad.

Se requiere madurez política para fortalecer a las instituciones no para debilitarlas.

Desde esta tribuna pregunto, ¿qué ha pasado con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional

de Seguridad Pública?

¿Qué ha pasado con el Registro Administrativo de Detenciones, el Sistema Único de Información Criminal y el

Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública así como el registro nacional de armamento y equipo?

De nada sirve detener a los culpables de la comisión de un delito sin la participación o complicidad de la autoridad

ampara a los delincuentes.

Poco contribuyen a ser llamados a la credibilidad de los cuerpos policiacos si no hay una depuración previa, sin

mecanismos de control de confianza efectivos no se podrá combatir con eficacia la inseguridad, corrupción e

impunidad.

Aquel que es víctima de un atraco, debe tener confianza en el sistema de procuración de justicia y los mecanismos

de tensión.

No es posible que se carezca de una cultura de la denuncia por considerarse inútil, burocrática o por temor a

represalias.

Senadoras y senadores, desde el inicio de esta administración, Acción Nacional ha demostrado en los hechos

responsabilidad y compromiso, se nos plantearon una serie de reformas a la conformación de la administración

pública, se discutió y obsequió lo que a juicio del gobierno federal era necesario para transformar a México, se

hizo una concentración de facultades y atribuciones en la Secretaría de Gobernación, como si el resto de las

dependencias no tuvieran que dar respuestas por sus acciones u omisiones.

Vale la pena revisar si ese modelo funcionó, no es deseable, no podemos regresar a la figura del poder autoritario

que pretende controlar desde centro.

México ha cambiado, démonos cuenta.

La sociedad está más informada, más acabada en acabar con esas prácticas del pasado, es más crítica en cuanto al

desempeño de sus autoridades, de los políticos, de la policía.

La sociedad tiene mecanismos de comunicación instantánea, masiva y eficiente, como son las redes sociales que

reportan y señalan la actuación y abusos de la autoridad.

El gobierno debe tener sensibilidad para escucharnos, pero más para atender sus legítimas demandas.

En el concierto internacional ni cómo negarlo.

Nos han calificado de une estado fallido, con poderes públicos totalmente fuera de control, vinculan los hechos de

Guerrero con la crisis de corrupción.

No puede haber un titular del Ejecutivo con solo la fama de un liderazgo reformador que impulsa sólo acciones

legislativas como si hoy la Presidencia de la República fuera la coordinación del Congreso de la Unión y no la

autoridad responsable de ejecutar la política pública y los mandatos legales ya aprobados.

Ejecutar como autoridad es lo que necesitamos del titular del Ejecutivo.

Las y los mexicanos demandan explicaciones sobre escándalos que involucran a la clase política, es decir,

transparencia y rendición de cuentas, requieren garantías de seguridad más que discursos, sólo con sensibilidad

política se encontrarán los elementos para atender y entender los justos y legítimos reclamos sociales.

Las acciones que se desarrollan darán pauta para disipar las dudas sobre el ejercicio público que para un

funcionario de cualquiera de los tres órdenes de gobierno abarca el ámbito privado.

Al inicio de este segundo tercio del sexenio bien valdría un ejercicio de evaluación crítico para ponderar qué ha

funcionado, qué se ha omitido, se ha tenido un desarrollo deficiente, qué se puede corregir.

En el ejercicio público, el gobierno federal no debe caer en la tentación de gobernar a México como si se tratara

del Partido Político del Presidente de la República, en el que manda delegados a los estados en cada proceso

electoral para definir candidaturas y trabajar la estructura interna.

El gobierno federal ahora lo llama comisionados, al menos en Michoacán.

No puede ser que al paso del tiempo tengamos comisionados en todos los municipios del país.

El punto es coordinarse con los Poderes de la Unión, no subordinarse ni someter, el PAN actuará con

responsabilidad, no nos negamos a cambios legislativos como parte de nuestras obligaciones, pero seguros

estamos de que el poder ejecutivo debe asumir su responsabilidad, revisar si es necesario los cambios en su

gabinete, vigilar si la política pública se está aplicando correctamente, pero especialmente el Ejecutivo debe dejar

de repartir culpas.

Es cierto, todos somos responsables de nuestros ámbitos de competencia, y el Grupo Parlamentario del PAN así lo

asumirá, asumirá su tarea, pero exigimos también que el Ejecutivo Federal cumpla con la suya.

Es cuanto, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Muchas gracias Senadora Adriana Dávila.

-En uso de la palabra el senador Enrique Burgos, del Partido Revolucionario Institucional.

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, señor Presidente.

Estimadas compañeras y compañeros senadores:

En uso de un derecho propio de senadoras y senadores, de partidos políticos, hemos compartido esta tarde diversos

puntos de vista, todos atendibles, todos merecedores de atención.

Pero con la misma atención, yo quisiera pedirles atentamente me permitieran compartir otro punto de vista.

Yo creo que por encima de las funciones estrictamente de gobierno en los 3 poderes o en los 3 órdenes

gubernamentales, hay una condición que por diseño constitucional se sintetiza en la figura del Presidente de la

República, es el Jefe de Gobierno, pero también es el Jefe del Estado Mexicano, y eso le lleva, le invita, incita a

buscar las mejores alternativas, a buscar mejores opciones, a identificar posibles alternativas a un escenario

efectivamente complejo.

Quisiera también advertir que el tema, el tema que hoy nos ocupa, valdría la pena intentar situarlo.

¿Quién es el verdadero adversario?

¿Quién es quién ha lanzado un reto al Estado mexicano?

Mi convicción es que la delincuencia organizada, que el crimen organizado es el que verdaderamente le lanza un

reto al Estado mexicano.

Y partidos políticos, legisladores, obviamente estamos en el interés y en la obligación de defender nuestros puntos

de vista como partido.

Partido es parte. La connotación de partido político es ser parte; pero también es cierto que todos estamos

obligados cuando se trata de identificar la indispensable unidad del Estado mexicano, algo por encima, algo que

nos alcanza a todos.

Partido, parte, pero indispensable; unidad de buscar lo que requiere el Estado mexicano, su unidad.

También debo decir que en estos ejercicios de comentarios, de posicionamientos, no se trata de enjuiciar el pasado.

Yo lo he dicho y lo reitero esta vez. A los Presidentes de la República los califican 2 cosas: el pueblo y el tiempo.

Sería inocuo decir: “Son culpas de aquí o de allá”.

La realidad es que tenemos un problema presente, de altísima significación.

Hace unos momentos apenas la Mesa Directiva ha hecho un turno de una Iniciativa, que en uso de facultades

constitucionales presenta el Presidente de la República; se turna a Comisiones de Puntos Constitucionales; de

Justicia, y de Estudios Legislativos.

Demos, o démonos la oportunidad de que en las comisiones podamos aportar, podamos analizar, podamos discutir

con detenimiento y con profundidad, que finalmente serán las comisiones y luego el Pleno quienes tengan la

determinación final de esta Iniciativa.

Conozcamos nuestras diferencias, nuestros puntos de vista. Pero yo pediría, en mi condición de Presidente de la

Comisión de Puntos Constitucionales, que nos demos la oportunidad de llevarlo allá, al espacio legislativo, al

especio que le corresponde sin demérito del derecho que cada quien tiene de hacer sus valoraciones y sus propias

expresiones.

Obviamente, el partido en el que milito, el PRI, está abierto, no excluye por anticipado, no descalifica ninguna

posición, todas son respetadas y son respetables por su origen, y supongo que también por la intención de abonar a

la perspectiva del Estado mexicano.

En síntesis. Aportemos, digamos lo que nos convence o lo que no nos convence, y agotemos el trámite legislativo,

insisto, sin detrimento de la oportunidad de que en este Pleno se pueda decir lo que mejor se estime, sin olvidar que

el camino constitucional de las definiciones habrá de agotarse justamente, primariamente en el análisis que formen

las comisiones.

Lo que ocurre es que el debate mismo nos deja en claro que es un tema del mayor interés; que es un tema de

altísima calificación; que es un tema que a todos nos alcanza.

Hagámoslo, llevémoslo, y encausemos institucionalmente nuestras diferencias o nuestras oportunidades de

coincidir en lo fundamental.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, Don Enrique Burgos.

¡Siempre es un placer escucharlo!

-Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que

también siempre es un justo escucharlo.

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Con su venia, señor Presidente.

En esa larga discusión y sorpresiva para algunos, a otros los veo que ya traen sus textos escritos desde antes, pero

en fin; en esa larga discusión yo saco la conclusión de que el PAN va a votar en contra, y que el PRD también,

porque lo que se ha dicho es muy claro, en este lado y en este otro. O sea, no vamos a tener bronca constitucional,

digo, si mantenemos las posiciones que aquí se han expresado.

El caso es que muchas veces no se mantienen y entonces aparecen los acuerdos, y tal y cual.

Pero para empezar, yo quiero reiterar lo que dije en mi primera intervención.

El famoso decálogo de Peña Nieto, no tiene nada que ver con el problema que se le presenta al país.

El decálogo de Peña Nieto, es una cortina de humo.

El decálogo de Peña Nieto, lo que persigue es que ya pasemos a otra cosa.

Ya nada de discusión que quedaba pendiente de la Casa Blanca ¡Eh! ese no, ese molesta mucho, y las otras casas.

Ya nada de discusión de asuntos como de la Procuraduría, de aquí, de allá, del ejército. ¡Nada! Esta es la gran

solución, aquí está, y es mentira. No tiene nada que ver.

Aquí decía Burgos, hace un momento: que el estado, la diversidad y todo esto que se dice, no descalifique.

¡No! venimos aquí a atacar, a discutir o a aceptar posiciones. ¿Verdad?

Tenemos un problema, dice Burgos, que es el adversario, y el adversario es el narcotráfico. Entonces, esto es una

cuestión de narcotráfico, y no es cierto, no es cierto.

El problema es del Estado mexicano, ese es el problema. ¿Verdad? Ese es el problema.

El problema es que el Estado mexicano ¿Verdad? calificado, decía yo, por periódicos internacionales, como estado

mafioso, o estado fallido, ese es el problema.

Y el problema es que el responsable, insisto, de este problema de estado fallido y de estado mafioso es el Ejecutivo

de la Unión; no es el municipio, esa es una manera de salir hipócritamente del problema. ¿Verdad?

El Presidente, y volvemos a repetir, es el responsable de la seguridad nacional.

El Presidente es el responsable de la información.

El Presidente tiene en todo el país distribuido al ejército, en Guerrero, y en todos lados; el ejército tiene mano y la

Marina también.

El Ejecutivo es el responsable de la inteligencia, de la información.

Aquí se dijo, de repente, que es que no le informa a Abarca. Si no le informa a Abarca a tiempo bien, pues

entonces no funcionan los sistemas de información. Esas son realmente salidas que no corresponden al problema.

Señores senadores, los que quedan aquí, les quiero decir, que recordemos que estamos en una verdadera crisis, y se

ha dicho, poco soslayado, otros con mayor claridad. Es una crisis institucional, es una crisis del Estado, es una

pérdida de confianza, desde el Presidente de la República para abajo.

Esa es la crisis. Es una crisis de legitimidad. Es una crisis de autoridad moral, que no se corrige con esto que está

aquí presentado. Nada de eso se corrige, verdad.

No ha tenido Peña Nieto y su equipo, el talento necesario para salir y enfrentar una crisis.

Un hombre de Estado, en cualquier lado del mundo sale, y enfrenta una crisis de este tamaño, verdad.

Están retrasando la salida, para echarle la culpa al municipio, que es un absurdo.

Ya sabemos que Abarca fue el responsable de todo. Aunque cuando nunca lo han presentado, eh… Abarca es… ya

está detenido, el responsable de todo, y nadie sabe dónde está, y nadie sabe qué ha dicho.

Pero ya es el responsable, verdad. Y ya se acabó, es el municipio, ejemplificado en Abarca y su mujer, verdad. Es

el municipio…

No es cierto. Es el Estado. Y es el Jefe del Estado, el responsable de lo que ha ocurrido. Y mientras quieran ocultar

eso, no vamos estar atacando el problema.

Aquí un poco se ha adelantado la discusión de estas iniciativas, verdad. Que tienen verdaderas barbaridades.

Es una destrucción del Estado, ya como aquí decía Encinas, verdad. Es acabar con el municipio, que es la célula

básica del Estado.

Es un absurdo decir, que va a vigilarse a través de los gobernadores.

Miren ustedes, el estado de Puebla tiene 217 municipios. Ya veo yo al gobernador del estado, teniendo una policía

que ande brincando de un municipio al otro. Que cuide el portal, que esté pendiente del chisme de no sé quién.

Es absurda esta situación. Es el solo pretexto de decir, yo no fui, eh, yo no…

Aunque el procurador sabía perfectamente lo que pasaba. Aunque está allí el 27 Batallón de Infantería, a unos

metros de la matanza y del secuestro.

¿No, no es responsable del Ejecutivo de la Unión? Claro que lo es.

Y no oculten. Debería haber aquí un análisis crítico, y no lo hay. No ha venido el Presidente, a decir lo que pasó y

analizar lo que pasó con sus gentes.

Como por ejemplo, del tren chino éste. Ya se nos olvidó el secretario… el secretario de Comunicaciones, ahí sigue

sentado. Echaron abajo el tren chino, porque estaban metidos los amigos negociantes de Peña Nieto, verdad.

Pero aquí es de lo que se trata. Vamos a fingir, vamos a decir, es el municipio. Y vamos hacer una reforma

constitucional en el municipio. Y se nos olvida el problema, eh…

Yo quiero volver a tocar, el tema de “Fuera Peña”.

Aquí se me recomendó, hace un momento, por Fayad, que no me deje yo manipular. Que ese grito “Fuera Peña”,

no es un grito real.

Porque tal vez en Televisa no lo oyeron. O en TV Azteca o en Milenio. No oyeron el grito constante, desde hace

tres meses en las calles de este país. Y se dice “Fuera Peña”

Porque ha perdido autoridad moral, y no la restaura.

Porque ha perdido legitimidad, y no la restaura, con esto que está presentando. Pero ya estamos discutiendo, que si

el artículo tal y que se va…

No, no, esto no es respuesta al enorme problema que tiene México.

Y se equivocan, si piensan que, con las televisoras y esta realidad virtual, y los escenarios de Televisa con todos

aplaudiendo al señor lo que diga, se va a resolver el problema.

No se va a resolver. Vamos a seguir en una crisis, en una crisis de Estado, es una crisis moral, en una crisis de

legitimación de gobierno. Eso es lo que hay.

Fayad nos dice que, insisto, que no me deje manipular.

Resulta que, ese grito, se le atribuye a una persona. A un maloso que anda por ahí, empujando a las masas, a repetir

“Fuera Peña”.

¿Bueno, no lo han oído?

¿Qué no tienen la menor sensibilidad para saber lo que está gritando la gente en las calles, por miles y miles en

todo el territorio nacional?

Otro, dice, una revista por ahí. Dice que, toda esa movilización es la guerrilla. Fíjense, otra salida.

Tenemos aquí —dice la revista— un estudio de inteligencia militar. ¿Cómo lo obtuvieron, no sé?

Pero que inteligencia que se deja quitar su estudio.

Y dice, vean todas estas masas, es la guerrilla, es la guerrilla, verdad.

Osorio Chong, ahora nos viene con otra, verdad. Bueno, después de que Peña dice, que son las fuerzas, las fuerzas

que lo quieren desestabilizar. Son las fuerzas que están en contra de las reformas estructurales.

¿Bueno, qué no pueden oír lo que está pasando?

Que hay una insensibilidad de este tamaño.

Y Osorio Chong —decía yo— y lo vuelve a recordar. Ayer, eh, dijo, este es un asunto que viene de lejos, dice el

secretario de Gobernación. De la Gobernación y encargado de la policía, también.

Es un asunto que viene de lejos, —dice— de muy lejos, no sé qué tan lejos. No sé qué tan lejos, ahí se los

recomiendo que le hagan una pregunta.

Pero es un asunto que desde que, desde que decidimos y discutimos las reformas, la reforma energética, verdad. La

reforma que sabía que tiene el 60% en contra, desde entonces sabíamos que esto iba a pasar.

Esto es el rebote de la reforma energética.

¿Qué… qué es esto?

Pues es lo mismo, es regresar a querer echar la culpa, a toda una serie de desestabilizadores.

No, no es así. No es la guerrilla, eh. No es el rebote de la reforma energética, que ya llegará. No es, verdad, la

manipulación de un solo hombre perverso, que por ahí anda, y que es capaz de movilizar a todo el país, a todas las

ciudades, todo el tiempo y en el exterior.

No, no es eso. Es una crisis del Ejecutivo de la Unión. Es una crisis del Estado. Es una crisis que no atiende este

decálogo, ridículo.

Entonces, si vamos a discutir ese decálogo, pues no vamos a resolver el problema, eh…

Lo único lo que vamos hacer, es ayudar. Vamos a discutir en 15 días, con una gran intensidad. Bueno, ya lo sé, lo

sabemos cómo votan. Vamos a resolver esto que es tan necesario para el país.

No tiene nada que ver con la crisis que estamos viviendo. Y se equivocan y se engañan diciendo que es algunas de

estas cosas…

Termino, presidente…

…se engañan, y México va seguir padeciendo, un gobierno desmoronado, sin autoridad. Y por eso grita la gente,

no una persona “Fuera Peña”

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, don Manuel.

En uso de la palabra el senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista

de México.

-EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros.

¿Problema de estado? Sí.

Un problema que se genera en el estado de Guerrero. Generado en el municipio de Iguala.

¿Cortina de humo?

¿Cuál?

¿Acaso aquella que algunos crearon para dejar atrás esas fotografías?

Aquí hay quienes creen que sí saben cómo resolver los problemas. Y piensan que tirando el sistema, es la solución.

La legitimidad, compañeras y compañeros, se gana en las urnas. Donde otros, no lograron esa mayoría.

Pero ahora sale el peine, la razón de todo esto se debe a la Reforma Energética, que queden claros esos dichos.

El Presidente de la República no evade su responsabilidad, en el Partido Verde reconocemos el decálogo

presentado por el Presidente de la República para fortalecer el Estado de derecho, la justicia y la seguridad en

nuestro país.

En el anuncio del Presidente hay un claro reconocimiento de que los avances en materia de seguridad y justicia que

ha tenido el Estado mexicano en su conjunto son insuficientes para recuperar la paz y la tranquilidad en todo el

territorio nacional.

México debe cambiar, se debe de construir un pleno Estado de derecho.

El Presidente de la República mostró sensibilidad y apertura para escuchar las diferentes voces que reclaman un

México seguro en el que se respeten los derechos humanos.

El mensaje fue claro y contundente, lo que ocurrió en Iguala, Guerrero, no puede presentarse de nuevo. México

tiene que cambiar en materia de seguridad y justicia. Y ese es el objetivo del gobierno de la República.

Este debe ser también nuestro objetivo, compañeras y compañeros senadores, como representantes populares,

como ciudadanos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestro país.

Durante los últimos dos años este Senado de la República ha debatido una serie de reformas estructurales, lo ha

hecho de forma respetuosa, con argumentos y con la participación de la sociedad civil, de las diferentes

expresiones sociales y de las diversas fuerzas políticas.

Hoy en temas sensibles como la seguridad y la justicia, no puede ser de otra manera. Las reformas que hemos

aprobado en este Senado han servido también para fortalecer al Estado mexicano, para rediseñar las instituciones

como el Instituto Nacional de Evaluación Educativo, el Instituto Nacional Electoral, el IFAI, la Comisión Federal

de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por mencionar simplemente algunas.

Lo que nos ha guiado en este proceso es precisamente el reconocimiento de que hay vínculo entre las instituciones

y el desarrollo de los países.

El Congreso ha trabajado y ha hecho su parte, el gobierno de la República se encuentra trabajando para

implementar dichas reformas y traducir sus beneficios para todas y todos los mexicanos.

Por ello cobra gran relevancia al decálogo del Presidente Enrique Peña Nieto, porque lo que busca es el

fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de seguridad pública y de procuración y

administración de justicia.

Este decálogo conjuga instrumentos para brindar seguridad a los ciudadanos, combatir de forma eficaz la

infiltración de las policías municipales por parte del crimen organizado.

Establecer una clave única de identidad.

Generar seguridad jurídica en los procesos de evaluación, supervisión e intervención de las policías.

Facultar al Congreso para expedir las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada.

Mejorar la justicia cotidiana que afecta la vida diaria de los ciudadanos.

Crear el Sistema Nacional Anticorrupción e impulsar un mayor desarrollo en las zonas de marginación y

desigualdad presente en la región sur de nuestro país.

Durante los últimos años el Estado mexicano se ha dedicado a construir capacidades institucionales para la

resolución de los diferentes problemas y demandas que tienen todos los ciudadanos.

Compañeras y compañeros, sigamos por este camino de fortalecimiento institucional. Dejemos atrás los reclamos,

los protagonismos y al paternidad o no de las iniciativas.

A diferencia de lo que ocurría en años pasados, en los dos últimos años las reformas las propone y las ha impulsado

el Presidente de la República.

Se busca el consenso de los diferentes partidos políticos y son enriquecidas, debatidas y analizadas en el Congreso

con la participación de amplios sectores de la sociedad.

Las reformas son de todas y todos los mexicanos, son del Estado mexicano. Por ello los invito de manera

respetuosa a retomar de nuevo el debate intenso, serio, para analizar las propuestas que ha planteado el Presidente

de la República.

No olvidemos que somos mucho más los mexicanos que queremos un México en paz, un México justo, un México

solidario, un México incluyente.

En mi partido trabajaremos y respaldaremos al Presidente Enrique Peña Nieto para resolver los diferentes

problemas a través del diálogo, las instituciones y el respeto pleno al Estado de derecho.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, senador presidente.

(Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, senador Puente Salas. En uso de la palabra el senador

Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Con su permiso, señor presidente. He tratado de darle

seguimiento a las participaciones de mis compañeros y compañeras que me han antecedido. Y la verdad es que

tengo sentimientos encontrados sobre las distintas posiciones que a mí me ha tocado escuchar aquí, me ha tocado

escuchar a alguien del Partido Acción Nacional diciendo que el Presidente solamente se dedica a echar culpas. Y

recordaba yo que era precisamente lo que hacía el Presidente Calderón, cuando les echaba la culpa a los gobiernos

estatales.

Pero al mismo tiempo me quedaba pensando yo, bueno y eso qué, qué importa, qué le dice a la gente a esas madres

que hoy cuando llegan las policías comunitarias en Guerrero a preguntar si conocen fosas, fosas que están en

Guerrero, pero que se aparecen a las que aparecieron alguna vez en Durango, o a las que seguramente están en

Jalisco, las que están en Veracruz.

Y son madres de jóvenes, como los que estamos aquí. De jóvenes que pueden haber tenido algún futuro distinto y

que terminaron siendo levantados y desaparecidos en una fosa clandestina. Y es una madre, un padre, el que se

estima el brazo para dar una muestra de sangre.

Y después escuché a mi compañero Enrique Burgos, que siempre es atento en su lenguaje y en su discurso, decir

que el tema es que es un problema que se nos presenta al Estado, que la delincuencia organizada le lanza un reto al

Estado mexicano, como si fueran una cosa aparte. Como si hoy no hubiera políticos, diputados, legisladoras,

gobernantes en los distintos niveles de los cuales podríamos presumir que están involucrados en las actividades

criminales.

Y querer pensar que ese discurso es de otros que están afuera en lugar de ver que el problema es estar adentro, pues

es quedarnos también con algo que termina siendo igualmente hueco. Que no le comunica nada a la sociedad, a

esas madres que estoy tratando de recordar, porque nos tiene que quedar un poco de humanidad en este cuerpo

colegiado. Porque es precisamente eso lo que está motivando que la gente salga a la calle.

Y soy senador por el Estado de Guerrero y milito en el Partido de la Revolución Democrática. Partido que llevó al

poder a José Luis Abarca. Partido que gobernaba el Estado de Guerrero cuando ocurrieron estos hechos.

Y lo reconozco porque también en ese sentido solamente reconocerlo y hacerlo como parte de un problema, pero

como si fuera algo distinto, pues es igualmente hueco para la gente.

Escuchaba al senador Bartlett: “Fue Peña, es Peña. Acabemos con Peña”.

Bueno, eso es su posición política. Y a dónde llegamos con ese planteamiento político.

La verdad, compañeros, es que al escuchar los discursos de cada una de las personas que me han antecedido, me

doy cuenta de que como clase política estamos totalmente huecos.

Huecos de entender el problema que se presenta hoy en el país.

Huecos de entender que el problema va desde Tamaulipas hasta los últimos rincones de Michoacán y que implica a

todos los partidos políticos y actores de todos los órdenes de gobierno.

Pero si queremos hacer de este discurso un discurso de culpas, un discurso partidista pensando que se hicieron

mejor las cosas cuando la herencia fue de cien mil muertos y que hoy pues van veinte mil, tal vez han bajado las

muertes dolosas, pero han incrementado los desaparecidos, y pensar que eso es un éxito en términos de

gobernabilidad. Pues la verdad, compañeros y compañeras, es una autocomplacencia terrible, terrible.

Y ahí hay que echarle en cara pues algunos de los planteamientos que se han hecho aquí. Ustedes creen

verdaderamente que los diez puntos que presentó recientemente el Presidente de la República con bombo y platillo,

con toda la fuerza del Estado representando a la posibilidad de cambio realmente le dicen algo a la sociedad.

Ese mismo día, compañeros, en Chilapa, municipio del estado de Guerrero, entregaron once cuerpos decapitados

antes del anuncio del Presidente. A treinta minutos de Ayotzinapa estaban entregando once cuerpos de jóvenes,

jóvenes que no han tenido un destino en este país, cuyo único destino fue que sus cuerpos aparecieran mutilados y

que fuera el preámbulo del discurso del Presidente.

Entonces, compañeros, yo creo que hay que tener capacidad de autocrítica y hay que salirnos de la

autocomplacencia. Cuando me toque escuchar discursos escritos, que ya vienen procesados por los asesores, para

hablar de los diez puntos con su magnificencia y decir que la línea de comunicación telefónica ahora será un gran

éxito, o decir que aquel tema, y qué bueno que se haga un evento en tierra caliente, allá en Michoacán, en mi tierra,

en Guerrero, pero decir que eso es una respuesta suficiente para la crisis del estado de derecho que tenemos, pues la

verdad, compañeros, entonces, o una de dos, o no nos ha tocado entender el problema que estamos viviendo o

simple y sencillamente queremos ser parte de ese problema.

Y yo me niego a ser parte de ese problema. Creo que aquí hay hombres y mujeres, 128 personas con distintos

talentos, conocimientos, espíritus y pasiones, que creen que este país tiene un futuro diferente. Yo como ciudadano

del estado de Guerrero estoy convencido que mi estado tiene un futuro distinto, pero no son esos diez puntos. No es

pensar que una investigación que tendría que tener conclusiones definitivas pues se puede quedar ahí, al tiempo, a

que llegue diciembre, que se termine la calentura del momento y que se olvide lo que pasó en Iguala, que se olvide

lo que pasó en Cocula, que se olvide que hoy hay quince municipios intervenidos, y no sé cuántos más en otros

estados.

Esas, compañeros, son las reflexiones que nos tendrían que estar motivando para saber si estas iniciativas son

suficientes. Puede haber posiciones a favor, puede haber posiciones en contra; pero en este momento, compañeros

y compañeras, lo que México requiere es que el estado mexicano, del cual somos parte, resuelva la problemática

profunda que enfrenta la sociedad.

Sin andar repartiendo culpas, porque esa forma de repartir culpas es entender que uno no es parte del problema. Y

ya se lo digo al PAN, que nos heredó esos cien mil muertos, se los digo al PRI que tiene esos veinte mil en la

contabilidad ahorita, y creciendo los desaparecidos. Lo digo desde el partido político en el cual milito, porque

somos parte de esa decisión, de haber tenido en Iguala un candidato que resultó traicionero a la confianza

ciudadana.

Entonces me parece, compañeros y compañeras, que hay que darle altura a este debate. La calle está tomada, la

calle está tomada, y está tomada por una sociedad de luto, indignada y movilizada porque siente que estos cuerpos,

como el Senado, solamente se quedan viéndose al ombligo, y no podemos permitir eso.

Yo tengo un hijo, y siempre lo digo. Cuando trato de pensar en un futuro distinto para este país, que hoy tiene siete

años, y una hija que tiene cuatro, ¿cuál es el país que va a tener en veinte años? ¿En veintisiete años cuál va a ser

su destino, cuando tenga y termine, espero, la Universidad? Que lo agarre alguien, que lo secuestre, que lo levante

y que se vuelva más una cifra en la inseguridad, y entonces, que quienes entonces sean senadores de la República

se queden solamente viendo y diciendo: “Atenderemos el llamado del Presidente de la República, quien nos ha

pedido celeridad. En trece días habremos de transformar la Constitución para garantizar un nuevo modelo de

seguridad pública”.

Yo creo, compañeros y compañeras, que México reclama más de nosotros, que este es un tema sentido, espero

sentido por muchos de nosotros, pero sentido por muchos millones de hombres y mujeres que están allá afuera

viendo cómo la impunidad y la corrupción día con día corroen a nuestra sociedad.

Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Le faltó un minuto y medio, Senador. Gracias por abreviar su

tiempo.

-Tiene el uso de la palabra la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional.

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Compañeras; compañeros senadores:

En el decálogo que presentó el Presidente Peña hay dos enormes ausencias, claro, además de la originalidad. Falta

autocrítica y faltan acciones en su esfera de competencia que vayan en serio, en contra de la corrupción, o al menos

que sirvan para disipar si es que es posible las sombras de conflicto de interés que caen sobre su gobierno y sobre

el mismo.

Nada de eso hay en su catálogo, y es grave. Es grave para todos, para todos los mexicanos, porque un líder

cuestionado de esa forma y sin respuestas es como un toro estocado. Y es verdad, como se ha dicho aquí, que la

autocrítica debe de ser para toda la clase política, empezando por el PAN, mi partido, pero también por otros

partidos, como el PRD, porque ha habido gobernadores, como el propio Ángel Aguirre Rivero, entonces

gobernador de Guerrero, que dijo: “Todos quisiéramos tener ya certificada nuestra policía al cien por ciento, sin

embargo, nuestra realidad es otra. No aspiremos a una policía como la suiza, o alguno de esos países tan

avanzados, la realidad es que el salario que perciben hoy los policías en los estados, en el mejor de los casos, ganan

8 mil o 10 mil pesos”.

Y así es, con esta claudicación expresa de un gobernador es como se explica la tragedia de Iguala. Este gobierno, el

Gobierno Federal nos ha quedado a deber en seguridad, en crecimiento económico y en combate a la corrupción;

pero además tiene ahora otro problema, la falta de credibilidad.

Y esto es quizás más grave aún, porque le resta liderazgo, le resta fuerza para emprender muchas de las acciones

que se necesitan y para exigir a sus propios subordinados, policías, miembros de las fuerzas armadas y contralores,

así como para impulsar que los gobernadores, alcaldes, los ministerios públicos y jueces corrijan el rumbo.

La falta de credibilidad es abrumadora y medible, ahí están las encuestas de esta semana. La aprobación del

Presidente de la República ha caído dramáticamente. De estar entre líderes de opinión en 78% de aprobación, hoy

está en 21%, según el Diario Reforma.

¿Cómo podemos creer si ante la indignación nacional y la sospecha, por decir lo menos, que ha generado la forma

de la que se hizo la familia presidencial, de la llamada Casa Blanca? La respuesta de la Presidencia, con una

enorme falta de sensibilidad, es dar carpetazo.

El asunto está cerrado, ha dicho el Jefe de la Oficina de la Presidencia, como si un asunto de esta magnitud, ni más

ni menos del tamaño de 87 millones de pesos, pudiera ser escondido debajo del tapete y olvidarse. ¿Cómo podemos

creer si los órganos responsables de investigar y deslindar conflicto de interés y tráficos de influencias por parte de

los servidores públicos aún sea el Presidente? Más aún si es el Presidente, no han hecho absolutamente nada, la ley

está de adorno.

¿Cómo podemos creer, si aun cuando claramente la ley establece que las propiedades de los cónyuges, de los

servidores públicos deben ser declaradas por éstos, aún no podemos saber si quiera, si efectivamente fueron

declaradas? Porque las versiones públicas que se presentaron de la declaración patrimonial del Presidente no lo

reflejan.

Y por cierto, ya que el decálogo del Presidente, que en ese decálogo se incluyeron muchas ideas y propuestas de

Acción Nacional llame enormemente la atención que en este tema tan importante el Presidente Peña no haya

retomado la práctica del ex Presidente Felipe Calderón, de hacer completamente pública su declaración

patrimonial, incluyendo, como lo establece la ley, los bienes de su esposa. Y aquí está la declaración pública, que

todos podemos acceder en el Internet.

Quiero recordar cómo empezó este sexenio. Dos años atrás se firmó El Pacto por México, una alianza histórica,

que después de quince años de gobiernos divididos logró desparalizar el Congreso y avanzar en la construcción de

un país mejor. Todos pusimos de nuestra parte.

Las dirigencias de los partidos de oposición incluso sufrieron críticas y pagaron el costo de la división interna por

apoyar el gobierno. A este gobierno no se le ha escatimado nada, confiamos en él y por eso decepciona e indigna la

falta absoluta de ética pública con la que se ha comportado.

Hemos presentado en el PAN varios puntos de acuerdo sobre la Casa Blanca, porque en el PAN creemos que es

inaceptable el carpetazo que pretende dar la Presidencia.

Queremos que en este país las instituciones hagan su trabajo, y la ley se cumpla. Queremos que la Contraloría del

Estado de México y la Secretaría de la Función Pública hagan su trabajo, y deslinden responsabilidades. Y, si no

hay conflicto de interés, que se aclare.

Queremos que en este país deje de reinar la impunidad y que la ley se aplique.

Cuando veamos que los amigos del Presidente no son de los recurrentes ganadores de las licitaciones; cuando

constatemos que los programas sociales no son utilizados para fines electorales; cuando veamos a todos los

servidores públicos del gabinete hacer pública su declaración patrimonial completa; cuando nos demuestren que no

hay conflicto de interés en lo relativo a la Casa Blanca, que la empresa favorita de los gobiernos del Presidente

construyó para su esposa y su familia, en vez de dar carpetazo para eludir la explicación que todo México espera; y

cuando veamos autocrítica, acciones y no sólo discursos, comenzaremos a creer que las propuestas del Presidente

son de fondo y van en serio.

Muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Laura Angélica Rojas Hernández.

Sonido, por favor en el escaño del Senador Manuel Bartlett, ¿para qué asunto, señor senador?

- EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT (Desde su escaño): Para hechos, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Para hechos, desde su escaño, se le concede el uso de

la palabra señor senador.

- EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ (Desde su escaño): Seré muy breve, primero felicito a Laura

Rojas, que ha sido muy valiente, muy clara, y expresa con toda nitidez que no hay autocrítica, y que lo que

decíamos nosotros, que se brincaron los problemas principales que están reclamando, muy bien, senadora.

Yo había pedido para alusiones personales de Ríos Piter -que ya no lo veo por ahí-.

Ríos Piter me confundió porque pareciera que está en contra de todo lo que se dijo o a favor de lo que se dijo, me

señaló a mí, y dijo, cuando oigo a Manuel Bartlett decir que el responsable es Peña Nieto, no sé, parece que le

preocupó a Ríos Piter este planteamiento.

Pero, él hace un análisis general para que no haya quien le eche las culpas a otros.

Bueno, los debates aquí son para discutir a fondo, no es descalificación, ese señalamiento absolutamente fundado.

¿Por qué digo que Peña Nieto es el responsable?, se lo digo a Ríos Piter, -tal vez no esté oyendo ya-, es porque si

abrimos la Constitución y leemos una por una de sus facultades, podemos llegar a la conclusión simple y llana, el

responsable de lo que ha ocurrido en materia de seguridad nacional es el Presidente de la República, Peña Nieto.

Por eso quería yo hablar, porque me pareció un poco confuso lo que dice nuestro amigo Ríos Piter.

Y por lo de Laura Rojas, muy bien, muchas gracias, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, senador Manuel Bartlett Díaz. A

continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario Institucional.

- LA C. SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros

legisladores, gobernar es escuchar, es recapitular, incluso corregir, y también tomar decisiones.

Eso es precisamente lo que ha hecho el Presidente Enrique Peña Nieto.

Enrique Peña Nieto es el presidente de todos los mexicanos, y como Jefe del Estado Mexicano, lo que está

haciendo es atender las justas demandas de todos los sectores y dar respuestas puntuales a las preocupaciones de

los mexicanos.

Las propuestas que nosotros hemos revisado, nos revelan que se necesita una cirugía mayor, una cirugía mayor al

estado mexicano.

Eso, es lo que se ha propuesto, y va más allá inclusive que solamente pensar que es una declaración de un decálogo

cuando finalmente lo que estamos proponiendo son acciones concretas que tienen que ver primero con fortalecer

acciones en materia de seguridad.

Segundo, con políticas en materia de desigualdad y de desarrollo regional, y por supuesto, también poder combatir

la corrupción y la impunidad.

Para nosotros se trata de una visión integral, se trata de hacer un planteamiento que satisfaga las más diversas

circunstancias por la que atraviesa nuestro país.

Esto es lo que hemos querido abordar en este debate, pero sobre todo, es lo que queremos transitar y poder resolver

en las discusiones de los días que están por venir.

He escuchado, como siempre lo hacemos, con mucha puntualidad los planteamientos aquí señalados por los más

diversos representantes de los grupos parlamentarios, sin duda, creo que podemos diferir en muchos aspectos;

coincidir en otros, pero hay uno que es fundamental, y ese, se trata en tener rigor en el análisis, y sobre todo, sí,

crítica sí, pero sobre todo propuesta, y más aún poder encontrar soluciones.

Esto es lo que al Grupo Parlamentario del PRI le preocupa, y esto es lo que nos ocupa, y esto es a lo que les

invitamos.

En las muy diversas intervenciones, que tiene razón, en ocasiones, desafortunadamente quedamos algunos, salen

otros, y no hay esta posibilidad de que puedan también escuchar lo que nosotros pensamos.

Pero en estas intervenciones escuché muy diversas circunstancias, retomaré algunas de ellas, por ejemplo, se habla,

y en el PRI estamos convencidos de que es necesario fortalecer el municipio, yo soy una convencida de ello, por

supuesto que quiero que se fortalezca el municipio.

Sin embargo, hay muchos ejemplos que nos dan justamente nociones en contra de lo que ha representado esta

situación.

En los últimos años las competencias de los municipios se han multiplicado, no así sus recursos, por ejemplo, se

habló del tema de los Centros de Confianza, y bueno, yo quiero decirles que en aquella época me tocaba ser

presidenta municipal, absolutamente todos estuvimos de acuerdo, sin embargo, esta medida que teóricamente era

impecable, en la práctica era inviable.

Recuerdo que no solamente no existían el número suficiente de centros autorizados de Control de Confianza ni

siquiera cuando se tomó la medida existían los profesionales en polígrafo suficiente para poder realizar la

implementación del control de confianza a todos los cuerpos corporativos de policías en el país.

Sin duda, lejos incluso de lograr el tiempo, era el alcance de lo que se buscaba con esta medida.

Recuerdo, y lo cuento como anécdota, pero así como en ésta, hay muchos casos al respecto en donde teníamos a

personal recién egresado con los mejores perfiles en abogacía, con los mejores perfiles en criminalística, y aún

ellos no pasaban el control de confianza, y no lo pasaban porque la prueba, inclusive no nos estaba dando los

alcances que pretendíamos lograr.

Así también, hablaban de centros de control de confianza, y de que hay ausencias en este momento; yo recuerdo, y

lo digo no como un tema de acusar culpas, efectivamente en el PRI no nos interesa acusar culpas, sino de asumir

realidades.

Recuerdo que no solamente no se tuvo en algún momento al titular del centro de control de confianza, ni siquiera

teníamos el relevo oportuno de quienes estaban al frente del Consejo Nacional de Seguridad, el tiempo que pasaban

las autoridades municipales o estatales para poder obtener la firma del documento que autorizara el ejercicio de los

recursos era por semanas, a veces por meses, el tema incluso cuando se hablaba de presupuestos, no es del monto,

es de su viabilidad y su oportunidad en la aplicación.

Y, así podría mencionar muchos otros ejemplos, ejemplos en los que incluso cuando hablamos de la pertinencia de

las policías municipales, en general de las policías en el país y en los estados, vale la pena traer a colación algunos

datos, a todos nos interesa saber los datos; y ahí, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas establece

que debe haber un mínimo de 289 policías por cada 100,000 personas, pero 17 estados del país se encuentran por

debajo de esta situación; estados como Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Oaxaca, y

como verán puedo darles toda la lista, y no me interesa saber si son del PRI, del PAN o del PRD, lo que me

interesa es que efectivamente tomemos decisiones de a de veras para que esta situación se corrija.

El informe incluso del estado de fuerzas policiales estatales y municipales de 2011 habla que, hay muchos de los

estados que están por debajo de los 250 elementos por cada 100,000 habitantes.

Y, así puedo darles muchas más estadísticas que hablan de la realidad. Estoy de acuerdo con lo que aquí se ha

dicho, no es con discursos como vamos a resolver la situación, pero vayamos entonces a una discusión de fondo

que nos permita saber qué está pasando en los municipios, qué pasa en los estados, cuál es la pertinencia de las

decisiones que estamos tomando.

Por ello el entramado de las leyes que nos han llegado a este Congreso definitivamente lo que exige, y yo les

invito a ello, es a tener rigor en la discusión, análisis en la propuesta, y que entre todos encontremos soluciones.

Finalmente, señoras y señores legisladores, hoy se trata pues, de que todos hagamos no solamente el compromiso

con la responsabilidad que nos ocupa en el Senado, sino que efectivamente, de cara a lo trágico que ocurrió en

Iguala podamos tener responsabilidad con lo que implica a todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

(Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senadora Blanca Alcalá Ruiz. Entramos a la cuarta y

última ronda, y en primer término se le concede el uso de la palabra al senador Luis Sánchez Jiménez. Les pediría a

los oradores que nos sujetáramos al tiempo de cinco minutos, vamos a tener la flexibilidad, pero que pudiésemos

respetar el tiempo acordado originalmente. Gracias, senador, en el uso de la palabra.

-EL C. SENADOR LUIS SANCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, presidente. Bien, lo trataré de hacer muy breve.

Primeramente, compañeras y compañeros, tenemos que reconocer que vivimos una grave crisis, tenemos que

reconocer aunque no lo queramos así, porque nos lo dicen desde el exterior, que estamos rebasados, el Estado

Mexicano está rebasado, y cercanos a un Estado fallido, creo que esa es la realidad que tenemos.

Sino reconocemos que hay narco política no vamos a avanzar. Pero el Senado debe responder justamente a ese

reclamo de la sociedad, no podemos aislarnos, pensar que no pasa nada.

Tenemos dos opciones: o abonar a la crispación social o bien, ser parte de la solución y darles alternativas.

Hoy analizamos este decálogo que nos presenta el Presidente de la República, ¿qué pensarán las partes afectadas

que generaron justamente este grave conflicto, qué estarán pensando las madres y los padres de los estudiantes de

Ayotzinapa? ¿Qué estarán pensando ellos sobre este decálogo, no sé si esto les satisfaga, mucho me temo que no?

¿Cuál es la génesis de este problema? ¿Cuándo es que se dio la aparición de la delincuencia organizada, cómo es

que se desarrolló? ¿Cómo es que se consolidó fuertemente en todos los niveles, cómo es que penetró a todos los

niveles de la sociedad?

Porque ha penetrado sí a la política, pero también a ha penetrado a las empresas, y a la iglesia católica y ha

penetrado en todos los ámbitos, ¿cómo es que se desarrolló esto?

Hay especialistas que nos pueden decir, que han escrito mucho sobre este tema, por cierto: Ernesto López Portillo,

Roberto Andrés Ochoa Romero, Miguel Carbonell, o Miguel Sarre, especialistas que han escrito bastamente sobre

el tema, pero que me parece que hoy no fueron escuchados para elaborar esta propuesta, creo que no les merece un

poco de conocimiento de ellos.

Se desata esta crisis hace dos meses, hubo un intento o existe un intento de deslizar unos y otros la culpabilidad al

de enfrente, pero la verdad es que en el Estado de Guerrero la Procuraduría de Justicia del Estado no funcionó.

Pero tampoco funcionó la Procuraduría General de la República, y está perfectamente documentado.

Entonces por más que queramos echarnos culpa unos y otros, ahí está una realidad que nos golpea la cara.

En esta propuesta de decálogo está el mando único policial estatal, quiero decirles que esto ya está en algunos

estados de la República, ya existe, se está llevando acabo. ¿Qué resultados tiene este Mando Único en estos

estados? Avanzó o retrocedió la delincuencia organizada, podríamos hacer ya un balance porque en el Estado de

México lleva tres años el Mando Único, podríamos analizar si es que sirve o no sirve.

Bueno, yo puedo decirles, puedo asegurarles que en el Estado de México de nada ha servido el Mando Único, no

sirve, no hemos avanzado en absoluto, el índice delictivo en el Estado de México crece todos los días, es el Estado

que tiene mayor incidencia delictiva, y ahí está operando este mando.

¿No podríamos haber tomado esta experiencia ya para hacer un diagnóstico más serio y proponer algo distinto?

Los males están en los gobiernos municipales, ¿en efecto ustedes creen esto? Porque esta es la propuesta para ir a

atacar, como si ese fuese la causa de todos nuestros males, y esto es falso.

¿En dónde se da la corrupción que genera la impunidad? Una pregunta que tenemos que respondernos, pues está

por supuesto en todos los órdenes de gobierno, no solamente en los municipales, está en los estatales, y quiero

decirles, gravemente en los estatales, hay muchos casos de gobernadores, de verdaderos escándalos de corrupción

de los gobernadores, ahí es donde se da la mayor corrupción. Ejemplos hay muchos, tenemos aquel conocido

gobernador, exgobernador de Quintana Roo, conocido como el "Chueco", por ejemplo, que está justamente

purgando una condena, pero tenemos a Tomás Yarrington que está siendo investigado también en Estados Unidos

y perseguido, y podría yo citar aquí por lo menos a una decena de exgobernadores señalados, con vínculos con la

delincuencia organizada de una u otra manera, ¿y que se ha hecho para corregir esa corrupción? Absolutamente

nada.

Bueno, la semana pasada aquí tenemos el ejemplo, hay un señalamiento en el Estado de Chihuahua, de

enriquecimiento ilícito de ese gobernador, hay una denuncia penal ante la PGR por un ciudadano, hubo la semana

pasada la discusión aquí para exhortar a la PGR que abra una carpeta de investigación porque ni siquiera eso ha

hecho, aquí mismo negaron esa posibilidad.

El senador Javier Corral elocuentemente presentando el tema y nosotros aquí en el Senado somos coparticipes de

ese presunto acto de, o cómplices, sí, de actos de corrupción.

Bueno, miren, podemos hablar que en los municipios es lo más endeble, sí podría ser, eso es cierto, pero hay

ejemplos donde tenemos experiencias exitosas. El caso de Netzahualcóyotl fíjense que en el Estado de México,

Netzahualcóyotl no firmo el Mando Único, es un municipio que no firma el Mando Único, ese convenio, y aquí

están los resultados de un trabajo de seguridad pública del Municipio de Netzahualcóyotl, un comparativo del

primero de enero al 19 de noviembre de este año, son las últimas cifras, y en delitos de alto impacto total de robo

con violencia, en el 2013, 6 mil 628 eventos, en el 2014 tres mil 579, bajó el 46 por ciento.

En robo a casa habitación, bajó el 70 por ciento, en robo a negocios, 80 por ciento menos, en autotransportitos,

robo a autotransporte, 67 por ciento menos; a los usuarios de transporte público, 72 por ciento menos, al transeúnte

55 por ciento menos, a instituciones bancarias 85 por ciento menos, homicidios 11 por ciento menos, secuestros 14

por ciento menos, extorsión 50 por ciento menos, violación 33 por ciento menos. Aquí hay resultados positivos por

una aplicación de una política de seguridad pública distinta.

Entonces sí hay experiencias, pero si aquí entrara la policía estatal al Estado de México y quitáramos la municipal,

por supuesto que todo esto se revierte, en el Estado de México la policía es parte de la delincuencia y de la

delincuencia organizada.

Bien, un gobierno sin la parte coercitiva, sin la policía simplemente deja de ser gobierno, es la esencia de ser

gobierno, tener la parte coercitiva. Imagínense un municipio sin policía, pues la verdad es que en la vía de los

hechos lo están desapareciendo, no necesitan ir a aplicarla a otra parte que pretende el Presidente de la República,

que es la disolución de los municipios, no, con esto ya los están prácticamente anulando.

Hay muchos actos que se realizan, la sociedad que no necesariamente son delitos, el uso indebido de la vía pública,

por ejemplo, alterar la paz pública, conflictos entre particulares, que son muy comunes, bueno, pues para eso se

necesita una policía municipal, para eso también se necesita una policía municipal.

Entonces me parece que esta propuesta verdaderamente carece de seriedad, pensar, fíjense ustedes nada más la

propuesta de la reforma del artículo 115 que dice que cuando derivado del ejercicio de sus atribuciones el fiscal

general de la República advierta indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen organizado

en la administración o ejecución de servicios públicos municipales, lo comunicará al Secretario de Comunicación,

para que, de estimarlo procedente el Secretario de Gobernación, en forma conjunta ambas instancias soliciten la

aprobación del Senado para que la federación asuma temporalmente o en forma total o parcial las funciones del

municipio.

Esto está cargado de subjetividad, es dice, indicios cuando existan indicios y cuando gobernación lo considere,

más subjetivo no puede ser, es subjetividad, es discrecionalidad, es centralismo, es autoritarismo lo que nos

pretenden aplicar aquí, es inviable, por supuesto esto que se nos está presentando.

No seamos irresponsables compañeras y compañeros, hagamos lo que la sociedad nos exige, combatamos

la corrupción en todos los ámbitos, en la PGR, en las procuradurías de los estados, es ahí la génesis de todo este

conflicto justamente, la impunidad que se genera en estos ámbitos, en los jueces, en los jueces que todos los días

están inmiscuidos en actos de corrupción y que justamente es lo que nos da al traste con este grave conflicto.

Compañeras y compañeros, entrémosle con seriedad a la discusión, por supuesto, entrémosle, sobre todo, con toda

la responsabilidad de responder a los reclamos que nos están haciendo allá afuera.

Muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE ASIPURO TORRES: Gracias, Senador Luis Sánchez Jiménez.

A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Con su venia, señor Presidente.

Estamos discutiendo los diez puntos que el Presidente Enrique Peña Nieto propuso a la Nación como una

respuesta para la crisis de seguridad, la acotación del involucramiento pertinaz de las delincuencias organizadas en

las estructuras municipales, en contrato la gota que derrama el vaso, efectivamente es Iguala, pero además no

solamente, sino Cocula, y no solamente, le siguen otros municipios, no solamente es el Estado de Guerrero y

efectivamente él hace un análisis en su exposición para ubicar a cuatro estados, cuatro estados en esta gran

crisis de seguridad pública y que presenta estas medidas pensando, yo digo que en buena fe, van a resolver el

problema del país, pero pues no, no va a resolver el problema del país, porque cuando se anuncia el Presidente va

a hacer públicas medidas pensamos que iba a haber medidas más de fondo y no fue así, no toca los ministerios

públicos por ejemplo, no toca al Poder Judicial, sobre todo a las juezas, jueces, no hay absolutamente ni siquiera

una pequeña intervención de la importancia y trascendencia de la prevención social del delito, cuál es la situación

de los centros de reclusión, cómo va el proceso de la reforma de 2008 en materia penal, qué pasa con la

reinserción social, qué pasa con quienes salen de los centros de privación de libertad y no tienen alternativas, qué

pasa quienes están ahí por bagatelas jurídicas, qué pasa con los jóvenes pobres que no tienen alternativas en

muchísimos lugares del país.

Yo creo que se queda muy corto respecto de lo que el país necesita.

A mí en lo personal me desagrada mucho que se tomen medidas siempre en la coyuntura cuando trata de asuntos

de seguridad o cuando trata de asuntos que tienen que reflejar alguna medida de sanción, siempre cuando se discute

eso en la coyuntura, me parece que es el peor momento para discutir con mayor seriedad lo que e tiene que hacer.

Es verdad lo que anuncia en su exposición respecto de que hay un crecimiento del a falta de confianza de las

policías, menciona que 39 por ciento, por ejemplo tienen menos confianza de la población, tiene menos confianza

en las policías municipales, pero el 55 por ciento tiene menos confianza de la policía federal y del Ejército el 80.1

por ciento y de la Marina el 83.1 por ciento.

No escuchamos por ejemplo cuándo van a empezar a regresar a sus cuarteles el Ejército y la Marina, ¿cuándo?

Yo creo que el asunto de la policía si me permiten decirlo, es un problema que no está debidamente tratado en las

reformas que presenta al Senado de la República, y desde ahorita, yo mi posición personal y espero que me

acompañe mi grupo parlamentario, no estaría de acuerdo convocar a un periodo extraordinario ahora en diciembre

para discutir estas reformas constitucionales que requieren de una gran discusión nacional.

Y por ejemplo en el caso del mando único policial estatal, y las nuevas atribuciones que se le confieren a los

gobernadores para que tomen el mando y otorguen, se dice, certeza jurídica al trabajo de las policías municipales,

me parece que es un gravísimo error y no toca el problema de fondo; el problema de fondo, señoras y señores es

que tenemos una policía no solamente poco profesional, nada profesional, tenemos una policía que no está

debidamente formada en técnicas criminalísticas de vanguardia, modernas que utilizan la tecnología para la

investigación, que además están formados en el respeto a los derechos humanos para que no sigan torturando ni

tampoco utilizando la fuerza pública de manera ilegítima contra los ciudadanos, porque mientras que no se

demuestre lo contrario, siguen siendo, así lo dice la Constitución, inocentes.

Por supuesto que es verdaderamente grave lo que se pretende hacer al contraponer lo que el enunciado del artículo

115 de nuestra Constitución establece. Es decir, los estados adoptarán para su régimen interior la forma de

gobierno republicana, representativa, democrática, laica, popular teniendo como base de su división territorial y de

su organización política-administrativa el municipio libre, conforme a las siguientes bases y obviamente la base

que agregan pues le da en toda la torre a cada una de las fracciones de este primer párrafo, de este primer párrafo

del artículo 115 constitucional.

Yo creo que dejar que los municipios se queden sin policía en vez de resolver el problema de fondo que todas las

policías de los tres órdenes de gobierno funcionen correctamente y que si tienen buenas prácticas se les reconozca,

pero que si tienen malas prácticas también reciban la sanción de manera proporcional a la falta que hayan

cometido, que tengan por consiguiente también posibilidades de crecimiento, yo creo que en este país debiéramos

proponernos que los policías lleguen a jubilarse con honores y no ser lo que ahora es, ser policía no es nada, nada

que pueda honrar a veces a una familia y todo porque no hacemos lo que tenemos que hacer.

Yo creo, que además dejar discrecionalidades como la del párrafo que se pretende añadir al 115 que dice:

“Que cuando derivado del ejercicio de sus atribuciones, dice, la propuesta de reforma del Ejecutivo Federal, el

Fiscal General de la República advierta indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen

organizado en la administración o ejecución de servicios públicos municipales, lo comunicará a la Secretaría de

Gobernación para que, etcétera, etcétera, etcétera, solicite la aprobación del Senado de la República, que asuma

temporalmente las conducciones, o de manera parcial o total, las funciones del municipio, etcétera”.

Me parece que si estamos frente a un supuesto de este tipo, francamente lo que tiene que proceder es que se aplique

la ley.

Si hay alguna autoridad en el ámbito municipal que no ha cumplido su responsabilidad. O peor, como dice aquí: se

presume que puede estar cometiendo un ilícito, pues francamente no es solamente merecedor de que se le remueva,

es merecedor de que vaya a la autoridad judicial a responder por esa presunta comisión de delito, es lo que está

diciendo aquí esta adhesión al 115 constitucional.

Por lo tanto, me parece que tenemos que discutir, de manera ampliar, de manera tranquila, una situación de este

tipo, que francamente creo que vamos a cometer un gravísimo error, porque estamos afectando contundentemente

al tercer orden de gobierno del país.

Termino. No basta, definitivamente, estas reformas para resolver el problema del involucramiento, de la

corrupción, de la impunidad, de la acotación, de las delincuencias organizadas a los entes gubernamentales de

cualquier orden de gobierno.

Lo que necesitamos es aplicar la ley, ir exactamente a aplicar la ley, y por lo tanto también tendríamos que

garantizar, que quienes compitan, efectivamente, no pasen. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que

quisimos hacer, por desgracia en el PRD no lo logramos.

Pero la pregunta que todos debemos hacernos es. ¿Cuántos Abarcas hay en el país?

¿Cuántos Abarcas han estado gobernando municipios, estados, etcétera, etcétera?

¿Cuántos, cuántos Iguales tenemos en México?

Yo creo que si no tenemos un enfoque tan bien estructural, insisto, que tome consideración de la prevención del

delito, que garantice los derechos humanos, que garantice el proyecto de vida, que tenga todas las condiciones el

estado de implementar políticas que promuevan y potencien las posibilidades de desarrollo de las personas, sobre

todo de quienes son más jóvenes, entonces este tipo de medidas simplemente serán algo así como un pequeño

aleteo de una mariposa, pero no lograrán a resolver de manera estructural el problema, que como estado mexicano

tenemos.

Ojalá que nos demos tiempo a discutir con seriedad, con profundidad, porque tenemos una gran responsabilidad al

modificar la constitución, sobre todo en el ámbito municipal.

Yo no estoy de acuerdo que trastoquemos el municipio. Por el contrario, deberíamos estar pensando en

fortalecerlo. El cabildo ser un ámbito parlamentario, por ejemplo. En fin.

Muchas gracias. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez.

-A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario

del Partido de la Revolución Democrática.

-EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Muchas gracias. Con su venia, compañero Presidente.

Compañeros senadores;

Compañeras senadoras:

Los que han aguantado el debate, y que están interesados verdaderamente en el problema que hoy aqueja al país, y

que da como resultado una propuesta del ciudadano Presidente para corregir este gravísimo asunto de la violencia y

la inseguridad en el país.

El Canal del Congreso está televisando la Sesión del Senado de la República, y no creo que, sinceramente no creo

que los electores les guste ver escaños vacíos.

Se han de preguntar ¿Por qué los senadores no están en la sesión, si estamos discutiendo una propuesta del

Ejecutivo, que desde su visión puede resolver --dice él-- el problema de la inseguridad y la violencia en México?

Dije: “Los que todavía están, qué bueno, los felicito”.

Al grito de: ¡Todos somos Ayotzinapa!

Dice el ciudadano Presidente: “Como sociedad debemos tener la capacidad de encausar nuestro dolor e indignación

hacia propósitos constructivos”.

Felicito al ciudadano Presidente, porque ante la desaparición de 43 jóvenes normalistas, hoy también siente dolor

por ellos.

Pero no sintió dolor por las causas que originaron la manifestación de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala.

Y ¿Cuáles son las causas? Las condiciones infames en que viven los normalistas del país. Eso debiera de causar

dolor y debiera de darle vergüenza al país.

Cincuenta pesos diarios de beca alimenticia para un estudiante normalista: 16.60 para el desayuno; 16.60 para la

comida, y 16.60 para la cena.

Para colchones no alcanza, porque duermen en cartones. A la mejor el gobierno lo está haciendo porque en

Ayotzinapa es una zona muy caliente, y quizás piensa que si le ponen colchones, los muchachos van a estar

incómodos.

Estas son las causas que originaron, y siguen originando manifestaciones al interior del país de los normalistas de

Amilcingo, de Ayotzinapa, y de otras normales, de Mactumatza de muchas otras normales del país, ni para tortilla

con chile les alcanza a los normalistas.

Y ¿Cuál es la respuesta del ciudadano Presidente? Un atentado a lo más importante de la república, que es el

municipio.

Ahora resulta que el origen de todos los males en cuanto a violencia, en cuanto a narcotráfico, en cuanto a

delincuencia organizada es por la vinculación de los policías y de las autoridades municipales con el crimen

organizado.

Revisemos, compañeros senadores, compañeras senadoras, el tema que tiene que ver con la consignación de

policías federales ante los ministerios públicos.

Revisemos el tema de lo que tiene que ver con la consignación de policías estatales ante los ministerios públicos.

Revisemos lo que tiene que ver con los exámenes de control de confianza.

¿Quién reprobó más, los federales o los municipales? Ahí están los datos, son duros.

Y entonces, el ciudadano Presidente dice: “Que hay que exonerarlos, hay que librarlos de toda culpa”, a pesar de

que existen evidencias contundentes de que la Federación y sus policías, las entidades federativas y sus policías,

están igual de involucrados, que las autoridades municipales.

El Senado no puede dar salvoconductos, mal haríamos, si damos salvoconducto, compañeros senadores,

compañeras senadoras.

Ayotzinapa desnudó, en toda su crudeza, la inoperancia de los sistemas de seguridad en México.

Se puede o no se puede aceptar, ese es otro asunto. Pero si 43 jóvenes no es suficiente para atender el problema de

fondo, no creo que el gobierno federal esté esperando que haya más Ayotzinapa en el país, para verdaderamente

hacer una propuesta que ataque de fondo el problema de la inseguridad en México.

¿El pueblo que exige? El pueblo no va a permitir que una salida política resuelva el problema de Ayotzinapa, ni los

problemas de la inseguridad en México.

El pueblo exige justicia, que nos quede claro a todos. El pueblo exige justicia.

Y créanme que conociendo al pueblo de México, no lo van a parar hasta que lo logren.

Si alguien piensa que con esta propuesta, los deudos de Ayotzinapa van a tranquilizarse, se equivocan.

Y otra vez, como en la reforma energética, les vamos a decir: si los dijimos, se los dijimos. Pero poco caso se hace.

Han dicho que no descalifiquemos las propuestas del ciudadano Presidente. Para eso las mandó aquí al Senado para

que abramos el debate.

O si pensó que las iba a mandar al Senado, para que todos levantáramos el dedo de manera dócil, pues veo algunos

senadores que no están dispuesto a hacerlo, y que bueno. Otros quizás sí, vayan a levantar el dedo.

No descalificamos, solamente exigimos que se cumpla con el Estado de derecho.

¿Por qué decimos que se cumpla con el Estado de derecho? Y como educador quisiera ser muy pedagógico, muy

didáctico, a la hora de explicar por qué decimos que se viola el Estado de derecho.

Y ojalá, y los compañeros senadores, sobre todo del partido o de los partidos que apoyan al gobierno, podamos

debatir en serio y modificar.

Estamos de acuerdo en que hay que combatir la delincuencia organizada. Estamos de acuerdo en que hay combatir

la violencia. Estamos de acuerdo en que hay que combatir al narcotráfico, pero con una propuesta como ésta, es

complicado, complicado resolver el problema de fondo.

Como entidad de derecho público, el municipio, su personalidad le sirve para ejercer su potestad de mando y

coacción para llevar a cabo sus atribuciones de carácter impositivo y en las actividades enderezadas a la prestación

de servicios públicos.

Aquí se han insistido hasta el cansancio. Que si a un gobierno se le quita su capacidad de coacción, para que sus

ordenanzas se cumplan, entonces se convierte en un hazmerreír del pueblo.

Es algo parecido en los municipios con las autoridades auxiliares. Las autoridades auxiliares, es decir, los

ayudantes municipales, pues no tienen capacidad de coacción.

Y algunos ciudadanos les hacen caso, otros no les hacen caso, porque no tienen el derecho al uso de la fuerza, para

obligar a que se cumpla cuando se viola la ley.

Yo les quiero preguntar, cuando dicen, que solo los municipios. ¿Quién metería las manos al fuego, por los policías

federales? Que levanten la mano, ¿quiénes meterían las manos al fuego, por los policías federales? ¿O por los

policías estatales?

Es importante que aquí se diga. Se habla de la desaparición de los ayuntamientos. Por indicios, en México hemos

establecido el principio de la presunción de inocencia, para el sistema de justicia en nuestro país, y el que señala

tiene la obligación de probar, ah, pero basta un indicio del ciudadano fiscal, de la Procuraduría General de la

República, para decirle al secretario de Gobernación, que hay indicios; hay indicios, secretario de Gobernación,

pero no son suficientes los indicios, se requiere las pruebas contundentes de la vinculación, y si no, se está

atentando contra los derechos fundamentales de los seres humanos, que se ven involucrados en esto.

Se pone la panacea al Mando Único, como la panacea. Ya el senador Luis Sánchez hablaba del estado de México.

En Morelos se nos vendió el Mando Único como la panacea para resolver el problema de la delincuencia.

¿Y qué tenemos? Somos primer lugar en extorsiones. Somos segundo lugar en secuestros.

Tenemos una población aterrorizada e irritada. Pero el Mando Único no resuelve. Lo único que hace es atemorizar

a la población.

Por último, déjenme decirles, que coincido con mi compañera Angélica De la Peña, cuando dice que el PRD no

está dispuesto en un período extraordinario, tratar estos temas, a menos que, con responsabilidad y atendiendo de

manera integral el problema, pudiéramos entrarle a la discusión.

No compartimos la idea, de que el municipio es la causa de todos los males en México.

Ante este escenario, déjenme decirles compañeras senadoras, compañeros senadores, que nos quede claro.

Mientras no haya justicia para todos los mexicanos y mexicanas, que a gritos le exigen en la calle, el gobierno, el

gobierno no tendrá paz.

Por su atención, muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senador Fidel Demédicis Hidalgo.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del

Partido Acción Nacional.

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Aunque me tome un minuto de mi tiempo, quiero solicitar, al

Canal del Congreso, que pudiera hacer un enfoque de este pleno del Senado de la República.

Lo que se conoce como un paneo de sus cámaras.

¿Por qué lo digo?

Porque me parece que este momento que estamos viviendo en este momento, es un momento plástico; es un

momento que ilustra y describe con toda claridad, la enorme insinceridad que existe, tanto en la oposición, como

en el gobierno.

La profunda hipocresía que hay en el propio partido gobernante. Se supone que estamos discutiendo el asunto más

relevante de los últimos meses en la vida del país.

Y estamos ante un pleno semivacío, en el que nadie le cree al Presidente de la República.

La oposición, preocupadísima por la mayor crisis de legitimidad, está prácticamente ausente, y ni siquiera los

senadores del gobierno, toman en serio al Presidente de la República.

Es el momento descriptivo de la profunda hipocresía de la clase política mexicana, empezando por el partido del

Presidente de la República.

Por eso digo que es plástico el momento, porque ante el panorama desolador, es decepcionante que no haya

capacidad para entender lo que realmente está sucediendo en las calles de México.

Nadie cree en el plan que acaba de presentar el Presidente de la República.

Si no aquí se estarían discutiendo.

Nadie cree en sus iniciativas presentadas ayer en el Senado de la República; si no, aquí estaría su bancada

escuchando a la oposición, debatiendo con la oposición, contrariando los puntos de vista.

El tema, el tema es descriptivo.

Es una pena que se traslade esta imagen, pero es la realidad del país.

Si el Presidente ha sido incapaz de comprender el momento y salir con ese plan, el Congreso debiera tomarse más

en serio su salida. El Congreso debiera tomarse más en serio su papel.

Ha sido realmente desalentador escuchar al Presidente de la República Enrique Peña Nieto, porque ese mensaje ha

trasladado un signo preocupante de la incapacidad del gobierno para comprender la crisis que estamos viviendo: el

reciclamiento de propuestas, el anuncio de medidas que ya se contemplan en la ley o en acuerdos administrativos,

como si fueran novedad.

El Presidente paga las consecuencias de encerrarse en un trío de voces que lo conducen. Paga las consecuencias de

escuchar sólo a Osorio Chong, a Luis Videgaray, y al joven Nuño, el universo de sus oídos.

El Presidente anuncia otro paquete de reformas legislativas y ni siquiera es capaz de partir del reconocimiento de

que las casa de la congeladora legislativa que su partido robusteció en la última década.

Expresa propósitos sin método ni plazos, meras promesas que están lejos de resolver. Una de las mayores crisis que

hayamos enfrentado en la que convergen prácticamente todas las variables. Y eso es lo peligroso del momento:

irritación social, falta de crecimiento económico, altos niveles de pasmo e incompetencia gubernamental, desdén y

desinterés en la oposición y represión política en las calles.

Ni el ardid mediático ha podido proteger al Presidente de la República.

El Telepronter está agotado como método de apantallamiento, está descobijado ante la realidad que le ha golpeado

a la cara. Cualquier habría pensado que ante la expectativa que habían creado anticipando anuncios trascendentales

daría un golpe de timón o por lo menos un manotazo al pacto de impunidad.

Que sabría tomar la oportunidad para atajar los delicados señalamientos de corrupción y tráfico de influencias que

hay en su contra por la “casa blanca”, o que al menos presentaría el Presidente de la República una propuesta

puntual, sensible que atacara frontalmente la corrupción y la impunidad que impera en México.

No fue así ni una sola medida para atajar la corrupción que lo enloda ni una idea en el discurso que lo recupere de

la vulneración política y moral en la que se encuentra a cuatro años todavía de concluir su mandato.

El mismo Diario de The Economics, en su editorial de ese día criticó que el Presidente no reconociera ninguna

responsabilidad por la crisis que se vive en el país. Y señaló que Peña Nieto podría haber perdido la oportunidad de

cambiar el rumbo de la opinión pública.

Ayotzinapa, lo he expresado en distintas ocasiones, es la muestra del agotamiento del régimen, de la crisis de

legitimidad que vive el entramado institucional.

Ese agotamiento es una ausencia profunda de responsabilidad ética, jurídica y política que tiene que ver también

con incapacidad de incomprensión de una amplia gama de actores políticos, sociales, empresariales para asumir la

realidad y trabajar en una perspectiva de largo plazo.

Es la negación reiterada entre quienes tienen poder público para aceptar los valores esenciales de una democracia y

un Estado de derecho moderno.

Nadie quiere renunciar a sus ventajas indebidas, privilegios y canonjías especiales. Quien está en el poder quiere

seguir ganando con ventaja y la ley que debiera ser el instrumento por excelencia de la concordia es un valor

absolutamente negociable en nuestro régimen.

Hace un par de semanas aquí mismo hablé del fracaso que constituye el llamado Estado de derecho.

¿Quién realmente cree en México?

Que se persigue la corrupción sin distingos ni favoritismos, porque la complicidad de distintas instancias

gubernamentales con el narcotráfico tiene sustento en una corrupción que trasciende lo policiaco. Por eso es tan

restringida la visión del Presidente de la República.

O que sólo se localiza en las políticas de seguridad. Es la debilidad institucional para llegar hasta las últimas

consecuencias en el castigo a conductas desviadas, actos de corrupción, omisiones o violaciones a la ley. Y para

sentar precedentes ejemplares de sanciones administrativas, políticas y panales.

Los actos de persecución a la corrupción política son selectivos en un sexenio, con propósitos de afianzamiento del

poder, al inicio de una administración estrictamente mediáticos o para justiciar acciones de mayor control

autoritario.

No hay un verdadero sistema de responsabilidades públicas. Carecemos de un ejercicio institucionalizado de

rendición de cuentas, falta una acción regular, imparcial y decidida de los ministerios públicos. Por el contrario,

persisten vastas zonas de opacidad, ocultamiento y protección. En ello radica no sólo el descrédito de la cuestión

partidista y el concepto de lo político, sino el derrumbe del principal recurso en el que se finca un auténtico sistema

democrático: su legitimidad.

Los principales centros de decisión en el país están corrompidos.

Las componendas y los disimulos en los poderes y los niveles de gobierno están a la orden del día, empezando por

el Congreso.

Ese es el problema de fondo, el pacto de impunidad y conveniencias mutuas que trastoca la verdadera

institucionalidad por manejos facciosos, aprovechamientos personales, intereses estrictos sobre el interés general.

Y no se diga la corrupción y la impunidad de varios gobernadores como bien lo señalaba Luis Sánchez.

Por eso también el agotamiento es un déficit de ciudadanía en el orden público y en el orden social. Sin embargo la

corrupción en la impunidad son los ejes esenciales por donde se vacía todos los días cualquier idea de participación

ciudadana o donde se justifica el desdén.

El desdén que se convierte en muchas cosas, no sólo en decepción, en desánimo, en abulia, sino en odio, rencor y

violencia.

Nada lastima tan profundamente a la gente que a la falta de oportunidades, a la desigualdad social y a la pobreza se

le sume la corrupción de los funcionarios públicos y el disimulo de la autoridad.

En el fondo el problema es mayúsculo y la tragedia de México con la que incluso no debiéramos regodearnos es

que tenemos un Presidente de la República que sólo se concibe Presidente de la clase política y no de una nación.

Gobierna sobre las cúpulas partidarias porque las tiene controladas a partir de sus conductas vulnerables y

debilidades conocidas. Pero esa distancia es el principal caldo de cultivo para que haya una profunda rebelión

social.

¿Será capaz el sistema político y la clase política de cambiar antes que ello ocurra?

Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer después de escuchar al Presente.

Largo su discurso, corto el contenido, hay que preguntarnos, en serio, si se necesitaba esa ceremonia, esa zalamería

de gobernadores, legisladores, empresarios y funcionarios que le aplaudieron eufóricos. Una ley sólo para la

infiltración del narcotráfico en los municipios, y por qué no en los gobiernos estatales, y por qué no en el gobierno

federal, mando único en las policías estatales, y cuándo en la base legal de la Gendarmería, ya no la Guardia

Nacional. Todo lo demás es lo mismo, pero revolcado.

Amigas y amigos senadores de este Pleno semivacío, ante una crisis, como la que vivimos, no se recurre a lugares

comunes, ni se anda jugando con fuego en el desinterés o en las estrategias para dilatar los debates de los asuntos

fundamentales, tampoco se deja de lado la autocrítica. El Presidente fue más allá que nosotros, hizo suyo el grito

¡Todos somos Ayotzinapa! Y derivó en varias interpretaciones.

¿Pero qué le dice al Presidente Peña Nieto? El grito ¡Fuera Peña! ¿Cómo interpreta el clamor de una ciudadanía

que hoy por hoy lo ha reprobado y lo ha colocado con los índices más bajos de aprobación, 39% desde 1995? El

Presidente de la República ha dejado pasar ese momento.

Es la hora de cambiar y transformar seriamente las instituciones del país, sacudir la estructura del régimen político

si no queremos ser de manera consistente la vergüenza ante el mundo, como ahora lo somos. Si el Presidente de la

República no fue capaz ojalá que el Congreso y el Senado de la República se ponga a la delantera de esa

transformación.

Por su atención, muchas gracias. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador Javier Corral Jurado.

-A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo

Parlamentario del Partido del Partido Verde Ecologista de México.

-Informo a la Asamblea que después de la participación del Senador Juan Gerardo Flores estaría el Senador Mario

Delgado, y cerraría la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo.

-En el uso de la palabra, Senador.

-EL C. SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Muchas gracias, Presidente.

En primer lugar a mí lo que me gustaría destacar o celebrar de hecho en esta tribuna es la actitud de quienes han

venido aquí con la honestidad intelectual que demanda este debate. Honestidad intelectual porque hay quienes han

sido capaces de reconocer que hay propuestas, que han hecho propuestas, perdón, sobre lo que el Presidente de la

República propuso hace unos días.

Honestidad intelectual porque también hemos escuchado a quienes han reconocido que los desafíos que hoy

enfrentamos no han podido resolverse en esta o en la actual administración, pero tampoco pudieron ser resueltos en

las administraciones pasadas. Hay quienes tienen una postura crítica sobre lo que ha propuesto el Presidente

Enrique Peña Nieto, pero no se atrevieron en esta tribuna a reconocer que en su grupo político está el origen del

hecho que, con toda razón, ha propiciado una muy importante movilización social.

Nos vienen a plantear, que nos digan dónde hay más Abarcas. Bueno, pues que ellos empiecen por decirnos

quiénes son o dónde están los que ellos mismos promovieron. Hay quien también vino a esta tribuna a juzgar las

propuestas del Presidente Peña como remedios presurosos, son quienes al mismo tiempo critican al Presidente por

no haber anunciado medidas de corto plazo, a esos, amigas, a eso, amigas y amigos, le llamo incongruencia.

También hubo quienes se atrevieron aquí a tomarse el tiempo para aclararnos que ellos ya habían hecho propuestas

similares.

Compañeras y compañeros, no nos perdamos en ese debate. Estoy seguro que quienes votaron por cada uno de

nosotros lo que menos desean es que nos pongamos a debatir quién propuso primero o por qué en su momento esas

propuestas no pudieron avanzar.

Hay quienes vinieron a afirmar de manera categórica que lo que el Presidente propone no tiene nada que ver con la

solución, eso obviamente es su visión. ¿Pero qué tal si las propuestas no tomaran en cuenta al Congreso? Esos

mismos que hoy se quejan o critican la propuesta del Presidente Peña se habrían desgarrado las vestiduras por una

supuesta violación a la división de poderes.

También pudimos escuchar algunos de ellos que sí son dueños de la verdad, o eso creen, que se atrevieron a

afirmar que la propuesta del Presidente Peña parte de un diagnóstico fallido. Nos plantean que el Presidente

reformule su propuesta prácticamente para que nos vayamos de vacaciones.

Con todo respeto, compañeras y compañeros, no caigamos en posiciones frívolas. Ahí coincido plenamente con

otros que hablan de tener aquí el debate y análisis que México se merece.

Me desvío brevemente también para referirme a quienes vinieron a esta tribuna a decirnos que el Presidente Peña

ha quedado a deber en materia de crecimiento económico. A esos les informo que el Producto Interno Bruto que

hoy tenemos está creciendo, si lo analizamos en forma sectorial todos los sectores de la economía están creciendo a

un buen ritmo. Lo que está afectando el desempeño del PIB en lo general es el deficiente desempeño de la industria

petrolera, y eso, señores, se lo debemos a una deficiente gestión en Petróleos Mexicanos en los años anteriores, no

es una cuestión de corto plazo.

Podríamos enumerar diversos comentarios a favor de la propuesta y otros varios en contra, o críticos de la

propuesta del Presidente Peña. Sin embargo, lo que yo destaco, por encima de todo, es que hoy estamos llevando a

cabo el papel que nos corresponde como una de las Cámaras del Congreso de la Unión, estamos debatiendo sobre

propuestas concretas del Ejecutivo Federal.

No bastan estas reformas, dijo quien hace unos momentos me antecedió. Yo diría también que el Congreso, como

parte del Estado mexicano, tiene que hacer su papel, hoy hemos tenido un debate constructivo, y el Partido Verde

por ello lo celebra. Veamos hacia adelante sin dejar de tener presente por qué llegamos aquí.

Desde luego que esta discusión no termina hoy aquí, por el contrario no tengo duda que hemos iniciado una ruta

responsable, de la que no habremos de arrepentirnos. Demos un debate informado y serio, lo que se traducirá

seguramente en modificaciones a la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal, tal como ha ocurrido con cada una

de las propuestas de reforma constitucional o de legislación secundaria que el Presidente de la República ha

enviado a las Cámaras del Congreso de la Unión.

Demos ese debate para demostrarle a los mexicanos, y a nosotros mismos, que no somos una clase política hueca,

como alguien aquí también se lamentaba.

Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador Juan Gerardo Flores Ramírez… ¿Para qué

asunto, Senador? Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis. ¿Para qué asunto?

-EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS: (Desde su escaño) Para hechos, Presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Desde su escaño se le concede el uso de la palabra, para hechos. Le

pido nada más que nos sujetemos al tiempo, por favor.

-EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS: (Desde su escaño) ¿De cuánto dispongo, Presidente? ¿Tres minutos,

cinco?

Miren, el origen del problema, revisemos, lo decía en mi participación cómo están las condiciones de las normales,

por qué se manifiestan los jóvenes estudiantes normalistas. Es vergonzoso que en un país, como el nuestro, en

donde acabamos de concluir una reforma educativa, en donde en el centro del debate se puso la profesionalización

del Magisterio, las normales de México estén en condiciones verdaderamente deplorables.

El origen del problema está en que no se han satisfecho las demandas de los normalistas para tener una beca

alimenticia que realmente les proporcione alimentos sanos, suficientes y nutritivos para poder enfrentar el proceso

de enseñanza-aprendizaje, como formadores que van a ser en condiciones óptimas, ahí está el origen del problema,

en la irresponsabilidad del gobierno; si el gobierno hubiese resuelto ese asunto, los jóvenes no hubiesen salido a la

calle, y entonces no estuviéramos hoy lamentando la desaparición de 43 normalistas.

Cuando compareció el ciudadano Secretario de Educación lo planteamos, estos 43 mártires, más los 3 que

murieron a balazos, ahí frente a todo mundo, estos 46 mártires, más los dos que murieron anteriormente, ahí en la

caseta de Chilpancingo, deben de servir para que estas cosas no se repitan; podrán criticar las formas pero jamás

podrán criticar las causas, ese es el asunto y el origen verdadero del problema es que los mexicanos tienen hambre,

los mexicanos no tienen justicia por ningún lado; ese es el origen del problema, y ojalá y quien se a decir que el

origen del problema había sido porque alguien propuso a un presidente municipal, revise este tipo de situaciones.

Muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, Senador Fidel Demedicis Hidalgo. A

continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del

Partido de la Revolución Democrática.

- EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Con su venia, Presidente; compañeras, compañeros.

Parece que el Presidente encontró como chivo expiatorio de la incapacidad de gobernar al municipio.

Es decir, pasamos del estado fallido al municipio fallido.

Pero, parte claramente de un diagnóstico equivocado. La debilidad institucional del municipio es mucho más

profunda, y no se resuelve con su disolución; nada más para ilustrar otro aspecto de la crisis municipal baste decir

que el 60 por ciento de los municipios, según su propia asociación, están en insolvencia económica.

Tenemos al municipio como figura de gobierno de realidades urbanas, tenemos que hacer un debate serio, una

revisión profunda del municipio en México, y no proponer su disolución.

La falta de imaginación política, y sobre todo la tentación autoritaria hacen que el gobierno encuentre en la

centralización la única alternativa a las insuficiencias del federalismo.

En todas, en todas y cada una de las llamadas reformas estructurales, detrás de ellas hay un diseño para la

reconcentración del poder político en las manos del Presidente de la República a pesar que somos una república

federal.

Tenemos que revisar la idea de federalismo, que sea un federalismo con competencias claras y responsabilidades

bien limitadas.

El federalismo mexicano actualmente sufre el ataque en dos frentes, por un lado, la mayor preeminencia del Poder

Ejecutivo Federal sobre los demás poderes de la unión, y la invasión cada vez más constante de las competencias

del poder federal a costa de los derechos de los estados y municipios.

En las reformas estructurales, la Reforma Educativa fue una reforma para recuperar el control político-económico

de los maestros.

En la propuesta de la Reforma de Deuda Pública lo que se quiere es darle a la Secretaría de Hacienda el poder para

controlar el financiamiento de estados y municipios.

Se ha hecho una centralización del gasto en salud, se ha propuesto una autoridad nacional en materia electoral;

registros públicos únicos y de catastro, y la Reforma Energética, el manejo de los recursos petroleros son fuera del

presupuesto a través de un fondo mexicano.

Es decir, en todas las reformas, sólo ejemplifiqué algunas, hay una intención clara detrás de fortalecer las

facultades del Presidente de la República en contra de una visión federalista. Ninguna, ninguna reforma lleva a

fortalecer la descentralización o el fortalecimiento de estados y municipios.

¿Y, por qué esto es fundamental? Porque si revisamos la historia de la democratización de nuestro país, tiene

mucho que ver con la descentralización, la descentralización que tuvo nuestro país, permitió la alternancia en la

presidencia de la república.

El Presidente también ignora el contexto económico de la falta de crecimiento, de la pobreza, desigualdad y falta

de oportunidades.

A la inseguridad ciudadana, a la que hemos vivido, la que hemos vivido en los últimos años, a esta inseguridad

ciudadana el Presidente Peña le ha agregado la inseguridad económica. El fracaso de la política económica del

Presidente Peña es el caldo de cultivo para una sociedad más violenta, y para el auge de los negocios del crimen

organizado.

Se nos ha dicho que sólo se viene a criticar. Voy a hacer algunas propuestas que la falta de talento o de diagnóstico

por parte del Ejecutivo Federal fue incapaz de proponer.

Se necesita un nuevo régimen jurídico para las policías, ¿por qué no tenemos policías profesionales en nuestro

país?, porque no hay un marco jurídico para el desarrollo de la carrera policial; necesitamos cambiar la

Constitución, para tener un nuevo apartado, el apartado C, el 123, Constitucional, un nuevo apartado, el apartado

C., que contemple un nuevo régimen laboral del estado con los agentes de seguridad, que no sea el sector privado

ni el burocrático, sino uno que atienda especialmente a sus particularidades; que permita brindarles derecho a la

capacitación, a la vivienda, a la seguridad social, a un retiro digno, al mismo tiempo que se establezcan regímenes

de responsabilidades al ser los encargados de hacer cumplir la ley, y algo muy importante como sería su estabilidad

en el trabajo sujeta a una constante revisión de acuerdo a estándares de servicio público, evaluación y

mejoramiento.

No hay un marco jurídico para un servicio profesional policial. Es decir, no basta con desaparecer a las policías

municipales.

El Senador Gil daba los datos, 20,500 policías estatales que no pasaron los Exámenes de Control de Confianza;

18,500 municipales en la misma situación; y 3,500 policías federales.

Policías que no pueden ser despedidos porque no se tienen recursos para su indemnización, para su liquidación, no

los podemos liquidar.

Pero, llevamos mucho tiempo también llevamos más de 15 años con el tema de los exámenes de Control de

Confianza, ya no tenemos a quién aplicarles los Exámenes de Control de Confianza, porque no preparamos

policías.

Segunda propuesta, hagamos escuelas de policías en alianza con las instituciones de educación superior para crear

una currícula útil en la prevención del delito, en el respeto a los derechos humanos, y en la inteligencia policial;

necesitamos dignificar el papel de la policía en la sociedad; ¿si no preparamos policías, a quién vamos a evaluar?, y

démosle un nuevo régimen laboral que les permita tener seguridad social, y sobre todo el desarrollo de una carrera

policial.

No sólo son las policías municipales, son todas las policías del país, y parece la propuesta del Presidente Peña, es

de una miopía infinita.

Propuesta número tres.

Combatir el patrimonio de la delincuencia, no se toca el patrimonio de la delincuencia, tenemos la figura de la

extinción de dominio.

En la administración del Presidente Peña, según datos oficiales, en el 2013 hay 4 acciones para extinción de

dominio, y en el 2014, hay 2 acciones para extinción de dominio.

Hay en este año, el año pasado, hubo 27,336 averiguaciones previas; y hay 6 acciones de extinción de dominio, no

se toca el patrimonio de la delincuencia; esto no es de buenos contra malos, la delincuencia organizada es el gran

negocio de este país, sino se cambia la visión para desarticular la estructura económica de la delincuencia, por eso

es fácil el reemplazo inmediato de las cabezas de los líderes de estos grandes negocios, seis acciones por parte de la

Procuraduría General de la República en materia de extinción de dominio.

Número cuatro. Tenemos que detener el flujo de la delincuencia, el flujo económico de la delincuencia en la

economía, el gran poder corruptor de la delincuencia es cuando tiene la capacidad de ingresar sus ganancias a la

economía formal.

La parte más complicada de este delito es que alienta el silencio cómplice, de quienes se benefician directamente o

indirectamente de ello, ya sea en empresas, bancos, funcionarios, o comerciantes.

Tenemos escándalos en el extranjero de lavado de dinero en México. Recordemos el caso de "HSBC", por más de

880 millones de dólares. Según la Secretaría de Hacienda se lavan 10 mil millones de dólares al año en el país,

según la Consultora Stratford, esta cifra llega hasta casi 40 mil millones de dólares, la unidad de inteligencia

financiera reporta para el año 2012 – perdón 2013 – 2014, 50 millones de dólares confiscados, 40 mil millones de

dólares de lavado, y tenemos de resultados 50 millones de dólares, insisto, no se toca el patrimonio de la

delincuencia.

Número cinco. Evaluación del gasto en seguridad. Pregunto yo, ¿por qué no evaluamos el gasto en seguridad

pública? Es el gasto que más ha crecido en los últimos años, más de 300 por ciento, entre la administración del

Calderón y esta y no se evalúa.

Nos tardamos mucho tiempo como país, en poder tener una evaluación independiente, profesional de las políticas

para combatir la pobreza. Tenemos ahora en institución el CONEVAL que bien o mal puede reorientar la política

social hacia el combate a la pobreza.

¿Qué tiene de diferente los recursos públicos que se dedican a seguridad? Tenemos que hacer propuesta, tenemos

que hacer que el CONEVAL tenga las facultades, ampliarle las facultades para que pueda evaluar el gasto en

seguridad y nos presente resultados, mientras que el gobierno nos presenta número de detenidos, los ciudadanos lo

que piden es seguridad ciudadana.

Número seis. Oportunidades para los jóvenes. Tenemos cada vez más jóvenes involucrados en la

delincuencia. Uno de los dato más tristes de este país es que es la esperanza de vida de esta generación de jóvenes

se ha reducido un año y ello porque la principal causa de muerte entre los 20 y 25 años en este país, para los

jóvenes, es el homicidio, ninguna propuesta para los jóvenes para que puedan integrarse al sistema educativo o

económico, tenemos un millón de jóvenes que al año dejan la escuela sin terminar.

Número siete. Tenemos que cambiar la política económica, sino se cambia cuanto antes las condiciones, las

variables del paquete del 2015, nos vamos a llevar una de las más grandes sorpresas de esta administración.

La meta de inflación se antoja imposible de cumplir por la depreciación que hemos tenido del tipo de cambio, el

tipo de cambio ya se nos fue, el precio del petróleo está en 69,14, 15,65, 14 dólares por debajo de lo presupuestado,

y tenemos una amenaza permanente de salida masiva de capitales ante cambios en la “fe” tenemos que blindar la

economía para el año que entra.

Y por último y con esto termino, presidente, le agradezco su tolerancia. El tema de combate a la corrupción. El

presidente no va a recuperar el liderazgo en este país sino muestra una acción decidida en el combate a la

corrupción.

La Casa Blanca se erige hoy como el monumento más simbólico y vergonzoso de la corrupción en nuestro país. La

percepción de que el Presidente es la cabeza de la corrupción e impunidad en el país se asienta en la Casa Blanca.

La propuesta aquí es, y termino, presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: La senadora Graciela Ortiz González quiere hacer uso de la

palabra. ¿Para qué asunto, senadora? Sonido por favor.

-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: (Desde su escaño). Nada más hacerle una pregunta al

señor senador si me lo permite.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: ¿Acepta usted una pregunta, senador?

-EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Adelante, senadora.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Adelante senadora Graciela.

-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: (Desde su escaño). Señala usted, señor senador que la

Casa Blanca es el tema más importante de corrupción, que usted reconoce, yo quisiera preguntarle sino considera

que hay otros temas de corrupción también tan importantes como el caso de la Línea 12, que no hemos discutido y

que valdría la pena que empezáramos a discutir con toda suficiencia aquí en el Senado de la República.

-EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Mire, senadora, no hay ninguna, con mucho gusto, no

hay ninguna acusación en el caso de la Línea 12 de corrupción, es un tema de diferendos técnicos, pero no hay

temas de corrupción. Lo que sí hay en el caso de la Casa Blanca es una falta de explicación por parte directamente

del Presidente de la República, por eso es lo grave del asunto.

Y por último, bueno, qué propongo para el tema de la corrupción. Creo que tendríamos, en este Senado, que

trabajar una iniciativa para ....

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Me permite senador. Para que asunto sería, porque ya para

pregunta ya no ha lugar a más preguntas en este momento, pero para qué asunto, sería.

-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: (Desde su escaño). Una rectificación de hechos, señor

presidente. No es un tema de diferendo técnico, es un tema, que habremos de insistir aquí en el Senado de la

República se investigue con toda puntualidad. Muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Concluya, senador Mario Delgado.

-EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Yo me sumo a su petición y ojalá tenga también la

valentía de que se investigue, así como está pidiendo que se investigue la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, la

casa de los “Moches”, el monumento a la corrupción en este país.

Ojalá lo pidan, porque muchas veces se ha pospuesto ese debate. A ver, como terminamos con casos como el de la

Casa Blanca. Que extendamos la figura de extinción de dominio hacia actos sospechosos de corrupción para los

servidores públicos y empresas involucradas, de lo que se ha propuesto de un tribunal autónomo con ejercicio de

acción penal.

Si se aprobara esta extensión, el tema de la extinción de de dominio hacia actos de corrupción, por ejemplo la Casa

Blanca si estuviera vigente esa ley tendría que ser confiscada y se tendría que presentar las pruebas de que fue

adquirida lícitamente. Muchísimas gracias. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senador Marido Delgado. Senador Mario Delgado, ¿para

qué asunto senador Ascensión Orihuela? Para una pregunta. ¿Acepta usted la pregunta? No la acepta.

No la acepta. Finalmente se le concede el uso de la palabra a la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

-LA C. SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Gracias, presidente. Las senadoras y los senadores

del grupo parlamentario del PRI, estamos aquí para dar el debate como varios de mis compañeros y compañeras

están también en el trabajo en comisiones.

Y venimos aquí a reconocer que desde diciembre de 2012 el Presidente Enrique Peña ha privilegiado la

responsabilidad de conducir un país frente a la popularidad, hereda un país donde hace tres décadas tenemos el

mismo porcentaje de personas en condiciones de pobreza, un país, el más desigual, nada honroso primer lugar de la

OCDE donde la desigualdad entre el diez por ciento más rico de la población, y el diez por ciento más pobre, ronda

el 30 por ciento, mientras en el resto de las naciones miembro de esta organización la diferencia es apenas del

nueve por ciento.

Y para enfrentar esa responsabilidad el Presidente Enrique Peña impulsó una serie de reformas estructurales de las

que si no me falla la memoria, todas y todos los aquí presentes participamos. Externamos nuestra opinión, hicimos

modificaciones y las aprobamos en democracia, con una amplia mayoría, sino es que por unanimidad en muchos

casos.

¿Cuál era el objetivo fundamental, el eje transversal de todas estas reformas?

Atender estos rezagos estructurales, poner el piso parejo para competir, dar la garantía para evitar la falta de

oportunidades que genera la desigualdad y la pobreza en nuestro país.

México con Enrique Peña reconoció, se atrevió a reconocer que la política asistencial por sí misma no resuelve los

problemas estructurales que tenemos de desigualdad y de pobreza.

Y es cierto, el otro gran reto que tenemos como nación es la justicia, el otro gran reto que tenemos y que

toca particularmente a la política, y hay que reconocer que no se salvan ninguna de las fuerzas políticas, es la

corrupción y la impunidad.

Y estamos de acuerdo, yo coincido con lo que aquí se ha expresado, vivimos una crisis de credibilidad en todas las

instituciones públicas, y yo espero que quienes estamos hoy aquí en el Senado con un cargo de representación

popular entendamos que somos parte del Estado Mexicano y que hoy estamos llamados a asumir esa

responsabilidad.

Se entiende, perdón, pero no se comparte, que haya quienes en este momento tan grave para el país pretendan

lucrar con el dolor ajeno, que haya quienes no ven más allá del próximo proceso electoral, aclaro que no se

comparte.

Se entiende, también muy bien, quienes ven en esta coyuntura una oportunidad para lavar culpas, también se

entienda que haya quienes dediquen mejores catálogos de adjetivos en una discusión como esta, pero creo que

también todos coincidimos en que eso no es lo que exige la sociedad mexicana de todos nosotros.

Calificar, adjetivar el decálogo presentado por el Presiente Enrique Peña no prestigia en nada al Poder Legislativo

y también podríamos medir los índices de popularidad en los que desafortunadamente no gozamos pese al trabajo

que muchos desempeñamos con entusiasmo y convicción.

¿Qué reclama México de nosotros? Respuestas.

Se han querido minimizar muchos de los temas de este decálogo y yo preguntaría aquí si es un tema menor lograr

que en México cada persona tenga una calve única de identidad, partamos de reconocer que eso no ha ocurrido y

que se han hecho esfuerzos, pero también reconozcamos que el reporte 2012 sobre la discriminación en nuestro

país advierte sobre un grave rezago que tenemos, la existencia de un subregistro nacional de población que ronda

el 20 por ciento, en pleno siglo XXI.

Por encima, fíjense qué grave, del 10 por ciento que registra Guatemala o del 2 por ciento que registran países

como Argentina o como Chile.

La identidad es un derecho humano fundamental, un derecho llave que brindan no sólo seguridad, brinda acceso a

derechos como la salud o como la educación y hay un 20 por ciento de personas en este país que no tienen ni

siquiera ese derecho fundamental.

Cómo vamos a hablar de desapariciones si no sabemos ni siquiera cuántos somos, si hay personas que carecen de

lo más elemental como es la identidad.

Y los escuchaba yo también preguntarse por qué iba a haber un número de emergencias único.

Cómo se ve, cómo se ve que aquí muchos no necesitan un teléfono de emergencia.

Seguramente porque gozan de la seguridad que les da la remuneración económica que todos tenemos aquí.

Intenten marcar a un número de emergencia y vena si la respuesta, si esos segundos en los que va la vida o la

muerte es una repuesta efectiva a la necesidad de muchas personas que confían en las instituciones y que son temas

que han quedado por ahí olvidados.

La propuesta del mando único que presenta el Presidente Enrique Peña es distinta a la que presentó la anterior

administración con algunas coincidencias, qué bueno.

Plantea que la intención de la federación en las alcaldías sea una decisión de estado, pretende involucrar al

Congreso de la Unión, pero también a los congresos locales y por cierto, revisando la discusión de este tema,

bueno pues el Presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Partido Acción Nacional se opuso con

particular énfasis a la propuesta de mando único que hizo el Presidente Calderón.

Pero vayamos al fondo, no se trata aquí de ver quién fue el primero en proponer, no se trata quién hizo o dejó de

hacer, se trata de que todos, todas, encontremos juntos una respuesta de estado a este flagelo de la violencia que

hoy afecta la tranquilidad, la paz de muchas familias mexicanas.

La propuesta del Presiente Enrique Peña representa justamente una propuesta integral de mediano, de largo plazo,

que va mucho más allá de ciclos políticos o electorales, no se limita a una propuesta de mando único, significa

una nueva forma de administrar la seguridad del país, significa reconocer que en materia de seguridad tenemos un

gran pendiente con la sociedad.

Corresponde al Senado Mexicano, porque yo no veo aquí a nadie que esté dispuesta o dispuesto a dejar de asumir

su responsabilidad, a aportar sus propuestas, a aportar esta visión federalista que caracteriza a nuestro Senado y

corresponde desde luego que cada uno de nosotros con el conocimiento pleno que tenemos de nuestras entidades

federativas pongamos la parte que nos toca.

Este es el verdadero debate que nosotros debemos tener.

Yo quisiera lanzar algunas preguntas.

¿Queremos más gobernadores ausentes?

¿Queremos alcaldes omisos, amenazados o peor aún, coludidos con el narcotráfico?

¿Queremos más desparecidos como por cierto los de un centro nocturno aquí en plena capital del país, como

Allende, como Iguala?

Queremos partidos que en lugar de llamar a declarar ante la instancia competente, a su dirigencia les pidan que

renuncien, estoy cierta de que ninguno de nosotros pretende eso para México.

El Presidente Enrique Peña desde el primer día de su mandato ha privilegiado su responsabilidad frente a la

popularidad, y ejerce con responsabilidad el cargo para el que millones de mexicanas y mexicanos lo elegimos,

estamos de acuerdo.

México requiere soluciones de fondo, que definamos los cómo, los qué, señoras y señores están largamente

expuestos y nos lo puede decir cualquiera de los que nos eligió en las urnas.

Asumamos hoy como representantes populares, como las madres y los padres que también somos la

responsabilidad que tenemos, seamos parte de la solución, incluso, sí requiere la actuación de un poder

judicial que por cierto, pues a muchos nos indigna que libere a vándalos que están grabados, que destrozan

comercios y que atentan contra la seguridad de muchas personas que se manifiestan de manera pacífica en las

calles para exigir un México en paz.

El dolor, la indignación, la desconfianza en la política que hoy ha llevado a la sociedad en las calles, exige de las

senadoras y de los senadores propuestas para fortalecer a las instituciones.

Me llama mucho la atención, más de 20 oradores y muy pocas propuestas que sí reconocemos.

Vayamos al debate en comisiones, vayamos a aportar el conocimiento, la lucidez, y no lo digo en tono de ironía

que yo reconozco en muchas y muchos de mis compañeros, hagámoslo con respeto, hagámoslo como parte del

Estado mexicano que también somos, hagámoslo aportando el conocimiento que tenemos de nuestras entidades

federativas.

El Presidente Enrique Peña presentó ya su propuesta al Congreso de la Unión, está facultado legalmente para ello y

nosotros tenemos la facultad también de hacer nuestra parte.

México, compañeras y compañeros está cansado de que se repartan culpas, México exige de nosotros asumir y

compartir las responsabilidades.

Muchas gracias. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo.