ACTORES ARMADOS ILEGALES Y SECTOR PETROLERO DEL

META

INFORME MONOGRÁFICO 2013

Frédéric Massé

Director del Área de DDR

Johanna Camargo Castro

Asistente de investigación

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 3

I. CONTEXTO MILITAR Y ECONÓMICO DEL META ......................................................................... 4

1. Los actores armados ilegales luego del sometimiento del Erpac ................................................... 4

a. Estructuras post-desmovilización luego del sometimiento del Erpac .................................................................... 4

b. FARC .............................................................................................................................................................. 6

2. Proyectos de producción y exploración de hidrocarburos en el Meta ........................................... 7

a. Proyectos en fase de producción ....................................................................................................................... 7

b. Proyectos en fase de exploración ...................................................................................................................... 8

II. EL MODUS OPERANDI DE LOS ACTORES ARMADOS ILEGALES FRENTE AL SECTOR

PETROLERO DEL META ................................................................................................................................. 8

1. Extorsión y protección frente a amenazas contra la seguridad ...................................................... 9

a. Entre la connivencia…................................................................................................................................... 10

b. …Y la amenaza ............................................................................................................................................ 11

2. “Favorecedores” del trabajo de las empresas ................................................................................. 12

a. Desplazamiento ............................................................................................................................................ 12

b. Amenazas y homicidios .................................................................................................................................. 14

c. Intermediación en conflictos entre grupos étnicos y las empresas petroleras ..................................................... 14

3. Modalidades más sofisticadas y/o indirectas de captación de recursos ....................................... 14

a. Provisión de seguridad al interior de la nómina de las empresas ...................................................................... 14

b. Administración de la oferta laboral: Trabajadores y votos cautivos ................................................................... 15

c. Seguridad a cambio de contratos ................................................................................................................... 17

d. Captación ilegal de regalías ............................................................................................................................ 17

4. ¿Qué sucede en un municipio petrolero “sin conflicto armado”? ................................................ 18

III. LA RESPUESTA DEL ESTADO FRENTE AL CONTEXTO DE SEGURIDAD PETROLERA

18

1. El Plan Espada de Honor frente a la industria petrolera en el Meta ............................................ 19

2. Implicaciones de la militarización en los campos petroleros ........................................................ 19

IV. CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 20

ANEXOS ............................................................................................................................................................ 22

3

I. INTRODUCCIÓN

Desde finales de la década de los años noventa, el Bloque Centauros de las AUC, las Autodefensas Campesinas del

Meta y Vichada y las FARC-EP se lucraron de las rentas petroleras del Meta mediante el cobro de extorsiones, la

apropiación ilegal de regalías y la facilitación de proyectos de exploración y explotación. Desde los inicios de los años

dos mil y hasta 2011, el Erpac, en cabeza de „Cuchillo‟ y „Caracho‟, prolongó algunas de dichas prácticas. En la mayor

parte de municipios del departamento, „Cuchillo‟ impuso un control territorial y social de facto, que sumado a la

corrupción de políticos e integrantes de la fuerza pública, posibilitó que algunos recursos petroleros nutrieran sus

fuentes de financiación.

Con el descubrimiento de nuevos yacimientos y tras el sometimiento del Erpac a la justicia, los actores armados

ilegales han ido reacomodándose.

Las FARC aún permanecen en su zona histórica de retaguardia estratégica, donde siguen siendo frecuentes el cobro

de extorsiones y las amenazas contra los proyectos económicos de la industria petrolera. En otras zonas del

departamento (como Puerto Gaitán y Mapiripán), han intentado retomar parte del control que durante años

ejercieron, y que les fue disputado y hasta cierto punto arrebatado por la Fuerza Pública y el Erpac desde hace algo

más de cinco años1.

Por su parte, tal y como lo hicieron en su momento las Autodefensas y el Erpac, las estructuras post-desmovilización

volvieron a disputarse territorios del departamento que constituyen potenciales fuentes de recursos económicos

para desarrollar sus actividades2. Varios integrantes del Erpac que no se sometieron a la justicia posiblemente

mantuvieron los vínculos que sostenían con representantes del sector económico y político de la región, en parte

gracias al control territorial y social ejercido durante años.

En la actualidad, varios municipios del Meta atraviesan uno de sus mejores momentos económicos, debido al

dinamismo de proyectos a gran escala como la exploración y/o explotación de hidrocarburos3. Que esos nuevos

contextos económicos y militares continúen involucrando la interacción entre actores armados ilegales y el sector

petrolero del Meta, no es por lo tanto nada extraño. Es frecuente observar que algunos municipios con las mayores

expectativas de producción petrolera del Meta como Puerto Gaitán, Puerto López o San Martín, reporten los

mayores escenarios de riesgo en materia de violaciones a los derechos humanos4. Al mismo tiempo, ¿cómo explicar

que el departamento no registre un alto número de atentados en contra de las infraestructuras petroleras, aunque se

sabe de la presencia de grupos armados ilegales?

Dando continuidad al V Informe, este estudio monográfico pretende entonces realizar una aproximación tipológica al

modus operandi de los actores armados ilegales frente al sector petrolero del Meta. Después de una breve

descripción del contexto militar de los actores armados ilegales presentes en el departamento luego de diciembre de

20115, y de una mirada general del desarrollo de la industria petrolera en el departamento, el informe expone las

tipologías de interacción de los actores armados ilegales con la industria petrolera, con base en el modelo expuesto

1 A pesar de que el Plan de Consolidación Integral de la Macarena (PCIM) y la actual Política Nacional de Consolidación y

Reconstrucción Territorial han golpeado el aparato militar de las FARC en La Macarena, su tradicional zona de retaguardia

estratégica, esa agrupación sigue haciendo presencia en los municipios que la integran (La Macarena, Mesetas, Puerto Rico, San

Juan de Arama, y Vista Hermosa) (Véase por ejemplo Defensoría del Pueblo, “Informe especial de riesgo electoral –

Elecciones Regionales 2011”-, Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2011 y “Informe de Riesgo Nº 006-12 A.I”, Bogotá: Defensoría del

Pueblo, 2012, p. 4 y 9). En Vista Hermosa, donde se adelantan actividades petroleras, se presume que las FARC estarían detrás de

presiones contra una empresa canadiense (Véase adelante apartado “Cuotas de seguridad y bonificaciones económicas”). En esto

coinciden varias fuentes entrevistadas (Entrevista CITpax con líder de ONG en Villavicencio, 4 de diciembre de 2013 y en Bogotá

con funcionario, 7 de noviembre de 2012). 2 Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo Nº 006-12 A.I”, Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2012, pp. 2 y 9. 3 Desde 2005 las cifras de producción petrolera del Meta se han incrementado constantemente. Adicionalmente, las buenas

expectativas económicas del Meta también se reflejan en el impulso de la industria agrícola, forestal y de biocombustibles. Ver

infra apartado 2. 4 Ver para tal efecto los siguientes Informes de Alertas Tempranas emitidos por la Defensoría del Pueblo: “Informe de Riesgo Nº

006-12 A.I”, Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2012; “Informe de Riesgo Nº 014-11 A.I”, Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2012. 5 El sometimiento de algunos integrantes del Erpac, en cabeza de José Eberto López, alias „Caracho‟, se llevó a cabo los días 22 y

23 de diciembre de 2011.

4

por el Área de DDR del Observatorio en su último Informe6. Finalmente, se relacionan algunas medidas diseñadas

por el Estado frente a la cuestión de seguridad de la industria petrolera.

I. CONTEXTO MILITAR Y ECONÓMICO DEL META

1. Los actores armados ilegales luego del sometimiento del Erpac

A finales de diciembre de 2011, 272 hombres del Erpac, liderados por José Eberto López, alias „Caracho‟, se

presentaron ante las autoridades para someterse a la justicia. Pocos meses antes, sin embargo, la Policía estimaba que

el Erpac estaba conformado por un número muy superior de integrantes y el mismo „Caracho‟ había anunciado que

se entregaría con aproximadamente 500 de sus hombres7. Según fuentes consultadas, las diferencias numéricas

residían en la existencia de divisiones internas en el Erpac, por lo cual muchos no aceptaron entregarse;

adicionalmente, no pocos menores de edad fueron dejados en libertad por el grupo antes de su sometimiento.

Tras el sometimiento del Erpac, la región no sintió una mejora significativa en materia de seguridad. Luego del

proceso, se presume que quienes no se entregaron y algunos que fueron dejados en libertad habrían pasado a

conformar nuevas estructuras o a vincularse a las ya existentes. Además, el sometimiento generó varios vacíos de

poder en zonas donde el Erpac ejercía control territorial y social8, lo que dio lugar a tentativas de incursión de la

guerrilla a sus antiguas zonas de influencia y a disputas entre antiguos liderazgos del Erpac y otras facciones post-

desmovilización de las Autodefensas.

Dicho eso, si bien el Ejército y la Policía han logrado la captura de varios de sus cabecillas y el desmantelamiento e

incautación de arsenales con armas o laboratorios de procesamiento de coca, el pasado reciente evidencia que el

Erpac logró corromper a varios integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios del DAS9. No son pocas las fuentes10

que han manifestado cómo la estrategia de crecimiento y consolidación del Erpac pasaba, entre otros puntos, por el

pago de importantes sumas de dinero a este tipo de funcionarios para operar con relativa facilidad11. A ciencia cierta

se desconoce si esta estrategia persiste entre quienes lideran las actuales estructuras post-desmovilización con

presencia en el Meta. Sin embargo, esto es algo que no se descarta, tratándose de estructuras que operan bajo una

lógica mafiosa, heredada de „Cuchillo‟, y prolongada tras el sometimiento a la justicia del Erpac y la captura de „El

Loco Barrera‟.

a. Estructuras post-desmovilización luego del sometimiento del Erpac

Tras el sometimiento del Erpac, muchos de quienes no participaron en el proceso, dieron continuidad al modus

operandi de esa estructura, con el objetivo de llenar los espacios otrora ocupados por la estructura sometida,

6 Véase Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), “Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia”,

Bogotá, 2012, <http://www.toledopax.org/uploads/Actores_armados_ilegales_sector_extractivo.pdf> 7 “Nos vamos a someter”, en Semana.com, <http://www.semana.com/nacion/vamos-someter/167751-3.aspx>, (19.11.11) 8 Es de recordar que la influencia del Erpac se reflejaba en el control de áreas favorables para sus negocios, y un control social de

facto sobre las comunidades de diferentes municipios. En ese camino, „Cuchillo‟ y su estructura armada ilegal fueron regulando

aspectos de la vida social como la administración de justicia, perpetrando ejecuciones extra judiciales e incluso tasando

(extorsionando) las grandes y pequeñas actividades económicas. Para mayor información remitirse al informe monográfico:

Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), “¿Urnas sin Armas? Análisis del impacto de las estructuras armadas ilegales

post-desmovilización en las elecciones locales de 2011 en Córdoba, Magdalena y Meta”, Bogotá 2012,

<http://www.citpaxobservatorio.org/sitio/images/stories/Urnas_sin_armas.pdf> 9 Véase Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), “Actores Tercer Informe”, Bogotá, 2010, <

http://www.toledopax.org/uploads/Tercer_Informe_CITpax_Observatorio_DDR_Ley_Justicia_Paz_septiembre_2010.pdf > 10 Ver para tal efecto: “Cayó „Cuchillo‟, ¿ahora qué?”, en Semana.com, < http://www.semana.com/nacion/articulo/cayo-cuchillo-

ahora-que/233834-3> (8.1.11); International Crisis Group, “Desmantelar los nuevos grupos armados ilegales en Colombia:

Lecciones de un sometimiento”, en Informe sobre América Latina, nº 41, 2012, Bogotá/Bruselas, pp. 5-6; K. Johnson, “El Erpac:

¿Desmovilización, pacto o venta? (Segunda entrega), En Arco Iris, <http://www.arcoiris.com.co/2012/06/el-erpac-desmovilizacion-

pacto-o-venta-segunda-entrega/> (26.612) 11 Algunas estimaciones observan por ejemplo que „Cuchillo‟ ofreció en su momento aproximadamente $700 millones, pagos

mensuales, y ganancias de los laboratorios de coca (K. Johnson, “El Erpac: ¿Desmovilización, pacto o venta? (Segunda entrega), op.

Cit). En enero de 2012, un reportaje de La F.M señaló la existencia de una nómina conjunta manejada por „Cuchillo‟ y „El Loco

Barrera‟, en la cual periódicamente habrían destinado recursos dirigidos a policías, integrantes del Ejército, detectives del DAS,

policías, ex personeros, etc. Véase: “Los pagos de alias „el loco Barrera‟ y alias „cuchillo‟ a funcionarios públicos”, en LaF.M.com.co,

< http://www.lafm.com.co/noticias/colombia/19-01-12/los-pagos-de-alias-el-loco-bar-10>, (19.1.12)

5

mediante un ejercicio de control territorial y social, así como a través de la apropiación de las fuentes de financiación

procedentes de actividades económicas legales e ilegales12.

Algunos pasaron a engrosar las filas de una estructura conocida como „Bloque Meta‟ y otros conformaron los

„Libertadores del Vichada‟, la que ha sido considerada como disidencia del Erpac en los departamentos de Meta y

Vichada.

Si bien la Defensoría del Pueblo ha recabado información preliminar sobre el ingreso de presuntos integrantes de

Los Urabeños y Los Paisas a algunas zonas del departamento, de momento esto no ha ratificado13.

i. El ‘Bloque Meta’

Presuntamente liderado desde la cárcel por el ex jefe paramilitar del Bloque Centauros, Manuel de Jesús Pirabán alias

„Pirata‟, el llamado Bloque Meta ejerce influencia en la región del Ariari y una parte de la zona rural de Puerto

López14. Si bien algunas fuentes consideran que este grupo surgió como disidencia del Erpac por vincular a algunos de

sus ex integrantes15, otras informaciones apuntan a que esta estructura operaba desde hacía varios años de forma

independiente16 y no guarda ninguna relación con esa estructura sometida17.

Se presume en la actualidad que las disputas territoriales entre el Bloque Meta y Libertadores del Vichada, indican su

expansión a nuevas zonas del departamento18. El Bloque Meta estaría tratando de expandir su influencia19, disputando

los municipios del departamento con vacíos de poder de facto luego del sometimiento del ERPAC20. Esos

enfrentamientos demostrarían también que los acuerdos territoriales establecidos en el pasado entre el Erpac y

Bloque Meta, sobre los límites del Río Manacacías, habrían sido quebrantados21.

ii. Los ‘Libertadores del Vichada’

Martín Farfán, alias „Pijarvey‟, quien fuera en su momento el “segundo” al mando del Erpac y hombre de confianza de

„Cuchillo‟, es el actual jefe máximo de la estructura conocida como „Libertadores del Vichada‟. Esa nueva estructura

se organizó rápidamente cuando, luego de salir de la cárcel en enero de 201222, „Pijarvey‟ regresó a los Llanos

Orientales para retomar su liderazgo y rearmarse junto a otros ex integrantes del Erpac23. Recién comenzó con esta

labor, varios ex paramilitares, presuntamente pertenecientes al llamado „Bloque Meta‟, fueron asesinados o

amenazados por esta estructura armada ilegal gracias a actividades de espionaje ordenadas por „Pijarvey‟24.

12 Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo Nº 006-12 A.I”, op. Cit., p.3. 13 Defensoría del Pueblo, “Informe Especial de Riesgo sobre reclutamiento y utilización ilícita de Niños, Niñas, Adolescentes en el

Sur Oriente Colombiano: Meta, Guaviare, Guainía y Vichada”, Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2012. Pág. 40. 14 En esas zonas han sido capturados varios de sus cabecillas, como Jorge Alveiro Payoguaje, alias „Indio Chamuyoi‟.

Adicionalmente, según fuentes consultadas, desde hace varios años el Bloque Meta habría sostenido algún tipo de relación con el

esmeraldero Víctor Carranza, quien ejercía una influencia importante en la zona. Entrevista CITpax en Bogotá con funcionario, 7

de noviembre de 2012. 15 Entre ellos Rubén Caicedo, alias „Flaco Freddy‟, quien con el tiempo fue máximo jefe de la estructura. 16 Entrevista CITpax en Bogotá con funcionario, 7 de noviembre de 2012. 17 “Nos vamos a someter”, en Semana.com, op. Cit. 18 International Crisis Group, “Desmantelar los nuevos grupos armados ilegales en Colombia: Lecciones de un sometimiento”, en

Informe sobre América Latina, nº 41, 2012, Bogotá/Bruselas, p. 14. 19 Información de la Defensoría del Pueblo permite observar que esa estructura hace presencia en los municipios de Villavicencio,

Granada, San Martín, Puerto López, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto Rico, Fuentedeoro, Acacías, Vista Hermosa, Restrepo,

Barranca de Upía, Cumaral, Cubarral, Cabuyaro, El Calvario, San Juanito, El Dorado, EL Castillo, San Carlos de Guaroa, Castilla La

Nueva y Guamal. Véase Defensoría del Pueblo, “Informe Especial de Riesgo sobre reclutamiento (…)”, op. Cit. 20 Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo Nº 014-11 A.I”, op. Cit., p. 3. 21 En el pasado, „Cuchillo‟ y „Pirata‟ habrían acordado no traspasar algunos límites territoriales –específicamente en Puerto Gaitán,

Puerto López y Mapiripán -. Con la muerte del primero y el sometimiento del Erpac, se modificó la validez de los acuerdos. Véase

Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo Nº 006-12 A.I”, op. Cit., pp. 3-8. 22 „Pijarvey‟, fue capturado por las autoridades en 2009 por el delito de concierto para delinquir. Fue dejado en libertad en enero

de 2012. Se presume que antes de su salida de prisión, alias „Careto‟ era el máximo jefe de los Libertadores. 23 “Segundo de alias „Cuchillo‟ salió de la cárcel y heredó banda”, en El Tiempo, <http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-

WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11954669.html>, (17.6.12) 24 “Misión humanitaria salvó a tres „exparas‟ que iban a ser asesinados”, en El Tiempo,

<http://m.eltiempo.com/colombia/llano/misin-humanitaria-salv-a-tres-exparas-que-iban-a-ser-asesinados/11584682>, (17.4.12)

6

Las áreas de fuerte influencia de los Libertadores del Vichada abarcan los municipios de Mapiripán, Puerto Gaitán

(especialmente las zonas que limitan con Vichada), Puerto López, San Martín y Granada. Al igual que el Bloque Meta,

se encuentra en proceso de expansión25.

iii. Las disputas territoriales

Según informes de inteligencia de la Policía, el origen de la división entre el Bloque Meta y los Libertadores del

Vichada surgió por diferencias entre ex jefes de las Autodefensas y del Erpac recluidos en La Picota26, respecto a

cómo retomarían control de los llanos orientales. En la actualidad, los enfrentamientos entre ambas estructuras no

se desarrollan mediante hostigamientos ni confrontaciones directas, sino a través de asesinatos selectivos contra

integrantes del bando opositor27, en localidades limítrofes con Vichada como Puerto Gaitán28 y Puerto López y otras

zonas como Granada y San Martín29.

Ahora bien, y como lo reportan dos informes del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, el

objeto de esos enfrentamientos no se limita al control del narcotráfico30. En efecto, las zonas en disputa que no

cuentan con una presencia estatal fuerte, tienen unas características topográficas especiales, y sufren

transformaciones económicas y del uso del suelo relacionadas con la viabilidad de proyectos agropecuarios y a la

existencia de hidrocarburos31, que constituyen un aliciente para que esas estructuras busquen asegurar el control

territorial sobre las ricas y productivas tierras de esos municipios y las actividades de la población32.

b. FARC

En los municipios del departamento considerados como zonas históricas de retaguardia estratégica de las FARC -

Uribe, Puerto Rico, San Juan de Arama, Vista Hermosa, La Macarena y Lejanías-, donde la fuerza pública concentró

sus actividades en el desmantelamiento de las FARC y la recuperación del monopolio de la fuerza mediante la

implementación del Plan de Consolidación Integral de La Macarena (PCIM)33, la capacidad militar de esa agrupación

guerrillera se ha visto mermada. Sin embargo, varios frentes del Bloque Oriental siguen operando en esa región,

especialmente mediante la promoción de la resiembra de cultivos ilícitos34.

25 Según la Defensoría del Pueblo, se ha identificado la presencia de esta estructura en los siguientes municipios: Villavicencio,

Puerto López, Puerto Gaitán, Mapiripán, Puerto Concordia, Acacías, Restrepo, Barranca de Upía, Cumaral, Cabuyaro, El Calvario

y San Juanito. Véase Defensoría del Pueblo, “Informe Especial de Riesgo sobre reclutamiento (…)”, op. Cit. 26 Se presume que además de „Pirata‟, „Don Mario‟, „Venado‟ (ex jefe militar del Erpac) y el mismo „Carecuchillo‟ –hermano de

alias „Cuchillo‟–, figuran entre los nombres de ex paramilitares recluidos que apoyan a las estructuras post-desmovilización.

Véanse: S. Brodzinsky, “After Failed Demobilization, Erpac Factions Join Colombia‟s Larger War”, en In Sight Crime,

<http://www.insightcrime.org/news-analysis/after-failed-demobilization-erpac-factions-join-colombias-larger-war>, (8.6.12);

“Disidencia del Erpac, herencia militar”, en La Patria.com, < http://www.lapatria.com/nacional/disidencia-del-erpac-herencia-militar-

10680>, (21.7.12) 27 Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo Nº 006-12 A.I”, op. Cit., pp. 8-9. 28 Puerto Gaitán es una de las zonas más afectadas por las disputas entre el Bloque Meta y los Libertadores del Vichada. Allí se

han multiplicado los casos de homicidio. Todo parece indicar que desde mediados de septiembre de 2012 se lleva a cabo una

purga interna del Libertadores del Vichada, debido a una traición de alias „Calamisco‟ y „Calibre‟, antiguos hombres de „Pijarvey‟. El

primero se habría aliado con el Bloque Meta y fue capturado en enero de 2013. “Toman medias en Puerto Gaitán contra

„Pijarvey‟”, en El Tiempo, <http://www.eltiempo.com/colombia/llano/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12299061.html>,

(11.10.12). ”En plena bacanal capturan a alias „Calamisco‟, en Semana.com, <http://www.semana.com/nacion/articulo/en-plena-

bacanal-capturan-alias-calamisco/329558>, (14.1.13) 29 Véanse Defensoría del Pueblo, Informes de Riesgo Nº 0014-11 A.I y 006-12 A.I, op. Cit.; “Disidencia del Erpac, herencia

militar”, en La Patria.com, op. Cit. 30 A pesar de los reiterativos operativos de la Fuerza Pública orientados hacia el desmantelamiento del narcotráfico en sus

distintas etapas en el departamento del Meta, este negocio sigue siendo un incentivo económico muy fuerte para las estructuras

post-desmovilización y las FARC en el departamento. También se desempeñan como contratistas de seguridad y/o propietarios o

protectores de los laboratorios de cocaína. Véase: Crisis Group, “Desmantelar los nuevos grupos armados ilegales en Colombia:

Lecciones de un sometimiento”, op. Cit., p. 8. 31 Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo Nº 006-12 A.I”, op. Cit., p. 9. 32 Ibíd., p. 2. 33 El PCIM fue concebido bajo la administración de Álvaro Uribe como una “estrategia de recuperación social e institucional del

territorio […] para garantizar la presencia integral y permanente del Estado en el territorio, [y] establecer las condiciones que hagan posible

el desarrollo económico, social e institucional de esta región”. “Plan de Consolidación Integral en La Macarena”, 2008. 34 Defensoría del Pueblo, “Informe Especial de Riesgo sobre reclutamiento (…)”, op. Cit., p.17.

7

En otros municipios del Ariari y Piedemonte, donde la Fuerza Pública y el Erpac lograron replegar a las FARC –o

cuando menos reducir su número de combatientes–, la guerrilla ha intentado retomar su influencia35 y luego del

sometimiento a la justicia del Erpac, algunos de esos intentos han sido efectivos36 (como en Puerto Gaitán37,

Granada38 y Mapiripán39).

2. Proyectos de producción y exploración de hidrocarburos en el Meta

Entre las muchas actividades económicas que pasan por un momento favorable en el Meta, el sector de

hidrocarburos es quizás el de mayor dinamismo. Durante el año 2011, la Agencia Nacional de Hidrocarburos

reportó que el departamento recibió por concepto de regalías una suma de 1.020.382.055.788 de pesos40. Aunque,

gracias a la reforma del sistema general de regalías éstas se han reducido, el Meta sigue siendo uno de los mayores

receptores de esos recursos en el país. En 2011, su participación en el PIB nacional fue del 4,34%, constituyendo una

de las cinco regiones donde se concentró más de la mitad de la producción económica del país. Justamente, el mayor

porcentaje del PIB del departamento del Meta en 2011 lo constituyó el sector de explotación de minas y canteras

con una participación del 59,1%41.

Este panorama también se ha reflejado en el aumento de empresas que han decidido invertir en el sector petrolero

del Meta. A finales de agosto de 2012, frente a las seis empresas que realizaban actividades de explotación petrolera,

se encontraban 17 adicionales en etapa de exploración.

Este panorama ha repercutido en un incremento significativo de los precios de la tierra en la región de los llanos

orientales. Un reportaje de Alfredo Molano da cuenta, por ejemplo, del incremento del valor de la tierra en la

primera etapa de bonanza petrolera, derivado de la creación de nuevas vías y las crecientes expectativas de hallazgo

de petróleo42. Así, tierras que costaban $50.000 la hectárea, pasaron a costar $500.000. Luego de “restablecido el

orden”43 por parte de los paramilitares (desde los años noventa hasta inicios de los años dos mil), casi de forma

automática se dio un impulso a las compras a gran escala; la conjunción de esas dinámicas económicas explican que

los precios de la tierra en la actualidad hayan alcanzado en algunas partes del Meta cifras que rondan los $10 millones

de pesos la hectárea44.

a. Proyectos en fase de producción

Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las siete empresas que se encontraban realizando actividades de

explotación petrolera en el Meta en municipios como Puerto Gaitán, Puerto López, San Martín, Castilla la Nueva,

Barranca de Upía, Cabuyaro, Acacías, La Macarena y Villavicencio45 eran: Ecopetrol, Meta Petroleum Corp.

(subsidiaria de la canadiense Pacific Rubiales Energy), New Granada Energy Corporation (perteneciente al grupo

Sinopec de China), Hocol S.A. (perteneciente al grupo Ecopetrol), Cepsa Colombia S.A (Cepcolsa) (empresa de

origen español), Emerald Energy PLC Sucursal Colombia (de origen chino) y Petrominerales (empresa canadiense).

(Ver Tabla Anexa Nº 1 y Mapa Anexo Nº 2)

Reportes económicos estiman que la producción de hidrocarburos en el Meta durante 2012 cerró en diciembre con

un promedio diario de 469.160 barriles, esto es, un incremento del 9,4% respecto al mismo período del año

35 Esto sucede en municipios como Mapiripán, Granada, Cubarral, Fuente de Oro, Puerto Gaitán, entre otros, donde el Bloque

Oriental de las FARC venía haciendo presencia mediante actividades de inteligencia, logística, extorsiones, homicidios y

amenazando a la población civil. Véase: Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo Nº 014-11 A.I”, op. Cit., p. 4. 36 Entrevista CITpax en Villavicencio con funcionario, 12 de abril de 2012. Véanse también: Defensoría del Pueblo, Informes de

Riesgo Nº 0014-11 A.I y 006-12 A.I, op. Cit. 37 Con participación de los frentes 36, 16 y 44. 38 Defensoría del Pueblo, Informe de Riesgo Nº 0014-11 A.I, op. Cit. 39 Específicamente, con la intervención del Frente 39. 40 Ministerio de Minas y Energía y Agencia Nacional de Hidrocarburos, “Regalías giradas 2011”, en ANH,

<http://www.anh.gov.co/media/HISTORICO%20DE%20REGALIAS%20PAGADAS%202011_Octubre_incluye_desh_1.pdf> 41 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “Boletín de Prensa”, CUENTAS DEPARTAMENTALES - BASE 2005,

Resultados año 2011, 2011. 42 A. Molano, “La altillanura en crudo”, en El Espectador.com, < http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-393947-

altillanura-crudo>, (23.12.12) 43 Ibíd. 44 Ibíd. 45 Agencia Nacional de Hidrocarburos, “Mapa de Tierras”, en ANH, <http://www.anh.gov.co/es/index.php?id=1>, (29.5.13)

8

anterior46. Esos indicadores demuestran que el Meta es el principal productor de crudo del país, con una

participación del 49% en la producción nacional47.

Las principales contribuciones a la producción petrolera del departamento durante 2012 fueron realizadas desde

Campo Rubiales (con 175.969 barriles diarios), y los campos Castilla (65.935 barriles), Castilla Norte (49.554

barriles), Quifa (46.491 barriles) y Chichimene (37.603 barriles)48.

b. Proyectos en fase de exploración

Más allá de la producción actual, el departamento tiene grandes expectativas y ambiciones para el futuro. A inicios de

2013, casi la totalidad del territorio del departamento había sido concedida para la exploración petrolera49 a un total

de veintiún empresas de Colombia, Canadá, Brasil, China Corea o la India50 (Ver Mapa Anexo Nº 1 y Tabla Anexa N°

2).

II. EL MODUS OPERANDI DE LOS ACTORES ARMADOS ILEGALES FRENTE AL

SECTOR PETROLERO DEL META

El interés de los actores armados ilegales en el sector petrolero del Meta no es noticia nueva. El despojo de ricas y

productivas tierras del Meta por agrupaciones guerrilleras y paramilitares ha atendido a múltiples propósitos; uno de

los más visibles ha sido aprovechar las expectativas económicas en torno a proyectos petroleros y agroindustriales

(Véase Mapa Anexo Nº2). El Bloque Centauros de Miguel Arroyave, y más adelante el Erpac, por ejemplo, buscó

también la captación de recursos de la industria petrolera, especialmente mediante el cobro de extorsiones, el

ofrecimiento de seguridad y la captación ilegal de regalías.

En el marco de los procesos judiciales de Justicia y Paz, „versiones libres‟ de máximos jefes del Bloque Centauros,

como Daniel Rendón Herrera alias „Don Mario‟, y Manuel de Jesús Pirabán alias „Pirata‟, han dado a conocer la

creación de aparatos sofisticados diseñados para el cobro de extorsiones a todo tipo de industrias en el Meta,

Guaviare y Casanare51. Esto incluyó, por supuesto, el cobro de cuotas de seguridad a empresas multinacionales,

entre las cuales figuró presuntamente una de las más reconocidas petroleras de Casanare52, y posiblemente algunas

petroleras del Meta también53.

Actualmente, y como sucede en varias localidades del país, si bien las estructuras post-desmovilización han

prolongado parcialmente en el Meta el modus operandi heredado de las Autodefensas y el ERPAC, y las FARC

continúan desarrollando sus prácticas de siempre en torno a amenazas y extorsiones, esas prácticas se han vuelto

más sofisticadas y discretas54.

46 Banco de la República, “Boletín económico regional. Tercer Trimestre de 2012. Suroriente. Meta, Casanare, Amazonas,

Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada”, Bogotá, diciembre de 2012. Pág. 6. 47 Ibíd. 48 Ibíd. 49 San Juanito y el Calvario no figuran en los registros de la Agencia. 50 Tecpetrol Colombia SAS (empresa de origen argentino); Petronova (empresa canadiense); Montecz S.A (empresa colombiana);

SK Innovation (empresa surcoreana); Petrobras Colombia Limited (empresa de origen brasilero); Hupecol Operating Co LLC

(empresa de origen estadounidense); ONGC Videsh LTD Sucursal colombiana (empresa de origen indio); Winchester Oil and

Gas (empresa colombiana adquirida por la norteamericana GeoPark); Pluspetrol Colombia Corporation (empresa canadiense);

Maurel and Prom Colombia B.V (empresa de origen francés); Columbus Energy (empresa de origen canadiense); Grupo C&C

Energía Barbados Sucursal Colombia (de origen barbadense, filial de Pacific Rubiales Energy); Canacol Energy (empresa

canadiense); Consorcio Andes Energía Argentina S.A – Integra Oil & Gas S.A.S (empresa argentina); Emerald Energy PLC Sucursal

Colombia (empresa de origen chino, hace parte de la corporación Sinochem); BC Exploración y Producción (empresa española);

Meta Petroleum Corp. (subsidiaria de la canadiense Pacific Rubiales Energy); Ecopetrol S.A; Hocol S.A (empresa colombiana, filial

de Ecopetrol); Petrominerales Colombia LTD Sucursal Colombia (empresa de origen canadiense); New Granada Energy

Corporation (empresa de origen chino). 51 “La Dian del Bloque Centauros”, en Verdad Abierta, < http://www.verdadabierta.com/component/content/article/156-captura-

de-rentas-publicas/2237-la-qdianq-del-bloque-centauros>, (24.2.10) 52 Ibíd. 53 Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), “Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia”, op. Cit. 54 Ibíd.

9

Sobre la base del control territorial y social ejercido desde años atrás por quienes hoy integran dichas agrupaciones,

éstas han podido retomar sus prácticas pasadas frente a los sectores económicos del departamento y aprovechar

todo tipo de espacios abiertos en organizaciones comunales, administraciones locales o firmas contratistas, para

lucrarse de modo más o menos silencioso, del gran caudal económico que mueve la industria petrolera del

departamento.

En el Meta se ha identificado una participación indirecta y parcialmente discreta de los actores armados ilegales en el

sector petrolero. Contrario a la participación directa que algunos actores armados ilegales ejercieron sobre otros

sectores, como la minería de los llanos orientales55, el modus operandi de las FARC y las estructuras armadas post-

desmovilización frente a las grandes industrias, está relacionado en la actualidad principalmente con la extorsión y

asistencia en servicios de protección, y la facilitación de proyectos económicos a gran escala, mediante amenazas y

desplazamientos.

1. Extorsión y protección frente a amenazas contra la seguridad

Los municipios del Meta que cuentan con grandes inversiones económicas en el sector petrolero han sido muy

atractivos para agrupaciones guerrilleras y estructuras post-desmovilización. Mediante el cobro de extorsiones y/o

cuotas de seguridad, las FARC y las estructuras herederas del Erpac en el Meta, han logrado aprovechar las nuevas

dinámicas económicas de la región y percibir jugosas exacciones económicas56.

De una parte, después de verse obligadas a replegarse de municipios como Puerto Gaitán y Mapiripán, debido a la

presión de la Fuerza Pública y la muerte del de alias el „Mono Jojoy‟, las FARC habrían procurado retomar cierta

influencia57, incluso retornando a zonas petroleras estratégicas, donde estarían cobrando cuotas extorsivas

retroactivas, en función de los años en que estuvieron ausentes58.

Por su parte, los Libertadores del Vichada y el Bloque Meta, estarían replicando el modus operandi de las

Autodefensas y del Erpac frente al sector petrolero, en materia de extorsiones, captación ilegal de regalías,

facilitación del trabajo de las empresas, etc.59.

En aras de aprovechar las recientes dinámicas económicas de la región, esas estructuras seguirían extorsionando y

ofreciendo seguridad a empresas petroleras y agroindustriales60. No en vano, el gobierno departamental ha

reportado para 2012 un aumento de los casos de extorsión en todos los niveles comerciales del departamento61, a

tal punto que el Meta figuraba como el segundo departamento con mayor número de denuncias por extorsión62. El

foco de extorsiones se observa especialmente en las cabeceras de los municipios donde se desarrollan varios

proyectos petroleros –especialmente en San Martín y Granada–63.

Esto no parece ser fortuito. Los actores armados ilegales, al tiempo que buscan ampliar sus economías ilícitas y

posicionarse en todo el departamento, direccionan sus esfuerzos hacia zonas donde, gracias al ejercicio de un

55 Alias „Cuchillo‟ participó temporalmente como socio de la empresa Exploración y Explotación Minera del Llano Ltda., la cual

contaba con títulos de explotación de granito y otros minerales en San José del Guaviare. La creación de la compañía se remonta

a 2005 y en ella intervino además un ex gobernador del Guaviare quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el

delito de concierto para delinquir. Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), “Actores Armados Ilegales y Sector

Extractivo en Colombia”, op. Cit., p. 12. 56 Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo Nº 006-12 A.I”, op. Cit., pp. 2 y 9. 57 International Crisis Group, “Desmantelar los nuevos grupos armados ilegales en Colombia…”, op. Cit., p. 15. 58 Ibíd. 59 Un ex integrante del Erpac manifestó que su “función en la zona era asegurar el desarrollo”, refiriéndose a la supuesta relación

que dicha estructura habría sostenido con varios sectores económicos de la región, asegurando la seguridad de los proyectos

empresariales frente a la presencia de otros grupos armados ilegales. Entrevistas CITpax en Villavicencio, 24 de agosto de 2011 y

12 de abril de 2012. Asimismo, es de recordar que las AUC ofrecían servicios de protección a grandes empresarios rurales,

comerciantes, transportadores, narcotraficantes, políticos y también a empresas petroleras, a cambio de tributos “en procura de

la defensa del orden y la seguridad en los campos y poblados”. Véase: J. González, “Los paramilitares y el colapso estatal en Meta y

Casanare”, en M. Romero (editor), Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos, Bogotá: Cerec y

Corporación Nuevo Arco Iris, 2007, p. 279. 60 Entrevista CITpax en Villavicencio con representante de ONG, 3 de diciembre de 2012. 61 “Gobierno departamental admite aumento de la extorsión en el Meta. Es acción de todos los grupos al margen de la ley”, en

Notillano, <http://www.notillano.com/index.php/meta/38-meta/12824-gobierno-departamental-admite-aumento-de-la-extorsion-en-

el-meta-es-accion-de-todos-los-grupos-al-margen-de-la-ley>, (6.12.12) 62 “FARC y Bacrim pretenden revivir ola de extorsiones en el país”, en El Tiempo, <http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-

WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11205541.html>, (23.2.12) 63Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo Nº 014-11.A.I”, op. Cit., p. 9.

10

control territorial y social, puedan facilitar la realización de proyectos económicos64, ofreciendo protección a cambio

de contraprestaciones económicas.

Por esa razón, el cobro de „vacunas‟ va de la mano del ofrecimiento de protección: las cuotas extorsivas, presionadas

o relativamente voluntarias, transmiten un mensaje de garantía de seguridad –frente a acciones violentas de otros

grupos ilegales o de ellos mismos-, en tanto se pague regularmente la cuota correspondiente al grupo armado ilegal.

Varios documentos y fuentes consultadas por CITpax han revelado la supuesta prestación de servicios de seguridad a

empresarios y compañías petroleras que operan en diferentes zonas del Meta65. Mediante el pago de determinadas

cuotas, presuntos integrantes de estructuras post-desmovilización protegen a esas empresas en contra de las

FARC66.

Lo cierto es que varias fuentes consultadas en terreno encuentran el pago de cuotas extorsivas como una práctica

habitual al interior de las empresas67.

Sin embargo, hasta dónde esos aportes a los actores ilegales son presionados o voluntarios es algo difícil de

determinar y conlleva serias dificultades jurídicas68.

Independientemente de la naturaleza de las „vacunas‟, la metodología de los pagos parece ser la misma:

hipotéticamente algunas empresas –tanto petroleras como contratistas- han delegado en varios de sus trabajadores

la “responsabilidad” de pagar a los grupos, en persona, las cuotas correspondientes69.

Desde el punto de vista de los actores armados ilegales, otra de las estrategias para garantizar el pago de las cuotas

aparentemente consiste en cooptar todas las rutas de transporte de los recursos naturales, garantizando así que no

existan mayores amenazas provenientes de otros actores armados ilegales en el desplazamiento del crudo extraído70.

a. Entre la connivencia…

Hoy en día, la percepción de quienes habitan cerca de las zonas de explotación o exploración petrolera es que,

directa o indirectamente, las empresas petroleras voluntariamente siguen pagando por su protección a integrantes de

las actuales estructuras post-desmovilización. La presencia de hombres armados encapuchados ejerciendo vigilancia

cerca de campos petroleros de Puerto Gaitán, Puerto López o San Martín71, suele ser el argumento que “justifica”

tales percepciones.

Contrario a otros departamentos petroleros del país que también se desenvuelven en medio del conflicto armado, el

Meta no registra un alto número de acciones violentas contra el personal o infraestructura petrolera72. A pesar de

ser el mayor productor de crudo del país, las empresas petroleras han logrado desarrollar su trabajo de forma

comparativamente menos traumática. La pregunta es entonces ¿por qué?

En un municipio como San Martín, donde el Bloque Meta ejerce un importante control social y territorial, los

hombres armados al mando de „Pirata‟ presuntamente serían los que, en el terreno, “autorizan” y de hecho,

permiten (o no) la implementación de actividades de exploración de hidrocarburos en esa localidad. Adicionalmente,

se ha reportado que presuntamente habrían ofrecido seguridad a empresas petroleras73. Nuevamente, este tipo de

acciones estarían mediadas por el aparente pago de determinadas cuotas económicas74. Hasta el momento, allí no se

reportan amenazas o atentados contra esas empresas.

64 Ibíd., p. 11. 65 Ibíd., pp. 2-3 y 9. 66 En repetidas ocasiones, varias fuentes en terreno han expresado las denuncias de las comunidades locales de Puerto Gaitán,

según las cuales, una reconocida empresa petrolera, se habría beneficiado de la seguridad brindada en su momento por el Erpac.

Entrevistas CITpax en Bogotá y Villavicencio, 7 de noviembre de 2012 y 24-26 de agosto de 2011. 67 Entrevistas CITpax con funcionario en Bogotá, 7 de noviembre de 2012 y líder de ONG en Villavicencio, 3 de diciembre de

2012. 68 Ver por ejemplo C. González Posso, Petróleo y transformación de conflictos, Bogotá: INDEPAZ, 2012, p. 35. 69 Entrevista CITpax en Villavicencio con líder de ONG, 3 de diciembre de 2012. 70 Entrevista CITpax en Villavicencio con líder de ONG, 3 de diciembre de 2012. 71 Entrevistas CITpax en Villavicencio con integrantes de ONG, funcionarios y periodistas regionales, 24 de agosto de 2011, 12 de

abril y 3 de diciembre de 2012. 72 Algunos de los departamentos más afectados por esta situación el país son Arauca, Casanare, Nariño, Norte de Santander y

Putumayo. 73 Entrevista CITpax en Bogotá con funcionario, 7 de noviembre de 2012. 74 Entrevista CITpax en Bogotá con funcionario, 7 de noviembre de 2012.

11

De forma similar, existen rumores en Puerto Gaitán sobre supuestos paramilitares, procedentes de la región del

Urabá, que habrían llegado para custodiar la seguridad de las vías que desde el casco urbano conducen hacia un

importante campo petrolero del municipio, luego de la tensión social que acompañó las manifestaciones y paros

realizados entre agosto y septiembre de 201175.

La aparente generalidad de estas prácticas da lugar a un escenario donde mientras los actores armados ilegales sigan

presentes en el Meta, las empresas que lleguen al departamento “tienen que aprender a convivir con vecinos

incómodos como las FARC y las Bacrim”76.

b. …Y la amenaza

Sin embargo, no se puede desconocer que tras un importante número de pagos extorsivos, subyace el chantaje del

uso de la violencia. En zonas con presencia e influencia de las FARC, se encuentran algunos casos de empresas

petroleras amenazadas y presionadas por ese grupo para que cedan ante sus pretensiones extorsivas77. El pago de las

denominadas “vacunas” evita entonces posibles atentados contra su infraestructura y/o personal por parte de la

guerrilla. De allí que a juicio de algunos observadores, es apenas natural considerar que toda negativa de pago de las

empresas en el Meta, es “castigada” por las FARC mediante atentados contra la infraestructura petrolera, así como la

perpetración de secuestros a empleados y contratistas78.

Las hostilidades contra las empresas son entonces la estrategia que complementa, o mejor, “castiga” el no pago de

las cuotas extorsivas a las FARC. Pero también, internamente es consecuente con un supuesto contenido

“ideológico” de la guerrilla, en tanto se trataría de acciones de lucha contra la llegada de empresas transnacionales y

la vulneración de la soberanía nacional, representados en la operación de los grandes proyectos petroleros de la

región.

Aunque los ataques contra el sector petrolero no han sido recurrentes en el Meta, existen algunas ilustraciones.

Medios especializados en temas económicos reportaron, por ejemplo, que debido a supuestas amenazas de los

frentes 27 y 53 de las FARC contra la empresa Petrominerales en Vista Hermosa, se habrían afectado sus metas de

producción, y suspendido temporalmente las labores de exploración en julio de 201279. Sin embargo, personas

cercanas al conflicto petrolero del municipio aseguraron que la suspensión temporal del trabajo de la empresa

obedeció a las constantes movilizaciones y acciones de las comunidades de Piñalito, para expresar su desacuerdo

sobre el trabajo de la compañía canadiense en sus territorios, y no tanto a la dinámica del conflicto armado de Vista

Hermosa. Precisamente, ese contexto de conflicto habría sido argumento para que la movilización social, no en

pocas ocasiones, fuera estigmatizada y calificada como “subversiva”.

Por su parte, Pluspetrol fue objeto de la quema de un helicóptero y algunos de sus campamentos por parte del

Frente 39 de las FARC80 en el municipio de Mapiripán. Como consecuencia de esos hostigamientos, la empresa tuvo

que suspender provisionalmente su trabajo en ese municipio del sur del Meta81.

Esto no excluye la posibilidad de que las estructuras post-desmovilización, en medio de sus disputas, también puedan

participar de extorsiones coaccionadas a las empresas petroleras, como estrategia de control territorial en sus zonas

de interés estratégico. Sin embargo, fuentes primarias y secundarias suelen coincidir, en que este tipo de práctica

extorsiva, mediada por la violencia, sigue siendo principalmente un modus operandi de las FARC en el departamento

del Meta82.

75 Entrevista CITpax en Villavicencio con líder sindical, 4 de diciembre de 2012. 76 “Predios del llano en manos de grupos económicos y al margen de la ley”, en El Tiempo,

<http://www.eltiempo.com/colombia/llano/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8913502.html>, (24.2.12) 77 “Petróleo: ¿locomotora para la guerrilla?, en Arco Iris, <http://www.arcoiris.com.co/2012/03/petroleo-locomotora-para-la-

guerrilla/>, (23.3.12). 78 Entrevista CITpax en Bogotá con funcionario, 7 de noviembre de 2012. Véase también Ibíd. 79 “Petrominerales confirma suspensión temporal de exploración”, en Dataifx.com,

<http://www.dataifx.com/noticias/petrominerales-confirma-suspensi-n-temporal-de-exploraci-n>, (13.7.12) 80 “FARC incendian helicóptero de Pluspetrol en los Llanos Orientales”, en El Espectador,

<http://www.elespectador.com/articulo194636-farc-incendian-helicoptero-de-pluspetrol-los-llanos-orientales> (23.3.10) 81 “¡Boom! La guerra por el petróleo”, en Dinero.com, <http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/boom-la-guerra-

petroleo/156300> (2.8.12) 82 Véanse por ejemplo: Defensoría del Pueblo: “Informe de Riesgo Nº 006-12 A.I”, op. Cit; Defensoría del Pueblo, “Informe de

Riesgo Nº 014-11 A.I”, op. Cit.; International Crisis Group, “Desmantelar los nuevos grupos armados ilegales en Colombia:

Lecciones de un sometimiento”, op. Cit.; “Petróleo: ¿locomotora para la guerrilla?, op. Cit.

12

2. “Favorecedores” del trabajo de las empresas

El atractivo del sector petrolero para los actores armados ilegales no reside solamente en las posibilidades de

lucrarse mediante el secuestro y la extorsión. En zonas donde cuentan con un arraigado control territorial y social,

como Puerto Gaitán, Puerto López, San Martín o Granada, dichos actores pueden beneficiarse económicamente de

las rentas extractivas, al “facilitar” la llegada y operación de este tipo de industrias en el departamento. Sin necesidad

de así haberlo concertado con empresas, los actores armados ilegales pueden participar en amenazas,

desplazamientos e incluso homicidios en zonas potencialmente petroleras, despejando el camino para que las

compañías interesadas en extraer petróleo en la región, puedan asentarse y llevar a cabo sus actividades extractivas

sin mayores tropiezos.

Este modus operandi no es novedoso. Varios de los más importantes ex jefes paramilitares, en el pasado reciente se

apropiaron de un importante número de hectáreas de Mapiripán y San Martín83, de las cuales varias fueron destinadas

a grandes proyectos económicos84. Algo similar sucedió en la finca Carimagua (Puerto Gaitán) donde „Cuchillo‟

despojó 15 mil hectáreas de tierra, en la cual se ha descubierto un gran potencial petrolero y agroindustrial85. Según

investigaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro, tras la muerte de ‟Cuchillo‟, „Caracho y „Vaca Fiada‟

habrían prolongado el modus operandi del extinto paramilitar.

Algo similar también sucedería en las zonas de presencia de los Libertadores del Vichada y del Bloque Meta.

a. Desplazamiento

En varios municipios del Meta, la posible relación entre desplazamiento forzado y la facilitación de proyectos

petroleros no es tan evidente y puede ser cuando menos compleja. En municipios como Puerto Gaitán y Puerto

López, las disputas por el control territorial entre los Libertadores del Vichada y el Bloque Meta tienen lugar en

zonas con altas expectativas para la producción petrolera y agroindustrial. Esto permite suponer que una de las

metas de dichos actores es establecer cierto control previo en esas áreas para, posteriormente, presionar o negociar

con las empresas que allí se instalen.

Si ese control implica propiciar el desplazamiento de las comunidades que puedan estar allí asentadas, los actores

armados ilegales al parecer así lo harían bajo el pretexto que les sea más conveniente. Máxime, si sus disputas

involucran predios que actualmente no disponen de títulos de propiedad en regla o se encuentran en proceso de

titulación individual en zonas que fueron tituladas colectivamente a poblaciones vulnerables.

No es fortuito que el creciente interés de las empresas petroleras por las tierras de Puerto López y San Martin

comience a ser visto como una de las causales de amenazas y desplazamientos de comunidades reubicadas en

predios con títulos en común y pro indiviso en varios municipios.

En Puerto López, por ejemplo, cerca de 300 familias –la mayoría desplazadas o campesinos sin tierra– fueron

reubicadas en predios en extinción de dominio, pertenecientes a las fincas „Las Delicias‟, „Las Leonas‟, „El Rodeo‟ y

„Caballeros‟86. Según se ha ido conociendo, la factibilidad de proyectos agro-industriales o petroleros a gran escala ha

ido aumentando la presencia de actores armados ilegales en esos territorios87. En paralelo, la incursión de dichos

grupos se ha reflejado en desplazamientos y otras graves vulneraciones a los derechos humanos de quienes fueron

reubicados en los predios.

83 “Asegurado registrador que le titulaba tierras a „Cuchillo‟ en el Meta”, en El Tiempo,

<http://www.eltiempo.com/colombia/llano/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9440924.html>, (24.5.11) 84 Esto no habría sido posible sin la anuencia y asistencia de las autoridades estatales encargadas del registro de predios a nivel

local. „Cuchillo‟, a través de su red de testaferros, compró predios a bajo precio bajo presión armada. Según una investigación

conjunta de la Fiscalía y la Superintendencia de Notariado y Registro, se logró determinar que dichos predios fueron

posteriormente legalizados con la complicidad de funcionarios de notarías y oficinas de registro ubicadas en el municipio de San

Martín, donde el Erpac contaba con un importante grado de control territorial y social. Como consecuencia, resultó asegurado un

registrador de instrumentos públicos de ese municipio en mayo de 2011. 85 Las pesquisas del Gobierno sobre la apropiación ilícita de los predios, derivaron de la recuperación de 70.500 hectáreas de

tierra en la Finca Carimagua. Como parte de ese proceso, el Gobierno protocolizó y dejó en firme la revocatoria de las

resoluciones que adjudicaron estas tierras a testaferros de ex jefes paramilitares, entre ellos „Cuchillo‟. Ese territorio será

destinado a la implementación del proceso de restitución de tierras. Ministerio de Agricultura, “El Gobierno recuperó 70 mil

hectáreas para víctimas del desplazamiento y despojo y lanzó proyecto para la producción masiva de alimentos en la Orinoquía”,

en Boletín de prensa, Nº 57, Bogotá, 2011. 86 Las familias se encuentran preocupadas ante la posibilidad de perder estas tierras, debido al eventual vencimiento de términos

para la regularización de los predios por parte del Incoder. 87 Entrevista CITpax en Villavicencio con líder de ONG, 3 de diciembre de 2012.

13

Tal y como dio a conocer la Defensoría del Pueblo, varias familias beneficiarias del proceso de reubicación del

Incoder han sido desplazadas, amenazadas o asesinadas por los Libertadores del Vichada88. Otras fuentes en terreno

incluso han escuchado rumores sobre la presunta incursión de un llamado “Ejército Anti-restitución” en algunos de

estos predios, sin que hasta el momento se sepa con certeza de quiénes se trata89.

El hecho más alarmante se registró en septiembre de 2012, cuando fueron asesinados dos miembros de una misma

familia, beneficiarios del proceso de reubicación del Incoder en el predio „Las Delicias‟90, lo cual llevó al

desplazamiento de dos familias en ese período91. De forma similar, en mayo de 2011 un grupo de 31 familias

desplazadas, beneficiarias de un proceso de reubicación de Acción Social92, fueron víctimas de amenazas por parte de

presuntos integrantes de estructuras post-desmovilización, quienes las acusaron de sostener nexos con las FARC.

Los hechos condujeron al desplazamiento de la mayor parte de las familias93.

Organismos como la Defensoría del Pueblo han reportado que esas vulneraciones se desarrollan de forma

simultánea a la llegada, presión y solicitudes de compra de dichas parcelas por parte de personas y empresas

interesadas en la implementación de proyectos energéticos y agro-industriales94.

Los problemas administrativos que acompañan la titulación individual de los predios de Puerto López potencian dicha

situación. Para las familias reubicadas, la poca celeridad del Incoder en la titulación individual puede terminar

favoreciendo los intereses económicos de importantes empresas petroleras en la región95.

En suma, las actividades de los actores armados ilegales, las empresas, y algunas instituciones estatales, a simple vista

parecen favorecer en su conjunto el “despeje” de los predios para favorecer el desarrollo de proyectos económicos

a gran escala, sin necesariamente así haberlo concertado entre sí: Los primeros, mediante las acciones violentas

contra líderes; las segundas, presionando la venta de tierras; y las instituciones, con la poca eficiencia en la resolución

de las solicitudes de titulación individual.

En San Martín algo similar parece suceder. En 2007, el Incoder otorgó varias hectáreas de tierra en común y

proindiviso a desplazados (72 familias), campesinos sin tierra (86 familias) y desmovilizados (209 familias) de la región,

en un predio conocido como „Gualas‟96. Según ha alertado la Defensoría del Pueblo, se han registrado homicidios y

otras manifestaciones de violencia contra las familias beneficiarias; situación que se recrudece a medida que las

personas desplazadas denuncian y/o solicitan la individualización de sus predios97.

Aun los desmovilizados que comparten tierras con los campesinos y desplazados98, han sido víctimas de amenazas y

homicidios. En noviembre de 2010, fue asesinado Carlos Flórez Lizarazo, desmovilizado de las AUC y líder de

beneficiarios del proceso de reubicación. Paralelamente, varios líderes desplazados han sido amenazados de muerte y

otros presuntamente asesinados por desmovilizados e integrantes de estructuras post-desmovilización99.

88 “Defensor del Pueblo alerta sobre riesgo de desplazamiento forzado en Puerto Rico y Puerto Gaitán (Meta)”, en Defensoría del

Pueblo, <http://www.defensoria.org.co/red/index.php?_item=0301&_secc=03&ts=2&n=1562>, (26.10.12) 89 Entrevista CITpax en Villavicencio con líder de ONG, 3 de diciembre de 2012. 90 El 12 de septiembre de 2012, Reinaldo Rodríguez Nieto y su esposa María Graciela Parra fueron asesinados por sicarios.

Debido a que habían sido desplazados por la violencia, habían sido beneficiarios del programa de adjudicación de tierras por parte

del Incoder. “Asesinan a dos desplazados en Meta”, en Semana.com, < http://www.semana.com/nacion/articulo/asesinan-dos-

desplazados-meta/264739-3>, (14.9.12) 91 “Defensor del Pueblo alerta sobre riesgo de desplazamiento forzado en Puerto Rico y Puerto Gaitán (Meta)”, en Defensoría del

Pueblo, op Cit. 92 Actualmente esas acciones son desarrolladas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. 93 Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo Nº 006-12 A.I”, op. Cit., p. 8. 94 “Defensor del Pueblo alerta sobre riesgo de desplazamiento forzado en Puerto Rico y Puerto Gaitán (Meta)”, en Defensoría del

Pueblo, op Cit. Véase también, Defensoría del Pueblo, “Informe Especial de Riesgo sobre reclutamiento y utilización ilícita de

Niños, Niñas, Adolescentes (…) op. Cit., p. 40. Según las comunidades es preocupante la cercanía de sus tierras a grandes

proyectos económicos de empresas como La Fazenda o Bioenergy. Véase: “Restitución frustrante entre López y Gaitán”, en

Verdad Abierta, < http://www.verdadabierta.com/el-despojo/restitucion-frustrante-entre-lopez-y-gaitan>. 95 Uno de los beneficiarios del proceso de reubicación del Incoder en el predio Las Leonas manifestó haber sido abordado por

una persona desconocida mientras se disponía a pagar el impuesto predial. Esta persona le “sugirió” detener su pelea con el

Incoder y vender pronto su predio al “patrón”, pues a él “sí le titulaban rápido”. Entrevista CITpax en Villavicencio con líder de

ONG, 3 de diciembre de 2012. 96 Mediante la Resolución 1934 del 17 de diciembre de 2007. 97 Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo Nº 014-11 A.I”, Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2012, p. 5. 98 Según la Defensoría, varios desplazados han denunciado presuntas amenazas por parte de desmovilizados beneficiados por el

proceso de reubicación. Ibíd., p. 13. 99 Ibíd.

14

b. Amenazas y homicidios

La zona del departamento donde los actores armados ilegales parecen perpetrar el mayor número de amenazas y

otras acciones violentas contra quienes cuestionan el trabajo de reconocidas empresas petroleras del Meta, es

Puerto Gaitán.

Varios líderes ambientalistas, que han puesto en tela de juicio el trabajo de dichas empresas en el Municipio, fueron

por ejemplo amenazados por actores armados ilegales100. Ciertas denuncias incluso relacionan asesinatos selectivos

perpetrados en Puerto Gaitán con la realización de denuncias contra una importante empresa petrolera101.

Actualmente, ese municipio se desenvuelve en medio de un clima de zozobra generado por los Libertadores del

Vichada. Si bien de momento no existen denuncias sobre la presunta participación de dicha estructura en amenazas o

asesinatos contra líderes sociales o sindicalistas que se oponen al trabajo de las petroleras, no puede desconocerse

que en ese municipio siguen reproduciendo los mecanismos de vigilancia y control social en el casco urbano y zonas

rurales.

Es más, no se descarta que la administración del miedo en Puerto Gaitán pueda tener como uno de sus objetivos

afectar también los procesos de movilización laboral102. Justamente, a mediados de diciembre de 2012, se reportó el

asesinato, a manos de sicarios, de un sindicalista de la USO que era a su vez dirigente comunal y trabajador de la

empresa Termotécnica –compañía contratista que adelanta labores de construcción para Cepcolsa103– cerca de su

lugar de trabajo104.

c. Intermediación en conflictos entre grupos étnicos y las empresas petroleras

Con ocasión de los desencuentros y múltiples conflictos entre empresas petroleras y grupos indígenas para la

implementación de actividades de exploración en sus territorios, algunos actores armados ilegales habrían

contactado a líderes indígenas para convencerlos de facilitar el trabajo de las petroleras en sus territorios.

Según reportó una fuente local, en el sur del Meta, una estructura post-desmovilización (posiblemente los

Libertadores del Vichada) les habrían manifestado a representantes de un resguardo indígena que facilitarían su

vinculación laboral en una empresa petrolera de la zona a cambio de permitir que dicha compañía trabajara en sus

territorios y les cedieran una parte de sus sueldos105. Aparentemente esas propuestas no se concretaron, entre

otros factores, debido a la intervención de varias organizaciones de la sociedad civil y del Estado.

3. Modalidades más sofisticadas y/o indirectas de captación de recursos

Más allá de las amenazas y presiones, los actores armados ilegales del Meta, han ofrecido otro tipo de “servicios” a

las empresas petroleras, durante los últimos años. Aunque esos servicios no son del todo legales, tampoco son del

todo ilegales. Dichos actores han logrado así obtener recursos adicionales para su financiación y presionar de

distinto modo a las empresas106.

a. Provisión de seguridad al interior de la nómina de las empresas

Desde hace varios años, las comunidades que habitan localidades petroleras del Meta han manifestado que los

actores armados ilegales han estado vinculados con la seguridad de empresas petroleras de Puerto Gaitán, no sólo

como hombres encapuchados salvaguardando los intereses de terceros, sino también como presuntos integrantes de

100Entrevista CITpax en Bogotá con funcionario, 7 de noviembre de 2012. 101 Entrevistas CITpax en Bogotá y Villavicencio con funcionario y sindicalista, 7 de noviembre y 3 de diciembre de 2012. 102 Entrevista CITpax en Villavicencio con sindicalista, 3 de diciembre de 2012. 103 Específicamente en las áreas Cara-Cara y Jaguar en Puerto Gaitán. 104 “Repudio general por crimen de sindicalista en Gaitán. Min. Trabajo se pronuncia y pide claridad, en Notillano,

<http://www.notillano.com/index.php/meta/38-meta/13115-repudio-general-por-crimen-de-sindicalista-en-gaitan-mintrabajo-se-

pronuncia-y-pide-claridad>, (12.12.12) 105 Entrevista CITpax en Villavicencio con líder de ONG, 3 de diciembre de 2012. 106 Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), “Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia”, op. Cit., p.

29.

15

los cuerpos de seguridad de las empresas, como contratistas o empleados de planta107.

Así, se ha reportado la vinculación de desmovilizados en empresas contratistas que brindan seguridad a las empresas

petroleras, aun cuando existen serias sospechas de que éstos no han abandonado del todo su prontuario delictivo.

Esta situación podría haber tenido lugar en Puerto Gaitán y Vista Hermosa, según lo reportaron fuentes cercanas a

las comunidades que habitan en zonas cercanas a los campos petroleros108.

En Vista Hermosa, por ejemplo, luego de que varios líderes comunales denunciaran la persecución de un

desmovilizado que supuestamente seguía delinquiendo, y a quien vieron con el uniforme de una empresa petrolera

de la zona, la contratación de ex integrantes de grupos armados ilegales en esa compañía habría cesado.

En esa misma línea, según lo enfatizaron varias fuentes en región, actualmente las empresas petroleras de Meta son

especialmente cuidadosas en no vincular a ex integrantes de grupos armados ilegales en sus nóminas de vigilancia109.

El panorama se hace más complejo cuando desmovilizados, con un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad, son

vinculados en firmas contratistas que prestan servicios de vigilancia y seguridad a las empresas. Las cadenas de

contratación y subcontratación dificultan que las compañías petroleras ejerzan una vigilancia estricta en las nóminas

de esas firmas contratistas.

b. Administración de la oferta laboral: Trabajadores y votos cautivos

Como bien se documentó en anteriores informes del Observatorio, las Juntas de Acción Comunal de varios

municipios petroleros del Meta, constituían instancias intermediarias para la vinculación laboral de las comunidades

locales en las empresas. No obstante, varias de ellas fueron infiltradas y controladas por los actores armados

ilegales110.

Si bien hasta finales de 2011 el Erpac ejerció cierto control sobre las Juntas y sus decisiones, varias fuentes en

terreno consideran que ese modus operandi fue parcialmente reproducido por los Libertadores del Vichada y el

Bloque Meta. Es decir, las estructuras post-desmovilización continuarían vigilando a las comunidades en sus zonas de

injerencia111 e interferirían en la vinculación laboral de las empresas petroleras, gracias a que han logrado cooptar y

manipular ese tipo de espacios sociales y comunitarios.

Esto ha sido posible, en parte, gracias a que muchos de quienes no se sometieron a la justicia, reprodujeron y

prolongaron el control que el Erpac ejerció durante varios años sobre la oferta y demanda de empleo de las

petroleras en municipios como Puerto Gaitán, Puerto López, Puerto Lleras, Mapiripán, Granada y San Martín112.

Como recientemente alertó la Defensoría del Pueblo, esta práctica ha perjudicado los procesos organizativos y ha

vulnerado seriamente la autonomía de dichas instancias comunitarias, a tal punto que muchas de las decisiones que a

su interior se han tomado –entre ellas la vinculación de mano de obra a las empresas petroleras–, deben pasar por el

filtro de los grupos armados ilegales113.

Al anclar mano de obra en las empresas, las estructuras post-desmovilización apuntan a varios objetivos

simultáneamente.

En primer lugar, buscan ejercer labores de inteligencia –especialmente frente a asociaciones sindicales- y contener

todo “posible” ingreso de la guerrilla114 a los campos petroleros115. Como lo mostraron algunas cifras de la

107 Entrevista CITpax en Villavicencio con periodista local, 12 de abril de 2012. 108 Entrevistas CITpax en Villavicencio con funcionario y representante de ONG, 12 de abril y 3 de diciembre de 2012. 109 Según refirieron algunos entrevistados, inmediatamente se realizó el proceso de desmovilización de las ACMV en la zona,

implícitamente se promovió la vinculación laboral de ex combatientes a cuerpos de seguridad de empresas. Sin embargo, debido a

diversos cuestionamientos, esto debió ser suspendido del todo. Entrevistas CITpax en Villavicencio con periodista local y

representantes de ONG, 12 de abril de 2012. 110 Algo similar sucede en las organizaciones sociales del municipio, pero no en relación con los grupos armados ilegales sino con

las empresas petroleras. Según fuentes locales, la mayoría de las ONG de Puerto Gaitán reciben algún tipo de patrocinio

económico de las petroleras del municipio para visibilizar el trabajo social realizado por ellas. Entrevista CITpax en Villavicencio

con representante de ONG, 3 de diciembre de 2012. 111 Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo Nº 006-12 A.I”, op. Cit., p. 14. 112 Ibíd., p. 7. 113 Ibíd., pp. 14-15. 114 Posiciones más radicales han mencionado incluso el supuesto direccionamiento de actores armados ilegales a manifestaciones

de trabajadores contra empresas petroleras del Piedemonte en 2011. Entrevista CITpax en Villavicencio con representante de

ONG, 3 de diciembre de 2012.

16

Asociación Colombiana del Petróleo, retomadas por El Tiempo, sólo en el primer trimestre de 2012 se ejecutaron en

el Meta 16 bloqueos a la industria petrolera, posicionándose en los primeros lugares a nivel nacional en lo que

respecta a esa problemática116.

En ese escenario surgen extrañas coincidencias: Por ejemplo, cuando a inicios de octubre de 2012 se desarrollaron

varias protestas de trabajadores contra Termotécnica y Cepcolsa, reclamando un espacio de negociaciones117, se

rumoraba dentro de las asociaciones sindicales una supuesta orden emitida por presuntos integrantes de la fuerza

pública de asesinar a líderes sindicales de la región118. Además, de forma casi simultánea, se registró una escalada de

homicidios en Puerto Gaitán bajo la modalidad de sicariato, cuyas víctimas eran en su mayoría jóvenes que, según las

autoridades, habrían muerto como consecuencia de la mal llamada “limpieza social” en los barrios119.

En segundo lugar, las estructuras armadas ilegales estarían buscando presionar internamente el pago de cuotas de

seguridad y, también interferir en el direccionamiento de los recursos de inversión social de las empresas como

parecen sugerirlo algunos casos en Puerto Lleras, Mapiripán y Puerto Gaitán, donde la infiltración de las Juntas de

Acción Comunal por integrantes del Bloque Meta estaría enfocada hacia ese punto, según denuncias locales120.

Sin embargo, el panorama de interferencia de actores armados en el proceso de contratación de las empresas puede

cambiar a corto plazo debido a que los problemas de corrupción en esos espacios llevaron a la modificación del

modelo de contratación de mano de obra local en las petroleras, donde las Juntas ya no son la única instancia

intermediaria en la vinculación de mano de obra. Sumado a la infiltración de actores armados ilegales, la gobernación

departamental recopiló denuncias que vinculaban a las juntas en cobros irregulares para inscribir o emitir

certificaciones que permitan a las personas acceder a puestos de trabajo en las petroleras121. Estas medidas han

tenido eco en varios municipios del departamento122, donde se ha concebido la participación de otras instituciones y

de las mismas alcaldías en los procesos de selección de mano de obra123 (éstas últimas así habilitadas por la Ley 1551

de 2012).

Ahora bien, toda vez que el control social ejercido por las estructuras post-desmovilización logró interferir en las

rutas de contratación laboral en empresas petroleras del Meta, posicionando mano de obra que facilitara el alcance

de sus objetivos económicos, las condiciones estaban dadas para orientar ese personal hacia las urnas en las

elecciones locales de 2011.

115 Según varias versiones, personas cercanas a las estructuras post-desmovilización formarían parte de la nómina de empresas

como Hocol, Cepcolsa, y Maurel. Entrevista CITpax en Villavicencio con representante de ONG, 3 de diciembre de 2012. 116 O. Ahumada. “Van al menos 80 bloqueos del petróleo”, en El tiempo.com,

<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5422101>, (15.5.12) 117 Véanse: “Sicariato se apodera del Meta. Anoche fueron asesinadas otras dos personas. Van 15 en Gaitán y Villavicencio”, en

Notillano, < http://www.notillano.com/index.php/meta/38-meta/10114-sicariato-se-apodera-del-meta-anoche-fueron-asesinadas-

otras-dos-personas-van-15-en-gaitan-y-villavicencio>, (10.10.12); “Medidas excepcionales en Puerto Gaitán. Suspenden porte de

armas, cierre de establecimientos temprano y aumentan recompensas”, en Notillano,

<http://www.notillano.com/index.php/meta/38-meta/10187-medidas-excepcionales-en-puerto-gaitan-suspenden-porte-de-armas-

cierre-de-establecimientos-temprano-y-aumentan-recompensas>, (11.10.12); 118 Entrevista CITpax en Villavicencio con líder sindical, 4 de diciembre de 2012. 119 Entrevista CITpax en Villavicencio con líder sindical, 4 de diciembre de 2012. Adicionalmente en ese período y con mayor

fuerza en el mes de septiembre de 2012, se registró una escalada de muertes selectivas. Véanse por ejemplo: “Seguidilla de

muertes en las calles de Puerto Gaitán”, en El Tiempo, <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12261423>, (27.9.12);

“En Puerto Gaitán cada vez que se va la luz sucede un asesinato”, en Prensa Rural, <

<http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article9211>, (23.9.12). 120 Entrevista CITpax en Bogotá con funcionario, 7 de noviembre de 2012. 121 “Problemas de acueducto y petróleo dificultan elección de JAC en el Meta”, en El Tiempo,

<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12058148>, (24.7.12) 122 Por ejemplo, en Puerto Gaitán, uno de los municipios más afectados por la corrupción de las juntas e interferencia de actores

armados ilegales en los procesos de contratación, el alcalde Óscar Bolaños tomó la decisión de revocar a Asojuntas y al Comité

Empresarial (instancia creada por la juntas de acción comunal) del proceso de intermediación laboral. En su lugar, la

administración concibió la viabilidad de un convenio con el Sena para que esa institución maneje una plataforma de trabajo que

garantice la vinculación de mano de obra en las petroleras del municipio, medida que es tomada en consideración en otros

municipios petroleros del departamento. 123 Para mayor información ver: “Alcaldes habilitados para expedir certificación de residencia a potenciales trabajadores del sector

petrolero”, en Notillano, <http://notillano.com/index.php/meta/38-meta/10881--alcaldes-habilitados-para-expedir-certificacion-de-

residencia-a-potenciales-trabajadores-del-sector-petrolero>, (25.10.12); “El SENA regulará plazas de empleo en Puerto Gaitán”,

en El Tiempo, <http://www.eltiempo.com/colombia/llano/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11393961.html>,(20.3.12)

17

El Registro Único de Mano de Obra (RUMO), herramienta a través de la cual las Juntas priorizaban a los habitantes

de los municipios en vacantes de las empresas petroleras, tenía como una de sus variables de análisis, el lugar de

residencia y votación. Si una persona foránea o local había sido vinculada a la industria petrolera gracias a la acción de

un actor armado ilegal, ésta podía ser fácilmente manipulable para votar por determinados candidatos, tal y como

sucedió aparentemente en octubre de 2011124.

No es fortuito entonces que organismos como la Defensoría del Pueblo hayan alertado varias veces sobre el posible

interés de los actores armados ilegales de influir en las administraciones de municipios petroleros, mediante la

manipulación de los derechos civiles y políticos de varios sectores de la población, entre ellos los trabajadores de las

empresas petroleras125, con el objetivo de permitir la elección de candidatos afines a las estructuras o fácilmente

corruptibles en sus áreas de influencia126.

c. Seguridad a cambio de contratos

En Puerto Gaitán, según fuentes en terreno, existen presuntos acuerdos entre delegados de la seguridad de algunas

empresas petroleras con actores armados ilegales, basados en el siguiente modus operandi: los pagos

correspondientes a la “seguridad” prestada por los grupos se concretarían indirectamente a través de la entrega de

contratos para la prestación de otro tipo de servicios, mediante cooperativas fachada127.

Varias personas han denunciado que los actores armados ilegales, aprovechando que una importante parte del

transporte de crudo en la zona se desarrolla por vía terrestre128, han patrocinado presuntamente a cooperativas de

transporte, para lucrarse económicamente. Generalmente, las comunidades asocian la vinculación de algunas

cooperativas de transporte con las estructuras post-desmovilización, en la medida en que varios de sus jefes fueron

socios o establecieron aparentemente algún tipo de relación con paramilitares de la región129. Para ellas es

sospechoso que muchas personas adscritas a las cooperativas de transporte, luego de firmar contratos por

determinados montos económicos, perciban cada mes valores muy inferiores a los pactados, aun después de haber

aplicado las deducciones propias del régimen de cooperativas.

d. Captación ilegal de regalías

Toda vez que ha sido el mayor productor de hidrocarburos del país, el departamento del Meta ha recibido

importantes sumas económicas por concepto de regalías130. Tal dinamismo económico y fiscal no ha pasado

desapercibido por los actores armados ilegales.

En los municipios petroleros de la región, la captación ilegal de regalías por parte de las Autodefensas fue una

situación medianamente generalizada131. El trasfondo de esta práctica ilegal era la aplicación de acuerdos electorales

entre políticos y grupos armados ilegales, donde una vez posesionados los candidatos de su interés, éstos debían

devolver los “favores recibidos” mediante contratos, a través de los cuales pudieran entregarles una parte de

recursos de las regalías petroleras girados a los municipios.

Previo al sometimiento a la justicia del Erpac, varios de sus integrantes habían contactado a candidatos a alcaldías y

concejos municipales para financiar sus campañas, comprar votos y garantizarles su seguridad en medio de la

124 Véase: Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), “¿Urnas sin Armas?...”, op. Cit. 125 Véanse: Defensoría del Pueblo, “Informe Especial de Riesgo Electoral –Elecciones Regionales 2011-“, Bogotá, 2011 e “Informe

de Riesgo Nº 006-12 A.I”, op. Cit., p. 4. 126 Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), “¿Urnas sin Armas?...”, op. Cit. 127 Entrevista CITpax en Villavicencio con representante de ONG, 3 de diciembre de 2012. 128 El único oleoducto que opera en el Meta, sale desde Rubiales, el cual permite el transporte del crudo extraído en la cuenca de

Los Llanos por Pacific Rubiales Energy en Puerto Gaitán, hasta la terminal de exportación de Coveñas, en el Caribe. Entró en

funcionamiento en septiembre de 2009 y es conocido como Oleoducto de los Llanos (ODL). 129 Esas personas instan a quienes son propietarios de camiones a vincularse en sus cooperativas. Entrevista CITpax en

Villavicencio con representante de ONG, 3 de diciembre de 2012. 130 Esto aun cuando se han reducido las cantidades de dinero giradas al departamento, debido a la implementación del nuevo

Sistema General de Regalías. A pesar de esto, el Meta continúa siendo una de las localidades que comparativamente recibe las

mayores cantidades de recursos por concepto de regalías en el país. 131 Según ha sido documentado por diferentes estudios académicos, durante la década de los años 2000, los diferentes grupos

paramilitares que operaron en el Meta (y también en Casanare) siguieron “un patrón de acumulación y diversificación de sus ingresos

[…para lo cual] construyeron sus fuentes de financiamiento y de negocios a través de distintos mecanismos [uno de ellos], la captura de

parte de la renta petrolera, correspondiente a los entes territoriales subnacionales, por concepto de regalías […]”. Véase: J. González, “Los

paramilitares y el colapso estatal en Meta y Casanare”, op. Cit., p. 272.

18

contienda electoral. Esto aparentemente sucedió en municipios como Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Gaitán,

Puerto Lleras, San Martín y Vista Hermosa, zonas donde el Erpac ejercía un control importante.132

En el municipio de San Martín, donde el Bloque Meta ejerce desde hace años una influencia social y territorial

ostensible, la disputa electoral sostenida en 2011 reflejó una movilización de los intereses de los actores armados.

Tras ser descubierto petróleo en uno de los Pozos de Caño Sur, ubicado cerca de la cabecera municipal, los actores

armados ilegales habrían interferido en varias candidaturas, para asegurar de alguna forma que podrían beneficiarse

de la inminente llegada de regalías petroleras en los próximos años133.

Algo similar pudo suceder en Puerto Gaitán, donde el volumen de regalías giradas al municipio pudo motivar la

presunta influencia de las estructuras post-desmovilización en las campañas electorales locales134.

Sin embargo, la entrada en vigencia del nuevo Sistema General de Regalías (SGR)135desde enero de 2012 pudo

transformar de algún modo las expectativas de los actores armados ilegales en torno a este aspecto. El SGR redujo

las competencias de las administraciones locales respecto del manejo y distribución de estos recursos y otorgó

paralelamente un mayor rol al gobierno central en esta materia, con lo cual se dificulta que los actores armados

ilegales puedan apropiarse de esas rentas mediante acuerdos con los alcaldes de los municipios petroleros.

4. ¿Qué sucede en un municipio petrolero “sin conflicto armado”?

A pesar de lo anterior existen excepciones. La más representativa se encuentra en el municipio de Castilla la Nueva,

un caso especial no sólo en el departamento sino en todo el territorio nacional: A pesar de que los pozos petroleros

Castilla la Nueva y Chichimene aportan una de las mayores cantidades de crudo del país, este municipio petrolero

aparentemente no se mueve en medio del conflicto armado que lo rodea.

Este escenario no deja de generar sorpresas. Según ha documentado el proceso de Justicia y Paz, Castilla fue una de

las zonas donde ejerció influencia militar una parte del llamado Frente Meta, del Bloque Centauros de las

Autodefensas136; sin embargo, el proceso de rearme de „Cuchillo‟ parece no haber alterado de mayor forma al

municipio.

No obstante, líderes del departamento no son tan optimistas. Según percepciones, Castilla ha sido pacificada por

terceros137, y la eventual calma sólo parece indicar que todo está debidamente arreglado138 gracias a la influencia y el

orden implantado por los actores ilegales en el pasado reciente el municipio139.

Según algunos observadores, si bien el proceso de explotación petrolera de Castilla no se desarrolla en un contexto

de conflicto armado, el transporte del crudo que sale de los campos petroleros de Castilla hasta sus lugares de

destino, está siendo afectado por el eventual cobro de cuotas de seguridad a las empresas.

III. LA RESPUESTA DEL ESTADO FRENTE AL CONTEXTO DE SEGURIDAD

PETROLERA

En los últimos años, el gobierno colombiano ha venido incrementando la protección militar al sector minero-

energético, en vista de los cada vez más recurrentes atentados contra la infraestructura y el aumento de secuestros,

amenazas y extorsiones al personal de las empresas del sector140.

132 Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), “¿Urnas sin Armas?...”, op. Cit., p. 26. 133 “El fantasma de los „paras‟ en San Martín”, en Verdad Abierta, <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/63-

nacional/3628-san-martin-ibajo-el-fantasma-del-paramilitarismo/> (27.10.11) 134 Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), “¿Urnas sin Armas?, op. Cit., pp. 32-33. 135 Mediante el Acto Legislativo Nº 005 de 2011. 136 “El Frente Meta, La „célula‟ del Centauros”, en Verdad Abierta, <http://www.verdadabierta.com/nunca-

mas/index.php?option=com_content&id=3989>, (26.4.12) 137 Entrevista CITpax en Villavicencio con líder de ONG, 3 de diciembre de 2012. 138 Entrevista CITpax en Bogotá con funcionario, 7 de noviembre de 2012 139 Otras fuentes consultadas consideran sospechosa la calma de municipio, toda vez que allí se asentaron, presuntamente, varios

hombres que estuvieron al mando de alias „Soldado‟, ex jefe militar del Erpac recluido. Entrevista CITpax en Bogotá con

funcionario, 7 de noviembre de 2012. 140 A nivel nacional, durante los primeros diez meses de 2012, se incrementaron en un 38 % los actos de sabotaje contra la

infraestructura económica. Los atentados contra oleoductos se incrementaron en un 173%. Véase Dirección de Estudios

19

Estas medidas se condensaron en el Plan de Guerra Espada de Honor141, la nueva estrategia de seguridad y defensa

del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la cual comenzó a desarrollarse en enero de 2012 y con vigencia de

dos años142. El Plan se desarrolla en diez zonas del país donde las agrupaciones guerrilleras y estructuras post-

desmovilización han concentrado la mayor parte de sus acciones bélicas, una de las cuales es el departamento del

Meta.

1. El Plan Espada de Honor frente a la industria petrolera en el Meta

Como parte del Plan, el gobierno desplegó un importante número de efectivos en los campos Rubiales y Quifa

(Puerto Gaitán), que entraron a conformar el Batallón Especial Energético y Vial N° 15143. Adicionalmente, se previó

el refuerzo de las unidades de Policía del municipio.

Ahora bien, aunque en otras zonas del país la implementación del Plan Espada de Honor impulsó retaliaciones de las

guerrillas, especialmente contra la infraestructura de los proyectos minero-energéticos, en el Meta sin embargo, no

fue así; durante 2012 no se reportaron secuestros o atentados contra la infraestructura petrolera o el personal de

las empresas en el departamento. No obstante, no es descartable que esto pueda suceder, especialmente si se prevé

la conformación de un batallón de similares características en zonas donde las FARC aún cuentan con algún tipo de

fortaleza (por ejemplo en Vista Hermosa). Como lo contemplaron varios generales al analizar los riesgos de la

implementación del plan, “la reacción más lógica de la guerrilla sería intensificar sus ataques contra la infraestructura

productiva del país, buscando atomizar la acción de las tropas y crear un clima de malestar en la opinión” 144.

2. Implicaciones de la militarización en los campos petroleros

En Puerto Gaitán la fuerza pública ha sido objeto de quejas por parte de los trabajadores, respecto a presuntos

atropellos contra los derechos sindicales. La percepción de varios sindicalistas es que la represión de los conflictos

laborales ha dado lugar a extralimitaciones en las funciones de varios integrantes de la fuerza pública, a tal punto que,

varios militares y policías estarían supuestamente implicados en detenciones arbitrarias, intentos de desaparición y

amenazas145.

Por su lado, la USO ha denunciado que algunos militares estarían patrullando los campos en motos sin placas, con

cascos y uniformes sin ningún tipo de identificación146. Otras asociaciones sindicales, reportaron también que ciertos

militares habrían sido invitados por las empresas a realizar labores de inteligencia al interior de los campos

petroleros147.

Debido a esto, algunos consideran que la primera fuente de amenazas contra el movimiento sindical y todo aquel que

cuestione el trabajo de las empresas petroleras en el municipio, no proviene tanto de los actores armados ilegales de

la zona, como de la supuesta actuación irregular de algunos integrantes del Ejército o la Policía de la zona148. Si bien

no descartan que integrantes de las estructuras se hayan vinculado a las empresas o realicen labores de vigilancia,

Estratégicos y Grupo de Información Estadística, “Logros de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad –

octubre de 2012”, en Ministerio de Defensa, Bogotá, 2012, p. 37. 141 El Plan de Guerra Espada de Honor es una re-ingeniería de las estrategias de seguridad y defensa del Gobierno nacional,

enlazada con al Plan Nacional de Desarrollo y la Política Integral de Seguridad y Defensa. En el marco del Plan se re diseñaron los

mecanismos para atacar a las agrupaciones guerrilleras y las llamadas “bandas criminales”. 142 En palabras del General Navas, la campaña “Espada de Honor” “es una estrategia de vocación ofensiva, conjunta y focalizada,

con acompañamiento interinstitucional”. “Mantener la fe en la causa”, en Seguridad & Democracia, N° 003, mayo-agosto, 2012, p.

8. 143 Los Batallones Minero-Energéticos (11 en total en el país y con perspectiva de aumentarse en número), están anclados a las

Fuerzas de Tarea diseñadas por el Plan Espada de Honor. 144 Véase “¡Boom! La guerra por el petróleo”, en Dinero.com, op. Cit. 145 Según mencionaron varios entrevistados, en 2011 algunos trabajadores sindicalizados de una empresa petrolera de Puerto

Gaitán fueron objeto de un atentado, perpetrado por un supuesto integrante de la Policía de la zona, quien portaba uniforme,

pero no distintivos. En otro caso un trabajador sindicalizado del campo Cara-Cara, -operado por la empresa CEPCOLSA-, habría

sido detenido arbitrariamente por efectivos del Batallón Energético y Vial Nº 15 e integrantes de inteligencia de la Policía.

Entrevistas CITpax en Villavicencio con sindicalistas de empresas petroleras del Meta, 3 y 4 de diciembre de 2012. 146 Unión Sindical Obrera (USO), “Comunicado a la opinión pública”, en Prensa USO,

<http://www.usofrenteobrero.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4797:comunicado-a-la-opinion-

publica&catid=43:boletin-junta>, (26.8.12) 147 Entrevista CITpax en Villavicencio con sindicalista, 4 de diciembre de 2012. 148 Entrevistas CITpax en Villavicencio con integrantes de ONG y sindicalista, 3 y 4 de diciembre de 2012 y 3 de mayo de 2013.

20

para ellos es preocupante que proliferen las amenazas contra sindicalistas y otros habitantes del municipio, a pesar

de la gran militarización desplegada en su territorio149.

El Plan de Consolidación Integral de La Macarena (PCIM), constituyó la estrategia de recuperación social e

institucional de los municipios que integran esa región150, mediante la acción conjunta de la fuerza pública, la justicia y

demás instituciones estatales, para garantizar la presencia del Estado y establecer condiciones propicias para el

desarrollo económico, social e institucional151. Su implementación en municipios cuya industria petrolera pasa por un

momento favorable, despertó críticas en torno a su fuerte componente militar152. Si bien el Plan fue efectivo en

reducir las áreas sembradas con coca y mejorar las condiciones de seguridad (replegando al Bloque Oriental de las

FARC), fue asimilado por las comunidades como una prolongación del esquema de protección y defensa de las

empresas petroleras, específicamente de aquellas que se desempeñan en el municipio de Vista Hermosa153. Tal y

como sucede en Puerto Gaitán, en Vista Hermosa se han reportado presuntos abusos de autoridad de la fuerza

pública y la estigmatización de los habitantes rurales, quienes han sido señalados como supuestos guerrilleros de las

FARC que entorpecen el trabajo de las empresas petroleras154.

Esa percepción no se ha transformado luego de los cambios introducidos por la administración Santos en la Política

Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT). Las actividades de consolidación en esta zona del

país155, apuntan desde 2011 hacia la creación de las capacidades institucionales requeridas para asegurar el acceso y

protección de los derechos fundamentales156. Si bien su objetivo principal se define precisamente en clave de

derechos constitucionales, persisten denuncias de defensores de derechos humanos sobre supuestas dinámicas

irregulares de la actual estrategia de consolidación. Algunas de ellas se refieren por ejemplo a la supuesta connivencia

–o tolerancia– de militares de Vista Hermosa frente a la aparición de reconocidos paramilitares y otros hombres

armados de civil cerca de las zonas petroleras, así como hechos de corrupción entre varios integrantes de la fuerza

pública157.

IV. CONCLUSIONES

El buen momento de la industria de hidrocarburos en el Meta sigue ofreciendo importantes oportunidades

económicas para todos los actores armados ilegales. Actualmente, éstos privilegian un modus operandi más discreto y

sofisticado frente al sector económico de la región, toda vez que procuran no llamar la atención de las autoridades.

De una parte, las FARC siguen extorsionando toda la cadena de producción y transporte de hidrocarburos – donde

las principales víctimas siguen siendo contratistas y trabajadores de las empresas. Si bien esa agrupación ha sufrido

fuertes golpes de la fuerza pública y se ha visto obligada a replegarse, sigue conservando algún tipo de control en sus

zonas de retaguardia estratégica.

De forma similar, los reacomodos y disputas entre los Libertadores del Vichada y el Bloque Meta expresaron el

interés de dichas estructuras de controlar zonas con altas expectativas para la producción petrolera y agroindustrial,

desplazando comunidades vulnerables y amenazando o asesinando a líderes, para facilitar el despeje de zonas

económicamente estratégicas.

149 Entrevistas CITpax en Villavicencio con sindicalistas, 3 y 4 de diciembre de 2012. 150 San Juan de Arama, Puerto Rico, Vista Hermosa, Uribe, Mesetas y La Macarena. 151 Presidencia de la República y Centro de Coordinación de Acción Integral, “Plan de Consolidación Integral de la Macarena”,

Bogotá, 2008. 152 En términos generales, la implementación del PCIM en el departamento del Meta estuvo acompañado de diversas falencias. Sus

programas no fueron consultados con las comunidades locales, no tomaban en cuenta las condiciones físicas del territorio y no

tenían el acompañamiento técnico requerido para la implementación de medidas de transición. Véase: 152 Defensoría del Pueblo,

“Informe Especial de Riesgo sobre reclutamiento (…)”, op. Cit., p. 17. 153 Entrevistas CITpax en Villavicencio con defensores de derechos humanos, 3 de mayo de 2013. 154 Entrevista CITpax en Villavicencio con defensor de derechos humanos, 3 de mayo de 2013. 155 Además de retomar los municipios focalizados por el PCIM, la PNCRT involucra zonas del Caquetá, como Cartagena del

Chairá, San Vicente del Caguán y La Montañita. 156 La PNCRT tiene como fundamento la seguridad territorial; apunta hacia la generación de capacidades locales y se fundamenta

en tres columnas: (a) institucionalización del territorio; (b) participación ciudadana y buen gobierno e (c) integración regional.

Véase: “Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial”, en Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial,

<http://www.consolidacion.gov.co/?q=content/pol%C3%ADtica-nacional-de-consolidaci%C3%B3n-y-reconstrucci%C3%B3n-

territorial> 157 Entrevista CITpax en Villavicencio con defensor de derechos humanos, 3 de mayo de 2013.

21

Dichas estructuras también lograron aparentemente interferir en los procesos de vinculación de mano de obra a las

empresas e incidir en las elecciones locales de varios municipios, posiblemente para apropiarse ilegalmente de las

regalías que la nación gira al departamento. Asimismo, se presume que algunos de sus integrantes (desmovilizados de

las AUC con un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad), fueron vinculados a los órganos de seguridad de algunas

empresas o de empresas contratistas, para mantenerlas al margen de la interferencia de otros actores armados

ilegales. También habrían patrocinado la conformación de empresas fachada de transporte, para percibir la

retribución económica por sus servicios de seguridad.

En ese camino se han tejido interacciones –algunas hostiles y otras más o menos conniventes– entre los actores

armados ilegales y algunas industrias petroleras del Meta. Sin lugar a dudas, esto ha tenido efectos sobre las

comunidades locales, los trabajadores de las petroleras y en ciertas oportunidades sobre la aplicación de las políticas

de restitución de predios en zonas donde se desarrollan importantes megaproyectos económicos.

Todas esas amenazas a la seguridad han dado lugar al despliegue de un alto número de efectivos para proteger la

infraestructura. Sin embargo, a pesar de la gran militarización y el aumento de las unidades policiales, esas zonas

siguen siendo un foco importante de sicariato, extorsiones, desapariciones y amenazas.

El reto para las autoridades consiste no sólo en militarizar las zonas de extracción y exploración petrolera de la

región. En paralelo, es necesario comprender que tanto la guerrilla como las estructuras armadas ilegales post-

desmovilización han dado continuidad a órdenes sociales instaurados desde hace años en municipios del

departamento, lo cual ha favorecido que se beneficien económicamente, de forma más sofisticada y menos visible, del

boom petrolero en la región. Un futuro acuerdo de paz con las guerrillas permitiría probablemente reducir el nivel de

amenazas y ataques en contra del sector extractivo del departamento. Sin embargo, el problema no desaparecerá si

no se desmantelan también las oscuras y complejas redes de influencia económica de los demás actores armados

ilegales.

22

ANEXOS

MAPA N° 1

Mapa de Tierras de la industria petrolera en el Meta hasta enero de 2013

Para consultar cuáles empresas se ubican en el departamento, consultar Tablas Anexas Nº 1 y Nº 2 según el ID del contrato

Fuente: Mapa adaptado por CITpax según el “Mapa de Tierras” nacional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

23

MAPA N° 2

Empresas petroleras en fase de Explotación en el Meta y presencia de actores armados ilegales en

Meta

Fuente: Mapa elaborado por CITpax según información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos e información del

Informe Especial de Riesgo de la Defensoría del Pueblo sobre Reclutamiento y Utilización Ilícita de Niños, Niñas,

Adolescentes en el Sur Oriente Colombiano: Meta, Guaviare, Guainía y Vichada

24

TABLA ANEXA N° 1

Contratos de producción petrolera en el Meta hasta agosto de 2012

ID Contrato Operadora Cuenca Estado Municipios

19 Cabiona

(Cabiona B)

New Granada

Energy Corporation

LLA E&P en

Producción

Puerto Gaitán

48 Corcel A

Corcel C

Corcel D

Boa

Corcel E

Petrominerales

Colombia LTD

Sucursal Colombia

LLA E&P en

producción

Barranca de Upía

91 Guarrojo

(Ocelote)

Hocol S.A LLA E&P en

producción

Puerto Gaitán

130 OMBU (Capella) Emerald Energy PLC

Sucursal Colombia

Área de

Explotación

La Macarena

159 Guatiquía

Candelilla

Petrominerales

Colombia LTD

Sucursal Colombia

LLA E&P en

producción

Cabuyaro

2057 Caracara Cepsa Colombia S.A

Cepcolsa

LLA Producción en

asociación con

ECP

Puerto Gaitán

(Antes del río

Manacacías, límite

con Puerto López)

2201 Apiay Ecopetrol S.A LLA Convenio de

explotación

Villavicencio

2202 Cubarral Ecopetrol S.A LLA Convenio de

explotación

Castilla la Nueva y

Acacías

2402 PIRIRI Meta Petroleum

Corp.

LLA Producción en

asociación con

ECP

Puerto Gaitán

2214 Camoa Ecopetrol S.A LLA Convenio de

explotación

San Martín (sur)

2216 Valdivia –

Almagro

Ecopetrol S.A LLA Convenio de

explotación

Puerto López

2399 Rubiales Meta Petroleum

Corp.

LLA Producción en

asociación con

ECP

Puerto Gaitán

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos

TABLA ANEXA N° 2

Contratos de exploración petrolera en el Meta hasta agosto de 2012

ID Contrato Operadora Cuenca Estado Municipios

11 SANGRETORO Canacol Energy

Colombia S.A

CAG

PUT

Exploración con

ANH

La Macarena

13 LOS

PICACHOS

Hupecol

Operating Co

LLC

CAG

PUR

Exploración con

ANH

La Macarena

14 MACAYA Hupecol

Operating Co

LLC

CAG

PUT

Exploración con

ANH

La Macarena

19 Cabiona New Granada

Energy

Corporation

LLA Exploración con

ANH

Puerto Gaitán

26 CPE-6 Meta Petroleum

LTD

LLA Exploración con

ANH

Puerto Gaitán

Mapiripán

25

48 Corcel Petrominerales

Colombia LTD

Sucursal

Colombia

LLA Exploración con

ANH

Barranca de Upía

Cabuyaro

52 Caño Sur Ecopetrol S.A LLA Exploración con

ANH

Castilla la Nueva

Fuente de Oro

Lejanías

Puerto López

San Martín

Puerto Gaitán

Mapiripán

Vista Hermosa

El Castillo

Granada

Puerto Concordia

Puerto Rico

San Carlos de Guaroa

Puerto Lleras

San Juan de Arama

75 Las Garzas New Granada

Energy

Corporation

LLA Exploración con

ANH

Puerto Gaitán

91 Guarrojo Hocol S.A LLA Exploración con

ANH

Puerto Gaitán

130 Ombu Emerald Energy

PLC Sucursal

Colombia

CAG

PUT

Exploración con

ANH

La Macarena

135 COCLI Hocol S.A LLA Exploración con

ANH

Puerto Gaitán

143 Río Ariari Petrominerales

Colombia LTD

Sucursal

Colombia

LLA Exploración con

ANH

Puerto Lleras

Puerto Concordia

Mapiripán

Puerto Rico

San Juan de Arama

Vista Hermosa

144 Chigüiro Oeste Petrominerales

Colombia LTD

Sucursal

Colombia

LLA Exploración con

ANH

San Martín

Puerto López

149 Chigüiro Este Petrominerales

Colombia LTD

Sucursal

Colombia

LLA Exploración con

ANH

San Martín

Puerto López

153 Sabanero Maurel and Prom

Colombia B.V

LLA Exploración con

ANH

Puerto Gaitán

159 Guatiquía Petrominerales

Colombia LTD

Sucursal

Colombia

LLA Exploración con

ANH

Cabuyaro

169 Cerrero Petrobras

Colombia

Limited

LLA Exploración con

ANH

Barranca de Upía

Cabuyaro

212 SERRANIA Hupecol

Operating Co

LLC

CAG

PUT

Exploración con

ANH

La Macarena

222 Cabrestero Cepsa Colombia

S.A Cepcolsa

LLA Exploración con

ANH

Cabuyaro

225 CPO-2 Pluspetrol

Colombia

Corporation

LLA Exploración con

ANH

Puerto Gaitán

26

226 CPO-3 Pluspetrol

Colombia

Corporation

LLA Exploración con

ANH

Puerto Gaitán

227 CPO-4 SK Innovation LLA Exploración con

ANH

Cabuyaro

Puerto López y

Cumaral

Restrepo

Villavicencio

228 CPO-8 Ecopetrol S.A LLA Exploración con

ANH

Puerto Gaitán

229 CPO-10 Ecopetrol S.A LLA Exploración con

ANH

Villavicencio

Acacías

San Carlos de Guaroa

Castilla la Nueva

San Martín

Puerto López

230 CPO-11 Ecopetrol S.A LLA Exploración con

ANH

Puerto López

San Martín

231 CPO-17 Hocol S.A LLA Exploración con

ANH

Puerto Rico

Mapiripán

Puerto Lleras

Concordia

235 CPO-1 Meta Petroleum

Corp.

LLA Exploración con

ANH

Puerto Gaitán

236 CPO-12 Meta Petroleum

Corp.

LLA Exploración con

ANH

San Martín

Puerto López

Puerto Gaitán

237 CPO-14 Meta Petroleum

Corp.

LLA Exploración con

ANH

Puerto Gaitán

242 CPO-5 ONGC Videsh

LTD Sucursal

colombiana

LLA Exploración con

ANH

Barranca de Upía

Puerto López

246 CPO-6 Tecpetrol

Colombia SAS

LLA Exploración con

ANH

Puerto López

Puerto Gaitán

247 CPO-7 Tecpetrol

Colombia SAS

LLA Exploración con

ANH

Puerto Gaitán

248 CPO13 Tecpetrol

Colombia SAS

LLA Exploración con

ANH

Puerto Gaitán

250 TINIGUA Petronova

Colombia

CAG

PUT

Exploración con

ANH

Uribe

251 CPO-9 Ecopetrol S.A LLA Exploración con

ANH

Villavicencio

Acacías

Guamal

Castilla la Nueva

Lejanías

San Martín

El Dorado

El Castillo

Cubarral

Granada

255 LLA 31 Petrominerales

Colombia LTD

Sucursal

Colombia

LLA Exploración con

ANH

Barranca de Upía

258 LLA 36 Montecz S.A LLA Exploración con

ANH

Acacías

Villavicencio

271 LLA 34 Winchester Oil

and Gas

LLA Exploración con

ANH

Cabuyaro

291 LLA 30 Columbus Energy

Sucursal

LLA Exploración con

ANH

Puerto Gaitán

27

Colombia

324 CPO 16 Hocol S.A LLA Exploración con

ANH

Vista Hermosa

340 LLA 59 Petrominerales

Colombia LTD

Sucursal

Colombia

LLA Exploración con

ANH

Cumaral

Villavicencio

366 LLA 58 Hupecol

Operating Co

LLC

LLA Exploración con

ANH

Puerto López

373 LLA37 Ecopetrol S.A LLA Exploración con

ANH

Acacías

Villavicencio

393 LLA 65 Hocol S.A LLA Exploración con

ANH

San Martín

402 LLA 2 Consorcio Andes

Energía Argentina

S.A – Integra Oil

& Gas S.A.S

LLA Exploración con

ANH

Puerto Gaitán

403 LLA 28 Consorcio Andes

Energía Argentina

S.A – Integra Oil

& Gas S.A.S

LLA Exploración con

ANH

Puerto Gaitán

405 LLA33 BC Exploración y

Producción

LLA Exploración con

ANH

San Martín

411 LLA 66 BC Exploración y

Producción

LLA Exploración con

ANH

Puerto López

415 LLA 83 Grupo C&C

Energía Barbados

Sucursal

Colombia

LLA Exploración con

ANH

Puerto Gaitán

2064 QUIFA Meta Petroleum

Corp.

LLA Exploración en

asociación con

ECP

Puerto Gaitán