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155La inversión extranjera directa y los conflictos ambientales locales en Venezuela

HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades

Cuadernos del Cendes / Año 17. Nº 43 • Segunda época • enero-abril, pp. 155-196

La inversión extranjera directay los conflictos ambientaleslocales en Venezuela*

Marianela Carrillo

Resumen

En este artículo se analiza la incidencia de los flujos de inversión extranjera directa (IED) en lassituaciones de conflicto ambiental que entre 1996 y 1998 se presentaron en Venezuela. Sobre labase de la determinación de las principales tendencias de la IED en el ámbito mundial, de Amé-rica Latina y el Caribe, se analizan los conflictos ambientales más significativos que se presenta-ron en el país en ese período. Se busca determinar si la política de apertura comercial (petrolera,minera, forestal, privatización) del Estado venezolano, tuvo incidencia en la conformación deconflictos ambientales. Los casos analizados fueron los de Imataca, Perijá, Delta del Orinoco,plantaciones forestales en Portuguesa, Los Pijiguaos, Complejo Petrolero de Jose, pasivos am-bientales de las empresas del aluminio y los derrames petroleros en los estados Zulia (Lago deMaracaibo), Anzoátegui y Monagas.

Palabras Clave s: Inversión Extranjera Directa (IED) / Conflictos ambientales / Políticasde reestructuración económica / Ambiente.

Abstract

In this article the incidence of the flows of direct foreign investment (IED) is analyzed in the situationsof environmental conflict that were present in Venezuela between 1996 and 1998. On the base ofthe determination of the main tendencies of the IED in the world sphere, of Latin America and theCaribbean, the most significant environmental conflicts that were presented in the country in thatperiod are analyzed. It was looked for to determine if any commercial opening policy (oil company,mining, forest, privatization) of the Venezuelan State, had any incidence in the conformation ofenvironmental conflicts. The cases analyzed were those of Imataca, Perijá, Delta of the Orinoco,forest plantations in the state of Portuguesa, The Pijiguaos, Oil Complex of Jose, environmentalpassives of the aluminum companies and the oil spills in the states of Zulia (Lake of Maracaibo),Anzoátegui and Monagas.

Key Words: Direct foreign investment / Environmental conflicts / Restructuring economicpolicies / Environment

Recibido: 14.02.2000 ♦ Aprobado: 27.04.2000

* Este artículo es una revisión ampliada y actualizada de la ponencia «Inversión ExtranjeraDirecta en Venezuela. Tendencias de un nuevo patrón de ocupación» presentada en el IVSeminario Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y

156 Marianela Carrillo


Introducción

El concepto de globalización generalmente es entendido como el conjun-to de procesos de interacción e interdependencia que se producen entre loselementos del sistema mundial, ahora no sólo constituido por los países, sinotambién por las regiones, organismos internacionales, empresas transnacionales,movimientos sociales, organizaciones públicas y privadas. Pero es importanterecordar que no sólo es un proceso económico sino también social, político ycultural.

Uno de los hechos más relevantes de la globalización, es la existenciacada vez más numerosa de situaciones de «glocalización», es decir, dinámicasdonde en espacios locales se originan impactos por la incidencia de los proce-sos asociados directamente a la globalización. En referencia al aspecto am-biental, se señala: «la globalización de lo local, es la responsable de la destruc-ción del medio ambiente, la cual es soportada en la casi totalidad de los casos,por sectores subordinados en el escenario de las relaciones de poder global»(Ortiz, 1997:22).

La inversión extranjera directa es uno de los elementos que más clara-mente permite «medir» las relaciones entre los elementos del sistema global(países, empresas transnacionales, organismos privados, etc.), ya que es unode los más visibles de este proceso y el que cuenta con una mayor informaciónestadística. La Cepal señala: «la IED es claramente uno de los ejes centralesdel proceso de globalización, es decir, la tendencia a largo plazo hacia unmercado mundial único» (Cepal, 1998:70). Por su parte la Organización Mun-dial de Comercio (OMC), señala que los flujos mundiales de IED se han veni-do incrementando en forma sostenida, y que entre 1985 y 1995 pasaron de60.000 millones de US$ a más de 300.000 millones de US$. Los protagonis-tas principales de este proceso son las empresas transnacionales (ET); en estesentido se estima que dos tercios del comercio mundial corresponden a tran-sacciones donde participan las ET.

Una proporción cada vez más importante de los crecientes flujos de IEDestá orientada hacia los países en desarrollo, hacia los cuales se dirigió en1997 el 38% de los flujos mundiales. De esta inversión, la mayor proporción lacontinúa concentrando Asia, que representa el 53%; América Latina y el Ca-ribe representan el 44%, pero con un crecimiento del 50% con respecto al añoanterior.

En la dinámica de los flujos de IED, algunos autores señalan que en Amé-rica Latina y el Caribe, principalmente en el caso de países con «economíasextractivas», la globalización y especialmente la aplicación de políticas de rees-



tructuración económica (PRE) fundamentalmente han servido para propiciar elllamado proceso de «reprimarización de la economía» (Lacabana, 1998:29). En talsentido se señala que las PRE han significado para los países de la región « expandire intensificar la extracción de los recursos naturales a ser comercializados en losmercados internacionales. Esto es compatible con los tipos de cambio de políticaaplicados, incluyendo la eliminación de barreras a los flujos de capital, el estímulo ala expansión del sector de exportaciones y la reducción de la capacidad reguladoradel Estado en lo relativo al manejo de los recursos naturales. Bajo estas condiciones,los impactos ambientales han sido bastante perjudiciales y todo indica que estosefectos negativos serán acumulativos» (Reed, 1996:338, destacado nuestro). Conrespecto a este proceso de «reprimarización de la economía es importante resaltarque para 1997 América del Sur era la región del mundo que captaba más inversiónen minería (Cepal, 1997:5). A esta inversión, señala la Cepal, hay que sumar losimportantes flujos de IED en el sector de hidrocarburos (petróleo especialmente)que en Venezuela y Colombia se están produciendo en los últimos años.

Específicamente Venezuela en la década de los noventa ha venido pre-sentando un incremento moderado pero sostenido hasta 1997 de los ingresosde IED hacia la minería. Entre 1979 y 1992 la IED hacia este sector fue deescasamente el 0,5% del total percibido y en 1997 esta proporción llegó almáximo histórico de 17,2%. En cuanto al sector de hidrocarburos, un indica-dor de los importantes flujos de inversión que se captaron por esta modalidad,es el hecho de la inversión dirigida entre 1996 y junio 1998. En este lapso secaptó en dos de las ocho modalidades de la Apertura Petrolera una inversiónde 2.344 millones de US$, monto que representó un poco más del 40% de lainversión global captada por el país en ese mismo período1 .

Paralelamente a la entrada de estos importantes flujos de IED se dieronmúltiples situaciones de conflicto ambiental en distintos estados del país. Laprensa nacional ha reseñado casos como los de Imataca (minería/bosques),de Perijá (carbón/petróleo), del sur de Anzoátegui y Monagas (petróleo), delDelta del Orinoco (petróleo), de San Francisco - Zulia (minería), del Lago deMaracaibo - Zulia (petróleo), de Canaima (tendido eléctrico), entre otros. Enestos conflictos ambientales un elemento común fue que se sucedieron debidoal desarrollo (inicio o reinicio) de un proyecto total o parcialmente financiadoy/o ejecutado por una o más empresas internacionales. En pocas palabrasproyectos de IED.

Territorio. Bogotá, abril de 1997.1 Entre 1996 y 1998 según cifras de Conapri la inversión global en Venezuela fue de 6.039



Políticas de reestructuración económica

La globalización ha obligado a modificar los paradigmas que hasta ladécada de los ochenta constituyeron las directrices que orientaron el desarro-llo de los países. En el caso de América Latina y el Caribe, entre los años 30 ymediados de los 80 el paradigma del modelo de desarrollo estaba basado enun enfoque endógeno, de sustitución de importaciones, con fuerte intervencio-nismo estatal y con controles de precios. A partir de 1982, con la crisis de ladeuda de México, se inicio en el ámbito continental una crisis de este modeloque tuvo como elemento común los altísimos niveles de deuda externa y lasdifíciles condiciones de pago. Paulatinamente los países de la región, en res-puesta a esta crisis y plegándose a las exigencias de las instituciones financie-ras internacionales que condicionaron la aprobación de nuevos créditos alcumplimiento del denominado «Decálogo del Consenso de Washington» ymás recientemente al Complejo Wall Street-Tesoro-FMI, fueron cambiando haciaun nuevo paradigma basado en el crecimiento hacia fuera y de integración ala economía mundial.

Del conjunto de políticas de reestructuración económica (PRE), cuatroson las que tienen más clara incidencia en la conformación de conflictos am-bientales. Las políticas relacionadas a la intensificación de la utilización derecursos naturales, es el caso de la política de oferta y competitividad y deatracción a la inversión extranjera directa. Por otra parte las políticas de des-centralización y reestructuración del sector público tienen incidencia directa enla capacidad de gestión de los recursos naturales por parte del Estado (en sustres niveles). Las políticas de reestructuración del sector público y oferta ycompetitividad son políticas de ajuste y su ejecución es a corto plazo, perocomo es ampliamente conocido sus efectos en la sociedad y la naturaleza sonde largo plazo. Por su parte, la descentralización y la apertura a la IED sonpolíticas de reforma estructural de largo plazo ya que significan una reformadel papel del Estado y por ende su relación con la sociedad en su totalidad.

La aplicación de estos dos conjuntos de políticas (ajuste y reforma estruc-tural) suele verse, por parte del Estado, como procesos independientes entresí. Pero la realidad deja ver claramente que son dos procesos que no sólo estáninterrelacionados sino que originan modificaciones entre ellos. En el caso es-pecífico de la aplicación de las políticas de apertura a la IED y descentraliza-ción (políticas de reforma estructural), oferta y competitividad y reestructura-ción del sector público (políticas de ajuste) también son consideradas por losgobierno nacionales como procesos independientes. Una expresión de queestos proceso se interrelacionan y modifican entre sí, son los conflictos ambien-tales. En estos conflictos la lucha de los actores por el acceso y control de los



recursos naturales y las características de la administración de estos recursos porparte del Estado, son los dos ejes que en buena parte determinan el origen delconflicto y su posterior desarrollo y manejo.

Políticas de oferta y competitividad

La política de oferta y competitividad tiene su expresión más clara enVenezuela en la definición de los llamados Grupos Líderes de Actividad (GLA)definidos en el IX Plan de la Nación y reforzados en el Plan de Ajuste denomi-nado Agenda Venezuela. Dentro de las actividades económicas consideradascomo GLA, buena parte están dirigidas al sector minero y petrolero. En refe-rencia a la inversión nacional existe predominio de las actividades económicasbasadas en la explotación de recursos naturales. Como país rentista, en Vene-zuela el principal agente económico es el Estado y fundamentalmente la in-dustria matriz petrolera Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa). El plan de nego-cios de esta empresa en la década de los noventa, ha estado dirigido hacia elincremento sostenido de los volúmenes de producción. Otras actividades don-de el Estado prioriza sus planes de inversión son la explotación aurífera yforestal (Cordiplan, 1995). Estas prioridades explican que la presión sobre losrecursos naturales se ha venido incrementando de forma significativa en ladécada de los noventa.

Descentralización y reestructuración del sector público

Las PRE se basan en la premisa de un «necesario» desmantelamiento ydebilitamiento del Estado y paralelamente la defensa de la soberanía del mer-cado. Detrás de esta aparente dualidad se encuentra la verdadera raíz de ladiscusión, el rol del Estado y específicamente la direccionalidad de las políticaspúblicas. El núcleo está en qué actores son privilegiados o marginados por laspolíticas públicas para el acceso a los recursos. Esta polémica es fundamentalpara entender el proceso de reforma del Estado y, como parte importante deéste, el cambio en las políticas públicas en general, y específicamente en lapolítica de gestión de los recursos naturales. Este cambio tiene clara incidenciaen las políticas de reestructuración del sector público de las instituciones en-cargadas de la gestión ambiental y la descentralización.

En Venezuela la reforma del Estado se inició a finales de la década de losochenta y en general ha sido un proceso con múltiples avances y retrocesos. Deeste proceso, la reestructuración del sector público y la descentralización son po-líticas determinantes para analizar la capacidad del Estado (nacional, regional y



local) para manejar las crecientes y cada vez más complejas situaciones de conflictopor el acceso y control de los recursos naturales.

Con respecto a la reestructuración del sector público, el Ministerio del Am-biente y de los Recursos Naturales Renovables (Marnr), institución donde secentra las competencias en la gestión ambiental, se encuentra bajo un procesode reestructuración bastante contradictorio. Entre 1989 y 1994 el Marnr per-dió casi un tercio de su nómina y los presupuestos reales de 1993 apenasexcedieron en un poco más de la mitad los presupuestos de 1988 (Reed,1996:223). Esta situación se ha venido agravando, y a finales de 1999 fuerondespedidos 1.267 trabajadores de ese ministerio.

En el Marnr se vive una situación de dos «visiones» de la gestión ambien-tal. Por una parte, la «visión tradicional» apoyada por la legislación ambientalbusca mantener centrada las más cruciales decisiones en la administracióncentral, no obstante los recursos financieros y humanos son cada vez menorespara esta gestión. Por otra parte, coexiste la «visión» donde se parte de lapremisa de que las empresas (especialmente internacionales) tienen suficien-temente «interiorizada» la importancia de evitar la contaminación ambiental,debido a las regulaciones ambientales internacionales (ISO 14.000, certifica-ciones ambientales, auditorías ambientales, etc.). Esta «conciencia ambiental»de las empresas implica que los controles por parte del Estado pueden sermínimos y que los gobiernos subnacionales, –y aquí esta la relación con ladescentralización– son los llamados a encargarse fundamentalmente de servi-cios ambientales urbanos (parques recreacionales, ornato de la ciudad, relle-nos sanitarios, alcantarillado, etc.). Entre tanto, las previsiones ambientalesrelacionadas con las actividades de permisería de los grandes proyectos deinversión, continúan siendo producto de la decisión del gobierno central.

En cuanto al proceso de descentralización y su relación con la gestiónambiental, éste es un aspecto aún poco claro. Con la globalización se le plan-tean a los gobiernos subnacionales un conjunto de desafíos. El espacio local(ciudad, municipio o estado) asume un rol importante donde se han incremen-tado las demandas a los niveles locales de poder. Uno de estos desafíos es lagestión ambiental. Por un lado existen importantes restricciones legales (Gon-zález, 1997) y limitaciones técnicas y financieras para que los gobiernos loca-les definan una gestión ambiental adecuada a los desafíos que enfrentan. Porotra parte, la administración centralizada (nacional) continúa concentrando,gracias a la estructura legal, el poder de decisión (permisería) sobre la «afecta-ción de recursos naturales» asociada a los grandes proyectos de inversión.

Políticas de reestructuración económica y desarrollo sostenible



Ante el desarrollo en paralelo en América Latina y el Caribe de los procesos deaplicación de las PRE y el modelo de desarrollo sustentable, algunos autores einstituciones expresan serias dudas sobre los impactos de las PRE en la sostenibilidadeconómica, social y ambiental en el corto, mediano y largo plazo. Y esta preocupaciónno es gratuita, tal como lo señala Lacabana, en los países de América Latina y elCaribe «el proceso de reestructuración económica, incluyendo el proceso de reor-ganización y redefinición del rol del Estado... ha tenido un fuerte impacto en lasactividades económicas y en la sociedad en su conjunto ... en la población esteimpacto, se visualiza fundamentalmente en la extensión e intensificación de lapobreza, desde la visión económica sectorial se asiste a una reprimarización de laseconomías latinoamericanas» (Lacabana, 1998:29).

En referencia a la sustentabilidad de las trayectorias de desarrollo se seña-la que estos países al abrir sus economías a los capitales foráneos, al reducirsesus funciones gerenciales y reguladoras, al transferir los activos de recursosnaturales hacia intereses privados (privatización y concesiones) se han coloca-do en una posición donde «las señales de precios provenientes de los merca-dos internacionales y no las estrategias de desarrollo que toman en considera-ción tanto las necesidades sociales como los costos de oportunidad, son ahoradecisivas para definir las tasas y condiciones bajo los cuales esos recursos sonutilizados, así como para determinar quiénes serán los beneficiarios... La in-quietud que plantea este cambio en el control de los recursos naturales es si elnuevo régimen económico estimulará a los países a utilizar sus recursos natu-rales y servicios ambientales en forma duradera» (Reed, 1996:357).

El proceso de globalización obliga a modificar el paradigma vigente, queconfería a los Estados-naciones el carácter de actores centrales y predominan-tes del sistema capitalista. Éste pasa ahora a constituir una parte esencial deun sistema mayor que gradualmente adquiere cada vez más vigencia: el siste-ma global. En reemplazo del sistema internacional de naciones surge ahora unsistema global constituido por distintos tipos de actores en un permanentejuego de interacciones de carácter conflictivo y cooperativo. En este nuevosistema; los aparatos del Estado, las sociedades nacionales o segmentos de lasmismas, los entes internacionales, las empresas transnacionales y otros acto-res transnacionales, luchan por el control de los recursos (financieros, de po-der, de legitimidad, naturales, etc.). Si bien ese fenómeno no es nuevo, se hanmodificado las variables de cambio del sistema y las reglas de su funciona-miento; el carácter, complejidad y dimensión de las interacciones y la capaci-dad relativa de los actores para orientar los procesos hacia un resultado deseado.

Se producen entonces situaciones de «glocalización», que cada vez y conmayor frecuencia dan pie a la configuración de situaciones de conflicto ambien-



tal en distintos países de América Latina. Estas situaciones de conflicto se hanvenido a constituir en el gran reto de la actual política pública; en especial larelacionada con el manejo de conflictos ha quedado rebasada, ante la intensidad ycomplejidad de los conflictos ambientales que en la década de los noventa se hanvenido presentando.

Los conflictos ambientales en América Latina y el Caribe siempre hanexistido; pero como señala Ortiz, en «la fase actual de acumulación capitalistaestá significando una agudización de las presiones sobre los recursos natura-les, provocando degradación, escasez y privaciones sociales, todos factores pro-picios para el desarrollo de conflictos» (Ortiz citado por Sabatini, 1996:54). Esasí como los actuales conflictos ambientales no son sólo meras disputas por eluso de los recursos naturales, sino que representan el enfrentamiento de distin-tas «cosmovisiones ambientales y de vida». Por un lado, el medio ambiente esvisto como fuente de materias primas y depósito de desechos y, por el otro, esvisto, tal como señala Sabatini, como espacios de vida. El choque de estas dos«visiones» se da actualmente en un contexto globalizante, que impone unadinámica «homogeneizante». Se trata de «desencuentros de dos mundos queperciben y actúan sobre la naturaleza de manera diferente» (Orellana, 1995,citado por Sabatini, 1997:54).

Otro aspecto muy particular de los conflictos en América Latina es la lla-mada «ruralización del ecologismo» (Toledo, 1992b), proceso donde se da laagudización de conflictos ambientales surgidos de sectores sociales agrarios decampesinos, indígenas y pescadores. Este proceso es un hecho que ha tenidoexpresiones concretas de gran importancia, tanto a nivel del continente comoen el caso de Venezuela. En América Latina los casos de Chiapas (México) y elMovimiento de los sin tierra (Brasil) son importantes hitos que de alguna ma-nera señalan la validez del señalamiento de Mires, quien expresa «la dificultadde separar en Latinoamérica (y esto resulta válido para el resto de los paísesdel tercer mundo), la cuestión ecológica de la cuestión agraria y estas dos de lacuestión étnica» (Mires citado por Toledo, 1998:7).

Así, los conflictos ambientales en la década de los noventa en AméricaLatina están íntimamente asociados a problemas del desarrollo y especial-mente a grupos sociales excluidos (campesinos, indígenas, pescadores). Poresto se suele señalar que en la aplicación de las PRE podrían estar las causasde la agudización de conflictos ambientales en América Latina.

Los conflictos ambientales en el marco de las políticas de reestructuraciónconstituyen una compleja red de relaciones que se suceden en forma sucesivao simultánea en varios ámbitos y producto de diversos procesos globales (inter-nacionalización de capitales, desregulación, cambio del rol del Estado, descen-tralización político-administrativa) e involucran gran diversidad de actores. Es



por estas características que el análisis de los conflictos ambientales constituyeuna estrategia que permite captar sobre la base de una situación concreta lasrelaciones que se dan entre los muy heterogéneos actores y su relación con pro-cesos tanto locales como regionales, nacionales e internacionales.La inversión extranjera directa en América Latinay el Caribe

La inversión extranjera directa (IED) se ha constituido en uno de los ele-mentos centrales del proceso de globalización que caracteriza la economíainternacional en los inicios del siglo XXI. Esto se explica debido a que es unode los elementos más visibles porque tiene una mayor información estadística,pero los datos no son consistentes. Esta característica de la información res-ponde, por una parte, a las limitaciones de la información oficial y, por otraparte, a las diferentes aproximaciones metodológicas y hasta cierto punto in-compatibles de las fuentes principales de información (Cepal, 1998:33). Fren-te a los serios problemas de la información estadística oficial sobre IED, corres-ponde a las instituciones responsables continuar en la búsqueda de solucio-nes. Hasta poder lograr una convergencia metodológica, parte de la soluciónes buscar información complementaria de distintas fuentes: empresariales,académicas y medios de comunicación (en particular, la prensa).

A fines de evitar caer en contradicciones al manejar las estadísticas, enesta investigación se utilizó para el ámbito de América Latina y el Caribe unasola fuente de información, la Cepal, y está se complementó con datos deotras instituciones; pero sólo como referencia para definir las tendencias gene-rales de la IED en el ámbito mundial y de América Latina y el Caribe.

Este problema estadístico es claramente visible en el caso de la estadísticaoficial en Venezuela. El hecho más relevante es que sólo es a finales del año1997 cuando se producen las primeras cifras agrupadas de IED en nuestropaís por parte de Conapri. Esto se explica porque el registro se llevaba disgre-gado entre distintas instituciones, la Superintendencia de Inversiones Extran-jeras (SIEX), Ministerio de Energía y Minas, Superintendencia de Seguros,Superintendencia de Bancos, la Comisión de Promoción de Inversiones(Conapri) y el Banco Central.

En vista de estas limitaciones de las estadísticas sobre IED, tanto en el

millones de dólares, de los cuales el 41% fue hacia la minería, el 32% al sector manufactureroy 19% al sector de banca e inmuebles (Conapri, 1999).

2 Las distorsiones de la información oficial sobre la IED son ampliamente señaladas por



ámbito mundial, regional y nacional, en esta investigación el análisis de los datos secentrará en definir las principales tendencias sobre la base de sus valores relativosy, tal como señala la Cepal, complementar la información con otras fuentes2.

La IED en el ámbito mundial

Entre las distintas fuentes consultadas es posible identificar tendencias quecaracterizan el desarrollo en el ámbito mundial de la IED en la década de losnoventa (Cepal, 1998). De estas tendencias, dos son las más relevantes paraanalizar la relación entre la IED y los conflictos ambientales.

• El flujo mundial de IED se dirige en una creciente proporción a los paísesde América Latina y el Caribe en búsqueda de materias primas.

Durante la recién finalizada década de los noventa, los flujos de IED hanexperimentado un crecimiento notable. El flujo mundial de IED pasó de unpromedio anual de 245.000 millones de dólares entre 1991 y 1996 a más de380.000 millones de US$ en 1997 (Cepal, 1998).

Durante los años ochenta, las IED mundial se dirigía fundamentalmentehacia los propios países desarrollados (76 al 78%). Entrados los años noventa,la proporción ha disminuido, por lo que los países en desarrollo han llegado acaptar en 1997 el 39% (desde el 24 al 21% en los años ochenta). Este incre-mento se ha dado dentro de una dura competencia por los capitales a undoble nivel: entre países industrializados y en desarrollo por un lado, y entrelos mismos países en desarrollo, por el otro (Gitli, 1996:7).

La Cepal confirma esa tendencia y señala que en la década de los noven-ta la participación de los países desarrollados se ha reducido y que concentrancerca del 60% de las entradas de IED y sobre el 90% de las salidas. En elCuadro N° 1 se observa en detalle esta tendencia, los países en desarrolloincrementaron su participación de 14,9% en 1990 a 38% en 1997 y específica-mente en los últimos años, el crecimiento registrado en los flujos de IED haciaAmérica Latina y el Caribe ha sido bastante significativo. Entre 1995 y 1997pasó de 33.006 a 65.199 millones de dólares, esta última cifra representa unincremento considerable del 50% con respecto a 1996.

Como resultado de la desregulación de las economías latinoamericanas,se abrieron oportunidades de inversión en actividades anteriormente restringi-das a la iniciativa privada. Es así como se ha registrado un notable ingreso deIED en actividades relacionadas con la exploración, explotación y procesa-miento de recursos naturales (minería e hidrocarburos). El primer país queconcentró el interés de las ET fue Chile, luego de otorgar amplias garantías y



libre acceso a los recursos mineros. Con posterioridad, ya entrada la década de losnoventa, otros países como Argentina, Bolivia y Perú, han adoptado políticassimilares, dándose nuevas e importantes inversiones en la actividad minera. Comoresultado de esta apertura, en 1997 América del Sur fue la región del mundo quecaptó más inversión por este concepto, con un monto de 14.300 millones de dólaresdurante 1997.

Otro aspecto importante dentro de esta estrategia es la progresiva liberali-zación del subsector de hidrocarburos, lo que ha permitido una creciente pre-sencia de inversionistas internacionales en actividades vinculadas a la explo-ración, explotación, procesamiento, distribución y comercialización de petró-

leo, gas natural y sus derivados. Las principales modalidades para el ingreso deestos capitales han sido la licitación de reservas, la formación de empresas conjuntasy, en algunos casos, la privatización completa del sector. Los casos más resaltantesson Venezuela, Colombia, Argentina, Perú y Bolivia.• Importante participación de las empresas transnacionales

Cuadro N° 1Flujos totales de inversión extranjera directa - 1990-1997

(millones de US$)

1 9 9 0 1 9 9 41 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3

Países en víasde desarrollo 30 .979 41 .761 51 .139 72 .274 93 .707 101 .044 133 .761 148 .376

América Latina yel Caribe (*) 8.359 15.421 17.718 17.301 30.219 33.006 43.583 65.199

Asia en desarrollo 20.311 23.394 30.039 51.013 57.623 65.839 84.658 79.000

África 2.309 2.847 3.382 3.960 5.865 2.159 5.520 4.237

Paísesdesarrollados 176 .346 114 .792 119 .692 138 .762 142 .395 205 .876 208 .221 234 .348

Total mundial 207 .325 156 .553 170 .831 211 .036 236 .102 306 .880 341 .982 382 .784

(*) Los totales registrados para América Latina y el Caribe, no coinciden con los totales registrados en el CuadroN° 2. La Cepal señala que estas diferencias se deben a problemas metodológicos y distintas prácticas contablesen los países de la región.Fuente: Cepal. «La IED en América Latina y el Caribe», Informe 1998. Santiago de Chile, 1998.

1 9 9 41 9 9 2 1 9 9 3

distintos organismos internacionales. La Cepal indica que «los problemas metodológicos, las



La OMC señala que las estimaciones apuntan que las ventas de las empresastransnacionales (ET) superan el valor del comercio mundial de mercancías y servicios.En efecto las relaciones intraempresariales3 de las ET constituyen un tercio delcomercio mundial, otra tercera parte corresponde a las exportaciones de ET conempresas no filiales y el tercio restante es la participación de las empresas nacionales.Al respecto Eiros señala que la internacionalización de la producción no es unatendencia nueva, «lo nuevo... está en su carácter masivo y en que se efectúa dentrode un mismo sector de producción. Los avances tecnológicos en los servicios detransporte y comunicaciones, al abaratar los costos y reducir los tiempos de trasladode los procesos o la información, facilitan este proceso» (Eiros, 1995:70)

A esta importancia de las ET en la IED, hay que sumar su papel funda-mental en otros aspectos de la globalización, tan importantes como la IED,tales como la transferencia de tecnología, las alianzas estratégicas y las redesde proveedores. Según la Unctad, «la situación de poder de las ET es de talmagnitud que el margen de maniobra que ostentan los países para influenciara los grupos extranjeros y nacionales es extremadamente estrecho» (Claes,1999:3).

Distribución geográfica de la IED en América Latina y el Caribe

El crecimiento de la IED en América Latina y el Caribe en la década de losnoventa, oculta grandes diferencias entre los distintos grupos de países y a lointerno de cada uno de ellos. En 1997, los flujos de IED hacia la región estu-vieron concentrados en un 90% en los países miembros de la Aladi, básica-mente en Brasil y México. El restante 10% se dividió entre los países de Centro-américa y el Caribe (4%) y los centros financieros (6%). En el Cuadro N° 2 sedetallan los flujos de IED para la región y se agrupan los países en tres catego-rías, los países de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), lospaíses de Centroamérica y el Caribe y el grupo de países denominados «paraí-sos fiscales» o Centros Financieros.

Los países agrupados en la Aladi en la década de los noventa, han con-centrado siempre más del 75% del total de la IED (a excepción del año 1993),tendencia que se ha venido acentuando y en 1997 representa el 90% (ver

distintas prácticas contables y, sobre todo, la influencia de los centros financieros, producengrandes diferencias en los montos registrados» (Cepal, 1998:33).



Cuadro N° 2). De los 11 países de la Aladi, 7 concentraban el 97% del total de la IEDen 1997. Brasil es el país del grupo que captó el mayor flujo de IED alcanzando unnuevo máximo histórico de 19.652 millones de dólares. México y Argentina continuaronsiendo importantes receptores (18,7% y 10,3% respectivamente) no obstantedescendió su participación con relación al año anterior. El grupo de paísesdenominados de economías de tamaño medio disminuyó también su participación,siendo especialmente significativos los descensos de Chile y Perú, que pasaron derepresentar del 10 al 8% del total regional el primero, y de 7 a 3% el segundo. De estegrupo de países el que mostró mayor incremento fue Venezuela, que varió suparticipación de 5 a 8%, aunque la mayor participación la tuvo Colombia quealcanzó el 9%. En estos dos países, la aceleración de los procesos de privatizacióny venta de activos estatales resultó fundamental para este incremento.

Modalidades de la IED en América Latina y el Caribe

En el período estudiado, la IED que ha ingresado a la región se realizóbasándose principalmente en dos modalidades: privatizaciones y adquisiciónde activos privados.

En la primera parte de los noventa, la privatización de activos estatalesfue el principal mecanismo de ingreso de IED. En el período 1994-1996 seagregan las modalidades de nuevos proyectos de inversión y la reestructura-ción y modernización de las empresas extranjeras presentes en la región (prin-cipalmente de las empresas estatales privatizadas). En 1997 la tendencia másmarcada por parte de los inversionistas fue adquirir activos existentes. No obs-tante el peso relativo de esta modalidad cambia en cada país. En Argentina,Chile y Perú predominan las transacciones de activos entre agentes económi-cos; en cambio en Brasil, Colombia y Venezuela la privatización es la modali-dad que predomina.

• La compra de empresas privadas

Las fusiones y adquisiciones constituyen el 40% del ingreso neto de IED ala región, inversión que se concentró en cuatro países. México percibió el 32%,Argentina el 25%, Brasil 23% y Chile el 9%. Estas inversiones consisten prin-cipalmente en compra de bancos y empresas manufactureras (Cepal, 1998:54).

La importancia de esta modalidad en el flujo total de IED para estos paí-



ses es relevante. En el caso de Argentina el 97% de la IED correspondió a laadquisición de empresas, para México el 62% y para Chile el 41% (Cepal, 1998:54).• Privatizaciones

En el primer quinquenio de los noventa, la privatización de activos estatales

Cuadro N° 2América Latina y el Caribe: flujos totales de inversión extranjera directa

1990-1997 (millones de US$)

1 9 9 0 1 9 9 41 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 71 9 9 5 1 9 9 6

(*) Los totales registrados para Venezuela no coinciden con los totales anuales registrados por Conapri en elCuadro N° 3. Estas diferencias se podrían explicar según la OMC en el hecho de que las estadísticas de lasinstituciones oficiales no suelen registrar los beneficios reinvertidos, los préstamos internos de las ET y la liquida-ción de inversiones, y no todas las inversiones reportadas son realizadas en el período abarcado por la notifica-ción. Adicionalmente están las limitaciones de las instituciones financieras internacionales (FMI, OCDE) queson la base de los datos de la Cepal.Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Cepal, «La IED en América Latina y el Caribe». Informe1998. Santiago de Chile, 1998.

Aladi 7 . 2 9 7 1 1 . 8 7 1 1 3 . 3 9 0 1 2 . 7 8 3 2 6 . 2 8 0 2 8 . 5 3 5 4 0 . 0 4 8 5 8 . 5 0 0Argentina 1.836 2.439 4.012 3.261 3.107 4.783 5.090 6.236Bolivia 67 93 122 124 130 393 474 601Brasil 989 1.103 2.061 1.292 3.072 4.859 200 19.652Chile 661 822 935 1.034 2.583 2.978 4.724 5.417Colombia 501 457 729 959 1.652 2.227 3.276 5.982Ecuador 126 160 178 469 531 470 447 577México 2.549 4.742 4.393 4.389 10.973 9.526 9.185 12.477Paraguay 76 84 137 111 180 157 106 191Perú 41 -7 136 670 3.084 2.000 3.226 2.030Uruguay - 32 58 102 155 157 137 160Venezuela (*) 4 5 1 1 . 9 1 6 6 2 9 3 7 2 8 1 3 9 8 5 2 . 1 8 3 5 . 0 8 7Centroamérica yCaribe 9 3 8 1 . 2 2 4 1 . 1 4 0 1 . 3 1 8 1 . 7 2 6 1 . 8 6 5 2 . 0 4 4 2 . 8 9 2Costa Rica 163 178 226 247 298 396 427 446El Salvador 2 25 15 16 23 38 25 -Guatemala 48 91 94 143 65 75 77 84Haití - 14 -2 -2 -3 7 4 5Honduras 44 52 48 27 35 50 91 122Nicaragua - 1 15 39 40 75 77 84RepúblicaDominicana 133 145 180 225 360 404 394 414Trinidad y Tobago 109 169 178 379 516 299 320 1.000Otros Centroam.y Caribe 455 549 386 244 392 521 629 2.155CentrosFinancieros 1 . 0 1 0 2 . 5 5 8 3 . 3 0 6 4 . 0 2 3 2 . 4 5 7 2 . 6 0 6 3 . 3 5 7 3 . 8 0 7Bermudas 819 2.489 3.231 2.707 1.079 1.350 2.100 1.700Islas Caimán 49 5 -131 675 532 490 410 350Islas Vírgenes 132 -9 27 447 447 470 510 500Panamá 19 41 139 156 354 179 238 1.030Otros CentrosFinancieros 9 32 40 38 45 117 99 227Total general 9 . 2 4 5 1 5 . 4 6 3 1 7 . 8 3 6 1 8 . 1 2 4 3 0 . 4 6 3 3 3 . 0 0 6 4 5 . 4 4 9 6 5 . 1 9 9



fue el principal mecanismo de ingreso de IED. Para finales de los noventa, suimportancia se ha reducido en algunos casos. En las economías donde este procesoes de más larga data (Argentina, Chile, etc.) a las privatizaciones se suma la modalidadde compra de empresas privadas. En el caso de los países donde este proceso esmás reciente (Venezuela, Colombia, Brasil) la privatización sigue siendo la modalidadmás utilizada para el ingreso de IED. En los últimos años a la venta de empresaspúblicas se suma la llamada «segunda ola» de privatizaciones, caracterizada por latransferencia de actividades en forma de concesiones de servicios, apertura parcialde nuevos mercados (telefonía celular) y el acceso de la inversión privada extranjeraa algunas de las grandes empresas públicas de minería y petróleo4.

Origen de la IED de América Latina y el Caribe

El análisis del origen de la IED en América Latina que realiza la Cepalseñala que el principal cambio radica en una mayor diversificación de lospaíses origen de la IED. Lo que se explica, entre otras causas, por el procesoasociado a la «globalización» como lo es «la disminución de la importancia dela ubicación geográfica del país receptor como ventaja comparativa, adqui-riendo mayor importancia la ejecución de reformas estructurales y la reorgani-zación del sistema productivo de acuerdo a los requerimientos de la globalizacióncomo factores de atracción de la IED» (Cepal, 1996). Otro aspecto relevantees el relativo debilitamiento de Estados Unidos como principal origen de laIED, el surgimiento de nuevas fuentes de financiamiento como Canadá y elfortalecimiento de los flujos de inversión procedentes de la Unión Europea yde «las nuevas fuentes de inversión de la región».

• Estados Unidos de América el principal inversor

Este cambio señalado por la Cepal no obstante no logra revertir las ten-dencias históricas. Estados Unidos continúa siendo el principal país origen deIED. En los años noventa, América Latina y el Caribe se han convertido en laregión en desarrollo de mayor interés para los inversionistas estadounidenses.En 1980 representaba el 44% de la IED total, seguida por Europa con un 41%y Japón con un 15% (Eiros, 1995:34). En la década de los noventa esta proporción

3 Esta tendencia a la creciente participación del comercio intrafirmas es señalada claramentepor la Unctad en el caso de las empresas norteamericanas, donde las relaciones intraempresasde las empresas matrices pasaron de representar el 34% en 1983 a 44% en 1993. En el casode las empresas filiales, pasaron de 55% a 64% en el mismo período (Unctad 1996, citado porGitli, 1998:7).



se incrementa. En 1994 Estados Unidos registró el valor máximo de la década con74% del total de IED captado por la región y en 1997 esta proporción se reduce, noobstante continúa siendo el principal inversor con un 53%. La participación deEuropa aumenta a 43% y Japón reduce aún más su participación a un 2% (Cepal:1998).

Las empresas estadounidenses concentran sus inversiones en la industriamanufacturera y en los servicios (telecomunicaciones y energía). Así, en elsector manufacturero aprovechan ciertas ventajas (como los bajos salarios, laproximidad geográfica y el acceso privilegiado al mercado estadounidense)para incrementar su capacidad de competencia en su propio mercado y en-frentar a las empresas asiáticas.

• La inversión intrarregional

Al adoptar los países de América Latina reformas y nuevas políticas macro-económicas, impuestas por los organismos multilaterales de financiamiento,se fue produciendo un acercamiento entre los países que asumían directricescomunes. En tal sentido Eiros señala: «por primera vez desde el inicio de losprocesos de integración regional, a comienzos de los setenta, se dan las basespara el avance con menores reservas hacia la formación de un espacio comúny la convergencia hacia similares reglas de funcionamiento» (Eiros, 1995:130).En este contexto, desde 1989 se ha venido avanzando en la constitución deespacios subregionales, lo que ha permitido que se abran muchas expectati-vas en cuanto a sus efectos para atraer IED.

No obstante la significación de la IED intrarregional continúa siendo entérminos generales poco significativa con respecto al total de IED recibida porlos países de la región. Para el período 1990-1996, basándose en valores agre-gados, el FMI estima que la IED intrarregional sólo representó el 8% del totalde flujos de la región. Esta tendencia continúa aún vigente, la Cepal señala ensu análisis para 1998 que los «inversionistas latinoamericanos son actores inci-pientes» (Cepal, 1998:9).

Para 1997 la Cepal señala que existen tres focos principales como origende IED en la región: el Cono Sur (Mercosur, Bolivia, Chile y Perú); las inversio-nes mexicanas, particularmente en América Central y en algunas economíasde la Aladi (Argentina, Colombia, Chile y Venezuela), y, aunque de dimensio-nes mucho menores, las inversiones entre Colombia y Venezuela. En cuantoal destino, los principales países han sido Venezuela (39%), Brasil (23%), Co-lombia (19%) y Argentina (11%), con inversiones vinculadas principalmente a



la expansión de las empresas eléctricas chilenas en Brasil y Colombia y de las firmassiderúrgicas argentinas y mexicanas en Venezuela.

Los inversionistas internacionales y sus focos de interés en América Latinay el Caribe

Producto de la apertura comercial y financiera, se dio paso a nuevos pa-trones de competencia donde ingresaron nuevas ET y donde las que estabanlocalizadas en la región fueron obligadas a redefinir sus estrategias. Entre 1994y 1997 las ET incrementaron su importancia relativa en la región5 y de sucomportamiento se pueden identificar cinco grandes estrategias corporativas(Cepal, 1998).

• Búsqueda de materias primas.

Los inversionistas tienen su principal interés en participar en proyectosasociados a la exploración y explotación de recursos naturales.

• Retirarse del mercado regional.

Algunas ET optaron por retirarse del mercado latinoamericano y se deci-dieron por abastecer los mercados locales a través de exportaciones.

• Búsqueda de acceso a los mercados nacionales y subregionales.

Las ET realizan nuevas inversiones con la finalidad de poder acceder a losmercados subregionales, nacidos a la luz de los acuerdos comerciales, princi-palmente el TLC y el Mercosur.

• Búsqueda de eficiencia en los sistemas internacionales de producciónintegrales.

Con el propósito de defender o incrementar su participación en el merca-do regional, racionalizaron sus operaciones o reestructuraron sus actividades.

• Búsqueda de acceso a mercados nacionales en sectores de servicios.

4 En 1997 se estima que «los gobiernos de la región transfirieron al sector privado 78 empre-sas, por un valor de total de 29.513 millones de dólares, cantidad que duplicaría la recaudaciónobtenida en 1996; a pesar de que el número de operaciones creció en una proporción menor



(17.328 millones de dólares) corresponde a la venta de empresas y activos adjudicados ainversionistas extranjeros o consorcios en los que aquéllos tenían una participación impor-tante» (Cepal, 1998:59).

5 Para 1997 «...las 250 filiales más importantes de empresas transnacionales con operacionesen la región captaron el 40% de las ventas de las 500 empresas más grandes de AméricaLatina, evidenciando que son agentes económicos de primera línea en la región» (Cepal,1998:62).

6 México es considerado como el «Nuevo Sur», caracterizando su desarrollo post-Tlcan comosimilar a la emigración industrial a los estados sureños de Estados Unidos hace unos cuarentaaños. Las industrias no sólo se aprovechan de los bajos costos de producción sino que tam-

La amplia apertura del sector de servicios en América Latina y el Caribeha significado que, en la mayoría de los casos, estas actividades adquieran unaimportancia cada vez mayor en los ingresos de IED. El sector financiero, gracias auna enérgica estrategia de adquisiciones de un conjunto de bancos (especialmenteespañoles), ha logrado una fuerte presencia en la región, (Argentina, Brasil,Colombia, Chile, México, Perú y Venezuela). Las actividades de generación ydistribución de energía y las telecomunicaciones han sido de especial interés paralos inversionistas extranjeros.

La IED y la temática ambiental

Uno de los enfoques más comúnmente utilizados para analizar el impactode la IED en el aspecto ambiental, se centra en señalar las consecuenciasambientalmente negativas de los regímenes liberalizados adoptados por losgobiernos de los países de América Latina y el Caribe, como medida indispen-sable para «insertarse» competitivamente en el «mercado global». Estas preo-cupaciones son de tres tipos (Reed, 1996).

• El comercio liberalizado desestimula la internalización de los costosambientales

En la búsqueda de ventajas competitivas, los países al tratar de bajar loscostos de producción de las empresas privadas, pueden dejar de internalizarlos costos ambientales asociados con la producción y disposición de produc-tos y mercancías.

Algunos ejemplos de esta tendencia se tienen claramente en el caso deMéxico, miembro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan)



en unión de Estados Unidos y Canadá, donde las industrias se han venidoreubicando para aprovechar la tierra, los recursos, el trabajo barato y por eldeseo de escapar o evitar las regulaciones ambientales 6 .

• Las normas ambientales son consideradas barreras no arancelariasal comercio

En la relación comercial entre países el tema ambiental ha sido objeto denumerosas disputas y en la actualidad no existente consenso en la forma demanejarlo a la hora de establecer relaciones comerciales.

En la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) lospaíses de la región se oponen unos de manera abierta (México, ComunidadAndina de Naciones y Centroamérica) y otros de manera indirecta (Canadá,Chile y el Mercosur) a que el tema ambiental sea considerado (inclusive nom-brado) en el marco de las negociaciones del ALCA (Gitli, 1998).

Esta oposición por parte de los países de América Latina y el Caribe atratar el tema ambiental en las negociaciones comerciales, choca con el apa-rente «consenso» mostrado alrededor del modelo de desarrollo sostenible enlas reuniones internacionales que sobre el tema ambiental se han realizado. Seda así una inconsistencia entre la formulación de políticas ambientales (crea-ción de Ministerios del Ambiente, suscripción de acuerdos internacionales am-bientales) y por otro lado las políticas comerciales (oposición en los foros inter-nacionales comerciales del tema ambiental). Este desencuentro tendría, comouna de sus posibles explicaciones, la preocupación de los países en desarrollode que el tema ambiental sea utilizado como barrera de acceso a los mercadosy por ende el aumento de los costos de producción.

También existe el temor a la aplicación, por parte de los países desarrolla-dos, de «represalias cruzadas que utilicen sanciones comerciales para el cum-plimiento de acuerdos ambientales» (Gitli, 1998:10). Este temor se explica enparte por la menguada posición de los países en desarrollo en los foros inter-nacionales comerciales, como ocurrió en la reunión de la Organización Mun-dial de Comercio (Seattle, noviembre 1999).

• Propensión antiambientalista en los actuales convenios comerciales

La OMC ante el tema ambiental plantea que «el comercio puede contri-buir a los problemas ambientales», pero que esos impactos deben ser conside-rados en sus orígenes y no mediante medidas de restricción al comercio. Esteenfoque aparentemente fue el que prevaleció en su última reunión en Seattle



y es motivo para que los países en desarrollo vayan cada vez más posponiendo uobviando el tema ambiental a la hora de definir acuerdos comerciales. En el caso delos mercados regionales, es significativo el hecho de las dificultades que se hanpresentado para la aprobación del Protocolo del Medio Ambiental del Mercosur. Elproceso de aprobación de este acuerdo ya tiene cuatro años de negociación (Claes,Sica-al, 1999).

La IED en Venezuela

Durante la década de los noventa, los flujos de IED hacia la economíavenezolana han sido relativamente voluminosos, aunque irregulares. Entre 1990y 1998 se registró un promedio anual de ingresos de alrededor de 900 millo-nes de dólares. En 1996, las autoridades económicas adoptaron un programade estabilización y reformas estructurales (Agenda Venezuela) y en 1997, se-gún los datos de la Cepal, las corrientes de IED hacia Venezuela experimenta-ron un extraordinario crecimiento (133%) –el mayor de las economías de laregión–, superando los 5.087 millones de dólares (ver Cuadro N° 2).

Las estrategias de los inversionistas extranjeros en Venezuelay el destino de la IED

En el período 1992-1998, articulándose a la aplicación de políticas deapertura, los inversionistas extranjeros dirigieron sus inversiones al país enfunción de orientaciones estratégicas, las cuales explican tanto el destino sec-torial de sus inversiones (ver Cuadro N° 3) como su destino geográfico (verCuadro N° 4). A continuación se señalan las orientaciones relacionadas conlas situaciones de conflicto ambiental analizadas.

• Acceso a la exploración, explotación y procesamiento de recursos natu-rales, principalmente hidrocarburos (petróleo y gas natural), así comoalgunos minerales como oro, hierro y carbón

- Petróleo

Desde mediados de los años noventa, pese a que las cifras de Conapri nolo registran, la mayor parte de los flujos de IED tuvieron como destino lasactividades petroleras. En 1992 la empresa estatal Petróleos de Venezuela



(Pdvsa) inició la apertura de esta rama de actividad, proceso que fue denominadoApertura Petrolera y que tenía como meta posicionar a Venezuela como uno de losprincipales productores de petróleo del mundo y que significaba duplicar suproducción y alcanzar un volumen diario de 6.5 millones de barriles de petróleo. Laestrategia fundamental de esta apertura era el ingreso de capitales privados,principalmente extranjeros, para incorporarse a las ocho modalidades de proyectosagrupados en la Apertura Petrolera7.

En el período 1996-1998 se registraron inversiones en las modalidades deganancias compartidas por 244 millones de dólares y en la llamada terceraronda de los convenios operativos, importantes empresas transnacionales delramo pagaron 2.100 millones dólares (Conapri, 1999) por 17 de las 20 áreaspetrolíferas ofrecidas. Entre las empresas ganadoras figuraban firmas de Esta-dos Unidos, Reino Unido, China, Arabia Saudita, Alemania, España, Norue-ga, Canadá, Argentina y Venezuela.

De las ocho modalidades de la apertura petrolera, las empresas extranje-ras han sido especialmente activas en las modalidades de ganancias comparti-das (exploración y producción de crudos convencionales) y asociaciones es-tratégicas (producción y mejoramiento de los crudos pesados de la Faja delOrinoco).

El Programa de Apertura Petrolera para los próximos diez años, contem-pla inversiones por el orden de 65 mil millones de US$, de los cuales 42 milmillones estarán destinados al desarrollo de proyectos en la región oriental,específicamente en Anzoátegui, Monagas, Sucre, Delta Amacuro, este deGuárico, norte de Bolívar y Nueva Esparta. De este monto, 23 mil millones deUS$ corresponden a Anzoátegui, lo que significa que concentraría el 54% delas inversiones de la región oriental; entidad donde se desarrollan las ochomodalidades de la apertura petrolera, así como las actividades propias de lasfiliales de Pdvsa y las iniciativas previstas en materia de Orimulsión.

En el territorio del estado Anzoátegui, tres espacios han sido los principa-les escenarios de proyectos asociados a IED: en la costa marítima al norte,

bién producen otros impactos negativos En efecto, la nueva y rápida industrialización delnorte de México ha creado problemas en ambos lados de la frontera. Las ciudades mexicanasa lo largo de la frontera han crecido por lo menos 20 por ciento desde 1994. El número deplantas maquiladoras en la frontera se ha incrementado de 2.090 en 1994 a casi 3.051 en1999. Tanto el incremento de la población como el de las manufacturas ha hecho que losmantos friáticos bajen y que se produzcan grandes cantidades de desechos acumulados. So-



específicamente en el eje Barcelona-Puerto Píritu; en la región central, en la zona ElTigre-Anaco y al sur en la Faja Petrolífera, en la margen izquierda del río Orinoco.

En cuanto a las ciudades conurbadas de El Tigre-El Tigrito-Anaco ubicadasen el centro del estado Anzoátegui, es el área urbana de mayor jerarquía en la zonay donde se concentran casi todos los proyectos en marcha y por subscribirserelacionados con la Faja Petrolífera y con otras modalidades de la apertura petrolera.En este eje se ubican proyectos de inversión asociados a las áreas de exploración yexplotación petrolera incluidas en la modalidad esquema de ganancias compartidas,los servicios industriales (Gasoductos Anaco- Margarita/ Anaco-Barquisimeto) y

Cuadro N° 3Venezuela: evolución de la inversión extranjera directa por sectores

económicos - 1979-1998 (*)(millones de US$)

1 9 7 9 -1 9 9 1

1 9 9 4 1 9 9 51 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 81 9 9 6 1 9 9 7

AñosInversiónestranjera

directa Total

1. Agricultura 185 18 4 1 2 14 49 1 274

2. Minería 3 10 52 39 38 10 114 266

3. Manufactura 3.238 397 276 337 123 228 272 1.355 6.226

4. Electricidad 28 0,1 0,1 108 5 0,8 4 30 176

5. Construcción 67 3 4 10 4 7 33 19 147

6. Comercio y

Hoteles 257 47 24 40 32 35 25 41 501

7. Transporte y

Comunic. 14 22 20 124 28 1 5 9 223

8. Banca e

Inmuebles (1) 288 1.448 36 42 101 107 163 93 2.278

9. Salud y

Recreación 15 4 0,1 0,6 0,2 4 0,3 1,7 25,9

Totales (**) 4.095 1.949,1 416,2 701,6 333,2 406,8 665,3 1.549,2 10.116,9

(*) Los datos de este cuadro fueron suministrados por Conapri en diciembre de 1999. Comparando estos datoscon los extraídos en 1997 de la página Web de Conapri, notamos que son diferentes. Los datos de 1997 fueronutilizados en la elaboración de la ponencia «La IED en Venezuela. Tendencias de un nuevo patrón de ocupaciónterritorial» (Bogotá, 1997).(**) Los totales no coinciden para los años 1990-1997, con los señalados en los Cuadros Nos 4 y 5. La posibleexplicación de estas diferencias podrían estar en que sólo es a partir de 1997 cuando en Venezuela se hace unagregado de las cifras de IED, que se registraban en forma dispersa en varias instituciones.(1) Se incluyen US$ 13.8 millones (estimado) por la capitalización de bancos extranjeros en 1996.Nota: no se incluye la IED petrolera. Cuadro elaborado con base en datos de SIEX, Sudeban, Superintendenciade Seguros, Ministerio de Energía y Minas y Conapri.Fuente: http:www.conapri.org/ enero 2000.



los convenios operativos (reactivación de pozos).

Al sur del estado Anzoátegui se ubica buena parte la Faja Petrolífera delOrinoco, donde Pdvsa espera que en los próximos 10 años la producciónalcance los 665 mil barriles por día, crudo a ser transportado por oleoductos hacia lazona de Jose en el norte de Anzoátegui. La actividad de explotación en la Faja seejecutará a través de asociaciones estratégicas, de las cuales se han suscrito seisempresas conjuntas con firmas extranjeras, por un total de 17.000 millones de dólares,para explotar reservas adicionales de crudos pesados.

La otra entidad donde se desarrollará la apertura petrolera es el estadoZulia, entidad tradicionalmente petrolera donde se planifica diversificar e in-crementar la producción como producto de las siguientes modalidades de laapertura petrolera y minera.

* Convenios operativos para la reactivación de pozos en las zonas deUrdaneta Oeste, Zulia Occidental, Mene Grande, Cabimas, Bachaquero.

* Petroquímica (El Tablazo) mediante empresas mixtas (internacional y na-cional) para la instalación de plantas de producción de plásticos ydetergentes.

* Esquema de ganancias compartidas para la exploración y explotación delBloque de La Ceiba.

* Servicios industriales.

* Carbón en la mina de Guasare en la Serranía de Perijá.

- Minería

La IED en el sector minero por su parte presenta claramente tres etapas: laprimera comprendida entre 1979-1992, cuando el porcentaje de participaciónde este sector en la IED no alcanzaba el 1%. En este período la actividadminera no era atractiva para los inversionistas internacionales y el principalinversionista era el Estado, propietario de los más importantes yacimientos deminerales (oro, hierro, carbón). La segunda etapa va desde 1993 hasta 1997,cuando se registran los más altos niveles de inversión en este sector. Y final-mente la tercera etapa va de 1998 hasta 1999, donde no se registra IED (verCuadro N° 3).

A partir de 1994 se inicia un proceso de adecuación fiscal y legal dirigido



a atraer capitales internacionales hacia la minería. La Comisión de Minería de laCámara de Comercio Venezolano-Americana estima que el sector minero venezolanopodría recibir inversiones por el orden de los 3.000 a 4.000 millones de dólares.

En referencia al oro, la CVG señala que el año 1997 fue el inicio de la aperturaminera, especialmente de oro y diamantes. En particular, en lo relativo al oro la CVGabrió una oferta para 170 parcelas en el estado Bolívar con una extensión de 680.000ha. A esta superficie hay que sumar en esa misma región 34 áreas que totalizan135.000 ha que ya tienen contratos de exploración y explotación firmados entre laCVG y empresas privadas nacionales y principalmente internacionales.

En 1996 se continuó con los planes de desarrollo y expansión de la explo-tación de carbón en el Guasare (estado Zulia). En este proyecto participanCarbones del Guasare (Filial de Pdvsa), Corpozulia, (Corporación de Desarro-llo Regional y concesionaria de los yacimientos) y los inversionistas internacio-nales (Maicca, Shell-Ruhr Kohle). El proyecto consiste en la ampliación de laproducción de las minas Paso Diablo y Socuy, con el objetivo de incrementar

Cuadro N° 4Venezuela: flujos de inversión extranjera directa por entidad federal

1990-1997 (millones de US$)(*)

1 9 9 0 1 9 9 3 1 9 9 41 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 71 9 9 5 1 9 9 6 Total

Anzoátegui - 2 3 22 2 3.110 6.936 1.326 11.401

Zulia 16 264 7 5 80 41 2.500 1.526 4.439

Bolívar - 2 2 - 113 60 4.194 - 4.371

Dist. Federal 492 1.809 235 325 553 253 139 6 3.812

Carabobo 23 50 40 133 111 209 50 43 659

Falcón - - - 1 467 88 1 557

Aragua 42 29 2 51 37 107 70 30 368

Miranda 148 27 22 (11) (25) 24 84 - 269

Sucre 51 - 2 34 14 7 - 108

Yaracuy - - - - 100 - - - 100

Lara 9 1 (4) 3 4 13 - - 26

Nueva Esparta - - - - - 2 5 - 7

Monagas 2,5 - - - - - 1 - 3, 5

Totales (**) 783,5 2.184 307 530 1.010 4.300 14.074 2.932 26.120,5

(*) Los datos de este cuadro fueron extraídos de la página Web de Conapri en 1997. En diciembre de 1999 albuscar nuevamente esta información en la página Web y personalmente en Conapri no fue posible ubicarla.(**) Los totales no coinciden con los de los Cuadros Nos 3 y 5. Las posibles explicaciones se señalan en elCuadro N° 3.Nota: cuadro elaborado sobre la base de datos de SIEX, Sudeban, Superintendencia de Seguro, Ministerio deEnergía y Minas y Conapri. Sólo incluye inversiones concluidas o en proceso.Fuente: http:www.conapri.org/ 1997.



la producción de 3.6 millones de tm/año a 18 millones de tm/año para el 2002. Esteproyecto contempla la construcción de un terminal de embarque de aguas profundasy una vía férrea desde la mina al terminal.

En cuanto a la bauxita, el gobierno nacional planificaba, con la privatización dela empresa Bauxilum, incrementar la producción de la mina de Los Pijiguaos (estadoBolívar), de 6 millones de tm/año a 10 millones tm/año.

• La disponibilidad de recursos y energía y la cercanía al mercado estado-unidense convierten a Venezuela en una interesante localización para laindustria siderúrgica y del aluminio

- Industria siderúrgica y petroquímica

Atraídos por la disponibilidad de energía eléctrica y materia prima barata,varias empresas transnacionales del subsector petroquímico y siderúrgico hanoptado por iniciar actividades en Venezuela.

A la industria petroquímica, haciendo uso de las opciones ofrecidas porPdvsa, han llegado varias de las más importantes empresas transnacionalesdel subsector químico. Estas empresas han concentrado sus inversiones en elcomplejo petrolero y petroquímico de Jose ubicado en el Eje Barcelona- Puer-to Píritu (estado Anzoátegui), donde para 1997 se producían 2 millones detoneladas métricas de productos (28% de la producción total nacional). Elplan de expansión tiene como meta que, para el año 2006, la producción deJose se incremente a 12 millones de tm y su participación en la producciónnacional de petroquímicos ascienda al 67% del total nacional. Se construiránsiete nuevas plantas petroquímicas, las cuales se sumarán al ya existente com-plejo criogénico (gas) y a las plantas a desarrollar por Bitor (Orimulsión) y lasasociaciones estratégicas 8. Adicionalmente en Jose se producirá coque, el cualse obtendrá del proceso de mejoramiento de los crudos pesados. Se estimaque las cuatro plantas de mejoramiento de crudos pesados producirán unas15.000 toneladas diarias de coque.

En el sector siderúrgico los mayores ingresos que se han percibido corres-pondieron a la privatización del 70% de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor),que se transfirió por 2.300 millones de dólares a un consorcio integrado, entreotras empresas, por la mexicana Hylsamex SA; las argentinas Siderar S.A.,

lamente el 11 por ciento de los desechos tóxicos producidos por el área fronteriza de las



Tamsa y Techint, y la brasileña Usiminas. Este ha sido el principal triunfo de laestrategia de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) de alianzas con distintasempresas internacionales. Entre sus principales proyectos está construir en alianzacon empresas internacionales (japonesas, coreanas, mexicanos, australianos) unaplanta de reducción de hierro (1 millón de tm/año) y una de briquetas de hierro encaliente (2.2 millones de tm/año). Para estos proyectos se estima necesaria unainversión de 910 millones de dólares.

En cuanto a la industria del aluminio el gobierno de Rafael Caldera desde1994 venía adelantando entre marchas y contramarchas el proceso de privati-zación de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana, procesoque fracasó en 1998. La expectativa que tenía el Estado venezolano con laventa de Venalum, Bauxilum, Carbonorca y Alcasa, era que el ganador de lasubasta realizara nuevas inversiones que permitieran aumentar la capacidadde producción para los próximos 15 años en un 38%.

El origen de la IED en Venezuela

En el Cuadro N° 5 se observa que Estados Unidos representa cerca del45% del total de la IED, excluyendo la de origen multilateral y el 17% inclu-yendo ésta. En el segundo lugar se ubica Canadá, que representa cerca del13% del total de IED en el primer caso, y 4,85% incluyendo la IED de origenmultilateral. Nuevamente hay que resaltar el caso de Canadá, lo que reafirmasu papel de «nuevo origen de la IED en la región» y recuerda que buena partede esa «nueva IED» se dirige al sector de la minería.

Estados Unidos ha sido el principal origen de los flujos de IED hacia laeconomía venezolana; primero en manufacturas, luego en servicios financie-ros y telecomunicaciones (GTE Corp. y AT&T en Cantv) y más recientementeen actividades petroleras. Entre 1992 y 1996, a pesar de las deficiencias de lasestadísticas, la Cepal estima que cerca del 40% de los ingresos de IED prove-nía de empresas estadounidenses. Esta tendencia se ha a acentuado en losúltimos años como resultado de las inversiones en petróleo. Los países euro-peos se han concentrado en actividades financieras y en algunas manufactu-ras, mientras que las empresas japonesas han destinado la mayor parte de susinversiones a las manufacturas de metales. Además, se evidenció un impor-tante crecimiento de las inversiones procedentes de otros países latinoameri-canos.

Canadá es el segundo país en volumen de inversiones en Venezuela, delas cuales el 90% estuvo dirigido a la minería, fundamentalmente a la de oro.En cuanto a la fuente multilateral también el sector de minería es el destino privile-



giado, representando el 77% de esta inversión.

Los conflictos ambientales y las inversiones extranjerasdirectas

Entre los años 1996 y 1998 según Conapri se produce un flujo de inver-sión hacia Venezuela de 2.623 millones de dólares, cifra que representa el43% del total de la IED correspondiente al período 1992-1998. Este monto noincluye la IED correspondiente a la actividad petrolera que producto de la

Cuadro N° 5Venezuela: inversión extranjera directa acumulada por país y sector económico

US$ 1990-1997

(i) Incluye inversiones de un grupo de países.(*) Los totales no coinciden con los de los cuadros N os 3 y 4. La posible explicación se señala en el Cuadro N° 3.Nota: elaborado sobre la base de datos de SIEX, Sudeban, Superintendencia de Seguros, Ministerio de Energíay Minas y Conapri. En 1999 sólo se ubicó en Conapri la información por país de origen, por esto fue necesarioutilizar la elaborada en 1997.Fuente: http:www.conapri.org/ 1997.

Trans. yCom.

TotalSalud yrecrea-

c iónMineríaManu-

facturaElectri-cidad

Cons-trucción

Comer-cio y

hote les

Bancae

Inmueb.

Agri-cultura

Estados Unidos 27 1.173 173 9 7 2.637 135 10 396 4.567

Holanda - 219 95 9 - 165 6 57 302 853

Suiza - 12 5 5 67 583 - - 6 666

Italia 1 1 - 13 - 338 - - - 352

España 3 53 - 2 - 29 330 4 577

Japón - 4 30 5 - 249 4 - - 292

Francia - 7 83 - 159 - - - 257

Panama 5 9 9 7 - 184 2 - - 216

Canadá - 29 - - - 87 1.179 2 - 1.297

Islas Caimán 34 - - - - 361 2 - 6 403

Islas Vírgenes 11 66 14 2 - 35 2 - 10 140

Bermudas 5 1 3 - - 112 1 - 8 130

Curazao - 7 10 3 - 71 - - - 91

Aruba - - 7 - - 22 17 - - 46

Bahamas - - - 0 - 9 0 - - 9

Multilateral (i) - - - - - 3.302 13.059 - 541 16.902

Total (*) 86 1.581 429 63 74 8.343 14.737 73 1.413 26.799



Apertura Petrolera ingresó al país entre 1996 y 1998, de la cual sólo por concepto delas modalidades de ganancias compartidas y asociaciones estratégicas ingresaronflujos de inversión por 2.344 millones de dólares adicionales.

En este mismo período se originaron diversas situaciones de conflicto ambien-tal, de los cuales diez fueron los que tuvieron mayor cobertura en la prensa nacionalsiendo a la vez centro de polémica pública, a saber9:

i. Explotación de oro en la Reserva Forestal de Imataca (estado Bolívar).

ii. Explotación carbonífera en la Serranía de Perijá.

iii. Derrames petroleros en el estado Zulia.

iv. Derrames petroleros en los estados Anzoátegui y Monagas.

v. Explotación petrolera en el Delta del Orinoco (estado Delta Amacuro).

vi. Explotación forestal en el estado Portuguesa.

vii. Tendido eléctrico Venezuela-Brasil.

viii. Pasivos ambientales de las plantas de aluminio de CVG-Bauxilum en PuertoOrdaz (municipio Caroní).

ix. Actividades petroquímicas en el Complejo de Jose (estado Anzoátegui).

x. Pasivos ambientales de la mina de bauxita de CVG-Bauxilum en LosPijiguaos (municipio Cedeño).

El análisis de estos conflictos y su relación con la IED se realizó sobre labase de su relación con: las principales tendencias de la IED y sus efectosambientales; las tendencias de los conflictos ambientales en América Latina yel Caribe y las políticas de descentralización y reestructuración del sector pú-blico. Este enfoque va a permitir enlazar en un todo los aspectos macro nosólo de la IED sino de las otras tendencias globales como lo son la aplicaciónde políticas de reestructuración económica y la problemática ambiental enAmérica Latina y el Caribe.

Relación con las principales tendencias de la IED y sus efectos ambientales

maquiladoras se trata de manera adecuada (Claes, 1999).7 En 1995, Pdvsa anunció un nuevo y ambicioso plan de expansión para los próximos diez



Del conjunto de estrategias que en el ámbito mundial y de América latinay el Caribe explican el comportamiento de los flujos de inversión, las quetienen mayor incidencia en los conflictos ambientales analizados son las siguien-tes:

• Incremento sostenido de los flujos de IED hacia los sectores de minería ehidrocarburos

* Conflictos por la actividad petrolera

- Derrames petroleros en el Lago de Maracaibo

El incremento de la producción petrolera se ha venido desarrollando enforma paralela a una grave situación ambiental en el Lago de Maracaibo. Porun lado están los derrames asociados al transporte de hidrocarburos: por ejem-plo en el año 1997 se sucedieron siete derrames, siendo el más grave el provo-cado el 25-01-97 por el tanquero Nissos Amorgos que vertió al Lago de Mara-caibo 25 mil barriles de petróleo. Por otra parte están los derrames asociadosa la explotación producto de la ruptura de tuberías, como es el caso del derra-me de 2.000 barriles de crudo pesado ocasionado por la ruptura de la tuberíade una estación10 .

- Derrames petroleros en los estados Anzoátegui y Monagas

Según indicadores del Marnr entre 1996-1998 sólo en el estado Anzoáteguise han registrado derrames de petróleo con un volumen de 32.142 barriles yen conjunto con Monagas y Delta Amacuro, en estos tres años estos estadosha sido escenario de 50 derrames petroleros de importancia.

- Explotación petrolera en el Delta del Orinoco

En el Delta del Orinoco, ecosistema de alta fragilidad ecológica, la apertu-ra petrolera principalmente se dio bajo dos modalidades: convenios operati-vos, como es el caso de los campo Pedernales (British Petroleum); Uracoa-Bombal y Tucupita (Benton Vincler) y Quiriquire (Maxus). La segunda moda-

años, que elevaría la producción a 6.5 millones de barriles diarios en el año 2005, con una



lidad es el esquema de ganancias compartidas, donde se subastaron las áreas(bloques) de Delta Centro, Punta Pescador y Guarapiche para el aprovecha-miento de crudos convencionales.

En el caso de las actividades de Benton Vincler en Tucupita (en el cascourbano), existen denuncias de tres derrames, donde el crudo cayó al cañoManamo. Con relación a las actividades de la British Petroleum en Perdernales,los pescadores de la zona denuncian que las explosiones para detectar pozosestán produciendo la desaparición progresiva de peces y afectando a los ma-natíes.

* Conflictos por la actividad minera

- Explotación carbonífera en la Serranía de Perijá

En el estado Zulia, en respuesta a la solicitud de Corpozulia y Carbonesdel Guasare (filial de Pdvsa), el Ministerio de Energía y Minas entrega en con-cesión siete áreas para explotación carbonífera a las empresa canadienses(Kilborn SNC-Lavalin, Maicca) y a las empresas Shell-Ruhr Khole en la Serra-nía de Perijá. La superficie dada en concesión está ubicada en un área derégimen especial (Parque Nacional Sierra de Perijá), en las cercanías del Par-que Nacional Ciénagas de Juan Manuel, dentro del Área de Resguardo Indí-gena de las etnias yukpa y barí, y es un área fronteriza muy compleja (guerri-lla, narcotráfico).

- Explotación aurífera en la Reserva Forestal de Imataca

El territorio de Imataca forma parte del territorio ancestral de la etnia pemóny fue declarada Reserva Forestal en 1961 con el objetivo de la conservación yexplotación racional de importante formaciones boscosas. Tiene una superfi-cie de 3.2 millones de ha y desde su declaratoria mediante distintas formas,unas legales (decretos) y otras ilegales (pequeña minería), se ha «permitido» laexplotación aurífera en una superficie de 2.200 ha. Paralelamente entre 1991y 1996, entre el Ministerio de Energía y Minas y la Corporación Venezolana deGuayana se han otorgado concesiones sobre más de un millón de hectáreasde Imataca11 . En febrero de 1997 el Ejecutivo nacional decreta el Plan deOrdenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal de Imataca (De-

inversión total de 65.000 millones de dólares. Para lograr esta meta, Pdvsa expuso lanecesidad de establecer nuevas alianzas estratégicas con las grandes empresas transnacionales



creto Presidencial 1.850). En este plan se autoriza la explotación/ exploración mixta(bosques y minería) en 1.2 millones de ha, que representan cerca del 38% de lasuperficie total de la Reserva Forestal.

- Pasivo ambiental de las minas de bauxita de Los Pijiguaos

El gobierno nacional por intermedio de la Corporación Venezolana deGuayana aceleró infructuosamente en 1996 el proceso de privatización de lasempresas del sector aluminio. Una de estas empresas es Bauxilum, la cual estáconstituida por dos operadoras, aluminio (antigua Interalumina) con sede enPuerto Ordaz (Municipio Caroní) y bauxita (antigua Bauxiven) con sede enLos Pijiguaos (Municipio Cedeño). Esta última tiene como función la explota-ción de un yacimiento de bauxita con una producción de 6 millones de tm/año.

Entre las primeras tareas para la privatización estaba la definición de lospasivos. Uno de los primeros en ser determinado fue el ambiental, estimadopara la Operadora de Bauxita en 7 millones de dólares. En ese monto no seincluyó el costo de los «daños a terceros» correspondientes a los daños am-bientales (sociales, físico naturales, culturales) ocasionados a las comunidadesubicadas en las adyacencias de la mina (Jungemann, 1999).

• Búsqueda de eficiencia en los sistemas internacionales de producciónintegrales

* El conflicto por la expansión de las plantaciones forestales de Smurfitde Venezuela en el estado Portuguesa

El Grupo Empresarial Smurfit Cartón de Venezuela (con más de 20 años enVenezuela) en 1996 inició un proceso de ampliación de sus plantaciones ubica-das en el estado Portuguesa adquiriendo tierras con vocación agrícola para lasiembra de pino y eucalipto. Esta estrategia tiene como objetivo reforzar supresencia en el mercado regional (Comunidad Andina y en el Caribe). Es asícomo tierras con potencial agrícola son utilizadas con fines forestales, se limitael acceso de los vecinos a cursos de agua que servían para la pesca de subsis-tencia, se producen migraciones internas hacia la zona en busca de trabajo yel régimen de tenencia se complejiza porque Smurfit pasó a ser uno de losmayores propietarios de tierras de la zona.

• La disponibilidad de recursos minerales y energía barata y la cercanía almercado estadounidense favorecen la inversión en la industria siderúrgi-ca, petroquímica y del aluminio



* El Complejo Petrolero y Petroquímico de Jose

Este Proyecto requiere una inversión de 5.9 millardos de dólares, de los cualessólo 1.1 serán aportados por Pdvsa y los 4.8 restantes serán aportados por las empresasmixtas y una parte por el financiamiento propio de los distintos proyectospetroquímicos. En cuanto al impacto social se estima que en el período 1998-2002(etapa del boom) se crearán 40.000 empleos, de los cuales 34.000 se ocuparán de laconstrucción, es decir, que quedarán en buena parte cesantes al terminar laconstrucción de las plantas. Este empleo directo se estima que generará unamigración para ese período de aproximadamente 140.000 personas, de la cual sóloserán incorporadas por tiempo determinado a la industria petrolera unas 12.000personas. Esta población migrante vendrá a ubicarse en un eje urbano, donde para1994 existía una situación general de déficit en los servicios y por ende en la calidadde vida de la población12.

* Los pasivos ambientales de la industria del aluminio

A raíz del proceso de privatización del sector aluminio se determinó unimportante pasivo ambiental del orden de 104 millones de dólare provocadopor las empresas básica. Los inversionistas que optaron por adquirir estas em-presas pusieron especial interés en negociar la forma en que asumían estospasivos y sobre todo el cronograma para sanearlos. Otros pasivos fueron loscorrespondientes a las enfermedades ocupacionales ocasionadas a los traba-jadores por la contaminación en los sitios de trabajo. Al igual que en el caso dela operadora de bauxita (Los Pijiguaos) los pasivos de terceros no fueron con-siderados.

• Tendencia antiambientalista de los convenios comerciales

* El tendido eléctrico Venezuela-Brasil

En cumplimiento del acuerdo suscrito entre Venezuela y Brasil, en 1998se inició el proyecto de construcción de un tendido eléctrico de 686 km2 queva a unir la represa Macagua II a la futura subestación de Santa Elena deUairén compromiso asumido por CVG-Edelca de suministrar energía a la em-

del ramo. De este modo, se promulgó la Ley de Apertura Petrolera, que facultaba a Pdvsa aefectuar convenios de asociación con empresas privadas para explorar, explotar y comercia-lizar petróleo, conforme al modelo de ganancias compartidas.

8 Estas asociaciones estratégicas incluyen la explotación y el mejoramiento de los crudos



presa brasileña Electronorte, en el estado Roraima.

Este tendido necesariamente tiene que pasar por distintas Áreas Protegi-das, principalmente por el Parque Nacional Canaima (128 km). Su construcciónesta originando situaciones de deforestación a lo largo del corredor (11 metros deancho) y de las 1.000 torres (50 a 100 m2), erosión y sedimentación por los movimientosde tierra y ecosistemas afectados por fragmentación. Desde el punto de vista socialresalta el hecho que de las 35 comunidades indígenas que atraviesa el tendido, sólo4 (3 de ellas fundamentalmente mineras) serán beneficiadas con el servicio deelectricidad.

• Las principales modalidades de la IED son la privatización y la compra deempresas privadas

La modalidad más común para el ingreso de IED es a través de la compratotal o parcial de empresas del Estado o de ciertas actividades económicasanteriormente realizadas exclusivamente por el Estado y ahora abiertas ainversionistas extranjeros13. Bajo esta modalidad se produjo la mayoría de lasinversiones que por la Apertura Petrolera y la minería ingresaron al país.

Este hecho es clave para entender que se trata de inversiones que vienendirigidas a mantener y/o ampliar las operaciones de una actividad económicaya establecida, en la mayoría de los casos por el Estado venezolano, por inter-medio de sus empresas. Es por esto que es muy difícil separar los efectos queson atribuibles a la crisis de los años 80 de aquellos que están relacionadoscon las nuevas inversiones. En estos casos se trata de situaciones no resueltasderivadas del funcionamiento en crisis del Estado venezolano (en los años80), que con las PRE no sólo se agudizan y complejizan, sino que adquierenparticularidades novedosas, que les confieren una mayor dificultad para sumanejo en el del modelo actual.

En el caso de Imataca, la contradictoria actuación del Estado originó des-de 1961 las condiciones para una situación de conflicto, pero en primer térmi-no la ejecución de políticas públicas dirigidas a atraer nuevos inversionistas yluego el ingreso de estos inversionistas extranjeros agudizaron las presionessobre los recursos naturales (Ortiz, 1996). Situación similar existe en Perijádonde el Estado, pero ya no sólo como productor (Carbones del Guasare) yCorporación de Desarrollo (Corpozulia) sino también como garante de la se-

pesados de la Faja Petrolífera.



guridad del territorio y de las personas (Ministerio de la Defensa y Guardia Nacio-nal) configuró a lo largo de los años una compleja situación de conflicto. Estasituación en el presente se agudiza con la expansión de las actividades carboníferas(apertura minera) y el ingreso de inversionistas extranjeros.

Un caso distinto pero relacionado a los anteriores es el de las empresas delaluminio de la CVG. En un proceso no concluido el gobierno nacional em-prende la nada fácil tarea de privatizar estas empresas y se la visualiza como laventa de un activo (instalaciones industriales). Es así como se hace abstrac-ción de la función social de estas empresas y lo que su venta significaría parala región. Así mismo se obvia todo «pasivo» ambiental que no corresponda alproceso industrial, no reconociéndose igualmente los pasivos ambientales quese tengan con ex trabajadores y comunidades aledañas.

• Importante participación de las empresas transnacionales

Las ET que han realizado proyectos de inversión en nuestro país, son enalgunos casos las más importantes en sus respectivas actividades; es el caso delas empresas con mayor participación en la Apertura Petrolera (Mobil, Exxon,Chevron y Texaco y las europeas British Petroleum, Royal Dutch/Shell y Total)y en la privatización de empresas de la Corporación Venezolana de Guayana(Aluminium Company of America (Alcoa) - Alcan, empresas N° 1 y N° 2 encuanto a producción de aluminio en el mundo). Otro grupo de empresas sonde tamaño mediano (Maxus, Conoco, ELF, Lusiana Land, etc.), pero asocia-das a grandes empresas nacionales en el caso del petróleo a Pdvsa y en el deloro a CVG Minerven o empresas internacionales como el carbón (Maicca,Shell-Ruhr Khole).

Un elemento común de la actuación de las ET en Venezuela, es su apa-rente preocupación por el tema ambiental. Una revisión de las declaracionesen la prensa nacional14 de representantes de las ET, permite identificar comoun elemento común el ofrecimiento de tomar todas las previsiones para quesus actividades (exploración petrolera, minera, industria petroquímica, etc.)no ocasionen daños ambientales. Esta posición es respaldada unánimementepor los representantes del gobierno nacional, especialmente por el Marnr.

Pero al momento de producirse algún derrame petrolero, emisión no contro-lada, deforestación, etc.; la respuesta común tanto de los representantes de las

9 La información para esta parte del artículo es producto de los primeros resultados delProyecto de Investigación «Los conflictos ambientales de la Agenda Venezuela, 1996-1998», financiado por el CDCH. La coordindora del proyecto es la autora de este trabajo.

10 En mayo de 1997 se denunció la aparición en el Golfo de Venezuela de una mancha de



ET como del gobierno nacional es exponer los planes y proyectos que estánejecutando en el área ambiental y minimizar la dimensión del «daño ambiental»ocasionado. Otro aspecto importante de resaltar es que las ET tienen una«visión» del tema ambiental centrada en el control de emisiones, efluentes yresiduos. Todo aspecto social es considerado responsabilidad única y exclusivadel Estado, destacándose que su aporte viene por la vía del pago de impuestos.

De la actuación de las ET en los diez conflictos ambientales analizados, seidentifica un divorcio entre las previsiones ambientales ofrecidas por estas em-presas y la realidad concreta de su actuación. Provea señala al respecto: «espe-cial inquietud causa en la comunidad ambientalista la llegada al país de las gran-des transnacionales mineras... llegan, en muchos casos precedidas de denun-cias por los daños que han originado al ambiente en los países que han opera-do» (Provea, 1997:242). Como ejemplo está la solicitud de las empresas inte-resadas en la compra de las empresas del sector aluminio de exención penalen el aspecto ambiental, mientras se ejecuta el plan de adecuación ambiental.En tal sentido la Procuraduría señala: «la ausencia actual de medidas adecua-das de control del impacto ambiental no justifica dicha exención, sino por elcontrario apunta a la necesidad urgente de implementación (Provea, 1997:247).

Relación con las tendencias de los conflictos ambientales en AméricaLatina y el Caribe

• Los conflictos ambientales como problemas del desarrollo

En los conflictos analizados el tema ambiental por parte de los afectadoses visto en forma integral. En el caso de Imataca, Perijá, Los Pijiguaos y eltendido eléctrico, el problema ambiental no es sólo conservar los recursos na-turales, sino conservar la tierra, la calidad de vida, la cultura, en resumen unaforma de vida. Pero no sólo son los grupos indígenas, también los pescadores(Lago de Maracaibo), campesinos (estado Portuguesa) y pequeños mineros(Imataca), los que también luchan porque su derecho al uso de los recursosnaturales les sea respetado. Este enfoque choca frontalmente con otros parcia-les y sectoriales de las ET y de los funcionarios públicos.

Un ejemplo de estos excluyentes enfoques se tiene en el conflicto enImataca, el cual gira alrededor del derecho de acceso y uso a los recursosnaturales. Por una parte el gobierno nacional actuando en tres funciones dife-renciadas: como empresa explotadora de oro a través de la Corporación Ve-

petróleo de 3 km2, que ocasionó la muerte de peces y tortugas marinas.



nezolana de Guayana, como promotor de la inversión privada (nacional ointernacional) a fin de percibir ingresos fiscales con la actuación de Cordiplan(Ministerio de Planificación)15 y el Ministerio de Energía y Minas (competenteen el otorgamiento de concesiones) y en el rol de máxima autoridad en la gestiónambiental con la actuación del Marnr. Por otra parte las empresas mineras (nacio-nales e internacionales) presionan para explotar el oro y los pequeños mineros(incluyendo comunidades indígenas) exigen que se les permita explotar también elmineral. El Marnr, organismo competente para la gestión ambiental articulándose ala política del Estado de apertura a la IED, formula el Plan y Reglamento de Usocomo requisito indispensable para dar seguridad jurídica a los inversionistas yparalelamente ordenar (legalizar) la actividad minera que de larga data se ha venidorealizando en Imataca. Por otra parte están los representantes de comunidadesindígenas16, que dentro del decreto 1.850 no se les asignó un espacio dentro deImataca y por ende se les impide utilizar los recursos naturales (tierra, agua, fauna,vegetación, etc.) que les permitan su reproducción social y material. Apoyandoestas reivindicaciones y sobre la base de considerar que toda la sociedad nacionaltiene el derecho de contar con los recursos naturales para las futuras generaciones,participa un amplio espectro de instituciones y organizaciones ambientalistas, aca-démicas y científicas que han adelantado numerosas actuaciones para evitar laposible destrucción de un área de especial significación ecológica.

• La ruralización del ecologismo latinoamericano

Muy relacionado con el punto anterior, está el hecho de la participación,como protagonistas principales en los conflictos ambientales analizados más inten-sos, de grupos sociales rurales excluidos fundamentalmente los indígenas.

La respuesta de las comunidades indígenas en los conflictos de Imataca,Perijá y el tendido eléctrico hacia Brasil ha sido de una contundencia tal quesorprendió tanto a las empresas inversionistas como al gobierno nacional. Losniveles de organización y de capacidad de constituir alianzas con otros actores

11 En Imataca el Ministerio de Energía y Minas mantiene vigentes 91 concesiones y 3 contratosmineros y la Corporación Venezolana de Guayana ha otorgado 257 convenios de explotaciónaurífera.

12 En cuanto a vivienda el déficit (funcional y estructural) es de aproximadamente 25.000viviendas; en salud existe un déficit considerable en el número de camas (56%). En cuanto alabastecimiento de agua potable, se presenta una situación de deficiencias en el sistema. Final-mente el sistema de cloacas no cubre la totalidad de las ciudades y no dispone adecuadamen-te de las aguas servidas.

13 Conapri registra entre 1992-1998 por privatizaciones una inversión de 1.122 millones de



tanto en el ámbito nacional como internacional fueron las principales característi-cas de la actuación de los grupos indígenas. En el conflicto de Perijá se tiene unbuen ejemplo de esto. En Perijá las empresas extranjeras17 a las que el MEM otorgóconcesiones en 1996 para exploración y explotación de carbón comenzaron a trabajaren las comunidades yukpa y barí sin que éstas tuvieran ninguna información alrespecto. Pero los yukpa «no se quedaron con los brazos cruzados. Por medio deorganizaciones no gubernamentales y de la Universidad del Zulia encontraroninformación sobre los efectos ecológicos y sanitarios, obtuvieron apoyo del Vicariatode Machiques y de la alcaldía, además de unir fuerzas con los ganaderos, cuyaspropiedades se ven también amenazadas. Así llegaron a la Corte Suprema de Justiciapara solicitar un recurso de amparo –sobre el cual esperan decisión– y estándispuestos a acudir a la Corte interamericana de Derechos Humano» (El Nacional, 4-05-99).

En los casos de Imataca y el tendido eléctrico, la respuesta de la etniayukpa fue igualmente contundente. A las acciones legales se sumó una acciónde protesta popular (marchas, cierres de carretera, tomas pacíficas) nunca vis-ta en el país, que en opinión de algunos expertos fue el inicio de un proceso dereafirmación de los derechos indígenas y que culminó en su inclusión en lanueva constitución aprobada en diciembre de 1999.

En cuanto a otras etnias, si bien son los indígenas los afectados, su «voz»ha sido transmitida por otros actores. Es el caso del conflicto por la explotaciónpetrolera en el Delta del Orinoco y de los pasivos de la mina de Los Pijiguaos.En estos casos las universidades, grupos religiosos, organizaciones ambienta-listas, han transmitido a la opinión pública y/o a los organismos gubernamen-tales información técnica sobre las situaciones que confrontan las comunida-des warao (Delta del Orinoco) y panare, piaroa y guahiba (Los Pijiguaos), porel desarrollo de las actividades de exploración y explotación de petróleo y laminería respectivamente.

La relación con las políticas de reestructuración del sector público,descentralización y oferta y competitividad

• Políticas de reestructuración del sector público

US$, de los cuales el 95% se registró entre 1996-1998 (Conapri, 1999).14 En el caso de Sidor luego de ser privatizada, la empresa compradora respaldada por el Marnr

ha anunciado en repetidas oportunidades las inversiones realizadas para solventar el proble-ma de los pasivos ambientales. Pero así mismo han declarado que debido a los problemasfinancieros que han tenido, se han visto obligados a reducir sus planes de inversión. Queda la



El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, creado enlos años 70 y fortalecido con un marco legal de avanzada, normó la forma de ocupaciónde una porción importante18 del territorio nacional, a través de la declaratoria dedistintas figuras legales para la protección y utilización racional de los recursosnaturales. No obstante estos avances, el discurso ambiental en Venezuela se hacaracterizado por tener las mayores contradicciones, lo que se expresa claramenteen la violación de buena parte de las leyes, reglamentos y ordenanzas ambientalespor parte del mismo Estado.

Con la aplicación de políticas de reestructuración económica se «agudizaun proceso de apertura al capital extranjero que ha conducido a una significa-tiva subasta de los principales recursos naturales renovables y no renovables»(Provea,1998). Pero tal como lo señala la presidenta de la Comisión de Am-biente de la Cámara del Senado, Lucía Antillano, pese a las abundantes noti-ficaciones y denuncias de situaciones que deterioran el ambiente, el Marnrconcede primacía a la necesidad de que «la política ambiental no entorpezcala competitividad económica», privilegiando «la función orientadora antes quela función fiscalizadora y orientadora» (Provea, 1998) Esta situación tiene efectosdramáticos sobre el ambiente, dada la impunidad con que actúan las empre-sas explotadoras. Es así como el Marnr no tiene credibilidad ante la opiniónpública como garante de las condiciones ambientales del país. Paralelamente,este ministerio ha venido teniendo reducciones en cuanto a las disponibilida-des de recursos humanos y financieros para llevar a cabo las funciones queson de su competencia según las leyes.

Otro aspecto a resaltar tiene que ver con la crisis en las funciones de losorganismos del Estado. En el caso del conflicto de los derrames petroleros enel Lago de Maracaibo, una de las principales causas de los accidentes, sumadaal incremento del paso de tanqueros por el aumento de la producción, fue elpoco mantenimiento que el Instituto de Canalizaciones hace del canal de nave-gación. Este es un hecho que refleja cómo la crisis del Estado y específica-mente de una de sus instituciones puede haber contribuido a la varadura delos tanqueros y los derrames petroleros.

• Política de descentralización

duda de si esta reducción en la inversión ha tenido incidencia en las medidas ambientales.15 En ocasión de un acto de reafirmación de la apertura minera realizado en Ciudad Bolívar

(estado Bolívar), Teodoro Petkoff, ministro de Planificación en el gobierno de Caldera, seña-



El análisis de la actuación de los gobiernos locales (estadales y municipales)en los conflictos analizados permite determinar características comunes.a. En general los gobiernos locales anteponen los objetivos económicos, y

políticos a los ambientales. Por ejemplo, en el caso del estado Bolívar, elgobernador Jorge Carvajal, ante una denuncia de que la Gobernación yla Asamblea Legislativa estaban otorgando permisos «viciados» denomina-dos Actas, que autorizaban la explotación de oro y diamantes en la ZonaProtectora del estado Bolívar responde: «no podemos quedarnos en silen-cio respecto al reclamo que hacen más de 100 mil mineros que viven de laminería...» (El Universal, 13-11-97). Por su parte el gobernador del esta-do Amazonas a principios de 1997 planteó insistentemente la necesidadde derogar el Decreto Presidencial 269 que prohíbe la minería en ese estado,sin tomar en cuenta la fragilidad ambiental del ecosistema amazónico.

b . Los gobiernos locales desconocen las reivindicaciones de sus comunida-des. Es el caso de los conflictos en Imataca, Perijá, Los Pijiguaos y eltendido eléctrico hacia Brasil, los gobiernos locales no están en sintoníacon sus comunidades. En Bolívar el gobernador Carvajal, en un vanoesfuerzo de articularse a la dinámica del conflicto, varió constantementesus opiniones pasando de un apoyo total al decreto 1.850 y al proyectoeléctrico como fuentes de empleo hasta el condicionamiento de las activi-dades mineras y de construcción, a un «acuerdo» con las comunidades.En el caso de Los Pijiguaos, el gobierno del estado Bolívar (Instituto deAmbiente, Minería y Ordenación del Territorio –Iamot) y el municipal (mu-nicipio Cedeño) desconocían totalmente la situación ambiental de las co-munidades afectadas por la mina de bauxita, al momento de definir lospasivos ambientales.

c. Los gobiernos locales están poco o nada informados de las decisiones quea nivel del gobierno central se toman en referencia a los grandes proyectosde inversión. En el conflicto del Complejo Petrolero y Petroquímico de Jose,los gobiernos locales (estadal y municipales) desconocían las dimensionesde las inversiones localizadas a la región. Esto impide realizar cualquierplanificación para atender las nuevas demandas que estos proyectos vana originar. En este caso, Pdvsa constituyó una dependencia especial paraatender los impactos denominada Desarrollo Armónico de Oriente (DAO),la cual se constituyó en la realidad en un «supra-gobierno local» en vistadel poder político19, técnico y económico que concentraba. Situaciones

laba que la intención del gobierno con el decreto 1.850 era crear un ambiente legal para queoperen la gran empresa, el pequeño y mediano minero. El objetivo era ordenar una actividad



similares se presentan en el Delta de Amacuro, Los Pijiguaos, Portuguesa,Zulia.

A modo de conclusiones

• La política de apertura comercial del Estado venezolano en el período1996-1998, aunque fue considerada incompleta y que no daba segurida-des a los inversores, facilitó el ingreso de importantes flujos de inversiónextranjera directa, dirigidos fundamentalmente a los hidrocarburos y laminería. Las modalidades como ingresó esta IED fueron fundamental-mente privatizaciones (incluyendo la apertura de la industria petrolera) ycompra de empresas.

• El Estado adelantó el proceso de apertura comercial no relacionándolocon las otras políticas de reestructuración, especialmente descentraliza-ción y reforma del Estado. Es así como la gestión ambiental, que venía yaen un proceso de crisis desde los años 80, en los noventa es prácticamen-te rebasada por la magnitud de las intervenciones en los recursos natura-les asociadas a los proyectos de inversión.

• El Estado venezolano no tuvo la capacidad para manejar las situacionesde conflicto ambiental. Por una parte el Marnr asumió una posición «per-misiva» ante la «reprimarización» de la economía venezolana y, por laotra, su proceso de reestructuración se dirigió fundamentalmente a redu-cir sus recursos (humanos y financieros) y no a mejorar su eficiencia.

• Los principales actores de la IED, las ET, tienen en su discurso como unade sus principales preocupaciones el tema ambiental, pero no para evitar-lo o corregirlo; sino para reducir sus responsabilidades legales al mínimoposible. Paralelamente ejecutan sus proyectos de explotación y/o explora-ción sin implementar en forma oportuna las medidas preventivas.

• Las ET consideran los problemas ambientales como situaciones exclusi-vamente físico-naturales, que se reducen a emisiones, efluentes y resi-duos. El daño a terceros y la responsabilidad social son temas que, segúnlas ET, significan para ellos sólo al pago de impuestos, el «resto» queda enmanos del Estado.

• El tema ambiental no está siendo considerado en su justa dimensión enlos tratados de cooperación internacional. Los países de la región, y Vene-zuela entre ellos, se niegan a tratar el tema por considerarlo un riesgo parael intercambio comercial.

• Los gobiernos locales no tienen entre sus prioridades el tema ambiental,además no cuentan con una normativa legal clara al respecto y carecen



de los recursos financieros y humanos para asumir en forma adecuada losretos que el desarrollo de proyectos de inversión origina en los espacioslocales.

• Grupos sociales tradicionalmente excluidos han sido los actores más activosen las situaciones de conflicto ambiental. Los indígenas de distintas etnias yen distintos lugares del país han realizado acciones legales y de calle que hanlogrado paralizar, por lo menos temporalmente, proyectos de inversión. Lospescadores del Zulia en sus pequeños botes se enfrentaron a los tanquerospetroleros, dispuestos a impedir los derrames que afectan las aguas del Lago.Los vecinos de las comunidades de Anzoátegui, ubicados en las cercanías deJose, han protestado por la calidad del ambiente y por su derecho al trabajo.

• En los conflictos ambientales los actores tienen visiones excluyentes deltema ambiental. El Estado y sus instituciones tienen una visión sectorial yfísico-natural, las ET consideran el tema como un problema de control deemisiones (indicadores); los indígenas, campesinos, vecinos y pescadoresven lo ambiental como un problema integral, donde el deterioro de losrecursos naturales forma un todo con el deterioro de la calidad de vida, dela tenencia de la tierra y el derecho al trabajo.

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