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7º ENCUENTRO DE INVESTIGADORES/AS DE CIENCIAS SOCIALES DE LA REGIÓN CENTRO-OESTE DE ARGENTINA Y LA IV REGIÓN DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN
27, 28 Y 29 DE MAYO DE 2015
Mesa 16: Conflictividades territoriales. Construcción de peligrosidad y estigmatización de
territorios fragmentados
Titulo: Respuestas policiales ante manifestaciones culturales juveniles en barrios populares
de Rawson y de sectores de Capital de la provincia de San Juan.
Autor/es: Bustamante, Daniela 1
Resumen:
En este trabajo se indagará sobre cómo responde el aparato policial ante manifestaciones
culturales juveniles, tanto de artistas provenientes de barrios populares de Rawson, como de
aquellos artistas ubicados en el Parque de Mayo de la capital de la provincia de San Juan.
Para lo cual es necesario profundizar en las representaciones sociales acerca de las prácticas
culturales juveniles, y en las concepciones sobre la juventud en sí misma, ya que no
provienen de la nada sino que se dan en un contexto cultural y social determinado, lo cual
determina las prácticas policiales implementadas.
Asimismo se analizaran los procedimientos y mecanismos utilizados por la institución
policial para operar frente a las prácticas culturales, para luego detectar los significados
atribuidos por ésta – como dispositivo de control social – a las expresiones culturales de
jóvenes de los barrios y de la capital.
Y por último, se llevara a cabo un análisis, que permita establecer eventuales diferencias
entre las respuestas y mecanismos de control social de la policía frente a prácticas
culturales de ambos grupos de jóvenes tratando de establecer si dichas expresiones se
encuentran asociadas a la construcción de peligrosidad por parte de la sociedad, respecto de
estos jóvenes.
1 Estudiante de la Lic. En Trabajo Social- FACSO- UNSJ- [email protected]
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Palabras claves: Culturas juveniles- Juventud- Aparato policial- Control Social-
Peligrosidad.
Abstract:
In this paper we will investigate how the police apparatus responds to cultural events
juveniles both artists from neighborhoods in Rawson, as those artists located in the Parque
de Mayo in the capital of the province of San Juan.
For this it is necessary to deepen the social representations about the youth cultural
practices and conceptions of youth itself, and not from scratch but occur in a particular
cultural and social context, which determines the implemented policing.
Procedures and mechanisms used by the police force was also analyzed to operate against
cultural practices, then detect the meanings attributed by it - as social control device - to the
cultural expressions of inner-city youth and the capital.
And finally, carry out an analysis, in order to establish possible differences between
responses and mechanisms of social control of the police against cultural practices of both
groups of young people trying to establish whether these expressions are associated with
the construction of hazard by the society on these young people.
Keywords: Youth cultures- Youth- Social control- Police apparatus- Dangerousness
Dentro de la provincia de San Juan se configuran diversas realidades que comprenden
sectores de extrema pobreza y vulnerabilidad, y sectores caracterizados por la ostentación
y la riqueza, producto del modelo de acumulación capitalista en el que se ensanchan cada
vez más, las brechas entre ricos y pobres. Esto promueve una situación de desigualdad en
la apropiación de capitales tanto económicos como simbólicos por parte de sectores
subordinados.
A partir de las condiciones materiales de vida, de su realidad y de la relación con los otros,
los sujetos van configurando sus identidades y sus modos de ver el mundo, así como
también sus expresiones y formas de resistencia ante el orden vigente.
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Se puede definir a la cultura como producción y representación del sistema social, y a su
vez de su redefinición para lograr una transformación social. La cultura implica poder, da
cuenta de la existencia de relaciones desiguales y de la posición de subalternidad de
algunos sujetos, debido a la desigualdad en la apropiación de los bienes económicos y
simbólicos, lo cual configura determinadas formas de expresión y representación.
A partir de esto es que se pueden encontrar en nuestra provincia una gran variedad de
manifestaciones culturales, las cuales sirven, aunque configuradas de diferentes modos,
como estrategias de resistencia de suma importancia para los jóvenes.
En cuanto a sectores populares se puede visualizar cómo el arte, la música, el baile, entre
otros, constituyen un medio de escape y de resguardo ante una sociedad que los estigmatiza
y persigue cotidianamente, como una estrategia para enfrentar una realidad que los
margina cada vez más. A modo de ejemplo, en el caso del barrio Güemes del Departamento
Rawson, la murga y la comparsa son consideradas como importantes para la contención de
los niños, adolescentes y jóvenes del lugar, ya que los mismos a partir de dichas
expresiones encuentran modos de hacer y ser.
En sectores de clase media, los jóvenes acceden a capitales simbólicos que les permiten re-
pensarse, cuestionar y criticar el sistema social, es por ello que buscan expresar a través del
arte, la necesidad de renovar y cambiar la realidad en la que se vive. Se pretende desde las
diversas manifestaciones culturales romper con lo moralmente establecido.
Ante esto, el poder fija su atención en dichas manifestaciones tanto de sectores populares
como de clase media, ya que su función es la de “mantener el status quo”, suprimir toda
idea de subvertir ese orden, de buscar mayor igualdad, y de quebrantar las leyes impuestas.
La forma en que actúa el Estado a través de sus dispositivos puede considerarse como una
violencia que se encuentra totalmente invisibilizada y naturalizada, es por ello que aparece
como no cuestionada. Se pueden establecer diferencias en la actuación de las fuerzas de
seguridad cuando interviene en las agrupaciones culturales de barrios populares y en los
sectores de la capital.
Aproximaciones al concepto de cultura. Culturas populares.
Históricamente los sectores hegemónicos han pretendido apropiarse de la idea de cultura
como algo exclusivo de las elites considerando el arte como aquello que se encuentra solo
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en lugares como museos, operas, teatros, etc. En la actualidad se puede visualizar como la
cultura invade todos los espacios sociales ya sea la calle, las plazas, las peatonales, entre
otros, y cómo los distintos sectores se expresan a través de la misma.
La cultura implica un proceso de producción de fenómenos que contribuyen a reproducir o
transformar el sistema social. A través de ella, se representa en los sujetos lo que sucede en
la sociedad. A su vez, los sujetos resignifican el sistema social y elaboran alternativas, en la
búsqueda de su transformación (García Canclini, 1995).
Si bien la cultura se comienza a tener en cuenta por fuera de los espacios hegemónicos,
dando lugar a las expresiones culturales populares y callejeras, no hay que olvidarse de que
implica una relación de poder y de subalternidad, debido a la apropiación desigual de los
bienes simbólicos, y se construye en base a las condiciones de vida y a la relación con el
otro, de acuerdo a las particularidades de los sujetos. Por lo que su interiorización y
resignificación se da de diversas formas, principalmente por el rol que juegan los demás
capitales tales como el económico y el social.
La cuestión clave en esta relación desigual es que esta naturalizada. La cultura hegemónica
“acepta” a las demás sin preguntarse acerca de las condiciones de desigualdad, lo cual lleva
a que las mismas se continúen reproduciendo.
La cultura popular no puede entenderse como autónoma de la cultura dominante, ya que el
mercado cultural está permanentemente en juego y capturando las prácticas y
representaciones de la cultura de la pobreza. No se pueden pensar como separados ya que
se influyen mutuamente en una lucha por la legitimación en la que triunfa la industria del
mercado, aplacando las conductas y expresiones propias de los pueblos, interpretándolas a
su modo. Es así que es tan diverso el efecto que puede tener la cultura ya que tiene
múltiples significados de acuerdo al espacio en donde se desarrolle. (Rodríguez M.G,
2008). No se puede definir a las culturas populares por un conjunto de rasgos internos que
les son propios, sino en relación con las culturas hegemónicas. Es necesario definir a los
sectores populares relacionalmente, es decir, dentro del sistema de clases y dentro del
sistema de diferenciaciones sociales. (García Canclini, 1995, 66).
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Tal como se mencionó anteriormente, cada sector de acuerdo a su realidad, modos de ver el
mundo y la relación con los demás, resignifica los elementos de la cultura dando lugar
diversas manifestaciones.
En la provincia de San Juan, la cultura se expresa a través de las murgas, comparsas,
murales, malabarismo, circo, artesanías, música, baile. Cada sector le otorga significados
propios a las prácticas culturales. Los barrios populares ven en dichas expresiones modos
de enfrentarse a condiciones de exclusión y marginalidad en las que están insertos,
buscando en lo artístico alternativas y estrategias de resistencia para los miembros de las
comunidades. En el barrio Güemes de Rawson la comparsa y la murga se constituyeron
como pilares fundamentales en la contención de niños, adolescentes y jóvenes. En el caso
de los artistas pertenecientes a la clase media, los mismos configuran dichas expresiones
como formas de comunicar algo que permita re-pensar y cuestionar las condiciones de
desigualdad en la sociedad, para así poder lograr una transformación social.
Juventud. Culturas juveniles
Se puede establecer que luego de la segunda guerra mundial, se diferenció a la juventud
claramente como “otro” sector social, todo se debe a una serie de condiciones sociales que
llevaron a la emergencia histórica de grupos juveniles. La misma se dio por la aparición de
un mercado de consumo y una industria orientados a los jóvenes, por el incremento de los
medios masivos y el nexo entre estos y la cultura juvenil, el arribo de un estilo distintivo
para el grupo, es decir un conjunto de transformaciones que posibilitaron y construyeron
juventudes. (Chaves, 2010)
Para profundizar en el concepto de juventud, es importante hacer alusión a la noción de
cronologización de la vida que rige la vida de los sujetos. La misma se refiere a la
“objetivación de la vida como un desarrollo cronológico individual y progresivo medido en
unidades temporales por el calendario occidental y cristiano”. (Chaves, 2010, p.25-26) Es
así que la vida se interpreta como un tránsito por el tiempo, el cual organiza el quehacer
cotidiano, es decir que establece cuándo es el momento de trabajar, de estudiar, de comer,
de dormir, etc. La vida debe seguir un curso establecido previamente, como algo
naturalizado y reproducido por todos los sujetos, relacionando tales ideas con el progreso y
la evolución individual. Es decir, si no se atraviesa por etapas en tiempos determinados no
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se produce una realización, maduración y evolución de los sujetos, considerándolos como
disfuncionales. Es por ello que en correspondencia al sistema capitalista es que se produce
un proceso de inculcación y sometimiento hacia los niños, adolescentes y jóvenes, para
incorporarse a la sociedad como un ente productivo y funcional al sistema social. Es así
que ese proceso de transito por determinadas etapas a las cuales se le atribuyen roles y
funciones determinadas, se realiza en función del mantenimiento del orden y modelo
capitalista vigente.
A su vez, dicho proceso de cronologización de la vida está atravesado por otra noción que
es la de institucionalización del curso de la vida, donde esa organización de la cotidianeidad
se hace a partir de la intervención del Estado a través de la escolarización, la salud pública,
y de diversas instituciones que rigen y condicionan la vida de los sujetos, tales como la
medicina, las legislaciones, la transformación del sistema de producción, entre otros.
(Chaves, 2010). No solo se establecen las etapas, momentos y funciones que deben cumplir
los sujetos en un tiempo determinado, sino que se cuenta con instituciones que procuran
que dichas etapas se vayan cumpliendo y atravesando de determinada manera, todo esto
para la posterior preparación de los sujetos para convertirse en adultos productivos.
Dichas nociones al regir la vida de los jóvenes, promueven una concepción de la juventud
como una etapa de preparación para la vida adulta, entendiendo a la adultez como aquella
etapa de mayor plenitud y madurez, y de productividad, de acuerdo a las nociones que rigen
a las sociedades modernas. A partir de esto es que la juventud presenta un carácter liminal
ya que se encuentra ubicado entre la dependencia infantil y la autonomía adulta.
En las representaciones sociales y discursos acerca de la juventud, media la biopolítica
concepto creado por Foucault, que consiste en el control y categorización cuyo objetivo es
el sometimiento del cuerpo a una disciplina. A través de esta, se confiscan los cuerpos por
vía de la satanización de todo aquello que escapa a la representación del propio grupo con
el objetivo de engendrar jóvenes sumisos y temerosos. Para controlar, gobernar, disciplinar
a la juventud “transgresora” se apela a los dispositivos normalizadores (Reguillo, 2012)
La juventud esta signada por el gran NO, es negada o negativizada, se le niega la existencia
como sujeto social (en transición, incompleto, ni niño, ni adulto) o se negativizan sus
prácticas (juventud problema, juventud gris, joven desviado, ser rebelde, delincuente).
(Chaves, 2005).
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Los actores juveniles pueden categorizarse en incorporados, que incluye a aquellos que
están insertos en el ámbito escolar y laboral; y en alternativos o disidentes, contiene a
aquellos que están en constante contradicción con las instituciones y en conflicto con la ley
(Reguillo, 2000). Los dispositivos de control social buscan la readecuación de aquellos
jóvenes buscando adaptar a los mismos para así poder controlar el conflicto, es decir,
acallar voces y reclamos logrando una “inclusión desigual”, ya que se pertenece cuando se
está adentro de las instituciones escolares o laborales, restándole importancia a los espacios
informales y culturales de aprendizaje.
Generalmente en los sectores populares, tales como el Barrio Güemes y el Barrio La
Estación, los jóvenes son ubicados dentro de la categoría de “disidentes” ya que se
encuentran en una constante puja con los dispositivos estatales y en conflicto con la ley. Sin
embargo, esto no puede ser analizado livianamente, hay que tener en cuenta que esto no
surge de la nada, sino que guarda estrecha relación con la situación de vulnerabilidad y la
estigmatización a la que se somete a dichos sectores, y con las dificultades de acceso a
bienes económicos y simbólicos, como resultado del sistema capitalista en el que vivimos.
Los jóvenes de estos barrios son visualizados como “desechos”, como “residuos humanos”,
son expulsados de las instituciones, señalados y estigmatizados. A lo largo de toda su
trayectoria de vida tanto las instituciones como la sociedad les han inculcado la idea y el
estigma de “no ser útil para la sociedad”, lo cual lleva a la autopercepción negativa de estos
jóvenes, es decir a que no visualicen un futuro y un proyecto de vida, dado que al
pertenecer a dicho sector inevitablemente se espera que cumplan determinados roles y
estereotipos tales como “vago”, “delincuente”, “negro”, impuestos a su vez por los medios
de comunicación. Tienen claro (les han dejado en claro) que hagan lo que hagan van a ser
perseguidos porque la sociedad necesita un chivo expiatorio a quien culpar de los males y
problemas sociales. Para el poder es más sencillo y más barato perseguir y aniquilar, que
repensar las condiciones de vida de la población y apuntar a mejorar las trayectorias de vida
de los habitantes de los barrios, es más fácil expulsarlos a la periferia y que se las arreglen
como puedan y en el mejor de los casos que desaparezcan sin que nadie pueda verlos.
Es a partir de la cultura y el arte que de alguna manera comienzan a ser tenidos en cuenta
por las instituciones, visualizados como útiles solo para la política departamental, siendo
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los proyectos culturales el medio para obtener su apoyo y su voto, como sucede en los
barrios populares de Rawson. 2
A diferencia de los jóvenes de sectores de clase media ubicados en la Capital, los cuales en
general son categorizados como “incorporados” ya que están insertos en instituciones
educativas, van a la escuela o universidades, asisten a institutos y acceden a servicios
estatales, es decir, están ubicados dentro del sistema y son visualizados como personas
incompletas y en transición hacia la plenitud que es la adultez. La estigmatización hacia
dichos jóvenes proviene del acercamiento a prácticas culturales tales como malabarismo,
circo, murga, entre otras, o a partir del consumo de marihuana o drogas, señalando a los
mismos desde un patrón especifico sostenido por la institución policial, la sociedad y los
medios de comunicación. Aquellos jóvenes son percibidos como rebeldes, revolucionarios,
perturbadores del orden vigente y es por ello que también son señalados y perseguidos.
Institución policial como dispositivo de control social. Construcciones de peligrosidad
acerca de la juventud.
Se puede considerar a la policía como la “administración del poder coactivo”. Este poder
administrativo coactivo es una técnica de gobierno y como tal prefiere antes que el uso de
la fuerza explicito, obligar al encauzamiento de conductas, domesticar las relaciones entre
los hombres. En la Argentina las contravenciones cumplen esa función de disciplinamiento,
de administración y de organización de la vida de los sujetos, en pos de las “buenas
costumbres”, lo cual está legitimado y naturalizado por la sociedad, siendo así reclamado
constantemente por la misma y por los medios de comunicación, trayendo consigo medidas
como el incremento de agentes policiales en las calles.
A través del manejo normado y regulado de las contravenciones se ejerce una vigilancia
permanente, produciendo el dominio sobre las almas al establecer prohibiciones absurdas
que dejan entrever la domesticación de los sujetos en función de un orden social
establecido. Las contravenciones arrastran la vieja tradición, visten el disfraz y usan el
2 Información obtenida a partir de entrevistas a adolescentes y jóvenes en el Barrio La Estación y el Barrio Güemes, en el marco del proyecto de investigación “¿Quien es peligroso? Una aproximación a las prácticas violentas en territorios urbanos ‐ fragmentados de la provincia de San Juan”. FACSO. UNSJ.
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lenguaje prestado del credo medieval, son consideradas como pecados veniales tales como
la vagancia, el uso del disfraz y el carnaval, la mendicidad, los gritos, las burlas (Tiscornia,
2004) en sí todo aquello considerado como atentado contra las buenas costumbres y la
moral es señalado por el poder y repudiado por la sociedad, y castigado de modos sutiles a
través de dichas medidas “administrativas” del Estado.
Los mecanismos de control social implementados por la institución policial se caracterizan
por ser sutiles y por estar enmarcados en la violencia simbólica aunque no son los únicos
que se ejercen para mantener el orden hegemónico. Existe todo un entramado de
tecnologías, técnicas y dispositivos simbólicos y coercitivos, que pretenden disciplinar y
castigar a los sujetos.
Estos mecanismos se sustentan a partir de nociones como seguridad ciudadana y
sentimiento de inseguridad. Para los dispositivos de control social, los medios de
comunicación y la sociedad, la seguridad implica la “protección” de aquellos sectores
hegemónicos contra aquellos “peligrosos” que atentan contra la propiedad privada. Ante
esto se produce un crecimiento de la desconfianza y de dispositivos de vigilancia, a través
de los cuales se estigmatiza a esos sectores, por símbolos como el color de la tez, rasgos
físicos, apariencia, edad y género, considerándolos como peligrosos por el solo hecho de
portar tales características y por pertenecer a determinado sector. Esto está relacionado con
el sentimiento de inseguridad reproducido particularmente por los medios de comunicación,
ya que generan miedo y temor al otro diferente, dando lugar a la paranoia en la sociedad.
Frente a esto, la sociedad estigmatiza y señala a aquellos considerados “enemigos internos”
y busca sacarlos de circulación “por las dudas de que ocasionen problemas o atenten contra
la propiedad privada”. Este sentimiento lleva a que se realicen razzias policiales, la
detención por averiguación de antecedentes, requisas, allanamientos, y pedido de más
policías en las calles, sin analizar que estas medidas solo generan mayor violencia, pánico y
desigualdad social.
La juventud se ha convertido para algunos sectores en un sinónimo de peligrosidad,
aludiendo a un discurso de pánico moral reproducido en especial por los medios de
comunicación. Esta representación considera a los jóvenes como los culpables de los males
sociales, como el enemigo interno ya que la sociedad debe buscar un chivo expiatorio. Se
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ve al joven como un ser inseguro que puede “desviarse” y que por esa condición puede
ocasionar problemas graves a la sociedad.
Los jóvenes son sospechosos de darle forma a pluralidades confusas y huidizas. El
encuentro entre jóvenes no solo es algo peligroso, porque confiere un sentimiento de
pertenencia a un colectivo capaz de oponerse al poder, sino que también es a través de la
risa, el humor, la ironía que los jóvenes “desacralizan” y logran eludir algunas veces,
estrategias coercitivas implementadas desde el poder (Reguillo, 2012). Es por ello que se
busca descolectivizar, dividir, separar ya que no “conviene” que se agrupen, que creen, que
piensen.
Son considerados peligrosos ya que generan sus propios lenguajes, otorgan sus propios
significados a los elementos ofrecidos por la industria cultural de la cual no pueden
desprenderse pero proceden a cambiar su uso.
Si bien los jóvenes son perseguidos, señalados y estigmatizados por el solo hecho de serlo,
se puede establecer una diferenciación sobre aquella nominación de “peligroso” y acerca de
tal persecución y hostigamiento, de acuerdo a la pertenencia a determinados sectores de la
población. En los sectores populares se persigue tanto a niños como adolescentes y jóvenes
por el solo hecho de pertenecer a esos sectores ser portadores de características propias del
estereotipo de delincuentes. En los sectores de clase media, el poder busca aniquilar toda
acción colectiva juvenil y artística, ya que en las mismas se encuentra de forma consciente
o inconsciente, una acción política que de permitirse podría llevar a la ruptura del orden
vigente, es por eso que el aparato policial reprime, persigue, hostiga a músicos, artistas,
murgueros exterminando cualquier actuación de resistencia.
A su vez es importante tener en cuenta y diferenciar que los modos de ejercer el control
social por parte del aparato policial están definidos en función del sector de la sociedad al
cual van dirigidos. Se puede afirmar que los mecanismos y estrategias utilizados por la
policía en los sectores populares varían en relación a los implementados en los sectores de
clase media. En el caso de los primeros, el aparato policial lleva a cabo razzias en los
barrios, deteniendo a adolescentes y jóvenes que se encuentren en la plaza o la calle por el
solo hecho de portar cierta vestimenta como gorra, zapatillas deportivas, y características
tales como “rodetes”, “cubata”, etc. Hay situaciones en las que algunos chicos vuelven de
la escuela o se encuentran en la puerta de su casa para ir a jugar a la pelota, y son revisados,
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proceden a la averiguación de antecedentes y en muchos casos los detienen. Con respecto a
los jóvenes ubicados en la capital, la policia los encuentra preferentemente en el Parque de
Mayo, bajo el estereotipo de “hippie”, “drogadicto”, “músico”, “murguero” y proceden a la
averiguación de antecedentes. Generalmente dan vueltas, revisan solicitan DNI de jóvenes
malabaristas o son detenidos por “irrumpir la libre circulación del tránsito”. Y, en el caso
de las murgas en varias oportunidades se procede a la detención alegando que incumplen
con la contravención de “ruidos molestos en la vía pública”.
La diferencia radica en los modos, formas y objetivos a partir de las cuales procede la
institución policial, en los barrios pretenden de alguna forma “sacar de circulación” a los
“negros” y “vagos”, ya que los jóvenes de los barrios ingresan en el sistema penal y
comienza un circulo indeterminado de entradas y salidas, persecución y hostigamiento. En
cambio, los jóvenes de capital, son puestos en la mira, detenidos en algunos casos y puestos
en libertad, como medidas para acallar y reprimir las prácticas culturales que llevan a cabo
y en función de mantener el orden y la “limpieza” en la ciudad.
Conclusiones
Las culturas juveniles, son construcciones socio-históricas y políticas, que pueden ser
concebidas como el conjunto heterogéneo de prácticas y expresiones socioculturales de los
jóvenes, ya que los mismos son considerados sujetos con particularidades y singularidades,
expresadas de diversas formas como respuestas y protestas ante lo hegemónico.
Los grafitis urbanos, sus músicas, los consumos culturales, la toma de la palabra a través de
nuevos y cada vez más sofisticados dispositivos digitales, la protesta, la huida, sus
silencios, la búsqueda de alternativa y los compromisos itinerantes deben ser leídos como
formas de actuación política no institucionalizada y no como prácticas más o menos
inofensivas de un montón de inadaptados (Reguillo, 2012, 13). La juventud de forma
consciente o inconsciente expresa algo que implica reclamar el cambio y la transformación
de ideas y concepciones conservadoras y moralistas de la sociedad. Es así que las culturas
juveniles pueden leerse en los “cuerpos” de los jóvenes como el cuestionamiento al orden
en la expresión de la diferencia. Los jóvenes asumen formas de ser, estar, y relacionarse
con el mundo mediante prácticas y comportamientos que transgreden las normas y los
límites sociales y culturales dominantes. Han elaborado sus propias formas de organización
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que actúan, hacia el exterior, como formas de protección y seguridad ante un orden que los
excluye, que los subestima, y hacia el interior como espacios de pertenencia y adscripción
identitaria, a partir de los cuales es posible generar un sentido compartido sobre un mundo
incierto.
Si bien la juventud en sus expresiones culturales, al igual que en todos los diversos grupos
y colectivos, se encuentran condicionados por un contexto socio-político, a su vez, son el
lugar donde aquellas “fisuras” y “márgenes” permitidos de las que hablan algunos autores,
pueden aprovecharse como medios de escape y posibilidad de cambio, siempre y cuando no
se pierda de vista el contexto y las condiciones que llevan al surgimiento de dichas culturas,
que se problematice la influencia que tiene el mercado cultural y la clase dominante sobre
los cuerpos juveniles, se busca desnaturalizar para así poder romper con la pasividad y la
sumisión que pretenden aquellos sectores hegemónicos, defensores del orden y encargados
de garantizar la permanencia de las posiciones de desigualdad y relaciones de poder entre
unos y otros.
Maristella Svampa visualiza el arte como un modo de resistencia ante el modelo
neoliberalista, en el que se profundizan cada vez más las desigualdades y las condiciones de
explotación, a través de agentes que llevan a cabo un control de la conflictividad social.
Se puede visualizar cómo los artistas sanjuaninos, no sólo construyen sus prácticas como
estrategias de resistencia ante el orden y la estigmatización social sino que, ante los
crecientes abusos policiales, deben elaborar alternativas para confrontar la violencia
institucional de la que son víctimas cotidianamente, a través de mecanismos de
disciplinamiento como lo son las contravenciones.
La presencia de concepciones moralistas en la sociedad sanjuanina lleva a que se justifique
la persecución del arte callejero apelando a contravenciones tales como la prohibición de la
mendicidad considerando el malabarismo y el arte circense como limosna sin tener en
cuenta que es además de una forma de expresión, un modo de subsistir. A su vez, se
detienen a artistas que actúan en los semáforos, por considerar que impiden la libre
circulación del tránsito. A las murgas las detienen por considerar que producen ruidos
molestos alterando el orden. Tanto artesanos como músicos deben obtener permisos para
poder ofrecer su arte en la calle. Así sucede con las diferentes manifestaciones culturales
ante las que se apela a contravenciones que son adaptadas y ajustadas a los intereses de
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ciertos sectores. Como si esto no fuera suficiente, la acción policial no sólo llega al
momento de una intervención o presentación, sino en ocasiones de ensayos o de reuniones
grupales, en las que aparece para solicitar documentos y averiguación de antecedentes, por
el solo hecho de considerarlos como sospechosos de alterar el orden público o de poseer
algún tipo de droga o marihuana. 3
Estos hechos cotidianos, han llevado al surgimiento de organizaciones colectivas de lucha y
resistencia, tales como la Asamblea de Artistas Callejeros e Independientes 4 y el Frente
Popular Carnavalero5. A diferencia de esto, aquellos artistas pertenecientes a los sectores
populares son perseguidos por la institución policial no por su condición de artista sino por
su situación de pobreza y vulnerabilidad social. Dentro de estos barrios, la violencia se da
como un circuito al cual es difícil de escapar, el cual se encuentra naturalizado. Hay
sectores de la población donde los jóvenes viven el día a día y es complejo llegar a
organizarse para hacer algo ante acciones coercitivas por parte de la policía, debido a que
los agentes toman represalias. He aquí el objetivo del sistema y del poder, que es provocar
tal explotación, exclusión y subordinación que sea imposible revelarse.
Bibliografía
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PAIDOS.
3 Información obtenida a partir de encuentros y charlas informales con artistas callejeros ubicados en los alrededores del Parque de Mayo.
4 La Asamblea de Artistas Callejeros e Independientes surge a partir de hechos de abuso y hostigamiento policial, desde detenciones por averiguación de antecedentes hasta detenciones por llevar a cabo intervenciones artísticas en semáforos de la ciudad. Dicho grupo lleva a cabo todos los domingos intervenciones artísticas como manifestación y repudio ante la violencia institucional ejercida por la institución policial.
5 Dicho grupo se conforma a partir de situaciones de abuso policial efectuadas contra la Agrupación murguera Los Soñadores del Parque de Mayo, y tienen como objetivo la búsqueda de alternativas legales para poder llevar a cabo actividades artísticas en plena libertad.
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7º ENCUENTRO DE INVESTIGADORES/AS DE CIENCIAS SOCIALES DE LA REGIÓN CENTRO-OESTE DE ARGENTINA Y LA IV REGIÓN DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN
27, 28 Y 29 DE MAYO DE 2015
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Mesa 16: Conflictividades territoriales. Construcción de peligrosidad y estigmatización de territorios fragmentados.
Título: Criminalización de consumidores de marihuana. Construcción social de sujetos consumidores de marihuana como sujetos peligroso asociados a conductas delictivas”
Salinas Menegazzo, Cecilia I1.
Palabras Clave: Marihuana – Criminalización – Peligrosidad
Keys Words Marijuana – Criminalization – Dangerous
Resumen
El presente trabajo da cuenta de los primeros avances en el proyecto “Criminalización de consumidores de marihuana. Construcción social de sujetos consumidores de marihuana como sujetos peligroso asociados a conductas delictivas”, que desarrollo con una Beca de Investigación de CICITCA.
En esta oportunidad pretendo analizar la criminalización de la que son objeto los consumidores de marihuana, pertenecientes a comunidades vulnerables, como también describir la relación que desde el sentido común se realiza, vinculando indisolublemente el consumo de marihuana y las conductas delictivas.
Se pretende analizar la construcción social de estos sujetos como “sujetos peligrosos” a través de un entramado de respuestas materiales y simbólicas de personas que los señalan como conflictivos y los asocian a conductas delictivas.
El tratamiento jurídico del consumo dio un giro en los últimos tiempos al comenzar a considerar su despenalización. Sin embargo creemos que las representaciones sociales sobre este tema continúan rígidas respecto de la vinculación “consumo de marihuana – delincuencia”. 1 Alumna avanzada Licenciatura en Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, UNSJ. [email protected]
Estas reacciones respecto de los consumidores pueden ser consideradas como una expresión más de los reclamos de ampliación del poder punitivo y la aplicación de medidas coercitivas que manifiesta la sociedad. Tras una apariencia de sociedades abiertas y plurales se ocultan reacciones hostiles hacia todos aquellos que no se ajustan a la noción hegemónica de orden. Nos interesa entonces indagar acerca del alcance de estas reacciones y respuestas y comprender si esta relación describe hechos de la realidad o, por el contrario, constituye una forma más de criminalización y estigmatización hacia estos grupos más vulnerables.
This paper gives an account of the first steps in the project "criminalization of marijuana users. Social construction of subjects consumers of marijuana as dangerous associated with criminal offences", that development with a research grant from CICITCA. This time I intend to analyze the criminalization of marijuana users, belonging to vulnerable communities, such as also describe the relationship occurring from common sense, inextricably linking the consumption of marijuana and criminal behavior they object. It is intended to analyze the social construction of these subjects as "dangerous individuals" through a network of material and symbolic responses of people who designated them as conflicting and associate them to criminal offences. The legal treatment of consumption took a turn in recent times to begin to consider its decriminalization. However we believe that social representations on this subject are still rigid with respect to bonding "consumption of marijuana - crime".These reactions on consumers can be considered as one more expression of the punitive power large claims and the application of coercive measures that society. After the appearance of open and plural societies are hidden hostile reactions towards those who do not conform to the hegemonic notion of order. We are interested in then inquire about the scope of these reactions and responses and understand if this ratio describes the facts of reality, or, on the contrary, is a way more criminalization and stigmatization towards these vulnerable groups.
El presente proyecto de investigación analizará la criminalización por parte de la sociedad hacia
consumidores de marihuana, pertenecientes a comunidades vulnerables. Se trabajó en territorio,
habiendo seleccionado para ello el Barrio La Estación ubicado en el departamento Rawson de la
provincia de San Juan.
Se pretende analizar la construcción social de estos sujetos como “sujetos peligrosos” a través de
un entramado de respuestas materiales y simbólicas de los vecinos que señalan a estos sujetos como
conflictivos y los asocian a conductas delictivas.
El interés de dicho proyecto se debe a que con frecuencia la sociedad asocia unívocamente a las
conductas delictivas con el consumo de marihuana, por ende lo que se pretende develar en dicha
investigación es que si esta relación es correcta, o si por el contrario constituye una forma más de
“criminalización” y "estigmatización" hacia estos grupos más vulnerables. Tratando de dar a
conocer en este proyecto cual es la realidad de estas "nominaciones" y en que se sustentan.
En las últimas décadas se han multiplicado las diferentes investigaciones que abordan las drogas
como problemas o que incluyen a las drogas dentro del espectro de problemas a estudiar. Las
investigaciones que desde una perspectiva crítica examinan el uso de drogas en poblaciones
vulnerables del primer y tercer mundo han permitido el desarrollo de una bacteria de argumentos,
perspectivas y categorías que ya conforman un corpus obligado de referencias para cualquier
investigación, especialmente aquellas que tienen a la etnografía como método privilegiado de
abordaje. (Bourguis, 1995; Waterson, 1993; Singuer, 1992, 2000; Connors, 1994).
El consumo de marihuana se venía ya haciendo visible en la Argentina a partir de la década del 80 y
comenzó a expandirse rápidamente en la década de los 90. La misma expansión y generalización
del consumo de marihuana es consecuencia en parte del acelerado deterioro de las condiciones de
vida que comienzan a tener lugar en este contexto, producto de las reformas económicas y políticas
que aparejaba el neoliberalismo.
Una de las consecuencias que trajeron aparejados estos cambios producto del neoliberalismo
emergente, fue el aumento considerable de la pobreza, pobreza que trajo consigo marginación,
exclusión y fragmentación.
Estas reformas impactaron en determinados sectores sociales, principalmente en la clase media y la
clase baja. Las mismas son vividas, padecidas, resistidas por estos grupos sociales, en los que su día
a día se convierte en una lucha por el sobrevivir.
En este contexto, las drogas, las prácticas del consumo participaron moldeando y siendo moldeadas
por nuevas formas de intercambio, trabajos, estructuras de redes sociales, apropiación y des-
apropiación de los territorios, nuevas tácticas y estrategias de control y represión: una nueva
economía.(Epele, 2010: 47)
Para abordar la problemática de drogas en estas poblaciones. Se hace necesaria una perspectiva que
considere estos procesos no sólo desde su negatividad, es decir que supere las nociones de la
pobreza como resultado, escasez, precariedad, perdida, ruptura, ausencia, falta, privación. Al
ponerla en relación con el consumo de drogas la pobreza se convierte en un contexto y anclaje de
producción de nuevos negocios, realidades, experiencias intercambios, prácticas y subjetividades.
(Epele, 2010).
Estos grupos no sólo tratan de sobrevivir a las reformas que los sumergieron en la pobreza sino que
también tienen que soportar diferentes “estigmatizaciones” por parte de la sociedad,
estigmatizaciones que los generaliza como “delincuentes”, “drogadictos”, entre otras.
Esta nueva pobreza está cada vez más concentrada en áreas estigmatizadas, más identificada con
barrios en particular a los que se consideran, generalmente, como pozos de infierno urbano. Barrios
donde existe concentración de pobres, de violencia, de delito, de degradación de la vivienda,
adicciones de todo tipo etc. Sin embargo lo que ocurre es que en algunas áreas es solamente una
percepción, pero sea real o percibida a estos barrios se los estigmatiza y como consecuencia de ello
se los discrimina y criminaliza.
Según Rodriguez Alzueta, los sectores dominantes conciben el criminal como alguien que no se
mueve solamente en los márgenes de la sociedad. Allí donde hay capacidad de consumo, habrá un
delincuente vigilando, esperando el momento oportuno para dar su golpe, habrá un pobre abusando
de la desconfianza o el temor de la sociedad. En la construcción del estigma se ponen en juego
representaciones, valoraciones culturales, índices de moralidad – hegemónica – que señalan al
delincuente como un cazador furtivo, aprovechando las oportunidades que se le van presentando
mientras se desplaza por la sociedad. Los sectores dominantes perciben que el criminal esta entre
nosotros y pasa desadvertido por eso conviene ponerle un rostro vestirlo, etiquetarlo. Hay que
nombrar al miedo para que exista, elegir un color, una edad, un sobrenombre y en lo posible
asignarle un barrio. La demonización del otro es una manera de imprimirle un rostro al temor
difuso. (Rodriguez Alzueta; 2014. P. 43)
Estos contextos se constituyen como escenarios donde la violencia está atravesada por el consumo
de sustancias cuyo consumo esta socialmente naturalizado, en condiciones de ruptura de redes
sociales, de discriminación y de hostigamiento policial. Es acá el escenario donde surge la
asociación pobreza-consumo-delito.
El consumidor de marihuana en estos grupos sociales ha sido sometido a diferentes etiquetamientos
por parte de la sociedad, que terminan con la criminalización del mismo, considerándolo como un
sujeto peligroso. ¿En que se basa esta construcción de peligrosidad? ¿Por qué se concibe al sujeto
consumidor de marihuana como peligroso? Estos son interrogantes que surgen a lo largo de la
elaboración del proyecto en los cuales se hace necesario profundizar.
El consumo, no solamente de marihuana sino de otras sustancias psico activas atraviesa a todas las
clases sociales, no solamente de los sectores vulnerables. Entonces cabe preguntar ¿Por qué se
“estigmatiza” a estos sectores?¿qué diferencia existe entre los sectores populares que consumen y
los sectores de clase más alta? ¿En que se sustenta dicho etiquetamiento?
Según Erving Goffman, el estigma es uno de los medios que tiene la sociedad para categorizar a las
personas, anticiparse a la conducta ajena, muñirse de expectativas sobre la vida de los otros.
(Goffman, 2007: 41) Se trata de imputarles una identidad particular, de presionar sobre sus modos
de actuar, sentir y pensar. Cuando una persona no se acomoda a nuestra expectativa, menciona
Goffman, dejamos de ver al extraño como una persona normal y comenzamos a utilizar otras
etiquetas que le asignan un lugar inficionado y menospreciado. Es aquí donde los atributos
conforman un estigma que habilitan el descredito social. El estigma entonces hace referencia a un
atributo desacreditador de la persona que lo posee.
Es así que entonces a los padecimientos y malestares asociados a la cronificación de la pobreza, en
los contextos de uso intensivo de drogas se le agrega nuevos niveles de alienación y malestar,
vinculados no sólo al consumo de drogas sino también a las miradas distantes, externas y
objetivantes que modificando las dinámicas de reconocimiento intersubjetivo, los empuja al árido
espacio del “menos que humano” (Agamben 1998). Los jóvenes usuarios/as de drogas quedan,
entonces, depositados en un territorio caracterizado por la pérdida de los derechos sociales,
económicos y civiles, que modificando los procesos de identidad y dignidad, hacen que su vida sea
difícilmente vivible y en ocasiones, se convierta en no viable. (Epele)
Inevitablemente cuando hablamos de estigma de etiquetamiento, muchas veces después se se hace
presente la criminalización en la sociedad por parte de estas personas hacia las personas de zonas
vulnerables.
Cuando hablamos de criminalización hacemos referencia a un concepto criminológico extraído de
la sociología que describe el proceso de construcción social del criminal o delincuente.
Según los presupuestos de esta corriente no existe ningún acto delictivo en sí mismo, sino que es la
sociedad misma (la comunidad, el poder legislativo, la administración de justicia o la policía) la que
construye a partir de información recibida, normas culturales trasmitidas, pautas establecidas, etc.
su propio concepto de criminal (lo que se denomina desviación primaria). Al mismo tiempo, supone
que el individuo calificado como criminal , al ser tratado y definido como tal, asume su condición
de criminal impuesta por la sociedad y por tanto se comportará como tal (lo que se denomina
desviación secundaria)
En estos territorios fragmentados es donde surge la asociación de pobreza – consumo – delito. Los
sujetos que los habitan, por el sólo hecho de pertenecer a esa comunidad, portan el estigma de
delincuentes. Sumado a esto la asociación entre delincuencia y consumo es natural: para el
imaginario social el consumo de marihuana es el responsable de diferentes actos vandálicos,
incivilidades y delitos.
Se profundiza sobre el fenómeno de la criminalización, ya que es el que explica lo que conocemos
actualmente como el problema mundial de las drogas, es la prohibición con
su posicionamiento sociopolítico y cultural y no las características de las drogas psicoactivas en
cuanto a sustancias farmacológicas, las que explican el desarrollo de una problemática
artificialmente creada a partir de la aplicación de determinadas reglas sociales producto de valores
morales y de ideologías de determinados grupos de poder, los que han construido socialmente un
problema que no existía antes de la imposición de las citadas reglas y en el que el caso del cannabis
alcanza los niveles más altos de una irracionalidad exasperante que se ubica de espalda al desarrollo
del conocimiento. (Fisher, 1996)
Las políticas represivas implementadas han llevado a cabo una construcción de satanización del
consumidor de cannabis, dirigidas siempre contra este y no en contra del verdadero problema que es
el narcotráfico. Lo cierto es que la imagen negativa que se le ha atribuido a la marihuana a lo largo
de la historia ha puesto al consumidor en un papel de enfermo, adicto, delincuente entre otras.
Muchas investigaciones se llevaron a cabo con respecto estos temas y si bien muchas concluyeron
en que la marihuana no atribuía todas las “nominaciones” que s ele asignaban aún siguen siendo
criminalizados sus consumidores. No resulta errado afirmar que a pesar de la globalización
creciente y de facilidad que existe en nuestros días a acceder a diferentes fuentes de información, la
sociedad con respecto al tema de la “marihuana” se encuentra muy atrasada y adopta una posición
conservadora en términos de conocimientos, ya que solo incorpora lo que trasmiten los medios de
comunicación día a día, o se encuentran limitados por el pensamiento que impone la iglesia o
diferentes organizaciones sobre dicho tema y no se permiten ir mas allá de lo que imponen dichos
esquemas.
Desde siempre por medio de la educación nos han inculcado ciertas normas que hay que seguir para
ser un ciudadano correcto, lo cierto es que estas normas y leyes que seguimos muchas veces
responden a objetivos e intereses del sistema para mantener el control. Lo cierto es que a partir de
estas normas son incorporados patrones de”normalidad”. Lo cierto es que estamos ante una realidad
totalmente diferente a los modelos presentados como deseables: una sociedad perfecta, sin pobres,
sin delito, sin adicciones, sin sujetos que constituyan un “un peligro para el orden?
De esta manera se configuran paulatinamente las lógicas de sentido que hoy en día imperan en el
imaginario social. El problema se traslada del ámbito privado al de la Salud Pública, y se constituye
como un problema Jurídico y de Seguridad Nacional. Se van consolidando una serie de leyes a nivel
internacional que poco a poco generan un circuito de ilegalidad en el consumo y comercialización
de determinadas sustancias, así como una legitimación en el comercio y consumo de otras,
producidas por las distintas industrias farmacéuticas, y recetadas por la corporación médica, única
con potestad en esta materia.
Por otro lado se produce socialmente una estigmatización y desvalorización simbólica del
consumidor, que se homologa a la categoría adicto.
Toda sociedad implica la conjunción de costumbres e ideales preformados moralmente en el
encuentro de la cultura, valores, instituciones y el acomodamiento de nuestros cuerpos a un
territorio social, una geografía, y una ecología. Este encuentro de fenómenos, que se cristaliza en
automatizaciones y procesos reflexivos, conforman la vía de cómo se hacen y deben hacer las cosas,
la tradición del pueblo. “La tradición es en principio el orden positivo en tanto fuerza de la
costumbre o hábito que se abre camino sobre el caos de las posibles alternativas”. (García Canclini;
1991) Es en este ámbito donde el consumo de marihuana no encaja con lo que la sociedad establece
como normal, y con las costumbres y tradiciones de la misma y por el mismo motivo los
consumidores recaen bajo diferentes estigmas que les son impuestos.
Podemos entonces abordar el problema de la percepción social del consumo de drogas
centralizándonos en el “drogadicto” como figura que actúa de chivo emisario, que sobre codifica el
conjunto de prácticas asociadas al consumo de dichas sustancias, cerrando el campo de visibilidad
social de las mismas, y volviéndolas un problema sanitario por sí mismo, independientemente de
criterios científicos -de orden médico o farmacológico por ejemplo-. Dicha figura actúa en principio
sobre diversos campos sociales, homologando prácticas y figuras heterogéneas, haciéndoles de esta
forma perder su singularidad.
Jacson Luiz Zilio en su artículo de “La criminalización de las drogas como política criminal de la
exclusión” habla de diferentes estereotipos que tiene la sociedad frente a estos sujetos. Uno de ellos
es el que la sociedad concibe al consumidor de drogas como integrante de una subcultura. Y esto
resulta erróneo en primer lugar porque considerar a los consumidores como miembros integrantes
de una subcultura nos coloca dentro del marco conceptual de la teoría de las subculturas, hijas del
funcionalismo norteamericano para quienes la política criminal debe limitarse al mantenimiento del
“orden establecido”, posición teórica con la que no acordamos. Por otra parte, no se trata de ver a
quienes consumen marihuana como “otra gente”. El consumo de marihuana está presente en todas
las clases sociales, aunque la criminalización opere en las clases subalternas. Esto explica porque
los más privilegiados socialmente son invisibles a los estereotipos creados por la comunicación de
las masas y, además, por mantener la “identidad social” intacta, son inmunes al proceso de
criminalización, que se mueve siempre por etiquetas y perjuicios. (Jacson L., 2014)
También existen estereotipos sociales de que el consumo de marihuana crea un comportamiento
asocial que provoca aislamiento de la vida productiva, y que los adictos están insertos en verdaderas
carreras criminales. En primer lugar no acordamos plenamente con la noción funcionalista propia de
las corrientes criminológicas anglosajones respecto del concepto de carrera criminal. En nuestro
país estudios realizados en clave comparativa en tres momentos históricos: el primero entre las
décadas del ’70 y ’80; el segundo durante los ’90 y el tercer período a partir del año 2003 muestran
distintas configuraciones de la criminalidad y de las motivaciones de los sujetos para delinquir.
Especialmente en este último período se visualiza con mayor claridad la aleatoriedad en la comisión
de conductas delictivas. Es decir los sujetos no eligen el delito como único medio de vida sino que
fluctúan entre la inestabilidad de un trabajo precario y los ilegalismos como un refuerzo a sus
posibilidades de subsistencia.
Como si fuera poco no solos los consumidores se ven ligados a lidiar con los estigmas que les
confiere la sociedad, sino que también se enfrentan a un gran “monstruo”, la fuerza policial. Si bien
el objetivo de la misma es garantizar y hacer efectiva la seguridad de la sociedad y también actuar
en contra de aquellos que atenten contra la misma, no se puede decir que cumpla siempre con dicho
fin. La fuerza policial ha actuado y sigue actuando represivamente en contra del consumidor de
cannabis.
Es evidente que las fuerzas represivas del Estado juegan un rol fundamental en el proceso. Foucault
consideraba a las fuerzas policiales como una de las formas que tiene la sociedad para administrar
las ilegalidades. Y, efectivamente, ellas tienen un gran poder para definir en la práctica qué
personas son sospechosas, cuáles merecen ser castigadas, y por qué conductas. Tienen, en la
práctica, poder para exonerar arbitrariamente, y también para castigar arbitrariamente.
La policía a menudo castiga al consumidor y más si aparenta ser de una zona vulnerable, atenta
contra este ejerciendo violencia física y verbal. Queriendo mostrar una figura de poder y
dominación sobre el consumidor. Muchas veces llevan a cabo estas acciones violentas solo por el
placer de ver sometido al sujeto ante ellos. Miles son los casos que se presentan al año sobre la
represión que la policía ejerce sobre personas en la vía pública sin mencionar a personas que son
detenidas en la comisaria. No cumpliendo así la función que le corresponde al aparato policial que
es la de proteger a los ciudadanos y no atentar contra ellos, mas allá de lo que los mismos hayan
hecho.
En estos tiempos tenemos la sensación que la criminalidad esta instaurada o sitiada en la ciudad,
que los asaltos, violaciones, asesinatos, secuestros se incrementa día a día. El periodismo
contemporáneo ha sumergido al ciudadano en un espacio de violencia y lo ha sumido en la angustia
y desesperación. Lacalle se ha vuelto un lugar en donde todos estos acontecimientos violentos los
tenemos a la vuelta de la esquina. Con esta información trasmitida por los medios, el enemigo o el
peligro está en casa y dentro de nosotros se aloja el miedo, y el mismo se convierte en un
sentimiento de vulnerabilidad, es el prisma para leer la realidad y las conflictividades sociales.
Esta imagen de una realidad en permanente peligro y sometida a los grandes niveles de inseguridad,
es instaurada en nuestros hogares a través de la información que recibimos por los periódicos, la
radio, la tv, reforzando creencias y conductas convencionales que se tiene sobre la misma realidad
en la que estamos insertos.
Los medios no solo establecen la agenda diaria de las conversaciones en el barrio, sino que les
imprimen un temperamento y sugieren un punto de vista de lo que es y lo que debería ser. Nos
muestran las cosas como supuestamente pasan pero también nos dicen como tenemos que verlas y
actuar.
El aceptar siempre estas realidades como nos las muestran los diferentes medios, por lo general, no
les permiten a las personas ser críticos de la misma, los que los lleva a vivir con constante miedo
como lo fue mencionado anteriormente, el que hace que le pongamos una rostro a ese miedo,
poniendo etiquetas que recaen sobre las personas más vulnerables.
Conclusiones
Respecto del consumo de cannabis, la imagen satanizante que ha sido trasmitida por los diferentes
medios con respecto a su consumo ha bregado por la construcción de una barrera con respecto a
este tema, limitando a la sociedad a obtener un conocimiento verdadero del mismo e imponiéndole
una imagen negativa sobre el consumo y el consumidor. Las noticias nos revelan día a día asaltos,
asesinatos, secuestros, etc. siempre bajo el título “estaba bajo los efectos de la droga” e
inmediatamente aceptamos esto y salimos a informar lo que se ha escuchado reproduciéndolo. Lo
cierto es que inmediatamente comenzamos a creer y a incorporar la relación consumo de drogas (en
este caso cannabis)- delincuencia, y ya por consumir la misma sustancia, según el imaginario social,
son sujetos peligrosos. Contribuyendo así a la construcción de una sociedad bajo las influencias del
miedo, haciendo de ellas personas ignorantes que les imponen como quieren que vean y vivan la
realidad. Y así el temor se convierte en una poderosa herramienta para imponer orden.
Según Pavarini la inseguridad y el pánico social son recursos que bien empleados pueden producir
orden social y político. Recursos que van a permitir controlar a los sectores marginados o que se
encuentran orbitando en los márgenes de la sociedad. (Rodríguez, Alzueta; 2014: 39)
No se puede pasar por alto el fracaso de las políticas represivas implementadas para combatir el
consumo y el narcotráfico de drogas, ya que cada año este negocio crece alrededor de todo el
mundo y cada vez más son mas las personas que consumen marihuana y con ellos todos los
factores y problemas sociales, económicos y político que de ellos se desprenden.
De esta manera no parece desacertado el panorama trazado por Ferrajoli (2007), ya que el infortunio
de la orientación prohibicionista y punitiva es evidente. No sólo porque desde los años 60 la
producción, el tráfico y el consumo de drogas ilegales han crecido significativamente, sino porque
ello ha tenido como consecuencia la expansión y consolidación de la criminalidad del narcotráfico;
el aumento de la violencia delictiva derivada de esa criminalidad; el incremento de la corrupción
policial resultante de la regulación, protección o participación directa de agentes, oficiales y jefes en
el negocio del narcotráfico; la expansión de las economías legales o ilegales relacionadas u
originadas en el narcotráfico; el control y la cooptación de políticos, jueces, gobernantes y
dirigentes sociales por parte de los grupos delictivos; y la criminalización y prisionización
predominante de consumidores y traficantes menores pertenecientes a las clases sociales más bajas.
Es por ello que consideramos importante analizar cuál es la percepción de peligrosidad de los
miembros de las comunidades elegidas respecto de los sujetos que consumen marihuana. ¿En que se
sustenta dicha construcción social? ¿Se debe a la asociación consumo/delito/peligrosidad? Sin dejar
de lado resulta impertinente como mencionamos anteriormente indagar acerca de la visión del
sujeto consumidor de marihuana respecto a esta construcción que le confiere la sociedad como
sujetos peligrosos. Y cómo estos sujetos consumidores se sienten criminalizados/ estigmatizados
por la sociedad.
Si bien han sido numerosos los intentos por revertir esta situación con respecto a la ley 23.737, por
parte de algunos senadores, jueces, fiscales, organizaciones, etc. poco se puede decir que ha
avanzado, por más reformas y proyectos que se presenten, la Argentina continua estando muy lejos
de tratar a la política de drogas desde otra perspectiva, como ya se ha mencionado la política actual
de estupefacientes atenta contra el consumidor pero no es eficiente para combatir el narcotráfico
siendo este el tema de vital importancia.
Entonces a partir del recorrido histórico que ha atravesado esta ley en los diferentes países no
parece desacertado si decimos que los consumidores de marihuana han sido criminalizados desde
que se ilegalizo la marihuana. Diferentes han sido las nominaciones que han tenido por el consumo
de la misma, en un principio eran considerados locos, asesinos, enfermos mentales, luego si bien se
comprobó que la marihuana no hacía a las personas ser asesinas o no por consumir marihuana se
presentaría en la persona una conducta psicótica o esquizofrénica, poco fue el tiempo que paso para
atribuirle otras nominaciones, ahora ser consumidor de marihuana, te hace una persona enferma,
débil, peligrosa, criminal, vaga entre muchos otros etiquetamientos.
Los discursos legitimantes en relación al consumo de marihuana del poder punitivo han bregado por
la construcción de un enemigo y han constituido como opositor común de la sociedad en su
conjunto al vendedor y al consumidor de marihuana. (Zaffaroni, 2007).
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7º ENCUENTRO DE INVESTIGADORES/AS DE CIENCIAS SOCIALES DE LA REGIÓN
CENTRO-OESTE DE ARGENTINA Y LA IV REGIÓN DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN
27, 28 Y 29 DE MAYO DE 2015
Mesa 16: Conflictividades territoriales. Construcción de peligrosidad y estigmatización de
territorios fragmentados
Título de la Ponencia: CONFLICTOS BARRIALES: UNA REFLEXION DEL
ACCIONAR DEL ESTADO EN TERRITORIOS FRAGMENTADOS. EL DESAFIO
DE GENERAR ESPACIOS DE CONTENCION Y LA RESOLUCIÒN
ALTERNATIVA DE CONFLICTOS
Autoras: Ana Martina Dai Pra1
Candelaria Marty2
Palabras claves: violencia, territorios fragmentados, conflictos barriales, resolución
alternativa de conflictos.
Resumen:
Los territorios fragmentados son espacios de carencias materiales y afectivas, universos
en los que la violencia sofoca la vida diaria de los más desposeídos.
Por lo general se conoce el discurso en temas de seguridad, inseguridad y violencia
desde los sectores sociales medios y altos, pero poco se conocen las voces de los
sectores marginales de quienes registran los más altos índices en homicidios y donde la
violencia se hace presente con brutal frecuencia; existiendo ante estos grupos una
mirada de victimarios, peligrosos y estigmatizadora.
El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación denominado:
“¿Quién es peligroso? Una aproximación a las prácticas violentas en territorios urbanos
fragmentados de la provincia de San Juan”, que mediante la utilización de una
metodología cualitativa a partir de relatos recogidos y trabajo etnográfico, se pretenden
analizar prácticas sociales de formas de violencia en conflictos barriales de territorios
1 Pertenencia institucional: UNSJ – Foro de Abogados. Mail: [email protected] 2 Pertenencia institucional: UNSJ – SPP. Mail: [email protected]
marcados por la fragmentación, exclusión social; ello con la intención de reflexionar la
forma en que el Estado participa en el campo social y exponer un conjunto de ideas
donde sostenemos el desafío y la necesidad de generar espacios de contención que
tiendan a la resolución alternativa de conflictos .
NEIGHBORHOODS CONFLICTS: A REFLECTION OF THE WAY THAT THE STATE WORKS IN MARGINALIZED TERRITORIES. THE CHALLENGE OF GENERATE CONTENCION SPACES AND THE ALTERNATIVE SOLUTIONS OF CONFLICTS.
Summary
Marginalized territories are spaces with a total lack of materials resources and
affections. In these places the violence stifles the daily life of low-income people.
In most of cases, are very well know, speeches related with security, insecurity and
violence in middle and upper classes, but we don’t heard the voices of marginalized
sectors where are the highest homicide rates and where the violence is ever-present.
Besides, we can’t forget the stigmatizing opinion that of society have of these groups,
always seeing them like criminals and dangerous people.
This work is shaped by investigative project “Who is dangerous? A look to violent
practices in marginalized urban territories of San Juan”. Using a qualitative
methodology from collected stories and ethnographic work, we pretend analyze violent
social practices in neighborhood conflicts in low-income territories. This is with the
idea to reflect about how the state participate in social field and expose a joint of ideas
where we present the challenge and the necessity to generate contention spaces to tend
to solve the conflicts.
Keywords: violence, marginalized territories, neighborhood conflicts and conflicts.
CONFLICTOS BARRIALES: UNA REFLEXION DEL ACCIONAR DEL ESTADO
EN TERRITORIOS FRAGMENTADOS. EL DESAFIO DE GENERAR ESPACIOS
DE CONTENCION Y LA RESOLUCIÒN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS
1. Introducción
El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación denominado: “¿Quién es
peligroso? Una aproximación a las prácticas violentas en territorios urbanos fragmentados de la
provincia de San Juan”, donde se pretenden analizar prácticas sociales de formas de violencia en
conflictos barriales de territorios marcados por la fragmentación, exclusión social; ello con la
intención de exponer un conjunto de ideas donde sostenemos el desafío y la necesidad de
generar espacios alternativos de contención que tiendan a la resolución o prevención de
conflictos.
Por otro lado, en este contexto de miedo, exclusión, fragilidad, precarización, no están ajenas las
subjetividades construidas por medios de comunicación y culturas hegemónicas que construyen
y definen aquellos sujetos y situaciones como amenazantes, peligrosos, conflictivos,
indeseables.
Se habla mucho por lo general de la seguridad, inseguridad y violencia, desde una visión de
victimarios en los sectores marginales pero pocas veces analizada y rescatada por quienes
forman parte de este sector y conviven con el sufrimiento casi constante y avasallante que
genera la violencia.
De este modo, intentaremos reflexionar sobre las nuevas realidades socio territorial,
caracterizado por la exclusión, precarización laboral y donde la pobreza se complejiza con
fuertes hechos de violencia a fin de presentar una posible forma de prevención o resolución de
conflicto: mediación comunitaria que tenga como trasfondo promover el desarrollo comunitario
para la seguridad humana.
Un desarrollo comunitario para la seguridad humana sustentado en los Derechos Humanos, se
basa en el derecho a la palabra, al disenso y la participación de la sociedad civil; siendo la
Seguridad Humana condición necesaria y capacitadora del desarrollo humano cuando se
proporciona desde el marco de contención comunitaria.
La violencia en su contexto y sus formas
La violencia se ha expandido y ha intoxicado diversos ámbitos de la vida sin encontrar
oposición, crítica o condena. La justicia “por mano propia” parece ser la solución cuando “la
mano dura” y la “tolerancia cero”, se viene cobrando vidas o llegando tarde cuando se espera
una respuesta a desangrantes necesidades.
Los territorios fragmentados son espacios de carencias materiales y afectivas, universos en los
que la violencia sofoca la vida diaria de los más desposeídos, haciéndose “habitual” y utilizada
muchas veces como forma de comunicación ya que sirve como método para detentar poder. La
intimidación es una herramienta de coacción para ver quién gana, quién tiene más poder dentro
de un grupo.
Un fenómeno que crece en los barrios marginales son los niveles de violencia en la relación
entre vecinos, así parece cada vez más común resolver pequeños conflictos con altos niveles de
dureza. Prácticas que procuran una venganza desmedida sobre el grupo familiar o de pares y
realimenta un ciclo de venganzas reciprocas interminables. Esto sin duda, provoca altísimos
niveles de conflictividad y violencia en los barrios marginales.
Desde la perspectiva de autores como Auyero y Berti3, la violencia que acecha a sectores de
marginalidad urbana ocurre como el vertido de un derrame –que iniciado en una represalia
reciproca- se expande trascendiéndola, alcanzando así al tejido social de la comunidad en su
conjunto, donde las distintas formas de violencia se concatenan y donde algunos de los
eslabones de la cadena involucran acciones e (in)acciones del Estado, donde muchas veces la
manera en que se aplica la ley a los pobres continúa reforzando y reproduciendo dicha “cadena
de violencia” colocando a los más pobres en situación de peligro constante y a quienes se les
asignan etiquetas tales como: “villeros, peligrosos, delincuentes, suficiente con todo lo que se
les da, seguro estaba en algo metido”.
Indefectiblemente, esta problemática no la podemos analizar desde el paradigma de la
simplicidad, porque como dice Moren, tomando la proposición de Pascal “ no puedo concebir al
todo sin concebir a las partes, y no puedo concebir a las partes sin concebir al todo”.
3 Auyero y Berti “La violencia en los márgenes” Ed. Katz.
Lo que cada uno es, dentro del orden social al que pertenece es resultante de complejos
fenómenos que se producen entre el contexto social en el que se desenvuelve y las posibilidades
reales que se tiene como individuo de acceder a derechos sociales. Esto a su vez, se vincula con
una de las premisas del modelo de la Clínica de la Vulnerabilidad basado en que no existe
peligrosidad en las personas si antes no ha sido vulnerable4.
Cada orden económico y social va estableciendo condiciones que influyen sobre las formas de
actuar, pensar, sentir, conocer y creer que los miembros de una sociedad adquieren. Así las
rutinas que desarrollamos haciendo las cosas de todos los días actúan como condicionantes
importantes de la experiencia social, nuestros valores, nuestros sentimientos y hasta nuestras
actitudes están relacionadas con las pequeñas experiencias cotidianas (Pierre Bourdieu5)
El barrio también constituye un espacio de sociabilidad donde se generan sistemas de valores,
hábitos, actitudes y se constituye una identidad (construida a partir de la historicidad – de un
origen en común).
La violencia en tanto estallido, explicita situaciones silenciadas, no tramitadas y se vuelve así
un hecho aparentemente inexplicable y abrupto cuando no se la inscribe en la dinámica de la
trama vincular que influye – de manera decisiva - en la construcción de subjetividades ; en
relación a esto Videla6 afirma que la violencia se hecho cultura y estragos en las subjetividades.
Toda violencia, todo hecho violento es violencia social. Esto remite al concepto de
vulnerabilidad social puesto que todo acto de agresión a un semejante obliga a preguntarse por
las condiciones que impiden otras formas más elaboradas para el control de los impulsos. La
violencia social se vuelve agresión física, cuando la situación desborda a la persona en su
capacidad de resistencia a lo que siente como un ataque externo. Esa falla en la síntesis
subjetiva se produce cuando existen situaciones o hechos de fragilidad o daños previos: la
vulnerabilidad psico social (Juan Carlos Dominguez)7
Se entiende por vulnerabilidad psico social es el grado de fragilidad psíquica que la persona
tiene por haber sido desatendida en sus necesidades sociales básicas, como derechos que le son
propios e intransferibles, tales como: seguridad afectiva, económica, protección, educación,
4 Conf. Domínguez Lostaló, Juan Carlos, “Desarrollo humano en comunidades vulnerables” Edición y compilación Yago Di Nella. Editorial KOYATUN, 1º Edición, Bs As 2009, pág. 32 5 BOURDIEU, Piere en MIGUEZ; Daniel (2010) “Los Pibes Chorros. Estigmas y Marginación”. Capital Intelectual. Bs, As. 6 Videla, Mirta “Credo por la ternura en tiempos de violencia”. Ed. Koyatum, Bs. As, 2008. 7 Conf. Domínguez Lostaló, Juan Carlos, “Desarrollo humano en comunidades vulnerables” Edición y compilación Yago Di Nella. Editorial KOYATUN, 1º Edición, Bs As 2009, pág. 32
tiempo de dedicación; como asi también de comida, agua potable, trabajo y salud (Juan carlos
Dominguez)8
No basta restituir derechos sociales para reducir condiciones de marginalidad si no se aborda el
conflicto y la violencia desde acuerdos de convivencia pacífica, hay que trabajar sobre las
subjetividades y recrear redes de contención desde políticas sociales preventivas y restitutivas
de derechos, anticipándose a hechos o preservando de daños mayores.
Desde aquí, nos basamos en una estrategia de intervención alternativa de control social
institucional punitivo – represivo, desde una práctica de mediación comunitaria para la
resolución o prevención de conflictos sociales que procuren reconstruir redes vinculares y
grupales a fin de construir nuevas formas de ciudadanía basada en el derecho a la palabra, al
disenso y la participación.
2. Posibles modos de abordar pacíficamente la resolución de conflictos
La reglamentación de conflictos por vías no violentas no puede desembocar simplemente, en
condenar, como muchas veces pretende la seguridad ciudadana. Se debe buscar un consenso que
traspase lo normativo-legal. No se debe impulsar una teoría que pueda ser puesta en práctica,
sino una práctica no violenta que, en su desarrollo, utilidad y permanencia, genere una teoría
sobre el vínculo y la sustentabilidad social no violenta. 9
Existes diversos modos de como poder abordar una conflictiva en forma pacífica, siendo una de
ellas el Sistema de Resolución Alternativa de Conflictos que presenta distintos procedimientos
que permiten trabajar la conflictiva sin llegar a instancias legales. Entre ellos podemos
mencionar: la Conciliación, la Negociación, el Arbitraje y la Mediación.
La Conciliación consiste en un proceso en el cual el conciliador guía a las partes a una
composición justa de intereses, dando a cada uno lo suyo. El tercero, llamado conciliador, tiene
un importante protagonismo, dado que propone a las partes soluciones no vinculantes para ellas.
Su participación en el proceso es en forma activa, en virtud de que puede emitir opiniones con la
finalidad de lograr un acuerdo entre las partes en conflicto.
8 Conf. Domínguez Lostaló, Juan Carlos, “Desarrollo humano en comunidades vulnerables” Edición y compilación Yago Di Nella. Editorial KOYATUN, 1º Edición, Bs As 2009, pág. 41 9 Conf. Mariconi Bezerra, Marcelo, Editorial CI, Capital Intelectual S.A. Primera Ed. 2013, Bs. As. pág. 214
La Negociación es un proceso por el cual dos o más partes, con un problema en común,
mediante el empleo de técnicas de comunicación interpersonal, buscan obtener un resultado
acorde con sus objetivos, necesidades y aspiraciones.10
El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las
partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia
que es obligatoria para las partes. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento
privado de solución de controversias en lugar de acudir ante los tribunales judiciales.11 Las
partes no pueden retirarse unilateralmente del proceso de arbitraje, pues previamente firman un
acuerdo de sometimiento en el que el árbitro tiene que llegar a un dictamen o laudo arbitral que
pondrá fin al litigio mediante la decisión del mismo.
La mediación es un proceso informal en el que un tercero neutral, sin poder para imponer una
solución, ayuda a las partes en disputa a tratar de alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable. En
dicho proceso las inquietudes traídas, se abordan de manera confidencial e imparcial por el
mediador. La función del mediador no es beneficiar o defender a una u otra parte, sino más bien
ayudar a ambas y lograr que ellas lleguen a un acuerdo. La decisión de como terminar con el
conflicto a través de un acuerdo siempre la toman las partes. El mediador es un mero facilitador
de la comunicación y ayuda a empoderar a las partes.
La mediación puede ayudar a su vez en distintas conflictivas familiares, laborales, penales,
escolares, comunitarias y /o vecinales, entre otras.
La mediación comunitaria consistiría en prácticas tendientes a desarrollar poder, a partir de
distintas formas de reclamo, generación de espacios de diálogos que permitan construir
ciudadanía y promuevan la participación y el derecho al disenso.
La propuesta de trabajo es delinear la posibilidad de que en barrios de alta vulnerabilidad y
conflictividad social, se implementen procesos de Mediación Comunitaria a través de acciones
complementarias de investigación, capacitación, educación y asistencia desde un trabajo en
conjunto interdisciplinario e interinstitucional que tiendan reducir el riesgo de mayores daños
Elegimos éste método de resolución alternativa de conflictos, dado que consideramos que por su
forma será el que permitirá que sean los propios vecinos los que terminen buscando las
alternativas y estrategias de supervivencia para llegar a un acuerdo frente a la conflictiva que se
les presente.
10Gnazzo, Liliana, “Habilidades directivas para un nuevo mangement”, Capítulo VI, Editorial Pearson Educación, Primera Edición 2008; Ciudad Autónoma de Bs As. Pág. 212 11http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/what-is-arb.html
3. Nuestra propuesta
Consideramos que antes de crear Centros de Mediación y de brindar la posibilidad de dirimir
los conflictos en este ámbito con un mediador que opere como tercero imparcial, - , sería
fundamental el trabajo con la comunidad acerca de esta forma de resolución de conflictos. Para
ello será necesario valernos de referentes barriales y trabajar sobre la formación de
capacitadores idóneos.
La capacitación consistirá en talleres que se desarrollarán en el interior del barrio y a quienes les
darán primeramente las pautas de resolución alternativa de conflictos y los inducirán en la
reflexión de las distintas posibilidades existentes a la hora de abordar una conflictiva.
Se irá determinando la percepción del proceso de formación mediante un proyecto estipulado
por etapas y/ o periodos a desarrollar.
Así, los capacitadores podrán ir analizando e identificando las fortalezas y debilidades que
encuentran entre las personas receptoras de este proceso, para luego determinar el nivel de
competencia de los vecinos líderes que en un futuro serán los encargados de llevar a cabo el
proceso de Mediación Comunitaria.
Previo a realizar el Ciclo de Capacitación, se debe desarrollar un Diagnóstico de
Vulnerabilidad12, en el que se tendrá en cuenta:
1- Recursos Institucionales:
Recorrida y observación para el relevamiento barrial; registro de recursos institucionales,
públicos y privados, en áreas de Salud, Educación; Seguridad, Instituciones Comunitarias,
Instituciones Religiosas, Instituciones de Acción Social; búsqueda de alternativas frente a la
falta de servicios o áreas de atención con vacancia; intraestructura en desuso o abandonada;
confección de mapeo institucional; observación de condiciones ambientales como servicios
públicos, recolección de residuos, asfalto, etc.; movilidad de los actores del barrio (medios de
12 Conf. Domínguez Lostaló, Juan Carlos, “Desarrollo humano en comunidades vulnerables” Edición y compilación Yago Di Nella. Editorial KOYATUN, 1º Edición, Bs As 2009, pág. 81
transporte, líneas de micro, frecuencia) ; características edilicias de las instituciones y viviendas;
disponibilidad, niveles de participación, y días de atención de las instituciones.
2- Recursos vinculares:
Rastrear históricamente el nombre del barrio; delimitación territorial; entrevistas informales
con referentes barriales e informantes claves; indagar el origen y la historia de la población del
barrio (agrupamientos étnicos, de provincias o países limítrofes, etc.); tránsito y circulación de
las personas del barrio o zona en relación a la edad, sexo, horarios; observación de formas de
agrupamiento (barra de adolescentes, grupos de tercera edad, etc.); observación de lugares
habituales de reunión, relevamiento, uso y nivel de participación en espacios libres y públicos
(plazas, clubes comisiones de fomento, etc.); observación de formas de expresión de los grupos
del barrio ( graffitis, pinturas urbanas, actividades de fin de semana, bailantas, fiestas y
reuniones tradicionales, celebraciones populares, etc.); observación del nivel de participación
de los grupos en la red comunitaria; grado de participación de las instituciones en la vida
comunitaria y capacidad de contención de las mismas; características de las viviendas,
semejanzas y diferencias en el barrio y con respecto a los otros barrios aledaños; nombres de
los lugares activos ubicados en el barrio (comercios, clubes, etc.); fuentes laborales, ubicación
y características de las mismas.
Para la puesta en práctica de esta propuesta será necesario contar con:
- Equipo interdisciplinario perteneciente al ámbito Universitario conjuntamente con el
Centro de Mediación de la Universidad
- Personal de la Municipalidad a través del programa de Mediación Comunitaria (Convenio
Municipal con la Universidad)
- Mediadores del Centro de Mediación de la Universidad o Instituto de Resolución
Alternativa de Conflictos del Foro de Abogados
- Comunidad: Referentes de la comunidad, grupos comunitarios.
El primero es el que guiará y determinará los lineamientos metodológicos, basado
principalmente en una investigación no aplicada sino desde una Investigación Acción
Participitante, abordando un diseño emergente, el cuál asume como principal característica
la flexibilidad.
La Investigación Acción Participante exige integrar conocimiento científico y
conocimiento popular, abierta a la percepción de la realidad y de la práctica social, sólo
entendiendo y aprendiendo el conocimiento popular con toda su complejidad podemos
acceder al conocimiento científico social.
La segunda institución es quién brindará todo el apoyo requerido para desempeñar de un
modo de trabajo, además de facilitar gran parte de los recursos necesarios (humano,
técnico, estructural) para llevar a cabo la propuesta.
La tercera es quien proporcionará los Mediadores, habilitados por el Ministerio de
Educación para también formar mediante el trabajo de talleres a habitantes barriales
La comunidad es la destinataria de la presente propuesta.
La capacitación contará con cuatro (4) módulos:
1- Nociones básicas de mediación: En ella se dará a conocer en qué consiste esta forma de
resolución alternativa de conflicto
2- Prácticas de los capacitados dentro del contexto del taller de mediación
comunitaria/vecinal a partir de conflictos surgidos o que se hayan ocasionado en forma
real o hipotética.
3- Módulo de Mediación, en donde mediadores habilitados y especializados en conflictos
(familiares, penales, comunitarios) puedan salir al campo a realizar mediaciones
concretas acompañados por los integrantes barriales capacitados, a quienes se le
requerirán horas de observaciones en mediaciones reales.
4- Mediaciones de conflictos vecinales, por parte de los integrantes barriales capacitados,
quienes co-mediarán con mediadores habilitados
Cada módulo podrá durar un periodo de tres meses, lo que permitirá trabajar desde las
subjetividades, la educación y participación en la posibilidad de vislumbrar la prevención o
resolución de conflictos en forma pacífica.
4. A modo de conclusión
En esta propuesta se buscan acciones pacíficas alternativas de resolución o prevención de
conflictos, mediante procesos de participación colectiva a través de la mediación comunitaria
que ayuden a una mayor claridad y conocimiento de sus problemas, ampliación de espacios de
inclusión social que posibiliten mayores niveles de ejercicio de ciudadanía, aprendizaje de
técnicas, estrategias y un aprendizaje más democrático de percibir el entorno, los demás y a si
mismo.
La prevención del conflicto basado desde la mediación comunitaria procura disminuir la
frecuencia de acciones inapropiadas para los modelos sociales vigentes (la normativa)
disminuyendo factores que tornan susceptibles de selectividad por parte del sistema penal a los
sectores estigmatizados como peligrosos.
Bibliografía
- DOMINGUEZ LOSTALÓ, Juan Carlos (2009) “Desarrollo Humano en comunidades
vulnerables. El método de la Clínica de la Vulnerabilidad Psicosocial Programa de Trabajo
Comunal Universitario (1995 – 2002)” Editorial KOYATUN, Buenos Aires.
- MIGUEZ; Daniel (2010) “Los Pibes Chorros. Estigmas y Marginación”. Capital
Intelectual. Bs, As.
- http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/what-is-arb.html
- VIDELA, Mirta (2008) “Credo por la ternura en tiempos de violencia”. Ed. Koyatum, Bs.
As.
- LGNAZZO, Liliana, (2008) “Habilidades directivas para un nuevo mangement”, Capítulo
VI, Editorial Pearson Educación, Primera Edición 2008; Ciudad Autónoma de Bs As.
- AUYERO, Javier y BERTI María Fernanda (2013) “La violencia en los márgenes” Ed.
Katz, Bs. As.
- MARICONI BEZERRA, MARCELO, “Ser Violento. Los orígenes de la inseguridad y la
víctima- cómplice”. Editorial CI, Capital Intelectual S.A. Primera Ed. Año 2013, Bs. As.
pág. 214
7º ENCUENTRO DE INVESTIGADORES/AS DE CIENCIAS SOCIALES DE LA REGIÓN CENTRO-OESTE DE ARGENTINA Y LA IV REGIÓN DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN
27, 28 Y 29 DE MAYO DE 2015
TITULO: PROCESOS DE ESTIGMATIZACIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR
PRIMARIO. LA INEDUCABILIDAD DE LOS SECTORES POPULARES.
Mesa 16: Conflictividades territoriales. Construcción de peligrosidad y estigmatización de
territorios fragmentados
AUTORAS: GABRIELA M. E LUCIANO
CLOTILDE DE PAUW1.
Resumen:
En la presente comunicación informamos acerca de resultados obtenidos a partir del trabajo de
investigación desarrollado en una escuela pública de nivel primario ubicada en una zona urbano-
periférica de la ciudad de San Luis, Argentina. Una investigación cualitativa en la que nos
propusimos comprender los significados que poseen los actores sociales de dicha escuela acerca de
la convivencia escolar en el marco de su vida cotidiana.
Un significado predomínate construido acerca de la convivencia construido por los actores adultos
de la institución está ligado a la concepción de ineducabilidad respecto de aquéllos sectores
sociales cuyas condiciones socio-culturales de existencia establecen una limitación en las
expectativas de lo que puede lograr la escuela con los niños de estos sectores y lo que se espera de
ellos. Diferentes formas de clasificación y desvalorización, marcan una diferenciación entre el
grupo social de origen de los/las docentes y directivos, con el de la mayor parte de los alumnos y
alumnas que asisten a la escuela, que involucran formas diferenciadas de ser y de estar en el mundo
social.
1Universidad de San Luis.
Barrio Universidad. Manzana 19. Casa 8. San Luis Capital. CP: 5700. [email protected]
Los instrumentos de indagación utilizados fueron entrevistas en profundidad realizadas a docentes,
directivos y personal de apoyo de dicha escuela sobre la base de una guía que contiene los ejes de
exploración que contemplan nuestros objetivos, observación de las prácticas institucionales y de las
interacciones espontáneas en diferentes ámbitos y situaciones de la vida escolar.
Palabras Claves: Convivencia escolar- Ineducabilidad - Sectores Populares.
Keys Words: School coexistence – Ineducability – Populares classes
Title: Stigmatization processes in the primary school setting. The uneducability of the popular
sectors
Abstract:
The aim of this presentation is to report the results obtained from our research carried out in a
public primary school located on the outskirts of the city of San Luis, Argentina. A qualitative
research was conducted to understand the meanings provided by the social actors of that school
regarding their daily school coexistence. A prevailing belief about school coexistence held by the
adult actors is joined to the idea of uneducability towards those social sectors whose socio-cultural
conditions set a limitation on the expectations of the achievements that can be gained from these
students by the school and also on what is expected from them. Different ways of classification and
underestimation show a differentiation regarding different ways of being and to be in the social
world between the social group of teachers and management team and most of the students. The
instruments used in the study were in-depth interviews to the teachers, the management team and
the support staff of the school. The interviews were based on a guide that includes the main research
pillars, embracing our objectives, observation of institutional practices and spontaneous interactions
in different settings and situations of school life.
Key words: coexistence in educational sttings/- uneducability- Popular sectors
1. Construcción empírico teórica de la Problemática de Investigación
Pensar la convivencia en el marco de las instituciones educativas, supone considerar tanto procesos
subjetivos y personales como procesos estructurales, colectivos e institucionales. Implica
direcciones múltiples y cada una de ellas involucra una constante dinámica de interacción (implícita
y explícita) donde se dan relaciones asimétricas, que configuran distintas posiciones en un
permanente juego de roles.
Por lo que la convivencia debe ser comprendida en el seno mismo de los vínculos entre las
personas, de las relaciones entre los grupos y significadas al interior de particulares condiciones de
existencia.
Asimismo la convivencia escolar ha sido un tema relegado, ya que si bien se han hecho múltiples
estudios sobre violencia en las escuelas, poco se ha investigado acerca de los procesos psico-
sociales que constituyen la convivencia cotidiana y de los múltiples factores que la atraviesan.
Promover el derecho a convivir en un espacio saludable como parte del proceso de desarrollo de la
infancia, es responsabilidad de todos y es una inversión que la sociedad debe hacer para generar a
través de la capacidad creadora y productiva de niños y jóvenes, un futuro social y humano
sostenible.
En nuestro paso por las instituciones escolares, hemos observado que cuando la convivencia en la
escuela se halla obstaculizada por formas autocráticas de interacción, cuando se ejerce poder a
través de diversas formas de control y se vuelve invisible la diversidad, aparece en escena la
intolerancia, los conflictos permanentes y la violencia en el seno de la comunidad educativa.
(Luciano y Marín, 2010)
Por lo que, cuando los espacios escolares se vuelven escenarios de conflictos y malestar, se
violentan los vínculos sociales y pedagógicos y con ello, los procesos básicos del enseñar, el
convivir y el aprender y se daña potencialmente el desarrollo integral de la persona.
Asimismo, las instituciones educativas están atravesadas por condiciones socio-históricas,
materiales y culturales de existencia. Esto trae consigo que no todos los niños y jóvenes sean
educados por la “misma escuela”, y que las maneras de convivir sean diferentes, según condiciones
sociales particulares.
El posicionamiento del docente, el vínculo que se establece entre docentes y alumnos, las
características idiosincráticas de ambos, el interés o el desinterés que gira en torno a los temas de
aprendizaje propuestos, remiten a la singularidad de cada espacio escolar y áulico, en el que se
producen o reproducen distintos tipos de subjetividades.
La generación de una iniciativa amplia de promoción de vínculos saludables en el ámbito escolar,
nos posibilita evitar conductas y situaciones que pueden significar un riesgo en el desarrollo de la
vida cotidiana escolar de los niños, jóvenes y adultos que integran la comunidad educativa.
2. Objetivo
El presente trabajo constituye un acercamiento a la indagación de la convivencia escolar desde una
mirada intensiva del problema, en tanto nuestro objetivo fue comprender los significados que
construyen en torno a la convivencia en la escuela: docentes, directivos y personal de apoyo de una
institución escolar primaria, ubicada en una zona urbano-marginal de la ciudad de San Luis.
3. Consideraciones Metodológicas
La naturaleza de nuestro problema de investigación nos orientó hacia una lógica cualitativa
intensiva, ya que por tratarse de una problemática de gran implicancia subjetiva, esta lógica nos
posibilitó acceder al terreno de las significaciones compartidas y la realidad intersubjetivamente
construida. Buscamos adentrarnos a los escenarios naturales, para comprender las complejas
relaciones de sentido entre los procesos microsociales y las determinaciones de la estructura social
más amplia.
Los instrumentos de indagación fueron entrevistas en profundidad a docentes, personal de apoyo y
directivos de dicha escuela sobre la base de una guía que contiene los ejes de exploración que
contemplan nuestros objetivos y observaciones de las prácticas institucionales y de las interacciones
espontáneas en diferentes ámbitos y situaciones de la vida escolar.
La información fue codificada y sometida a un proceso de análisis cualitativo e interpretada desde
la articulación entre la teoría y la información empírica.
4. Principales Resultados
En el presente trabajo damos cuenta del proceso interpretativo realizado al indagar los significados
de la convivencia escolar construidos por docentes, personal de apoyo, directivos en el marco de las
relaciones institucionales, familiares y comunitarias. En este sentido, en una línea de continuidad
con el objetivo planteados, buscamos describir interacciones entre el personal de las escuelas y
docentes y estudiantes en diferentes situaciones de la vida institucional, e indagar las significaciones
que dichos actores construyen acerca de la convivencia en el ámbito de la escuela y fuera de ella,
así como las relaciones que establecen entre la violencia social y la escolar.
El micro-mundo de la vida cotidiana de la escuela, configura en su seno una manifestación de lo
social que da sentido a las prácticas cotidianas de los actores escolares, al mismo tiempo que son
atravesados e interpelados por ellas en los modos de vivenciar la potencialidad del acto educativo.
En este sentido, las interrelaciones cotidianas están atravesadas por las diferencias socioculturales
de los grupos sociales que cohabitan el escenario escolar, e influenciadas por la creencia que en el
espacio escolar se concreten o no los procesos de enseñanza y aprendizaje y los procesos de
socialización escolar; es decir aquello que le da sentido a las prácticas educativas.
Desde esta perspectiva, el mundo de las significaciones de dichos actores nos acerca a dos
categorías interpretativas principales: la convivencia desde la ineducabilidad de los sectores
excluidos y la convivencia desde la construcción de espacios de participación escolar.
Estas categorías que remiten a sentidos de convivencia escolar opuestos, cohabitan y coexisten no
sólo en el mismo escenario socio educativo, sino que en algunos casos conviven como parte de las
contradicciones internas de un sujeto en sus formas de significar este fenómeno.
El recorrido que realizamos en esta investigación y como lo desarrollaremos a continuación, nos
habilita a pensar que en la vida cotidiana de esta escuela, se da un predominio de la primera
categoría respecto de la segunda y que, pese a que se observaron avances hacia experiencias de
participación escolar, en los discursos y en las prácticas hegemónicas, emerge como noción de
convivencia aquella ligada a formas asimétricas de interacción escolar.
En el marco del presente trabajo informamos acerca de la categoría interpretativa emergente: la
convivencia desde la ineducabilidad de los sectores populares, desde los núcleos significacionales
que la caracterizan, sus propiedades y dimensiones.
4.1 Estigmatización y discriminación
Un núcleo significacional relevante de la concepción de ineducabilidad es la estigmatización y la
discriminación resultante de las relaciones interpersonales cotidianas entre docentes, alumnos/as y
familias.
La estigmatización como mecanismo de diferenciación social en el proceso de construcción de la
identidad diferenciada entre grupos socio-culturales heterogéneos, constituye un medio para
categorizar a las personas y designar los atributos que se consideran corrientes y naturales en los
miembros de esas categorías y con ello, otorgar una justificación del modo de existencia social del
propio grupo.
Goffman (1995), definió al estigma como un concepto social, histórico y relacional que se presenta
como un atributo definido socialmente como raro, diferente, anormal, y profundamente
desacreditador, que conlleva a la degradación y discriminación de la persona (o grupo social) que lo
posee. En el sentido que lo plantea este autor, el estigma conlleva una doble perspectiva: la de los
desacreditados, cuya calidad de diferente es conocida o resulta evidente y la de los desacreditables.
En este sentido, el estigma implica un conjunto de individuos concretos separables en dos grupos,
los estigmatizados y los normales, como un penetrante proceso social de dos roles en el cual cada
individuo participa en ambos roles al menos en ciertos contextos y en algunas fases de la vida.
(Goffman, Ob. Cit.).
Las condiciones de vida de las familias son consideradas, por docentes y directivos, como
cualidades en base a las cuales se puede clasificar y diferenciar a los alumnos y alumnas. En las
expresiones y prácticas cotidianas se establece el contraste entre un niño de “buena familia”, de uno
que proviene de una “mala”, estableciéndose una relación directa con la representación diferenciada
de “buen alumno” y de “niño problema” respectivamente.
“No todas las familias son buenas, aquí hay niños de malas familias, en el sentido de mujeres que
crían a sus hijos como pueden, sin ocuparse demasiado de ellos, tienen hijos por tener y los padres
a veces ni existen”. (Docente de grado).
La pertenencia a un “tipo de familia” caracterizada y valorizada en función de criterios axiológicos
“buena/mala”, (de acuerdo a patrones comunes que componen la estructura de valores del grupo de
docentes), es una noción que posibilita evaluar y asignar atributos positivos o negativos que,
mecánicamente, se traslada a la idea de “buen o mal alumno”.
“Uno trabaja con los mejorcitos, no te queda otra, porque con los demás no se puede hacer
mucho, entonces les das tareas y clases a unos y a los demás los vas aguantando nomás, la
situación te lleva a eso” (Docente de grado).
“Todo el clima cambia cuando los problemáticos faltan a la escuela, entonces uno piensa las
actividades, las salidas, las planificaciones para los que les interesa la escuela y que son de
familias que también la valorizan”. (Docente de grado especial).
Estos discursos son elocuentes en relación a cómo funciona el proceso de estigmatización y por
consiguiente los sistemas de clasificación que construyen los y las docentes en relación a quienes
“por derecho propio” pueden ser nombrados y reconocidos como alumnos/as y quienes no, a
quiénes vale la pena “educar” y quienes son “por naturaleza ineducables”. De esta manera se van
consolidando prácticas discriminatorias excluyentes.
El orden social debe su reproducción, en parte, a la imposición de ciertos esquemas de clasificación
y calificación que van constituyendo el fundamento de adhesión originaria al orden establecido. Es
aquí donde retomamos a la escuela como institución social, pues es uno de los espacios
privilegiados de imposición del arbitrario cultural que legitima esa arbitrariedad, justificando las
relaciones de dominación de una clase sobre otra. (Alvites Baiadera, 2011).
En estos/estas docentes la discriminación funciona como un proceso interactivo que orienta el
comportamiento hacia una justificación de las propias argumentaciones y actitudes. La
discriminación se configura como un componente asociado a los prejuicios y estereotipos, en la
medida en que regula las prácticas ajustándolas de acuerdo a la valoración positiva que se tiene de
sí mismos y del grupo de pertenencia; lo que sirve de contrapunto para desacreditar e invisibilizar a
aquellos que portan otras prácticas y otros posicionamientos en el espacio escolar.
“Este año se me ocurrió implementar talleres para los padres de los niños más difíciles. Entonces
que vengan los padres de los niños bien y que les digan cómo hacen ellos con sus hijos y que los
tomen como ejemplos…No funcionó porque cuando los llamé muy pocos vinieron, hay padres que
no les importa nada de sus hijos”. (Docente de grado).
El sentido que los y las docentes construyen acerca de la convivencia está atravesado por la
condición de educabilidad de los niños, cuyo núcleo estructurante es la influencia que los “otros
significativos” tienen sobre la internalización de valores, creencias, gustos o comportamientos
cargados valorativamente de características positivas o negativas.
Desde esta perspectiva, los y las docentes diferencian los niños y niñas de “buenas influencias”, de
aquellos “mal influenciados”; con estrecha correspondencia con la diferenciación “buen alumno” y
“alumno problema”.
Los estereotipos y prejuicios construidos desde la influencia de la cultura dominante, operan como
sistemas de clasificación y de identificación con aquellos alumnos/as que perciben más cercanos a
sus condiciones de clase o a sus esquemas de valoración y por ende a sus prácticas, generando así
sentimientos de cohesión que permiten justificar los procesos de discriminación en relación a los
diferentes, los que, desde la perspectiva de estos docentes, rompen con las normas y por tanto están
fuera de la “normalidad”.
“Una mamá me vino a plantear que sacara a una alumna de la clase, ya que la mamá de esa nena
no hace buena vida y es una mala influencia para los demás chicos, y uno no sabe cómo manejar
esas cosas” (Docente de grado).
En ese contexto relacional, la mirada que los y las docentes han construido acerca de los sectores
populares y con ello, acerca del escaso potencial que tiene la escuela para enriquecer sus capitales
culturales, sociales y simbólicos, establece una fuerte frontera en relación al horizonte de
posibilidades que se les ofrece y al papel de la escuela como transmisora de una herencia capaz de
anclar en el lazo social. Los posicionamientos que los y las docentes asumen en relación a “estos
otros diferentes” que rompen con las imágenes históricamente construidas acerca del “alumno/a
ideal”, se expresan en actitudes discriminatorias y estigmatizantes hacia los alumnos/as y sus
familias, justificadas en la percepción de grupo diferenciado. Asimismo, cristalizan una
representación de la realidad social comprendida como espacio homogéneo y homogeneizante, en
tanto se desconocen los aspectos conflictivos y contradictorios de la misma.
4.2 La vida cotidiana de las familias en la convivencia escolar
Diversos acontecimientos de la vida cotidiana de los niños/as y su entorno penetran al interior de la
escuela e impregnan la configuración de situaciones en distintos espacios de la vida escolar. Estos
sucesos de la vida familiar con valoraciones negativas, se perciben en la escuela como inapropiadas
en función del “deber ser social” y se trasladan de las familias a los niños, convirtiendo el suceso en
un inhibidor de procesos empáticos y de identificación, aquello que se constituye en condición de
posibilidad de construcción del vínculo docente-alumno/a.
En este sentido, la empatía permite tomar la perspectiva del otro, entender su mundo, comprender
sucesos ajenos a la propia cotidianeidad y conectarse desde un plano afectivo y no solo cognitivo o
racional, con sus vivencias.
“La convivencia de nuestra escuela es complicada porque la vida de estos niños con sus familias es
un desastre y ellos traen eso acá a la escuela, así se manejan en su casa, a las patadas, y ellos se
manejan así acá… Siento que no se puede hacer mucho con eso…El tema es que el hermano roba y
que está metido en la droga, no solo consume sino que también vende”. (Docente de grado).
“Yo no sé cómo actuar con estas problemáticas, tan distintas en lo que uno tiene en la cabeza, son
familias con tantos problemas y tan diferentes, que no sé cómo arreglármelas con esas cosas.
Además si vas a plantear algo al ministerio a la inspectora es como si nada, así que más solo te
sentís”. (Docente de grado).
Desde la representación de los y las docentes, la educabilidad de los alumnos/as no se define tanto
por sus capacidades cognitivas y de aprendizaje, sino por en el conjunto de relaciones sociales y
familiares en el que está inmerso. Formas diferentes de existencia social, valores y experiencias de
vida, desafían a los y las docentes y ponen en evidencia la incomprensión del mundo de vida de
alumnos y alumnas de la escuela y la dificultad para desprenderse del propio mundo, como modelo
a seguir.
En el sentido que lo plantea Schutz y Luckmann (2003), la dificultad radicaría en establecer un
enlace afectivo con aquel sector del mundo que no es accesible a la experiencia inmediata y
significativa del sujeto.
“Yo pienso que se hace difícil separar la vida de estos chicos de sus vidas privadas, sobre todo
porque uno lo ve en el día a día, con la calle que tienen y como se desenvuelven, vos por ahí te los
quedas mirando y pensas cómo hago yo para que la escuela le resulte interesante a un niño con
semejantes experiencias”. (Docente de grado).
“Es como si la situación estuviera mal de entrada, mal barajada, porque las formas de vida de esos
niños, el día a día, es cruel y no se revierte el futuro de esos niños con venir a la escuela” (Docente
de grado).
En la construcción de los significados que portan los y las docentes, la vida cotidiana de las familias
juega un papel clave en el desarrollo o impedimento de la potencialidad educativa que tiene la
escuela, en la medida en que el contexto social y familiar, influye en la posibilidad de aprehender el
conjunto de recursos, aptitudes y predisposiciones necesarias para hacer posible el acto educativo.
En este mismo sentido Milstein (2003), observa que la autoridad de la escuela frente a las familias
da lugar a sostener la atención permanente y a juzgar sobre lo que sucede en la vida de las familias,
con la finalidad de “reactuar ante los malos ejemplos” que inciden en los niños y en función del
“bien común que persigue la escuela”.
“En la casa son medios quilomberos, se han peleado con medio barrio, según los comentarios que
nos han llegado acá a la escuela, tienen problemas con otros padres, en fin, puro lío y nada de
respeto”. (Docente de grado).
“La mayoría de los alumnos de esta escuela, tienen cada antecedente… no solo ellos sino también
sus familias, que queres, hay de todo acá” (Docente de grado).
Las relaciones interpersonales en la escuela están atravesadas por dos tipos de expectativas: ambas
generadoras de temores y ansiedades en los y las docentes. Por un lado, el contacto con las familias
estigmatizadas podría ser riesgoso para los miembros de la escuela y por otro, el descreimiento
acerca de las posibilidades de que alumnos/as de sectores populares incorporen los códigos o
normas de convivencia establecidos por la institución escuela, en virtud de la incidencia de “otros
significativos” que contrarrestan los “esfuerzos producidos” desde el proceso de escolarización.
4.3 La escuela como espacio con escaso potencial para contribuir a la transformación social de
los sectores populares
La creencia que es imposible contar con el apoyo de las familias en la trayectoria escolar de sus
alumnos y alumnas y la tendencia a generar actitudes de distanciamiento por el temor que les genera
acercarse a situaciones que perciben como ajenas a su mundo social, constituye también parte de
esa mirada fatalista de los y las docentes respecto al lugar que puede ocupar la escuela en la vida de
los niños/as y de la influencia en su proceso educativo.
El potencial transformador que la escuela construye sobre sí como institución, está íntimamente
relacionado con la representación de alumno “ideal” que tienen los y las docentes. En este sentido la
convivencia cotidiana se encuentra atravesada por la representación acerca de la escuela, como
espacio con escasa influencia para contribuir a la transformación de las condiciones concretas de
existencia de los sectores populares.
La construcción de esta imagen internalizada durante la propia historia escolar y el proceso de
formación para el trabajo docente, condiciona el posicionamiento frente al alumno real quien es
percibido con escasos recursos para afrontar situaciones escolares. Sin embargo y paradójicamente
las mismas son pensadas para la imagen ideal y no para el sujeto encarnado con el que
cotidianamente conviven los y las docentes.
Los/las docentes valorizan su rol, por el alto nivel de responsabilidad social que implica la tarea y
porque ella aún conserva la impronta civilizatoria asentada sobre la idea misionera y sacerdotal de
la tarea de enseñar, pero sienten que en la realidad concreta, su posición se ha desgastado y no
pueden dar respuestas a las problemáticas cotidianas. El sentimiento de impotencia que deviene de
esta contradicción, reafirma la concepción de ineducabilidad hacia el grupo de niños/as.
La concepción de ineducabilidad nutre la creencia de que la escuela cuenta con escaso potencial
para abordar las problemáticas sociales que presenta el grupo de niños/niñas y adolescentes de esta
escuela, cuya procedencia socio –cultural aporta a la convivencia cotidiana experiencias ajenas y
distantes de las expectativas que los educadores/as depositan en su trabajo docente.
El rechazo del docente hacia la cultura que traen los alumnos y alumnas de sectores en situaciones
sociales desfavorables, profundiza la diferenciación y vulnera el derecho a la educación, que se
suma a otros derechos negados a las familias de los niños/as.
“Yo le pido que sean buenos nenes, que no hagan renegar a la seño, que en la escuela los nenes
malos terminan castigados…En fin, lo que puedo, para ver si los cambio un poco y se acostumbran
un poco a las normas de la escuela, pero vos viste que no son niños fáciles”. (Docente de grado).
“Una forma de mejorar la convivencia es ponerles límites, el otro día les dije: si no te portas bien
no vas a recibir la netbook, te rompo la solicitud y listo, porque no te la mereces, es para los niños
buenos…” (Docente de grado).
En el imaginario de estos docentes, los “niños buenos” son un modelo de alumno que se adapta
rápidamente a las normas institucionales, que responde sin dificultades a las consignas y formas de
trabajo del docente y cuyo desempeño académico se enmarca en los objetivos propuestos por el
sistema. Y si bien algunos logran adaptación pasiva a las normas de la escuela, el niño “real” se
aleja de esta representación y encarna las características del “alumno problema”.
“Mirá para mantener al grupo, yo les hablo mucho, todo el tiempo les hablo de que tienen que ser
buenitos, que la seño no es mala con ellos, tienen que aprender de nosotros, sus maestros…”
(Docente de grado).
“Yo trato de trabajar mucho con mi clase, en cómo lograr una buena convivencia entre los chicos,
para eso trabajo mucho con los valores y siempre les digo, que a la escuela solo vienen los niños
buenos, respetuosos, que no tienen que ser niños malos, mal educados. Es una forma de ir
trabajando de a poco con sus formas de ser, con los valores que tanto faltan hoy en día pero no
sirve de mucho porque lo que no se hace en la casa, no puede lograse acá en la escuela…”
(Docente de grado).
La concepción acerca de que “a la escuela sólo vienen los niños buenos”, cristaliza en un discurso
de diferenciación entre el adentro y el afuera de la escuela. Un adentro representado por la bondad,
el trabajo y la ausencia de conflictos y un afuera donde se deposita lo negativo, la maldad, el
conflicto y lo diferente rechazado. Más del 60% de la población de alumnos y alumnas de esta
escuela provienen de barrios pobres.
“…Hace poco hablé con este chiquito y le dije que si no cambia un poco la conducta, va a quedar
afuera o no lo vamos a inscribir el año que viene en esta escuela, porque si no te hacen lo que
quieren, piensan que… como igual la escuela los tiene que recibir…” (Docente de grado).
“Pienso que hay algunos niños que no deberían venir a esta escuela, no los podemos contener, tal
vez otro tipo de escuela les ayudaría a mejorar su comportamiento, no sé si no hay que buscar la
forma de ponerles más límites” (Docente de grado).
En este sentido, el trabajo por la convivencia cotidiana no viene dado por generar en la escuela un
espacio que los pueda incluir, sino por el esfuerzo de adaptarlos a la escuela ya instituida. La
regulación de las relaciones docentes- alumnos tiene un componente de amenaza, “si el niño no se
acerca al modelo del niño adaptado” sobreviene “el quedar fuera de la escuela”, como una
posibilidad a concretar en cualquier momento. Sin embargo el mayor esfuerzo lo deben realizar los
niños y niñas para aprender a aceptar unas reglas de juego que no sólo no han sido pensadas para
ellos sino y sobre todo que encierran la desconfianza hacia los sectores populares.
Los discursos que circulan en los distintos espacios escolares, al decir de Bourdieu (1999) tienen un
poder performativo en el sentido en que, en gran medida hacen acaecer aquello que enuncian y
configuran el ser un “buen” o un “mal” niño, con características absolutas y acabadas en la forma de
definir su subjetividad. A ello se suma el merecimiento de estar adentro o afuera de la escuela, en
función de si se posee o no, el atributo esperado y deseado por el docente. Una configuración
institucional de exclusión y negación de las posibilidades y derechos de los niños que significa un
posicionamiento: el de que, en cada clase hay niños y niñas que no tendrían que estar dentro y que
el/la docente hace “el esfuerzo” y “el sacrificio” de trabajar con ellos.
Cuando los niveles de inclusión social de un sujeto se encuentran deteriorados, la escuela desde
estos significados y prácticas cotidianas, profundiza experiencias de rechazo, impotencia y
enajenamiento del alumno respecto a la cultura institucional.
Si la escuela, a través del docente, le organiza al niño un lugar que no le es significativo, un lugar en
el que el niño no pueda advenir, sino uno saturado con su propio imaginario, el niño no tiene otra
opción que ocupar ese lugar, y no habrá lugar para que su deseo de aprendizaje emprenda una
exploración activa de lo novedoso. (Duarte y Marini, 2007).
5. Conclusiones
El significado de la convivencia en la escuela está atravesado por la concepción de educabilidad o
ineducabilidad que los y las docentes construyen respecto de quienes son sus alumnos y alumnas.
La educabilidad apunta a identificar cuál es el conjunto de recursos, aptitudes o predisposiciones
que hacen posible que un niño o adolescente pueda asistir exitosamente a la escuela, al mismo
tiempo que invita a analizar cuáles son las condiciones sociales que hacen posible que todos los
niños y adolescentes accedan a dichos recursos. (López y Tedesco, 2002).
Como sostiene Baquero (2001), ella es efecto de la articulación de las condiciones subjetivas con
las condiciones institucionales que se ofrecen para que sea posible el aprendizaje. Las condiciones
de posibilidad de lo educativo son a la vez culturales y políticas y por tanto los límites y fronteras
de la educabilidad dependen de la naturaleza de las situaciones de la que los alumnos/as son parte y
en las que van encontrando o no espacios de subjetivación (Ob. Cit).
Este tema es especialmente relevante cuando se trata de niños provenientes de sectores populares.
Las observaciones y entrevistas realizadas en el espacio de una escuela urbano-marginal, nos
permiten re-construir una mirada particular acerca del vínculo que se establece entre la escuela y la
comunidad que asiste a la misma. Sobre la base de un desencuentro de códigos y formas de
significar la educación y la crianza de los niños y niñas, docentes, directivos y personal de apoyo
perciben a la tarea educativa obstaculizada y con pocas posibilidades de desarrollarse exitosamente.
La representación que los maestros y maestras de la escuela en estudio, construyen acerca de las
familias de origen de los chicos, involucra actitudes de incomprensión y descompromiso con las
condiciones de vida en los contextos habituales, sentimientos de impotencia ante situaciones que
desbordan la formación o preparación recibida para el trabajo en el aula y relaciones
discriminatorias en el interior de la institución, como se verá a continuación. Diferentes formas de
clasificación y desvalorización, marcan una diferenciación entre el grupo social de origen de los/las
docentes y directivos, con el de la mayor parte de los alumnos y alumnas que asisten a la escuela,
que involucran formas diferenciadas de ser y de estar en el mundo social.
La creencia de que gran parte de los alumnos y alumnas de la escuela, fracasan en el proceso de
adaptación a la cultura escolar como consecuencia de su pertenencia a un grupo socialmente
desventajado, deriva en diversas formas de "malestar" que se generan en las relaciones entre
docentes y en las prácticas pedagógicas con los alumnos y alumnas.
Esta categoría expresa significados vinculados a posiciones discriminatorias y estigmatizantes de
escolares y sus familias que remiten a la relación entre pobreza y escuela, donde en el sentido de las
relaciones interpersonales cotidianas, se prioriza el deber ser “legítimo” por sobre las posibilidades
de ser de un grupo social, cuyo punto de partida se percibe desventajoso y actúa como
condicionante del proceso de enseñanza y de aprendizaje, como se profundizará a continuación.
Los y las docentes se encuentran subsumidos a un analfabetismo social y político, vinculados a
modelos de docentes formados para una tarea ahistórica, descontextualizada, que no les permite
comprender la situacionalidad en la que están inmersos los niños y niñas y que, desde ese
analfabetismo involuntario e imperceptible, promueven situaciones de fragmentación,
individualismo, falta de apoyo y contención.
6. Bibliografía
- Alvites Baiadera, A. P. (2011). Territorio y redes sociales: análisis en torno a la identidad barrial
de un barrio popular de la ciudad de Villa María. VII Encuentro Interdisciplinario de Ciencias
Sociales y Humanas - Territorialidad Urbana y Rural. No 1 (1).
- Baquero, R. (2001). La educabilidad bajo sospecha. En Cuadernos de Pedagogía. N° 9. Rosario.
- Duarte, M. E. y otros (2007). Los fulanitos. Cuando las palabras etiquetan y asignan lugares en la
escuela. En Vinculo Docente alumno. Un abordaje de la subjetividad en la escuela desde una
propuesta de extensión universitaria. Duarte, M. E. (comp.). Córdoba: Editorial de la Universidad
Nacional de Córdoba.
- Goffman, E. (1995). Estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- López, N. y Tedezco, J. C. (2002). Las condiciones de educabilidad de los niños y adolescentes
en América Latina. Documento del IIPE. Buenos Aires. IIPE UNESCO.
- Luciano, G. y Marin, L. (2010). Estudio de manifestaciones de violencia en las escuelas de la
periferia de San Luis. Un estudio extensivo desde la mirada de los actores escolares. En
Fundamento en Humanidades San Luis. 12 (23), 93-109.
- Milstein, D. (2003). Higiene, autoridad y escuela. Madres, maestras y médicos. Un estudio acerca
del deterioro del estado. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Schutz, A. y Luckmann, T. (2003). Las estructuras del mundo de la vida. Buenos Aires:
Amorrortu Editores.
7º ENCUENTRO DE INVESTIGADORES/AS DE CIENCIAS SOCIALES DE LA REGIÓN
CENTRO-OESTE DE ARGENTINA Y LA IV REGIÓN DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN
27, 28 Y 29 DE MAYO DE 2015
Mesa 16: Conflictividades territoriales. Construcción de peligrosidad y estigmatización de territorios fragmentados.
Título: JOVENES “NI NI”: PRESENTE CONTINUO, FUTURO IMPERFECTO.
VILA, Graciela Elena1
Resumen:
En el año 2006 la ley nacional de educación 26206 estableció la obligatoriedad de la educación
secundaria para todos los habitantes de nuestro país. Desde entonces el gobierno nacional a
través del Ministerio de Educación ha implementado una política educativa tendiente a lograr la
inclusión y la integración educativa de la población en edad escolar. Muchos son los jóvenes
que, incentivados por los planes gubernamentales pudieron terminar sus estudios de nivel
medio inconclusos y otros tantos se inscribieron en escuelas públicas con la finalidad de estudiar
para obtener su título secundario. Pero no a todos los jóvenes a quienes estaba dirigida la
política educativa se vieron estimulados a continuar estudiando. Muchos de ellos, una vez
finalizada la educación primaria, abandonan los estudios. Las posibilidades de encontrar un
trabajo decente en estas condiciones disminuyen drásticamente. Eso es lo que advertimos al
investigar las condiciones de vida de los barrios del gran San Juan. La totalidad de los
jóvenes entrevistados no estudian ni trabajan. Estos jóvenes han sido denominados los “Ni Ni”.
Esta condición de excluidos los estigmatiza como peligrosos y los priva del acceso a los bienes
esenciales para su supervivencia. La multitud de necesidades y deseos de los jóvenes se ven
frustrados ante la falta de medios económicos para satisfacerlos.
Esta investigación se enmarca en una más amplia que analiza las violencias vecinales en barrios
fragmentados de la ciudad de san juan. Pretendemos demostrar que las políticas sociales y
educativas implementadas para integrar a los jóvenes al sistema de la educación formal o al
mercado de trabajo no han logrado su objetivo en el núcleo poblacional estudiado (jóvenes del
Barrio La Estación)
Palabras Clave: Jóvenes – Políticas Educativas – Territorios fragmentados 1 Docente e Investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, UNSJ
Since 2006 the national low of education 26206 set up compulsory high education for every
people the country.
Ever after the national government trough the Ministery of Education has implemented a
education policies in order to achieve inclusión and educational integration of dwellers of a
schoolage. Many are the young people who incentivized by the government’s plans could finish
their studies at the high school inconcluded and many others to study to get your high school
diploma. But not the all young people who directed educational policies wer stimulated to
continue studying. Many of them, upon completion of primary education, drop out. The chances
of finding a decent job in these conditions fall drastically.
That’s what we warned to investigate the living condition of the neighborhoods of the greater
San Juan.
All the Young people interviewed do not study or work. These Young people have been called
“Ni – Ni”.
This condition excluding stigmatized as dangerous and deprives them of access to essential
goods for survival. The multitude of needs and desires of young people are frustrated with the
lack of financial means to satisfy them.
This research is part of a broader neighborhood analyzing violence in fragmented areas of the
city of san Juan. We intend to demonstrate that social and educational policies implemented to
integrate young people not his formal education system or labor market have not achieved their
objective in the core population studied (young of neighborhood “La Estación”)
Key Words: Young people - Educationales policies – Fragmented territories
Con esta investigación pretendemos demostrar que las políticas sociales y educativas
implementadas para integrar a los jóvenes al sistema de la educación formal o al mercado de
trabajo no al logrado su objetivo en el grupo social estudiado. La metodología será el estudio de
casos a través de entrevistas en profundidad con representantes del grupo social seleccionado.Se
entrevistará a los responsables del Ministerio de Educación de San Juan de implementar y hacer
el seguimiento de los planes de inclusión de los jóvenes en la educación secundaria. También se
preguntará a los de la Dirección de la Juventud cuáles son las políticas específicas para los
jóvenes que ellos han implementado y cuáles son sus resultados. Luego analizaremos las
respuestas de los jóvenes y de los funcionarios entrevistados para procurar establecer
conclusiones sobre la pertinencia de las políticas implementadas para lograr los objetivos
propuestos y la adecuación de esas políticas a las necesidades y problemas de los “jóvenes ni
ni”. Por último, intentaremos esbozar una propuestas para coordinar las expectativas de los
jóvenes y las necesidades de una sociedad inclusiva e igualitaria.
Al abordar este estudio no nos anima un afán descalificador de los jóvenes denominados “ni-
ni”, no pretendemos desmerecerlos o condenarlos ni infundir miedo sino por el contrario, nos
impulsa la necesidad de encontrar los motivos que llevaron a esos jóvenes a desentenderse del
estudio y del trabajorenunciando a todo esfuerzo por procurarse una vida mejor y un futuro
expectable. No se trata de lo que no son se trata de los derechos a que no tienen acceso. Por eso
pretendemos indagar cuáles son las políticas que ha emprendido el Estado para ayudar a estos
jóvenes a culminar sus estudios o capacitarlos para la vida activa y qué resultados ha obtenido y
si fuera posible también querríamos encontrar y proponer vías de solución a este grave
problema. Al trabajo y al estudio los entendemos como las únicas vías que nuestra sociedad nos
propone para poder vivir dignamente y satisfacer nuestros múltiples deseos y necesidades.
En una sociedad de consumidores como la que vivimos, cada día más compleja y demandante,
con un mercado de trabajo cada vez más competitivo, tecnificado y sofisticado que necesita
trabajadores con más y mejor calificación, los jóvenes que no hayan concluido el nivel
secundario de educación- el mínimo exigido- no tienen lugar
Esto es lo que sostiene Zigmunt Bauman cuando crudamente, los llama “humanos residuales” o
peor, “residuos humanos”. Dice que “en la sociedad de productores los desempleados pudieron
haberse sentido desdichados, pero su lugar en la sociedad era incuestionable y seguro. ¿Quién
negaría la necesidad del ejército de reserva para el combate, si fuera necesario?. Los
consumidores insatisfechos en la sociedad de consumidores no pueden estar tan seguros. De lo
que pueden tener certeza es que, habiendo sido expulsados del único juego de la ciudad, ya no
se los necesita. En la sociedad de consumidores no tienen cabida los consumidores fallidos,
incompletos o frustrados.” (Bauman 2005)
La generación “ni-ni” son los excluidos del nuevo milenio y el mundo entero se pregunta qué
puede hacer para motivarlos a encontrarles un sentido al esfuerzo y al sacrificio en pos de
perseguir un futuro donde puedan construirse a sí mismos como personas responsables de su
vida y de su entorno.
La vulnerabilidad los convierte en presa fácil de los mercenarios de la prostitución y de las
drogas ilegales. El crimen organizado utiliza a los jóvenes carecientes de carnada para obtener
impunidad. Aunque no caigan en las redes de esas mafias, por el solo hecho de vivir en esos
barrios y no tener una ocupación ni estar escolarizados serán estigmatizados como peligrosos y
serán víctimas fáciles de la persecución policial.
“Se trata de vulnerabilidad por degradación de las relaciones laborales y de sus protecciones.
Son dos lógicas heterogéneas: una de ellas, la de la exclusión, obra por medio de
discriminaciones oficiales. La otra reposa en un proceso de desestabilización, como la
degradación de las condiciones de trabajo o la fragilización de los soportes de la sociabilidad.
Estas situaciones revisten gravedad porque alimentan la desestabilización general de la
sociedad, a lo que se suman categorías de la población que sufren “un déficit de integración en
lo referente al trabajo, a la vivienda, la educación, la cultura, etc. Por consiguiente, están
amenazadas por la exclusión como tratamiento explícitamente discriminatorio de esta
población” (Castel, 1999: pág.38).
El informe “Estado de la población mundial 2014” elaborado por la ONU da cuenta de que el
60% de los 1.800 millones de jóvenes de entre 10 y 24 años en el mundo ni estudia ni trabaja,
porcentaje que traducido en números arroja un total de 1.080.000 jóvenes ociosos, sin proyectos
ni perspectivas laborales y por eso, con un futuro que se vislumbra cuanto menos como difícil
cuando no improbable.
Si no se actúa con premura en búsqueda de soluciones a este problema, no sólo se encuentra en
riesgo la pervivencia de estos jóvenes sino también la convivencia social.
En este tema hay dos problemas que afrontar: el primero es el del abandono escolar y el
segundo la capacitación y las oportunidades de trabajo para los jóvenes. Sin educación básica y
sin una capacitación específica para ocupar los empleos demandados por el mercado laboral no
les será posible la obtener un trabajo digno.
El problema de la educación
El derecho a la educación es un derecho humano reconocido por la Constitución Nacional en el
art.14 y por los tratados internacionales con jerarquía constitucional. También la educación es
considerada un bien público y un derecho de incidencia colectiva por cuanto en su
reconocimiento y efectivización está interesada la sociedad en su conjunto. Por ello la
legislación vigente la constituye en política de Estado y prioridad nacional (arts. 2 y 3 ley
26.206).
Pierre Bourdieu dice que el espacio social, la organización social, se basan en el capital cultural
–herencia cultural o manera de ver al mundo- que ese espacio tiene (Bourdieu 1997). La
distribución del capital cultural permite construir un espacio social, y la institución escolar,
mediante el fomento de las formas de entender el mundo, ayuda a reproducirlo y mantenerlo a
lo largodel tiempo. La educación no sólo reproduce y transmite las formas de relación social,
sino que es el lugar donde se generan distintas formas de reacción y oposición. Tanto la
inclusión como la exclusión son productos del proceso de aprendizaje. La educación debe ser
una herramienta de integración social para que el educando pueda llegar a ser parte autónoma,
activa y solidaria de la sociedad y del mundo en que vive.
En el mundo en los últimos 30 años la matrícula del nivel medio subió del 43 al 68%, según
datos del Compendio Mundial de Educación de 2011 elaborado por la UNESCO. Ampliar la
universalización de la educación secundaria era un reclamo de todos los países del mundo. En
América Latina esta demanda comenzó a plasmarse en políticas educativas desde fines del siglo
pasado. En Argentina, La Ley Federal de Educación extendió la obligatoriedad de la enseñanza
de los 7 años de educación primaria exigidos por la Ley 1420 a 10 años, esto es, hasta el tercer
año de la EGB.
La ley nacional 26.206/06 en su art.16 establece: “la obligatoriedad escolar en todo el país se
extiende desde la edad de 5 años hasta la finalización del nivel de la Educación Secundaria”.
Esta norma, necesaria e impostergable, en la práctica no ha dado los resultados esperados
existiendo problemas de abandono y desgranamiento escolar.
El abandono escolar hace referencia a los alumnos que dejan la escuela antes de finalizar
determinado nivel de escolarización, en cualquier año de tal nivel. El desgranamiento, por su
parte, alude al número de estudiantes que habiéndose matriculado en un año escolar dado, no
aparecen matriculados en el grado o año siguiente. Cuando se habla de una cohorte, son
aquellos que no han podido completar su trayectoria escolar.
Conforme los datos estadísticos elaborados por el INDEC, existe una evolución favorable en
cuanto a la tasa de escolarización en el nivel inicial. La permanencia en los primeros 5 años de
la escuela muestra una recuperación luego de la caída del año 2002, pero en el nivel medio los
datos no son tan alentadores.
Según un informe de UNICEF del año 2010 para América Latina “la escuela secundaria en la
Región logra, en promedio, que sólo la mitad de los adolescentes finalice sus estudios y buena
parte de ellos lo hace con sobre edad. Aun entre los que lo logran, los conocimientos adquiridos
varían en crecientes diferencias de calidad en alta coincidencia con sus niveles
socioeconómicos. Asimismo, dicho informe plantea que en Argentina existe un desgranamiento
sostenido en relación a la cantidad de jóvenes que ingresan a la Secundaria y los que la
finalizan, situación que pone en evidencia que la obligatoriedad del nivel no garantiza, al menos
en la actualidad, la inclusión de los jóvenes a las escuelas”
En Argentina conforme la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) realizada por el INDEC, el
total de jóvenes de entre 18 y 24 años es de 3.081.406 de los cuales:
Estudian……………………………………..847.131
Trabajan……………………………………1.008.180
Estudian y trabajan…………………………376.511
Estudian y buscan trabajo…………………103.341
Sólo buscan trabajo…………………………210.688
Ni estudian ni trabajan ni buscan trabajo…535.555
Fte: MILLAN SMITMANS, PATRICIO, " la exclusión social de los jóvenes en Argentina, 2012
En porcentaje resulta que uno de cada 4 jóvenes de entre 18 y 24 años ni estudia ni trabaja
En nuestro país según al EPH hay 1.202.915 jóvenes de entre 18 y 24 años que no ha
completado el nivel secundario de educación.
El Digesto de Educación Global elaborado por la UNESCO en 2010, informa que en Argentina
la matrícula de la educación primaria es de 99%, pero esa matrícula baja en el nivel de
educación secundaria al 79%, esto es, un 20% menos, lo que en otras palabras, significa que 1
de cada 5 alumnos que completaron la educación primaria no ingresan a la escuela secundaria.
Agrega que, del total de alumnos egresados de la Educación Primaria, sólo 48% termina la
secundaria y con la edad normal -18 años- sólo termina el 43%.
La Argentina del Siglo XX fue considerada uno de los países más igualitarios y con mayor
grado de desarrollo humano gracias al alto grado de alfabetización de su población. La ley 1420
sancionada en 1884 estableció la obligatoriedad de la educación primaria para todos los niños de
entre 6 y 14 años.
Esta ley dio extraordinarios resultados pues el Estado no sólo se instituía como prestador del
servicio educativo sino también como garante del mismo. Esta ley contenía normas que
aseguraban su operatividad. Conjuntamente con obligatoriedad de la educación primaria
ordenaba la construcción de escuelas en todo el ámbito nacional de modo que ningún niño en
edad escolar estuviese impedido de asistir a clases por falta de establecimientos escolares
cercanos a su domicilio. Para asegurar la asistencia de los estudiantes obligaba a los directivos
a comunicar inmediatamente a la autoridad escolar los nombres y domicilios de los niños que
faltaban más de dos días a clasecon el fin de asistir al domicilio a investigar las causas de las
inasistencias y procurar el retorno a la escuela. Asimismo, contemplaba sanciones para los
padres que no cumplían con la obligación de enviar a sus hijos a la escuela y establecía el
procedimiento para la ejecución de las penas impuestas de modo de hacerlas efectivas con el
afán de concienciar a los padres de que si no enviaban los hijos a la escuela serían castigados.
La ley 1420 que tiene más de 100 años de aplicación no por antigua deja de ser sabia y nuestros
legisladores nacionales debieron tenerla en cuenta al elaborar la ley 26.606 ya que a la luz de los
resultados, la obligatoriedad de la educación media no deja de ser una bella expresión de deseos.
En los primeros años de la enseñanza media se ha incrementado la matrícula pero desde el tercer
año se observa un desgranamiento porque no se contemplan medidas para garantizar la
permanencia de los alumnos hasta culminar los estudios. No se han construido ni aulas ni más
escuelas que puedan albergar a tantos niños. Los primeros años están abarrotados de alumnos
con aulas construidas para contener 30 estudiantes pero donde cursan de 45 a 50 estudiantes y
donde los docentes en vez de enseñar sólo intentan controlar la disciplina y evitar desbordes. En
lugar de centros de enseñanza-aprendizaje son lugares de encierro y contención de adolescentes.
Los profesores cumplen funciones de celadores y asistentes sociales o psicólogos y todo por un
mismo sueldo. No hay presupuesto para más docentes ni para más aulas mucho menos para más
escuelas. No hay un control sobre las causas de inasistencia de los jóvenes. No hay sanciones ni
para los alumnos que abandonan ni para los padres que no se preocupan por enviar sus hijos a la
escuela.
Nadie se preocupa por ir a buscar a los alumnos que abandonan. Ellos se sienten
incomprendidos:
“no saben ni quiénes somos” Yonathan de 17 años
“las maestras eran buenas, te ayudaban si no entendías, los profesores son unas ratas” Lucas
de 16
Los profesores no se ocupan de quienes no aprenden porque no tienen tiempo para dedicarles si
tienen dificultades en el aprendizaje.En todo el país se garantizan 190 días de clases pero la
extensión del ciclo lectivo aun no ha dado frutos porque no ha mejorado la calidad educativa
según los estándares internacionales de evaluación. Asimismo la Ley 26206 contiene normas
que prevén la extensión de la jornada pero todavía no se han implementado.
La cantidad de jóvenes que abandonaron la escuela secundaria, desconociendo la
obligatoriedad legal de que tal derecho- deber ha sido investido es una cifra alarmante y nos
habla no sólo de la renuncia a tal derecho por los jóvenes desertores sino también de la ausencia
de normas legales que garanticen la permanencia de los estudiantes hasta su egreso y de la
defección del Estado de su rol de garante del sistema educativo y del cumplimiento de las
normas legales que le confirieron tales funciones.
Por su parte los jóvenes no encuentran sentido al estudio ni valoran el título “aún teniendo el
título me faltaría saber bien Computación e Inglés” Andrés, 20 años
El Estado Nacional a través de diversos ministerios ha implementado planes para ayudar
económicamente a los jóvenes a fin de que retomen o completen sus estudios. Entre esos planes
encontramos el Plan Fines y el Plan Progresar Veremos en qué consisten.
Consultadas las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia, nos informan que el
plan Fines está desarrollándose en las escuelas secundarias de nuestro país desde 2008. En
principio, tuvo por objetivo ayudar a los jóvenes que terminaron de cursar la educación
secundaria pero adeudaban 1 o 2 materias por lo que nunca obtuvieron el título. Posteriormente
se extendió a quienes no habían terminado de cursar o habían abandonado. Profesores tutores
capacitados en educación de adultos los preparan para que rindan las materias adeudadas. A fin
de año se los evalúa y en caso de aprobar todas las materias adeudadas, se les otorga el título.
Desde su implementación hasta 2014 completaron sus estudios 513.078 jóvenes de todo el país,
en San Juan no nos aportaron cifras porque se están evaluando los resultados del plan en 2014.
Este año se implementará el Finestec, un plan específico para las escuelas técnicas para todos
los que abandonaron la escuela antes de obtener el título. Además, en estas escuelas desde 2013
se viene asistiendo a los alumnos con tutorías en Matemática, Física y Química para quienes
tienen dificultades en estas ciencias con gran éxito pero sin aportarnos datos porque no tienen
los definitivos.
La Casa de la Juventud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de San Juan, ayuda a
los jóvenes de hasta 29 años de la provincia con 40 boletos de colectivo y 200 fotocopias por
mes. Además les otorga un carnet con su foto con el cual pueden obtener descuentos de 10 al
20% en distintos comercios de la provincia adheridos a este proyecto.
Por su parte, el Plan Progresar, ejecutado por la Anses, está destinado a jóvenes de 18 a 24 años
y su objetivo es que puedan completar sus estudios primarios, secundarios o terciarios o se
capaciten en algún oficio. Si eligen esta última opción quedan eximidos de estudiar.
Actualmente se le entrega a cada joven beneficiario la suma mensual de $900. La condición es
que no esté gozando de ningún otro beneficio o ayuda estatal y que el joven o su grupo familiar
en su conjunto no perciba ingresos superiores a tres salarios mínimos. En una de sus últimas
transmisiones en cadena nacional- el jueves 19 de marzo-, la Presidente Cristina Fernández
confirmó que 570.000 estudiantes reciben el plan Progresar y que pretenden incluir 700.000
jóvenes más.
El problema laboral de los jóvenes
Conforme la estadística que elaboró el INDEC con base en la EPH del año 2010, transcripta
precedentemente, del total de jóvenes entre 18 y 24 años, hay 210.688 que buscan empleo y
535.555 que ni estudian ni trabajan ni buscan empleo, lo cual arroja un total de 746.243 jóvenes
incluidos en esa franja etaria que no tienen empleo. Esa cifra es alarmante porque denota que
existen casi 750.000 jóvenes con alto grado de vulnerabilidad por carecer de los más
elementales medios de subsistencia, en absoluta dependencia de familiares y con riesgo de caer
en la marginalidad.
Entre los jóvenes ni-ni, un gran porcentaje son niñas, muchas de ellas madres solteras que no
pueden estudiar ni trabajar fuera de su hogar porque deben cuidar a sus hijos, el resto, no lo hace
porque debe quedarse en casa a cuidar a sus hermanos menores a los enfermos de la casa y
realizar las tareas domésticas mientras sus padres salen a buscar el pan.
Un estudio del CIPPEC (Centro de implementación de políticas públicas para la equidad y el
crecimiento) sostiene que en la provincia de Buenos Aires el 74% de los jóvenes ni-ni son niñas
y de ellas, el 41% tienen hijos. En San Juan, no tenemos estadísticas al respecto pero en las
escuelas secundarias se advierte que una de las causas del abandono escolar de las niñas es el
embarazo adolescente.
El trabajo doméstico de las jóvenes, invisibilizado, no remunerado pero permanente y sin
descanso, no figura en las estadísticas ni califica como antecedente laboral. Estas niñas ven
frustradas sus ambiciones y sus posibilidades de progreso y realización personal. El Estado debe
intervenir para aportarles una solución. Creemos que se les debe aportar material didáctico y
tecnológico adecuado a sus posibilidadesdándoles la oportunidad de estudiar a distancia con
tutorías virtualesque las asistan y realicen un seguimiento del proceso de aprendizaje de modo
que puedan completar sus estudios para que algún día puedan aspirar a un trabajo rentado cuyos
frutos puedan disfrutar para procurarse una vida mejor.
El derecho a trabajar, garantizado por el art.14 y 14bis de la Constitución Nacional tiene su
fundamento en la dignidad de la persona humana. El trabajo es un gran organizador de la vida
personal y social, constructor de la subjetividad fuente de identidad, de la imagen y de la
autoestima en los jóvenes.
La falta de empleo no sólo limita las posibilidades de subsistencia sino que mina la autoestima y
la identidad de los jóvenes generando problemas de relación.
En las estadísticas del INDEC sobre empleo para San Juan observamos que el sector de los
servicios es el de mayor demanda laboral con 31.600 trabajadores registrados. Pero es un sector
que exige alta calificación laboral en sus empleados. Entre los sectorescon trabajadores con baja
calificación laboral se encuentran la agricultura, la minería y la construcción. La agricultura sólo
ofrece trabajo permanente para pocas personas (contratistas, caseros) en su mayor parte son
trabajos de temporada o de ocasión (poda, limpieza, cosecha). Por su parte la construcción es
una de las de menor calificación laboral, está mal remunerada, demanda muchos sacrificios y es
en esencia transitoria o precaria por lo cual no ofrece atractivos para los jóvenes ni les da
garantías de estabilidad laboral. Otra actividad que creció es la minería que aunque esté mejor
remunerada es un trabajo insalubre y peligroso.
(En miles de personas) 2.003 2012 variación 2003-2012
Minería…………………..... 0,900……………..4,0.…………..350%
Industria……………………..10,5……………….16,3………….55,4%
Construcción…………………2,5……………….16,3………….553%
Agricultura……………………8,4………………...9,5………….13,5%
Fte: EPDH (elaboración propia)
“La desregulación laboral, la flexibilización y la precarización del empleo son formas de
“acomodamiento de las nuevas pautas de empleo. Produciéndose además, la generación de
excedentes de la fuerza de trabajo formal que en parte, es reciclada hacia la economía informal,
quedando un remanente que opta por la economía marginal o delictiva” (Valdez, 1999: 51)
La juventud de los barrios marginales, que no tiene esperanzas en un futuro mejor, que observa
que el esfuerzo no garantiza un buen pasar, que advierte que los que más tienen no son los que
más ilustrados sino los más sagaces y astutos-No están dispuestos a postergar los pequeños
placeres del ahora por la incierta posibilidad de un mañana promisorio.
“Sólo me importa pasarla bien ahora”Martín, 18 años
Acostumbrados a lo efímero (de la vida, de las relaciones humanas, de los sentimientos) su
propia existencia se les figura como fugaz e inasible y parecen resignados a jugársela en cada
esquina, en cada redada, en cada bocanada de placer.
“Ser superfluo significa ser supernumerario, innecesario, carente de uso. Los otros no te
necesitan, pueden arreglárselas igual de bien, si no mejor sin ti” (Bauman, Zigmunt, 2005)
El gobierno en todos sus ámbitos –nacional, provincial y municipal- se ha ocupado de ofrecer a
los jóvenes oportunidades de capacitación, de empleo y de entrega desubsidios para sus propios
emprendimientos productivos.
“Para la política el problema es financiero. La gente superflua debe ser provista, alimentada, no
sobrevivirá por sí misma”(Bauman, Zigmunt, 2005)
El Estado intenta mejorar la situación de los jóvenes sin empleo mediante medidas paliativas
que no atacan el problema de fondo que son el de la concentración de la riqueza y la
desigualdad estructural. Para Bauman la respuesta que da el Estado a la superfluidad es a través
de “limosnas designadas por un abanico de eufemismos: subsidios de asistencia social,
deducciones tributarias, desgravaciones, subvenciones”.
Aunque sean medidas epidérmicas no dejan de ser necesarias. El Estado no puede permanecer
impasible ni indiferente a este drama social que viven los jóvenes. Es necesario reclamar la
intervención de un Estado benefactor
Al respecto, en el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas elaboró el Programa
Mundial de Acciones para la juventud, donde se sugiere a los Estados “promover el objetivo del
pleno empleo como prioridad básica de sus políticas económicas y sociales, prestando especial
atención al empleo de los jóvenes”. Aún más aconseja “orientar sus economías de modo que
satisfagan las necesidades humanas de manera más eficaz y que se garantice que los jóvenes
sean participantes activos y beneficiarios del proceso de desarrollo”.
En 1.992 se creó la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), conformada por los
organismos oficiales de la Juventud de 22 países iberoamericanos, entre ellos, Argentina.
En 2005 se reunieron en Badajoz, España, los delegados plenipotenciarios de los Estados
miembros de la OIJ y suscribieron la “Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes”.
Argentina suscribió la Convención pero nunca la ratificó por lo que los jóvenes no tienen la
posibilidad de ampararse en sus normas para reclamar su cumplimiento.
En relación al tema que nos ocupa esta Convención reconoce a los jóvenes en su art.22 el
derecho a la educación “integral, continua, pertinente y de calidad”, y en el art.26 “los Estados
firmantes se comprometen a adoptar las medidas necesarias para generar las condiciones que
permitan a los jóvenes capacitarse para acceder o crear opciones de empleo y a fomentar el
estímulo a empresas para promover actividades de inserción y calificación de los jóvenes en el
trabajo”
Por su parte el art.29 asegura a los jóvenes el “derecho a la formación profesional y técnica
integral, continua, pertinente y de calidad que permita su incorporación al trabajo”
Aunque Argentina no haya ratificado la Convención, sus normas deben servir de guía para
diagramar y ejecutar políticas que no se limiten a transferencias de dinero a manos de los
jóvenes que son escasas, transitorias y que alivian su situación pero no revierte el problema,
que es la falta de estudios y capacitación de los jóvenes “ni ni” para acceder al mercado de
trabajo en condiciones competitivas y con solvencia científica y técnica.
En un intento por morigerar la dramática situación de los jóvenes desempleados, el Estado
nacional ha elaborado e implementado a través de los Ministerios de Trabajo, Desarrollo Social
e Industria diversos planes: ARGENTINA TRABAJA, JOVENES CON MAS Y MEJOR
TRABAJO, CAPITAL SEMILLA que intentaremos sintetizar a continuación
El plan Argentina Trabaja, cuya ejecución está en manos del Ministerio de Desarrollo Social,
está destinado a capacitar a los desempleados para la formación de cooperativas que realizarán
obras públicas en locales en barrios vulnerables. Un porcentaje está destinado a jóvenes de 18 a
30 años que no tengan ningún ingreso. Los inscriptos trabajan de lunes a viernes durante 7
horas por día y la mañana del sábado la dedican a la capacitación. Reciben un ingreso mensual
de $2.000 como anticipo de excedente que será completado al fin de la obra. Los beneficiarios
son 300.000 personas. La cantidad de obras realizadas es altísima por lo que estimamos que el
resultado es muy positivo. Esperamos que tenga continuidad para que los jóvenes
cooperativistas puedan seguir trabajando y capacitándose.
Las oficinas de empleo de los municipios tienen a su cargo la ejecución del “Plan Jóvenes con
más y mejor trabajo”. Este plan comenzó a aplicarse en 2009. Está dirigido a jóvenes de entre
18 y 24 años, tiene como objetivo que los jóvenes alcancen la finalización de sus estudios y
dura dos años. Consiste en una ayuda monetaria mensual de $2.000.También se los capacita con
cursos para que puedan ingresar al mercado laboral. Conforme las estadísticas oficiales es
número de jóvenes beneficiados asciende a 646.000.
Por su parte, el Ministerio de Industria de la Nación, en articulación con el Ministerio de
Desarrollo Humano de San Juan implementa el programa CAPITAL SEMILLA. Consiste en un
concurso de proyectos productivos a nivel nacional que otorga préstamos de honor a una tasa
del 0% a 5 años, con 1 año de gracia. Consta de tres categorías:
a) prototipos, hasta $30.000
b) puesta en marcha, hasta $60.000
c) consolidación, hasta $100.000
Su objeto es promover las economías regionales impulsando proyectos productivos que
incorporen innovación, diseño, impacto regional o que presenten alto valor agregado en origen.
A la fecha llevan financiados más de seis mil (6.000) proyectos siendo San Juan la segunda en
el país con más proyectos aprobados.
Conclusión:
La existencia de más de medio millón de jóvenes que no estudian ni trabajan y abandonados a
su suerte, nos habla de una crisis de cohesión social. Estos jóvenes no encuentran sentido a su
existencia ni le encuentran un porqué al sacrificio o al esfuerzo. Muchas veces integran familias
con desocupación crónica, los jóvenes nunca vieron trabajar ni a sus padres ni a sus abuelos. El
hacinamiento es otro problema: hacinado y sin lugar en su casa, el joven se va a los “no lugares”
la plaza, la esquina, la calle. Es una forma de producir espacios de socialización que no pueden
tener en una escuela a la que no asisten o en un trabajo que no tienen.
La vida de estos jóvenes es un simple transcurrir sin perspectivas ni proyectos ni ilusiones. Es
una quietud alarmante. No es el ocio creador de los pensadores y filósofos de la antigüedad. Es
la vida vacía, la nada, el caos existencial. Y en esa nada todo puede entrar. Y lo más probable
es que entren las tentaciones. El dinero fácil. El placer extremo y al instante. Y por desgracia,
las mafias de la trata, la prostitución y el narcotráfico buscan a los jóvenes para arraigarse y
expandirse. Son sus víctimas y sus herramientas. Cuidando a los jóvenes y arrancándolos de las
garras de estas organizaciones mafiosas no sólo afianzaremos la cohesión social sino también
aseguraremos nuestra supervivencia como Estado social y democrático.
De los informes encontrados y entrevistas realizadas surge que el Estado Nacional a través de
los ministerios implicados (Trabajo, Educación, Desarrollo Social e Industria) ha implementado
diversas políticas de inclusión desarrolladas a través de planes específicos. Estas políticas han
tenido buena acogida y efectos en los sectores medios pero podemos afirmar que han fracasado
en sus objetivos de inclusión de los sectores más vulnerables de la población. Podemos inferir
que los jóvenes excluidos, muchas veces por desconocimiento, otras por apatía o descreimiento,
no tienen acceso a los planes que les están dirigidos. La difusión a través de los medios de
comunicación no alcanza. Es necesario que el Estado provincial realice un trabajo de búsqueda
e identificación de los jóvenes que abandonaron la escuela primaria o secundaria y que habita en
los barrios y villas carecientes para proponerles opciones de escolarización y/o empleo de
manera que puedan encontrar oportunidades concretas y viables de mejorar su situación y soñar
con un futuro que en estos momentos no se les figura como posible o cuanto menos, deseable.
En este sentido son interesantes los planes “Vuelvo a Estudiar” del gobierno socialista de Santa
Fe y “Volvé a la Escuela” del municipio bonaerense de San Martín. Los planes están destinados
a que los jóvenes y adultos que abandonaron sus estudios secundarios los retomen y completen.
En Santa Fe, los miembros del Gabinete Social, que reúne a 10 ministerios provinciales apuntan
a hacer una intervención integral, que no se limite a la educación sino que abarque las distintas
problemáticas de los barrios más vulnerables de la provincia. Trabajan 38 consejeros juveniles
que mantienen un contacto permanente con los estudiantes y las escuelas. Desde su aplicación,
2.618 jóvenes y adultos retomaron la secundaria.
En San Martin, por su parte, desde 2013 retomaron sus estudios 1.145 chicos. Los operadores
visitan los barrios más vulnerables de ciudad,estudian cada caso y les ofrecen las alternativas
que mejor se ajustan a sus posibilidades: turno noche, plan fines, etc. Luego lo acompañan a
inscribirse y lo asisten durante todo el ciclo lectivo colaborando con la escuela en el
seguimiento de sus trayectorias.
Estos dos ejemplos nos hablan de un estado activo, protector y garante del derecho a la
educación. Un Estado que detecta, individualiza, asiste y acompaña a los jóvenes que
abandonaron sus estudios a fin de que los retomen y finalicen.
Los derechos a la educación y al trabajo, incluidos entre los derechos de incidencia colectiva,
exigen un Estado presente, atento a las necesidades de aquellos a quienes por cualquier
circunstancia se les niegan o no pueden ejercerlos.
Con relación al trabajo de los jóvenes, el Estado debe fomentar el empleo para los jóvenes
desocupados, con propuestas integrales de seguro de desempleo, programas de capacitación
laboral y generación de nuevas fuentes de trabajo. Se debe garantizar a los grupos más
vulnerables el acceso a programas de formación profesional que les permitan incorporarse al
empleo formal o trabajar en forma autónoma.
Los jóvenes no cuentan con ningún instrumento legal nacional ni internacional que garantice sus
derechos- ya vimos que la Convención Iberoamericana de derechos de los jóvenes nunca fue
ratificada por nuestro país y tampoco se sancionó la ley del joven a nivel nacional, sólo rige en
Santa Fe- y tampoco los jóvenes saben cuáles son sus derechos ni cómo reclamarlos.
El Estado no sólo debe reconocerlos, debe trabajar activamente en su efectivización y procurar
llegar allí donde son desconocidos con todos los medios a su alcance- materiales y humanos-
para lograr que todos las personas tengan las posibilidades y la oportunidad de desplegar todas
sus potencialidades y consolidarse como seres autónomos, responsables de su destino y el de la
comunidad a que pertenecen.
Bibliografía:
BOURDIEU, P (1997), Capital cultural, escuela y espacio social", Siglo XXI Editores, Bs. As.
BAUMAN, Z (2005), Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias. Paidós, Barcelona.
CASTEL R (1999) Individualismo y liberalismo, Empleo, desocupación y exclusiones, UBA en
TRINCHERO, Hugo. Economía política de la exclusión: Para una crítica desde la experiencia
de las empresas recuperadas por sus trabajadores en MILLAN SMITMANS, PATRICIO, " la
exclusión social de los jóvenes en Argentina, 2012 en (última entrada 19/04/2015)
http://www.scielo.org.ar/scieloOrg/php/reference.php?pid=S1850-
275X2007000200003&caller=www.scielo.org.ar&lang=es
MILLAN SMITMANS, PATRICIO, " la exclusión social de los jóvenes en Argentina, 2012 en
(última entrada 19/04/2015)
www.uca.edu.ar/uca/common/grupo83/files/38-_Mill-n_Smitmans
VALDEZ, Estela, La ciudad dual y los nuevos fragmentos urbanos: los ghetos de la riqueza,
pag.51
7º ENCUENTRO DE INVESTIGADORES/AS DE CIENCIAS SOCIALES DE LA REGIÓN CENTRO-OESTE DE ARGENTINA Y LA IV REGIÓN DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN
27, 28 Y 29 DE MAYO DE 2015
Mesa 16: Conflictividades territoriales. Construcción de peligrosidad y estigmatización de
territorios fragmentados.
Titulo: “Ya escucho las sirenas, soy el error de esta sociedad”1.
Autores: Acosta, Laura Malvina2. López Melisa3.
Resumen:
El presente trabajo pretende dar cuenta de la diversificación de apropiaciones del espacio urbano,
enmarcados en la categoría de Fragmentación territorial. Debido a la amplitud de dicha
categorización, que excedería tiempos y fines de este trabajo, focalizaremos nuestro análisis en el
Barrio La Estación, departamento Rawson, San Juan.
Vinculado a la categoría precedente, surge la necesidad de preguntarnos sobre representaciones que
pesan en amplios sectores poblacionales, particularmente provenientes de clases sociales de
menores recursos, quienes sobreviven cotidianamente marginados de los circuitos productivos y a
su vez quedan estigmatizados y asociados a lo peligroso frente a otros sectores sociales.
La reconfiguración clasista del espacio social y la estigmatización legitimada de una población
identificable y localizable en un territorio, conjuga los cuatro componentes del racismo que señala
Michel Wieviorka (Wieviorka 1991) Violencia, Prejuicio, Segregación y Discriminación;
funcionando como instrumento socio-espacial de segregación y control.
El accionar policial se convierte en instrumento clave de control constante reafirmando dicha
estigmatización y segregación. Es digno destacar la génesis de estas prácticas, que se remontan a
dispositivos propios de la última dictadura militar, continuando con idénticos procedimientos
históricos, no ya vinculados al control político ideológico, sino más bien a una segregación y
discriminación clasista que responde a lógicas del mercado de consumo.
Aun cuando las prácticas policiales exceden ampliamente las funciones de un supuesto control y
sostienen acciones abusivas altamente vulnerabilizantes de los derechos humanos, éstas son
1 De “La violencia” Agarrate Catalina. 2 Est. Lic. Trabajo Social- FACSO- UNSJ. E-mail: [email protected] 3 Est. Lic. En Trabajo Social- FACSO- UNSJ. E-mail: melisaalopezd @gmail.com
justificadas hasta la naturalización, en esta puja por dicho territorio urbano, imposibilitando a los
sujetos correrse de los lugares asignados.
PALABRAS CLAVE: Fragmentación territorial- Estigmatización- Estereotipos.
Abstract:
This paper seeks to explain the diversification of appropriation of urban space, framed in the
category of territorial fragmentation. Due to the extent of such categorization, which exceed times
and purposes of this paper, we will focus our analysis on the Barrio Station, department Rawson,
San Juan.
Linked to the previous category, the need to ask about representations that weigh in broad sectors of
the population, particularly from lower income classes who survive daily marginalized productive
circuits and in turn are stigmatized and associated with the dangerous against other social sectors.
The class reconfiguration of social space and legitimized stigmatization of an identifiable and
locatable in a territory population, combining the four components of racism pointing Michel
Wieviorka (Wieviorka 1991) Violence, Prejudice, Discrimination and Segregation; functioning as
socio-spatial segregation and instrument control.
Policing becomes constant control key instrument reaffirming that stigmatization and segregation. It
is worth highlighting the genesis of these practices, which go back to their own devices during the
last military dictatorship, continuing historical identical procedures, no longer tied to ideological
political control, but rather to a class segregation and discrimination that responds to market logic
consumption.
Although police practices far exceed the functions of an alleged control and sustain highly
vulnerabilizantes abusive actions of human rights, they are justified to naturalization in this bid for
this urban territory, making it impossible to subjects assigned cum places.
KEYWORDS: Territorial fragmentation- Stigmatization- Stereotype.
Introducción.
El presente trabajo de investigación está enmarcado en un proyecto más amplio denominado:
¿Quién es peligroso? Una aproximación a las prácticas violentas en territorios urbano fragmentados
de la provincia de San Juan, en este caso específicamente del Bº La estación en departamento de
Rawson.
A continuación pretendemos dar cuenta de las diversas prácticas de control y estigmatización social
que pesan sobre los/as jóvenes y vecinos del Barrio y como es que el ámbito donde desarrollan sus
vidas se configura en territorio fragmentado.
Si bien los ejes analizados a continuación, están relacionados dialécticamente en un entramado
complejo de relaciones de clase y poder, para poder ser desarrollados y lograr un mejor
entendimiento de ellos, es que serán disgregados. Los fenómenos tomados como categoría de
análisis son: la fragmentación clasista del espacio, las imágenes prototípicas configuradas desde los
medios de comunicación, el estigma y las consecuencias que producen en quienes son objetos de
ellas, su relación con el accionar policial y las tenciones que se generan en relación a los sistemas
laborales, educativos.
La fragmentación clasista del espacio.
“si yo hubiera nacido en tu casa, O si vos en mi casa nacías Si tuvieras mi plato y mi plata Y cambiáramos vida por vida”4
En el Barrio la Estación, el espacio urbano se encuentra dislocado, fragmentado. Esta cuestión como todo lo social responde a un entramado abstracto y complejo de tensiones, poderes e intereses, que en este caso responden a los espacios mercantilizados.
Brevemente recorreremos los orígenes del barrio. Su curso comienza con la toma de veinte hectáreas, que antes pertenecían a la estación de Villa Krause, por familias sin vivienda que fueron quienes construyeron allí, con los materiales a los que accedieron en ese momento. El asentamiento fue nombrado por los medios locales como villa del nylon. Las familias se organizan, resisten a los desalojos y soportan razias policiales. A finales de los 90 bajo la operatoria del régimen lote hogar comienza la urbanización del asentamiento y dada la extensión del terreno se construyen más viviendas en las que serían relocalizadas familias de otras villas miseria de la provincia.
Se puede decir que la vivienda es la dimensión socio habitacional que garantiza la liberación del espacio para la reconfiguración clasista de las formas de circulación mercantil (Boito, Espoz 2014). 4 De “Malandra” Tabaré Cardozo.
De esta manera es que mediante políticas públicas, el Estado5 responde al problema de la vivienda a través de acceso a la propiedad privada, es así que las clases oprimidas son desplazadas a la periferia, mientras que las clases medias y altas se auto encierran y entonces el espacio urbano se va reconfigurando mediante esta lógica clasista de socio segregación en la que a cada cuerpo le es asignado a un espacio y se diseñan para cada unode ellos los circuitos por donde debe transitar y consumir.
En el contexto de una lógica de mercado, resulta una interpelación trans-clasista a todas las personas como consumidoras, a diferentes velocidades, pero siempre aspirando a configurarse como consumidor no fallido6 (Baumann 2007 por Boito, Espoz 2014).
Esta modalidad de fijar cuerpos enclavados en viviendas según clase permite regular también conflictividades creando “entornos protegidos” como modalidad de desplazamiento (Boito, Espoz 2014). Así mientras unos ciudadanos merecen seguridad, otros soportan la vigilancia y la represión (Díaz 2010).
El urbanismo estratégico y la policía van a controlar que cada cuerpo circule por su espacio pre determinado performando hábitos y consumos. Así estos enclaves de encierro, por opción u imposición, van a permitir o restringir la movilidad de los cuerpos en los diferentes espacios.
El barrio La Estación actualmente quedo configurado de la siguiente manera:cercado hacia el este limita con la muralla del parque de Rawson, un CIC que funciona como centro de Kinesiología – que no es utilizado por los vecinos del barrio – y un velódromo municipal que impide la visibilidad tanto hacia el interior como al exterior del barrio, hacia el sur con la policía comunitaria y hacia el norte con una fábrica de procesamiento de alimentos, solo resta el oeste y acá el barrio limita con otro de similares características.
De esta manera no solo se está regulando la circulación por estos diferentes entornos de encierro al aire libre, sino también la relación entre clases. Las viviendas, enclaves clasistas que materializan la desigualdad, configuran entornos donde los cuerpos se encierran en la opulencia o en la carencia y despejan el espacio común en que se da el encuentro con los otros y así necesariamente el vínculo entre clases estará mediatizado.
Se suman a estos dispositivos de control, las conductas expulsivas de ciertas clases sobre otras, producto de dicha relación mediatizada entre ellas, a través de imágenes construidas ideológicamente por los medios de comunicación.
5En la ley Nº 5287 que reglamenta el régimen de Lote Hogar establece en su artículo 14 que todos debían realizarse fuera del departamento Capital. 6 Baumann advierte que “en una sociedad de consumidores, todos tienen que ser, deben ser y necesitan ser consumidores de vocación (…) En esa sociedad el consumo es un derecho humano universal, una obligación humana universal que no admite excepciones”. Los consumidores fallidos en consecuencia son apartado del consumo.
O me desprecias, o me buchoneas7.
En las sociedades espectaculares (Debord 1995 por Boito) las formas de relacionarse están mediadas por lo audiovisual, van modelizando las percepciones de los otros.
Las relaciones entre clases se van a dar a través de imágenes que se construyen de cada una de ellas, ya que las personas de diferentes clases no se encuentran pues circulan en espacios pre-determinados como anteriormente hemos explicado.
Estas imágenes estereotípicas e intencionales de una visión hegemónica acerca de la manera legítima de experienciar el mundo, funcionan de dos maneras: por un lado se coloca el foco sobre estas imágenes a modo de chivos expiatorios donde canalizar los temores cotidianos fogoneados desde los medios de comunicación, y por el otro, como coartada de procesos sociales más profundos (Boito, Zanin 2014).
Los jóvenes relatan cómo cotidianamente conviven con el accionar policial enfocado sobre ellos al entrar o salir del barrio, cuando permanecen en el o fuera, cuando son demorados por averiguación de antecedentes con una naturalidad que solo puede entenderse cuando este accionar está enmarcado en las relaciones de clase.
Ellos aparecen con su existencia a explicar eso que no podemos entender, son expuestos como la cara de los miedos materializados de la clase media.
Cuando se evidencia la otredad, la presencia de una imagen tipo en un espacio que no le corresponde, desde la constitución clasista del mismo, hace ruido. La clase social deviene en cuerpo y se traduce mediante formas de vestir, actuar y hablar.
La nominación de peligroso y la mirada descalificante de los jóvenes, su barrio y sus vidas obstaculiza sus posibilidades concretas de traspasar las barreras materiales y sobre todo simbólicas de exclusión y violencia.
El hecho de que se vean en situaciones donde tienen que mentir acerca de su lugar de residencia denota una percepción propia constituida desde un ojo hegemónico. Así, ellos juzgan sus vidas mediante un modo impuesto sobre cómo esta debe ser transitada y experienciada. Todos ellos expresaron haberse visto en distintos ámbitos como trabajos, boliches o diferentes conversaciones mintiendo sobre su lugar de residencia porque “saben” la idea que hay sobre su barrio y como determina el trato hacia ellos.
La identidad se constituye dialécticamente entre cuestiones positivas y negativas, así los jóvenes mutan frente a diferentes ojos que observan, entre pares dicen que “miden porongas”, pero hacia el afuera se introyectan las imágenes sociales impuestas y frente a la exposición del accionar ajeno que los discrimina y coacciona, la estrategia es ocultar.
Estas representaciones pueden ser comprendidas desde estos enclaves de encierro. Los discursos que versan sobre ellos reproducen, legitiman e intensifican las percepciones constituidas desde la hegemonía. 7De “La violencia”Agarrate Catalina.
Kessler explica como la estigmatización impacta sobre los diferentes capitales que van construyendo sobre sí mismos y su lugar de residencia: adopta el lenguaje de los capitales a la hora de realizar un resumen de las consecuencias de la estigmatización, observa que dicho proceso impacta negativamente en el capital físico y financiero (por el menor valor de las casas y los problemas de mantenimiento, el limitado acceso al crédito por razones de domicilio), el capital comunitario (por la falta o déficit de bienes colectivos y servicios públicos), el capital social (por redes poco diversificadas), el capital humano (por menor acceso a la salud, menos protección de las fuerzas públicas y presumible-mente también en la calidad de la educación) y sin duda también en el capital simbólico (porque la mala fama del barrio erosiona la respetabilidad, la honorabilidad y la “voz” de sus habitantes). (Kessler 2000)
Lo que se registran es “pérdida por localización” en cuanto el “efecto lugar” que menoscaba los distintos tipos de capitales.
Cada época tipifica sus parias, hoy los indeseables y los excluidos son jóvenes como los del barrio La Estación, con sus mismas características.
Se constituyen como cuerpos objeto de atribución de miedo y de inseguridad, como si lo encarnaran objetivamente. Se instaura esa experiencia sensitiva como natural y sin cuestionamiento articulando una solidaridad entre condiciones de expulsión, sensibilidades de clase y la escalada regulatoria, de este modo la única respuesta posible es la que propagan e instauran los medios (Boito, Zanin 2014).
De las corporalidades van a derivan esas imágenes tipo y a partir de ellas se significa la presencia del otro en el espacio. Las miradas, las proximidades y las distancias sobre las que se dan las relaciones entre clases van a quedar marcadas por cómo esas presencias son percibidas y significadas.
Malandra, la vida me quiere matar8.
Los enclaves urbanos de encierro se traman desde una dicotomía de exclusión e inclusión desde lo territorial y también desde lo identitario.
La fragmentación territorial configura espacios “seguros” y espacios “peligrosos”, y es con esta exclusa que se legitima la exclusión y el abandono, en el caso del barrio La Estación como en de los que tienen similares características los vecinos también nominan su inseguridad -con la salvedad que su discurso sobre ella no circula como los dominantes, no acceden a la difusión-“…lo más peligroso es lo que los de afuera piensan de nosotros…”
Las ambulancias no entran, la policía no entra (cuando se les llama por una emergencia), las escuelas no inscriben a los jóvenes excusándose con su “conducta”, los adolescentes quedan excluidos no solo de la educación si no a través de esta negación de sus derechos concretizados mediante políticas públicas y son expuestos desde pre adolescentes a trabajos mal pagos, con sobre carga horaria, sin seguro ni registro ni nada.
8De “Malandra”.
El barrio se establece como un espacio de excepción, un lugar de indefensión que se sitúa fuera del orden jurídico “normal”. A los habitantes del barrio se les niegan servicios y derechos con el argumento de la peligrosidad (Díaz 2010). ¿Cómo juega lo legal y lo ilegal en estos espacios? Si el peligro en las sociedades del espectáculo se construye y manipula ¿qué es lo peligroso? En estos espacios de excepción esta frontera entre lo legal y lo ilegal se vuelve ambigua amparado desde un peligro potencial ¿no se desciudadaniza a los habitantes del barrio?
Consideramos que territorio y estigma se traducen en cuerpo y espacio y se relacionan en la manera en cómo funcionan y se retroalimentan potenciándose condicionando así un tipo de humanidad.
En estos espacios de excepción mediante la delincuencia y peligrosidad como vector lo que fluye en la oscuridad es una deshumanización de ese otro, anómalo y extraño, que materializa las formas de inseguridad, se convierte en el “homo sacer” de Giorgio Agamben, un cuerpo, hecho carne, una forma de vida más, un indeseable, un descartable y matable. Así se le quita su condición de humano y se des-ciudadaniza. Un nadie sin condición jurídica sobre el cual cualquier ciudadano puede decidir.
Los expulsados del sistema descienden a la categoría de “vagos”, “choros”, “malvivientes”-palabra predilecta de algunos medios locales que dice todo respecto al modo legítimo de vivir- y el camino más expeditivo para librarse de ellos es la mano dura y tolerancia cero. Este último concepto es una falacia, son en realidad acciones discriminatorias contra determinados grupos (Díaz 2010).
Si el poder soberano necesita de vidas prescindibles ¿Quién o qué es hoy soberano, y quienes son homo sacer? Hoy ¿Quiénes necesitan el miedo para funcionar impunes?
“Vengo del basurero que este sistema dejó al costado, las leyes del mercado me convirtieron en funcional”9.
Los habitantes del Barrio La Estación, sufren además, limitaciones en el ingreso y permanencia a un campo de trabajo como así también el acceso a bienes de consumo.
Respecto a esta situación de desempleo, o de imposibilidad de acceder a un empleo, se puede ver como al colocar a alguien en dicha categoría, en una sociedad como esta, donde la integración y el carácter de ciudadano terminan siempre circunscriptos al ser asalariados, automáticamente se le otorga la carencia, de no pertenencia, socialmente hablando.
El principal problema señalado por los vecinos es la dificultad de conseguir trabajo cuando se tiene dirección en el barrio, y si bien esto afecta a todos los habitantes, para los jóvenes con poca o ninguna experiencia laboral previa y con escasos contactos laborales, la dificultad para conseguir trabajo es aún más marcada.
Tener que callar o simular acerca de donde se vive es una de las experiencias más penetrantes y recurrentes del estigma, es reconocer de antemano que vivir allí, implica una cantidad de ideas negativas en quien lo escucha, “el efecto de este ocultamiento casi cotidiano es una de las formas
9 De “La violencia”.
en que el estigma debe afectar la estima de si y la auto-percepción de sujeto de derecho de quienes se sienten obligados de hacerlo” (Kessler 2000).
Es el empleo el que actúa como un regulador de las vidas de las personas tanto familiar como individualmente, organiza rutinas, proyectos de vida, la manera de usar el tiempo y el espacio, los ámbitos en donde se desarrollan las personas y hasta las relaciones. Esto ocurre de tal manera, que en determinad aspecto, el desempleo, genera una enorme distancia entre lo que se quiere ser y tener, y el que las condiciones reales no lo permitan.
Se puede ver, que en las últimas décadas, las tendencias económicas hicieron que un sector social se desarrollara sin empleo estable ni expectativas reales de progreso y ascenso social. Esta situación se observa claramente entre los adultos del barrio.
Wacquant explica cuatro lógicas que alimentan la nueva marginalidad, podemos mencionar dos de dichas Modalidades con q han surgido nuevas formas de marginación y desigualdad urbana, y que afectan a la obtención de un trabajo:
-dinámica macro social: resurgimiento de la desigualdad social. La nueva marginalidad urbana es resultante de la desigualdad creciente en el contexto de un avance y una prosperidad económica global. Las nuevas búsquedas de rentabilidad y productividad en la alta tecnología, degradan la industria manufacturera, y los sectores de servicios empresarios y financieros, dividen la fuerza de trabajo y polarizan el acceso al empleo duradero. Hay por un lado puestos altamente calificados, y por otro, la descalificación de millones de puestos de trabajo sin preparación.
-dinámica económica: mutación del trabajo asalariado
La nueva marginalidad urbana es subproducto de una doble transformación de la esfera del trabajo: eliminación de empleos semi-calificados, y por otro lado la degradación de las condiciones de empleo, remuneración y seguridad social para los trabajadores en general. (Wacquant, 2001).
Por otro lado, en la escuela el desanimo sucede, porque esta es vivida como un lugar ajeno donde no se pueden desarrollar los mismos intereses y donde también se experimenta una sensación de fracaso y estigmatización.
Las maestras se enteran donde viven los niños y dicha situación lleva a los adolescentes y jóvenes a sentirse excluidos en dicha institución y terminan por abandonarla. Por lo general la situación escolar de los jóvenes y adolescentes del barrio, resulta inconclusa, ya que la mayoría abandona la escuela poco después de haber comenzado la secundaria.
De esta manera, las redes con contactos y amigos extra barriales suelen ser escasas o débiles, ya que los jóvenes no salen del barrio, ni a trabajar, ni a estudiar, esta situación conlleva una cerrazón sobre los vínculos barriales: “un capital social poco diversificado implica menos contactos laborales, poco acceso a redes de reciprocidad y en general una vida social más exigua” (kessler, 2000).
Lo que viven los vecinos del barrio es un proceso de etiquetamiento, en el que se eligen ciertas características para identificarlos al todo con determinados rasgos, que se asociarán entonces con
atributos negativos, produciendo una separación simbólica o material entre un “nosotros” y un “ellos” de modo tal que les acarree una pérdida de estatus social y una discriminación con diversas manifestaciones.
El accionar policial como instrumento clave de control.
“Ya escucho las sirenas la policía me está encerrando”
Se puede observar en el barrio la existencia de diferentes puestos de vigilancia policial ubicados tanto en la entrada como en el interior del barrio, la policía comunal sobre la calle Doctor Ortega, la policía motorizada ubicada en la Boulevard Sarmiento, y la comisaria sexta en Boulevard y España.
Esta presencia, tanto edilicia, como del personal policial, constituye una de las tantas formas de estigmatización de las que son víctimas los vecinos, ya que sugiere a quienes observan o conocen la existencia de dichos puestos dentro del perímetro del barrio, deduzcan que se ubica una población considerada como peligrosa y a la que hay que controlar.
La construcción del estigma que pesa en los vecinos del barrio, se da en un marco de relaciones de dominación, que va a facilitar la nominación de determinadas personas como peligrosas. Este estigma, deposita su peso simbólico en prácticas cotidianas que a través de un proceso de cristalización, van a normalizarse. Como resultado de dicho proceso discriminatorio de normalización es que ya no va a problematizarse su legitimidad y esa idea penetra en el sentido común de la sociedad en general.
Además de la estigmatización que sugiere la presencia de la policía, aparecen otros factores que justifican la violencia del accionar policial, este es el caso de las viejas prácticas de control que se remontan a la época de la última dictadura militar, donde la formación y el desarrollo de la función propia de la policía se realizan bajo los lineamientos autoritarios e ilegales que perduran en su memoria institucional.
Sumadas a estas prácticas, existe una fuerte decisión política actual de aplicar el poder coercitivo de manera más dura para amedrentar, aterrorizar y controlar a determinadas personas y sectores sociales. No se escuchan ante los abusos y el hostigamiento policial voces reclamando el respeto de garantías propias del Estado de Derecho. Luego ante esa desigualdad, y falta de acceso a los derechos más elementales es que se da el ambiente propicio para la producción de los estallidos de violencia que provocan, entre otras cosas, muertes que no serán discutidas por la sociedad civil.
Esta hostilidad policial, se suma a las dificultades que marcan la vida de los jóvenes particularmente y de los vecinos del barrio en general, ya que condiciona su circulación, horarios, vestimenta, etc.
Pertenecer a determinados sectores, y en algún punto ser joven también, es sinónimo de ser sospechoso, esto implica ser constantemente requisado, demorado y detenido por la policía con la variante de los distintos grados de maltrato que se ejercen.
La presencia de las fuerzas de seguridad en las calles, como respuesta a la demanda de seguridad de la sociedad, implicó para los jóvenes, mayor asiduidad de controles de todo tipo, ya que dicha demanda está orientada a la aplicación de fuerzas sobre estos sectores previamente estigmatizados con la ilusión de obtener mayor seguridad
Resultan extensos los casos de violencia institucional registrados y más aún los no registrados en el barrio a lo largo de toda su historia.
Brian, Kevin y Matías recuerdan historias propias y de amigos en donde la policía los paraba en la calle y los de desnudaba para revisarlos, o también cuando en los operativos les pegaban con las armas y las manos al momento de la detención o en la comisaria. Se puede observar una naturalización de la violencia que ejerce la policía, cuando los jóvenes justifican que está bien que les peguen si “se la han mandado, pero si no hicieron nada, no” dejando al descubierto, que de cualquier manera, la policía tiene la autoridad de pegarles o humillarlos.
Amparada por el hecho de ser una fuerza de seguridad del Estado, la policía se maneja con total impunidad al interior del barrio, y es considerada entre los vecinos, como una banda mas que tiene “arreglos” con quienes tienen actividades ilegales, y que por otro lado, castiga a otros personas con las que no los tiene, estén estas cometiendo o no delitos.
Es a partir de los relatos de los vecinos que se sabe de la ilegalidad del accionar policial al interior del barrio. Comentan como cómo cuando se presentan disputas de distinto tipo, entre ellos mismos, ya sean peleas entre vecinos, accidentes de tránsito, conflictos familiares, robos, la policía no se hace presente y los deja librados a su suerte.
También puede verse un accionar contradictorio: en ocasiones ingresan con armas en mano, a perseguir, exhibiendo las armas de fuego en mitad de la calle. En otros casos los entrevistados relatan cómo los policías no se acercan a los domicilios que son públicamente reconocidos como lugares donde se vende drogas pues es ahí donde tienen sus arreglos.
Entre las irregularidades cometidas por la policía, los vecinos cuentan que cuando los agentes se encuentran con alguien que viene de cometer un robo, le quitan los bienes y se los quedan para sí. En otros casos, comentan en las entrevistas, sorteaban entre los detenidos los bienes que incautaban, y la marihuana, ofreciendo al que más ingresos tenga en la comisaria para fin de año. Se dieron situaciones en que piden a los jóvenes que delaten a alguien para que lo dejen tranquilo, o sea que entregue a otro.
Pero el acoso por parte las fuerzas de seguridad no se limitan al barrio sino que los persigue cruzando los límites del mismo. Los jóvenes se convierten de esta manera en objeto de control pero no merecedores de protección.
No se niega la situación del barrio y que esta haya sido difícil para los vecino en relación con los diferentes tipos de violencias y las problemáticas que existen al interior del barrio. Lo que llama la atención es la impunidad con que se desata el proceso de estigmatización sobre el barrio sin ningún tipo reparo respecto de los efectos que tendría para los habitantes.
Conclusiones.
Se ve la presencia del Estado en un intento de responder al problema de la vivienda a través de acceso a la propiedad privada, esta situación le va a permitir que regule tanto conflictividades como los espacios por donde las personas han de transitar, creando de esta manera “entornos protegidos”.
La policías en las calles de los barrios, tiene como consecuencia una gran cantidad de jóvenes detenidos/as por desempeñar actividades o simplemente transitar por espacios públicos. La característica que han de tener las personas para ser presuntos sospechosos, es pertenecer a barrios empobrecidos, o tener determinada apariencia al vestirse, caminar o hablar.
La nominación de peligroso y la mirada descalificante de los jóvenes, su barrio y sus vidas obstaculiza sus posibilidades concretas de traspasar las barreras materiales y sobre todo simbólicas de exclusión y violencia, alejándolos de esta manera a demás de las posibilidades de acceder y permanecer en un puesto de trabajo estable como así también en los establecimientos educativos.
Las situaciones de estigmatización que viven los vecinos, implica una pérdida de capitales en general, o la imposibilidad de construir redes con contactos y amigos extra barriales, ya que estas suelen ser escasas o débiles. Debido a que los jóvenes no salen del barrio, ni a trabajar, ni a estudiar, esta situación conlleva una cerrazón sobre los vínculos barriales.
Bibliografía.
BOITO M, ESPOZ M. Urbanismo estratégico y separación clasista. Instantáneas de la ciudad en conflicto. Ed. Puño y letra 2014.
DIAZ E. Las grietas del control. 1ed buenos aires: Biblos, 2010.
KESSLER G. Las consecuencias de la estigmatización territorial. Reflexiones a partir de un caso particular. No se como ponerlo es una cosa que e mandaste a la laura pero no tiene año ni se si es publicación en revista o que.
MIGUEZ D. Pibes chorros. Estigma y marginación. Ed. capital intelectual 2010.
WACQUANT L. Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio. Ed. Manantial 2001.
WACQUANT L. Las dos caras de un gueto. Ensayos sobre marginalización y penalización. Ed. Siglo XXI Editores.
Conclusión
El artículo ha intentado ser una contribución a los estudios sobre las distintas formas de estigmatización que existen en nuestra sociedad. Diversas formas de discriminación han entrado en la agenda social y política y se han realizado notables avances en variadas direcciones. Por el contrario, la estigmatización territorial, transmutados en supuestos juicios objetivos sobre poblaciones perfectamente identificadas, a menudo subprotegidas y sobrecontroladas, están menos presentes en la preocupación pública y no dejan de sorprendernos la forma en que continúan reproduciéndose en los medios y en la sociedad. son necesarios más estudios para poder hacer visibles tales estigmas, denunciarlos, desmontarlos, afinando nuestra imaginación política y sociológica para mensurar el abanico de consecuencias nefastas para la población estigmatizada: no es posible avanzar hacia una sociedad más igualitaria, donde la igualdad y la desigualdad se manifiestan necesariamente en múltiples planos, si tales estigmas continúan persistiendo y reproduciéndose.
en una era donde la sociedad democrática está institucionalizada, la frontera radical con el otro no puede ya ser en términos de clase, etnia o nacionalidad, sólo puede legitimarse si éste es peligroso. la alteridad amenazante, en este caso encarnado en un barrio, se instituye como un criterio de separación legítimo, pues pareciera respetar el mandato democrático de no discriminar por ninguna de dichas variables, cuando en los hechos lo hace y a menudo por todas ellas al mismo tiempo
mejorar la escasa información existente acerca de los casos de criminalización, judicialización y distintas prácticas de control social que recaen en los vecinos del barrio.
La construcción del estigma que pesa en los vecinos del barrio, se da en un marco de relaciones de dominación, que va a facilitar la nominación de determinadas personas como peligrosas. Este estigma, deposita su peso simbólico en prácticas cotidianas que a través de un proceso de cristalización, van a normalizarse.
Sumadas a estas prácticas, existe una fuerte decisión política actual de aplicar el poder coercitivo de manera más dura para amedrentar, aterrorizar y controlar a determinadas personas y sectores sociales
Consideramos que territorio y estigma se traducen en cuerpo y espacio y se relacionan en la manera en cómo funcionan y se retroalimentan potenciándose condicionando así un tipo de humanidad.
Bibliografía
7º ENCUENTRO DE INVESTIGADORES/AS DE CIENCIAS SOCIALES DE LA REGIÓN CENTRO-OESTE DE ARGENTINA Y LA IV REGIÓN DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN
27, 28 Y 29 DE MAYO DE 2015
Mesa 16: Conflictividades territoriales. Construcción de peligrosidad y estigmatización de
territorios fragmentados
Título: La modernización del derecho penal desde el binomio ciudadano-enemigo
Autor: Luciana Muñoz Galdós1
Palabras claves: modernización-neopunitivismo-enemigo
Resumen: En 1985 el profesor de la Universidad de Bonn, Günther Jakobs, introducía en el
debate jurídico un nuevo concepto doctrinal y político-criminal bajo la denominación de
Derecho Penal del Enemigo proponiendo la regulación y aplicación de un derecho penal
bifurcado según el destinatario de la norma. Es decir, un Derecho penal del Enemigo y un
Derecho Penal del Ciudadano, distintos tanto en sus reglas como en sus fines.
Este concepto surgía en el marco de un fenómeno más amplio: el de la expansión del Derecho
Penal y el neopunitivismo. En 1999 el concepto es reintroducido con algunos cambios y a
partir del 11 de septiembre de 2001 se transforma en un tema insoslayable para cualquier
jurista u operador del derecho penal.
En el ámbito doctrinario y académico este Derecho Penal del Enemigo ha encontrado un
rechazo mayoritario tanto en su aspecto de discurso teórico así como en su aspecto de
propuesta de política criminal. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el aspecto legislativo. Los
ordenamientos penales del mundo occidental experimentan un importante cambio consistente
en la aparición de múltiples nuevas figuras acompañadas de una actividad de reforma de tipos
penales ya existentes con gran rapidez.
A partir de las discusiones dadas en torno a esta teoría se actualiza, una vez más, la dialéctica
entre aquellas tendencias de corte punitivista que proponen para la modernización del derecho
1 Pertenencia institucional: Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de San Juan. E-mail: [email protected]
penal la relativización de ciertos principios y garantías tradicionales y aquellas que entienden
que toda adaptación del derecho penal a los nuevos tiempos debe hacerse bajo un estricto
apego a las mencionadas garantías.
Summary: In 1985 Günther Jakobs, Professor at the University of Bonn, introduced in the
legal debate a new doctrinal and political-criminal concept under the name Criminal Law of
the Enemy. He proposed the regulation and enforcement of criminal law by a bifurcation of
the law: criminal law of the enemy and criminal law of the citizen. Both must be different in
their rules and their purposes. This concept arose in the context of a broader phenomenon: the
expansion of Criminal Law and neopunitivisim. In 1999 the concept was reintroduced with
some changes. After September 11 attacks, Criminal Law of the Enemy becomes an
unavoidable issue for any lawyer or operator of the criminal law.
As theoretical discourse and as criminal policy, Criminal Law of the Enemy has found an
overwhelming rejection by scholars. However, the criminal systems of the West experienced
a significant change with the introduction of new content that have relation with the theory of
Criminal Law of the Enemy.
From the discussions given around this theory is actualize, once again, the dialectic between
those punitivism tendencies, that proposed the modernization of criminal law by a
relativization of certain principles and traditional constitutional guaranties, and those that
think that any adaptation of criminal law to modern times should be done under strict
adherence to these guarantees.
I. Introducción
Hace al menos dos décadas la doctrina especializada en materia penal y los poderes políticos de
Occidente se vienen planteando la necesidad de modernizar el derecho penal.
El derecho penal enfrenta nuevos desafíos, entre otros puede nombrarse: la sustitución de los
contextos de acción individual por contextos de acción colectiva; la necesidad de regulación de nuevos
sectores de riesgos socialmente significativos tales como la energía nuclear y el medio ambiente; la
necesidad de comenzar a responsabilizar a la personas jurídicas y con ello la de reinterpretar el
principio societas delinquere non potest; la criminalidad económica y organizada como fenómenos
transnacionales; la integración supranacional y la pertenencia a determinados organismos
internacionales que imponen la obligación de una lucha más eficaz contra cierto tipo de delitos; etc.
(Crespo, 2004: 112-113).
Frente a este estado de cosas nadie podría negar hoy que el derecho penal deba modernizarse, puesto
que los problemas que hoy debe enfrentar son muy diferentes a los del siglo XVIII. Si bien existe un
sector de la doctrina especializada que cuestiona la pretendida necesidad de modificar la legislación
penal en relación a algunos delitos (Zaffaroni, 2012: 182) por lo general se reconoce que una
modernización de la criminalidad conlleva necesariamente una modernización del sistema penal y de
los planteamientos jurídicos que deben abordarla.
Frente a una nueva sociedad, una “sociedad de riesgo”, se hace necesario una urgente actualización del
derecho penal. Y en efecto esta modernización ha comenzado dando origen a un al denominado
Derecho Penal accesorio, que es producto de una serie de reformas legislativas caracterizadas por la
aparición de múltiples nuevas figuras acompañadas de una actividad de transformación de tipos
penales ya existentes dirigidas a proteger nuevos bienes jurídicos característicos de la sociedad
postindustrial (Crespo, 2004: 108).
Sin embargo, puede advertirse que en el marco de este debate se ha producido un cierto giro, tanto
doctrinario como legislativo, y que dentro del fenómeno de modernización del derecho penal
conviven, en una tensa relación, por un lado las posturas que bregan por la necesidad de adaptar la
totalidad del sistema normativo a las nuevas exigencias respetando las garantías y principios clásicos
del derecho penal y, por otro, aquellas que entienden que es el recrudecimiento punitivo junto con la
relativización de los principios y garantías conocidos la respuesta a estos nuevos desafíos.
En el marco de esta situación, y asumiendo la existencia de delitos de una gravedad extraordinaria, el
jurista alemán Günther Jakobs introdujo en el debate jurídico y político-criminal la teoría del derecho
penal del enemigo.
II. El derecho penal del enemigo
Günther Jakobs toma como punto de partida para la formulación de su teoría la existencia real, en las
sociedades democráticas, de tipos de comportamiento delictual de tales características y de tal
excepcionalidad que exigen una diferenciación tanto en el modo de combatirlas como en el
tratamiento que el Estado debe dar a sus autores.
El derecho penal del enemigo es, desde este punto de vista, una doctrina que se inscribe dentro las
tendencias de transformación y modernización que el derecho penal viene experimentando en los
últimos 20 años. Introducida por el jurista alemán Günther Jakobs en 1985, la teoría del derecho penal
del enemigo propone la regulación y aplicación de un derecho penal bifurcado según el destinatario de
la norma. Es decir, un Derecho Penal del Enemigo y un Derecho Penal del Ciudadano distintos tanto
en sus reglas como en sus fines (Jakobs, 2003: 33).
Con la denominación de derecho penal del enemigo Jakobs refiere al tratamiento diferencial que,
desde la aplicación del Derecho Penal, debe darse para ciertos casos de delincuencia - criminalidad
económica, criminalidad organizada y en especial el terrorismo-, que por sus características
excepcionales amenazan con socavar los fundamentos últimos de la sociedad; reservando la
denominación de derecho penal del ciudadano para referirse al derecho penal liberal y a la aplicación
de normas de derecho penal que corresponde en caso de delitos comunes o de poca gravedad.
El Derecho Penal del Ciudadano es aquel que define y sanciona delitos que llevan a cabo los
ciudadanos y que normalmente constituyen la expresión de un abuso por parte de los mismos de las
relaciones sociales en las que participan desde su status de ciudadano, es decir, en su condición de
sujetos vinculados por el Derecho (Gracia Martín, 2005: 5).
En este caso, el delito que comete el ciudadano “no aparece como principio del fin de la comunidad
ordenada, sino sólo como irritación de ésta, como desliz reparable”; “ningún Estado sucumbe por un
caso de estas características” (Jakobs, 2003: 35).
El derecho penal del enemigo, en cambio, es un derecho de excepción puesto que con él, “el Estado no
se comunica con sus ciudadanos sino que combate a sus enemigos” (Jakobs, 2003: 86).
El enemigo es aquel que niega la legitimidad del orden jurídico y por ello persigue su destrucción. Se
trata de un particular tipo delincuencia que constituye una amenaza vital para el Estado puesto que va
en contra de la permanencia o existencia del mismo.
Se trata de delitos que además de su elevada lesividad social cuentan, para su ejecución, con sólidas
redes logísticas y eficientes estructuras organizativas, todo lo cual hace que en un contexto de
globalización como el actual, las organizaciones dedicadas a tales actividades criminales gocen en
algunos casos de mayor poder que los Estados, o por lo menos, que escapen al control político y
jurídico de estos; colocándolos, en su tarea de perseguir y castigar estas actividades en una situación
de déficit crónico (Gracia Martín, 2005: 20).
La esencia del trato diferencial que el derecho le depara al enemigo, está dada porque el ordenamiento
jurídico le niega su condición de persona (Zaffaroni, 2012: 18).
Para Jakobs los autores de este tipo de delincuencia son individuos que se han apartado del Derecho de
un modo previsiblemente duradero y por ello no garantizan la mínima seguridad cognitiva de un
comportamiento personal (Gracia Martín, 2005: 7).
En efecto, el mencionado autor distingue entre el Derecho Penal del Enemigo y el Derecho Penal del
Ciudadano afirmando que “cuando un esquema normativo, por muy justificado que esté, no dirige la
conducta de las personas, carece de realidad social. Dicho con un ejemplo: mucho antes de la llamada
liberalización de las distintas regulaciones respecto del aborto, estas rígidas prohibiciones ya no eran
verdadero Derecho” (Jakobs, 2003: 14).
Lo mismo ocurre, según este autor, con las instituciones que el Derecho crea, en este caso con la
persona, puesto que “si ya no existe la expectativa seria, que tiene efectos permanentes de dirección de
la conducta, de un comportamiento personal […] la persona degenera hasta convertirse en un mero
postulado y en su lugar aparece el individuo interpretado cognitivamente. Ello significa, para el caso
de la conducta cognitiva, la aparición del individuo peligroso, el enemigo” (Jakobs, 2003: 14).
Según el jurista alemán la personalidad no es algo que no pueda perderse, dado que para el autor “la
personalidad es irreal como construcción exclusivamente normativa. Sólo será real cuando las
expectativas que se dirigen a una persona también se cumplan en lo esencial” (Jakobs, 2003: 47).
Cuando el ordenamiento jurídico ya no dirige la conducta de un sujeto y a su vez este niega la
legitimidad de aquel, la respuesta del poder punitivo frente a sus hechos debe diferir. Esta diferencia
está dada precisamente en la despersonalización, que para Jakobs, debe padecer el sujeto, puesto que,
la personalidad no es ni una concesión de la sociedad ni un desarrollo propio, individual de cada uno;
sino una relación en la que las dos partes, sociedad y sujeto, han de contribuir necesariamente
mediante un aporte (Jakobs, 2011: 53).
Cuando esta relación fracasa el Estado puede proceder ejerciendo sobre el sujeto una determinada
forma de coacción que lo despersonaliza y que hace que ese sujeto ya no se coloque frente al Estado
en su status de portador de derechos y deberes sino “como ser natural” (Jakobs, 2011: 35).
Sobre este “ser natural”, el Estado debe poder y puede ejercer una peculiar forma de coacción que
implica un grado tal de “heteroadministración” y que conlleva la “despersonalización” del sujeto
(Jakobs, 2011: 53).
Esta diferencia fundamental entre ciudadano (persona) y enemigo (no-persona) justifica una
importante distinción tanto en las reglas como en los fines de las normas aplicables a uno y a otro. En
cuanto a las reglas, el Derecho Penal del Enemigo conforma un corpus punitivo que se caracteriza por:
(i) el adelantamiento de la barrera punitiva alcanzando a actos preparatorios; (ii) la desproporción
entre la pena y la lesión realmente proferida; (iii) el debilitamiento de las garantías constitucionales y
(iv) un fuerte giro al derecho penal de autor (Zaffaroni, 2012: 14).
En cuanto a los fines, por la diferente función que cumple la pena. Sostiene Jakobs que, mientras en el
Derecho Penal del Ciudadano se da la secuencia normal entre delito y pena, no ocurre lo mismo en el
Derecho Penal del Enemigo. En el primero, la pena cumple una función de contradicción; en el
segundo, cumple una función de aseguramiento (Jakobs, 2003: 21).
En el Derecho Penal del Ciudadano el delito implica una desautorización de la norma, un ataque a su
vigencia. La pena frente a este delito es coacción, pero además posee un significado: significa que la
afirmación del autor es irrelevante y que la norma sigue vigente y con ello la configuración de la
sociedad (Jakobs, 2003: 23).
En cambio, en el Derecho Penal del Enemigo la pena actúa como puro impedimento físico. Por ende,
la pena no es ya “la compensación de un daño a la vigencia de la norma, sino la eliminación de un
peligro, la punibilidad se adelanta un gran trecho hacia el ámbito de la preparación, y la pena se dirige
al aseguramiento frente a hechos futuros, no a la sanción de hechos cometidos” (Jakobs, 2003: 40).
De modo tal que mientras en el Derecho Penal común u ordinario la ejecución de una pena actúa
comunicativamente, reafirmando la vigencia de la norma y con ello la del sistema, en el Derecho Penal
del Enemigo, actúa como pura coacción, puro impedimento físico y por ello se la denomina medida de
seguridad.
La explicación más clara y contundente del autor respecto de su propuesta de diferenciación entre uno
y otro Derecho Penal puede encontrarse cuando afirma que “el Derecho penal del ciudadano mantiene
la vigencia de la norma, el Derecho penal del enemigo […] combate peligros” (Jakobs, 2003: 33).
III. El derecho penal del enemigo: ¿Modernización o “rémora absolutista”?
La propuesta de Jakobs ha recibido en el plano doctrinario y académico numerosas críticas no obstante
habérsele reconocido “buena fe” a la misma aun por sus más duros detractores.
Ocurre que la teoría se da en un contexto de modernización/expansión del derecho penal acompañado
por una tendencia de creciente punitivismo (Cancio Meliá, 2003: 62). Es decir, se da en un contexto de
cambio del poder punitivo en la gran mayoría de los países de Occidente.
Piénsese como ejemplo actual de este fenómeno a la Military Order dictada por el presidente de
EE.UU. el 13 de Noviembre de 2001, que autoriza la indefinite detention y el proceso por parte de
military commissions que no son los tribunales militares previstos por el derecho de guerra, sino
comisiones especiales creadas con el fin de juzgar a los no-ciudadanos sospechados de estar
implicados en actividades terroristas; o en el espectáculo desgarrador que ofrece la cárcel de
Guantánamo o Abu Ghraib con sus detenidos sustraídos tanto de la aplicación de las normas de las
Convenciones de Ginebra como de las leyes norteamericanas produciendo, en terminología
agambeniana, “un ser jurídicamente innominable e inclasificable” puesto que no son “ni prisioneros ni
acusados, sino solamente detainees” convirtiéndolos en “objetos de una pura señoría de hecho”
(Agamben, 2004: 27).
O las leyes sancionadas durante los últimos diez años en la mayoría de los países más avanzados
tecnológica y económicamente en materia de criminalidad económica y las reformas introducidas en
las leyes de formas en las que se pone en cuestión el principio de inocencia, se reducen
considerablemente las exigencias de licitud de la prueba, se amplía la intervención en las
comunicaciones y los períodos de incomunicación, se reinterpreta el principio nemo tenetur se ipso
accusare, se alargan los períodos de detención policial y los de prisión preventiva e incluso se legitima
la tortura como modo de obtención de pruebas (Muñoz Conde, 2008: 132).
No es la elaboración de Jakobs la causante de ninguna de estas exageraciones y excesos estatales, así
como no se pone en tela de juicio su defensa del sistema democrático, aunque de algún modo indirecto
sus construcciones teóricas vendría a otorgar un argumento legitimante de tan extremas medidas
supuestamente provisorias y de emergencia.
Al reconocer la existencia y vigencia de normas con características propias del Derecho Penal del
Enemigo y proponer su regulación, Jakobs lo hace teniendo en miras el futuro del Estado
Constitucional de Derecho. Lo que se impediría a través de esta regulación es “que todo el derecho
penal se contamine y se vuelva del enemigo y, por ende, que todo el poder punitivo se ejerza sin
limitaciones” (Zaffaroni, 2012: 155).
La propuesta de Jakobs en efecto implica una limitación a los principios del Estado de Derecho, pero
ésta se encontraría fundada o vendría impuesta por una absoluta necesidad y solo en su estricta
medida.
Lo que ocurre es que para los teóricos, y sobre todo para los prácticos de la excepción, ésta siempre
invoca una necesidad que no conoce ley ni límite y que por ello escapa a toda regulación (Zaffaroni,
2012: 158). De esta forma doctrinas como las del derecho penal del enemigo vendrían a legitimar
aquellas reformas legislativas que ordinarizan medidas de “represivización” excepcionales creando
una “excepción perpetua” (Zaffaroni, 2012: 14).
A su vez, Ferrajoli argumenta que la experiencia demuestra como las medidas contra el enemigo ya no
se sitúan dentro de la ley militar y del estado de excepción, sino dentro del derecho penal y de la
cotidiana normalidad de su aplicación. El derecho penal se militariza (Ferrajoli, 2007: 10) y se
administrativiza (Zaffaroni, 2012: 82), insertando estas medidas excepcionales dentro de una
“pretendida y total ‘normalidad constitucionalidad’ incrementando aún más los riesgos que por
contagio se ciernen sobre el derecho penal en su conjunto” (Cancio Meliá, 2003: 17).
Se produciría una deformación del derecho penal y una consecuente confusión entre el enemigo y las
“clases peligrosas”, la guerra y la actuación policial, las relaciones internacionales y la política interior
(Portilla Contreras, 2007: 23).
En este sentido, no se puede esperar que una vez admitido y regulado el Derecho Penal del Enemigo
sea actuado y aplicado con prudencia, ni que comunique con frialdad operaciones de combate. Por el
contrario, la experiencia histórica demuestra con demasiada contundencia cómo se desarrolla contra el
enemigo “una cruzada contra malechores archimalvados. Se trata por lo tanto, más de ‘enemigos’ en
este sentido pseudorreligioso que en la acepción tradicional-militar del término, [hay una] atribución
de perversidad, mediante su demonización” (Cancio Meliá, 2012: 88) que impide establecer límites.
Cuando se argumenta que los fenómenos frente a los que reacciona el Derecho Penal del Enemigo son
peligros que ponen en cuestión la existencia de la sociedad, se ignora que la percepción de los riesgos
es una construcción social que no está relacionada con las dimensiones reales de determinadas
amenazas (Cancio Meliá, 2012: 94).
Lo que ocurre es que estos comportamientos delictivos afectan “elementos esenciales y especialmente
vulnerables de la identidad de las sociedades en cuestión. Pero no en el sentido en el que lo entiende la
concepción antes examinada –en el sentido de un riesgo fáctico extraordinario para estos elementos
esenciales–, sino ante todo […] en un determinado plano simbólico” (Cancio Meliá, 2012: 96).
Y es en este marco que se produce un fuerte giro al derecho penal de autor. Existe un hecho delictivo,
pero este ya no es el eje central en torno al cual se desarrolla el proceso penal. Además del hecho, lo
que está en la base de la tipificación penal, son otros elementos –generalmente indeterminables– que
sirven a la caracterización del autor como perteneciente a la categoría de los enemigos (Cancio Meliá,
2012:88).
Esto ha llevado a Ferrajoli a afirmar que lisa y llanamente ya no interesa el hecho sino su autor. Lo
punible no es ya el delito sino el reo. No se castiga “por lo que se hace” sino “por lo que se es”, no se
castigan conductas dañosas sino sujetos dañosos y el juicio no se dirige a la prueba de los hechos sino
a la inquisición de personas (Ferrajoli, 2007: 13).
Si a este contexto de poder punitivo creciente se suman doctrinas o propuestas que la del derecho
penal del enemigo puede ocurrir que la capacidad expansiva y el enorme riesgo de contagio propio del
derecho penal puedan ir en dirección de incluir, además de aquella criminalidad especialmente grave
tal como el terrorismo, la criminalidad económica, el tráfico de drogas o de armas, a la criminalidad
callejera o de subsistencia (Ferrajoli, 2007: 6).
Propuestas como la de Jakobs terminan degenerando en mecanismos discriminatorios en la
administración de los derechos fundamentales a favor de ciudadanos y a costa de los excluidos:
inmigrantes, indigentes, toxicómanos, jóvenes marginados, etc. (Crespo, 2004: 115).
Al postular alternativas como la del adelantamiento de la barrera punitiva y la de una mirada
prospectiva del derecho penal se corre el riesgo de revitalizar construcciones similares a las del
positivismo penal de la segunda mitad del siglo XIX donde la noción de peligrosidad produjo la
negación más radical de la dignidad humana, con un abierto retorno a las estructuras inquisitoriales y
una marcada obsesión por el orden y el disciplinamiento policial de la sociedad. Las clases
subalternas, los huelguistas, los colonizados, los disidentes, los molestos urbanos y las masas
populares configuraron el conjunto de los enemigos de la época (Zaffaroni, 2011: 198).
Cuando Jakobs afirma que “la pena se dirige al aseguramiento frente a hechos futuros, no a la sanción
de hechos cometidos” (Jakobs, 2003: 40) reproduce una matriz similar a la anteriormente mencionada
puesto que convierte al derecho penal del enemigo en un derecho fuertemente peligrosista, que puede
hacer del adelantamiento de la barrera punitiva un medio para controlar a ciertos sectores marginales e
indeseables de la sociedad.
Para las voces críticas, el Derecho Penal del Enemigo no es un concepto posmoderno o superador de la
modernidad sino una rémora del pensamiento premoderno arrastrado contradictoramente a la
modernidad (Zaffaroni, 2012: 25) propio de los estados absolutos que no admiten grado (Zaffaroni,
2012: 13).
En la pretensión de modernizar el derecho penal se corre el riesgo de generar el efecto contrario
recuperando categorías conceptuales que a lo largo de muchos siglos la ciencia penal fue superando.
Con el objetivo de eficientizar el derecho penal no puede caerse en el error de aceptar doctrinas que
legitimen ordenamientos jurídicos de tipo tecnocrático o funcional, sin ninguna referencia a un sistema
de valores (Muñoz Conde, 2005: 63).
Teorías como la propugnada por Jakobs nada suman a la ya evidente “regresión ideal y cultural de las
sociedades occidentales” materializada en una opinión pública que hace de las inmigraciones
clandestinas masivas, la competencia de las producciones de los países pobres y el espectáculo mismo
de la miseria, el hambre y las enfermedades el nuevo enemigo a combatir bajo la opción de la
violencia y la exclusión (Ferrajoli, 2007: 18-19).
IV. Conclusión
En el debate sobre la modernización del derecho penal renace una vez más la lógica dialéctica entre
dos tendencia siempre presentes a lo largo de la historia de la ciencia penal: una tendencia punitivista
y peligrosista que ve en las garantías y principios jurídico-penales un obstáculo para la obtención de
seguridad y una tendencia que asumiendo al derecho penal como la más grave y violenta forma de
intervención estatal en la vida del individuo intenta humanizar el derecho mediante un fiel y estricto
apego a las garantías constitucionales.
Esta dialéctica aparece nuevamente en la actualidad, aunque con ropajes distintos. Como bien señala
Zaffaroni “Ya no tenemos la inquisición romana, tampoco la policía urbana de tiempos positivistas, la
globalización impone nuevas reglas, pero los atuendos vistosos e innovadores ocultan los mismos
cuerpos, las mismas figuras, la misma contradicción, sólo que obligan a agudizar el ingenio y la
atención para percibirlos y no engañarnos” (Zaffaroni, 2011: 206).
La necesaria e imperiosa modernización del derecho penal exige para su concreción salir de esta lógica
binaria para de este modo poder lograr un verdadero crecimiento en las normas y estructuras de todo el
sistema penal.
V. Bibliografía
• AGAMBEN, Giorgio (2004): Estado de excepción, Homo sacer, II, I, introducción y
entrevista: Flavia Costa-traducción: Flavia Costa e Ivana Costa, Adriana Hidalgo Editora,
Buenos Aires.
• CRESPO, Eduardo Demetrio (2004): “Del ‘Derecho penal liberal’ al ‘Derecho penal del
enemigo’”, Revista de Derecho Penal y Criminología, Nº 14, [Revista en línea]. Disponible
en:http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-
2004-14-5030&dsID=Documento.pdf.
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Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293222926001
• GRACIA MARTÍN, Luis (2005): “Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado
‘Derecho Penal del Enemigo’”, Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología, N° 07-
02, [Revista en línea]. Disponible en: http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-02.pdf
• JAKOBS, Günther, CANCIO MELIÁ, Manuel (2003): Derecho penal del enemigo, Thomson-
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• JAKOBS, Günther, POLAINO ORTS, Miguel (2011): Persona y enemigo. Teoría y práctica
del derecho penal del enemigo, ARA editores, Lima.
• MUÑOZ CONDE, Francisco (2005): De nuevo sobre el “Derecho penal del enemigo”,
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• MUÑOZ CONDE, Francisco (2008): De las prohibiciones probatorias al Derecho procesal
penal del Enemigo, Hammurabi, Buenos Aires.
• PORTILLA CONTRERAS, Guillermo (2007): “Bases teóricas del ‘nuevo’ derecho penal
schmittiano: el derecho penal y procesal penal del ‘enemigo’”, Ius Revista del Instituto de
Ciencias Jurídicas, N° 19, Puebla, [Revista en línea]. Disponible en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293222926001
• ZAFFARONI, Eugenio Raúl (2011): “Humanitas en el derecho penal”, Anacronismo e
Irrupción, Revista de Teoría y Filosofía Política clásica y moderna, N° 1, [Revista en línea].
Disponible en: http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/anacronismo/article/view/159
• ZAFFARONI, Eugenio Raúl (2012): El enemigo en el derecho penal, Ediar, Buenos Aires.
Roque Saenz Peña 4310 (e) [email protected]
7º ENCUENTRO DE INVESTIGADORES/AS DE CIENCIAS SOCIALES DE LA REGIÓN CENTRO-OESTE DE ARGENTINA Y LA IV REGIÓN DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 27, 28 Y 29 DE MAYO DE 2015
Mesa 16: Conflictividades territoriales. Construcción de peligrosidad y estigmatización de territorios fragmentados.
JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY Y VIOLENCIA POLICIAL AUTORA: DANIELA S. OLGUÍN1
Resumen En este trabajo se pretende dar cuenta de un fenómeno que cada vez cobra mayor envergadura y sus
manifestaciones se tornan más peligrosas. Se trata de la violencia policial ejercida sobre jóvenes portadores de
ciertas características que los convierten en sujetos preferidos de las prácticas violentas de las fuerzas policiales.
Estas intervenciones violentas encuentran una amplia co- relación con la estigmatización sufrida por estos
jóvenes al provenir de determinados barrios, familias, grupos de pares o por el llano motivo de tener un “rostro
sospechoso”. La construcción de éstos estereotipos sociales negativos desencadenan, en reiteradas oportunidades
diferentes formas de violencia avasallando las garantías y derechos reconocidos por la ley en su condición de
jóvenes ciudadanos.
Finalmente, se busca evidenciar el modo en que en la experiencia de los jóvenes, la pobreza es extremadamente
criminalizada y cómo ello repercute en el deterioro y perpetuación de sus condiciones de vida. Otorgándoles una
amplia variedad de obstáculos en el camino hacia el ejercicio real de sus derechos elementales.
Palabras claves: violencia policial- jóvenes- estigmatización- criminalización- derechos.
YOUTH IN CONFLICT WITH THE LAW AND POLICE VIOLENCE
Abstract
In this paper aims to account for a phenomenon that increasingly larger cobra and its manifestations are more
dangerous. This is police violence against young carriers of certain characteristics that make them popular
subjects of violence by the police.
These violent interventions are co-extensive relationship with the stigma suffered by these young people to come
from certain neighborhoods, families, peer groups or by plain reason to have a "suspicious face." The
construction of these negative social stereotypes trigger, repeatedly different forms of violence overpowering
guarantees and recognized by law in its capacity as young citizens rights.
Finally, it seeks to demonstrate how the experience of young people, poverty is extremely criminalized and how
this affects the deterioration and perpetuation of their lives. Granting a wide variety of obstacles on the road to
the actual exercise of their fundamental rights.
Keywords: police violence criminalización- young people estigmatización- rights.
1 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia- San Juan, Argentina
2
3
1- Introducción
En este trabajo se pretende dar cuenta de un fenómeno que cada vez cobra mayor envergadura
y sus manifestaciones se tornan más peligrosas. Se trata de la violencia policial ejercida sobre
jóvenes de 16 a 18 años, incluidos en el Programa Socio Educativo de Acompañamiento y
Monitoreo Territorial- de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, quienes son
portadores de ciertas características que los convierten en sujetos preferidos de las prácticas
violentas de las fuerzas policiales.
Dicho programa sienta sus bases en la norma legal vigente en materia de derechos de niños,
niñas y adolescentes y justicia penal juvenil. En este sentido, se centra en la aplicación del eje
socioeducativo en el medio social y comunitario, trabajando la inclusión de los jóvenes con la
maximización de los recursos, acompañándolos y logrando un mayor acceso a sus derechos y
cumplimiento de sus obligaciones.
Las intervenciones policiales asumen diferentes formas: desde la violencia netamente física
que literalmente deja marcas en sus cuerpos, hasta la simbólica, ejercida desde la captación
selectiva, hasta la reproducción del temor en los chicos. Todas estas formas encuentran una
amplia co- relación con la estigmatización sufrida por los jóvenes al provenir de
determinados barrios, familias, grupos de pares, por ser pobres o por el llano motivo de tener
un “rostro sospechoso”.
La construcción de estos estereotipos sociales negativos es uno de los factores que motiva, en
ocasiones, las acciones policiales que avasallan las garantías y derechos reconocidos por la
ley en su condición de jóvenes ciudadanos.
2- Programa Socioeducativo
La creación del Programa Socio Educativo de Acompañamiento y Monitoreo Territorial se
encuadra en las normativas vigentes tanto nacionales como internacionales, como lo son: ley
26.061 de Protección Integral, la Convención Internacional de los Derechos de Niños y
Niñas, Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil
(Directrices de Riad), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de
Justicia (Reglas de Beijing).
El programa se centra en la aplicación del eje socioeducativo en el medio social y
comunitario, trabajando la inclusión de los jóvenes con la maximización de los recursos,
acompañándolos y logrando un mayor acceso a sus derechos.
Se persigue un constante acompañamiento en la elaboración de nuevas vías de acción alejadas
de la infracción a la ley penal y en busca de la inclusión en la comunidad a partir del ejercicio
de ciudadanía, maximizando los recursos de la red socio comunitaria y los modos particulares
4
de afrontamiento de los que dispone cada joven, para abrirlos a la creación de nuevas
posibilidades, acordes con la convivencia social, con un mayor control sobre el rumbo de sus
acciones y las propias circunstancias de vida.
El Programa incluye a jóvenes de ambos sexos, imputados y/o condenados por Juzgados y
Tribunales Nacionales o Federales que tengan competencia en materia penal juvenil y que
comprendan la franja etaria de 16 a 18 años. En el caso de los jóvenes que hayan cumplido los
18 años o más, solo se incluirán a los/as que se les impute la infracción antes de haber
cumplido la mayoría de edad.
Tanto el ingreso, permanencia y egreso del joven deberá ser ordenado por los Juzgados, con
competencia para la aplicación del régimen penal juvenil vigente; es decir que la
incorporación de el /la joven al programa se realizara solo mediante oficio judicial.
Los equipos técnicos son los encargados de instrumentar los medios necesarios para acercarse
a el/la joven en su medio. Siendo competencias de éste promover el acceso a derechos en el
ámbito comunitario de manera presencial y de este modo garantizar la aplicación del eje
socioeducativo en el medio comunitario, estableciendo las articulaciones necesarias a tal fin.
El equipo de intervención acompaña a cada adolescente en la elaboración de un proyecto
socio educativo individual socialmente constructivo mediante el ejercicio activo que
incorpore nuevas formas de vinculación con el otro, desde un enfoque reparador, pautando el
respeto y la solidaridad como un nuevo sentido de pertenencia en un medio que lo sostenga y
lo promueva.
3- Los jóvenes con los que trabajamos
Los jóvenes que están bajo programa, son cómo cualquier otro adolescente que se encuentra
en la búsqueda de su identidad, rebeldes por naturaleza y desafiantes de quien detenta la
autoridad.
Estos jóvenes en el devenir de sus vidas se han encontrado con diferentes factores
vulnerabilizantes que han formado parte de un circuito de daño mayor. Cada uno de estos
factores ha marcado sus vidas desde diferentes lugares. Algunos no pudieron culminar sus
estudios primarios, otros ni siquiera los iniciaron. A otros les toco salir a trabajar a los 5 años
o quedarse a cargo de sus hermanos menores. Con menor suerte algunos fueron víctimas de
violencia doméstica y otros por no poder salir de las adicciones, fueron internados fuera de la
provincia. El que tuvo mayor suerte, está terminando sus estudios secundarios, pero por puro
motus propio, porque su familia está ausente de su vida.
Son adolescentes cómo cualquier otro sólo que por los golpes de la vida encontraron en la
infracción a la ley un modo de vida, ilegal pero modo de vida al fin. Es eso lo que aprendieron
5
y si no lo aprendieron, es eso lo que les salió hacer, y nadie lo detuvo a tiempo, en su
socialización primaria, con trabajos de prevención, ni la comunidad, ni la escuela, ni los
organismos estatales. Estos jóvenes son los que dejan entre ver las falencias del Estado. Es
decir que llegan al programa cuando todos los mecanismos de protección de derecho que se
deberían haber aplicado antes de que cumplan los 16 años, fallaron.
Sin lugar a duda son adolescentes con grandes dificultades para acceder principalmente a la
educación y al trabajo. Encuentran dificultad al querer inscribirse en una escuela. Es común
que los directivos prejuzguen su apariencia y se excusen para no recibirlos. Inclusive,
increíblemente en algunos establecimientos les solicitan certificado de antecedentes para
hacerlo.
Lo mismo sucede con el trabajo, lo que los empuja a “vivir” de changas, lo cual
indudablemente no satisface sus necesidades, mucho menos si son el sostén económico de la
familia.
Son jóvenes que cometieron delitos y por ello se les aplican medidas socio educativas. Es esa
la sanción y lo que deben cumplir. No obstante, la sociedad entera los sanciona todo el tiempo
en cada lugar, solo que ésta no ve sus propios errores, sino que es más sencillo juzgar al
adolescente infractor de la ley.
4- Relatos de violencia policial
Una de las modalidades que utiliza el programa en su trabajo con los adolescentes son los
talleres socioeducativos que desarrollan los equipos técnicos. Es allí donde se reflexiona sobre
ciertas temáticas, aplicando técnicas acordes a las preferencias de los jóvenes. Se persigue
construir un espacio con identidad propia donde se sientan parte, puedan expresarse con
libertad, sin prejuicio ni sanción.
Si bien no es tarea sencilla, es precisamente en este espacio donde los chicos relatan sus
vivencias y por sobre todo sus necesidades y conflictos. Es moneda corriente escucharlos
decir que la noche anterior estuvieron detenidos, que no fueron al colegio o que perdieron su
“changa” porque los “levanto” la policía. Ahora bien, es en este punto donde resulta
interesante preguntarse sobre los motivos y las consecuencias de la detención. Es decir que
durante todo el proceso de control social formal (desde el mismo momento que los agentes
policiales captan al joven, hasta que éste es entregado a alguno de sus progenitores),
acontecen las más diversas situaciones pero probablemente todas tienen algo en común: La
policía frecuentemente procede haciendo uso de la violencia sobre los jóvenes. Al respecto,
Martínez y Eilibaum (1999) refieren a violencia policial como “(...) un producto previsible
de patrones de comportamiento violentos que están completamente imbricados en las rutinas
6
de trabajo policial, por cuyos efectos es responsable en primer lugar la institución que los
propicia y fomenta, y luego los agentes individuales (...) antes que un aspecto inherente al
trabajo policial, la violencia debe ser leída como parte intrínseca de una forma tradicional de
intervención de las fuerzas en los conflictos sociales, resultado de una forma de trabajo
policial encerrado en una tradición de rutinas verticalizadas y antidemocráticas, inmersas en
un contexto de ausencia de control del trabajo de los agentes de las fuerzas de seguridad
La policía pareciera tener incorporada la idea que la coacción es el método óptimo para
asegurarse la instauración y el respeto, es considerada la forma adecuada para que el ser
humano acate las normas. Lo que sucede es que el empleo de la fuerza es un componente de
su organización, es parte intrínseca del sistema policial: es el curso de acción validado que
subyace a las nociones y prácticas de la policía. (Sirimarco, M., 2005)
En este sentido, los jóvenes comentan:
“Los cobani son abuso, te levantan por cualquier cosa o por nada, porque les gusta
darnos palos…” (Joven de 17 años)
“Sabe cuántas veces me ha c.. a palos la policía! Parece que están esperando que
caigamos para c… a palos…” (Joven de 17 años)
Si bien este testimonio coloca el acento en la violencia física, Kesler, G. y Dimarco, S. (2013)
incorporan una nueva categoría a la que llaman Microviolencia al referirse a las múltiples
formas de hostilidad, humillación y maltrato. Es una violencia que atraviesa las vidas de los
chicos al convertirse en algo cotidiano, que sucede en cualquier momento,
independientemente de las acciones de los jóvenes.
Es aquí donde se pueden diferenciar si se quiere dos situaciones: por un lado, las detenciones
ocurridas cómo producto de la comisión de un delito y por otro, la persecución constante
teñida de provocación, generadora de mayores niveles de violencia.
En una oportunidad de taller, Juan comenta que hacía dos semanas que no asistía porque
estuvo detenido en la comisaría 29°. Dependencia por demás compleja que en general
funciona cómo “deposito” –término utilizado no solo por los chicos, sino también por la
policía e incluso los agentes del poder judicial de menores-.
La noche del sábado, Juan había participado de un hurto con un amigo, la policía recibió una
denuncia, se hizo presente en la zona donde ocurrió el hecho, encontrando a los jóvenes con
los efectos apropiados. Hasta aquí pareciera una detención ocurrida bajo total normalidad
teniendo en cuenta lo que la normativa jurídica establece al respecto. Sin embargo, no se trato
de una simple detención. La policía se hizo presente en un patrullero, capto a los jóvenes, los
redujo contra el piso y ahí comenzó el calvario para Juan y su amigo. Recibieron patadas en el
7
estomago mientras se encontraban en el suelo y a coro les decían “Te gusta chorear h.. de p..!a
ver si esta c… también te gusta! Mientras los chicos más respondían a sus agresiones, mayor
eran los golpes que recibían con total impunidad. No conformes con el daño producido, una
de los policías fue el encargado de llevar al lugar al hombre dueño de la casa de donde
robaron los chicos, quien se acercaba con un palo en sus manos. De más esta describir lo
sucedido…
Una vez cometida la brutal golpiza, los suben al patrullero y se dirigen a la seccional 5° de
Santa Lucía, para luego llevarlos al depósito. Por supuesto siendo contantemente receptores
de humillaciones y descalificaciones por doquier.
Claro está que la violencia física es la que predomina en este escenario, al tratarse de una o
más personas que utilizan la fuerza física para dañar al otro con su propio cuerpo y/o con
objetos. Este tipo de violencia es visible y notoria y el agresor en general causa el daño en la
integridad física de la persona, de manera intencional. (Esplugues Sanmartín, J., 2004)
La microviolencia también se hace presente en esta detención. Juan y su amigo son
descalificados y humillados incesantemente durante el traslado a la comisaría, por los policías
que los reciben allí y por los de la dependencia 29°. En todo momento los insultos parecieran
constituir un modus operandi institucionalizado que aparentemente persigue un objetivo
paralelo de provocación constante, al incitar la perpetración de una respuesta también violenta
por parte de los adolescentes.
“…¿Qué me decían? Que no me decían!…Sos una negro de m…, ratero de cuarta,
no ves que ni una manguera sabes chorearte…por qué no te vas a drogar con los
otros negros…”
“…[la policía] te agita, te agita porque que saben que te vas a sacar y los vas a
c… bardeando o vas a querer pegarles…”
Juan y su amigo pasaron esa noche en la comisaría 5°, solos en un calabozo. Esa noche fue
tranquila, pudieron dormir, aunque con un poco de frio. A la mañana siguiente los despiertan
y hasta entonces no fueron informados de ningún aspecto del procedimiento a seguir, tampoco
les preguntaron datos de sus familiares para comunicar la detención, y solicitar la previsión de
alimentos. A las 9 de la mañana los sacan del calabozo, los suben al patrullero y los trasladan
hacia el “depósito” (por supuesto que se enteran recién cuando llegan al lugar). Allí los
ingresan a otro calabozo y Juan ante la pregunta de un policía en forma irónica ¿Te pansas
que aquí vas a estar tan tranquilo como allá? [Risas] prefiere guardar silencio. Este silencio
enfurece al agente y una vez más comienza la sucesión de nuevas acciones abusivas, ahora
por parte de otros agentes policiales.
8
A las 12 del medio día los jóvenes aun no se habían alimentado y presuponían que así
seguirían hasta que accedieran los policías a avisar a sus familias. Insistentemente solicitaron
que se comuniquen con sus madres, pero la petición fue tenida en cuenta recién en horas de la
noche. Al otro día se hizo presente la madre de Juan, quien no pudo verlo porque no era día de
visita (el día de visita era el día anterior). Al menos le dejo abrigo y alimentos.
Así pasaron casi tres semanas y los jóvenes solo sabían lo que sus familiares les comunicaban
respecto del proceso judicial. Su madre todas las mañanas se presentaba en el juzgado de
menores buscando respuestas ante la detención de su hijo. Sin embargo y a pesar de no estar
detenida, ni haber cometido ningún delito, debía soportar las humillaciones que los agentes de
justicia posaban sobre ella. (Esta es otra problemática que no es objeto del presente trabajo,
pero que vale mencionar y en otra oportunidad dedicar varias líneas refriéndose al acceso de
los pobres a la justicia.)
En el estado de indefensión e impotencia, su madre pide prestado dinero para poder contratar
un abogado particular, desconociendo la existencia y rol de los defensores oficiales. El
abogado cobra de antemano la mitad de lo acordado ($3.000), se presenta en la comisaría,
habla con Juan y le dice que a la brevedad lo dejaran en libertad. Acto seguido, el abogado no
atendió más el teléfono.
Es claramente visible en el relato, además de la excesiva violencia física, psicológica y
simbólica por parte de los agentes de policía, los factores extremadamente ilegales y el modo
en que éstos se entrecruzan entre sí, colocando al joven al borde del abismo. Todos sus
derechos fueron vulnerados precisamente por aquellas personas que están en la línea de la
justicia, que supuestamente son administradores de la misma.
En primer lugar y ya advertida anteriormente, la ilegalidad de la brutal violencia física y
microviolencia presente en todo momento y en cada instante de la detención, hasta el día
previo a ser liberado. Por otro lado, la violencia que engendra la vulneración de los derechos
fundamentales contrapone lo que establece la Convención de los Derechos de Niñas y Niños2
(1990) (art. 37 inc. b, c, d): “…tendrá derecho a ser tratado con la humanidad y el respeto
que merece la dignidad inherente a la persona humana y de manera que se tengan en cuenta
las necesidades de las personas de su edad…” y continua diciendo que tendrá derecho a tener
contacto con su familia, a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada y
a una pronta decisión sobre dicha acción.
2 Ley 23.849. Artículo 75 de la Constitución de la Nación Argentina.
9
A estas vulneraciones se le suma la inobservancia de la regla N° 12- segunda parte- de las
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores3
(1895): “Para el mejor desempeño de sus funciones, los agentes de policía que traten a
menudo o de manera exclusiva con menores, recibirán instrucción y capacitación especial”
con esto refiere que la policía al ser el primer punto de contacto con el sistema de la justicia
de menores, es de vital importancia que actúe de manera informada y adecuada. Esto tiene
una íntima relación con la no disponibilidad de lugar en la comisaría del menor.
Finalmente, Juan y su amigo son liberados y hasta el día en que comenta su situación en el
taller, desconocía el procedimiento y tratamiento de su causa, ni tampoco parecía importarle
demasiado, pues ya es natural que desconozca las decisiones que se toman con su persona.
La naturalización se da en todos los aspectos de la vida de los jóvenes en conflicto con la ley:
es natural la desinformación, no tener en cuenta su voz, la humillación, el desprecio, la
discriminación, que los capte selectivamente la policía, en definitiva la violencia se ha vuelto
natural. Al respecto los adolescentes comentan:
“No, no podemos ir ahí [Club Inca Huasi] porque la motorizada nos levanta, eso
es la capi [capital]…”
“Y sí señora, si te levantan, te dan palo…”
“Si, ya sabemos que si esperamos el colectivo ahí y pasa un patrullero, nos
levanta…”
Como acertadamente lo plantea Josefina Martínez (2002), las burocracias penales de la policía
y el aparato judicial naturalizan la violencia, lo cual forma parte de las pautas culturales del
mundo penal. La violencia es “un elemento más de las rutinas institucionales” y es aceptada
por la policía, por los funcionarios del Poder Judicial, que la propician o la toleran- y por los
ciudadanos, que en general reconocen estas prácticas violentas y discriminatorias como “un
hecho de la realidad”.
Lo que del mismo modo se torna natural para los chicos es la no denuncia de esta violencia
que ejerce la policía sobre ellos y lo que anteriormente se menciono como la persecución
constante teñida de provocación, generadora de mayores niveles de violencia.
En lo que respecta a la no denuncia, esta naturalización surge del temor a la represalia y no se
trata de una apreciación desmesurada de los chicos. Sino que efectivamente los policías al
enterarse que existe una denuncia en su contra toman medidas drásticas para con los chicos: el
hostigamineto se vuelve incontrolable, no pueden salir de sus casas por que inmediatamente
los detiene por averiguación de antecedentes, los persiguen, golpean, etc. 3 Reglas de Beijing. Resolución 40/33 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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Una vez que Juan es entregado a su madre, ella realiza una denuncia en la Subsecretaría de
Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, dependiente del Ministerio de
Gobierno, por los golpes que habían efectuado sobre su hijo (luego de tres semanas ya no
tenía demasiadas marcas). Le recibieron la denuncia pero le advirtieron que la policía esta
“habilitada” para reducir a los delincuentes que detienen. Pasados exactamente tres días de la
denuncia, Juan cae detenido una y otra vez, sin causa alguna, simplemente porque estaban en
conocimiento de la denuncia. En una de esas oportunidades, cuando la madre va a retirarlo
nuevamente, un policía le dice: “Si me das 2 [dos mil pesos], lo dejo de joder a tu hijo…”
Los jóvenes comentan que son comunes estos tipos de sobornos entre las acciones ilegales de
parte de la policía. Son extremadamente ilegales pero no son perseguidos, detenidos, ni
humillados. Es que los agentes forman parte de un desequilibrio estructural de poder, en
donde aparecen con un status superior, lo que pareciera que los habilita a actuar ilegal e
inmoralmente.
Por otro lado, en cuanto a la persecución constante, para los jóvenes en conflicto con la ley es
moneda corriente, a tal punto que conocen con detalle los lugares a los que no deben asistir,
las calles por las que no deben transitar, las escuelas que están “fichadas”, etc. La policía
siempre encuentra oportunidad en el devenir cotidiano para parar y revisar constantemente a
los adolescentes, lo cual los coloca permanente en situación de control y humillación.
Desde una posición si se quiere más macro, Kesler, G. y Dimarco, S. (2013) platean que la
preocupación ciudadana por la inseguridad otorga legitimidad a la sobreexposición de los
jóvenes a situaciones de control por parte de la policía, incluso si esos controles se realizan sin
más explicaciones que la sospecha basada en la apariencia.
Cuando esperan el colectivo para ir a la escuela o ir a trabajar, cuando salen en la noche a
divertirse, en la esquina e incluso en la puerta de sus casas, en el parque, el centro, inclusive
saliendo de los talleres del programa socioeducativo. Ya es casi imposible para los chicos
evitar este tipo de acciones arbitrarias, que por lo general no culminan en ese mismo
momento, sino que en repetidas oportunidades los trasladan a la comisaría de la jurisdicción
para averiguar antecedentes y si es necesario [para los policías], pasan la noche en la
dependencia.
“…Ya no se por donde andar para que no me paren los cobani…hasta cerrando la
puerta de mi casa me paran. Parece que están haciéndome la guardia en la esquina
los vigilantes…te ven la gorra y te levantan”
“…En la puerta del taller se paró el patrulla. Menos mal que salió la señora
[profesional del equipo técnico] sino me levantan…”
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Tomando el concepto de Kesler, G. y Dimarco, S. (2013) los jóvenes mayoritariamente
atribuyen profiling (perfilamiento) al accionar policial. Esto significa que la policía en su
accionar cotidiano discrimina a éstos con fundamentos básicamente de clases sociales.
Los chicos perciben la selectividad por parte de la policía, lo que da lugar a confirmar lo
planteado en los relatos del trabajo de Kesler, G. y Dimarco, S. (2013): “Mayoritariamente no
se detiene a cualquier persona, ni a quienes se encuentra en un situación delictiva, sino a
aquellos que identifican por su manera de vestir (usar gorrita, por ejemplo, o determinada ropa
deportiva), su corte de pelo (pelo muy corto, por ejemplo), y sus rasgos fenotípicos.
Para la policía, todo momento o circunstancia es apropiada para demostrar su poder, para
mostrarse omnipotentes frente a los jóvenes. Pareciera que gozan de un modo particular del
temor que producen, pero mucho más al tratarse de adolescentes pobres, que ellos mismos
califican de modo despectivo cómo “delincuentes sin rumbo”. Indudablemente basan sus
acciones en la criminalización de pobreza y en la vaga idea de que el aspecto físico es lo que
determina las acciones de los jóvenes.
5- Conclusiones
Los jóvenes que participan del Programa Socioeducativo de Acompañamiento y monitoreo
territorial, si bien han infringido la ley. Nosotros cómo sociedad y mucho menos las
instituciones que representa la policía, será la encargada de juzgar los actos devolviéndoles
infinitas humillaciones, prácticas violentas y arbitrarias.
Previo a un juzgamiento social y policial es necesario conocer sus historias, sus motivos y sus
contextos. Los jóvenes no son delincuentes por naturaleza, sus actos no revelan su identidad.
Son adolescentes víctimas de la desigualdad socio económica que crece a pasos agigantados,
excluyéndolos de la sociedad. Literalmente están “fuera del sistema”. Y precisamente por
encontrarse fuera, es que son los receptores preferidos de las acciones abusivas de los agentes
policiales.
Juan es solo uno de los miles de jóvenes que a diario sufren hostigamientos por parte de la
policía, y así cómo Juan lo cuenta en los talleres del programa, hay otros que ni siquiera
tuvieron esa posibilidad. No es muy complejo inferir que la violencia policial en los niveles
en los que sucede actualmente, terminará cada vez más en hechos de “gatillo fácil”
Es necesario colocar la problemática en la agenda pública de modo tal que los poderes,
ministerios y/o funcionarios que correspondan, echen mano a diferentes alternativas que den
lugar a la reducción y (utópicamente) eliminación de la violencia policial. Los jóvenes tienen
derecho cómo todo ciudadano, a vivir dignamente con un nivel de vida adecuado para su
desarrollo físico, social, mental, espiritual y moral.
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6- Bibliografía
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- KESSLER, Gabriel y DIMARCO, Sabina (2013) Jóvenes, policía y estigmatización
territorial en la periferia de Buenos Aires. Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de
Sociología. Vol. 22 No. 2.- SANMARTÍN ESPLUGUES, José (2004), El laberinto de la
violencia. Ariel, Barcelona.
- MARTÍNEZ, Josefina. y EILBAUM, Lucía (1999). La violencia policial en Argentina. Un
debate sobre las visiones del problema y las políticas posibles. Documento del proyecto Po-
licía y Sociedad Democrática, CELS, Viva Río-ISER y el Instituto de Defensa Legal
coordinados por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED)
- MARTÍNEZ, Josefina (2002) Las burocracias penales y su violencia naturalizada. En GAYOL,
S. y KESSLER, Gabriel. (2002) Violencias, delitos y justicias en la Argentina, Manantial, Buenos Aires.
- REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA DE MENORES (1895)
- SIRIMARCO, Mariana (2005) Acerca de lo que significa ser policía. El proceso de in-
corporación a la institución policial, en: TISCORNIA, Sofía. (2004).
- TONKONOFF CONSTANTIN, Sergio (2007) Juventud, exclusión y delito. Notas para la
reconstrucción de un problema. Alegatos, núm. 65, México.
