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constitucion politica
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, LEÓN
UNAN-León
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Departamento de Derecho Público
TESIS PARA OPTAR AL TITULO DE MAGÍSTER EN DERECHO
PARLAMENTARIO
ANALISIS COMPARATIVO DEL PODER LEGISLATIVO DE
NICARAGUA EN LAS CONSTITUCIONES DE 1974 Y 1987
SUSTENTANTE:
Licenciada Maryuri del Carmen Serrano Osegueda
TUTOR:
Doctor Octavio Tomás Martínez Ordoñez
Managua, _____ de Abril de 2013
INDICE
INTRODUCCIÓN…………………………………………………..………...1
CAPÍTULO I.- GENERALIDADES
1.1 . Antecedentes históricos del Poder Legislativo de 1974 …………………3
1.2. Antecedentes históricos del Poder Legislativo de 1987 ……………….....6
CAPÍTULO II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PODER
LEGISLATIVO DE 1974 Y 1987
2.1. Sistema de Elección y Conformación del Poder Legislativo de la
Constitución de 1974…………………………………………………………10
2.2. Sistema de Elección y Conformación del Poder Legislativo de la
Constitución de 1987…………………………………………………………12
2.3. Atribuciones del Poder Legislativo en la Constitución de 1974...............16
2.4. Atribuciones del Poder Legislativo en la Constitución de 1987………...23
2.5. Atribuciones del Poder Legislativo con la Reforma Constitucional de
1995…………………………………………………………………………..30
CAPITULO III.- PROCESO DE FORMACION DE LA LEY EN EL PODER
LEGISLATIVO DE 1974 Y 1987
3.1. Derecho de iniciativa de ley y proceso de formación de ley en la
Constitución de 1974…………………………………..……………………..37
3.2. Derecho de iniciativa y procedimiento de formación de Ley en la
Constitución de 1987…………..…………………..…………………………43
3.3. Derecho de iniciativa y procedimiento de formación de ley de Ley con la
reforma de 1995, Ley No. 521, Ley de Reforma Parcial al artículo 140 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua…..……………………..49
3.4. Proceso de consulta de la iniciativa de ley de la Constitución de 1987 y
sus reformas……………………………………………………………….....56
3.5. Facultades colegislativas en la Constitución de 1974……….……...…..63
3.6. Facultades colegislativas en la Constitución de 1987…………………..64
3.7. Independencia y coordinación con otros poderes del Estado en la
Constitución de 1974…………………………………..……………………..65
3.8. Independencia y coordinación con otros poderes del Estado en la
Constitución de 1987…………………………………..……………………..66
3.9. Elección de Funcionarios Públicos con la Constitución de
1974……………………………………………………….……………….....67
3.10. Elección de Funcionarios Públicos con la Constitución de
1987……………………………………………………….…………….……68
CAPITULO IV.- REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA Y LEYES
CONSTITUCIONALES
4.1. Iniciativa de Reforma total o parcial de la Constitución Política de la
Constitución de 1987 y sus reformas…………………………………..…….71
4.1.1. Primera Reforma de la Constitución Política de 1987……………….73
4.1.2. Reformas Constitucionales de 1995……………………………...........74
4.2. Reforma a leyes constitucionales………………………………………..78
4.3. Resumen de las reformas que ha tenido la Constitución Política de
1987…………………………………………………………………………..81
4.4. Proceso de reforma total o parcial de la Constitución Política y leyes
constitucionales de la Constitución de 1974….…………………………….83
CONCLUSIONES…………………………..………………….……...........86
BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………91
1
INTRODUCCION
La presente tesis es producto de la culminación de la Maestría en
Derecho Parlamentario que la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,
León, en conjunto con la Asamblea Nacional me brindaran como apoyo a mi
formación profesional para así retribuir a este poder del Estado mis
conocimientos que redunden en la aplicación de los conocimientos adquiridos
para colaborar con la producción de leyes coherentes, en beneficio de todos y
todas las nicaragüenses.
He escogido este tema porque me resultó interesante escudriñar lo
relativo a la actuación de los miembros del Parlamento en dos tiempos con dos
Constituciones diferentes, la Constitución de 1974 y la de 1987 con sus
reformas, las que estuvieron matizadas cada una por su propio contexto
político-social; para ello utilizaré el método teórico, y mediante la
investigación que los estudiosos del Derecho han realizando con énfasis de la
comparación del protagonismo de los miembros del Parlamento en dichos
momentos. Por lo tanto su principal objetivo - como lo deje establecido
anteriormente - presentar una visión bastante completa sobre temas
relacionados con el Parlamento en esos dos momentos constitucionales.
Para lograr dicho objetivo, la tesis se estructura en cuatro capítulos. El
primero se refiere a las generalidades y a los antecedentes históricos del Poder
Legislativo de 1974 y 1987, para ello me auxiliaré de los archivos históricos
que los estudiosos han recopilado a lo largo del tiempo.
2
El segundo capítulo está dedicado a los fundamentos jurídicos del Poder
Legislativo, en cuanto al sistema de elección y conformación del Poder
Legislativo, de cómo pasó de un sistema bicameral a uno unicameral, en el
que tuvieron que fusionarse las atribuciones de las cámaras, los cambios que
mediante las reformas constitucionales se han dado en las atribuciones del
Poder Legislativo.
En el tercer capítulo encontramos el proceso de formación de la ley, sus
etapas, de las facultades colegislativas del Ejecutivo, cercenadas con la
reforma constitucional de 1995; relaciono la independencia y coordinación
entre los poderes del Estado, así mismo la regulación en la elección de
funcionarios públicos.
Y finalmente el capítulo cuarto que está dedicado al estudio del proceso
de iniciativa y proceso de reforma total y parcial de la Constitución Política y
de las leyes constitucionales como lo son la Ley de Amparo, la Ley de
Emergencia y la Ley Electoral.
Por último, con el presente trabajo de tesis no pretendo agotar todos los
temas relacionados con el Poder Legislativo de los dos momentos
constitucionales escogidos, quedaron vacíos que no pudieron ser llenados por
falta de tiempo y de información, sin embargo considero que he puesto en
práctica todos los conocimientos adquiridos durante el tiempo que le dediqué
al estudio, a la recopilación de datos para la elaboración del presente trabajo
de tesis.
3
CAPÍTULO I.- GENERALIDADES
1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PODER LEGISLATIVO DE
19741
Para conocer los antecedentes históricos del Poder Legislativo de 1974,
es necesario saber cual era el contexto político de la época, para ese entonces
era Presidente de la República René Schick, lo sucedió a su muerte el
Ingeniero Lorenzo Guerrero, en ese tiempo ya tenía ansias de poder Anastasio
Somoza Debayle; el tercero de la dinastía somocista.
En 1966 se presentaron a las elecciones Anastasio Somoza Debayle, por
parte del Partido Liberal Nacionalista y el doctor Fernando Agüero Rocha por
el Partido Conservador, sin embargo la historia electoral de Nicaragua cuenta
que estas elecciones fueron las más fraudulentas. Anastasio Somoza Debayle
asumió el poder para el período 1967-1972.
Después de un tiempo y con varias tensiones en el país, los políticos de
la época analizaron la situación caótica que atravesaba Nicaragua y se
tomaron en cuenta los intereses de las cúpulas de poder, es decir los dos
Partidos Políticos, las llamadas paralelas históricas, liberales y conservadores,
estos acordaron arreglar sus diferencias, mediante componendas, decidieron
convivir a nivel de cúpulas, repartirse curules y cuotas de poder en todos los
niveles del Estado. En este contexto de componendas y arreglos, ambos,
Anastasio Somoza Debayle y Fernando Agüero Rocha, firmaron una
1 ESGUEVA GOMEZ, ANTONIO, Historia Constitucional de Nicaragua, pp 86-91, Editorial LEA, Nicaragua 2003
4
declaración en conjunto que ponía las bases para el futuro pacto celebrado el
28 de marzo de 1971, el ¨Pacto Somoza-Agüero¨, el pueblo lo llamo ¨Kupia-
Kumi¨, palabra miskita que significa ¨un solo corazón¨.
Dicho pacto se trataba entre otras cosas de conservar la civilización
cristiana, de la necesidad de solucionar las querellas con el diálogo, del peligro
que constituía la ideología comunista, de la necesidad de vivir en paz para
llevar a cabo el desarrollo socioeconómico, y principalmente se acentuaba la
necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para
promulgar una nueva Constitución.
Con este pacto se ponían las bases de la nueva Constitución y se
determinaban los puntos más importantes que debían promulgarse, ello
significaba que en realidad la nueva Constitución protegería los intereses de
los firmantes del pacto. El pacto ya determinaba los alcances de la
Constitución. Esto significaba que no se iba a tomar en cuenta la opinión de
los ciudadanos para su nacimiento, faltando a los principios más elementales
de la democracia.
Dos meses después de la firma del pacto, el Decreto 1818, del 25 de
mayo de 1971 reformaba parcialmente la Constitución de 1950 y la Ley
Electoral. El 31 de agosto de 1971, con el Decreto 1914 se abría el camino
para la reforma total de la Constitución y de otras leyes vigentes, se
mandataba elegir a los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente; el
5
mismo decreto estableció la instalación de una Junta Nacional de Gobierno
compuesta por tres miembros, dos del partido liberal nacionalista y otro del
partido conservador.
La Constitución de 1974, estableció que la Asamblea Legislativa estaría
compuesta de dos cámaras, la Cámara de Diputados, integrada por sesenta
diputados con sus respectivos suplentes, por circunscripción departamental, a
razón de un diputado por cada treinta mil habitantes o fracción de quince mil;
la Cámara de Senadores estaba integrada por treinta elegidos por
circunscripción nacional.
6
1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PODER LEGISLATIVO DE
1987 2
Después de cuarenta y cinco años de gobierno Somocista, iniciado en
1934 con el asesinato del General Augusto César Sandino por órdenes del
primer Somoza el pueblo nicaragüense se sublevaba y cansado de una
dictadura militar, el 19 de julio de 1979 inició un proceso revolucionario
encabezado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), con la
participación de otras fuerzas sociales y políticas.
El 20 de Julio de 1979 se promulgó el Estatuto Fundamental del
Gobierno de Reconstrucción Nacional, el cual fungió como Constitución, sin
serlo, este Estatuto derogó la Constitución Política de 1974 así como todas las
leyes constitucionales, disolvía las estructuras somocistas como las Cámaras
en el Parlamento, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior del
Trabajo; garantizaba los principios fundamentales como el respeto a los
derechos humanos de conformidad con lo que había establecido la OEA, se
refería a la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de
sindicalización, entre otros. A su vez el Estatuto organizaba el Estado, cuyos
únicos poderes eran:
La Junta de Gobierno que asumiría el Poder Ejecutivo, y compartiría
las funciones con el Poder Legislativo en el Consejo de Estado, dicha Junta
estaba integrada por cinco personas; la función ejecutiva y administrativa se
ejercería por decretos, órdenes u oficios.
2 ALVAREZ ARGUELLO, GABRIEL, Reformas constitucionales y evolución política en Nicaragua, Consultado el
15 enero 2013, Disponible en World Wide Web: congreso.us.es/cidc/Ponencias/Gabriel Alvarez.PDF
7
El Consejo de Estado que estaba integrado por treinta y tres miembros
designados por las organizaciones políticas, socio-económicas y sindicales,
podía presentar iniciativas de leyes a la Junta de Gobierno, las leyes dictadas
por la Junta de Gobierno a iniciativa del Consejo de Estado no estarían sujetas
al trámite establecido en el articulo trece del referido Estatuto, el que
establecía que la Junta de Gobierno promulgaría las leyes de la forma en que
dispusieran en cada caso en particular. La función especial del Consejo de
Estado era elaborar un proyecto de Ley Electoral y un proyecto de
Constitución Política.
Los tribunales de justicia referidos al Poder Judicial encabezado por la
Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones, el Tribunal Superior del
Trabajo cuyos Magistrados serían nombrados por la Junta de Gobierno, los
jueces de distrito, locales y demás funcionarios debían ser nombrados por la
Corte Suprema de Justicia.
A este Estatuto Fundamental lo complementó el Estatuto sobre
Derechos y Garantías de los Nicaragüenses, decretado el 21 de Agosto de
1979; estos documentos fueron una especie de Constitución.
Pocos meses después del triunfo revolucionario estallaron las
disensiones políticas entre los sandinistas y sus aliados y el Gobierno
nicaragüense quedó en manos únicamente del FSLN. Con el ascenso al poder
8
del Presidente de Estados Unidos Ronald Reagan, el gobierno norteamericano
organizó y financió las fuerzas contrarrevolucionarias para derrocar al
gobierno sandinista de acuerdo con su concepción geopolítica y estratégica de
guerra de baja intensidad.
Así en un contexto político muy singular, caracterizado por el empeño
del gobierno nicaragüense en impulsar el proceso de transformación social del
país en medio del conflicto bélico con la contrarrevolución, se promulgó en
enero de 1987 la Constitución Política, la que ha tenido 7 reformas.
La Constitución de 1987 consagraba el principio democrático de
soberanía popular; la supremacía constitucional, el sufragio universal, el
pluralismo político, la división de poderes, la independencia de los jueces,
entre otros. Por otro lado establecía un concepto de pueblo que no se
identificaba con el conjunto de ciudadanos sino con los sectores económicos
más desfavorecidos, limitaba el pluralismo político prohibiendo muy
ambiguamente a las organizaciones “que pretendieran el retorno al pasado o
propugnaran por establecer un sistema político similar”, matizaba fuertemente
el principio de división de poderes configurando un presidencialismo
reforzado al otorgar al Presidente de la República amplias facultades
normativas que le permitían dictar decretos ejecutivos con fuerza de ley en
materia de carácter fiscal y administrativo, leyes delegadas, e incluso el
Presupuesto General de la República en período de emergencia constitucional,
autorizaba un intervencionismo estatal relativamente atípico para la tradición
democrática pues iba más allá de una mera planificación indicativa; y señalaba
9
que el Estado era el principal instrumento del pueblo para eliminar toda forma
de sumisión y explotación del ser humano y cuya defensa correspondía al
Ejército Popular Sandinista, “brazo armado del pueblo”.
Así dio inicio una etapa de profundas transformaciones en nuestro
contexto social, político y económico, con las reformas a la Constitución
Política desde la primera que se realizó en 1990 hasta la más reciente que se
dio en 2005.
10
CAPÍTULO II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PODER
LEGISLATIVO DE 1974 Y 1987
2.1. SISTEMA DE ELECCION Y CONFORMACION DEL PODER
LEGISLATIVO DE LA CONSTITUCION DE 1974.3
De conformidad con el artículo 127, del Título VI: del Poder
Legislativo, Capítulo I: De la Constitución y Atribución del Poder
Legislativo, éste era ejercido a través un Congreso, el que estaba compuesto
de dos Cámaras: La Cámara de Diputados formada por un número menor de
setenta Diputados electos directamente por el pueblo con sus respectivos
suplentes en circunscripciones departamentales, a razón de un Diputado con
su respectivo suplente por cada 30,000 habitantes o fracción mayor de 15,000.
La segunda Cámara estaba integrada por treinta Senadores y sus respectivos
suplentes, electos directamente por el pueblo, en una circunscripción nacional.
El número de representantes en cada Cámara correspondía a tantos
representantes como correspondiera de acuerdo con el sistema de cociente
electoral. Si con la aplicación de este sistema el Partido o los Partidos que
concurrieren a la elección con el que ocupó el primer lugar, resultaren en
conjunto, con un número de representantes inferior al cuarenta por ciento del
total de los miembros de cada una de las Cámaras, se complementará tal
porcentaje aplicando entre los Partidos minoritarios el mismo sistema de
3 LA GACETA, DIARIO OFICIAL, No. 277 278 del 04 y 05 de Diciembre de 1974
11
cociente electoral, o bien completando el número siguiendo el orden de la lista
presentada por el Partido que resultare minoritario, si solo hubieren
participado dos Partidos en las elecciones.
Continúa expresando el mismo artículo 127 que también formarán parte
de la Cámara del Senado, con carácter de vitalicio, los ex Presidentes de la
República que hubieren ejercido la Presidencia por voto popular directo y para
el período que fue postulado el candidato presidencial que hubiere obtenido el
segundo lugar en a votación popular correspondiente.
Para integrar la cámara de Diputados y la cámara del Senado era
necesario llenar las calidades exigidas por los artículos 156 y 154 de la
Constitución Política de 1974, las que enumero a continuación:
Para ser electo Diputado se requiere ser natural de Nicaragua,
ciudadano en ejercicio de sus derechos, del estado seglar y mayor de
veinticinco años de edad.
Para ser electo Senador se requiere ser natural de Nicaragua, ciudadano
en ejercicio de sus derechos, del estado seglar y mayor de cuarenta años
de edad.
12
2.2. SISTEMA DE ELECCION Y CONFORMACION DEL PODER
LEGISLATIVO DE LA CONSTITUCION DE 1987. 4
De conformidad con el artículo 132 de la Constitución originaria de
1987 el Poder Legislativo lo ejerce la Asamblea Nacional, siendo un órgano
constitucional de naturaleza política que actúa por delegación y mandato del
pueblo, la que estaba integrada por noventa Representantes con sus
respectivos suplentes, elegidos por voto universal, igual, directo, libre y
secreto en circunscripciones regionales mediante la aplicación del sistema de
representación proporcional, regulado por la Ley Electoral. El número de
Representantes podrá incrementarse de acuerdo con el censo general de
población de conformidad con la ley, hay que notar que en ésta Constitución
desaparece la figura del Senador, en su lugar se establecen los diputados por
circunscripción nacional.
Así mismo se establece que formaran parte de la Asamblea Nacional
como representante propietario y suplente los candidatos a Presidente y
Vicepresidente de la República que hayan participado y no hubiesen sido
electos, para ello deben contar en la circunscripción nacional con un número
de votos igual o superior al promedio de los cocientes electorales regionales,
ésta Constitución no incluye al candidato que se hubiese postulado a ocupar el
cargo de Presidente y no hubiese salido electo, en la denominación para
Diputado.
4 LA GACETA, DIARIO OFICIAL, No. 5 del 09 de Enero de 1987
13
Sin embargo, con la reforma de 1995 cambió el sistema de elección de
Diputados, siendo regulado también por la Ley Electoral en los artículo 140 y
141. Esta reforma establece la integración de la Asamblea Nacional en un
número de noventa Diputados con sus respectivos Suplentes, elegidos por
voto universal, igual, directo, libre y secreto, mediante el sistema de
representación proporcional, como se mencionó anteriormente se eligen veinte
diputados con sus respectivos suplentes por circunscripción nacional y en las
circunscripciones departamentales y regiones autónomas 70 Diputados,
correspondiéndole a cada departamento una cantidad determinada de
Diputados a razón del número de habitantes del mismo.
También existen dos Diputados que no habiendo sido electos forman
parte de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 133 de la
Constitución Política, mediante la aplicación de dos procedimientos, la
primera establece, que el candidato a una elección presidencial que alcanza el
segundo lugar ingresa a la Asamblea Nacional como diputado propietario y su
compañero de fórmula (el vicepresidente) ingresa como suplente. Este
supuesto fue diseñado desde la Constitución original en 1987, la segunda, el
Ex-Presidente de la República saliente y que fue electo mediante sufragio
popular integra la Asamblea Nacional como diputado propietario. Su suplente
será su compañero de fórmula (vicepresidente) que también fue electo
mediante sufragio popular, este elemento fue introducido al sistema
constitucional nicaragüense mediante la reforma constitucional de 2000.
Los diputados tienen una duración de mandato de cinco años y gozan de
inmunidad, pueden reelegirse indefinidamente y no tienen ninguna
prohibición, siendo, diputados, para optar a otro cargo de elección popular.
14
En correspondencia con lo anterior, la Ley Electoral en su artículo 141,
establece con claridad la distribución de los escaños por circunscripción
departamental y regional de la siguiente manera:
Al Departamento de Boaco, le corresponden dos Diputado, a Carazo
tres, Chinandega seis, Chontales tres, Estelí tres, Granada tres, Jinotega tres,
León seis, Madriz dos, Managua diecinueve, Masaya cuatro, Matagalpa seis,
Nueva Segovia dos, Río San Juan uno, Rivas dos, Región Autónoma del
Atlántico Sur dos, Región Autónoma del Atlántico Norte tres.
Esta reforma (1995), revive la nominación de los diputados no electos
que también forman parte de la Asamblea Nacional, es decir, el Ex Presidente
de la República y Ex Vicepresidente electos por el voto popular directo en el
período inmediato anterior y, como Diputados, Propietario y Suplente los
candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República que participaron en
la elección correspondiente, y hubiesen obtenido el segundo lugar.
En este contexto cabe hacer mención de las calidades que establece la
Constitución Política de Nicaragua en su artículo 134, numeral 1., que
expresa: “Para ser Diputado se requieren las siguientes calidades: a) Ser
nacional de Nicaragua. Quienes hayan adquirido otra nacionalidad deberán
haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de verificarse la elección,
b) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, c) Haber cumplido
veintiún años de edad, d) Haber residido en forma continuada en el país los
cuatro años anteriores a la elección, salvo que durante dicho período
15
cumpliere Misiones Diplomáticas, o trabajare en Organismos Internacionales
o realizare estudios en el extranjero. Además, haber nacido o haber residido
durante los últimos dos años en el Departamento o Región Autónoma por el
cual se pretende salir electo,
De la misma manera en que la Constitución Política establece calidades
para ser Diputado, así mismo impone prohibiciones para serlo, éstas son: a)
Los ministros, vice ministros de Estado, magistrados del Poder Judicial, del
Consejo Supremo Electoral, los miembros del Consejo Superior de la
Contraloría General de la República, el Procurador y Subprocurador General
de Justicia, el Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos
Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal General Adjunto de la
República y los Alcaldes, a menos que renuncien al cargo doce meses antes de
la elección, b) Los Ministros de cualquier culto religioso, salvo que hubieren
renunciado a su ejercicio al menos doce meses antes de la elección.
Aquí se hace necesario reflexionar los cambios surgidos en las
Constituciones de 1974 y 1987 y su reforma de 1995, en lo que corresponde al
sistema de elección
En cuanto al sistema de elección de los Representantes o Diputados ante la
Asamblea Nacional, en la Constitución de 1974, resultaban electos por
circunscripciones regionales, la Constitución de 1987 cambió la manera de
elegirlos, siendo esta la elección por región, la reforma 1995 introduce la
elección mediante el sistema de representación proporcional.
16
2.3. ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO EN LA
CONSTITUCIÓN DE 1974
Las atribuciones dadas al Poder Legislativo por la Constitución Política de
1974, estaban dispersas al estar dividido el mismo en dos Cámaras; la Cámara
de Diputados y la Cámara del Senado, habían atribuciones compartidas en
unos casos y separadas en otros, a continuación señalo esta categorización de
ambas Cámaras, de conformidad con los artículos 147, 148 y 149 de dicha
Constitución Política.
a) El artículo 147 de la Constitución Política establecía las facultades de cada
una de las cámaras sin intervención de la otra de la siguiente manera:
1) Elegir su Junta Directiva, en la cual un Secretario y su correspondiente
Vice-Secretario deberán pertenecer al Partido que obtuvo el segundo
lugar en las últimas elecciones;
2) Arreglar el orden de sus sesiones y todo lo que concierne a su régimen
interior;
3) Organizar las oficinas de su dependencia, de acuerdo con los
respectivos reglamentos;
4) Hacer concurrir a sus miembros;
5) Interpelar o pedir informes a los Ministros de Estado, e investigar por
medio de Comisiones el funcionamiento económico y administrativo
del Ejecutivo y de los Entes autónomos. En estas Comisiones habrá por
lo menos un miembro del Partido que obtuvo el segundo lugar en las
elecciones;
6) Invitar a la otra Cámara para deliberar reunidas;
17
7) Nombrar, de acuerdo con los reglamentos, Comisiones que las
representen en actos oficiales; y
8) Conocer de la renuncia que presentare cualquiera de sus miembros.
Las atribuciones dadas por este acápite son meramente administrativas a
excepción de la establecida en el numeral 5) que establece como atribución la
interpelación o la solicitud de informes a los Ministros de Estado.
b) ATRIBUCIONES DE LAS CAMARAS POR SEPARADO:5
1) Decretar, reformar, interpretar y derogar las leyes;
2) Crear y suprimir empleos fijando sus dotaciones;
3) Disponer lo conveniente para mantener la independencia y seguridad de
la República
4) Variar, en circunstancias extraordinarias y por graves motivos de
conveniencia pública, la residencia de los Órganos del Gobierno o de
alguno de ellos;
5) Declarar, fijando su duración, el Estado de Emergencia Económica,
cuando lo exijan las circunstancias anormales del país. La declaración de
tal Estado suspenderá, las leyes que con base en esta declaración dicte el
Poder Legislativo o, en su receso, el Poder Ejecutivo, no podrán subsistir
en detrimento de las garantías constitucionales indicadas, más allá del
tiempo fijado en el decreto respectivo;
6) Conocer de los decretos-leyes dictados por el Poder Ejecutivo en caso de
emergencia o necesidad pública;
5 ESGUEVA GOMEZ, ANTONIO, op. Cit. PP.1125-1126
18
7) Decretar leyes de Inquilinato que restrinjan la libertad de contratación;
8) Aprobar o no los Tratados celebrados con Naciones extranjeras;
9) Establecer los ingresos fiscales y fijar los gastos de la Administración.
En cada legislatura se votará el presupuesto general de unos y de otros;
10) Señalar las atribuciones de los funcionarios públicos y demarcar las
jurisdicciones territoriales en que deban ejercerlas;
11) Imponer contribuciones;
12) Reconocer la Deuda Nacional y arreglar su servicio;
13) Fijar la unidad monetaria y las condiciones de la moneda nacional,
previo dictamen del respectivo organismo técnico;
14) Fijar el sistema de pesas y medidas;
15) Declarar la guerra o autorizar al Ejecutivo para que la declare;
16) Autorizar la salida de tropas de Nicaragua y permitir o negar el tránsito
de tropas extranjeras por el territorio de la República. En receso del
Congreso, y en caso de guerra o de cortesía internacional, tendrá esta
facultad el Poder Ejecutivo;
17) Aprobar, modificar o improbar contratos que celebre el Ejecutivo sobre
empréstitos, colonización, navegación y demás obras de utilidad general
que entrañen privilegios temporales permitidos por la Constitución o
comprometan o dispongan de bienes de la Nación o cuando en ellos se
apliquen sumas no votadas en el Presupuesto;
18) Conceder o negar permiso a los nicaragüenses para aceptar cargos de
países extranjeros, cuando deban ejercerlos en Nicaragua. No será
necesario este permiso cuando se tratare de países de Centroamérica;
19) Autorizar la fundación de Bancos de Emisión;
20) Legalizar los créditos extraordinarios o suplementarios acordados por
el Presidente de la República en Consejo de Ministros;
19
21) Conceder amnistías o indultos por delitos políticos y comunes conexos.
En ningún caso los indultos podrán comprender las responsabilidades
civiles respecto a particulares;
22) Conceder la conmutación de la pena de muerte por la inmediata
inferior, debiendo suspender su ejecución tan luego sea presentada la
solicitud de conmutación por cualquiera de las personas referidas en el
ordinal 3) del Arto. 192;
23) Decretar la prórroga de sus sesiones de acuerdo con el Arto. 128;
24) Conocer de las iniciativas de reforma de la Constitución; y
25) Las demás funciones y atribuciones que le otorguen esta Constitución y
las leyes.
Para el caso de este acápite, cumple a cabalidad con las funciones
propias del parlamento, las cuales son funciones legislativas, funciones
financieras, funciones de control y funciones de distinta naturaleza, al
respecto de esta clasificación de funciones, las abordaré posteriormente.
c) ATRIBUCIONES DEL CONGRESO EN CÁMARAS
SEPARADAS, A INICIATIVA DEL PODER EJECUTIVO:6
1) Decretar gratificaciones, indemnizaciones, pensiones, premio y honores,
sin perjuicio de las facultades que tenga el Presidente de la República como
Jefe de las Fuerzas Armadas;
2) Decretar premios y conceder privilegios temporales permitidos por la
Constitución, a los autores o inventores de obras de utilidad general o
6 ESGUEVA GOMEZ, ANTONIO, op. Cit. p.1127
20
inventores de obras de utilidad y a los que hayan introducido industrias
nuevas o perfeccionado las existentes;
3) Acordar subvenciones o primas para objetos de utilidad pública que
tiendan a establecer nuevas industrias o a impulsar la agricultura o la
ganadería;
4) Decretar la enajenación o arrendamiento de los bienes nacionales y su
aplicación a uso públicos, o autorizar al Ejecutivo para que lo haga sobre
bases convenientes;
5) Conferir los grados de Mayor General y General de División;
6) Conceder indultos, rebajas o conmutación de penas por delitos comunes,
previo informe favorable de la Corte Suprema de Justicia;
7) Conceder permiso al Presidente de la República para salir del país;
8) Decretar empréstitos; y
9) Habilitar y cerrar puertos y establece aduanas marítimas y terrestres, o
dictar las reglas con que debe hacerlo el Ejecutivo.
De conformidad con el artículo 150 de la misma Constitución las
facultades del Poder Legislativo son indelegables, sin embargo el Poder
Ejecutivo podía legislar en cuestiones de Obras Publicas, Policía, Salud,
Defensa, Economía, Hacienda, mientras el Congreso estuviese de receso, sin
embargo la facultad de legislar en Hacienda no comprendía lo relativo a la
creación de impuestos y de modificar las partidas del Presupuesto de Gastos,
con la salvedad de que en ese momento estallase una guerra civil, guerra
internacional o catástrofe nacional.
21
d) ATRIBUCIONES DEL CONGRESO EN CÁMARAS UNIDAS: 7
1) Elegir su propia Directiva que se compondrá de un Presidente, un Vice-
Presidente, y dos Secretarios con sus correspondientes Vice-Secretarios.
Un Secretario y su Vice-Secretario corresponderán al Partido que obtuvo el
segundo lugar en las últimas elecciones;
2) arreglar el orden de sus sesiones y todo lo concerniente a su régimen
interior;
3) Elegir de su seno, en la última sesión ordinaria o extraordinaria, tres
Designados para sustituir al Presidente de la República en caso de falta
absoluta o temporal. Los Designados deberán reunir los requisitos exigidos
para ser Presidente de la República. La Junta Directiva enviará al
Presidente de la República la nómina de los Designados para que señale, al
pie de la misma, el ordene de llamamiento, amparado con su firma y sello,
y la conserve en su poder en lugar seguro;
4) Elegir al miembro de su seno que ha de ejercer la Presidencia de la
República en caso de falta temporal o absoluta del Presidente o del que la
ejerciere, cuando esto ocurriera estando el Congreso reunido en sesiones
ordinarias o extraordinarias. Si la falta ocurriere en receso del Congreso, se
hará inmediata convocatoria a sesión extraordinaria para llenar la vacante
con el Designado rubricado o con uno de sus miembros, si no se conociera
el orden de llamamiento de los Designados;
5) Elegir a los magistrados de las Cortes de Justicia y a los del Tribunal
Superior del Trabajo con sus respectivos suplentes al tenor del Arto. 300,
así como a los del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sus
respectivos suplentes, y al Presidente del Tribunal de Cuentas;
7 ESGUEVA GOMEZ, ANTONIO, op. Cit. pp.1129-1131
22
6) Aceptar las renuncias del Presidente de la República electo o en
ejercicio, de los Designados, de los Magistrados de las Cortes de Justicia,
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de los Magistrados de su
elección del Tribunal Superior del Trabajo, y del Presidente del Tribunal de
Cuentas;
7) Recibir la promesa constitucional a los funcionarios que elija, o delegar
esta facultad;
8) Conocer del veto del Poder Ejecutivo;
9) Conocer de las iniciativas de reformas de la Constitución Política y
Leyes Constitucionales;
10) Conocer del informe presentado por el Poder Ejecutivo sobre las
providencias dictadas durante la suspensión de las garantías
constitucionales;
11) Decretar el Escudo de Armas, el Pabellón de la República y el Himno
Nacional, por dos tercios de votos; y
12) Las demás funciones y atribuciones que le den esta Constitución y las
leyes.
23
2.4. ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO EN LA
CONSTITUCIÓN DE 19878
Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1987, las atribuciones
de las Cámaras del Congreso del 74 se fusionaron al unificarse las mismas,
pasando de un sistema bicameral a uno unicameral, cabe hacer mención que
algunas atribuciones de la Constitución del 74 desaparecieron en la
Constitución del 87, porque ya habían perdido fuerza por el nuevo contexto
histórico-social de la época en que esta fue promulgada.
A continuación enuncio las atribuciones dadas a la Asamblea Nacional
mediante promulgación de la Constitución de 1987, de conformidad con el
artículo 138 Cn.:
Son atribuciones de la Asamblea Nacional:
1) Elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y derogar los
existentes.
2) La interpretación auténtica de la ley.
3) Decretar amnistía e indultos, así como, conmutaciones o reducciones de
penas.
4) Solicitar informes por medio del Presidente de la República a los Ministros
o Viceministros de Estado y Presidentes o Directores de entes autónomos y
gubernamentales. De la misma manera podrá pedir su comparecencia personal
e interpelación.
8 ESGUEVA GOMEZ, ANTONIO, op. Cit. pp.1243-1245
24
5) Otorgar y cancelar la personalidad jurídica a las entidades de naturaleza
civil o religiosa.
6) Conocer, discutir y aprobar el Presupuesto General de la República
conforme al procedimiento establecido en la Constitución y en la ley.
7) Elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los
Magistrados propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral, de ternas
propuestas por el Presidente de la República.
8) Elegir al Contralor General de la República de terna propuesta por el.
Presidente de la República.
9) Conocer, admitir y decidir sobre las renuncias o faltas definitivas de los
Representantes ante la Asamblea Nacional.
10) Conocer y admitir las renuncias o destituciones de los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, de los Magistrados del Consejo Supremo Electoral
y del Contralor General de la República.
11) Aprobar o desaprobar los tratados internacionales.
12) Regular todo lo relativo a los símbolos patrios.
13) Crear órdenes honoríficas y distinciones de carácter nacional.
14) Crear y otorgar sus propias órdenes de carácter nacional.
15) Recibir en sesión solemne al Presidente o al Vicepresidente de la
república, para escuchar el informe anual.
25
16) Delegar las facultades legislativas al Presidente de la República durante el
período de receso de la Asamblea Nacional, de acuerdo al Decreto Ley Anual
Delegatoria de las funciones legislativas. Se exceptúa lo relativo a los códigos
de la República.
17) Elegir su Junta Directiva.
18) Crear comisiones permanentes, especiales y de investigación.
19) Proponer pensiones de gracia y conceder honores a servidores distinguidos
de la patria y de la humanidad.
20) Determinar la división política y administrativa del país.
21) Conocer las políticas y el plan de desarrollo económico y social del país.
22) Llenar las vacantes definitivas del Presidente o del Vicepresidente de la
República.
23) Autorizar la salida del territorio nacional al Presidente de la República,
cuando su ausencia sea mayor de un mes.
24) Conocer y resolver sobre las quejas presentadas contra los funcionarios
que gozan de inmunidad.
25) Decretar su Estatuto General y Reglamento Interno.
26) Las demás que le confieren la Constitución y las leyes.
26
Las reformas de 1995 a la Constitución Política de Nicaragua no fueron
espontáneas. En el mismo año de la promulgación de la constitución de 1987,
ya aparecieron los primeros clamores por la reforma de esta Constitución,
acusándola de responder más a los intereses del partido en el poder que a las
necesidades nacionales. Entre los muchos clamores, resaltamos las peticiones
hechas por el grupo de la UNO en sus diecisiete “Propuestas de Reformas a la
Constitución Política”. En ellas pedían: 1.- No reelección presidencial; 2.- No
sucesión familiar; 3.- No voto militar; 4.- Reforma del Poder Electoral; 5.-
Independencia del Poder Judicial; 6.- Procurador de Derechos Humanos; 7.-
Clarificación del derecho de propiedad tal como estaba establecido en el
capítulo IV de la Constitución; 8.- Limitación de las facultades del Presidente
de la República; 9.- Naturaleza de las Fuerzas Armadas; 10.- Tribunal de
Garantías Constitucionales; 11.- Supresión del preámbulo; 12.- Autonomía
universitaria; 13.- Autonomía municipal; 14.- Objeción de conciencia; 15.-
Prohibición de penas proscriptivas o inaceptables; 16.- Separación Ejército-
Partido-Estado; y 17.- Definición de la inmunidad en la constitución.
El objetivo fundamental de las reformas era evitar que el próximo
Presidente de la República tuviese tanto poder, es por ello que la Asamblea
Nacional trató de balancear los poderes del Estado, quitándole al ejecutivo
algunas atribuciones y pasándoselas al legislativo. Sin embargo, hubo un
rechazo por parte de la Presidenta de la República, doña Violeta Barrios de
Chamorro, que se negó, contra el propio mandato constitucional, a firmar y a
promulgar las reformas elaboradas, hecho que obligó al Presidente de la
Asamblea Nacional a promulgarlas. Este acontecimiento originó un conflicto,
ya antes vivido en Nicaragua en 1854. Como entonces, ahora el país se
27
gobernó por dos constituciones: La de 1987, aceptada por el ejecutivo, y la
reformada en 1995, admitida por el legislativo.
El conflicto constitucional se resolvió por un acuerdo político, por la
llamada Ley Marco de interpretación de las reformas constitucionales. De ella
dice el profesor Esgueva que “no deja de ser una paradoja que un acuerdo
político, como era la ley marco, tuviera que ser quien desatara el nudo
gordiano surgido por una reforma constitucional, como si la constitución en sí
no pudiese abrirse camino y no debiera ser promulgada sin condicionantes
políticos”, por lo que consideró esta ley como “una aberración jurídica y un
atentado contra la propia constitucionalidad del país. En realidad, esta ley
marco, como otros acuerdos políticos, que “regulen” y “enmarquen” las
reformas constitucionalmente llevadas a efecto, son una intromisión de los
poderes políticos en el campo exclusivo de la constitución. Este proceder es
una forma de “atar” o sujetar la ley, y da la impresión de querer utilizarla
como si ésta fuera una especie de plastilina moldeable a conveniencia del más
poderoso.
Ante semejantes situaciones, pareciera que la constitución no tiene un
verdadero rango absoluto de ley, pues, -en palabras del doctor Bonifacio
Miranda Bengoechea- “se transforma en una norma tan flexible que una ley
ordinaria puede modificarla parcialmente”. Y esto es anticonstitucional.
Las reformas llevadas a efecto fueron numerosas y, como ya está
indicado, muchas atribuciones del poder ejecutivo pasaron al legislativo con la
finalidad de destruir ese carácter presidencialista absoluto que la constitución
daba al poder ejecutivo.
28
De los muchos artículos reformados, nos fijamos en estos puntos que
tendrán repercusiones importantes en el futuro de Nicaragua. Uno fue la
reforma de los votos exigidos para el nombramiento de presidente y
vicepresidente. Por primera vez en la historia de Nicaragua se estableció el
sistema de dos vueltas, cuando los candidatos no obtuvieren, como mayoría
relativa, al menos el 45% de votos válidos. Si no se alcanzaba este porcentaje,
debía hacerse una segunda votación entre los candidatos que obtuvieron el
primero y segundo lugar y, realizada ésta, triunfaría quien sacase más votos.
También se reformó la autonomía política administrativa y financiera de las
municipalidades, a favor de la descentralización del poder. Y, otro
transcendental fue el levantamiento de la inmunidad “con el voto favorable de
la mayoría absoluta de los diputados” (art. 130).
El doctor Miranda Bengoechea 9 en el capítulo V, después de comparar
las reformas de 1995 con los artículos de la constitución de 1987, y de
apreciar los logros y avances, se atreve a criticar lo hecho por esta Asamblea
Nacional aduciendo que violó los principios, doctrina y procedimientos de una
reforma constitucional, convirtiéndose tal reforma parcial en total. Dice
textualmente: “A partir del numeral doce resulta evidente que los legisladores
comenzaron a crear nuevos numerales, lo que demuestra formalmente que la
reforma constitucional de 1995 no fue una reforma parcial sino una reforma
total de la constitución de 1987, porque escribió preceptos nuevos”. Y
argumenta lo dicho asegurando que “el legislador constituyente derivado no
puede crear nuevos artículos ni numerales en la constitución, sino únicamente
reformar los existentes, salvo los principios e intangibles procedimientos de
9 ESGUEVA GOMEZ, ANTONIO, Prologo al libro ¨El Parlamentarismo sui generis¨ de Bonifacio Miranda,
IHNCA-UCA, Managua 20 Noviembre 2006
29
reforma constitucional. Al escribir nuevos numerales, que otorgaban nuevas
facultades al Poder Legislativo, el poder constituyente derivado se convirtió
en los hechos en poder constituyente originario, violentando todos los
principios, doctrina y procedimientos de una reforma constitucional”.
Sea como fuere, lo importante fue que, con esta reforma, se conquistó el
primer escalón en la búsqueda de un retorno hacia el equilibrio de poderes y se
encauzó la Carta Magna hacia la superación del régimen político establecido
en el Estatuto de 1979, el que fue reconfirmado en la constitución de 1987. Su
logro fue terminar con las facultades absolutas del Presidente de la República
en el nuevo contexto político y social, que se estaba creando después de la
toma de posesión del gobierno de doña Violeta, a pesar de que la Presidenta se
había opuesto a ello. Y ante el temor de que se cayese de nuevo en un régimen
dictatorial o totalitario, los diputados desarticularon el poder del ejecutivo y
minaron los cimientos del régimen político del absolutismo presidencial, hasta
ahora triunfante.
Después de haber abordado los antecedentes históricos de la reforma
constitucional de 1995, repasaremos como quedaron estructuradas las
atribuciones de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 138 de
la Constitución Política, siendo lo más relevante la inclusión de los
nombramientos por parte de los Diputados de funcionarios públicos, así como
la potestad de los Diputados a solicitar informes a los Ministros de Estado.
30
2.5. ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO CON LA
REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1995
Son atribuciones de la Asamblea Nacional de conformidad con el artículo 138
de la Constitución Política:10
1. Elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y derogar los
existentes.
2. La interpretación auténtica de la ley.
3. Conceder amnistía e indulto por su propia iniciativa o por iniciativa del
Presidente de la República.
4. Solicitar informes a los Ministros y Vice-Ministros del Estado,
Presidentes o Directores de entes Autónomos y Gubernamentales.
También podrá requerir su comparecencia personal e interpelación. La
comparecencia será obligatoria, bajo los mismos apremios que se
observan en el procedimiento judicial.
Si como consecuencia de la interpelación, la Asamblea Nacional por
mayoría absoluta de sus miembros, considera que hay lugar a formación
de causa, el funcionario interpelado perderá desde ese momento su
inmunidad.
5. Otorgar y cancelar la personalidad jurídica a las asociaciones civiles.
6. Conocer, discutir y aprobar el proyecto de Ley Anual de Presupuesto
General de la República y ser informada periódicamente de su ejercicio
conforme al procedimiento establecido en la Constitución y en la ley.
7. Elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de listas
separadas, propuestas para cada cargo por el Presidente de la República
10
Gaceta, Diario Oficial, No. 124, Ley No. 192, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, 4 Julio de 1995
31
y por Diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las
asociaciones civiles pertinentes. El plazo para presentar las listas será de
quince días, contados a partir de la convocatoria de la Asamblea
Nacional para su elección. Si no hubiere lista presentada por el
Presidente de la República, bastarán las propuestas por los diputados de
la Asamblea Nacional. Se elegirá a cada Magistrado con el voto
favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los Diputados de la
Asamblea Nacional.
8. Elegir a los Magistrados, Propietarios y Suplentes del Consejo Supremo
Electoral de listas separadas, propuestas para cada cargo por el
Presidente de la República y por los Diputados de la Asamblea
Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. El plazo
para presentar las listas será de quince días contados a partir de la
convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hubiere
lista presentada por el Presidente de la República, bastarán las
propuestas por los diputados de la Asamblea Nacional. Se elegirá a cada
Magistrado con el voto favorable de por lo menos sesenta por ciento de
los Diputados de la Asamblea Nacional.
9. Elegir al Superintendente y Vice-superintendente General de Bancos y
Otras Instituciones Financieras, de listas propuestas por el Presidente de
la República. Elegir al Contralor y Sub-Contralor General de la
República de listas separadas, propuestas por el Presidente de la
República y por Diputados de la Asamblea Nacional. El plazo para
presentar las listas será de quince días contados a partir de la
convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hubiere
listas presentadas por el Presidente de la República, bastarán las
propuestas por los Diputados. El Procurador y Sub-Procurador de
32
Derechos Humanos serán electos por la Asamblea Nacional de listas
propuestas por los Diputados, en consulta con las asociaciones civiles
pertinentes. Los candidatos propuestos deberán ser electos con el voto
favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los Diputados de la
Asamblea Nacional.
Los candidatos propuestos para los cargos mencionados en los incisos
7, 8 y 9 no deberán tener vínculos de parentesco entre sí, ni con el
Presidente de la República, ni con los Diputados proponentes, en el
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Además, no
deberán ser miembros de las Juntas Directivas Nacionales,
Departamentales y Municipales de Partidos Políticos y si lo fueren
deberán cesar en sus funciones partidarias al ser electos. No podrán ser
candidatos Contralor y Sub-Contralor General de la República quienes
al momento de su nombramiento se desempeñaren como Ministros,
Viceministros, Presidentes o Directores de Entes Autónomos o
Gubernamentales o de Bancos Estatales, o instituciones financieras del
Estado o hubiesen desempeñado esto cargos durante los seis meses
anteriores a su designación.
La Asamblea Nacional, a través de Comisiones Especiales, podrá
convocar audiencias con los candidatos. Los Candidatos deberán estar
debidamente calificados para el cargo y su postulación deberá
acompañarse de la documentación que se les solicitare.
10. Conocer, admitir y decidir sobre las faltas definitivas de los Diputados
ante la Asamblea Nacional. Son causa de falta definitiva y en
33
consecuencia acarrean la pérdida de la condición de Diputado, las
siguientes:
i. Renuncia al cargo.
ii. Fallecimiento.
iii. Condena mediante sentencia firme a pena de privación de libertad
o de inhabilitación para ejercer el cargo por delito que merezca
pena más que correccional por un término igual o mayor que el
resto de su período.
iv. Abandono de sus funciones parlamentarias durante sesenta días
continuos dentro de una misma legislatura sin causa justificada
ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.
v. Contravención a lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 130
Cn.
vi. Recibir retribución de fondos estatales, regionales o municipales,
por cargo o empleo en otros Poderes del Estado o Empresas
Estatales, salvo caso de docencia o del ejercicio de la medicina.
Si un Diputado aceptare desempeñar cargo en otros Poderes del
Estado, sólo podrá reincorporarse a la Asamblea Nacional cuando
hubiese cesado en el otro cargo.
vii. Incumplimiento de la obligación de declarar sus bienes ante la
Contraloría General de la República al momento de la toma de
posesión del cargo.
11. Conocer y admitir las renuncias y resolver sobre destituciones de los
funcionarios mencionados en los incisos 7, 8 y 9 por las causas y
procedimientos establecidos en la ley.
12. Aprobar o rechazar los tratados, convenios, pactos, acuerdos y contratos
internacionales de carácter económico; de comercio internacional; de
34
integración regional; de defensa de seguridad; los que aumenten el
endeudamiento extremo o comprometan el crédito de la nación; los que
vinculan el ordenamiento jurídico del Estado.
Dichos instrumentos deberán ser presentados a la Asamblea Nacional
en un plazo de quince días a partir de su suscripción, solamente podrán
ser dictaminados y debatidos en lo general y deberán ser aprobados o
rechazados en un plazo no mayor de sesenta días a partir de su
presentación en la Asamblea Nacional. Vencido el plazo, se tendrá por
aprobado para todos los electos legales.
13. Aprobar todo lo relativo a los símbolos patrios.
14. Crear órdenes honoríficas y distinciones de carácter nacional.
15. Crear y otorgar sus propias órdenes de carácter nacional.
16. Recibir en sesión solamente al Presidente y Vice-presidente de la
República, para escuchar el informe anual.
17. Elegir su Junta Directiva.
18. Crear comisiones permanentes, especiales y de investigación.
19. Conceder pensiones de gracia, y conceder honores a servidores
distinguidos de la patria y de la humanidad.
20. Determinar la división política y administrativa del territorio nacional.
21. Conocer y hacer recomendaciones sobre las políticas y planes de
desarrollo económico y social del país.
22. Llenar las vacantes definitivas del Vice-presidente de la República y del
Presidente y el Vice-presidente, cuando éstas se produzcan
simultáneamente.
35
23. Autorizar la salida del territorio nacional al Presidente de la República
cuando su ausencia sea mayor de quince días, y la del Vice-presidente,
en caso de ausencia del territorio nacional del Presidente.
24. Recibir de las autoridades judiciales o directamente de los ciudadanos,
las acusaciones o quejas presentadas en contra de los funcionarios que
gozan de inmunidad, para conocer y resolver sobre las mismas.
25. Dictar o reformar su Estatuto y Reglamento Interino.
26. Autorizar o negar la salida de tropas del territorio nacional.
27. Crear, aprobar, modificar o suprimir los tributos y aprobar los planes de
arbitrios municipales.
28. Aprobar, rechazar o modificar el Decreto del Ejecutivo que declara la
Suspensión de Derechos y Garantías Constitucionales o el Estado de
Emergencia, así como sus prórrogas.
29. Recibir anualmente los informes del Contralor General de la República,
del Procurador de Derechos Humanos; del Superintendente de Bancos y
otras Instituciones Financieras y del Presidente del Banco Central, sin
perjuicio de otras informaciones que les sean requeridas.
30. Nombrar al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. La
ley regulará su funcionamiento.
31. Convocar a sesiones extraordinarias.
32. Las demás que le confieren la Constitución y las leyes.
Las funciones parlamentarias son; 1.- La Legislativa 2.- La financiera y
presupuestaria, 3.- La jurisdiccional, 4.- La Administrativa 5.- La
Constituyente 6.- La de control y contrapeso político:
. 1.- La función legislativa es la atribución fundamental de dictar leyes,
reformarlas, derogarlas y darles una interpretación auténtica. Esta función
36
legislativa tiene como primordial propósito adecuar el ordenamiento jurídico a
la realidad y la contingencia para cada período de la historia.
. 2.- La función presupuestaria se le confiere exclusivamente a la
Asamblea Nacional, la que tiene el deber de aprobar, previa discusión y
negociación, el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
República propuesto por el Poder Ejecutivo. La tarea de los diputados no se
queda ahí, pues deben revisar todo el proceso desde su aprobación hasta la
ejecución del mismo, es decir, el ejercicio real del gasto gubernamental.
3.- La función jurisdiccional permite al Poder Legislativo decidir sobre
la validez o invalidez de una acusación a cualquier servidor público de los
Supremos Poderes, de conformidad a un proceso especial para levantamiento
de la inmunidad.
. 4.- La función administrativa cuenta con dos vertientes. La primera
concierne a la ratificación o proposición de altos funcionarios públicos. La
segunda, implica la capacidad de los legisladores para diseñar las propias
reglas del juego al interior del Parlamento
. 5.- La función constituyente es una forma de la función legislativa. Esta
función permite a los legisladores la reforma parcial de la norma suprema,
para regular las reglas que regirán la relación entre gobernantes y gobernados.
37
CAPITULO III.- PROCESO DE FORMACION DE LA LEY EN EL
PODER LEGISLATIVO DE 1974 Y 1987.11
3.1. DERECHO DE INICIATIVA DE LEY Y PROCESO DE FORMACION
DE LEY EN LA CONSTITUCION DE 1974
El proceso de formación de ley se encuentra regulado en el Capítulo V,
artículos 161 al 178, de la Constitución Política de 1974, en estos artículos
observamos que tienen derecho a presentar iniciativas de leyes, decretos,
resoluciones y declaraciones legislativas los Diputados, y en asunto de su
competencia el Poder Judicial y el Poder Electoral.
El procedimiento de formación de ley es el siguiente:
Todos los proyectos será presentados a la Cámara de Diputados, si estos
deciden tomarlo en consideración, lo enviará a una Comisión Dictaminadora y
lo someterá a primero y segundo debate en sesiones distintas, a continuación
el proyecto, tal como fue aprobado por la Cámara de Diputados, pasará a la
Cámara del Senado, quien lo enviará a una Comisión Dictaminadora y lo
someterá a primero y segundo debate en sesiones distintas, si lo aprueban, lo
pasarán al Ejecutivo para su promulgación. Esto es para la aprobación de una
iniciativa sin mayor complicación o tramite.
El artículo 164 de la Constitución establece que a cualquier proyecto
podrá dispensársele el trámite de segundo debate, cuando así lo disponga la
Cámara respectiva.
11
ESGUEVA GOMEZ, ANTONIO, op. Cit. pp.1131-1134
38
Si el proyecto fuere desechado en su totalidad por la Cámara del
Senado, volverá en su totalidad por la Cámara del Senado, a la de Diputados
con expresión de las razones que tuvo para su rechazo y para que esta Cámara,
en un solo debate, se pronuncie sobre el particular. Si la Cámara de Diputados,
insiste en el proyecto primitivo, lo remitirá nuevamente a la del Senado; y si
ésta mantiene su anterior criterio se tendrá por rechazado. En caso contrario,
se tendrá por aprobado y se enviará al Ejecutivo para su promulgación. (Arto.
165 Cn.)
El proyecto reformado o adicionado por la Cámara del Senado, volverá
a la de Diputados, para que en ésta, en un solo debate, se discuta
exclusivamente sobre las supresiones, reformas o adiciones sin que puedan
alterarse los artículos aprobados por ambas Cámaras. Si las supresiones,
reformas o adiciones no fueren aprobadas en la Cámara de Diputados, volverá
el proyecto a la del Senado. Si ésta insiste en su criterio se tendrá por
rechazado el proyecto, a no ser que ambas Cámaras acuerden que se tenga por
ley el proyecto con los artículos aprobados, en cuyo caso pasará al Ejecutivo
para su promulgación.
Si la Cámara de Diputados aprobare las supresiones, modificaciones o
adiciones hechas por la del Senado, el proyecto será devuelto a esta Cámara
para que lo pase al Ejecutivo.
39
Los proyectos de Códigos y Presupuesto General de Ingresos y Egresos
de la República, pueden ser considerados y aprobados por Capítulos, previo
dictamen de una Comisión Especial de cinco miembros en cada Cámara.
(Arto. 166 Cn.)
Cuando una Cámara disponga exponer a la otra su criterio sobre
cualquier materia legislativa, lo hará por medio de una Comisión, la que
tendrá derecho a intervenir en los debates que sobre el asunto se susciten.
En caso de discrepancia de criterio entre las Cámaras, podrán designarse
Comisiones Mixtas, compuestas de tres Diputados y dos Senadores
nombrados por sus respectivas Cámaras para que propongan la forma de
resolver las diferencias.
Arto. 168.- Cuando el Poder Ejecutivo someta una iniciativa al
Congreso con carácter de urgencia, cada Cámara deberá pronunciarse dentro
de un plazo de diez días.
Arto. 169.- En los autógrafos que expida el Congreso se hará uso de la
siguiente fórmula: "El Congreso Nacional de la República de Nicaragua, en
Cámaras Unidas, Decreta, Resuelve o Declara: (aquí lo decretado, resuelto o
declarado). "Dado en el Salón de Sesiones del Congreso en Cámaras Unidas".
(Lugar y fecha. Siguen las firmas del Presidente y Secretarios del Congreso en
Cámaras Unidas). Cuando sea en Cámaras separadas: "La Cámara de
Diputados y la Cámara del Senado de la República de Nicaragua, Decretan,
Resuelven o Declaran": (Aquí lo decretado, resuelto o declarado). "Dado en el
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados". (Lugar y fecha. Siguen las
40
firmas del Presidente y Secretario de la Cámara de Diputados). "A Poder
Ejecutivo, Cámara del Senado". (Lugar y fecha. Siguen las firmas del
Presidente y Secretario de Cámara del Senado).
Arto. 170.- Todo autógrafo será enviado al Poder Ejecutivo por
conducto de la Cámara del Senado dentro de tres días de haber sido aprobado,
a fin de que lo promulgue y lo haga publicar dentro de diez días de recibido, o
para que lo haga publicar inmediatamente en los casos del Arto. 175, salvo las
excepciones contempladas en la Constitución.
Arto. 171.- Si el Presidente de la República en Consejo de Ministros,
usare de la facultad del veto, rechazando, modificando o adicionando el
proyecto, debe devolverlo al Congreso por conducto de la Cámara del Senado,
dentro de diez días de recibido, exponiendo las razones en que se funda. Si en
el término expresado no lo vetare, deberá publicarlo como ley.
Arto. 172.- Cuando la Cámara del Senado recibiere el veto de un
proyecto de ley, propondrá inmediatamente la reunión del Congreso en
Cámaras Unidas para que lo someta a consideración. Si el Congreso ratificare
el proyecto rechazado, o aceptare parcial o totalmente las adiciones o reformas
del Ejecutivo por dos tercios de votos, lo enviará de nuevo a éste en la forma
en que lo aprobare y con la siguiente fórmula: "Ratificado
Constitucionalmente"; y el Poder Ejecutivo lo promulgará sin demora.
Arto. 173.- Cuando el Poder Ejecutivo reciba un autógrafo de ley dentro
de los diez días anteriores a la clausura del Congreso o después, le queda
41
reservada la facultad del veto para ejercerla en los primeros diez días de las
próximas sesiones ordinarias.
Arto. 174.- El Presidente del Congreso mandará publicar en cualquier
periódico de la capital, las leyes o cualquier otro acto del Congreso que no
hubieren sido publicados por el Poder Ejecutivo dentro del plazo señalado en
el Arto. 170, salvo el caso del artículo anterior.
Arto. 175.- No necesitan promulgación del Poder Ejecutivo:
1) La Ley de Presupuesto; y
2) Las disposiciones de instalación o clausura del Congreso, traslado de su
residencia a otro lugar y suspensión o prórroga de sus sesiones.
Arto. 176.- Los proyectos rechazados en una legislatura sólo podrá
presentarse de nuevo en las siguientes.
Arto. 177.- Los asuntos que quedaren pendientes en una legislatura,
seguirán tramitándose en la siguiente si hubiesen sido aprobados en primer
debate por la Cámara de Diputados, o si estuvieren pendientes de dictamen en
la Corte Suprema de Justicia y no hubiere vencido el término, a la fecha de su
clausura.
Arto. 178.- Siempre que un proyecto de ley tenga por objeto dictar,
reformar o derogar disposiciones que tengan relación con los Códigos Civil,
Penal, de Comercio, de Procedimiento Civil o Penal, no podrá discutirse sin
oír la opinión de la Corte Suprema de Justicia, la que habrá de emitirla dentro
42
del término que le señale la Cámara de Diputados tomando en cuenta la
extensión, importancia o urgencia del proyecto, sin que este término pueda ser
menor de quince días. Vencido ese término podrá procederse a la discusión
del proyecto de ley sin opinión del Tribunal Supremo.
Ya hemos visto de la lectura de lo que establecen los artículos 161 al
178, de los cuales se puede inferir que dicho procedimiento de formación de
ley, en primera instancia se aborda sin mayor dificultad, el proyecto es
aceptado, pasa a comisión, se somete a dos debates, posteriormente es pasado
a la cámara del senado, pasa a comisión, luego es sometido nuevamente a
debate y de ser aprobado es remitido al Ejecutivo para su promulgación
Ahora bien, si dicho proyecto es enviado al Senado y este le encuentra
defectos o lo desechare regresara a la cámara de diputados con expresión de
las razones de su rechazo, podemos decir que la cámara del senado tiene poder
de veto, para objetar las resoluciones de la cámara de diputados; una vez
recibido en la cámara de diputados debe pronunciarse en un solo debate sobre
los puntos señalados por Senado, o bien dejarlo tal cual fue aprobado por los
diputados y remitido al senado nuevamente, este puede rechazarlo o bien
puede aprobarlo y pasarlo al ejecutivo.
Un proyecto una vez en manos del Ejecutivo puede promulgarlo sin
mayor dilación o bien hacer uso de su derecho al veto rechazando,
modificando o adicionando al proyecto deberá regresarlo al congreso en un
plazo de diez días, a través de la cámara del senado; si vencido este término de
diez días no lo vetare deberá publicarlo.
43
3.2. DERECHO DE INICIATIVA DE LEY Y PROCESO DE
FORMACION DE LEY EN LA CONSTITUCION POLITICA DE 1987
La Constitución Política establece con claridad en el artículo 140
quienes tienen facultad de presentar iniciativas de ley, decretos, resoluciones y
declaraciones, así como el procedimiento de formación de ley delegada por la
Constitución Política a la Asamblea Nacional estos son:
Tienen iniciativa de ley los Representantes ante la Asamblea Nacional y
el Presidente de la República; también la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo Supremo Electoral, en materias propias de su competencia. Este
derecho de iniciativa será regulado por el Estatuto General y el Reglamento
Interno de la Asamblea Nacional. 12
A partir del artículo 41 hasta el artículo 58 del Estatuto General y el
Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, establece el proceso de
formación de ley 13
el que se establece de la siguiente manera:
Las leyes sólo se derogan a se reforman por otras leyes. Cuando la
Asamblea Nacional apruebe reformas sustanciales a las leyes, su texto íntegro,
con las reformas incorporadas, deberá publicarse en "La Gaceta", Diario
Oficial, salvo las reformas a los Códigos (Artículo 41).
12
ESGUEVA GOMEZ, ANTONIO, op. Cit. pp.1131 13
LA GACETA, DIARIO OFICIAL, Ley No. 122, Estatutos Generales de la Asamblea Nacional, No. 3, del 4 de Enero de 1991
44
. Las leyes entrarán en vigencia a partir de su publicación en "La Gaceta,
Diario Oficial, excepto cuando ellas mismas establezcan otra modalidad
(Artículo 42).
Toda iniciativa de ley deberá adjuntar su respectiva Exposición de
Motivos (Artículo 43).
Las iniciativas de ley podrán ser presentadas por cualquier
Representante (Artículo 44).
Una vez leídas las iniciativas de ley de los Representantes, se someterán
a votación para resolver el si se toman o no en consideración. Si se aprueba -
que sean tomadas en consideración, el Presidente de la Asamblea Nacional las
pasará a la Comisión correspondiente (Artículo 45).
Las iniciativas de ley presentadas por el Presidente de la República, la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, pasarán
directamente a Comisión. En caso de iniciativa urgente del Ejecutivo, el
Presidente de la Asamblea Nacional podrá someterla de inmediato a discusión
del plenario, si se hubiere entregado el proyecto a los Representantes con
cuarenta y ocho horas de anticipación (Artículo 46).
Las iniciativas de ley presentadas en una legislatura y que no fueron
sometidas a debate, serán consideradas en la siguiente legislatura (Artículo
47).
Las iniciativas de ley, una vez rechazadas, no podrán ser consideradas
en la misma legislatura (Artículo 48).
45
Las Comisiones dispondrán de un plazo máximo de treinta días para el
estudio y dictamen de una iniciativa de ley, o del señalado por la Junta
Directiva de la Asamblea Nacional para casos especiales (Artículo 49).
El Presidente de la Asamblea Nacional podrá prorrogar el plazo a
solicitud de la Comisión.
Cuando uno o varios miembros de la Comisión estén en desacuerdo con el
dictamen adoptado por mayoría en la misma, podrán presentar su dictamen
por aparte, que se llamará de minoría, de lo cual se comunicará previamente a
la Comisión.
El dictamen de la Comisión podrá ser favorable o desfavorable.
Tratándose de una ley nueva, la Comisión podrá hacer reformas o adiciones o
supresiones al proyecto de ley o presentar una nueva redacción (Artículo 50).
En los casos de que el proyecto se refiera a la reforma de una ley, la
Comisión podrá adicionar, reformar, suprimir artículos distintos a los
propuestos, siempre y cuando estén vinculados a la integridad y coherencia de
la reforma, También para la armonía de la misma, podrá asumir una nueva
redacción.
En los casos de que los proyectos de ley traten de indulto o propuesta
del otorgamiento de pensiones de gracia, ni la Comisión, ni el Plenario podrán
agregar nuevos nombres a los propietarios en la iniciativa.
46
El informe o dictamen deberá expresar, entre otros criterios, si el
proyecto de ley presentado es necesario y está bien fundamentado, si se opone
o no a la Constitución Política, a las leyes constitucionales o a los tratados
internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua (Artículo 51).
Presentado ante el plenario el dictamen de la comisión se le dará lectura
sometiéndose a discusión en lo general (Artículo 52).
Si el plenario, durante el debate en lo general, considera que el dictamen
es suficiente, lo devolverá a comisión para que lo revise o mejore, en el plazo
que el Presidente señale. Si el dictamen fuere rechazado durante la discusión
en lo general, y hubiere dictamen de minoría, el Presidente de la Asamblea
Nacional someterá éste a discusión.
Si el dictamen es favorable y fuere aprobado en lo general, se pasará a
la discusión del articulado de la ley en lo particular hasta su aprobación.
Toda moción debe ser leída previamente y presentada por escrito al
Secretario, para ser sometida a discusión en el orden en que fue presentada
(Artículo 53).
Las mociones que fueren notoriamente improcedentes, serán rechazadas
de plano por el Presidente de la Asamblea Nacional.
Si la procedencia es dudosa, el Presidente para decidir consultará con la
Junta Directiva. Si al momento de discutirse una moción el mocionista no se
47
encontrara presente en la Sala de Sesiones, no será discutida, a menos que sea
asumida por otro Representante presente.
La votación será pública y se tomará levantando la mano; también se
podrá votar nominalmente o en forma secreta, cuando así lo decida la Junta
Directiva (Artículo 54).
Para que haya decisión, se requerirá el voto favorable de la mayoría
relativa de los Representantes presentes, excepto en los casos en que se exija
una mayoría calificada. (Artículo 55).
Cuando se presenten varias mociones sobre un mismo artículo del
proyecto en discusión, se someterá a votación si se reforma o no el artículo. Si
la mayoría vota porque no se reforme, se tendrán por rechazadas todas las
mociones y aprobado el artículo.
En caso contrario, se votarán las acciones en el orden de la
presentación. Si hubiere mociones excluyentes entre sí, se votarán
conjuntamente. En caso de que las mociones excluyentes fueren más de dos,
quedará aprobada la que tenga mayoría relativa de votos.
Las leyes deben ser aprobada por la Asamblea Nacional en un solo
debate. Este se podrá realizar en varias sesiones. (Artículo 56).
El proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional se hará constar
en tres originales, que serán firmados por el Presidente y el Secretario de la
misma. (Artículo 57).
48
Dos ejemplares serán enviados al Presidente de la República para su
sanción, promulgación y publicación; uno será devuelto a la Asamblea
Nacional para su archivo.
El plazo para la sanción será de quince días.
Cuando el Presidente de la República devuelva un proyecto de ley,
vetado total o parcialmente, se enviará a la comisión correspondiente la que
deberá dictaminar aceptándolo o rechazando el veto en el plazo señalado por
el presente Estatuto. En estos casos, la comisión no podrá solicitar prórroga
(Artículo 58).
Presentado el dictamen de la comisión al Plenario, éste lo discutirá únicamente
en lo general.
49
3.3.DERECHO DE INICIATIVA Y PROCESO DE FORMACION
DE LEY CON LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2005, LEY NO.
521, LEY DE REFORMA PARCIAL AL ARTÍCULO 140 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA.
Con la reforma constitucional de 2005, 14
se dio apertura a que los ciudadanos
tuviesen facultad de proponer reformas a las leyes, de conformidad con la Ley
No. 269 Ley de Iniciativa de Leyes, publicada en La Gaceta, Diario Oficial,
No. 218, del 14 de Noviembre de 1997, además se incluyeron los Consejos
Regionales Autónomos y los Consejos Municipales, por lo que el artículo 140
de la Constitución Política de Nicaragua se lee así:
1. Cada uno de los Diputados de la Asamblea Nacional, quienes además gozan
del derecho de iniciativa de decretos, resoluciones y declaraciones
legislativas.
2. El Presidente de la República.
3. La Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, los Consejos
Regionales Autónomos y los Consejos Municipales, en materias propias de
su competencia.
4. Los ciudadanos. En este caso la iniciativa deberá ser respaldada por un
número no menor de cinco mil firmas. Se exceptúan las leyes orgánicas,
tributarias o de carácter internacional y las de amnistía y de indultos.
14
LA GACETA, DIARIO OFICIAL, Ley No. 521, Ley de Reforma Parcial al Artículo 140 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, No. 35 del 18 de Febrero de 2005
50
La iniciativa legislativa nos la define Pérez Serrano en su “Tratado de
Derecho Político”, como la “potestad de formular un texto que debe de
tramitarse y cuya aprobación lo convierte en ley”. Aragón Reyes en su obra
“La iniciativa Legislativa”, entiende por iniciativa legislativa “el acto
mediante el cual se pone en marcha obligatoriamente el procedimiento
legislativo, es decir, y más concretamente, como el acto mediante el cual se
abre ya paso a la fase constitutiva de ese procedimiento.
Nuestra Constitución, tal como quedó expresado anteriormente, al
señalar quienes son los que tienen iniciativa de ley, más adelante, en su
Artículo 141, 15
establece el procedimiento para echar andar el proceso de
formación de ley :
“El quórum para las sesiones de la Asamblea Nacional se constituye con
la mitad más uno del total de los Diputados que la integran”.
Los proyectos de Ley, Decretos, Resoluciones, Acuerdos y
Declaraciones requerirán para su aprobación, del voto favorable de la mayoría
absoluta de los Diputados presentes, salvo en los casos en que la Constitución
exija otra clase de mayoría.
De conformidad con el artículo 141 de la Constitución Política y el 91
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 16
, toda iniciativa de Ley deberá ser
presentada con su correspondiente exposición de motivos en la Secretaría de
la Asamblea Nacional.
15
LA GACETA, DIARIO OFICIAL, Ley No. 192, Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política de la República de Nicaragua, No. 124, del 4 de Julio de 1995 16
LEY No. 606 LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO CON REFORMAS INCORPORADAS
51
. La iniciativa de ley o decreto se divide en:
1.- Exposición de Motivos del o los proponentes, esta es la parte
preliminar de un proyecto de ley o decreto en la que se explican las razones
doctrinales y técnicas que inspiraron al promotor de la iniciativa para crear
una nueva ley o para modificar, reformar, adicionar, derogar o interpretar una
ley existente, la determinación del alcance de la misma, su razón y su
justificación. No se discute ni se enmienda, esta deberá dirigirse al Presidente
de la Asamblea Nacional y contendrá el nombre del órgano o personal y
calidad del proponente, el nombre de la iniciativa y señalamiento del lugar y
fecha, dicha iniciativa deberá ser firmada por el o los proponentes. En caso de
ser un órgano pluripersonal, será firmado por su Presidente.
2.- La fundamentación deberá contener los argumentos de la normativa
propuesta, una explicación de su importancia e incidencia en el ordenamiento
jurídico del país, los probables efectos beneficiosos de su aplicación, su
impacto económico y presupuestario y las demás consideraciones que
juzgaren oportunas.
3.- Texto del articulado deberá ser homogéneo, completo, con
estructura y orden lógicos.
De conformidad con el artículo 46 numeral 7 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, la Primer Secretaria de la Asamblea Nacional revisara el
cumplimiento de los requisitos de ley de la iniciativa presentada ya que esta es
el núcleo de información de la Asamblea Nacional, porque ante ella se reciben
y remiten los documentos oficiales, tiene la responsabilidad a través del
52
personal asistente técnico de examinar los documentos presentados con la
iniciativa de ley y constatar si cumplen con los requisitos establecidos en la
Constitución Política y las leyes especiales, para proceder a darle el trámite
correspondiente.
La Primera Secretaría tiene como atribución elaborar una propuesta de
Agenda y Orden del día, en la que incluye todas las iniciativas legislativas
presentadas así como los dictámenes de Proyectos de Leyes y de Decretos
Legislativos, Resoluciones y Declaraciones en curso de trámite, y somete
dicha propuesta al seno de la Junta Directiva, quien en sesión ordinaria
procederá a su análisis para su aprobación o reforma en su caso.
La Junta Directiva se reúne cada quince días para conocimiento y
aprobación de la Agenda Legislativa a discutir en las sesiones ordinarias del
órgano plenario y otros asuntos de orden del quehacer parlamentario que le es
presentado por las comisiones o diputados siempre a través del canal de la
Primera Secretaría.
Distribución de la Agenda Legislativa a los diputados en el término de
ley: Ratificado su contenido en la reunión de los miembros de Junta Directiva,
la Primera Secretaría remite los documentos que integran la Orden del Día
aprobada al área de reproducción para que se proceda a su distribución en el
término reglamentario que establece por lo menos con 48 horas de
anticipación de la próxima sesión plenaria para efecto de que conozcan su
contenido y preparen las enmiendas o mociones al texto de las iniciativas
presentadas o de los dictámenes de ley que se presenten.
53
Todas las iniciativas de Ley presentadas, una vez leídas ante el plenario
de la Asamblea Nacional, pasarán directamente a comisión.
En caso de iniciativa urgente del Presidente de la República, la Junta
Directiva podrá someterla de inmediato a discusión del plenario si se hubiera
entregado el proyecto a los Diputados con cuarenta y ocho horas de
anticipación.
Los proyectos de Códigos y de Leyes extensas, a criterio del plenario,
pueden ser considerados y aprobados por Capítulos.
Recibido el Dictamen de la Comisión dictaminadora, éste será leído
ante el plenario y será sometido a debate en lo general; si es aprobado, será
sometido a debate en lo particular.
Una vez aprobado el proyecto de Ley por la Asamblea Nacional, será
enviado al Presidente de la República para su sanción, promulgación y
publicación, salvo aquellos que no requieren tales trámites. No necesitan
sanción del Poder Ejecutivo las reformas a la Constitución y las Leyes
Constitucionales, ni los Decretos aprobados por la Asamblea Nacional. En
caso de que el Presidente de la República no promulgara ni publicara el
proyecto de las reformas a la Constitución o a las Leyes Constitucionales; y
cuando no sancionare, promulgare ni publicare las demás leyes en un plazo de
quince días, el Presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicarlas por
cualquier medio de comunicación social escrito, entrando en vigencia desde
dicha fecha, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario
Oficial, la que deberá hacer mención de la fecha de su publicación en los
medios de comunicación social.
54
Las leyes serán reglamentadas cuando ellas expresamente así lo
determinen.
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional encomendará la
reglamentación de las leyes a la Comisión respectiva, para su aprobación en el
Plenario, cuando el Presidente de la República no lo hiciere en el plazo
establecido.
Las leyes sólo se derogan o se reforman por otras leyes y entrarán en
vigencia a partir del día de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial,
excepto cuando ellas mismas establezcan otra modalidad.
Cuando la Asamblea Nacional apruebe reformas sustanciales a las
leyes, podrá ordenar que su texto íntegro con las reformas incorporadas sea
publicado en La Gaceta, Diario Oficial, salvo las reformas a los Códigos.
Las iniciativas de ley presentadas en una legislatura y no sometida a
debate, serán consideradas en la siguiente legislatura. Las que fueren
rechazadas, no podrán ser consideradas en la siguiente legislatura.
Si bien, hay normas constitucionales que regulan las facultades del
Poder Ejecutivo en esta materia, y con las cuales culmina la formación de la
ley, puede presentarse de nuevo la actividad legislativa si el proyecto de ley
aprobado por la Asamblea Nacional fuese objeto de veto; a este respecto el
Artículo 142 de la Constitución, con la reforma constitucional de 1995
dispone:
55
“El Presidente de la República podrá vetar total o parcialmente un
proyecto de ley dentro de los quince días siguientes a aquel en que lo haya
recibido. Si no ejerciere esta facultad ni sancionara, promulgara y publicara el
proyecto, el Presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la ley en
cualquier medio de difusión nacional escrito.
El Presidente de la República, en el caso del veto parcial, podrá
introducir modificaciones o supresiones al articulado de la ley.”
El Artículo 143 de la Constitución, con la reforma constitucional de
2005 regula que:
“Un proyecto de ley vetado total o parcialmente por el Presidente de la
República deberá regresar a la Asamblea Nacional con expresión de los
motivos del veto; ésta podrá rechazarlo con el voto de la mitad más uno del
total de sus Diputados, en cuyo caso el Presidente de la Asamblea Nacional
mandará a publicar la ley”.
56
3.4. PROCESO DE CONSULTA DE LA INICIATIVA DE LEY DE LA
CONSTITUCION DE 1987 Y SUS REFORMAS
Regulado por los artículos 99 al 105, el proceso de consulta de una
iniciativa se desarrolla de la siguiente manera:
Una vez leídas ante el Plenario las iniciativas de ley presentadas,
pasarán directamente a Comisión, quedando ésta notificada e iniciándose el
Proceso de consulta y dictamen.
La Primer Secretaría notificara a la Secretaría Legislativa de la
Comisión correspondiente sobre el traslado de una iniciativa a Comisión, y
éste solicitará al Presidente de la Comisión, el señalamiento de fecha para la
primera reunión en la que se planificará el trabajo y el proceso de consulta.
La Comisión elaborará el Informe del Proceso de Consulta y Dictamen,
que deberá entregarse en un plazo máximo de sesenta días en Primera
Secretaría de la Asamblea Nacional, con copia a la Dirección General de
Asuntos Legislativos. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional podrá
señalar un plazo diferente.
La Dirección General de Asuntos Legislativos enviará copia del soporte
electrónico de las Iniciativas que pasen a Proceso de consulta y dictamen, para
su inclusión en el Sistema de Seguimiento del Proceso de Formación de la Ley
(SELEY), para que sea de conocimiento público y se puedan recibir aportes de
los ciudadanos y las asociaciones civiles.
57
La Presidencia de la Asamblea Nacional podrá prorrogar por una vez,
el plazo para la consulta y dictamen a solicitud de la Comisión.
Una vez finalizado el proceso de consulta, se redacta el Dictamen a
dicha iniciativa, pudiendo este ser de dos tipos, un dictamen favorable o
desfavorable, de conformidad con el artículo 101, por lo que tratándose de una
nueva ley, la Comisión podrá hacer adiciones y supresiones o una nueva
redacción al texto original de la iniciativa presentada.
En caso de que la Iniciativa se refiera a la reforma de una ley, la
Comisión podrá modificar, suprimir y adicionar otros artículos distintos a los
propuestos, siempre y cuando estén vinculados a la integridad y coherencia de
la reforma. También para la armonía de la misma, podrá elaborar una nueva
redacción.
En caso de que el proyecto de ley, o decreto en su caso, trate de indultos
o propuestas de otorgar pensiones de gracia, ni la Comisión ni el Plenario
podrán agregar nuevos nombres a los propuestos en la iniciativa.
Cabe la posibilidad de redactar un dictamen de Minoría y
Razonamiento del Voto, conforme lo establece el artículo 102, lo anterior
significa que cuando uno o varios miembros de la Comisión dictaminadora
estén en desacuerdo con el dictamen aprobado por la mayoría, podrán
suscribir un Dictamen de Minoría inmediatamente o hacer reserva del derecho
de presentarlo en la Secretaría Legislativa de la Comisión dentro de tercero
día, contados a partir del rechazo del dictamen. La Secretaría Legislativa de la
Comisión hará constar dicha circunstancia en el Dictamen de Mayoría.
58
Vencido el plazo fatal de los tres días, la Secretaría Legislativa con el
dictamen de minoría o sin él, procederá de conformidad con lo establecido en
la presente ley. Dentro o fuera del término de los tres días fatales, la Secretaría
Legislativa siempre recibirá y pondrá razón de recibido a los dictámenes de
minoría presentados ante él. El Dictamen de Minoría presentado fuera de
tiempo no tendrá ningún valor.
Cuando un dictamen de minoría presentado en tiempo y forma no sea
incluido en la Agenda acompañando al Dictamen de Mayoría, las Diputadas y
Diputados que lo suscriben solicitarán a la Junta Directiva por la vía de la
Presidencia de la Asamblea Nacional, la suspensión del conocimiento del
proyecto dictaminado hasta tanto no sea incluido el Dictamen de Minoría.
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, una vez comprobado lo
alegado, suspenderá el debate y ordenará la inclusión del Dictamen de Minoría
en la próxima Agenda, determinando las responsabilidades derivadas de tal
omisión o negligencia.
Los miembros de la Comisión podrán razonar su voto en el dictamen de
mayoría. El razonamiento del voto se hará constar por medio de la firma del
dictamen junto con los suscriptores del mismo.
La Comisión emitirá su Informe, teniendo como base el proyecto
elaborado por la Secretaría Legislativa de la Comisión, el cual deberá contener
tres partes:
59
1. Exposición: En ella se manifestará el mandato recibido para consultar,
los trabajos realizados, una relación sucinta de la consulta y sus aportes,
expresión de los motivos y razones legales, políticas, económicas,
sociales, filosóficas y demás criterios en que fundan su dictamen.
2. Dictamen: Expresará la opinión o Dictamen propiamente dicho, de la
Comisión, recomendando al Plenario la aprobación o no aprobación del
proyecto de ley, con la declaración, en su caso, de que ella es necesaria,
está bien fundamentada y no se opone a la Constitución Política, a las
Leyes Constitucionales ni a los tratados o instrumentos internacionales
suscritos y ratificados por Nicaragua.
3. Proyecto de Ley: Contendrá la propuesta del articulado de la Ley,
Decreto, Resolución o Declaración.
Tres días después de recibido el Informe respectivo, la Secretaría de la
Asamblea Nacional informará a la Junta Directiva y enviará copia del mismo
en soporte electrónico a los Diputados y a la Dirección General de Asuntos
Legislativos, quien enviará copia del soporte electrónico del Informe, para su
inclusión en la red electrónica de la Asamblea Nacional haciéndose de
conocimiento público el mismo.
La Junta Directiva en cualquier momento podrá incluir el Informe en la
Agenda, para su discusión y aprobación.
Presentado ante el Plenario el Informe de la Consulta y Dictamen
aprobado por la Comisión, el Presidente ordenará la lectura del Dictamen al
Diputado designado por la Comisión, sometiéndolo después, a discusión en lo
general. Si el Plenario, durante el debate en lo general, considera que el
60
Informe de la Consulta es insuficiente, lo devolverá a Comisión para que lo
revise o mejore, en el plazo que el Plenario señale. Puede también señalar
temas específicos a consultar o mejorar.
Durante el debate, todos los Diputados tienen derecho a presentar
mociones. Toda moción debe ser leída previamente por el proponente y
entregada por escrito a la Secretaría actuante, quien le pondrá hora de recibida
y la numerará. Las mociones sobre el mismo asunto serán sometidas a
discusión en el orden en que fueron presentadas.
Un Diputado puede retirar su moción antes de ser votada, sin perjuicio
del derecho de cualquier otro Diputado de asumirla como propia.
Aprobado un dictamen favorable en lo general, se procederá a su
discusión en lo particular, discutiendo y votando artículo por artículo. La
aprobación en lo particular no requiere lectura. Si el dictamen favorable fuere
rechazado, se pasará a discutir el dictamen de minoría, si lo hubiera. Si el
Dictamen de Minoría fuere rechazado, la iniciativa quedará rechazada y se
mandará a archivar. Cuando el dictamen fuere desfavorable se procederá a su
aprobación en una sola votación. Si el Dictamen desfavorable es rechazado y
no viniese acompañado de dictamen de minoría, se integrará una Comisión
Especial para elaborar un nuevo dictamen.
En los proyectos de leyes extensas el Plenario podrá decidir que se
debatan y aprueben capítulo por capítulo, abriendo debate solamente en
aquellos artículos en los que se hayan presentado mociones.
61
La votación será pública, salvo que la Junta Directiva dispusiere otra
forma. Se procederá así: a) Los que votan a favor, b) Los que votan en contra,
c) Los que se abstienen. El que no utilizare su derecho a voto y estuviere
presente o inscrito en la tabla electrónica se considerara favorable al dictamen
en discusión y se sumará a los que votan favorablemente. Votar es un derecho
y un deber.
El Presidente de la República podrá vetar total o parcialmente un
proyecto de ley dentro de los quince días siguientes a aquél en que lo haya
recibido. Un proyecto de ley vetado total o parcialmente por el Presidente de
la República deberá regresar a la Asamblea Nacional por la vía de la
Secretaría, con expresión de los motivos del veto. Si es parcial, el veto deberá
contener expresión de motivos de cada uno de los artículos vetados. Para fines
del proceso de formación de la ley, el veto se considerará una nueva iniciativa.
La Comisión, en su Informe de consulta y dictamen, recomendará el
rechazo, reforma o aceptación del veto total. En el caso del veto parcial la
Comisión deberá dictaminar sobre cada uno de los artículos vetados,
recomendando el rechazo o aceptación de cada uno.
El Plenario de la Asamblea Nacional podrá rechazar el veto total con un
número de votos que exceda la mitad del total de diputados, en cuyo caso el
Presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la ley ratificada.
La Asamblea Nacional, con un número de votos que exceda la mitad de
sus miembros podrá rechazar el veto de cada artículo. Si el plenario acepta el
veto a todos los artículos, se elaborarán los autógrafos con la nueva redacción,
62
el que se enviará al Presidente de la República para su sanción, promulgación
y publicación. Si el plenario no acepta la totalidad del veto parcial, el
Presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la ley.
63
3.5. FACULTADES COLEGISLATIVAS EN LA CONSTITUCION
DE 1974
De conformidad con el artículo 190, numerales 9 al 12 de la
Constitución de 1974 17
el Ejecutivo tenía la facultad de emitir leyes y
decretos con fuerza de ley, siempre y cuando el Congreso estuviere en receso.
9) Emitir leyes en receso del Congreso, cuando le haya sido delegada esta
facultad;
10) Emitir, en Consejo de Ministros, en receso del Congreso, decretos-leyes
en casos de emergencia o de necesidad pública, sometiéndolos al
conocimiento del Congreso en los primeros quince días de sus próximas
sesiones ordinarias;
11) Proponer indultos, rebajas o conmutaciones de pena; y
12) Conceder, en receso del Congreso, amnistías e indultos por delitos
políticos y comunes conexos. En ningún caso los indultos podrán comprender
las responsabilidades civiles que tengan los favorecidos en relación con los
particulares. No podrá ejercer esta atribución respecto a sus Ministros y Vice-
Ministros de Estado.
17
ESGUEVA GOMEZ, ANTONIO op, cit. Pp. 1138 -1139
64
3.6. FACULTADES COLEGISLATIVAS EN LA CONSTITUCION
DE 1987
La Constitución Política originaria de 1987, establecía en el artículo
138, numeral 16) 18
lo siguiente:
16) Delegar las facultades legislativas al Presidente de la República
durante el período de receso de la Asamblea Nacional, de acuerdo al Decreto
Ley Anual Delegatoria de las funciones legislativas. Se exceptúa lo relativo a
los códigos de la República.
La reforma a la Constitución Política de 1995, suprimió totalmente las
facultades colegislativas del Poder Ejecutivo, al eliminar la posibilidad de
emitir decretos con fuerza de ley, así mismo la posibilidad de legislar en
tiempos de receso parlamentario.
18
ESGUEVA GOMEZ, ANTONIO op, cit. Pp. 1244 -1245
65
3.7. INDEPENDENCIA Y COORDINACION CON OTROS
PODERES DEL ESTADO EN LA CONSTITUCION DE 1974
De conformidad con los artículos 12 y 13 de la Constitución Política de
197419
, los Órganos del Gobierno (refiérase a los Poderes Legislativo,
Ejecutivo, Judicial y Electoral) funcionarán armónicamente en la realización
de los fines del Estado. En el ejercicio de sus funciones privativas, son
limitados e independientes.
Los Órganos del Gobierno y los funcionarios públicos no tienen, ni bajo
pretexto de circunstancias extraordinarias, más autoridad ni facilidades que las
que expresamente les confiere la Ley.
19
ESGUEVA GOMEZ, ANTONIO op, cit. p. 1097
66
3.8. INDEPENDENCIA Y COORDINACION CON OTROS
PODERES DEL ESTADO EN LA CONSTITUCION DE 1987
El artículo 129 de la Constitución Política, expresa que los Poderes
Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, son independientes entre sí y se
coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos
de la nación y a lo establecido en la presente Constitución.
Con la Constitución Política de 1987, quedó especificada la supremacía
que la norma constitucional claramente expresa y se consagra el principio de
separación de poderes.
67
3.9. ELECCION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS CON LA
CONSTITUCION DE 197420
Los funcionarios públicos como los Magistrados de las Cortes de Justicia y los
del Tribunal Supremo de Trabajo con sus respectivos suplentes, los miembros
del Tribunal Contencioso Administrativo con sus respectivos suplentes y el
Presidente del Tribunal de Cuentas, serán electos por el Congreso en Cámaras
Unidas, al respecto la elección de los magistrados de las Cortes de Justicia se
realizaba mediante el sistema de proporcionalidad es decir, eran nueve
magistrados, cinco pertenecían al Partido de la mayoría y cuatro al Partido que
haya obtenido el segundo lugar en las últimas elecciones de autoridades
supremas
20
ESGUEVA GOMEZ, ANTONIO op, cit. p. 1130
68
3.10 ELECCION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS CON LA
CONSTITUCION DE 1987
Con esta Constitución de 1987 se le atribuyó la facultad para elegir a los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los Magistrados propietarios
y suplentes del Consejo Supremo Electoral, así como al Contralor General de
la República, todos eran electos mediante ternas enviadas por el Ejecutivo.
Con la reforma de 1995, se establecieron nuevas reglas para la elección de
funcionarios públicos, cambió la redacción del artículo 138 Constitucional y
se amplió el número de funcionarios, el proceso de elección y selección, la
inclusión de la consulta con la sociedad civil y que las propuestas de
funcionaros además de realizarla el Presidente de la República la hagan
también los diputados.
Lo anterior la Constitución Política lo establece en el artículo 138, numerales
7, 8, 9, las facultades o atribuciones para proceder a la elección de
funcionarios públicos
7) Elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de listas
separadas, propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por
Diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles
pertinentes. El plazo para presentar las listas será de quince días contados a
partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no
hubiere listas presentadas por el Presidente de la República, bastarán las
propuestas por los diputados de la Asamblea Nacional. Se elegirá a cada
69
Magistrado con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los
Diputados de la Asamblea Nacional.
Asimismo se elegirán a un número igual de Conjueces con los mismos
requisitos y procedimientos con el que se nombran a los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia.
8) Elegir a los Magistrados, Propietarios y Suplentes del Consejo Supremo
Electoral de listas separadas, propuestas para cada cargo por el Presidente de
la República y por los Diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las
asociaciones civiles pertinentes. El plazo para presentar las listas será de
quince días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para
su elección. Si no hubiere lista presentada por el Presidente de la República,
bastarán las propuestas por los Diputados de la Asamblea Nacional. Se elegirá
a cada Magistrado con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento
de los Diputados de la Asamblea Nacional.
9) Elegir con el sesenta por ciento de los votos del total de los Diputados de la
Asamblea Nacional, de listas separadas propuestas para cada cargo por el
Presidente de la República y por los Diputados, en consulta con las
asociaciones civiles pertinentes:
a) al Superintendente y Vice Superintendente General de Bancos y Otras
Instituciones Financieras; b) al Fiscal General de la República quien estará a
cargo del Ministerio Público y al Fiscal General Adjunto de la República,
quienes deberán tener las mismas calidades que se requieren para ser
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; c) a los miembros del Consejo
70
Superior de la Contraloría General de la República; d) al Procurador y Sub
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos; e) al Superintendente y
a los Intendentes de Servicios Públicos; f) al Director y Subdirector del
Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural. Todos estos funcionarios
serán elegidos para un período de cinco años y gozarán de inmunidad.
71
CAPITULO IV.- REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA Y
LEYES CONSTITUCIONALES
4.1. INICIATIVA DE REFORMA TOTAL O PARCIAL DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE 1987 Y SUS REFORMAS
Para iniciar el estudio de este capítulo es necesario determinar en primer
lugar lo que entendemos por Constitución Política, se define como: La norma
suprema, escrita o no, de un Estado de derecho soberano u organización,
establecida o aceptada para regirlo. La constitución fija los límites y define las
relaciones entre los poderes del Estado (poderes que, en los países
occidentales modernos, se definen como poder legislativo, ejecutivo y
judicial) y de estos con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su
gobierno y para la organización de las instituciones en que tales poderes se
asientan. Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades.
21
La Constitución es norma suprema debido a las siguientes
características: 22
A) La Constitución ocupa el lugar primario en el Sistema de Fuentes del
derecho y dentro de ella se establece el Sistema de Fuentes de la Constitución.
Segundo, la Constitución en la actualidad recoge un procedimiento de
elaboración de normas, lo órganos facultados para elaborarlas, y la jerarquía
de las mismas. En términos generales es comúnmente aceptado dentro de la
21
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n 22
GARCIA PALACIOS OMAR, Curso de Derecho Constitucional, pp. 78-79, INEJ, Nicaragua 2011
72
doctrina constitucionalista que la Constitución es fuente de las fuentes del
Derecho.
B) La Constitución será norma suprema por su carácter tanto material como
formal. Esto se traduce en su procedimiento de elaboración, reforma y
contenidos. La elaboración y reforma de la Constitución requieren unos
cauces jurídicos diferentes y más difíciles que los utilizados para la
elaboración y reforma de leyes ordinarias. Por ejemplo, se pueden ver los
artículos 141-143 Constitución de Nicaragua (Procedimiento legislativo
ordinario) y los artículos 191-195 (Reforma constitucional tanto parcial como
total).
Expresa el Maestro García Palacios que lo que explica el carácter de
súper norma a la Constitución Política es que el procedimiento para la reforma
constitucional es diferente a los de la legislación ordinaria.
73
4.1.1. PRIMERA REFORMA A LA CONSTITUCION DE 1987
La primer reforma constitucional fue aprobada el 30 de enero de 1990 y
publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 46 del 6 de Marzo de 1990, su
motivación fue que a partir de que el Presidente de Nicaragua José Daniel
Ortega Saavedra suscribiera el 4 de agosto de 1989 un Acuerdo con dieciocho
partidos políticos donde convinieron que las autoridades ejecutivas y
legislativas que resultaran electas el 25 de febrero de 1990, que tomarían
posesión de sus cargos el 24 y 25 de abril de 1990 respectivamente para ello
fue necesario reformar transitoriamente la Constitución Política, la cual
expresaba en su artículo 1, que se reformaba el artículo 201, primer párrafo el
que establecía que los Representantes ante la Asamblea Nacional electos el 25
de Febrero de 1990, serían instalados por el Consejo Supremo Electoral el 24
de Abril de ese mismo año, para finalizar el período de los que fueron elegidos
el 4 de Noviembre de 1984 y cumplir su propio período conforme el Articulo
136 de la Constitución Política, la reforma establecía además que el Presidente
y Vice-Presidente de la República electos el 25 de Febrero de 1990 deberían
tomar posesión de sus cargos prestando la Promesa de Ley ante el Presidente
de la Asamblea Nacional el 25 de Abril de ese mismo año, para finalizar el
período de los que fueron elegidos el 4 de Noviembre de 1984 y cumplir su
propio período, conforme el Arto. 148 de la Constitución Política.
74
4.1.2. REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 1995
Las reformas de 1995 a la Constitución Política de Nicaragua no fueron
espontáneas. En el mismo año de la promulgación de la constitución de 1987,
ya aparecieron los primeros clamores por la reforma de esta Constitución,
acusándola de responder más a los intereses del partido en el poder que a las
necesidades nacionales. Entre los muchos clamores, resaltamos las peticiones
hechas por el grupo de la UNO en sus diecisiete “Propuestas de Reformas a la
constitución Política”3. En ellas pedían: 1.- No reelección presidencial; 2.- No
sucesión familiar; 3.- No voto militar; 4.- Reforma del Poder Electoral; 5.-
Independencia del Poder Judicial; 6.- Procurador de Derechos Humanos; 7.-
Clarificación del derecho de propiedad tal como estaba establecido en el
capítulo IV de la constitución; 8.- Limitación de las facultades del presidente
de la República; 9.- Naturaleza de las Fuerzas Armadas; 10.- Tribunal de
Garantías Constitucionales; 11.- Supresión del preámbulo; 12.- Autonomía
universitaria; 13.- Autonomía municipal; 14.- Objeción de conciencia; 15.-
Prohibición de penas proscriptitas; 16.- Separación Ejército-Partido-Estado; y
17.- Definición de la inmunidad en la constitución.
El objetivo fundamental de las reformas era “evitar que el próximo
presidente de la República tuviese un arma descomunal entre sus manos” nos
dice el doctor Bonifacio Miranda. Por ello, la Asamblea Nacional trató de
balancear los poderes del Estado, quitándole al ejecutivo algunas atribuciones
y pasándoselas al legislativo. Sin embargo, hubo un rechazo por parte de la
Presidenta de la República, la que se negó, contra el propio mandato
constitucional, a firmar y a promulgar las reformas elaboradas, hecho que
75
obligó al Presidente de la Asamblea a promulgarlas. Este acontecimiento
originó un conflicto, ya antes vivido en la Nicaragua de 1854. Como entonces,
ahora el país se gobernó por dos constituciones: La de 1987, aceptada por el
ejecutivo, y la reformada en 1995, admitida por el legislativo.
El conflicto constitucional se resolvió por un acuerdo político, por la
llamada Ley Marco de interpretación de las reformas constitucionales. De ella
dice el profesor Esgueva que “no deja de ser una paradoja que un acuerdo
político, como era la ley marco, tuviera que ser quien desatara el nudo
gordiano surgido por una reforma constitucional, como si la constitución en sí
no pudiese abrirse camino y no debiera ser promulgada sin condicionantes
políticos”, por lo que consideró esta ley como “una aberración jurídica y un
atentado contra la propia constitucionalidad del país. Algo que nunca debería
repetirse, si realmente valoramos el estado de derecho”4. En realidad, esta ley
marco, como otros acuerdos políticos, que “regulen” y “enmarquen” las
reformas constitucionalmente llevadas a efecto, son una intromisión de los
poderes políticos en el campo exclusivo de la constitución. Este proceder es
una forma de “atar” o sujetar la ley, y da la impresión de querer utilizarla
como si ésta fuera una especie de plastilina moldeable a conveniencia del más
poderoso.
Ante semejantes situaciones, pareciera que la constitución no tiene un
verdadero rango absoluto de ley, pues, -en palabras de Bonifacio Miranda -
“se transforma en una norma tan flexible que una ley ordinaria puede
modificarla parcialmente”. Y esto es anticonstitucional.
76
Las reformas llevadas a efecto fueron numerosas y, como ya está
indicado, muchas atribuciones del poder ejecutivo pasaron al legislativo con la
finalidad de destruir ese carácter presidencialista absoluto que la constitución
daba al poder ejecutivo.
Para empezar se redujo el mandato de los diputados de 6 a 5 años
(artículo 136). También se le redujo el periodo presidencial de 6 a 5 años
(artículo 148), además de lo anterior para alcanzar la presidencia no basta
obtener la mayoría relativa de votos, pues se modificó el sistema a favor de un
mecanismo de doble vuelta.
Porque para ser electo Presidente en la primera vuelta se requiere
obtener al menos el 45% de los votos válidos. De no darse, se realiza una
segunda vuelta entre los que hubiesen obtenido el primero y segundo lugar
resultando electo quien obtenga el mayor número de votos (artículo 147).
Pero las más importantes modificaciones se dieron en el ámbito de las
atribuciones presidenciales y legislativas dirigidas a atenuar el intenso
presidencialismo consagrado en la Constitución de 1987, entre ellas tenemos
la disminución de las facultades electivas del Presidente al tener que competir
ahora con listas presentadas por los diputados de la Asamblea Nacional para
elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo
Supremo Electoral, al Contralor y Sub-Contralor General de la República
(artículo 138), siendo la Asamblea Nacional la que decide por votación
favorable del 60% de los Diputados. Al Presidente de la Corte Suprema de
Justicia ya no lo nombra el Presidente de la República de entre los
77
Magistrados elegidos por la Asamblea Nacional, sino que ellos mismos lo
eligen de entre su seno (artículo 163).
Se disminuye la potestad de veto del Presidente pues no puede oponer
éste a las reformas constitucionales, a las leyes constitucionales y a los
decretos de la Asamblea Nacional (artículo 141); se suprime la facultad de
dictar decretos ejecutivos con fuerza de ley en materia de carácter fiscal,
quedando limitada su potestad a la materia administrativa con normas de
rango reglamentario (artículo 150, numeral 4).
Se suprime la posibilidad de delegar las facultades legislativas al
Presidente de la República en períodos de receso de la Asamblea Nacional
(artículo 114).
En una de las menos afortunadas disposiciones de las reformas, se
limita intensamente la potestad reglamentaria del Presidente. Se opta por una
concepción muy rígida del principio de vinculación positiva a la Ley que se
traduce en que el ejercicio de la potestad se ejerce sólo cuando la ley
expresamente lo determina (artículo 141) en cuyo caso, la reglamentación
debe producirse en un plazo no mayor de 60 días (Artículo 150 numeral 9) y
que de no hacerlo será la propia Asamblea Nacional la que dicte el reglamento
correspondiente (arto. 141).
78
4.2. REFORMA A LEYES CONSTITUCIONALES
La Constitución será la primera categoría normativa, ella crea las otras
categorías normativas del sistema jurídico nicaragüense. En tal sentido, la
Constitución establece una categoría normativa denominada Leyes
Constitucionales (184 Constitución). Las Leyes constitucionales se ubican en
una posición de superioridad (pero no porque opere el principio de jerarquía,
sino por los principios de competencia y procedimiento) frente a otras
categorías normativas ordinaria.
Las Leyes constitucionales son:
1) Ley de Electoral vigente, Ley No. 331. La Gaceta Diario Oficial No. 16
de 24 de Enero de 2000. Esta Ley tiene algunos artículos declarados
inconstitucional, puede verse, la Sentencia No. 156 de 20 de Noviembre
de 2002. Sala de lo Constitucional.
2) Ley de Emergencia vigente, Ley No. 44. La Gaceta Diario Oficial No.
198 de 19 de Octubre de 1988.
3) Ley de Amparo vigente, Ley No. 49. La Gaceta Diario Oficial No. 241
de 20 de Diciembre de 1988. Esta Ley tiene una reforma: Ley No. 205.
Publicada en La Tribuna de 30-11-1995; Ley No. 643. Ley de Reformas
y Adiciones a la Ley No. 49, Ley de Amparo. La Gaceta Diario Oficial
No. 28 de 8 de Febrero de 2008. Asimismo, es una Ley que cuenta con
varios artículos declarados inconstitucionales, por ejemplo, Sentencia
No. 98 de 17 de Agosto de 2001; Sentencia No. 59 de 7 de Mayo de
2004.
79
En otro aspecto, conviene estudiar el procedimiento de reforma
constitucional (arto. 192, 194 y 195 Constitución) para establecer las notas
características de la Leyes constitucionales en nuestro sistema referidas el
ámbito formal. Es decir, cómo se tramitan las Leyes constitucionales.
El primer asunto se refiere a la iniciativa de reforma parcial. En nuestro
sistema constitucional corresponde al Presidente de la República o a un tercio
de los Diputados de la Asamblea Nacional (arto. 191 párrafo segundo
Constitución) , presentar la iniciativa de reforma parcial.
Los artículos 192-194 Constitución establecen la necesidad de presentar
los artículos que se pretenden reformar con expresión de motivos, una
comisión especial debe dictaminar en un plazo no mayor de sesenta días y
posteriormente el tratamiento que se le da es igual al trámite previsto para la
formación de la Ley (debe entenderse con excepción de las dos legislaturas
195 Constitución).
La aprobación es otro elemento que ubica a las Leyes constitucionales
en un plano distinto de la legislación ordinaria.
La aprobación requiere el voto favorable de mayoría calificada del
sesenta por ciento de los Diputados, es decir, 56 de un total de 92 Diputados.
Recordemos que la Ley ordinaria se aprueba con el voto favorable de la
mayoría absoluta de los Diputados presentes en la sesión (arto. 141 párrafo
segundo Constitución)
80
Por otro lado, el Presidente de la República está obligado a promulgar
las Leyes constitucionales y no puede ejercer el derecho al veto (art. 194
Constitución). Si el Presidente incumple este mandato es perfectamente
aplicable la regulación del 141 Constitución que le otorga competencia al
Presidente de la Asamblea Nacional para hacerlo. Así mismo, el articulo 141
Constitución establece que las Leyes constitucionales no requieren la sanción
del Presidente de la República.
En definitiva, estamos ante una categoría normativa que no requiere,
como en el caso de la legislación ordinaria, la intervención del Presidente de la
República dentro de la fase final del procedimiento legislativo ordinario.
.
81
4.3. RESUMEN DE LAS SIETE REFORMAS QUE HA TENIDO LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1987
1. Ley de Reforma Constitucional para las Elecciones del 25 de Febrero
de 1990, que reformó el Artículo 201, párrafo 1º de la Constitución Política.
Aprobada el 30 de Enero de 1990 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial
No. 46 del 6 de Marzo de 1990.
2. Ley No. 192, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la
República de Nicaragua, que reformó los siguientes 76 artículos: 1, 2, 4, 5, 26,
28, 33, 34, 42, 44, 51, 56, 68, 71, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 104, 105, 106,
107, 112, 113, 114, 121, 125, 130, 131, 132, 133, 135, 134, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155,
156, 159, 161, 162, 163, 164, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 181,
185, 191, 194, 201 y 202. Aprobada el 1 de Febrero de 1995 y publicada en La
Gaceta, Diario Oficial, No. 124 del 4 de Julio de 1995.
3. Ley No. 330, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la
República de Nicaragua, que reformó los siguientes 19 artículos: 10, 20, 130,
133, 134, 138, numeral 7), 9) y 29); 147, numeral 1) y 4); literal f) y se
suprime el literal g); 150, 152, numeral 1), se agrega el numeral 4) y se deroga
el literal c); 154, 156, se reforma el primer y tercer párrafo; numeral 1), se
agrega el numeral 7); 161, 162, 163, 164, numeral 5); 170, 171 numeral 1) y
4), se deroga el literal c); y 173, y se le agrega un segundo párrafo al numeral
4) y se reforma el numeral 12). Aprobada el 18 de Enero de 2000 y publicada
en La Gaceta, Diario Oficial No. 13 del 19 de Enero de 2000.
82
4. Ley No. 490, Ley que Reforma Parcialmente el Artículo 138, inciso
12 Constitucional, y le adiciona un segundo párrafo. Aprobada el 15 de Junio
de 2004 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 132 del 7 de Julio de
2004.
5. Ley No. 520, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la
República de Nicaragua, que reformó los siguientes 3 artículos: 138, numeral
4), 9), 30); 143 y 150, se reforma numeral 6) y se adiciona un segundo párrafo
al numeral 6). Aprobada el 13 de Enero de 2005 y publicada en La Gaceta,
Diario Oficial No. 35 del 18 de Febrero de 2005.
6. Ley No. 521, Ley de Reforma Parcial al Artículo 140 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua. Aprobada el 13 de Enero
de 2005 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 35 del 18 de Febrero de
2005.
7. Ley No. 527, Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política, que
reforma los Artículos 68 y 93, se adiciona al final del párrafo cuarto del
Artículo 68, un enunciado y se suprime del Artículo 93, segundo párrafo la
frase “la policía” y del párrafo tercero la frase “y policías”. Aprobada el 15 de
Marzo de 2005 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 68 del 8 de Abril
de 2005.
83
4.4. PROCESO DE REFORMA TOTAL O PARCIAL DE LA
CONSTITUCION Y LEYES CONSTITUCIONALES DE LA
CONSTITUCION DE 1974
Arto. 334.- La Constitución y Leyes Constitucionales podrán ser reformadas
parcial o totalmente.
Arto. 335.- La reforma parcial se sujetará a los trámites siguientes:
1) La iniciativa de reforma de uno o más Artículos deberá presentarse, con una
exposición de motivos, a la Cámara de Diputados en sesiones ordinarias,
respaldada con la firma de quince Diputados por los menos;
2) Leída por dos veces con intervalo de tres días, la Cámara resolverá, si se
toma o no en consideración la iniciativa de reforma;
3) En caso afirmativo, la Mesa Directiva la pasará a una Comisión Especial
integrada por siete representantes, tres de los cuales corresponderán al Partido
que obtuvo el segundo lugar en las últimas elecciones de Autoridades
Supremas. Esta Comisión deberá emitir dictamen dentro del término de ocho
días;
4) El dictamen y la iniciativa serán discutidos conjuntamente en dos debates,
siguiendo en un todo las reglas ordinarias;
5) Si la Cámara, al aprobar o rechazar el dictamen, acoge la iniciativa de
reforma, se pasará ésta a la Cámara del Senado, la cual seguirá para su
pronunciamiento, los mismos trámites ordenados para la Cámara de
Diputados;
6) Si la Cámara del Senado se pronuncia también a favor de la reforma,
invitará a la de Diputados para formar Congreso en Cámaras Unidas, pero si el
84
pronunciamiento del Senado fuere contra la iniciativa se tendrá por rechazada
y no podrá presentarse en la misma legislatura;
7) El Congreso en Cámaras Unidas nombrará una Comisión Especial de su
seno para que redacte el proyecto de ley de reforma dentro del término de
ocho días. La Comisión Redactora estará integrada por cinco Diputados y dos
Senadores, correspondiendo tres miembros de ella, al Partido que obtuvo el
segundo lugar en las últimas elecciones de Autoridades Supremas. El proyecto
de ley de reforma será discutido en dos debates y su aprobación requeriría
mayoría absoluta de votos de los concurrentes;
8) El proyecto así aprobado pasará al Poder Ejecutivo. El Presidente de la
República, a más tardar dentro de un mes de iniciada la próxima legislatura, lo
devolverá al Congreso con una exposición de motivos, aceptándolo,
rechazándolo o bien proponiendo reformas;
9) Si el proyecto fuere aceptado, el Congreso enviará los autógrafos al Poder
Ejecutivo para su publicación. Si el proyecto no fuere devuelto dentro del
término del ordinal anterior se tendrá por aprobado y se mandará publicar los
autógrafos en cualquier periódico de la capital. En caso de rechazo o de
reforma, el proyecto será nuevamente discutido en dos debates por el
Congreso en Cámaras Unidas, todo en sus primeras sesiones; y
10) Los autógrafos del proyecto, tal como fuere aprobado por la mayoría
absoluta de los concurrentes del Congreso en Cámaras Unidas, pasarán al
Poder Ejecutivo para su publicación.
Arto. 336.- La reforma total de la Constitución sólo podrá decretarse pasados
diez años de su vigencia, por una Asamblea Nacional Constituyente, después
que el Congreso declare que ha lugar a la reforma, siguiendo los trámites
85
establecidos en los ordinales del 1) al 6), inclusive, del artículo anterior.
Una vez formado el Congreso en Cámaras Unidas, éste nombrará una
Comisión Especial de su seno para que redacte el proyecto de ley decretando
que ha lugar a la reforma total y convocando al pueblo a elecciones de una
Asamblea Nacional Constituyente para que elabore la nueva Constitución.
Esta Comisión Redactora estará integrada por cinco Diputados y dos
Senadores, correspondiendo tres miembros de ella al Partido que hubiere
ocupado el segundo lugar en las últimas elecciones de Autoridades Supremas.
El Proyecto de Decreto será discutido en dos debates y su aprobación
requerirá mayoría absoluta de votos.
En el Decreto de Convocatoria se establecerán las bases conforme a las cuales
se realizarán las elecciones y la instalación de la Asamblea Nacional
Constituyente, la cual estará integrada por Diputados electos en el tiempo,
forma y número que establezca dicho Decreto, respetándose siempre el
principio de representación de minorías en la proporción establecida en el
mismo. Asimismo delegará en el Presidente de la República la facultad de
legislar con las limitaciones del Arto. 150, pudiendo hacer más amplia esta
delegación para ejercerla en el lapso que medie entre el receso del Congreso y
la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.
Arto. 337.- El Congreso Nacional queda en receso por el hecho mismo de
convocar a elecciones para Asamblea Nacional Constituyente y sólo podrá
reunirse si el Poder Ejecutivo lo convocare a sesiones extraordinarias, y en
este caso únicamente podrá tratar los asuntos que dicho Poder le someta.
86
CONCLUSIONES
. La Constitución Política de Nicaragua de 1974 fue el resultado de una
negociación entre el Partido Liberal Nacionalista y el Partido Conservador de
Nicaragua, cuyo contenido fue determinado en el Acuerdo suscrito entre estas
fuerzas políticas el 28 de marzo de 1971, que prácticamente era una
imposición, ya que el mismo Acuerdo determinaba que el pueblo de
Nicaragua, por el sólo hecho de participar en la elección de la Asamblea
Nacional Constituyente, ratificaba el contenido del Acuerdo político y de la
Constitución.
Es preciso indicar que en este Acuerdo político se acordó disolver el
Poder Legislativo y convocar a elecciones para elegir una Asamblea Nacional
Constituyente que redactara y aprobara una nueva Constitución.
El 20 de Julio de 1979, posterior al triunfo de la Revolución Popular
que derrocó al régimen somocista, la Junta de Gobierno de Reconstrucción
Nacional aprobó “El Estatuto Fundamental”, publicado en La Gaceta No. 1
del 22 de Agosto de 1979, que derogó la anterior Constitución Política de
1974, así como todas las Leyes Constitucionales derivadas de la misma.
El artículo 28 del Estatuto Fundamental establecía lo siguiente: “En
cuanto las condiciones de la reconstrucción nacional lo permitan, se realizarán
elecciones generales para la constitución de una Asamblea Nacional,
conforme convocatoria hecha por la Junta de Gobierno y de acuerdo con la
87
nueva Ley Electoral que se promulgará oportunamente”. La Junta de Gobierno
convocó a Elecciones Generales de Presidente, Vicepresidente, Diputados,
Alcaldes y Vicealcaldes, ante la Asamblea Nacional, las que se celebraron el 4
de Noviembre de 1984. El Estatuto General de la Asamblea Nacional, Ley No.
3 aprobada el 16 de Mayo de 1985, en su artículo 1 estableció lo siguiente:
“La Asamblea Nacional ejercerá la función legislativa del Estado y tendrá
como fin primordial elaborar y aprobar la Constitución Política del la
República, que deberá ser promulgada a más tardar dentro de los dos primeros
años de su funcionamiento”.
El debate del texto constitucional estuvo lleno de posiciones
coincidentes y contradictorias entre las diferentes fuerzas políticas
representadas en la Asamblea Nacional, lo que permitió enriquecer ese texto
histórico emanado de la voluntad popular, a pesar del contexto de guerra y
agresiones económicas y militares que se atravesaba.
Finalmente, el 18 de noviembre de 1986, la Asamblea Nacional aprobó
la Constitución Política que fue publicada posteriormente en La Gaceta No. 94
del 30 de Abril de 1987, siete años y nueve meses después del triunfo de la
Revolución Popular Sandinista.
El contexto político e histórico que determinó la aprobación de las
Constituciones de 1974 y 1987, permitió que ambos sistemas constitucionales
establecieran un sistema de gobierno republicano de tipo presidencial, en el
88
que el Presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo, ostentaba
cierta preeminencia frente a los demás poderes del Estado.
Así por ejemplo, la Constitución Política de 1974 establecía que los
Magistrados del Poder Judicial y del Poder Electoral eran nombrados por los
partidos políticos, y siempre tendría mayoría en estos poderes del Estado el
partido que hubiese ganado las últimas elecciones presidenciales, otorgándose
al partido del segundo lugar una representación en estas instituciones del
Estado, lo que hacía que el Presidente de la República, por el hecho de
pertenecer al Partido de Gobierno, ejerciera control e influencia en las
decisiones de estos órganos de Gobierno.
Es significativo el hecho de que el artículo 192 de la Constitución de
1974 determinaba que correspondía al Presidente de la República, con
relación al Poder Judicial, velar por la conducta oficial de los miembros del
Poder Judicial y solicitar a la Corte Suprema de Justicia que, si fuere
procedente, reprimiera conforme a la ley, los actos contrarios al correcto
ejercicio del cargo; o requerir al Ministerio Público, para que si hubiera
mérito, entablase la correspondiente acusación o reclamara las medidas
disciplinarias del Tribunal competente.
Además, el Presidente de la República ejercía, por mandato de la
Constitución, un control total y absoluto sobre las fuerzas armadas y demás
entidades del Estado.
89
La Constitución de 1987 le otorgaba igualmente una serie de
atribuciones y facultades al Poder Ejecutivo, cuyo ejercicio corresponde al
Presidente de la República, que lo colocaban, de hecho y de derecho, como un
Poder superior en relación a los otros poderes del Estado.
El Presidente de la República estaba facultado para emitir decretos con
fuerza de ley en materia tributaria, el poder Legislativo, al igual que en la
Constitución de 1974, durante el periodo de receso debía emitir un decreto
delegando las funciones legislativas en el Presidente de la República.
Solamente el Presidente de la República podía proponer a la Asamblea
Nacional los candidatos para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y
del Consejo Supremo Electoral y, además, designaba al Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de entre sus miembros.
Mientras la Constitución de 1974 no fue objeto de ninguna reforma
durante el tiempo que estuvo en vigencia, la Constitución de 1987 ha sido
reformada en varias oportunidades, para adaptarla a la realidad social,
económica, política e histórica del país.
Cabe destacar que desde la primera reforma de fondo que se realizó a la
Constitución de 1987, se ha venido evolucionando paulatinamente de un
sistema presidencial fuerte a un sistema de gobierno en el que la Asamblea
Nacional emerge como un poder superior frente a los demás Órganos de
90
gobierno, tal como lo manifestaron los diputados que promovieron la reforma
constitucional de 2005.
Entre las reformas aprobadas para disminuir o limitar las atribuciones
del Presidente de la República para establecer un balance de poder con el
Poder Legislativo destacan las reformas constitucionales de 1995 y 2005,
mediante las cuales se asignaron nuevas funciones y atribuciones a la
Asamblea Nacional en materia de creación, supresión o exención de tributos,
reforma presupuestaria, elección de funcionarios públicos, ratificación de
funcionarios nombrados por el Presidente de la República, la atribución de
interpelar a los Ministros y Viceministros de Estado y acordar su destitución,
entre otras.
Todas estas reformas han permitido establecer en Nicaragua un sistema
de gobierno semi parlamentario que se presenta como una novedad en la
historia constitucional de Nicaragua, todo lo cual hace concluir que en un
futuro se pudiera establecer un régimen parlamentario moderado con algunas
variantes que lo distingan del modelo europeo.
91
VI.- BIBLIOGRAFIA
a) Bibliografía doctrinaria
Centro de Derechos Constitucionales (CDC) (2007). Constitución Política de
la República. Managua, Impresiones Helio. SA
Esgueva, A. (2000). Las Constituciones Políticas y sus Reformas en la
Historia de Nicaragua. Managua, Editorial IHNCA. TOMO I
Esgueva Gómez, A. (2000), Las Constituciones Políticas y sus Reformas en
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Ley No. 490, Ley que Reforma Parcialmente la Constitución Política.
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República de Nicaragua, Aprobada el 13 de Enero de 2005 y publicada en La
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Ley No. 521, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la
República de Nicaragua. Aprobada el 13 de Enero de 2005 y publicada en La
Gaceta, Diario Oficial No. 35 del 18 de Febrero de 2005.
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15 de Marzo de 2005 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 68 del 8
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93
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ALVAREZ ARGUELLO, GABRIEL, Reformas constitucionales y evolución
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Wide Web: congreso.us.es/cidc/Ponencias/Gabriel Alvarez.PDF
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
