OLIMPIADAS Londres 2012, TVES, Monopolio y violación del Interés

Público

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Julio, 2012

Representantes de la expropiada señal de RCTV, renombrada TVES se han ufanado en asegurar, en tono amenazador, que solo TVES puede y/o podrá transmitir, retransmitir e incluso utilizar para fines informativos, fragmentos e imágenes de los juegos olímpicos Londres 2012, toda vez que cuenta con la exclusividad por parte del COI para Venezuela. Como asomaremos en adelante, la situación anterior violenta al interés público en dos ámbitos, primero en lo económico y/o concurrencial y segundo en lo referido a la requerida pluralidad o en el ámbito político. Resulta absolutamente contradictorio e incluso cínico que un Gobierno que suele reiterar su rechazo hacia el monopolio, no deje de buscar consolidar estas formaciones ineficientes en cuanto mercado o sector participa. En específico, en el sector media y particularmente en el caso que nos ocupa, en la televisión de señal abierta, el Estado venezolano por medio de TVES y el sistema de medios públicos perfecciona una situación de exclusividad y monopolio sobre

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Elaborado por Rafael González Economista. Master in Industrial Organization and Markets. Master in Competition and Market Regulation. Especiali-zación en Economía de los Sectores Telecomunicaciones, Energía, Transporte, Farmacia, Agua y Banca. Profesor universi-tario de Regulación Económica y Regulación de Competencia. Investigador del Observatorio Economico Legislativo de CEDICE

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un contenido de escasa, si no nula sustituibilidad. Los eventos deportivos como la UEFA Champions en Europa, la Eurocopa o los juegos olímpicos suelen ser contenidos de alto seguimiento por una numerosa audiencia. Si bien los derechos originales suelen ser vendidos a las empresas de transmisión de contenido –entre las que se encuentran la televisión de señal abierta- por parte de sus propietarios originales (la Union of European Football Associations, el COI, etc.); el Estado cuenta con el asidero, en resguardo del interés público, de diseñar mecanismos de acceso para garantizar concurrencia y pluralidad informativa y/o política. Resulta tan importante el resguardo del acceso y la competencia en materia económica, así como de la pluralidad en valor añadido a la transmisión del contenido y a las pautas publicitarias, que en la Comunidad Europea, así como en otros países desarrollados, se han creado subastas en bloques y sub-adjudicaciones para evitar el

monopolio mediático sobre el contenido que resulta, per se, un monopolio. Es así como se busca evitar que se perfeccionen monopólicos sucesivos, en el caso específico el perfeccionado por TVES al poseer la exclusividad para Venezuela de todos los derechos sobre las olimpíadas de Londres 2012. En Europa suele diseñarse bloques de subastas sobre derechos de transmisión en vivo de los eventos de mayor demanda, sobre los derechos de transmisión en vivo de los eventos de menor demanda, sobre los derechos de retransmisión, sobre los derechos de información y noticias, sobre los derechos para transmitir resúmenes informativos o de jornada, etc. De esta manera se democratiza el acceso al contenido que constituye un monopolio de origen, se abre a la competencia y se habilitan alternativas para los usuarios del sector media (especialmente para aquellos usuarios de la televisión de señal abierta). Aun cuando TVES constituye una televisora del Gobierno, sus dirigentes y representantes han declarado que poseen el

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monopolio de los derechos y que ningún otro intermediador de contenido, especialmente en el mercado de televisión de señal abierta, podrá utilizar contenido o información referido al evento olímpico. Lo anterior viola abiertamente la naturaleza pública de TVES y da cuenta de la enorme confusión de los funcionarios públicos sobre los objetivos públicos y el resguardo del interés público, resultando una absoluta aberración que se utilicen recursos públicos para quebrantar el interés público. Existiendo un mercado de usuarios cautivos -la audiencia de eventos como los juegos olímpicos-, la ostentación de un monopolio de transmisión por parte de TVES, lesiona la competencia -concurrencia- y la eficiencia económica de este mercado. La exclusividad no estaría permitiendo crear nuevos espacios y pautas publicitarias de alto valor, eliminando, asimismo,

cualquier posibilidad de competencia en este lado del mercado –el mercado de las pautas publicitarias-. Sin embargo, probablemente la peor de las violaciones del interés público se refiere a la transgresión de la pluralidad informativa y política, no solo a la forma como se transmite o comentan los juegos, sino al obsceno uso de un monopolio para incluir pautas de publicidad a favor de una parcialidad política, no solo en un año electoral, sino que no requiere de publicidad alguna por no constituir un proveedor alternativo de bienes o servicios, sino de un Gobierno en las postrimerías de sus incontables abusos y violaciones del interés público. En Venezuela ha sido una política de Estado violentar los principios de pluralidad externa y la pluralidad interna de los medios de intermediación de contenido, especialmente los de señal abierta –televisoras de señal abierta y radios-. Se ha violentado la pluralidad externa referida al resguardo de cierta atomización en la propiedad de las

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empresas que intermedian contenido, en este caso vía señal abierta. El gran monopolista explotador del espectro radiomagnético ha sido el Ejecutivo nacional, violentando el interés público, el bienestar social, el valor económico y social de la explotación de este recurso de dominio público por parte de operadores privados y el pluralismo. El caso de RCTV constituye una evidencia del poco apego al resguardo del interés público y al interés de los usuarios. Asimismo, se ha violentado el pluralismo interno referido a la variedad de contenido dentro de un mismo medio, no solo en el obsceno, monopólico y agresivo contenido transmitido por la red de medios públicos sino por la imposición ilimitada de cadenas gubernamentales. Pensar que en países donde el Gobierno efectivamente resguarda el interés público, el bienestar social y no la pretensión de ostentar el poder por siempre, se utiliza como benchmarketing de la participación de mercado de los intermediarios de contenido independientes y/o privados, la participación del Gobierno o el Estado en la actividad económica. La aplicación de una regla como la anterior dejaría muy mal parado al Gobierno de Chávez que ostenta el mayor número de operadores.