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PROCESOS CONSTITUCIONALESEl PeruanoMartes 24 de mayo de 2016
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Final Ley N° 30114) cuya constitucionalidad ha sido
establecidapor el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída
en elExpediente N° 0012-2014-PI/TC.-
IV.- DECISIÓN.
Por estas consideraciones: CONFIRMARON la
sentenciacontenida en la Resolución Número siete, de fecha
veintiuno demayo de dos mil quince, obrante de folios ciento
veintiuno a cientoveintiséis, que declara IMPROCEDENTE la demanda
interpuestapor HERNAN ALFONSO TUESTA ALVA contra la Comisión AdHoc
Ley N° 29625 sobre Acción de Cumplimiento; con lo demásque
contiene. Consentida o ejecutoriada que sea la presente,dispóngase
su publicación en el diario oficial “El Peruano”, y
losdevolvieron.
Srs.
CARRILLO MENDOZA
PISFIL CAPUÑAY
W-1380318-41
PROCESO DE CUMPLIMIENTO
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE
SALA VACACIONAL MIXTA
Sentencia Nº : 047
Expediente Nº : 3782-2013-0-1706-JR-CI-07Demandante : Antero
Acosta SantamaríaDemandado : Comisión Ad Hoc Creada por Ley N°
29625 (Ley Devolución Fonavi)Materia : Proceso de
CumplimientoPonente : Sr. Bravo Llaque
Resolución Número: Once
Chiclayo, veintiséis de febrero de dos mil dieciséis
VISTOS; y, CONSIDERANDO:
ASUNTO:
Debemos determinar si se revoca, confirma o anula laSentencia de
fecha veintisiete de octubre del dos mil quince,emitida por el
Sétimo Juzgado Especializado Civil de estaciudad, que declara
improcedente la Demanda Constitucionalde Cumplimiento interpuesta
por don Antero Acosta Santamaríacontra la Comisión Ad Hoc creada
por la Ley N° 29625.
Antecedentes:
Con fecha veintisiete de setiembre del dos mil trece, donAntero
Acosta Santamaría, interpone demanda de Procesode Cumplimiento,
contra la Comisión Ad Hoc creada por laLey N° 29625 (Ley de
devolución de dinero del Fonavi a lostrabajadores que contribuyeron
al mismo), solicitando que seordene a la demandada cumpla con lo
establecido en la citada ley,específicamente, los artículos 2°, 3°,
4° y 9°, así como lo señaladoen el art. 8° del D.S N° 006-2012-EF
(Reglamento de la Ley N°29625).
El Procurador Público a cargo de asuntos jurídicos delMinisterio
de Economía y Finanzas, Abogada Patricia del CarmenVelasco Sáenz se
apersona a la instancia contestando la demanda,aduciendo que la
presente demanda es manifiestamenteimprocedente de conformidad con
el art. 5° del Código ProcesalConstitucional, pues lo pretendido no
se refiere de maneradirecta al contenido constitucional de algún
derecho fundamentalafectado, sino que tiene por objeto que la
Comisión Ad Hoccumpla con el acto administrativo de emitir y
entregar su CERAD,
actuación administrativa que deberá ser objeto de impugnaciónen
el proceso contencioso administrativo regulado en el T.U.O dela Ley
N° 27584, agrega que su solicitud de demanda no reunirlos
requisitos mínimos de todo proceso de Cumplimiento segúnPrecedente
Vinculante sobre la materia; entre otros fundamentos.Así mismo
deduce excepción de incompetencia, de ambigüedaden la demanda y de
falta de legitimidad para obrar, las mismas quefueron declaradas
infundadas mediante Resolución Número Seis,de fecha veintitrés de
octubre del dos mil quince.
Mediante Sentencia de fecha veintisiete de octubre del dos
milquince, el Juez del sétimo Juzgado Civil, declara Improcedentela
demanda, interpuesta por Don Antero Acosta Santamaríacontra la
Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625, puestoque la demanda no
cumple con uno de los requisitos mínimos queestablece el Tribunal
Constitucional en el Expediente N° 168-2005(Precedente Vinculante),
de ser un mandato incondicional.
La sentencia es recurrida por Henry La Torre Torres,
enrepresentación de Antero Acosta Santamaría, solicitando quedicha
Sentencia sea revocada o anulada por el superior
jerárquico,aduciendo que la resolución materia de análisis vulnera
el DebidoProceso, puesto que el A-quo ha hecho un análisis con
notorioserrores de hecho y de derecho.
ANÁLISIS:
Objeto del presente proceso.
1. Debemos determinar si la Sentencia que declara
Improcedente la demanda interpuesta por don Antero
AcostaSantamaría contra la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625
-se debe Confirmar, Revocar o Anular.
Respecto al proceso de cumplim iento.
2. Históricamente, la institución que más se asemeja al
procesode cumplimiento es el Writh of Mandamus, remedio jurídico
quese interponía contra el abuso del poder estatal que se negaba
aejecutar o hacer algo de su competencia. En el ámbito
continental,la Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra
facultada paradictar mandatos contra cualquier autoridad o
funcionario estatal,siendo el antecedente latinoamericano más
cercano de estainstitución la Constitución Colombiana de 1991, la
cual refiere ensu artículo 87 que la acción de cumplimiento procede
para hacerefectivos una ley o un acto administrativo.
3. En nuestro país, esta realidad no es ajena, en ese
sentido,tal como lo prescribe el inciso seis del artículo
doscientos de
la Constitución Política del Estado, el proceso constitucionalde
cumplimiento - que forma parte del grupo de
procesosconstitucionales de la libertad - procede cuando una
autoridado funcionario es renuentes a acatar una norma legal o un
actoadministrativo.
4. En la práctica jurisprudencial, el Tribunal Constitucional
hafi jado los caracteres mínimos para que una pretensión sea
exigibleen la vía de cumplimiento1 y ha consolidado, a juicio
nuestro,que se considere el proceso de cumplimiento como un
procesoen rigor constitucional y no simplemente
constitucionalizado, encrítica de su verdadera eficacia en sede
constitucional.
5. La crítica sostiene que la finalidad del proceso
decumplimiento no es tutelar bienes constitucionales, sino
elacatamiento de obligaciones provenientes de normas legales oactos
administrativos2. Si es así, no sería un proceso
constitucional,sino “constitucionalizado”, pues no obstante estar
reconocidoen la Carta Magna, no comparte los fines de los
procesos
constitucionales. Sin embargo y como posición contraria,
ladoctrina en contrario sostiene que sí es un proceso
constitucional3,pues actúa sobre la base de derechos
constitucionales objetivos:primero, en la constitucionalidad de los
actos legislativos, ysegundo, en la legalidad de los actos
administrativos.
6. En propiedad, el proceso de cumplimiento buscaasegurar la
eficacia de las normas legales y los actosadministrativos,
convirtiendo el cumplimiento de normaslegales y actos
administrativos por parte de la autoridad en underecho fundamental
de los ciudadanos. Protege así un derechofundamental no
enumerado.
7. Finalmente, el proceso de cumplimiento satisface tantola
finalidad objetiva (supremacía constitucional) como lasubjetiva
(tutela de derechos fundamentales) de los
procesosconstitucionales4.
Análisis del caso concreto
8. A juicio nuestro, la no satisfacción de la exigencia de
nocondicionalidad respecto del mandato de cumplimiento en elcaso de
autos determina efectivamente la improcedencia de lademanda.
9. En efecto, la resolución referida declara improcedente
lademanda, pues señala que el actor no reúne aún los requisitospara
ser considerado Fonavista Beneficiario, dado que lainscripción en
el Padrón de la Asociación Nacional de Fonavistasde los Pueblos del
Perú - ANFPP, es solo un medio para facilitarla elaboración del
Padrón Nacional de Fonavistas, no siendoequiparable a este
último.
10. En consecuencia, es evidente que estar inscrito en elPadrón
de la ANFPP no le otorga al actor la calidad de
FonavistaBeneficiario, situación jurídica subjetiva que habilita a
exigir quese cumpla con lo establecido por el artículo 3° de la Ley
29625.
11. Por tanto, no es posible amparar este petitorio
medianteProceso de Cumplimiento, toda vez que para solicitar la
emisión
del Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y
Derechos(CERAD) y en consecuencia ser beneficiaria de acuerdo a la
LeyN° 29625, no solo es necesario haber contribuido al FONAVI,
sinotambién, estar inscrito en el Padrón Nacional de Fonavistas5; y
enel caso de autos, el autor se encuentra inscrita en otro padrón
(Dela Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú
-ANFPP), no considerando que este último es solo para facilitar
laelaboración del primero6, no siendo equiparables - por esa
razón,el cumplimiento de esta norma legal en Proceso de
Cumplimientoresulta inexigible, al existir tal condición7.
12. Mediante resolución número cuatro, del dieciocho demarzo del
dos mil catorce, se resuelve conceder apelación sinefecto
suspensivo y con la calidad de diferida contra la resoluciónnúmero
tres, formulado por la parte demandante en el extremo quese tiene
como demandante a la Procuradora Pública del Ministeriode Economía
y Finanzas, y señala que conforme al Reglamentode la Ley N° 29625,
se indica que en ningún momento se otorgafacultades de
representación legal al Ministerio de Economíay Finanzas - MEF, y
ello no faculta al MEF para que asuma larepresentación legal de la
Comisión ante el Poder Judicial, por loque solicita se revoque la
resolución en el extremo impugnado; sinembargo debemos indicar que
mediante Ley 26969 se transfirió
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PROCESOS CONSTITUCIONALES56732 El PeruanoMartes 24 de mayo de
2016la Liquidación de la UTE FONAVI al Ministerio de Economía
yFinanzas, y habiendo sido creada incluso la Comisión AD HOCpor Ley
N° 29625, con su Reglamento contenido en el DecretoSupremo N°
006-2012-EF, Comisión vinculada al Ministerio deEconomía y
Finanzas, corresponde entonces su defensa en juicio
a la Procuraduría de dicho portafolio, por lo que lo expuesto
enla resolución apelada se encuentra arreglado a ley,
debiendoconfirmarse dicho extremo
DECISIÓN:
Por estos fundamentos, la Sala Vacacional Mixta deLambayeque,
con la autoridad que le confiere la ConstituciónPolítica del Perú,
CONFIRMA la sentencia (resolución númerosiete) de fecha veintisiete
de octubre del dos mil quince(folio ciento veintisiete a ciento
treinta y dos) que declaraimprocedente la demanda interpuesta por
don Antero AcostaSantamaría contra la Comisión Ad Hoc creada por la
LeyN° 29625 sobre Proceso de Cumplimiento; asimismo, seCONFIRMA el
extremo de la resolución número tres que fueimpugnado por el
demandante; consentida o ejecutoriadala presente, devuélvase al
juzgado de origen. Avocándose aconocimiento del presente proceso la
Sala Vacacional Mixta
integrada por los señores Huangal Naveda, Figueroa Gutarra
yBravo Llaque. Notifíquese.
Sres.
HUANGAL NAVEDA
FIGUEROA GUTARRA
BRAVO LLAQUE
1 STC 168-2005-PC/TC caso Villanueva Valverde 14. Para que
el cumplimiento de la norma legal o la ejecución de un acto
administrativo sean exigibles a través del proceso de
cumplimiento, ademásde la renuencia del funcionario o autoridad
pública, el mandato contenido enaquellos deberá contar con los
siguientes requisitos mínimos comunes:
a) ser un mandato vigente; b) ser un mandato cierto y claro, c)
no estar suje-to a controversia compleja ni a interpretaciones
dispares, d) ser de ineludibley obligatorio cumplimiento, e) ser
incondicional, y f) reconocer un derechoincuestionable del
reclamante.(…)
2 GACETA JURIDICA. Proceso de cumplimiento. Editorial El Búho,
Lima,2008. p. 11
3 LANDA ARROYO, César. Teoría del Derecho Procesal
Constitucional. Pa-lestra, Lima, 2004. p. 141.
4 GACETA JURIDICA. Proceso de cumplimiento. Editorial El Búho,
Lima,2008. p. 14
5 Artículo 4° del D.S N°006-2012 - Reglamento de la Ley N°29625:
La ca-lidad de Fonavista Beneficiario es ostentada por aquella
persona naturalque reúne los siguientes caracteres: 1.- Ha
contribuido al FONAVI; 2.- Se
encuentra inscrito en el padrón Nacional de Fonavistas; 3.-
Califica comobeneficiario de la ley de conformidad con los
requisitos y procedimientosestablecidos en el reglamento.
6 Artículo 19 del D.S N°006-2012 - Reglamento de la Ley N°29625:
A la entra-da en vigencia del Reglamento, la Comisión recibirá el
Padrón de la ANFPP,que dio base a la iniciativa legislativa para
facilitar el inicio de la identifi-cación y elaboración del Padrón
Nacional de Fonavistas Beneficiarios, elmismo que será derivado a
la Secretaria Técnica para los fines establecidosen la Ley.
7 STC 168-2005-PC/TC caso Villanueva Valverde: “14. Para que el
cum-plimiento de la norma legal o la ejecución de un acto
administrativo seanexigibles a través del proceso de cumplimiento,
además de la renuencia delfuncionario o autoridad pública, el
mandato contenido en aquellos deberácontar con los siguientes
requisitos mínimos comunes: […] e) ser incondi-cional.
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PROCESO DE AMPARO
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE
PRIMERA SALA ESPECIALIZADA CIVIL
Sentencia N° 63
Resolución número : veintiochoExpediente N° :
02105-2013-0-1706-JR-CI-04.Demandante : Pérez Nieto, Bina
Luzmila.Demandado : Ministerio de Educación y otrosMateria : Acción
de AmparoJuez Superior Ponente : señor Lara Contreras
Chiclayo, veintisiete de enero de dos mil dieciséis.VISTOS; en
discordia; con el voto escrito dejado por el señor
Lara Contreras, quien se encuentra de licencia, cuya
copiacertificada se anexa y forma parte de la presente
resolución
acorde a lo estipulado por el artículo 149 de la Ley Orgánica
delPoder Judicial; y CONSIDERANDO: -
PRIMERO.- Que, el recurso de apelación conforme al
artículo364° del Código Procesal Civil tiene por objeto que el
órgano
jurisdiccional examine, a solicitud de parte o de tercero
legitimado,la resolución que le produzca agravio, con el propósito
de que seaanulada o revocada, total o parcialmente. -
SEGUNDO.- Que, es materia de grado la resolución
númerodiecinueve de fecha veinte de abril de dos mil quince, de
foliosdoscientos treinta y dos a doscientos cuarenta y uno, que
declaróinfundada la demanda de amparo interpuesta por Bina
LuzmilaPérez Nieto contra el Ministerio de Educación y la
GerenciaRegional de Educación de Lambayeque.-
TERCERO.- Que, resulta indispensable señalar que
losagravios denunciados en el recurso de apelación fi ja la
pretensiónde la sala en revisión, pues la idea de perjuicio ha de
entendersecomo base objetiva del recurso, por ende, los alcances de
laimpugnación de la resolución recurrida, determina los poderesdel
órgano superior para resolver en forma congruente la materiaobjeto
de recurso, lo cual históricamente se encuentra contenidoen el
aforismo “Tantum apelatum quantum devolutum”. -
CUARTO.- Que, en el presente caso, la directiva que
regulaba
el concurso para directores para el año dos mil trece, no solo
fuedejada sin efecto sino que, el Tribunal Constitucional en la
STCN° 00987-PA/TC, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”el
veintinueve de agosto de dos mil catorce, establecido en
sufundamento cuarenta y nueve, con carácter de
precedentevinculante, que se expedirá sentencia interlocutoria
denegatoria,dictada sin más trámite, cuando concurran algunos de
lossiguientes supuestos: a) carezca de fundamentación la
supuestavulneración que se invoca; b) la cuestión de derecho
contenidaen el recurso no sea de especial trascendencia
constitucional;c) la cuestión de derecho invocada contradiga un
precedentedel Tribunal Constitucional; y, d) se haya decidido de
maneradesestimatoria en casos sustancialmente iguales. -
QUINTO.- Que, asimismo, el Tribunal Constitucional ya haemitido
pronunciamientos aplicando el citado precedente [comoes el caso del
Expediente N° 00776-2015-PA/TC], concluyendoque estas pretensiones
no corresponde ser resueltas en vía
constitucional, pues pueden ser resueltas en una vía
procesaligualmente satisfactoria, en tanto que se encuentra
plenamenteacreditado que el demandante pertenece al régimen
laboralpúblico. -
SEXTO.- Que, además debe precisarse que las causalespara
la denegatoria del recurso de agravio constitucional, tambiénson
aplicables para los jueces constitucionales al momentode
pronunciarse sobre las pretensiones interpuestas por
los justiciables, siendo que, en el presente caso, como ha
quedadoestablecido, según lo anteriormente expuesto, la
cuestiónsometida a debate no es de especial trascendencia
constitucional,siendo por ello de aplicación el numeral dos del
artículo 5° delCódigo Procesal Constitucional. -
Por tales fundamentos: REVOCARON la resolución númerodiecinueve,
de folios doscientos treintidós a doscientos cuarentiuno,de fecha
veinte de abril de dos mil quince, que declara Infundadala demanda;
reformándola declararon IMPROCEDENTE la
demanda de amparo interpuesta por Bina Luzmila Pérez Nietocontra
el Ministerio de Educación y la Gerencia Regional deEducación de
Lambayeque; y los devolvieron.
Srs.
CARRILLO MENDOZA
TERÁN ARRUNÁTEGUI
EL VOTO SINGULAR del señor Terán Arrunátegui es comosigue a
continuación:
El suscrito comparte la posición asumida por la ponenciarespecta
que debe revocarse la sentencia que declara infundadala demanda, y
reformándola, se declare improcedente la misma,sin embargo,
considera necesario añadir algunas consideraciones
de acuerdo a la posición que he venido asumiendo sobre el temaen
otros procesos similares: -
PRIMERO: Anteriormente, tratándose de demandas deamparo
presentadas por directores y sub directores nombrados
eninstituciones educativas públicas contra la Resolución
MinisterialN° 0262-2013-ED que aprueba la Directiva N°
018-2013-MINEDU/VMGP-DIGEDD, el suscrito ha sido de la opinión por
amparardichas demandas, debido a que el artículo 33 de la Ley
29944establece que el profesor puede acceder a otros cargos de
lasáreas de desempeño laboral por concurso y por un período detres
años, y al término del período de gestión es evaluado
paradeterminar su continuidad en el cargo o su retorno al cargo
docente;luego, el artículo 38 establece que el desempeño del
profesor enel cargo es evaluado al término del período de su
gestión. Laaprobación de esta evaluación determina su continuidad
en elcargo y la desaprobación, su retorno al cargo docente,
agregandoque el profesor que no se presenta a la evaluación de
desempeñoen el cargo sin causa justificada retorna al cargo
docente.-
SEGUNDO: En el mismo sentido, el artículo 62 del
Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED, regula
laevaluación de desempeño en el cargo, la misma que tiene como
