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34, 47, 62, 157, 158, 159 BIS, 159 BIS 3, 159 BIS 4, 159 ...sil. · PDF file ambiental, conforme la siguiente: ... De tal forma que los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización

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    De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre a nombre propio y de las senadoras Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra del Carmen León Gastélum, Cora Cecilia Pinedo Alonso y los senadores Miguel Ángel Lucero alonso y Joel Padilla Peña, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1,164, numeral 1, y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3o, 5o, 7o, 8o, 15o, 20 BIS, 31, 34, 47, 62, 157, 158, 159 BIS, 159 BIS 3, 159 BIS 4, 159 BIS 5; se adicionan nuevos artículos 159 BIS 7, 159 BIS 8, 159 BIS 9, 159 BIS 10 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para establecer la protección de Defensores de los Derechos Humanos en asuntos ambientales y fortalece la participación ciudadana y acceso a la información en materia ambiental, conforme la siguiente:

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

    El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma más importante que se ha hecho a la Constitución que nos rige desde 1917. La reforma Constitucional realizada en el año 2011 implicó la modificación de 11 artículos de nuestra Carga Magna, a través de los cuales se fortalece el sistema de reconocimiento y protección de los derechos humanos en México y que impacta la vida cotidiana de todas las personas en nuestro país.

    Los Artículos que la Reforma modificó fueron el 1º, 3º, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 apartado B y 105. Con esta reforma se impuso al Estado Mexicano la obligación de conocer, aplicar y observar el marco jurídico internacional de protección de los derechos humanos. Todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De esta forma la persona se encuentra en el centro de la vida pública gracias a esta reforma constitucional.

    El derecho a un medio ambiente Sano en México

    El derecho a disfrutar de un medio ambiente sano se relaciona con la responsabilidad de proteger nuestros recursos naturales. Se instituyó en el texto del

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    artículo 4 constitucional en 1999, estableciendo que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”.

    En el artículo 3, fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se define al ambiente como: “el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados.

    La instancia encargada de garantizar el derecho fundamental de gozar de un medio ambiente sano en el ámbito del Gobierno Federal es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la cual se encarga de la promoción de estrategias enfocadas al acceso, uso y manejo sustentable de los recursos naturales, que reduzcan el deterioro ambiental y los efectos del cambio climático.

    Además, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en su ámbito de competencia, impulsar acciones que contribuyan a garantizar ese derecho fundamental para sus habitantes.

    Formular, conducir y evaluar la política ambiental estatal y municipal, desempeñando sus facultades constitucionales con un enfoque de sustentabilidad en la prestación de los servicios públicos y otras materias que les corresponden; y generando una cultura de conciencia, responsabilidad y solidaridad en la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.

    El derecho a la participación social en México

    El Principio 10 de la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida como Declaración de Río 1992, señala que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todas y todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.

    De tal forma que los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Así como proporcionar acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.

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    En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Participación Social en las decisiones públicas se manifiesta en diversos artículos, por ejemplo, la participación política se desarrolla a través del artículo 41 de nuestra constitución.

    En el caso de las decisiones asociadas al desarrollo económico de nuestro país, la constitución desarrolla un capítulo económico en los artículos 25, 26, 27 y28, que configuran el régimen económico de nuestro país; junto con otros principios contenidos en los artículos 3, 5, 31, 73, 74, 89, 115, 117, 118, 123 y 131.

    Ahora bien, el artículo 25 de la Constitución establece el concepto de rectoría económica del Estado como sinónimo de gobierno de conducción que respete los derechos individuales y sociales que la Constitución consagra; establece también, importantes principios y reglas respecto al sistema de economía mixta que postula la Constitución. Ya que para el desarrollo económico concurren con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado.

    Mientras que el artículo 26 constitucional señala que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

    Especificando que los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación, así como las características que deberá tener la planeación, la cual deberá ser democrática y deliberativa. Y señalando que los mecanismos de participación que establezca la ley recogerán las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

    Asimismo, señala que la ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. De esta forma, la Constitución establece el rol del Estado como ente garante de la participación social pública de los distintos actores de la sociedad.

    El derecho de acceso a la información en México

    El artículo 6º de nuestra Constitución establece los principios y bases que rigen el derecho de acceso a la información pública, señalando que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público. Asimismo, establece como una guía

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    fundamental en la interpretación de este derecho, el que deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; pero protegiendo la información que se refiere a la vida privada y los datos personales como parte del derecho a la intimida de todas las personas, en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

    Es muy importante que nuestra constitución garantiza el acceso a la información para toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, señalando que se tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos.

    Con base en este artículo 6° Constitucional se establecieron en nuestro país los mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, para garantizar que todas las personas puedan consultar la información pública.

    Asimismo, se establecieron los órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y decisión en el ámbito federal y estatal. Y e establecieron los requerimientos para que los sujetos obligados preserven sus documentos en archivos administrativos actualizados y las obligaciones para la publicación, a través de los medios electrónicos disponibles, de información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

    La ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es la es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información. Misma que tiene por obje