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B o l e t í n s o b r e P o l í t i c a s M i g r a t o r i a s y D e r e c h o s H u m a n o s

Junio/2009

CONSEJO CONSULTIVO / MTML Waldo Albarrín SánchezEx Defensor del PuebloLa Paz, Bolivia

Francisco Carrión Mena Ex Canciller de la República y ex Embajador en España Quito, Ecuador

Galo Chiriboga ZambranoEx Ministro de Trabajo y EmpleoSecretario General Continental de la Asociación Americana de JuristasQuito, Ecuador

Nelsa CurbeloDirectora de la Corporación SER PAZGuayaquil, Ecuador

Clementina González EspinozaAcadémica, economista y demógrafaCuenca, Ecuador

Francisco Obrador MoratinosDirigente de la Unión General de Trabajadores de España, UGTIslas Baleares, España

Jorge Rojas RodríguezPresidente de Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHESBogotá, Colombia

Ricardo Soberón GarridoAbogado, consultor en seguridad, drogas y AmazoníaLima, Perú

Andrés VázquezConsultor en Derechos Humanos y ex funcionario del Secretariado Internacional de Amnesty InternationalAsunción, Paraguay

Pablo A. de la Vega M.Secretario Técnico Ad-Hoc de la MTMLCoordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

Editorial1 Editorial2 Desde Adentro3 Políticas4 Reflexión5 Gobiernos Locales6 A fondo8 Análisis9 Coyuntura10 Noticias11 Desde Afuera12 Agenda/Recursos/Avance

as fronteras no son sino miedos imaginarios a lo diferente. Materializamos los miedos, a través de muros y cercas de alambre electrificadas para soslayar nuestros

prejuicios. De esta manera vulneramos los derechos, que tan afanosamente exigimos para nosotros, conculcando los que asisten a los otros, a sabiendas de que son los mismos.

Entre Tierras se ha propuesto en esta ocasión abordar temas tan sensibles como los derechos de las y los refugiados y sus familias; la movilidad y el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas, las políticas nacionales de protección especial a favor de la niñez y familia refugiada, y las reformas legislativas en temas de protección internacional en el Ecuador, entre otros.

A pesar de ser Ecuador un país con altos niveles de pobreza y desigualdad social, se ha convertido en el país latinoamericano con más alto porcentaje de refugiados, de los cuales más del 90% son ciudadanos colombianos.

Los refugiados colombianos tienen que enfrentar situaciones complejas generadas por la incomprensión generalizada en nuestro ámbito de las causas del conflicto social, político y armado en Colombia. Decenas o, quizás, centenas de refugiados están engrosando las cifras de los pobres en las zonas urbanas del país y no sólo en la frontera norte, donde en condiciones de privación, sin los servicios básicos de salubridad y sanidad, comparten vivienda y gastos, generándose con regularidad espacios de violencia sobre todo con los más vulnerables, es decir, mujeres y niños.

Les resulta difícil el acceso al trabajo y la vivienda debido a la gran resistencia a emplear o acoger a colombianas o colombianos por el estigma que les acompaña. Y todavía se complica más la situación si vienen acompañados de niños, niñas o adolescentes. Tampoco les resulta fácil la integración a un nuevo país, a una nueva cultura pues deben, primero,

reconstruir su propia identidad, para integrar un nuevo tejido social.

Otra problemática con que se enfrentan es el de la inserción escolar. Todavía no hemos creado los espacios ni las condiciones para evaluar el nivel de educación ni el equilibrio de formación de niños, niñas y adolescentes colombianos como para que se inserten dentro del sistema educativo ecuatoriano. Para ello, es necesario adaptar los planes y programas de estudio a la realidad socioeconómica y cultural de la comunidad, a fin de que los contenidos respondan a las necesidades de los educandos, contribuyan a su desarrollo psicosocial e integren a padres de familia o tutores y a la comunidad, promoviendo su participación en la tarea educativa.

La práctica de los valores guarda relación con los diversos cambios del contexto mundial: la globalización del mercado, el vertiginoso desarrollo de la tecnología y formas de comunicación, entre otros cambios, son aspectos que generan nuevas formas de ver, sentir, pensar y valorar la realidad. De ahí que se hace imprescindible una atención especial a las familias, niños, niñas y adolescentes refugiados. Es en el seno de la familia donde se viven tanto los dramas como los valores.

El tema del refugio es una responsabilidad compartida por gobiernos y sociedad civil. Es indudable que las zonas fronterizas tienen la imperiosa necesidad de recibir y acoger a las personas que huyen de la persecución o la violencia, de ahí que las ciudades solidarias o de acogida se ven, muchas veces, desbordadas por falta de infraestructura y de políticas públicas acordes con la realidad que se presenta.

No queda otro camino que globalizar la esperanza operativa que consiste en generar las condiciones para que los sueños de la gente se hagan realidad. Valoremos, por cierto, las buenas prácticas, que si las hay, afortunadamente, en nuestro país.

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no de los grupos poblacionales más afectados por el conflicto colombiano, es el de los pueblos indígenas. Las fumigaciones, la industria paramilitar, la

militarización regular y la violencia generalizada han dejado como resultado una cantidad indefinida de fallecidos y miles de desplazados.

Varios de estos pueblos indígenas colombianos son binacionales y en varias ocasiones utilizan sus relaciones de parentesco como un mecanismo para resistir al conflicto. En el caso colombo-ecuatoriano, los pueblos binacionales son los Sionas, Cofanes, Kichwas, Épera, Awá y Pastos.

Desde la implementación del Plan Colombia en el año 2000, la crisis humanitaria del vecino país, se evidenció en el Ecuador. El número de refugiados y personas en situación de refugio se incrementó dramáticamente, y pese a la gran cantidad de esfuerzos que se han juntado para ayudar a estas personas, todavía no se cuenta con suficiente información sobre las características de esta población, lo que no ha permitido evidenciar tampoco las particularidades que sufren ciertos sectores, como los indígenas, entre éstos el caso Awá.

El pueblo Awá está asentado en el departamento de Nariño y en una parte del Putumayo (Colombia). En Ecuador están distribuidos en tres provincias: Esmeraldas, Carchi e Imbabura. Se organizan en cuatro federaciones distintas: CAMAWARI, UNIPA, ASIPAP (Colombia) y FCAE (Ecuador). La continuidad de los territorios

indígenas entre Ecuador y Colombia es uno de los factores que permite mantener la continuidad y la movilidad entre las dos poblaciones.

CAMAWARI ha manifestado que sólo entre los años 2006 al 2008 se han desplazado alrededor de 120 familias (430 personas). Muchos de estos indígenas se han movilizado hacia otros lugares en el mismo país, mientras que otros se han desplazado hacia el Ecuador. Uno de los asentamientos semirurales en donde se han asentado los indígenas Awá, es en Lita (provincia de Imbabura).

En Lita viven una gran cantidad de familias Awá, quienes se han unido con los indígenas Pastos con la finalidad de formar una sola organización que pueda respaldar a los dos grupos; este proceso ha contado con el apoyo del ACNUR y de la Pastoral Migratoria de Ibarra. Los dirigentes de la organización afirman que en Lita habría más de 150 familias indígenas.

Las razones por las cuales los indígenas Awá no se habrían desplazado hacia el territorio de sus pares ecuatorianos son varias. En primer lugar, podemos señalar que el imaginario de rechazo que existe hacia la población colombiana (basado en una percepción de violencia naturalizada), se ha extendido hacia los pueblos indígenas; esto se evidencia también en otras nacionalidades como la de los Siona, quienes rechazan a sus familiares colombianos discriminándolos por su supuesta vinculación a grupos irregulares.

Por otro lado, está el hecho de que la imposición de una frontera estatal dentro del territorio Awá, ha provocado un distanciamiento en la población, a pesar de las relaciones de parentesco que puedan existir entre ellos; para afrontar este problema los Awá han propuesto la unificación de su población y territorio bajo el nombre del “Gran Pueblo Awá”.

Finalmente, hay que señalar que la movilidad constante que caracteriza a este grupo indígena, hace que los desplazamientos en ocasiones sean temporales. Todos estos factores han provocado que los indígenas se hayan visto obligados a buscar un asentamiento permanente en medios geográficos que son ajenos a su realidad. La adaptación a un entorno distinto al natural, provoca un proceso de aculturación, que contribuye al etnocidio de los pueblos colombianos.

Los grupos indígenas en situación de refugio son vulnerables a la violación de los derechos establecidos por el convenio 169 de la OIT, como el artículo 4 que manifiesta que “Deberán adoptarse medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados”. Por lo cual, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a las entidades gubernamentales competentes a observar las particularidades y los desafíos que plantea el refugio en los pueblos indígenas binacionales.

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del pueblo awáMovilidad y desplazamiento

Laura González C. Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)

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Conoce usted cuál es la realidad de la inserción educativa de niños, niñas y adolescentes refugiados en el Ecuador?, ¿existe algún tipo de

evaluación?Asumiendo con mucha responsabilidad el problema de los refugiados y refugiadas en el Ecuador, el Ministerio ha venido manejando una serie de cifras y datos proporcionados por diferentes instancias especializadas tanto en las provincias como en las dependencias ministeriales, en especial a través de la Dirección Nacional de Educación Regular y Especial. No hay una evaluación específica pero sí hay una aproximación al respecto que ha obligado al Ministerio de Educación a asumir algunas acciones para seguir enfrentando la problemática y poder dar respuestas precisas a lo que plantea el Acuerdo Ministerial N° 337 que sustituye al 455. A través de la educación básica, por ejemplo, se está manejando un proyecto educativo en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, que intenta hacer una integración educativa de las escuelas de la frontera norte; en este proyecto participan coordinadores de educación básica, supervisores nacionales, provinciales, directivos, docentes y directores de las escuelas seleccionadas, con el espíritu de integrar a la vida social a niños, niñas y adolescentes desplazados y refugiados a través de un ambiente de calidez, en el contexto de una educación psico-afectiva con solidaridad y sin discrimen.

Lo que tratamos es que los niños, niñas y adolescentes que provienen de la frontera norte sean acogidos con la misma calidad que las niñas y niños ecuatorianos, pero tratando de revisar temáticas que integren a ambos países, como las especificidades de la cultura ecuatoriana y colombiana y los aspectos comunes que unen a nuestros países. Con ello se intenta que el sistema educativo ecuatoriano responda a los intereses y necesidades de las niñas y niños refugiados.

¿Cuál era o es la realidad del Ecuador en

cuanto a la inserción educativa de NNA refugiados, que motivó la elaboración del Acuerdo N° 337?Como ya se indicó, no existen datos específicos que motivaran la elaboración de este acuerdo, únicamente la necesidad de velar por el respeto a los derechos humanos y lo señalado en la Constitución de la República en materia de refugio. Además, este tema tan sensible, sobre todo por la situación en la que los refugiados llegan al Ecuador, las condiciones en las que se desplazan y los lugares en los que tienen que albergarse, obliga a que el Gobierno, y en este caso el Ministerio de Educación, establezca las medidas necesarias para dar un tratamiento humanizado a los hermanos que llegan en busca de mejores condiciones a nuestro país. ¿Cuáles son los avances del Acuerdo 337 con respecto al 455?Que todos los niños, niñas y adolescentes en calidad de refugiados tienen acceso a la educación sin mayores trabas burocráticas; ya no se necesita visa para acceder a un centro educativo, ni la constancia del nivel de escolaridad o la libreta de notas, en definitiva, no se necesita conocer su pasado. Únicamente se establece la obligatoriedad de dar una prueba de ubicación a fin de identificar apropiadamente el nivel que le corresponde al niño, niña o adolescente. El acuerdo 337 tiene una serie de canales que facilitan el acceso a la educación de los y las refugiadas, posibilitando la elaboración de un plan de desarrollo de manera equitativa y que el Ecuador dé un paso adelante en materia de inserción educativa a nivel mundial.

¿Desde cuándo se está aplicando el acuerdo 337 y cuáles son las medidas inmediatas que se han adoptado para ello?Se podría decir que lleva ejecutándose, aproximadamente, dos años mediante el Plan Nacional que apunta a mejorar las condiciones educativas, a ampliar espacios de acuerdo al Plan Decenal de Educación y a mejorar ciertas infraestructuras; de igual manera se está

trabajando en el Plan Binacional en la frontera sur. Otro avance es el Programa de Intervención Territorial e Integral (PITI), para San Lorenzo, a través del cual se trata de trabajar de manera integral en la construcción y adecuación de centros educativos, en poner en marcha la implementación de un nuevo modelo de gestión educativa, invertir en la compra de uniformes para los niños y niñas de frontera, poner en funcionamiento las escuelas del milenio, entre otras. Este es un ejemplo de la implementación del Acuerdo 337, pero este trabajo se debe realizar en todas las provincias de frontera.

Además, el Plan se lo llevó a cabo con la participación de varios sectores, entre ellos representantes de la sociedad civil, en un taller a nivel nacional, con lo cual, en las disposiciones para el año lectivo venidero, se pone énfasis en una serie de acuerdos no sólo referente al tema de los refugiados/as, sino con respecto al tema de trata, al de la educación normal de adolescentes embarazadas, al de la educación indígena, al de las personas con capacidades especiales y su inserción educativa. Todo esto es parte de una política de inclusión educativa.

¿Cree que existen debilidades dentro del Acuerdo 337?En este Acuerdo se ha tratado de enfocar todos los detalles que faciliten la inserción de los refugiados, pero se ha puesto énfasis en el libre acceso a la educación, los exámenes de ubicación, la posibilidad de obtener un título a través de la Ley Orgánica de Educación. Las debilidades que hemos detectado hasta ahora están más relacionadas con la infraestructura educativa, el currículo académico (por la realidad que existe en frontera, deberían haber temática específicas), la asignación de recursos, la falta de materiales, el cumplimento de algunas políticas de parte del Gobierno, la alimentación, los programas de salud, vías comunicación, que no son competencias directas del Ministerio de Educación. Sin embargo, el Acuerdo 337 tiene grandes avances en el tema.

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las y los NNA refugiadosLa inserción educativa de

Entrevista al Dr. Uberto Cortéz Director Nacional de Educación (e)

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y la niñez refugiada en el EcuadorIniciativas de inserción para las familias

María Rosa CajasFundación Ambiente y Sociedad (FAS)

l deterioro del conflicto armado del vecino país de Colombia, ha provocado una de las peores crisis de desplazamiento forzado en la región. A partir del año

2000 se incrementa de forma importante en nuestro país, la presencia de población colombiana con necesidades de protección internacional. Esta situación tiene efectos tanto para la población local -básicamente de comunidades acogientes- que percibe esta presencia como competencia para el acceso a los servicios sociales (en ciertos casos excluyentes y débiles) y al empleo, como para la población en situación de refugio que llega en la mayoría de los casos desprovista de todo tipo de recursos, estableciéndose una situación de exclusión traducida en falta de acceso a empleo, educación, servicios bancarios o seguro social.

Esta situación tiene impactos para el país en lo económico, social y cultural, siendo indispensable asegurar los derechos de la población refugiada que acoge nuestro país, así como proveer un marco de desarrollo integral para las comunidades receptoras.

La inserción de familias y niñez refugiada, debe tomar en cuenta algunos elementos como: protección, derechos, obligaciones, marco normativo legal, políticas públicas y aspectos de orden cultural y social.

Toda persona que es reconocida como refugiada por el Estado ecuatoriano, tiene los mismos derechos que la población local a excepción de la participación política, es decir, derecho a todos los servicios y beneficios sociales

que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas, sean éstos: educación, salud, vivienda, trabajo, seguridad social, acceso al sistema financiero etc. En concordancia, también, debe sujetarse a las obligaciones del sistema legal normativo que rige nuestro país.

Los esfuerzos que realizamos instituciones nacionales que trabajamos en el tema, así como la Cooperación Internacional, siempre serán insuficientes sin el involucramiento del Estado; así mismo es responsabilidad del Gobierno colombiano ayudar en la protección a miles de sus conciudadanos que están siendo expulsados por el conflicto interno que vive este país hermano.

En este sentido en el año 2008, el Gobierno ecuatoriano adopta la “Política del Ecuador en materia de Refugio” que contempla la institucionalización de la misma, así como la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros por parte del Estado ecuatoriano, como compromiso al cumplimiento de cada uno de los programas señalados en este documento, situación que ha ameritado que entidades internacionales como el ACNUR, reconozcan este compromiso político por mantener los más altos estándares de protección a los refugiados.

Tanto la normativa legal internacional como nacional que promueven los derechos de la población refugiada, no son suficientes para hablar de una verdadera inclusión de esta población, al igual que las normas que contiene nuestra Constitución, no son reales mientras no se concreten en lo general y en lo específico,

es decir, no sólo son necesarias orientaciones, disposiciones, sino instrumentos, mecanismos de cumplimiento y, si es necesario, modificaciones dentro de las políticas públicas, para garantizar calidad en las mismas.

Las iniciativas de inserción para las familias y la niñez refugiada en nuestro país deben contemplar, además, aspectos de orden cultural, la convivencia entre la población local y refugiada enfrenta diversidad de costumbres, dialectos, valores; una práctica intercultural bien entendida, permite que esta diversidad sea fortalecida por cada quien.

Un aspecto fundamental es resolver el difícil acceso a la educación que tiene la niñez y la juventud refugiada, básicamente, por falta de documentación; es importante dar solución a esta situación que provoca niños y niñas ausentes de las aulas escolares y en muchos casos jóvenes trabajadores a muy temprana edad.

La problemática de refugio no es conocida en profundidad por la población local, la mayoría de referentes están relacionados con la presencia de colombianos que introducen formas de violencia en las comunidades acogientes, propiciados por medios de comunicación que, en algunos casos, desinforman o fomentan la xenofobia.

Acudir a la solidaridad de la población ecuatoriana es un elemento muy significativo, a pesar de ser un país en vías de desarrollo, tenemos una política de movilidad de alcances importantes, muy por delante de países desarrollados que la han penalizado.

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Los refugiados urbanos provienen de un amplio abanico de nacionalidades, con un porcentaje aún pequeño pero en aumento de refugiados de otros continentes y culturas. Estos refugiados se asientan fundamentalmente en centros urbanos y su autosuficiencia e integración socioeconómica es un desafío para los Estados y la sociedad civil, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades económicas que los propios países de asilo enfrentan. Es por tanto necesario tener presente la difícil realidad de las comunidades de acogida al momento de diseñar proyectos de integración.

Del proceso preparatorio habría que destacar: a) la voluntad política de los gobiernos para facilitar la autosuficiencia económica de los refugiados; b) la falta de recursos y de experiencia del aparato estatal social para lograr esta meta; c) el reconocimiento de la labor y experiencia de la sociedad civil; d) la necesidad de plantear

estrategias adecuadas con la realidad de los países de asilo y de intercambiar buenas prácticas; e) la necesidad de contar con cooperación técnica y financiera internacional.

Las reuniones preparatorias indicaron que en la elaboración de este Programa se deberán tener en cuenta las realidades socioeconómicas de la región, en términos de índices de desempleo, pobreza, y exclusión social, así como el perfil socioeconómico de los beneficiarios. En este sentido, se mencionaron algunas metas indicativas: 1. Propiciar la generación de fuentes de empleo, en particular se sugirió el establecimiento de sistemas de micro-crédito; 2. Establecer mecanismos para una expedita entrega de documentos y simplificación de los trámites de validación y reconocimiento de certificados y diplomas; y 3. Contemplar mecanismos de participación de la sociedad civil organizada y del ACNUR en la elaboración,

ejecución, seguimiento y mejora de los proyectos de integración.

El Programa de Autosuficiencia e Integración “Ciudades Solidarias” pretende evitar, en la medida de lo posible, los llamados “movimientos irregulares o secundarios”, pero sobre todo busca una protección más efectiva que abarque los derechos y obligaciones sociales, económicas y culturales del refugiado. Se trataría de facilitar la ejecución de políticas públicas, dentro de una estrategia social integral, con la cooperación técnica de las Naciones Unidas y de las organizaciones de la sociedad civil y el apoyo financiero de la comunidad internacional, para integrar a un número de refugiados a ser determinado en una serie de centros urbanos “piloto” de América Latina.

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n ocasión del vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

(ACNUR), junto con el Consejo Noruego para Refugiados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y los gobiernos de Brasil, Costa Rica y México, reunieron a los gobiernos de los países de América Latina, expertos y diferentes sectores de la sociedad civil para analizar conjuntamente los principales desafíos que enfrenta hoy la protección de los refugiados y otras personas que necesitan protección internacional en América Latina, e identificar líneas de acción para asistir a los países de asilo en la búsqueda de soluciones adecuadas dentro del espíritu pragmático y de principios que propugna la Declaración de Cartagena.

Con este propósito se realizaron cuatro reuniones consultivas preparatorias en San José, Costa Rica (12-13 de agosto), Brasilia, Brasil (26-27 de

agosto), Cartagena de Indias, Colombia (16-17 de septiembre) y Bogotá, Colombia (6-7 de octubre), en las que se analizó la problemática de refugiados en cada región. Como resultado de cada encuentro, un informe fue adoptado por consenso. Con base en las conclusiones y recomendaciones de estas reuniones regionales preparatorias, los participantes han elaborado el presente Plan de Acción con el propósito de continuar fortaleciendo los mecanismos de protección y de búsqueda de soluciones para los refugiados y otras personas que necesitan protección internacional en la región.

Soluciones Duraderas

Las reuniones preparatorias señalaron las prioridades operativas en las diferentes sub-regiones y países de la región. Se constató que América Latina cuenta con una amplia tradición solidaria de protección al perseguido y que ha sido una región que ha sabido encontrar soluciones a sus propios refugiados dentro del sub-continente […].

Se reiteró la necesidad de la cooperación internacional, acorde con los principios de solidaridad y responsabilidad compartida, para poner en práctica soluciones duraderas efectivas, así como para la difusión de buenas prácticas de soluciones duraderas en la región, propiciando la cooperación sur-sur, y el enfoque creativo de la Declaración de Cartagena de los Refugiados de 1984.

Del contexto actual regional sobresalieron dos situaciones que requieren urgente tratamiento y apoyo internacional. Por un lado, la situación de un número creciente de refugiados de extracción urbana asentados en los grandes núcleos urbanos de América Latina. Por otro lado, la situación de un gran número de ciudadanos colombianos en las zonas fronterizas con Colombia de Ecuador, Panamá y Venezuela, en su mayoría indocumentados y necesitados de una acción urgente de protección y asistencia humanitaria dada su alta vulnerabilidad.

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PLAN DE ACCIÓN DE MÉXICO“Para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina”

Separata de la “Declaración y Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina”. Ciudad de México, 16 de noviembre del 2004.

Programa de Autosuficiencia e Integración Local “Ciudades Solidarias”

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Política pública de niñez,adolescencia y refugio

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os niños, niñas y adolescentes, que se encuentran en situación de refugio están en condiciones especialmente vulnerables, entre otros motivos, porque

sus padres se encuentran en situación irregular, no están acompañados o viven con familiares que no prestan la suficiente atención, por actitudes discriminatorias y por el momento psicológico que deben enfrentar al experimentar el desplazamiento y tratar de integrarse en un lugar y cultura diferente.

Desde la agudización del conflicto colombiano han ingresado al Ecuador aproximadamente 34 mil niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de refugio, desplazamiento o asilo. Lo que ha obligado a las entidades que trabajan por los niños, niñas y adolescentes a tomar medidas que permitan el acceso de estos niños, niñas y adolescentes a servicios como salud, educación, protección especial y justicia, entre otros. La Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, conjuntamente con otras instituciones del Estado y de la sociedad civil, participan desde el año anterior en la Mesa de Movilidad Humana, Niñez y Adolescencia, con el objetivo de ser un espacio de consulta, en la temática de la movilidad humana. La mesa busca trabajar participativamente en la preparación de propuestas de políticas, programas, planes, proyectos y campañas sobre el tema, poniendo énfasis especial en qué hacer con los niños, niñas y adolescentes en estas condiciones.

En este contexto, el Ecuador ha tomado medidas en su ordenamiento legal y en la adopción de sus políticas públicas, que coadyuvan en el tratamiento del tema, a fin de mejorar la protección y el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia, que se encuentra en situación de refugio.

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11, numeral 2, establece que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, sin importar su condición migratoria y que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.

Adicionalmente, los artículos 40, 41 y 42 reconocen el derecho a migrar y los derechos de asilo y refugio, y quienes se encuentran en está situación gozan de protección especial que garantiza el pleno ejercicio de sus derechos y el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia.

El Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 6 garantiza la igualdad y no discriminación de los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, y en su artículo 58 señala:

Derecho de los niños, niñas y adolescentes refugiados.- Los niños, niñas y adolescentes que soliciten o a quienes se les haya concedido el estatuto de refugiado, tienen derecho a recibir protección humanitaria y la asistencia necesaria para el pleno disfrute de sus derechos. El mismo derecho asiste a sus progenitores y a las personas encargadas de su cuidado.

Además, existen esfuerzos importantes como, por ejemplo, el Acuerdo Ministerial Nº 337 que permite el “Acceso y permanencia en el sistema educativo ecuatoriano de niños, niñas y adolescentes, ecuatorianos/as y extranjeros/as que requieren atención prioritaria por su condición migratoria”.

El Plan Nacional de Desarrollo también considera esta realidad y ha definido políticas y

estrategias que buscan garantizar los derechos de las personas en situación de refugio:

•La estrategia 6 de la política 5.1: establecimiento

de un proyecto de atención integral de

desplazados y refugiados colombianos

residentes en territorio ecuatoriano.

• Estrategia 3 de la política 6.1: desarrollo de

un sistema de información nacional que

garantice el control y monitoreo de los

derechos de niños, niñas y adolescentes a

nivel nacional.

Para hacer efectivos los principios, las disposiciones legales y las políticas públicas, el Estado ecuatoriano creó la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) como la institución que define, coordina y ejecuta la política migratoria integral del país. Además, instituciones como el Instituto de la Niñez y la Familia, la Dirección Nacional de la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, Plan Ecuador, la Dirección General de Refugiados de la Cancillería, la Defensoría del Pueblo y el Registro Civil han incorporado en sus servicios la atención especializada a niños, niñas y adolescentes refugiados.

Adicionalmente, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia quiere incorporar el tema de la movilidad humana en los organismos del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, para lo cual se capacitó, en el mes de mayo, en las ciudades de Quito, Loja y Manta a 130 personas, miembros de 40 Juntas Cantonales de Protección de Derechos, respecto a qué hacer ante la vulneración o amenaza de un derecho de un niño, niña o adolescente en situación de refugio, desplazamiento y/o asilo. Este taller fue parte del proceso de diagnóstico para la construcción de un sistema internacional de protección a la niñez y adolescencia en situación de movilidad humana.

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Sara Oviedo FierroSecretaria Ejecutiva Nacional Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA)

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a favor de la niñez y familia refugiadaLa ejecución de políticas nacionales de protección

l Ecuador, históricamente, ha mantenido como principio fundamental de su política de Estado, el cumplimiento irrestricto de los derechos de todas las

personas sin discriminación alguna. Las políticas públicas en materia de refugio están construidas en un marco jurídico legítimo, que garantiza la vigencia, promoción y protección de los derechos humanos. Desde la Constitución, en consecuencia, se reconocen los derechos de asilo y refugio de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos, que han sido ratificados por el Estado ecuatoriano.

Declaraciones, convenciones y acuerdos internacionales, de los cuales el Estado ecuatoriano es suscriptor y ratificador, demandan responsabilidades y obligaciones para la protección integral de niños, niñas y adolescentes en cualquier situación de movilidad humana, eso es migración, emigración, desplazamiento o refugio.

En relación a la niñez y adolescencia que se encuentra inmersa en situación de refugio el Estado ecuatoriano ha dictado políticas para garantizar su inclusión y permanencia tanto en el sistema educativo como de salud. En el área de protección especial no existe una política específica; sin embargo, contamos como marco de referencia la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia y el Plan Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

Es en este contexto que el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, como garante -a nombre del Estado- de la protección integral a la niñez y adolescencia, tiene un programa para garantizar la prevención, restitución y exigibilidad de derechos de niñas, niños y adolescentes que viven en cualquier situación de movilidad humana.

Una de las funciones principales del Instituto de la Niñez y la Familia (INFA), es promover y coordinar la participación de las organizaciones privadas y de la comunidad, en general, en acciones y programas dirigidos al bienestar de la niñez, adolescencia y su familia. En este contexto, viene trabajando en tres políticas: prevención, atención y restitución de derechos.

En el marco de la prevención, uno de los ejes fundamentales es la inserción y reinserción al sistema educativo de niños, niñas y adolescentes en condiciones de refugio o desplazamiento forzado; el fortalecimiento de los vínculos familiares y la atención especializada, de ser necesario, de profesionales en las áreas de trabajo social, psicología o legal.

El Acuerdo 337, del 26 de septiembre del 2008, es la normativa que regula el acceso y permanencia en el sistema educativo. Se incluye la construcción participativa y operativización de los códigos de convivencia como herramientas socializadoras de las interrelaciones de la comunidad educativa donde el tema de movilidad humana es clave para lograr una coexistencia respetuosa, incluyente, libre de prejuicios y discriminación. Adicionalmente, la asignación de becas para la escolarización a través de la entrega de un incentivo económico anual de acuerdo al nivel de escolaridad, sea ésta básica o media, entrega que apunta a garantizar la continuidad de la educación.

En el marco de la atención, el INFA apoya técnica y financieramente, a través de la suscripción de convenios de cooperación a nivel nacional, a aquellas organizaciones públicas y privadas que ejecutan programas y proyectos de atención para niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, donde se incluyen aquellas familias en situación de refugio o desplazamiento forzado, a fin de garantizar la inclusión de

sus hijos en los diferentes programas y/o modalidades de atención tanto en los Centros de Desarrollo Infantil para niños y niñas menores de 5 años, como en programas de apoyo a la escolarización y comedores con apoyo escolar.

El fortalecimiento familiar es un eje básico orientado a preservar la unidad de la familia y a reconstruir sus proyectos de vida, mediante acciones que van desde el abordaje y atención psicoterapéutica a niños, niñas, adolescentes y familias refugiadas o en condición de desplazamiento forzado, a través de los equipos técnicos de los Centros de Protección de Derechos, hasta la orientación legal para obtener el estatus de refugiados que les permita tener seguridad para optar por alternativas de empleo, de reasentamiento en el territorio nacional y condiciones de vida dignas.

En el marco de la restitución de derechos, se da una atención integral en coordinación con los diferentes organismos del sistema nacional descentralizado de protección integral a la niñez y adolescencia, mediante alianzas estratégicas que permiten responder con pertinencia y oportunidad las necesidades concretas de los niños, niñas, adolescentes y sus familias en condiciones de vulnerabilidad, refugio o desplazamiento forzado.

Para finalizar, si bien la Constitución de la República aborda el tema de la movilidad humana en diversas secciones que hacen relación a la emigración, inmigración, refugio y asilo, desplazamiento y migración interna, y la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, bajo un enfoque de derechos, de equidad e interculturalidad, corresponde al Estado como una de sus acciones prioritarias, la elaboración de la Ley Integral de Movilidad Humana como el marco jurídico que vele por los derechos de las personas que se encuentran en esta situación.

EManuel Martínez Director General del Instituto de la Niñez y la Familia (INFA)

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El refugio en el Ecuador:Retos para una efectiva integración

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Karina SarmientoDirectora de Asylum Access-Ecuador*

cuador es el país con mayor número de población refugiada en Latinoamérica. La mayor parte de personas refugiadas provienen de Colombia; sin embargo,

las solicitudes de refugio son de diversas nacionalidades (i.e personas de República Dominicana, Cuba, Mali, Costa de Marfil, entre otras nacionalidades). Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, el Ecuador acoge a 180.000 personas colombianas que han salido de su país a causa del conflicto interno. De éstas, hasta el año 2008, a 4.623 se les otorgó la condición de refugio, llegando a un total de 20.956 personas reconocidas desde el año 2001i. Dada la disparidad numérica entre las personas reconocidas y las personas en necesidad de protección internacional en el país y dado que esta condición de “invisibilidad” permitía el abuso y violación de derechos, el Estado ecuatoriano implementa el Registro Ampliado (RA)ii, como parte de la Política ecuatoriana en materia de Refugio, que arrancó el 23 de marzo de este año, proceso en el cual se han reconocido a 7.219 personas en la frontera norte, donde se estima que existen aproximadamente 58.838iii en necesidad de protección internacionaliv.

Una vez que el proceso del Registro Ampliado se ha puesto en marcha, se suman otros retos que el Estado ecuatoriano debe asumir. En primer lugar está el desarrollo de mecanismos de reconocimiento, a través del proceso regular, que se deben ajustar a los avances en materia de derechos humanos, pero sobre todo, el reto se encuentra en hacer efectivos los derechos de las personas refugiadas en el país.

Esos derechos son universales, aplicables a todas las personas que se encuentran en el territorio ecuatoriano, como lo establece la Constitución del Ecuador en su artículo 11 numeral 2 y en el artículo 41, donde se refuerzan las normas de protección consagradas en el derecho internacional de refugio. Las personas refugiadas en el país tienen derecho a la igualdad y a la no discriminación; no obstante, algunas de las personas que se han visto obligadas a huir por violaciones contra sus derechos humanos, pueden llegar a experimentar más violaciones o restricciones a sus derechos en el país de acogida. En este sentido, a fin de continuar promoviendo una política solidaria y de responsabilidad compartida, se debe desarrollar estrategias y activar políticas que permitan el ejercicio efectivo de derechos de las personas refugiadas aplicando los principios de equidad e igualdad.

El reconocerse como persona con derechos, significa enfrentar el desafío de romper un esquema de asistencia humanitaria, hacia un proceso de integración real, en el que las personas refugiadas se convierten en agentes activos de su propio desarrollo y contribuyen con el país de acogida y su población, en la identificación de problemas y soluciones. No es un proceso sencillo, pues requiere el reconocimiento de las diferencias y de las necesidades específicas de protección de mujeres y hombres, diversidad sexual, minorías étnicas, ancianos y personas con discapacidades, para tomar las medidas apropiadas para la integración.

Estos retos, identificados en la Declaración y Plan de Acción de México del 2004, comprometen al Estado a incluir a las personas

refugiadas dentro de sus programas de protección y desarrollo y, a la vez, a desarrollar estrategias que permitan sensibilizar a la población local para prevenir la discriminación. Otro aspecto fundamental de este ejercicio efectivo de derechos es el poder desarrollar en el país la experticia necesaria en materia de refugio, que permita contar con una institucionalidad fortalecida capaz de dar respuestas legales a la población refugiada.

Los avances alcanzados desde el 2008, que incluyen la adopción de la Política en materia de Refugio, la Reforma Integral del Decreto 3301, el proceso de desarrollo de la Ley Integral de Movilidad Humana, la implementación del Registro Ampliado, que ha incluido, por cierto, la participación de la sociedad civil, son cambios positivos. Sin embargo, es necesario, para permitir el ejercicio efectivo de derechos, que procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado incluyan, además, la articulación efectiva de otras instancias del Gobierno, a quienes les corresponde aspectos de la integralidad de la política nacional en materia de refugio y evitar acciones contradictorias que puedan sugerir mensajes distintos a los que la Política ecuatoriana en materia de Refugio promueve (i.e. solicitud de pasado judicial, deportaciones, entre otras).

iDatos de la Dirección General de Refugiados (DGR).ii El Registro Ampliado es una estrategia que permite otorgar el estatus de refugiado a personas colombianas que se hallan en la frontera norte del Ecuador, en necesidad de protección internacional. iii Según el estudio realizado por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social (CEPAR), realizado en el 2008.ivDatos obtenidos por el ACNUR hasta el 30 de mayo del 2009.* Asylum Access-Ecuador participa en el proceso de observancia del Registro Ampliado en la frontera norte y es parte de la Comisión de Redacción del proceso de revisión del Decreto 3301.

9entretierras

partir de la promulgación de la Constitución de la República, a finales del 2008, el Ecuador atraviesa una interesante etapa de adecuación de su ordenamiento jurídico a los estándares

establecidos en la nueva Carta Magna. Así, por ejemplo, en lo referente al reconocimiento, a la promoción y protección de los derechos humanos, la Constitución es sumamente progresista y garantista, lo que implica un gran desafío en la construcción y adopción de las reformas pertinentes en diversas áreas, ya que el espíritu de la Norma Suprema tendrá que verse transversalmente reflejado en toda la normativa nacional.

Respecto al tema que nos acoge, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría Nacional del Migrante, entre otras entidades gubernamentales, así como varias organizaciones de la sociedad civil, trabajan en la elaboración de la denominada “Ley Integral de Movilidad Humana”, un cuerpo legal que compilará asuntos de migración, extranjería y asilo.

En cuanto a la protección de refugiados, actualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, a través de la Dirección General de Refugiados (en adelante “DGR”), está liderando un proceso participativo de reforma a los Decretos Ejecutivos 3301/1992 y 1635/2009 que reglamentan en el Ecuador la aplicación de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967. En esta reforma se pretenden insertar tanto los estándares internacionales como constitucionales relacionados a la materia, garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los solicitantes de la condición de refugiado y de los refugiados reconocidos y coadyuvar a su integración local como principal solución duradera.

En particular, el ACNUR subraya la necesidad de incorporar reformas que viabilicen el goce y ejercicio efectivo de los derechos de la

población refugiada, v.gr., la extensión de la validez del carné de refugiado de uno a tres años como mínimo. Por otro lado, es vital el garantizar el acceso a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social y financieros, entre otros, y el pleno ejercicio del derecho al trabajo, es decir, eliminar los impedimentos legales y reducir los obstáculos administrativos para facilitar la integración de los refugiados y posibilitar el desempeño de las actividades básicas de todo ciudadano, siguiendo lo establecido en la propia Constitución: “Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución”.

Igualmente importante es el mejorar y fortalecer los mecanismos procedimentales vigentes y la institucionalidad para contar con un sistema para la determinación de la condición de refugiado más ágil y eficiente, respetando los principios del debido proceso y difundiendo el respeto y garantía de los mismos a todos los niveles de autoridad involucrados.

De otra parte, la asimilación de la condición de refugiado como un estatuto meramente migratorio debe ser superada, se debería abrir la posibilidad para que un refugiado dentro de su proceso de integración pueda adquirir otro tipo de visa sin tener que renunciar a su condición de refugiado, condición que le brinda protección internacional y le protege contra la devolución.

En relación a la apatridia, es fundamental designar una autoridad competente y definir un procedimiento específico para la determinación del estatuto de apátrida. Si bien una persona a la que ningún Estado considera destinatario de la aplicación de su legislación podría reunir los elementos para ser reconocido como refugiado, existen personas apátridas que no tendrían esa condición por no tener un fundado temor de persecución, pero que sí requieren de protección

internacional. Es en esta situación donde existe un vacío legal que podría ser subsanado dentro de la elaboración de la Ley Integral de Movilidad Humana, por ejemplo. En este marco, el ACNUR se ha permitido sugerir al señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración que la “Comisión para Determinar la Condición de los Refugiados en el Ecuador” sea la instancia competente para conocer y resolver los casos de apatridia.

Por último, quisiéramos referirnos a la posibilidad de establecer la determinación de un estatuto humanitario como una forma de protección complementaria en favor de aquellas personas que requieren protección internacional pero que no estarían amparadas por instrumentos internacionales o regionales de protección a refugiados, ya que los actuales instrumentos jurídicos no brindan a las personas que requieren protección un estatuto claramente definido y reconocido internacionalmente, o una condición legal específica de residencia, ni documentos de viaje o de identificación como tampoco existen disposiciones específicas sobre una eventual integración y naturalización, aun cuando algunas de estas deficiencias hayan sido contempladas por la legislación nacional.

Desde el punto de vista del ACNUR, los beneficiarios de las formas complementarias de protección deberían disfrutar de un estatuto legalmente reconocido, con derechos y obligaciones definidos y deberían ser dotados de documentos que certifiquen dicho estatuto el cual debería ser prorrogado durante el tiempo necesario para permitir a los beneficiarios recuperar la normalidad en sus vidas o por el tiempo que se requiera protección internacional.1

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protección internacional en el EcuadorReformas legislativas y desafíos en temas de

Johanna Roldán Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

1 ACNUR: “Protección Internacional mediante formas complementarias de protección.” EC/55/SC/CRP.16 (2005), http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4192.pdf

10 entretierras

Nuevo centro de acogida para refugiados colombianos

El pasado 15 de mayo, en la ciudad de Cuenca, se inauguró la “Casa de la Solidaridad”, un centro de acogida para refugiados/as colombianos/as y demás personas en necesidad de protección internacional. El centro cuenta con el financiamiento del ACNUR y de la Municipalidad de Cuenca y, por el momento, puede albergar hasta 30 personas, en especial mujeres cabeza de familia que tratan de alejarse de la frontera norte tanto como sea posible. Además de alojamiento este organismo de recepción brinda orientación, apoyo psicológico, talleres de formación profesional y otros servicios para ayudar a las familias a integrarse a la ciudad. Cuenca alberga alrededor de 5 mil refugiados/as de los 135 mil que se cree viven en el país.

“La Casa de la Solidaridad” también espera dar protección a la población local, en especial a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y a niños que necesiten asistencia social.

Fuente:http://www.acnur.org/paginas/

index.php?id_pag=8603&id_sec=15

España: 1.749 ecuatorianos en plan retorno

Un total de 5.099 trabajadores no comunitarios (que no pertenecen a la comunidad europea) desempleados solicitaron, hasta el pasado 3 de

junio, acogerse al plan de retorno voluntario del Gobierno español, siendo ecuatorianos, colombianos y argentinos, las nacionalidades con un mayor número de expedientes tramitados.

Ecuador, con 1.749 beneficiarios; Colombia, con 771; Argentina, con 364; Perú, con 334, y Brasil, con 215, se sitúan en primera posición, seguidos por Chile, con 166, y Uruguay, con 139. Todos estos países concentran el 91% del total de solicitudes recibidas.

Incluyendo al grupo de familiares acompañantes, que asciende a 2.100 personas, el programa ha beneficiado de forma directa o indirecta a 6.077 personas. Durante mayo se registró una media de 181 nuevos expedientes cada semana.

El plan, aprobado en septiembre del 2008 por el Gobierno español, contempla que quienes se sumen a él recibirán en España el 40% de la prestación por desempleo y ya en el país de origen, el resto.

A cambio, tienen que cumplir la condición de regresar a su país y no volver a España por un periodo de tres años.

Fuente:http://www.tt.mtin.es/periodico/Laboral/200906/LAB20090608.htm

Inmigración y crisis económica

La contratación de extranjeros en origen en el primer trimestre de 2009 ha alcanzado a 6.947 personas, resaltó el pasado 9 de junio la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, en la presentación del estudio “Inmigración y mercado de trabajo. Informe 2009”, editado por el Observatorio Permanente de la Inmigración y elaborado por el sociólogo Miguel Pajares.

Consuelo Rumí explicó como la crisis económica ha hecho descender la cifra de los trabajadores que han venido a España a trabajar en lo que va de año, frente a la gran demanda existente en 2007 (178.340) y 2008 (136.604). “La segunda conclusión es que los instrumentos de gestión de las migraciones creados desde 2004 están funcionando positivamente y sirven al objetivo de colocar la prioridad en el mercado interno”, añadió Rumí.

El estudio, que utiliza como fuente estadística la Encuesta Nacional de Inmigrantes, resalta como novedad el trabajo de campo desarrollado en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, cuyo objetivo ha sido investigar determinados efectos del desempleo, la recolocación de parados y el retorno que se está produciendo hacia los países de origen de la inmigración.

Leer informe: http://extranjeros.mtas.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Publicaciones/

Redadas de trabajadores: Destruyendo nuestros derechos

La Comisión Nacional encargada de analizar el impacto de las redadas en los lugares de trabajo de miles de inmigrantes a lo largo y ancho de los EUA, le recomendó este jueves 18 de junio al Gobierno una serie de medidas entre las que se destaca una reforma migratoria que abra el camino de legalización para los 12 millones de indocumentados que residen en el país.

El informe dado a conocer por el grupo de trabajo dejó al desnudo una serie de abusos de los derechos laborales de cientos de detenidos en masivos procedimientos realizados durante la administración del presidente Bush.

Participaron en el trabajo, entre otros, Joseph Hansen, presidente del Sindicato de Trabajadores de Comercio de Estados Unidos; Bill Ong Hing, profesor de leyes y estudios asiáticos en la Universidad de California en Davis; y, Susan Gzesh, directora del programa de Derechos Humanos de la Universidad de Chicago y abogada de inmigración.

A juicio de la Comisión Nacional, se documentó “la devastación y la destrucción que las redadas de inmigración causaron en las familias, los lugares de trabajo y comunidades en todo el país”.

El informe revela “un problemático patrón de abuso sistemático de los derechos de los trabajadores durante las detenciones y revela las duras consecuencias del daño que las redadas tuvieron en las comunidades de trabajadores”.

Fuente: http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=12134&cid=1983302#

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TICI

AS

11entretierras

as migraciones internacionales son un fenómeno que en las últimas décadas han ido creciendo en cantidad y complejidad, ocupando progresivamente un lugar en

la agenda internacional de los Estados y en el ámbito de las políticas y la legislación a nivel nacional en las diferentes regiones del planeta. El aumento de la brecha social y la desigualdad entre y dentro de los países (y entre las regiones), asociado al modelo económico impuesto a escala global, constituye una de sus principales causas. Por otra parte, las diversas restricciones impuestas al ingreso de migrantes han incidido directamente en el aumento de la migración irregular, la peligrosidad del viaje, a través de las fronteras, y las redes de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Los últimos años también han ido evidenciando las múltiples formas en que la migración impacta en los niños, niñas y adolescentes, en sus necesidades y derechos. En primer lugar, por la presencia cada vez más palpable de niños entre las personas migrantes, bien junto a sus padres (o uno de ellos), o bien de forma no acompañada. Las causas de esta migración pueden variar según el caso: entre otras, desde la huida de situaciones de explotación y violencia, hasta la planificación familiar de la migración de uno de los hijos, o bien al intento de reunirse con sus padres que migraron anteriormente a otro país. En muchas ocasiones, esa migración se efectúa de manera irregular. Los niños/as también pueden verse afectados por la migración de sus padres, en dos circunstancias particulares: cuando son dejados en el país de origen, o cuando nacen en el país de destino y aquéllos no tienen autorización de residencia. Ahora bien, las políticas migratorias han omitido de manera casi generalizada esta circunstancia. La particular situación de los niños, niñas y adolescentes, sus necesidades y derechos, prácticamente no se ven reflejadas en la legislación y las prácticas de los Estados en el campo de la migración. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), aprobada hace 20 años, ha dado lugar a un sinnúmero de reformas

políticas y legislativas en casi todos los Estados del mundo, o al menos de debates públicos. América Latina es un ejemplo de ello (entre otros, en el ámbito de la justicia penal juvenil), sin perjuicio de los enormes retos pendientes en cada país de la región. Pero en materia migratoria la CDN ha pasado casi desapercibida hasta el momento. A nivel mundial, son ínfimos los casos en que los derechos del niño han sido introducidos en las leyes y las prácticas en materia migratoria. De ahí la expresión “Niño primero, migrante después”, invocada crecientemente por la sociedad civil preocupada por la afectación de derechos fundamentales de los niños en las políticas migratorias, especialmente de los mecanismos de control y sanción (detención, expulsión, negación de derechos sociales o recortes a la reunificación familiar, entre otros aspectos). La posibilidad de detener (hasta un plazo de 18 meses) y, posteriormente, expulsar a niños, fijada en la Directiva de la Unión Europea de retorno de migrantes en situación irregular (aprobada en el 2008) es un ejemplo de esa situación.

Diversos Estados aún sancionan la migración irregular con penas de prisión, contradiciendo estándares internacionales y, lo que es más grave, sin ninguna excepción en caso de niños. En el ámbito de la detención administrativa (a fines de expulsión del país o negar el ingreso) tampoco se distingue ente adultos y niños (o se detiene a mayores de 12 años, en contra de la Convención). Además, en muchos casos no se proveen garantías procesales básicas ni se exige la fundamentación de la privación de libertad, ni se cumple la obligación de establecer medidas alternativas a la detención.

En todas las regiones, las leyes prevén la expulsión de migrantes sin residencia, como sanción, sin distinguir respecto de niños. El interés superior del niño, principio medular de la Convención, indica que debe asegurarse su protección, ante que la sanción. En caso de niños no acompañados, se podría disponer su repatriación al país de origen solamente si es en su interés superior

(por ejemplo, por reunificación familiar), fijado luego de un debido proceso (derecho a ser oído) que asegure que efectivamente será la opción más favorable y se garantice la concreción del objetivo invocado. De lo contrario, la decisión estaría en otorgarle una residencia y, si fuera en su interés, disponer la reunificación familiar en el país de destino1. En caso de la devolución de toda una familia sin residencia, no hay fundamento alguno para que los niños sean sancionados con una medida de expulsión (que además contiene usualmente una prohibición de reingreso). La mayoría de las leyes tampoco reconocen los derechos de los niños a ser oídos en procesos sobre la expulsión de sus padres, ni fijan cláusulas que impidan esas medidas en pos de la unidad familiar y los derechos de los niños.

En definitiva, son múltiples las obligaciones pendientes en materia de derechos del niño en el ámbito de la migración. Revisar y reformular la legislación y las prácticas a la luz de la Convención es un paso ineludible y urgente. Por supuesto, ello debe complementarse con otros tres deberes impostergables: asegurar los derechos de todas las personas migrantes, sin perjuicio de su edad y status migratorio, con una perspectiva de género; abordar las causas estructurales de la migración, adoptando políticas a corto, mediano y largo plazo para revertirlas; y tercero, debatir seriamente sobre el derecho a la libre circulación en un mundo globalizado que, por su carácter desigual, deja circular a quienes poseen cierta nacionalidad o status económico, mientras quienes más lo necesitan sólo lo pueden hacer de manera precaria, peligrosa y condicionados por políticas que, centrados en la persecución y sanción de quienes luchan valientemente por gozar de condiciones dignas de vida, de sus derechos, ni siquiera reconocen su condición de niños.

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* Investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina (UNLa), donde coordina consultorías para UNICEF sobre niñez, migración y derechos humanos. Miembro del Comité Directivo de Migrants Rights International (MRI), en representación del CELS.1 Al respecto, ver los estándares fijados por el Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General Nº 6, Trato de los menores no acompañados o separados de sus padres fuera de su país de origen, 2005.

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Un enfoque imprescindible (y pendiente) en las políticas migratorias

Niñez, migración y derechos humanos:

Pablo Ceriani Cernadas* Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

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Coordinación General: Secretaría Técnica Ad-Hoc de la MTML Edición: Karina Vaca V. Investigación: Lidia García y Anna Grisi Gestión financiera: Susana Peñafiel A. Fotografía: Hernán Cárdenas Diseño y Diagramación: Quinta Dimensión, info@5tadimension.com Impresión: Gráficas Iberia.

Comentarios y sugerencias: montesdh@uio.satnet.net / Casilla Postal: 17-08-8069 / Quito - Ecuador

Con el aporte del Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

Nuestro agradecimiento a:

CONSEJO EDITORIAL: Felipe Adolf, Mercedes Borrero, Alejandro Guidi, Gioconda Herrera, Hernán Holguín, Carlos López Damm, Cornelio Marchán C. y Julia Serrano Fernández.

Los criterios vertidos en los artículos son de estricta responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente el pensamiento de este boletín.

AGEN

DA/R

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AVAN

CE

Comité Internacional del Foro Social Mundial de las Migraciones (Tenerife, España, julio 8 y 9 del 2009)El Comité Internacional responsable de organizar el IV Foro Social Mundial de las Migraciones (Quito, octubre del 2010), se reúne en Tenerife, Islas Canarias.Mayor información: http://www.fsmm2008.org/quienorganiza.php

Jornadas de Sociedad Civil del Foro Global sobre Migración y Desarrollo (Atenas, noviembre 2 y 3 del 2009)Organizadas por la Fundación Alexander S. Onassis, dias previos al Foro Global sobre Migración y Desarrollo (GFMD).Mayor informacion: http://www.gfmd2009.org/defaultsp.aspx

Reform Immigration for AmericaIniciativa de las organizaciones comunitarias de los EUA para promover una reforma migratoria integral.http://www.reformimmigrationforamerica.org/

Comunidad Virtual de migrantes y sus familiashttp://www.migrantesecuador.org/

Campaña Familias Unidashttp://www.nalacc.org/index.php?id=113

Indonesia: Proteger a los niños trabajadores domésticoshttp://www.hrw.org/en/reports/2009/02/10/workers-shadows

Niñas y niños soldados y el derecho de asilohttp://www.menoressoldado.org/

Red Hand Day: Una iniciativa mundial contra el Uso de Niños Soldadoshttp://www.redhandday.org/

La situación de los refugiados en España: Informe CEAR 2008http://www.cear.es/index.php?section=88&subListVisible=publicaciones_sublist

Fronteras: La infancia en el límite Experiencias de niños, niñas y jóvenes colombianos, ecuatorianos y venezolanos en relación con el conflicto armado colombiano. http://www.menoressoldado.org/uploads/tx_galileodocuments/Informe_Fronteras_2007__2_.pdf

Directrices Generales Inter-Agenciales sobre niñas y niños no acompañados y separadoshttp://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/p1101?opendocument

Los niños y la guerra: ¿Qué significa protección para el CICR?http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/5tdpll?opendocument

Blancos Fáciles: Violencia mundial contra los niñoshttp://www.hrw.org/legacy/spanish/informes/2001/ninos.html

Avance

ás que nunca, los jóvenes están en movimiento. En estas últimas décadas, los cambios políticos, económicos, sociales y demográficos en muchos lugares del mundo han desarraigado a mucha gente y estimulado la migración hacia las ciudades y hacia el extranjero. El volumen creciente del comercio, los transportes

más rápidos y más baratos y las comunicaciones más fáciles han alentado a más y más jóvenes a migrar dentro y fuera de sus fronteras nacionales.

El sueño de mejores oportunidades y la demanda externa de su fuerza de trabajo pone en movimiento a muchos jóvenes. La violencia, la guerra, la pobreza, el desempleo, el crimen o la persecución llevan a muchos otros a escapar.

Muchos parten con exiguas pertenencias, poco dinero y escasa información sobre sus destinos, pero llevan consigo los grandes activos de la juventud: resistencia, variedad de recursos y perseverancia. Pero, precisamente a causa de su edad, se enfrentan a obstáculos y peligros que ponen a prueba su firmeza.

Los jóvenes en movimiento son decididos. Muchos carecen de documentos, y atraviesan fronteras como visitantes o turistas. Otros pagan a contrabandistas para que los hagan cruzar la frontera. Si es necesario, cruzan océanos en embarcaciones precarias o desiertos abrasadores escondidos en camiones. Encuentran un modo.

En movimiento, los jóvenes son vulnerables. Pueden ser llevados por un contrabandista a un destino distinto del pactado. Lo que empezó como una búsqueda de una vida mejor puede terminar, para muchos, particularmente mujeres jóvenes, como una trampa: en las redes de los traficantes sexuales o confinadas en un trabajo doméstico semiesclavo. Algunos jóvenes son arrojados al torbellino de la guerra o el conflicto civil. Son tomados como soldados o huyen como pueden, con sus familias o sin ellas.

La migración internacional de los jóvenes tiene implicancias demográficas, sociales, culturales y económicas. Los jóvenes entre 10 y 24 años constituyen más del 30 por ciento de la población de los países en vías de desarrollo1. La mayoría de los jóvenes migrantes viene de esos países.

Muchos países, en particular aquellos con poblaciones envejecidas, se benefician de los jóvenes migrantes, que ocupan los puestos peor pagados que nadie más quiere, contribuyendo a la gran maquinaria que mueve ciudades y comunidades. Ellos aportan el trabajo manual en la agricultura y la construcción, hacen trabajo doméstico y aseguran servicios en hogares, hoteles y restaurantes. También existe una demanda creciente de trabajadores calificados en áreas como la salud, la comunicación y los deportes […].

Pese a los riesgos de migrar, la mayoría de los jóvenes la considera una experiencia fructuosa, que les ofrece trabajo, mejor preparación, conocimiento del mundo y el establecimiento de unas redes que benefician tanto al país de origen como al de destino.

Agenda

Recursos

Jóvenes en movimientoFondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

M

1 UNFPA, “The Case for Investing in Young People as part of a National Poverty Reduction Strategy”, Nueva York, UNFPA, 2005.