REGISTRO NRO
Ao del Bicentenario
CAUSA Nro. 12418 SALA II ALCOVERRO, Juan Ramn s/ recurso de
casacinCmara Nacional de Casacin Penal
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Registro N: 16.494
///n la Ciudad de Buenos Aires, a los 1 das del mes de junio del
ao dos mil diez, se rene la Sala II de la Cmara Nacional de Casacin
Penal integrada por el doctor W. Gustavo Mitchell como Presidente y
los doctores Guillermo J. Yacobucci y Luis M. Garca como Vocales,
asistidos por la Prosecretaria Letrada doctora Sol Dboli, a los
efectos de resolver en los trminos del art. 455, C.P.P.N., el
recurso de casacin presentado por la defensa contra la sentencia de
fs. 105/109, de la causa nmero 12.418 del registro de esta Sala
caratulada Alcoverro, Juan Ramn s/ recurso de casacin, representado
el Ministerio Pblico Fiscal por el Sr. Fiscal General, doctor Ral
Omar Plee, y la defensa de Juan Ramn Alcoverro por la Dra. Graciela
Galvn.Efectuado el sorteo para que los seores jueces emitan su
voto, resultaron designados para hacerlo en primer trmino el juez
doctor Luis M. Garca y en segundo y tercer lugar los jueces
doctores W. Gustavo Mitchell y Guillermo J. Yacobucci,
respectivamente.
El seor juez doctor Luis M. Garca dijo:
-I-Que vuelve la causa a estudio de esta Sala en virtud de la
impugnacin dirigida contra la resolucin de la Cmara Nacional
Federal de Apelaciones de Corrientes, en la causa n 6746-11/09 de
su registro, en la que se deneg la excarcelacin a Juan Ramn
Alcoverro (ver fs. 105/109).Contra dicha resolucin, la defensa de
Juan Ramn Alcoverro dedujo recurso de casacin (cfr. fs. 116/119) y
fue concedido a fs. 125.
-II- En primer lugar, la defensa seal que la Cmara de
Apelaciones no aplic el Plenario N 13 de esta Cmara al volver a
pronunciarse luego del reenvo aqu dispuesto. Asimismo, el
recurrente indic que la decisin cuestionada lejos de precisar datos
objetivos y concretos en cuanto a demostrar la existencia de riesgo
procesal al que alude, solamente se limita a mencionar argumentos
dogmticos o modelos tipo de argumentacin. Agreg, citando a la Corte
Suprema de Justicia, que la utilizacin de frmulas genricas y
abstractas, sin que se precise cules son las circunstancias
concretas de la causa que permitieran presumir, fundadamente, que
el mismo intentar burlar la accin de la justicia, no constituye
fundamento vlido de una decisin de los jueces que slo resulta la
voluntad de denegar el beneficio solicitado (Estvez, Jos L, rta.:
03/10/97). Por otra parte, sostuvo la defensa que se agravia de la
interpretacin establecida por esa Cmara en cuanto a que determin
como dato objetivo de la existencia de un riesgo procesal en el
sentido de eludir la accin de la justicia, la pena conminada en
abstracto, la relacin concursal, la complejidad del caso y la
gravedad de los hechos investigados, sin recurrir a hechos
concretos demostrativos de la existencia de un peligro procesal.
Entendi la defensa que las aludidas diligencias probatorias que
restara realizar y que justificaran el encierro preventivo del
imputado no son tales, en tanto en la causa a estudio habra sido
requerida la elevacin a juicio. Por ltimo, enumer las
circunstancias que haran viable la libertad de Alcoverro.
-III-Que se dej debida constancia de haberse realizado la
audiencia prevista en el art. 465 bis del C.P.P.N., con la
presencia del Dr. Guillermo Lozano (cfr. fs. 136).-IV-Que el
recurso de casacin de fs. 116/119 es formalmente admisible pues, si
bien la decisin no es ninguna de las enumeradas en el art. 457
C.P.P.N., el Tribunal debe conocer de la impugnacin porque, por los
efectos inmediatos que produce la ejecucin de la medida de prisin
cautelar, esos efectos son de imposible reparacin por la sentencia
definitiva y los agravios, han sido presentados de una manera en la
que prima facie se encuentra involucrada una cuestin de naturaleza
federal, en la medida en que se postula que los arts. 316, 317 y
319, C.P.P.N., habran sido interpretados y aplicados de un modo
inconciliable con, entre otros, los arts. 18, C.N.; 9, P.I.D.C.P.;
y 7, C.A.D.H.. Por ende, el agravio ha sido presentado como una
cuestin federal que en todo caso impondra su tratamiento por va del
recurso de casacin en los trminos de la doctrina sentada por la
Corte Suprema en Fallos: 328:1108 (Di Nunzio, Beatriz Herminia),
que ha erigido a esta Cmara como tribunal intermedio y la ha
declarado facultada para conocer previamente en todas las
cuestiones de naturaleza federal que intenten someterse a su
revisin final, con prescindencia de obstculos formales" (consid.
11).As, ha declarado que el concepto de sentencia equiparable a
definitiva para el recurso extraordinario, no difiere del
establecido para el recurso de casacin, tomando en cuenta el
carcter de tribunal intermedio de la cmara homnima, siempre que se
invoque en los planteos recursivos una cuestin federal o la
arbitrariedad del pronunciamiento conforme la doctrina de esta
Corte (consid. 12), y que siempre que se invoquen agravios de
naturaleza federal que habiliten la competencia de esta Corte, por
va extraordinaria en el mbito de la justicia penal nacional
conforme el ordenamiento procesal vigente, estos deben ser tratados
previamente por la Cmara Nacional de Casacin Penal, en su carcter
de tribunal intermedio, constituyndose de esta manera en tribunal
superior de la causa para la justicia nacional en materia penal, a
los efectos del art. 14 de la ley 48" (consid. 13).
-V-Por imperio del art. 10 de la ley 24.050, el caso trado a
examen se debe resolver segn la doctrina sentada por esta Cmara
Nacional de Casacin Penal en el plenario n 13, Daz Bessone, Ramn. G
s/recurso de inaplicabilidad, de fecha 30 de octubre de 2008, ha
establecido: no basta en materia de excarcelacin o eximicin de
prisin para su denegacin la imposibilidad de futura condena de
ejecucin condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una
pena privativa de la libertad superior a ocho aos (arts. 316 y 317
del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros
parmetros tales como los establecidos en el art. 319 del
ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de
riesgo procesal.
-VI-Al momento de resolver el tribunal a quo indic que, no
obstante las circunstancias personales de Juan Ramn Alcoverro, los
extremos que sustentan la posibilidad cierta de que el encausado,
en caso de recuperar la libertad intentar eludir la accin de la
justicia son a) la gravedad de la amenaza de pena conminada en
abstracto para los delitos que se le atribuyen al imputado y su
relacin concursal, los que constituyen elementos que determinan un
pronstico desfavorable en torno a la eventual condenacin
condicional; y b) la complejidad y gravedad de los hechos
endilgados, como asimismo el procesamiento en su contra, lo que
denotara un agravamiento en la situacin personal de Alcoverro. En
la decisin, la Cmara Federal de Apelaciones consider que Juan Ramn
Alcoverro, actualmente se encuentra procesado en la causa principal
respecto del presente incidente, en calidad de coautor en orden a
la presunta comisin de los delitos de Privacin Ilegtima de la
Libertad Agravada en concurso real 14 veces reiteradas (art. 142
inc. 1 y 5 en funcin del art. 55 del C.P. segn ley 14.616-), y
Abuso Funcional, Aplicacin de Severidades y Apremios Ilegales
(arts. 144 bis, inc. 1 y 3 del C.P.) y Aplicacin de Tormentos (art.
144 ter, parr. 1 del C.P.) en concurso real 11 veces reiteradas,
todos en concurso real, situacin procesal que a la fecha se
encuentra firme al haber sido confirmada por el Tribunal de
Alzada(fs. 107 vta.). Respecto de ste ltimo elementos sostuvo que,
el hecho de que ya fuera resuelta su situacin procesal deviene un
indicador objetivo a considerar en torno a la verificacin de
riesgos procesales en la especie desde que coloca a la causa y al
imputado mismo a las puertas de la definicin de la incertidumbre
procesal que implica el procesamiento abierto y ello conlleva la
necesidad de asegurar la plena realizacin del proceso sin solucin
de continuidad y la presencia del imputado en todo momento, que
como hiptesis se dara en el caso que nos ocupa, con la permanencia
del peticionante en su actual estado de detencin preventiva (fs.
108).En sntesis, la decisin denegatoria se ha basado en los
siguientes criterios: a) la gravedad de los hechos imputados y la
pena que podran corresponderle y b) otros criterios que se alegaron
pertinentes a tenor del art. 319, C.P.P.N..
-VII-A. Sin perjuicio de sealar que en la decisin de fs. 105/109
se recurre en parte a argumentos que ya haban sido objeto de
descalificacin en la anterior decisin de esta Sala de fs. 91/92, en
la que se remiti a la resolucin dictada en la misma fecha en la
causa 11.574, Cao Leopoldo Norberto s/recurso de casacin, se
examinarn sucintamente si el modo en que ahora se presenta supera
los defectos sealados. Segn surge de fs. 6/7 Juan Ramn Alcoverro
fue procesado, en carcter de coautor, por la privacin ilegtima de
la libertad agravada, en concurso real, 14 hechos, y abuso
funcional, aplicacin de severidades, vejaciones y apremios ilegales
y aplicacin de tormentos, en concurso real 11 hechos.La gravedad
del delito y de la pena que podra corresponder al imputado, para
examinar la imposicin o manutencin de la prisin preventiva,
constituyen criterios que no slo tienen base legal (art. 316 y 317
inc. 1, C.P.P.N.) , sino que adems estn comprendidos entre los
criterios pertinentes enunciados en el dispositivo del fallo
plenario de esta Cmara, antes citado. Sin embargo, segn la doctrina
de ese plenario, son insuficientes de por s slo para justificar la
continuacin de la prisin preventiva.Corresponde pues examinar si el
a quo ha identificado otros criterios pertinentes a tenor del art.
319, y en su caso, si la argumentacin sobre ellos tiene base
objetiva concreta.B. En este punto el tribunal a quo se refiri la
complejidad y gravedad de los hechos atribuidos, como asimismo el
procesamiento en su contra, lo que denotara un agravamiento en la
situacin personal de Alcoverro. En tal sentido puntualiz que de los
datos objetivos de la causa se aprecia que no slo la gravedad de la
amenaza de pena conminada en abstracto para los delitos que se le
atribuyen a Alcoverro y su relacin concursal elementos que
determinan un pronstico desfavorable en torno a una eventual
condenacin condicional-, sino tambin la complejidad y gravedad de
los hechos endilgados, como asimismo el grado de probabilidad
respecto de su responsabilidad al haberse dictado el procesamiento
en su contra el que se encuentra firme- denotando un agravamiento
de la situacin personal del imputado, son extremos que sustentan la
posibilidad cierta de que el encausado, en caso de recuperar la
libertad, intentar eludir la accin de la justicia (fs. 108 vta.).
La invocacin de un carcter especial en los hechos como los que aqu
se investigan, y las derivaciones que de ello se podran extraer
para decidir controversias como la presente, ha sido tratada por
esta Sala en la decisin de fs. 91/92, en la que se remiti a la
resolucin dictada en la misma fecha en la causa 11.574, Cao
Leopoldo Norberto s/recurso de casacin, y en anteriores
oportunidades (in re.: c. 11.474, Feroglio, Rodolfo s/ rec. de
casacin, rta.: 16/10/2009, reg. nro.: 15.349; c. 11.525, Baucero,
Daniel Humberto s/ rec. de casacin, rta.: 29/10/2009, reg. nro.:
15.422; c. 10.970, Diedrichs, Luis Gustavo s/ rec. de queja, rta.:
11/06/2009, reg. nro.: 14.706; c. 10.919, Vigo, Alberto Gabriel s/
rec. de casacin, rta.: 02/06/2009, reg. nro.: 14.585; c. 10.550,
Palet, Mario Pablo s/ rec. de casacin, rta.: 07/04/2009, reg. nro.:
14.213; c. 10.680, Miraglia, Andrs Reynaldo s/ rec. de casacin,
rta.: 20/04/2009, reg. nro.: 14.291; c. 10.552, Binotti, Julio
Cesar s/ rec. de casacin, rta.: 07/04/2009, reg. nro.: 14.212;
entre muchsimas otras).All he sostenido, junto con el juez
Guillermo J. Yacobucci, que en definitiva, la cuestin sujeta a
debate es si frente a graves imputaciones delictivas de hechos
repudiables constitutivos de graves atentados contra los derechos
humanos cabe respetar la normativa Constitucional que regula los
derechos y garantas durante el proceso. Por eso la cuestin radica
en determinar si el art. 18 C.N. y los arts. 7 CADH y 9 PIDCP son
tambin aplicables a las personas imputadas de esos repudiables
hechos, o si stos deben ser enjuiciados por un estatuto especial
que permite la imposicin definitiva de la prisin preventiva, es
decir ilimitada en su duracin, mientras no se alcance una sentencia
final firme. Esta pregunta a mi entender encuentra respuesta a la
luz del art. 1 CADH y de los arts. 2.1 PIDCP, y 1 del Protocolo
Facultativo anejo a ese Pacto, en la medida en que los derechos que
esas Convenciones reconocen y obligan a garantizar alcanzan, salvo
clusula especfica en contrario, a todas las personas sujetas a la
jurisdiccin de los Estados Partes. Puesto que ni los arts. 7 CADH y
9 PIDCP se refieren al derecho de "toda persona" sin distincin de
la naturaleza de los "cargos" que se formulan contra ella, nada
podra justificar la inferencia de que el art. 7 CADH, ni el art. 9
CADH, no fuesen aplicables a las personas detenidas por causa de
una acusacin penal cuando los "cargos" son de una determinada
naturaleza. Cabe evocar aqu lo expresado en la causa n 9971 de esta
Sala, "Franco, Rubn Oscar, s/recurso de casacin" (rta.: 31/10/2008,
Reg. N 13.428), donde se sostuvo que aunque el objeto del proceso
se refiera a crmenes repudiables y especialmente odiosos, "[...] la
cuestin radica en determinar si el carcter odioso de estos hechos
justifica el apartamiento de los estndares constitucionales e
internacionales generales sobre los presupuestos y lmites de la
prisin preventiva, suplantndolos por otros generales elaborados ad
hoc, que debiliten su carcter excepcional".En similares trminos, la
Corte IDH ha dicho: "[...] la Corte destaca el deber que tienen los
Estados de proteger a todas las personas al prevenir, evitar y
perseguir los delitos, mediante la investigacin y, en su caso,
sancin de los responsables de stos y el mantenimiento del orden
pblico, particularmente cuando se trata de hechos graves que
pudieron haber ocurrido en febrero de 2004 en la localidad de La
Scierie, en Saint-Marc, Hait [masacre de una poblacin que caus la
muerte de numerosas personas, asesinato de diez personas, incendio
de casas y vehculos, violacin de dos mujeres, y golpes y heridas
contra otras personas], que dieron origen al proceso penal en el
que se vincul al seor Neptune. Sin embargo, es oportuno recordar
que independientemente de la naturaleza o gravedad del crimen que
se persiga, la investigacin de los hechos y eventual enjuiciamiento
de determinadas personas deben desarrollarse dentro de los lmites y
conforme a los procedimientos que permitan preservar la seguridad
pblica en el marco del pleno respeto a los derechos humanos"
(confr. caso "Yvon Neptune vs. Hait", sent. de 6 de mayo de 2008,
38, con cita de "Velsquez Rodrguez c. Honduras", sent. sobre el
fondo de 29 de julio de 1988. Serie C, N 4, 154; "Castillo Petruzzi
y otros c. Per", sent. sobre el fondo, reparaciones y costas de 30
de mayo de 1999, Serie C, N 52, 89; "Zambrano Vlez y otro vs.
Ecuador", sent. sobre el fondo, reparaciones y costas de 4 de julio
de 2007, Serie C, N 166, 96; y "Caso del Penal Miguel Castro Castro
vs. Per", sent. sobre el fondo, reparaciones y costas de 25 de
noviembre de 2006, Serie C, N 160, 240).Esa consideracin parece
necesaria, porque la cuestin que en verdad se suscita es si frente
a hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos
humanos, el imputado tiene un derecho segn la ley y la Constitucin
a permanecer en libertad durante el proceso, salvo la presencia de
indicios concretos que permitan inferir peligros de fuga o
entorpecimiento del proceso, o si la naturaleza odiosa de los
hechos legitima imponerle una prolongada prisin preventiva, por
tiempo indefinido, hasta que se arribe a la sentencia final y
firme. En todo caso, una afirmacin general en el sentido de que
podra conjeturarse del carcter de delitos gravsimos contra la
humanidad o contra el derecho de gentes cometidos, bajo una
modalidad que asegurara la impunidad futura, y por ende persistira
el afn de sus autores de sustraerse al enjuiciamiento -segn la
postura del Procurador General en el caso de Fallos: 327:954
("Massera, Emilio Eduardo s/ incidente de excarcelacin", vide
especialmente dictamen, fs. 971), la cual no ha sido aceptada por
la Corte Suprema, en tanto sostuvo que "la extrema gravedad de los
hechos que constituyen el objeto de este proceso, o de otros
similares, no puede constituir el fundamento para desvirtuar la
naturaleza de las medidas cautelares ni para relajar las exigencias
de la ley procesal en materia de motivacin de las decisiones
judiciales, a riesgo de poner en tela de juicio la seriedad de la
administracin de justicia, justamente, frente a casos en los que se
encuentra comprometida la responsabilidad del Estado argentino
frente al orden jurdico internacional" (consid. 10).De lo
contrario, debera afirmarse que esta clase de delitos estaran
excluidos de modo general y sin excepciones de cualquier
posibilidad de excarcelacin. Una consideracin de tal naturaleza es
inconciliable con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos como se ha destacado en la causa n 10.417 de esta
Sala, "Cuomo, Daniel Nstor", rta. 12/03/09, Reg. N 14.058.2 (votos
de la mayora). De las aclaraciones precedentes surge que no hay
razn alguna para tratar los casos de delitos odiosos con estndares
diferentes de los sentados por doctrina fijada en el fallo plenario
"Daz Bessone" citado, por lo que el criterio ensayado por el a quo
en la resolucin que en esta instancia se cuestiona, no se presenta
como pertinente para decidir sobre el pedido de excarcelacin, y
persiste sobre un argumento que ya haba sido puesto en crisis en la
decisin de fs. 91/92, en la que se remiti a la resolucin de la
causa 11.574 ya citada.En segundo lugar, el a quo invoc que dista
an de concluir con el sumario restando-como seala el a quo-
importantes medidas instructorias para alguna de las cuales (sobre
todo lo relativo a la investigacin de la desaparicin forzada de
Abel Arce y Elida Olga Goyeneche de Sobko (ver fs. 7)-, la actitud
obstructiva en la pesquisa pertinente, es una clara posibilidad por
parte de Alcoverro (fs. 108) a lo que se agreg que no se puede
dejar de considerar en el caso que nos ocupa, las circunstancias
relativas al estado procesal de la causa que se encuentra en plena
etapa de instruccin y las diligencias probatorias e instructorias
que restan por llevarse a cabo (en especial importantes testimonios
relativos a la desaparicin fsica de personas) (fs. 109). Un
argumento similar aparece en la decisin anulada de fs. 61/61 vta..
Por ello, resulta pertinente examinar si corresponde mantener la
prisin preventiva con el fin de evitar que el imputado entorpezca
la investigacin o frustre la realizacin de medidas pendientes, sin
embargo, as enunciado no constituye argumento concreto alguno. Cmo
se deriva que la liberacin del imputado podra frustrar las medidas
pendientes, no surge de esa invocacin. Esa manifestacin adems de
genrica no es sino un fundamento aparente que no ofrece ninguna
relacin concreta con el caso, los hechos atribuidos al imputado, ni
con su conducta procesal. En efecto, no slo no se expone cuales son
las medidas pendientes de realizacin, tampoco como su realizacin
estara en riesgo con la liberacin del imputado. El argumento pues,
no es consistente en el marco del art. 319 C.P.P.N..Por su parte,
los jueces de Cmara designados para emitir opinin en este
oportunidad dijeron que no hemos dejado de analizar en autos las
circunstancias que resultan negativas en cuanto a la existencia de
riesgo procesal en relacin a Juan Ramn Alcoverro, especialmente lo
referido en su oportunidad por su Defensa en cuanto seal su
avanzada edad y que no posee recursos econmicos extraordinarios,
pero en el anlisis comparativo resultan de mayor peso y valor
indiciario para el pronstico que se realiza, las constancias
positivas tal como fueran reseadas (fs. 108).As expuesto es
solamente la enunciacin de pautas, si bien en abstracto vlidas para
denegar la libertad solicitada, no han sido respaldadas por ningn
elemento de juicio, en virtud de lo cual la inferencia del
entorpecimiento aparece desprovista de sustento. En este aspecto, y
de igual forma a la sealada anterioremente con relacin a otras de
las razones invocadas por el a quo, la fundamentacin es slo
aparente, porque no se demuestran la probabilidad de los riesgos
que se pronostican ni se establece por qu la prisin preventiva del
imputado podra razonablemente evitarlos ni por qu el xito en la
bsqueda de dos personas que continan en la situacin de desaparicin
forzasa dependera de que se mantenga la privacin de la libertad del
imputado.En suma, el carcter genrico de la argumentacin sin conexin
concreta con el imputado Juan Ramn Alcoverro es evidente. Si se
suprime del texto de la decisin su nombre, queda en evidencia que
esta constituye un modelo tipo de argumentacin que se podra emplear
respecto de cualquier imputado de delitos de la misma naturaleza.
Tal es asi, que a fs. 109 el a quo, concluyendo las razones por las
cuales correspondera denegar la excarcelacin al aqu imputado,
sostuvo que debiendo en este contexto destacar la capacitacin
profesional de Cao quien revista en el Ejrcito Argentino-, sin
lugar a dudas posee... (el subrayado me pertenece) olvidando
sustituir el nombre a quien se le ha denegado la excarcelacin en
resolucin anterior por Alcoverro. Por lo dems, resulta impertinente
a los fines de sustentar una interpretacin distinta la cita que el
a quo ha realizado de la causa M. 389. XLIII, Mulhall, Carlos
Alberto s/ excarcelacin -causa N 350/06-, rta. 27/12/2007.Al
respecto, en el citado precedentemente, el voto slo de dos jueces
de la Corte que se haban remitido al dictamen del Procurador Fiscal
no puede constituir la doctrina oficial de ese Tribunal, habida
cuenta de que los otros tres jueces que tomaron intervencin en el
Acuerdo desestimaron la queja con arreglo al art. 280 C.P.P.N.
(voto de los jueces Highton de Nolasco, Maqueda y Petracchi) y la
cuarta jueza consider inadmisible la queja por falta de
fundamentacin autnoma (voto de la jueza Argibay).
-VIII-En sntesis, los argumentos expuestos en la decisin
recurrida no resultan idneos para justificar con arreglo a
criterios objetivos la existencia del peligro de entorpecimiento de
la investigacin por parte del imputado Juan Ramn Alcoverro, toda
vez que se trata de apreciaciones genricas que no permiten extraer
ninguna inferencia acerca del peligro que para el proceso
representara la puesta en libertad del imputado.En este sentido la
Comisin Interamericana de Derechos Humanos ha sealado en el Informe
n 35/07 que no es legtimo invocar las necesidades de la
investigacin de manera general y abstracta para justificar la
prisin preventiva, y que dicha justificacin debe fundamentarse en
un peligro efectivo de que el proceso de investigacin ser impedido
por la liberacin del acusado (Inf. n 2/97, 34) debiendo hacerse
cesar una vez que la investigacin se ha efectuado y que los
interrogatorios han concluido (Inf. n 2/97, 33).En el ms reciente
de aquellos informes, la Comisin ha sentado mayores precisiones en
varios sentidos. Por un lado ha mantenido los criterios anteriores,
ha sostenido que el riesgo procesal de fuga o de frustracin de la
investigacin debe estar fundado en circunstancias objetivas [y que]
La mera alegacin sin consideracin del caso concreto no satisface
este requisito, y por otro ha agregado que "las legislaciones slo
pueden establecer presunciones iuris tantum sobre este peligro,
basadas en circunstancias de hecho que, de ser comprobadas en el
caso concreto, podrn ser tomadas en consideracin por el juez para
determinar si se dan en el caso las condiciones de excepcin que
permitan fundamentar la prisin preventiva" (Inf. n 35/07, 85).Por
su parte, la Corte IDH ha sostenido que toda vez que se trata de
una restriccin que slo es admitida excepcionalmente, corresponde al
Estado probar la necesidad de la prisin preventiva (Tibi vs.
Ecuador, sent. de 7/9/2004, Serie C, n 114, 107). En general la
Corte IDH exige que "fundamente y acredite la existencia, en el
caso concreto, de los referidos requisitos exigidos por la
Convencin" (Palamara Iribarne vs. Chile, sentencia de 23/11/2005,
Serie C, n 135, 198) y ha declarado que cualquier restriccin a la
libertad que no contenga una motivacin suficiente que permita
evaluar si se ajusta a las condiciones sealadas ser arbitraria y,
por tanto, violar el artculo 7.3 de la Convencin" (Chaparro lvarez
y Lapo Iguez vs. Ecuador, sentencia de 21/11/2007, Serie C, n 170,
93).Tambin cabe evocar, al igual que la defensa, el caso de Fallos:
320:2105, Estvez, Jos Luis, en el que la Corte Suprema haba
declarado que la sola referencia a la pena establecida por el
delito por el que ha sido acusado y la condena anterior que
registra, sin que precise cules son las circunstancias concretas de
la causa que permitieran presumir, fundadamente, que el mismo
intentar burlar la accin de la justicia, no constituye fundamento
vlido de una decisin de los jueces que slo trasunta la voluntad de
denegar el beneficio solicitado (in re: 11.381, Eyzaguirre, Omar
Alfonso s/ recurso de casacin, rta.: 23/09/2009: reg. nro.: 15.227;
c. 11.382, Pereyra, Antonio Rosario s/ recurso de casacin, rta.:
23/09/2009, reg. nro.: 15.228; entre muchas otras).Por lo dems, no
se ha presentado a la audiencia del art. 454 C.P.P.N. ningn
representante del Ministerio Pblico para ilustrar a esta Sala
acerca de la existencia de indicios pertinentes y suficientes,
adicionales a la naturaleza odiosa de los delitos atribuidos, su
gravedad, y la pena que podra corresponderle al imputado, que
pudiesen justificar la denegacin de la excarcelacin.En
consecuencia, a falta de alegacin alguna por la fiscala, que ha
declinado ejercer su derecho a intervenir en la audiencia que
regula el art. 454 C.P.P.N. esta Sala se considera autorizada a
inferir que tales indicios no se invocan porque no existen o no
estn disponibles, y en consecuencia a concluir que en el caso no se
ha justificado suficientemente la existencia de un riesgo de fuga o
entorpecimiento.Por todo ello, propongo al Acuerdo hacer lugar al
recurso de casacin interpuesto por la defensa a fs. 116/119,
revocando la decisin de fs. 105/109 vta..De acuerdo con la
interpretacin sentada por esta Sala al decidir la causa n 9829,
"Acosta, Jorge Eduardo s/ recurso de casacin", rta. 17/12/08, Reg.
N 13.684, en situaciones como la presente es adecuado exigir caucin
personal al imputado y la presentacin de otros tres fiadores
personales (personas fsicas o jurdicas con capacidad para dar
fianza), que acrediten solvencia en los trminos del art. 323
C.P.P.N. y aseguren por alguna va jurdica la manutencin de su
solvencia en el futuro (art. 4 de la ley 24.390). Adems, Juan Ramn
Alcoverro habr de satisfacer las cargas a las que deben sujetarse
los imputados a tenor del art. 326, C.P.P.N., de fijar domicilio
real, no ausentarse de ste por ms de veinticuatro horas denunciando
las circunstancias que le impusiesen un alejamiento ms extenso, y
no mudar de domicilio o ausentarse de ste por ms de aqul tiempo sin
autorizacin de sus jueces, sin perjuicio de que pudiese
incorporarse otras cargas a tenor del art. 310 del C.P.P.N , lo
cual se deja a consideracin del magistrado de la causa.La libertad
se har efectiva una vez que el juez de la causa fije el monto de la
caucin y las dems condiciones, y sea otorgada la fianza personal.As
voto.
El seor juez doctor Guillermo J. Yacobucci dijo:Comparto el
criterio adoptado en el voto que antecede por lo que, en razn de
brevedad, doy aqu por reproducidos los argumentos all expuestos, y
emito el mo en idntico sentido.As voto.
El seor juez doctor W. Gustavo Mitchell dijo:
Por los motivos expuestos oportunamente en el presente incidente
(cfr. fs. 91/92) propongo al acuerdo no hacer lugar al recurso de
casacin de fs. 116/119 y confirmar la decisin de fs. 105/109.-
As voto.
En mrito al resultado habido en la votacin que antecede, la Sala
II de la Cmara Nacional de Casacin Penal, por mayora, RESUELVE:
Hacer lugar al recurso de casacin interpuesto por la defensa
particular, revocar la decisin de fs. 105/109 en cuanto deneg la
excarcelacin a Juan Ramn Alcoverro, disponiendo su libertad que se
har efectiva bajo una caucin personal prestada por el imputado y
otros tres fiadores (personas fsicas o jurdicas con capacidad de
dar fianza, que acrediten solvencia y aseguren la manutencin de
esta en el futuro), cuyo monto ser determinado por el juez de la
causa junto con las dems cargas y resguardos pertinentes, sin
costas (arts.471, 530 y concordantes del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin).Regstrese, notifquese en la audiencia designada a los fines
del artculo 455 ltimo prrafo, del Cdigo Procesal Penal de la Nacin
y remtase al tribunal de procedencia sirviendo la presente de
atenta nota de estilo.
Fdo.: Dres. W. Gustavo Mitchell, Luis M. Garca y Guillermo
Yacobucci. Ante m: Sol Dboli, Prosecretaria Letrada.
