Luchas sociales contra el despojo del territorio y los recursos naturales en Jalisco, México

Titulo de la Obra Completa — Pags. 1-101

Luchas sociales contra el despojo del territorio y los recursos naturales en Jalisco, México

Jorge Regalado1

“Como consecuencia de esta crisis de insostenibilidadse estima que más de 10,000 personas, en su mayoría niños,

mueren cada día en el mundo, al haberse degradadoy envenenado los ríos, fuentes, lagos y acuíferos

de los que tradicionalmente se abastecían”

Pedro Arrojo: El reto ético de la nueva cultura del agua.

INTRODUCCIÓN

Muchas de las luchas sociales que se desarrollan actualmente en México tienen como motivo oponerse y resistir al despojo y deterioro que diferentes agentes capita-listas en acuerdo y con la complacencia de los gobiernos desde hace varios años están haciendo de sus territorios y los recursos naturales, tanto en el campo como en la ciudad. A este proceso David Harvey lo ha defi nido como la nueva forma de acumu-lación de capital y los zapatistas mexicanos se han referido al mismo como una nueva guerra de conquista. El objetivo de este trabajo es mostrar y describir brevemente algunas de las luchas sociales que bajo esta perspectiva se desarrollan actualmente (2009) en Jalisco, enfatizando en sus aportaciones estratégicas y conceptualizándolas como una forma de hacer política alejada de las clásicas que ponen en el centro la disputa por el poder.

Así, se interpreta que para legalizar el nuevo despojo de tierra en el campo, los dueños del dinero, en complicidad con el gobierno, promovieron la reforma del

1 Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Huma-nidades de la Universidad de Guadalajara, [email protected].

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histórico artículo 27 Constitucional. Dicha iniciativa fue presentada por el ex presi-dente Carlos Salinas de Gortari y decretada sin mayor problema por el Congreso de la Unión2 en 1992. Esta reforma constitucional ha abierto la puerta para ampliar y profundizar el saqueo o despojo de las tierras ejidales y comunales que la Revolución Mexicana a través de la Reforma Agraria había entregado o devuelto a campesinos e indígenas3. De ser así, entonces se podría encontrar una línea de continuidad his-tórica entre los porfi ristas, los salinistas y actualmente los panistas. Juntos estarían completando el paquete de la clase política saqueadora o despojadora de las tierras y los recursos naturales en manos campesinas e indígenas.

Generalmente cuando se toman este tipo de decisiones de gran trascendencia, el gobierno utiliza su aparato legitimador de manera que se cumplan las formalidades legales. Así, para este nuevo proceso se instrumentaron desde entonces el PROCE-DE4 y el PROCECOM5 reforzados por el discurso del desarrollo sustentable. En una situación de pobreza extrema como se encuentran la mayoría de los campesinos e indígenas mexicanos, programas como estos tienen éxito6 si bien los campesinos e indígenas que los aceptan no tardan en arrepentirse cuando el dinero pronto se les termina con la diferencia que ahora ya no tienen la tierra. Nunca más serán campesi-nos o comuneros. Sin embargo tampoco el éxito ha sido rotundo y no son pocos los campesinos e indígenas que se niegan a aceptar estos programas y resisten a todos los chantajes y presiones que reciben tanto del gobierno como de diversos agentes políticos, directamente del capital inmobiliario o de todos juntos.

2 En la Cámara de Diputados solo 24 legisladores votaron en contra, mientras 373 lo hicieron a favor. 3 Por el momento no dispongo de información respecto del número de ejidos y comunidades indígenas que habiendo aceptado el PROCEDE y el PROCECOM, programas operativos de esta reforma constitucional, han termi-nado efectivamente por vender sus tierras. Sin embargo se puede advertir que las ciudades han seguido creciendo y lo están haciendo sobre tierra que el original artículo 27 Constitucional considerada como: inalienables, inembargables e imprescriptibles. 4 Programa de Certifi cación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares. 5 Programa de Certifi cación de Derechos Comunales. Estos dos programas inician sus acciones a principios de 1993, como con secuencia directa de las reformas al Artículo 27° de nuestra Constitución, realizadas por el Pre-sidente Carlos Salinas de Gortari, y establecidas en la nueva Ley Agraria que se publicó el 27 de febrero de 1992. Estas reformas salinistas signifi caron para los campesinos: a) El fi n de todo el reparto agrario, que se inició después de la Revolución de 1910 y que fue la bandera de lucha del General Emiliano Zapata. b) Levantar la prohibición legal que existía para que las tierras ejidales o comunales se puedan ahora vender, comprar, rentar, embargar o hipotecar y prescribir (es decir, titular de forma individual un terreno ajeno ocupado, luego de 5 años de posesión pacífi ca). c) Permitir y fomentar la participación en sociedades mercantiles, de los ejidos y comunidades que posean valiosos recursos naturales, “asociándose” con empresas ó con bancos, aportando los campesinos sus tierras o sus bosques y montañas, los cuales ahora sí pueden ser embargados ó hipotecados y enajenados (es decir, que ahora las tierras pue-den ser quitadas a los ejidatarios o comuneros y traspasadas a un dueño privado) En resumen, las reformas salinistas de 1992, lo que buscaron fue el abrir totalmente las tierras ejidales y comunales al libre mercado de compra-venta, facilitando y fomentando el individualismo y la mentalidad privada entre los campesinos (Miguel Ángel García: 13 años después el Procede… procede?), http://www.maderasdelpueblo.org.mx/procede/folletoprocede.pdf. 6 A mediados del mes de noviembre del 2005, es decir, a poco más de 12 años de actividades, el Programa de Certifi cación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) en el estado de Jalisco, había regularizado a mil 257 ejidos y comunidades de la entidad, que representaban un 85.63 por ciento de avance, y referían a un total de 197 mil 146 familias campesina. Así lo informó el procurador agrario del país, Isaías Rivera Rodríguez, durante la ceremonia ofi cial de notifi cación y fi rma del acuerdo de precierre operativo del Procede en Jalisco, que encabezó junto con el secretario general de Gobierno, Gerardo Solís Gómez, en representación del gobernador del estado, Francisco Ramírez Acuña (La Jornada, 16 de noviembre de 2005).

Título del artículo 3

No resulta exagerado afi rmar que esta nueva vía para privatizar o volver a acapa-rar de la tierra podría llevar a una situación solo comparable con la que existía en el país y en Jalisco, justo antes de iniciada la Revolución Mexicana. De ahí que no fuera extraño que la demanda de la tierra fuera central en aquel que fue considerado para su época como el más importante movimiento social en América Latina7.

En las ciudades, el capital siempre en contubernio con el gobierno en turno, sin importar el partido del que provenga el gobernante, actualmente impulsa colosales negocios (grandes “desarrollos” inmobiliarios, con viviendas de interés social y de lujo que por lo general no respetan las normas mínimas de construcción; transporte colectivo, manejo de desechos industriales y basura, etc.) sin importar convertir a las ciudades en grandes territorios que esconden una multiplicidad de riesgos para la vida y la seguridad de sus habitantes. Las epidemias o pandemias (infl uenza y dengue) también pueden contextualizarse dentro de este abandono y desmantelamiento que se ha venido haciendo de los sistemas de salud pública y de la prevención que debe ha-cerse regularmente para evitar o hacer menos efectivos sus efectos. Tanto la infl uenza como el dengue han demostrado con creces la vulnerabilidad y fragilidad en que nos encontramos los seres humanos; lo insufi ciente de la infraestructura de salud; las grandes limitaciones de la ciencia médica y, desde luego, la mercantilización cínica de la medicina y el juego perverso que el capital hace de la vida.

Estas luchas sociales de resistencia al despojo son las que de manera especial están poniendo en cuestión a sistema capitalista y, de manera bilateral, también a la democracia liberal, procedimental o representativa, porque varios de los colectivos que impulsan estas luchas decidieron abstenerse de la participación electoral en el proceso de 2009 o también se involucraron en la iniciativa de la anulación del voto, que fi nalmente fue un cuestionamiento en la misma dirección. Son también este tipo de luchas sociales las que demuestran que el “desarrollo” capitalista basado en la consideración de que la naturaleza en un “recurso” que se puede gestionar o que se puede explotar indefi nidamente ha llegado a su límite.

No siempre lo verbalizan o plantean explícitamente pero por las maneras en que están articulando sus demandas y construyendo sus planes de lucha; por la forma en que se están organizando y vinculando; por el modo y el contenido de las cosas y temas que platican y discuten es relativamente sencillo darse cuenta que se trata de un tipo de movimientos sociales que van, o están intentando ir, en una dirección diferente, a veces parece hasta opuesta, a la que sigue la generalidad de las expresio-nes sociales. Por supuesto ellos ni siquiera se autodenominan “nuevos movimientos sociales”, y mucho menos “movimientos ecologistas” o “movimientos ciudadanos”. Algunos están usando el nombre de “afectados ambientales” pero tampoco están seguros de ese concepto. Claro que autodefi nirse, al menos en la forma como se acostumbra en la academia, tampoco es algo que los mantenga preocupados pero

7 Al respecto pueden consultarse: John Tutino [1990; Leticia Reina [1998),Mario Aldana [1985].

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andando entre ellos se les escucha decir que se consideran movimientos comunitarios en defensa de la vida.

El planteamiento puede ser interesante justo porque podría contener una dife-rencia sustantiva respecto de otros movimientos: defender la vida y hacerlo desde una perspectiva comunitaria. Defender la vida hoy es demanda central porque el capitalismo salvaje en su loco “desarrollo” la ha desvalorizado. Luego, luchar por la vida desde una perspectiva comunitaria signifi ca, por ejemplo, la decisión de defender y fortalecer los tejidos o entramados sociales tradicionales y nuevos que el capital pretende destruir justo para hacer imposible la resistencia.

Luchar por la vida y hacerlo desde una perspectiva comunitaria para muchas gentes está adquiriendo centralidad como forma de lucha política y ello esta signifi -cando también que otras formas de lucha pasan a segundo término. Construir comu-nidad y asumirse como sujetos políticos no es cosa fácil. La buena noticia es que esto es ya un proceso en marcha y lo está haciendo la gente misma, procurando sacudirse o poner en su lugar a tantos que dicen representarla o que quieren “ayudarla a entender los problemas que vive a diario”. En este sentido han empezado a ganar terreno los procesos de autoayuda y de auto representación en donde los pueblos y comunidades asumen que la ayuda entre ellos mismos es la más efectiva porque, entre otras cosas, se otorga sin esperar ni buscar nada a cambio; entienden que resulta mejor auto re-presentarse que seguir cediendo su soberanía a quienes, como los partidos políticos y algunas ONG´s, se han aprovechado de su buena fe.

CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO: LA ALTERNANCIA Y LA DEMOCRACIA LIBERAL EN JAQUE

A este tipo de luchas y movimientos sociales se les puede encontrar una historia larga. No se trata, pues, de movimientos o acciones coyunturales y espontáneas, aun-que así parezcan. Tienen años, décadas, incluso siglos, luchando. Una recuperación sistemática de la historia permite observar sus acciones en el largo plazo. Pero si se les quiere observar de manera coyuntural, estos nuevamente se hacen visibles por el hecho de estar actuando en los tiempos límite del “desarrollo”, en la frontera que no deberíamos haber cruzado. Además, derivado de lo anterior hay un intenso debate social y político al respecto8 . Desde luego este debate no se guía por los cánones establecidos ni por la real politik ni por la academia tradicional. Justo por ello es que

8 Por ejemplo, algunos estudiosos de los medios les gusta decir que en la actual sociedad mediática (Castell, dixit) son éstos los que hacen visibles a los movimientos y/o a las organizaciones sociales. No solo eso, también llegan al absurdo de afi rmar que sin los medios es poco probable la existencia de los movimientos. Aceptando tales afi rmaciones cierto tipo de organizaciones se plantean estrategias que les permitan están el mayor tiempo posible en las primeras planas porque eso las hace “visibles”. Otro tipo de colectivos y organizaciones caminan en otra direc-ción. Desde luego no desconocen la importancia de los medios pero defi nitivamente no comparten la idea de que los movimientos no puedan existir sin los medios y que haciéndose “visibles” a través de ellos sea la forma de resolver sus problemas. En todo caso ellos decidirán cuando se hacen visibles y ello no será como reacción a las iniciativas gubernamentales o de la clase política. Caminar en silencio, platicar entre la misma gente; empezar a negarse a repro-ducir las relaciones capitalistas; construir autonomía, etc., son conceptos otros que se manejan en este pensamiento y acción alternativo y que pretende ser anticapitalista.


tampoco se está dando de manera importante en los espacios institucionales recono-cidos y “acreditados” para ello, por ejemplo, en los campus universitarios o en los espacios legislativos.

Conviene enfatizar que los problemas y los agravios fundamentales recibidos por la sociedad no tienen un origen coyuntural, empezaron a recibirlos hace mucho tiempo y no han terminado. De manera que para una cabal o mejor comprensión de ellos tendría que hacerse a través de una mirada larga en la historia.

El escenario económico nacional es totalmente adverso para las mayorías. Esta circunstancia está reconocida ofi cialmente sin embargo no se ve que se haga lo conducente. Las políticas sociales y más específi camente los planes de combate a la pobreza solo ofrecen paliativos o de plano van en contrasentido. En el sexenio Felipe Calderón, que se autodefi nió como “el presidente del empleo”, el desempleo, la pobreza y la miseria avanzan inconteniblemente por todos los rumbos del país. Su más reciente decisión ha llevado al desempleo a miles de trabajadores electricistas que laboraban en la empresa Luz y Fuerza del Centro.

“Con un ingreso mensual de mil 900 pesos en el área urbana y de mil 282 pesos en la rural, la mitad de la población estuvo el año pasado imposibilitada para cubrir sus nece-sidades básicas (educación, salud, alimentación, transporte). El número de mexicanos en pobreza patrimonial9 pasó de 46.1 millones a 50.6 millones entre 2006 y 2008, reveló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), depen-diente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso)”10 .

Si es cierto este ingreso la pregunta sería, ¿cómo y qué está haciendo los mexicanos pobres para sobrevivir al capitalismo y sus políticas sociales? Conocer y analizar las acciones sociales económicas de sobrevivencia es igual de importante que el análisis frecuente que se hace de las políticas gubernamentales de combate a la pobreza, que en realidad no combaten nada importante y además están dirigidas a una minoría.

En términos políticos el escenario no es menos complejo y a éste también social-mente se le está dando un tratamiento diverso. No debe olvidarse que en el año 2006 el país vivió una gran tensión y división política entre los que apoyaron y votaron por la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador y los que votaron y apoyaron la de Felipe Calderón Hinojosa. Y en medio de todo ello los que se mo-vilizaron y apoyaron las actividades de La Otra Campaña11, propuesta y realizada por el EZLN. Los resultados de la elección constitucional así como el papel de las instituciones electorales no convencieron ni dejaron satisfechos a muchos mexicanos.

9 Eufemismos que como pobreza alimentaria encubiertos de una supuesto lenguaje académico científi co se utilizan para encubrir la gravedad de esta problemática que alcanza a más de la mitad de la población, de acuerdo con los datos ofi ciales. Podríamos suponer, por tanto, que el problema es mayor. 10 La Jornada, 19 de julio de 2009. 11 El desarrollo de La Otra Campaña fue parada en seco, digamos, con los hechos represivos en San Salvador Atenco, realizados por autoridades pertenecientes a los tres partidos mayoritarios. El gobierno federal panista; el gobierno del Estado de México, priístas y el gobierno municipal, perredista.

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Tras el telón electoral también se suscitaron los hechos en la ciudad de Oaxaca co-nocidos como la “Comuna Oaxaqueña” o “el movimiento de la APPO”. A pesar de la evidencia de que el pueblo de Oaxaca no quería que Ulises Ruíz siguiera siendo el gobernador, nuevamente todos los poderes y los partidos gobernantes hicieron bloque para sostenerlo no obstante el número de muertos que dejo como saldo este movimiento12.

Los gobernantes siguen creyendo que la gente se olvida; que la gente no ve lo que hacen; que la gente no participa pero resulta que la gente si está discutiendo, si está atenta de sus decisiones y si está participando. Otra cosa es que lo manifi este o no, particularmente en los espacios, en los tiempos y en las formas que ellos creen deberían hacerlo. La gente discute en sus hogares, con su familia; en las esquinas y banquetas de sus barrios mientras se toman unas cervezas con sus vecinos; se invitan mutuamente a conocer sus pueblos y participar de sus fi estas y tradiciones; a recorrer sus territorios despojados, invadidos y recuperados; sus ríos, ojos de agua o lagunas contaminadas y sus bosques arrasados; recuerdan juntos lo que tenían y han perdido. Luego toman algún acuerdo para volverse a ver aprovechando alguna de las tantas fi estas que tiene que celebrar. Claro que siempre los asalta la necesidad, ¿cómo va-mos a hacer para pagar los gastos de transporte de la próxima reunión?, se preguntan. Pues ya veremos, dicen, pero lo mejor es ir olvidando la idea de pedirle a una ONG y mucho menos a un partido. Eso no contribuye nada a nuestra autonomía. Y así, no sin problemas, no sin confusiones, poco a poco, se van tejiendo nuevas relaciones sociales que no tardan en traducirse en acuerdos políticos.

Los problemas que están enfrentando son urgentes. De hecho, son de vida o muerte. Lo peor, sin embargo, dicen, sería entrar en desesperación. ¿Cuánto tiempo puede llevar limpiar y recuperar un río; rescatar o reforestar un bosque; hacer un barrio o una ciudad segura; limpiar el medio ambiente; clausurar una industria o un basurero contaminantes; construir nueva relaciones sociales? No se ponen plazos. Se llevará el tiempo que sea necesario. Empieza a construirse una nueva noción del tiempo y el calendario. El tiempo y los plazos, en todo caso los deciden ellos mismos, pero empiezan a alejarse de las agendas político electorales y de las disputas por el poder. Apenas llevamos en esto 500 años, dirían los zapatistas.

¿MOVIMIENTOS ECOLOGISTAS O MOVIMIENTOS DE PUEBLOS Y COMUNIDADES?

Otra novedad de estos movimientos es que a diferencia de los clásicos grupos ecologistas o ambientalistas conformados por personas de clase media, universita-rios y profesionales, estos son movimientos con una ubicación territorial concreta, territorio mismo que les está siendo despojado o dañado. Suelen ser movimientos que integran muchas personas de los pueblos y/o comunidades. Incluso pueden ser pueblos

12 Al respecto puede consultarse: Gustavo Esteva, 2007; José Sotelo Marbán 2008; Gustavo Esteva, Rubén Valencia y David Venegas,2008.


completos. Varios de estos movimientos como señalé no se autodefi nen como ecolo-gistas o ambientalista. Simplemente defi enden su territorio y sus recursos naturales del daño que diversas acciones del capital le están ocasionando o pretenden causarles.

Las respuestas sociales de este tipo se han ido multiplicando porque el daño a los recursos naturales, agua, bosque, suelos ha llegado a tal grado que les ha hecho imposible seguir produciendo sus tierras; el agua y los suelos han sido contamina-dos. La pesca en los ríos y lagos ha desparecido también debido a la contaminación producida por las descargas de desechos industriales tóxicos que no se limpian con simples plantas de tratamiento. La producción y venta de sus frutos y hortalizas se ha complicado debido a que no pueden competir en el mercado con las que se producen en otras tierras con métodos absolutamente inorgánicos, sometidas a procesos de al-teración o modifi cación genéticas; a proceso de producción acelerados con el uso de fertilizantes, pesticidas y otros tipos de contaminantes que traerán, si se quiere a largo plazo, efectos nocivos sobre la salud de los personas que los consuman y, además, dejaran los suelos inservibles y arrasados.

Todo esto, evidentemente, ha agravado las posibilidades de sobrevivencia. Ahora lo más grave que se ha detectado son los efectos que la contaminación de las aguas y el suelo están teniendo sobre la salud de los habitantes de los pueblos. Una gran diversidad de enfermedades cancerígenas están matando a una gran cantidad de personas. Todo junto ha llevado a un proceso intenso de despoblamiento. Si se agotaron las fuentes de empleo; si la venta de los frutos y demás productos de la naturaleza tampoco asegura ingresos sufi cientes para sobrevivir; si los efectos de la contaminación sobre la salud son devastadores; si lo que se observa es que el gobierno antes que intentar resolver los problemas que ha creado o que ha permitido que se creen refuerza su política permisiva de despojo y contaminación y además es capaz de reprimir a la gente que resiste, que se opone y no se deja, entonces, qué sentido tiene seguir viviendo en esos lugares. Mucha gente no ha encontrado este sentido y por tanto han abandonado sus pueblos, en algunos casos masivamente. Sin embargo. Hau muchos más que están perfectamente convencidos que nunca abandonarán sus pueblos y comunidades pese a todo.

Estos procesos de despoblamiento han sido más sencillos, por ejemplo, en los fraccionamientos de reciente creación que son construidos con pésima calidad; en zonas inundables; a solo unos metros de ríos contaminados o cruzados por canales de aguas negras. En fraccionamientos de reciente construcción, por ejemplo, en los márgenes del río Santiago, es común encontrar casas nuevas vacías y con letreros de “se vende”, o “se renta”.

POSTALES DE LOS SUJETOS SOCIALES EN LUCHA

Enseguida mostraré, como digo, algunas postales que pretenden servir de ejem-plo de lo que he dicho de este tipo de movimientos. Todos ellos están sucediendo en el estado de Jalisco, México.

8 AUTOR/ES

La comunidad indígena coca de Santa María de la Asunción de Mezcala de Soyatlán13

Mejor conocida solo como Mezcala, esta población de aproximadamente 4 mil 500 habitantes, pertenece al mu-nicipio de Poncitlán, actual-mente (2009) gobernado por el PRD. Tener un gobierno de un partido autodefi nido como de izquierda no sig-nifi có para la comunidad de Mezcala ninguna mejoría. De hecho durante el trienio del presidente municipal Ra-món Romo González (2006-2009) nunca se pudo tener una buena relación política. El gobierno ha mantenido una posición sistemática de desconocimiento de la comunidad indígena y de intervención en su vida interna. Mezcala, geográfi camente se localiza en la ribera de la laguna de Chapala, el mayor cuerpo de agua de México y cuentan con dos islas una de las cuales, la más grande se le conoce de dos maneras, como la Isla de Mezcala o como la Isla del Presidio. En la historia del despojo del territorio y los recursos naturales la Isla de Mezcala tiene varios intentos fallidos. Hoy están resistiendo al más reciente que pretende hacer el gobierno federal, con la complicidad del gobierno municipal perredista, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y su delegación regional en Jalisco. El pretexto es la celebración del Bicentenario de la Independencia de México. Resulta que en la Isla de Mezcala los indígenas cocas resistieron militar-mente al ejército realista español durante los años 1812-1816 y nunca fueron venci-dos. Tres de sus dirigentes fueron: José Ma. Santana, Encarnación Rosas y Marcos Castellanos14. Los gobiernos y el INAH quieren obviar que en este pueblo existe un gobierno tradicional legalmente constituido y que el pueblo coca tiene en su poder un Título Primordial suscrito el cinco de febrero de 1534 por el primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, y un decreto presidencial que data del 18 de agosto de 1971, documentos fundamentales en los cuales se les reconoce como propietarios legítimos de las aguas, tierras, montes y cerros que en total hacen una extensión de 3, 602 hectáreas. Tienen también otro documento, un Acta de Deslinde y Amojona-miento Defi nitivo en donde “se especifi ca que la Comunidad tiene en posesión la Isla de Mezcala que está ubicada como a 3,500 metros enfrente del pueblo dentro del lago

13 Nombre original de Mezcala, según el Título Primordial fi rmado por el virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza. 14 Vicente Paredes Perales (2009. El autor en profesor y comunero de la comunidad indígena de Mezcala. Los interesados en este caso pueden consultar el interesante libro de Álvaro Ochoa Serrano:(2006).


de Chapala”15. El INAH ha estado realizando o permitiendo que en la Isla se realicen obras de “reconstrucción” que no de restauración, que de acuerdo con la versión de algunos expertos del propio INAH16, han provocado que de plano sea ya imposible recuperar la historia verdadera de las construcciones militares que ahí se localizan.

El gobierno tradicional ha estado insistiendo en que ellos no aceptan tales obras y mucho menos que se haga de la Isla un centro turístico con el cual se pretenda hacer negocios privados. Desde luego es falso que los comuneros se opongan al “desarrollo” y a la “modernización”, como se les ha acusado. Ellos desde luego no niegan su opo-sición al desarrollo y a la modernización capitalista como ya se ha hecho desde hace muchos años en casi todas las demás comunidades indígenas de la ribera del lago de Chapala, en las cuales ellos que fueron los dueños originales terminaron siendo los mozos, los barrenderos, los jardineros y las afanadoras de las grandes fi ncas y hoteles que se construyeron en aquellas tierras que un tiempo también fueron comunales.

El 25 de noviembre de 2009, después de realizar varias actividades de conme-moración de su gesta histórica, dieron lectura al borrador de un documento que en breve llevaran a la discusión de todo hicieron una declaración política que puede po-ner a esta comunidad en la dirección de, en concreto, empezar a realizar acciones de benefi cio para la población y de defensa y uso de su territorio y recursos naturales de forma autónoma. Así, en relación con la isla, a la que defi nen como el corazón de la comunidad, afi rman que no aceptarán la pretensión municipal de instalar una caseta d cobro para todos los visitantes. Ellos, dijeron, no consideran que se deba cobrar para que los visitantes conozcan la historia de rebeldía, libertad y resistencia de sus padres antiguos. Además, precisan, cobrar cualquier cantidad signifi caría aceptar el inicio del proceso de privatización de este espacio que también es comunal. En relación con la explotación de bancos de materiales afi rmaron que no permitirán más la extracción de balastro, arena y otros materiales; realizarán la construcción de pozos profundos de agua para benefi cio de la gente y en el malecón instalarán comedores para visitantes. La idea es ubicar nueve comedores o restaurantes, uno por cada barrio del pueblo; en la zona de bosque conocida como El Comal instalarán un área recreativa para recibir a visitantes; biblioteca y archivo; fortalecimiento de las danzas tradicionales. Todo esto, entre otras cosas, declararon, empezarán a realizarlas a la mayor brevedad como una forma, quizá la mejor, de dar inicio a la realización de su sueño: el de la autonomía.

15 Acta de Deslinde y Amojonamiento Defi nitivo del Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales del Poblado de Mezcala, Municipio de Poncitlán, Estado de Jalisco, 4 de septiembre de 1997. 16 Véase: La Jornada, 26 de diciembre de 2007; 8 y 20 de enero de 2008; 11 de febrero de 2008. El Informa-dor, 12 de julio de 2009. Milenio, 12 de julio de 2009.

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El Salto y Juanacatlán17

Estos dos pueblos se parados geográfi camente por el Río Santiago han sido drástica-mente afectado por la conta-minación del río que desde hace varias décadas han hecho las industrias del Corredor In-dustrial El Salto-Ocotlán; por el vertedero (basurero) “Los Laureles” que está funcionan-do desde hace alrededor de treinta años y por las inunda-ciones que en cada temporal de lluvias sufren algunos fraccionamientos que violando cualquier ley de construc-ción y urbanización han sido autorizados por la autoridad municipal y construidos a menos de 50 metros del cauce del río Santiago (La Azucena) y otros solo separados por el ancho del arroyo de una calle de canales de aguas negras (Parques del Castillo). El Salto y Juanacatlán18 son dos municipios que forman parte de la zona conurbada de Guadalajara. El Salto es la cabecera del municipio del mismo nombre y en reali-dad una ciudad industrial en crisis, y sometida a un proceso salvaje de urbanización producto de su cercanía con la ciudad de Guadalajara. En cambio, y a pesar de que se encuentra inmediatamente cruzando el río Santiago, Juanacatlán no fue industria-lizado y aún mantiene un cierto aspecto rural y de composición social campesina. En este caso también coincide el nombre del municipio con la cabecera municipal. En conjunto, las dos cabeceras, hacían en 2005 una población aproximada de 28,000 personas potencialmente afectadas. Estos pueblos, de manera especial, salieron a la luz pública el 14 de abril de 2008 cuando realizaron una gran movilización por la calles de la ciudad de Guadalajara después de la cual entregaron al gobierno de Jalisco un pliego petitorio en el cual el primer punto se refi ere a la exigencia de que se declarara en sus territorios “Emergencia Ambiental”. Tiempo atrás ya habían de-nunciado por varias vías la fuerte contaminación del río Santiago y sus sospechas de que ello más la contaminación del ambiente producida por el basurero “Los Laureles” estaba ocasionando malestares en la salud de la gente. No hubo ninguna atención. Se estaban preparando para una movilización pero esta se aceleró debido a la muerte del

17 Por el momento solo me refi ero a las cabeceras municipales de estos dos municipios que llevan el mismo nombre. 18 De acuerdo con el Conteo de Población de 2005 realizado por el INEGI, en total el municipio de El Salto tenía una población de 111, 436 habitantes y 19,794 se concentraban en la cabecera municipal. Por su parte, Jua-nacatlán tenía una población total de 11,902 habitantes, y 8,206 concentrados en su cabecera municipal. Es evidente la disparidad demográfi ca de estos dos municipios a pesar de que El Salto fue reconocido como municipio el 25 de diciembre de 1943. Antes de ello, desde que inicio su fundación había era una población de Juanacatlán, quien tenía reconocimiento como municipio desde data desde 1898.


niño Miguel Ángel López Rocha, de seis años de edad, quien vivía jus-tamente en el fraccionamiento “La Azucena” y accidentalmente cayó al río; absorbió agua de su cause y a las pocas horas cayó en coma. El primer diagnóstico médico fue claro y contundente. Antes del deceso, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) reconoció que el menor tenía en la sangre niveles de arsénico muchos más altos que el máximo que pue-de soportar un cuerpo humano. El arsénico es usado por empresas que descargan desechos al río Santiago, comentó la fundadora del Colegio de Toxicología de Jalisco, Luz Cue-to, quien analizó la orina del niño19 . Después de esto la posición del gobierno se ha radicalizado. Dice que la gente está exagerando, que el río si está contaminado pero no a tal grado y por tanto no atiende y mucho menos ha considerado la demanda social para declarar “emergencia ambiental” a pesar de que actualmente entre la población se comenta que entre cuatro y cinco personas por semana están falleciendo. Desde luego son muy conocidos los compromisos del gobierno con los industriales contaminadores del Corredor Industrial El Salto-Ocot-lán20, en el cual se localizan al menos unas 1500 empresas, y con la empresa española CAABSA EAGLE, concesionaria del basurero en el cual se depositan diariamente aproximadamente tres mil toneladas de basura provenientes de la zona metropolitana de Guadalajara y por ello el mayor productor de lixiviados que han contaminado los mantos freáticos.

A fi nes del mes de septiembre de 2009 el Secretario de Salud del Estado de Jalisco, Alfonso Gutiérrez Carranza, después de una cuestionada gestión, presento su renuncia. Este funcionario, a pesar de todas la evidencias, de manera sistemática negó que el río Santiago tuviera contaminantes letales.

19 La Jornada, 14 de febrero de 2008. Esta versión y con mayor información fue confi rmada por la misma doctora a principios del mes de marzo (La Jornada Jalisco, miércoles 05 de marzo de 2008) 20 El río Santiago nacía de la laguna de Chapala, ahora lo hacer del río Zula y en los márgenes de su cauce, hasta que llega a El Salto, se localizan una gran cantidad de industrias que hacen uso de sus aguas y descargan en él, sin mayor tratamiento, diversos desechos industriales pesados como lo que causaron la muerte a Miguel Ángel López Rocha pero antes, mucho antes habían causado la muerte de toda la diversidad acuática que caracterizaba a este río. En la cuenca del río Santiago, hasta su desembocadura en el Océano Pacífi co, también se pueden localizar una gran cantidad de poblaciones pequeñas y medianas que están siendo afectadas.

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En su lugar fue designado el médico Alfonso Petersen Farah, quien apenas unos días antes había renunciado como presidente municipal de Guadalajara, envuelto también en una estela de cuestionamientos. No transcurrió mucho tiempo para que este demostrara que entre un Alfonso y otro no existe diferencia alguna. Finalmente los dos son empleados de la clase en el poder y de los empresarios que se enriquecen a costa de la salud de la población de los pueblos del río Santiago.

Quizá con la intención de adelantarse a los hechos antes de que se cumpliera el segundo aniversario de la muerte de Miguel Ángel López Rocha (el 14 de febrero), el día 11 de febrero, Petersen Farah realizó una conferencia de prensa para anunciar que después de haber realizado una encuesta, sus resultados le permiten “…concluir que la Secretaría de Salud en éste momento no encuentra información epidemiológica que permita sugerir que la población que vive en el entorno del río tenga que cambiar su lugar de residencia, ya que no se identifi can riesgos a la salud complementario”. Dicha afi rmación la repitió constantemente a la vez que negaba su intención “de jus-tifi car con los resultados del muestreo, la muerte de Miguel Ángel, … así como los 22 decesos y los más de 700 casos de enfermedades degenerativas documentadas por el Frente contra la Contaminación y la Impunidad”21.

Pero además de ello hay dos cosas más. Una, que el 14 de abril de 2010 se cumplieron también dos años de que la población movilizada entrego al gobierno del estado un pliego petitorio al que no se han dignado responder de ninguna forma, y dos, que el pasado 27 de enero se cumplió un año de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió la llamada macro recomendación de 172 puntos en torno a lo que esta institución consideraba deberían hacer todo tipo de autoridades, tres estatales y catorce municipales, para empezar a sanear el río Santiago. Nada im-portante de lo recomendado habían hecho. En general han mantenido su política de negar la situación y cualquier responsabilidad22.

Lo que si logro la declaración de Petersen Farah fue una andanada de críticas, la reacción de algunos diputados y nuevamente la atención de los medios sobre el tema de la contaminación del río Santiago. Así, por ejemplo, la señora Judith Vique Luna, de 36 años de edad y madres de dos hijos, con quienes vive a sólo quince metros del río Santiago, en la colonia Jardines del Castillo, en El Salto, y enferma de cáncer desde hace seis años tiene cáncer dijo, en tono de petición y exigencia: “…que nos ayuden a limpiar el río, que nos tomen en cuenta que sí estamos enfermos, que nos estamos muriendo […] Yo no tengo miedo a morirme pero veo a los niños, a mis hi-jos, todavía viviendo aquí cerca de este río contaminado. El presidente de la república [Felipe Calderón] está luchando contra narcotrafi cantes porque están atentando contra la vida de las personas, ¿y el río qué?, con tanta contaminación y nadie hace nada. Eso también nos está matando”23.

21 La Jornada Jalisco, 11 de febrero de 2010 22 Público, 13 de febrero de 2010. 23 Público, 15 de febrero de 2010.


Por su parte los diputados locales del PRI, José Luis Ocampo, presidente de la Comisión de Higiene y Salud Pública, y Salvador Arellano Guzmá, afi rmaron que utilizarán su mayoría en el Congreso del Estado para promover se declare en El Salto y Juanacatlán, “zona de desastre ecológico”24. Una posición parecida, días antes, en el mes de enero de , había sido anunciada por Martha Ruth del Toro, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEMADES) de Jalisco. Ella dijo, enton-ces, que ya estaba en manos del gobierno de Jalisco una propuesta para decretar el polígono de alta fragilidad ambiental para la cuenca del Ahogado. Dicho polígono incluye incluye 745.77 kilómetros cuadrados, de los municipios de Tlaquepaque, Tonalá, Juanacatlán, Zapopan, Tala, El Salto, Ixtlahuacán del Río, Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara. Dicha iniciativa considera, en opinión de esta funcionaria, las recomendaciones de la CEDHJ.

Desde luego no es lo mismo decretar una zona como de desastre ambiental que de alta fragilidad ambiental. Sus implicaciones y efectos concretos son muy diferentes. Seguramente en la discusión al respecto se enfrascaran varios meses los miembros de la clase política. Como se puede observar los tiempos y preocupacio-nes de ellos son muy otros a los de la gente que vive y sufre la contaminación y las enfermedades que esta le provocan día con día. Dos años después de haber recibido el Pliego Petitorio con dicha demanda y con muchos muertos de por medio, la clase política dice estar considerando esa posibilidad.

El Comité Salvabosque El Tigre II

Este colectivo de la colonia “El Tigre II” del municipio de Zapopan, Jalisco, por años se ha dedicado a defender el bosque “El Nixticuil”, mismo que está considerado como un Área Natural Protegida y que hace años junto con el bosque La Primavera y la Barranca del Río Santiago integraba un gran corredor ecológico que contenía una gran biodiversidad (fl ora y fauna) y que tenía un impacto ecológico positivo en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Este corredor fue fracturado por los “desarrollos inmobiliarios” que el capital ha promovido y que el gobierno municipal de Zapopan ha permitido a pesar de que estamos hablando de áreas naturales protegidas.

En sus propias palabras este colectivo dice que “sus acciones en defensa del bosque El Nixticuil han ido desde las vías legales, agotando las denuncias ante todas

24 Ibidem.

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las instituciones municipales, estatales y federales encargadas de garantizar la pro-tección de los recursos naturales, hasta las acciones directas que van de la protesta y la denuncia pública de los proyectos que violentan el derecho de nuestra comunidad a un medio ambiente sano y digno, a actividades que de manera cotidiana realizamos para el cuidado y restauración del propio bosque como reforestaciones autónomas, saneamiento e implementación de la agroecología y campañas comunitarias de pre-vención y combate de incendios forestales.

Por lo menos diez proyectos urbanizadores permanecen activos y amenazan a este bosque, seis de estos dentro del área boscosa protegida y cuatro dentro del po-lígono de protección; seis tienen que ver con desarrollos inmobiliarios de diferentes densidades; uno con la Universidad Autónoma de Guadalajara (familia Leaño) y tres más con proyectos municipales de servicios públicos”25.

En este caso se puede detectar tanto en su lenguaje como en sus acciones una tendencia autonomista. El Comité Salvabosque con sus propios recursos ha aprendido y se ha hecho de sus propias herramientas para combatir los incendios; produce sus propias bellotas, las riega y abona para que de ellas crezcan árboles sanos.

En el mes de septiembre de 2009 entablaron una controversia contra la inmobiliaria Grupo Gua-dalajara ((Jardín Real/ Consorcio G, Gómez Vás-quez Aldana GVA, Mendelssohn y Amadeus) que proyecta la destrucción de gran parte del Valle de Tesistan y del Área Natural Protegida del Bosque El Nixticuil-San Esteban-El Diente para construir vi-vienda residencial y campos de golf. La delegación de la SEMARNAT Jalisco abrió un periodo de Con-sulta Pública del 14 de agosto al 18 de Septiembre para la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del fraccionamiento Mirasierra de Zapopan. El Grupo Guadalajara solicitó a través de ésta MIA el Cambio de Uso de Suelo de 72 hectáreas forestales que corresponden a siete polígonos del proyecto, para uso habitacional. Éste docu-mento presenta un grave sesgo en la información ya que por omisión o complicidad con el Grupo Guadalajara los consultores ambientales (la Bióloga Blanca Estela Corres Zepeda, el Ing. Francisco Gomar Arce, y el biólogo José de Jesús Valdivia García) que realizaron la MIA de Mirasierra, consultaron sólo de forma parcial los Estudios Técnicos Justifi cativos del Bosque El Nixticuil - San Esteban – El Diente; la Declaratoria de la Área Natural Protegida, y el Programa de Manejo para el Área Natural Protegida (ANP) de tal forma que al no contemplar los criterios de protec-ción que deben ser respetados se contraviene la legislación ambiental y se presenta información falsa. Aunque los promotores señalan que el desarrollo inmobiliario

25 Tomado del diagnóstico entregado a la Asamblea de Afectados Ambientales realizada los días 29 y 30 de mayo de 2009, en la ciudad de El Salto, Jalisco.


está ubicado en la zona “ALEDAÑA AL PARQUE ECOLÓGICO EL DIENTE”, la realidad es que está encima del Área de Protección de Recursos Naturales y de Protección Hidrológica del bosque El Nixticuil – San Esteban – El Diente y de otras zonas forestales y agrícolas del Valle de Tesistán.

El proyecto Mirasierra implica la invasión de Zonas Núcleo, de Recuperación y de Uso Público del Área Protegida del BENSEDI con zonas habitacionales de media y alta densidad (los datos difi eren de 22,061 a 26,000 viviendas), centros comerciales, vialidades y campos de golf, aún cuando en dichas áreas no puede llevarse a cabo ninguna actividad que no sea de investigación, educación ambiental o “esparcimien-to”. El proyecto Mirasierra contempla, aparentemente, el derribo de 2,580 árboles, de por lo menos ocho especies distintas entre las que sobresalen el Roble y Pino, cifra absurda ya que se trata de más de 70 hectáreas de bosque; no contempla los de otros ecosistemas, ni los que serán derribados por vialidades; además en la MIA se documenta que serán erradicadas 109 especies de plantas, 30 especies de aves, 21 de mamíferos, 26 de anfi bios y reptiles, entre las cuáles se encuentran al menos 9 espe-cies con alguna categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-200126.

El aprendizaje y preparación para combatir los incendios es otra de los grandes problemas que este colectivo ha tomado como una de sus tareas centrales. Por ello creó su Brigada Forestal Comunitaria de la colonia El Tigre II. Del año 2007 a princi-pios del 2010 se suscitaron 51 incendios que dañaron aproximadamente 120 hectáreas del bosque “El Nixticuil” en el municipio de Zapopan y ninguna investigación se ha promovido por parte de las autoridades responsables. Los daños no han sido mayores gracias a la intervención inmediata de esta Brigada Forestal comunitaria. Los briga-dista ofi ciales y los bomberos generalmente llegan tarde al incendio o defi nitivamente no se presentan. La hipótesis de que se trata de incendios provocados se sustenta en el hecho de que éstos han sucedido justamente en las áreas que los capitalistas inmo-biliarios están interesados en urbanizar.

ARCEDIANO

El pueblo de Arcediano se encontraba en el fondo de la Barranca de Huentitán o del Río Santiago. Era una pequeña población que, al parecer, nunca supero las dos-cientas personas, pero si estaba cargado de toda una historia. Era el único de tipo rural que quedaba en el municipio de Guadalajara que después de su destrucción es ahora absolutamente urbano. Junto a este pueblo, y también en el fondo de la barranca se encontraba el primer Puente Colgante que se construyó en América Latina en 1895 y estaba clasifi cado como patrimonio arquitectónico de México. Fue edifi cado por aquellas fechas para que pudieran cruzar el Río Santiago las personas y los animales provenientes principalmente de los minerales de Zacatecas y no existían otras rutas para arrieros más cortas para arribar a Zapopan y Guadalajara.

26 Boletín de Prensa emitido por el Comité Salvabosque El Tigre II, el 12 de septiembre de 2009.

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Arcediano, pueblo y puente, eran muy conocidos por los miles de tapatíos de estratos populares que diariamente los visitaban trotando o caminando por la estrecha y escarpada vereda pedregosa que inicia en Huentitán y desciende entre 400 o 500 metros hasta llegar al cause del río Santiago por el rumbo donde se junta con el Río Verde.

Fue aquí donde se dio otro de los mayores fracasos políticos del gobierno pa-nista en materia de política hidráulica. Desde el sexenio de Francisco Ramírez Acuña (2001-2007) se aposto todo a la construcción de una gran presa que llevaría el nombre de Arcediano y tendría su cortina exactamente en el lugar donde estaba el puente. En tal afán se invirtieron millones de pesos del erario público; engañaron, intimidaron y desalojaron a los pobladores de este pueblo histórico y destruyeron el patrimonio arquitectónico que representaba el puente colgante; alteraron la confi guración natu-

ral de parte de la barranca; destruyeron parte de la fl ora natural y ahuyentaron a los otros seres vivos que ahí tenían su hábitat.

Desde que se hizo público la in-tención de este proyecto hubo muchas voces que señalaron sus riesgos y sus incoherencias. Lo fundamental: que no debería construirse una presa destinada para consumo humano sobre el lecho del río más contaminado de México; que para asegurar el abastecimiento de agua a la ciudad de Guadalajara no debería pensarse únicamente ni en primer lugar en construir una gran presa. Todos los argumentos en contra fueron negados, descalifi cados, y los recursos legales in-terpuestos fueron desechados.

El proceso de desalojo de los pobla-dores de Arcediano no fue mayormente

complicado. Se realizó con relativa facilidad aprovechándose, perversamente, de la pobreza como de la manipulación realizada por la representación ejidal. La resisten-cia y el signifi cado político de este caso vendría de otra fuente, del valor civil de una pequeña mujer: la señora Lupita Lara, única persona de ese pueblo que jamás acepto la idea de abandonar y vender sus tierras por unos cuantos pesos.

En algunas ocasiones los medios aludieron a la posibilidad de que la presa de Arcediano no se realizara. Invariablemente tanto el gobierno de Jalisco como la Co-misión Estatal de Agua (CEA) de inmediato negaban tal probabilidad y ratifi caban su construcción a pesar de todo. Finalmente, casi a fi nes del año 2009 el gobierno declaro que siempre no realizaría la presa pero tanto el pueblo como el puente ya ha-


bían sido demolidos y muchos otros daños ambientales estaban hechos. En palabras del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, el proyecto se fragmentaría “en varias represas” de menor tamaño a lo largo de la cuenca Santiago-Verde. Dentro del esquema de Arcediano, estamos viendo la posibilidad de dividir la obra en etapas, que serían represas más pequeñas; ésa es una de las alternativas…”. “De esta forma, el proyecto hidráulico más largamente gestionado de la historia moderna de Jalisco [llegó] a su fi n, luego de ocho años de trabajo y de una inversión en consultorías, en pago de predios, en trámites, que rebasó los 700 millones de pesos a los largo de dos administraciones estatales, la de Francisco Ramírez Acuña y la de Emilio González Márquez”27.

Desde luego, después de la cancelación defi nitiva del proyecto de la presa de Arcediano, no hubo ningún viso de que el gobierno se sintiera obligado a reparar los daños sociales, ambientales y económicos ocasionados por este absurdo y caprichoso proyecto.

EL PUEBLO DE SAN GASPAR DE LOS REYES

Este pueblo se localiza en la región de Los Altos de Jalisco, y pertenece al municipio de Jalostotitlán. Más adelante veremos porque este dato es importante. Aquí, el ex gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, pretendió realizar lo que supuso sería su segundo proyecto hidráulico: la presa de San Nicolás. El prime-ro, como vimos, fue la presa de Arcediano. Al fi nal de su administración, por motivos distintos, ninguno logró ha-cer realidad. Sin embargo, a diferencia de Arcediano, el proyecto de la presa de San Nicolás fue pronto cancelado debido a la fuerte oposición de los pueblos, particular-mente el de San Gaspar de los Reyes, que pretendían ser desalojados para luego inundarlos. En este pueblo “la gente decía que el gobierno no sabía en qué problema se estaba metiendo y que de ninguna manera permitirían que su pueblo fuera inundado para quedar en el fondo de la pretendida presa. Aquí, señalaban, no será tan fácil como en Arcediano”. Y, en efecto, había varios factores que así permitían suponerlo. El más evidente, era el tamaño de la población po-

27 Público, 28 de octubre de 2009.

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tencialmente afectada. En Arcediano, como señale, eran pocas familias y una sola población. Con el proyecto de la presa de San Nicolás, eventualmente resultarían afectadas alrededor de 10 mil personas distribuidas en más de 40 poblaciones, entre las cuales San Gaspar de los Reyes, municipio de Jalostotitlán y San Nicolás de las Flo-res, municipio de Teocaltiche, eran los pueblos más grandes. Otra diferencia importante, mientras que en Arcediano la propiedad de la tierra era ejidal, y por tanto, fue sufi ciente que los líderes ejidales promovieran una asamblea para hacer legal su venta, en la región alteña prácticamente toda la tierra es pequeña propiedad privada. De esta manera la negociación tendría que ser con cada uno de los propietarios. Ellos nunca

quisieron vender, si siquiera aceptaron hablar con los agentes del gobierno que, con el fi n de convencerlos, los visitaron en varias ocasiones y tuvieron que salir con cajas destempladas. Así le sucedió al Secretario de Gobierno, …. Al menos en San Gaspar prácticamente en todas las puertas de las casas se colocó un papel con un mensaje que no dejaba dudas de la posición de la población.

Y el mensaje era totalmente cierto. Cualquier desconocido que llegaba al pueblo era visto con atención y difícilmente le hablan y mucho menos le informaban sobre el asunto. Esta especie de estrategia del silencio y el desaire resulto exitosa. No se abrió ni el más mínimo espacio a la negociación y a la posibilidad de la compra-venta de la tierra. Jalostotitlán y Teocaltiche son dos municipios, como dije, de la región de Los Altos de Jalisco para los cuales la triada de valores: tierra, familia y religión resultan fundamentales. Eso es consustancial a la historia y cultura de esta región jaliscien-se, cuna de la Guerra Cristera contra el Estado mexicano de los años veinte del siglo anterior y reproductora, según se dice, de principios y valores tradicionales que aún en el siglo XXI la siguen caracterizando. “No vamos a per-


mitir que nos quiten nuestras tierras; si nos la quitan, nuestras familias serían desarti-culadas y ni siquiera podemos imaginar que nuestra iglesia quede bajo el agua”. Mire, me dijo un poblador de San Gaspar, el sábado 22 de enero de 2005, cuando un grupo de universitarios fuimos a conocer este pueblo, voltee para allá. Qué ve, preguntó. A lo lejos se divisaba la parte alta de las blancas torres de la iglesia del pueblo. Usted cree que vamos a permitir que las inunden, ¡jamás!, dijo, y en su mirada se podía advertir una gran fi rmeza y decisión.

La oposición al proyecto de la presa de San Nicolás rápidamente alcanzó una dimensión internacional, pues los migrantes de este pueblo que se encuentran en Estado Unidos, específi camente en Oakland, California, no tardaron en organizarse en el Comité de Ausentes de San Gaspar en Acción (CASA) y anunciaron que desde allá harían todo lo posible para evitar se concretara el proyecto de la presa. Y así fue. Su organización y decisión resultó muy importante que este proyecto fuera defi niti-vamente cancelado28. Es el caso de un pueblo que triunfo en su lucha y que por tanto resulta ejemplar.

Los pueblos de Temacapulín, Palmarejo y Acasico.

Luego del fracaso en San Gaspar, el gobierno pensó que en estas tres pequeñas poblaciones pertenecientes al municipio de Cañadas de Obregón, también dentro del región de Los Altos de Jalisco, sería un buen lugar para ahora si realizar su embalse. Volvió a equivocarse. Entre otras cosas porque el ejemplo de la resistencia cunde rápidamente y estos tres pueblos de historial antiquísimo de inmediato se opusieron a terminar bajo el agua. En sus propios términos ellos expresaron su problema de la siguiente manera: “Estamos amenazados y en resistencia contra la presa El Zapotillo, de abastecimiento de agua para la ciudad de León (Guanajuato), debido a que dicho proyecto traería como consecuencia la inundación de nuestros pueblos, aguas ter-males y manantiales, la pérdida de tierras de cultivo y el sustento que tenemos de la ganadería y la pesca, con la destrucción de la cuenca del río Verde. Este proyecto es ejecutado por la CONAGUA en contubernio con la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA), que nos hostigan y amenazan para que vendamos y negociemos nuestras tie-rras y aceptemos la reubicación. Los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmare-jo, hombres, mujeres, niños y ancianos, vivíamos tranquilos en nuestros pueblos con varios siglos de historia, hasta que escuchamos de un proyecto de presa El Zapotillo, que afectaría de manera irreparable nuestros derechos individuales y colectivos, pues se pretende inundar nuestros pueblos, aguas y tierras. Nosotros vivimos de lo que podemos pescar del río, de lo que sembramos como maíz, chile de árbol y frijol y de lo que cosechamos del cerro como camotes y nopales y ese modo de vida es lo que estamos defendiendo”29.

28 Rubén Martín y Jorge Regalado (2005: 237-271). 29 Tomado del diagnóstico elaborado por ellos y entregado a la Asamblea de Afectados Ambientales realizada los días 29 y 30 de mayo de 2009, en la ciudad de El Salto, Jalisco.

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La lucha contra la presa El Zapotillo ha sido, como todas, azarosa. En este caso se pretende inundar tres poblaciones, si bien pequeñas demográfi camente hablando pero, como dije, con toda una historia. El lugar central de la lucha y la resistencia lo ha tenido el pueblo de Temacapulin, un pueblo de apenas unos 500 habitantes que vive de su recurso naturales, como las aguas termales, que les permiten tener ingresos a través del turismo de fi n de semana. Uno de sus mayores patrimonios arquitectó-nicos es el templo de la Virgen de los Remedios, construida hace más de 250 años. Tenemos aquí nuevamente el elemento religioso alteño que ya dije es muy importante es esta región.

En su lucha han utilizado muchos de los repertorios y formas a las que tradi-cionalmente recurren este tipo de movimientos cuando están vinculados con ONG´s (IMDEC, IDEA, COA); políticos profesionales (Enrique Ibarra Pedroza, diputado federal PT, Ramiro Hernández García, senador PRI). Así han combinado la movili-zación con una estrategia jurídica (amparos colectivos e individuales) y la denuncia antes instancia internacionales de defensa de derechos humanos (Comisión Intera-mericana de Derechos Humanos, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos).

Uno de sus mayores logros lo obtuvieron el 25 de septiembre de 2009, cuando el cabildo del Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, rechazo el cambio de uso de suelo para facilitar la construcción de la presa El Zapotillo. Frente a esta derrota parcial, el director de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, amenazo con proceder a la expropiación de las tierras30. Si así fuera, de cualquier manera seguiría siendo necesario proceder a modifi car el uso de suelo para que este quedara incluido en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del municipio. Hasta el mes de febrero de 2010 la lucha se mantenía con mayores esfuerzos porque seguramente durante el mes de marzo nuevamente el tema podría ser debatido en el nuevo cabildo municipal, ahora de tendencia priísta.

San Francisco de Ixcatán

Esta es una Comunidad indígena y campesina que pertenece al municipio de Zapopan, Jalisco. Ha sabido conservar algunas de sus expresiones culturales, so-bresaliendo la fi esta y la danza de Los Tastoanes. Estos, “(al menos en Ixcatán), encarnan en los opositores a la conquista española que en la zona barranqueña se extendió de 1530 a 157031, diez años después fue refundado Ichcatlán hoy Ixcatán por indios tecuexes, tochos, cocas, tlaxcaltecas, caxcanes, zacatecos y uno que otro gachupín. Y aunque existe una profunda veneración al Apóstol Santiago, la danza de Los Tastoanes nos recuerda cada año la obligación que tienen los pueblos de defender

30 El Informador, 28 de noviembre de 2009. 31 Se refi ere a la legendaria Guerra del Mixtón, única ocasión durante la conquista, según Miguel León-Portilla, que la Corona española sintió que su dominio podría estar en peligro (Miguel León-Portilla: 2005 (antes La fl echa en el blanco).


su territorio, su cultura, su gobierno tradicional y la fi esta”32. Más de 500 años después, su lucha es contra los políticos posmodernos de cualquier tendencia pero que coinciden en pretender despojarlos de su territorio. De esta manera, esta comunidad ha denunciado públi-camente a Jesús Ortega Martínez, presidente nacional del PRD, y sus tres hermanos Gerardo, Ignacio y María del Rosario Ortega como falsos comuneros que pretenden apropiarse nada menos que del 4% de las 1,103 hectáreas comunales. Tal acción fue facilitada por Adriana Fabiola Poblano, presidenta del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, nombrada por Marcelo Ebrad, el 3 de mayo de 200733. En esta misma tesitura de falso comunero también se encontraba, a mediados del mes de julio de 2009, el entonces diputado priísta Aristóteles Sandoval, y a partir de 2010 presidente municipal de Guadalajara. Después de la denuncia que hizo la comunidad estos dos personajes se vieron obligados a renunciar a “sus derechos comunales” aunque sigue apareciendo en el censo de comuneros.

Ixcatán ha defendido su territorio no solamente del despojo y contantes invasiones que intereses particulares de manera sistemática han intentado. También lo ha hecho del daño que signifi ca la contaminación del río Santiago, pues se localiza a un poco más de medio kilometro de distancia, así como de la otra fuente de contaminación que representan los lixiviados que se producen en los basureros a cargo del Ayuntamiento de Zapopan o de los que éste concesiona a empresas privadas. Así sucedió en 1994

cuando esta comunidad lo-gró la clausura del basurero “Copalita” o “El Pedregal”. Los resultados generales de aquella acción fueron: a) El Ayuntamiento suspenderá en forma defi nitiva las descar-gas de basura en el tiradero municipal de Copalita, ubi-cado en el Ejido Ampliación de Copala, en su intersección con El Pedregal; b) El Ayun-tamiento retirará la basura y

32 Invitación enviada por vía electrónica por la comunidad de Ixcatán para asistir a la fi esta y danza de Los Tastoanes que se celebra durante los días 25, 26 y 27 de julio de 2009. Al margen de la iglesia, esta fi esta se realiza todos los años y es la propia comunidad la encargada de organizarla. 33 Al respecto véase La Jornada Jalisco, 5, 7, 16 y 19 de febrero de 2009; Carlos González García, “El Pro-cede, a revisión”, en La Jornada Jalisco, 02 de abril de 2009.

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saneará el terreno El Martel, utilizado como tiradero provisional; saneará el perímetro del tiradero El Pedregal y realizará el plan de abandono; c) Se pacta que el Ayun-tamiento indemnizará con obras de benefi cio social; d) El Gobierno del Estado se compromete a apoyar con árboles para reforestar la zona, construir bordos para las comunidades involucradas, rehabilitar caminos, construir una escuela telesecundaria y una casa de salud, entre otras obras; y d) Electrifi car la comunidad La Soledad.

Con esa experiencia tras de sí y cansados de que el gobierno municipal de Za-popan no cumpliera con su trabajo de vigilancia en el manejo de los lixiviados que producen los basureros “Picachos” y “Hasar´s”, Ixcatán junto con otras comunidades (Huaxtla, San Lorenzo, Milpillas, La Soledad y Mesa de San Juan) realizaron un blo-queo a estos basureros. Esta acción se realizó durante los días 13, 14 y 15 de octubre de 2009, creando una especie de mini crisis en la recolección de basura en el munici-pio de Zapopan. No era para menos pues en estos basureros se depositan diariamente aproximadamente 2 mil toneladas de basura, mismas que durante los días del bloqueo se acumularon en la calles de Zapopan. En este caso sucedieron dos hechos que com-plicaron las cosas para la autoridad municipal, en su intento por encontrar un lugar alterno para depositar esta basura. Cuando intento llevarla al basurero de Ixtlahuacán de los Membrillos se encontró, por un lado con que los trabajadores municipales de limpieza estaban en paro y se negaban a hacer un recorrido tan largo y, por otro, con que también este basurero había sido bloqueado por personas de esa población en apoyo a quienes estaban haciendo lo mismo en Zapopan.

Ya no hubo ninguna otra posibilidad. Se tuvo que aceptar la instalación de una mesa de negociación en la cual se suscribió un convenio entre los representantes de las comunidades y el gobierno municipal. Entre otras cosas dicha convenio contem-pló la realización de las siguientes obras: una casa de salud, una línea de drenaje y el saneamiento del Río Milpillas, en Huaxtla; proporcionar agua potable a San Lorenzo; un puente y un centro de salud para La Soledad; dos bordos de precipitación pluvial y 7.5 de kilómetros de tuberías de agua potable en Ixcatán; dos pozos y un tanque de almacenamiento en Huaxtla. De igual manera se decidió la instalación una Comisión Técnica de Evaluación que estaría integrada por autoridades de la Procuraduría Esta-tal de Protección al Ambiente (Proepa), la Comisión Estatal del Agua, la Dirección de Ecología de Zapopan, la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Susten-table (Semades), investigadores de la Universidad de Guadalajara y del Centro de In-vestigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, así como representantes de las poblaciones afectadas.

Como generalmente sucede, cada vez que se instalan comisiones especiales los problemas no se resuelven pero si logran entretener y en el peor de los casos, me-diatizar o manipular las demandas sociales. Durante el mes de febrero la opinión de las comunidades afectadas era que dicha comisión no estaba siendo de utilidad para sus intereses. La contaminación de sus ríos, arroyos y manantiales se mantenía y por tanto los riesgos para la salud de los habitantes se incrementaban, lo mismo que para sus animales domésticos.


Además de las mencionadas hay otras comunidades de Jalisco que también están resistiendo. Por ahora solo las enunciare: la comunidad indígena nahua de Ayotitlán, Jalisco, en lucha contra el despojo y contaminación que ha hecho de su suelo y aguas la mina Peña Colorada y la Comercializadora Internacional de Minas. En esta lucha los indígenas ya aportaron la vida del indígena Aristeo Flores Rolón, asesinado el 20 de abril de 2006; la comunidad indígena wixarica (huichol) de Santa Catarina Cuex-comatitlán resistiendo al gobierno del estado y parando la construcción de la carretera Amatitán-Boloños-Huejuquilla por no contra contar con estudio de impacto ambien-tal; por no haber consultado a la comunidad; por falsifi cación de acta de asamblea y algo aún muy importante, por haber destruido lugares sagrados para ellos; los pueblos de Las Pesadas, Platanar, Plan de Méndez, Potros y Mameycito, del municipio de Cuautitlán, Jalisco, por problemas histórico de defi nición de límites territoriales entre Jalisco y Colima.

CONCLUSIONES

Basten estas postales para dejar la idea de que los pueblos y las comunidades indígenas y urbanas de Jalisco se encuentran en ebullición; hay mucha inquietud en ellas. No saben bien lo que tendrán que hacer en el presente-futuro inmediato pero están convencidos de que no pueden quedarse callados y quietos. Algo se les ocurrirá en el camino de la resistencia y la lucha contra el despojo de sus tierras y sus recursos naturales. Por eso es que se reúnen por varias partes; construyen proyectos colectivos distintos porque no todos piensan igual; platican, se escuchan unos a otros; asisten a sus fi estas, toman el trago juntos; recorren los territorios devastados de unos y otros; posan su mirada triste en sus ríos, lagos, manantiales, ojos de agua, antes llenos de vida, ricos en pesca y hoy solo malolientes y portadores de muerte. Todos están pen-sativos; a veces lloran de impotencia y rabia. Están echando tanteadas. Algo se está cocinando en los pueblos del río Santiago.

Algunas características se repiten en estas comunidades en lucha y esto está facilitando el acercamiento y la posibilidad de construcción de proyectos socio orga-nizativos de mayor importancia. Además de la defensa de sus territorios y recursos naturales destaca el tema de la salud y la alimentación. Este de manera explícita fue planteado por vez primera en El Salto y Juanacatlán y poco a poca se ha venido desta-cando en prácticamente todos los pueblos, comunidades y ciudades relacionadas con el Río Santiago y con los lixiviados de los basureros “Los Laureles”, “Picachos” y “Hasar´s”. La enfermedad y la muerte de las personas esta convertida en una realidad cotidiana en estos pueblos solo igualable a la desatención del Estado y el gobierno. Se trata también de comunidades que tienen como característica no solo la migración a Estados Unidos de muchos de sus hijos sino, más importante, que éstos no se han desarraigado, y además de sostener el envío de divisas están muy al pendiente e inter-vienen desde allá en las luchas de sus pueblos de origen. Son comunidades grandes y pequeñas, rurales y urbanas, es decir, modos culturales muy diferentes, forma de

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vida distintas, trayectorias diversas, todo lo cual hace pensar en una gran potenciali-dad en tanto que puedan construir proyectos alternativos. Destaca también el hecho de ser, varias de ellas, comunidades que aún mantienen la posesión de la tierra; que han logrado resistir a las presiones gubernamentales para cambiar los regímenes de posesión de la tierra, la defi nición de usos de la misma establecidos en los planes de desarrollo, en los planes de ordenamiento municipal o en los polígonos dibujados en las llamadas Áreas Naturales Protegidas. Estos casos, descritos brevemente, muestran como en el espacio de lo local-comunitario la resistencia pueden ser más fuerte, más signifi cativa, en tanto que se incorpora o se asume como parte de la identidad cotidia-na, de la vida sencilla, donde el mercado capitalista no siempre es mayoritario.

ANEXO 1

Comunidades de El Salto, Juanacatlán y Puente GrandeNunca más las autoridades tomen decisiones sin consultarnos

Pliego petitorio

Las medidas y propuestas que hasta ahora ha anunciado el gobierno del estado para resolver la grave crisis ambiental que padecemos no resuelven el problema; al parecer se anunciaron sólo para responder a la presión de los medios, no para atender de fondo nuestros reclamos. Ante ello exigimos que nunca más las autoridades, de todos los niveles, tomen decisiones sin consultarnos. Demandamos que las propuestas de saneamiento de la cuenca hidrológica del Ahogado sean decididas en conjunto con la sociedad.

La construcción de dos macroplantas de tratamiento de aguas residuales no es una solución sensata a la contaminación del río Santiago. En tanto, el entubamiento del canal del Ahogado únicamente trasladará el problema a más de 15 mil personas que viven en poblaciones río abajo, especialmente Tololotán, fraccionamiento del Sol y Puente Grande.

Como hasta ahora el gobierno se ha desentendido de presentar un proyecto in-tegral de saneamiento, las comunidades que hoy nos movilizamos presentamos a la opinión pública un plan de emergencia y demandamos al gobierno del estado, y a las otras autoridades involucradas, que se comprometan a cumplirlo.

1. Se declare de forma inmediata zona de emergencia ambiental y acción ex-traordinaria de atención en materia de salud.

2. Que en lugar de las dos macroplantas de saneamiento que propone el gobier-no, cada municipio cumpla con el tratamiento de sus aguas residuales domésticas. Pedimos que en seis meses haya avance en este punto.

3. Que las aguas industriales utilizadas las empresas en su proceso de produc-ción, sean tratadas por cada una de ellas. Pedimos que en seis meses haya avance en este punto.


4. Pedimos que se transparente el inventario completo de los volúmenes de agua extraída, así como de la descarga y caracterización de la misma utilizada por las in-dustrias instaladas desde el Alto Santiago (de Ocotlán en adelante) hasta la cuenca del Ahogado. Exigimos una respuesta en un plazo de 60 días.

5. Proponemos las siguientes medidas sanitarias: a) que todos los habitantes de la cuenca reciban información comprensible y sufi ciente sobre los riesgos para la sa-lud que implica la contaminación en la zona con el fi n de que puedan adoptar medidas individuales, familiares y colectivas para protegerse; b) la adopción e instrumentación de una red de monitoreo del aire en estas poblaciones, que informe diariamente a los habitantes y les advierta sobre los peligros para su salud; c) la construcción de un hospital de zona (de tercer nivel) en El Salto y convertir el centro de salud de Puente Grande en hospital. Así mismo pedimos que se de atención médica y tratamiento de manera inmediata y sin costo a todas las personas que lo requieran. Exigimos respues-ta en un plazo de 30 días en los dos primeros puntos y de seis meses en el punto C.

6. Exigimos que de inmediato se cancele el permiso de ampliación a 25 años de vida útil del vertedero Los Laureles por parte de Semades a la empresa Caabsa Eagle SA de CV, y que ésta indemnice a las personas de las comunidades dañadas.

7. Exigimos suspender la autorización de permisos de construcción de zonas habitacionales, industriales, comerciales y de servicios, mientras no se asegure el abastecimiento de los recursos naturales y de servicios públicos para que la pobla-ción existente tenga una vida sana, digna y segura; se requiere que se respeten las zonas de amortiguamiento de riesgo industrial y la ejecución de un ordenamiento del territorio.

8. Que se declare área natural protegida a la serranía que abarca parte de los mu-nicipios de El Salto, Juanacatlán, Tonalá, Zapotlán del Rey, Zapotlanejo y Atotonilco, incluyendo la selva baja, bosques de roble a fi n de preservar el ecosistema que abas-tece de agua el caudal del río Santiago. Pedimos además que se realice el inventario y se respeten los humedales de la cuenca.

9. A fi n de dar seguimiento con las peticiones antes mencionadas, demandamos un diálogo público donde se establezca la agenda para encontrar una solución defi -nitiva y de fondo a la contaminación que padecemos en nuestras comunidades. No habrá solución a este problema si el gobierno impone únicamente su proyecto y si no se escucha a la población.

Atentamente, Pobladores de El Salto, Juanacatlán y Puente Grande

Se anexan fi rmas…14 de abril 2008

¡Ya no más contaminación en nuestros pueblos!

26 AUTOR/ES

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